Coyuntura 2014 -0307
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MAYO 2014
VISIÓN SOBRE LA COYUNTURA ARGENTINA: CONTRA EL AJUSTE Y LA
REPRESIÓN, LUCHA Y ORGANIZACIÓN DE LOS DE ABAJO
INTRODUCCIÓN
A la hora de pensar en la historia argentina de los últimos 40 años –y antes
también‐ podemos observar como los ciclos de incremento de la represión
fueron precedidos por “propuestas” de ajustes hechos por la clase
dominante para garantizar la gobernabilidad política en equilibrio con el
“rumbo económico” elegido. De más esta decir que cada paso que ha
dado el Estado en este sentido ha resultado en detrimento de
reivindicaciones y conquistas populares logradas con la lucha. El
argumento madre de los sectores de poder, con la clase política a la
cabeza, es la apelación constante al bienestar de la nación, al porvenir de
la patria y a mantener la paz social (entre clases). Durante la última
década sectores de la clase dominante ‐sin distinción entre Gobierno y
“oposición”‐ no han sido cortoplacista y han tomado nota de los últimos
tambaleos institucionales para no caer en los mismos errores. Estos
sectores tienen bien en claro hasta donde presionar sin que devenga en
un conflicto social de grandes proporciones, algo que por ejemplo ocurrió
hace más de una década durante el 2001. Aquella debacle social e
institucional, donde los empresarios y la clase política estaban por demás
de cuestionados, generó formas de socialbilidad prefigurativas entre los
sectores populares. En todo el país llegaron a ensayarse diversas –aunque
pequeñas‐ formas de autogestión que implicaron asambleas barriales
2
como formas de decidir directamente, piquetes como forma alternativa
de acción directa y se lograron tomar algunas fábricas y espacios laborales
como forma de trabajo sin patrón. Sin embargo, a través de un
alineamiento fuerte dentro de la clase dominante para salvar al Estado y al
sistema democrático representativo, lograron la recuperación de dicha
institucionalidad.
Esto dio como resultado el ascenso al gobierno del Kirchnerismo: una
fuerza política que –reivindicándose como nueva‐ reunió lo más rancio de
la política tradicional. Tildada de revolucionaria, la gestión encarada por
Nestor Kirchner y un círculo de dirigentes del PJ se instaló y desarrolló
mediante alianzas con el duhaldismo, los barones del conurbano
bonaerense, los gobernadores feudales y la burocracia sindical y piquetera
entre otras fuerzas. El autodenominado modelo Nacional y Popular –en
alusión al viejo peronismo‐ se alineó al bloque regional latinoamericano
con los llamados Gobiernos Populares o del Socialismo del Siglo XXI ‐. Con
algunos matices, el Kirchnerismo fue utilizando una retórica nacionalista y
de justicia social, al tiempo que fue estableciendo la imagen de país
independiente inmerso en un proceso de reindustrialización,
redistribución de las riquezas e inclusión social en paz. De este modo, el
Gobierno logró captar la adhesión de algunos sectores de clase media,
estudiantes, intelectuales, profesionales, artistas, movimientos sociales y
grupos de Derechos Humanos, resquebrajando la unidad de las fuerzas
sociales del post 2001.
Sin embargo, con el correr de los años de la gestión K estamos
atravesando uno de los peores desgastes de gobierno nacional –desde la
disputa con los terratenientes y pooles de siembra por el excedente de las
3
agroganancias en 2008‐. La creciente e inocultable inflación y una crisis
energética calamitosa que dilapidó las reservas del Banco Central, dejaron
al gobierno como artífice de una profundización de medidas políticas de
ajuste, lineamientos económicos recesivos, en un contexto de aumento de
la conflictividad social y de derechización. A esto se le suma una
profundización de la persecución y criminalización de la pobreza y la
protesta social, determinadas por la situación de mayor marginación y
exclusión que está dejando la coyuntura.
Todos estos signos van marcando sin dudas un agotamiento del modelo
de acumulación de poder del gobierno kirchnerista. Esa así que, después
de más de 10 años, el saldo que deja es concluyente: ensanchamiento en
la brecha entre ricos y pobres, una importante porción de la población por
debajo de la línea de pobreza, proliferación de la violencia social, la
delincuencia y las redes de narcotráfico, persecución abierta a luchadoras
y luchadores, represión directa y tercerizada provista por estructuras
mafiosas ligadas al poder, creciente consenso para la criminalización de la
pobreza, teñida además por cuestiones racista y de estigmatización
espacial, militarización en las barriadas periféricas de las principales
ciudades del país, entre otras cosas.
Esta etapa de ajustes y aumento de la conflictividad social que evoca a un
proceso de fin de ciclo, pone al sector de poder kirchnerista en el desafío
de frenar la deslegitimación de la clase política sin perder el poder
acumulado durante la última década.
Intentaremos de este modo caracterizar estos últimos años de políticas en
detrimento de los de abajo tratando de no caer en el facilismo de
categorizar las medidas aplicadas por el “modelo” como simples ajustes
4
neoliberales. Para esto vamos a echar un breve vistazo al contexto
internacional y de la región, entender sus implicancias en las políticas
locales, comprender la dinámica kirchnerista que permitió adaptar el
mantenimiento del status quo en esta nueva etapa neoliberal en su
versión extractivista. También, creemos necesario analizar la resistencia al
ajuste que se organiza desde abajo en contexto de mayor represión. Para
finalmente ahondar en las características que asume la política represiva,
no limitándonos solamente a la represión directa sino buscando identificar
los diferentes mecanismos de control y disciplinamiento social que se
articulan y refuerzan entre sí en esta etapa.
5
CONTRA EL AJUSTE
Contexto Mundial y Latinoamericano para un Ajuste local
A nivel global hace ya una década que se está experimentando una crisis
alimentaria sin precedentes. El aumento de los precios en los alimentos y
productos agrícolas fue causado entre otras cosas por ciclos de malas
cosechas (que redujeron la reserva de granos), una creciente demanda de
biocombustibles y un aumento sostenido en el precio del petróleo y
derivados del mismo ‐lo que devino en aumento en el transporte y
productos del agro‐.1 En este punto es importante identificar el plan
usurero de las trasnacionales y Estados productores de petróleo y
biocombustible a la hora de determinar un aumento en el precio de los
mismos. Amparados en el supuesto agotamiento de las reservas de
petróleo mundial ‐algo por demás de polémico‐ y en el derecho a la
propiedad privada resolvieron acopiar la producción y especular con el
precio para exprimir la ganancia a cualquier costo social.2
Algunas consecuencias de esta crisis fueron grandes hambrunas, mayor
empobrecimiento en países ya excluidos del reparto de las riquezas
globales e inestabilidad política en algunas regiones. Podemos decir
entonces que los “reacomodamientos” en el sistema de dominación llevan
consigo la pérdida de vidas humanas de las clases populares como variable
de ajuste y una mayor precarización de la vida.
1 Enginyeria Sense Fronteres Catalunya en: http://catalunya.isf.es/sobirania/Materials/ y Grupo Socialista Libertario “Crisis Alimentaria Mundial: ¡Si no acabamos con el capitalismo, el capitalismo acabará con nosotros!” en: http://webgsl.wordpress.com/2008/07/31/crisisalimentaria/ Visto: Mayo 2014. 2 Pueden identificarse como factores asociados de la crisis alimentaria el estilo de vida y consumo de la población en países mas ricos y el shock de especulación financiera (evidenciado en 2008) de parte de los grupos financieros más poderosos del mundo.
6
Este contexto de demanda de los mercados internacionales de recursos
naturales, bienes comunes y productos agrícolas ‐conocido como el
“boom de las materias primas”‐ profundizó el proceso extractivista llevado
a cabo en el cono sur, donde significativamente el territorio y sus recursos
pasaron a ser el elemento de disputa. En este sentido, se puede visualizar
una reestructuración en la división internacional del trabajo, en donde
Latinoamérica se vio inmersa por voluntad de los sectores dominantes
locales y trasnacionales en una re‐primarización de sus economías.
Las relaciones de poder que se ponen en juego en este proceso no pueden
reducirse a un análisis meramente económico sino que responden a
estrategias de distintos proyectos políticos de dominación que se vienen
configurando en la región. Podemos inferir que dentro de la clase
dominante existen diferentes proyectos en pugna o en coordinación. En
este caso el modelo K –al igual que los Gobiernos “Populares” y no tanto
de la región‐ representa un proyecto político en sí mismo de un sector de
la clase dominante que está lejos de querer abandonar el capitalismo e
intentar confrontar con un proceso neoliberal extractivista de las
trasnacionales. No está en sus planes tocar siquiera la estructura
económica y el sistema político vigente, sino ir consolidando los
mecanismos de dominación con alternativas “humanizadas” dentro del
capitalismo.
Extractivismo y la continuidad del Neoliberalismo por otros medios
En un intento de construir un relato verosímil, el Kirchnerismo quiso hacer
creer a la sociedad que la Argentina viene siendo una excepción en un
7
mundo de ajustes capitalistas y conflictos sociales. Los números muestran
que el “intento” por reactivar la industria sólo fue una pantalla para la
cadena nacional. En el fondo de la escena estuvieron durante la última
década sin distinción de color político el Estado Nacional y los Provinciales
flexibilizando las condiciones de explotación desmedida de los suelos y la
extracción y expoliación lasciva de cuanto recurso energético y mineral
existe en el país, garantizando los bajos costos y la eficiencia en el
traslado.
Al mismo tiempo que se viene proclamando que “la patria es el otro” y
que Argentina es “un país con buena gente”, cuando hubo que garantizar
la depredación de recursos de las multinacionales, se reprimió de forma
abierta en La Rioja, Catamarca, Neuquén (Vaca Muerta) y más
recientemente en Malvinas Argentinas, Provincia de Córdoba. A esto se
suma la represión y persecución a los pueblos originarios por parte de las
provincias avalada y encubierta por el Kirchnerismo.3
Los beneficios que dio la asociación entre empresas extractivistas y
gobiernos “populares” fueron múltiples: por un lado, habilitó modos de
financiación de la política pública –incluyendo los sueldos y prebendas de
la misma clase política‐ y a la par permitió a los capitales trasnacionales la
estabilidad necesaria en la región a bajos costos para la exploración,
explotación y exportación de los recursos locales.
Vale puntualizar que en el transcurso de este proceso extractivista no sólo
no se han generado nuevos puestos de trabajo sino que además al
arruinar suelos y reservas de agua potable obligó a las poblaciones
3 Un caso emblemático es el apoyo de Cristina Kirchner a Gildo Insfran poniéndolo justo atrás en sus discursos por Cadena Nacional el 4 de Febrero de 2013, al tiempo que masacraban a miembros de la comunidad La Primavera (Formosa).
8
aledañas a migrar a centros urbanos debido al riesgo ambiental que se ha
generado a todo el ecosistema del lugar. El cianuro utilizado para la
megaminería, los agrotóxicos con los que se rocían los cultivos, por
nombrar algunos ejemplos, han generado la contaminación del agua, la
muerte de animales y la aparición de numerosas patologías en los
humanos.
Re‐estatizando la crisis energética
Dentro de este proceso, una de las cuestiones más emblemáticas y
determinantes que ha empezado a generar un importante desgaste
institucional ha sido la cuestión de los recursos energéticos. Durante los
últimos 10 años –toda la gestión K‐ Repsol se encargó, con la venia del
Ministerio de Planificación de Julio De Vido, de distribuir entre sus socios
casi la totalidad de la ganancia de la extracción y venta de petróleo y gas
del suelo local. En este proceso de reparto de la torta, no solo el beneficio
salió del país sino que se “olvidaron” de responder a la creciente demanda
local energética. La inversión en exploración y desarrollo de yacimientos
fue prácticamente nula de parte del grupo inversor. A raíz de esto la
producción de hidrocarburos disminuyó considerablemente y el Estado
tuvo que empezar a importar energía de países vecinos. Como dijimos
anteriormente el precio internacional de los hidrocarburos –y
principalmente el gas y el petróleo‐ ha estado aumentando de manera
considerable, por lo que el Estado argentino empezó a evidenciar una gran
pérdida de divisas al entrar en la dinámica de la importación de energía, y
9
como ya sabemos en el sistema capitalista toda pérdida se hace pagar a
los de abajo. 4
El costo de la importación de gas y petróleo en el último tiempo ha
revestido una magnitud tal que el Gobierno echó mano a las reservas del
Banco Central de la República Argentina (BCRA), es decir al dinero del
pueblo que “ahorra” el Estado para mostrar seriedad frente a banqueros y
financieras internacionales. Estos costos que se sumaron a la fuga por el
pago de los créditos al Club de París disminuyeron las reservas del BCRA a
un poco más de la mitad en los últimos cuatro años.5 Este proceso fue
acrecentando la escasez de dinero circulante y la depreciación o pérdida
de valor del peso, por lo que el Estado optó por la emisión indiscriminada
de billetes, generando una inflación creciente.6 Medidas como el cepo
cambiario, el freno a las importaciones o el blanqueo de dólares a cambio
de bonos (CEDINES) poco pudieron revertir la tendencia.
En un intento de dar señales de estabilidad al sistema financiero y cumplir
con más énfasis las exigencias de los organismos de crédito
internacionales7 el Estado Nacional tuvo que reconocer la crítica situación
inflacionaria anunciando, a principios de este año, una devaluación de la
moneda.
4 Párrafo aparte merece la crisis de energía eléctrica. De la misma manera que con los hidrocarburos, el consumo local ha venido incrementándose significativamente y tampoco las empresas de electricidad llegaron a responder con inversiones a esa demanda. El resultado fue el colapso en pleno verano y una ola de cortes de energía sin precedentes. Inevitablemente sectores afectados se aglutinaron y salieron a hacer piquetes frente a la situación de desentendimiento del Estado y las empresas, como medida efectiva para visibilizar el reclamo. 5 Las reservas del BCRA mermaron de 52.100 millones de dólares a 28.000 millones, Alieto Guadagni, "Por que disminuyen las reservas...", Notas de Opinión 02/2014. 6 Según consultoras ajenas al gobierno el índice de inflación trepó casi a un 30%. diario La Nación, Martes 14 de enero de 2014. 7 Ver Acuerdo de crédito de 1000 millones entre el gobierno y la Golman Sachs, "Llegan refuerzos para las reservas del Central", 30 de Marzo de 2014, Página 12.
10
En medio de esta inestabilidad económica, sectores empresariales para
seguir enriqueciéndose acordaron a puertas cerradas con el gobierno
aumentos de precios, tal como ocurrió 2 días después de las elecciones del
27 de octubre de 2013 con los supermercadistas.8 Posteriormente se irían
sucediendo hasta hoy ficticios congelamientos de precios, para nada
reflejados en la realidad. Y es así como en el primer trimestre del 2014 en
el marco de una devaluación y una inflación pronunciada, se van
produciendo sucesivos aumentos de precios en combustibles, pasaje de
transporte, alimentos, materiales de la construcción y otros bienes y
servicios.
Entre los resultados de la re‐primarización de la economía local durante la
“Década Ganada” podemos mencionar los siguientes casos. Las cinco
cerealeras más grandes del país –y la región‐ (Cargill, AGD, Bunge,
Molinos, Vicentín y Dreyfus) concentran más del 75% de las exportaciones
de granos. Durante el pasado mes de Abril, en un intento de hacer eco de
una reindustrialización –en los hechos vinculada al sector primario‐,
Cristina inaugura la planta procesadora de soja más grande del mundo en
la provincia de Santa Fe, en un claro gesto de cercanía con el grupo
Vicentín. A esto se suma la situación general del sistema de producción
agrícola local con una dependencia del total de los productos de la
trasnacional Monsanto9.
Otro caso es el de las transnacionales mineras La Lumbrera, la Barrick Gold
y la Meridian Gold se han llevado inimaginables cantidades de minerales
8 “Moreno autorizó subas de hasta 12% en limpieza, alimentos y bebidas”, Radio Continental 29 de Octubre de 2013. 9 Las únicas semillas aptas para la siembra directa, modificadas genéticamente son vendidas por la trasnacional y solo sirven para una cosecha. Los agrotóxicos utilizados también son propiedad de Monsanto.
11
con simbólicos impuestos del Estado Nacional y los Provinciales y
acuerdos abusivos de explotación por largos años.
Por último, se destaca la reestatización a medias de YPF, ya que no sólo el
Estado acordó el pago de una indemnización millonaria a Repsol sino que
ha entregado mediante acuerdos secretos (regidos por leyes de EEUU)10 la
exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos en una de las
mayores reservas locales como es la de Vaca Muerta.
Cuando los de abajo nos movemos…
Las consecuencias de los procesos desarrollados anteriormente sufridas
por los de abajo son diversas. Con respecto al ingreso percibido por los
trabajadores formales, no sólo hay un retraso respecto a la inflación, sino
que el ya conocido Impuesto a la Ganancia ‐aplicado al salario‐ pone un
techo al salario de bolsillo y a su poder adquisitivo. De más está decir que
la gran mayoría del sector formal del país se encuentra muy por debajo de
la Canasta Básica y el Salario Mínimo Vital y Móvil.11 Además se está
viviendo en este período claramente recesivo el fenómeno de la
suspensión masiva de trabajadores como antesala de los despidos.
Antonio Caló ‐secretario de la Confederación General del Trabajo (CGT)
ligada al Kirchnerismo‐ llegó a hacer comentarios en su momento, como
clara señal de genuflexión de clase, de estar viviendo una etapa para
pelear por la estabilidad laboral más que por la recuperación del salario.12
10 The New York Times 22/10/2013 en: http://www.nytimes.com/ 11 Si bien según el ente oficialista Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil estipula al mismo en $3600, las mediciones privadas y alternativas como la de la CTA marcan una realidad de alrededor de $9000 el monto del salario. Con respecto al índice de la Canasta Básica llamativamente el Indec dejó de publicar los datos en diciembre de 2013 cuando se había estancado el índice en $1700. 12 "...Vamos a tratar de conservar los puestos de trabajo. Lo demás lo podemos pelear, si no hay laburo no hay impuesto a las ganancias, asignaciones familiares ni paritarias...", Diario La Nación, 12 de Diciembre de 2012.
12
Como agravante el gobierno Kirchnerista apeló a poner un tope mezquino
en las paritarias y a extender el inicio de las mismas para ganarle tiempo a
la inflación anual. Sumado a esto, el empresariado y el Estado están
recurriendo a la contratación basura y temporal, engordando el sector del
empleo precarizado.
Toda esta situación potencia necesariamente un crecimiento significativo
del empleo informal y una alta tasa de desocupación no reconocida por el
Estado y los empresarios. En este sentido, a más desocupación más
exclusión y precarización de la vida. Como hecho representativo de las
consecuencias del ajuste por parte del gobierno fue que el pasado 24 de
Abril Jorge Capitanich, Jefe de Gabinete de la Nación, salió a justificar lo
injustificable: la no publicación de índices de pobreza en los datos del
Ministerio de Economía.13
Simultáneamente, y como respuesta, a esta avanzada de los de arriba la
respuesta de sectores de la clase oprimida comenzó a hacerse más visible
y “molesta”. Huelgas y cortes están floreciendo en diferentes puntos del
país como estrategia de lucha.
En este marco, los/as trabajadores/as formales presionaron a las
dirigencias sindicales para salir a pelear una recuperación del poder
adquisitivo. Esto generó un impacto diverso en las cinco centrales obreras;
en la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) de Yasky ‐la más
obsecuente con el kirchnerismo‐ las bases docentes obligaron a extender
un paro de hasta 17 días en la Provincia de Buenos Aires, medida que la
dirección K del sindicato se vio obligada a llevar adelante ante la
13 Según datos alternativos el índice rondaría entre el 25 y el 35 %. http://infobae.com (1 de Enero de 2014) y http://www.mundoGremial.com (25 de Abril de 2014), según estimaciones del Observatorio Social de la CGT.
13
inminente fuga de afiliados a la otra CTA o a la CGT de Moyano fruto de la
inmovilidad de la burocracia.14
En la CGT oficialista el hecho más resonante fue el plegamiento al paro del
10 de Abril de los gremios del transporte de pasajeros (UTA) y los
maquinistas de tren (La Fraternidad), acción clave para la efectividad e
impacto de la medida. Así, las conducciones de estos sindicatos hicieron
jugar sus intereses sectoriales, además de proteger sus negociados a la
hora de parar. En este sentido, por un lado presionaron previamente a las
paritarias de fines de Abril para negociar un piso alto de salario. Por el
otro, intentaron poner freno a las auditorías sobre los fondos de las Obras
Sociales y reclamar las deudas con las cajas de las mismas. Recordemos
que las cajas de las Obras Sociales son fondos manejados
discrecionalmente por las conducciones sindicales.
La CGT, que conduce Hugo Moyano y la Azul y Blanca –además de
planificar un paro dominguero‐ tuvieron que empezar a discutir paritarias
de altos niveles salariales para sus afiliados.
La CTA opositora, bajo la dirigencia de Pablo Micheli, por su parte no pudo
solapar la participación de numerosos afiliados en algunos cortes de calle
y rutas durante la medida nacional. Algunos sectores combativos del
movimiento obrero pudieron aprovechar la medida para radicalizar la
protesta en más de 50 piquetes donde se sumaron también sectores
vinculados a organizaciones territoriales.15
14 Al final de la medida la dirección resolvió levantar el paro a contramano de las decisiones de asamblea. Pero las bases ya desgastadas por las dos semanas y media de medida no pudieron hacer saltar los fusibles en el sindicato. 15 Cabe destacar que en los mismos se intentó visibilizar la situación de persecución a los Petroleros de Las Heras y demás luchadores populares.
14
Además del paro general, medidas de fuerza periódicas organizadas de
sectores combativos del movimiento obrero –a pesar de falta iniciativa de
la dirigencia de las centrales obreras‐ son un claro termómetro de la
situación. Los cortes en la Panamericana y otras rutas de los trabajadores
de Kraft, Pepsico, Ford, Volkswagen, Lear, Fate y Donnelley en Buenos
Aires, los piquetes de los/as trabajadores/as de las fábricas del cordón
industrial de San Lorenzo y Gran Rosario, los paros de las autopartistas de
Córdoba, los paros en los ferrocarriles son algunas de las expresiones de
conflictividad social que se están dando desde estos sectores.
Siguiendo esta línea, las organizaciones territoriales de todo el país no sólo
continúan nucleando a los sectores más vapuleados por la coyuntura, sino
que desde hace meses, y a través de diferentes coordinaciones, vienen
llevando a cabo medidas de fuerza para recuperar los ingresos. En
concreto el reclamo está ligado al aumento en los planes de cooperativas
de trabajo cuyos montos han quedado desfasados alrededor de un 1000%
con respecto a la Canasta Básica.16
En resumen, las políticas de ajuste por parte del gobierno llevan
irremediablemente a la puesta de marcha de acciones de resistencia
organizada de las fuerzas sociales de los de abajo. El Estado, por tanto,
para garantizar la gobernabilidad en este contexto de creciente conflicto,
recurre a diferentes estrategias de control social, entre las que se incluyen
la represión y persecución a los que luchamos.
16 Los planes de empleo que perciben los miembros de las organizaciones territoriales oscilan entre $600 y $2000. Según el Observatorio Social de la CGT Azopardo la Canasta Básica Total ascendió solo en diciembre último $6.184,45 (y recordemos que ha habido ya un 10% de inflación en este último trimestre). Según la especialista Graciela Bevacqua –trabajadora echada del INDEC durante 2007‐ la Canasta Básica Total ha ascendido a $ 6.577,89. En Diario Clarín 13/01/14 y en Infobae 18/02/14.
15
CONTRA LA REPRESIÓN
En la argentina, el gobierno Kirchnerista desde sus comienzo ha recurrido
a una retórica que hace eje en los derechos humanos y la inclusión social,
siempre intentando proyectarse como un proceso ruptura, que trata de
instalar en el imaginario social la irrupción de una nueva forma de hacer
política que se diferencia de forma tajante con la etapa anterior. Hoy
después de más de 10 años, el saldo que deja es concluyente:
ensanchamiento en la brecha entre ricos y pobres, una importante
porción de la población por debajo de la línea de pobreza, proliferación de
la violencia social, la delincuencia y las redes de narcotráfico, persecución
abierta a luchadoras y luchadores, represión directa y tercerizada provista
por estructuras mafiosas ligadas al poder, creciente consenso para la
criminalización de la pobreza, teñida además por cuestiones racista y de
estigmatización espacial, militarización en las barriadas periféricas de las
principales ciudades del país, entre otras cosas.
Este proceso que se viene desarrollando en Argentina, no es exógeno a
uno más general latinoamericano, donde los diferentes países han debido
recurrir a diversos mecanismos de dominación para garantizar la
gobernabilidad neoliberal, que se ve amenazada. Así el acento a la
persecución a la protesta social, la propensión al cierre del espacio público
en nombre de la seguridad ciudadana, así como la tendencia a la
militarización de los territorios y la aprobación de leyes antiterroristas en
varios países, están ligadas al análisis que hacen los sectores dominantes
respecto de cuáles son sus principales amenazas.
16
En este sentido, en el año 2003, la OEA (Organización de Estados
Americanos) en su Conferencia Especial sobre seguridad17, desarrollaba
bajo el título de Valores compartidos y objetivos comunes, el siguiente
punto:
“La seguridad de los Estados del Hemisferio se ve afectada, en diferente
forma, por amenazas tradicionales y por las siguientes nuevas amenazas,
preocupaciones y otros desafíos de naturaleza diversa: • el terrorismo, la
delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas,
la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las
conexiones entre ellos; • la pobreza extrema y la exclusión social de
amplios sectores de la población, que también afectan la estabilidad y la
democracia. La pobreza extrema erosiona la cohesión social y vulnera la
seguridad de los Estados, (…).”
Después de haber trascurrido más de 10 años desde que estos Estados
definieron los nuevos (“no tradicionales”) peligros para su seguridad y su
estabilidad, como grandes guías de cómo debe erigirse el control social en
pos del desarrollo de los gobiernos, el saldo social de estas políticas es
alarmante, tanto en el contexto latinoamericano como el de Argentina.
Actualmente en nuestro país estamos viviendo una etapa marcada por el
ajuste y la persecución a la protesta y la pobreza, donde la violencia y la
represión como forma de control social se llevan adelante de manera
menos camuflada. Sin embargo, de modo subterráneo esto no deja de
marcar la continuidad y la profundización de lo que Maristella Svampa
identifica como los tres ejes de la gobernabilidad neoliberal, que en tanto
17 En https://www.oas.org/es/ssm/CE00339S03.pdf
17
mecanismos de dominación, se articulan y refuerzan entre sí. De esta
forma, pasaremos a desarrollar cada uno de ellos.18
Represión y criminalización de la protesta
Algunos de los más importantes dispositivos de control social sobre la que
construye su dominación el Estado son la represión y la criminalización de
la protesta. Esto no es nada nuevo, ya Bakunin nos decía “…porque
Estado significa precisamente violencia, la dominación por la violencia,
enmascarada, si es posible y, si es preciso, franca y descarada”.19
Una gran verdad, hoy aún en el siglo XXI, la cita de Bakunin rebosa de
actualidad. El Estado ejerce la represión ya sea por métodos directos‐
persecución a organizaciones políticas y sociales, criminalización,
detenciones, cárcel, censura, montajes policiales, represión sindical,
tercerización de la represión, entre otras‐ o métodos más sutiles, como
puede ser la represión indirecta que se da en la construcción del
imperativo de un pensamiento único a través de la manipulación
informativa y cultural, selección la información, la escuela, etc.
En la Argentina, la represión y la criminalización de la protesta han sido
algunas de las variables sobre las que se constituyó la política neoliberal.
Estas han variado su intensidad y la forma en que fueron implementadas,
de acuerdo al nivel de legitimidad que el Estado ha gozado, hablando de
los últimos 10 años podemos decir que de forma progresiva han ido
18 Maristella Svampa. Movimientos sociales y nuevo escenario regional: las inflexiones del paradigma neoliberal en América Latina. Sociohistórica, nº 19‐20, 2006. ISSN 1852‐1606. http://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/ Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Centro de Investigaciones Socio Históricas 19 Mijaíl Bakunin en “Estatismo y Anarquía”. Año 1873
18
cobrando un modo más explícito, paralelamente a que las políticas del
gobierno son de mayor ajuste y la conflictividad social crece.
La forma en que se instrumenta este proceso de creciente represión y
criminalización de la protesta podemos dividirlo, para un mejor análisis de
la siguiente manera:
‐ Asesinatos de militantes con motivo de la represión policial a la protesta
social: El número de asesinados con motivo de la protesta social en
defensa de derechos y del avasallamiento de las poblaciones originarias es
de al menos 32 personas desde 2003 hasta la actualidad.20
‐ Avance sostenido del proceso de judicialización de los conflictos,
ampliación y endurecimiento de las figuras penales: se registra en número
cada vez más alarmante de encausamientos y persecuciones judiciales a
militantes populares, que ha incluido desde las organizaciones de
desocupados, sindicatos, comunidades originarias, organizaciones de
derechos humanos, asambleas y grupos ambientalistas, partidos políticos,
organizaciones territoriales, estudiantiles, entre otros.
Un caso paradigmático de esto es el de los compañeros petroleros de Las
Heras, provincia de Santa Cruz, quienes fueron condenados a la cárcel
20 La nómina de asesinados en este período según Plataforma 2012 es la siguiente: Marcelo Cuellar y Cristian Ibáñez (Jujuy, 2003)‐ Sandra Cabrera (2004, Rosario), Martín Cisneros (2004, C.A.B.A) ‐ Esteban Armella (2004, Jujuy)‐ Carlos Fuentealba (2007, Neuquén) y Lázaro Duarte (2008, Neuquén)‐ Juan Carlos Erazo ( 2008, Mendoza)‐ Javier Chocobar (2009, Tucumán)‐ Nicolás Carrasco y Sergio cárdenas (2010, Bariloche, Río negro)‐ Facundo Vargas (2010, Mendoza) ‐ Mariano Ferreyra (2010, CABA)‐ Roberto López y Mario López (2010, Formosa)‐ Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez (2010, Parque Indoamericano, CABA) – Juan Velázquez, Félix Reyes y Ariel Farfán (2011, Jujuy)‐ Mártires Lopez (2011, Chaco)‐ Cristian Ferreyra (2011, Santiago del Estero) – Diego Jáuregui (2011, Avellaneda, Pcia Bs. As)‐ Geremias Trasante, Claudio Damián Suárez y Adrián Leonel Rodríguez (2012, Rosario, Santa Fe)‐ Noemí Condorí (2012, Escobar, Pcia Bs. As)‐ Miguel Galván (2012, Santiago del Estero) – Celestina Jara y su nieta de ocho meses (2012, Formosa)‐ Imer Flores (2013, Chaco)‐ Juan Manuel Asijak de 16 años (2013, Formosa). En http://www.plataforma2012.org.ar/ Sumado a lo anterior, suman 2280 los muertos en manos de la represión policial desde 2003 a 2013, según diario El Mundo. En: www.elmundo.es/america/2013/07/16/argentina/1373973140.html
19
falsamente acusados de haber matado a un policía en el marco de una
movilización de trabajadores y desocupados en 2006. De los acusados,
tres fueron condenados a cadena perpetua a pesar de que los testigos
sufrieron brutales torturas para declarar en contra de los mismos. Sumado
a lo anterior es aún más significativo el hecho de que la presidenta habló
del tema en una conferencia de prensa, con tono criminalizante acerca de
los petroleros y cultivando aún más un clima de persecución a los que
luchan.
En nuestra ciudad tampoco no nos es difícil encontrar ejemplos de
compañeros encausados por razones políticas, es el caso por ejemplo de
Carlos Ghioldi, quien junto con Eduardo Delmonte de la Corriente Clasista
y Combativa (CCC)21, fueron falazmente acusados de un homicidio en el
marco de un conflicto sindical.
En cuanto a la ampliación y el endurecimiento de las figuras penales, una
situación emblemático es la Ley Antiterrorista de 2011, que viene a
ampliar a las anteriores de 2003 y 2009, también obra del gobierno
kirchnerista. Las leyes antiterroristas, está y las anteriores, son
herramientas destinadas a disciplinar a sectores y organizaciones que
combaten el sistema. Lejos de ser una novedad son una actualización del
esquema represivo del Estado que responde a los intereses capitalistas22.
Esta ley, que duplica las penas de cualquier delito cuando la intención del
autor sea “aterrorizar a la población y obligar a las autoridades nacionales,
o extranjeras, o agentes de una organización internacional, a realizar un
acto o abstenerse a hacerlo”, muestra la intención del Estado, en un
21 Actualmente sobreseído, pero con otra causa abierta por el acampe realizado por la CCC en 2013 en la ANSES de Rosario. 22 También ligada a las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) controlados por Estados Unidos. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1‐184047‐2011‐12‐23.html
20
contexto de ajuste o mayor movilización, de resguardar sus privilegios,
dotando al aparato estatal de mejores y más eficaces herramientas para
criminalizar a la protesta social y perseguir a los luchadores (o a cualquier
opositor que ponga en riesgo su proyecto político de dominación).
En sintonía con lo anterior, también nos encontramos con el proyecto de
ley de regulación de la protesta social, “anti‐piquete”, que fue en un
principio fogueado por el gobierno, para finalmente desligarse cuando sus
aliados políticos se manifestaron en contra. Dejando, convenientemente,
la posibilidad a que este proyecto de ley pueda ser impulsado por otros
armados políticos burgueses y abriendo el debate en los medios masivos
de la posibilidad del no‐piquete y de regulación estatal de las protestas,
herramienta de lucha generalizada en la Argentina.
‐Represión creciente en caso de reclamos sociales: en el marco de la
aplicación de un nuevo plan de ajuste socioeconómico, como ya
advertimos antes, las medidas represivas se multiplican. El otrora discurso
del gobierno en contra de la represión a las luchas sociales y los fantasmas
de la dictadura y el 2001, hoy se ve opacado por uno mucho más duro que
busca acomodarse a la derechización de la opinión pública y los medios
masivos de comunicación. Esto no hace más que poner en evidencia la
demagogia y oportunismo de la estrategia comunicativa del gobierno, ya
que la no confrontación abierta generalizada (en Capital Federal y
conurbano bonaerense donde el costo político es mayor) encubría el alto
nivel represivo que ya se vivía en las demás provincias. Allí la intervención
militarizada, con Gendarmería o Prefectura, actuaba (y actúa) reprimiendo
en las luchas populares. Otra modalidad represiva es la tercerización de la
misma con patotas, que se constituyen como grupos de choque para‐
21
estatales para intervenir en conflictos que por su magnitud, apoyo popular
o perseverancia necesitan resolver con urgencia. Dentro de estas patotas
podemos encontrar: grupos integrados por organizaciones afines al
gobierno, personal de agencias privadas de seguridad (fundamentalmente
ex policías), patovicas contratados por las patronales, barrabravas e
incluso grupos controlados por bandas mafiosas ligadas a los narco‐
negocios.
Son diversos los ejemplos de represión en los últimos tiempos, algunos de
ellos son: el desalojo a los múltiples cortes que se realizaron en la
Panamericana de Buenos Aires en el marco de la jornada por la absolución
de los petroleros de las Heras; ese 27 de Marzo la gendarmería reprimió
con balas de goma y gases lacrimógenos para evitar que se efectivicen los
cortes. El saldo fueron muchos compañeros y compañeras detenidos y
heridos; otra muestra es el nuevo ataque contra el acampe de pobladores
en la zona de Malvinas Argentinas en la provincia de Córdoba, donde la
población vienen denunciando por diversos medios que las fumigaciones
de sembradíos multiplicaron la emergencia de enfermedades como
leucemia y cáncer como consecuencia del contacto con los agro tóxicos. La
represión fue llevada adelante por una patota de la UOCRA (Unión Obrera
de la Construcción de la República Argentina), cuando unas ochenta
personas llegaron hasta el lugar y agredieron a los asambleístas que hace
meses resisten la construcción e instalación de la empresa Monsanto.
A esto se suma la particular y grave situación de las organizaciones que
luchan en la provincia de Chaco, a partir de establecimiento de “mano
dura” por parte del gobierno provincial a cargo es Juan Carlos Bacileff
Ivanoff (antes vice gobernador del actual jefe de gabinete Jorge
22
Capitanich). Dos casos emblemáticos fueron el de la represión brutal a
mediados del mes de Febrero de este año en la localidad chaqueña de
Pampa de Indio, en el marco de un corte de ruta. Y el del 7 de mayo en la
ciudad de Resistencia, donde una movilización de organizaciones sociales,
estatales y docentes fue reprimida en pleno centro de la ciudad.
Un párrafo aparte merece la situación por la que atraviesan las
comunidades originarias, quienes vienen sufriendo una situación de
violencia sistemática a lo largo y ancho de nuestro país, sobre todo la de
las comunidades Qom y Wichi en Chaco y Formosa. Que van desde el
despojo de sus tierras ancestrales que conlleva a inevitables represiones
directas (policías y gendarmes) e indirectas (terratenientes), al montaje de
causas, a los hostigamientos continuos, a la privación de sus necesidades
básicas, como también a los asesinatos planificados.
‐ Incremento de la fuerza represiva y espionaje a las organizaciones: el
aumento del número de policías y, en general, del presupuesto destinado
a su equipamiento y capacitación es una política generalizada en las
provincias. Estas medidas esconden atrás de su justificación de “combate
a la delincuencia”, el hecho de que incrementan la situación de riesgo para
quienes luchamos en la calle. En este sentido, se puede visualizar en estos
últimos meses un incremento de las fuerzas de seguridad en las protestas;
superando en muchos casos el número de manifestantes. Esta estrategia
de saturación policial y acorralamiento de la protesta para encauzarla
según su conveniencia, es una nueva modalidad que intenta amedrentar,
provocar y preparar el terreno para una represión abierta.
Asimismo, las acciones de inteligencias para con las organizaciones en
lucha están a la orden del día, y son llevadas a cabo por distintas fuerzas
23
represivas. En este sentido, un caso de relevancia es la implementación
del llamado Proyecto X, mediante el cual la Gendarmería Nacional espió e
investigó desde el año 2002 a militantes y organizaciones sociales,
políticas, sindicales, estudiantiles, entre otras. Además se agrega la
infiltración de personal de la Policía Federal en la Agencia de Noticias
Rodolfo Walsh y en más de mil organizaciones.
Criminalización y estigmatización de la pobreza
Siguiendo a Maristella Svampa23 el contexto de desigualdad y
fragmentación social que ha ido generándose y profundizándose desde
hace más de 30 años, dio paso a nuevas representaciones sociales
gestadas en función del miedo al otro, dando lugar a un espiral de
violencia social signada por la discriminación hacia la gente de los barrios
populares, principalmente a los jóvenes, por un aumento de actos de
violencia urbana y de delitos, y por la movilización de los servicios
policiales que intensifican la vigilancia de “zonas y sectores de las
poblaciones peligrosas”. Así, hoy en día, todo excluido o pobre es
considerado un delincuente potencial.
Michel Foucault24 afirma que la delincuencia tiene una cierta utilidad
económico‐política en las sociedades actuales ya que cuantos más
delincuentes existan, más crímenes existirán; cuantos más crímenes haya,
23 Maristella Svampa. Movimientos sociales y nuevo escenario regional: las inflexiones del paradigma neoliberal en América Latina. Sociohistórica, nº 19‐20, 2006. ISSN 1852‐1606. http://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/ Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Centro de Investigaciones Socio Históricas 24 Conferencia proferida en 1976 en la Facultad de Filosofía de la Universidad del Brasil. Publicado en la revista anarquista 'Barbarie', N4 y 5 en 1981‐82, San Salvador de Bahía, Brasil. La traducción del francés al portugués la realizó Ubirajara Reboucas, y la traducción del portu‐gués al castellano la hizo Heloisa Primavera y fue publicada en la revista 'Farenheit 450' N1, Bs. As. Diciembre de 1986 (revista publica‐da por estudiantes de la carrera de Sociología UBA). http://www.catedras.fsoc.uba.ar/heler/foucault.htm#_ftn1
24
más miedo tendrá la población y cuanto más miedo en la población, más
aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial. La existencia
de ese pequeño peligro interno permanente es una de las condiciones de
aceptabilidad de ese sistema de control.
El aumento de la vigilancia policial en los barrios, y en general de un
Estado de Seguridad, legitimado por las demandas de mayor seguridad
que las clases medias y sectores de poder expresan constantemente a
través de marchas, pujas, escraches a las comisarías, etc.; y en donde,
prima fundamentalmente el reclamo de “mano dura”. Un ejemplo
emblemático, y que constantemente padecen fundamentalmente los
varones pobres cordobeses, es la figura del merodeo del Código de Faltas,
una norma que les impide transitar por zonas que les son prohibidas como
el centro de la ciudad o zonas residenciales. Bajo esta figura pueden
llevarse detenida hasta por cinco días a una persona, si se considera que
es un posible delincuente por el sólo hecho de estar en un lugar en el cual
no es admitido por su condición social. Esta situación se vive en mayor o
menor medida en todo el país, siendo más visible en las grandes ciudades,
en donde las desigualdades de clase también son más evidentes, incluso
en el propio paisaje de las mismas.
En suma, la presencia de estas “clases peligrosas” en el centro de las
ciudades genera aun más discriminación, atravesada por prejuicios de
clase y racistas en las clases medias y sectores de poder.
Este espiral de violencia, cuyo eslabón principal es el paso a un Estado de
Seguridad / vigilante, que se expresó claramente en la declaración de la
OEA, anteriormente mencionada, pone en el centro de la escena a las
fuerzas de seguridad. Estas se presentan como la única solución al
25
problema pero al mismo tiempo son constantemente deslegitimadas, ya
que como bien se sabe, están en connivencia con actos delictivos y con el
llamado crimen organizado.
El acrecentamiento de estas fuerzas se puede visualizar claramente en
nuestro país. Así, luego de siete meses de haber designado a Alejandro
Granados (un barón del conurbano caracterizado con un perfil “duro” en
cuanto a las políticas represivas) a cargo del nuevo Ministerio de
Seguridad provincial, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel
Scioli ha decretado la “emergencia en seguridad” junto con un nuevo plan
que consiste en un paquete de medidas poco originales como el aumento
de policías (inclusive la reincorporación de policías cesanteados, por “mal
cumplimiento” de sus funciones), mayor equipamiento y la construcción
de nuevas alcaldías para albergar a más delincuentes. A esto se le suma la
polémica resolución que obliga a quienes circulen como acompañantes en
una moto a utilizar un chaleco con el número de patente de la misma.
Nuestra ciudad no está exenta. Hace más de una mes el gobierno
provincial trajo la Policía Comunitaria a barrio La Flores, una medida en
coordinación entre la provincia y el gobierno nacional que no consiste en
otra cosa que en llevar más policías que patrullen los barrios
“conflictivos”, con un mayor acercamiento a los vecinos que se traduce en
una vigilancia más próxima y selectiva. A esto se agrega el desembarco de
fuerzas de seguridad federales, en el marco de un acuerdo entre los
distintos niveles de gobierno, para trasladar las acciones de saturación, no
sólo en las manifestaciones sino en los barrios populares; con la excusa de
combatir el narcotráfico.
26
Todo esto configura un escenario sumamente complejo, en donde tienen
lugar explosiones de violencia y situaciones extraordinarias que nos dejan
perplejos, incapaces de comprender lo que está sucediendo y que nos
desafían a las y los luchadores sociales a la hora de intervenir en esta
coyuntura con una estrategia clara. En este sentido, ya nos advertía Priot
Kropotkin: “[…] estamos obligados a afirmar que la sociedad, en sí, es
responsable de las acciones antisociales cometidas en medio de ella; y que
ningún castigo, ninguna cárcel y ningún verdugo puede disminuir el
número de tales hechos; solamente puede hacerlo una reorganización de
la sociedad misma."
A modo de ejemplo, se exponen distintos hechos relevantes que se han
desarrollado desde diciembre pasado hasta hoy. Por un lado, se
encuentran los acuartelamientos policiales, a partir de los cuales ésta
intentó expresarse como un actor de poder en sí mismo, corporativo, con
reclamos propios. Donde los medios de comunicación trataron de, por un
lado, martirizar a los policías “laburantes” y al mismo tiempo, crear un
clima de caos y de “desprotección”. A este discurso, se le contrapuso el
del gobierno nacional, el cual sacó a relucir, la ya desgastada, hipótesis de
desestabilización. Sin embargo, debajo de todo lo que los diarios nos
presentaban, existieron otros motivos o estrategias como, por ejemplo,
una represalia por la separación de la fuerza a policías acusados de
vinculación con el narcotráfico, negociar la impunidad para casos de
gatillo fácil, y también, para la represión abierta.
Al mismo tiempo, se sucedieron saqueos en varios lugares del país, hechos
que también tuvieron lugar en diciembre de 2012 y que terminaron con el
encarcelamiento de las y los compañeros de Bariloche. En este caso, la
27
coincidencia con los acuartelamientos policiales llevan a pensar que la
policía ha instigado a los mismos, como estrategia de generar un clima de
“caos social” que, lejos de ser resultado de su ausencia en las calles, “fue
deliberadamente causado para reforzar la extorsión, y fue aprovechado,
también, como “globo de ensayo” para medir la reacción de ciertos
sectores de la sociedad”25. Sin embargo, para que los saqueos puedan ser
promovidos deben existir condiciones sociales que permitan su desarrollo.
En este sentido, la pobreza, marginación y el desempleo, la falta de
expectativas de los jóvenes, la discriminación sufrida cotidianamente, el
consumismo instalado por la sociedad capitalista como casi la única forma
de inclusión de las clases excluidas, llevan a que la institución policial,
desde siempre vinculada a la delincuencia, pueda operar sobre esta
situación en los barrios más humildes.
De esta manera, la violencia ejercida sobre la propiedad privada no toma
un carácter político de rebeldía contra este estado de desigualdad, si no
que se expresa como una pelea entre pobres (recordemos que los
comercios que más saqueados fueron los de los barrios), y en muchos
casos, con armas de fuego que llevaron a la muerte de varias personas.
Estos hechos fueron la antesala de los llamados linchamientos que hoy en
día se dan en nuestro país, y que llevó al asesinato del joven David
Moreira en nuestra ciudad. En estos sucesos, que se desarrollaron en
distintos lugares del país26, encontramos nuevamente a los medios de
comunicación mayoritariamente justificando y fogueando estas acciones;
transmitiendo y difundiendo los valores de la ideología capitalista y racista
25 Declaración de CORREPI frente a las nuevas asonadas policiales: http://correpi.lahaine.org/?p=1242 26 Los linchamientos tuvieron lugar en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y hubo intentos en Catamarca y La Rioja.
28
que se cuela en toda la sociedad. Estos eventos cobraron tal magnitud que
incluso se cometieron “equivocaciones” al confundir a jóvenes pobres con
delincuentes, que llevaron a golpizas propinadas por hordas de personas
que de manera fascista e incluso irracional se sienten con el derecho de
realizar estos actos.
En definitiva, todos estos acontecimientos tienen que ver con lo que
sostiene Maristella Svampa, es decir, el establecimiento de una
correlación entre inseguridad, delito y pobreza pone de manifiesto la
emergencia de nuevas fronteras políticas y jurídicas y con ello abre las
puertas a la posibilidad de que en nombre de la conservación del orden
social se instituyan zonas despojadas de derecho, o sea zonas de no
derecho, o “estados de excepción” en donde la autoestima y el respeto
colectivo no cuentan y donde vuelve a primar una pura lógica de acción
policial (llevada a cabo incluso por la población civil) y la violación de los
derechos más fundamentales.
Militarización y guerra contra el terrorismo y el narcotráfico
Cuando la dominación, la pobreza y la marginación se hacen intolerables
la "guerra contra el terrorismo", promovida por los Estados Unidos y otras
potencias (en complicidad con los gobiernos locales), es la versión
internacional de una guerra no declarada contra los pobres y luchadores
que tiene lugar en todos los países del mundo.
Con esta modalidad, se dio un proceso de militarización de las relaciones
sociales, provocando que lo que antes sólo era guerra entre estados
ahora son guerras dentro del territorio. Donde la acción militar, que se
29
nutre del amplio entrenamiento y de la experiencia desarrollada en las
dictaduras latinoamericanas, incluye actualmente medidas de contra
insurgencia muy diversas, que comprenden el manejo de imaginarios,
trabajos de inteligencia, control de las fronteras, la creación de bancos de
información de datos personales, la introducción de nuevas funciones en
las policías ocupadas de la seguridad interna, entre otras.
La influencia del militarismo sale a la luz en nuestro país. El gobierno
kirchnerista portador de una retórica de derechos humanos, designa a
César Milani como comandante en Jefe del Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas, un militar conocido por su participación en el Operativo
Independencia y acusado de haber participado de forma directa en la
tortura y desaparición de soldados en el marco del terrorismo de estado
en la última dictadura. Que paradójicamente trata, a través de acciones de
asistencia social en acuerdo con emblemáticas organizaciones de
derechos humanos27, lavar la imagen de una institución totalmente
deslegitimada por la sociedad.
Sumado a lo anterior el gobierno anunció la compra de equipamiento
militar nada menos que al Comando Sur de Estados Unidos con la excusa
de “combatir al narcotráfico”. También presentó el sistema SIBIOS
(Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad) que se
trata de un nuevo sistema de identificación biométrica centralizado, con
cobertura nacional, que permitirá a los organismos de seguridad (Policía
Federal, Gendarmería, Prefectura, Policías provinciales) y otros
organismos estatales, a cruzar información con datos biométricos (los
cuales constituyen una base de datos centralizada que almacena los
27 Ver en http://www.lanacion.com.ar/1672615‐el‐nuevo‐ejercito‐tareas‐sociales‐con‐las‐madres‐y‐la‐campora‐para‐mostrarse‐en‐la‐calle
30
recursos necesarios para la identificación de una persona, basados en los
registros digitalizados de las huellas dactilares , reconocimiento facial,
fotografías personales, grupo sanguíneo, grabación de voz y un largo
etcétera; campaña que se realizó con la actualización del documento y
pasaporte) y otros datos personales.
Asimismo el gobierno inauguró un “centro de asistencia y ayuda
humanitaria” en Resistencia (provincia de Chaco), que rápidamente las
organizaciones populares denunciaron como base de operaciones del
Comando Sur, y que por ende, tiene por finalidad establecer bases
militares de control estadounidense en la región, desarrollar actividades
de contrainsurgencia y transmitir conocimientos a las fuerzas militares
locales.
Por otro lado, en la provincia de Santa Fe, el gobernador Antonio Bonfatti
y su ministro de seguridad Raúl Lamberto recibieron instrucciones de la
DEA (Administración para el Control de Drogas), el FBI y otras
reparticiones estadounidenses para implementar políticas “contra el
avance del narcotráfico” en la región. También en febrero y marzo, el
propio Sergio Berni (Secretario de Seguridad de la Nación), Daniel Scioli,
José Manuel De La Sota y ahora mismo, integrantes del ejecutivo
mendocino, hacen el mismo periplo. Van al norte, reciben especialistas de
la DEA y anuncian las mismas medidas en todos lados: policía de
proximidad, policías municipales, convocatoria a ex policías y pedido al
gobierno nacional para que envíen tropas de gendarmería y prefectura a
los barrios. Ya no hay discusiones entre la administración nacional y las
provinciales, ahora se habla de “coordinación”, “pacificación” y
“articulación”.
31
Como se dijo anteriormente, en Rosario el miércoles 9 de abril veinte
barrios fueron ocupados por casi tres mil efectivos de la Policía Federal,
Gendarmería, Prefectura y las Tropas de Operaciones Especiales de Santa
Fe. El objetivo de este mega operativo fue “pacificar” los territorios con la
presencia represiva del estado, usando como fachada el secuestro de
cocaína y marihuana, el desalojo de los búnkeres y el reclamo de mayor
seguridad.
Esta reacción del gobierno nacional ante la pérdida de legitimidad, fue
justificada por el hartazgo de grandes sectores de la población rosarina
con la violencia y la corrupción de la policía provincial, sumado al pedido
de un mayor endurecimiento represivo. Un día después, los cronistas de
los medios locales repetían los comentarios de los vecinos que ahora
expresaban la “sensación de seguridad”.
Y todavía, la mayoría de los búnkeres están allí o cambiaron la modalidad
de comercialización, ese mega‐negocio que gestionan y montan
empresarios, políticos, banqueros, punteros, contadores, abogados,
jueces y otros tantos hacen fortunas. Una modalidad que asume el
narcotráfico en los barrios y vale la pena destacar es la “cooperación” con
redes clientelares, que se articulan en el territorio intentando de manera
estratégica dar respuesta asistencialista, por ejemplo en los barrios se
suele decir que “siempre que hay un bunker hay tres comedores
alrededor”. Exponiendo a los y las jóvenes pobres a una vida efímera
vinculada a la delincuencia como única alternativa posible ante un sistema
que los excluye de manera sistemática.
Y ahora, la ciudad esta patrullada por tremendos camiones de las fuerzas
de seguridad nacionales y por la noche el ruido de las hélices de los
32
helicópteros, generando más coacción y control a los pobres en las villas,
aumentando los casos de gatillo fácil en las calles y tortura en las
comisarías. Demostrando cómo todo apunta más al control y
disciplinamiento social, que a la prevención del delito y el narcotráfico.
33
SALDOS DE UNA DECADA DE AJUSTE Y REPRESIÓN
"...favorecer las organizaciones populares de todas clases es consecuencia lógica de nuestras ideas fundamentales, y debería por
lo tanto formar parte de nuestro programa." Errico Malatesta - periódico L’Agitazione 1897
Es difícil dimensionar los alcances de la ola de ajustes emprendida desde
hace ya varios años por la clase dominante a nivel local. Sin embargo, se
evidencia una catastrófica caída del salario frente a los niveles de
inflación, una mayor inestabilidad laboral y el aumento de los niveles de
empleo informal. Salvo en algunas industrias autopartistas ‐dependientes
de la industria automotriz brasilera‐ y de ensamble electrónico, la
reindustrialización nunca afloró. Muy por el contrario, la realidad no fue
otra cosa que el intento de construcción de un discurso hegemónico
policlasista de prosperidad en un sistema donde las ganancias son para los
ricos y las pérdidas para los de abajo.
Los altos niveles de desocupación y el empleo precario, no solo no son
reconocidos por el Estado sino que desde arriba se intenta dibujar los
números bajo el manto de la continuidad de la aplicación de políticas
focalizadas –propias de los 90‐ para los sectores que el sistema deja
afuera. La inclusión social de la que ha hecho bandera la gestión
Kirchnerista durante estos últimos 10 años es contradecida por los altos
niveles de marginalidad y exclusión social estructural. La política estatal de
control y naturalización de la pobreza ‐compartida por algunos
movimientos sociales y agrupaciones de DDHH‐ intentaron esconder a una
gran capa de la población que no ha podido desarrollar sus capacidades e
intereses.
34
Ante el agotamiento de la modalidad de acumulación del gobierno
kirchnerista, verificadas por la implementación de medidas de ajuste, la
clase política buscan la forma de reubicarse en este nuevo escenario, de
cara a un próximo año de elecciones con el menor costo político posible.
Pero en su ecuación no dejan de lado la necesaria utilización de las fuerzas
represivas en pos de sofocar las resistencias organizadas de los de abajo.
Es así, que el aumento y perfeccionamiento de las estrategias de control
social expuestas anteriormente, muestra un panorama próximo
desafiante en términos de la lucha en las calles y la construcción de
organizaciones de base.
Para ir finalizando podemos resaltar brevemente varios aspectos que
marcan una continuidad histórica en las luchas sociales de la región. Por
un lado en Argentina ‐y nos animamos a decir la región latinoamericana‐
existe una vieja tradición encarnada en el discurso de la clase dominante
de que los problemas de los de abajo van a ser resueltos por un caudillo.
Cada generación de políticos se auto‐atribuyó un papel histórico
emancipatorio, en nombre de la nación, la patria y el pueblo en última
instancia. El Kirchnerismo no ha sido la excepción. En todos los procesos
políticos ‐cuyos proyectos de sectores de la clase dominante creyeron
innovadores‐ se han implementado una y otra vez concesiones de
derechos sociales cuando la fuerza de la acción de los de abajo había
generado sismos en las instituciones.
Pero por otro lado también es una tradición en todo el continente la
práctica de la resistencia y organización de la clase oprimida ante las
diferentes etapas de ajustes y represión de los de arriba. En Argentina si
bien las burocracias sindicales y sociales están intentando contener el
35
descontento popular, los sectores anarquistas, anticapitalistas y
antisistémicos debemos hacer nuestro propio camino de echar raíces
donde no las hay, darle continuidad a la construcción de base y establecer
articulaciones como sectores populares para ir avanzando y multiplicar
nuestra influencia autogestionaria en la construcción colectiva de una
fuerza social. La experiencia del 2001 en Argentina y a nivel mas general el
proceso de las experiencias de los Estados “Socialistas” del siglo pasado y
de los llamados Socialismos del Siglo XXI latinoamericanos, han dejado al
descubierto que el sueño de la emancipación social y la construcción
cotidiana de prácticas prefigurativas revolucionarias necesitan ser
edificadas desde abajo y por fuera del Estado. En ese camino estamos y
hacia allí es donde vamos.
Abajo el Estado!
Viva la Anarquía!