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NÚMERO DE EQUIPO: 10 II EDICIÓN DEL CONCURSO CPI DE SIMULACIÓN JUDICIAL ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL CASO: ICC-03 / 13-01 /14 Fiscal de la Corte Penal Internacional c. Juan Camilo Vargas Jaén ESCRITO DE LA DEFENSA Presentado ante la Honorable Sala de Cuestiones Preliminares X de la Corte Penal Internacional Escrito de Alegaciones 2 de junio de 2014
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NÚMERO DE EQUIPO: 10
II EDICIÓN DEL CONCURSO CPI
DE SIMULACIÓN JUDICIAL ANTE LA
CORTE PENAL INTERNACIONAL
CASO: ICC-03 / 13-01 /14
Fiscal de la Corte Penal Internacional
c.
Juan Camilo Vargas Jaén
ESCRITO DE LA DEFENSA
Presentado ante la Honorable Sala de Cuestiones Preliminares X
de la Corte Penal Internacional
Escrito de Alegaciones
2 de junio de 2014
TABLA DE CONTENIDOS
LISTA DE ABREVIATURAS .............................................................................................. 1
ESTABLECIMIENTO DE LOS HECHOS .......................................................................... 3
CUESTIONES JURÍDICAS A ABORDAR ......................................................................... 5
ARGUMENTOS ESCRITOS ............................................................................................... 6
I. Insuficiente gravedad del caso para ser enjuiciado por la CPI ....................................... 6
1. Escala ...................................................................................................................... 7
2. Naturaleza ............................................................................................................... 8
3. Modo de comisión .................................................................................................. 8
4. Impacto ................................................................................................................... 8
II. No concurrencia del contexto de lesa humanidad ....................................................... 10
1. No concurrencia del elemento contextual objetivo ............................................... 10
1.1 Ataque e inexistencia de comisión múltiple de actos comprendidos en el
artículo 7(1) ER ........................................................................................................ 10
1.2. Generalidad .................................................................................................... 11
1.3. Sistematicidad ................................................................................................ 12
1.4. Ataque contra una población civil ................................................................. 14
1.5. Ataque de conformidad con la política del Estado de Juba ........................... 15
2. Elemento contextual subjetivo .............................................................................. 17
III. No concurrencia del contexto de crimen de guerra ................................................... 18
1. Inexistencia de conflicto armado .......................................................................... 18
1.1. Uso de violencia o fuerza armada.................................................................. 18
1.2. Organización de los grupos ........................................................................... 19
2. No internacionalidad del conflicto armado ............................................................. 20
2.1. Inexistencia de conflicto entre dos Estados ................................................... 20
2.2. La intervención de Juba no internacionaliza un conflicto armado interno
inexistente en Cambo ............................................................................................... 20
2.3. Imposibilidad de internacionalización del conflicto armado interno puesto
que la actuación de los GGFF no resulta atribuible al Estado de Cambo ................ 21
IV. Licitud de la negativa de Glabso a cumplir la solicitud de cooperación de la CPI ... 24
1. Inmunidad de los jefes de Estado de terceros países en ejercicio ......................... 24
1.1. Artículo 98 (1) ER ......................................................................................... 24
1.2. Inmunidad ratione materiae ........................................................................... 25
1.3. Inmunidad ratione personae .......................................................................... 25
1.3.1. La jurisprudencia de la CPI resulta inaplicable al caso .......................... 26
1.3.2. La jurisprudencia de la CIJ resulta inaplicable al caso .......................... 27
1.3.3. Inexistencia de costumbre internacional en la materia........................... 28
2. Acuerdo de no entrega de nacionales a la CPI entre Glabso y Juba ..................... 29
V. Conclusiones ............................................................................................................... 32
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 33
1
LISTA DE ABREVIATURAS
BCP: Buque Costa Pacífico.
CCGG: Convenios de Ginebra de 1949.
CIJ: Corte Internacional de Justicia.
CPI/ICC: Corte Penal Internacional.
CSNU: Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
DAI: Decisión de Apertura de Investigación.
DCC: Decisión sobre la Confirmación de Cargos.
DI: Derecho Internacional.
ENP: Estado no Parte del Estatuto de Roma.
EP: Estado Parte del Estatuto de Roma.
ER: Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
FFAA: Fuerzas Armadas.
GAO: Grupos Armados Organizados.
GGFF: Grupos Fundamentalistas Religiosos.
NH: Numeral de los Hechos del Caso.
OF: Oficina del Fiscal.
ONU: Organización de las Naciones Unidas.
RPA: Respuesta a Preguntas Aclaratorias.
RPP: Reglas de Procedimiento y Prueba.
SCP: Sala de Cuestiones Preliminares.
TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
2
TPIR/ICTR: Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
TPIY/ICTY: Tribunal Penal Internacional de la Antigua Yugoslavia.
3
ESTABLECIMIENTO DE LOS HECHOS
Cambo es un Estado americano con capital en Renco. Tiene una superficie de 75.000 km2
divida en 10 departamentos y una población de 8 millones de habitantes. Limita con Juba,
Idianco, Glabso y con el Océano Pacífico. Todos estos Estados son miembros de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), de los Convenios de Ginebra (CCGG) y sus
Protocolos Adicionales, de la Convención para la Prevención y Represión del Genocidio y
de la Organización de Estados Americanos, y todos han aceptado la jurisdicción de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solo se han adherido al Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional (ER) Cambo y Glabso (este último el 9 de octubre de 2013).
El país alberga distintas comunidades religiosas. El Consejo de Comunidades Religiosas de
Cambo es la institución que reúne a los líderes de dichas confesiones y supervisa la
convivencia interreligiosa. Desde el año 2000, este órgano ha ido mostrando su
preocupación por la radicalización de las comunidades cristianas y musulmanas,
concretamente por la consolidación de grupos que definen su religión como la única
verdadera e interpretan literalmente sus textos sagrados. En 2011 dicho Consejo afirmó la
entrada en Cambo de integrantes de movimientos fundamentalistas cristianos y
musulmanes que propugnaban el uso de la fuerza con el fin de crear células terroristas
operativas.
El 15 de enero de 2012 se produjo en el puerto de Punta Larga de Cambo el estallido de
dos bombas en el Buque Costa Pacífico (BCP), produciéndose la muerte de 300 personas
así como 500 heridos de un total de 900 pasajeros. El buque navegaba bajo pabellón de
Cambo e iniciaba y terminaba su trayecto en Juba, siendo la mayoría de los pasajeros
nacionales de este último país.
El Sr. Juan Camilo Vargas Jaén, Presidente de Juba, solicitó a su homólogo de Cambo, el
Sr. Juan Luis Pietro Amigo que se iniciase una investigación para juzgar a los culpables,
ofreciéndole apoyo material. En los meses siguientes se produjo el arresto y procesamiento
de tan sólo dos sospechosos. Juba consideró que esta actuación era insuficiente por lo que
en octubre de 2012, el Sr. Vargas Jaén solicitó al Sr. Pietro Amigo que adoptase medidas
para neutralizar a los terroristas. El Presidente de Cambo se negó rotundamente.
Ante la pasividad de Cambo, el Sr. Vargas Jaén ordenó el 13 de marzo de 2013 a sus
Fuerzas Aéreas que neutralizasen a los miembros de los Grupos Fundamentalistas
4
Religiosos (GGFF) en Cambo. Para ello se llevaron a cabo entre abril y septiembre 55
operaciones aéreas que acabaron con la vida de distintos integrantes de dichos GGFF.
El 12 de octubre de 2013, Cambo demandó a Juba ante la Corte Internacional de Justicia
(CIJ). El 15 de octubre de 2013, el Sr. Pietro Amigo presentó igualmente ante la Fiscalía
de la Corte Penal Internacional (CPI) la situación derivada de dichas operaciones. El 31 de
octubre de 2013, la Fiscalía de la CPI decidió abrir la investigación y redefinió los
parámetros temporales de la misma, de modo que se iniciarían el 1 de enero de 2013,
incluyéndose así el atentado terrorista del BCP. Dicha investigación finalizó a principios
de 2014, tras la cual la Fiscalía solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares (SCP) X que
emitiese sendas órdenes de detención contra los inductores del atentado (residentes en el
estado centroeuropeo de Jotra) y contra el Sr. Vargas Jaén. Ésta última fue emitida
confidencialmente por la SCP X el 2 de febrero de 2014.
El Sr. Vargas Jaén comenzó el 3 de febrero de 2014 un viaje oficial por Idianco y Glabso.
El 7 de febrero, la Secretaría de la CPI remitió al Ministro de Asuntos Exteriores de este
Estado una solicitud de cooperación para la detención y entrega del imputado a la CPI. El
10 de febrero de 2014, Glabso notificó su negativa a ejecutar dicha solicitud. Argumentó
que ello vulneraría la obligación de respetar la inmunidad de Jefes de Estado extranjeros
en ejercicio y que supondría la violación del acuerdo de no entrega de nacionales firmado
por Juba y Glabso el 1 de enero de 2014. Dichas razones le permiten negarse a la luz del
artículo 98 ER.
El 1 de abril de 2014, la SCP X decide levantar la confidencialidad de la orden y convoca a
las partes para que asistan a una audiencia ante ella el 2 de junio de 2014.
5
CUESTIONES JURÍDICAS A ABORDAR
I. Alegaciones con respecto a la insuficiente gravedad del caso contra el Sr. Juan Camilo
Vargas Jaén para ser enjuiciado por la CPI.
II. Alegaciones sobre la no concurrencia del elemento contextual del delito de lesa
humanidad del que es presunto autor mediato el Sr. Vargas Jaén.
III. Alegaciones sobre la no concurrencia del elemento contextual del crimen de guerra del
que es presunto autor mediato el Sr. Vargas Jaén.
IV. Alegaciones relativas a la licitud de la negativa de Glabso a cumplir la solicitud de
cooperación transmitida por la Secretaría de la CPI el 7 de febrero de 2014, para la
detención y entrega del Sr. Vargas Jaén.
6
ARGUMENTOS ESCRITOS
I. Insuficiente gravedad del caso para ser enjuiciado por la CPI
El caso contra el Sr. Vargas Jaén no reviste de la gravedad exigida para ser enjuiciado por
esta Corte. Todos los crímenes que llegan a conocimiento de la CPI son graves, pero es
necesario justificar una gravedad “suficiente” para legitimar cualquier procedimiento que
se inicie en el seno de esta Corte. El ER prevé así un criterio que permite evitar el acceso a
la CPI de casos que no guardan la trascendencia necesaria para que un tribunal
internacional encargado del conocimiento de los crímenes más execrables conozca de
ellos1. En este sentido, a juicio de la CPI estos actos deben presentar una gravedad
cualificada, más allá de la que podría considerarse intrínseca a una conducta delictiva
común.
De este modo, es necesario realizar una ponderación de las circunstancias que concurren en
el caso y la calificación jurídica que pudiesen merecer para determinar, junto al respeto al
principio de complementariedad, si superan este umbral de procedibilidad, tal como exige
el art. 53(1)(b) ER y la regla 48 de las Reglas de Procedimiento y Prueba (RPP)2.
La suficiente gravedad del caso se contempla concretamente como requisito de
admisibilidad en el art. 17(1)(d) ER. Sin embargo, en dicho precepto no se enumeran
elementos de ponderación. No obstante, repetidamente la jurisprudencia de la Corte ha
acudido a la regla 145 RPP3, para el análisis de este requisito. Igualmente, la Fiscalía
utiliza los parámetros contenidos en la regla 29(2) del Reglamento de la Oficina del Fiscal
(OF)4.
Dichas normas contienen, inter alia, criterios que permiten analizar la suficiente gravedad
de los casos de los que conoce la Corte. Entre ellos se han utilizado la escala, la naturaleza,
1 Decisión relativa a la incorporación de documentos al caso Lubanga, de 10 de febrero de 2006, ICC-01/04-
01/06-8-Corr, paras. 41 y ss.; Decisión de Apertura de Investigación (DAI) Kenia, ICC-01/09-19-Corr, par.
56; Decisión sobre la Confirmación de Cargos (DCC) Abu Garda, ICC-02/05-02/09-243-Red, par. 30.
2 DAI Kenia, ICC-01/09-19-Corr, par. 42.
3 DAI Kenia, ICC-01/09-19-Corr, par. 62; DCC Kenyatta, ICC-01/09-02/11, par. 50.
4 Informe del Fiscal sobre la aplicación del art. 53(1) ER para Mali, p. 29.
7
el modo de comisión y el impacto de los delitos, ponderándolos de modo que se realice un
análisis tanto cualitativo como cuantitativo5.
La aplicación al presente caso de estos criterios permite a la Defensa afirmar que éste no se
supera el umbral de gravedad exigido como criterio de admisibilidad según los arts.
17(1)(d) ER y 53(1)(b) ER, por lo que no procede ninguna actuación adicional de la Corte.
1. Escala
Se han acreditado únicamente 80 muertos6 y un número indefinido de heridos, así como
daños secundarios en la propiedad7. Habida cuenta de los gravísimos casos que ha
conocido la Corte a lo largo de su historia, podemos determinar que el presente caso no
reviste suficiente gravedad ni cualitativa ni cuantitativamente. Citaremos como ejemplo la
situación de Kenia, donde fueron asesinadas más de 1.000 personas, hubo más de 3.000
heridos y 350.000 desplazados, además de innumerables violaciones8. En República
Democrática del Congo, solo en la región de Ituri, al menos 7.000 personas fueron
asesinadas y 100.000 fueron desplazadas por los combates9. En Darfur, 35.000 personas
fueron asesinadas y 235.000 tuvieron que acudir a campos de refugiados10
.
Los hechos no son asimilables al conjunto de casos de los que ha conocido la Corte, como
se observa en las insoportables cifras arriba señaladas. En este sentido, se ha rechazado la
superación de la condición de suficiente gravedad en el caso de Iraq11
debido al reducido
número de víctimas, utilizando este criterio de comparación con los casos de los que
conoce la Corte. La misión originaria de la Corte es enjuiciar los crímenes más graves para
la comunidad internacional, lo que implica necesariamente un ámbito amplio para que las
jurisdicciones nacionales actúen en la persecución de crímenes de una gravedad inferior.
5 DCC Abu Garda, ICC-02/05-02/09-243-Red, par. 31; DAI Costa de Marfil, ICC-02/11-14, par. 203.
6 Numeral de los Hechos del Caso (NH) 19.
7 Respuesta a Preguntas Aclaratorias (RPA) 32.
8 DAI Kenia, ICC-01/09-19-Corr, paras. 131 y 190.
9 Sentencia Lubanga, ICC-0104-01/06-2842, par. 79.
10 Resumen del caso, Situación de Darfur, OF, p. 4.
11 Respuesta a las comunicaciones recibidas respecto de Iraq, OF, p. 9.
8
2. Naturaleza
No concurren los elementos necesarios para defender la existencia de los crímenes
alegados. No se da el elemento contextual del tipo de lesa humanidad del art. 7 ER
atribuido a nuestro representado. Tampoco puede considerarse que existe un contexto de
conflicto armado y menos aún podría éste ser calificado como internacional. Estas
condiciones serán analizadas más adelante por esta Defensa.
3. Modo de comisión
La Defensa establece que las acciones tenían como objetivo únicamente la eliminación y
desarticulación de elementos peligrosos integrantes de distintos GGFF, ya que algunos
habían demostrado capacidad de destrucción con el atentado del BCP. Se centraron solo en
esos objetivos12
, guiadas únicamente por la protección de la seguridad nacional de Juba.
Igualmente, las víctimas no eran vulnerables, puesto que eran elementos peligrosos con
una probada capacidad de destrucción y conexiones a nivel internacional. No se ha
realizado dentro de un plan o política organizada, sino que se trata de una acción puntual
siguiendo un método de actuación propio de las Fuerzas Armadas (FFAA). Igualmente, no
se realiza a gran escala, habida cuenta de la reducida cantidad de víctimas en distintas áreas
rurales y urbanas13
dentro de un lapso de tiempo no muy prolongado. Hablamos de
operaciones de entidad muy poco significativa habida cuenta de todos estos parámetros.
4. Impacto
Los autores del atentado del BCP pertenecían a un grupo fundamentalista14
. De este modo,
no puede inferirse de los hechos que dichos GGFF no asumieran las posibles
consecuencias derivadas de atacar a un Estado extranjero. Por ende, ante la previsibilidad
de dichas consecuencias, no puede determinarse que haya creado terror en sus
comunidades el hecho de involucrarse voluntariamente en un enfrentamiento directo con
Juba. La evidente reacción defensiva que iba a tener Juba tuvo que ser asumida por los
terroristas desde la planificación misma del atentado.
12
RPA 9.
13 RPA 46.
14 RPA 8.
9
Con respecto al grado de destrucción de las operaciones de las FFAA de Juba, dado que los
medios utilizados han sido lo suficientemente certeros como para centrarse en la
eliminación de elementos peligrosos dentro de GGFF, los daños colaterales han sido
mínimos. Por ello, no puede concluirse que se haya creado una situación de terror en la
población en general, en tanto que era conocida la existencia de esos integrantes radicales
y que los mismos estaban siendo el objetivo de dichas acciones. Los propios GGFF así
como la población en general podían conocer la situación interreligiosa tensa que se venía
viviendo en el país durante la última década15
.
En consecuencia, esta Representación considera que los hechos aquí discutidos no superan
el umbral de suficiente gravedad requerido, habida cuenta del reducido número de víctimas
mortales y de heridos a consecuencia de los ataques. Además, no es cierto que dichas
muertes hayan sido consecuencia de la ejecución de un plan o política, ni se encuadran en
un conflicto armado. Por todo ello, estos hechos no deberían ser enjuiciados en esta sede.
15
NH 8.
10
II. No concurrencia del contexto de lesa humanidad
1. No concurrencia del elemento contextual objetivo
Para que la comisión de un delito de lesa humanidad del art. 7 ER sea posible, se debe
cumplir la premisa de la existencia de un (i) “ataque”, entendido éste como “una comisión
múltiple de actos”. Dicho ataque debe ser caracterizado como (ii) “generalizado” o (iii)
“sistemático”, (iv) perpetrarse contra una población civil, y (v) realizarse de conformidad
con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover
esa política.
1.1 Ataque e inexistencia de comisión múltiple de actos comprendidos en el
artículo 7(1) ER
La Defensa reconoce la existencia de una acción consistente en 55 operaciones de
bombardeos selectivos con aeronaves no tripuladas sobre el territorio de Cambo16
. Dicha
actuación debe cotejarse con el requisito que establece el tipo para poder ser considerada
como “ataque” a los efectos del art. 7(1) ER, es decir, que ésta suponga una “línea de
conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1”17
de
dicho artículo. No es necesario que el ataque consista en la comisión múltiple de crímenes
idénticos18
pero sí que es imprescindible que se dé esa multiplicidad en cuanto tal,
considerada ésta como una abundancia excesiva de algunos hechos, especies o
individuos19
. En el presente caso, dicha “comisión múltiple” no puede considerarse
existente, al ascender a lo sumo el número de víctimas a 8020
.
En su jurisprudencia más reciente, la CPI requiere que un ataque, cuantitativamente,
consista en “más que unos pocos actos”21
incluidos en el numerus clausus del art. 7(1) ER.
16
NH 19.
17 Art. 7(2)(a) ER.
18 Sentencia Kayishema & Ruzindana, ICTR-95-1-T, par. 122.
19 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, Espasa Libros, 22ª ed., Madrid,
2001.
20 Sentencia Katanga, Voto particular de la jueza Christine Van den Wyngaert, ICC-01/04-01/07-3436-AnxI,
par. 264.
21 DCC Bemba, ICC-01/05-01/08-424, par. 81.
11
No desea esta Representación restar importancia a una sola muerte, pero considera que
deben ser tenidas en cuenta las altísimas cuantías de actos inhumanos manejados por la
Corte en las situaciones que investiga y enjuicia22
. Cada una de estas situaciones
comprende miles de asesinatos, así como actos de violencia sexual a escala masiva23
.
Un número tan reducido como 80 nunca podría superar el umbral necesario para ser
considerado “una multiplicidad de actos” ni “más que unos pocos actos”. Por ello, esta
Representación considera inconcebible que exista “ataque” a los efectos del art. 7(1) ER.
Esta aproximación encaja perfectamente con la razón de ser última de la existencia y
tipificación del delito de lesa humanidad, consistente en criminalizar únicamente las
violaciones más graves de los derechos humanos24
.
1.2 Generalidad
La Defensa procederá a hacer referencia al carácter generalizado de la acción, no sin antes
reiterar la inexistencia en el caso de un ataque a los efectos del art. 7 ER. La jurisprudencia
de la CPI ha afirmado que este requisito connota “una naturaleza a gran escala del ataque,
el cual debe ser masivo, frecuente, llevado a cabo colectivamente, con considerable
seriedad y dirigido contra un gran número de víctimas”25
. Implica, en ese sentido, tanto
“un ataque efectuado sobre una amplia área geográfica, como uno llevado a cabo sobre
un área geográfica más reducida, siempre y cuando el número de víctimas sea
correlativamente alto”26
.
En consecuencia, la valoración debe realizarse desde dos puntos de vista, tanto cuantitativo
como geográfico, aunque es imprescindible destacar que la evaluación no es enteramente
22
Respuesta a las comunicaciones recibidas respecto de Iraq, OF, p. 9.
23 Ibid.
24 Sentencia Katanga, Voto particular de la jueza Christine Van den Wyngaert, ICC-01/04-01/07-3436-AnxI,
par. 264.
25 DAI Kenia, ICC-01/09-19-Corr, par. 95.
26 DCC Bemba, ICC-01/05-01/08-424, par. 83, que se remite a los paras. 395 y 398 de la DCC Katanga, ICC-
01/04-01/07-717. En esta misma línea, DCC Ruto, ICC-01/09-01/11-37, par. 176.
12
cuantitativa ni enteramente geográfica27
. La Corte sigue así la jurisprudencia de los
Tribunales penales ad hoc28
.
Haciendo referencia en primer lugar a la evaluación cuantitativa, las 55 operaciones de
bombardeos selectivos acabaron con la vida de 80 personas29
. La población de Cambo
consta de aproximadamente 8 millones de habitantes30
, por lo tanto, la cifra de fallecidos a
causa de dicha acción supone tan sólo una cienmilésima parte la población total. Esta cifra
tan reducida nunca podría ser considerada como “un gran número de víctimas” o como un
ataque “masivo” o “a gran escala”, por lo tanto, el eventual ataque no podría ser calificado
como generalizado.
Se desconoce, además, tanto la extensión como la cantidad de área o áreas concretas sobre
las cuales fueron efectuados los bombardeos. Tan sólo se tiene conocimiento de que las
víctimas pertenecientes a GGFF se hallaban tanto en zonas urbanas como rurales31
, datos
que son, en virtud del principio in dubio pro reo, insuficientes para que la CPI tome en
cuenta esta elucubración. Por otro lado, aunque el ataque hubiera sido efectuado sobre un
área geográfica reducida, el correspondientemente alto número de víctimas necesario
seguiría sin existir. La generalidad del ataque inexistente no se sostiene en ningún hecho
probado.
1.3 Sistematicidad
Seguidamente, corresponde a esta Parte referirse a la inaplicabilidad del carácter
sistemático como calificativo de los bombardeos32
para la eliminación de presuntos
integrantes de GGFF. Dicha calificación implicaría que la referida acción hubiera sido con
antelación “minuciosamente organizada; siguiendo un patrón regular; basada en una
27
DAI Kenia, ICC-01/09-19-Corr, par. 95. A ella se remiten la Retirada de cargos contra Muthaura, 01/09-
02/11-687, par. 109 y la DCC Ruto, ICC-01/09-01/11-37, par. 162.
28 Sentencia Akayesu, ICTR-96-4-T, par. 580; Sentencia Apelación TPIY Blaškić, IT-95-14-A, par. 206;
Sentencia de Apelación TPIY Kordić, IT-95-14/2-A, par. 94.
29 NH 19.
30 NH 1.
31 RPA 46.
32 NH 19.
13
política común; y haciendo uso de recursos públicos y privados sustanciales”33
. Se
requiere a su vez “continuidad en el patrón de comisión del crimen”34
.
De ningún modo puede inferirse que el adjetivo “minucioso” pueda calificar la
organización de la campaña ordenada por el Sr. Vargas Jaén al comandante de sus Fuerzas
Aéreas, para que procediera a la “eliminación”35
de integrantes de GGFF. Esto se debe a
que ésta adolece sin duda de un carácter aleatorio e impreciso, tal y como se deduce de la
simpleza de la orden emitida y de la escasa precisión de sus resultados. Los 55 bombardeos
ocasionaron, además de 80 muertos, “importantes daños a la propiedad civil de las
víctimas, y de las personas que vivían en el vecindario; deterioro de algunos edificios
públicos colindantes a los lugares de los bombardeos; así como a un número indeterminado
de heridos”36
. Habida cuenta de que estos actos no constan en el numerus clausus del 7(1)
ER37
, no pueden ser tomados en consideración más que para constituir una prueba
fehaciente de dicha imprecisión y para reiterar la evidencia de que no se trata de una
operación minuciosamente ordenada por el acusado.
Además, no se sigue un patrón regular, ya que éste implica una mínima periodicidad en los
ataques. Esta característica no puede suponerse del hecho de que el lapso temporal de los
55 bombardeos esté acotado de una manera precisa: entre abril y septiembre de 201338
. Las
fechas concretas de cada bombardeo, determinantes a estos efectos, son desconocidas.
En síntesis, una acción sistemática y masiva (generalizada), transforma un crimen común,
enjuiciable por las jurisdicciones nacionales, en un crimen de lesa humanidad39
. Es
pertinente pues reiterar que los ataques constituyentes de crímenes de lesa humanidad se
33
DAI Kenia, ICC-01/09-19-Corr, par. 96; que se remite a Sentencia Akayesu, ICTR-96-4-T, par. 580, así
como a Sentencia Apelación TPIY Blaškić, IT-95-14-A, par. 203.
34 DAI Kenia, ICC-01/09-19-Corr, par. 96.
35 NH 19.
36 RPA 32.
37 Vid. Supra.
38 NH 21.
39 Sentencia TPIY Tadić, IT-94-1-T, par. 644, que se remite a Comisión de Crímenes de Guerra de la ONU.
14
singularizan por su magnitud y salvajismo40
. La campaña de bombardeos realizada por las
FFAA de Juba, además de no poder ser considerada un ataque, carece por completo de
ambas características.
1.4 Ataque contra una población civil
El ER en ningún momento establece qué debe entenderse como “una población civil”, por
lo que debe hacerse referencia a las clarificaciones efectuadas por la Corte. Ésta ha
interpretado que tales términos se refieren “a los que son civiles, por oposición a miembros
de fuerzas armadas u otros legítimos combatientes”41
. Se recoge así la jurisprudencia del
Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia42
(TPIY) y las tesis de la doctrina
autorizada43
. A estos efectos, las 80 víctimas de los bombardeos pertenecientes en su
totalidad a GGFF44
son en su conjunto civiles. Ahora bien, para que un ataque sea
considerado como crimen de lesa humanidad a efectos del art. 7 ER, este último debe ser
dirigido contra una población civil, concebida ésta por parte de la Corte en su
jurisprudencia más reciente como “grupos diferenciados por su nacionalidad, etnia u otros
rasgos distintivos”45
.
Las 55 operaciones de bombardeos afectaron a varias localidades en las que se encontraban
presuntos integrantes de GGFF variados46
y causaron 80 víctimas47
. Es conveniente
destacar la multitud de comunidades religiosas que conviven en Cambo48
de entre las
40
Ibid.
41 DAI Costa de Marfil, ICC-02/11-14, par. 33; DCC Bemba, ICC-01/05-01/08-424, par. 78. Así también,
Sentencia Akayesu, ICTR-96-4-T, par. 575.
42 Sentencia TPIY Kunarac, IT-96-23-T & IT-96-23/1-T, par. 425.
43 PILLOUD, C., et al. (eds.), Commentary on the additional protocols of 8 June 1977 to the Geneva
Conventions of 12 August 1949, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, pp. 611 y 1451-1452.
44 RPA 9.
45 DAI Kenia, ICC-01/09-19-Corr, par. 81; DAI Costa de Marfil, ICC-02/11-14, par. 29.
46 RPA 27.
47 RPA 9.
48 NH 5.
15
cuales, algunos integrantes pasaron a interpretar sus textos sagrados de un modo más literal
y estricto49
, característica que los califica de “fundamentalistas”.
Los bombardeos no fueron cometidos contra una población cuyos miembros puedan ser
identificados por su nacionalidad o etnia, sino contra una amalgama de víctimas que
carecen de cualquier “rasgo distintivo” común suficiente para ser considerados una
población civil como tal. Dicho rasgo distintivo que califique el grupo poblacional ha de
ser “suficiente”, ya que si se tomara en consideración la religiosidad o nacionalidad como
característica común a todas las víctimas, este rasgo sería demasiado amplio, difuso e
imposible de negar, despojando al tipo de su utilidad.
Por el contrario, si esa distinción fuera llevada al extremo, podrían existir tantos GGFF
como víctimas de los ataques, debido al desconocimiento del número de víctimas que
pertenecían a cada uno de la gran variedad de GGFF establecidos en Cambo50
. Si la
acusación tomara esta vía, no habría sido atacada una población civil como grupo
individualizado, sino una multiplicidad de miembros pertenecientes a una gran gama de
GGFF de manera aleatoria. Ambas concepciones defraudarían el objeto y fin perseguidos
por la nueva jurisprudencia de la Corte, vaciándola de contenido.
1.5 Ataque de conformidad con la política del Estado de Juba
Por lo que respecta a este requisito contextual del delito de lesa humanidad, cabe
establecer, en primer lugar, que a la luz de los hechos no existe organización alguna que
cometa el mencionado ataque. Existe, en efecto, un Estado, y aunque la conducta ha sido
llevada a cabo por las FFAA del Estado de Juba51
, éste no se efectúa de conformidad con
ningún plan o política estatal.
No es necesario que ésta sea explícitamente definida, sino “planeada, dirigida u
organizada, en oposición a actos aislados de violencia”52
. De ninguna manera puede
inferirse, en consonancia con lo establecido anteriormente, que el ataque ordenado por el
49
NH 9.
50 RPA 19.
51 NH 19.
52 DAI Kenia, ICC-01/09-19-Corr, par. 83, que se remite a DCC Katanga, ICC-01/04-01/07-717, par. 396.
16
imputado, que ostenta el cargo de Comandante Supremo de las FFAA de Juba53
, fuera un
ataque planeado, dirigido u organizado. Nuestro representado tan sólo efectuó una orden a
su comandante, derivada de la necesidad de poner fin a los actos de violencia54
acontecidos
en Cambo.
Fue sin duda dicho comandante de Juba por orden del Jefe de Estado, quien procedió a la
puesta en marcha de los protocolos de actuación ordinarios de las FFAA. Teniendo en
cuenta que la forma de proceder durante la campaña fue el empleo de forma reiterada del
método del bombardeo, sumado a la imprecisión de sus resultados55
, lo que aconteció en
Juba fue la ejecución por el Ejército de una orden común efectuada por el Sr. Vargas Jaén a
su subordinado, y la activación de sus deberes protocolarios de actuación en situaciones de
ese tipo. La intervención de las FFAA mediante los bombardeos en Cambo no responde
pues a los requisitos necesarios de este elemento contextual. No se trata de una política del
Estado de Juba ex profeso, sino más bien una acción habitual tras una orden del Jefe de
Estado, carente de toda planificación.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta que éste no es un requisito aislado. Su
vinculación con la sistematicidad es tal que ésta última es considerada por la
jurisprudencia de la Corte como “algo más que política”56
dando lugar a la subsunción del
requisito de política en el primero. Además, la Corte entremezcla y confunde aquello que
ésta concibe por política, con la sistemática, al emplear las mismas definiciones y
requisitos para ambas57
. Esta Representación discrepa respetuosamente con la indefinición
asumida en esta cuestión por la Corte, que tiende a vaciar de contenido y a confundir los
requisitos necesarios para que exista en un caso concreto una política, negando a su vez la
existencia de estos dos en el presente caso. La consecuencia directa es sin duda una falta de
seguridad jurídica para nuestro representado, a pesar de la cual se está en condiciones de
afirmar que de haber ocurrido un ataque a los efectos del art. 7 ER, éste no habría seguido
el plan o política de un Estado.
53
NH 19.
54 NH 15.
55 NH 32.
56 DCC Katanga, ICC-01/04-01/07-717, par. 396.
57 DAI Kenia, ICC-01/09-19-Corr, par. 83, que se remite a DCC Bemba, ICC-01/05-01/08-424, par. 81.
17
2. Elemento contextual subjetivo
Se debe analizar también, tal y como consta en el ER, el elemento contextual subjetivo,
imprescindible para que se dé el contexto del crimen de lesa humanidad58
. Se requiere que
el causante del ataque fuera consciente o tuviera conocimiento de su existencia.
Según lo establecido por el art. 7(1) ER, el perpetrador debe actuar “con conocimiento” de
dicho ataque generalizado o sistemático, dirigido contra una población civil. El art. 30(3)
ER por su parte establece que “conocimiento” significa consciencia de que una
circunstancia existe o una consecuencia ocurrirá en el curso normal de los
acontecimientos59
. Dicho conocimiento se puede deducir de evidencias circunstanciales,
como la posición del acusado en los mandos militares60
.
La Defensa concluye por tanto, que existen evidencias suficientes para aceptar que el Sr.
Vargas Jaén conocía de la ejecución y consecuencias posibles de la campaña de
bombardeos efectuada sobre Cambo. Sin embargo, al no poder ser calificada dicha
campaña como ataque a los efectos del art. 7 ER, dichos actos no pueden ser calificados
como generalizados ni sistemáticos. Además, al no ser efectivamente dirigidos contra una
población civil suficientemente definida, no nos encontraríamos en presencia del contexto
requerido por el art. 7 ER. De ésta forma, exista o no conocimiento, en ningún caso puede
recaer sobre un objeto inexistente.
58
AMBOS, K., “Crímenes de Lesa Humanidad. Un dictamen para el Fiscal del Tribunal Internacional Mixto
de la ONU para Timor Oriental”, en E. A. DONNA (dir.), La Corte Penal Internacional, Rubinzal – Culzoni
Editores, Santa Fe, 2007, p. 263.
59 DCC Bemba, ICC-01/05-01/08-424, par. 87.
60 SCHABAS, W., The Rome Statute of the International Criminal Court. A Commentary, Oxford University
Press, Oxford, 2010, p. 151, que se remite a la Sentencia Apelación TPIY Blaškić, IT-95-14-A, par. 204.
18
III. No concurrencia del contexto de crimen de guerra
En el caso enjuiciado no concurren los elementos necesarios para imputarle al Sr. Vargas
Jaén el crimen de guerra del art. 8(2)(b)(i) ER. Este tipo penal requiere como presupuesto
ineludible la concurrencia de un conflicto armado de carácter internacional. Ahora bien, ni
el ER, ni los Elementos de los Crímenes definen qué se entiende por conflicto armado61
.
Para solventar la cuestión, esta Defensa aplicará los tratados, principios y normas de
Derecho Internacional (DI) pertinentes, en virtud del art. 21(1)(b) ER.
Según esta Corte, estamos ante un conflicto armado cuando existe el recurso a la fuerza
armada entre Estados, o violencia armada prolongada entre un Estado y Grupos Armados
Organizados (GAO) o entre dichos grupos dentro de un Estado62
. En este sentido, el
Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) ha señalado que el término “conflicto
armado” sugiere la existencia de hostilidades entre fuerzas armadas organizadas en mayor
o menor medida63
.
En consecuencia, los elementos definitorios de un conflicto armado son el uso de fuerza o
violencia armada y la concurrencia de un cierto grado de organización en las partes
presentes en el conflicto.
1. Inexistencia de conflicto armado
En el presente caso, la Defensa considera que no existe conflicto armado alguno, necesario
para la apreciación del crimen de guerra, tal como se expone a continuación.
1.1 Uso de violencia o fuerza armada
Dado que los sujetos que intervienen en las hostilidades son, de un lado, los grupos
terroristas y, de otro, el Estado de Juba, es necesario analizar la intensidad de las acciones
de cada uno de ellos de modo separado para determinar si pueden elevarse a la categoría de
actuaciones en el marco de un conflicto armado. Respecto al atentado del BCP, no se trata
más que de una acción terrorista, similar a las muchas que se perpetran habitualmente en
61
Sentencia Lubanga, ICC-01/04-01/06-2842, paras. 531-533.
62 DCC Bemba, ICC-01/05-01/08-424, par. 229, referido a Sentencia TPIY Tadić, IT-94-1-T, par. 628.
63 Sentencia Akayesu, ICTR-96-4-T, par. 620; Sentencia Apelación Musema, ICTR-96-13-A, par. 248.
19
todo el mundo. Se trata de un suceso aislado que en absoluto puede suponer ni el inicio ni
una acción integrante de un conflicto armado.
En cuanto a la acción de Juba, se trata de una acción militar aislada encaminada a la
eliminación de potenciales elementos terroristas en Cambo, por lo que se ha de encuadrar
en la política de defensa y de seguridad que legítimamente puede fijar un Estado. Con
independencia de la responsabilidad internacional que pudiese corresponder a Juba, esta
acción no puede considerarse parte de un conflicto armado, sino una respuesta a la
dejación o incapacidad de Cambo para atajar las amenazas a la seguridad interna de los
Estados de su entorno.
1.2 Organización de los grupos
Es evidente que no puede negarse la naturaleza estatal de Juba, pero sí la condición de
GAO de los terroristas que atentaron en el BCP, los cuales estaban al margen de un aparato
organizado capaz de realizar maniobras militares. Estos individuos no cumplen con los
requisitos jurisprudenciales establecidos para determinar que puedan considerarse
plenamente como parte de un conflicto armado64
. El atentado es un suceso aislado65
,
llevado a cabo por terroristas. Como tales, no eran capaces de enfrentarse de modo
sostenido en el tiempo y en intensidad con el Estado de Juba, como demuestra que la
campaña militar llevada a cabo en territorio de Cambo no fue contestada en ningún
momento. Además, no contaban con jerarquía alguna ni se ha demostrado que controlasen
arsenales de armas o explosivos. Por todo ello la Defensa niega la condición de GAO de
los terroristas, en tanto que no gozaban de la infraestructura y los recursos adecuados para
sostener acciones hostiles contra Juba, sino únicamente un acto terrorista aislado.
En consecuencia, a juicio de la Defensa, esta Sala no puede advertir aquí, sin desconocer
los hechos probados, la existencia de un conflicto armado, pues evidentemente no concurre
ninguno de los dos elementos que tradicionalmente se han exigido en esta materia.
64
Sentencia Lubanga, ICC-01/04-01/06-2842, par. 537.
65 RPA 17.
20
2. No internacionalidad del conflicto armado
A pesar de la inexistencia de un conflicto armado tal y como se ha expuesto, en el
hipotético caso que pudiera hablarse de él, procede la Defensa al análisis de la
internacionalidad del mismo, pues así lo exige la calificación jurídica realizada por la
Fiscalía, que imputa a nuestro representado la comisión del delito del art. 8(2)(b)(i) ER.
Esta Defensa niega la internacionalidad del conflicto armado basándose en la sencilla idea
de que éste no se da entre dos Estados. De forma subsidiaria, habría de sostenerse que no
es un conflicto armado interno y por tanto no puede internacionalizarse ni por la
intervención de un tercer Estado, ni por la atribución de las actuaciones de una de las
partes del conflicto a un Estado.
2.1 Inexistencia de conflicto entre dos Estados
A la luz del art. 2 común a los CCGG y de lo expuesto por la SCP de la CPI como
consecuencia de la aplicación de la jurisprudencia del TPIY: “hay un conflicto armado de
carácter internacional si el mismo tiene lugar entre dos o más Estados; esto se extiende a
la ocupación total o parcial del territorio de otro Estado, sea que dicha ocupación
encuentre o no resistencia armada” 66
. Por tanto, para que se dé un conflicto armado de
carácter internacional, como resulta evidente, éste debe surgir entre dos entes estatales.
En el presente caso no concurre tal circunstancia dado que la actuación desarrollada por el
Estado de Juba se produce contra los GGFF, no calificables como Estado, siendo éste el
único actor estatal. Cambo, por su parte, no realiza acción armada alguna.
2.2 La intervención de Juba no internacionaliza un conflicto armado interno
inexistente en Cambo
Otra posibilidad sostenida por la jurisprudencia para calificar un conflicto armado como
internacional es la internacionalización de un conflicto armado interno por la intervención
directa de otro Estado67
.
66
DCC Lubanga, ICC-01/04-01/06-803, par. 206.
67 Id., par. 209.
21
La Defensa afirma que no existe un conflicto armado interno en el Estado de Cambo, pues
éste debería desarrollarse “entre las autoridades gubernamentales y grupos armados
organizados o entre tales grupos”68
. En el territorio de Cambo no ocurre tal cosa, puesto
que se produce una actuación criminal unilateral por parte de los GGFF. Aun así, en el
remoto caso que se considerara como un conflicto armado no llegaría a superar el umbral
que lo distingue de meros disturbios internos. De esta manera no resultaría de aplicación el
art. 3 común a los CCGG, pues para ello deberían cumplirse con dos requisitos i)
intensidad del conflicto y ii) organización de las partes69
.
Para determinar la intensidad del conflicto y la organización de las partes, esta Defensa
utiliza distintos criterios jurisprudenciales que no resultan satisfechos de ningún modo70
.
Los hechos no se pueden tener como intensos, dado que el delito del BCP es un hecho
aislado y sin precedente71
; no desencadena respuesta militar alguna de Cambo; no produce
un incremento de los enfrentamientos armados en Cambo; y no llama la atención del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)72
. En referencia al requisito de
organización de las partes, no resulta satisfecho por los GGFF, tal y como ya se expuso en
el apartado relativo a la inexistencia de conflicto armado.
Es por ello, que se debe concluir con la inexistencia de un conflicto armado interno en
Cambo y con que la actuación de Juba73
no podría convertirlo en ningún caso en un
conflicto armado internacional.
2.3 Imposibilidad de internacionalización del conflicto armado interno puesto que
la actuación de los GGFF no resulta atribuible al Estado de Cambo
La segunda posibilidad de internacionalización de un conflicto armado interno reside en
que la actuación de alguna de las partes de tal conflicto pueda atribuírsele a un Estado74
. El
68
Sentencia Apelación TPIY Tadić, IT-94-1-A, par. 70.
69 Id. paras. 561-568, y Sentencia TPIY Fatmir Lima, IT-03-66-T, par. 84.
70 Sentencia Lubanga, ICC-01/04-01/06-2842, paras. 536-538, y DCC Bemba, ICC-01/05-01/08-424, par.
231.
71 RPA 12,17, 24 y 28.
72 RPA 20 y 30.
73 NH 18.
22
escenario que resultaría necesario para la aplicación de tal circunstancia sería que el
conflicto interno se hubiera desarrollado en el Estado de Juba y que se atribuyera la
actuación de los GGFF al Estado de Cambo, pues en sentido contrario, el conflicto armado
tendría lugar en Cambo y para que se caracterizara un conflicto armado internacional
debería poder atribuírsele a Juba la actuación de alguna de las partes, hecho que no puede
extraerse del caso y que carecería de sentido.
Aunque no existe conflicto armado interno en Cambo, y menos en Juba (donde no se
produce ninguna acción armada), la Defensa también afirma que no cabría atribuírsele a
Cambo la actuación de los GGFF.
En principio, el comportamiento de entidades no estatales no resulta atribuible al Estado
bajo el DI, sin embargo, cabe dicha atribución bajo las jurisprudencialmente elaboradas
nociones de “control efectivo”75
y “control global o general”76
. Las mismas llevan a la
conclusión de que esas entidades no estatales sean consideradas como instrumentos de los
Estados para cometer hechos internacionalmente ilícitos.
Para considerar que Cambo tenía el “control general” de los GGFF debería haber
intervenido en la organización, coordinación o planificación actividades de los mismos, así
como haber financiado, formado, equipado o prestado apoyo operacional al grupo, sucesos
todos no contrastables con los hechos que nos ocupan. El “control efectivo”, por el
contrario, es un requisito de control mucho más estricto, que exigiría además la emisión de
ordenes especificas por el Estado de Cambo y la dirección en la operación desarrollada en
el BCP. La Defensa no puede sino solicitar a la Sala que niegue la concurrencia de
cualquier tipo de control por parte de Cambo sobre los GGFF, dada la imposibilidad de
extraer tal conclusión de los hechos probados.
Esta Defensa, afirma por tanto que no concurre el elemento contextual del crimen de
guerra, dado que bajo ningún argumento jurídico puede defenderse tal circunstancia. La no
74
DCC Lubanga, ICC-01/04-01/06-803, par. 209.
75 CIJ, Sentencia relativa al caso Nicaragua c. Estados Unidos, paras. 75-115; art. 8 Proyecto de la Comisión
de Derecho Internacional de la ONU en lo relativo a la responsabilidad internacional de los Estados por
hechos internacionalmente ilícitos.
76 DCC Lubanga, ICC-01/04-01/06-803, paras. 210-211; Sentencia Apelación TPIY Tadić, IT-94-1-A, paras.
137-162.
23
existencia de conflicto armado ya es suficiente como para llegar a dicha conclusión. Pero si
erróneamente se afirmara la existencia de dicho conflicto, éste no podría ser considerado
como internacional, por las razones anteriormente expuestas. Sea como fuere, el
procesamiento de nuestro representado vía art. 8(2)(b)(i) ER no tendría el más mínimo
sentido.
24
IV. Licitud de la negativa de Glabso a cumplir la solicitud de cooperación de la CPI
1. Inmunidad de los jefes de Estado de terceros países en ejercicio
Glabso actuó lícitamente cuando se negó a cooperar con la CPI, no solo porque el Sr.
Vargas Jaén esté acusado de crímenes que no ha cometido, sino porque en todo caso, goza
de la inmunidad que le reconoce el DI y el ER en su art. 98(1). Esta inmunidad supone la
imposibilidad de ser objeto de arresto y enjuiciamiento por cualquier tribunal, de modo que
en el momento en el que la CPI solicitó esto, estaba actuando no sólo en contra de su
propio Estatuto, sino que estaba forzando a Glabso a incumplir sus obligaciones
internacionales.
1.1. Artículo 98 (1) ER
De la lectura del art. 98(1) se deriva que se formuló como limitación del poder de la CPI,
de forma que con él se prohíbe a la Corte la imposición a un Estado Parte (EP) de la
realización de una conducta que viole sus obligaciones internacionales con respecto a la
inmunidad reconocida por terceros Estados, dándose validez por tanto a tales inmunidades,
ya sean de tipo personal o funcional77
.
Conviene aclarar que con el término “tercer Estado” del art. 98(1) ER, como bien ha
interpretado la doctrina78
, se hace referencia a un Estado no parte (ENP) del ER,
ofreciendo así una interpretación en consonancia con el artículo 27 ER que impide a un EP
oponer, en relación con sus nacionales, cualquier tipo de inmunidad. Teniendo en cuenta
que Juba es un ENP del ER, éste, como cualquier otro tratado internacional, no crea
obligaciones para un tercer Estado sin su consentimiento79
. Por tanto, las inmunidades
reconocidas por éste siguen imperando ante esta Corte.
La Defensa sostiene que a la luz del art. 98(1) ER, Glabso no tiene el deber de cumplir con
la solicitud de cooperación de la CPI, pues de lo contrario violaría sus obligaciones 77
KREß, C., “Las inmunidades de derecho internacional para los Estados no parte en el Estatuto de la CPI”,
Revista General de Derecho Penal, núm.19, 2013, p. 14.
78 GAETA, P., “Does President Al Bashir enjoy immunity from arrest?”, JICJ, vol.7, 2009, p. 328;
TRIFFTERER, O., Comment on the Rome Statute of the ICC: Observer’s notes, article by article. CH. Bert –
Hart- Nomos, 2ª ed., 2008, p. 1608; AKANDE, D., “International Law Immunities and the International
Criminal Court”, AJIL, vol. 98, nº 3, 2004, p. 417.
79 Art. 34 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.
25
internacionales con Juba. De modo que en el caso de que el Sr. Vargas Jaén fuera
requerido por dicha Corte, debería ésta obtener primero la renuncia de la inmunidad que le
es concedida por el DI y reconocida en el mismo ER. Hasta entonces, Glabso estaría
actuando lícitamente80
.
1.2. Inmunidad ratione materiae
En DI se han venido observando dos tipos de inmunidades que se otorgan a representantes
de Estado como el Sr. Vargas Jaén: la inmunidad ratione materiae, que cubre actividades
realizadas por todo agente en el ejercicio de sus funciones, y la inmunidad ratione
personae, que cubre tanto las actividades llevadas a cabo a título personal como a título
oficial, y que se disfruta mientras se está en el ejercicio del cargo. Cierto es que se ha ido
creando una costumbre de DI81
que impide oponer la inmunidad ratione materiae en caso
de comisión de crímenes internacionales, costumbre apoyada en la idea de que su comisión
no puede formar parte de las funciones de un Jefe de Estado. Esta Defensa insiste en que el
Sr. Vargas Jaén ha sido acusado de crímenes internacionales que no ha cometido, de modo
que las actuaciones legítimas en materia de seguridad del Estado deberían seguir cubiertas
por la inmunidad ratione materiae. En todo caso, al ser el actual Jefe de Estado de Juba,
goza además de inmunidad ratione personae, que cubre toda actividad realizada por el
mismo y no decae ni siquiera ante la comisión de crímenes internacionales, a pesar de que
su prohibición sea norma ius cogens82
.
1.3. Inmunidad ratione personae
El Sr. Vargas Jaén goza de inmunidad personal como cualquier Jefe de Estado en
ejercicio83
, y por ello, respaldado por la interpretación antes sostenida del art. 98(1) ER, no
80
GAETA, P., “Does President Al Bashir enjoy immunity from arrest?”, cit., p. 329.
81 TRIFFTERER, O., Comment on the Rome Statute of the ICC: Observer’s notes, article by article, cit., p.
1609. Institut de Droit International, “Resolution on the Inmunity from Jurisdiction of the State and Persons
who Act on Behalf of the State in case of International Crimes”, [En línea], Sesión de Nápoles, 2009;
disponible en <http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/2009_naples_01_fr.pdf> [Consulta 10.02.2014].
82 Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), sentencia relativa al caso Al-Adsani c. Reino Unido,
par. 60.
83 Institut de Droit International, “Les immunités de jurisdiction et d’exécution du chef d’État et de
gouvernement en droit international”, Sesión de Vancouver 2001. [En línea]. Disponible en <http://www.idi-
iil.org/idiF/resolutionsF/2001_van_02_fr.PDF> [Consulta 10.02.2014].
26
puede ser detenido por el Estado de Glabso sin que éste viole sus obligaciones
internacionales con Juba, a menos que la Corte obtenga una renuncia a dicha inmunidad.
1.3.1. La jurisprudencia de la CPI resulta inaplicable al caso
La CPI estableció84
que el art. 98(1) ER no se debía interpretar en el sentido antes expuesto
y, por tanto, no servía como alegato para evitar la cooperación con la Corte. Esta decisión,
duramente criticada por la doctrina85
, dejó completamente sin efecto las normas sobre
inmunidades reconocidas por el DI al menos en lo que respecta a su uso ante la CPI.
En todo caso, es necesario analizar el contexto en el que se dictó dicha decisión. En los
casos en que el CSNU remite la situación a la CPI, como ocurrió en el caso de Sudán, la
obligación de cooperar de los Estados no nace directamente del ER, sino del Capítulo VII
de la Carta de Naciones Unidas86
. Con su remisión a la CPI, el CSNU hace que de forma
indirecta el ER se convierta en obligatorio para el Estado en cuestión, aunque sea ENP, y
esta decisión resulta obligatoria en base al art. 25 de la Carta. Por tanto, la decisión de la
CPI en el asunto Al Bashir tiene sentido, ya que Sudán se encontraba obligado por el art.
25 e implícitamente por la resolución del CSNU a aceptar las decisiones de la Corte en
aplicación del ER, lo que le situó de facto en una posición análoga a la de un EP. Así, un
EP que procediera a la detención y entrega del Sr. Al Bashir no actuaría contra sus
obligaciones internacionales frente a un ENP, en vista de que las inmunidades reconocidas
por éste último se removerían como resultado de la aplicación indirecta del art. 27 ER87
.
Sin embargo, el caso que nos ocupa no puede asemejarse al precedente, puesto que por no
ser remitido por el CSNU a la CPI, la eficacia indirecta del ER no existe. Las inmunidades
que nacen del ordenamiento de Juba no decaen por aplicación indirecta alguna del art. 27
ER, sino que se respetan por la aplicación del art. 98(1) ER. Juba no deja de ser “tercer
84
Decisión sobre el rechazo a acatar la solicitud de cooperación emitida por la CPI, ICC-02/05-01/09, par.
43.
85 AKANDE, D., “ICC Issues Detailed Decision on Bashir’s Immunity (...At long Last...) But Gets the Law
Wrong”, [En línea]; Disponible en <http://www.ejiltalk.org> [Consulta: 02.04.2014].
86 AKANDE, D., “The effect of Security Council Resolutions and domestic proceedings on State obligations
to cooperate with the ICC”, JICJ, vol. 10, 2012, p. 8.
87 AKANDE, D., “The legal nature of Security Council referrals to the ICC and its impact on Al Bashir’s”,
JICJ, vol.7, nº 2, 2009, p. 342.
27
Estado” a los efectos del art. 98(1) ER, por lo que la Defensa considera la negativa de
Glabso como la única actuación legítima posible.
1.3.2. La jurisprudencia de la CIJ resulta inaplicable al caso
La CIJ ya ha afirmado que no es posible deducir la existencia de una excepción en lo que
concierne a la inviolabilidad de agentes del Estado en ejercicio, reconociendo así la
absoluta inmunidad que se les otorga ante la jurisdicción de un Estado extranjero88
.
Simultáneamente estableció, sin embargo, que cabe una excepción a esta regla cuando la
inmunidad se alegue frente a ciertos tribunales internacionales89
. La Defensa desea resaltar
la palabra “ciertos”, y es que hay atender a la naturaleza del tribunal internacional ante el
cual se va a llevar a cabo el procedimiento y las provisiones del estatuto que lo crea90
,
diferenciando entre los tribunales creados en virtud de Resolución del CSNU y aquellos
creados en virtud de un tratado, como la CPI.
El hecho de que un Tribunal pueda ejercer jurisdicción sobre un individuo
independientemente de su cargo no implica que el Estado requerido pueda legalmente
proceder su arresto y entrega, incumpliendo con ello sus obligaciones internacionales91
.
Este conflicto no se plantea ante tribunales ad hoc, en los que la obligación de los Estados
de cooperar proviene de una resolución obligatoria del CSNU. Es decir, estos tribunales,
establecidos en virtud del capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, son órganos
subsidiarios del CSNU y en este sentido, los Estados miembros de la ONU tienen la
obligación de cumplir las decisiones del CSNU de acuerdo con la Carta92
, que prevalecen
en todo caso sobre otro tipo de obligaciones internacionales según el art. 103 de la misma.
Así las cosas, los Estados miembros de la ONU, al cumplir con las solicitudes de
cooperación, no entran en conflicto con aquellas normas que obligan a respetar las reglas
de inmunidad personal que establece el DI consuetudinario93
. En cambio, la CPI fue creada
88
CIJ, Sentencia relativa al caso de la Orden de arresto, paras. 53-58.
89 Id., par. 61.
90 AKANDE, D., “International Law Immunities and the International Criminal Court”, cit., p. 417.
91 CIJ, Sentencia relativa al caso de la Orden de arresto, par. 59; GAETA, P., “Does President Al Bashir
enjoy immunity from arrest?”, cit., p. 325.
92 Art. 25 Carta de Naciones Unidas.
93 GAETA, P., “Does President Al Bashir enjoy immunity from arrest?”, cit., p. 327.
28
en virtud de un tratado, y por ello solo obliga a las partes; los ENP no tienen ninguna
obligación de cooperar con la Corte94
. De este modo, el art. 27 ER junto con el 98(1) ER
han de interpretarse conjuntamente en el sentido de que el ER pone fin a las inmunidades
entre la Corte y los EP, y los EP entre sí, pero no en lo relativo a aquellos que no han
consentido el tratado. La jurisprudencia de la CIJ tampoco es suficiente para cambiar dicha
interpretación.
La Defensa concluye así que Juba no tiene obligación alguna con la CPI, debiéndose
honrar las obligaciones contraídas entre el EP y aquel que no lo es95
, en base al respeto de
la igualdad soberana de los Estados. Así se justifica la actuación llevada a cabo por Glabso,
teniendo en cuenta que el propio ER en su art. 98(1) prevé que no solicitará la cooperación
de un Estado si eso supone un incumplimiento del respeto a las inmunidades reconocidas
por terceros Estados.
1.3.3. Inexistencia de costumbre internacional en la materia
La CPI menciona la existencia de una costumbre de DI que exceptúa las reglas de
inmunidad ante tribunales internacionales96
. Sin embargo, para que exista una costumbre
de este tipo se necesitan dos elementos: una práctica internacional y una conciencia de la
necesidad social y obligatoriedad jurídica de los comportamientos que la integran97
.
Actualmente no podemos considerar que haya una práctica suficiente por los Estados como
para pensar que las inmunidades reconocidas a los Jefes de ENP en ejercicio no hayan de
respetarse ante la CPI. La Corte yerra al obviar dicho requisito, y esta equivocación solo se
entiende desde la absoluta inexistencia de una práctica general, uniforme y duradera de los
EP en este sentido.
94
CSNU, Resolución 1593 (2005).
95 REYES MILK, M., “El principio de inmunidad de los Jefes de Estado en actividad y su regulación en el
ER que crea la CPI”, Agenda Internacional, Año XV, Núm. 26, 2008, p. 102.
96 Decisión sobre el rechazo a acatar la solicitud de cooperación emitida por la CPI, ICC-02/05-01/09, par.
43.
97 REMIRO BROTONS, A., et al., Derecho Internacional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 206.
29
En cualquier caso, se trataría de una norma consuetudinaria que habría nacido con una gran
vulnerabilidad dada la escasa práctica que contribuye a su cristalización98
. Una norma así
puede ser desafiada a través de la oposición de los Estados, algo que ya ha sido constatado
en el caso Al Bashir en el que Estados como Malawi y el Chad se negaron a cooperar con
la CPI. También destaca la llamada de la Asamblea de la Unión Africana a sus EP a no
cumplir con las solicitudes de cooperación, o el informe que su Comisión99
emitió
recordando la autolimitación que la CPI introduce en su propio ER a través del art. 98(1).
Por todo ello, la Defensa considera que el Estado de Glabso actuó lícitamente al no
proceder a la detención y entrega del Sr. Vargas Jaén, habida cuenta de que éste estaba
protegido por la inmunidad personal que atañe a un Jefe de Estado en ejercicio, y que el
art. 98(1) ER asegura que la Corte respetará la inmunidad reconocida por terceros Estados
a sus nacionales.
2. Acuerdo de no entrega de nacionales a la CPI entre Glabso y Juba
Esta Representación también estima legítima e incluso obligatoria, la negativa de Glabso a
cumplir con la solicitud de detención y entrega del Sr. Vargas Jaén a la CPI en base al
acuerdo firmado entre Juba y Glabso el 1 de enero de 2014100
.
Tal y como establece el art. 98 (2) ER, “la Corte no dará curso a una solicitud de entrega
en virtud de la cual el Estado requerido”, es decir, Glabso, “deba actuar de forma
incompatible con las obligaciones que le imponga un acuerdo internacional”. Una de las
obligaciones que imponía dicho acuerdo bilateral era la de no entregar a la CPI nacionales
de la contraparte sin consentimiento de su Estado de nacionalidad. Este precepto da lugar a
que Glabso tan sólo pueda ejecutar la solicitud de cooperación para la detención y entrega
del Sr. Vargas Jaén en el caso de obtener el consentimiento de Juba, el cual nunca se
emitió. En caso contrario, estaría incumpliendo obligaciones asumidas frente a Juba,
cuestión que es en definitiva la que quiere evitar el propio art. 98(2) ER. La negativa de
98
KREß, C., “Las inmunidades de derecho internacional para los Estados no parte en el Estatuto de la CPI”,
cit., p. 29.
99 African Union, Press release nº 002/2012, [En línea]. Disponible en
<http://www.au.int/en/sites/default/files/PR-%20002-%20ICC%20English.pdf> p. 15 [Consulta:
03.01.2014].
100 NH 28.
30
Glabso, por lo tanto, es totalmente lícita. Cabe incidir, según esta Representación, en que
cualquier nacional de ambos países contratantes se halla amparado por dicho acuerdo101
incluido el Jefe de Estado de Juba, tal y como se infiere de la literalidad del precepto.
En segundo lugar, cabe referirse a la Resolución 1422, del CSNU102
aprobada inicialmente
en junio de 2002 y renovada a través de la Resolución 1487 en junio de 2003. La primera
de ellas otorga inmunidad ante la CPI al personal de ENP, involucrados en las misiones
establecidas o autorizadas por la ONU, los cuales estaban exentos de ser investigados por
la CPI por un periodo de un año desde el funcionamiento efectivo de ésta. Los Estados
Parte de la ONU, que en el caso que nos concierne son todos103
, tienen la obligación de
cumplir las disposiciones impuestas por las resoluciones del CSNU con carácter preferente
a cualquier otra obligación contraída en virtud de un convenio internacional104
como es el
ER. El contenido de dichas Resoluciones va en la línea de lo dispuesto en el art. 98(2) ER,
lo que es un argumento de peso lo que respecta a la relevancia del acuerdo entre Juba y
Glabso.
Aunque dicha Resolución no fuera renovada en 2004, corresponde a la Defensa destacar
esta incongruencia al existir base jurídica suficiente en el propio art. 16 ER como para
haberlo hecho. Este precepto del Estatuto sin duda respalda la existencia del contenido de
las Resoluciones 1422 y 1487 al establecer este último que “en caso de que el CSNU, de
conformidad con una resolución aprobada con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de
la Carta de las Naciones Unidas, pida a la Corte que no inicie o que suspenda por un
plazo de doce meses la investigación o el enjuiciamiento que haya iniciado, la Corte
procederá a esa suspensión”.
Esta Representación concluye reafirmando la licitud de la negativa de Glabso a ejecutar la
solicitud de cooperación en base a dos criterios razonables, tales como la inmunidad
101
SCHEFFER, D., “Article 98(2) of the Rome Statute: America’s Original Intent”, JICJ, 2005, p. 345, [en
línea]; disponible en < www.amicc.org> [Consulta: 22.03.2014].
102 CSNU, Resolución 1422 (2002) y Resolución 1487 (2003).
103 NH 3.
104 Arts. 25 y 103 de la Carta de Naciones Unidas; ANELLO, C., “Desafíos de la Corte Penal Internacional
en torno a la cooperación con los Estados”, Anuario Ibero-Americano de Derecho Internacional Penal,
ANIDIP, vol. 1, 2013, p. 50.
31
reconocida por el DI a los jefes de Estado en ejercicio, así como la obligatoriedad de
cumplimiento del acuerdo entre Glabso y Juba. Que la CPI obvie o minimice estos dos
motivos, supone obviar o minimizar el cumplimiento del Tratado que le da origen, pues
ambos encuentran cobijo en el art. 98 ER.
32
V. Conclusiones
Ha quedado sobradamente demostrado que el caso contra el Sr. Vargas Jaén no presenta la
gravedad necesaria para ser admitido en esta sede. Además, no concurren bajo ninguna
interpretación razonable los contextos del delito de lesa humanidad y del crimen de guerra
alegados. Junto a ello, la actuación de Glabso es claramente lícita bajo el prisma del DI.
Por todo ello, esta Defensa solicita a esta Sala que inadmita el caso en este momento
procesal, pues ya no está justificada ninguna actuación adicional de la Corte.
33
BIBLIOGRAFÍA
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