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Las condiciones de la posdemocracia neoliberal en los países del Sur de

Europa y el Cono Sur (2008-2015)

Autor: Eduardo Alvarado Espina

Co-autor: Cristián Aránguiz Salazar

Resumen

El estallido y posterior devenir de la crisis económica que azota al mundo desde 2008 ha

situado de nuevo en el centro del debate la dificultad del encaje de democracia y capitalismo.

Para abordar esta cuestión, el presente trabajo aborda las premisas teóricas de la

posdemocracia con un doble propósito: comprobar si la profundización de las reformas

neoliberales ha consolidado un quiebre entre capitalismo y democracia, y si ese posible

quiebre conlleva la emergencia de una etapa posdemocrática. Para alcanzar estos objetivos

se indaga en la presencia de dos condiciones estructurales –elitismo político y desigualdad

socioeconómica– y una institucional –irresponsabilidad política– en Argentina, Uruguay,

Chile, España, Portugal y Grecia, durante el período 2008-2015. Estas condiciones se

entienden como aquellas que definen y articulan el proceso posdemocrático neoliberal, las

que además socavan el principio de igualdad política. La comprobación de estas premisas

deja en evidencia la existencia de un proceso de ruptura entre democracia y capitalismo

durante las últimas décadas y permite responder de manera parcial a tres interrogantes

respecto al funcionamiento de la democracia en la actualidad: 1) ¿la democracia está

representando los intereses de élites corporativo-financieras en detrimento de los intereses y

opiniones de los ciudadanos?, 2) ¿los derechos políticos y sociales tienen un papel meramente

nominal en el proceso de toma de decisiones? y 3) ¿es compatible el libre mercado con la

democracia?

Palabras clave: Democracia, igualdad política, elitismo político, desigualdad

socioeconómica, irresponsabilidad política

Introducción

La crisis económica mundial puso nuevamente de relieve el debate acerca del encaje entre

democracia y capitalismo, especialmente con motivo del aumento de la desigualdad que ésta

produjo (Merkel, 2014; Piketty, 2015). Durante esta etapa que se inicia en 2008, también

llamada Gran Recesión1, se introdujo en muchos países de la periferia de la Unión Europea

un programa de reformas estructurales (fiscales, laborales, sociales) que si bien fue ratificado

por sus parlamentos, no emanó de los mismos2. Dichas reformas aumentaron la desigual

1 Así se ha denominado a la crisis económica mundial iniciada en 2008 y que afecta más gravemente a Estados

Unidos y a gran parte de los países de la Unión Europea (ver de Miguel y Martínez-Dordella, 2014). 2 Aunque no es parte de este trabajo, los tratados de libre comercio son instrumentos que también persiguen

supeditar el interés público al privado, legitimando las presiones hacia el Estado por parte de grandes

conglomerados industriales, comerciales y financieros. Su método resulta más difuso porque son los gobiernos

los que negocian en favor de los intereses privados frente a sus homólogos en otros países, revistiendo dichas

2

distribución de la riqueza, al precarizar el empleo y disminuir las prestaciones sociales.

Asimismo, las agencias de calificación de riesgo y los organismos internacionales de carácter

financiero (BCE, FMI) adoptaron un activo rol de tutelaje en los países a los que se les exigía

reducir el gasto fiscal y la deuda pública, contando para ello con la colaboración de las élites

políticas nacionales. En este escenario, el proceso político pareció quedar subordinado a las

«leyes» del libre mercado, mientras que las reformas neoliberales adquirían mayor vigor en

las jóvenes democracias meridionales y periféricas del capitalismo global. Durante este

tránsito, los gobiernos buscaron la complicidad de los ciudadanos, evocando una mal

entendida ética de la responsabilidad3, para desmantelar los últimos pilares del Estado de

Bienestar. Con todo ello se consiguió que una renovada versión de la «economía del desastre»

(Klein, 2007) escapara al control democrático, restando valor a los derechos políticos y

vaciando de contenido un principio esencial de la democracia: la igualdad política. Las

variaciones que este contexto introdujo nos conducen a plantear tres cuestiones respecto a la

actual relación entre capitalismo y democracia:

1. ¿Está la democracia representando los intereses de élites económicas, en detrimento

de los intereses y opiniones de la ciudadanía?

2. ¿Los derechos políticos y sociales tienen un papel meramente nominal en el proceso

de toma de decisiones?

3. ¿Es compatible el libre mercado con la democracia?

El objetivo del presente estudio es comprobar el desencaje de capitalismo y

democracia, y la emergencia de una etapa posdemocrática neoliberal, en todos aquellos

países que se caracterizan por tener 1) una estructura elitista de acceso al poder político; 2)

altos niveles de desigualdad socioeconómica –o niveles en aumento; y 3) alta presencia de

mecanismos institucionales que facilitan la irresponsabilidad política de representantes y

gobernantes ante la ciudadanía. De este modo, se exploran los efectos combinados que estos

tres fenómenos pueden tener en la democracia como condicionantes de lo que se conoce

como teoría de la posdemocracia (Dahrendorf, 2002; Crouch, 2004; Jörke, 2008; Offe,

2014).

Para verificar estas premisas se analizan seis países, Argentina, Chile, España, Grecia,

Portugal y Uruguay, que llevaron adelante procesos de democratización entre 1974 y 1990,

período conocido como la tercera ola democrática (Huntington, 1991; Markoff, 1999), y que

comparten un pasado autoritario cívico militar y la condición de países semiperiféricos en el

sistema-mudo capitalista (Wallerstein, 2005). Un grupo de países de rentas medias altas,

comúnmente asociados al capitalismo democrático, y con una población preeminentemente

negociaciones con el traje del interés general. El último ejemplo es la negociación del TTIP entre Estados

Unidos y la Unión Europea, un tratado que destaca por su opacidad y por privilegiar exclusivamente… Este

tratado ya ha sido firmado y ratificado en varios países Latinoamericanos, donde gran parte de su población

desconoce los perjudiciales efectos que producirá en el medio ambiente, el mercado laboral, la salud pública y

el Estado de Derecho. 3 Todo cambio que fuera contra el bienestar de la población se presenta con un “no nos gusta” o un “no es lo

que queremos, pero es lo que debemos hacer”. Sin ir más lejos, en España el Presidente del Gobierno justificaba

los recortes sociales y el aumento de impuestos regresivos con frases del tipo “el Gobierno ha tenido que hacer

cosas que no le gusta hacer”.

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urbana. Sin embargo, hay elementos que los diferencian, como formas de gobierno, procesos

de secularización, políticas de bienestar, nivel de desigualdad de ingresos, espacios

geopolíticos y grados de avance de las reformas neoliberales. Por lo tanto, son realidades

nacionales que comparten semejanzas en su pasado mediato, pero que son fácilmente

diferenciables en cuanto a su desarrollo institucional y socioeconómico. Estas son las razones

que hacen interesante el análisis comparado de estos seis países.

La democracia en los seis países es examinada en función de tres condiciones que dan

forma a nuestro modelo interpretativo de la posdemocracia neoliberal, las cuales adoptan la

función de variables independientes con el objeto de explicar la relación entre capitalismo y

democracia. Estas condiciones son: 1) Elitismo político, que es el monopolio que mantiene

un reducido grupo de individuos (élites) del proceso de toma de decisiones y de los

mecanismos de acceso al poder político, imposibilitando que la ciudadanía tenga la capacidad

de exigir una rendición de cuentas efectiva a través del sufragio. 2) Un alto nivel de

desigualdad socioeconómica, entendida ésta como una profunda diferenciación entre

sectores de altos y bajos ingresos, con una regresiva distribución de la riqueza que crea una

relación distante entre el sistema político y los ciudadanos. 3) Irresponsabilidad política, la

que se vincula a una mínima o nula presencia de mecanismos para que los ciudadanos ejerzan

un control de los políticos sin la interferencia de la élite económica. Para ello, se sigue un

planteamiento metodológico similar a los utilizados por los índices que miden la calidad de

la democracia. Para el elitismo político utilizamos indicadores que miden el grado de

convergencia entre élites políticas y ciudadanía. Para el nivel de desigualdad socioeconómica

recurrimos a indicadores que miden la desigualdad de ingresos, la participación en la riqueza

nacional y el gasto en bienestar social. En tanto la irresponsabilidad política la comprobamos

a través de factores que perjudican o impiden el buen funcionamiento de la accountability.

Por último, para evitar una relación espuria entre hipótesis y resultados, contrastamos el

análisis de las variables posdemocráticas con las actitudes políticas y democráticas de los

ciudadanos en cada país.

Por último, el trabajo está estructurado en seis apartados. En el primero se describen

los antecedentes teóricos y empíricos de la relación entre democracia y capitalismo, desde la

posguerra hasta la llegada al poder de las ideas neoconservadoras. Se repasa el encaje de la

democracia y capitalismo en Europa y América Latina, tanto en la versión liberal como en la

socialdemócrata. En el segundo apartado se presenta el concepto normativo de la democracia,

desde perspectivas descriptivas y prescriptivas. En el tercero se desarrolla el marco teórico

de la posdemocracia neoliberal y se definen las tres condiciones/variables que se han

escogido para estructurarla –elitismo político, desigualdad socioeconómica e

irresponsabilidad política. En el cuarto se presentan la hipótesis explicativa y la metodología

que se utilizan para el desarrollo de la investigación. En el quinto se efectúa el análisis de las

democracias de Argentina, Chile, España, Grecia, Portugal y Uruguay, en función de las tres

condiciones y respecto al comportamiento de sus respectivos indicadores. En el sexto se

establece la correlación directa que puede existir entre las condiciones de la posdemocracia

neoliberal y aquellos aspectos que describen las actitudes y relaciones de los individuos con

el sistema político en los seis países. Además, se responde a las tres interrogantes planteadas.

Por último, en el apartado dedicado a las conclusiones se presenta una síntesis del estudio

junto a sus principales hallazgos.

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1.- La era del capitalismo democrático: liberalismo y socialdemocracia

En los últimos dos siglos el capitalismo ha transitado por tres modelos: el libre mercado, el

estado de bienestar y el neoliberalismo (Merkel, 2014). Sólo en estos dos últimos el

capitalismo se ha asociado a la proliferación de la democracia. No obstante, el encaje de

capitalismo y democracia ha sido distinto dependiendo de la versión capitalista predominante

en cada Estado: la socialdemócrata, la liberal o la neoliberal4. Las diferencias en el campo de

los derechos sociales y civiles es considerable entre los estados de bienestar de características

keynesianas de los años 1950 y 1960, y los estados subsidirarios del capitalismo neoliberal

de los últimos cuarenta años5. En los países europeos de la postguerra, los derechos sociales

fueron asumidos como esenciales para el ejercicio de la ciudadanía política. La democracia

hacía posible una combinación virtuosa de libertades civiles, derechos políticos y derechos

sociales (ver Marshall, 1997). Sin embargo, un mayor grado de cohesión social, originado

por un capitalismo condicionado al proceso democrático, también favoreció un cambio

cultural que reafirmó al individuo y potenció las libertades positivas. Los valores

democráticos fueron asimilados a cuestiones propias de la cultura de la autoexpresión –los

valores postmateriales–, lo cual, de forma apresurada, dio por superada la época en que la

política democrática representaba la lucha por mejorar las condiciones materiales de las

personas (Inglehart, 1988; 2001; 2005).

Hasta los años treinta, los intereses de la mayor parte de la población, que carecía de

ciudadanía política, tenían escasa incidencia en las decisiones de parlamentos y gobiernos.

Sus demandas no eran debidamente atendidas debido a que la política estaba circunscrita al

espacio vital de las élites económicas, intelectuales y militares (Mills, 1957). En América y

Europa predominaban los principios del gobierno representativo en sus dos versiones más

extendidas, la monárquica parlamentaria y la república presidencialista; principios que

fueron combinados con una economía capitalista de libre mercado y las antiguas estructuras

latifundistas de control de la tierra. La política estaba al servicio de los intereses de quienes

controlaban el sistema de producción y distribución del capital. Esto es, una oligarquía que

regentaba todas las instituciones políticas. Este panorama fue modificándose en favor de la

democracia o, mejor dicho, del liberalismo democrático6 al finalizar la II Guerra Mundial. El

cambio definitivo se produjo en la década siguiente en gran parte de Europa, América y

algunos países asiáticos. Es durante esta etapa cuando se afianzan dos modelos de desarrollo

4 Como advierte José Nun (2002: 44) «cuando se tratan las relaciones entre capitalismo y democracia, resulta

siempre indispensable especificar de qué formas concretas de capitalismo y de democracia se está hablando». 5 En el estado capitalista que combinaba la democracia con el bienestar, la exclusión social era baja, los

trabajadores estaban ampliamente representados por los partidos de izquierda, la participación política era alta

y las desigualdades socioeconómicas se reducían. Pero existían una clara desigualdad de género y una ausencia

de los derechos de las minorías. Al contrario, en el capitalismo neoliberal la democracia parece jugar un rol

secundario, mientras la exclusión social aumenta, se profundizan las desigualdades socioeconómicas y

disminuye la representación de los intereses de los trabajadores. Eso sí, se produce un giro hacia una mayor

igualdad de género y un mayor respeto a los derechos de las minorías (ver Merkel, 2014: 125). 6 El gran cambio se produjo cuando «el liberalismo se democratizó mediante la incorporación del sufragio

universal como su casi único elemento democrático, pero manteniendo la mayor parte de los marcos

institucionales que le eran propios. O sea que cuando hoy se habla de “democracias liberales” se incurre

deliberadamente en una exageración retórica que convierte lo adjetivo en sustantivo. Nos hallamos, en verdad,

ante “liberalismos democráticos”… las democracias contemporáneas más exitosas no fueron inicialmente la

puesta en práctica de esta idea, sino que se plegaron a ella mucho después y de manera muy parcial» (Nun,

2002: 141).

5

económico capitalista más inclusivos a ambas orillas del Atlántico: el Estado de Bienestar en

Europa central y norte7, y la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) en

América Latina. Ambos procesos económicos fueron acompañados de diferentes versiones

del liberalismo democrático.

En la época del proteccionismo de la ISI, los estados latinoamericanos lograron

consolidar, en distinto grado, derechos sociales y laborales que ampliaron la base social de

la clase media pero, salvo algunas excepciones, no fomentaron el equilibrio de poder en la

relación de intereses entre proletariado y burguesía. En general, la representación politica y

las políticas económicas tuvieron como beneficiario final a la clase alta. No hubo un proceso

político que permitiera una alianza entre la clase baja y la clase media como detentadoras de

los mismos derechos y servicios. Amárica Latina difiere de la experiencia europea, donde los

partidos socialdemócratas y un poderoso movimiento obrero fueron asociados a un mayor

bienestar económico (Roberts, 2002). De hecho, «la combinación de liberalismo económico,

una baja industrialización y el control de una élite política limitó el desarrollo de sindicatos

fuertes de modelos corporativistas para la mediación de intereses ante el Estado» (Roberts,

2002: 16). De esta manera, entre 1930 y 1970 aproximadamente, se consolidó una especie de

Estado benefactor o paternalista en muchos países de América Latina, que se caracterizó por

fomentar una industrialización subordinada al interés estatal; ampliar la clase media

profesional; facilitar la representación política de la clase obrera; e intentar consolidar, sin

mucho éxito, las instituciones liberales de la democracia 8 . Las posteriores dictaduras

militares no sólo acabaron con las instituciones democráticas, sino también con todo el largo

proceso de cohesión social que había comenzado tras los devastadores efectos de la Gran

Depresión. Aunque con ciertos matices, esta es una adecuada descripción de la trayectoria

seguida por Argentina, Chile y Uruguay.

En el norte y centro de Europa, a diferencia de lo que acontecía en América Latina,

la universalización de derechos sociales, la protección de la fuerza laboral, el aumento del

gasto público y la distribución altamente progresiva de la carga tributaria, fueron

consolidando el Estado de Bienestar y, con ello, el sometimiento del capitalismo a las

decisiones emanadas de las instituciones democráticas. Es decir, «paralelamente a la difusión

de los derechos sociales, en los países capitalistas avanzados, el Estado de Bienestar cumplió

la doble y decisiva tarea de afianzar las instituciones y de asegurar su legitimidad» (Nun,

2002: 91). De este modo, todo el proceso económico era dirimido en los espacios

democráticos; las decisiones políticas eran adoptadas por los agentes legitimados

democráticamente y no en función del interés de los mercados. Era la política la que activaba

los mecanismo del mercado, la que los sancionaba y regulaba (Offe, 2014: 155). Al menos

así sucedió en los países que acogieron las ideas socialdemócratas. No obstante, la «travesía

histórica» del Estado de Bienestar fue breve. A mediados de la década de 1970 éste comenzó

un decisivo declive en favor de una mayor autonomía de los agentes económicos frente a las

políticas estatales. A consecuencia de ello se inició un proceso de liberalización de los

mercados financieros y desnacionalización de las actividades productivas, tanto aquellas

consideradas estratégicas como los monopolios naturales. Con sus particularidades, lo poco

que quedó del capitalismo supeditado al Estado democrático fueron sus instituciones 7 En el sur de Europa, asolado por dictaduras militares al finalizar la segunda guerra mundial (salvo Italia), no

hubo espacio para el capitalismo democrático. Mientras que en Estados Unidos se impuso una versión más

particular del Estado de Bienestar, el New Deal. 8 Para este período, Polity IV califica como Democracia a Chile y Uruguay, mientras que a Argentina la sitúa

entre la Autocracia y la Anocracia.

6

políticas y el gasto público en educación, salud y pensiones, que sirven de instrumentos de

cohesión y bienestar social. Es en este punto de la trayectoria del capitalismo democrártico

cuando emergen las democracias de España, Grecia y Portugal, las cuales siguen las

tendencias económicas y políticas europeas de la época.

2.- La teoría de la democracia

Para dimensionar el marco de análisis que propone la teoría de la posdemocracia neoliberal,

primero es necesario conocer el alcance normativo y empírico de la teoría de la democracia

como referente inicial del análisis comprado de los seis países. Podemos comenzar señalando

que la democracia, en términos etimológicos, no es otra cosa que el gobierno del pueblo

(Dahl, 2002; Sartori, 2007; Todorov, 2012). Esta premisa delimita la fuente de legitimidad

en la que descansa el poder político en una democracia: el demos o pueblo. Este es un

elemento central de la democracia, pero no el único. También existen otros dos elementos

que la constituyen: la libertad y el bienestar 9 . El primero está relacionado con la

independencia del individuo respecto a los intereses de la comunidad, mientras que el

segundo tiene que ver con la idea de que el orden social puede ser mejorado gracias a la

intervención de la voluntad general consentida por los ciudadanos (Todorov, 2012). En otras

palabras, la libertad representa las libertades civiles, mientras que el bienestar está vinculado

a los derechos sociales y políticos. En una democracia estos tres aspectos deben estar

equilibrados, enfatizar uno de ellos provocaría su declive. Esto es, «el pueblo, la libertad y el

progreso son elementos constitutivos de la democracia, pero si uno de ellos rompe su vínculo

con los demás, escapa a todo intento de limitación y se erige en principio único, esos

elementos se convierten en peligros: populismo, neoliberalismo y mesianismo, los enemigos

íntimos de la democracia» (Todorov, 2012: 13).

A pesar de esta descripción, la democracia ha estado restringida a un proceso de

selección de gobiernos que representan los intereses de las élites; a un régimen representativo

que reduce sus procesos políticos a una resolución de conflictos entre oligarquías que se

disputan el apoyo de los votantes. Un tipo de democracia que se ajusta a la propuesta por J.

Schumpeter, en cuanto es definida como una combinación de procedimientos electorales y

elitistas 10 que, en nuestra época, parecen estar al servicio de una hegemonía política

neoliberal que no admite alternativas (Alonso, 2014). Además, las concepciones liberales

consideran consustancial al avance democrático el desarrollo capitalista 11 . Desde esta

perspectiva, la democracia es esencialmente un orden del egoísmo, en el que prima la libertad

de expresión y la propiedad privada, pero no la inclusión política y social de todos los grupos

de la población (Dunn, 2005). Un concepto paradójico que surge de la «imbricación histórica

contingente entre dos tradiciones políticas distintas, el liberalismo y la democracia» (Mouffe,

2012: 20) como sintetización de la evolución de la democracia moderna desde el gobierno

representativo. Una forma de gobierno que contraria a la idea de la democracia (Manin,

2010).

9 Estos elementos están recogidos más extensamente en las reflexiones que Todorov presenta sobre lo que

denomina «los enemigos de la democracia» (Todorov, 2012). 10 La democracia es un «arreglo institucional para llegar a decisiones políticas en la que los individuos adquieren

el poder de decidir mediante una lucha competitiva por el voto de la población» (Schumpeter, 1996: 269). 11 «La evidencia histórica confirma que no puede existir desarrollo democrático sin capitalismo» (Merkel, 2014:

111).

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Por estas razones, llegamos a la conjetura de que dentro de los parámetros del

liberalismo democrático resultó más fácil acoger y legitimar el poder de las élites

corporativas, adoptándose el neoliberalismo como una tesis refundacional del sistema

político12. Esto ha derivado en un sistema político que en gran medida responde a una

concepción de libertad negativa13 que en la actualidad interactúa con los valores de auto-

expresión o de libertad positiva. Por otra parte, dentro de las visiones liberales de la

democracia, destacaron los teóricos del pluralismo por otorgarle un cariz multi-elitista a este

sistema de gobierno, reafirmando que la democracia involucra una competencia y un control

entre élites, y que este es esencialemente un régimen de libertad. De hecho, esta es la principal

característica con la que Dahl ([1971] 1997) diferencia a las poliarquías de las hergemonías

cerradas. Para el mismo Dahl (1997:13), la democracia es «el sistema político entre cuyas

características se cuenta su disposición a satisfacer entera o casi enteramente a todos sus

ciudadanos». Es lo que Sartori (1988) resume en «el gobierno que responde». Y aunque la

versión liberal o procedimental de la democracia ha sido altamente utilizada para llevar a

cabo estudios sobre consolidación y calidad de las nuevas democracias (Higley y Gunther,

1992; Altman y Peréz-Liñan, 2002; Altman y Luna, 2007; Morlino, 2008; Schmitter, 2011;

Barreda, 2012), no es la perspectiva que aquí utilizamos. En su lugar preferimos un concepto

normativo que se aproxime a una visión más comprehensiva de la democracia.

El concepto de democracia e igualdad política

Con el avance del capitalismo neoliberal comenzó a predominar un concepto de democracia

que la reduce a su mínima expresión, la de sus procedimientos liberales14, difundiéndose la

idea de que los países que amplían las libertades cívicas de sus ciudadanos y respetan el

Estado de Derecho son todos democracias (Diamond, 2003). Otros elementos que conforman

el proceso democrático quedan excluidos de este tipo de definiciones: la rendición de cuentas,

los derechos sociales, la igualdad de recursos cognitivos y la consulta permanente

vinculante15. Todos ellos, por lo demás, condiciones necesarias para la igualdad política

(Dahl, 2002). A ello se suma que la democracia se ha asociado al desarrollo económico

capitalista, hasta el punto de que el capitalismo adquiere, en cierta literatura16, el carácter de

requisito indispensable para el surgimiento de la democracia (Linz, 1988; Huntington, 1991;

Lijphart, 1995; Dahl, 1997). La simplificación del concepto de democracia amplía su

vaguedad, mientras que su dependencia del desarrollo capitalista la restringe

ideológicamente al liberalismo. Por tanto, se termina considerando como democracia a

12 La política se limita a la gestión del orden público y de las instituciones públicas quedando toda la actividad

económica y social al arbitrio del “mercado”. La democracia se reduce a un marco normativo para la

competencia de las élites políticas. 13 «De Hobbes en adelante, se difundió en varias formas una concepción de la libertad denominada negativa

porque se la define simplemente como la ausencia de obstáculos externos para la acción individual. Desde este

punto de vista, ser libre es poder hacer lo que uno quiera, dentro de los límites que imponga la ley. Se entiende

sin necesidad de muchas explicaciones la afinidad electiva que existe entre esta posición y el estatus de los

sectores más privilegiados de la sociedad. Frente a ella se ha levantado –también con manifestaciones distintas–

la visión positiva de la libertad como auto-realización, como control sobre la propia vida (Nun, 2002: 95). 14 Chantal Mouffe (2012: 21) argumenta que «la tendencia dominante en nuestros días consiste en considerar

la democracia de una forma que la identifica casi exclusivamente con el Rechtsstaat (estado de derecho) y la

defensa de los derechos humanos, dejando a un lado el elemento de soberanía popular, que es juzgado obsoleto». 15 16 La teoría de la modernización es el mejor ejemplo de ello.

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cualquier sistema político que tenga un Congreso y un Gobierno cuyos integrantes sean

elegidos a través de elecciones libres, limpias e imparciales, unas leyes que garanticen las

libertades civiles y los derechos humanos, y donde prime la competencia por el poder entre

dos o más partidos. Esta simplificación ideológica es la que gesta el neoliberalismo político

expresado en la posdemocracia.

Sin embargo, la democracia implica implementar la promesa de igualdad política

como un principio rector de la toma de decisiones en todo grupo humano. Es lo que permite

a todos los ciudadanos acceder al poder político al elegir y controlar a sus representantes, así

como también, postular para ser uno de ellos. Pero la desigualdad social puede llegar a

otorgar un carácter ilusorio a la igualdad política en las sociedades capitalistas neoliberales

(Merkel, 2014), especialmente cuando no se tienen unas condiciones apropiadas para un

desarrollo económico inclusivo.

Desde una aproximación más comprehensiva, Charles Tilly (2007) señala que los

componentes que constituyen la democracia son la amplitud, la igualdad, la protección y la

consulta mutuamente vinculante17. De estos cuatro componentes, la igualdad y la consulta

forman parte de nuestro concepto de democracia. Entendemos que la democracia «viene dada

por la medida en que los ciudadanos participan de manera informada en procesos de votación

libres, imparciales y frecuentes; influyen en la toma de decisiones políticas; y exigen

responsabilidad a los gobernantes, y por la medida en que estos últimos son quienes

efectivamente toman las decisiones y lo hacen respondiendo a la voluntad popular» (Levine

y Molina, 2007: 23). Esta idea de democracia está en comunión con el avance de las

sociedades modernas secularizadas. La equitativa distribución del poder, como un bien

intangible, es primordial para que los ciudadanos se sientan incorporados a la democracia.

Es decir, en una democracia inclusiva, «los poderes no están cooptados por un par de grupos,

el gobierno trabaja (al menos en la percepción de la gente) para la mayoría, no para intereses

particulares. El poder de cada cual existe de verdad, hay respuesta institucional a las quejas,

las personas se pueden quejar sin ser sancionadas por haber expresado la queja. Los

empleados pueden expresar sus demandas en sindicatos, obtener negociaciones. Los votantes

tienen cómo castigar a los políticos» (Latinobarómetro, 2013). En la democracia se produce

una relación de cohesión que facilita el desarrollo de todos los ciudadanos sin estigmación.

3.- La posdemocracia neoliberal y sus condiciones

Los cambios introducidos por la desregulación financiera, defendidos desde el dogmatismo

económico neoclásico, han otorgado preeminencia a las dinámicas mercantiles de la

globalización y, con ello, conseguido disociar la política democrática de la economía

(Mouffe, 2012). Así se produce un intercambio de roles entre lo político y lo no político

(Beck, 1998). En las últimas cuatro décadas, en las que han primado las ideas económicas de

Hayek y Friedman –materializadas por la política neoconservadora de Ronald Reagan y

Margareth Thatcher en los ochenta–, la democracia ha ido perdiendo fuerza como espacio

para la toma de decisiones –disminuyó su control del poder político real–, mientras que sus

procedimientos han ido quedando sometidos al aval de los agentes económicos. En este

sentido, «el avance económico y de la libertad de la ciencia se convierten en la pista de

deslizamiento sobre la cual el primado de configuración política pasa del sistema

políticamente democrático al contexto no legitimado democráticamente de lo no político,

17 Para una mayor descripción de todos estos componentes ver Charles Tilly (2007) pp. 45-46.

9

propio de la economía, la ciencia y la técnica» (Beck, 1998: 241). Esta nueva realidad

política, que pone en entredicho el encaje del capitalismo en la democracia, no ha impedido

que este régimen político haya aumentado en número de la mano del capitalismo globalizado.

En otras palabras, «el éxito de la democracia en el último cuarto del siglo veinte fue

impresionante. Sin embargo, el éxito de la democracia palidece cuando se compara con la

propagación del capitalismo en todo el mundo» (Merkel, 2014: 111). Así, más países parecen

adoptar los procedimientos del liberalismo democrático, mientras las dinámicas capitalistas

de corte neoliberal alcanzan un carácter hegemónico. Es en este contexto donde los

regímenes políticos basados en la representación, el sufragio universal, las libertades civiles,

los derechos humanos y el Estado de Derecho, y aquellos que han dejado al arbitrio del

mercado la asignación de los recursos de subsistencia de las personas, se estructuran en torno

a las condiciones que dan forma a la etapa posdemocrática (Crounch, 2004; Jörke, 2008;

Offe, 2014). Por tanto, la posdemocracia es la interpretación de una etapa en la que el

liberalismo democrático funciona bajo el predominio político, económico y cultural de las

ideas neoconservadoras de libre mercado, privatización de empresas estatales y pensiones,

prevalencia de la iniciativa individual, flexibilización laboral y desregulación financiera

(Keane, 1992: 24-25).

Una de las premisas en las que se sostiene la posdemocracia es que los procedimientos

liberales del régimen democrático permanecen activos pero relegan a otros dos componentes

básicos: el pueblo y el bienestar. Ello produce, entre otras cosas, que «las decisiones emigren

del espacio tradicional de la democracia» (Dahrendorf, 2002: 19). Es decir, en la

posdemocracia «las instituciones de la democracia parlamentaria –elecciones periódicas,

lucha electoral, competencia partidaria, división de poderes– se mantienen en su aspecto

formal completamente intactas y justamente por ello se diferencian fundamentalmente de las

sociedades predemocráticas. Pero, por otro lado, las reales circunstancias apenas coinciden

con la figura de la legitimación del actuar político por medio de la participación del pueblo»

(Jörke, 2008: 142). Se deterioran los mecanismos que posibilitan un mayor control de los

representantes por parte de la ciudadanía. En este sentido, las elecciones y el sufragio se

tornan irrelevantes. Las decisiones políticas se desplazan desde los ámbitos democráticos a

espacios difusos u opacos en los que intervienen expertos, tecnopolíticos y lobbystas. El

poder político retorna parcialmente «al redil de las élites privilegiadas, al modo característico

de lo que ocurría en la época predemocrática» (Crouch, 2004: 15).

Por su parte, las pautas políticas neoliberales, promocionadas por el consenso

racional18 de las élites, han difundido la idea de que vivimos en una sociedad que no está

estructurada por la división social (Mouffe, 2012). Este consenso se constituyó en la base

estructural de los procesos de democratización llevados a cabo entre las décadas de 1970 y

1980, y se acentúo después de la caída del Muro de Berlín y la consecuente derrota del

comunismo soviético en los países del Este europeo. A partir de ese momento, en las nuevas

democracias se intensificó una «forma de interacción privatizada entre gobiernos elegidos y

élites» (Jörke, 2008: 143), imponiéndose una dinámica política totalmente distinta a los

principios de representación y participación de las democracias de la postguerra, constituidas

a partir de un capitalismo regulado y condicionado por el Estado y la soberanía popular. Con

18 La idea de acuerdo racional se identifica con el consenso racional propuesto por John Rawls en su teoría de

la justicia. En la propuesta de Rawls, el pensamiento liberal representa el consenso de lo racional; el marco en

que debe desarrollarse el debate político en una democracia. Sus procedimientos delimitan el espacio ideológico

de lo que está dentro o fuera de la democracia, considerándose que todo lo de fuera es irracional (Rawls, 1996).

10

ello emerge un formato político neoliberal19 que operacionaliza la desigual relación de poder

entre élites y ciudadanía a través de procedimientos que limitan socialmente la participación

en el proceso de toma de decisiones de quienes cuentan con menos recursos materiales y

cognitivos. Esto se traduce en unas políticas públicas focalizadas y segregadoras que

favorecen una transferencia de ingresos regresiva desde las clases bajas a las clases altas.

Asimismo, las ideas neoliberales se constituyeron en el nuevo mantra político de

muchas democracias «ligadas a la restauración o a la reconstrucción del poder de las élites

económicas» (Harvey, 2007). La intervención de las élites económico-financieras en el

proceso democrático es cada vez más compartida y defendida por las élites políticas. En esta

nueva situación, como apunta Offe (2014: 157), «los privilegiados titulares de los recursos

financieros pueden muy bien marcar la agenda y la toma de decisiones del proceso político

mientras que ellos mismos, al igual que los resultados distributivos derivados de la dinámica

del mercado, se ven cada vez menos afectados o corregidos por los derechos sociales o las

intervenciones políticas». En los Estados priman, cada vez más, los intereses de inversores

extranjeros y nacionales que despojan de toda capacidad de gestión y control de la agenda

política a gran parte de la ciudadanía; «las elecciones cuentan cada vez menos debido a que

los grandes capitalistas y sus grupos de presión tienen una participación desmesurada en la

decisiones públicas» (Nun, 2002: 148). Así, los ingresos fiscales vía impuestos sobre la

propiedad se reducen, mientras que las rentas altas del trabajo multiplican varias veces los

salarios más bajos (Piketty, 2015). La política pierde el antagonismo originado en la división

de clases, consiguiéndose que «las relaciones de poder y su papel constitutivo en la sociedad

sean eliminados» (Mouffe, 2012: 123); se diluye el espacio político de la sociedad civil –

adquiere una forma líquida– facilitando el cierre institucional de la política, mientras se hace

indispensable el conocimiento experto y el consenso de las élites para el desarrollo del

proceso de toma de decisiones.

Por lo tanto, la posdemocracia neoliberal es la etapa política que se abre en el mundo

capitalista por la vía de un consenso ideológico oligárquico, el cual equipara la dinámica del

libre mercado a leyes universales incuestionables; desconfía de las decisiones democráticas;

invisibiliza la división de clases responsabilizando de la desigualdad social al mérito

individual; fomenta el lucro en la actividad política; y reserva las decisiones de política

pública al «conocimiento experto» de las élites gubernamentales y económicas. Es un

consenso ideológico que conduce a que la clase dominante recupere el control del sistema

político y que el neoliberalismo se transforme en una realidad política, económica y social,

mientras que el proceso democrático deja de responder a las preferencias programáticas de

la ciudadanía20. Por tanto, la teoría de la posdemocracia neoliberal conlleva «un retorno en

forma de parábola a algunas situaciones características del período predemocrático, retorno

cuya responsabilidad es atribuible a la globalización de los intereses empresariales y a la

fragmentación del resto de la población, que dificulta la labor de los que buscan reducir las

desigualdades de riqueza y poder y favorece a aquellos que desean llevarlas de nuevo hasta

los niveles propios del pasado predemocrático» (Crouch, 2004: 39-40). Esta teoría describe

19 «El neoliberalismo es, ante todo, una teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera

de promover el bienestar del ser humano, consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las

libertades empresariales del individuo, dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de

propiedad privada, fuertes mercados libres y libertad de comercio» (Harvey, 2007: 8). 20 «Algo que limita la autonomía gubernamental aún más que la globalización es la idea neoliberal de que, para

que la política económica sea óptima, ésta debe protegerse de la tentación de los políticos democráticos de

responder a las preferencias de los votantes» (Alonso, 2014: 26).

11

el proceso fáctico de involución del ideal democrático durante las últimas décadas de

desregulación financiera y laboral en el mundo. Un proceso en el cual las instituciones

políticas se acercan cada vez más al redil de las élites privilegiadas21, al modo característico

de lo que ocurría en la época predemocrática (Crouch, 2004). La posdemocracia sería la

última estación de los sistemas políticos basados en los procedimientos liberales, los cuales

describen una trayectoria histórica en forma de parábola.

Para la instalación de un modelo político posdemocrático se requiere del

reforzamiento de algunas condiciones que el consenso neoliberal ha fortalecido con la

disociación de la economía de la política democrática, y a ésta de la división social. Estas

condiciones son: el elitismo político, la desigualdad socioeconómica y la irresponsabilidad

política.

Definición de las condiciones

Cuando hacemos referencia al elitismo político, la desigualdad socioeconómica y la

irresponsabilidad política como condiciones posdemocráticas neoliberales, estamos

infiriendo que existen fenómenos estructurales e institucionales que sustentan un sistema

político en el que el capitalismo desregulado condiciona el resultado del proceso

democrático. Lo hace intrascendente. En esta situación los procesos políticos, que se

desarrollan a través de dichas condiciones, se ven desprovistos de igualdad política;

desconectan los derechos políticos de los derechos sociales y priorizan las libertades

económicas como «el bien» que el sistema debe proteger. Pero para comprender mejor el

alcance de estos fenómenos en el funcionamiento de la democracia, es menester explicar cada

condición con un mayor detalle.

El elitismo político tiene su primer antecedente en la teoría de las élites. En esta teoría

se ha identificado el acceso y ejercicio del poder con la pertenencia a un pequeño grupo

organizado –clase social y política– que, al contar con un capital político, económico o

cultural superior, tiene la capacidad de afectar sustancialmente los resultados del proceso

político (Higley y Gunther, 1992). En esta teoría encontramos dos tipos de explicaciones

acerca del funcionamiento del poder político. La primera confiere toda representación

política a las élites, legitimando el ejercicio del poder político por parte de pequeños grupos

organizados que cuentan con atributos simbólicos superiores a los de las no élites (Mosca,

[1896] 1984; Pareto, [1916] 1987; Friedrich, 1963; Sartori, 1992; 1999; Blondel y Müller-

Rommel, 2007; Schumpeter, [1946] 2008). La segunda cuestiona dicha legitimidad porque

restringe el acceso al poder a la gran mayoría de la población y reduce la democracia, como

gobierno del pueblo, a una competencia oligárquica (Michels [1911] 1991; Mills, 1957;

Bachrach, 1973; Bourdieu, 2000; Nun, 2002; Rancière, 2006). Desde la primera perspectiva

se asume que el gobierno de la élite o la clase política es esencial para el correcto

funcionamiento del sistema social y los procesos políticos. En el segundo enfoque se critica

la legitimación de este fenómeno como fórmula aceptada de acceso al poder político en

democracia22. No obstante, en las dos explicaciones se parte de un hecho irrefutable, el

21 En la era neoliberal el sistema político converge en un modelo organizacional elitista (Roberts, 2002). 22 En las últimas décadas, los enfoques para el estudio de las élites se centraron en los procesos de

modernización política –democracia liberal y capitalismo de mercado– especialmente por las negociaciones y

el consenso político-social que estos generaban (Higley y Gunther, 1992; Higley y Burton, 1989). Así, en la

actualidad el estudio de las élites se ha interesado por asuntos como la cohesión, la integración y el consenso

que existe entre las élites nacionales (Gulbrandsen y Engelstad, 2005; Pakulski, 2012).

12

gobierno y la legislación de un país están en manos de las élites. Ciertamente, la constatación

de que el poder político esté restringido a la fama, el dinero, el estatus social y el

reconocimiento público de un reducido grupo de individuos conduce a que la capacidad de

decisión política pueda estar también reducida a dos tipo de élite, la económica y la política23.

Pero ¿qué se entiende exactamente por elitismo político?

Se podría decir que «el elitismo es el liderazgo o las reglas de una élite, el proceso de

selección de una élite cuando elige nuevos miembros, y/o la conciencia se ser o pertenecer a

una élite» (Best y Higley, 2010: 9). Entonces, el elitismo político consiste en el monopolio

que mantiene ese reducido grupo de individuos, una élite mayoritariamente masculina, del

proceso de toma de decisiones y de los mecanismos de acceso al poder político, sin que la

ciudadanía tenga la capacidad de exigir una rendición de cuentas efectiva a través del

sufragio. En esta condición incide la mayor profesionalización de la política, lo que Weber

(1994) describió como “vivir de y para la política”. Un fenómeno que, además, produce un

modus vivendi elitista, el cual no está reservado únicamente a la pertenencia a una clase social

privilegiada24, sino que también incorpora a aquellos individuos con una dilatada carrera

política en altos cargos públicos y que, en el desempeño de sus funciones, favorecen los

intereses de la clase dominante25. Esta condición nos informa de si el sistema político es

inclusivo o excluyente.

La desigualdad socioeconómica es una de las condiciones que mejor define la era

neoliberal posdemocrática. Esta desigualdad se ha profundizado notablemente en el siglo

XXI aproximándose, y a veces superando, los niveles registrados en las sociedades de finales

del siglo XIX y comienzos del XX (Piketty, 2015). Sociedades que, por cierto, representan

el mundo predemocrático. Una alta desigualdad es lo que más influye en la pérdida de

igualdad política y en la poca efectividad de los derechos políticos en los procesos de toma

de decisiones. Su acentuado avance en las últimas décadas es una consecuencia directa de la

desregulación y la «racionalidad económica» que predomina con el neoliberalismo26. Esta

realidad también provoca un inequitativo acceso a los recursos que despliega el proceso de

modernización política, social, cultural, tecnológica, etc. Dentro de este marco, en el que se

desprotegen los derechos sociales, las prácticas de mediación política de carácter para-

estatal –el clientelismo, la corrupción y el cohecho– adquieren cierta «legitimidad social».

Esto sucede porque allí donde se impone el neoliberalismo el Estado acaba delegando la

23 La referencia a sólo dos tipos de élites tiene el objetivo de restringir el fenómeno de la élite o clase política a

aquellos que componen y definen el poder real en una sociedad, excluyéndose a otras, como las intelectuales,

sociales y artísticas. Además, éstas dependen del influjo de las primeras y no de una interacción igualitaria. Por

lo demás, las primeras utilizan muchas veces a las segundas como una “cantera” de futuros miembros. 24 Esta clase social no tiene que ser exclusivamente la que se compone por la reducida élite capitalista, también

se incluye a todo lo que rodea la organización de los intereses y el bienestar de ese pequeño grupo social, como:

los altos funcionarios, los directivos de empresa, reconocidos intelectuales, empresarios culturales,

profesionales liberales al servicio del capital y, claro está, los herederos de capital político familiar. 25 La excesiva profesionalización de la política conduce a que muchos políticos con una «carrera política

exitosa», sin importar su origen social ni su ideología, eleven su nivel de vida hasta asentarse en una realidad

socioeconómica, no tan sólo superior a la familiar, sino que también a la de la inmensa mayoría de los

ciudadanos. 26 «… el proceso de neoliberalización ha acarreado un acusado proceso de “destrucción creativa” no sólo de

los marcos y de los poderes institucionales previamente existentes (desafiando incluso las formas tradicionales

de soberanía estatal) sino también de las divisiones del trabajo, de las relaciones sociales, de las áreas de

protección social, de las combinaciones tecnológicas, de las formas de vida y de pensamiento, de las actividades

de reproducción, de los vínculos con la tierra y de los hábitos del corazón» (Harvey, 2007: 9).

13

política social en las dinámicas del mercado, lo que induce a una relación clientelar entre los

sectores de la población económicamente menesterosos y los «mediadores políticos» que

están al servicio de las élites. De este modo, se crea una estructura de poder cimentada en la

corrupción, en la cual el poder económico financia campañas a cambio de decisiones políticas

favorables a sus intereses. Por tanto, saber si se otorgan prestaciones sociales universales que

impidan la mercantilización o la conversión en mercancia a los inviduos es clave para

entender el nivel de desigualdad de un país. Esto es, que exista una desmercantilización de

las personas, que es «cuando se presta un servicio como un asunto de derecho, y cuando una

persona puede ganarse la vida sin depender del mercado» (Esping-Andersen, 1993: 43). Esta

condición permite identificar que grupos sociales se benefician de las políticas económicas

y saber si el sistema político es capaz de responder a los valores materiales del grueso de la

población y, con ello, cumplir con el objetivo de bienestar que se le atribuye a la democracia.

La irresponsabilidad política está determinada por la ausencia o el deficiente

funcionamiento de mecanismos de rendición de cuentas, que complementen el sufragio

universal. A excepción del voto, entendido en su doble dimensión de premio y castigo

(Maravall, 2003), la falta de mecanismos de accountability es también uno de los

componentes determinantes de lo que O’Donnell (1994) definió como «democracia

delegativa». Se institucionalizan formas que impiden o inhiben el control de los políticos. En

la teoría económica de la política (Downs, 1973; Colomer, 1995), el voto tiende a ser definido

como «el» mecanismo que tienen los gobernados para exigir responsabilidades a sus

gobernantes. En esta teoría, el voto opera como una forma de transacción comercial, donde

el elector (consumidor) premia con su voto al partido que mejor satisfaga sus intereses (utiliza

su dinero para comprar el producto que cumpla con sus expectativas de uso y gasto) y castiga

a un partido retirándole su voto o votando por su competencia (utiliza su dinero para comprar

el producto competidor). Sin embargo, para que el voto sea útil como mecanismo de salida,

requiere de cierta igualdad de recursos cognitivos y la colaboración de otros medios de

accountability. De este modo, la irresponsabilidad política se asocia al nulo o escaso control

que pueden ejercer los ciudadanos hacia sus representantes y partidos, ya sea a través del

voto, como por medio de otros mecanismos institucionales.

Una posible consecuencia del despliegue de estos fenómenos posdemocráticos

neoliberales es que el sistema político deje de ocuparse de la tensión política producida por

la desigualdad social. Por consiguiente, la pobreza y la precariedad se estigmatizan,

responsabilizándose a cada individuo de su posición en la estructura socioeconómica. Así, se

promueven subsidios a la pobreza, se disminuyen los impuestos al capital y se privatizan

bienes sociales (educación, salud, pensiones), mientras se atrae toda la acción humana al

dominio del mercado (Harvey, 2007). Ambos fenómenos, que son característicos de la nueva

gobernanza global (Hermet, 2008), provocan el abandono de las decisiones del espacio

tradicional de la democracia (Dahrendorf, 2002), contribuyendo a la pérdida de significancia

de los procesos democráticos para la mayoría de los ciudadanos. Las personas comienzan a

sentir miedo, «no sólo a no poder definir sus vidas, sino también a que las instituciones

democráticas hayan perdido su control en favor de fuerzas que están más allá de su alcance»

(Fundación Alternativas, 2011: 15). Este miedo genera incertidumbre acerca de que la

democracia sea «tanto un medio en sí mismo como un medio importante para lograr otros

fines, tales como el desarrollo económico, la reducción de la pobreza y una mayor protección

de los derechos humanos reconocidos internacionalmente» (Landman, 2009: 7).

14

4.- Hipótesis y metodología del estudio

Nuestra principal hipótesis es que las políticas neoliberales de desregulación de los mercados

y de desprotección social de las personas, también conocidas como reformas estructurales,

han conseguido desestructurar la relación entre capitalismo y democracia, así como

minimizar la igualdad política de los ciudadanos. La combinación de estos fenómenos

describe la presencia de una etapa política posdemocrática, que se ha acentuado a partir de la

crisis económica mundial de 2008. Esta hipótesis se sostiene a su vez en tres hipótesis

auxiliares, que explican las tres condiciones de la posdemocracia neoliberal y que se busca

constatar respondiendo a las tres preguntas que plantea esta investigación.

Hipótesis auxiliares

1.- La profusa elitización de la política colabora en el desplazamiento de la toma de

decisiones a espacios no democráticos. Este es uno de los motivos que explicaría, durante la

última década, los bajos niveles de legitimación y satisfacción con la democracia en

Latinoamérica (Latinobarómetro, 2013) y en la Europa Meridional (Encuesta Social Europea,

2012). Este fenómeno ha ido acompañado de un aumento del número de individuos con

mayor capital cultural –estudios universitarios especializados– en los espacios en que se

adoptan las decisiones políticas. Con ello, se ha «debilitado la capacidad representativa de la

política, pues reduce el círculo de los que pueden acceder al poder institucionalizado a

quienes han disfrutado previamente de las oportunidades para acumular educación y capital

cultural en general» (Delamaza, 2013: 2)27.

2.- La nueva gobernanza mundial se ha convertido en un equilibrio de conveniencia entre la

élite política y la élite económica, en la que la democracia tiene el rol de designar a

representantes políticos que son financiados por poderosos agentes económicos. De este

modo, todo lo que concierne a la deliberación pública queda constreñido al criterio de

«especialistas, legitimados por el conocimiento dominante o por sus propios pares»

(Delamaza, 2013)

3.- La democracia no es únicamente una adición de procedimientos que regulan la

competencia política (Mouffe, 2012), es también un régimen que supone una relación

coherente entre la elección de los gobernados y las decisiones de los gobernantes, y unas

normas comunes que tienen como objetivo el bienestar de la población. Es decir, «las

democracias suelen tener un valor propio y no sólo instrumental, pero dicho valor depende

también del rostro humano de estos regímenes, que forma parte esencial de su legitimidad»

(Maravall, 1995: 138).

Para comprobar la hipótesis principal, y así dar respuesta a los tres interrogantes

planteados, las condiciones se comportan como variables independientes y explicativas de 27 Por ejemplo, en Chile el estudio del PNUD (2005) denominado El poder: para quién y para qué, establece

que el origen social es el factor preeminente para acceder a los círculos de poder. La selección de la clase

dirigente ha estado reservada a una red de individuos que parecen tener un origen e intereses en común, más

allá de su heterogénea composición ideológica. Eso sí, no se trata de una red de notables, sino de una clase

política que se constituye de la interacción de las relaciones sociales de origen –familiares y amistades

compartidas– y de las culturales –colegios y universidad común.

15

las dos variables dependientes, que son la igualdad política y el quiebre de la relación entre

capitalismo y democracia. Su análisis sigue algunas pautas metodológicas utilizadas

comúnmente en varios índices de democracia. Dichos índices son una referencia obligada

para este estudio, pero sólo eso. Se utilizan de forma orientativa, porque, en primer lugar, no

es objetivo de este trabajo medir la calidad de la democracia en los casos estudiados y, en

segundo lugar, porque algunos de sus indicadores valoran positivamente aspectos

conformantes del liberalismo económico, que no se corresponden con la tradición

democrática, como el derecho de propiedad y el libre mercado. Por lo demás, como señalan

Levine y Molina (2007), vincular la democracia a un particular sistema económico parcializa

el análisis de la calidad de la democracia en contra de países gobernados por partidos de

izquierda.

Las tres condiciones se miden por diversos indicadores que buscan comprobar nuestra

hipótesis por medio de secuencias de datos provenientes de diversas fuentes secundarias

(Banco Mundial, OECD, UE, IDEA, WVS, ESS, Latinobarómetro, CIS, PELA). Estas

fuentes proporcionan información sobre el origen e identidad de la élite política, las actitudes

y opiniones políticas, y la desigualdad política y socioeconómica de cada país.

Para medir el elitismo político se utilizan cinco indicadores 1) la representación de

una élite social en los respectivos Congresos; 2) el salario de los parlamentarios en relación

al ingreso per cápita de cada pais; 3) la representación política de los grupos de menores

ingresos y nivel educacional; 4) el grado de convergencia programática entre las élites

políticas y la ciudadanía; y 5) la representatividad de las mujeres en el Parlamento. En el caso

de la desigualdad socioeconómica se mide 1) el nivel de desigualdad de ingresos; 2)

concentración de la renta nacional en el decil más rico de la población; 3) el impacto

distributivo de la tasa tributaria de las empresas versus el impuesto al valor agregado; y 4) el

porcentaje de gasto del PIB en educación, salud y pensiones. Por último, la irresponsabilidad

politica se compone de 1) el grado de desproporcionalidad de los sistemas electorales; 2) el

derecho a voto en el exterior; 3) normas que facilitan la financiación privada de los partidos

y candidatos; 4) la presencia y utilización de mecanismos de democracia directa. La relación

esquemática de las condiciones e indicadores queda reflejada en la tabla 4.1.

Tabla 4.1

Relación de las condiciones con sus indicadores

Condiciones

(variables)

Indicadores

Elitismo político

Composición social de los representantes, a partir del nivel

educacional y el trabajo anterior de los Diputados.

Nivel de ingresos de los parlamentarios en relación al ingreso

per cápita de cada pais.

Distribución de los votantes por clase social.

Grado de convergencia programática entre élites políticas y

ciudadanía.

Representatividad de las mujeres en los Parlamentos

16

Desigualdad socioeconómica

Nivel de desigualdad de ingresos (índice de Gini).

Concentración de la renta nacional en el decil más rico de la

población.

Tasa tributaria de las empresas versus el impuesto al valor

agregado.

Porcentaje de gasto del PIB en educación, salud, pensiones y

seguro de desempleo.

Irresponsabilidad política

Nominación de candidatos por las direcciones partidarias y

competencia en listas cerradas o binominales.

El derecho a voto en el exterior.

Presencia y utilización de mecanismos de democracia directa.

Normas que facilitan la financiación privada de los partidos.

Fuente: elaboración propia

5.- Las condiciones posdemocráticas neoliberales en el Sur de Europa y el

Cono Sur

Una vez conceptualizada la posdemocracia neoliberal, definidas sus condiciones, descrito

sus indicadores y explicada la metodológica de la investigación, podemos comenzar a

examinar los seis países para 1) verificar si concurren las tres condiciones posdemocráticas

en cada país y 2) describir cómo afectan a la igualdad política y a las actitudes y opiniones

de los ciudadanos respecto al sistema político. Hay que tener en cuenta que las condiciones

de la posdemocracia neoliberal describen una representación política elitista, un proceso de

toma de decisiones excluyente y una rendición de cuentas inexistente. En otras palabras, estas

condiciones crean un sesgo elitista en los procesos políticos y en la representación, al mismo

tiempo que las decisiones del poder político quedan mediadas por los intereses de las élites

corporativas sin ningún tipo de control democrático. Esto acaba dañando dos componentes

básicos de la democracia: la soberanía popular y el progreso social.

5.1.- Alto nivel de elitismo político

El elitismo político describe la relación que tienen las élites políticas con las demandas

ciudadanas. Esta condición permite establecer la existencia de una representación simbólica

y sustantiva de la ciudadanía en las instituciones políticas.

Composición social de la representación política: nivel de estudios y trabajo anterior

al de diputado.

Este indicador mide e identifica la pertenencia de clase de los parlamentarios en función del

capital cultural y económico que predomina entre ellos. Es una formulación descriptiva de la

élite política, que permite conocer si los ciudadanos se encuentran sustantivamente

representados en las instituciones políticas.

Con la profesionalización y tecnificación de la política, la mayor parte de los

parlamentos están conformados por políticos que tienen un alto capital cultural y económico.

En prácticamente todos ellos la representación de las clases trabajadora y baja es marginal.

17

No es distinto en las seis democracias comparadas. Como se puede observar en la tabla 5.1.1,

más del 85% de los diputados cuentan con estudios universitarios completos y posgrado, y

más del 80% tiene profesiones y/o desempeñó trabajos pertenecientes al grupo de rentas más

altas de cada país. Mientras que los diputados que sólo alcanzaron estudios primarios y/o

secundarios y que provienen de los sectores de rentas bajas representan un porcentaje muy

minoritario, que no supera el 5% de los integrantes de la Cámara o Congreso28. La excepción

es Uruguay, donde sólo un 48,1% de los diputados tiene estudios universitarios y de

posgrado.

Tabla 5.1.1

Composición por profesión y estudios de cada Congreso

País

% de

diputados con

grado

universitario

y/o posgrado

% de

diputados que

cuentan solo

con estudios

primarios y

secundarios

% de diputados

provenientes de

profesiones

liberales y dirección

de empresas

privadas, y

Administración del

Estado

% de diputados

provenientes del

sector primario

(obreros y

artesanos)

Período

Argentina 86,9 4,7 84,6 3,5 2007-2011

Chile 91,1 3,3 82,3 4,4 2006-2010

España 85,9 3 81,3 3,7 2008-2011

Grecia s/d s/d s/d s/d s/d

Portugal 91,7 5 94 3,3 2010-2015

Uruguay 48,1 31,1 78,9 9,3 2005-2010

Fuente: elaboración propia en base a los datos del Proyecto de Elites en América Latina, el estudio 2827 del

CIS y Parlamento de Portugal.

Nivel de ingresos de los parlamentarios en relación al ingreso per cápita

Este indicador informa acerca de la sintonía que pueden tener los representantes políticos con

las demandas sociales que provienen de los distintos grupos sociales. Está vinculado tanto a

la representación sustantiva como descriptiva de los ciudadanos. En este sentido, mientras

más se alejen las rentas de los parlamentarios del ingreso per cápita menor identificación

tendrán con las demandas de sus electores y más se tenderá a una relación clientelar con ellos.

En la tabla 5.1.2 se observa que este indicador describe una situación diferente en cada país.

España y Portugal presentan la menor brecha entre los dos ingresos, 1,7 y 2 veces

respectivamente. Argentina, Grecia y Uruguay amplían esa brecha en más de 3 veces,

mientras que Chile presenta la brecha más alta con un ingreso parlamentario que supera en

11,3 veces el ingreso per cápita del país.

De este modo, los parlamentarios tienen una calidad de vida muy superior a la media

de sus países. No obstante, es el caso chileno el que llama más la atención. Con niveles de

vida por debajo de los países del Sur de Europa, sus parlamentarios alcanzan niveles de vida

más propios del grupo económico de los súper ricos. Entonces, es esperable que los

representantes políticos sean incapaces de crear sinergia con la mayor parte de sus electores,

especialmente en los países del Cono Sur.

28 No se encontró información sobre Grecia

18

Tabla 5.1.2

Diferencia entre el PIB per cápita y el sueldo parlamentario

País

PIB per cápita por PPA

en M$ 2014

Sueldos de

parlamentarios en los seis

países en M$ 2014

Relación de sueldo

parlamentario/

PIB per cápita 2014

Argentina 22.716 70.044 3,1

Chile 21.385 252.505 11,8

España 33.501 57.485 1,7

Grecia 26.784 96.664 3,6

Portugal 28.287 56.336 2,0

Uruguay 20.220 62.562 3,1 Fuente: elaboración propia en base a datos de informe de la OECD de 2014 y Banco Mundial 2013

Distribución de votantes por clase social

Este es un elemento relevante para describir el tipo de participación electoral en la era

neoliberal29. Que los individuos voten más o voten menos, de acuerdo a la pertenencia a una

clase social, permite establecer el sesgo de clase que pueden tener los resultados electorales.

Si las clases trabajadora y baja votan menos que las clases medias y la clase alta, esto se verá

reflejado en una representación política que no atenderá del mismo modo los intereses de

unos y otros. En la tabla 5.1.3 se puede observar esta asociación de datos para los seis países

cuando se cruza la intención de voto con la variable clase social. Para ello se utiliza la

frecuencia «siempre voto en las elecciones nacionales» de la ola 2010-2014 de la Encuesta

Mundial de Valores (WVS). Como no se cuenta con esta información para los casos de

Grecia y Portugal, se cruza el recuerdo de voto con una variable socioeconómica, como el

tipo de trabajo y el nivel de estudios de los individuos, de las olas 2010 y 2012.

Tabla 5.1.3

Distribución de la participación electoral por clase social en %

País

Serie temporal 2010-2014

Siempre voto

(clase alta)

Siempre voto

(clase media

alta)

Siempre voto

(clase media

baja)

Siempre voto

(clase

trabajadora)

Siempre voto

(clase baja)

Argentina --- 90,3 84,7 84,9 83,1

Chile 72,7 80,3 70,4 78,0 75,5

España 100 75,9 67,8 43,3 55,4

Grecia --- 86 70,4 74,7 85,5

29 W. Merkel (2014) apunta a que el incremento de las desigualdades socioeconómicas provocadas por el

capitalismo desregulado, que fomenta el neoliberalismo, causa una menor participación política de las clases

bajas, lo que se traduce en una selectividad social de los electores, viéndose afectado el principio democrático

de la igualdad política.

19

Portugal 85,4 86 75,5 62,5 66

Uruguay 87,5 91,2 90,8 90,3 77,8

Fuente: elaboración propia en base a la serie temporal 2010-2014 de WVS y las olas 2008, 2010 y 2012 de la

ESS.

De esta manera, los partidos estarían siendo votados mayoritariamente por las clases

medias y alta, mientras que la abstención sería un comportamiento mucho más asociado a la

clase trabajadora y la clase baja. Tampoco hay clara identificación de los partidos con una

clase social. Los partidos obtienen una proporción similar de votos en cada clase social,

asumiendo que para ganar elecciones los partidos apuestan por una representación inter-clase

(Roberts, 2002). Esto impide una cristalización más evidente de los intereses y demandas de

los grupos sociales bajos en las instituciones políticas de la democracia.

Convergencia programática entre élites políticas y ciudadanía

Este indicador es medido en función de la convergencia o divergencia entre élites políticas y

ciudadanía en tres aspectos que están vinculados al encaje entre capitalismo y democracia.

Así se compara a las élites políticas y ciudadanía en cuanto a las preferencias por una

economía de libre mercado; el posicionamiento ideológico en el eje izquierda-derecha; y la

importancia de la distribución de la riqueza. Para conocer las características programáticas

da las élites utilizamos como fuente las encuestas del Observatorio de Élites Parlamentarias

en América Latina y el Estudio 2827 sobre Elites Políticas del CIS Mientras que para conocer

las inclinaciones programáticas de la ciudadanía se utiliza el Informe 2013 de

Latinobarómetro y los barómetros del CIS.

Como se observa en la tabla 5.1.4, no hay una convergencia programática entre las

élites políticas de cada país y la ciudadanía en los países que ofrecen datos comparables30.

Lo más evidente es que no existe convergencia en dos asuntos claves. La preferencia de las

élites políticas por una economía de mercado, salvo en Uruguay, no es compartida por los

ciudadanos. En tanto que el problema de la distribución de la riqueza es importante para los

ciudadanos pero no lo es para las élites políticas.

Tabla 5.1.4

Convergencia programática entre élites políticas y ciudadanía (2008-2015)

Elites Políticas

Ciudadanía

Países

Preferencia

por una

economía

de

mercado

Preferencia

por los

mecanismos

del

liberalismo

democrático

Es la

distribución de

la riqueza un

problema

importante

Preferencia

por una

economía

de mercado

Preferencia

por los

mecanismos

del

liberalismo

democrático

Es la

distribución de

la riqueza un

problema

importante

Argentina Si Si No No Si

Chile Si Si No No Si

España Si Si No No Si

Grecia s/d s/d s/d s/d s/d s/d

Portugal s/d s/d s/d s/d s/d s/d

30 Ni Portugal ni Grecia pudieron ser analizadas al no ofrecer series datos contrastables para estas cuestiones.

20

Uruguay Si Si No Si Si

Fuente: elaboración propia

Mayor presencia de representantes masculinos que femeninos

Una baja representación de las mujeres en los Congresos nacionales indicaría que las políticas

adoptadas por los partidos y el proceso de toma de decisiones, basado en la representación

democrática, reproduce las desigualdades entre hombre y mujeres. El poder político tendría

un carácter marcadamente masculino que redundaría en una carencia de políticas dirigidas a

la igualdad de género es sus aspectos económicos, laborales y educacionales. Por tanto, una

representación minoritaria de las mujeres en el Congreso también puede coincidir con una

fuerte brecha salarial entre hombres y mujeres que favorezca a los primeros. En la tabla 5.1.5

se presenta una relación de datos para los seis países que evidencian el bajo porcentaje de

diputadas en cada Congreso y la amplia brecha de salarios inexplicada que hay en cada uno

de ellos, según los datos de OIT (2014). La presencia de mujeres en cada uno de ellos es

inferior al 40%, donde Argentina y España son los que presentan una mayor cantidad de

mujeres al acercarse a ese porcentaje; Portugal queda en una posición intermedia; Chile,

Grecia y Uruguay son los que muestran los resultados más bajos con porcentajes inferiores

al 20%.

Tabla 5.1.5

Porcentaje de diputadas en cada Congreso y brecha de ingreso entre géneros

País

Media de representantes mujeres

período 2008-2015 (%)

% de ingresos de las mujeres frente a

los hombres (2015)

Argentina 38,0 -27

Chile 14,6 -24

España 37,4 -18

Grecia 18,9 -22

Portugal 29,4 -14

Uruguay 13,6 -27

Fuente: elaboración propia con los datos del Banco Mundial y OIT.

5.2.- Alto nivel de desigualdad socio-económica

Una alta desigualdad socioeconómica influye negativamente en el funcionamiento y los

resultados de la democracia, ya que impide que los ciudadanos cuenten con los mismos

recursos cognitivos para participar en el proceso de toma de decisiones (Dahl, 2002; Roberts,

2002; Merkel, 2014). Este es uno de los rasgos identitarios de la posdemocracia neoliberal;

una de las variables que mejor explica las actitudes que tiene la ciudadanía hacia la

democracia. Los resultados de estos indicadores son trascendentales para el adecuado

ejercicio del control democrático a través del voto. Como se ha comprobado, el voto como

premio o castigo exige un electorado sofisticado y con niveles mínimos de conocimiento e

información de la actividad política que un alto nivel de desigualdad imposibilita (Fraile,

2007).

21

Gran desigualdad de ingresos

Este indicador se basa en la medición del índice agregado de Gini. La frontera entre una

situación de mayor igualdad y otra de desigualdad se introduce en el punto 30 de este índice.

En el caso de una «gran desigualdad» el índice debe marcar un valor superior a 40. Como se

puede ver en el gráfico 5.2.1, en los países del Cono Sur se produjo una mejora en la

distribución de los ingresos, reduciéndose los niveles de desigualdad entre 2008 y 2015. Pero

siguen manteniendo una gran desigualdad de ingresos, especialmente Chile. Por su parte, los

países del Sur de Europa siguieron la secuencia inversa, la distribución empeoró aumentando

la desigualdad entre su población. Tanto el aumento como la reducción de la desigualdad, en

los respectivos países, se produce a partir de 200831. En Argentina, Chile y Uruguay se

revirtió la tendencia desigualitaria, aunque no han abandonado unos niveles de desigualdad

estructurales32. En cambio, España, Grecia y Portugal, elevaron sus niveles de desigualdad

cuando profundizaron las reformas estructurales de la ortodoxia neoliberal acercándose a los

datos que exhiben los países sudamericanos.

Gráfico 5.2.1

Índice Gini de desigualdad de ingresos entre 2009-201433

Fuente: elaboración propia en base a estadísticas de Eurostat y Banco Mundial

Concentración de la renta nacional en el decil más rico de la población

Este indicador permite establecer el grado de desigualdad que existe entre los grupos de

mayores y menores rentas de un país. Una mayor concentración de la riqueza en los sectores

31 En los países del Cono Sur la desigualdad fue incrementándose con las reformas estructurales implementadas

en las décadas de 1980 y 1990, las que parecen revertirse con un mayor gasto social en los últimos años. En los

tres países de la Europa meridional la desigualdad, con las políticas de cohesión de la Unión Europea, había

remitido hasta acercarse a niveles de países altamente desarrollados. Pero en 2008 los Estados miembros de la

UE, ante la Gran Recesión, decidieron introducir reformas a sus estructuras socioeconómicas que entregaron a

la dinámica del mercado la transferencia de rentas entre ricos y pobres, lo que aumentó la desigualdad en los

países más afectados con la crisis. 32 De acuerdo a la CEPAL, «en algunos países de la región –como Argentina, Brasil y Uruguay– el marcado

incremento del salario mínimo habría contribuido al descenso de la desigualdad» (Amarante y Jiménez, 2015:

16). 33 En el caso de Chile no existen datos para 2008, 2012 y 2014. Para Argentina y Uruguay tampoco hay registro

de datos para 2014. Para ninguno de los casos hay datos publicados en 2015.

0

10

20

30

40

50

60

Argentina Chile España Grecia Portugal Uruguay2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

22

de más altos ingresos puede dejar en evidencia una escasa incorporación al proceso político

de los intereses de los sectores de menores rentas, dejando espacio a una representación más

elitista de los intereses de la sociedad.

En los gráficos 5.2.2 y 5.2.3 se puede constatar que la evolución de este indicador no

ha sido similar en cada uno de los seis países desde 2008. Aunque si se observa un

comportamiento similar por zona geográfica. En lo que respecta al decil más rico de la

población, sólo España y Grecia tienen un leve aumento de la concentración de la riqueza en

ese grupo. Los demás países evidencian una tendencia a la baja en este aspecto. Aunque hay

que mencionar que los países sudamericanos son los que concentran más riqueza en el 10%

más rico de la población superando, en el caso de Chile, el 40% del ingreso nacional.

La participación en la riqueza nacional del primer decil de la población es baja en los

seis países si se compara con las democracias occidentales más desarrolladas. Siguiendo la

tónica de la concentración de la riqueza a partir de 2008, son nuevamente los países de la

Europa meridional los que reducen la participación de los grupos de menores rentas en el

ingreso nacional.

Gráfico 5.2.2

Participación en la riqueza nacional del 10% de rentas más altas

Fuente: elaboración propia en base a los datos del Banco Mundial y la OECD.

Gráfico 5.2.3

Participación en la riqueza nacional del 10% de rentas más bajas

Fuente: elaboración propia en base a los datos del Banco Mundial y la OECD.

0

10

20

30

40

50

Argentina Chile España Grecia Portugal Uruguay

2008 2009 2010 2011 2012 2013

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Argentina Chile España Grecia Portugal Uruguay2008 2009 2010 2011 2012 2013

23

De acuerdo con estos datos, el diferencial que se obtiene, de la participación de las

rentas más altas y más bajas en la riqueza nacional, marca el desigual reparto de la riqueza

en la población. Como se refleja en la tabla 5.2.1 la diferencia promedio del período 2008-

2015 entre el decil de menores y el de mayores ingresos supera las veinte veces en los casos

de Argentina y Chile –son los más altos de los seis países–, mientras que los otros cuatro

países mantienen una diferencia que va de las once veces (Portugal) a las 18 veces (Uruguay).

Esto significa que, por ejemplo, en Chile el ingreso familiar del décimo decil supera en 25

veces al del primer decil.

Tabla 5.2.1

Relación de desigualdad entre el 10% más y el 10% más pobre

% Participación del decil

más rico (1)

% Participación del decil

más pobre (2)

Diferencia (1) / (2)

Argentina 32,0 1,47 21

Chile 42,0 1,67 25

España 26,0 1,82 14

Grecia 26,1 2,06 13

Portugal 28,2 2,52 11

Uruguay 33,1 1,87 18

Fuente: elaboración propia en base a los datos representados en los gráficos 5.2.2 y 5.2.3

Tasa tributaria total de las empresas34 versus impuesto al valor agregado

La relación que tiene este indicador con la democracia está determinada por el hecho de que

este régimen político se constituye en la lógica de la soberanía popular y, por lo tanto, las

políticas que emanan de sus procesos de toma de decisiones tendrían que ir en beneficio de

la mayoría social y no de los pequeños grupos previlegiados. Permite verificar la existencia

de políticas redistributivas de la riqueza, confeccionadas en razón al incremento de los

impuestos directos y progresivos a las altas rentas del capital y del trabajo, y a una reducción

de los impuestos indirectos y regresivos como el IVA. La importancia de este factor como

indicador posdemocrático viene dada al permitir observar las diferencias que establece el

proceso democrático entre los ciudadanos y las élites económicas en materia tributaria.

Al comparar los datos del gráfico 5.2.4 con los de la tabla 5.2.2 se puede observar que

la trayectoria entre países es disímil. Están los que han aumentado la carga tributaria a las

empresas en los últimos años, ligeramente, como Chile y Grecia, o de manera notoria, como

Argentina (30% más). Y lo que la han aminorado ligeramente (Uruguay y Portugal) o

marcadamente (España un 9% menos). Este dato podría revelar un comportamiento más

contextual que estructural de la política tributria en cada país. No obstante, los cambios,

excluyendo a Argentina, se encuentran dentro de los parámetros neoliberales de disminución

34 La tasa tributaria total mide el monto de impuestos y contribuciones obligatorias que pagan las empresas

después de justificar las exenciones y deducciones permitidas como porción de las utilidades comerciales. Se

excluyen los impuestos retenidos (como impuesto al ingreso personal) o cobrados y remitidos a autoridades

fiscales (como impuestos al valor agregado, impuestos a las ventas o impuestos a los bienes y servicios) (Banco

Mundial, 2016).

24

del gravámen a las empresas en todos los países. En cuanto al IVA, el régimen general de

este impuesto aumentó en dos de los tres países del Sur de Europa que introdujeron políticas

restrictivas de gasto público y de fuerte flexibilización de la legislación laboral en favor de

las empresas. Entre 2008 y 2015 España y Portugal aumentaron el gravamen a la compra de

bienes y servicios en 3 y 2 puntos, respectivamente. Los países del Cono Sur no modificaron

este impuesto durante este período, manteniendo el mismo porcentaje desde antes de la Gran

Recesión, un porcentaje que ya era alto.

Gráfico 5.2.4

Evolución tasa tributaria total de las empresas 2008-2015

Fuente: elaboración propia en base a los indicadores del Banco Mundial.

De este modo, se comprueba que la política tributaria en cinco de los seis países no

es utilizada para mejorar la distribución de ingresos. Chile es el que muestra un peor

desempeño de este indicador para todos aquellos que no forman parte de la élite económica.

Uruguay es el siguiente. Los países del Sur de Europa evidencian, a partir de 2008, un

comportamiento similar al aumentar el IVA y disminuir la tasa impositiva de las empresas.

Argentina es el único de estos paises que evidencia un comportamiento opuesto a estas

políticas. También se constata que las reformas exigidas por los organismos financieros

internacionales han ido en claro detrimento de la gran mayoría de ciudadanos. Como lo

demuestra el incremento de un tipo de impuesto indirecto y regresivo que tiene como

consecuencia final una transferencia de rentas desde los sectores de menores a los de mayores

ingresos.

Tabla 5.2.2

Evolución del Impuesto al Valor Agregado País IVA Reducido 1 Reducido 2 Última

Modificación

Variación

Argentina 21% 11% No hay 2006 0

Chile 19% No hay No hay 2005 1

España 21% 10% 4% 2012 3

Grecia 23% 13% 7% 2015 0

Portugal 23% 13% 6% 2011 2

107,3 107,3 107,4 107,4 107,5119,4

137,4 137,4

25,1 24,8 24,5 24,5 27,7 27,7 27,9 28,9

58,8 55,8 55,5

37,9 37,9

57,1 58,250

46,7 46,7 46,7 45,9 44,144 50,7 49,6

42,5 42,3 42,6 42,8 42 42,3 42,4 4143 41,9 41,9 41,9 41,9 41,8 41,8 41,8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Argentina Chile España Grecia Portugal Uruguay

25

Uruguay 22% 10% No hay 2008 -1

Fuente: elaboración propia en base a los datos publicados por Economipedia.

Disminución del gasto en eduación, salud, pensiones y seguro de desempleo

Este indicador de gasto social supone establecer el comportamiento de las decisiones

políticas en lo que se refiere al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la

población. Un gasto

País

% promedio del gasto total

período 2008-2014

Educación

Salud

Pensiones

Argentina 4,9 5,9 7,2

Chile 4,3 7,3 3,4

España 4,7 9,3 9,7

Grecia s/d 9,3 13,4

Portugal 5,1 9,9 12,3

Uruguay 4,8 8,6 8,7

Fuente: elaboración propia en base a los datos del Banco Mundial, OECD y CEPAL

5.3.- Nivel de irresponsabilidad política

Esta es una condición pre-existente al período que se investiga. Sus indicadores describen el

marco institucional en el que se desenvuelve la rendición de cuentas y se exige la

responsabilidad política. No obstante, aquí recogemos su funcionamiento a partir de la Gran

Recesión. De esta manera

Nominación de candidatos por las direcciones partidarias y competencia en listas

cerradas o binominales

Este indicador permite establecer las facilidades que tiene la élite política para auto-

reproducirse y evitar rendir cuentas individuales gracias a la existencia de mecanismos

institucionales que les «blindan» frente a los electores. Una nominación jerárquica y un

blindaje a la elegibilidad de los candidatos de los partidos hace muy difícil exigir la

responsabilidad política y una rendición de cuentas a los representantes y gobiernos a través

del voto. Por este motivo, el modo en que se designan los candidatos a las elecciones y el

tipo de lista que se utiliza en la competencia electoral son elementos conformantes del

indicador. Es decir, una selección de candidatos exclusivamente partidaria –sin ninguna

intervención de sus votantes– y la existencia de listas cerradas y/o bloqueadas, indicarían que

los votantes tienen una escasa capacidad para controlar a las élites políticas.

Tabla 5.3.1

Formas de designación de los candidatos

País

Modo de designación de candidatos

al Congreso

Tipo de lista

26

Argentina Partidos Cerrada y bloqueada

Chile Partidos Abierta y binominal

España Partidos Cerrada y bloqueada

Grecia Partidos Cerrada

Portugal Partidos Cerrada y bloqueada

Uruguay Partidos Cerrada y bloqueada

Fuente: elaboración propia

Instituciones de Democracia Directa

El valor que alcanzan las instituciones o mecanismos de democracia directa viene dado por

la posibilidad que ofrecen a la ciudadanía de intervenir o revertir una decisión del incumbent

cuando no se esté de acuerdo con ella. Por tanto, es un medio que permite a los ciudadanos

intervenir de una forma directa en la toma de decisiones, más de lo que era posible en el

pasado (Schmitter, 2015). Es una forma de corrección y control que obliga a los políticos a

mantenerse más alerta en el proceso de toma de decisiones. Además, como señala Altman

(2015), estas instituciones son un complemento muy efectivo de la representación, siempre

que sus resultados sean vinculantes. En las seis democracias analizadas se encuentra regulada

de forma muy dispar. Como se puede observar en la Tabla 5.3.2, en todos se consideran

disposiciones para el referendo facultativo, pero sólo en la mitad está considerado el

referendo obligatorio. En el caso de la iniciativa ciudadana sólo Uruguay la contempla. La

iniciativa de agenda está disponible en cuatro países, no siendo parte del sistema político ni

de Chile ni Grecia. Por último, en ninguno de estos países existe la revocación de mandatos.

Tabla 5.3.2

Presencia de mecanismos de democracia directa (MDD)

País

Disposiciones jurídicas o legales a nivel nacional para:

Referendo

obligatorio

Referendo

facultativo

Iniciativa

ciudadana

Iniciativa de

agenda

Revocación de

mandatos

Argentina No Sí No Sí No

Chile No Sí No No No

Uruguay Sí Sí Sí Sí No

España Sí Sí No Sí No

Grecia No Sí No No No

Portugal Sí Sí No Sí No

Fuente: elaboración propia en base a la información de IDEA.

Normas permisivas para la financiación privada de partidos y candidatos

Este indicador informa de la capacidad legal que tienen los agentes económicos, nacionales

o transnacionales, para defender sus intereses a través de los partidos y los representantes

políticos. Los aportes que puedan otorgarse por esta vía privada tienden a condicionar las

decisiones de los políticos y partidos a favor de quienes hicieron económicamente viable su

elección. En una democracia basada en la igualdad política, esta vía debería estar restringida

y limitada a un aporte individual y mínimo de los ciudadanos a los partidos y candidatos de

su preferencia. De este modo, que sea posible contribuir a las campañas de los partidos con

27

dinero o empréstitos, por parte de empresas, sociedades y bancos, somete el proceso

democrático al interés de los financistas, no al control ciudadano.

En la tabla 5.3.3 se muestran las prohibiciones respecto a los distintos tipos de

donaciones privadas para campañas electorales a partidos y candidatos. Como queda

reflejado en la tabla mencionada, en los seis países están prohibidas las donaciones privadas

a partidos y candidatos desde el extranjero. Sin embargo, no ocurre lo mismo con otro tipo

de donaciones. Los aportes privados a partidos provenientes de empresas están prohibidos en

cuatro de las seis democracias, Argentina y Chile los permiten por medio de una autorización

administrativa o legal previa. En el caso de los candidatos individuales, son Chile y Uruguay

los únicos dos países que lo consideran.

Tabla 5.3.3

Prohibición de donaciones a los partidos y candidatos

País

Desde el

extranjero

a

Desde

empresas

privadas a

Desde empresas que

tengan contratos con el

Estado o una

participación parcial en

propiedades estatales a

Desde los

sindicatos a

Donaciones

anónimas a

P C P C P C P C P C

Argentina Si No (1)

No (2)

No (1)

Si No (1) Si No (1) Si No (1)

Chile Si Si No

(3)

No

(3)

Si (4) Si (4) Si Si No (5) No (5)

España Si No (1)

Si No (1)

Si No (1) No No (1) Si No (1)

Grecia Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Portugal Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Uruguay Si Si Si No Si (4) Si (4) Si Si No (5) No (5)

Fuente: elaboración propia en base a la información de IDEA

P significa partidos; C significa candidatos

(1) En Argentina no está permitido a los candidatos individuales participar en las elecciones, sólo a los partidos. En España

las donaciones sólo cubren la financiación de los partidos.

(2) Se permiten los aportes legales para las campañas electorales.

(3) Las donaciones de este tipo deben ser autorizadas por la autoridad administrativa competente.

(4) Se establece una cantidad o porcentaje mínimo para que opere la prohibición.

(5) Se establece un límite para este tipo de donaciones. En Chile no pueden exceder las 20 UTM y en Uruguay los 4.000

dólares o el 15% de los ingresos percibidos por el receptor durante un año.

Para las empresas que mantengan contratos con el Estado o que participen de la

propiedad estatal se encuentra totalmente prohibido realizar aportes a los partidos y

candidatos. Eso sí, hay dos países que establecen una excepción que posibilita un aporte

mínimo, que son Chile y Uruguay. En lo que respecta a donaciones provenientes desde los

sindicatos, éstas están prohibidas en todos los países, salvo en España. Por último, las

donaciones anónimas sólo están permitidas en Chile y Uruguay pero con un límite fijado por

la ley. De acuerdo a estas constataciones, de los actores económico-sociales es el mundo de

la empresa y las altas rentas el que cuenta con mayores facilidades para incidir, por medio de

la financiación, en las decisiones que adopten los partidos una vez que lleguen al gobierno.

28

De nuestros seis casos, esto se puede dar con mayor facilidad en los países del Cono Sur, que

cuentan con una legislación más permisiva, que en los países del Sur de Europa.

Sufragio inclusivo: el derecho a voto en el exterior

La posibilidad cierta de emitir el sufragio desde el extranjero no está solamente vinculado a

la igualdad política que ofrece el sistema a sus ciudadanos, sino también a su grado de

inclusión y de control de los políticos en general. Muchas personas emigran de sus

respectivos países por diferentes motivos sin perder su nacionalidad, por lo que tampoco

deberían perder sus derechos políticos. El reconocimiento de este derecho en el extranjero es

vital para países que tienen un alto flujo de emigración. Además, el derecho a sufragio desde

el exterior amplifica la capacidad de control de los gobernantes al ampliar los márgenes de

participación electoral.

Como se puede constatar en la tabla 5.3.5 sólo la mitad de las democracias analizadas

han establecido el derecho a voto desde el exterior.

Tabla 5.3.5

Reconocimiento del derecho a sufragio en el exterior

País

Derecho a voto en el exterior

Tipo de elecciones

Método de votación Año de implementación

Argentina

Presidencial

Legislativas

Personal

1991

Chile ----- ---- No aplica

Uruguay ----- ---- No aplica

España

Legislativas

Sub-nacionales

Referendo

Postal

1985

Grecia ---- ---- No aplica

Portugal

Presidencial

Legislativas

Referendo

Personal

Postal

2001

Fuente: elaboración propia en base a la información publicada por IDEA.

5.4.- Resultados de los indicadores para las tres condiciones

La medición de los quince indicadores que componen las condiciones posdemocráticas

neoliberales arroja los siguientes resultados para los seis países.

Elitismo político. Los cinco indicadores que miden la intensidad de esta condición

demuestran que Chile es el país con mayor elitismo político de los seis. Dicho país exhibe

una escasa representación sustantiva de los grupos sociales de menor capital educacional y

económico; sueldos parlamentarios que superan en casi doce veces el ingreso per cápita; un

sesgo de clase que hace más selecto al electorado; una divergencia programática entre élites

políticas y ciudadanía; y una baja presencia de mujeres en el Congreso. Un peldaño más

abajo se ubican España y Argentina, países en los que estos indicadores también dan cuenta

29

de la existencia de un elitismo político, pero menos acentuado que en Chile. Esta distinción

se produce porque tienen unos salarios parlamentarios más cercanos al ingreso per cápita y

una mayor presencia de mujeres en el Congreso. Lamentablemente no se ha contado con

toda la información para examinar adecuadamente a Grecia y Portugal. Aún así, se puede

intuir que, de contar con ellos, estos dos países se ubicarían junto a España. Por último,

Uruguay también demuestra tener rasgos de elitismo político, aunque en menor grado. En

todos estos países se comprobaría la principal tesis de la posdemocracia, que los acutales

procesos democráticos escasamente obtienen su legitimación de la participación del pueblo,

por lo que los resultados del proceso político no responden a los intereses de la ciudadanía

(Crouch, 2004; Jörke, 2008).

Desigualdad socioeconómica. Durante el período 2008-2015, los cuatro indicadores

de esta condición tres tienen un desempeño que hacen distinguible nuestros casos de estudio

por zona geográfica. Así, los tres países del Cono Sur tienen una mayor desigualdad de

ingresos, una mayor concentración de la riqueza nacional en el decil más rico y un gasto

social menor al de los tres países europeos. No obstante, las tendencias son opuestas,

mientras España, Portugal y Grecia aumentan sus niveles de desigualdad de ingresos y de

concentración de la riqueza, y reducen el gasto social, Argentina, Chile y Uruguay hacen

todo lo contrario. De seguir estas tendencias habrá algún momento en que todas estas

trayectorias se intersecten. Respecto al indicador que mide el tipo de política tributaria,

contraponiendo la tasa impositiva de las empresas con la tasa fijada para el Impuesto al Valor

Agregado, se constata la política de ingresos vía impuestos ha ido favoreciendo cada vez

más a los grupos de mayores ingresos, ya que se ha privilegiado una disminución, cuando

no era baja, de la tasa tributaria para las empresas al mismo tiempo que se incrementó la

carga impositiva al consumo. La excepción es Argentina que incrementó el impuesto a las

empresas de forma considerable. De acuerdo con estas mediciones, los seis países tienen

altos grados de desigualdad social derivados de políticas que han privilegiado una mayor

inversión privada, un menor gasto social y un asistencia directa de la pobreza. Todos han

seguido las recetas de la ortodoxia económica neoclásica que han precarizado a sus

poblaciones, ya sea en la década de los noventa o durante este siglo. Por tanto, los sistemas

políticos de estos países están condicionados por la desigualdad social.

Irresponsabilidad política. Los indicadores de esta condición sólo informan de los

mecanismos que ofrece cada democracia para exigir una efectiva rendición de cuentas de los

reprensentantes. En los seis países los candidatos son designados por las direcciones

partidarias. En cinco de ellos la competencia electoral es a través de listas cerradas y

bloqueadas, y en uno de ellos (Chile) es con listas abiertas y binominales. En todos se

contempla el referendo facultativo; en tres hay referendo obligatorio (Uruguay, España y

Portugal); en sólo uno se permite la inciativa ciudadana (Uruguay); en cuatro se establece la

iniciativa de agenda (Argentina, Uruguay, España y Portugal); y en ninguno existe la

revocación de mandatos. El país que contempla más mecanismos de democracia directa para

la incorporación de la ciudadanía a la toma de decisiones y el control del poder político es

Uruguay, con cuatro de los cinco mecanismos. Los que menos son Chile y Grecia que sólo

contemplan el referéndum no vinculante. La financiación privada de los partidos y

candidatos es absolutamente restrictiva en en Grecia y Portugal, donde no se contempla

ningún tipo de donación privada. En España sólo permite los portes desde los sindicatos. Al

contrario, los países del Cono Sur son más permisivos en este tipo de financiación,

permitiéndose las donaciones anónimas y, con ciertas restricciones, de empresas privadas y

empresas que tengan contrataciones con el Estado. En cuanto al derecho a sufragio desde el

30

exterior, tres de los seis países no lo contemplan en lo absoluto, que son Chile, Grecia y

Uruguay. Por tanto, aunque en diferentes grados, todas estas democracias están afectadas

institucionalmente por una alta irresponsabilidad política que no facilita la rendición de

cuentas, más bien la impide.

Con los resultados obtenidos del análisis de todos los indicadores se espera encontrar,

en aquellos países en que más asentadas están las condiciones posdemocráticas neoliberales,

una relación directa con: 1) una disminución de la participación electoral; 2) un incremento

de la desconfianza interpresonal y hacia las instituciones políticas; 3) un ascenso de la

insatisfacción democrática; 4) un aumento de la percepción de corrupción; 5) un escaso

interés por la políticas; y 6) un incremento de la participación política no institucional.

6.- Las condiciones posdemocráticas y el desencaje entre democracia y

capitalismo

Con los resultados obtenidos en el análisis de las condiciones y cada uno de sus indicadores,

se puede inducir que la desigualdad socioeconómica influye decididamente en el

funcionamiento de la democracia y es clave en el avance de la posdemocracia. Pero es la

combinación de las tres condiciones, que describen el quiebre entre democracia y

capitalismo, la que define la etapa posdemocrática neoliberal. De este modo, el elitismo

político, la desigualdad socioeconómica y la irresponsabilidad política tendrían una relación

directa con la desafección de los ciudadanos hacia el sistema político, aunque sucedería lo

mismo en cuanto a la legitimidad difusa de la democracia, que es «ese conjunto de actitudes

positivas que la ciudadanía tiene hacia sus instituciones democráticas; la democracia se

entiende como la mejor forma de gobierno posible» (Montero y Morlino, 1993).

Los valores democráticos representan las actitudes, sentimientos y opiniones que

tienen los ciudadanos respecto al régimen democrático. Se insertan dentro de lo que se

entiende como cultura política (Almond y Verba, 1970; Almond, 1988; Inglehart, 1988;

2001; 2005). Algunos valores que los ciudadanos reconocen como constitutivos de la

democracia son: la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la elección libre de sus

líderes, la protección de los derechos civiles contra la opresión, la equidad de las políticas

impositivas, que las fuerzas armadas estén supeditadas al poder civil y el cumplimiento de

las normas del estado de derecho.

Para comprobar si existe una correlación directa entre la presencia de las tres

condiciones posdemocráticas y una percepción negativa del funcionamiento de la democracia

y sus valores, se presenta una relación de factores que conforman la cultura democrática. Los

datos que se exponen se extraen de las mediciones efectuadas por World Values Survey,

Latinobarómetro, Encuesta Social Europea y Transparencia Internacional, que hacen

referencia a la confianza social y política, la percepción de corrupción, la valoración de la

política, las acciones políticas no institucionales y la satisfacción con la democracia de los

ciudadanos. Por su parte, los niveles de participación electoral se obtienen de los datos

publicados por el Institut of Democracy and Electoral Assistence. De comprobarse una

correlación directa entre ambos grupos de variables, se inferiría que el sistema político –y

sus élites–, así como el capitalismo desregulado, se contraponen a los intereses de la

ciudadanía.

En la tabla 6.1.1 se presenta una comparación de las variables de control por cada

país. En esta se constata que en los países que están inmersos o se inclinan hacia una

31

posdemocracia neoliberal sus ciudadanos desarrollan una actitud más distante y desconfiada

de sus sistemas políticos, y mucho más dispuesta a “desafiarlos”. Así, en Chile, España,

Grecia y Portugal, se confirmaría el supuesto de que la presencia positiva de los indicadores

que componen las condiciones (variables) de la posdemocracia puede tener una incidencia

directa en: 1) una alta desconfianza interpersonal; 2) un aumento de la desconfianza en las

instituciones de gobierno y representación; 3) una mayor insatisfacción democrática; 4) un

incremento de la percepción de corrupción; y 5) un aumento en la participación –o en la

intención de participar– en acciones políticas no institucionales.

Tabla 6.1.1

Actitudes ciudadanas respecto al sistema político (2008-2015) País Alta

desconfianza

interpersonal

Aumento de la

desconfianza

en el

Congreso y el

Gobierno

Aumento de la

insatisfacción

democrática

Incremento de

la percepción

de corrupción

Bajo interés

por la

política35

Aumento en la

intención de

participación

política no

institucional*

Argentina Si Si No Si Si No

Chile Si Si Si Si Si Si

España Si Si Si Si Si Si

Grecia Si Si Si Si Si Si

Portugal Si Si Si Si Si Si

Uruguay Si Si No No Si Si

*Se utilizan dos tipos de participación política que son: la firma de peticiones y la asistencia a manifestaciones autorizadas.

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos de las series temporales de Latinobarómetro, Índice de Percepción

de la Corrupción de TI y Encuesta Social Europea.

Respecto a la participación electoral, en el gráfico 6.1.1 se comprueba que en la mitad

de las democracias analizadas se produce un descenso en la participación electoral en las

últimas dos elecciones generales efectuadas. Así en Chile, Grecia y Portugal la abstención

aumenta en varios puntos porcentuales en la última elección registrada, llegando a más del

50% de la población con derecho voto en Chile. Al contrario, en Argentina y España la

participación aumenta en dos y cuatro puntos, respectivamente.

Gráfico 6.1.1

Porcentaje de participación en las últimas dos elecciones

35 De acuerdo a las olas 2008, 2010 y 2012 de la Encuesta Social Europea en España y Portugal aumentó el

interés por la política, mientras que en Grecia se mantuvo estable. Eso sí, en ninguno de los casos ese interés

supero el 35%. En el caso de los países del Cono Sur se constata un descenso en el interés por la política en

Chile del 23 al 16% y en Uruguay del 45% al 36%. En Argentina hubo un leve aumento desde un 26 a un 30%.

32

Fuente: elaboración propia en base a los datos de IDEA

Con la utilización de las variables de control se constata que existen claros indicios

de que las condiciones de la posdemocracia neoliberal tienen una correlación positiva con el

capitalismo desregulado y el deterioro del proceso democrático en los seis países analizados.

Sin embargo, no hay una evidencia concluyente para todos los casos.

Finalmente, a la luz de los hallazgos se puede dar respuesta a las tres preguntas que

la han orientado esta investigación.

1) En cuanto a si la democracia está representando los intereses de élites corporativo-

financieras por encima de los intereses y opiniones de los ciudadanos. El trabajo desarrollado

permite constatar que los dilemas y tensiones de las sociedades contemporáneas no están

siendo adecuadamente representados en las instituciones políticas en las últimas décadas.

Incluso, a partir de la gran crisis financiera de 2008, el sistema fue más allá, tensando aún

más la cuerda de la distribución de la riqueza contra la clase trabajadora. Las decisiones del

proceso político han quedado condicionadas a la acción de las agentes económicos

privilegiados. Si consideramos el exámen realizado a las democracias del Sur de Europa y

del Cono Sur, se puede sostener que en aquellos países que han incorporado y/o profundizado

en las políticas neoliberales o reformas estructurales, la democracia ha quedado restringida a

la elección de élites políticas que actúan condicionadas por el poder económico y que

reproducen las condiciones de desigualdad socioeconómica.

2) En lo que respecta a la nominalidad que tienen los derechos políticos y sociales en el

proceso de toma de decisiones, el estudio de las tres condiciones refleja que en los países que

tienen un alto grado de desigualdad socioeconómica, las élites políticas representan

sustantivamente a un grupo reducido de la población y no hay formas de rendición de cuentas

que complementen el sufragio, la posibilidad de que los ciudadanos sean los que

efectivamente decidan la políticas de un país se torna irreal. Por tanto, los derechos políticos

y sociales, como componentes de la igualdad política, se vuelven irrelevantes en el proceso

de toma de decisiones. Es lo que sucede en España, Grecia, Portugal y Chile, cuando se

comprueba que las políticas de los gobiernos no se ocupan de la división social, derivada de

la desigual distribución de la riqueza, y la representación política no se enmarca dentro de

una institucionalidad que facilite la rendición de cuentas.

0

20

40

60

80

100

Uruguay Argentina

España Grecia Portugal Chile

2009-2011 89,91 79,39 68,94 70,92 58,03 59,63

2013-2015 89,62 81,07 73,02 63,6 55,84 49,25

89,9179,39

68,94 70,9258,03 59,63

89,6281,07

73,0263,6

55,8449,25

33

3) La compatibilidad del libre mercado con la democracia es una de las cuestiones que

despierta mayor debate en la actualidad. Como queda explicitado en el análisis de las

condiciones posdemocráticas en el Sur de Europa y el Cono Sur, la profundización en

reformas neoliberales ha incrementado la desigualdad de ingresos y la brecha social en sus

sociedades. El libre mercado como principio rector de la actividad social, económica y

política es lo que explica el avance de la posdemocracia como modelo político del viejo

liberalismo democrático en este siglo. La idea de que las decisiones políticas deben estar

condicionadas a las dinámicas de la economía capitalista hace improcedente vincular la

democracia al libre albedrío del mercado. De hecho, esta visión del mundo ha conseguido

que los fenómenos políticos contemporáneos respondan a lógicas que cada vez menos

comprometidas con el clásico principio liberal de la representación.

Conclusiones

En este trabajo hemos explorado las posibles causas que explicarían la desconexión entre

capitalismo y democracia indagando en las premisas de la teoría de la posdemocracia y la

ideología neoliberal. Para ello el estudio ha abarcado el proceso de reformas estructurales

introducidas a partir de la «Gran Recesión» de 2008. El análisis se ha desarrollado en torno

a tres fenómenos políticos y sociales que denominamos condiciones estructurales e

institucionales de la posdemocracia neoliberal. Con ellas examinamos las actuales

democracias del Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay) y tres del Sur de Europa (España,

Grecia y Portugal). Asimismo, a través de este estudio comparado intentamos responder a

tres preguntas de investigación que permiten describir el actual encaje de la democracia en

la versión neoliberal del capitalismo.

En el primer apartado establecimos la relación de antecedentes que vinculan la

historia de la democracia a los diferentes tipos de capitalismo en las décadas posteriores a la

segunda guerra mundial. A grandes rasgos se constató que, desde la década del cincuenta

hasta finales de los setenta, las sociedades occidentales potenciaron la igualdad política y la

participación de los ciudadanos en la toma de decisiones con la implementación de políticas

de cohesión social y el fortalecimiento de los derechos sociales. Fue durante esta época

cuando se impuso una regulación de las dinámicas económicas del capitalismo a los procesos

democráticos. Aunque no tuvo la misma significancia ni profundidad en todos los Estados

que se constituyeron en democracias durante aquellos años.

Los siguientes dos apartados fueron dedicados al concepto y la descripción de la

democracia desde diferentes perspectivas que y ha conceptualizar y describir la teoría de la

posdemocracia neoliberal, al mismo tiempo que definimos sus condiciones.

El análisis llevado a cabo, en base a datos descriptivos de las mencionadas

condiciones posdemocráticas neoliberales, no nos ha permitido ser concluyentes en lo que

respecta al encaje entre democracia y capitalismo. En gran medida, esto se debe a que los

ciudadanos de todos estos países siguen contando con la posibilidad de escoger a sus

representantes y de premiar o castigar a sus gobernantes. No obstante, esa opción de elegir y

ser elegido, de controlar a los políticos, está mediada por factores que la desdibujan y que

hacen presumir que los seis países estudiados mantienen o se encuentran cercanos procesos

posdemocráticos. Así, hemos hallado en todos ellos niveles de desigualdad social que

condicionan las capacidades cognitivas de sus ciudadanos mientras que el gasto social no

mercantilizante disminuye con la profundización de las políticas neoliberales.

34

Las condiciones que hemos utilizado para determinar la presencia de la

posdemocracia neoliberal, elitismo político, desigualdad socioeconómica e irresponsabilidad

política, representan e interpretan los efectos de la subordinación de la política a los intereses

del poder económico. La estructuración de la sociedad neoliberal requiere de un sistema

político posdemocrático, que consiga infravalorar la representación política de la división de

clases y despolitizar la desigualdad social. De este modo, los agentes económicos no se ven

interpelados por sus ilegitimas intervenciones en el proceso de toma de decisiones. La

economía es la que se encarga de regular la política. Esto es lo que sucede cuando la

democracia se asume como una competencia entre una o más élites políticas que ofertan

propuestas económicas consensuadas al electorado cada cierto tiempo sin ningún contrapeso

social o político. La democracia se termina pareciendo a un ritual dedicado exclusivamente

al sufragio, donde los ciudadanos son invitados a participar en la elecciones de sus

gobernantes, pero no para exigir responsabilidades, proponer leyes u organizarse para así

optar a competir por el poder político. Todo esto está reservado para las élites económicas.

De tal manera, se confirma que las políticas neoliberales implementadas desde 2008 en los

países del Sur de Europa han terminado por desacoplar la democracia del capitalismo. De la

misma manera en que las reformas estructurales (neoliberales) divulgadas e implementadas

durante las décadas de 1980 y 1990 en América Latina produjeron un aumento de la

desigualdad, precarizaron el empleo y concentraron más la riqueza en el sector más rico de

la sociedad, las políticas de austeridad fiscal, flexibilización laboral y

Por último, durante el estudio también se presentan algunos hallazgos colaterales. El

primero es que en los países con gobiernos de izquierdas las políticas de redistribución

disminuyeron la desigualdad de ingresos entre su población. Es lo que demuestra el

comportamiento del índice de Gini en Argentina (izquierda peronista) y Uruguay (Frente

Amplio de izquierdas). En el lado opuesto se encuentran los países que fueron gobernados

por la derecha y que profundizaron en políticas de ajuste económico, como reducción del

gasto social, desregulación financiera y flexibilización del mercado laboral. Así, en Chile

(Alianza de derechas), España (Partido Popular), Portugal (coalición Socialista-Partido

Popular) y Grecia (Nueva Democracia)36, el nivel de desigualdad de ingresos se ha mantenido

o ha aumentado durante los últimos siete años. Un segundo hallazgo de este tipo es que en

los países que impulsaron una política de reducción de las desigualdades durante este período

o donde el sistema político incorporó nuevos actores políticos con capacidad de desafiar a

las élites tradicionales, la participación electoral se mantuvo alta o se incrementó. En el

primer caso están Argentina y Uruguay, mientras que en el segundo está España. A contrario

sensu, en los países donde aumentó la brecha entre rentas altas y bajas, y que no incorporaron

nuevos actores políticos, la participación electoral disminuyó. Son los casos de Portugal y

Grecia. Chile se presenta como una excepcionalidad, ya que su gran nivel de desigualdad y

el declive de la participación electoral son anteriores a la Gran Recesión de 2008. Aun así,

una menor participación en este país también puede estar provocada por la ausencia de

nuevos actores políticos que desafíen a las élites políticas tradicionales.

36 Hay que hacer notar que en estos cuatro países, al comenzar la crisis económica, sus gobiernos estaban

liderados por partidos de centro izquierda, en su mayoría de carácter socialdemócrata. En Chile hasta 2009

gobernó una coalición de partidos de centro-izquierda (Concertación); en España hasta 2011 gobernó el PSOE;

en Portugal gobernó el Partido Socialista hasta 2011; en Grecia el PSOK gobernó hasta 2012.

35

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