LA POLÍTICA DE CAMBIEMOS PARA LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS: AJUSTE PRESUPUESTARIO Y SALARIOS A LA BAJA

L a política del gobierno de la Alianza Cambiemos para las Universidades Naciona-

les antecedida por declaraciones del actual presidente de la Nación, cuando aún era candidato a ocu-par la primera magistratura, que indicaban claramente su desprecio por la educación pública y la incom-prensión de la responsabilidad del Estado en la garantía del derecho a la educación universitaria (“… qué es eso de universidades por todos lados?”) - se visualiza en primera instancia en el proceso de desfi-nanciamiento que se produjo deli-beradamente en el transcurso del año 2016, se ratificó en la sanción del Presupuesto Nacional 2017, y se confirma con el desarrollo de las paritariasdel sector. Desde el comienzo de este período presidencial, y ante el avance de su política de “ajuste”sobre el sistema universitario, hemos advertido que la experiencia de la década del ’90 nos ha enseñado que el desfinanciamien-to constituye un factor decisivo para una estrategia de reforma que procu-

ra colocar a las instituciones en una situación que favorece la aceptación “voluntaria” de programas que, im-pulsados por el Gobierno Nacional, logran introducir modificaciones sustantivas en la actividad académica sorteando el obstáculo que podrían representar la autonomía y el debate democrático. El FOMEC y el Progra-ma de Incentivos a la Investigación constituyen las manifestaciones más notorias de aquella dinámica, que fue conceptualizada como una for-ma de “regulación a distancia” ejer-cida sobre las Universidades por el Poder Ejecutivo, instituyente de una relación que definía el rol del Esta-do como “evaluador” de la actividad académica.

A 18 meses de iniciada esta etapa política, tenemos pruebas certeras de la existencia de un proceso de desfinanciamiento, y algunos indi-cios preocupantes de la orientación de las reformas que comienzan a impulsarse desde el Poder Ejecuti-vo, a través de la Secretaría de Polí-ticas Universitarias.

Gráfico 1

Transferencias a UUNN (en % del PBI)

EL DESFINANCIAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES

El desfinanciamiento está probado en la evolución de las transferencias presupuestarias eje-

cutadas en el año 2016, y en las definiciones de política expresadas en la Ley de Presupuesto

para 2017. En una apretada síntesis:

La inversión nacional en las universidades

nacionales, que creció de manera soste-

nida en la década anterior (de 0,56% en

2006 a 0,87% en 2015), disminuyó en 2016 a

0,81%, en relación con un PBI que decreció

un 2,3% en términos reales.

1

El nivel de ejecución de las transferencias

nacionales a las universidades nacionales

durante el año 2016 fue el más bajo del pe-

ríodo 2007-2016. 700 millones de pesos des-

tinados al sector no fueron ejecutados. El

Ministerio de Obras Públicas y Vivienda dejó

sin ejecutar más de 300 millones de pesos, y

el de Comunicaciones, 140 millones.

Gráfico 2

Porcentaje de Ejecución de las Transferencias Nacionales a UUNN (en %)

2

Usualmente, el presupuesto se amplía du-

rante el ejercicio, para atender los compro-

misos asumidos en las paritarias, y com-

pensar el efecto de la inflación. Frente a una

inflación del 40% (la más alta de los últimos

años), en 2016 el presupuesto destinado a

Universidades sólo se amplió un 16%.

Gráfico 3

Ampliaciones Presupuestarias de las Transferencias a la UUNN (en % de crédito inicial)

3

Durante todo el año 2016 hubo atrasos en

los pagos a las universidades nacionales,

obstaculizándose el normal desenvolvi-

miento de las actividades. Durante el pri-

mer semestre de 2016, los Programas de

Desarrollo Universitario estuvieron total-

mente desfinanciados. Recién en el se-

gundo semestre comenzaron a ejecutar-

se algunas partidas, pero más del 60% de

los fondos se ejecutaron entre noviembre

y diciembre (19,2% en noviembre, y 42,6%

en diciembre).

Gráfico 4

Inversión en Programas de Desarrollo Universitario (Distribución Mensual)

4

El Presupuesto 2017 consolidaba el ajuste

realizado en el trascurso del año anterior,

en la medida en que indicaba:

» una pauta de incremento salarial del 17%, pretendiendo con ello establecer un tope para el aumento que debía negociar-se en 2017.

» una reducción de la cantidad de becas para estudiantes de carreras prioritarias y para estudiantes de bajos recursos.

5

Gráfico 5

Otorgamiento de Becas para Alumnos de Bajos recursos

» un incremento en los gastos de funcio-namiento que fue insuficiente para com-pensar la inflación ya producida en 2016.

» un recorte del 70% en los gastos previs-tos para infraestructura y equipamiento.

Transcurrido el primer cuatrimestre de

2017 se siguen observando las mismas

tendencias observadas durante 2016. El fi-

nanciamiento de la Secretaria de Políticas

Universitarias se concentra en el pago de

salarios y en los gastos de funcionamiento,

debido al impacto del fuerte aumento ta-

rifas de servicios públicos. En cambio hay

niveles muy bajos de ejecución cuatrimes-

6

Gráfico 6

Otorgamiento de Becas para Carreras Prioritarias

tral de los gastos de la Secretaria de Polí-

ticas Universitarias asociados a los progra-

mas de desarrollo universitario-FUNDAR

(17,9% del crédito anual en 2017 y 0% en el

primer cuatrimestre de 2016) y del Finan-

ciamiento de las Actividades de Investiga-

ción de los Docentes Universitarios (7,4%

en 2017 y 5% en 2016).

Al mismo tiempo, disminuye la ya de por si escasa participación de los demás programas y ministerios de la Adminis-tración Nacional en el financiamiento universitario. En el presupuesto 2017, el aporte de los ministerios nacionales (ex-cluyendo a la SPU) llega al 2,1 % del fi-nanciamiento público a las UUNN.

Esto se explica por el impacto del Decreto 336/2016, por cual se dieron de baja la ma-yor parte de “los convenios celebrados entre los organismos dependientes de la admi-nistración pública nacional centralizada y descentralizada y universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza pública, ya sean nacionales, provinciales, municipales o privadas”. Previamente a este Decreto la participa-ción de los demás programas y minis-terios en el financiamiento universitario había llegado a ser de $3.307,4 millones (en el Presupuesto inicial de 2015), es de-cir el 5,8% del financiamiento total de las UUNN.

En conclusión, la disminución del financiamiento estatal para las uni-versidades nacionales que no proce-de de la SPU llegó a - $1.608 millones entre el presupuesto aprobado de 2015 y el de 2017, lo que representa una caída en términos nominales del 50% y en términos reales del 70%.

Vale aclarar que las actividades afectadas

por el atraso, el recorte, o la suspensión

de las transferencias son:

» los programas de bienestar estudiantil (que se detallan más adelante).

» los programas de vinculación de las uni-versidades con la comunidad.

» los programas que asociaban a las uni-versidades con diversas áreas del Estado (suspensión unilateral de los convenios por DNU 336/16).

» el funcionamiento de las nuevas carre-ras, nuevas unidades académicas, o uni-versidades de reciente creación (incluidos los salarios de su personal docente y no docente, aún no incorporado en las plan-tas regulares).» la actividad académica en general, por atraso en el pago de servicios, alquileres, etc.

Las dificultades derivadas de esta situa-ción de ahogo financiero han sido denun-ciadas por CONADU a lo largo de todo este ciclo, y han implicado en no pocas instituciones la declaración de la “emer-gencia presupuestaria”.

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EL AJUSTE SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

El desfinanciamiento de las universidades naciona-les significó el desmantelamiento de importantes planes y programas de desarrollo, y recortes de los programas de ayuda a sus estudiantes. Así como en la educación obligatoria el ajuste se concentró en los programas socioeducativos que atendían a las escuelas y la población más vulnerable, en la formación docente, en la formación técnico-profe-sional, y en la provisión de computadoras y recursos para el Programa Conectar-Igualdad, en el campo de la educación universitaria la sub-ejecución pre-supuestaria, la ejecución tardía de partidas, y los recortes provocaron la paralización de una serie de programas necesarios para asegurar el derecho a la educación y la democratización del sistema uni-versitario.

La inversión destinada a los Programas de Desarro-llo Universitario (mejoramiento de las carreras, pla-nes de infraestructura, acciones complementarias a las becas, extensión universitaria, etc.) se redujo un 10,7% en términos nominales y un 54% en términos reales entre 2015 y 2016. La mayor parte de los es-casos fondos que se invirtieron en estos conceptos llegaron a las universidades entre diciembre de 2016 y principios de 2017; es decir que dichos programas estuvieron prácticamente paralizados durante 2016. Vale subrayar que, al igual que ha ocurrido con otros programas de ayuda social (PROGRESAR, AUH), la interrupción de su provisión implica normalmente un impacto que excluye definitivamente a sus beneficia-rios del sistema.

El ajuste impactó en una reducción del alcance de los programas de becas:

En 2016, se otorgaron 37.523 Becas para Carre-ras Prioritarias, cuando en 2015 se habían otor-gado 39.719. Para 2017 se anuncia que las becas serán sólo 20.935

De las 2.000 becas previstas en la Ley de Presu-puesto 2016 para “Finalización de la Carrera de Ingeniería”, sólo se otorgaron 583. Este benefi-cio ya no figura en el Presupuesto 2017.

La reducción de Becas para Alumnos Universi-tarios de Bajos Recursos implicó que de 23.019 becas asignadas en 2015, se hayan otorgado 22.925 en 2016, y se prevean sólo 14.350 en 2017

Durante 2016, no sólo se redujo la cantidad de becarios, sino que se mantuvo fijo el monto de las asignaciones. De modo que quienes las reci-bieron sufrieron una pérdida en el poder adqui-sitivo de sus beneficios superior al 40% .

En el caso del Programa PROGRESAR, que asis-tía a jóvenes de entre 18 y 24 años que asistieran a instituciones educativas, incluidas las univer-sidades nacionales, estaban previstos 861.262 beneficiarios/as para el 2016. Sin embargo, sólo 809.752 personas recibieron esta ayuda. El Pre-supuesto 2017 prevé que sólo 500.000 jóvenes la recibirán en este año.

EL AJUSTE SOBRE EL SALARIO DOCENTE UNIVERSITARIO

Uno de los objetivos del ajuste presupuestario fue provocar, del mismo modo que en la educación obligatoria, una disminución del salario real de los trabajadores y trabajadoras del sector. En la prime-ra mitad del 2016, se llegó a un acuerdo de incre-mento salarial de un 35% para los y las docentes universitarios, que incluía una cláusula de revisión que debió haber sido puesta en práctica a partir de septiembre, en la medida en que la inflación ya ha-bía superado el índice de recomposición estableci-do. Sin embargo, el gobierno nacional no admitió en ningún momento esa situación, negándose a proponer un aumento adicional. Al concluir el año, la pérdida estimada de poder adquisitivo del salario se estimaba entre los 8 y los 10 puntos.

La inclusión, en el Presupuesto 2017, de una previsión de aumento salarial del 17%, junto con la advertencia de que no habría partidas adicionales para esa finali-dad, constituyó una manifestación explícita de la inten-ción de “poner un techo” a las negociaciones paritarias

del sector público, de acuerdo con previsiones de infla-ción que sólo el gobierno consideraba razonables.

La paritaria docente universitaria inició sus reunio-nes en febrero de 2017, y se reunió ya siete veces, sin que la oferta del gobierno haya sido modificada sustantivamente. A la demanda de un incremento del 35%, que contemplaba el reclamo de compen-sar la pérdida salarial producida en el año anterior, y anticipar una inflación del 25% (sobre la base de una previsión que en este momento es muy proba-blemente insuficiente, dado el ritmo sostenido del alza de precios), el gobierno ha respondido con va-riaciones en las cuotas propuestas para un aumen-to del 20%, insistiendo en su negativa a admitir el retroceso del año 2017. De este modo, a la decisión de colocar definitivamente el salario por debajo del nivel previo al inicio de la gestión de Cambiemos, se suma la pretensión de continuar achicando el gasto en las universidades a través del ajuste salarial.

EL CONFLICTO SE PROFUNDIZA, EL GOBIERNO ES RESPONSABLE

El gobierno es responsable del vaciamiento de los ámbitos del diálogo social. A pesar de que en estos meses el conflicto se ha extendido, a pesar de que se han realizado innumerables acciones de manifesta-ción del reclamo (paros, clases públicas, radios abier-tas, volanteadas, marchas, etc.) en todo el territorio nacional, en las que el movimiento estudiantil ha sido también parte activa de la movilización en defensa de la universidad pública, el gobierno continua sin dar respuestas. Una semana completa de paro y activida-des en todas las universidades nacionales, una multi-

tudinaria Marcha Federal Universitaria convocada en unidad por todas las organizaciones sindicales y to-das las organizaciones estudiantiles, no parecen ha-ber sido suficientes para que el gobierno comprenda que es responsable de volver a convocar a la paritaria, y en ese ámbito dar soluciones a un conflicto que, en estas condiciones, sólo puede profundizarse. La es-trategia gubernamental de apostar a un desgaste de la protesta, manteniendo formalmente abierta una negociación en la que no se presenta ninguna pro-puesta que permita siquiera un debate razonable, es

evidente. Ignorando las demandas de los trabajado-res y trabajadoras representadas por sus sindicatos, respondiendo a la legítima acción de protesta con el intento de desacreditar las organizaciones y sus diri-gencias, pretendiendo justificar su política de ajuste descalificando lo público y poniéndolo maliciosamen-te bajo sospecha de ineficiencia y corrupción, el go-bierno de Cambiemos no hace más que repetir una receta conocida.

Esta irresponsable actitud agrava la situación de las universidades, y aumenta el malestar de docentes, no docentes y estudiantes, que seguiremos exigien-do que el Estado nacional se haga cargo de asegurar nuestros derechos en la universidad, y el derecho de todo nuestro pueblo a la universidad, a contar con la universidad como un ámbito en el que la producción de conocimientos y la formación de profesionales se desarrolle como una contribución para mejorar la vida de todos y todas.