QUADERNS DE RECERCA (Bellaterra) · 2012. 11. 22. · QUADERNS DE RECERCA (Bellaterra) MÀSTER...
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QUADERNS DE RECERCA (Bellaterra)
MÀSTER UNIVERSITARI EN INTEGRACIÓ EUROPEA
Núm. 14 / Curs 2011-2012
El Derecho de la Unión Europea en torno a la conciliación de la vida familiar y laboral y su
articulación conforme a la dicotomía público/privado
Juana María González Moreno
QUADERNS DE RECERCA (Bellaterra)
MÀSTER UNIVERSITARI EN INTEGRACIÓ EUROPEA
Núm. 14
Curs 2011-2012
© Institut Universitari d'Estudis Europeus
© Juana María González Moreno
ISSN 2014-153X
Coordinadora de la col·lecció: Dra. Susana Beltran Garcia, Universitat Autònoma de Barcelona ([email protected])
Aquesta col·lecció recull una selecció d'investigacions dutes a terme per estudiants del Màster Universitari en Integració Europea. Previ a la seva publicació, aquests treballs han estat tutoritzats per professors amb grau de doctor de diverses especialitats i han estat avaluats per un tribunal compost per tres docents distints del tutor.
Les llengües de treball son castellà, català, anglès i francès
Esta colección recoge una selección de investigaciones realizadas por estudiantes del Máster Universitario en Integración Europea. Previo a su publicación, los trabajos de investigación han sido tutorizados por profesores con grado doctor de diversas especialidades y han sido evaluados por un un tribunal compuesto por tres docentes distintos del tutor.
Les lenguas de trabajo son catalán, castellano, inglés y francés
This collection includes a selection of research by students of Master in European Integration. Prior to publication, the research papers have been tutored by teachers of with various specialties doctor degree and have been assessed by a commission composed of three different teachers tutor.
Working languages: Catalan, Spanish, English and French
Cette collection comprend une sélection de recherches par des étudiants de Master en intégration européenne. Avant la publication, les travaux de recherche ont été encadrés par des enseignants docteurs de diverses spécialités et après ont été évaluées par un tribunal composé de trois professeurs différents du tuteur.
Langues de travail: catalan, castillan, anglais et français
3
EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA EN TORNO A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LA VIDA LABORAL Y SU ARTICULACIÓN CONFORME A LA DICOTÓMICA PÚBLICO/PRIVADO
Autora: Juana María González Moreno
Màster Universitari en Integració Europea, UAB,
Edició 2011-2012
Tutora: Dra. Noelia Igareda González
4
AGRADECIMIENTO
A la Dra. Noelia Igareda González por el tiempo restado a sus tiempos de vida para revisar este trabajo de manera exhaustiva.
RESUMEN
En este trabajo, tomando como marco teórico de referencia la deconstrucción de la dicotomía
público/privado realizada por la teoría feminista en estas últimas décadas, y los análisis jurídico
- feministas del Derecho, ponemos de manifiesto cómo el Derecho de la Unión Europea sobre la
conciliación de la vida familiar y laboral está articulado conforme a dicha dicotomía, y en
consecuencia, no tiene en cuenta los intereses de las mujeres en todo su alcance, ya que potencia
su participación en el trabajo remunerado pero sin resolver el problema de las desigualdades
entre hombres y mujeres en relación con las cargas familiares y domésticas.
Palabras clave: Mujeres, Derecho de la Unión Europea, Conciliación de la vida familiar y laboral
RESUM
En aquest treball, prenent com a marc teòric de referència la deconstrucció de la dicotomia
públic/privat realitzada per la teoría feminista en aquestes últimes dècades, i les anàlisis jurídic-
feministes del dret, posem de manifest com el Dret de la Unió Europea sobre la conciliació de la
vida familiar i laboral està articulat acord amb aquesta dicotomia, i en conseqüència, no té en
compte els interessos de les dones en tot el seu abast, ja que potencia la seva participació en el
treball remunerat però sense resoldre el problema de les desigualtats entre homes i dones en
relació amb les càrregues familiars i domèstiques.
Paraules clau: Dones, Dret de la Unió Europea, Conciliació de la vida familiar i laboral
5
ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN……………………………………………………….. 6-11
II. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA, OBJETO CONCRETO DE
ANÁLISIS DE ANÁLISIS Y METODOLOGÍA......................................
11-16
III. RESULTADOS. LA ARTICULACIÓN DEL DERECHO DE LA
UNIÓN EUROPEA CONFORME A LA DICOTOMÍA
PÚBLICO/PRIVADO……………………………………………………
17-45
1. Los mundos del trabajo y de la familia como mundos separados que
es preciso conciliar o articular...............................................................
17-21
2. La conciliación o articulación de las responsabilidades familiares y
laborales como una problemática común a los trabajadores y las
trabajadoras. El alegato de la neutralidad versus la realidad…………
21-25
3. Bajo el paraguas de la neutralidad, la tendencia a conceder derechos
a los hombres en el marco del cuidado……………………………….
25-35
4. La vinculación instrumental de los mundos del trabajo y la familia:
conciliar… en beneficio del mercado y de la familia………………...
36-45
IV. CONCLUSIONES……………………………………………………….. 46-48
V. BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………… 48-53
VI. ANEXO………………………………………………………………….. 53-59
6
I.INTRODUCCIÓN
Un tema preponderante del debate social en los años 80 del siglo XX ha sido la
articulación de los tiempos de la vida, fundamentalmente debido a circunstancias
socioeconómicas y demográficas que se dan en ese momento como son la baja tasa de
fecundidad y el incremento del trabajo asalariado de las mujeres, circunstancias que
ponen en cuestión el reparto de tareas y el lugar de los hombres y las mujeres en el seno
de la familia.
En la Unión Europea, la cuestión de la conciliación entre trabajo y vida familiar
aparecerá vinculada a las políticas de igualdad de oportunidades entre los hombres y las
mujeres (Moizard, 2006: 131), y llegará a ocupar un lugar central en dichas políticas, en
concreto en las políticas sociales, que es donde se incardinan las políticas de igualdad, y
en las políticas de empleo.
Así, encontramos referencias a la conciliación entre trabajo y vida familiar en los
programas de acción comunitaria para el logro de la igualdad de oportunidades1
(programas que se han ido desarrollando de 1982 a 2005), en el Libro Blanco sobre la
política social europea, de 1994, y sobre todo, en los diferentes Consejos Europeos
celebrados para establecer una Estrategia Coordinada para el empleo (en particular el
Pacto Europeo para el empleo de 1994), en los que se considera que la conciliación de
los tiempos para articular mejor la vida familiar y la vida profesional junto con una
política de igualdad profesional, debe permitir el acceso del mayor número de personas
al mercado de trabajo.
1 Desde inicios de los años 80, la Comunidad Europea se interesó en disposiciones en materia de permisos
especiales otorgados a los trabajadores que tienen niños. El primer Programa de Acción de la Comunidad
sobre la promoción de la igualdad de oportunidades, adoptado en 1982, pedía a la Comisión redactar una
directiva sobre el permiso parental y el permiso por razones familiares, y buscaba introducir algunas
normas mínimas para armonizar los distintos permisos maternales y parentales existentes en los Estados
miembros, reconociendo toda una serie de derechos relativos a la protección de los trabajadores por
cuenta propia y ajena con responsabilidades familiares, así como las disposiciones al respecto
establecidas por la Organización Internacional del Trabajo y el Consejo de Europa (Ríos, 1993).
7
En los años 90 del siglo XX, la problemática de la conciliación de la vida familiar y
laboral llegará a plasmarse en textos normativos de carácter vinculante, como son una
serie de directivas y de decisiones en que se pedía a los Estados que establecieran
determinadas medidas de conciliación. El Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, de 1957, no trató el tema de la conciliación de la vida familiar y laboral y sólo
el art. 16 de la Carta comunitaria de los derechos sociales de los trabajadores, de 1989
(artículo comprendido en su Título I, Derechos sociales fundamentales de los
trabajadores) aludía de forma genérica a la necesidad de hombres y mujeres de
compaginar obligaciones profesionales y familiares, si bien la Carta citada no tenía
carácter vinculante.
Entre las directivas aprobadas en los años 90, cabe citar las directivas sobre el permiso
parental2 y sobre el trabajo parcial3, este último considerado como una modalidad de
empleo que facilita la conciliación de la vida familiar y laboral, aunque criticada por la
doctrina debido a las desigualdades desde el punto de vista de género que lleva
asociadas (Angeloff, 2000; Albarracín, 2004:9-11) y por las propias instituciones
2 En la Directiva 96/34/CE, del Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo Marco sobre permiso
parental concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, tanto en el preámbulo del Acuerdo como en el
apartado primero de su Cláusula 1 se sostiene que el objetivo es “facilitar la conciliación de las
responsabilidades profesionales y familiares de los padres que trabajan”. Y en la Directiva 2010/18/UE,
del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco (revisado) sobre el permiso
parental de 18 de junio de 2009 celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, que
deroga a la Directiva 96/34/CE, del Consejo, de 3 de junio de 1996, en su cláusula 1.1 se proclama como
fin del Acuerdo “facilitar la conciliación de las responsabilidades familiares y profesionales a los
trabajadores con hijos, teniendo en cuenta la diversidad cada vez mayor de las estructuras familiares y
respetando al mismo tiempo la legislación, los convenios o los usos nacionales”. 3 Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre trabajo a
tiempo parcial concluido por UNICE, el CEEP y la CES, en la que se considera que el acceso al trabajo a
tiempo parcial debe ser facilitado « para conciliar la vida profesional y la vida familiar […] en interés
mutuo de los empleadores y de los trabajadores y de forma que favorezca el desarrollo de las empresas
(párrafo 5 de las Consideraciones generales).
8
europeas4. A estas directivas pueden sumarse5las directivas sobre el tiempo de trabajo6,
que algunos autores consideran en relación con la conciliación, aunque no hagan
referencia explícita a la misma (Moizard, 2006).
Asimismo, en lo que a textos jurídicos de carácter vinculante se refiere, tenemos
algunas decisiones relativas a directrices para las políticas de empleo de los Estados
miembros, en que se llega a describir una relación extensa de medidas de conciliación
para favorecer la incorporación y continuidad de hombres y mujeres en el mercado
laboral, y reforzar la igualdad de oportunidades, como serían las políticas sobre
interrupción de la actividad profesional, esquemas de permiso parental o de otro tipo,
trabajo a tiempo parcial y horarios de trabajo flexibles, servicios de guardería y
asistencia a otras personas a cargo7.
4 Así, el Parlamento Europeo, en su Informe 2003/2129 (INI), sobre conciliación de la vida profesional,
familiar y privada, de 23 de febrero de 2004, previene contra la tendencia actual a considerar el trabajo a
tiempo parcial de las mujeres como una solución general para conciliar la vida profesional y familiar
puesto que refuerza el desigual reparto de las responsabilidades familiares entre mujeres y hombres
(sugerencia nº 9).
5 No sería el caso, sin embargo, de las directivas sobre protección de la maternidad, pues aunque tanto en
los textos europeos (puede verse, por ejemplo, el Informe 2003/2129 (INI) del Parlamento Europeo sobre
conciliación de la vida profesional, familiar y privada de 23 de febrero de 2004), como en la doctrina (es
el caso del autor citado, Moizard, 2006:131, y en España, Orellana, 2002), se considera la protección de la
maternidad también como una forma de conciliación, y citan en este sentido las directivas que protegen la
maternidad (en concreto, la Directiva 76/207/CEE, del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la
aplicación de la igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, a la formación y a la
promoción profesionales y a las condiciones de trabajo, y la Directiva 92/85/CEE, del Consejo, de 19 de
octubre de 1992, relativa a la aplicación de las medidas para promover en el trabajo la mejora de la
seguridad y de la salud de las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz recientemente o en período
de lactancia) a nuestro juicio estas directivas se refieren a la maternidad biológica y no a la maternidad
social, que es la que está vinculada a la problemática de la conciliación en sentido estricto.
6 Directiva 2003/88, del Consejo, de 4 de noviembre, de 2003, relativa a determinados aspectos de
arreglo del tiempo de trabajo, directiva que codifica a la antigua Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23
de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, así como
su modificación por la Directiva 2000/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de
2000. 7 Véase en este sentido la Decisión 2000/228/CE, de 13 de marzo de 2000, del Consejo, relativa a las
directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros para el año 2000.
9
En estos últimos años, aunque no se ha llegado a elaborar la directiva marco sobre
conciliación de la vida profesional, familiar y privada que solicitaba el Parlamento
Europeo a la Comisión en 20048, la conciliación de la vida familiar y laboral forma
parte del contenido de los Tratados fundacionales de las Comunidades Europeas, al
incorporarse la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de
diciembre de 2000, al Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión
Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en 2007 y en
vigor desde 2009. En éste se recoge lo ya estipulado en las directivas sobre maternidad
y sobre el permiso parental, y se dispone en su art. 33 (comprendido en el Título IV de
la Carta, denominado Solidaridad), el derecho de toda persona a la protección contra el
despido por causa relacionada con la conciliación y el derecho a un permiso por
maternidad y a un permiso parental.
Puede decirse, por tanto, que existe un notorio despliegue normativo de carácter político
y jurídico en la Unión Europea en relación a la conciliación de la vida familiar y laboral.
Todo este acervo normativo no ha conseguido cambiar, sin embargo, una realidad en la
que el peso de las cargas domésticas y familiares sigue recayendo mayormente sobre las
mujeres, no existe un reparto equitativo entre los sexos de las responsabilidades
familiares y domésticas, e incluso la conciliación de la vida familiar y laboral sigue
siendo una tarea fundamentalmente femenina (puede verse una descripción amplia de
este panorama en Nuño, 2009: 224, 225, 226, y de manera concreta los datos sobre la
utilización de manera diferenciada entre los hombres y las mujeres, de los permisos para
el cuidado infantil, esto es, de su utilización en menor medida por los hombres, que
proporciona Castro, 2009, manejando los datos de Eurostat y de la OCDE).
¿Qué rol desempeñan entonces las políticas y el Derecho de la Unión Europea en torno
a la conciliación de la vida familiar y laboral?
Un aspecto que suele señalarse al respecto es que en el ámbito de la política social, que
es en el que se incardinan las políticas de igualdad de oportunidades, la Unión Europea
8 Informe 2003/2129 (INI), del Parlamento Europeo, sobre conciliación de la vida profesional, familiar y
privada, de 23 de febrero de 2004, punto 8.
10
tiene una competencia compartida con los Estados miembros, y además de ello, en la
Unión Europea se tiende a que rija en la mayor medida posible el principio de
subsidiariedad en la gobernanza, de tal manera que sería escaso su poder para eliminar
las desigualdades de género.
No obstante, la ineficacia de las políticas europeas en la eliminación de estas
desigualdades quizás deba más a la propia configuración de las políticas europeas de
igualdad de oportunidades, pues como la doctrina ha demostrado, dichas políticas
tienen una “naturaleza” sexuada en términos de construcción de identidades y roles
estereotipados (Ostner y Lewis, 1994; Dandurand, Jenson, Junter, 2002), de manera que
en vez de favorecer la eliminación de las desigualdades de género, las habrían
reproducido, perjudicando a las mujeres. No sólo reproducen el orden de
género9existente en la realidad sino que crean ellas mismas un orden de género que
interactúa y se retroalimenta con los órdenes de género nacionales (Lombardo, 2002).
Este orden de género que contienen las políticas de igualdad de oportunidades habría
irradiado a las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral, que forman parte
de aquéllas, y que, en consonancia con dicho orden de género, se han focalizado en las
mujeres en general, a quienes ayudan a conjugar sus diferentes papeles, pero sin que se
reduzcan sus responsabilidades familiares - consagrando así la fórmula del doble
ingreso y un solo cuidador (Martín, 2008; Campillo, 2010; Igareda, 2010: 214); y se
han focalizado en el empleo, pasando por alto las reclamaciones sociales de las
mujeres, como son particularmente las que tiene que ver con la distribución de
responsabilidades familiares y domésticas entre los sexos, con el cuidado de los hijos
(siguiendo a Ellis, Sohrab, Craig y De Búrca, véase Lombardo, 2002: 234; Igareda,
2010: 209, 210).
9 Incluso las políticas públicas más imbricadas con el objetivo de la igualdad, como son las políticas de
mainstreaming crearían un orden de género (Dauphin; Sénac- Slawinski, 2008; y en España: Bustelo,
Lombardo, 2007; Bustelo, Peterson, 2005; Bodelón, 2010). Por “orden de género” hay que entender,
como refiere Lombardo, un sistema social compartido de normas, principios y políticas que establecen la
distribución de derechos, tareas y oportunidades de vida entre los sexos” (Lombardo, 2002:240).
11
Y algo parecido se ha dicho del Derecho sobre igualdad de los sexos de la Unión
Europea. Así, destacan los análisis críticos de McGlynn en los que se pone de
manifiesto la ideología subyacente a dicho derecho, la ideología de la maternidad, y en
especial a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
(McGlynn, 2001), ideología que tiende a perpetuar la subordinación de las mujeres y su
reclusión en el espacio doméstico.
Nuestro trabajo se inscribe en esta línea de análisis del género de las políticas y del
derecho europeos en torno a la conciliación de la vida familiar y laboral. Nuestro
objetivo es profundizar en esta dimensión “gendered” (constructora de identidades y
roles estereotipados) que resta efectividad a las políticas y al derecho sobre conciliación
de la vida familiar y laboral. Este análisis nos permitirá a su vez determinar si el
Derecho de la Unión Europea tiene en cuenta la experiencia de vida de las mujeres que
consiste en la asunción en forma casi exclusiva – y no totalmente libre - de las
responsabilidades familiares y domésticas, experiencia que actúa como determinante del
acceso de las mujeres al espacio público, y de su propia ciudadanía, o si, por el
contrario, el Derecho de la Unión Europea, pese a proyectarse hacia la igualdad,
contribuye a perpetuar la desigualdad y subordinación de las mujeres.
II.MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA, OBJETO CONCRETO DE
ANÁLISIS Y METODOLOGÍA
En el análisis del Derecho de la Unión Europea en torno a la conciliación de la vida
familiar y laboral adoptamos como marco teórico de referencia fundamentalmente la
deconstrucción de la dicotomía público/privado que ha llevado a cabo la teoría feminista
en estas últimas décadas (Young, 1990; Jónasdóttir, 1993, 2009; Pateman, 1995, y en
España: Amorós, 1991; 1997; Cobo, 1995, 2002).
Desde este marco de referencia se ha puesto de manifiesto cómo sobre la dicotomía
público/privado se ha erigido la subordinación de las mujeres, particularmente en la
12
forma en que aquélla fue conceptualizada en la Edad Moderna por los contractualistas, y
en particular por John Locke, y que ha llegado hasta nuestros días. Las sociedades
modernas se habrían instituido en realidad, como sostiene Pateman, sobre la base de un
contrato sexual según el cual han sido los hombres libres e iguales los que han decidido
sobre el cuerpo de las mujeres, a las que han confinado, por su “naturaleza”, al ámbito
de lo privado (Pateman,1995).
No sólo se habría distinguido entre un espacio público y un espacio privado, sino que se
ha jerarquizado a ambos espacios, confiriéndose un mayor valor al espacio público,
considerado como el espacio de la libertad, en que intervienen los individuos, los
sujetos, mientras que el espacio privado es el reino de las necesidades, del
mantenimiento de la vida y la reproducción.
Sin embargo, el espacio privado es el lado necesario del espacio público: la esfera de la
libertad de los sujetos se mantiene gracias a la sujeción natural de las mujeres, aunque
esta relación de necesidad no se presente de manera abierta (Pateman, 1995). Es
necesario entonces incorporar la diferencia sexual al campo de la política, entendida
ésta además en sentido amplio, y esta incorporación implica que en vez de demostrar
que las mujeres tienen las mismas capacidades que los varones – lo que significa tomar
al hombre como referente -, se posibilite un cauce de expresión a las capacidades,
actividades y atributos de las mujeres, con lo cual se lograría una idea de ciudadanía
más completa, o la que Pateman denomina una ciudadanía “sexualmente diferenciada”.
Estas tesis de Carol Pateman enlazan con la reconceptualización del espacio público que
hace Iris Marion Young, quien ha criticado el concepto moderno de ciudadanía
supuestamente neutro y universal que ha sido diseñado por el liberalismo, y que está
cerrado a las diferencias, y ha defendido la idea de un espacio público abierto a la
discusión y el debate en el que los individuos y los grupos puedan afirmar sus
diferencias y exigir tanto la satisfacción de sus necesidades específicas como la
compensación por las desventajas sufridas por una anterior situación de discriminación
(Young, 1990).
De forma parecida Anna Jónasdóttir ha tratado de explicar la persistencia de la
dominación masculina en sociedades formalmente igualitarias y en muchos casos,
13
favorables a las mujeres, porque dichas sociedades se basan en la explotación del poder
del amor (que es placer sexual pero también cuidado del otro), explotación que
constituye la experiencia común de todas las mujeres. Asimismo, esta autora ha
sostenido la importancia teórica y política de identificar los intereses específicos de las
mujeres (intereses que no pueden ser reducidos al plano económico) en diferentes
contextos históricos y culturales (Jónasdóttir, 1993; 2009).
Desde esta deconstrucción de la dicotomía público/privado que realiza la doctrina
feminista, se trata, por tanto, de dar relevancia a las diferencias de las mujeres pero
dentro de un marco genérico de igualdad, de manera que se evite tanto el universalismo
que toma como referente al hombre – y con el cual se cae en todo aquello que se trata de
evitar –, como el especifismo y el esencialismo. Dichas diferencias de las mujeres, por
otra parte, serían en buena medida construidas culturalmente, y no debidas a nuestra
naturaleza biológica, que es sobre la que tradicionalmente se ha erigido la desigualdad y
discriminación hacia las mujeres. E incluso nuestra propia naturaleza biológica no es tan
natural como se había pensado sino que también puede ser construida gracias a la acción
de diversos factores culturales, sociales, políticos, como Judith Butler ha explicado
(Butler, 1997)10.
Esta reivindicación de dar relevancia a las diferencias de las mujeres que la doctrina
feminista hace en relación con el ámbito de la política y que se desprende de su
deconstrucción de la dicotomía público/privado, también sería predicable respecto al
Derecho, el cual tradicionalmente no ha tenido en cuenta los intereses de las mujeres, tal
y como la teoría jurídica feminista, en sus distintas versiones11, ha precisado.
10 En su análisis sobre la construcción de las diferencias, Butler va más allá de los análisis de Moore que
consideraba que las diferencias entre hombres y mujeres no dependen de la naturaleza biológica o social
de cada sexo, sino que son el resultado de procesos de construcción social mediante los cuales se
adjudican simbólicamente las expectativas y valores que cada cultura atribuye a sus varones y hembras
(Moore, cit. por Bergalli, Bodelón, 1992: 53). 11 La teoría jurídica feminista conoce distintas versiones por su vinculación con la teoría feminista, que no
es monolítica pues existen diversos feminismos (Amorós, 1997) que vendrían a ser las distintas corrientes
u “olas” de que hablan otras autoras, aunque no existe una concordancia exacta en las corrientes que
citan. En este sentido, si nos quedamos con la evolución del feminismo que relatan Amelia Valcárcel y
Cristina Molina, habría habido cuatro “olas” de la teoría feminista, representadas por el feminismo
14
Así, un primer modo de proceder del Derecho en relación con las mujeres ha sido el de
discriminarlas en forma expresa como puso de manifiesto el feminismo jurídico liberal:
“el Derecho es sexista”. Este modo de proceder se ha ido eliminando con el tiempo,
derogándose en los distintos ordenamientos jurídicos nacionales las normas que
contenían discriminaciones expresas contra las mujeres, y el Derecho ha tendido a
presentarse como imparcial, neutral y objetivo. Pero también este otro modo de
proceder del Derecho puede perjudicar a las mujeres porque como el feminismo radical
señala, la pretendida objetividad del Derecho encubre que la perspectiva masculina y la
experiencia masculina se han erigido en paradigma de lo humano (MacKinnon, 1989).
El Derecho puede estar centrado en los intereses masculinos (“el Derecho es
masculino”). De ahí que desde el feminismo cultural se sostenga que la preocupación
exclusiva por la justicia o ética de la justicia que tiene el Derecho, que se corresponde
con la ética masculina, debería ser suplementada con la ética del cuidado, que es la
ética femenina (Gilligan, 1982).
Asimismo, desde el enfoque de la teoría jurídica feminista que recibe la influencia del
postmodernismo, se ha ilustrado cómo la actuación del Derecho es más compleja de lo
que pensamos, pues no sólo sirve para ocultar las desigualdades que caracterizan al
orden social patriarcal, sino que a la vez reproduce parcialmente este orden,
produciendo identidades de género, o “el Derecho tiene género” (Smart, 1994, 2000).
En definitiva, con estos tres modos de proceder, esto es, como un Derecho sexista, como
un Derecho masculino o como un Derecho que tiene género, lo que queda claro es que
el Derecho estaría marginando a las mujeres y sus intereses, al tener sólo en cuenta los
intereses masculinos y/o los intereses del sistema patriarcal.
ilustrado de los siglos XVII y XVIII, el movimiento sufragista del siglo XIX y principios del siglo XX, el
feminismo de los años 70 del siglo XX, y el feminismo de la diferencia, sucesivamente (Valcárcel, 2004;
Molina, 2003). Por otra parte, las distintas versiones de la teoría jurídica feminista no están
cronológicamente no bien definidas ni separadas entre sí y tampoco son cada una “superaciones” o
rechazos de la versión anterior (Mestre, 2009:8).
15
Desde este marco teórico que hemos descrito (la deconstrucción de la dicotomía
público/privado que realiza la teoría feminista y la crítica de la jurisprudencia feminista
al Derecho), trataremos de establecer si el Derecho de la Unión Europea en torno a la
conciliación de la vida familiar y laboral tiene en cuenta los intereses de las mujeres, y
en particular, el interés de las mujeres por un reparto equitativo de las cargas domésticas
y familiares.
Nuestro objeto concreto de análisis está constituido por el Derecho de la Unión Europea
en torno a la conciliación de la vida familiar y laboral. Aunque en el marco del
Consejo de Europa se han dictado una serie de recomendaciones y resoluciones de gran
relevancia sobre el tema que nos ocupa, sólo hacemos alusión a ellas de manera
indirecta12.
Dentro del Derecho de la Unión Europea, hay que tener en cuenta el denominado
“Derecho primario” de la Unión Europea, es decir, los tratados constitutivos de las
Comunidades Europeas, y sus modificaciones, en concreto la más reciente, la realizada
por el Tratado de Lisboa, de 2007, y en vigor desde el 1 de diciembre de 2009, y el
“Derecho secundario o derivado”, resultado de la actividad de los órganos
comunitarios, y que se concreta en actos típicos (obligatorios, como son las directivas y
las decisiones, y no obligatorios, como son las recomendaciones y los dictámenes) y en
actos atípicos (resoluciones, comunicaciones, cartas…). Las directivas y decisiones de
los órganos comunitarios junto con las sentencias del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tras el Tratado de
Lisboa), forman parte, como se sabe, de lo que se da en llamar el “hard law”,
vinculante, y las recomendaciones y resoluciones expedidas por los organismos
comunitarios, el “soft law”, no vinculante.
12 Entre estas normas cabe citar la Carta Social Europea, revisada en 1996, cuyo contenido es acogido en
la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 2000, la Resolución (77) 1 del Comité de
Ministros sobre el empleo de las mujeres, de 11 de enero de 1977, la Recomendación nº R (96) 5 del
Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la conciliación de la vida profesional y de la vida
familiar, de 19 de junio de 1996, y la Recomendación 1769 (2006) de la Asamblea parlamentaria del
Consejo de Europa sobre la necesaria conciliación de la vida profesional y de la vida familiar, de 6 de
octubre de 2006.
16
Sin embargo, del ingente enorme conjunto de normas que es el Derecho de la Unión
Europea, hemos seleccionado como nuestro objeto concreto de estudio en primer lugar
todos aquellos textos y sentencias del Tribunal de Justicia que hacen referencia de
manera expresa a la conciliación de la vida familiar y laboral o a la conciliación de la
vida privada, familiar y laboral, que son las dos nomenclaturas que se utilizan para
designar esta problemática; en segundo lugar, los textos y sentencias del Tribunal de
Justicia que tienen que ver con la igualdad de derechos o la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres; en tercer lugar, los textos sobre política social, y en cuarto
lugar, los textos sobre política económica.
En lo que se refiere a las sentencias del Tribunal de Justicia, tienen particular
importancia porque es el órgano encargado de la interpretación y aplicación del
Derecho de la Unión Europea y, sobre todo, de uniformizar tal interpretación
resolviendo las consultas sobre interpretación de dicho Derecho que le formulan los
órganos jurisdiccionales nacionales mediante las denominadas cuestiones prejudiciales.
Asimismo, hemos tenido en cuenta la doctrina que ha interpretado los textos y la
jurisprudencia europeos sobre los temas mencionados.
Una vez acotado nuestro objeto concreto de estudio, hemos procedido al análisis y la
interpretación de las normas, la doctrina y la jurisprudencia europeas. En ellas, hemos
tratado de establecer sus líneas directrices o leyes generales, siguiendo las pautas claves
de las tesis feministas de la deconstrucción de la dicotomía público/privado,
fundamentalmente la división o no de la realidad en los espacios público y privado, y la
incardinación o no en uno y otro espacio de las experiencias de vida de las mujeres, y en
concreto, la experiencia de vida de las mujeres que consiste en la asunción en forma casi
exclusiva de las cargas domésticas y familiares. Los resultados de nuestro análisis son
cuatro líneas directrices que demuestran la articulación en torno a la dicotomía público/
privado del Derecho de la Unión Europea sobre la conciliación de la vida familiar y
laboral. Los describimos a continuación.
17
III.RESULTADOS. LA ARTICULACIÓN DEL DERECHO DE LA UNIÓN
EUROPEA EN TORNO A LA DICOTOMÍA PÚBLICO/PRIVADO
1. Los mundos del trabajo y de la familia como mundos separados que es
preciso conciliar o articular
De los textos – vinculantes y no vinculantes - aprobados en la Unión Europea se
desprende que hay dos mundos separados que son el mundo laboral y el mundo familiar
– no siempre netamente deslindado respecto al mundo privado o vida privada13 -,
mundos que es preciso compaginar, conciliar, articular o entre los que hay que
promover un mejor equilibrio, llegándose incluso a formular como un derecho la
necesidad de articular estos dos mundos.
Así, en la Carta comunitaria de los derechos sociales de los trabajadores, de 1989, cuyo
contenido ha quedado incorporado al Tratado de Lisboa, de 2007, en su art. 16 (Título I,
Derechos sociales fundamentales de los trabajadores) utiliza el término “compaginar”.
Según este precepto,
“Debe garantizarse la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Debe desarrollarse la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. A tal fin, conviene intensificar,
dondequiera que ello sea necesario, las acciones destinadas a garantizar la realización de la
igualdad entre hombres y mujeres, en particular para el acceso al empleo, la retribución, las
condiciones de trabajo, la protección social, la educación, la formación profesional y la
evolución de la carrera profesional. Conviene, asimismo, desarrollar medidas que permitan a
hombres y mujeres compaginar más fácilmente sus obligaciones profesionales y familiares”.
13 En los textos europeos se alude a “vida profesional” y “vida familiar”, aunque también es posible
encontrar junto a estos términos los de “vida privada”, sobre todo en los textos europeos más recientes. La
cuestión es si el concepto “vida privada” tendría sustantividad propia pues para algunas autoras el mundo
privado no habría tenido existencia para las mujeres y la dicotomía espacio público/espacio privado ha de
ser interpretada como dicotomía espacio público/espacio doméstico (Murillo, 1996).
18
En la Resolución del Consejo y de los Ministros de Trabajo y Asuntos sociales, relativa
a la participación equilibrada de hombres y mujeres en la actividad profesional y en la
vida familiar, de 29 de junio de 2000, el término empleado es “articulación”, referido a
la vida profesional y la vida familiar. Puede leerse en dicha Resolución lo siguiente:
“b) Es necesario un enfoque global e integrado de la articulación de la vida profesional y de la
vida familiar como un derecho de los hombres y de las mujeres, un factor de realización
personal en la vida pública, social, familiar y privada, un valor social de importancia y una
responsabilidad de la sociedad, de los Estados miembros y de la Comunidad Europea” (Las
negritas son nuestras).
En este texto, la articulación de la vida profesional y de la vida familiar es erigida como
un derecho de los hombres y de las mujeres, si bien en este sentido, la Carta Social
Europea, revisada en 1996, y adoptada por el Tratado de Lisboa, de 2007, en cierta
medida ya había allanado el camino al referirse al derecho de todas las personas con
responsabilidades familiares y que ocupen o deseen ocupar un empleo, a hacerlo sin
verse sometidas a discriminación. Literalmente:
“Todas las personas con responsabilidades familiares y que ocupen o deseen ocupar un empleo
tienen derecho a hacerlo sin verse sometidas a discriminación y, en la medida de lo posible, sin
que haya conflicto entre su empleo y sus responsabilidades familiares” (Parte I, derechos y
principios, punto 27).
Otro término que encontramos en los textos europeos es el término “conciliar”. Este
término figura en la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo,
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, sobre un Plan de
trabajo para la igualdad entre hombres y mujeres (2006- 2010), para designar la segunda
área prioritaria para lograr la igualdad de género, en concreto, “Conciliar la actividad
laboral con la vida privada y familiar”.
Sin embargo, este término, “conciliar”, o conciliación, ha sido valorado de forma crítica
por la doctrina feminista porque parece sugerir que la acumulación de tareas domésticas
y el ejercicio de una actividad profesional puede hacerse en condiciones armoniosas
(Fagnani, Letablier, cit. por Heinen, Hirata, Pfefferkorn, 2009:5,6) cuando en las
experiencias de vida de las mujeres dista de conseguirse dicha armonía; y porque el
sentido más extendido de conciliación es el de mediación entre contrarios u opuestos
19
como serían los ámbitos del trabajo y de la vida familiar que son dos ámbitos de partida
ni equitativos ni democráticos, e incluso antitéticos, si se leen en clave de género (Junter
-Loiseau y Tobler, cits. por Torns, 2005:18).
Para otras autoras, en cambio, la presentación de dos mundos enfrentados, en conflicto,
sería positiva, porque se trata de un conflicto siempre negado, como refiere Torns:
“El conflicto derivado de la división sexual del trabajo, que tiene como escenario el hogar-
familia, es ocultado o negado. O cuando sale a la luz tiende a ser contemplado como un asunto
privado. Las tareas domésticas y de cuidado de las personas que llevan a cabo las mujeres de la
familia, a lo largo de todo su ciclo de vida, no suelen ser consideradas como trabajo, a no ser
que las realicen sirvientes. Y la jerarquía patriarcal que enmarca tal situación ha sido más capaz
de reducir su impacto en sentido vertical (entre progenitores e hijos) que en sentido horizontal
(entre los miembros de la pareja), según apunta Bimbi (1999)” (Torns, 2005:18).
Esta apreciación que hace Torns hemos de tenerla en cuenta porque al analizar los
textos europeos puede percibirse que en ellos no suele hacerse referencia en forma
expresa al conflicto entre el mundo de la familia y el trabajo. De hecho, en alguno de
ellos como es el caso de la Carta Social Europea, revisada en 1996, si se hace alusión a
dicho conflicto es en sentido negativo, como algo que no se desea (vid. su Parte I,
derechos y principios, punto 27).
Por último, otro término que utilizan los textos europeos es el término “equilibrio”, que
figura por ejemplo en la Decisión 2010/707/UE, del Consejo, de 21 de octubre de 2010
relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros, en
concreto, en su Orientación nº 7: Aumentar la participación de mujeres y hombres en el
mercado laboral, reducir el desempleo estructural y fomentar el empleo de calidad, en
que se hace referencia a que:
“Las políticas en materia de equilibrio entre la vida profesional y personal, junto con la
prestación de una atención asequible y la innovación en la manera en que el trabajo está
organizado, deben orientarse a mejorar las tasas de empleo, especialmente de los jóvenes, los
trabajadores de mayor edad y las mujeres”.
Y también en las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea de 7 de marzo de 2011
sobre el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), en que se alude a que
hay que promover un equilibrio entre la vida familiar y la laboral. Así:
20
“EL CONSEJO reafirma, por tanto, su compromiso de cumplir las ambiciones de la UE en
materia de igualdad de género que figuran en el Tratado, y en particular: (…)
2) promover un mejor equilibrio entre vida laboral y vida privada para mujeres y hombres a
lo largo de toda su vida, con el fin de impulsar la igualdad de género, aumentar la participación
de la mujer en el mercado laboral y contribuir a superar los desafíos demográficos; (…)”.
En definitiva, en los textos europeos términos tales como “compaginar”, “articular”,
“conciliar”, “promover un mejor equilibrio”… son empleados para expresar el vínculo o
relación que debe haber entre los mundos del trabajo y de la familia, que son dos
mundos que se consideran separados.
Esta percepción de que estamos ante dos mundos separados que es preciso conciliar,
compaginar, articular, etc. es todavía más evidente en la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, en concreto en la sentencia Gruber, Asunto C- 249/7, a la
que se alude en la sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de junio de 2004, asunto C-
220/02, al considerarse la toma de excedencias por cuidado de hijos como una cuestión
de interés personal y familiar y no como una cuestión de interés general como es el
servicio militar. Literalmente:
“En cada uno de los casos, el contrato de trabajo se suspende por un motivo determinado, a
saber, el interés del trabajador y de su familia (en la excedencia por cuidado de hijos) y el
interés de la colectividad nacional (en el servicio nacional). Dado que estos motivos tienen una
naturaleza distinta, los trabajadores afectados no se encuentran en una situación comparable”
(punto 64).
Esta interpretación que hace el Tribunal de Justicia, por otra parte, vendría a alinearse
con el sentir que ya manifestara en su sentencia de 12 de julio de 1984, 184/83, asunto
Hofmann cuando, al valorar la atribución a las mujeres del descanso por maternidad
establecido en la legislación alemana para después de finalizado el plazo legal de
descanso de ocho semanas tras el parto, el Tribunal de Justicia estimaba que no le
correspondía a él intervenir en el ámbito de la organización de la familia, una actitud
con la que, según nosotras, el Tribunal garantiza la permanencia del statu quo, esto es,
de la tradicional división de espacios (público/privado) y el confinamiento de las
mujeres al espacio privado (González, 2009). Este dualismo público/privado al que
21
vendría a plegarse la argumentación del Tribunal de Justicia en el caso Hofmann, parece
tener correspondencia con otro dualismo que también se vislumbraría en este caso que
sería el dualismo Comunidad Europea/ Estados, siendo la organización de la familia (y
por tanto, la disposición de medidas para la conciliación del trabajo y la familia) de
competencia de los Estados y no de la Comunidad Europea.
2. La conciliación o articulación de las responsabilidades familiares y
laborales como una problemática común a los trabajadores y las
trabajadoras. El alegato de la neutralidad versus la realidad
Otro aspecto que encontramos en el Derecho de la Unión Europea en torno a la
conciliación de la vida familiar y laboral tiene que ver con los sujetos que tienen que
realizar dicha conciliación.
En este sentido, la conciliación de la vida familiar y laboral – o de la vida personal,
familiar y laboral -, es vista en los textos europeos como un problema de los hombres y
mujeres que trabajan. Esto es: quienes tienen que conciliar, compaginar, articular… los
dos mundos separados que son el trabajo y la familia son los trabajadores de uno y otro
sexo.
Así tenemos que muchas de las resoluciones, recomendaciones, no vinculantes, a la
hora de designar a quienes enfrentan la conciliación de las responsabilidades familiares
y laborales utilizan términos neutrales entre los que están los de “hombres y mujeres”,
“trabajadores, hombres y mujeres”, “obligaciones profesionales y familiares de hombres
y de mujeres”, “toda persona”, y ello a pesar de señalar en sus considerandos que son
las mujeres que trabajan las más afectadas por las responsabilidades familiares y las
que, en consecuencia, sufren más desigualdad en el empleo.
22
Por referirnos a algunos de los textos europeos, podemos releer nuevamente el art. 16 de
la Carta comunitaria de los derechos sociales de los trabajadores, de 1989, en que se
emplean los términos “hombres y mujeres”, transcrito más arriba. Y más adelante en el
tiempo cabe citar otro texto que son las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea
de 7 de marzo de 2011 sobre el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020),
en que se emplean los mismos términos. En concreto, se manifiesta que:
“EL CONSEJO reafirma, por tanto, su compromiso de cumplir las ambiciones de la UE en
materia de igualdad de género que figuran en el Tratado, y en particular: (…)
2) promover un mejor equilibrio entre vida laboral y vida privada para mujeres y hombres a
lo largo de toda su vida, con el fin de impulsar la igualdad de género, aumentar la participación
de la mujer en el mercado laboral y contribuir a superar los desafíos demográficos; (…)”.
Esta tónica también se percibe en los textos vinculantes que han regulado determinadas
medidas de conciliación. Es el caso de la Directiva 96/34/CE, del Consejo, de 3 de junio
de 1996, relativa al Acuerdo Marco sobre permiso parental concluido por la UNICE, el
CEEP y la CES – y más tarde derogada por la Directiva 2010/18/UE, del Consejo, de 8
de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco (revisado) sobre el permiso
parental de 18 de junio de 2009 celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el
CEEP y la CES –, en que son designados en términos neutrales los titulares del permiso
parental y el permiso por motivos de fuerza mayor vinculados a motivos familiares
urgentes en caso de enfermedad o accidente, aludiendo a dichos titulares con los
términos “todos los trabajadores, hombres o mujeres”.
En la Directiva 96/34/CE, del Consejo, de 3 de junio de 1996, puede leerse en su Cláusula 1:
Objeto y ámbito de aplicación, que “(…) 2. El presente Acuerdo se aplica a todos los
trabajadores, hombres y mujeres, que tengan un contrato o una relación de trabajo definida
por la legislación, los convenios colectivos o los usos vigentes en cada Estado miembro”. Y en
su Cláusula 2: Permiso parental, que “1. En virtud del presente Acuerdo, y sin perjuicio de la
cláusula 2.2, se concede un derecho individual de permiso parental a los trabajadores,
hombres o mujeres, por motivo de nacimiento o adopción de un hijo, para poder ocuparse del
mismo durante un mínimo de tres meses hasta una edad determinada que puede ser de hasta
ocho años y que deberán definir los Estados miembros y/o los interlocutores sociales”. E
igualmente, en su Cláusula 3, Ausencia del trabajo por motivos de fuerza mayor, que “1. Los
Estados miembros y/o los interlocutores sociales adoptarán las medidas necesarias para
autorizar a los trabajadores a ausentarse del trabajo, conforme a la legislación, los convenios
23
colectivos y/o los usos nacionales, por motivos de fuerza mayor vinculados a motivos
familiares urgentes en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable la presencia
inmediata del trabajador”. (Las negritas son nuestras).
Y también es el caso, por ejemplo, de la Decisión 2000/228/CE, de 13 de marzo de
2000, del Consejo, relativa a las directrices para las políticas de empleo de los Estados
miembros para el año 2000, en que se hace referencia a distintas medidas que persiguen
el fin de favorecer la incorporación y continuidad de hombres y mujeres en el mercado
laboral. En concreto:
“Las políticas sobre interrupción de la actividad profesional, permiso parental, trabajo a tiempo
parcial y horarios de trabajo flexibles, que redundan en beneficio tanto de los empresarios
como de los trabajadores, revisten especial importancia para mujeres y hombres. (…) Es
necesaria una oferta suficiente de servicios de guardería y asistencia a otras personas a cargo, a
fin de favorecer la incorporación y continuidad de hombres y mujeres en el mercado laboral”.
(La negrita es nuestra).
El Tratado de Lisboa, por su parte, ha preferido el término “persona”. Así en su
“Artículo 33 “Vida familiar y vida profesional” se expresa que:
“1. Se garantiza la protección de la familia en los planos jurídico, económico y social.
2. Con el fin de poder conciliar vida familiar y vida profesional, toda persona tiene derecho a
ser protegida contra cualquier despido por una causa relacionada con la maternidad, así como
el derecho a un permiso pagado por maternidad y a un permiso parental con motivo del
nacimiento o de la adopción de un niño”. (La negrita es nuestra).
Las normas europeas sobre conciliación de la vida familiar y laboral, vinculantes y no
vinculantes - adoptan entonces la óptica de la neutralidad y en consonancia con esta
óptica reclaman a los Estados que establezcan medidas de conciliación a las que tengan
acceso tanto los trabajadores masculinos como los trabajadores femeninos: así, las
políticas sobre interrupción de la actividad profesional, los permisos parentales o de otro
tipo, el trabajo a tiempo parcial, los horarios de trabajo flexibles, los servicios de
guardería y asistencia a otras personas a cargo.
24
Con la apuesta por la neutralidad se habría querido evitar la perpetuación de los roles de
género que se da cuando las medidas de conciliación se concentran en las mujeres, un
temor ya expresado por la Comisión en su propuesta de directiva sobre permiso parental
de 198314, y también por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, en
sus sentencias, proscribe los derechos especiales para las mujeres en el ámbito de las
labores de cuidado, derechos que, a juicio del Tribunal, ni entran en el marco de la
protección por maternidad ni en la órbita de las medidas de acción positiva o medidas
especiales para eliminar desigualdades de hecho (sentencia de 25 de octubre de 1988,
asunto 312/86, Comisión de las Comunidades Europeas c. Francia, en que el Tribunal
de Justicia está en contra de los derechos especiales para las mujeres que se conservan
en la legislación francesa en relación con el cuidado – como prolongación de los
permisos de maternidad, reducción de los tiempos de trabajo, jubilación anticipada entre
otros15). O como afirma el Abogado General en la sentencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea de 27 de octubre de 1998, Asunto C – 411/96, Boyle, en relación al
permiso sin sueldo para ocuparse del recién nacido, porque reservar medidas de
conciliación sólo a las mujeres no ayuda a promover la igualdad de oportunidades entre
los sexos sino que en realidad perpetúa la idea de que son prioritariamente las mujeres
las que deben ocuparse de los niños, con los efectos nefastos que esto tiene en su
14 En la propuesta, la Comisión estimaba que el permiso parental y el permiso por razones familiares
contribuirían a los objetivos de la igualdad de oportunidades favoreciendo un reparto más equitativo del
cuidado de niños y de otras responsabilidades familiares entre los hombres y las mujeres. Sin embargo, la
Comisión admitía igualmente que los permisos especiales podían ir en contra de la igualdad de
oportunidades si no se tenía cuidado. La Comisión insistía en el hecho de que el permiso parental no
debía servir para promover la retirada del mercado de trabajo de las madres activas.
15 La posición del Tribunal de Justicia consta en los apartados 8, 14, 15 y 22 de la sentencia, en los que el
Tribunal excluye los derechos especiales en relación con el cuidado del marco de la protección por
maternidad previsto en el art. 2, apartado 3 de la Directiva 76/207/CEE, del Consejo, de 9 de febrero de
1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se
refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo,
y también del marco de las acciones positivas, del art. 2, apartado 4 de la Directiva citada, en este
segundo caso rectificando lo dicho en el caso Hofmann (sentencia de 12 de julio de 1984), en el que el
Tribunal califica una medida que tiene más bien relación con el cuidado como es el descanso por
maternidad establecido para después de finalizado el plazo legal de descanso de ocho semanas tras el
parto previsto en la legislación alemana, como medida de protección de la maternidad y en consecuencia,
no es partidario de que se otorgue dicha medida al padre (apartados 26 y 28 de la sentencia).
25
carrera, y en esa línea, aunque en relación con la reserva a las funcionarias de plaza de
guardería, se inscribe la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de marzo de 2002,
Asunto C-476/99, Lommers (apartado 41).
Cuestión distinta es el contraste de esta óptica de la neutralidad por la que apuesta el
Derecho de la Unión Europea con la realidad, en la que son las mujeres las que
mayoritariamente asumen las responsabilidades familiares, y se registra un uso
diferencial de las medidas de conciliación, en concreto, de los permisos para el cuidado
infantil. El Derecho de la Unión Europea en torno a la conciliación de la vida familiar y
profesional más bien enmascara esta realidad y con ello propicia el que no se pongan en
cuestión las relaciones de género que siguen articulando todavía hoy el cuidado en el
ámbito familiar.
De manera que el efecto de la neutralidad sería así el mismo que Pateman atribuía a las
reformas que desde el siglo XIX habían permitido a las mujeres adquirir formas de
libertad nuevas y progresar en la igualdad entre hombres y mujeres. Estas reformas al
ser formuladas en el lenguaje masculino del contrato y de la libertad individual
permitían a las mujeres convertirse en individuos pero les habrían conducido a abdicar
de su feminidad y habrían dejado incuestionada la construcción patriarcal de la
diferencia sexual, que constituye, según Pateman, el corazón de la dominación
masculina (Dean, cit. por Garrau, 2011: 8).
3. Bajo el paraguas de la neutralidad, la tendencia a conceder derechos a los
hombres en el marco del cuidado
Bajo el manto de la neutralidad previamente descrita, en el Derecho de la Unión
Europea se observa una tendencia a atribuir a los hombres derechos o determinados
beneficios en relación con el cuidado. Esta tendencia se percibe en los textos europeos
que desde finales de los años 90 del siglo XX insisten en que los Estados prevean
medidas de conciliación de la vida familiar y laboral específicas para los varones, en
26
concreto, un permiso de paternidad como un derecho individual e intransferible de los
padres varones para atender a los/as recién nacidos/as, diferente del permiso parental; y
se percibe también en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en
la que la no concesión a los hombres de determinados beneficios vinculados al cuidado
de los hijos/as (tales como una bonificación en el cálculo de la pensión de jubilación, o
la obtención de una pensión de jubilación de manera inmediata, entre otros), beneficios
que en las legislaciones nacionales están previstos como acciones positivas para
promover la igualdad entre hombres y mujeres, es valorada como una discriminación
por razón de sexo (en contra de los hombres).
Entre los textos europeos que, marcando una diferencia respecto al orden
internacional16, alientan a los Estados miembros a reconocer en sus ordenamientos
jurídicos a los hombres trabajadores el derecho al permiso de paternidad tenemos la
Resolución del Consejo y de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, de 29 de
junio de 2000, relativa a la participación equilibrada de hombres y mujeres en la
actividad profesional y en la vida familiar en la que se considera que tal derecho
permitiría a los hombres trabajadores un apoyo sustancial a la vida familiar con vistas a
la realización de la igualdad, y más aún: que el mismo compensaría las desventajas de
los hombres en relación a su participación en la vida familiar, aspecto éste formaría
forma parte del principio de igualdad. Así, se señala en su Considerando 2 lo siguiente:
“(2) El principio de igualdad entre hombres y mujeres supone la necesidad de compensar la
desventaja de las mujeres por lo que se refiere a las condiciones de acceso y participación en el
mercado de trabajo y la desventaja de los hombres en lo que se refiere a las condiciones de
participación en la vida familiar, derivada de prácticas sociales que todavía presuponen el
trabajo no remunerado relacionado con los cuidados de la familia como responsabilidad
principal de las mujeres y el trabajo remunerado inherente a la vida económica como
responsabilidad principal de los hombres”.
16 No existía ninguna referencia al permiso de paternidad en los convenios de la Organización
Internacional del Trabajo. Es en los textos aprobados en el marco del Consejo de Europa donde dicho
permiso aparece, recomendándose que los Estados lo establezcan y precisándose algunos de los rasgos
que debería tener dicho permiso, como el de ser de corta duración, y de carácter remunerado
(Recomendación nº R (96) 5 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la conciliación de la
vida profesional y de la vida familiar, de 1996, y Recomendación 1769 (2006), de la Asamblea
parlamentaria, sobre la necesaria conciliación de la vida profesional y de la vida familiar, de 2006).
27
Asimismo, desde las propias instituciones europeas se reivindica una legislación que a
nivel europeo regule el permiso de paternidad, a semejanza de las directivas sobre el
permiso de maternidad y el permiso parental. Así, el caso del Parlamento Europeo, en
su Informe sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea
2009/2101(INI)), de 1 de febrero de 2010, pone énfasis en la maternidad y la paternidad
como derechos fundamentales esenciales para la estabilidad social (Apartado C del
Informe) y en la necesidad de vincular el permiso de maternidad con el permiso de
paternidad con el fin de proteger mejor a las mujeres en el mercado de trabajo y así
luchar contra los estereotipos en la sociedad en cuanto al disfrute de dicho permiso
(punto 25 del Informe). Esta última idea es reiterada en la letra K del Informe,
estimándose que los hombres, aunque de modo más atenuado que las mujeres, son
víctimas de segregación profesional y sectorial, y de estereotipos de género.
Los textos europeos se proyectan así hacia la idea de corresponsabilidad o
responsabilidad común de hombres y mujeres en las responsabilidades familiares y en
el trabajo doméstico, idea que va más allá de la mera “ayuda” de los hombres en tareas
del hogar o de la “conciliación de la vida familiar y laboral” y con la que se hacen eco
de reivindicaciones feministas ya recogidas en los tratados de derechos específicos de
las mujeres, en los que la corresponsabilidad es considerada como una forma de
conseguir la igualdad de género en las responsabilidades familiares, y con ello, de
avanzar hacia la igualdad entre hombres y mujeres17.
Esta proyección hacia la corresponsabilidad, por otra parte, se hace desde la óptica de
los derechos. Esto es: reivindicando para los hombres derechos como los
tradicionalmente atribuidos a las mujeres en el ámbito del cuidado, derechos con los
17 En concreto, en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las
Mujeres, de 1979 (art. 5, b)) y, más tarde, en otra serie de textos sobre derechos de las mujeres que,
aunque no vinculantes, amplían el alcance de la corresponsabilidad en las responsabilidades familiares,
como son: el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El
Cairo, de 1994, (Capítulo IV, Igualdad y equidad entre los sexos y habilitación de la mujer C.
Responsabilidades y participación del hombre) y la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, de
1995, adoptada en la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer, de 1995 (Preámbulo, p. 15, Punto 3 de
la Plataforma, y Objetivo estratégico F.6. Fomentar la armonización de las responsabilidades de las
mujeres y los hombres en lo que respecta al trabajo y la familia, Punto 179).
28
que se trata de compensar las desventajas de aquéllos en relación a su participación en
la vida familiar, y conseguir así la igualdad entre hombres y mujeres.
Sin embargo, los derechos de conciliación y, en particular, el derecho al permiso de
paternidad, han sido diseñados en los textos europeos con una serie de limitaciones.
Así, no se le dota al permiso por paternidad de la misma entidad del permiso de
maternidad18, y el establecer dicho permiso – aun con el alcance limitado con que se ha
previsto – no resulta obligatorio para los Estados, a diferencia nuevamente de lo que
ocurre en el caso del permiso de maternidad y también del permiso parental, regulados
en directivas comunitarias19, y ello fundamentalmente debido a que las normas que
aluden al permiso de paternidad no son normas vinculantes sino fundamentalmente
normas de carácter político.
De ahí que las recomendaciones que se contienen en los textos europeos para que se
establezca el permiso de paternidad, incluso con carácter obligatorio20, como, en
18 De ahí que una de las reivindicaciones del movimiento feminista sea la de conseguir que los permisos
de paternidad y maternidad tengan las mismas características, como es el caso de la Plataforma PPiiNA,
que demanda, en primer lugar, que se establezcan permisos de nacimiento y adopción iguales para
hombres y para mujeres, ampliando por el momento la duración del permiso de paternidad, y en segundo
lugar, una reforma integral de los permisos, que quedarían articulados en torno a dos: el permiso parental
inicial de dos semanas de duración, y el permiso parental para la crianza de dieciséis semanas de duración
y a disfrutar dentro de los primeros dieciocho meses desde el nacimiento o adopción (véase con más
detalle el monográfico nº 30 de la Revista de Trabajadores de la Enseñanza, nº 337, noviembre de 2011,
http://fe.ccooexterior.org (disponible en línea: 11/08/2012).
19 Con independencia de que la regulación dada a estos permisos no sea todo lo satisfactoria que cabría
esperar, sobre todo en lo que se refiere al permiso parental, y al carácter remunerado que debe tener.
20 Referencias al respecto se contienen, por ejemplo, en el Dictamen del Comité económico y social
europeo sobre «El papel de la política familiar en el cambio demográfico: compartir las mejores prácticas
en los Estados miembros» (2011/C 218/02), en que se habla de animar a los padres a solicitar permisos
parentales y de convertir incluso en obligatorio el permiso paternidad. Véase su punto 7. Factores claves
del éxito de las políticas familiares. « 7.5. (…) En este sentido, las recientes propuestas encaminadas a
animar a los padres a solicitar permisos parentales, o incluso a hacer obligatorio y remunerado un
permiso de paternidad, son interesantes, porque se enmarcan en la necesaria revalorización de la
paternidad, así como en la no menos necesaria responsabilización de los padres, especialmente en caso de
divorcio. (…)». (La negrita es nuestra, y es traducción propia de la versión francesa del dictamen, porque
29
general, las recomendaciones de que se incentive e incluso se vigile que los hombres lo
utilicen21, corran entonces el riesgo de convertirse en papel mojado, y con ello, los
propósitos buscados con el permiso de paternidad, esto es, la corresponsabilidad entre
los sexos en el cuidado y la igualdad de género.
Con todo, esta tendencia normativa a atribuir derechos a los hombres en el ámbito del
cuidado - aun con las limitaciones que hemos descrito - se habría visto complementada
por la tendencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a estimar que
existe una discriminación por razón de sexo cuando no se concede a los hombres
determinados beneficios vinculados al ámbito del cuidado. Pueden citarse en este
sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de noviembre de 2001, Asunto C-
366/99, Griesmar, en relación con una bonificación en el cálculo de la pensión de
jubilación prevista en la legislación francesa para las funcionarias que se hubieren
dedicado al cuidado de los/as hijos/as propios o del cónyuge, y la sentencia de 13 de
diciembre de 2001, Asunto C- 206/00, Mouflin, en que se valora el derecho a obtener de
forma inmediata una pensión de jubilación por parte de las funcionarias cuyo cónyuge
padece una incapacidad o una enfermedad incurable.
En estas sentencias, el Tribunal de Justicia considera que los beneficios en cuestión
(bonificación en el cálculo de la pensión de jubilación, obtención de una pensión de
jubilación de manera inmediata) no son acciones positivas para favorecer la igualdad
real de hombres y mujeres que compensen - aunque sea en el momento de la jubilación
– las desventajas sufridas por las mujeres en sus carreras profesionales por dedicarse al
creemos que hay un error en la versión española de este dictamen que afecta a esta frase que hemos
traducido nosotras).
21 Como se expresa en la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, sobre el Plan de trabajo para la igualdad entre
hombres y mujeres (2006- 2010), COM (2006) 92, 1.3.2006, en que la Comisión pide que se debería
animar a los hombres para que asuman sus responsabilidades familiares, sobre todo en cuanto al disfrute
de permisos parentales y de paternidad, y para que compartan con las mujeres el derecho a estos permisos
(sólo unos pocos hombres disfrutan de un permiso parental o de un trabajo a tiempo parcial, - un 7, 4%
frente a un 32, 6% de las mujeres -, mientras que las mujeres siguen siendo las principales cuidadoras de
niños y otras personas dependientes).
30
cuidado de los otros, sino discriminaciones por razón de sexo en perjuicio de los
hombres, a los que, acto seguido, ha concedido dichos beneficios.
Para llegar a esta conclusión, el Tribunal de Justicia parte de dos presupuestos, a saber:
el primero, y fundamental en la argumentación del Tribunal, es el de que hombres y
mujeres están en situaciones equiparables en relación con el cuidado22 y, en
consecuencia, cuando no se les permite a los hombres acceder a los beneficios en
cuestión se produce una diferencia de trato no permitida, y el segundo, que los
beneficios citados no están pensados para resolver las dificultades que por motivos del
cuidado tengan las mujeres en el desempeño de la carrera profesional, y en
consecuencia, no constituyen acciones positivas dirigidas a eliminar las desigualdades
de hecho entre hombres y mujeres23.
No obstante, estos presupuestos serían discutibles: el primero, porque contrasta con la
desigual asunción de las responsabilidades familiares por parte de hombres y mujeres en
la práctica, y obedece a una visión de igualdad formal (o de igualación a toda costa) que
es discriminatoria en relación a las mujeres, que son quienes en mayor medida – y de
22 En el apartado 56 de la sentencia del Tribunal de Justicia en el caso Griesmar, se contiene su premisa
sobre “las situaciones equiparables de hombres y mujeres en relación al cuidado de los hijos”. Dice así:
“En segundo lugar, se ha de reconocer que las situaciones de un funcionario y de una funcionaria pueden
ser comparables en cuanto al cuidado de los hijos. En particular, la circunstancia de que las funcionarias
estén más afectadas por las desventajas profesionales derivadas del cuidado de los hijos porque, en
general, las mujeres asumen esta tarea, no puede excluir la posibilidad de comparación de su situación
con la de un funcionario que asuma el cuidado de sus hijo y que, por esa razón, haya podido sufrir las
mismas desventajas en su carrera”. Y también el apartado 28 de la sentencia del Tribunal de Justicia en el
caso Mouflin, en que el Tribunal derivaría dicha premisa del principio de no discriminación al expresar
que: “(…) el principio de no discriminación lleva implícito que los trabajadores y las trabajadoras a los
que se aplica deben encontrarse en una situación comparable”. 23 Léase el apartado 65 de la sentencia en el caso Griesmar: “Ahora bien, en vista de lo invocado ante el
Tribunal de Justicia, resulta manifiesto que la medida controvertida en el procedimiento principal no está
destinada a compensar las desventajas que sufren en su carrera las funcionarias, ayudándolas en su vida
profesional. Por el contrario, esta medida se limita a conceder a las funcionarias que sean madres una
bonificación de la antigüedad en el momento de su jubilación, sin aportar ningún remedio a los problemas
que puedan encontrar durante su carrera profesional”.
31
forma no tan voluntaria – asumen dichas responsabilidades, y el segundo, porque
supone no percibir el perjuicio que la dedicación al cuidado causa en las carreras de las
mujeres, lo cual es notorio en el caso Griesmar24, en el que el Tribunal se atiene a la
dedicación al cuidado como daño actual a compensar, no valorando la dedicación
pasada al cuidado que es lo que la bonificación en el cálculo de la pensión discutida en
el caso, trataba de compensar, y en consecuencia, descalificando dicha bonificación
como acción positiva.
Otra sentencia del Tribunal de Justicia que está en línea con lo que sostiene en los casos
Griesmar y Mouflin, es la sentencia de 19 de marzo de 2002, Asunto C-476/99,
Lommers. En ella, el Tribunal de Justicia no se pronuncia expresamente a favor de la
pretensión de un varón de que se le otorgase una plaza de guardería en el ministerio en
que trabajaba, al considerar que la reserva de dichas plazas para las mujeres es una
excepción al principio de igualdad de trato permitida en el art. 2, apartados 1 y 4 de la
Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al
empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, y,
en consecuencia, admite la reserva de plaza de guardería para las mujeres trabajadoras.
Pero el Tribunal de Justicia repite los argumentos esgrimidos en Griesmar y Mouflin, y
su conclusión: que sólo caben acciones positivas a favor de las mujeres en el marco del
ejercicio de la maternidad biológica, ámbito en que dichas acciones no constituyen una
discriminación hacia los hombres porque hombres y mujeres no están en situación
24 Pero también en otras sentencias del Tribunal, a propósito de demandas planteadas no por hombres sino
por mujeres en relación con beneficios vinculados a medidas concretas de conciliación para el cuidado de
hijos, como son el permiso parental y la excedencia por cuidado de hijos. Así, en la sentencia de 21 de
octubre de 1999, asunto C- 333/97, Lewen, el Tribunal de Justicia admite que los períodos de disfrute de
un permiso parental puedan dar lugar a una reducción proporcional de la gratificación por Navidad y no
así los períodos de descanso por maternidad, porque la situación de los trabajadores que disfrutan de
dicho permiso no puede asimilarse a la de un hombre o mujer que trabaja. Y en su sentencia de 8 de junio
de 2004, asunto C- 220/02, el Tribunal no percibe que la legislación austríaca produzca una
discriminación por razón de sexo cuando excluye las excedencias por cuidado de hijos del cómputo de la
indemnización a efectos de despido, cuando son las mujeres las que en su mayoría solicitan las
excedencias por cuidado de hijo.
32
comparable, y entonces cabe compensar la dedicación a la maternidad biológica por
parte de las mujeres25, y que en relación con la maternidad social, con el cuidado, no
cabe conceder beneficios a las mujeres26.
Aunque en el caso Lommers el Tribunal de Justicia admite la reserva de plazas de
guardería para las mujeres, es decir, una medida de acción positiva en relación con el
cuidado, lo hace bajo el peso de una serie de factores que no tienen nada que ver con el
sexo, esto es, no porque el Tribunal haya reconocido que la reserva de plaza de
guardería para las funcionarias tenga como justificación el que son las mujeres quienes
desempeñan mayormente el cuidado de los otros sino debido a la concurrencia de una
serie de circunstancias en el caso como son el que dicha medida haya sido adoptada
para remediar la considerable infrarrepresentación de las mujeres entre el personal del
ministerio, la insuficiencia manifiesta de guarderías adecuadas y asequibles y el que los
funcionarios (varones) pueden tener acceso a ellas en casos de urgencia a apreciar por
el empleador.
El Tribunal de Justicia mantiene así en relación a las acciones positivas en el ámbito del
cuidado la misma óptica limitada, reduccionista que tiene en relación con las acciones
positivas, en general, como medidas diferenciadoras que constituyen una excepción al
25 De hecho, el Tribunal de Justicia ha denegado sin contemplaciones las reclamaciones hechas por parte
de demandantes varones de beneficios concedidos a las mujeres vinculados a la protección de la
maternidad. Vid. en este sentido su sentencia en el caso Abdoulaye y otros, asunto C- 218/98, de 16 de
septiembre de 1999.
26 Así, se expresa en el apartado 30 de la sentencia en el caso Lommers. “En segundo lugar, procede
considerar que una disposición en virtud de la cual un empleador reserva a las trabajadoras las plazas de
guardería que pone a disposición de su personal, salvo en casos de urgencia que le corresponde apreciar a
él, efectúa claramente una distinción de trato por razón de sexo en el sentido de los artículos 2, apartado
1, y 5, apartado 1, de la Directiva. Al darse la circunstancia de que ambos ejercen un empleo, las
situaciones de un trabajador y una trabajadora, padre y madre respectivamente de hijos de corta edad, son
efectivamente comparables en cuanto a la necesidad en que se pueden encontrar de tener acceso a una
guardería (véanse, en este sentido, la sentencia de 25 de octubre de 1988, Comisión/Francia, 312/86, Rec.
p. 6315, apartado 14, y, por analogía, por lo que se refiere a la situación de las trabajadoras y los
trabajadores que asumen la educación de sus hijos, la sentencia de 29 de noviembre de 2001, Griesmar,
C-366/99, Rec. p. I-9383, apartado 56)”.
33
principio de igualdad de trato, y por ello, merecedoras de una interpretación restrictiva,
o como “ventajas” o “preferencias” hacia las mujeres, suscitando así la reacción de los
hombres (Barrère, 2003). Esta óptica reducida en relación con las acciones positivas,
que está presente en la jurisprudencia y también en la legislación de la Unión
Europea27, en la que dichas acciones positivas están legitimadas28, la encontramos
claramente expresada en la sentencia del caso Lommers, en la que puede leerse:
“A este respecto, conviene señalar que una medida que excluyese a los funcionarios
masculinos que asumen solos la educación de sus hijos de la posibilidad de acceder a un
sistema de guardería subvencionado por su empleador iría más allá de lo que autoriza la
excepción establecida en el artículo 2, apartado 4, de la Directiva, por menoscabar
excesivamente el derecho individual a la igualdad de trato que ésta garantiza. Por lo
demás, el argumento basado en el hecho de que las mujeres tienden más fácilmente a
27 O quizás en la jurisprudencia por efecto de la legislación comunitaria, como manifiesta Barrère, para
quien es el Derecho Comunitario, en el que las acciones positivas están planteadas en términos
diferenciadores, el que restringe el marco de acción a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y de lo
que constituirían evidencias sus sentencias en los casos sentencias Kalanke (1995), Marschall (1997),
Badeck (2000), y también Lommers (2002) (Barrère, 2008).
28 Así la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio
de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a
la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, aunque no hace referencia explícita a las
mismas contempla la posibilidad de adoptar medidas para corregir las desigualdades de hecho que afecten
a las oportunidades de las mujeres (Artículo 2. Apartado 4). Otras normas europeas las describen en
forma explícita como acciones dirigidas a las mujeres en específico para corregir las desigualdades de
hecho que afecten a las oportunidades de las mujeres y con el objeto de eliminar o compensar los efectos
perjudiciales que resultan, para las mujeres que trabajan o que buscan un empleo, de actitudes,
comportamientos y estructuras basadas en la idea de una distribución tradicional de funciones entre
hombres y mujeres, en la sociedad (Recomendación 84/635/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de
1984, relativa a la promoción de acciones positivas en favor de la mujer) o como acciones también
dirigidas a las mujeres en forma de ventajas para facilitarles el ejercicio de actividades profesionales o de
compensación de algún impedimento en sus carreras profesionales (Acuerdo sobre Política Social, de
1993, artículo 6, apartados 1 y 2, y en concreto, su apartado 3). Y con el mismo significado de medidas
que conceden ventajas o evitan o compensan desventajas en el ámbito de la actividad profesional, pero en
relación al sexo menos representado, son descritas finalmente en textos vinculantes como el Tratado de
Amsterdam, de octubre de 1997 (artículo 141, 1. y 4.), la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea de 2007, incluida en el Tratado de Lisboa, de 2007 (art. 23), en este último caso, no
limitando su aplicación al ámbito laboral.
34
interrumpir su carrera profesional para asumir la guarda de sus hijos de corta edad, no tiene la
misma fuerza respecto de dichos funcionarios” (apartado 47). (La negrita es nuestra).
Las acciones positivas son percibidas como un perjuicio que se produce a un derecho
individual de los hombres. No se tiene conciencia, en cambio, del perjuicio que la
dedicación al cuidado causa a las mujeres, dedicación que no se valora (aspecto muy
evidente en el caso Griesmar) ni de que las acciones positivas son (o deberían ser) un
mecanismo para combatir la discriminación estructural que sufren las mujeres29,
discriminación que es resultado de relaciones de dominación – subordinación en las que
son las mujeres las que no tienen poder, y que se manifiesta también en el ámbito de las
responsabilidades familiares y domésticas.
En resumen, bajo el manto de la neutralidad, el Derecho de la Unión Europea en torno a
la conciliación de la vida familiar y laboral trata de potenciar derechos y beneficios para
los hombres en el ámbito del cuidado. Esta tendencia, que en principio sería loable
como una muestra de una proyección de dicho Derecho hacia la corresponsabilidad
entre los sexos en el ámbito del cuidado, cuenta con limitaciones a efectos prácticos que
se desprenden del diseño normativo mismo de los derechos previstos como es el caso
del permiso de paternidad. Por otra parte, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, la no concesión de determinados beneficios relacionados con el
cuidado a los hombres (tales como bonificaciones en el cálculo del pensiones, etc.) es
considerada como una discriminación por razón de sexo. Sin embargo, esta posición
jurisprudencial se sustenta sobre una desnaturalización del sentido de las acciones
positivas en tanto acciones concebidas para combatir las desigualdades y
discriminaciones estructurales que - también en el ámbito del cuidado - afectan las
mujeres.
29 Que es como la han conceptuado algunas autoras. Así, para Young, la discriminación estructural tiene
dos elementos: 1) que la opresión se reproduce sistemáticamente en las principales instituciones
económicas, políticas y culturales, y 2) que no es necesario identificar un grupo con conciencia o
intencionalidad de oprimir, sino que basta con que salga beneficiado con la opresión del otro (Young,
1990: 40). En España: Barrère, 2008.
35
Sin embargo, cabe preguntarse hasta qué punto entender la corresponsabilidad en clave
de derechos, como viene siendo entendida a nivel normativo y a nivel jurisprudencial en
la Unión Europea contribuye a romper la continuidad del sistema de género, y si más
bien no habría que entender la corresponsabilidad entre los sexos en clave de
obligaciones, esto es, como asunción de deberes por parte de quienes hasta ahora sólo
han tenido derechos. Porque desde un planteamiento de la corresponsabilidad en
términos de derechos, éstos, los derechos de conciliación se dejan a la voluntad de los
hombres30, mientras que, en el caso de las mujeres, debido a su falta de poder, se ven
obligadas “ejercitar sus derechos”, esto es, a asumir las responsabilidades familiares y
domésticas, no teniéndose en cuenta la dimensión estructural de la discriminación que
sufren las mujeres. Dicho planteamiento supondría asimismo reconducir la
discriminación estructural al terreno individual, de los derechos en el ámbito del
cuidado, dejando sin resolver el tema de los tiempos de vida de hombres y mujeres, y
reproducir la dicotomía público/privado.
Sería necesaria, por tanto, una corresponsabilidad en clave de obligaciones pero además
de ello, también otras actuaciones que rompan no sólo la actual organización del trabajo
doméstico sino también del trabajo asalariado. Como expresa Laura Nuño, habría que
hacer una revisión de la contradicción sistémica inherente a los principios de
organización del trabajo doméstico, y asalariado, y una oferta pública de servicios del
cuidado amplia y accesible y, en definitiva, una reforma de la división sexual del trabajo
en el espacio privado, y de la supuesta autonomía del espacio público (Nuño, 2009: 227,
228).
30 Lo que se ha criticado en las políticas españolas de conciliación al concebir las medidas de conciliación
de manera neutral cuando son utilizadas en la práctica por las mujeres y dejar a la “voluntad” de los
hombres el participar en el ámbito doméstico (Alcañiz, 2008:100).
36
4. La vinculación instrumental de los mundos del trabajo y la familia:
conciliar… en beneficio del mercado y de la familia
Un cuarto aspecto que constatamos en el Derecho de la Unión Europea sobre la
conciliación de la vida laboral y familiar, es su instrumentalización al servicio de fines
que van más allá de la igualdad de género.
Aunque desde un inicio, en las anteriormente denominadas Comunidades Europeas, la
conciliación de la vida familiar y laboral ha constituido un medio para el logro de la
igualdad de género, ya que con el establecimiento de medidas de conciliación se
buscaba facilitar el acceso de las mujeres al trabajo y con ello la igualdad de
oportunidades - lo que se evidencia en el Derecho derivado de la Unión Europea tanto
en actos típicos (obligatorios y no obligatorios) como en actos atípicos31, y también en
31 Una primera muestra la constituye la propuesta de directiva sobre el permiso parental y el permiso por
razones familiares, de la Comisión, de 1983, y otras muchas se contienen en recomendaciones y
resoluciones expresas del Consejo a los Estados miembros sobre conciliación de la vida familiar y laboral
(como la Recomendación del Consejo de 31 de marzo de 1992, sobre el cuidado de los niños y de las
niñas y la Resolución del Consejo y de los Ministros de Trabajo y Asuntos sociales, reunidos en el seno
del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la participación equilibrada de hombres y mujeres en la
actividad profesional y en la vida familiar), y en programas y estrategias para la igualdad de
oportunidades, como han sido los programas de acción comunitaria para el logro de la igualdad de
oportunidades (1982- 1995), el Libro Blanco sobre Política Social Europea, de 1994, la Estrategia Marco
Comunitaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres (2001 – 2005) de la Comisión Europea, la
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones para el establecimiento de un Plan de trabajo para la igualdad entre
hombres y mujeres (2006- 2010), de 2006, el Dictamen del Comité económico y social europeo sobre
dicho plan de trabajo y su estrategia de seguimiento (2010/C 354/01), el Informe del Parlamento Europeo
2009/2101, sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea, de 2010 (letra L), entre
otros). Asimismo, en determinadas directrices para las políticas de empleo (Decisión 2000/228/CE, del
Consejo, de 13 de marzo de 2000 relativa a las directrices para las políticas de empleo de los Estados
miembros para el año 2000, punto 20) y de manera concreta, en las directivas que han regulado el
permiso parental y el permiso para ausentarse del trabajo por motivos de fuerza mayor, directivas en las
que precisamente se señala la importancia de la nota de intransferibilidad (de dichos permisos) para
alcanzar el objetivo de la igualdad de género (Directiva 96/34/CE, del Consejo, de 3 de junio de 1996,
relativa al Acuerdo Marco sobre permiso parental concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, Cláusula
37
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea32 -, también desde un
inicio, la conciliación de la vida familiar y laboral es vinculada a otros fines que van
más allá de la igualdad de género, en unos casos, se ha tratado de fines explícitamente
declarados como tales, como el impulsar el crecimiento económico y el empleo o el
superar los desafíos demográficos, y en otros casos, de fines menos explícitos como es
el fin de protección de la familia.
Esta proyección hacia otros fines estaba ya presente en la propuesta de directiva de la
Comisión sobre el permiso parental y el permiso por razones familiares de 198333, y se
ha ido sucediendo después en diversos textos – obligatorios y no obligatorios – que
tratan de la igualdad de oportunidades34, de la conciliación de la vida privada, familiar y
2. Apartado 2; y en la misma línea, la Directiva 2010/18/UE, del Consejo, de 8 de marzo de 2010, sobre
el Acuerdo marco (revisado) sobre permiso parental de 18 de junio de 2009, su Considerando 8).
32 El Tribunal de Justicia da por presupuesto el vínculo entre medidas de conciliación de la vida familiar y
laboral e igualdad de oportunidades y de trato. Así, puede leerse en la sentencia del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas de 16 de septiembre de 2010, C- 149/10, caso Chatzi, apartado 56, lo
siguiente: 56. Del párrafo primero del preámbulo del Acuerdo marco y del punto 5 de sus consideraciones
generales se desprende que tal Acuerdo marco constituye un compromiso de los interlocutores sociales de
establecer, mediante disposiciones mínimas, medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades
y de trato entre hombres y mujeres ofreciéndoles una posibilidad de conciliar sus responsabilidades
profesionales y sus obligaciones familiares (sentencia de 22 de octubre de 2009, Meerts, C-116/08, Rec.
p. I-0000, apartado 35)”.
33 En ella, se vinculaba estos permisos a la igualdad entre hombres y mujeres, pero también se pensaba en
otros fines cuando, en la Exposición de Motivos, la Comisión insistía en la necesidad de establecer
normas mínimas de permiso en el marco de una estrategia global de política económica, social y familiar
y de una evolución demográfica adecuada.
34 La vinculación igualdad de género – conciliación de la actividad laboral con la vida privada y familiar
y demografía está presente en la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, para el establecimiento de un Plan de
trabajo para la igualdad entre hombres y mujeres (2006- 2010), de 2006; en la Comunicación de la
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones: “Un equilibrio en la vida laboral: más apoyo a la conciliación de la vida profesional, privada y
familiar”, de 2008, y de manera más evidente y expresa en las Conclusiones del Consejo sobre el Plan
Europeo de Igualdad de Género (2011-2020), y en las Conclusiones del Consejo “Mieux concilier vie
professionnelle et vie familiale dans le contexte de l'évolution démographique”, Luxemburgo, 17 de junio
38
profesional35 o de determinadas medidas de conciliación en concreto, como el permiso
parental y el permiso para ausentarse del trabajo por motivos de fuerza mayor36, o el
trabajo a tiempo parcial, que suele ser considerado como una medida de conciliación37,
o del crecimiento económico y empleo38. Las referencias a estos diversos fines que
están expresamente consignados en las normas europeas, parece más notoria en estos
últimos años a raíz de la crisis financiera mundial, en que se pone más énfasis en los
de 2011. Por otra parte, vinculando la conciliación de la vida familiar y laboral con la igualdad de
oportunidades y ésta a su vez con la estabilidad social tenemos el Informe del Parlamento Europeo sobre
la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea – 2009, (2009/2101, (INI), de 1 de febrero de
2010, apartado C).
35 Por ejemplo en el Informe 2003/2129 (INI), del Parlamento Europeo, sobre conciliación de la vida
profesional, familiar y privada, de 23 de febrero de 2004, en su Considerando H, su punto 2, o en su
sugerencia nº 4.
36 Así en la Directiva 96/34/CE, del Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo Marco sobre
permiso parental concluido por la UNICE, el CEEP y la CES (12ª Consideración), y la Directiva
2010/18/UE, del Consejo, de 8 de marzo de 2010, relativa al Acuerdo marco (revisado) sobre permiso
parental de 18 de junio de 2009 (puntos 7, 8 y 12).
37 En este sentido puede leerse la Directiva 97/81/CE, del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al
Acuerdo marco sobre trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, Directiva que
ha analizado Elena Juaristi para poner de manifiesto cómo en ella se vincula el trabajo a tiempo parcial
con la economía (Juaristi, 2012).
38 Vinculando medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, como horarios de trabajo, flexibilidad
laboral, oferta de la posibilidad de conciliar, con el crecimiento económico tenemos la Resolución del
Consejo y de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del
Consejo del 6 de diciembre de 1994, relativa a la participación equilibrada de las mujeres en una
estrategia de crecimiento económico orientado hacia la intensificación del empleo en el seno de la Unión
Europea; la Estrategia Europea de Empleo, aprobada en la Cumbre de Luxemburgo de 1997, la Estrategia
de Lisboa de 2000; y las nuevas directrices de la Estrategia Económica para los años 2003- 2005, y 2005
– 2008. Asimismo, cabe citar dos decisiones sobre políticas de empleo, en específico. Una es la Decisión
2008/618/CE, del Consejo, de 15 de julio de 2008, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo
de los Estados (Orientación nº 17, Aplicar políticas conducentes al pleno empleo, la mejora de la calidad
y la productividad del trabajo y el fortalecimiento de la cohesión social y territorial), y en el mismo
sentido iría la Decisión 2010/707/UE, del Consejo, de 21 de octubre de 2010 relativa a las orientaciones
para las políticas de empleo de los Estados miembros, en la que se instrumentaliza la participación de las
mujeres en el mercado laboral (Considerando 12).
39
fines de fomento del crecimiento económico y de superación de los desafíos
demográficos.
Algunas autoras han criticado la vinculación de la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral con la igualdad de oportunidades en el Derecho de la Unión Europea,
señalando que las políticas de conciliación afectan de manera igual a todos los
miembros de la familia, pues son los derechos de todos y cada uno de sus componentes
los que tienen que ser tutelados: el derecho de los niños a ser cuidados y educados por
sus padres y de los ancianos, el de ser atendidos (puede verse, siguiendo a López y
Valiño, Juaristi, 2012: 3). Sin embargo, para nosotras lo más criticable no es la
instrumentalización de la conciliación de la vida familiar y laboral en pro de la igualdad
de género, porque estamos convencidas de que la promoción de dicha igualdad no
puede realizarse sino a través de la distribución igualitaria del trabajo remunerado, y
también del trabajo no remunerado en el seno de la familia (por todos: Jönsson, Morel,
2006:2), sino la instrumentalización de la conciliación de la vida familiar y laboral en
pro de fines que nada tienen que ver con la igualdad de género.
A este respecto, suscribimos las críticas que se han hecho a esta instrumentalización de
la conciliación de la vida familiar y laboral, como es la crítica que hace McGlynn, quien
ha resaltado el énfasis de la retórica en torno a la reconciliación de trabajo y vida
familiar en incrementar la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo
remunerado, y también cómo pese a la neutralidad desde el punto de vista del género de
dicha retórica, el objetivo real es incrementar la participación de las mujeres en la fuerza
de trabajo remunerado, con escaso énfasis en los cambios en las familias. Lo que es
evidente si se examinan los instrumentos políticos en este ámbito, desde las políticas de
empleo hasta los programas de acción para la igualdad de oportunidades (McGlynn,
2001:57). Y en el mismo sentido puede citarse a Carrasquer y Martín, para quienes ese
vínculo que se establece en la Unión Europea entre las políticas de la conciliación y el
incremento de las tasas de actividad y de empleo femeninas, vendría a constituir un
factor que contribuye a que la conciliación sea percibida como algo netamente femenino
(Carrasquer, Martín, 2005: 136).
40
De forma parecida, criticando la proyección hacia fines de aumento del empleo
femenino – y en consecuencia, el crecimiento económico – pero también los fines
demográficos de las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral, destacan los
análisis de John Macinnes (Macinnes, 2005), quien habría llegado aún más lejos al
afirmar que la Unión Europea promueve las políticas de conciliación a caballo entre las
preocupaciones demográficas y las políticas de empleo, y no como fruto de una
demanda social explícita por parte de las personas ocupadas (Macinnes, cit. por Torns,
2005:17, y también, siguiendo a Macinnes, Borràs et al., 2007:90).
Otras autoras han expresado que más que una adición de fines lo que habría habido sería
una evolución en la interpretación del término “conciliación” en el contexto de la Unión
Europea, término que ha ido cambiando de significado, interpretándose
progresivamente relacionado con el libre mercado e ignorándose el aspecto de género
(Stratigaki, 2004, cit. por Bustelo; Peterson, 2005:3). En esta línea cabe citar también a
Claude Martin, quien nos explica este giro en el sentido de la conciliación de la vida
familiar y laboral (Martin, 2010:117), giro que le lleva a afirmar el carácter ambiguo del
objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres en las políticas de la Unión Europea, en
los siguientes términos:
«Así pues, el examen de las políticas adoptadas por la Unión Europea revela la ambigüedad del
objetivo de igualdad entre hombres y mujeres. La evolución de las medidas adoptadas tiende a
mostrar que la temática de la conciliación, puesta en marcha a principios de los años 90, se ha
ido deslizando poco a poco hacia un enfoque económico centrado sobre el empleo. El objetivo
de modificación de los comportamientos de los hombres en la esfera privada, defendido por las
feministas, tiende a convertirse en secundario en relación a la lógica exclusivamente
económica que pretende facilitar la participación en el mercado de trabajo tanto de las mujeres
como de los hombres. Por otra parte, la conciliación se convierte en un desafío central de la
agenda política europea a partir del momento en que se la vincula estrechamente a las políticas
de empleo. A fin de cuentas, las medidas de conciliación no modifican el reparto desigual de
tareas entre hombres y mujeres en la esfera privada sino que, al contrario, pueden contribuir a
mantener el modelo de la mujer como principal proveedora de cuidados» (Martin, 2010: 117,
traducción propia).
Finalmente, un aspecto que debemos tener presente es la conexión entre esta
instrumentalización económica de las medidas de conciliación de la vida familiar y
41
laboral, y de la igualdad de oportunidades, y el modelo neoliberal que inspira la Unión
Europea, modelo que critica la doctrina en los siguientes términos:
“La política social propia de la Unión es extremadamente limitada y muy poco significativa. La
política social se basa mucho más en producir unas guías más o menos precisas y algunos
objetivos cuantitativos deseables para que los estados miembros los sigan. Por supuesto, estas
guías y orientaciones comparten la filosofía general de la Unión y de su escasa política social y
llevan el sello de las políticas neoliberales: en el frente del empleo ya hemos visto que se
considera que los problemas se deben a las imperfecciones de los mercados de trabajo, que los
subsidios son demasiado generosos, que los trabajadores tienen que hacerse mas «empleables»
a sí mismos por medio de la educación y la empresariabilidad, y que, como máximo, hay que
proporcionar incentivos a las empresas privadas para estimular el empleo. Los últimos
desarrollos en la política laboral en el mejor de los casos no son más que ejercicios de retórica
y legitimación y, con mayor frecuencia, conllevan el deterioro de los derechos sociales de los
trabajadores” (Etxezarreta, 2008: 135).
Aparte de los fines que ya hemos referido, entre los que ocupan lugar destacado el
aumento del empleo femenino, el crecimiento económico y la lucha contra el
envejecimiento poblacional, un fin menos visible que también persigue el Derecho de la
Unión Europea en torno a la conciliación de la vida familiar y laboral es la protección
de la familia.
Así, es posible percibir cómo en textos europeos de carácter vinculante, la conciliación
de la vida privada, familiar y laboral – o determinadas medidas de conciliación en
particular -, son consideradas como parte de la política familiar. En concreto, en la
Directiva 96/34/CE, del Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo Marco
sobre permiso parental concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, el permiso parental
es incluido en la política familiar, una inclusión que celebra la doctrina, que ha
expresado lo siguiente:
“Aspecto a destacar es la inserción expresa de esta materia, en la séptima consideración, dentro
de la política familiar. Éste prevé que “la política familiar debe contemplarse en el contexto de
los cambios demográficos, los efectos del envejecimiento de la población, el acercamiento
entre generaciones y la promoción de la participación de las mujeres en la vida activa”. Esta
42
inclusión aleja las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del ámbito de
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y le otorga un carácter más amplio al
calificarla como política familiar” (Juaristi, 2012:7).
Y en la misma línea habría ido la Directiva 2010/18/UE, del Consejo, de 8 de marzo de
2008, relativa al Acuerdo marco (revisado) sobre permiso parental de 18 de junio de
2009, cuando en su Consideración general 8 las políticas de conciliación son concebidas
como políticas familiares y no como políticas de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, algo que también Juaristi valora de forma positiva (Juaristi, 2012:
11).
Igualmente, se estima que los servicios de cuidado de niños y de otras personas a cargo
son parte de la política familiar y ésta a su vez un medio para el logro de la igualdad de
oportunidades. Así, en la Decisión 2000/228/CE, del Consejo, de 13 de marzo de 2000,
relativa a las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros para el
año 2000, en que se expresa que para reforzar la igualdad de oportunidades, los Estados
miembros y los interlocutores sociales. Literalmente, se manifiesta:
“20) diseñarán, aplicarán y promoverán políticas de apoyo a la familia, incluidos servicios de
cuidado de niños y otras personas a cargo, que sean asequibles, de fácil acceso y de elevada
calidad, así como esquemas de permiso parental o de otro tipo”.
Algunos textos, a la hora de abordar la conciliación de la vida laboral y familiar se han
referido a que la protección de la maternidad, de la paternidad y de los derechos de los
niños son fines a conseguir, y no dejan claro cuál es el vínculo entre la protección de
estos valores y derechos y la igualdad de oportunidades, como ocurre en la Resolución
del Consejo y de Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, de 29 de junio de 2000,
relativa a la participación equilibrada de hombres y mujeres en la actividad profesional
y en la vida familiar, en la que se hace alusión al desarrollo de la sociedad y la
protección de la maternidad, la paternidad y los derechos de los niños como valores
sociales eminentes de la sociedad, y se manifiesta que:
“La participación equilibrada de mujeres y hombres tanto en el mercado de trabajo como en la
vida familiar, que supone una ventaja tanto para los hombres como para las mujeres, constituye
un elemento indispensable para el desarrollo de la sociedad, y la maternidad, la paternidad y
43
los derechos de los niños son valores sociales eminentes que la sociedad, los Estados miembros
y la Comunidad Europea deben proteger”.
Pero en otros textos, como es el caso de un texto como el Tratado de Lisboa, de 2007,
de enorme relevancia, y además, vinculante, se prescinde de toda referencia a la
igualdad de oportunidades, y la protección de la familia parece ser el fin directamente
perseguido con la conciliación de la vida familiar y laboral.
En el Tratado, el artículo 33 es el que trata la conciliación de la vida familiar y laboral
(artículo comprendido en el Título IV de la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea de 2007, integrada en el Tratado, Título que se denomina
“Solidaridad”), estableciendo el derecho de toda persona a la protección contra el
despido por causa relacionada con la conciliación y el derecho a un permiso por
maternidad y a un permiso parental. En dicho artículo puede notarse cómo se alude a la
protección de la familia en su apartado 1 como declaración de intenciones antes de pasar
a tratar expresamente de las medidas de conciliación en su apartado 2: la protección
contra el despido por causa relacionada con la maternidad, el derecho a un permiso
pagado por maternidad y el derecho a un permiso parental con motivo del nacimiento o
de la adopción de un niño. No se hace, por tanto, ninguna alusión a la igualdad de
oportunidades, ni se vincula la conciliación de la vida familiar y laboral al logro de la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sino, como vemos, más bien a la
protección de la familia.
Esta vinculación de la conciliación de la vida familiar y laboral a la familia estaba ya
presente en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aprobada el 7 de
diciembre de 2000 (a la que la Carta de Derechos Fundamentales, de 2007, sustituyó,
adaptándola, a partir del 1 de diciembre de 2009, fecha de la entrada en vigor del
Tratado de Lisboa), como señala Juaristi. No obstante, esta autora no critica dicha
vinculación sino que más bien nos indica que el artículo 33 de dicha Carta, en el que se
reconoce el derecho a conciliar la vida personal, familiar y laboral, adopta una
perspectiva familiar, y que esta ubicación apoya la tesis de que las políticas de
conciliación de la vida personal, familiar y laboral han de encuadrarse dentro de las
44
políticas familiares y no como políticas de igualdad de oportunidades, o como políticas
de empleo (Juaristi, 2012: 839).
Esta incardinación de la conciliación de la vida familiar y laboral, y de las medidas para
ello se mantiene en los textos europeos hasta fechas recientes, e incluso la política de
igualdad de oportunidades es considerada como parte de las políticas familiares. Así, en
el dictamen del Comité económico y social europeo titulado «El papel de la política
familiar en el cambio demográfico: compartir las mejores prácticas en los Estados
miembros» (2011/C 218/02), en que se considera como un elemento clave del éxito de
las políticas familiares, la puesta en práctica de dispositivos que permitan conciliar la
vida profesional y la vida familiar (punto 7, apartados 1 y 5), y también la igualdad
profesional entre hombres y mujeres como uno de los componentes de toda política
familiar, a lo que se refiere su apartado 8. 1, que dice lo siguiente:
“(…) La UE puede también legislar en el ámbito de la igualdad profesional entre el hombre y
la mujer, uno de los componentes de cualquier política familiar (…)”.
Por último, lo que cabe señalar en relación a este fin de protección de la familia hacia el
que se proyecta el Derecho de la Unión Europea sobre la conciliación de la vida familiar
y laboral es que también lo encontramos en los órdenes jurídicos nacionales, como es el
caso concreto de la jurisprudencia española, en la que la protección de la familia y la
infancia es un criterio tenido en cuenta a la hora de decidir procesos sobre medidas de
conciliación de la vida familiar y laboral40.
39 En línea con esta postura de Juaristi puede citarse a autores que a nivel nacional – España – parecen dar
a entender que la finalidad de la conciliación es la protección de la familia, como sería el caso de Lousada
Arochena, cuando señala que con las políticas de conciliación sólo se incide en una parte del binomio, el
trabajo y de manera más difusa sobre la parte sobre la cual se quiere incidir, la familia (Lousada, 2007:
38); y también con los autores que sostienen abiertamente que la conciliación de la vida familiar y laboral
constituye una forma de protección de la familia, fundamentalmente de los hijos, y no de la mujer
(Arroyo, 2007: 262, 263).
40 En España, en la jurisprudencia constitucional puede percibirse cómo se conceden o se deniegan a las
mujeres determinadas medidas de conciliación de la vida familiar y laboral (como la excedencia para el
cuidado de hijos/as, la reducción de la jornada para la guarda de un menor, discapacitado o familiar)
45
Para terminar con la explicación sobre los otros fines en función de los cuales se
instrumentaliza la conciliación de la vida familiar y laboral en el Derecho de la Unión
Europea, diremos que aunque en este Derecho la participación de los hombres en las
responsabilidades familiares es destacada como una forma de hacer realidad el principio
de igualdad entre hombres y mujeres, y de compensar así la desventaja que los hombres
sufren en lo que se refiere a las condiciones de su participación en la vida familiar41,
este fin perseguido, el de incremento de la participación de los hombres en el cuidado
familiar, no aparece vinculado con otros fines como el crecimiento económico, el
empleo o con el desafío demográfico, ni tampoco con la familia, como sí ocurre en el
caso de las mujeres, respecto a las cuales, como hemos visto, el fin de hacer realidad la
igualdad de oportunidades mediante medidas de conciliación que faciliten su
participación en el empleo se pone en conexión a su vez con otros fines.
según estimen los Tribunales que se protege o no la familia y a la infancia, utilizando el art. 39 de la CE
(en el que la protección de la familia y de la infancia es enunciada como principio rector de la política
social y económica) como premisa de la argumentación (vid. entre otras las sentencias del Tribunal
Constitucional 233/2007, de 7 de noviembre de 2007, 3/2007, de 15 de enero de 2007, y 24/2011, de 14
de marzo de 2011). Asimismo cabe citar la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, los
cuales deciden diferentes aspectos que plantean las medidas de medidas de conciliación de la vida
familiar y laboral que hemos mencionado de una forma favorable para las mujeres pero no para propiciar
la igualdad de género sino porque así se garantiza una mejor protección de la familia. Así cuando en
relación con el derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijos/as (art. 56 del Estatuto de los
Trabajadores reformado por la Ley Orgánica de Igualdad de 2007), consideran, a efectos del cálculo de la
indemnización por despido, que el período de reducción de jornada debe computarse como si el
beneficiario se encontrase trabajando a jornada completa porque con ello se garantiza la protección de los
menores (sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 5 de noviembre de 2008 y del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 18 de noviembre de 2009); cuando interpretan la excedencia
por cuidado de hijos/as como un derecho subjetivo de los trabajadores que tiene como objetivo garantizar
el “instituto de la familia”, en línea con el artículo 39, 1 de la Constitución española, y cuando hacen una
interpretación flexible en relación al momento en que debe comunicarse al empresario la prórroga de la
excedencia, aduciendo la protección de la familia (vid. la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla la Mancha, de 29 de enero de 2009).
41 Puede releerse el texto de la Resolución del Consejo y de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales
de 29 de junio de 2000, relativa a la participación equilibrada de hombres y mujeres en la actividad
profesional y familiar, Considerando 2, ya transcrito más arriba.
46
IV. CONCLUSIONES
Primera. En la Unión Europea se tiene conciencia de las desigualdades que existen
entre los hombres y las mujeres en lo que concierne a las cargas familiares y de que esta
desigualdad afecta a la igualdad de oportunidades para las mujeres, siendo necesario un
reparto del trabajo no remunerado entre los sexos, y sobre todo, que este reparto sea
real. En este sentido, se recomienda a los Estados que adopten medidas de conciliación
que vayan más allá de los permisos parentales y por razones familiares tales como la
flexibilización de los horarios escolares y del trabajo, y la puesta en marcha de servicios
de cuidado de niños. Estas preocupaciones forman parte del conjunto de disposiciones
europeas en torno a la conciliación de la vida familiar y laboral, contenidas o bien en
normas expresamente elaboradas sobre este tema de la conciliación o bien en normas
que articulan las políticas de igualdad, las políticas de empleo o las políticas familiares.
Segunda. Sin embargo, cuando se analiza el discurso de estas normas, de la doctrina y
sobre todo, de la jurisprudencia que interpreta estas normas - fundamentalmente, la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -, se perciben determinados
aspectos que evidencian cómo el Derecho de la Unión Europea que regula la
conciliación de la vida familiar y laboral (o la conciliación de la vida privada, familiar y
laboral, que es la nomenclatura que más recientemente se utiliza) está organizado en
torno a la tradicional dicotomía público/privado. Dicha dicotomía es la que ha estado en
el origen de la subordinación de las mujeres, al confinarlas al espacio privado o
doméstico, mientras que los hombres han actuado en el ámbito de lo público que es el
ámbito de los derechos, de la ciudadanía.
Así, en el Derecho de la Unión Europea, se nos presentan el mundo del trabajo y el
mundo de la familia como dos mundos separados que es necesario conciliar, pero la
razón detrás de esta necesidad de conciliar es el beneficio del mercado y de la familia.
Lo que significa que el objetivo del Derecho de la Unión Europea es el de promover la
conciliación del trabajo y de la vida familiar, porque con ello se contribuye al
47
crecimiento económico y al beneficio de la familia. No se piensa en las mujeres como
sujetos individuales que soportan la mayor parte de la responsabilidad de los cuidados.
Además de ello, la conciliación de las responsabilidades familiares y laborales es
considerada como un problema común a los hombres y a las mujeres que trabajan,
adoptando en este sentido un punto de vista neutral a partir del cual se desdeña la
especificidad de la experiencia de la vida de las mujeres que consiste en asumir las
responsabilidades familiares en mayor medida que los hombres.
Y bajo el paraguas de esta neutralidad, se tiende a reivindicar derechos para los hombres
en el ámbito de los cuidados, aunque esta tendencia, que se da a nivel normativo, y que
se enmarca en un entendimiento de la corresponsabilidad entre los sexos en el cuidado
fundamentalmente desde la óptica de los derechos, tenga poca virtualidad práctica
porque los derechos previstos para los varones como el permiso de paternidad cuentan
con limitaciones ya desde su propio diseño. Asimismo, a nivel jurisprudencial se estima
que existe una discriminación por razón de sexo si se excluye a los hombres de
determinados beneficios en relación con el cuidado. Esta tendencia, que se percibe
fundamentalmente en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se
sustenta, no obstante, en una descalificación y malinterpretación de las acciones
positivas en tanto acciones pensadas para combatir desigualdades estructurales que
afectan a las oportunidades de las mujeres, que son precisamente las que en el ámbito
del cuidado han sufrido discriminaciones por su dedicación al mismo.
Tercera. Los aspectos anteriormente descritos ponen también de manifiesto que los
intereses específicos de las mujeres y en particular la necesidad de las mujeres de un
reparto equitativo – y real - con los hombres de las tareas familiares y domésticas, no
son tenidos en cuenta en el Derecho de la Unión Europea. Para ser más precisos, la
forma en que este Derecho ha abordado tal necesidad de las mujeres no incluye una
toma en consideración de los intereses de las mujeres en el ámbito del cuidado en todo
su alcance, pues a lo sumo se trata de potenciar su participación en el trabajo
48
remunerado pero sin resolverse el problema de la asunción, mayormente por parte de
las mujeres, de las cargas familiares.
Cuarta. En consecuencia, el abordaje que el Derecho de la Unión Europea hace de la
conciliación de la vida de familia y de la vida profesional propicia la permanencia del
“statu quo”, dejando sin cuestionar la función de maternidad social como función propia
y exclusiva de las mujeres, y en definitiva, el orden de género que en general, inspira las
políticas de igualdad de oportunidades de la Unión Europea, en las que se incardina la
conciliación de la vida familiar y laboral.
V.BIBLIOGRAFÍA
Albarracín Sánchez, Daniel (2004): “Usos del empleo a tiempo parcial en Europa y
relaciones de género”. Disponible en línea: 01/08/2012:
http://www.ucm.es/info/ec/jec9/pdf/A05%20-%20Albarrac%EDn,%20Daniel.pdf
Alcañiz, Mercedes (2008): “Las políticas de conciliación entre el ámbito laboral y
familiar: ¿cambio o continuidad en el sistema de género?”, Revista Ex Aequo, nº 18, pp.
85- 102.
Amorós, Celia (1991): Hacia una crítica de la razón patriarcal, Anthropos, Barcelona.
Amorós, Celia (1997): Tiempo de feminismo. Sobre el feminismo, proyecto ilustrado y
postmodernidad, Ed. Cátedra, Madrid.
Angeloff, Tania (2000): Le temps partiel, un marché de dupes?, Syros, París.
Arroyo Abad, Carlos (2007): “Perspectivas laborales en torno a la conciliación de la
vida familiar y laboral: el reto de la compatibilidad y de la corresponsabilidad”, Anuario
Jurídico y Económico Escurialense, XL, pp. 243 – 270.
Barrère Unzueta, Mª Ángeles (2003): “La acción positiva: análisis del concepto y
propuestas de revisión”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, nº 9, 29 pp.
Disponible en línea: 27/08/2012 http://www.uv.es/CEFD/Index_9.htm
49
Barrère Unzueta, Mª Ángeles (2008): “Iusfeminismo y Derecho antidiscriminatorio:
hacia la igualdad por la discriminación”, en: Mestre i Mestre (Coord.): Mujeres,
derechos y ciudadanías, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 45-71.
Bergalli, Roberto; Bodelón, Encarna (1992): “La cuestión de las mujeres y el derecho
penal simbólico”, Anuario de Filosofía del Derecho, IX, pp. 43-73.
Bodelón, Encarna (2010): “Las leyes de igualdad de género en España y Europa: ¿Hacia
una nueva ciudadanía plena?”, Anuario de Filosofía del Derecho, nº 26, pp. 85- 106.
Borràs, Vicent; Torns, Teresa; Moreno, Sara (2007): “Las políticas de conciliación:
políticas laborales versus políticas de tiempo”, Papers, nº 83, pp. 83-97.
Bustelo, María; Peterson, Elin (2005): “Conciliación y (des) igualdad. Una mirada
debajo de la alfombra de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres”, SOMOS,
nº 7, Primavera 2005, pp. 32-37. Disponible en línea: 07/06/2012:
http://www.ucm.es/info/mageeq/documentos/Art_Conciliacion.pdf
Bustelo, María; Lombardo, Emanuela (2007): Políticas de igualdad en España y en
Europa, Ed. Cátedra, Madrid.
Butler, Judith (1997). El género en disputa. Ed. Paidós, Barcelona.
Campillo Poza, Inés (2010): “Políticas de conciliación de la vida laboral y familiar en
los regímenes de bienestar mediterráneos: los casos de Italia y España”, Política y
Sociedad, vol. 47, núm.1, pp. 189-213.
Carrasquer Oto, Pilar; Martín Artiles, Antonio (2005): “La política de conciliación de la
vida laboral y familiar en la negociación colectiva. Un aspecto de la estrategia europea
de empleo”, Cuadernos de Relaciones Laborales, 23, núm. 1, pp. 131- 150.
Castro García, Carmen (2009): “Hacia un nuevo contrato de género: el rol de las
políticas públicas sobre el mercado laboral y el trabajo de cuidados”, 2009 IAFFE
Conference on Feminist Economics, En línea: 07/06/2012:
http://editorialexpress.com/cgi-
bin/conference/download.cgi?db_name=IAFFE2009&paper_id=181
Cobo, Rosa (1995): Fundamentos del patriarcado moderno. Jean Jacques Rousseau,
Ed. Cátedra, Madrid.
50
Cobo, Rosa (2002): “Democracia paritaria y sujeto político feminista”, Anales de la
Cátedra Francisco Suárez, nº 36, pp. 29 – 44.
Cohen, Beatriz (2000): “El feminismo jurídico en los países anglosajones: el debate”, en
Birgin, Haydée: El Derecho en el Género y el Género en el Derecho, Ceadel, Ed.
Biblos, Argentina, pp. 73 – 105.
Dandurand, Renée B.; Jenson, Jane; Junter, Annie (2002) : « Les politiques publiques
ont –elles un genre? », Lien social et politiques, nº 47, Printemps 2002, pp. 5- 13.
Dauphin, Sandrine, Sénac- Slawinski, Réjane (2008) (Coords.): Gender mainstreaming.
De l´égalité des sexes à la diversité?, Cahiers du Genre, nº 44, 270 páginas.
Etxezarreta, Miren (2008): “La evolución (perversa) de la política social de la Unión
Europea”, RIFP, nº 31, 2008, pp.123- 138.
Garrau, Marie (2011): « Le contrat social contre les femmes », La Vie des idées, 18
janvier 2011, ISSN : 2105-3030. Disponible en línea : 24/08/2012
http://www.laviedesidees.fr/Le-contrat-social-contre-les.html
Gilligan, Carol (1982): In a different voice: psychological theory and women's
development, Harvard University press, Cambridge.
González Moreno, Juana María (2009): “Comentario a la Sentencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas 12/7/84, Asunto Ulrich Hoffmann”, Aequalitas,
nº 25, 2009, pp. 14 – 19.
Heinen, Jacqueline; Hirata, Helena; Pfefferkorn, Roland (2009): « Politiques publiques
et articulation vie professionnelle/vie familiale. Introduction», Cahiers du Genre, nº
46/2009, pp. 5- 16.
Igareda González, Noelia (2010): De la protección de la maternidad a una legislación
sobre el cuidado, Tesis Doctoral, Universitat Autònoma Barcelona, Barcelona,
noviembre de 2010, 595 pp. En línea: 24/08/2012
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/48648/nig1de1.pdf?sequence=1
Jónasdóttir, Anna (1993): El poder del amor. ¿Le importa el sexo a la democracia?, Ed.
Cátedra, Madrid.
51
Jónasdóttir, Anna (2009): « ¿Es la explotación sólo algo malo…o qué tipo de poder es
el poder del amor?”, En: Gil Gómez, Alicia; Escrig Gil, Gemma; Forcada Martínez,
Águeda: Poder, Poderes y Empoderamiento… ¿Y el amor?¡Ah, el amor!, Actas 5º
Congreso Estatal Isonomía sobre Igualdad entre hombres y mujeres, Fundación
Isonomía para la Igualdad de Oportunidades, Universitat Jaume I, Castelló de la Plana,
pp.13-28. En línea: http://www.uji.es/bin/publ/edicions/iso5c.pdf
Jönsson, Alexandra; Morel, Nathalie (2006): “Egalité des sexes et conciliation vie
familiale – vie professionnelle en Europe. Une comparaison des politiques menées en
France, en Suède et au Royaume – Uni », Politique européenne 3/2006, nº 20, pp. 121 –
139.
Juaristi Besalduch, Elena (2012): “¿Qué persigue la normativa de la Unión Europea en
materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral? Boletín del Centro de
Investigación de Economía y Sociedad, nº 96, marzo, 14 páginas, pp. 1- 13. En línea:
http://www.grupcies.com/boletin/images/stories/PDFBoletin/articuloii_edic_96.pdf
Lombardo, Emanuela (2002): “La política de género de la Unión Europea: ¿atrapada en
el “dilema de Wollstonecraft”?”, Género y Derechos Humanos, pp. 225 – 248, en:
García Inda, Andrés; y Lombardo, Emanuela 2002. Género y Derechos Humanos.
Zaragoza: Mira Editores. En línea: 22/04/2012:
http://www.ucm.es/info/target/Art%20Chs%20ES/CHDilWollGenDerHum_02ES.pdf
Lousada Arochena, José Fernando (2007): “Tiempo y Género”, Aequalitas nº 20, pp.
36-41.
Macinnes, John (2005): “Diez mitos sobre la conciliación de la vida familiar y laboral”,
Cuadernos de Relaciones Laborales, nº 23, núm.1, pp. 35-71.
Mac Kinnon, Catherine (1989): Hacia una teoría feminista del Estado, Ed. Cátedra,
Madrid.
Martín Palomo, Teresa (2009): “El care, un debate abierto: de las políticas de tiempos
al social care”, Comunicación, Congreso de Economía Feminista. En línea: 07/06/2012:
http://www.upo.es/congresos/export/sites/congresos/economiafeminista/documentos/Ar
ea2/Maria_Teresa_Martin_Palomo.pdf
52
Martin, Claude (2010): “Concilier vie familiale et vie professionnelle: un objectif
européen dans le modèle français des politiques de la famille ? », Informations sociales,
2010/1, nº 157, pp. 114- 123.
McGlyn, Clare (2001): “The Ideology of Motherhood revisited”, Nemesis, nº 2, pp. 54-
57.
Mestre, Ruth (2009): «Teorías feministas del Derecho”, Máster en Investigación y
docencia en estudios feministas, de género y ciudadanía, Seminari de Investigació
Feminista, Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, Curso 2008 – 2009, Módulo
“Derecho, Economía y Ciencia”.
Moizard, Nicolas (2006): « Conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. En
droit social communautaire », Informations sociales 2006/1, nº 129, pp. 130 – 139.
Molina, Cristina (2003): “Género y poder desde sus metáforas. Apuntes para una
topografía del patriarcado”, En: Silvia Tubert (coord.): Del sexo al “género”: Los
equívocos de un concepto, Ed. Cátedra, Madrid, pp. 123 – 159.
Murillo, Soledad (1996): El mito de la vida privada, Siglo XXI, Editores, S.A. Madrid.
Nuño Gómez, Laura (2009): “El empleo femenino en España y en la Unión Europea”,
Revista de Investigaciones Feministas, vol. 1, 205- 232.
Orellana Cano, Ana María (2002): “Medidas para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras. Análisis de las Directivas Comunitarias
92/85 y 96/34 y lagunas en su transposición al ordenamiento interno español”, Revista
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Derecho social Internacional y
Comunitario, nº 37, 2002, pp. 61-98.
Ostner, Ilona; Lewis, Judith (1994): Gender and the evolution of European social
policies, Center for European studies, The EC’s social dimension in comparative
perspective, Cambridge MA
Pateman, Carol (1995): El contrato sexual, Ed. Anthropos, Barcelona.
Plataforma PPiiNA (2011): Propuesta de reforma: permisos iguales, intransferibles y
pagados. Costes y beneficios de la equiparación de permisos para padres y madres.
Monográfico nº 30 de la Revista de Trabajadores de la Enseñanza, nº 337, noviembre de
2011. Disponible en línea: 11/08/2012).http://www.igualeseintransferibles
53
Ríos Rodríguez, Ana (1993): “Protección de la maternidad en la Comunidad Europea”,
Cuadernos de Trabajo Social, nº 4-5 (1991-1992), pp. 161-174.
Smart, Carol (1994): “La mujer del discurso jurídico”. En: Larrauri, Elena (comp.).
Mujeres, Derecho penal y criminología, Siglo XXI Editores, S.A., Madrid, pp. 168 –
189).
Smart, Carol (2000): “La teoría feminista y el discurso jurídico”. En: Birgin, Haydée
(comp.). El Derecho en el Género y el Género en el Derecho, Ceadel, Ed. Biblos.
Buenos Aires, pp. 31- 71.
Torns, Teresa (2005): “De la imposible conciliación a los permanentes malos arreglos”,
Cuadernos de Relaciones Laborales, 23, núm.1, pp. 15-33.
Valcárcel, Amelia (2004): “La memoria colectiva y los retos del feminismo”, en “Tres
textos de historia de las ideas feministas”, fem – e – libros,
http://creatividadfeminista.org
Young, Iris Marion (1990): Justice and the Politics of Difference, Princeton University
Press, New Jersey. En su traducción española: La justicia y la política de la diferencia,
Ed. Cátedra, Madrid, 2000.
VI. ANEXO: DOCUMENTACIÓN Y JURISPRUDENCIA ANALIZADA
1)DOCUMENTACIÓN
UNIÓN EUROPEA
Derecho Primario
- Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, Roma, de 25 de
marzo de 1957. Versión consolidada: DOCE C 325, de 24.12.2002
- Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores,
adoptada el 9 de diciembre de 1989 en el Consejo Europeo de Estrasburgo
- Acuerdo sobre la Política Social, de 1993, anejo al Protocolo 14 sobre la
Política Social, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Económica
54
- Tratado de Amsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea,
los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos
conexos, de 2 de octubre de 1997, DOCE C 340, de 10.11.1997
- Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 2000, DOCE C
364, de 18.12.2000
- Carta Europea de los Derechos Fundamentales, de 2007, DOUE C 83, de
30.3.2010
- Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de
diciembre de 2007, DOUE C 306, de 17.12.2007
Derecho Derivado
Actos típicos
Obligatorios. Directivas:
- Directiva 76/207/CEE, del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la
aplicación de la igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso al
empleo, a la formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de
trabajo, DOCE L 39, de 14.2.1976
- Directiva 92/85/CEE, del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la
aplicación de las medidas para promover en el trabajo la mejora de la seguridad
y de la salud de las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz
recientemente o en período de lactancia, DOCE L 348, de 28.11.1992
- Directiva 2003/88/CE, del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a
determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, DOUE L 299, de
18.11.2003
- Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al
Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el
CEEP y la CES, DOCE L 14, de 20.1.1998
- Directiva 96/34/CE, del Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo
Marco sobre permiso parental concluido por la UNICE, el CEEP y la CES,
DOCE L 145, de 19.6.1996
55
- Directiva 2010/18/UE, del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica
el Acuerdo marco (revisado) sobre el permiso parental de 18 de junio de 2009
celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, DOUE L
68, de 18.3.2010
Obligatorios. Decisiones:
- Decisión 95/593/CE, del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativa a un
programa de acción comunitario a medio plazo para la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres (1996-2000), DOCE L 335, de
30.12.1995
- Decisión 2000/228/CE, del Consejo, de 13 de marzo de 2000, relativa a las
directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros para el año
2000, DOUE L 72, de 21.3.2000
- Decisión 2001/51/EC del Consejo, de 20 de diciembre de 2000, estableciendo
un programa relativo a la Estrategia Marco Comunitaria sobre la Igualdad de
Hombres y Mujeres (2001- 2005), DOUE L 017, de 19.1.2001
- Decisión 2005/600/CE del Consejo, de 12 de julio de 2005, relativa a las
Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros, DOUE L205,
de 6.8.2005
- Decisión 2008/618/CE, del Consejo, de 15 de julio de 2008, relativa a las
orientaciones para las políticas de empleo de los Estados, DOUE L 198, de
26.7.2008
- Decisión 2010/707/UE, del Consejo, de 21 de octubre de 2010, relativa a las
orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros, DOUE L
308, de 24.11.2010
No obligatorios. Recomendaciones
- Recomendación 84/635/CEE, del Consejo, de 13 de diciembre de 1984, relativa
a la promoción de acciones positivas a favor de la mujer, DOCE L 331, de
19.12.1984
- Recomendación 92/241/CEE, del Consejo de 31 de marzo de 1992, relativa a
los cuidados de los niños y de las niñas, DOCE L 123, de 8.5.92
56
No obligatorios. Dictámenes:
- Dictamen del Comité económico y social europeo sobre «El papel de la política
familiar en el cambio demográfico: compartir las mejores prácticas en los
Estados miembros» (Dictamen exploratorio) (2011/C 218/02), DOUE C 218, de
23.7.2011
- Dictamen del Comité económico y social europeo sobre “El plan de trabajo para
la igualdad entre las mujeres y los hombres (2006-2010) y estrategia de
seguimiento» (2010/C 354/01), DOUE C 354, de 28.12.2010
Actos atípicos
- Comisión Europea: Propuesta de Directiva del Consejo sobre los permisos
parentales y los permisos por razones familiares, COM (83) 686 final, de 24 de
noviembre de 1983
- Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos de los Estados
miembros reunidos en el seno del Consejo del 6 de diciembre de 1994, relativa a
la participación equilibrada de las mujeres en una estrategia de crecimiento
económico orientado hacia la intensificación del empleo en el seno de la Unión
Europea, 94 C 368/02
- Resolución del Consejo de 21 de mayo de 1991 relativa al tercer programa de
acción comunitaria a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres (1991-1995), DOCE C 142, de 31.5.1991
- European Social Policy - A way forward for the Union. A white paper,
Commission of the European Communities COM (94) 333 final, 27.7. 1994
- Resolución del Consejo y de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales,
relativa a la participación equilibrada de hombres y mujeres en la actividad
profesional y en la vida familiar, de 29 de junio de 2000, DOCE C 218, de
31.7.2000
- Informe del Parlamento Europeo sobre la conciliación de la vida profesional,
familiar y privada (2003/2129 (INI)), de 23 de febrero de 2004
- Informe del Parlamento Europeo sobre la igualdad entre mujeres y hombres en
la Unión Europea – 2009 (2009/2101 (INI)), de 1 de febrero de 2010
57
- Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones de 7 de junio de 2000, titulada
“Hacia una estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre hombres y
mujeres (2001-2005), (COM 2000/335 FINAL, 7-6-2000).
- Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones – Estrategia para la igualdad
entre mujeres y hombres (2010-2015), COM (2010) 491 final, de 21.9.2010
- Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, sobre un Plan de
trabajo para la igualdad entre hombres y mujeres (2006- 2010), COM (2006) 92,
1.3.2006
- Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones, “Un mejor equilibrio
en la vida laboral: más apoyo a la conciliación de la vida profesional, privada y
familiar”, COM (2008) 635 final, de 3.10.2008
- Informe de la Comisión de las Comunidades al Consejo, al Parlamento europeo,
al Comité Económico y social Europeo y al Comité de las Regiones titulado “La
igualdad entre mujeres y hombres -2009”, de 27.2.2009
- Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulado “Igualdad
entre las mujeres y los hombres - 20102, COM (2009) 694 final, de 18.1.2.2009
- Conclusiones del Consejo de la Unión Europea “Mieux concilier vie
professionnelle et vie familiale dans le contexte de l'évolution démographique”,
de 17.6.2011
- Conclusiones del Consejo de la Unión Europea de 7 de marzo de 2011 sobre el
Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011- 2020), DOUE C 155, de
25/05/2011
CONSEJO DE EUROPA
- Carta Social Europea (revisada), Estrasburgo, de 3.5.1996
- Resolución (77) 1 del Comité de Ministros sobre el empleo de las mujeres, de
11.1.1977
58
- Recomendación nº R (96) 5 del Comité de Ministros a los Estados miembros
sobre la conciliación de la vida profesional y de la vida familiar, de 19.6.1996
- Recomendación nº 1769 (2006), de la Asamblea parlamentaria, sobre la
necesaria conciliación de la vida profesional y de la vida familiar, de 6.10.2006
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
ASAMBLEA GENERAL
- Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
las Mujeres, de 18 de diciembre de 1979 [En línea: 30/08/2012
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm]
CONFERENCIAS INTERNACIONALES
- Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, 5 al 13 de
septiembre de 1994. Programa de Acción. Página oficial de la Conferencia:
http://www.un.org/popin/icpd2.htm
- IV Conferencia Internacional sobre la Mujer, de Beijing, 4 al 15 de septiembre
de 1995. Informe de Naciones Unidas, A/CONF.177/20/Rev.1 Nueva York,
1996. En línea: 20/08/2012:
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20
S.pdf
2) JURISPRUDENCIA
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
- Sentencia de 12 de julio de 1984, Asunto 184/83, Hofmann
- Sentencia de 25 de octubre de 1988, Asunto 312/86, Comisión de las
Comunidades Europeas contra Francia
- Sentencia de 27 de octubre de 1998, Asunto C- 411/96, Boyle
- Sentencia de 14 de septiembre de 1999, Asunto C- 249/97, Gruber
- Sentencia de 16 de septiembre de 1999, Asunto C-218/98, Abdoulaye y otros
59
- Sentencia de 21 de octubre de 1999, Asunto C- 333/97, Lewen
- Sentencia de 29 de noviembre de 2001, Asunto C-366/99, Griesmar
- Sentencia de 13 de diciembre de 2001, Asunto C-206/00, Mouflin
- Sentencia de 19 de marzo de 2002, Asunto C-476/99, Lommers
- Sentencia de 8 de junio de 2004, Asunto C- 220/02, Sindicato austríaco de
empleados del sector privado
- Sentencia de 16 de septiembre de 2010, Asunto C- 149/10, Chatzi
[Sentencias en línea: 30/08/2012: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do]
JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
- STC 233/2007, de 7 de noviembre de 2007 (BOE núm. 295, Suplemento, de 10
de diciembre de 2007
- STC 3/2007, de 15 de enero de 2007 (BOE núm. 40, Suplemento, de 15 de
febrero de 2007)
- STC 24/2011, de 14 de marzo de 2011 (BOE núm. 86, de 11 de abril de 2011)
SENTENCIA DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA
- S. del TSJ de Madrid de 5 de noviembre de 2008
- S. del TSJ de Cataluña de 18 de noviembre de 2009
- S. del TSJ de Castilla la Mancha, de 29 de enero de 2009
60
Universitat Autònoma de Barcelona Edifici E1 08193 Bellaterra (Barcelona) Espanya Tel. 93 581 20 16 Fax 93 581 30 63 web: www.iuee.eu correu electrònic: [email protected]