Trabajo Ley de Ejecucion Coactiva

Litigación de Proceso Contencioso Administrativo

MODULO

LITIGACION DE PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ACTUALIZACION PREPROFESIONAL

TEMA : LEY DE EJECUCION COACTIVA.

DOCENTE : MAG. HUMBERTO AREVALO MEZARINA.

INTEGRANTES:

1. Juan E. NAVARRO BERNAOLA.2. Mauro MOSCOSO HURTADO.3. José Matías ALARCON CHAVEZ.4. Dina POZO PECEROS.5. Deysi QUISPE CEBRIAN.6. Alfredo CASTILLO VILLA7. Guido VALDARRAGO PALOMINO.

Andahuaylas – Perú.

2013

Ley de Ejecución Coactiva Página 1


ÍNDICE

1. DEDICATORIA.

2. AGRADECIMIENTO.

3. INTRODUCCIÓN.

4. OBJETO DE LA LEY.

5. COBRANZA COACTIVA PÀG.

6. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PROCEDIMIENTO DE

EJECUCIÓN COACTIVA.

7. CONCEPTO DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA.

8. PRESUPUESTOS DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

COACTIVA.

9. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA DE

OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS.

10. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

11.EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN.

12.COSTAS.

13.COBRANZAS ONEROSAS.

14.ACTOS DE EJECUCIÓN FORZOSA.

15.MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS.

16. INICIO DEL PROCEDIMIENTO.

17.RESOLUCIÓN DE EJECUCIÓN COACTIVA.

18.SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

19.MEDIDAS CAUTELARES PÀG.

20.OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL TERCERO.

21.DESCERRAJE.TERCERÍA DE PROPIEDAD.

22.TASACIÓN Y REMATE.

23.RESPONSABILIDAD.

24.REVISIÓN JUDICIAL DEL PROCEDIMIENTO.

25.PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA PARA

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES.

26.ÁMBITO DE APLICACIÓN.



27.DEUDA EXIGIBLE COACTIVAMENTE.

28.COSTAS.

29.COBRANZAS ONEROSAS.

30.MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS.

31. INICIO DEL PROCEDIMIENTO.

32.RESOLUCIÓN DE EJECUCIÓN COACTIVA.

33.MEDIDAS CAUTELARES.

34.FORMAS DE EMBARGO.

35.OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL TERCERO.

36.DESCERRAJE.

37.TERCERÍA DE PROPIEDAD.

38.TASACIÓN Y REMATE.

39.RECURSO DE QUEJA.

40.RESPONSABILIDAD.

41.DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS.

42.DISPOSICIONES FINALES.

43.CONCLUSIONES.

44.RECOMENDACIONES.

45.BIBLIOGRAFÍA.

46.ANEXO PÀG.



D E D I C A T O R I A

Este trabajo se lo dedico al Divino hacedor puesto que sin él más nada

podemos hacer, quien nos concede el don a la vida y ofrece la protección

necesaria para lograr las metas trazadas. Al Señor Jesús, doy GRACIAS de

todo corazón, por permitirme estar cerca de él, y las pruebas que me da me

hacen crecer como cristiano y persona humana, me obliga a dar lo mejor de mí,

con amor entrega y sacrificio, con la esperanza de acercarme más a él, en

razón que todo en este mundo tiene principio y un fin, el paso es siempre

raudo, lo verdadero y eterno es su presencia.



A G R A D E C I M I E N T O

Agradezco a mi familia que siempre está presente con mis ideas, y jugó un

papel muy importante en la toma de decisiones, su apoyo fue de suma

importancia.



INTRODUCCION

Por medio de la Ley N° 26979 se dio la Ley de Procedimiento de Ejecución

Coactiva - modificada posteriormente por las Leyes Nº 28165 y 28892–,

regulándose con ella el procedimiento administrativo que utilizan las entidades

administrativas públicas nacionales facultadas por ley a exigir coactivamente el

pago de una acreencia o la ejecución de una obligación de hacer o no hacer a

los administrados (obligados).

Dentro de la citada norma se establece que el procedimiento de ejecución

coactiva es el conjunto de actos administrativos destinados al cumplimiento de

la Obligación materia de ejecución coactiva (artículo 2°) y que el Ejecutor es el

titular del Procedimiento y ejerce, a nombre de la Entidad, las acciones de

coerción para el incumplimiento de la Obligación…‖ (artículo 3°). Asimismo, en

su artículo 22 la referida norma consigna el que sin perjuicio de la

responsabilidad penal y/o administrativa que corresponda, tanto el Ejecutor

como el Auxiliar y la Entidad, serán responsables solidarios civilmente por el

perjuicio que se cause, en los siguientes casos…‖, es decir, aquí la

responsabilidad civil extracontractual es atribuible, en vía solidaria, a la persona

jurídica y al autor directo pero además alcanza a un tercero que realiza

funciones de coloración, tal como queda manifestado en el artículo 2 de la Ley

que define tanto al Ejecutor Coactivo como al Auxiliar Coactivo señalando que

a) Ejecutor Coactivo o Ejecutor: El funcionario responsable del Procedimiento

de Ejecución Coactiva;

b) Auxiliar Coactivo o Auxiliar: Aquel que tiene como función colaborar con el

Ejecutor…”, es decir, el propio texto normativo pese a establecer quien ostenta

la titularidad y el poder de decisión dentro de un procedimiento de cobranza

coactiva en su artículo 22 y 39 pasa a incluir a un mero colaborador dentro del

supuesto de responsable solidario civil.



“LEY DE EJECUCIÓN COACTIVA”

I.- OBJETO DE LA LEY

La presente Ley establece el marco legal de los actos de ejecución coactiva

que corresponde a todas las entidades de la Administración Pública. Asimismo,

constituye el marco legal que garantiza a los Obligados al desarrollo de un

debido procedimiento coactivo.

Mediante el texto normativo se regula, en primer lugar, los procedimientos de

Cobranza Coactiva de obligaciones no tributarias (por ejemplo, la cobranza de

multas por infracciones de tránsito, la ejecución de orden de demolición de una

obra o las multas administrativas emitidas por los ministerios). Estas

obligaciones se encuentran reguladas en todo el capítulo II de la ley,

denominado “Procedimientos de Ejecución Coactiva de Obligaciones no

Tributarias”.

Un segundo grupo de obligaciones respecto de las cuales se ejerce el

procedimiento coactivo, son las obligaciones respecto de las cuales se ejerce el

Procedimiento Coactivo, son las obligaciones tributarias seguidas por los

Gobiernos Locales, como el pago del Impuesto Vehicular, del Impuesto Predial,

los arbitrios municipales, las multas tributarias derivadas de estos, entre otras

obligaciones tributarias, reguladas en el capítulo III denominado “Procedimiento

de cobranza Coactiva para obligaciones tributarias de los gobiernos locales”.

La cobranza coactiva es otra facultad de la Administración Tributaria. Su

ejercicio se ubica dentro de la fundamental función de recaudación (gestión

recaudatoria) de tal Administración.

Cabe indicar que las normas del procedimiento de cobranza coactiva

contenidas en el Código Tributario son de aplicación para la cobranza de todas

las deudas tributarias excepto las deudas tributarias cuyos acreedores sean los

gobiernos locales; la cobranza de estas deudas se realizan de acuerdo con lo

dispuesto en la Ley N° 26979 (Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva;



capítulo III, procedimiento de cobranza coactiva para obligaciones tributarias de

los gobiernos locales), y sus normas reglamentarias.

1.- COBRANZA COACTIVA.

La Cobranza Coactiva es el procedimiento compulsivo que utiliza en última

instancia la Administración Tributaria para ejercitar su derecho a cobrar una

deuda fiscal exigible, saneándola.

La cobranza coactiva es la facultad que poseen los órganos administrativos a

fin de exigir compulsivamente el pago de sus acreencias. En tanto que el

procedimiento de cobranza coactiva es el conjunto de actos destinados al

cobro, inclusive mediante actos de ejecución. La diferencia radica en que la

cobranza coactiva es la potestad de la Administración de poder iniciar el cobro

de una deuda sobre un administrado, en tanto, el procedimiento es la puesta en

práctica de la facultad de cobranza de la Administración. El procedimiento de

cobranza coactiva constituye una de las más intensas manifestaciones de las

potestades de auto tutela que nuestro ordenamiento jurídico confiere a la

Administración Pública para ejecutar por sí mismas sus decisiones, sin

necesidad de requerir el auxilio del Poder Judicial. Mediante el procedimiento

de cobranza coactiva las entidades que forman parte de la Administración

Pública persiguen el cobro forzoso de acreencias pecuniarias de derecho

público, independientemente de la voluntad del obligado, estando facultades

para detraer del patrimonio jurídico del deudor bienes y derechos hasta la

satisfacción de lo adeudado. El fundamento de la cobranza coactiva se

encuentra en la presunción de legalidad de los actos de la Administración y en

el privilegio o prerrogativa de ejecutoriedad o ejecución de oficio (lo que le da a

su procedimiento el carácter de ejecutivo-administrativo), en virtud del cual la

Administración puede ejecutar y hacer cumplir sus decisiones sin precisar el

auxilio de la autoridad judicial; a este privilegio también se denomina potestad

de auto tutela administrativa. Al respecto es pertinente recordar que ya es

ampliamente reconocido que la Administración cuenta con ciertos privilegios o



prerrogativas en el ejercicio de su actividad administrativa, y concretamente en

el desarrollo de la gestión recaudatoria. "La idea de prerrogativa ha de

reconducirse a su propio significado técnico, en el sentido de la especial

consideración que el ordenamiento jurídico atribuye a los intereses públicos

tutelados por la Administración. Esto conlleva a que la Administración en el

ejercicio de sus derechos de crédito, a diferencia de un acreedor privado,

disponga de un cauce formal de actuación propio y revestido de ciertas

prerrogativas, entre las que destaca la de auto tutela, la cual permite a la

Administración articular los medios de ejecución que estime oportunos para

garantizar la eficacia de sus función recaudatoria, Ahora bien, dicho uso ha de

ser plenamente respetuoso con los principios constitucionales.

2.- EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

COACTIVA

En nuestro país, el procedimiento coactivo ha tenido una serie de deficiencias,

logrando legalizarse a partir del Código de Procedimientos Civiles de 1912, el

cual estableció que "las contribuciones y deudas públicas se cobrarán

conforme a las disposiciones del Código de Enjuiciamientos en Materia Civil y

demás disposiciones vigentes en la actualidad, que continuarán rigiendo

mientras se expida ley especial". La legislación en materia de cobranza

coactiva para el cobro de las deudas a favor del Estado, como facultad de la

Administración Pública ejercida por las entidades o funcionarios legalmente

encargados de la recaudación respectiva, se remonta a cierto plazo a la ley Nº

4528 del 29 de Setiembre de 1922, que determinaba los casos en que se

ejercía las facultades coactivas. Dicho dispositivo legal fue modificado

sucesivamente:

- Por la Ley Nº 6014 -que ampliaba la Ley Nº 4528;

- Por el Decreto Ley 7200 -por la que se establecía que las facultades coactivas

autorizadas por la Ley Nº 4528 sólo se ejercían en los casos señalados

expresamente en ella;



- Por la Ley Nº 8614 -por la que los Colegios Nacionales y Sociedades de

Beneficencia podían usar las facultades coactivas para el cobro de los

arrendamientos de sus bienes rústicos y urbanos;

- Por el Decreto Ley Nº 10941 -por el que se establecía que para las cobranzas

de las contribuciones pendientes y multas impuestas en favor del Seguro Social

del Empleado, se aplicaba lo dispuesto en la Ley Nº 4528;

- Por la Ley Nº 15746 -por el que se ampliaba el artículo 1º de la Ley Nº 4528

sobre facultades coactivas que se llevaban a cabo por las entidades del Sub-

Sector Público Independiente;

- Por la Ley Nº 16043, que originó la dación del Decreto Supremo Nº 263-H del

12 de Agosto de 1996, referido al Código Tributario, cuyo título II, contenía el

capítulo VI referido al procedimiento coactivo de cobranzas.

La mayoría de estas disposiciones fueron derogadas por el Decreto Ley Nº

17355, el mismo que establecía que la Administración Pública ejercía actos de

coerción para el cobro o ejecución forzosa, a través del Juzgado Coactivo

competente, atribuyéndole al mismo las facultades coactivas necesarias para

cumplir tales funciones. El artículo 2º de dicho dispositivo regulaba como actos

de coerción o de ejecución forzada, entre otros, los siguientes:

a) Cobro de tributos, recargos, multas de cualesquier clase;

b) Cobro de derechos por concepto de almacenaje, depósitos, arrendamientos

de bienes del Estado, frutos o productos de los mismos o de remates de bienes

o rentas nacionales;

c) Cobro de derechos o servicios conforme al derecho marítimo, industrial, de

electricidad o cualquier otra forma de energía, transporte de servicios públicos

directos, y cualesquiera otros provenientes de obligaciones para con el Estado

por razón de derechos o gastos de servicios públicos directos del Estado;



d) Cobro de deudas contraídas a favor del Estado por especies valoradas que

se recibieron con encargo de venderlas;

e) Para el reembolso o recuperación de los descubiertos que aparezcan del

corte y tanteo mensual o del que se haga por muerte, suspensión, traslación,

remoción, subrogación o destitución o enjuiciamiento del servidor público

responsable sin perjuicio de la responsabilidad penal; y para reembolso de

quienes administren bienes o rentas nacionales, en las cuentas rendidas al

Tribunal Mayor de Cuentas;

f) Para cualquier otro cobro no precisado en la anterior enumeración, siempre

que corresponda a obligaciones a favor de cualquier entidad del Sector Público

Nacional proveniente de sus bienes, derechos o servicios distintos de las

obligaciones comerciales o civiles en derecho privado, así como los que en

forma expresa asuman el carácter de actos de coerción o de ejecución forzada;

g) Para la ejecución forzosa de demoliciones, construcciones de cercos o

similares, reparaciones urgentes en edificios, salas de espectáculos, locales

públicos, clausura de locales o servicios; suspensión o paralización de

construcciones, modificación de las mismas, adecuación a reglamentos de

urbanización o municipales o similares salvo regímenes especiales y, en

general, para todo acto de coerción para cobro o ejecución de obras o

suspensiones o paralizaciones o modificaciones o destrucción de las mismas

que provengan de actos administrativos de cualquier entidad del Sector Público

Nacional, excepto regímenes especiales.

De la lectura de los actos de coerción o de ejecución forzosa detallados

anteriormente y contemplados por el Decreto Ley Nº 17355, es comprobable el

exceso de los mismos, ya que en su mayoría se trataban del cumplimiento de

obligaciones que, de conformidad con el principio constitucional de unidad y

exclusividad de la función jurisdiccional, debían ser demandadas ante el Poder

Judicial. El órgano competente a través del cual se ejercían los actos de

coerción dispuestos por el Decreto Ley Nº 17355, a efectos del cobro o



ejecución forzada, era el Juzgado Coactivo, siendo el Juez Coactivo quien

mediante sus resoluciones disponía los actos pertinentes a cada causa.

Posteriormente, y conforme lo señala la Ley Orgánica del Poder Judicial en su

Segunda Disposición Complementaria, se suprime la denominación de Jueces

Coactivo, reemplazándola por la de Ejecutor Coactivo, esto fundamentalmente

por una razón de orden constitucional, que señala que la administración de

justicia es exclusiva función del Poder Judicial, del cual no formó ni forma parte

el Juez o Ejecutor Coactivo. La redacción y dación del texto del Decreto Ley Nº

17355 obedeció a la existencia de un proceso coactivo llevado ante un Juez o

Juzgado Coactivo, hoy inexistentes; asimismo, los actos de coerción o de

ejecución forzada que regulaba resultaban excesivos; motivos por los que

dicho dispositivo devino en confuso, excesivo e inadecuado frente a la

legislación que regulaba el procedimiento de cobranza coactiva, consagrado en

el Título II del Libro Tercero del Código Tributario Decreto Legislativo Nº 816

publicado el 21 de Abril de 1996.

El Decreto Legislativo Nº 816 "Código Tributario", en su Título II denominado

"Procedimiento de Cobranza Coactiva" que formaba parte del Libro Tercero;

recogió las aspectos más importantes referidos al proceso de la cobranza

coactiva, adecuándolos al tiempo y realidad.

Siendo esto así, el marco legislativo del procedimiento de cobranza coactiva se

encontraba contenido en dos cuerpos legales: El Código Tributario que

establecía las reglas para el cobro coercitivo de las deudas tributarias,

concepto que conforme al artículo 28º de dicho Código comprendía al tributo,

las multas, los intereses y el recargo; y por otra parte del Decreto Ley Nº 17355

y sus modificatorias que regulaba el cobro de otras obligaciones pecuniarias de

carácter público "Distintas de las obligaciones comerciales o civiles de derecho

privado." (inciso f, art. 2º, in fine), como es el caso de las multas que puede

imponer la administración a quienes cometan infracciones de índole

administrativa, diferentes a las de carácter tributario.



La existencia de dos cuerpos legales que disciplinaban el trámite del

procedimiento de cobranza coactiva de ingresos públicos, necesariamente

originados como consecuencia de una relación jurídica pública, trajo consigo

cierta dosis de confusión en la aplicación de sus reglas por parte de los

ejecutores coactivos y sus auxiliares que utilizan indistintamente reglas de una

u otra norma.

Es en este contexto y a fin de darle al procedimiento de cobranza coactiva su

verdadera dimensión para que no se desnaturalizara su carácter de mecanismo

de ejecución forzosa de actos administrativos disponible por entidades

estatales que necesariamente deberían estar orientadas al servicio del interés

público, que se da la Ley 26979 –Ley de Procedimiento de ejecución Coactiva,

publicada el 23 de Septiembre de 1998-, la cual introdujo una importante pauta

para ordenar los procedimientos y ejecución coactiva.

Mediante la Ley Nº 26979, se estableció el marco legal aplicable a los actos de

ejecución coactiva que ejercen las entidades de la Administración Pública, con

excepción de la Administración Tributaria del Gobierno Central.

Sin embargo, desde la promulgación y publicación de la Ley N° 26979, Ley de

Procedimiento de Ejecución Coactiva, se aprobaron dispositivos legales que

complementaron y/o modificaron su texto, como es el caso de las Leyes N°s.

28165 y 28892, razón por lo cual y dada la importancia que tiene para el

Estado y la ciudadanía en general el cumplimiento de la Ley de Procedimiento

de Ejecución Coactiva, era necesario contar con un solo texto que contenga

sus disposiciones vigentes siendo aprobado el Texto Único Ordenado de la Ley

N° 26979 mediante D.S. N° 018-2008-JUS que fuera publicado el 06.12.2008.

3.- CONCEPTO DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA

La cobranza coactiva administrativa, que sigue su cauce formal a través de un

procedimiento que se denomina de ejecución, es el procedimiento que utilizan

las entidades públicas frente a los administrados para hacer efectivas las

consecuencias jurídicas del acto administrativo que ésta emita.



Para la doctrina administrativa española el procedimiento de apremio, es una

manifestación clara del principio de auto tutela o autodefensa ejecutiva de la

Administración, "por la que ésta se halla exenta de la carga de solicitar a los

Tribunales la ejecución de sus propias decisiones pudiendo llevarla a cabo ella

misma", lo que constituye para su ordenamiento un principio general de la

actuación de la Administración Pública.

Para el español Jordi Sopeña, "por ejecución forzosa se entiende el medio

jurídico por el cual se logra la satisfacción del acreedor cuando éste no se

consigue a través de la prestación del deudor y es necesario conseguir aquella

satisfacción independientemente de la voluntad del obligado, venciendo su

contraria voluntad.

El apremio es una de las prerrogativas especiales de que goza la

Administración de ejecutar por sí misma sus actos; desplegando su aparato

coactivo con o sin la voluntad del obligado. En base de las consideraciones

expresadas en la doctrina citada, podemos convenir que mediante el

procedimiento de ejecución o cobranza coactiva las entidades que forman parte

de la Administración Pública persiguen el cobro forzoso de acreencias

pecuniarias y otras obligaciones de derecho público, independientemente de la

voluntad del obligado, estando facultadas para detraer del patrimonio jurídico

del deudor bienes y derechos hasta la satisfacción de lo adeudado.

4.- PRESUPUESTOS DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA

Podemos distinguir entre:

A) Los de carácter marcadamente objetivo, como son los referidos a:

- La naturaleza pública de las deudas susceptibles de ejecución coactiva; y

- La necesidad de la existencia de un acto declarativo previo o título ejecutivo

de la deuda; y

B) Los presupuestos de carácter subjetivo a fin de precisar:



- Qué tipo de organismos administrativos pueden recurrir a la cobranza

coactiva de sus acreencias; y

- Qué funcionarios son los encargados de tramitar el procedimiento.

A) LOS PRESUPUESTOS DE CARÁCTER MARCADAMENTE OBJETIVO:

CARÁCTER PÚBLICO DE LA OBLIGACIÓN EJECUTABLE

COACTIVAMENTE

La Administración Pública sólo puede ejercer las potestades que el

ordenamiento le confiere para recaudar coactivamente sus ingresos o ejecutar

forzosamente las obligaciones a su favor cuando éstos se hayan generado

como consecuencia de una relación jurídica de carácter público. Tal es el caso

de los ingresos tributarios y de otros ingresos que no tienen ese carácter pero

que se manifiestan en la potestad de imperio de los poderes públicos, como las

multas, etc.

Por ende, sería totalmente improcedente el cobro de acreencias surgidas a raíz

de la actuación de los entes estatales en el ámbito del Derecho Privado cuando

la Administración opera como un particular sometida a las reglas del Derecho

común, como sucede cuando realiza operaciones de carácter civil o

empresarial como arrendar o vender bienes, casos en los que obligatoriamente

deberá ventilar sus controversias con los particulares mediante los

procedimientos ordinarios ante el Poder Judicial, porque de lo contrario se

estarían vulnerando los derechos constitucionales de defensa, a la igualdad, a

la tutela jurisdiccional y al debido proceso.

En tal sentido, Armando Rizo Oyanguren señala: “Como regla general se

puede acoger la tesis de que las normas del Derecho Público serán aplicables

en todos aquellos casos en que la actividad del Estado se vincula

estrechamente con la subsistencia misma de la organización estatal o con el

cumplimiento de las atribuciones que le corresponden como Poder, dejando

para el Derecho Privado todas las actividades que no estén en esas



condiciones.”

En virtud del carácter meramente administrativo del procedimiento de ejecución

coactiva como mecanismo asignado a los órganos de la Administración Pública

para el cobro forzoso de sus acreencias de naturaleza pública y del necesario

respeto que se debe dispensar a los derechos constitucionales antes aludidos,

debe acotarse el ámbito de actuación de la ejecución coactiva, de modo que

sólo puedan considerarse obligaciones susceptibles de ejecución coactiva a

aquellas nacidas en virtud de una relación jurídica regida por el Derecho

Público.

Como se puede apreciar la definición transcrita pone especial énfasis en la

naturaleza necesariamente de carácter público que deben de tener las

obligaciones para ser susceptibles de ejecución coactiva, lo cual es indiscutible

tratándose de las obligaciones de carácter tributario que se generan en virtud

de lo establecido por una norma legal conforme lo dispone el artículo 74° de la

Constitución Política, pero que es indispensable insistir en el caso de las

demás obligaciones no tributarias que son ejecutables coactivamente conforme

a las reglas contenidas en el Capítulo II de dicha ley.

Por dicha razón es importante traer a colación lo establecido por el artículo 8°

del TUO de la Ley Nº 26979, referido al ámbito de aplicación del procedimiento

contemplado en el referido Capítulo II de dicha ley, que dispone su aplicación

exclusivamente: "Artículo 8º.- Ámbito de aplicación. El presente capítulo es de

aplicación exclusiva para la ejecución de Obligaciones no tributarias exigibles

coactivamente, provenientes de relaciones jurídicas de derecho público". A

mayor abundamiento el artículo 12° del TUO de la Ley Nº 26979 al establecer

la relación de obligaciones susceptibles de ejecución coactiva, hace referencia

en su primer inciso al: "Artículo 12º.- Actos de Ejecución Forzosa.

a) Cobro de ingresos públicos distintos a los tributarios, nacidos en virtud de

una relación jurídica regida por el derecho público, siempre que corresponda a

las obligaciones a favor de cualquier Entidad, proveniente de sus bienes,

derechos o servicios distintos de las obligaciones comerciales o civiles y demás



del derecho privado El precepto citado confirma que la Ley N° 26979,

deliberadamente ha cuidado de establecer que la ejecución coactiva, como

modalidad de ejecución forzosa de los actos administrativos, sólo puede ser

utilizada para compeler al cumplimiento de obligaciones a favor de la

Administración generadas en virtud de relaciones de carácter estrictamente

público.

EXISTENCIA DE UN ACTO DECLARATIVO PREVIO O TÍTULO EJECUTIVO

DE LA OBLIGACIÓN.

La ejecución coactiva exige como presupuesto inexcusable para su viabilidad,

la existencia de un acto administrativo previo que determine la obligación

incumplida o practique la liquidación del importe debido, ya sea que se trate de

una deuda tributaria o de una multa para citar los dos tipos más frecuentes de

ingresos públicos cobrables coactivamente, así como su exteriorización o

notificación formal al sujeto obligado. Sólo procede la ejecución coactiva de

aquellas deudas cuya existencia está amparada por un acto administrativo

válido que determine el importe de lo debido y que haya sido debidamente

puesto en conocimiento del particular para darle la posibilidad de proceder al

pago voluntario de la deuda o, en caso de disconformidad, para permitirle la

impugnación de la legalidad de dicho acto administrativo.

En opinión de Antonio López Díaz, las razones fundamentales por las que es

preciso que antes de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva, se haya

dictado el respectivo acto administrativo que establezca la existencia de un

débito, son las siguientes: en primer lugar, porque como quiera que la

ejecución coactiva es una modalidad de ejecución forzosa de las decisiones de

la Administración Pública, es obvio que sólo puede hacerse cumplir lo

dispuesto por un acto administrativo que surta plenos efectos para lo cual se le

requiere como condición de eficacia que sea debidamente notificado al

afectado, en segundo lugar porque de lo contrario se le estaría privando

gravemente al particular la posibilidad de interponer los recursos que la ley le



franquea para cuestionar la existencia o el contenido de la deuda pecuniaria

que le imputa la administración.

Por las razones expuestas, no queda lugar a dudas que la ausencia de un acto

administrativo que sirva de título declarativo para el cobro de una deuda

pecuniaria y la omisión de su notificación al afectado impide el inicio de todo

procedimiento de cobranza coactiva, tendiente a su ejecución.

B) LOS PRESUPUESTOS DE CARÁCTER SUBJETIVO

ENTES QUE PUEDEN RECURRIR AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

COACTIVA.

El artículo 1 ° de la Ley N° 26979 confiere dicha prerrogativa a las entidades

que forman parte de "la Administración Pública ", por lo que comprende a todas

las entidades estatales.

Asimismo, el inciso a) del artículo 2° define para los efectos de la citada ley a la

Entidad o Entidades como: "Aquellas de la Administración Pública Nacional,

Regional y Local, que están facultadas por ley a exigir coactivamente el pago

de una acreencia o la ejecución de una obligación de hacer o no hacer".

Por su parte el artículo 114° del Código Tributario, según texto modificado por

el Artículo 52º del Decreto Legislativo N° 953, reconoce dicha facultad a los

órganos de la administración tributaria en general, es decir SUNAT, para el

cobro de los tributos que administren, con excepción de los Gobiernos Locales

cuyos tributos se ejecutan forzosamente a través del procedimiento establecido

por el Capítulo III del TUO de la Ley N° 26979.

Como se observa, las mencionadas leyes atribuyen facultades coactivas a los

entes públicos expresados en forma genérica, lo que se explica en función de

su carácter de mecanismo de ejecución forzosa de actos administrativos.

Es evidente que la ejecución coactiva de obligaciones e ingresos públicos es

una facultad que sólo tiene justificación cuando el titular es una entidad estatal

en ejercicio de potestades atribuidas por la ley, de lo contrario, si se atribuyen



facultades coactivas a los particulares o, a entes estatales actuando bajo el

régimen privado, se estaría transgrediendo el principio de separación de

poderes, y respecto de los afectados, se estaría violentando sus derechos

constitucionales a la igualdad, a la tutela judicial, al debido proceso y a la

defensa.

FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE TRAMITAR EL PROCEDIMIENTO

COACTIVO

Según lo señalado por el artículo 2 de la Ley Nº 26979: ―c) Ejecutor Coactivo

o Ejecutor: El funcionario responsable del Procedimiento de Ejecución

Coactiva.

Y el artículo 3 del Reglamento de la Ley Nº 26979:

3.1 El Ejecutor es el titular del Procedimiento y ejerce, a nombre de la Entidad,

las acciones de coerción para el cumplimiento de la Obligación, de acuerdo a lo

establecido en la Ley.

3.2 El Ejecutor coactivo no puede delegar en otras personas y/o dependencias

el ejercicio de las acciones de ejecución forzosa a que se ha hecho referencia.

Asimismo, los artículos 1º y 5º de la Ley Nº 26979, disponen que: ―d) Auxiliar

Coactivo o Auxiliar: Aquél que tiene como función colaborar con el Ejecutor y

Artículo 5.- El Auxiliar tiene como función colaborar con el Ejecutor.

Lo que nos servirá en un primer momento para delinear los grados de

intervención dentro del procedimiento de cobranza de cada uno de estos

funcionarios.

Es preciso tener en cuenta que hasta antes de la Ley N° 26979 no todos los

entes facultados para recaudar sus acreencias de Derecho Público mediante el

procedimiento de cobranza coactiva tenían correlativamente potestad para

designar sus propios ejecutores.

Sin embargo, de manera progresiva, diferentes leyes fueron ampliando el

número de entidades que podían designar sus propios ejecutores. Así sucedió



con las municipalidades, con el Instituto Peruano de Seguridad Social, con

SUNAT, ADUANAS, y otras entidades a las cuales las leyes les otorgaron

también potestad para nombrar ejecutores coactivos.

TITULARIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA

Tal y como se ha podido advertir, el Ejecutor Coactivo es el funcionario

administrativo a cargo del trámite del procedimiento de ejecución coactiva. El

inciso d) del artículo 2° de la Ley N° 26769 lo define precisamente como el

funcionario "responsable" de dicho procedimiento y el artículo 3° le denomina

"titular" de dicho procedimiento y precisa que actúa a nombre de la respectiva

entidad acreedora de la obligación a ejecutarse.

Nuestro ordenamiento administrativo singulariza en dicho funcionario el

ejercicio de las facultades de coacción directa de la Administración para la

ejecución forzosa de las obligaciones exigibles a que se refieren la Ley N°

26769 y el Código Tributario. Sólo el Ejecutor, y no cualquier otro funcionario

administrativo, es el llamado a ejercer las intensas atribuciones que le confiere

la ley para forzar el cumplimiento de los particulares de las obligaciones de

carácter público previstas en las citadas normas.

La singularización en el Ejecutor Coactivo de las potestades de Ejecución

Forzosa de las obligaciones a que se refieren las leyes que regulan el

procedimiento de Ejecución Coactiva es una particularidad que no se

encuentra, por ejemplo, en el Derecho Administrativo español, que es uno de

los ordenamientos que al igual que el peruano otorga con bastante amplitud a

la Administración dicha potestad de dar cumplimiento a los actos

administrativos incumplidos por el administrado.

Tampoco en el ordenamiento administrativo peruano resulta frecuente que una

determinada potestad administrativa se singularice en una categoría de

funcionarios administrativos, salvando el caso de los funcionarios de alto nivel

(Ministros, Titulares de entidades públicas, etc.) y de los funcionarios que



cumplen las funciones de auditor interno en las entidades estatales que

integran el denominado "Sistema Nacional de Control", entre otros ejemplos.

FUNCIONES DEL EJECUTOR COACTIVO

La Ley N° 26979 no contiene una norma que compendie en un solo dispositivo

las potestades del Ejecutor Coactivo, como sí lo hace en el artículo 5° con el

listado de funciones del Auxiliar Coactivo y como sí lo regula con carácter

enunciativo el artículo 116° del Código Tributario para el cobro de las deudas

tributarias diferentes de las municipales. Sin embargo, en líneas generales, la

Ley Nº 26979 otorga potestades al Ejecutor Coactivo para:

- Verificar el cumplimiento de los requisitos que determinan el carácter exigible

o no de las obligaciones de naturaleza no tributaria y tributaria municipal

contenidos en los artículos 9° y 25°, respectivamente, a fin de proceder al inicio

del procedimiento de cobranza coactiva mediante la correspondiente

notificación de la "Resolución de Ejecución Coactiva".

- Otro deber del Ejecutor Coactivo se ve referido a que el Ejecutor no debe

iniciar el procedimiento de ejecución coactiva sino hasta que venzan los plazos

fijados legalmente, para que el particular que se considere afectado pueda

formular los recursos administrativos pertinentes para impugnar el acto o

resolución administrativa que determina la obligación, plazo de interposición

que en el caso de los recursos de reconsideración, apelación o revisión

contemplados en el Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de

Procedimientos Administrativos es de quince (15) días hábiles, y en el caso del

recurso de reclamación y el de apelación ante el Tribunal Fiscal contra actos

administrativos tributarios es de veinte (20) y quince (15) días,

respectivamente, según el Código Tributario.

- Disponer se traben medidas cautelares previas a la ejecución coactiva sobre

la base de los artículos 17° y 28° de la Ley N° 26979 según se trate de la

ejecución de obligaciones no tributarias o tributarias de carácter municipal, así



como ejecutar las medidas cautelares y embargos que correspondan una vez

iniciado formalmente el procedimiento de ejecución coactiva.

- Disponer la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva en los

supuestos contemplados en los artículos 16° y 31 ° de la Ley N° 26979, según

se trate del cobro de obligaciones no tributarias o tributarias de nivel municipal,

respectivamente.

- Cumplir lo dispuesto por el Tribunal Fiscal en los casos en que el particular

sujeto a un procedimiento de ejecución coactiva referido a obligaciones

tributarias de carácter municipal, haya interpuesto queja al amparo de lo

establecido por el artículo 38° de la Ley N° 26979 ante dicho tribunal

administrativo "(...)contra las actuaciones o procedimientos del Ejecutor o

Auxiliar que le afecten directamente o infrinjan lo establecido en el presente

Capítulo", refiriéndose al Capítulo III de la Ley N° 26979 que regula el

procedimiento de cobranza coactiva para obligaciones tributarias de los

gobiernos locales.

- Resolver las tercerías formuladas por terceros ajenos al procedimiento de

ejecución coactiva que aleguen la propiedad del bien o bienes embargados.

Rematar los bienes embargados, cobrar el importe de la deuda, además de las

costas y gastos respectivos, entregando de ser el caso al ejecutado el

remanente, siguiendo las reglas establecidas en los artículos 21 ° y 37° de la

Ley N° 26979.

REQUISITOS DEL EJECUTOR COACTIVO

Según lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Nº 26979, son requisitos para

acceder al cargo de Ejecutor Coactivo:

- Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos

civiles;

- Tener título de abogado expedido o revalidado conforme a ley;

- No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso;



- No haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio Público o

de la Administración Pública o de empresas estatales por medidas

disciplinarias, ni de la actividad privada por causa o falta grave laboral;

- Tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo y/o

tributario; y,

- No tener ninguna otra incompatibilidad señalada por ley.

- Y tratándose de Municipalidades que no estén ubicadas en las

provincias de Lima y Callao, así como en las capitales de provincias y

departamentos, no será exigible el segundo requisito, bastando que el

Ejecutor tenga dos (2) años de instrucción superior o su equivalente en

semestres.

Como se puede observar, el legislador de la Ley N° 26979 ha sido

riguroso en los requisitos exigidos para que un profesional del Derecho

pueda acceder al cargo de Ejecutor Coactivo, a lo que se suma la

necesidad de que sea seleccionado mediante un concurso público de

méritos, lo que entendemos responde al mismo propósito de garantizar

en lo posible la Idoneidad en el ejercicio del cargo.

Nos parece necesario resaltar el conocimiento y experiencia que se les

exige en las especialidades de Derecho Administrativo y Tributario,

porque si bien la especialización en esta última rama ya era requerida

por el Código Tributario para los ejecutores coactivos, la de Derecho

Administrativo es indispensable para funcionarios que tienen a su cargo

precisamente el trámite de una de las modalidades de los

procedimientos administrativos que pueden afectar de manera

sumamente intensa a los particulares y que importa la ejecución

compulsiva de obligaciones nacidas exclusivamente en relaciones

jurídicas de derecho público que constan en actos administrativos.

En la modificación del texto del artículo 114° del Código Tributario,

dispuesta por la Ley N° 27038, se incorporaron a dicho cuerpo legal

prácticamente los mismos requisitos que la Ley N° 26979 exige para

acceder al cargo de Ejecutor Coactivo.



EL AUXILIAR COACTIVO

Es el funcionario administrativo que colabora directamente con el Ejecutor.

Así lo define el inciso d) del artículo 2° de la Ley Nº 26979.

En lo relacionado a los requisitos para ser designado Auxiliar constituye otra

innovación de la Ley N° 26979 el listado de requisitos señalados en su

artículo 6: (…)

El Auxiliar deberá reunir los siguientes requisitos

a) Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles;

b) Acreditar por lo menos el tercer año de estudios universitarios concluidos

en especialidades tales como Derecho, Contabilidad, Economía o

Administración, o su equivalente en semestres;

c) No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso;

d) No haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio Público o

de la Administración Pública o de empresas estatales por medidas

disciplinarias ni de la actividad privada, por causa o falta grave laboral;

e) Tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo y/o tributario;

f) No tener vínculo de parentesco con el Ejecutor, hasta el cuarto grado de

consanguinidad y/o segundo de afinidad; y,

g) No tener ninguna otra incompatibilidad señalada por ley.

6.2 Tratándose de Municipalidades que no estén ubicadas en las provincias

de Lima y Callao, así como en las capitales de provincias y departamentos,

no será exigible el requisito establecido en el literal b) precedente, bastando

que el Auxiliar tenga un año de instrucción superior o su equivalente en

semestres".

Es posible apreciar que los requisitos exigidos para ser designado Auxiliar,

aunque menores que los exigidos para ser Ejecutor, son considerablemente



superiores a los que se requerida en el régimen anterior a la Ley N° 26979.

Respecto a las funciones del Auxiliar Coactivo, la Ley Nº26979 contiene un

precepto que las describe específicamente:

Artículo 5°. - Función del Auxiliar Coactivo.

El Auxiliar tiene como función colaborar con el Ejecutor, delegándole éste

las siguientes facultades:

a) Tramitar y custodiar el expediente a su cargo;

b) Elaborar los diferentes documentos que sean necesarios para impulsar el

Procedimiento;

c) Realizar las diligencias ordenadas por el Ejecutor;

d) Suscribir las notificaciones, actas de embargo y demás documentos que

lo ameriten;

e) Emitir los informes pertinentes;

f) Dar fe de los actos en los que intervienen en el ejercicio de sus

funciones". De la lectura del precepto glosado queda claro que el Auxiliar

cumple un rol subordinado al Ejecutor, colaborando con la tramitación del

procedimiento coactivo.

II.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA DE OBLIGACIONES NO

TRIBUTARIAS

1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente capítulo es de aplicación exclusiva para la ejecución de

Obligaciones no tributarias exigibles coactivamente, provenientes de relaciones

jurídicas de derecho público.

2.- EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN



Se considera Obligación exigible coactivamente a la establecida mediante acto

administrativo emitido conforme a ley, debidamente notificado y que no haya

sido objeto de recurso impugnatorio alguno en la vía administrativa, dentro de

los plazos de ley o en el que hubiere recaído resolución firme confirmando la

Obligación. También serán exigibles en el mismo Procedimiento las costas y

gastos en que la Entidad hubiere incurrido durante la tramitación de dicho

Procedimiento.

También serán ejecutadas conforme a ley, las garantías otorgadas a favor de la

Entidad, dentro del Procedimiento establecido en la presente norma, cuando

corresponda.

3.- COSTAS

El Ejecutor, bajo responsabilidad, liquidará las costas ciñéndose al arancel de

costas procesales aprobado conforme a lo dispuesto por la presente Ley. En

caso de incumplimiento, el Obligado podrá exigir, de manera solidaria, al

Ejecutor, Auxiliar o la Entidad la devolución de cualquier exceso, incluyendo los

intereses correspondientes.

En ningún caso se efectuará cobro de costas y gastos cuando la cobranza se

hubiera iniciado indebidamente en contravención de esta Ley.

4.- COBRANZAS ONEROSAS.

Teniendo como base el costo del Procedimiento que establezca la Entidad y

por economía procesal, no se iniciará Procedimientos respecto de aquellas

deudas que, por su monto, resulten onerosas, quedando expedito el derecho

de la Entidad a iniciar el Procedimiento por acumulación de dichas deudas,

cuando así lo estime pertinente.

5.- ACTOS DE EJECUCIÓN FORZOSA

Los actos de ejecución forzosa regulados en el presente capítulo son los

siguientes:



a) Cobro de ingresos públicos distintos a los tributarios, nacidos en virtud de

una relación jurídica regida por el derecho público, siempre que corresponda a

las obligaciones a favor de cualquier Entidad, proveniente de sus bienes,

derechos o servicios distintos de las obligaciones comerciales o civiles y demás

del derecho privado;

b) Cobro de multas administrativas distintas a las tributarias, y obligaciones

económicas provenientes de sanciones impuestas por el Poder Judicial;

c) Demoliciones, construcciones de cercos o similares; reparaciones urgentes

en edificios, salas de espectáculos o locales públicos; clausura de locales o

servicios; y, adecuación a reglamentos de urbanización o disposiciones

municipales o similares, salvo regímenes especiales; Todo acto de coerción

para cobro o ejecución de obras, suspensiones, paralizaciones, modificación o

destrucción de las mismas que provengan de actos administrativos de

cualquier Entidad, excepto regímenes especiales.

6.- MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS

La Entidad, previa notificación del acto administrativo que sirve de título para el

cumplimiento de la Obligación y aunque se encuentre en trámite recurso

impugnatorio interpuesto por el Obligado, en forma excepcional y cuando

existan razones que permitan objetivamente presumir que la cobranza coactiva

puede devenir en infructuosa, podrá disponer que el Ejecutor trabe como

medida cautelar previa cualquiera de las establecidas en el artículo 33° de la

presente Ley, por la suma que satisfaga la deuda en cobranza.

Las medidas cautelares previas deberán sustentarse mediante el

correspondiente acto administrativo y constar en resolución motivada que

determine la Obligación, debidamente notificada.

La medida cautelar previa dispuesta no podrá exceder del plazo de treinta (30)

días hábiles. Vencido dicho plazo la medida caducará, salvo que se hubiere



interpuesto recurso impugnatorio, en cuyo caso se podrá prorrogar por un plazo

máximo de treinta (30) días hábiles.

Las medidas cautelares previas trabadas antes del inicio del Procedimiento no

podrán ser ejecutadas, en tanto no se conviertan en definitivas, luego de

iniciado dicho Procedimiento y vencido el plazo a que se refiere el artículo 14°

de la presente Ley, siempre que se cumpla con las demás formalidades.

Mediante medida cautelar previa no se podrá disponer la captura de vehículos

motorizados.

El Ejecutor levantará la medida cautelar previa si el Obligado otorga carta

fianza bancaria o presenta alguna otra garantía que, a criterio de la Entidad,

sea suficiente para garantizar el monto por el cual se trabó la medida.

El Ejecutor, por disposición de la Entidad, podrá ejecutar las medidas y

disposiciones necesarias en caso de ejecución de obra o demolición o

reparaciones urgentes o clausura de locales públicos, o actos de coerción o

ejecución forzosa, cuando esté en peligro la salud, higiene o seguridad pública.

7.- INICIO DEL PROCEDIMIENTO

El Procedimiento es iniciado por el Ejecutor mediante la notificación al Obligado

de la Resolución de Ejecución Coactiva, la que contiene un mandato de

cumplimiento de una Obligación dentro del plazo de siete (7) días hábiles de

notificado, bajo apercibimiento de dictarse alguna medida cautelar o de

iniciarse la ejecución forzada de las mismas en caso éstas ya se hubieran

dictado en base a lo dispuesto por el artículo 17° de la presente Ley.

8.- RESOLUCIÓN DE EJECUCIÓN COACTIVA

La Resolución de Ejecución Coactiva deberá contener, bajo sanción de nulidad,

los siguientes requisitos:

a) La indicación del lugar y fecha en que se expide;



b) El número de orden que le corresponde dentro del expediente o del

cuaderno en que expide;

c) El nombre del Obligado;

d) La identificación de la resolución o acto administrativo generador de la

Obligación, debidamente notificado, así como la indicación expresa del

cumplimiento de la obligación en el plazo de 7 días;

e) El monto total de la deuda objeto de la cobranza, indicando detalladamente

la cuantía de la multa administrativa, así como los intereses; o, en su caso, la

especificación de la obligación de hacer o no hacer objeto del Procedimiento;

f) La base legal en que se sustenta; y,

g) La suscripción del Ejecutor y el Auxiliar respectivo. No se aceptará como

válida la incorporación de la firma mecanizada, a excepción del caso de cobro

de multas impuestas por concepto de infracciones de tránsito y/o normas

vinculadas al transporte urbano.

La resolución de ejecución coactiva irá acompañada de copia de la resolución

administrativa a que se refiere el literal d) del numeral anterior.

9.- SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Ninguna autoridad ni órgano administrativo o político podrá suspender el

Procedimiento, con excepción del Ejecutor que deberá hacerlo, bajo

responsabilidad, cuando:

a) La deuda haya quedado extinguida o la obligación haya sido cumplida;

b) La deuda u obligación esté prescrita;

c) La acción se siga contra persona distinta al Obligado;

d) Se haya omitido la notificación al Obligado, del acto administrativo que sirve

de título para la ejecución;



e) Se encuentre en trámite recurso impugnatorio de reconsideración, apelación

o revisión, presentado dentro de los plazos de ley, contra el acto administrativo

que sirve de título para la ejecución;

f) Exista convenio de liquidación judicial o extrajudicial o acuerdo de

acreedores, de conformidad con las normas legales pertinentes o cuando el

Obligado haya sido declarado en quiebra;

g) Exista Resolución concediendo aplazamiento y/o fraccionamiento de pago;

y,

h) Cuando se trate de empresas en proceso de reestructuración patrimonial al

amparo del Decreto Legislativo Nº 845, Ley de Reestructuración Patrimonial, o

estén comprendidas dentro de los alcances del Decreto Ley Nº 25604;

Además del Ejecutor, podrá disponer la suspensión del Procedimiento el Poder

Judicial, sólo cuando dentro de un proceso de acción de amparo o de demanda

contencioso administrativa, exista medida cautelar firme.

El Obligado podrá solicitar la suspensión del Procedimiento, siempre que se

fundamente en alguna de las causales previstas en el presente artículo,

presentando al Ejecutor las pruebas correspondientes.

El Ejecutor deberá pronunciarse expresamente sobre lo solicitado, dentro de

los ocho (08) días hábiles siguientes. Vencido dicho plazo sin que medie

pronunciamiento expreso, el Ejecutor estará obligado a suspender el

Procedimiento, cuando el Obligado acredite el silencio administrativo con el

cargo de recepción de su solicitud.

Suspendido el Procedimiento, se procederá al levantamiento de las medidas

cautelares que se hubieran trabado.

10.- MEDIDAS CAUTELARES

Vencido el plazo de siete (7) días hábiles a que se refiere el artículo 14° sin que

el Obligado haya cumplido con el mandato contenido en la Resolución de



Ejecución Coactiva, el Ejecutor podrá disponer se trabe cualquiera de las

medidas cautelares establecidas en el artículo 33º de la presente Ley, o, en su

caso, mandará a ejecutar forzosamente la obligación de hacer o no hacer. El

Obligado deberá asumir los gastos en los que haya incurrido la Entidad, para

llevar a cabo el Procedimiento.

Cuando se trate de embargo en forma de inscripción, el importe de las tasas

registrales u otros derechos que se cobren por la anotación en el Registro

Público u otro Registro, deberá ser pagado por:

a) La Entidad, con el producto del remate, luego de obtenido éste, o cuando el

embargo se hubiese trabado indebidamente, o;

b) El Obligado, con ocasión del levantamiento de la medida.

11.- OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL TERCERO

El tercero no podrá informar al Obligado de la ejecución de la medida cautelar

hasta que se realice la misma. Si el tercero niega la existencia de créditos y/o

bienes, aun cuando éstos existan, estará obligado a pagar el monto que omitió

retener, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiera lugar.

Asimismo, si el tercero incumple la orden de retener y paga al Obligado o a un

designado por cuenta de aquél, estará obligado a pagar a la Entidad el monto

que debió retener.

En los casos a que se refieren los dos párrafos precedentes, sólo se podrá

imputar responsabilidad solidaria al tercero mediante la correspondiente

resolución emitida por el órgano competente de la Entidad, por el monto que

omitió retener.

La medida se mantendrá por el monto que el Ejecutor ordenó retener al tercero

y hasta su entrega al Ejecutor.



En caso que el embargo no cubra la deuda, podrá comprender nuevas cuentas,

depósitos, custodia u otros de propiedad del Obligado, la que no deberá

exceder la suma adeudada.

12.- DESCERRAJE

El Ejecutor sólo podrá hacer uso de medidas como el descerraje o similares

previa autorización judicial, cuando medien circunstancias que impidan el

desarrollo de las diligencias, y siempre que dicha situación sea constatada por

personal de las fuerzas policiales. Para tal efecto, el Ejecutor deberá cursar

solicitud motivada ante cualquier Juez Especializado en lo Civil, quien debe

resolver en el término de veinticuatro (24) horas, sin correr traslado a la otra

parte, bajo responsabilidad.

13.- TERCERÍA DE PROPIEDAD

El tercero que alegue la propiedad del bien o bienes embargados podrá

interponer tercería de propiedad ante el Ejecutor, en cualquier momento antes

de que se inicie el remate del bien.

La tercería de propiedad se tramitará de acuerdo con las siguientes reglas:

Sólo será admitida si el tercero prueba su derecho con documento privado de

fecha cierta, documento público u otro documento, que acredite

fehacientemente la propiedad de los bienes antes de haberse trabado la

medida cautelar.

Admitida la tercería de propiedad, el Ejecutor suspenderá el remate de los

bienes objeto de la medida y correrá traslado de la tercería al Obligado para

que la absuelva en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la

notificación. Vencido el plazo, con la contestación del Obligado o sin ella, el

Ejecutor resolverá la tercería dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, bajo

responsabilidad.

La resolución dictada por el Ejecutor agota la vía administrativa, pudiendo las

partes contradecir dicha resolución ante el Poder Judicial. En todo lo no



previsto por este artículo serán de aplicación las normas

pertinentes, respecto al trámite de tercería, contenidas en el Código Procesal

Civil.

14.- TASACIÓN Y REMATE

La tasación y remate de los bienes embargados, se efectuará de acuerdo a las

normas que para el caso establece el Código Procesal Civil.

Del producto del remate, el Ejecutor cobrará el monto de la deuda debidamente

actualizada, además de las costas y gastos respectivos, entregando al

Obligado y/o al tercero, de ser el caso, el remanente resultante.

El martillero designado para conducir el remate deberá emitir una póliza de

adjudicación, la cual deberá contener los requisitos establecidos en las normas

sobre comprobantes de pago, de modo que garanticen al adjudicatario

sustentar gasto o costo para efecto tributario y/o utilizar el crédito fiscal o el

crédito deducible.

15.- RESPONSABILIDAD

Sin perjuicio de la responsabilidad penal y/o administrativa que corresponda,

tanto el Ejecutor como el Auxiliar y la Entidad, serán responsables solidarios

civilmente por el perjuicio que se cause, en los siguientes casos:

a) Cuando se inicie un Procedimiento sin que exista acto o resolución

administrativa que determine la Obligación;

b) Cuando se inicie un Procedimiento sin que el acto o resolución

administrativa que determine la Obligación hubiese sido debidamente

notificado;

c) Cuando el Procedimiento se inicie sin esperar el vencimiento del plazo fijado

por ley, para impugnar el acto o la resolución administrativa que determine la

Obligación;



d) Cuando no se hubiese suspendido el Procedimiento, a pesar que el

Obligado hubiese probado fehaciente y oportunamente el silencio

administrativo positivo;

e) Cuando no levante la orden de retención sobre las cantidades retenidas en

exceso, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación

cursada por el agente retenedor;

f) Cuando ejecute las medidas cautelares y/o las garantías ofrecidas en

contravención a lo dispuesto en la presente Ley;

g) Cuando el monto obtenido por la ejecución de las garantías no sea

destinado a la cancelación o amortización de la deuda;

h) Cuando se incumpla con lo dispuesto por el Tribunal Fiscal, o en los casos

que corresponda conforme a ley; y, Cuando se incumpla con el procedimiento

establecido para la tercería de propiedad a que se refiere la presente Ley.

LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO DE

EJECUCIÓN COACTIVA.

La Responsabilidad Civil El no causar un daño a otro constituye uno de los tres

grandes pilares sobre los que se asienta el Derecho. (…) uno de los problemas

fundamentales que debe resolver todo ordenamiento sobre responsabilidad

reside en la contradicción que existe entre la protección de los bienes y

derechos de una persona y la libertad de comportamiento. Es decir, en una

colisión entre al menos dos esferas jurídicas con motivo de la lesión que el

titular de una de ellas haya sufrido en uno o varios de sus derechos

fundamentales (vida, integridad física y psíquica, honor, intimidad, propiedad,

patrimonio...) como consecuencia de la conducta o actividad del titular de la

otra.

Como resultado de ello quien pretende una reparación por los perjuicios que le

ha causado otra persona, necesita fundamentar su pretensión en una razón

suficiente que le legitime para ello, pues de otra manera su reclamación sería



indigna de protección jurídica debido a que la imposición de una obligación de

indemnizar supone una intromisión en la esfera de la libertad y del patrimonio

del obligado.

“Responsabilidad es la consecuencia final de la acción: reunidos todos los

requisitos que la ley exige, el individuo debe responder ante la sociedad. Esa

responsabilidad se traduce, en lo penal, en el cumplimiento de la pena, y en lo

civil – generalmente – en el pago de una indemnización.” Las interrogantes a

las que tradicionalmente había de responderse para imputar un daño a un

determinado sujeto se referían fundamentalmente a si intervino o no en el

hecho generador y a la naturaleza de esa intervención (relación causal), o a si

aun sin intervenir, había de responder del daño causado por otra persona por

mediar entre ellas una determinada relación, a si concurría o no algún motivo

por el que la víctima debía soportar el daño (juicio de juridicidad) y a si su

conducta era merecedora de un juicio de reproche más o menos intenso (dolo

o culpa).

Sin embargo, y tal como lo refiere Carlos Flores Alfaro “En el Derecho

moderno, la doctrina ha considerado que además de la obligación de responder

por los hechos propios, también existe la posibilidad de responder por

situaciones ajenas, llamadas también "responsabilidades complejas", como los

casos de las denominadas responsabilidades por hecho ajeno o por hecho de

las cosas.”. Siendo esto así, el moderno Derecho de daños ahora centra su

atención no tanto en el reproche de la conducta del agente sino que se

preocupa en la búsqueda de soluciones jurídicas que garanticen a la víctima

una efectiva satisfacción cuando no existan razones que justifiquen que sea

ella quien soporte el perjuicio.

Por ello “La responsabilidad civil, en tanto remedio, tiene que cumplir

determinadas funciones que justifiquen su existencia y funcionalidad en nuestra

realidad. Así tenemos que estas funciones (que son meramente enunciativas y

de ningún modo las únicas) se clasifican en dos grupos:



a) Funciones respecto de la víctima.

b) Funciones respecto de su impacto social.

Clasificación de la Responsabilidad Civil Dentro de las clases de

responsabilidad tenemos:

- Responsabilidad Contractual: La cual surge ante infracción de un contrato

válido de lo estipulado penalmente por las partes contratantes. De acuerdo a la

definición de los Mazeaud, es aquella que resulta del incumplimiento de una

obligación nacida de un contrato. Esta responsabilidad se contrapone a la

responsabilidad extracontractual en el concepto clásico, originada por delito o

cuasidelito; aunque ambas coincidan en el concepto básico de la reparación de

un daño y del resarcimiento de un perjuicio por el causante de una u otra, a

favor de la víctima de tales actos u omisiones o de los derecho habientes del

perjudicado. La fuente de la primera es la voluntad de los particulares, de la

segunda es la ley. Cabe pactar y aun renunciar a la responsabilidad

contractual, mientras se estime contraria al orden público jurídico la renuncia

previa a la exigencia de la responsabilidad extracontractual. La responsabilidad

contractual que procede de dolo puede exigirse en todas las obligaciones, sin

que se reconozca la validez de la previa renuncia. La procedente de

negligencia resulta exigible también en todas las obligaciones, pero se entrega

al arbitrio judicial el regularla según los casos. De no existir expresa obligación,

o de no determinarlo la ley, no se responde del caso fortuito o de la fuerza

mayor que impiden el cumplimiento de una obligación. La responsabilidad

contractual comprende dos partes: la reparación del daño y la indemnización

de perjuicios; pero se valora de distinta manera según la culpa del responsable.

Cuando existe buena fe, los daños y perjuicios se concretan a los previstos o a

los previsibles al tiempo de constituirse la obligación, y los que sean necesaria

consecuencia del incumplimiento. En cambio, el deudor doloso responde

cuantos daños y perjuicios se deriven de no haber cumplido la obligación. Por

defecto de imputabilidad, aun habiendo contraído válidamente una obligación



contractual, no surge la responsabilidad del incumplimiento posterior por

sobrevenida incapacidad, y siempre que su representante haya procedido con

la diligencia adecuada para evitar, por su parte, el daño o perjuicio de otro.

Procesalmente, quien exige la responsabilidad civil contractual ha de probar la

existencia de la relación obligatoria y el incumplimiento de lo debido, mientras

al obligado corresponde alegar la justa causa de liberación.

- Responsabilidad Extracontractual: La exigible por culpa de tercero, cuando

medio dolo o culpa, y aun por declaración legal sin acto ilícito ni negligencia del

que resulte así responsable. Desde el criterio de la relación de causalidad, la

responsabilidad extracontractual va evolucionando del criterio antiguo subjetivo

(de auténtica responsabilidad por culpa) al moderno sistema objetivo, aun sin

culpa, sin más que el hecho de ser autor del daño o perjuicio.

Los elementos de la responsabilidad civil extracontractual surgen de los sujetos

de esta responsabilidad: la víctima, el perjudicado por el daño (o sus

causahabientes); y el responsable, autor culpable o doloso de los hechos. El

elemento objetivo lo configura el daño, porque el simple desagrado u otro

elemento psicológico carecen de relieve económico jurídico, fundamento de

esta responsabilidad. El elemento subjetivo lo integra la culpa y la negligencia,

el descuido, ignorancia o imprudencia sin deseo de causar el perjuicio. El caso

fortuito impide el nacimiento de esta responsabilidad extracontractual y también

si el daño es consecuencia de la naturaleza de la cosa. La acción para

indemnizar daños y perjuicios de esta índole requiere justificarlos debidamente

como consecuencia necesaria de la acción u omisión imputable a la persona

natural o jurídica demandada, por razón de su culpa o por negligencia. No hay

responsabilidad por los actos lícitos, originados en mandato de la ley, o en

situaciones excepcionales de excepción de responsabilidad. La responsabilidad

por culpa puede serlo sin culpa del responsable, a través de una declaración

legal que atribuye las consecuencias de actos ajenos a personas que deben

cuidar de los reales autores, o cuando los hechos se deban a animales o

cosas.



La Responsabilidad Civil Profesional a decir de Jorge Mosset, profesional será

“quien realiza una tarea con habitualidad y afán de lucro, puesto que vive del

producto de ese quehacer; su opuesto es el aficionado o el amateur”. Puede

darse algún tipo de cuestionamiento a este tipo de tratamiento especializado de

responsabilidad en razón de las personas, pero existen razones por las cuales

es necesario regular la responsabilidad de los profesionales en la medida a

estos le están encomendados los bienes más preciados del hombre, tanto en lo

extra patrimonial como en lo patrimonial: la salud, sus conflictos, las cuestiones

del mercado, la construcción de obras para vivir, circular, trabajar, etc., la

comunicación, el acopio de datos, etc. Como también que su saber es de alta

especialidad, predominantemente científico, aunque la técnica o el arte no

estén alejados de su formación; de ahí que sólo ellos puedan desempeñarse

en sus campos respectivos, con exclusividad, estando vedado el ingreso a la

actividad a quienes no tienen el mismo título.

Es necesario reconocer que el profesional puede suministrar su obra no sólo a

través de una relación contractual: ya sea porque este contrato no ha sido

fuente de la prestación del servicio (por ejemplo, la curación de un enfermo

inconsciente) o porque, aun existiendo el contrato, el profesional excede los

límites del encargo recibido. Además de los dos supuestos anteriores y de

manera preliminar, ha de reconocerse que el ejercicio de las profesiones

intelectuales puede producirse también en la forma de trabajo subordinado y

que se brinda en una institución que tiene incorporados a estos profesionales,

en esos casos también tenemos que analizar los supuestos de responsabilidad

indirecta.

Por lo demás, la ubicación de las normas referentes a la prestación de servicios

profesionales contenida en el libro de los contratos resulta un indicativo de la

intención del legislador de 1984 de regular su ejercicio, según la concepción

tradicional bajo la forma de trabajo independiente cuya fuente generadora de la

prestación es el contrato, de otro lado no debe considerarse vinculante y

entender que sólo existirá el desempeño del profesional bajo un contrato, ya



que, como se ha señalado, también un profesional podrá ser responsable a

título extracontractual en caso de un eventual daño al cliente.

Tipos de Responsabilidad Derivadas de las Funciones dentro del

Procedimiento de Cobranza Coactiva La Ley N° 26979 señala: “Artículo 22.-

Responsabilidad. Sin perjuicio de la responsabilidad penal y/o administrativa

que corresponda, tanto el Ejecutor como el Auxiliar y la Entidad, serán

responsables solidarios civilmente por el perjuicio que se cause, en los

siguientes casos:

a) Cuando se inicie un Procedimiento sin que exista acto o resolución

administrativa que determine la Obligación;

b) Cuando se inicie un Procedimiento sin que el acto o resolución

administrativa que determine la Obligación hubiese sido debidamente

notificado;

c) Cuando el Procedimiento se inicie sin esperar el vencimiento del plazo fijado

por ley, para impugnar el acto o la resolución administrativa que determine la

Obligación;

d) Cuando no se hubiese suspendido el Procedimiento a pesar que el Obligado

hubiese probado fehaciente y oportunamente el silencio administrativo positivo;

e) Cuando no levante la orden de retención sobre las cantidades retenidas en

exceso, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación

cursada por el agente retenedor;

f) Cuando ejecute las medidas cautelares y/o las garantías ofrecidas en

contravención a lo dispuesto en la presente ley;

g) Cuando el monto obtenido por la ejecución de las garantías no sea

destinado a la cancelación o amortización de la deuda;

h) Cuando se incumpla con lo dispuesto por el Tribunal Fiscal, o en los casos

que corresponda conforme a ley; y,



i) Cuando se incumpla con el procedimiento establecido para la tercería de

propiedad a que se refiere la presente ley.

j) Cuando se traben medidas cautelares sobre bienes que tengan la calidad de

inembargables expresamente establecida por Ley. La exigencia de

responsabilidad patrimonial del Ejecutor, el Auxiliar o la Entidad, se establecerá

de acuerdo a las vías procedimentales previstas en la Ley Nº 27584, Ley del

Proceso Contencioso Administrativo.”

De lo cual se desprende que a través de esta norma se da nacimiento a un

mismo tratamiento sobre autonomía de responsabilidades, tanto para el

Ejecutor como el Auxiliar Coactivo a raíz de la comisión de cualquiera de estos

presupuestos, presentando como sustento el “(…) garantizar a los obligados el

respeto del "debido procedimiento coactivo" a que se refiere la última parte del

artículo 1 ° de dicha ley.

Esta autonomía de responsabilidades parte de la aceptación general, en la

doctrina y en la jurisprudencia, de la posibilidad de exigir responsabilidad al

funcionario público - por una misma conducta - tanto en el orden penal como en

el administrativo (régimen disciplinario) y civil, en tanto que en cada orden se

tutelan bienes jurídicos distintos que justifican el ejercicio del ius puniendi por

los Tribunales; la potestad disciplinaria de la Administración[16] y del principio

del alterum non laedere en materia de responsabilidad civil.

Atribuir responsabilidad implica que mediante la coerción estatal, se obliga al

agente a “responder” por las consecuencias lesivas de sus acciones sobre los

bienes jurídicos, pues estos constituyen intereses vitales de la comunidad o del

individuo, que debido a su importancia social son protegidos jurídicamente. La

protección jurídica implica que a través del Ordenamiento Jurídico se realiza

una valoración positiva de los bienes o intereses sociales, creando los

presupuestos imprescindibles para preservar su permanencia e indemnidad, lo

cual se concretiza recurriendo a la creación de normas jurídicas en las cuales

subyace el juicio de valor del bien jurídico.



Como podemos constatar, esta autonomía de responsabilidades es recogida

por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General- que

consigna que: “243.1 Las consecuencias civiles, administrativas o penales de la

responsabilidad de las autoridades son independientes y se exigen de acuerdo

a lo previsto en su respectiva legislación 243.2 Los procedimientos para la

exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las

entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo

disposición judicial expresa en contrario”.

a.- Responsabilidad Administrativa Funcional

A fin de proteger bienes jurídicos cuyo interés trasciende la esfera particular

interviene el Estado ejerciendo su Jus Puniendi estatal, entendido como la

potestad que tiene de imponer tanto sanciones como penas a quienes infringen

las normas protectoras de los bienes jurídicos. Es en virtud de ello, que la

doctrina dominante señala que el Jus Puniendi del Estado se divide en dos

grandes brazos constituidos por el Derecho Penal y el Derecho Administrativo

Sancionador, los que son especies del mismo género cada uno con sus propios

y distintivos mecanismos de funcionamiento. “La justificación generalmente

aceptada, tanto por los autores como por la jurisprudencia, es que cuando se

imponen sanciones administrativas, igual que cuando los jueces imponen

penas, se ejerce el ius puniendi del Estado. Se parte de que el Estado tiene un

ius puniendi único, que según decida la ley, unas veces será ejercido por

jueces y, otras, por autoridades administrativas. Esto justifica que, con muchas

matizaciones y cautelas, se apliquen algunos principios penales a la actividad

administrativa sancionadora.

Así, este tipo de responsabilidad se fundamenta en la violación de un deber

jurídico y nace como producto de la relación especial entre el agente público y

el Estado.

Se protege el respeto a las normas y la integridad de la Administración Pública.

La transgresión puede darse a una normativa de tipo general o específica y



puede ser dolosa o culposa. El artículo 7.2 de la Ley Nº 26979 dispone que

―Tanto el Ejecutor como el Auxiliar ingresarán como funcionarios de la Entidad

a la cual representan y ejercerán su cargo a tiempo completo y dedicación

exclusiva…‖ y la actual Constitución Política del Perú consigna en su artículo

39 el que “Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la

Nación…” pero ¿a quién debemos de considerar como funcionario público y

por ende como sujeto activo sobre el que recaerá este tipo de

responsabilidad?. En un primer intento de respuesta tendremos que un

funcionario público es quien realiza función pública, la que según la Ley del

Código de Ética de la Función Pública – Ley Nº 27815 - en su artículo 2 es

definida como “…toda actividad temporal o permanente, remunerada u

honoraria, realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades

de la Administración Pública, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”.

Revisando la Convención Interamericana contra la Corrupción – D.S.Nº 012-

97-RE, publicada el 24.03.1997 – se tiene que se define al funcionario público

como el “”Oficial Gubernamental”, “Servidor Público”, cualquier funcionario o

empleado del Estado o de sus entidades incluidos los que han sido

seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones

en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles

jerárquicos”. Finalmente, para el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera

Administrativa – D.S. Nº 005-90-PCM – es el “Ciudadano que es elegido o

designado por autoridad competente, conforme al ordenamiento legal, para

desempeñar cargos del más alto nivel en los poderes públicos y los organismos

públicos con autonomía”.

Respecto a la Responsabilidad Administrativa Funcional, la Ley 27444 dispone:

“Artículo 239.- Faltas administrativas Las autoridades y personal al servicio de

las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual,

incurren en falta administrativa en el trámite de los procedimientos

administrativos a su cargo y, por ende, son susceptible de ser sancionados

administrativamente con amonestación, suspensión, cese o destitución



atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la

intencionalidad con que hayan actuado…” Y la Novena Disposición Final de la

Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloría General de la República – consigna: “Es aquella en la que incurren

los servidores y funcionarios por haber contravenido el ordenamiento jurídico

administrativo y las normas internas de la entidad a la que perteneces, se

encuentre vigente o extinguido el vínculo laboral o contractual al momento de

su identificación durante el desarrollo de la acción de control. Incurren también

en responsabilidad administrativa funcional los servidores y funcionarios

públicos que en el ejercicio de sus funciones, desarrollaron una gestión

deficiente, para cuya configuración se requiere la existencia, previa a la

asunción de la función pública que corresponda o durante el desempeño de la

misma, de mecanismos objetivos o indicadores de mediación de eficiencia”.

Establecidos estos criterios, concluiremos que en el ámbito de las

responsabilidades de tipo administrativo tanto los Ejecutores como los

Auxiliares Coactivos son responsables por cualquier contravención que

cometan a las normas que regulan ya sea el régimen disciplinario de la carrera

administrativa o cualquier otra norma legal de carácter presupuestal o sectorial,

cualquiera fuera el régimen laboral, público o privado, que les fuera aplicable.

b.- Responsabilidad Penal

Este tipo de responsabilidad es definida por la Novena Disposición Final de la

Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloría General de la República – como “aquella en la que incurren los

servidores y funcionarios públicos que en ejercicio de sus funciones han

efectuado un acto u omisión tipificado como delito”. “En otras palabras, se trata

de los llamados delitos especiales propios. En estos delitos la autoría se limita

al círculo de las personas cualificadas o autores idóneos mencionados en el

tipo, mediante los elementos descriptivos especiales del sujeto de hecho.

De manera sencilla se puede afirmar que en estos casos el extraneus no puede



ser autor de estos hechos punibles, ni como autor directo ni como autor

mediato ni como coautor. Sólo es posible, desde esta óptica, la participación

como complicidad como por instigación.” Estos delitos son tipificados por el

Código Penal – aprobado por Decreto Legislativo Nº 635 - en su Título XVIII –

Sobre los Delitos contra la Administración Pública-y Capítulo II – Sobre los

Delitos cometidos por Funcionarios Públicos. Son características de estos

delitos:

- Delitos inherentes a la función: Las conductas devendrían en no punibles si

las realizan particulares, sólo califican como delito porque el sujeto activo, en

razón de su cargo, tiene la obligación de proceder en un sentido determinado.

- Delitos de base común: Conductas punibles para ambas situaciones (pública

o privada), tales conductas no protegen un valor o principio de la

Administración Pública sino son trascendentes a todo escenario.

- Delitos agravados por la Función Pública: La calidad de funcionario la agrava.

Se trata de proteger el correcto funcionamiento de la Administración Pública

materializado en: el ejercicio de funciones y servicios públicos bajo pautas de

corrección y sometimiento a la legalidad; la observancia de los deberes del

cargo o empleo; la regularidad y desenvolvimiento normal de su ejercicio; el

prestigio y dignidad de la función; la probidad de sus agentes (integridad y

honradez en el actuar); el patrimonio público; la imparcialidad en el desempeño

decisional y la disciplina fiscal.

Concluiremos así que, en el ámbito de las responsabilidades de tipo penal es

claro que la condición de funcionario público y titular del procedimiento de

cobranza coactiva que le asigna expresa y exclusivamente la Ley N° 26979 al

Ejecutor Coactivo, ya estuviera bajo las normas del régimen laboral público o

privado, lo hace susceptible de ser denunciado por cualquiera de los delitos

contenidos en el Capítulo II "Delitos cometidos por funcionarios públicos"

(artículos 376º a 401º-B) del Título XVIII "Delitos contra la administración de

justicia" del Código Penal.



c.- Responsabilidad Civil

La principal novedad en lo referido a la responsabilidad del Ejecutor Coactivo

es el extenso listado de conductas enunciadas en el artículo 22° de la Ley N°

26979 (aplicable también según lo dispone el artículo 39° a los procedimientos

de cobranza coactiva a cargo de las municipalidades para la recaudación de

sus tributos), que podrían dar lugar a la posible imputación de responsabilidad

civil por los perjuicios que causen no sólo del Ejecutor, sino también y con

carácter solidario del respectivo Auxiliar Coactivo y la Entidad pública

ejecutante. De lo expuesto anteriormente, determinaremos que la

responsabilidad civil del funcionario público puede darse Respecto a la

Administración Pública, al haberle generado un daño económico al incumplir

sus funciones. Este tipo de responsabilidad es de carácter contractual. En

cuanto al factor de atribución, se requiere la presencia de dolo, culpa

inexcusable y culpa leve. En cuanto a la conducta antijurídica, se precisa que el

daño económico tiene que ser ocasionado por incumplimiento de las funciones

propias del funcionario o servidor público. En cuanto a la relación de

causalidad, el daño puede ser ocasionado tanto por acción como por omisión

respecto a un administrado. El tipo de responsabilidad sobre la que se ve

circunscrita es el de la Responsabilidad Extracontractual, al no ser producto de

una relación obligacional previa. El factor de Atribución será subjetivo, es decir,

sustentado en el dolo o culpa (artículo 1969 del C.C.).[22] No serán admisibles

las cláusulas de limitación o exoneración de responsabilidad (artículo 1986 del

C.C.). La relación de causalidad es la de la causa adecuada‖ (artículo 1985 del

C.C.). En cuanto la carga de la prueba, se establece que se presume el dolo y

la culpa y el descargo corresponde al dañante (artículo 1069 del C.C.). En

cuanto a la intervención de terceros, es en este tipo de responsabilidad en

donde se encuentra ubicada la responsabilidad denominada como vicaria

(artículo 1981).

A continuación analizaremos los Elementos Constitutivos de la

Responsabilidad Civil a efectos de determinar la pertinencia de la incorporación



de la responsabilidad civil extracontractual solidaria entre el Ejecutor Coactivo y

el Auxiliar Coactivo respecto al administrado:

I.- Imputabilidad: A la pregunta ¿el sujeto tiene capacidad para ser responsable

por los daños que ocasiona? debemos nuevamente remitirnos a lo dispuesto

por el artículo 3º de la Ley 26979 que señala que “El Ejecutor Coactivo es el

titular del Procedimiento y ejerce, a nombre de la Entidad, las acciones de

coerción para el cumplimiento de la Obligación, de acuerdo a lo establecido en

esta Ley. Su cargo es indelegable” de lo cual se desprende que quien ejerce

autoridad de modo exclusivo dentro del procedimiento de cobranza coactiva es

el ejecutor y no el Auxiliar Coactivo, quien pese a ser funcionario público se

encuentra subordinado a las órdenes del Ejecutor Coactivo (“El Auxiliar tiene

como función colaborar con el Ejecutor”). Esta subordinación incluso haya su

justificación en razón de la especialización en el conocimiento que debe tener

el Ejecutor Coactivo frente al Auxiliar Coactivo (para quien no se exige que sea

de la carrera de derecho o en su caso que la haya concluido).

“… la obligación de indemnizar se deriva única y exclusivamente de la manera

– adecuada o inadecuada – como el individuo ha ejercido su libertad. Allí donde

no existe libre decisión, tampoco puede haber responsabilidad.”

II.- Ilicitud: (¿Es justificado el daño que ocasiona?) Resulta evidente pues que

la justificación del daño girará en torno a si han o no configurado los supuestos

señalados por la Ley Nº 26979 en sus artículos 22 y 39 a efectos de determinar

si procede o no la reparación de éste y teniendo en consideración el anterior

elemento, deberá ir referido a si el titular del procedimiento ha llevado o no éste

conforme lo dispuesto por la normatividad aplicable.

III.- Factor de Atribución: (¿A título de qué se es responsable?) Como

mencionamos, nuestra legislación en este sentido ha optado por establecer que

este tipo de responsabilidad es por dolo o culpa a fin de que se logre la

reparación el menoscabo causado.



IV.- Daño: (¿Cuáles son las consecuencias negativas derivadas de la lesión?)

El daño civil es el menoscabo a las facultades jurídicas que tiene una persona

para disfrutar de un bien patrimonial o extra patrimonial. El daño para ser

indemnizable deberá ser cierto e indubitable y ocasionado por alguien diferente

a la víctima. La Ley Nº 26979 no hace alusión expresa de sobre qué tipo de

daño será el reparable por lo que se deberá interpretar en función de lo

señalado por el Código Civil.

Nexo causal: (¿Hay relación entre el hecho y el daño?) Como nexo causal

debemos entender el vínculo que debe existir entre el hecho que origina la

responsabilidad y el perjuicio. Ambos elementos deben mantener una relación

clara de causa-efecto, de lo contrario no se configuraría la imputabilidad. Para

efectos de la imputabilidad en este caso, deberá configurarse la causa

adecuada entre los supuestos recogidos por el artículo 22 de la Ley Nº 26979 y

el daño.

EL CÓDIGO CIVIL Y LA DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD POR

HECHO DE LOS DEPENDIENTES

“La regla de la responsabilidad vicaria, asociada históricamente en el Common

Law y en el Civil Law, con las relaciones entre amo y criado y con las de

dependencia familiar, aborda en la actualidad los problemas derivados del

funcionamiento y gestión de organizaciones mucho más complejas que la casa

y la familia en una economía caracterizada por el desarrollo progresivo de la

división del trabajo.”

Analizada la responsabilidad civil entre el Ejecutor Coactivo y el Auxiliar

Coactivo, corresponderá hacer lo propio respecto a la responsabilidad por

hecho de los dependientes que surge entre la Administración Pública y el

Ejecutor Coactivo.

Señala Carlos Flores Alfaro: ―En el Derecho moderno, la doctrina ha

considerado que además de la obligación de responder por los hechos propios,



también existe la posibilidad de responder por situaciones ajenas, llamadas

también "responsabilidades complejas", como los casos de las denominadas

responsabilidades por hecho ajeno o por hecho de las cosas."

Es así que si bien es frecuente que las personas físicas respondan por su

propia conducta negligente y dañina, es mucho más frecuente que las

personas físicas y jurídicas lo hagan por la conducta negligente y dañina de un

tercero “… vinculado con el responsable por una relación de agencia,

dependencia u otras similares determinadas por la ley o por el case law. Se

habla entonces de responsabilidad vicaria o por el hecho de otro (Respondeat

Superior). Las mayores solvencia y capacidad de afrontar los costes de

transacción de quien ha de responder por el hecho ajeno justifican que lo haga

antes que el causante del daño o en lugar suyo.” Partiendo de esta idea,

tendremos que el régimen de responsabilidad patrimonial de las

administraciones, tiene rasgos generales que podrían concretarse en las

siguientes notas:

a) Es una responsabilidad de carácter general y unitario, en cuanto se acogen

a ella todo tipo de actuaciones y omisiones de todas las administraciones

públicas (la del Estado, comunidades autónomas, la local e institucional).

b) Se trata de una responsabilidad directa y no sólo subsidiaria, pues se genera

como consecuencia de la producción de lesiones (que el perjudicado no tiene

el deber de soportar) y ello tanto si es posible imputar los daños y perjuicios a

un sujeto determinado (funcionario o autoridad) como si la producción del daño

ha sido impersonal o anónima. Pero incluso en el caso de que la actividad

lesiva sea claramente imputable a un sujeto determinado, en cuya actuación

haya concurrido culpa, dolo o negligencia, será la Administración dentro de la

cual se inserte éste la que deberá responder, sin perjuicio de repetir después

contra aquél.

c) Es una responsabilidad objetiva, ajena e independiente a los conceptos de

culpa o negligencia, generándose simplemente por los perjuicios causados al



particular como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos y,

sin que tenga relevancia alguna la concurrencia de ambos factores, como

decíamos (culpa o negligencia) para generar, en el particular afectado, el

derecho a ser indemnizado. Ambos conceptos sólo tendrán relevancia interna

al actuar como condicionantes del reparto de la carga de resarcir al particular

lesionado.

d) Por último, el sistema –que es de derecho público– pretende de forma

tendencial una reparación integral. Se habrá de pagar un valor de reposición o

sustitución, y añadirse los beneficios perdidos y los intereses de demora. Así y

en mérito a lo señalado es que el artículo 1981 del Código Civil se dispone

“Aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por

éste último, si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento

del servicio respectivo. El autor directo y el autor indirecto están sujetos a

responsabilidad solidaria”, siendo interpretado por la jurisprudencia que al

respecto ha señalado:

- El ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, se establece tras

determinar la relación de causalidad adecuada existente entre el hecho y el

daño producido, pero además alcanza a aquellos que tengan a otras bajos sus

órdenes, siempre que el sujeto subordinado cause el daño en el ejercicio del

cargo que desempeña o en cumplimiento de un servicio, convirtiéndose

también en centro de imputación del resultado lesivo” (Cas. Nº 2548-99-La

Libertad, El Peruano. 07-04-2000, p. 4990).

El Artículo 1981 del Código Civil prevé la llamada responsabilidad vicaria,

alternativa o substituía, que más bien es un tipo de responsabilidad

acumulativa que encuentra parte de su sustento en la culpa in eligiendo e in

vigilando de parte del principal; este tipo de responsabilidad atañe sólo a quien

sin ser el autor directo del hecho, responde objetivamente por el daño

producido por éste, en virtud de haber existido entre ambos una relación de

dependencia, presupuesto que constituye una condición sin la cual no es



posible establecer un nexo causal hipotético entre el resultado lesivo y el autor

indirecto” (Cas. Nº 2548-99-La Libertad, El Peruano, 07-04-2000, p. 4990).

16.- REVISIÓN JUDICIAL DEL PROCEDIMIENTO

Sólo después de concluido el Procedimiento, el Obligado podrá interponer

demanda ante la Corte Superior dentro de un plazo de quince (15) días hábiles

de notificada la resolución que pone fin al Procedimiento.

Al resolver, la Corte Superior examinará únicamente si se ha tramitado el

Procedimiento conforme a ley, sin que pueda entrar al análisis del fondo del

asunto o de la procedencia de la cobranza o, en su caso, de la procedencia de

la obligación de hacer o no hacer.

III.- PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA PARA OBLIGACIONES

TRIBUTARIAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES

1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las normas contenidas en el presente capítulo se aplicarán exclusivamente al

Procedimiento correspondiente a obligaciones tributarias a cargo de los

Gobiernos Locales.

2.- DEUDA EXIGIBLE COACTIVAMENTE

Se considera deuda exigible:

a) La establecida mediante Resolución de Determinación o de Multa, emitida

por la Entidad conforme a ley, debidamente notificada y no reclamada en el

plazo de ley;

b) La establecida por resolución debidamente notificada y no apelada en el

plazo de ley, o por Resolución del Tribunal Fiscal;

c) Aquella constituida por las cuotas de amortización de la deuda tributaria

materia de aplazamiento y/o fraccionamiento pendientes de pago, cuando se

incumplan las condiciones bajo las cuales se otorgó ese beneficio, siempre y



cuando se haya cumplido con notificar al deudor la resolución que declara la

pérdida del beneficio de fraccionamiento y no se hubiera interpuesto recurso

impugnatorio dentro del plazo de ley; y,

d) La que conste en una Orden de Pago emitida conforme a Ley.

La Administración Tributaria de los Gobiernos Locales únicamente emitirá

Órdenes de Pago en los casos establecidos en los numerales 1 y 3 del artículo

78º del Código Tributario. Para los demás supuestos deberá emitir

Resoluciones de Determinación. 25.3. El Ejecutor tiene, asimismo, la facultad

de ejecutar las garantías otorgadas a favor de la Entidad por los deudores

tributarios y/o terceros, cuando corresponda, con arreglo al Procedimiento

establecido por la ley de la materia.

También serán exigibles en el mismo Procedimiento las costas y los gastos en

que la Entidad hubiera incurrido en la cobranza coactiva de las deudas

tributarias.

3.- COSTAS

El Ejecutor, bajo responsabilidad, liquidará las costas ciñéndose al arancel de

costas procesales aprobado conforme a lo dispuesto por la presente Ley. En

caso de incumplimiento, el Obligado podrá exigir, de manera solidaria, al

Ejecutor, Auxiliar o la Entidad la devolución de cualquier exceso, incluyendo los

intereses correspondientes.

En ningún caso se efectuará cobro de costas y gastos cuando la cobranza se

hubiera iniciado indebidamente en contravención de esta Ley.

4.- COBRANZAS ONEROSAS

Teniendo como base el costo del Procedimiento que establezca la Entidad y

por economía procesal, no se iniciarán Procedimientos respecto de aquellas

deudas que, por su monto, resulten onerosas, quedando expedito el derecho

de la Entidad a iniciar el Procedimiento por acumulación de dichas deudas,

cuando así lo estime pertinente.



5.- MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS

Los Ejecutores podrán trabar medidas cautelares previas para garantizar el

pago de las deudas tributarias, ciñéndose estrictamente a lo dispuesto en el

artículo 13° de la presente ley.

En ningún caso los Ejecutores de los Gobiernos Locales podrán aplicar lo

dispuesto por los artículos 56º, 57º y 58º del Código Tributario.

El Ejecutor levantará la medida cautelar previa si el Obligado otorga carta

fianza bancaria o presenta alguna otra garantía que, a criterio de la Entidad,

sea suficiente para garantizar el monto por el cual se trabó la medida.

6.- INICIO DEL PROCEDIMIENTO

El Procedimiento es iniciado por el Ejecutor mediante la notificación al Obligado

de la Resolución de Ejecución Coactiva, la que contiene un mandato de

cumplimiento de la obligación exigible coactivamente, dentro del plazo de siete

(7) días hábiles de notificado, bajo apercibimiento de dictarse alguna medida

cautelar.

7.- RESOLUCIÓN DE EJECUCIÓN COACTIVA

La Resolución de Ejecución Coactiva deberá contener los mismos requisitos

señalados en el artículo 15º de la presente Ley. Artículo 31º.- Suspensión del

Procedimiento.

Además de las causales de suspensión que prevé el artículo 16º de la presente

Ley, el Ejecutor, bajo responsabilidad, también deberá suspender el

Procedimiento en los siguientes casos:

a) Cuando existiera a favor del interesado anticipos o pagos a cuenta del

mismo tributo, realizados en exceso, que no se encuentren prescritos;

b) Cuando lo disponga el Tribunal Fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo

38º;



c) Cuando se haya presentado, dentro de los plazos de ley, recurso

impugnatorio de reclamación; de apelación ante la Municipalidad Provincial de

ser el caso; apelación ante el Tribunal Fiscal o demanda contencioso

administrativa que se encontrara en trámite.

Excepcionalmente, tratándose de Órdenes de Pago y cuando medien

circunstancias que evidencien que la cobranza pueda ser improcedente, la

Entidad debe admitir la reclamación sin pago previo, siempre que ésta sea

presentada dentro del plazo de veinte días hábiles siguientes al de la

notificación de la Orden de Pago, suspendiendo la cobranza coactiva hasta que

la deuda sea exigible coactivamente.

En los casos en que se hubiera trabado embargo y se disponga la suspensión

del Procedimiento, procederá el levantamiento de las medidas cautelares que

se hubieren trabado.

Además del Ejecutor, el Poder Judicial podrá disponer la suspensión del

Procedimiento sólo cuando dentro de un proceso de acción de amparo, exista

medida cautelar firme.

El Obligado podrá solicitar la suspensión del Procedimiento, siempre que se

fundamente en alguna de las causales previstas en el presente artículo o en el

artículo 19° de la presente Ley, presentando al Ejecutor las pruebas

correspondientes.

A excepción del mandato judicial expreso, el Ejecutor deberá pronunciarse

expresamente sobre lo solicitado, dentro de los quince (15) días hábiles

siguientes. Vencido dicho plazo sin que medie pronunciamiento expreso, el

Ejecutor está obligado a suspender el procedimiento cuando el Obligado

acredite el silencio administrativo con el cargo de recepción de su solicitud.

Suspendido el Procedimiento, se procederá al levantamiento de las medidas

cautelares que se hubieran trabado.

8.- MEDIDAS CAUTELARES



Vencido el plazo a que se refiere el artículo 29º de la presente ley, el Ejecutor

podrá disponer se traben como medidas cautelares cualquiera de las previstas

en el siguiente artículo. Para tal efecto:

a) Notificará las medidas cautelares, las que surtirán sus efectos desde el

momento de su recepción; y,

b) Señalará cualesquiera de los bienes y/o derechos del Obligado, aun cuando

se encuentren en poder de un tercero.

9.- FORMAS DE EMBARGO

Las formas de embargo que podrá trabar el Ejecutor son las siguientes:

a) En forma de intervención en recaudación, en información o en

administración de bienes, debiendo entenderse con el representante de la

empresa o negocio;

b) En forma de depósito o secuestro conservativo, el que se ejecutará sobre los

bienes que se encuentren en cualquier establecimiento, inclusive los

comerciales o industriales, u oficinas de profesionales independientes, para lo

cual el Ejecutor podrá designar como depositario de los bienes al Obligado, a

un tercero o a la Entidad. Por excepción, respecto de bienes conformantes de

una unidad de producción o comercio de una empresa, sólo se podrá trabar

embargo en forma de depósito con extracción de bienes aisladamente, en tanto

no se afecte el proceso de producción o comercio del Obligado. Cuando se

trate de bienes inmuebles no inscritos en Registros Públicos, el Ejecutor podrá

trabar embargo en forma de depósito respecto de los citados bienes, debiendo

nombrar al Obligado como depositario;

c) En forma de inscripción, debiendo anotarse en el Registro Público u otro

registro, según corresponda. El importe de las tasas registrales u otros

derechos, deberán ser pagados por la Entidad, con el producto del remate,

luego de obtenido éste, o por el Obligado con ocasión del levantamiento de la

medida, salvo que ésta haya sido trabada en forma indebida;



d) En forma de retención, en cuyo caso recae sobre los bienes, valores y

fondos en cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros, así como sobre los

derechos de crédito de los cuales el Obligado sea titular, que se encuentren en

poder de terceros. La medida podrá ejecutarse mediante la diligencia de toma

de dicho o notificando al tercero a efectos que se retenga el pago a la orden de

la Entidad. En ambos casos, el tercero se encuentra obligado a poner en

conocimiento del Ejecutor la retención o la imposibilidad de ésta en el plazo

máximo de cinco (5) días hábiles de notificada.

10.- OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL TERCERO

Para efectos de determinar la obligación y responsabilidad del tercero se

aplicará lo dispuesto en el artículo 18º de la presente Ley, mediante la emisión

de la Resolución de Determinación correspondiente.

11.- DESCERRAJE.

Para efectos de la aplicación de la medida del descerraje, se aplicará lo

dispuesto en el artículo 19º de la presente Ley.

12.- TERCERÍA DE PROPIEDAD

Para el trámite de la tercería de propiedad, se seguirá el procedimiento

establecido en el artículo 20° de la presente Ley, excepto en lo referente al

agotamiento de la vía administrativa, el que sólo se producirá con la resolución

emitida por el Tribunal Fiscal, ante la apelación interpuesta por el tercerista

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución

emitida por el Ejecutor. Las partes pueden contradecir dicha resolución ante el

Poder Judicial.

13.- TASACIÓN Y REMATE

La tasación y remate de los bienes embargados, se efectuará de acuerdo a lo

establecido en el artículo 21° de la presente Ley.

14.- RECURSO DE QUEJA



El Obligado podrá interponer recurso de queja ante el Tribunal Fiscal contra las

actuaciones o procedimientos del Ejecutor o Auxiliar que lo afecten

directamente e infrinjan lo establecido en el presente capítulo.

El Tribunal Fiscal resolverá dentro de los veinte (20) días hábiles de presentado

el recurso, pudiendo ordenar la suspensión del Procedimiento o la suspensión

de una o más medidas cautelares.

15.- RESPONSABILIDAD

La responsabilidad del Ejecutor, del Auxiliar y de la Entidad se determinará de

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22° de la presente Ley.

16.- REVISIÓN JUDICIAL DEL PROCEDIMIENTO

La revisión judicial del procedimiento se regirá de acuerdo a lo dispuesto en el

artículo 23º de la presente Ley.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

PRIMERA.-

Arancel de costas procesales El Ministerio de Economía y Finanzas deberá,

mediante decreto supremo, aprobar en un plazo no mayor de sesenta (60)

días, los topes máximos de aranceles de gastos y costas procesales de los

procedimientos coactivos, que serán de obligatoria aplicación del Gobierno

Nacional y de los gobiernos regionales y locales.”

SEGUNDA.- Otorgamiento de garantías. Mediante Decreto Supremo

refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas en un plazo de 60 días, se

fijará las condiciones para el otorgamiento de garantías a que se refiere los

artículos 13° y 28° de la presente Ley.



TERCERA.- Encargos de gestión Facúltase a las entidades de la

Administración Pública para celebrar convenios de encargos de gestión con el

Banco de la Nación, así como con el órgano administrador de tributos de la

municipalidad provincial de la jurisdicción donde se encuentre la entidad

respectiva, a fin de encargarles la tramitación de procedimientos de ejecución

coactiva, dentro del marco de lo dispuesto por el artículo 71º de la Ley Nº

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.”

CUARTA.- Apoyo de autoridades policiales o administrativas. Para facilitar la

cobranza coactiva, las autoridades policiales o administrativas sin costo alguno,

prestarán su apoyo inmediato, bajo sanción de destitución.

QUINTA.- Suspensión del procedimiento coactivo. En el procedimiento coactivo

de los órganos de la Administración Tributaria distintos a los Gobiernos

Locales, el Ejecutor procederá a la suspensión del procedimiento cuando

dentro de un proceso de acción de amparo exista medida cautelar firme.

SEXTA.- Notificación. La notificación de los actos administrativos de las

entidades de la Administración Pública Nacional, a que se refiere los capítulos

II y III de la presente Ley, se realizará:

a) Por notificación personal con acuse de recibo en el domicilio del Obligado o

por correo certificado;

b) Mediante la publicación, por dos veces consecutivas, en el Diario Oficial y en

el diario de la localidad encargado de los avisos judiciales o, en su defecto, en

uno de mayor circulación en dicha localidad, cuando el domicilio del Obligado

fuera desconocido;

c) Por carteles, cuando no fuera posible efectuar la notificación de acuerdo a lo

señalado en los incisos anteriores.

SÉTIMA.- Adecuación a la Ley. Las Entidades comprendidas por esta ley, que

a la fecha tengan vigentes reglamentos internos para el trámite o ejecución de

Procedimientos Coactivos, deberán adecuar las citadas normas a las



disposiciones de esta ley en un plazo que no excederá de sesenta (60) días,

contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley. Asimismo,

procederán a convocar a concurso público de méritos para designar a

Ejecutores y Auxiliares. En consecuencia, al término de plazo prescrito en el

párrafo anterior, quedará sin efecto la designación de quienes en la actualidad

ejerzan dichos cargos. Estos últimos no están impedidos de presentarse al

concurso, siempre y cuando reúnan los requisitos de ley.

Se exceptúa de la obligación prevista en el párrafo anterior a las Entidades de

la Administración Pública que hayan designado a sus Ejecutores y Auxiliares

mediante concurso, siempre y cuando los designados reúnan los requisitos

prescritos en los artículos 4º y 6º de esta ley.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Normas derogadas. Derógase el Decreto Ley Nº 17355, normas

modificatorias y demás disposiciones que se opongan a la presente ley.

SEGUNDA.- Aplicación supletoria de otras normas. En todo lo no previsto en la

presente Ley, se aplicarán supletoriamente las disposiciones contenidas en el

Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos

Administrativos y en el Código Procesal Civil, en lo que resulte pertinente.

TERCERA.- Procedimientos en trámite. Los Procedimientos que se encuentren

en trámite a partir de la vigencia de la presente Ley se adecuarán, bajo

responsabilidad del Ejecutor como de la Entidad, a las disposiciones que prevé

esta Ley.



CONCLUSIONES

- Es un procedimiento administrativo destinado a satisfacer las acreencias de la

Administración mediante la afectación y realización (ejecución forzosa) del

patrimonio del deudor.

- Se trata de ejecutar una obligación dineraria, es decir, una obligación de dar

suma de dinero. Por ello, incluye la ejecución de obligaciones tributarias y no

tributarias (v.g. multas no tributarias).

- Base legal: Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento de Ejecución

Coactiva aprobado mediante D.S. Nº 018-2008-JUS.

- Por tratarse de un procedimiento de ejecución, no se permite discutir la

decisión contenida en el acto administrativo.

- Por lo mismo, no es posible utilizar los recursos previstos en la Ley del

Procedimiento Administrativo General o normas especiales (Código Tributario).

El acto administrativo actúa a modo de título valor. El acto administrativo goza



de la presunción de validez. El acto es válido hasta que no se declare su

invalidez. El acto administrativo sirve de fundamento y de límite a la actuación

administrativa.

RECOMENDACIONES

- Habiéndose presentado el contexto íntegro en el que se da la responsabilidad

civil de los funcionarios intervinientes dentro del procedimiento de cobranza

coactiva corresponde adoptar una posición respecto a la procedencia o no de

la inserción de la responsabilidad civil extracontractual solidaria entre estos. En

este sentido y conforme lo revisado a nivel doctrinario y jurisprudencial, la

respuesta se torna en obvia, pues de las dos alternativas legales propuestas

(aplicación del artículo 22 del la Ley Nº 26979 o del artículo 1981 del Código

Civil) concluimos que la idónea es la referida a la aplicación de la

responsabilidad vicaria entre la Administración Pública y el Ejecutor Coactivo.

- Ante las modificaciones de los artículos 1°,3°,15°,31° de la Ley N° 26979, Ley

de procedimiento de ejecución coactiva. Dicha norma tiene como objeto

establecer el marco legal de los actos de ejecución coactiva que corresponde a

todas las entidades de la administración pública, garantizando el desarrollo del

debido procedimiento coactivo.

- Cabe señalar, que el cargo de ejecutor coactivo permanece indelegable,

según el artículo 3° de la presente Ley.

- Respecto a la suspensión del procedimiento se ha ampliado el plazo de ocho

(8) a quince (15) días, mediante el cual a excepción del mandato judicial

expreso, el ejecutor deberá pronunciarse expresamente sobre lo solicitado.

Igualmente, se ha ampliado el plazo de treinta (30) a sesenta (60) días, los

topes máximos de aranceles de gastos y costas procesales de los

procedimientos coactivos, previa aprobación del Ministerio de Economía y

Finanzas.



- Deuda tributaria municipal a cargo de las municipalidades distritales. En ese

sentido, precisamos que los tributos que corresponden a las Municipalidades

Distritales son los siguientes: Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala,

Impuesto a los Juegos (Bingos, rifas, sorteos y similares; el juego pimball),

Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos (excepto los espectáculos

culturales autorizados por el Instituto Nacional de Cultura); Contribución

Especial de Obras Públicas; Tasas Municipales: Arbitrios (o Tasas o Servicios

Públicos), Derechos (o Tasas por Servicios Administrativos), Licencias de

Funcionamiento, Tasas por Estacionamiento de Vehículos y otras Licencias

con autorización legal expresa.

En las Municipalidades Distritales del Perú, la Ejecución Coactiva, en la

mayoría de los casos, se ha encomendado a una Unidad u Departamento

denominado simplemente “de Ejecución Coactiva”, las mismas que ejercen sus

funciones dentro del marco de la Ley N° 26979 –Ley de Procedimiento de

Ejecución Coactiva- y el Decreto Supremo N° 036-2001-EF –Reglamento de la

Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva-; así como de las normas de

aplicación supletoria que pasaremos a precisar en los siguientes párrafos; y,

sus respectivas Ordenanzas que fijen los montos a pagar por concepto de

costas y gastos.



BIBLIOGRAFÍA

- CASSAGNE, Juan Carlos (2002). ―DERECHO ADMINISTRATIVO‖. Tomo I y

II. Séptima Edición. Buenos Aires, LexisNexis -Abeledo-Perrot.

- CERVANTES ANAYA, Dante (2003). ―DERECHO ADMINISTRATIVO‖. Lima, Ed. Rodhas.

- GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. Tomás

Ramón (1983).‖ CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO‖. Tomo I, 4ta Ed.,

Madrid, Cívitas.

- LAFUENTE BENACHES, Mercedes (1992). "LA EJECUCIÓN FORZOSA DE

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y RÉGIMEN JURÍDICO". Ed. TECNOS,

Segunda Edición, Madrid.



- LÓPEZ DÍAZ, Antonio (1992). "LA RECAUDACIÓN DE DEUDAS

TRIBUTARIA EN VÍA DE APREMIO". Coedición: Instituto de Estudios Fiscales.

Ed. MARCIAL PONS, Madrid.

- MOLES CAUBET, Antonio (1997).‖ESTUDIOS DE DERECHO PÚBLICO‖. Universidad Central de Venezuela.

- MOSSET I., Jorge (1997).‖RESPONSABILIDAD CIVIL‖. Buenos Aires: Edt.

Hammurabi.

- NUÑEZ BORJA, Humberto (1971-1972). ―BREVE TRATADO DE DERECHO

ADMINISTRATIVO DEL PERÚ‖. III Edición. Primera Parte. Arequipa.

- REGLERO C., Fernando (2003). ―TRATADO DE RESPONSABILIDAD

CIVIL‖. Navarra: Edt. Aranzadi S.A.

- RIZO OYANGUREN, Armando (1991). ―MANUAL ELEMENTAL DE

DERECHO ADMINISTRATIVO‖. Nicaragua, Universidad Autónoma de

Nicaragua.

- SOPENA GIL, Jordi (1993). ―EL EMBARGO DE DINERO POR DEUDAS

TRIBUTARIAS‖. Madrid, Ed. Marcial Pons. – 70.

- SOTELO CASTAÑEDA, Eduardo. "ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL

PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA DE TRIBUTOS". En: Themis

N° 34. Lima, 1993.

ANEXOS

-----------------------

[1] Capìtulo III de la Ley N º 26979

[2] PÈREZ DE VEGA, Leonor María. La iniciación del procedimiento de

apremio de las deudas tributarias. Lex Nova - Marcial Pons, Valladolid, 1998, p.

39,



[3] SANZ LARRUGA, Francisco Javier "La vía administrativa de apremio: Una

potestad administrativa en expansión", En: Revista de Administración Pública

N" 117, Setiembre - Diciembre 1988, Madrid, págs. 68 - 70, 372 - 382.

[4] SOPENA GIL, Jordi. ―El Embargo de Dinero por Deudas Tributarias‖. Ed.

Marcial Pons. Madrid,1993. Pág. 34.

[5] “(…) el Estado necesita de un patrimonio para que cumpla con los fines para

los que fue creado. Para dotar de recursos al Estado se crearon los tributos

como forma de lograr los ingresos necesarios, y por medio del cual los

integrantes de la sociedad entregan parte de sus patrimonios, que pasa a las

arcas del Estado para ser devuelto en forma de beneficios generales para la

colectividad. Es decir, la tributación es un mecanismo por el cual los

ciudadanos se procuran la satisfacción de sus necesidades pero mediante la

intervención del Estado.” (Tulio M. Obregón Sevillán en su artículo ―Entidades

con Tributos Vinculados‖. [6] El artículo 1º del TUO de la Ley Nº 26979 dispone: “La presente Ley

establece el marco legal de los actos de ejecución coactiva que corresponde a

todas las entidades de la Administración Pública. Asimismo, constituye el

marco legal que garantiza a los Obligados el desarrollo de un debido

procedimiento coactivo.”

[7] Artículo 74 de la Constitución Política del Perú: “Los tributos se crean,

modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o

decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y

tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Los gobiernos locales

pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas,

dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley…”

“En el Estado Social y Democrático de Derecho, el fundamento de la

imposición no se limita únicamente a una cuestión de Poder Estatal, sino que

incorpora a su razón de ser el deber de todo ciudadano al sostenimiento de los



gastos públicos …” (Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el

Expediente Nº 6626-2006-PA/TC)

[8] Héctor Villegas, nos dice "es el acto o conjunto de actos dirigidos a verificar,

en cada caso particular, si existe una deuda tributaria (an debeatur); en su caso

quien es el obligado a pagar el tributo al fisco (sujeto pasivo) y cual es el

importe de la deuda (quantum debeatur)". Curso de Finanzas, Derecho

Financiero y Tributario. Ediciones Depalma. Buenos Aires, Argentina. 1987.

[9] REGLERO C. Fernando.‖Tratado de Responsabilidad Civil‖. Navarra: Edt.

Aranzadi S.A. 2003. Pág. 181.

[10] TERRAGNI, Marco citado por GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino.

―Responsabilidad civil extracontractual y delito‖. TESIS para optar el grado

académico de Doctor en Derecho. Universidad Nacional Mayor de San Marcos,

Lima, Perú. 2008. Pág. 27.

[11] Código Civil Comentado‖. Tomo X. Lima, Gaceta Jurídica. Pág. 156.

[12] Jorge A. Beltrán Pacheco. ―Código Civil Comentado‖. Tomo X. Lima,

Gaceta Jurídica. Pág. 153

[13] MOSSET ITURRASPE, Jorge, ―Responsabilidad Civil”, Editorial

Hammurabi S.R.L., Buenos Aires, 1997, 2da reimpresión, p. 451.

[14] La autonomía de responsabilidades supone la coexistencia o concurrencia

de dos o más responsabilidades, en tanto que cada una de ellas llámese

administrativa funcional, penal o civil, tiene fundamentos y bienes jurídicos que

proteger de diferente naturaleza.

[15] DANOS ORDOÑEZ, Jorge y ZEGARRA VALDIVIA, Diego. ―El

Procedimiento de Ejecución Coactiva‖. Lima, Gaceta Jurídica, 1999. Pág. 45

[16] Tal como lo señala José Ignacio López González en su artículo ―La

Inhabilitación Especial del Funcionario Publico y los Efectos Jurídico-



Administrativos «Ex Lege»‖. En: Revista de Administración Pública. Núm. 120.

Septiembre-Diciembre 1989. Pág. 47.

[17] GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. ―Responsabilidad civil

extracontractual y delito‖. TESIS para optar el grado académico de Doctor en

Derecho. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 2008. Pág.

26.

[18] REBOLLO PUIG, Manuel; IZQUIERDO CARRASCO, Manuel; ALARCON

SOTOMAYOR, Lucía y BUENO ARMIJO, Antonio. ―Panorama del Derecho

Administrativo Sancionador en España‖. En: Revista Estudios Socio-Jurídicos.

Vol. 7. Nº 1. Enero – Junio 2005. Pág. 24.

[19] ―Roxin ha sostenido que se trata de delitos de deber (Pflichtdedelikte), en

los cuales la autoría se funda en la lesión a un deber especial, que sería

extratípico. En este punto, Roxin contrapone los delitos de dominio

(Herrschaftsdelikte) a los delitos de deber (Pflichtdedelikte). En estos últimos no

tiene importancia la cualidad externa de la conducta del autor, ya que la

sanción se afirma sobre una persona que infringe los deberes que pesan sobre

él, los cuales se derivan del papel o del rol social que desempeña‖. DONNA,

Edgardo Alberto.―El Concepto Dogmático del Funcionario Público en EL

Código Penal‖. En: Revista Lationoamericana de Derecho. Año II. Número 4.

Julio-Diciembre 2005. Pág. 157

[20] DONNA, Edgardo Alberto.―El Concepto Dogmático del Funcionario

Público en EL Código Penal‖. En: Revista Lationoamericana de Derecho. Año

II. Número 4. Julio-Diciembre 2005. Pág. 157.

[21] “(…) debe tenerse que no resulta posible estructurar una atribución

delictiva debido a que, si no se ha encontrado actuación dolosa en la principal

denunciada que ostenta el cargo de ejecutora coactiva titular, no puede

trasladarse la imputación a quienes ostentan cargos de inferior jerarquía que

ésta …‖ (Sentencia de fecha 04.12.2006 expedida por el 35 Juzgado Penal de



Lima) 37 “(…) de acuerdo con el artículo uno de la Ley veintisiete mil

doscientos cuatro el ejecutor y el auxiliar coactivo son funcionarios nombrados

o contratados según el régimen laboral de la entidad a la cual representan;

asimismo, el Decreto Supremo número cero dieciocho- dos mil ocho- JUS, en

su artículo séptimo señala que tanto el ejecutor corno el auxiliar coactivo

ingresarán como funcionarios de la entidad a la cual representan y ejercerán su

cargo a tiempo completo y a dedicación exclusiva; de otro lado, es un

funcionario que ejerce funciones públicas, las mismas que están señaladas en

el Decreto Supremo antes mencionado; sin embargo no es un funcionario

público que ejerce autoridad, por cuanto está subordinado a las órdenes

emanadas del Ejecutor Coactivo, quien tiene a su cargo el procedimiento

coactivo; por lo que en cuanto a este extremo lo resuelto por el Juez se

encuentra con arreglo a ley.” (Sentencia de fecha 08.09.2009 expedida por la

Segunda Sala Penal Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia

de Lima).

[22] “Para que exista responsabilidad civil se requiere la concurrencia de cuatro

requisitos: la antijuridicidad del hecho imputado, es decir, la ilicitud del hecho

dañoso o la violación de la regla genérica que impone el deber de actuar de tal

manera que no se cause daño emergente, el lucro cesante y el daño moral; la

relación de causalidad entre el hecho y el daño, es decir, debe existir una

relación de causalidad adecuada que permite atribuir el resultado; y los factores

de atribución que pueden ser subjetivos como el dolo o la culpa, u objetivos

conocen el caso de la responsabilidad objetiva.” (Cas. N" 3230-00-Ayacucho,

El Peruano, 31-07-2001, p. 7439)

[23] ―El ámbito de la responsabilidad civil extra contractual, se establece tras

determinar la relación de causalidad adecuada existente entre el hecho y el

daño producido, pero además alcanza a aquellos que tengan a otras bajos sus

órdenes, siempre que el sujeto subordinado cause el daño en el ejercicio del

cargo que desempeña o en cumplimiento de un servicio, convirtiéndose

también en centro de imputación del resultado lesivo” (Cas. Nº 2548-99-La



Libertad, El Peruano. 07-04-2000, p. 4990). ―El Artículo 1981 del Código Civil

prevé la llamada responsabilidad vicaria, alternativa o substituía, que más bien

es un tipo de responsabilidad acumulativa que encuentra parte de su sustento

en la culpa in eligiendo e in vigilando de parte del principal; este tipo de

responsabilidad atañe sólo a quien sin ser el autor directo del hecho, responde

objetivamente por el daño producido por éste, en virtud de haber existido entre

ambos una relación de dependencia, presupuesto que constituye una condición

sin la cual no 23es posible establecer un nexo causal hipotético entre el

resultado lesivo y el autor indirecto‖ (Cas. Nº 2548-99-La Libertad, El Peruano,

07-04-2000, p. 4990).

[24] De Trazegnies Granda. ―La Responsabilidad Extracontractual‖. Fondo

Edit. PUCP, Lima, 1987. Pág. 34.

[25] “El ilícito civil afecta un interés particular, no siendo imprescindible que

haya existido culpa o dolo en el agente, es suficiente que el daño se haya

producido, dando lugar a que se repare económicamente el menoscabo

causado a quien ha sufrido el daño a través de una acción privada,

solicitándose la indemnización por daños y perjuicios” (Cas. Nº 2691-99-Lima,

El Peruano, 30-01-2001, p. 6839)

[26] ―En nuestro sistema de responsabilidad civil, rige la regla según la cual el

daño, definido éste como el menoscabo que sufre un sujeto dentro de su esfera

jurídica patrimonial o extrapatrimonial, debe ser reparado o indemnizado,

teniendo como daños patrimoniales al daño emergente y el lucro cesante, y

daños extrapatrimoniales al daño moral y al daño de la persona” (Cas. Nº 12-

2000-Cono Norte, El Peruano, 25-08-2000, p. 6095).

[27] "Según la teoría de la causalidad adecuada, no todas las condiciones son

equivalentes, pues aquella que según el curso natural y ordinario de las cosas

es idónea para producir el resultado, es la causa y las demás condiciones que

no producen normal y regularmente ese efecto, son solamente factores

concurrentes” ( Cas. N8 2590-98-Lima, El Peruano, 19-08-1999, p. 3230) ―El



Código Civil ha acogido la teoría de la causalidad adecuada; tal como se

aprecia de su Artículo 1985"; en efecto, conforme a este criterio en todo

fenómeno dañoso debe existir un nexo causal entre el hecho y el daño‖ (Cas.

N» 959-97-Callao, El Peruano, 19-10-1998, p. 1983).

[28] SALVADOR CODERCH Pablo; RUIZ GARCÍA, Juan Antonio; RUBÍ PUIG,

Antoni y GÓMEZ LIGÜERRE, Carlos Ignacio. ―Respondeat Superior I ―. EN:

Indret: Revista para el Análisis del Derecho. Nº. 2. Barcelona, 2002. Pág. 5.

[29] ―Código Civil Comentado‖. Tomo X. Lima, Gaceta Jurídica. Pág. 157

[30] SALVADOR CODERCH Pablo; RUIZ GARCÍA, Juan Antonio; RUBÍ PUIG,

Antoni y GÓMEZ LIGÜERRE, Carlos Ignacio. ―Respondeat Superior I ―. EN:

Indret: Revista para el Análisis del Derecho. Nº. 2. Barcelona, 2002. Pág. 3.



Litigación Laboral Página 74

Trabajo Ley de Ejecucion Coactiva

Documents

Transcript of Trabajo Ley de Ejecucion Coactiva