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La introducción del enfoque de género en la formulación de leyes nacionales y políticas públicas en el Perú: Los casos de la Ley de Cuotas y la Ley de Igualdad de Oportunidades Ana Elena Townsend Diez-Canseco

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La introducción del enfoque de género en la formulación de leyes nacionales y políticas públicas en el Perú:

Los casos de la Ley de Cuotas y la Ley de Igualdad de Oportunidades

Ana Elena Townsend Diez-Canseco

Ana Elena Townsend Diez–Canseco

Fue parlamentaria en el Perú desde 1995 hasta el año 2006, y Ministra de la Mujer y Desarrollo Social en su país en el 2003, durante el gobierno del ex Presidente Alejandro Toledo. Cuando fue elegida por primera vez al Parlamento, en abril de 1995, resultó ser la congresista más joven del Parlamento y por esa razón, cumpliendo con el reglamento de dicho Poder del Estado, integró las Juntas Preparatorias del mismo, el cual está encargado de instalar al Parlamento elegido y de tomar el juramento de ley a sus miembros. Coincidentemente, en julio de 1995, dichas Juntas fueron integradas por tres mujeres. Para el año 2001, en su tercera elección, Townsend se constituyó en la parlamentaria más votada del Congreso. Su tarea parlamentaria se focalizó en los temas de anticorrupción, derechos humanos y género. Es autora y co-autora de una serie de iniciativas legislativas con enfoque de género, entre las que se destacan la ley que permitió el acceso de las mujeres a la Escuela de Oficiales de las Fuerzas Armadas (1996), la Ley de Cuotas electorales por género para el Parlamento y los gobiernos locales (1997), y la Ley de Igualdad de Oportunidades (2007), habiendo sido la primera parlamentaria en proponerla en el año 2001. También trabajó muy de cerca con las organizaciones sociales de base lideradas por mujeres a nivel nacional en el Perú, apoyando sus iniciativas de participación ciudadana y fiscalización del cumplimiento de los programas de lucha contra la pobreza.

Como Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, priorizó el fortalecimiento del Programa Nacional contra la Violencia Sexual y Familiar y fomentó el diálogo entre las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos de la mujer y el gobierno, creando la Mesa de Diálogo de la Mujer. Le tocó dar inicio al proceso de descentralización de los programas sociales del Estado en el área alimentaria y de pequeñas obras de infraestructura social. Integró a ese proceso una medida legal con enfoque de género, la cual estableció como requisito para que se apruebe la descentralización de tales programas a los gobiernos locales. A nivel regional, como integrante del la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano, desde 2002 hasta 2006, impulsó y logró la firma de los convenios entre dicha organización y la OEA y el PNUD –División de Latinoamérica y el Caribe, que tienen como propósito comprometer a los parlamentos de la región en el impulso a la participación política de la mujer y el cumplimiento de la tercera Meta del Milenio que propone la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

El presente documento fue preparado a solicitud del Programa de Apoyo al Liderazgo y la Representación de la Mujer (PROLID) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este informe se publica con el único objeto de contribuir al debate e intercambio de experiencias sobre un tema de importancia para los países de la región. El informe no ha sido sometido a un proceso independiente de revisión y no representa la posición oficial del BID.

La autora desea agradecer las valiosas contribuciones de David Alamo, Gabriela Vega, Ana María Brasileiro, Vivian Roza, Diana Miloslavich y Elba Luna. También extiende un agradecimiento especial a Gisela Garzón por su excelente y exhaustiva edición del documento final. Por último, la autora expresa su gratitud a las Oficinas de la Oficialía Mayor y del Archivo del Diario de Debates del Congreso del Perú por las facilidades brindadas para la obtención de documentos para el presente estudio, y a todas las personas que tuvieron la amabilidad de brindar su tiempo para contestar a las entrevistas realizadas en razón del presente estudio.

Índice

Resumen ejecutivo i

Introducción 1

Antecedentes y breve historia de la aprobación de la Ley de Cuotas en la región latinoamericana 3

Los factores que contribuyeron a la aprobación de la Ley de Cuotas 6

Los efectos de la aprobación del sistema de cuotas en la participación femenina y en la formulación de la agenda legislativa de género

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El proceso de aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades 24

Conclusiones

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Bibliografía 31

Anexos

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Resumen ejecutivo

El presente documento avanza sobre el análisis de los factores claves que facilitaron el proceso de aprobación de leyes con enfoque de género en el Perú entre 1980 y 2007, centrando la atención en dos momentos: la aprobación de la Ley de Cuotas electorales por género en 1997 y la posterior sanción de la Ley de Igualdad de Oportunidades en 2007.

El primer argumento que guía este estudio es que el debate y posterior aplicación de la Ley de Cuotas consagraron la apertura a un debate más comprometido y activo a favor del ingreso de la agenda de género al quehacer parlamentario. En segunda instancia, el proceso que dio como resultado la aprobación de las leyes de cuotas por género sentó las bases para la consideración y sanción afirmativa de la Ley de Igualdad de Oportunidades. Para este caso, los logros obtenidos anteriormente, sumados a la mayor presencia femenina en el Congreso, resultaron fundamentales.

En relación a la Ley de Cuotas, el presente estudio analiza los factores “catalizadores” que dieron especial vigor a su implementación y la instauración del enfoque de género en el proceso legislativo del Perú. En primer lugar, la conformación de alianzas multipartidarias junto con el aporte de las propuestas de las organizaciones no gubernamentales y sociales a favor de la legislación de género resultaron estrategias exitosas. Dichas alianzas funcionaron al momento en que los congresistas dejaron de lado las discrepancias políticas entre la oposición y el oficialismo. A su vez, el contexto internacional en que se dio el debate de las cuotas electorales por género y otras normas a favor de la mujer, fueron influencias sustanciales para lograr dichos avances legislativos. Por último, el interés del entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori, por asegurarse el apoyo electoral y político de las mujeres tuvo importantes consecuencias en la aceleración de la aprobación de la Ley de Cuotas.

Con respecto a la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Perú, la presencia de una mujer Presidenta del Congreso, la parlamentaria Mercedes Cabanillas, con conocimiento de los compromisos internacionales asumidos por Estado peruano respecto a las políticas de equidad de género fue determinante para la aprobación de dicha ley. La misma se dio en un contexto legal y constitucional más receptivo, puesto que la aprobación de la Ley de Cuotas en 1997 ya había sentado una base significativa para la creación de normas favorables a los derechos de la mujer. Además de ello, fue importante contar con una bancada de mujeres en su mayoría informadas sobre los mecanismos legales necesarios para disminuir la discriminación de la mujer en el Perú. Por último, dentro del Congreso había ocurrido también un cambio generacional que volvía al mismo más permeable a este tipo de iniciativas.

De esta manera, el proceso iniciado con la discusión sobre las leyes de cuotas por género y cuyo segundo momento fue la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades contribuyó a la instalación definitiva de la agenda de género en la labor política y legislativa del Perú. Todo ello tuvo un efecto multiplicador en la aprobación de leyes con enfoque de género: entre 1997 y 2007 se produjo un récord de aprobación de leyes con enfoque de género en el Perú, pues se sancionaron 82 normas favorables a los derechos de la mujer, en comparación a las 38 leyes con enfoque de género que fueron aprobadas entre 1980 y 1997.

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Introducción

Numerosos países en América Latina han alcanzado una masa crítica de mujeres en el Parlamento1. Tal y como se desprende de la presente investigación, el Perú se destaca hoy por su alto nivel de participación femenina en el Parlamento en relación con otros países de la región, y por haber sancionado un número importante de leyes favorables a la equidad de género. Sin embargo, junto con los avances logrados se vislumbran los numerosos desafíos pendientes, por ejemplo, en el nivel de cumplimiento de las mismas, que hasta la fecha es muy bajo. Entre los desafíos presentes, están el logro de una mayor difusión de las leyes entre la población, una mejor capacitación de funcionarios y funcionarias públicos a cargo de su implementación, y la aprobación de un Presupuesto Anual con enfoque de género.

Cabe récordar que desde 1980 se venían produciendo cambios importantes en la participación femenina. Para empezar, y evidenciando un ambiente regional favorable a la incorporación de la mujer a las distintas esferas públicas, hacia ese año las mujeres ingresaron masivamente al mercado de trabajo en América Latina, todo lo cual allanó el camino hacia la búsqueda de la igualdad entre los sexos. En el contexto local, la actividad e influencia de las organizaciones feministas y de base lideradas por mujeres desde la reanudación de la democracia en mayo de 1980 (luego de doce años de dictadura militar), así como la existencia de compromisos internacionales de los países de la región a favor de los derechos de la mujer favorecieron esta tendencia.

El objetivo principal del presente estudio es identificar los factores que facilitaron los avances legislativos en materia de género obtenidos en el Perú entre 1980 y 2007. Para ello haremos mención especial del número de leyes que fueron aprobadas a favor de la equidad de género. De esta manera quedará reflejada la estrategia parlamentaria utilizada, los obstáculos superados y los desafíos vigentes en la tarea de lograr un marco legal que garantice la igualdad de oportunidades para las mujeres.

Reconociendo la importancia del fortalecimiento de las democracias regionales a través del acceso de las mujeres a la participación política, el propósito práctico de este estudio es compartir con los legisladores, y legisladoras de la región, las organizaciones no gubernamentales, y las áreas especializadas en el tema de género de organismos públicos internacionales en América Latina, prácticas que han resultado positivas y constructivas en favor de leyes y políticas públicas con enfoque de género en el Perú.

1 Esos son los casos del Perú, Argentina con el 29 % y el 35% de presencia femenina respectivamente hacia 2007, y Costa Rica, que alcanzó en las últimas elecciones un 38% de representación femenina en su Congreso unicameral. En contraste, en países como Guatemala, Brasil y Paraguay, el porcentaje de mujeres elegidas para la Cámara no excede el 10% a pesar de que hay leyes de cuotas vigentes desde 1997 y 1996 respectivamente. El caso de Brasil es especial, ya que cuenta con un número importante de leyes con enfoque de género y con un movimiento fuerte de mujeres a favor de igualdad de oportunidades.

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Metodología del estudio

El presente estudio está principalmente basado en entrevistas en profundidad, valiéndose de metodologías cualitativas de investigación. El mismo también presenta un mapeo de diferentes fuentes primarias de información, tales como las leyes aprobadas entre 1980 y 2007 para delinear sus argumentos. Por último, se expone aquí una sistematización cuantitativa de las leyes con enfoque de género aprobadas y sus votaciones parlamentarias según sexo.

De esta manera, se recoge el testimonio de los y las protagonistas de las alianzas entre las bancadas que permitieron lograr la votación necesaria para la aprobación de iniciativas promotoras de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como de representantes del Poder Ejecutivo, organizaciones gremiales y no gubernamentales y de otras instituciones autónomas del Estado peruano que contribuyeron (y siguen contribuyendo) al mejoramiento del marco legal y las políticas públicas relacionadas con la equidad de género. También incluye extractos significativos del diario de debates del Congreso peruano sobre esta materia.

Los insumos específicos que informan este trabajo son:

1. Una reseña del significativo número de leyes con enfoque de género aprobado a partir de 1997 (momento en que se aprobó la primera Ley de Cuotas), su reglamentación, y la importancia de las mismas en la aprobación del Presupuesto Nacional2.

2. Las entrevistas realizadas a:

� Los y las responsables, tanto en el Poder Ejecutivo como el Legislativo, del impulso y aprobación de la Ley de Cuotas y las normas favorables a la igualdad de oportunidades en los Poderes Legislativo y Ejecutivo en el Perú.

� Los y las representantes de las organizaciones no gubernamentales que trabajan a favor del impulso de leyes y políticas públicas para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, respecto al proceso de aprobación de la Ley de Cuotas y de las normas que le siguieron, particularmente la Ley de Igualdad de Oportunidades recientemente aprobada en el país.

� Los y las integrantes de gobiernos locales que promovieron la aprobación de normas favorables a la participación política de la mujer y a la igualdad de oportunidades en general.

� Mujeres líderes sindicales y de organizaciones sociales de base que participaron activamente en el proceso de aprobación de dichas normas.

3. Como documentos adicionales, se presentan también los principales debates realizados durante la aprobación de la Ley de Cuotas y la Ley de Igualdad de Oportunidades, a nivel de Comisiones y del Pleno, y un cuadro con el registro de la votación de las leyes con enfoque de género aprobadas entre 1997 y 2007, diferenciando los votos de las parlamentarias.

2 El Anexo 3 de esta investigación ofrece un detalle de dicha reglamentación.

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Antecedentes y breve historia de la aprobación de la Ley de Cuotas en la región latinoamericana

El proceso de aprobación de las leyes de cuotas como acciones afirmativas para acelerar el acceso de las mujeres al poder político en América Latina fue especialmente rápido. El tiempo transcurrido para lograr que once países en la región contasen con esta norma para cargos electivos fue de diez años. En contraste, la conquista del voto para las mujeres en la región tardó treinta años. Ésta última se inició con Ecuador en 1929 y culminó con Paraguay y El Salvador en 1961 (Peschard, 2003).

Es importante destacar, como antecedente, que veintidós mujeres líderes de Latinoamérica participaron en la Primera Conferencia Panamericana de la Liga de Mujeres por el Sufragio de Estados Unidos en Baltimore en el año 1923 y se comprometieron a seguir el ejemplo de sus pares norteamericanas para lograr el voto femenino en sus países. Sin embargo, en ese caso tardaron en lograrlo.

En contraste, décadas más tarde, las cuotas no sólo han sido aprobadas rápidamente, sino que han arrojado resultados tempranos y positivos, logrando un incremento notorio de la presencia femenina en el Parlamento. De hecho, las mujeres latinoamericanas han conquistado más bancas en los Parlamentos de sus países que las representantes norteamericanas ante el Capitolio. Actualmente dieciséis países latinoamericanos superan en número a las mujeres congresistas del Senado y Cámara Baja de Estados Unidos. De manera similar, ese país recién logró que, por primera vez en la historia de su democracia, una mujer dirija la Cámara Baja, al elegir a la Representante demócrata Nancy Pelosi a principios del 2007 (Maculéis-White y Arguedas, 2007).

Entre 1945 y 1997, la región de las Américas ya había contado con diecinueve Presidentas de Congresos. En América Latina el primer caso se dio en 1963 en el Parlamento del Uruguay, seguido, entre otros, por Costa Rica (1986), Granada y Nicaragua (1990), Guatemala (1991) y México en 19943. Aún con esos avances, las mujeres parlamentarias a nivel mundial ocupan sólo el 12.2% de un total de doscientas sesenta y dos presidencias parlamentarias en una ó dos de sus Cámaras (Unión Interparlamentaria Mundial, 2007).

A nivel regional, el Parlamento Latinoamericano, organismo promotor de la integración latinoamericana que reúne a veintidós Congresos de América Latina y el Caribe, tuvo como su primera y hasta ahora única mujer Presidenta en el 2001, a Beatriz Paredes, entonces Presidenta de la Cámara de Diputados de México.

Esta comparación no pretende de ningún modo restarle importancia a la tarea del “Caucus” de Mujeres Representantes en el Capitolio norteamericano, sino más bien destacar que los éxitos de

3 Hasta el 31 de agosto de 2007 las presidencias de los Parlamentos (sea la Cámara Baja o el Senado), eran ejercidas por mujeres en los siguientes países de América Latina y el Caribe: Antigua y Barbuda (Cámara Baja y Senado); Bahamas (Senado); Belice (Cámara Baja); Colombia (Senado de la República); Dominica (Cámara Baja); Jamaica (Cámara Baja); Saint Kitts y Nevis (Cámara Baja); Santa Lucia (Cámara Baja y Senado); Trinidad y Tobago (Senado); Venezuela (Asamblea Nacional).

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las mujeres promotoras de la igualdad de oportunidades en América Latina y el Caribe se basan, entre otros factores, en haber continuado la lucha iniciada por las norteamericanas en razón del derecho al voto femenino en su país.

Un aspecto político importante a mencionar sobre el proceso de aprobación de leyes de cuotas, es que es considerado como una expresión de la democratización en América Latina, pues éste cobró fuerza en un contexto de relanzamiento de los partidos políticos y de las instituciones democráticas en la región (Peschard, 2003-b).

Un claro ejemplo de esa expresión democratizadora fue el caso de Argentina. Éste se convirtió en un país pionero en la aprobación de la Ley de Cuotas, la cual sólo comenzó a debatirse en los inicios de la década de 1980, cuando la democracia se abrió paso luego de la dictadura de las Juntas Militares y la violación a los derechos humanos. La ley se aprobó finalmente en el año 1991.

Durante la etapa dictatorial en Argentina las mujeres líderes tuvieron un papel fundamental en la lucha por recuperar el Estado de Derecho en su país, y esto les dio protagonismo en la recuperación de la democracia. Quienes estudian el tema indican que en esa época la mayoría de los afiliados a todos los partidos políticos, salvo el Partido Justicialista, eran mujeres. Con las mujeres militando en los partidos, se hizo más fácil la comunicación y el intercambio de experiencias de acciones afirmativas a favor de la mujer en el campo político, con partidos políticos de países de otras latitudes, tales como el Partido Socialista Español, el Partido Social Demócrata de Alemania, y el Partido Demócrata de izquierda de Italia, entre otros (Lubertino, 2003).

Desde una perspectiva internacional, la aprobación de las leyes de cuotas en la región de América Latina y el Caribe respondió a las recomendaciones de los organismos y convenciones internacionales respecto a la sanción de leyes de acción afirmativa a favor de la participación política de la mujer. Las recomendaciones de la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” (CEDAW) de la ONU, la Convención de Belem do Pará de la OEA y la Plataforma de Acción de Beijing han sido un argumento de peso utilizado por las organizaciones no gubernamentales y por legisladoras y legisladores de la región en su afán de lograr la aprobación de las leyes de cuotas y de legislación con enfoque de género en general.

Luego de dieciséis años desde que la primera Ley de Cuotas en América Latina fuera aprobada en Argentina, actualmente diez países cuentan con una Ley de Cuotas para cargos electivos y uno para cargos en el Poder Ejecutivo. En general, los países que la introdujeron en su legislación nacional han logrado un aumento importante del número de mujeres en la función pública. Varios factores han contribuido a lograrlo: la aplicación de las cuotas en un sistema de representación proporcional que utiliza listas cerradas y cuando la ley asegura que las mujeres no sean rezagadas a los últimos lugares de las nóminas de postulación a cargos electivos, para que así tengan verdaderas oportunidades de ser electas. Aun así, el porcentaje de mujeres en el

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Parlamento en la región de América Latina, del 20%4 en una región donde las mujeres representan más de la mitad de la población total, sigue siendo bajo.

Cabe preguntarse cuál sería la situación si no se hubieran aprobado leyes de cuotas. La respuesta la han dado los estudios de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que indican que sin dichas leyes de acción afirmativa, tendríamos que esperar hasta el año 2042 para que las mujeres llenen únicamente el 40% de los escaños del Congreso (Informe de la CEPAL citado en PROLID, 2007).

Las cifras citadas reflejan que aún hay mucho camino por recorrer en América Latina hasta llegar a la paridad en las listas electorales. Un paso a favor de ese objetivo sería lograr la aprobación de leyes de mandato de posición para las mujeres en las listas electorales, también conocidas como leyes de alternancia, donde se asegure una distribución proporcional de los puestos entre hombres y mujeres, colocándolos alternadamente hasta completar la nómina electoral. Otro aspecto importante para al menos mantener el nivel de presencia femenina obtenido en bancas congresales, es seguir los ejemplos de Costa Rica y Argentina, donde el movimiento de mujeres ejerce un poderoso papel fiscalizador del cumplimiento de la Ley de Cuotas apelando permanentemente a los líderes políticos y a las Cortes para que realicen las aclaraciones conceptuales del caso así como los ajustes necesarios cada vez que se evidencia que la norma no se ha cumplido de manera consistente (Mona Lena Krook, 2007).

Existe un consenso en la región respecto a que estas leyes resultan útiles para incrementar la representación política de las mujeres en la región y para que se logre una conciencia clara de que por sí mismas estas normas no son suficientes para cambiar de manera fundamental las relaciones de poder en la sociedad (Conclusiones del Taller de IDEA, 2003).

4 Reporte sobre el Objetivo del Milenio No. 3, de 2006, citado en el Boletín “Mujer y participación política en America Latina, edición No. 1, Programa de Liderazgo y Representación de la Mujer (PROLID), BID, octubre de 2006.

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Los factores que contribuyeron a la aprobación de la Ley de Cuotas

El contexto internacional

La realización a partir del año 1994 de numerosos encuentros como la Conferencia de Población y Familia en El Cairo (1994), la Reunión Preparatoria de América Latina y el Caribe para la Conferencia de Beijing en Mar del Plata (1994), la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing (1995), y el Encuentro de la Unión Interparlamentaria Mundial sobre equidad de género en Nueva Delhi (1997) otorgaron una legitimidad especial a la decisión de aprobar la Ley de Cuotas en el Perú. En todos estos encuentros participó el Perú, y en especial en la Conferencia de Beijing donde Fujimori fue el único Jefe de Estado en asistir. La estrategia del entonces jefe de Estado fue de esta manera mejorar su imagen y captar el apoyo político de las mujeres en el Perú en una situación en la que el autoritarismo y las denuncias por corrupción y violación a los derechos humanos ya empezaban a tener eco en los foros internacionales.

Beatriz Merino, quien presidió la primera Comisión de la Mujer del Parlamento peruano, destaca la importancia que tuvieron dichos foros internacionales5:

“Hubo dos aspectos centrales que contribuyeron a impulsar la aprobación de una serie de leyes favorables a la igualdad de la mujer, incluida la norma sobre cuotas. En primer lugar, un contexto internacional favorable al impulso de este tipo de iniciativas…”. (Entrevista a Beatriz Merino, Defensora del Pueblo y ex Primera Ministra del Perú, junio de 2007).

Aquí también se recoge el testimonio de Lourdes Flores Nano, ex candidata a la Presidencia y ex parlamentaria del Perú, y una de las primeras parlamentarias en proponer el sistema de cuotas electorales por género:

“El caso de la Ley de Cuotas es muy interesante...La ley estaba entrampada. Cuando yo la presenté en la Comisión de Constitución hubo una férrea oposición. Pero en ese entonces, la presidenta del Congreso Martha Hildebrandt viajó con la vicepresidenta Luz Salgado, y el congresista opositor Rolando Breña al Encuentro sobre equidad de género de la Unión Interparlamentaria en Nueva Delhi. Ellos regresan entusiasmados con el tema de las cuotas que había sido abordado allí. Hildebrandt y Salgado le llevan la propuesta a Fujimori, que acepta y alinea a la bancada de gobierno”. (Entrevista a Lourdes Flores Nano, Lima, mayo de 2007).

El interés electoral y político de Alberto Fujimori por conseguir el apoyo femenino en el Perú quedó de manifiesto con su participación en la Conferencia de Beijing en 1995. Como veremos más adelante, esto tuvo importantes implicaciones para la eventual aprobación de la Ley de Cuotas.

5 Las entrevistas de las cuales fueron seleccionados estos extractos se encuentran en el Anexo 5 de esta investigación.

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Los antecedentes legislativos a la Ley de Cuotas

La aprobación de la Ley de Cuotas en el Perú forma parte de un conjunto mayor de normas aprobadas a favor de la igualdad de la mujer en el Perú, las cuales sentaron las bases jurídicas para lograr dicha acción afirmativa. Cabe señalar que en el año 1980 la democracia y el Parlamento en pleno recuperaron sus funciones luego de una dictadura militar que duró doce años. Un año antes se había promulgado la Constitución de 1979, que garantizaba en su articulado la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, y que también aseguraba que las niñas y niños eran iguales ante la ley, al margen de haber nacido dentro o fuera de un matrimonio. Estas dos garantías constitucionales se mantuvieron en la constitución que fuera reformada en 1993. Entre 1980 y 1997 el Congreso del Perú aprobó 30 leyes con enfoque de género.

Entre los antecedentes más importantes a la aprobación de la Ley de Cuotas, en 1982 el Congreso adscribió a la CEDAW6. En materia de seguridad, en 1988 aprobó el acceso femenino a la Escuela de Oficiales, bajo los mismos principios y normas que rigen al personal masculino en las Fuerzas Policiales7, y en 1996 se aprobó la Ley de Acceso a las Mujeres a las Escuelas Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas y siguiendo carreras militares bajo los mismos principios que rigen para el personal masculino8.

En materia de violencia sexual, en 1993 se estableció la Política de Estado frente a la Violencia Familiar y las medidas de protección9, y en 1997 se estableció el carácter público de la acción penal para los casos de delitos de violación sexual10, derogando la parte de ley que señalaba que el violador quedaba exceptuado de pena11.

Por último, en materia laboral, en 1997 se sancionó una ley que dispone que las ofertas de empleo y acceso a medios de formación educativa no podrán contener requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración de igualdad de oportunidad o de trato12.

La coyuntura política y electoral de los años noventa

Diana Miloslavich, una destacada representante del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, recuerda los inicios de la lucha para lograr que la propuesta de una Ley de Cuotas electorales femeninas ingresara a la agenda política formal, al Poder Ejecutivo y al Legislativo. Ella destaca que en ese entonces no había todavía espacios de concertación directa entre las organizaciones de

6 Resolución Legislativa No. 23432. 7 Ley No. 24975. 8 Ley No. 26628, aprobada por el Congreso elegido para el periodo 1995-2000. 9 Ley No. 26260. 10 Ley No. 26770, que modificó el artículo 178° del Código Penal, Decreto Legislativo No. 635. 11 Antes de la publicación de dicha norma los acusados de violación que se casaban con su víctima quedaban exentos de la pena, y si se trataba de una violación cometida por varias personas, bastaba que uno de ellos se casara para que todos sean exceptuados de la pena. 12 Ley No. 26772. El motivo para su aprobación fue que muchos avisos de empleo que se publicaban en los medios de comunicación señalaban que la persona que se presentara a determinado trabajo, debía ser egresada de determinada universidad, tener rasgos específicos, o tenía que ser un varón, cuando dicha labor podía ser realizada indistintamente por una mujer o un hombre en igualdad de condiciones.

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la sociedad civil y el Estado, como sí los hay en la actualidad para promover acuerdos sobre políticas públicas.

“En el año 1990, durante la segunda vuelta electoral para la Presidencia del Perú Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa quedaron finalistas, casi todas las organizaciones de mujeres feministas, agrupadas en el Foro Mujer, presentamos una Plataforma de los Derechos de la Mujer incluyendo la demanda por cuotas electorales. No eran épocas en que se firmaban acuerdos de gobernabilidad como ahora, el movimiento dejaba la carta en sus manos para que tomaran nota”. (Entrevista a Diana Miloslavich, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Lima, mayo de 2007).

Ninguno de los dos candidatos presidenciales tomó nota de la demanda de las mujeres y el tema no recibió interés por parte de la prensa. No lo consideraron ni electoral ni políticamente importante. Pero el movimiento feminista peruano no se dio por vencido, y en marzo de 1994, al celebrarse el Día Internacional de la Mujer reactivó la propuesta planteando específicamente que debía adoptarse una ley que asegurara un 30% de cuota femenina en las candidaturas al Parlamento, a los gobiernos locales, regionales (suspendidos desde el Golpe de Estado liderado por Fujimori en abril de 1992) y al interior de las organizaciones partidarias (Schmidt, 2003).

En ese momento la coyuntura política peruana estaba marcada por la polarización entre el gobierno y la oposición. Meses antes, en diciembre de 1993, se había realizado un Referéndum sobre la nueva Constitución aprobada por el Congreso Constituyente Democrático (CCD), cuyos resultados habían sido cuestionados. A su vez, en la campaña opositora a la nueva Constitución, las mujeres en organizaciones populares tuvieron una tarea política importante.

Diana Miloslavich considera que en esa instancia el gobierno de Fujimori captó el peso político, sobre todo electoral, de las mujeres, y avanzó así en la agenda femenina:

“(…) el fujimorismo decide trabajar una agenda sobre las mujeres y allí empieza el tema de las cuotas, y en paralelo una política de clientelaje con las organizaciones sociales de base. Hay una decisión política de cambio de estrategia en relación con las mujeres”. (Entrevista a Diana Miloslavich, mayo de 2007).

En el análisis de Cecilia Blondet, actual directora de la organización no gubernamental en temas de anticorrupción “Proética”, y ex Ministra de la Mujer del Perú (2002), Fujimori trazó una estrategia electoral específica alrededor de la participación de la mujer en el gobierno:

“La decisión particular del Presidente Fujimori de convocar a algunos sectores de mujeres “poderosas” y “populares”,“desde arriba”, puede entenderse como un mecanismo de manipulación política del electorado femenino a través de una estrategia de inclusión selectiva y segmentada; como una inteligente concesión a los organismos internacionales que presionaban por el tema de género…”. (Entrevista a Cecilia Blondet, Lima, mayo del 2007 2004).

Estos testimonios nos permiten ver cómo en un momento político de intensa confrontación entre un gobierno autoritario y la oposición democrática parlamentaria, la aprobación de la Ley de Cuotas femeninas se abrió paso.

La abogada y ex congresista Miriam Schenone, quien fuera la primera Ministra de la Mujer en el Perú, reconoce que para entonces el tema de los derechos de la mujer había cobrado importancia en el plano político, sobre todo en la coyuntura electoral en que se dieron estos debates:

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“Ciertamente, los años ‘94 y ‘95 fueron años electorales y esa información así como otras de esa naturaleza fueron de interés y tomadas en cuenta en las estrategias y acciones políticas por los diferentes partidos y agrupaciones políticas para alcanzar o mantenerse en el poder”. (Entrevista a Miriam Schenone, junio de 2007).

Sin embargo la propia ex ministra considera que, paradójicamente, el peso electoral que cobró el tema de la inclusión de la mujer no permitió que en ese momento se lograra una comprensión e inclusión real de la perspectiva de género en la formulación de leyes.

La creación de instituciones oficiales de la mujer y su influencia en el avance de la Ley de Cuotas (1995-2000)

Previamente a la presencia del Perú en dichos encuentros internacionales, el gobierno creó la Comisión Especial de Derechos de la Mujer del Ministerio de Justicia, presidida por Miriam Schenone, Viceministra de ese sector, que además representaba al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA.

Como ya lo hemos mencionado, una expresión notoria del interés político que el gobierno le dio al tema fue la presentación del entonces Presidente del Perú en la Conferencia de Beijing en 1995, ocasión en la que el Estado peruano se adhirió, con algunas reservas, a la Plataforma de los Derechos de la Mujer allí aprobada. Una consecuencia directa de esa participación fue la creación del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano (PROMUDEH) en 1996. Este ministerio se convirtió en una instancia clave para apoyar la aprobación de la Ley de Cuotas en el Congreso en 1997.

“(…) el funcionamiento por primera vez en el Perú de una Comisión de la Mujer en el Congreso (creada en 1995 y en funcionamiento desde 1996) que –no obstante originalmente no tenía facultades dictaminatorias– llamaba la atención sobre temas críticos de derechos de las mujeres”. (Entrevista a Beatriz Merino, Defensora del Pueblo y ex Primera Ministra del Perú, junio de 2007).

El apoyo de los parlamentarios oficialistas y de la oposición (1995-2000)

Los grupos democráticos de oposición en el Congreso, de los cuales formé parte, se mantuvieron firmes en su rol fiscalizador del gobierno y denunciaron el uso que el mismo hacía de los recursos del Estado para el clientelaje político con el propósito de captar el voto de las mujeres líderes y afiliadas a organizaciones sociales de base, a quienes se les condicionaba la ayuda alimentaria y de los programas sociales según su comportamiento político. También se opusieron a las leyes inconstitucionales que el grupo parlamentario del gobierno aprobó como las de la intervención política del Poder Judicial, y de la Fiscalía de la Nación, entre otras. Esta conducta política no impidió que como grupos democráticos lograran acuerdos con la bancada oficialista en favor de la participación política de las mujeres peruanas con la Ley de Cuotas y luego a favor de otras normas favorables a la equidad de género.

La tarea de coordinación entre los grupos estuvo principalmente a cargo de parlamentarias con peso político en sus bancadas y con afinidad hacia el tema de la equidad de género. Desde la oposición, se destacaban Lourdes Flores Nano, Beatriz Merino y Graciela Fernández-Baca. Como partícipe de dicho grupo, puedo afirmar que se realizaron numerosas tareas conjuntas en la

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preparación de dictámenes consensuados con las representantes del gobierno interesadas en impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. El grupo del gobierno tenía como principales representantes a las parlamentarias Luz Salgado, Martha Hildebrandt y María Jesús Espinoza, quienes eran las principales voces a favor de insertar el enfoque de género en la legislación y específicamente a favor de aprobar la primera ley de acción afirmativa a favor de la mujer en el Perú. Este grupo de parlamentarias, elegidas para el período 1995-2000, se constituyó en un espacio no oficial de coordinación de acuerdos en favor de la introducción de una agenda de género en el Congreso, y específicamente, entre 1996 y 1997 trabajó para lograr la aprobación de la primera Ley de Cuotas en el Perú. Dicho grupo contó con el apoyo de parlamentarios que impulsaban la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Dentro del grupo de parlamentarios compartiendo el mismo objetivo se destacaron Jorge Avendaño, Antero Flores-Aráoz y Javier Diez-Canseco. Cada uno de ellos pertenecía a bancadas distintas dentro del colectivo opositor, pero cada uno en su grupo se distinguía por presentar iniciativas legislativas de acción afirmativa.

La autora de uno de los primeros proyectos de Ley de Cuotas fue la ex congresista de oposición al régimen fujimorista y candidata presidencial Lourdes Flores Nano. Ella recuerda cómo la decisión política y electoral del régimen fujimorista influyó en dar impulso a la norma:

“…Hicimos a favor de las cuotas una alianza entre voceras parlamentarias informales pero con peso político…la Ley de Cuotas rompe la resistencia a tocar los temas relacionados a la mujer”. (Entrevista a Lourdes Flores Nano, Lima, mayo de 2007).

Javier Diez-Canseco, actual Presidente del Partido Socialista en el Perú, fue parlamentario de oposición y miembro de la Comisión de la Mujer en el Congreso en el período 1995-2000 y considera que el tema logró un apoyo rápido debido a que no estaba atado a una estricta lógica partidaria, lo cual permitía llegar a acuerdos específicos entre integrantes de grupos parlamentarios políticamente opuestos, pero con coincidencias en temas específicos como el de la equidad de género:

“En cuanto al tema de lograr acuerdos inter-partidarios, en mi experiencia, en relación a la participación política de la mujer, los derechos sexuales y reproductivos, la violencia doméstica y sexual, entre otros, yo creo que uno puede decir que hay posibilidades de buscar entendimientos, pero yo no les llamaría multipartidarios. Por ejemplo, no ha habido un acuerdo multipartidario cuando Luz Salgado (congresista oficialista, 1995-2000) se opuso conmigo a la propuesta de Martha Chávez (congresista oficialista, 1995-2000) de sacar a las niñas embarazadas de las escuelas (en el debate parlamentario sobre la discriminación a las madres adolescentes), porque para comenzar Martha Chávez tenía más peso dentro del fujimorismo que Luz Salgado y no era una posición del partido, era la posición de personas. Yo diría que lo que ocurre es que en muchos casos, determinados temas de la mujer y la equidad de género no son temas partidarios; y por lo tanto pueden ser manejados en la esfera de la decisión personal, de la decisión individual, son considerados algo así como casos de conciencia”. (Entrevista a Javier Diez-Canseco, julio de 2007).

En los temas de género, Fujimori le dio su apoyo político a la parlamentaria Luz Salgado, siguiendo una lógica electoral, a pesar de que la congresista Martha Chávez tenía un mayor peso político dentro de su gobierno. El apoyo a Salgado y a otras representantes del fujimorismo ligadas al tema luego se tradujo en las votaciones favorables de la bancada oficialista para la legislación con enfoque de género, que en algunos casos no contó con el voto de Chávez.

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Fue así como en un parlamento signado por la verticalidad de la bancada de gobierno, la propuesta de instaurar cuotas femeninas en las listas electorales fue tratada de manera distinta. Jorge Avendaño, destacado jurista peruano y entonces miembro del grupo opositor y de la Comisión de Justicia del Congreso, resume las características de ese debate:

“Yo recuerdo que todo el Congreso estuvo a favor de igualar a hombres y mujeres en varias cosas, y eso es importante destacarlo porque era un Congreso muy dividido, dominado por la mayoría fujimorista y el resto éramos una oposición minoritaria y la mayoría fujimorista hacía y deshacía. Y no daba razones. Podía haber un debate cinco horas y no les importaba: votaban por consigna. Sin embargo en este tema relacionado con la mujer no era una división por razones partidarias, pues si discrepaban era por razones personales”. (Entrevista a Jorge Avendaño, mayo de 2007).

En relación a la dinámica parlamentaria que retroalimentó este proceso, Beatriz Merino comentaba lo siguiente:

“Hubo varios aspectos centrales que contribuyeron a impulsar la aprobación de una serie de leyes favorables a la igualdad de la mujer, incluida la norma sobre cuotas (…) En tercer lugar, la confluencia de un conjunto de mujeres parlamentarias comprometidas con la causa de la igualdad, particularmente en los espacios de decisión política”. (Entrevista a Beatriz Merino, Defensora del Pueblo y ex Primera Ministra del Perú, junio de 2007).

• El debate y la aprobación de la Ley de Cuotas en el Congreso

En mayo de 1997, se realizó el debate sobre la propuesta legislativa estableciendo un mínimo de 25% de los puestos de las listas electorales para el Parlamento y los gobiernos locales y regionales en el Congreso peruano. La ley fue finalmente aprobada en junio de 1997. Si bien existieron varias iniciativas presentadas por parlamentarios/as del gobierno y de la oposición, se discutió la propuesta presentada por dos congresistas de la bancada del gobierno: Martha Hildebrandt y Luz Salgado, quienes ejercían los cargos de Presidenta y Vicepresidenta del Parlamento, respectivamente. Un punto a destacar es que para esa fecha el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano (PROMUDEH) 13 ya se había inaugurado, y también la primera Comisión de la Mujer en el Congreso de la República. Esta última tenía facultades restringidas, en su condición de Comisión especial no dictaminadora. A pesar de esa restricción, se convirtió en un foro permanente de debate sobre iniciativas favorables a la equidad de género, y para esa oportunidad emitió un valioso informe justificando la necesidad de adoptar una ley de acción afirmativa a favor de la participación política de la mujer en el Perú.

Antero Flores-Aráoz, ex embajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos, ex presidente del Congreso del Perú, que cuenta con la experiencia de haber presidido el partido Popular Cristiano, y quien también fuera autor de una Ley de Cuotas, comenta sobre la exclusión histórica de la mujer en las listas electorales:

“En el partido se hacían las listas, y si las mujeres estaban dispuestas a integrarlas, todo quedaba muy bien, y si no era así, en realidad no pasaba nada. No había consecuencias.

13 El Ministerio de la Mujer, denominado inicialmente Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo, PROMUDEH, fue creado por el Decreto Legislativo 866, publicado el 29/10/1996. En julio de 2002, el PROMUDEH cambió de nombre y pasó a llamarse Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES).

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Entonces pensé que si hubiera conciencia tenía que haber algo que nos obligara a redoblar esfuerzos para lograr una mayor participación de las mujeres en las elecciones. Y ese esfuerzo para mí consistió en proponer las cuotas, que ya existían con éxito en otros países. Mucha gente decía que era como una muleta injusta ya que la mujer debe valerse por sí misma. Yo también creo lo mismo, pero se le tiene que dar la ayuda necesaria para que haya igualdad. Necesitas de esa ayuda, el bastón, la muleta hasta que esté rehabilitada del golpe a la rodilla, que viene a ser esa falta de igualdad de oportunidades políticas”. (Entrevista a Antero Flores-Aráoz, Washington D.C., mayo de 2007).

La propuesta contó con el voto mayoritario del Pleno del Congreso, y llegó al debate con un previo acuerdo entre las y los voceros de los grupos parlamentarios. Durante la discusión parlamentaria los opositores a la medida argumentaron que las mujeres son suficientemente capaces de competir sin necesidad de leyes electorales especiales, que las cuotas femeninas son discriminatorias en relación a otros grupos desfavorecidos de la sociedad, y que el reconocimiento formal a los derechos de la mujer en la Constitución Política ya era suficiente.

El ex congresista Arturo Salazar Larraín, entonces miembro de la minoría parlamentaria que discrepaba con la medida, consideró al sistema de cuotas como promotor de la desigualdad y como una “puerta falsa” para la entrada de más mujeres a puestos electivos:

“Pongo un caso concreto que ya he planteado en la Comisión de la Mujer: ¿qué pasaría, por ejemplo, con un partido ecologista que en razón de esta desigualdad llamada formal tuviese que verse en la obligación de incluir veinticinco por ciento de partidarios de las explosiones nucleares?; ¿o en el caso extremo de un partido feminista que tuviese que verse obligado a poner un setenta y cinco por ciento de candidatos varones? Me parece una desigualdad completa y una verdadera torpeza en el planteamiento de este principio. Yo creo que por esta vía, por esta puerta falsa, no deberían entrar las mujeres”. (Congresista Arturo Salazar Larraín, Diario de Debates del Congreso de la República del Perú, 16 de mayo de 1997).

El parlamentario Enrique Chirinos, también de la minoría parlamentaria, señaló que el hecho de que a nivel presidencial se hubiera optado por las cuotas había asegurado el apoyo de la bancada oficialista, que en este tema coincidía con los grupos de oposición, salvo algunas excepciones. Sin embargo, expresó su oposición a la norma basándose en el concepto de una “igualdad formal” para la mujer que la Constitución y las leyes del Perú consignan:

“Me parece que habiéndose pronunciado el Presidente de la República en favor del sistema de cuotas para la mujer como candidata al Parlamento, la cuestión parlamentariamente está zanjada, porque la mayoría no se va a divorciar en ese punto del Jefe del Estado, y a las minorías no las veo muy animadas a enajenarse tampoco el voto femenino, o por lo menos el voto feminista…En el Perú, las mujeres gozan ya de plena y perfecta igualdad jurídica frente a los varones. Se me dirá ‘pero lo que está en la ley, todavía no está en las costumbres, en la sociedad, en la psicología social’, y ello es cierto, todavía nos falta avanzar en ese terreno, pero debemos satisfacernos de lo mucho que se ha avanzado sin necesidad de una Ley de Cuotas”. (Congresista Enrique Chirinos Soto, Diario de Debates del Congreso del Perú, 16 de mayo de 1997).

La prevalencia de estos argumentos muestra un preocupante nivel de desconocimiento de los/las legisladores/as sobre las barreras históricas que han frenado el acceso de las mujeres a cargos electivos y sobre la vigencia de convenios internacionales en favor de acciones afirmativas para la mujer suscriptos por el Perú.

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• La influencia de las tendencias conservadoras en el texto final de la primera Ley de Cuotas en el Perú

En el caso del Perú, si bien se contó con el voto de las bancadas de gobierno y de oposición, las posiciones conservadoras y resistentes a la Ley de Cuotas influyeron en el debate de tal manera que la propuesta original de cuotas por género para el Parlamento fue ampliamente modificada.

El texto original decía: “Las listas de candidatos para Congresistas de la República deben incluir como mínimo un 25% de mujeres”, y fue luego reemplazado por el siguiente texto: “Las listas de candidatos al Congreso deben incluir un número no menor al 25% de hombres o de mujeres”. Lo mismo ocurrió con la Ley de Cuotas electorales femeninas para el caso de las elecciones municipales y regionales.

La formulación final de la ley tiene características conservadoras ya que no reconoce de manera explícita la necesidad de una ley de acción afirmativa a favor de la mujer, pues no centra la acción legislativa en las mujeres, quienes han sido históricamente relegadas en la participación política.

Respecto a este tema, la ex Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo del Perú, Rocío Villanueva Flores, señala: “Nunca ha habido una lista electoral integrada exclusivamente por mujeres, precisamente por su histórica exclusión de la participación política. Por ello, una disposición sobre cuotas electorales que incluya a los hombres, disimula el carácter de las cuotas electorales como una forma de acción afirmativa para las mujeres.” (Villanueva, 2003).

Tres años más tarde, en ocasión de la aplicación de la Ley de Cuotas en las elecciones municipales y regionales de noviembre de 2006 se elaboró un Informe de la Defensoría del Pueblo. En dicho documento, elaborado por la actual Defensora de los Derechos de la Mujer, Luz Monge, se recomendó modificar la ley para especificar la cuota electoral favorable a la mujer:

“Modificar la legislación electoral estableciendo que las listas de candidatos deben contener por lo menos un porcentaje mínimo de mujeres14 en concordancia con la ratio legis15 constitucional y los Convenios internacionales sobre derechos humanos suscritos por el Perú que tienden a la superación de la situación de desigualdad que afecta a la mujer en el acceso a cargos de elección popular”. (Informe Defensoría del Pueblo del Perú, 2007).

Es importante destacar que después de la aprobación de las primeras leyes de cuotas en el Perú (Leyes No. 26859 y 26864) en 1997, el Congreso aprobó una mejora de las mismas elevando el porcentaje establecido del 25% al 30%. Esto ocurrió en el período parlamentario 2000-2001, que justamente coincidió con la caída del régimen autoritario de Alberto Fujimori y con el inicio de una transición hacia la democracia. La causa a favor de la participación política de la mujer se vio indirectamente beneficiada por dichos avatares políticos. Así lo señala Mercedes Cabanillas, Presidenta del Congreso del Perú entre 2006 y 2007, a quien le tocó asumir la Presidencia de la Comisión de la Mujer del Parlamento peruano en ese período.

14 El énfasis en negrita corresponde al informe original. 15 Raciocinio legal.

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“Fue una etapa de tránsito y de crisis política. Me sirvió tener la experiencia política. Pero veníamos con una carga de compromisos políticos con las electoras con las que hemos trabajado por años, y nuestra meta fue cumplir con esos compromisos en ese momento, en el que también se aprobaron normas favorables a las organizaciones sociales de base que lideran las mujeres mayoritariamente”. (Entrevista a Mercedes Cabanillas, Lima, mayo de 2007).

La gestión de las organizaciones sociales de base

Un antecedente político importante para obtener el logro legislativo de la Ley de Cuotas electorales femeninas para las listas de postulantes a cargos en los gobiernos locales, fue la existencia de organizaciones sociales lideradas por mujeres que impulsaron el tema de la igualdad de género en el ámbito municipal. Javier Diez-Canseco destaca este hecho:

“El programa del vaso de leche, iniciado por Barrantes de Izquierda Unida, y el hecho de que la mujer tenga un protagonismo en medio de la crisis para responder a las dificultades económicas de la familia, cambia la correlación de fuerzas al interior de la familia. La mujer no es exclusivamente dependiente del ingreso que aporte el varón, ingresa a la economía familiar con un aporte importante a través de los programas sociales, eso cambia correlaciones al interior y yo creo que también va abriendo paso a este proceso de participación política”. (Entrevista a Javier Diez-Canseco, julio de 2007).

Durante el período parlamentario 1995-2000, el grupo de parlamentarios/as a favor de la aprobación de la Ley de Cuotas, del cual formé parte, mantuvo una permanente comunicación con las mujeres líderes de organizaciones sociales que trabajaban en la tarea de apoyo alimentario a las familias pobres. Junto con ellas promovieron la participación de sus organizaciones en la fiscalización del presupuesto que el gobierno destinaba a los programas de lucha contra la pobreza. Por ese motivo, ellas asistían a las sesiones de la Comisión de Presupuesto y a las sesiones plenarias en las que se discutía el Presupuesto Anual. En paralelo a esta importante tarea, también dieron su apoyo a la aprobación de la Ley de Cuotas. En abril de 2000, con la Ley de Cuotas ya vigente, muchas de ellas fueron parte de distintas listas parlamentarias, aunque no fueran ubicadas en los lugares más destacados de las mismas.

Beatriz Merino a su vez comenta en relación a este proceso:

“(fueron importantes)…las alianzas tejidas con organizaciones de mujeres que desde hacía varios años trabajaban contra la discriminación hacia la mujer y que suministraban información importante y promovían una corriente de opinión favorable en el diseño de las normas antidiscriminatorias”. (Entrevista a Beatriz Merino, Defensora del Pueblo y ex Primera Ministra del Perú, junio de 2007).

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El contexto inmediato: los medios de comunicación y la opinión pública

Los debates producidos en el Congreso respecto a la aprobación de leyes con enfoque de género no fueron motivo de interés prioritario para la mayoría de los medios de comunicación. Existieron excepciones importantes como el del semanario político Caretas, en el que se publicó un análisis del impacto político que la aprobación de las cuotas tendría en la dinámica polarizada que existía entre el gobierno de Alberto Fujimori y la oposición parlamentaria16.

En cuanto a la opinión pública respecto a la participación política de la mujer, en diciembre de 1997 el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) realizó una encuesta a través de la agencia especializada IMASEN en Lima. La encuesta se realizó a dos meses de aprobadas la Ley de Cuotas para el Parlamento y las Municipalidades17. En ese momento, el 70% de la población consideró que las mujeres tenían iguales o mejores oportunidades que los hombres para desempeñar la ocupación de su elección. Específicamente, el 45% de los encuestados y encuestadas (en total ochocientas personas de distintas edades y clases sociales en la capital del Perú) consideraron que tanto el hombre como la mujer podían desempeñarse como congresista, ministro o alcalde distrital (Blondet, 2004-b).

16 Gonzales Arica, Guillermo,1997, “Cuota obligatoria”, Caretas 1457, páginas 78-79, citado por Gregory D. Schmidt, Informe del Taller “La aplicación de las cuotas: experiencias latinoamericanas”, Lima, Perú, IDEA, 2003. 17 Ley de Cuotas Electorales por género para el Parlamento y los Municipios: Ley No. 26859 y Ley No. 26864: La primera ley de cuotas se aprobó en junio de 1997 y se refería a las listas de candidatos al Parlamento, estableciendo que, como mínimo, el 25% de las mismas debían estar compuestas por hombres o por mujeres. La segunda Ley de Cuotas se aprobó en setiembre de 1997, y estuvo referida a las listas para las elecciones municipales, estableciendo que un mínimo del 25% de las listas electorales para los municipios debía estar compuesto por mujeres u hombres. En el año 2000, el Parlamento aprobó la modificatoria de esas normas, aumentando la cuota del 25 al 30%. La lista del total de leyes con enfoque de género aprobadas entre 1980 y 1997 está consignada en el Anexo 1 del presente estudio.

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Los efectos de la aprobación del sistema de cuotas en la participación femenina y en la formulación de la

agenda legislativa de género

Introducción

La aprobación de la Ley de Cuotas sentó los principios jurídicos que facilitaron la justificación de la instauración legal y constitucional de la acción afirmativa a favor de la agenda de género en las leyes aprobadas por el Parlamento peruano. Retroalimentando dicho proceso, la mayor participación de mujeres en el parlamento18 reforzó una mayor iniciativa parlamentaria a favor de la igualdad en la participación política. Con posterioridad a la aprobación y publicación en 1997 de la Ley de Cuotas, el Congreso del Perú aprobó un importante número de nuevas leyes a favor de la mujer, muchas de ellas con medidas afirmativas, y otras con la finalidad de derogar normas discriminatorias19.

En este capítulo analizaremos el efecto causado en la agenda legislativa peruana, en primer lugar, por la discusión y aprobación del sistema de cuotas en 1997 y en segundo lugar, por la aplicación misma de la ley desde el año 1998 en las elecciones municipales y desde 2000 en las elecciones parlamentarias.

Entre 1997 y 2007 se evidencia un récord de aprobación de leyes favorables a los derechos de la mujer20. El argumento aquí es que desde antes de su aplicación práctica en el Perú, el concepto de acción afirmativa a favor de la mujer que trajo consigo la discusión en torno a la Ley de Cuotas comenzó a influir en los temas a discutir en el Parlamento. Parlamentarias, líderes sociales, representantes de la sociedad civil y de otras instancias estatales que participaron de dicho proceso coinciden en señalar que la discusión y aprobación del sistema de cuotas femeninas fue un punto de partida clave para impulsar los cambios en la legislación que se lograron luego, orientados a disminuir la discriminación de la mujer en todos los ámbitos en el Perú.

Lourdes Flores Nano, líder parlamentaria de oposición en esa época hace una evaluación política al respecto:

“Esa década fue muy interesante, con la producción, por un lado, de una legislación autoritaria y un uso perverso del Parlamento para destruir el Estado de Derecho, y simultáneamente el

18 En 1980, sólo trece de ciento ochenta miembros del Congreso eran mujeres. Luego de la instauración de la Ley de Cuotas en 1997, veinticuatro de ciento veinte miembros parlamentarios eran mujeres, poniendo de relieve un crecimiento de la participación femenina legislativa. Hacia 2007, y reforzando aún más esta tendencia, treinta y cinco de ciento veinte miembros eran mujeres. 19 Entre 1997 y 2007 se aprobaron ochenta y cuatro leyes con enfoque de género en el Congreso peruano. Entre 1980 y 1997, en el período parlamentario previo, tomando como referencia la reapertura del Congreso después de la dictadura militar (1968-1980), se aprobaron treinta y ocho leyes con enfoque de género. Estas cifras demuestran que la aprobación y posterior aplicación de las leyes de cuotas por género, para el ámbito parlamentario y municipal, constituyeron un factor catalizador importante para la legislación con enfoque de género en el caso del Perú. 20 Ver Anexos 1 y 2 para un detalle de las leyes con enfoque de género aprobadas por el Congreso del Perú entre 1980 y 2007.

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hecho de que Fujimori promovía políticamente a la mujer. Su empeño de ir a Beijing, de impulsar Mesas Directivas con mujeres en el Congreso…El ‘Chino’ muestra esa imagen”. (Entrevista a Lourdes Flores Nano, mayo de 2007).

Según el testimonio de la dirigente de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), Susan Portocarrero, el camino iniciado por el debate del sistema de cuotas fue importante para la agenda laboral:

“En la agenda política de las organizaciones sindicales, levantada por la CGTP, así como para las organizaciones feministas, el cambio legislativo a favor de las cuotas fue más bien un primer paso hacia la concreción de políticas de igualdad de oportunidades y en particular la promoción de la Mujer en el Perú, motivo y objeto de nuestras luchas en ese aspecto”. (Entrevista a Susan Portocarrero, julio de 2007).

Es relevante destacar que entre los años 2002 y 2004, durante el mandato del ex presidente Alejandro Toledo, y el primer gobierno elegido democráticamente después de declarada la vacancia por incapacidad moral de Alberto Fujimori en el año 2000, se sancionaron importantes medidas afirmativas a favor de la participación política de la mujer. En primer lugar, en 2002 se aprobó la Ley de Reforma Constitucional para garantizar el sistema de cuotas electorales femeninas e indígenas. El Artículo 191 (último párrafo) lee: “La ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, comunidades nativas y pueblos originarios en los Consejos Regionales. Igual tratamiento se aplica para los Concejos Municipales”. Otras leyes aprobadas en este sentido, fueron: la Ley de Elecciones Regionales (2002), la Ley de Partidos Políticos (2003), y la Ley del Parlamento Andino (2004). Todas ellas establecen cuotas electorales por género para las listas de candidatos/as al Parlamento Nacional, a los cargos de dirección partidaria, a los Gobiernos Regionales y locales, y al Parlamento Andino.

• El proyecto de Ley de Alternancia por género en las listas electorales (2003)

Las cuotas significaron un avance en la búsqueda de la igualdad de oportunidades de la mujer. Sin embargo, la ley no se pronuncia respecto a la ubicación en las listas de las candidatas al Congreso o a los gobiernos locales y regionales. En el caso del Poder Legislativo, el voto preferencial permite que los electores cambien el orden establecido por los partidos, pues en este caso es el electorado el que tiene la última palabra. En el año 2001, las mujeres resultaron favorecidas con el voto preferencial en un 41% frente al 39% de los candidatos hombres (Villanueva, 2003-b). Por citar varios ejemplos, en las elecciones al Congreso del año 2000, Mercedes Cabanillas fue ubicada en cuarto lugar de la lista al Parlamento del Partido Aprista Peruano, pero la votación preferencial la ubicó en el primer lugar, siendo la parlamentaria más votada de su partido. Lo mismo sucedió con Gloria Helfer (Unión por Perú) que pasó a ser la más votada de su lista sin encabezarla. Un año más tarde, mi propia candidatura al Parlamento, ubicada en el quinto lugar de la lista del Partido Perú Posible, pasó a ocupar el primer lugar ubicándome como la Congresista más votada del Parlamento, debido a la votación preferencial recibida. Todos los casos mencionados se refieren, coincidentemente, a mujeres candidatas al Congreso representando a Lima, la capital del Perú.

En el caso de la elección de las regidoras a los gobiernos locales la lista es cerrada y no existe votación preferencial, por lo que las mujeres pueden ser ubicadas en los últimos números para

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cumplir con el sistema de cuotas, pero no tendrían ninguna oportunidad de ingresar a ocupar dicho cargo.

Para superar las críticas mencionadas es necesario que en las listas al Congreso y a los gobiernos locales, los candidatos sean ubicados alternadamente, para que así tengan igualdad de oportunidades, lo que se ha denominado alternancia ó mandato de posición en las listas. Esta propuesta aún está pendiente en la agenda legislativa del Congreso peruano, al igual que las propuestas de paridad de 50% para varones y mujeres.

El 7 de marzo del 2003, presentamos junto con los congresistas Cecilia Tait, Xavier Barrón, Paulina Arpasi, Walter Alejos, Luis Guerrero Figueroa, Antero Flores-Aráoz, Adolfo La Torre y Mario Molina, el proyecto del Ley No. 05862/2002-CR, el cual proponía la paridad y la ubicación alternada de los candidatos en las listas para el Congreso de la República, municipalidades y gobiernos regionales. La Comisión de la Mujer aprobó un dictamen favorable a dicha iniciativa. El dictamen también incluyó la paridad en las listas mencionadas. No obstante, su debate en el Pleno del Congreso del 19 de marzo del 2002 se frustró debido al pedido de la congresista Judith de la Mata para que fuera derivado a la Comisión de Constitución para que este grupo de trabajo decidiera si la propuesta tenía visos de inconstitucionalidad. Dicho pedido obtuvo el apoyo de la mayoría de los parlamentarios/as presentes en la Asamblea.

Es interesante analizar algunos argumentos que los opositores esgrimieron a dicha iniciativa:

“(…) constituiría una discriminación que la lista de candidatos a alcaldes y regidores esté conformada alternadamente entre hombres y mujeres. Por ejemplo, si en una ciudad equis las mujeres tienen capacidad para integrar una lista completa de postulantes a la alcaldía, ¿por qué razón las vamos a discriminar? En ese caso, habría que presentar una lista de candidatos a alcalde y regidores en la que todas sean mujeres, sin tener que considerar en forma alternada a hombres y mujeres. En consecuencia, pediría, como cuestión previa, que este proyecto de ley pase a la Comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales, en razón de que hay ahí un problema de carácter constitucional que resolver”. (Congresista Judith de la Mata, Partido Aprista Peruano, Diario de Debates del Congreso de la República del Perú, 19 de marzo de 2002).

Intervenciones como ésta última demuestran la falta de conocimiento de parte de un número importante de parlamentarios y parlamentarias sobre las acciones afirmativas que recomiendan las convenciones suscriptas por el Perú, que recomiendan a los países partes aprobar medidas legales para favorecer la participación política de la mujer. En el caso del Perú, estás opiniones también reflejan que muchos parlamentarios y parlamentarias no conocen el contenido de los informes nacionales publicados por la Defensoría del Pueblo y por ONGs especializadas en el tema, que muestran la falta de un cumplimiento cabal de las leyes de cuotas por el Jurado Nacional de Elecciones y por algunos partidos y/o movimientos políticos.

La aprobación del sistema de cuotas y su influencia en la formulación de políticas públicas

El logro obtenido a favor de la participación política de la mujer con la aprobación de la primera Ley de Cuotas electorales por género no sólo marcó el inicio de la aprobación de una serie de leyes favorables a la igualdad de género en el Perú, sino que también fue un punto de partida para insertar el tema de género en el campo de la planificación de políticas públicas.

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En el año 2001, durante la gestión del Presidente Alejandro Toledo, se instaló el Acuerdo Nacional (AN), el cual convocó a todos los partidos políticos representados en el Parlamento, los representantes del empresariado, los sindicatos, la sociedad civil y las iglesias en el Perú, y que produjo un documento sobre políticas de Estado que sus integrantes firmaron en el año 2002. En dicho documento quedó registrado el compromiso para cumplir con veintinueve políticas de Estado en los siguientes veinte años, si los partidos firmantes fueran elegidos como gobierno. La décimo primera política de estado establece “la promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación como tarea principal del mismo”.

Cecilia Blondet, quien era la Ministra de la Mujer en el año 2002, fue la encargada en nombre del gobierno de introducir el tema de la igualdad de género en el debate en el marco del Acuerdo Nacional. Sin embargo, ella señala que no había unanimidad de opiniones en el Consejo de Ministros y en la bancada de gobierno. Al interior del mismo recuerda que existía una tendencia conservadora frente al tema que buscaba frenar la iniciativa. Para su aprobación, contó finalmente con el apoyo del Ejecutivo, y el haber tenido como aliados/as a los/as representantes de la sociedad civil en el AN fue de gran utilidad para obtener el éxito. Pero esa no fue la única alianza que tuvo que llevar adelante. Ella describe así el dialogo con los delegados empresariales al respecto:

“Se logró una buena comunicación con los representantes del empresariado que se mostraban en un inicio temerosos frente al uso del término “género”. Les explicamos que los contenidos de la política pública propuesta apuntaban a cerrar la brecha entre hombres y mujeres en el ámbito económico, político y social. Los empresarios apoyaron entonces la iniciativa”. (Entrevista a Cecilia Blondet, mayo de 2007).

Las cuotas y el aumento de la presencia de mujeres en el Parlamento

El recuento electoral del año 2000 reveló que gracias al sistema de cuotas, el número de congresistas mujeres se duplicó en relación con el Congreso de 1995. Fueron elegidas veintiséis congresistas, representando el 22% de las bancas. En 1995 habían sido elegidas trece, lo que equivalía a poco más del 10%.

Para las elecciones generales de 2001 el número de candidatas al Congreso fue mayor, aunque el porcentaje de las elegidas fue un poco menor: el 18%, en total, veintidós parlamentarias (Villanueva, 2003-b).

En el último proceso electoral, en 2006, treinta y cinco mujeres resultaron elegidas para el Congreso, muy cerca de alcanzar el 30% de presencia femenina en el Parlamento. Ana María Yáñez, del movimiento feminista Manuela Ramos del Perú comenta a propósito de dicho proceso:

“Las cuotas han tenido un cumplimiento exitoso en el Perú, las cuotas en el sentido numérico. A diez años de la aprobación, ya estamos en un 30% de mujeres en el Parlamento. En todos los espacios, en cada proceso electoral, regional, local parlamentario se ha aumentado la presencia de la mujer. Se supone que llegado el punto del mínimo, según las Ciencias Sociales, están sentadas las bases cuantitativas internas para avanzar en el proceso. Ahora el problema que se está presentando es otro. El problema es la pregunta que se formula mucha gente y muchas mujeres, es si la presencia de más mujeres en el poder está trayendo o no algún tipo de mejora en

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las condiciones de vida concretas de las mujeres”. (Entrevista a Ana María Yáñez, Lima, mayo de 2007).

Las cuotas y “la revolución de género” en los Municipios y Gobiernos Regionales: los efectos en los números

El efecto de la aplicación del sistema de cuotas electorales femeninas en la conformación de gobiernos locales y regionales ha tenido características cuantitativas y cualitativas. En cuanto al aspecto cuantitativo, los resultados de las elecciones municipales de 1998 mostraron un dramático crecimiento de la presencia de mujeres en las regidurías a nivel nacional, elevándose del 8% al 24%. De novecientas treinta y tres regidoras elegidas en 1995, los municipios pasaron a contar con dos mil ochocientas veintiséis regidoras elegidas en 1998. No es casualidad que en ese año se aplicó por primera vez la cuota del 25% (Idea Internacional, Lima, 2003).

En las elecciones municipales del año 2002, se aplicó la Ley de Cuotas estableciendo un mínimo del 30% de presencia de hombres ó mujeres en las listas de regidurías y consejerías regionales, y un 15% de representantes indígenas. Ello dio como resultado un aumento del 24% al 26% en el número de regidoras mujeres elegidas, que sumaron un total de dos mil seiscientas ochenta y cinco. En las elecciones municipales de 2006, fueron elegidas un total de dos mil setecientas noventa y ocho regidoras, registrándose un leve aumento de la presencia de la mujer en esas instancias.

En cuanto a las elecciones regionales del año 2002, cincuenta mujeres fueron elegidas como consejeras regionales, representando el 22% del total nacional. Finalmente, en las elecciones Regionales de 2006, sesenta y tres consejeras regionales fueron elegidas, evidenciando un ligero crecimiento con respecto a la elección anterior21.

De acuerdo con el análisis de Roció Villanueva Flores, ex Defensora Adjunta para los Derechos de la Mujer en el Perú, este resultado auspicioso para la participación de la mujer en la tarea política municipal se debió a que las candidatas fueron ubicadas en lugares prominentes de las listas electorales.

Desde el punto de vista cualitativo, la aplicación del sistema de cuotas electorales femeninas en el ámbito municipal primero y luego regional, promovió la participación de la mujer como candidata a cargos públicos en esa instancia y su vinculación con la comunidad.

Olenka Ochoa, ex regidora y primera Presidenta de la primera Comisión de la Mujer instalada en la Municipalidad de Lima Metropolitana, capital del Perú, entre 1998 y el 2002 sostiene que:

“(…) la Ley de Cuotas permitió que desde 1998 hubiera una entrada masiva de mujeres a nivel de regidurías y también en algunas alcaldías. Se pudo a partir de allí manejar con mayor fluidez un poder político y de negociación para introducir la agenda de género. Llámese planes para la igualdad, comisiones de la mujer o servicios especializados para la mujer”. (Entrevista a Olenka Ochoa, mayo de 2007).

21 Fuente: Oficina Nacional de Procesos Electorales, Perú, 2007

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El sistema de cuotas y los partidos en las elecciones: más candidatas en las listas, en los últimos puestos

El período de elaboración de las listas de candidatos al Parlamento en el Perú siempre fue un motivo importante de atención y tensión para los y las militantes de los partidos o movimientos políticos. En el año 2000, momento en que se aplicó por primera vez el sistema de cuotas femeninas (el 25% de la lista de candidatos) hubo una especial expectativa, no sólo al interior de los partidos, sino también de las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos de la mujer, y cierto interés de la prensa por conocer la nómina de treinta candidatas por cada lista de ciento veinte puestos a nivel nacional que postularía cada partido.

En la campaña electoral de 2000, un primer efecto del sistema de cuotas fue que el porcentaje de candidatas al Congreso aumentó del 11% en 1995 al 26% en ese año electoral. A pesar de ello, ninguna lista parlamentaria fue encabezada por una mujer, la mayoría de mujeres estuvo ubicada en la mitad inferior de la lista, y sólo tres de nueve planchas presidenciales incluyeron a mujeres en ellas: Somos Perú, Solidaridad Nacional y el APRA (Villanueva, 2003-b).

En el caso de la plancha presidencial del movimiento político Somos Perú, que lideró el ex alcalde de Lima Alberto Andrade, la candidata a la primera vicepresidencia fue la actual Defensora del Pueblo del Perú, Beatriz Merino. Ella jugó un papel destacado para lograr que un importante porcentaje de mujeres candidatas en la lista parlamentaria de dicha organización política no quedara rezagado en los últimos lugares. Su opinión fue escuchada dentro del equipo de campaña, el cual estaba compuesto mayoritariamente por hombres. Fueron horas de permanencia y discusión en el local de campaña, a favor de una mejor ubicación de las candidatas.

De acuerdo con el balance sobre la aplicación de las cuotas en América Latina presentado por IDEA Internacional en el Perú, a pesar de los problemas de interpretación de las cuotas, éstas cumplieron con su objetivo de incrementar el número de mujeres en cargos públicos (Villanueva, 2003-a).

Por último, la Defensora Adjunta para los Derechos de la Mujer en el Perú, en el Informe Defensoría del año 2007 sobre la aplicación de la Ley de Cuotas en las elecciones municipales y regionales de noviembre de 2006, recomienda que el Congreso realice cambios a la ley electoral para que la participación de la mujer no se vea restringida por la colocación de las mismas en los últimos lugares de las listas.

Las cuotas en la competencia electoral municipal

Tal como ocurrió con las cuotas para el Parlamento, la aplicación inicial del sistema de cuotas para los cargos municipales estuvo signada por una situación política polarizada, y en ese contexto los liderazgos femeninos también fueron especialmente valorados por los grupos políticos de oposición.

A su vez, la campaña electoral municipal resultó ser una verdadera escuela política para las mujeres que se abrieron camino y participaron políticamente. Desde la experiencia de la ex regidora consultada, para el caso de Lima, Somos Perú, el movimiento que ganó las elecciones municipales de 1998 seleccionó como candidatas para regidoras a mujeres que antes hubieran

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realizado una buena gestión pública en municipios distritales, así como a mujeres líderes que se destacaban por su trabajo político al interior de sus bases. Tal como ocurrió en el caso de las listas al Parlamento, la Ley de Cuotas municipales forzó a las mujeres a tomar la decisión de entrar en el terreno político electoral, y también a los partidos a lanzarlas.

“A nivel de municipio y de gobierno era de costo beneficio político. En este caso el Alcalde de Lima, Alberto Andrade, percibió que convenía formar un espacio para la agenda de género en términos de impacto político favorable a su gestión. Recordemos que él inauguraba en el ‘98 una segunda gestión en un contexto difícil porque estaba enfrentado al gobierno de Fujimori y necesitaba el apoyo de la opinión pública”. (Entrevista a Olenka Ochoa, Lima, mayo de 2007).

El creciente interés electoral de los partidos políticos en la participación de la mujer

Es interesante destacar que durante la última campaña electoral, la presencia por segunda vez de una candidata mujer a la Presidencia de la República del Perú, Lourdes Flores Nano, motivó a los partidos en competencia a revelar una especial preocupación no sólo por cumplir con la cuota de 30%, sino también de seleccionar a mujeres líderes para integrar sus listas al Congreso.

Para Ana María Yáñez, ese interés de los partidos coincide con la posibilidad de un recambio generacional para integrar a nuevas generaciones de mujeres en la política:

“Hay que buscar el recambio. Hay cada vez más grupos ilustrados, así como hay mayor cobertura educativa para la mujer, en especial en la universidad. Lo hemos visto en unos círculos inter partidarios que promovimos. Creemos que los dirigentes se están preocupando poco a poco de capacitar a sus militantes mujeres y necesariamente deben capacitar a las mujeres dirigentes. Y así mejorar la representación sin recurrir todo el tiempo a invitar a mujeres ajenas al partido. Ese es el caso del partido liderado por Ollanta Humala en el Perú. Ellos invitaron a la lista parlamentaria a mujeres líderes locales, en las quince que tienen. Frente a eso otros partidos se han dado cuenta de la importancia de apoyar a las mujeres en su desempeño público y empiezan a promover liderazgos propios entre las mujeres”. (Entrevista a Ana María Yáñez, Lima, mayo de 2007).

La combinación de un compromiso con el impulso de políticas favorables a la igualdad de género y de un legítimo trabajo electoral para llegar al gobierno y al Parlamento, ha resultado positiva para las mujeres que quieren participar en la vida política. Los partidos han tomado conciencia del peso político de la población femenina.

Mercedes Cabanillas, Presidenta del Congreso del Perú (2006-2007), y quien preside la Dirección Política del Partido Aprista, y encabezó la lista parlamentaria del APRA, explica la estrategia que ella impulsó dentro de su organización política para darle espacio a la agenda de las mujeres:

“Respecto al Ejecutivo, desde la campaña ha habido un compromiso del Presidente Alan García con el tema de las demandas de las mujeres. Estuvo atento a la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades. Él recogió el emplazamiento de miles de mujeres ante las que lanzó su candidatura presidencial en la campaña electoral. Cuando presentamos la plataforma de las mujeres, él la subscribió y la hizo suya. Entre los puntos que él asume está el gabinete paritario (...). Preparar esa plataforma fue un trabajo no partidario al que me aboqué. Estuve en contacto con organizaciones sociales. El tema del Vaso de Leche (organización social de apoyo municipal alimentario a los niños pobres en el Perú) atraviesa a todos los partidos por ejemplo. También

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tomamos como referentes otros esfuerzos como el europeo. Un tema de coyuntura electoral nos ayudó a lograr el compromiso de nuestro candidato presidencial en la campaña, ya que teníamos a una candidata mujer como rival. Vimos que teníamos a una mujer con capacidades en la competencia. Yo soy política y no puedo negar la estrategia”. (Entrevista a Mercedes Cabanillas, Presidenta del Congreso del Perú, mayo de 2007).

Las opiniones y la información aportada por Ana María Yánez y Mercedes Cabanillas al respecto indican que hay una tendencia favorable a la promoción de los liderazgos de mujeres por parte de los partidos y movimientos políticos.

La actualización de los proyectos de ley que proponen el mandato de posición ó alternancia de las mujeres en las listas electorales, para evitar que sean relegadas a los últimos puestos, sería el complemento necesario para la Ley de Cuotas y para mejorar aun más la estadística de presencia femenina en el Parlamento.

Las cuotas de género y su influencia en las votaciones parlamentarias

La aprobación de la Ley de Cuotas por el Congreso peruano en 1997 permitió un aumento importante de la presencia de la mujer en el Parlamento y a la vez brindó a las mujeres la posibilidad de legislar y votar a favor de sus derechos. Esta investigación cuenta con el registro de las votaciones parlamentarias realizadas para sesenta y seis (el 79%) de las ochenta y cuatro leyes con enfoque de género aprobadas entre 1997 y 200722. Dicho registro muestra cómo la gran mayoría de las mujeres congresistas votaron apoyando su aprobación, luego de haber impulsado su ingreso al debate parlamentario. Dichas parlamentarias tuvieron una actitud proactiva y sin divisiones por bancada política. Esta estrategia incluyó el trabajo de difusión sobre las iniciativas entre los parlamentarios, que mayoritariamente dieron su voto a favor.

El perfil de las votaciones parlamentarias diferenciadas entre hombres y mujeres en el Perú sobre sesenta y seis leyes con enfoque de género seleccionadas pone de relieve que la mayor parte de las mismas fueron aprobadas por amplia mayoría y que únicamente seis leyes obtuvieron el voto en contra de congresistas mujeres, mientras que veinticuatro leyes obtuvieron el voto en contra de congresistas hombres. De acuerdo con este resultado, treinta y seis leyes, de un total de sesenta y seis que hemos incluido en el cuadro de votaciones, fueron aprobadas por unanimidad, es decir, más del 50% de las leyes incluidas en el registro. Estas cifras confirman que la presencia de más mujeres en el parlamento y su tarea de coordinación entre las distintas bancadas para favorecer una agenda en favor de la igualdad de oportunidades resultaron claves para lograr el récord de leyes obtenido. Una minoría de leyes tuvo, como se puede concluir de los resultados, el voto en contra de parlamentarias mujeres23.

22 Ver Anexo 5: Votación parlamentaria por género para sesenta y seis de las ochenta y cuatro leyes con enfoque de género aprobadas entre 1997 y 2007. 23 El cuadro detallado de las votaciones, que incluye el número de congresistas que se abstuvieron, los ausentes, los que no respondieron a la votación, los que estaban con licencia y los que tenían la condición de suspendidos al momento de la votación, está registrado en el Anexo 5 de esta investigación.

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El proceso de aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades

La primera fase del debate y las discusiones en torno al término “género”

El largo proceso que dio como resultado la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades ilustra cómo el debate iniciado en relación al tema de género, así como la exitosa sanción de la Ley de Cuotas y la creación de instituciones de la mujer, allanaron el camino hacia la instalación de la agenda de género en el proceso legislativo del Perú. Asimismo, la “terquedad” que debió superar esta norma demuestra cómo este proceso de incorporación del enfoque de género a la agenda pública, no obstante sus logros, se encuentra aún en ciernes.

Luego de arduos intentos previos, la Ley de Igualdad de Oportunidades fue aprobada el 8 de marzo de 2007 por el Congreso de la República. El grupo parlamentario del que formé parte propuso el primer proyecto de ley que inició el debate de esta norma.

El 8 de marzo de 1999 presentamos el proyecto de Ley No. 4580/1998-CR que proponía la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer. Dicha iniciativa legislativa tenía como objetivo principal que todas las leyes discriminatorias fueran expulsadas del ordenamiento jurídico peruano. Ello significaba que si existía otra norma anterior que tenía efectos discriminatorios en razón de género, ellos serían derogados con la entrada en vigencia de esta norma. Además, el proyecto de ley establecía la obligación para el Estado de realizar las acciones pertinentes para acabar con situaciones de discriminación, estableciendo a su vez un marco general que garantizara la igualdad de oportunidades para la mujer respecto al varón, mediante la aplicación de políticas afirmativas. Lo que motivó la presentación fue la información recogida a través de nuestra tarea parlamentaria de fiscalización del Estado. A través de la misma comprobamos cómo las mujeres enfrentaban una serie de barreras legales que limitaban sus derechos. Se hacía entonces necesaria la aprobación de una norma que expulsara todas las normas discriminatorias existentes. Esa iniciativa legislativa fue enviada a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y a la Comisión de la Mujer y Desarrollo Humano, pero nunca fue debatida. Fue así archivada al culminar el período parlamentario 1995-2000. A comienzos del nuevo período parlamentario, 2000-2001, el 8 de marzo de 2001, insistimos nuevamente con un proyecto de ley que no llegó a discutirse en las comisiones parlamentarias. Decidimos ser perseverantes en esta causa, y el 13 de mayo de 2002 nuevamente presentamos el proyecto de ley, que fue adjuntado a otras siete iniciativas legislativas presentadas posteriormente por otros congresistas y por el Ministerio de la Mujer.

El 10 de junio del 2002, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de Ley No. 03125, denominado Ley de Igualdad de Oportunidades. Violeta Bermúdez, viceministra de la Mujer en la época, y una de las personas que preparó dicha propuesta, señaló en una entrevista realizada en junio de 2007 que la idea para aprobar dicha norma fue recoger en una sola ley todas iniciativas legislativas aprobadas con anterioridad que favorecían a la mujer y crear un marco general que propusiera la igualdad de oportunidades.

El proyecto de ley mencionado, señalaba: “…es política del Estado, el desarrollo de acciones conducentes a lograr la igualdad de oportunidades con equidad de género”.

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En julio de 2002 se produjo la designación de una nueva ministra de la mujer, y como consecuencia de ello, el 28 de abril del 2003 el Poder Ejecutivo retiró el proyecto de ley mencionado. Un tiempo más tarde, dicho Ministerio presentó el proyecto de Ley No. 6583/2002-PE, que ya no incluía el término “género”, lo cual indica la influencia ejercida por el sector conservador del gobierno en el avance de la iniciativa.

Luego de varias idas y venidas, el 12 de abril del 2006 el Congreso de la República aprobó una Ley de Igualdad de Oportunidades, pero fue observada por el Poder Ejecutivo, argumentando que la definición de discriminación que utilizaba no era la adecuada. Se objetó a su vez el hecho de que la norma contemplaba la constitución de una comisión que establecía reparaciones económicas para mujeres víctimas de la violencia, pues consideraban que el Parlamento había incurrido en una iniciativa de gasto, prohibida por la Constitución.

Las observaciones fueron derivadas a la Comisión de la Mujer y también a la Comisión de Justicia. La Comisión de la Mujer se acató las observaciones del Poder Ejecutivo. El término género continuó excluido. Fue en el debate en Pleno del Congreso en marzo de 2006 que se pudieron conocer los fundamentos de la exclusión de dicho término. Algunos extractos de la discusión son ilustrativos de los argumentos esgrimidos.

La congresista Elvira de la Puente, del Partido Aprista señaló:

“(…) ante el Segundo Foro Regional del Grupo de Mujeres Parlamentarias de las Américas… quienes fuimos en representación de nuestro Congreso, llevamos un documento firmado por setenta y dos congresistas de diversas bancadas de nuestro Parlamento, en el que ratificábamos las reservas formuladas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, en concordancia con la posición asumida en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo… en él solicitábamos la sustitución de los términos género y equidad de género por el término igualdad de oportunidades para varones y mujeres… ya que, al no existir una definición clara y exacta de la palabra género, esto viene dando origen a la puesta en marcha de una ideología que se trató de imponer en la Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing, hablo de 1995”. (Congresista Elvira de la Puente, Diario de Debates del Congreso del Perú, marzo de 2006).

Por su parte la congresista Mercedes Cabanillas (también perteneciente al Partido Aprista) respondió lo siguiente:

“Aquí se ha dicho bien que sexo y género no son equivalentes; y no lo son porque género conlleva una reflexión más amplia y recoge factores históricos, factores culturales y sociológicos que constatan que a la mujer, en base a su sexo y por su sexo femenino, le adscribieron una serie de tareas propias aparentemente de su feminidad”. (Congresista Mercedes Cabanillas, Diario de Debates del Congreso del Perú, marzo de 2006).

La congresista Gloria Helfer se pronunció al respecto de la siguiente manera:

“…Durante el debate constitucional, tratamos el tema de género y sexo, el cual centra la atención porque inmediatamente exacerba los ánimos. Yo pensaba que esta vez el debate estaba llevándose bastante bien, con cierta cordura, y que podríamos aprobar algo. (…) Acá hay elementos culturales, no estamos hablando de células, no estamos hablando de XX y XY; estamos hablando de que los seres humanos crecen y se desarrollan en contextos culturales y que a la mujer le han asignado siempre, por milenios, roles. Eso es lo que estamos tratando de romper y lo rompemos en la práctica con la presencia de las mujeres en roles que tradicionalmente no se

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nos asignaba”. (Congresista Gloria Helfer, Diario de Debates del Congreso del Perú, marzo de 2006).

La resistencia a utilizar un término como género que además figura en la ley de creación del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social peruano, puso de manifiesto la persistencia del pensamiento conservador, que en muchos casos era también utilizado por mujeres parlamentarias. El período parlamentario 2001-2006 concluyó sin la aprobación y promulgación de la mentada Ley de Igualdad de Oportunidades, habiendo estado en discusión por varios años.

Factores que contribuyeron a la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades

• Un Congreso renovado y la Mesa Multipartidaria de Mujeres Parlamentarias

El 28 de julio del año 2006, con la instalación de un nuevo Congreso de la República, se presentaron varias iniciativas legislativas para que esta vez sí se aprobara la Ley de Igualdad de Oportunidades, hecho que finalmente ocurrió el 8 de marzo de 2007. Para la ex Presidenta del Congreso, un Parlamento más joven, y sobre todo la labor avanzada por la Mesa Multipartidaria de Mujeres Parlamentarias fueron las claves de este éxito:

“Es un Congreso más joven. Con una edad promedio menor que en el anterior. Ha sido un proceso rápido con una buena bancada femenina. Me encargué de promover la creación de la Mesa Multipartidaria de Mujeres Parlamentarias, el cargo de la presidencia es electivo y dura un año de modo que es muy útil. Permite que cada mujer en su bancada genere opinión y compromiso para que los temas de la mujer en el Pleno no tengan rechazo”. (Entrevista a Mercedes Cabanillas, Lima, mayo de 2007).

• La convocatoria a la sociedad civil y la labor del Ministerio de la Mujer

Las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos y las organizaciones sociales de base vinculadas a la causa por la igualdad de género fueron convocadas tanto por la Presidencia, la Mesa Multipartidaria de Mujeres del Congreso, y la Comisión de la Mujer del Congreso para dar su opinión respecto a la actualización de un debate iniciado en el período parlamentario anterior. La fase final de la formulación de la ley contó entonces con las iniciativas adelantadas por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, que instalaron las discusiones al interior de la Mesa Multipartidaria de Mujeres, en diálogo directo con organizaciones sociales pioneras de la lucha por la igualdad entre los géneros. El testimonio de la Viceministra de la Mujer, Zoila Zegarra, sintetiza este proceso:

“Yo creo que el contexto político con treinta y cinco mujeres parlamentarias ha contribuido mucho para el trabajo conjunto entre el Ejecutivo a través del Ministerio de la Mujer, las mujeres parlamentarias y la sociedad civil que ha hecho mucha presión para que se tenga éxito en este tema(…) El Ministerio de la Mujer planteó que el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades 2006-2010 pueda tener rango de ley (…) se hizo un taller de un mes de duración con la participación de la sociedad civil, las mujeres parlamentarias y el Ministerio de la Mujer. Después de este trabajo se logró un solo proyecto de ley presentado al Congreso (…), introduciendo en la ley todos los conceptos del Plan mencionado”. (Entrevista a Zoila Zegarra, Viceministra de la Mujer del Perú, mayo de 2007)

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• El rol de los partidos políticos

El 4 de julio de 2005, los/las secretarios/as generales de los principales partidos políticos del Perú firmaron el documento denominado “Plataforma Básica Multipartidaria de políticas de género”, que incluía el compromiso de apoyar la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades.

En el ámbito del nuevo Congreso instalado, se dio inicio a la gestión de la Mesa Multipartidaria de Mujeres, desde donde la mayoría de los representantes de los grupos parlamentarios promovieron la iniciativa hacia el fuero interno de sus bancadas y partidos.

A pesar de los esfuerzos mencionados, algunos miembros de los partidos firmantes de la citada Plataforma insistieron en objetar los términos “equidad” o “igualdad de género” al momento de debatir en la Comisión Permanente del Congreso el 8 de marzo de 2007. Es interesante rescatar algunos argumentos en oposición a dicha Plataforma:

“Hay diecinueve leyes que tratan el tema, seis tratados internacionales, ratificados y confirmados por este Congreso. Este proyecto, que tiene la mejor intención, podría vulnerar incluso la Constitución, porque se refiere constantemente a igualdad de género, a equidad de género, a salud sexual y reproductiva, a derechos sexuales y reproductivos; en fin, a una serie de términos que no están contemplados en la Constitución, que habla de derechos humanos en general, que habla de igualdad de sexo, no de género”. (Congresista Víctor Andrés García Belaúnde, Presidente del Partido Acción Popular, Diario de Debates del Congreso del Perú, marzo de 2007).

Una posición coincidente tuvo la vicepresidenta del Parlamento peruano para el período 2006-2007:

“Nosotros tenemos una Constitución, y ella habla bien clarito, en el Artículo 2 de la igualdad de sexos, de la igualdad entre varón y mujer. ¿Por qué no se habla de la igualdad o de la equidad de género? (...) Por otro lado, ¿por qué voy a aceptar que un organismo internacional venga y me imponga una frase, que además es un concepto? Porque detrás de ello estamos aceptando que en el mundo no existen sólo los hombres y las mujeres, sino existe una construcción sociológica según la cual, de acuerdo con la sociedad, se va a ir asumiendo una posición frente al sexo o al aspecto sexual. Les digo a aquellos que van a apoyar este proyecto de ley que por lo menos lo hagan de una manera consciente y clara. ¿Se va a solucionar algo con esta norma que se propone? No se va a solucionar”. (Congresista Fabiola Morales, Unidad Nacional, Diario de Debates del Congreso del Perú, marzo de 2007).

• El contexto: la influencia de los medios de comunicación y de la opinión pública

En relación a los medios de comunicación, los temas respecto a la discriminación contra la mujer no ocupan las primeras planas de la prensa escrita ni los titulares anunciados en radio y televisión en el Perú. Sin embargo, en los últimos años se han realizado algunos proyectos de comunicación alternativa al respecto. El más importante de ellos fue el programa de TV “Barra de Mujeres”, producido por el movimiento feminista Manuela Ramos entre los años 2000 y 2006. Difundido a través de un canal de cable y conducido por mujeres, éste fue un espacio importante de discusión de los temas relativos a la agenda de género en el país. Sin embargo, los testimonios que recogimos tanto de las organizaciones feministas como de los ex Presidentes del

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Congreso Antero Flores-Aráoz (2004-2005) y Mercedes Cabanillas (2006-2007) indican que lograr captar la atención de los medios para este tema es una tarea pendiente.

Con respecto a la opinión pública en general, en el Perú desde el 8 de marzo de 2002, en el Día Internacional de la Mujer, uno de los Grupos de Opinión Pública más importantes, perteneciente a la Universidad de Lima, inició una serie de encuestas específicas sobre los temas relacionados a la mujer en el país. Hasta la fecha, en el ámbito político, las encuestas han reflejado una tendencia favorable de la opinión pública hacia el impulso de una mayor participación política de la mujer. Sin embargo, en temas como los procesos de aprobación de leyes con enfoque de género la ciudadanía en general no tiene mayor interés por falta de información.

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Conclusiones

Tras el logro exitoso de la introducción de la agenda de género a nivel parlamentario, el Estado del Perú cuenta hoy con un alto nivel de participación femenina en el Congreso (treinta y cinco mujeres de un total de ciento veinte miembros), un importante número de leyes con enfoque de género y también con una política de Estado favorable a la igualdad de oportunidades.

Entre 1980, año en que se recuperó la democracia luego de doce años de dictadura militar, y el 8 de marzo de 2007, en que se aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades, se han aprobado ciento veinte leyes con enfoque de género en el Perú.

En 1997 se aprobaron las primeras Leyes de Cuotas por género en el Perú. Éste fue un momento clave, luego del cual el Congreso produjo un récord de normas con agenda de género. Los números confirman esta afirmación: entre 1997 y 2007 se aprobaron un total de ochenta y cuatro leyes con enfoque de género, aproximadamente ocho leyes por año, mientras que en el período transcurrido entre 1980 (año de reinstauración del Congreso) y el año 1997 (año en que se aprobó el sistema de cuotas electorales por género) se aprobaron treinta y ocho leyes con enfoque de género, con un promedio aproximado de dos leyes por año. Esto representa un incremento del 55%.

Parte de los factores que dieron como resultado el éxito en la sanción de leyes con orientación de género, en especial las leyes de cuotas que sirvieron como “trampolín” a dicho proceso, pueden explicarse en relación al contexto internacional y a las dinámicas de la política nacional.

En el plano internacional, la década de los noventa resultó ser un momento de bonanza para la adopción de leyes con enfoque de género.

En el plano nacional, entre 1995 y 2000 el gobierno autoritario de Alberto Fujimori apoyó la agenda de género al detectar el peso político y electoral de la población femenina en el país. Al momento de promover acuerdos a favor de la igualdad de género al interior del Congreso, las diferencias relacionadas con la coyuntura política de confrontación entre el gobierno y la oposición fueron superadas. Lo que es más, se logró ejercer una posición legítimamente opositora a un gobierno autoritario sin cortar las vías de comunicación con parlamentarios/as y miembros del Ejecutivo que mostraban un compromiso favorable hacia la aprobación de leyes y políticas públicas favorables a erradicar toda clase de discriminación hacia la mujer. Cabe aclarar, que si bien los avances en la legislación con enfoque de género fueron importantes durante el régimen de Fujimori, su gobierno paralelamente violó la autonomía de las organizaciones sociales de base lideradas por mujeres al practicar el clientelaje y la presión política sobre ellas a favor de su reelección.

A su vez, y evidenciando un clima favorable a la promoción de la igualdad de género, desde 1980 a la fecha las organizaciones no gubernamentales peruanas especializadas en los derechos de la mujer han logrado establecer mejores mecanismos de comunicación con el Parlamento, el Poder Ejecutivo y los partidos políticos sobre los temas de equidad de género. A su vez, desde la perspectiva de la lucha por la inclusión social y contra la pobreza, las organizaciones sociales de

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base lideradas por mujeres han impulsado la agenda legislativa y de políticas públicas a favor de la equidad de género.

Luego de la apertura democrática, las estrategias seguidas por los/as parlamentarios/as peruanos/as comprometidos con una agenda legislativa con enfoque de género consistieron en construir alianzas entre las distintas bancadas y líderes políticos/as más allá de sus diferentes signos políticos. En este sentido, los temas referidos a la igualdad de género no estuvieron definidos por las agendas propias de los partidos políticos representados en el Congreso. Asimismo, la participación de mujeres parlamentarias con peso político como voceras informales de sus bancadas en el tema fue un elemento de gran peso para dicho éxito.

En este proceso se lograron alianzas entre representantes de organizaciones sociales de base, organizaciones no gubernamentales promotoras de los derechos de la mujer, líderes sindicales femeninas, y miembros del Parlamento para concordar una agenda legislativa con enfoque de género.

Las leyes de cuotas electorales por género tuvieron diversos impactos positivos, al abrir espacios de discusión, y contribuyendo también a la instalación definitiva de la agenda de género en el ejercicio legislativo del Perú. En el plano municipal y regional, a su vez, dieron como resultado la creación de las Comisiones de la Mujer en algunos gobiernos locales.

En parte como efecto de este proceso de retroalimentación positiva, en el año 2007 fue aprobada la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. Ello fue en parte posible gracias a la generación del Acuerdo Nacional, integrado por todos los partidos políticos registrados, los sindicatos, gremios empresariales, iglesias y organizaciones de la sociedad civil.

En esta instancia, la Mesa Multipartidaria de Mujeres Parlamentarias fue un factor particularmente positivo dentro del Congreso del Perú para impulsar la agenda legislativa de género. Por otra parte, la presencia de una mujer Presidenta del Congreso, con conocimiento de los compromisos internacionales del Estado peruano respecto a las políticas de equidad de género, fue determinante para la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Perú.

A pesar de los logros obtenidos a nivel de la legislación con enfoque de género, en sectores del Poder Legislativo y el Ejecutivo del Perú persisten hoy el desconocimiento y los prejuicios sobre el significado de las políticas públicas en favor de la equidad de género. Más allá de los avances alcanzados, queda hacia adelante un horizonte de importantes obstáculos a superar. A modo ilustrativo, a pesar de la implementación de la Ley de Cuotas, un alto porcentaje de mujeres candidatas al Parlamento, Gobiernos Municipales y Regionales sufre la discriminación por parte de sus partidos o movimientos políticos al ser colocadas en los últimos lugares de las listas electorales.

De la misma forma, actualmente el Presupuesto Anual del Perú cubre un mínimo porcentaje de las leyes con enfoque de género. Es destacable, no obstante, que el Congreso ha dado un paso hacia adelante en la instauración de un Presupuesto Anual con enfoque de género a través de la octava disposición del Presupuesto Anual del año 2007. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no ha reaccionado con rapidez y eficacia frente a dicha disposición legal ya que hasta la fecha de conclusión del presente estudio, el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú aún no ha establecido los indicadores presupuestales de género para darle cumplimiento.

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Anexos

ANEXO 1 Leyes con enfoque de género aprobadas por el Congreso de la República del Perú (1980-2007)

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ANEXO 2 Selección de las principales leyes con enfoque de género aprobadas en el Congreso (1997-2007)

44

ANEXO 3 Reglamentación y financiamiento de las leyes y normas con enfoque de género

51

ANEXO 4 Selección de entrevistas realizadas a representantes del Estado y de la sociedad civil involucrados/as en la promoción y aprobación de la legislación con enfoque de género en el Perú

55

ANEXO 5 Votación parlamentaria por género para 66 de las 84 leyes con enfoque de género aprobadas entre 1997 y 2007

78

34

ANEXO 1

Leyes con enfoque de género aprobadas por el Congreso de la República del Perú (1980-2007)

A continuación se presenta un cuadro que contiene, por orden cronológico, todas las leyes aprobadas por el Congreso de la República, a partir de 1980, año en que se eligió un nuevo Parlamento en el Perú luego de más de una década de dictadura militar, hasta el 8 de marzo de 2007, momento en que el Parlamento peruano aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades. Leyes con enfoque de género aprobadas por el Congreso de la República del Perú (1980-2007)

Año Ley No. Nombre de la Ley Artículos relevantes

1981 23284 De los servidores públicos cuyos cónyuges residan en lugar distinto que tendrán prioridad en su traslado por reasignación o cambio de colocación al lugar de residencia de estos.

1981 23346 Reconocen a la obstetricia como profesión médica.

Art. 1/Las obstetras disfrutarán de los mismos derechos que la legislación y que demás disposiciones otorgan a la profesión médica.

1982 Resol. Legislativa 23432

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer.

1982 23490 Excluye del beneficio de indulto a los autores de los delitos de tráfico ilícito de drogas, de prevaricato, violación de menores de 10 años y de homicidios penados en los Arts. 151 y 152 del Código Penal.

El referido al delito de violación de menores, ya que sus víctimas son mayoritariamente mujeres.

1984 23945 Delegan facultades al Poder Ejecutivo para dictar por Decreto Legislativo la Ley del Sistema de Asignaciones Familiares, a favor de los trabajadores con familia numerosa.

1984 24029 Ley del Profesorado. Art. 16 a/ Reconoce el derecho de las profesoras del Estado a gozar de licencia por maternidad.

1985 24059 Crean el Programa del Vaso de Leche en todos los Municipios Provinciales de la República.

Todos regulan el funcionamiento de este programa social ejecutado por mujer.

1985 24173 Restituye en el escalafón de oficiales de servicios, al personal profesional femenino

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de las ciencias médicas, abogadas y otras profesionales que habían sido pasadas a la condición de empleadas civiles de carrera.

1985 24310 Ordena que la denominación de todo honor, grado académico, título profesional, oficio, función pública, cargo, empleo u otra actividad ocupacional o laboral, cualquiera sea su origen o nivel, será expresada, cuando corresponda a la mujer, en género femenino, si es posible gramaticalmente.

1986 24504 Los trabajadores, empleados y obreros sujetos al régimen laboral de la actividad privada, tienen derecho percibir bonificaciones del 25% y 30% de la remuneración que perciben, al cumplir 25 y 30 años de servicio.

Art. 1/ Las trabajadoras, empleadas y obreras sujetas al régimen laboral de la actividad privada, tienen derecho a percibir dichas bonificaciones.

1986 24508 Ratifica el convenio 156 de la OIT sobre igualdad de de oportunidades y de trato en el trabajo con responsabilidades familiares.

1986 24522 Crea el Seguro Obligatorio de Riesgos Profesionales para Periodistas, Reporteros Gráficos y Camarógrafos para varones y mujeres.

1987 24656 Declara de Necesidad Nacional e Interés Social y Cultural el Desarrollo Integral de las Comunidades.

Art. 16 a, b/ Se refieren a la igualdad de derechos para el varón y la mujer de ser reconocidos como integrantes de las Comunidades Campesinas.

1987 24705 Reconoce a las amas de casa y/o madres de familia como trabajadoras independientes.

1987 24786 Ley General del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS).

Su articulado considera a las personas que trabajan en el ámbito de su hogar dentro del ámbito del IPSS.

1988 24975 Amplían para las mujeres el acceso a la Escuela de Oficiales.

1989 25129 Los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, percibirán el 10% del ingreso mínimo legal por todo concepto de asignación familiar.

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1989 25143 Otorga subsidio diario por lactancia por cada hijo/a del asegurado/a del Instituto de Seguridad Social.

1989 25155 Prohíbe establecer discriminaciones por razón de sexo en reglamentos, estatutos u otras normas en las instituciones deportivas, sociales o culturales.

1990 25223 Establece que la compensación por tiempo de servicios de trabajadores y empleados sujetos a la Ley No.4916, (CTS) se calculará sobre su último sueldo.

Art. 38/ En caso de juicio de alimentos autoriza al Empleador, bajo responsabilidad y de inmediato, a informar al Juzgado sobre el depositario de la CTS y los depósitos que efectúe, así como cualquier cambio de depositario.

1990 25275 Declara de interés nacional prioritario dentro de la política de salud a la prevención y lucha contra el SIDA

El referido al examen serológico para gestantes.

1991 25307 Declara de interés nacional y prioritario la labor que realizan las organizaciones sociales de mujeres.

1992 25398 Complementa las disposiciones de la Ley No.23506 en materia de Habeas Corpus y de Amparo.

Art. 16/ Protege derechos consagrados en Convenciones Internacionales/DDHH.

1993 26260 Establece la Política de Estado frente a la Violencia Familiar y las medidas de protección.

1996 26628 Amplía para las mujeres el acceso a las Escuelas de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas, siguiendo carreras militares bajo los mismos principios que rigen para el personal masculino.

1996 26530 Anticoncepción quirúrgica voluntaria.

1996 26626 Prohíbe la discriminación contra pacientes con SIDA.

1996 26637 Ley del Programa del Vaso de Leche se distritaliza.

Programa liderado por mujeres.

1996 26644 Regula descanso pre y post natal para las madres trabajadoras.

1996 26730 Crea el Pliego Presupuestal del Ministerio

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de la Mujer y Desarrollo Humano.

1997 26746 Exoneraciones en beneficio de los programas sociales de emergencia.

Art. 2/ Referido al Programa del Vaso de leche, ejecutado por mujeres líderes comunales.

1997 26788 Modifica el Código Penal. Agrava el delito de lesiones cuando el autor es guardador, ascendiente, responsable, cónyuge, conviviente, y otros.

1997 26790 Reconoce los derechos de los/las convivientes en el Instituto Peruano de Seguridad Social.

1997 26842 Ley General de Salud.

1997 26875 Ley de Municipalidades. Regula el derecho de los niños(a) y adolescentes a la cultura, educación, conservación de monumentos, recreación y deporte.

1997 26763 Modifica Ley contra la Violencia Familiar.

1997 26770 Establece el carácter público de de la acción penal en los casos de violación sexual.

1997 26772 Dispone que las ofertas de empleo y acceso a medios de formación educativa no podrán contener requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración de igualdad de oportunidad o de trato.

Art. 2/ Establece como discriminación el trato diferenciado por razones de sexo.

1997 26859 Ley Orgánica de Elecciones y modificatorias.

Art. 116/ Establece cuotas electorales por género para las elecciones al Congreso.

1997 26864 Ley de Elecciones Municipales. Art. 10/ Establece cuotas electorales por género para las elecciones municipales.

1998 26941 Modifica el Código de Niños y Adolescentes garantizando el respeto y el derecho a la educación de las adolescentes embarazadas.

1998 26926 Ley que tipifica los delitos de lesa humanidad.

Incluye violación sexual durante conflicto externo o interno.

1998 26981 Ley del procedimiento administrativo de adopción de menores de edad abandonados.

1998 27007 Conciliación extrajudicial.

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1998 27024 Modifica el Código Penal. La edad mayor a 65 años no será causal para reducir la pena por cometer el delito de violación sexual.

1998 27016 Precisa que los establecimientos estatales de salud deben realizar las consultas médicas con valor probatorio en los procesos por violencia familiar, y dispone que tanto la consulta como los certificados sean gratuitos.

1999 27048 Establecimiento legal de paternidad y maternidad.

Art. 1/ Admite ADN como prueba.

1999 27049 Precisa el derecho de los ciudadanos(as) a no ser discriminados(as) en el consumo.

1999 27055 Establece garantías para las víctimas de violencia sexual.

1999 27115 Establece la acción penal pública en los delitos contra la libertad sexual.

1999 27134 Establece el acceso de las mujeres a la Escuela Nacional de Marina Mercante.

1999 27185 Ley que declara nulo el despido por embarazo.

1999 27201 Establece el reconocimiento del hijo/a extramatrimonial.

Su articulado permite que las mujeres madres jefas de hogar obtengan el apoyo económico de los padres para los niños que ellas tienen bajo su responsabilidad.

1999 27240 Otorgan permiso por lactancia materna.

2000 27270 Ley que sanciona los actos de discriminación.

Art. 1/ Sanciona actos de discriminación en razón de sexo, con trabajo comunitario obligatorio.

2000 27337 Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes.

Art. 3/ Establece igualdad de oportunidades entre niñas y niños.

2000 27306 Modifica Texto Único Ordenado de la Ley sobre Violencia Familiar.

2000 27387 Modifica la Ley Orgánica de Elecciones Incrementa la cuota por genero al 30% y crea distrito electoral múltiple.

2001 27398 Modifica diversos artículos de la Ley de Art. 6/ La conciliación extrajudicial no será

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Conciliación. obligatoria en casos de violencia doméstica.

2001 27402 Precisa el goce del derecho de descanso pre natal y post natal de la trabajadora gestante.

2001 27403 Precisa los alcances del permiso de lactancia materna.

2001 27408 Establece atención preferente a las mujeres embarazadas, niñas, niños y adultos mayores en lugares de atención al público.

2001 27409 Otorga licencia laboral por adopción.

2001 27459 Modifica el Código Penal en lo referido a actos contra el pudor en menores, publicaciones y exhibiciones obscenas .Se refiere a la Pornografía infantil.

2001 27495 Ley que incorpora la separación de hecho como causal de separación de cuerpos y subsecuente divorcio.

2001 27558 Ley de Fomento a la educación de Niñas y Adolescentes Rurales.

2001 27591 Ley que equipara la duración del permiso por lactancia de la madre trabajadora del régimen privado con el público.

2001 27450 Exoneran del impuesto general a las ventas a los medicamentos usados para el tratamiento del SIDA.

2001 27473 Establece causales de pérdida de la patria potestad por los padres de menores de dieciocho años.

2001 27480 Modifica el Código Penal sobre delitos contra el honor.

2001 27606 Ley que autoriza la extensión del descanso post natal en casos de nacimiento múltiple.

2001 27604 Modifica Ley General de Salud: obligación de atender emergencias y partos en todos los establecimientos de Salud.

2001 27571 Eleva a 14 años la edad para trabajar de los adolescentes.

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2002 27637 Crea Hogares de Refugio temporales para menores víctimas de violación sexual.

2002 27660 Da carácter prioritario al Seguro Integral de Salud para las organizaciones sociales de base y de los Wawa Wasis.

El articulado se refiere a organizaciones lideradas por mujeres en la tarea de protección social.

2002 27683 Ley de Elecciones Regionales. Art. 12/ Establece cuotas electorales por género para los cargos electivos de Consejeros/as Regionales.

2002 27712 Establece normas complementarias para el Programa del Vaso de Leche.

El articulado regula el funcionamiento de un programa social ejecutado por mujeres líderes sociales.

2002 27731 Regula participación de organizaciones sociales de base en los Programas de Apoyo Alimentario del Estado.

El articulado se refiere a la capacidad fiscalizadora de las organizaciones lideradas por mujeres.

2002 27741 Establece política educativa en materia de DDHH y crea un Plan Nacional para su difusión.

El articulado en general establece un plan de enseñanza del Derecho Internacional Humanitario y de la Constitución, que incluyen medidas con enfoque de género.

2002 27793 Ley de organización y funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.

2002 27853 Ley del Trabajo de la Obstetriz.

2002 27867 Ley orgánica de los Gobiernos Regionales. Art. 6/ Promueve planes de desarrollo regional considerando la igualdad de oportunidades y derechos para hombres y mujeres.

2002 27646 Régimen de Alimentos. Es obligatorio que los padres presten alimentos a hijos/as mayores de edad cuando sufran incapacidad física o mental o estén realizando estudios con éxito.

2002 27680 Ley de Reforma Constitucional. Establece cuotas electorales por género para las candidaturas a los Consejos Regionales y Municipales.

2002 27716 Modifica el Código Penal respecto a daños ocasionados al concebido.

2002 27734 Cuotas electorales por género en las elecciones municipales.

Aumenta el porcentaje a 30%.

2002 27779 Organización y Funciones de los Incluye al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social como nueva

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Ministerios. denominación.

2003 27911 Regula las medidas administrativas extraordinarias para el personal docente o administrativo en delitos de violación de la libertad sexual.

Arts. 1 y 2/ Señalan que el personal docente o administrativo sentenciado por el delito de violación de la libertad sexual de un educando será despedido y que aquel personal docente o administrativo denunciado por tal delito será suspendido de las tareas docentes mientras duren las investigaciones.

2003 27942 Ley de prevención y sanción del Hostigamiento Sexual.

2003 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Art. 84/ Establece el deber de los Municipios a crear programas sociales inclusivos para las mujeres y de difundir sus derechos en la comunidad.

2003 27982 Elimina la Conciliación extrajudicial en la Fiscalía y las Defensorías Municipales de los Niños y Adolescentes en materia de violencia familiar.

2003 27896 Ley de los trabajadores/as del Hogar. Su articulado regula los derechos de los y las trabajadores del Hogar. En su gran mayoría son mujeres.

2003 28048 Ley de protección a la mujer gestante que realiza labores que ponen en riesgo su salud.

2003 28094 Ley de Partidos Políticos. Art. 26/ En las listas de elección para cargos directivos del Partido y para cargos de elección popular se establece una cuota por género del 30%.

2003 28044 Ley General de Educación. Arts. 18 y 19 Promueven proyectos educativos que reviertan desigualdad por género y medidas que impulsen la igualdad de oportunidades en el ámbito rural.

2004 28179 Regula la incorporación de niñas, niños y adolescentes en Villas o Aldeas Infantiles y Juveniles.

Art. 2/ Autoriza la incorporación de las niña, niño o adolescente huérfano o en situación de riesgo o en abandono a las Villas o Aldeas Infantiles o Juveniles.

2004 28236 Ley que crea Hogares de Refugio Temporal para las víctimas de violencia familiar.

2004 28239 Reconoce un subsidio adicional por lactancia y extiende treinta días adicionales

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el subsidio por maternidad en caso de partos múltiples.

2004 28243 Establece nuevos criterios sobre el VIH, el SIDA y las infecciones de transmisión sexual.

2004 28251 Modificatoria del Código Penal. Nueva tipificación del delito de violación sexual.

2004 28308 Regula el uso de descanso pre y post natal del personal femenino de las Fuerzas Armadas y Policiales.

2004 28316 Ley que elimina la Libreta Militar como requisito obligatorio para la obtención de del Documento Nacional de Identidad.

Su articulado permite que las mujeres en áreas rurales, que no contaban con libreta militar puedan quedar registradas con mayor facilidad.

2004 28360 Ley de Representantes ante el Parlamento Andino.

Art. 3/ El porcentaje de género para la postulación de candidatos se rige por la Ley Orgánica de Elecciones.

2004 28384 Divorcio. El vínculo matrimonial podrá disolverse transcurridos dos meses de notificada la sentencia de separación.

2004 28439 Alimentos. Simplifica las reglas del proceso de alimentos.

2004 28237 Código Procesal Constitucional. Garantiza la primacía de la Constitución y el respeto efectivo de los derechos constitucionales.

2005 28457 Regula el proceso de Filiación Judicial de paternidad extramatrimonial.

2005 25518 Ley sobre Modalidades formativas laborales.

Art. 17/ Establece que el número de beneficiarios de la capacitación laboral juvenil puede incrementarse en 10% si este porcentaje está compuesto por jóvenes con discapacidad así como por jóvenes madres con responsabilidades familiares.

2005 28540 Crea el Registro Único de Beneficiarios de Programas Sociales.

Su articulado se refiere a los programas sociales relacionados con organizaciones de mujeres.

2005 28542 Ley de Fortalecimiento de la Familia. Promueve las responsabilidades familiares compartidas por la madre y el padre.

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2005 28592 Establece Plan de Reparaciones para las víctimas de la violencia en el Perú.

Incluye a mujeres víctimas de violaciones sexuales durante el conflicto armado interno desde 1980.

2005 28588 Integra al Seguro Integral de Salud (SIS) a la población mayor de diecisiete años en situación de pobreza y pobreza extrema.

Incluye a madres jefas de hogar en pobreza y pobreza extrema.

2005 28494 Conciliación Fiscal en asuntos de familia.

2006 28683 Establece atención preferente a embarazadas y otros en lugares de atención al público.

2006 28731 Amplía el plazo del período de licencia por lactancia materna.

2006 28735 Regula atención a mujeres embarazadas y otros en aeropuertos, aeródromos, terminales terrestres, ferroviarios, marítimos y fluviales y medios de transporte.

2006 28704 Se prohíbe el indulto a los autores del delito de violación sexual.

2006 28720 Garantiza el derecho al nombre de los y las niñas al ser registrado su nacimiento.

2006 28867 Ley que sanciona la discriminación en el Código Penal.

Incluye la discriminación por sexo.

2006 28927 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007.

Octava disposición final que indica que las entidades públicas evaluarán la incidencia de las políticas de equidad de género en la ejecución presupuestal.

2007 28950 Ley sobre la Trata de Personas y el tráfico ilícito de personas.

La mayoría de víctimas son niñas o mujeres jóvenes.

2007 28893 Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.

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ANEXO 2

Selección de las principales leyes con enfoque de género aprobadas en el Congreso (1997-2007)

Introducción

El siguiente listado parcial, que se presenta completo en el Anexo 1, únicamente incluye las leyes aprobadas por el Congreso de la República. No se han considerado las otras normas que de acuerdo al Artículo No. 200 de la Constitución Política del Perú tienen rango de ley, como los decretos legislativos (normas aprobadas por el Poder Ejecutivo bajo la delegación de facultades del Congreso de la República), los decretos de urgencia (normas aprobadas por el Ejecutivo que contienen materia económica y financiera), y los Decretos Leyes (normas aprobadas por el Poder Ejecutivo durante un gobierno de facto).

Las normas que aparecen a continuación son aquellas que persiguen el cumplimiento del principio de igualdad de género, aduciendo “que la mujer y el hombre disfrutan de la misma situación y que tienen iguales condiciones para la plena realización de sus derechos humanos y su potencial de contribuir al desarrollo político, económico, social y cultural y de beneficiarse de los resultados. La igualdad de género es, por lo tanto, la valoración imparcial por parte de la sociedad de las similitudes y diferencias entre el hombre y la mujer y de los diferentes papeles que cada uno juega. De allí que para el logro de la igualdad de género sea necesario el establecimiento de un conjunto de medidas de equidad de género que permitan compensar las desventajas históricas y sociales que les impiden disfrutar por igual de los beneficios del desarrollo y tener un acceso igualitario a las decisiones públicas y privadas y al poder. La equidad de género es, por tanto, un camino hacia la igualdad de género” (Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad de Género e Igualdad de Género) [CIM/RES. 209/98 y AG/RES. 1625 (XXIX-O/99)].

En este sentido, la legislación seleccionada tiene como objetivos los siguientes:

1. Derogar las normas que son discriminatorias en contra de la mujer.

2. Acabar con las situaciones de hecho que disminuyen, limitan, o impiden el desarrollo de la mujer en igualdad de condiciones que el varón. Ello implica en algunos casos que la norma permita el desarrollo de medidas afirmativas.

Las normas citadas también buscan cumplir el “objetivo de elaborar e incorporar perspectivas que tengan en cuenta las diferencias de género en el sistema de derechos humanos, facilitar una promoción y una protección más eficaces de los derechos humanos de la mujer”. (Documento de NACIONES UNIDAS, E/CN.4/1996/105, de 20 de noviembre de 1995)

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El criterio utilizado para identificar las leyes con enfoque de género entonces, ha sido el de analizar su articulado para verificar si contiene mandatos expresos para garantizar los derechos de las mujeres, ordenar medidas afirmativas a su favor o derogar otras normas discriminatorias en su contra, y para desarrollar las obligaciones del Perú a nivel de las convenciones y acuerdos internacionales en esta área.

Selección de las principales leyes con enfoque de género aprobadas en el Congreso entre 1997 y 2007

La siguiente es una lista de las principales leyes con enfoque de género producidas en el Parlamento del Perú desde la fecha de aprobación de la primera Ley de Cuotas en 1997 hasta marzo del 2007, fecha en que se aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades.

Maternidad Adolescente (1998)

En abril de 1998 se aprobó La Ley No. 26941, modificando diversos artículos de la Ley No. 26102, Código de los Niños y Adolescentes, referidos a la integridad personal, educación, cultura, deporte y recreación, así como al respeto y al derecho a la educación de las adolescentes embarazadas. Esta norma señala en el segundo párrafo del Artículo 14 que “la niña o adolescente, embarazada o madre, no debe ser impedida de iniciar o proseguir sus estudios, lo que debe ser garantizado por la autoridad educativa del plantel, la cual debe adoptar las medidas que el caso requiera, evitando que sea objeto de cualquier discriminación”. La modificatoria se debió entre otras, a la preocupación expresada por la oficina de UNICEF en el Perú respecto a la situación de las adolescentes que por quedar embarazadas eran separadas o suspendidas de sus centros de estudios, lo cual significaba una medida discriminatoria. Si bien esta norma contó con los votos necesarios para ser aprobada, hubo parlamentarios/as que expresaron su oposición a la misma proponiendo como alternativa un horario de estudios diferenciado para las adolescentes que estuvieran embarazadas en etapa de lactancia para así evitar que compartan su educación con el resto de jóvenes de su edad. Se pueden citar los siguientes argumentos presentados en ese sentido:

“Entonces, hay que tener mucho cuidado con los acuerdos de la Plataforma de Beijing. Nadie puede sostener válidamente que a una niña o adolescente que está embarazada o tiene un hijo, se le segregue, se le discrimine, se le ataque, pero tampoco podemos creer que es una situación normal que pueda ser aceptada tal cual como se presenta. Entonces, sugiero a la Presidenta de la Comisión de la Mujer, Desarrollo Humano y Deporte, doctora Luz Salgado, para que se considere dentro del proyecto de ley que ‘la niña o adolescente embarazada tiene derecho de participar en programas dirigidos a asegurar su proceso educativo y su desarrollo físico mental, similar a los que se establece para los niños trabajadores y niños de la calle’. (Congresista Martha Chávez, miembro de Nueva Mayoría-Cambio 90, mayoría parlamentaria, Diario de Debates del Congreso de la República del Perú, 1998).

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“Es verdad que no se debe discriminar y que la niña embarazada tiene el perfecto derecho a educarse. Pero también es verdad que no pueden ser marginados los padres de familia que tienen derecho a que sus hijas no encuentren emulación en la niña embarazada que asiste a clase con ellas. De manera que acá estamos frente a dos derechos: el de los padres de familia de cincuenta alumnas de un aula que tienen el perfecto derecho de decir ‘no quiero que mi hija siga el ejemplo de la adolescente embarazada que asiste todos los días a clase’; y el derecho nítido de la joven en gestación a asistir a clases…En realidad, si mi hija hubiera tenido ese problema sería por un defecto de formación que yo haya tenido. Y si yo he tenido ese defecto de formación para esa criatura, entonces, yo debería subsanarla de alguna manera, porque es mi responsabilidad; pero no hacerla compartir con los cuarenta y nueve padres de familia que están en el otro lado y dar el mal ejemplo a cuarenta y nueve muchachas. (Congresista Arturo Salazar Larraín, miembro de Renovación, minoría parlamentaria, Diario de Debates del Congreso del Perú, 1998).

Es notorio que la posición de ambos parlamentarios refleja un temor o probable prejuicio frente a las madres adolescentes en relación con el resto de las alumnas de su edad con las que comparten estudios. De allí que sus propuestas busquen una política excluyente del Estado frente a ellas, planteando que se integren al grupo de educación para adultos que no concluyeron sus estudios o de los “niños de la calle” que durante el día trabajan por su condición de pobreza. Si bien ambos parlamentarios no pertenecían al mismo grupo político, eran considerados como cercanos a sectores conservadores de la Iglesia Católica en el Perú. Cabe anotar sin embargo que en Lima existe un hogar para madres adolescentes, el “Hogar de la Paz” dirigido por religiosas católicas y que dichas adolescentes van al colegio en los horarios regulares.

Normas a favor de las trabajadoras con responsabilidades familiares (1999-2001)

Es importante mencionar, que la legislación laboral en el Perú se flexibilizó debido a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, publicado el 12 de noviembre de 1991, y que otras normas posteriores hicieron que las mujeres trabajadoras perdieran diversos derechos como el uso de la hora de lactancia para las madres.

El contexto favorable a la legislación con enfoque de género que se dio en el Congreso en funciones entre 1995 y 2000 permitió que se aprobaran varias normas que recuperaron los derechos de la mujer trabajadora gestante y que favorecieron a la madre en su labor de protección al recién nacido/a. Estas son algunas de ellas:

� Ley No. 27185 (19/10/1999): modifica el Artículo 29 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo No. 728, así llamada Ley de Productividad y Competitividad Laboral (despido nulo por embarazo).

� Ley No. 27240 (23/12/1999): otorga permiso por lactancia materna.

� Ley No. 27402 (20/01/2001): modifica el Artículo 3 de la Ley No. 26644, precisando el goce del derecho de descanso prenatal y postnatal de la trabajadora gestante.

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Normas para prevenir y sancionar la Violencia Familiar (1998-2004)

En el marco del récord legislativo con enfoque de género logrado especialmente a partir de 1997, se sancionaron normas complementarias a la ley contra la violencia familiar que se encontraba vigente desde 1993 en el Perú. La siguiente es una muestra de las más importantes:

La Ley No. 27016 modificó el Artículo 29 del Texto Único Ordenado de la Ley No. 26260, Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar. La misma precisa en qué establecimientos del Estado se realiza la consulta médica con valor probatorio en los procesos por violencia familiar y dispone que la consulta que origina estos certificados sea gratuita. Dicha norma fue publicada el 20 de diciembre de 1998. La misma permite especialmente a las mujeres rurales someterse a exámenes legistas en centros de salud cercanos a su comunidad en el caso de ser víctimas de violencia familiar y/o sexual, evitándoles el costo económico de presentarse al médico legista del Poder Judicial.

� Ley No. 27637 (16/01/2002): crea Hogares de Refugio temporales para menores víctimas de violación sexual.

� Ley No. 27982 (29/05/2003): elimina la Conciliación Extrajudicial en la Fiscalía y DEMUNAS, en materia de Violencia Familiar.

� Ley No. 28179 (24/02/2004): que regula la Incorporación de Niñas, Niños o Adolescentes en Villas o Aldeas Infantiles y Juveniles.

� Ley No. 28236 (29/05/2004): que crea Hogares de Refugio Temporal para las Víctimas de Violencia Familiar.

Normas contra la discriminación (1997-98-99)

Se derogaron normas discriminatorias en razón de sexo. Se puede citar los siguientes casos:

� Ley No. 27134: establece el Acceso de las Mujeres a la Escuela Nacional de la Marina Mercante, publicada el 05 de junio de 1999. Con esta norma, la Marina Mercante dejó de ser exclusiva para los hombres.

� Ley No. 26959 (30/05/1998): derogó los decretos de urgencia Ms. O29, 030 y 031-97-PR. Los decretos de urgencia mencionados derogaron normas que garantizaba la igualdad de trato para el personal de la Sanidad de la Policía Nacional y crearon una situación de discriminación contra la mujer. Por ese motivo el Congreso los derogó.

� Ley No. 2720, contra actos de discriminación.

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Ley contra el hostigamiento sexual (2003)

La aprobación de esta norma tardó seis años. Si bien esta ley no es de aplicación exclusiva para las mujeres, la mayoría de casos se refieren a ellas.

Los primeros proyectos fueron presentados por los congresistas Beatriz Merino y Antero Flores-Aráoz en el año 1997, quienes proponían sancionar administrativamente dicha conducta. A su vez, el congresista Jorge Luis Donaire propuso penalizarla. Ambas iniciativas fueron archivadas.

Tiempo después, el 31 de enero del 2003, se aprobó la Ley No. 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, que fue publicada en el 27 de febrero del 2003.

Modificatorias al Código Penal para sancionar la violación sexual (1999)

En este tema es importante a comentar las siguientes leyes:

� Ley No. 27115: establece la Acción Penal pública en los delitos contra la libertad sexual, publicada el 17 de mayo de 1999.

Antes de que se aprobase esta norma, los delitos contra la libertad sexual (violación) eran de persecución privada, es decir que la víctima debía denunciar el hecho delictivo ante el juez penal y llevarlo como si se tratara de un proceso civil, por lo tanto podía conciliar, y retirar la denuncia. Existían muchos casos de mujeres que por temor a la represalia de su agresor tomaban esa decisión.

La aprobación de la modificatoria se logró con éxito, aunque no sin intervenciones de algunos congresistas oponiéndose a la norma esgrimiendo el derecho a la privacidad de las personas agraviadas. Dichos argumentos reflejan la visión que un sector de la ciudadanía tiene respecto a la obligación del Estado de proteger a las personas (según la casuística, en su mayoría mujeres) de la violencia sexual. Los siguientes son extractos de dicha discusión parlamentaria:

“Tengo centenares de ejemplos que demuestran que en la sociedad en que nosotros estamos viviendo el sentido del honor y de la vergüenza hace que la gente prefiera que no se conozca que ha sido ultrajada. La mayoría de la gente prefiere que no se sepa, y tiene todo el derecho a ello”. (Carlos Ferrero, Diario de Debates del Congreso de la República del Perú, abril 1999).

“La ley está como está hoy día, porque la razón de ser de la norma que hoy regula estos delitos o, como fue originalmente, los que podrían tipificarse como delitos de violación, era que éstos estaban concebidos como delitos contra el honor; y en virtud de ser delitos contra el honor la acción era de carácter privado; si la persona sentía agraviado su honor tenía o no tenía derecho a actuar. Pero hoy los delitos de los que nos estamos ocupando son delitos contra la libertad; y en tal virtud lo que debe estar en juego es el interés de orden público de defender la libertad. No hay ninguna razón para que los delitos contra la libertad sexual tengan un tratamiento distinto del de otras formas jurídicas que también atentan contra la libertad”. (Congresista Lourdes Flores Nano, Diario de Debates del Congreso del Perú, abril 1999).

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� Ley No. 27911: regula las medidas administrativas extraordinarias para el personal docente o administrativo en delitos de violación de la libertad sexual

Esta norma enfrenta el problema de los casos de abuso sexual en los colegios.

� Ley No. 28251: sanciona a quienes contratan la prostitución de menores (2004)

Esta norma es muy importante, en la medida que tipificó como delito, con una pena máxima de seis años, la conducta de las personas que realizan contratos para tener relaciones sexuales con menores de edad. Tomando en cuenta los casos de explotación sexual de menores que se registran en distintas ciudades del Perú, que afectan principalmente a niñas y adolescentes de sexo femenino.

� Ley No. 27986: Ley de las Trabajadoras del Hogar (2003)

Este importante sector laboral está constituido mayoritariamente por mujeres. Adelinda Díaz, dirigente del gremio de las trabajadoras del hogar, refiere que los principales opositores a que se aprobara su ley, fueron algunos sectores medios como profesores, y empleados públicos. Superados esos obstáculos, la norma fue aprobada y se publicó la Ley No. 27986 con el nombre Ley de los Trabajadores del Hogar. Precisa además que el número aproximado de trabajadoras del hogar en el Perú es de 600.000. Un elemento importante de la norma es que prevé la sanción de la violencia sexual del empleador con contra la trabajadora.

Antero Flores-Aráoz, autor de la ley, señala que esta fue producto de un trabajo en conjunto con la Central de Capacitación de Trabajadoras del Hogar, y algunas organizaciones no gubernamentales ligadas a la capacitación de las mismas.

� Ley No. 27048: Ley de Filiación (1999)

Si bien se podría afirmar que esta norma protege los derechos del niño no reconocido, la realidad peruana revela que las mujeres son víctimas al igual que el niño o la niña, pues tendrán que asumir responsabilidades maternas y paternas al mismo tiempo. Es dentro de este marco que se aprobó la Ley No. 27048, que modifica diversos artículos del Código Civil referidos a la declaración de paternidad y maternidad publicada el 6 de enero del 1999. Esta norma estableció el examen de ADN para que el juez declare la paternidad del niño. Esa norma fue perfeccionada en enero de 2001, estableciendo que quien se negara a someterse a la prueba de ADN sería declarado padre del niño y/ó la niña.

� Ley No. 27558 (23/11/2001): ley a favor de las niñas rurales (2001)

Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales. Dicha norma estableció la obligación del Estado de promover condiciones de equidad entre niños, niñas y adolescentes en áreas rurales para lo cual debe formular políticas educativas que respondan a las necesidades de

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ese sector y, específicamente, de las niñas y adolescentes rurales, en el marco de una formación integral y de calidad para todos.

Programas Sociales (2002- 2005)

Consideramos importante mencionar las normas referidas a programas sociales, en la medida que la mayoría de sus beneficiarias son mujeres jefas de hogar. Se pueden mencionar algunas de las más importantes:

� Ley No. 27731 (25/05/2002): regula la participación de los Clubes de Madres y Comedores Populares Autogestionarios en los Programas de Apoyo Alimentario.

� Ley No. 27660 (07/02/2002): declara de carácter prioritario el Seguro Integral de Salud para las organizaciones de base y Wawa Wasis.

� Ley No. 28540 (10/06/2005): crea el registro Unificado Regional de Beneficiarios de los Programas Sociales.

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ANEXO 3

Reglamentación y financiamiento de las leyes y normas con enfoque de género

Un aspecto importante a tomar en cuenta respecto al récord de leyes con enfoque de género aprobadas entre 1997 y 2007 es su nivel de reglamentación y de cobertura financiera dentro del Presupuesto Anual del Perú. Aquí analizaremos el nivel de apoyo de los presupuestos nacionales para el financiamiento de las leyes y políticas públicas favorables a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En cuanto al presupuesto necesario para reducir la brecha de género en el Perú, este estudio presenta dos casos específicos en que el financiamiento para programas públicos creados por leyes con enfoque de género fue muy pobre: el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual y el Programa de Apoyo Alimentario a los Comedores Populares de Lima Metropolitana.

Las leyes con enfoque de género no reglamentadas

De acuerdo a la información del Congreso de la República del Perú, de las ochenta y cuatro leyes con enfoque de género aprobadas desde la aprobación de las leyes de cuota en 1997 hasta marzo de 2007, únicamente cinco de ellas no cuentan aún con un reglamento. Las mismas se detallan a continuación:

1- Ley No. 27048: modifica diversos artículos del Código Civil referidos a la declaración de paternidad y maternidad (06/01/1999), lo que implica que a la fecha no se ha regulado la forma en que el Estado apoyará a el/la solicitante de bajos recursos económicos para acceder al pago de la prueba de ADN.

2- Ley No. 27606: modifica la Ley No. 26644, estableciendo la extensión del descanso postnatal en los casos de nacimiento múltiple. (23/12/2001).

3- Ley No. 28735: regula la atención de las personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores en los aeropuertos, aeródromos, terminales terrestres, ferroviarios, marítimos y fluviales y medios de transporte (18/05/2006).

4. Ley No. 28540: crea el Registro Unificado Regional de Beneficiarios de los Programas Sociales (10-06-2005).

5. Ley No. 28588: incorpora al Seguro Integral de Salud a la población mayor de 17 años en situación de extrema pobreza y pobreza, y declara de prioritario interés la infraestructura arquitectónica y no arquitectónica de los centros educativos a cargo del Ministerio de Educación (21-07-2005).

El hecho de que sólo cinco leyes con enfoque de género no estén reglamentadas indica que el principal problema de falta de cumplimiento de las mismas no radica en su contenido jurídico.

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Los presupuestos con enfoque de género

De acuerdo con la definición de los expertos, los presupuestos con enfoque de género son aquellos que traducen los compromisos gubernamentales relativos a la equidad de género en compromisos monetarios concretos, según la definición de la organización. Estos presupuestos no son exclusivos para mujeres, pues lo que se impulsa es la inclusión transversal del enfoque de género en políticas y programas nacionales (GPI, 2006).

El Congreso del Perú dio un importante paso a favor de la instauración de un Presupuesto con Enfoque de Género a través de la Ley Anual de Presupuesto aprobada para el año 2007.

La Ley No. 28927, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2007, señala lo siguiente en su octava disposición final:

“En la Evaluación Presupuestal de ejecución del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007, las entidades públicas incorporan en el análisis la incidencia en políticas de equidad de género”.

Es decir que, de acuerdo a dicho mandato legal, las entidades públicas deben incorporar en el análisis de la ejecución del presupuesto nacional, la incidencia en políticas de equidad de género, lo que implica preparar variables e indicadores que permitan identificar dicha incidencia.

La aprobación de este artículo fue promovida por organizaciones de la sociedad civil y por la Congresista Rosario Sasieta, Presidenta de la Mesa Multipartidaria de Mujeres en el Parlamento del Perú. De todas maneras, a siete meses de aprobada la Ley de Presupuesto para el año 2007, los ministerios se encuentran aún en la etapa de la elaboración de los indicadores para el caso.

El presupuesto Anual del Perú y el financiamiento de las leyes con enfoque de género

En este apartado analizaremos el cumplimiento de dos normas con enfoque de género aprobadas antes de la aprobación de las cuotas electorales. También pondremos en evidencia el reducido porcentaje presupuestal que se le ha asignado a las actividades que se derivan del mandato de las mismas.

1. Ley No. 26260: establece la política de Estado frente a la violencia familiar y las medidas de protección

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social asiste a las víctimas de violencia familiar, para lo cual tiene el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y el Programa Integral de lucha contra la Violencia Familiar y Sexual.

Tomaremos el caso de Ayacucho, departamento con altos índices de pobreza en la zona andina del Perú. En este caso el presupuesto asignado a la asistencia en casos de violencia familiar es de S/.8,480,336.00.

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En el año 2007, el Presupuesto General de la República fue de S/.51,322,614,593.00, mientras que el presupuesto del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) a nivel nacional fue de S/.989,058,288.00. Ello implica que el programa contra la violencia familiar y sexual hacia las mujeres de Ayacucho recibió menos del 1% del presupuesto total del MIMDES, en cuanto el MIMDES recibió el 1.76% del Presupuesto Anual del 2007.

Como se puede observar, el presupuesto asignado al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social representa sólo el 1.76% del Presupuesto Anual para el 2007. Cabe anotar que el MIMDES cuenta con dos Viceministerios: el de la Mujer y el de Desarrollo Social. La mayor parte del presupuesto del Ministerio va hacia el Viceministerio de Desarrollo Social. Es cierto que dentro de esa área se desarrollan programas que incluyen también a las mujeres, pero no existen indicadores de género establecidos para medir su impacto.

Es importante destacar que existen otras instancias de apoyo a las víctimas de violencia doméstica y sexual como los juzgados, delegaciones policiales, y centros de salud. Pero estas instituciones no asignan un monto específico de su presupuesto para atender estos casos. En el caso de las delegaciones policiales, éstas registran e investigan todo tipo de delitos, y los centros de salud atienden todo tipo de lesiones que puedan sufrir las personas, además de enfermedades.

En los dos ámbitos de acción estatal para prevenir y sancionar la violación de los derechos humanos de las mujeres, no se aplica aun una perspectiva de género, a pesar de las leyes existentes.

2. Ley No. 25307 (15/02/91): declara de prioritario interés nacional la labor que realizan los Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares Autogestionados, Cocinas Familiares, Centros Familiares, Centros Materno Infantiles y demás organizaciones sociales de base, en lo referido al servicio de apoyo alimentario que brindan a las familias de menores recursos.

El Artículo 7 de dicha norma señala lo siguiente:

“Créase el Programa de Apoyo a la Labor Alimentaria de las Organizaciones Sociales de Base. Este programa tiene los siguientes fines: Atención a la necesidad de alimentación de la población de menores recursos económicos, mediante el suministro de alimentos a las Organizaciones Sociales de Base anunciadas en el Artículo 1. Este suministro de alimentos lo hace el Estado a título de donación y cubre no menos del 65% de la ración diaria per cápita ofrecida por dichas organizaciones a sus beneficiarios”.

Como se puede observar, de acuerdo al mandato legal el Estado debe aportar no menos del 65% del valor de las raciones alimentarias diarias.

El Programa Nacional de Apoyo Alimentario que depende del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, atiende a una serie de programas sociales. Uno de ellos es el de Comedores

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Populares Autogestionados, mediante el cual suministra una cantidad mensual de provisiones alimentarias a los comedores registrados para tal efecto. Dichos comedores están dirigidos e integrados en su totalidad por mujeres voluntarias encargadas de su organización y de la preparación y distribución de las raciones alimentarias. También ofrecen apoyo voluntario a sus comunidades en la prevención de la violencia doméstica, entre otros problemas que afectan principalmente a sus vecinas.

Al respecto, la encuesta realizada en el año 2004 por la Federación de Mujeres Organizadas en Centrales de Comedores Populares Autogestionados y Afines de Lima Metropolitana, muestra los siguientes resultados:

Mientras que el Estado cubrió el 19% de la ración diaria, las mujeres socias de los comedores aportaron el 44%. El 37% restante fue cubierto por el subsidio de dicha organización social de base.

Este caso refleja que algunos de los programas pertenecientes al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, ente rector de las políticas de equidad de género en el país, no han logrado aún contar con un presupuesto que los financie.

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ANEXO 4

Selección de entrevistas realizadas a representantes del Estado y de la sociedad civil involucrados/as en la promoción y aprobación de la legislación con enfoque de género en el Perú.

1. Mercedes Cabanillas, Presidenta del Congreso de la República del Perú (2006-2007), entrevistada en mayo de 2007.

2. Antero Flores-Aráoz, Presidente del Congreso del Perú (2004-2005), entrevistada en julio de 2007.

3. Lourdes Flores Nano, ex Candidata a la Presidencia del Perú (2006), entrevistada en mayo de 2006.

4. Beatriz Merino, Defensora del Pueblo del Perú (2005-2009), entrevistada en julio de 2007.

5. Diana Miloslavich, representante del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, entrevistada en mayo de 2007.

6. Olenka Ochoa, ex Presidenta de la primera Comisión de la Mujer de la Municipalidad de Lima Metropolitana (1998-2002), entrevistada en mayo de 2007.

7. Miriam Schenone, ex Ministra de la Mujer del Perú (1996), entrevistada en julio de 2007. 8. Susana Villarán, ex Ministra de la Mujer del Perú (2000-2001), entrevistada en julio de

2007. 9. Ana María Yáñez, representante del Movimiento Feminista Manuela Ramos, entrevistada

en mayo de 2007. Además, se han realizado entrevistas a las siguientes personas, las cuales no están incluidas en el presente Anexo:

10. Javier Diez-Canseco, ex parlamentario del Perú (1978-2006) y Presidente del Partido Socialista, entrevistado en julio de 2007.

11. Susan Portocarrero, dirigente de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), entrevistada en julio de 2007.

12. Relinda Sosa, Presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres por la Vida y el Desarrollo del Perú, entrevistada en julio de 2007.

13. Adelinda Díaz, Presidenta de la Central de Capacitación de Trabajadoras del Hogar del Perú, entrevistada en julio de 2007.

14. Gloria Helfer, ex parlamentaria del Perú (1992-1994; 2000-2006) y ex Ministra de Educación del Perú (1990), entrevistada en julio de 2007.

15. Zoila Zegarra, ex viceministra de la Mujer del Perú (2006-2007), entrevistada en mayo de 2007.

16. Rosa Venegas, ex Presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República del Perú (2006-2007), entrevistada en julio de 2007.

17. Jorge Avendaño Valdez, ex parlamentario del Perú (1995-2000), ex Decano del Colegio de Abogados de Lima, entrevistado en mayo de 2007.

18. Cecilia Blondet, ex Ministra de la Mujer del Perú (2002), entrevistada en mayo de 2007. 19. Luis Benavente, Director del Grupo de Opinión Pública, encuestadora de la Universidad

de Lima en el Perú, entrevistado en julio de 2007. 20. Violeta Bermúdez, ex Viceministra de la Mujer del Perú (2002), entrevistada en julio de

2007.

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Entrevistas:

1. Entrevista a Mercedes Cabanillas, Presidenta del Congreso de la República del Perú, 2006-2007

¿Cuáles son los obstáculos que se presentan normalmente para desarrollar una agenda de género en el Congreso?

Una es la propia resistencia de los varones de cada agrupación política. No todos los varones tienen un claro convencimiento de que el rol de la mujer conlleva también a acceder a responsabilidades en cargos de función pública. Consideran que la mujer debe ser un soporte detrás del líder, el dirigente, el representante, el parlamentario. Allí tenemos una resistencia absolutamente militante si se quiere porque están convencidos de que son ellos los que deben estar en la política, y que la política es el mundo público que es para los hombres, y el ámbito privado es para las mujeres.

Aunque las mujeres trabajan en campañas electorales.

Se valen de ellas como colaboradoras, aportantes, como motivadoras, elementos de apoyo administrativo y organizativo, pero eso no significa que las vean a ellas como lideresas. Los varones se ven a sí mismos como los líderes naturales que deben ser impulsados por sus mamás, hermanas, esposas o por las mujeres de la comunidad o del partido. Por eso en su plataforma de campaña electoral colocan algunas promesas para las mujeres, pero con una visión conservadora sobre la mujer.

Y ese pensamiento se traslada al debate parlamentario.

Totalmente, porque cuando ese pensamiento absolutamente masculinizante del ejercicio de la política tiene funciones de representación parlamentaria son proclives a bloquear todo tipo de iniciativa. Primero se oponen en broma y luego lo confirman con sus votos. Yo misma con la experiencia que tengo los he escuchado. Este tipo de representantes los hay en todas las tiendas políticas. Eso atraviesa a todos los partidos. Hacerlos cambiar de opinión es cosa seria. Te decían cuando se resistían a la Ley de Cuotas: “oye pero tu estas acá y tu no necesitaste de una Ley de Cuotas”. Es un argumento que se repite.

Otro obstáculo es la forma de pensar de algunas mujeres al respecto.

Las propias mujeres que tienen una mentalidad machista se resisten a cualquier tipo de discurso, estrategia o mecanismo que promueva una mayor presencia de mujeres en cargos de función pública por elección popular. Esto es absolutamente inaudito porque que los hombres sean críticos u opuestos se puede entender porque son hijos de una cultura patriarcal en la educación. Que las mujeres lo sean es gravísimo, pues te debilitan el discurso o juegan para el adversario en todo el esfuerzo desplegado por abrir el camino hacia la igualdad de oportunidades de manera sistemática. En el Congreso peruano de 2001-2006 fue clarísimo, hubo una representación femenina menor que la actual que es de 35 parlamentarias, pero la mayoría tenía una posición absolutamente conservadora. Cuando pusimos la ley de alternancia o de mandato de posición en la lista de candidatos al Parlamento, no entendieron ni uno ni otro argumento. Tuvieron el despropósito de decir que el proyecto de ley era inconstitucional, cuando se trataba de una discriminación positiva.

Recuerdo que ese punto lo sostuvo una parlamentaria mujer.

Para vergüenza del Partido Aprista fue una parlamentaria Aprista, que siempre se mostró a favor de la lucha por los derechos de las mujeres. Sostuvo que el proyecto de ley de alternancia volviera a la Comisión de Constitución. Así ocurrió, y se perdieron cinco años. Lo que sí, en el Congreso del 2000, que se auto clausura en el 2001, se incrementó la cuota femenina del 25% al 30%. Ese fue un paso muy importante.

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A observadores externos les llama la atención cómo el Perú logra un récord de leyes a favor de la equidad de género en un momento político complicado.

De tránsito y de crisis política. Mi experiencia política me ayudó. Veníamos con una carga de compromisos con las electoras con las que habíamos trabajado por años, y cumplimos con esos compromisos. Se promulgaron también leyes a favor de las organizaciones sociales de base. La Comisión de la Mujer abrió sus puertas para esas organizaciones sociales.

Ha habido y hay un sector de hombres y mujeres con educación política a favor de la igualdad de derechos para las mujeres.

En un pequeño porcentaje. Las promociones nuevas en la política asumen más rápidamente el mensaje, pero las promociones de 50 años para arriba, con excepciones, educados en una tradición patriarcal creen que los hombres deben tomar las decisiones y la mujer quedar en un plan secundario.

Abrir el camino de la agenda de género no ha sido fácil, y menos aún en momentos políticos de cambio.

Hubo en el Congreso 2001- 2006 grandes esperanzas para hacer muchas cosas por la mujer. Eran momentos de democracia recuperada y no nos dejaron. Se convirtieron en la Santa Inquisición persiguiendo el concepto de equidad de género y de los derechos sexuales y reproductivos. Cosa que ahora en el 2007 hemos logrado en la misma Ley de Igualdad de Oportunidades que ya aprobamos.

¿Cómo definiría la estrategia para aprobar dicha ley en este Congreso?

Es un Congreso más joven. Con una edad promedio menor que en el anterior. Ha sido un proceso rápido con una buena bancada femenina. Me encargué de promover la creación de la Mesa Multipartidaria de Mujeres Parlamentarias, el cargo de la presidencia es electivo y dura un año de modo que es muy útil. Permite que cada mujer en su bancada genere opinión y compromiso para que los temas de la mujer en el Pleno no tengan rechazo.

El compromiso de cada parlamentaria integrante de la Mesa Multipartidaria fue importante para influir en sus bancadas.

Si, muy importante. Son mujeres sensibles al tema. Es una bancada diversificada, con mujeres originarias, mujeres de distintas profesiones y técnicas.

En el caso de las leyes a favor de la mujer coincide en que las alianzas inter-partidarias funcionan en el Perú.

Claro que sí.

El Ejecutivo debe dar el presupuesto para garantizar el cumplimiento de las leyes aprobadas. Ese es un tema por fiscalizar.

Respecto al Ejecutivo desde la campaña electoral ha habido un compromiso del Presidente de la República con este tema. Estuvo atento a la aprobación de la ley y estará atento a que se le dé el presupuesto del caso. El recogió el emplazamiento de miles de mujeres durante la campaña electoral. Cuando presentamos la plataforma de las mujeres, él la subscribe y la hace suya. Entre los puntos que él asume esta el Gabinete Paritario.

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Es una propuesta de su partido y de organizaciones sociales distintas.

Preparar esa plataforma fue un trabajo no partidario al que me aboqué. Tomamos como referentes otros esfuerzos como el europeo, el caso español con el PSOE. Un tema de coyuntura electoral nos ayudó a lograr el compromiso en la campaña, pues teníamos a una candidata mujer como competidora.

Entonces, entendieron en su partido que debían tener propuestas atractivas para las mujeres.

Si, viendo que teníamos a una mujer con capacidades en la competencia. Yo soy política y no puedo negar la estrategia.

El ingrediente de que en la Mesa Directiva hubiera mujeres ayudó en el tema.

Incorporar a mujeres en la Mesa Directiva es importante, desde la Presidencia puedes monitorear la agenda en el buen sentido de la palabra.

Aún no se logra un mayor impacto en la prensa.

No. Creo que allí deben trabajar las organizaciones especializadas en los derechos de las mujeres En mi opinión están un tanto silenciosas últimamente.

¿Cuál es el siguiente reto? ¿La paridad en las listas de elección popular?

Así es. Vamos a tener que trabajar muy fuerte a favor de ese cambio.

¿Qué repercusión tendría capacitar a los dirigentes partidarios?

Yo creo que eso va de la mano con los partidos más progresistas. Los partidos de izquierda democrática y otros.

2. Entrevista a Antero Flórez Aráoz, Presidente del Congreso del Perú, 2004-2005

En 1997 se aprueba la Ley de Cuotas, antes en el ‘95 Alberto Fujimori viaja a la Conferencia de Beijing. Su gobierno, ¿era cuestionado por una oposición parlamentaria fuerte? Con su apoyo, ¿la Ley de Cuotas mejoró políticamente?

Por más que tuvimos un Congreso en general obsecuente con el Fujimorismo, habían dos temas en el Congreso de entonces, uno el político con una oposición rebelde y fuerte, y que generó una corriente de opinión importante. Pero había otros temas fuera de ese como los de interés general y salían por eso leyes por consenso. Un tema fue este. No creo que era por interés del régimen para hacerse más humano o más sensible ante argumentos de las mujeres. Simplemente vino inevitablemente. Era un tema en donde había coincidencia.

En algunos partidos se dice que había muchas mujeres activistas, y luego la dirigencia no las tomaba en cuenta, según el testimonio de algunas que pertenecían a la IU. Decían que a la hora de las decisiones políticas eran consideradas como punto de apoyo pero no para acceder a las listas.

Mi impresión es diferente. Lo que pasaba es que hacías la lista, si estaban dispuestas bien y sino, no pasaba nada. No había consecuencias. Entonces pensé que si hubiera conciencia tenía que haber algo que te obligue a redoblar esfuerzos. Y ese redoblar esfuerzos estaba en la cuota, viendo lo que habían hecho en otros países con éxito. Opte por la cuota. Mucha gente decía que era una muleta injusta porque la mujer debe valerse por sí misma. Pero por supuesto que vale por sí misma, pero tienes que ayudar para

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que haya una igualdad hasta que se tome conciencia de esa igualdad. Necesitas la ayuda, la muleta o el bastón, hasta que estés rehabilitada de tu rodilla.

Después de las cuotas vienen una serie de leyes referidas al tema de la no discriminación.

No nos olvidemos que sacamos una ley penalizando la discriminación racial. Hemos sacado una ley para el sector laboral más grande en número en el Perú que es el de los Trabajadores del Hogar, en la cual las Trabajadoras del Hogar, las de sexo femenino son la gran mayoría. Ellas estaban realmente en una situación no solamente de desigualdad frente al sexo masculino, sino en una situación de desigualdad y de condiciones laborales respecto del resto de trabajadores. Se buscó una forma para ir progresivamente igualándolos con los otros grupos laborales. Salió la Ley de los Trabajadores del Hogar, y también la Ley del Hostigamiento Sexual. El hostigamiento sexual al hombre se ve en casos contados con los dedos de la mano, y con imposibles físicos. Pero el hostigamiento contra la mujer se estaba dando no solamente a nivel laboral, se daba en Cuarteles, Comisarías, Universidades, en Colegios y también en donde más frecuente era, era en el hogar. Logramos así una norma para tratar de igualar y de quitarles a las mujeres todas las presiones que había sobre ellas.

Como parlamentario, ¿cuánta comunicación tuvo con la organización de trabajadoras del hogar y con organizaciones especializadas en temas de violencia contra la mujer?

Muchísima comunicación. Me acuerdo con Adelina Díaz, la dirigente, con un Instituto de Capacitación de Trabajadoras del Hogar, en los temas de cuotas con Manuela Ramos, Flora Tristán. Y en el tema de la sanción al acoso sexual, hubo un trabajo paralelo, con Beatriz Merino. Así que cuando nos dimos cuenta que teníamos iniciativas similares, juntamos las propuestas con un resultado positivo.

La ley tardó en ser reglamentada. Era un caso de una ley buena sin reglamento. La reglamentación se da con la Presidencia del Consejo de Ministros de Beatriz Merino y Anel Townsend como Ministra de la Mujer estuve a cargo de preparar el reglamento con el apoyo técnico del caso. El tema de la reglamentación de las leyes en favor de la no discriminación contra la mujer es un tema importante. Ana María Yánez propone que no se den más leyes de ese tipo por un período de tiempo en el cual nos dediquemos a hacer cumplir las existentes y/o a promover su reglamentación si fuera el caso. ¿Estás de acuerdo con ese paréntesis temporal para verificar si además hay el presupuesto para el cumplimiento de dichas leyes y sea los y las funcionarias del Estado las conocen lo suficiente para aplicarlas?

Estoy totalmente de acuerdo con ella. Cuando fui Presidente del Congreso en el 2004 hice un estudio general de las normas no reglamentadas. Por eso es que en los proyectos de ley que he presentado en mi carrera parlamentaria, muy rara vez incluía un artículo que diera un plazo al Ejecutivo para su reglamentación. Porque realmente, no todas las leyes necesitan reglamentarse.

¿Cuán importante es la información que debe divulgarse sobre las leyes entre los que deben aplicarlas y los que se benefician de las mismas?

Mucho, tanto es así que en el Perú en el caso de la Ley de Cuotas, las mismas candidatas han cometido errores. Conozco un caso en el que la candidata a alcaldesa no tomó en cuenta que la aplicación de las cuotas femeninas a nivel municipal alcanza a la lista de regidores, pues el candidato o candidato a la alcaldía es único/a. Esta candidata a alcaldesa en una capital de departamento en el Perú, se incluyó a ella en la cuota, y paradójicamente ella misma anuló la cuota! Y la lista fue tachada y finalmente ella ya no pudo postular ni nadie de la lista tampoco.

Un reflejo de falta de capacitación.

Sin ninguna duda. Y después, esta también el problema de la duplicidad de funciones en los órganos electorales, en el caso del Perú. Tanto el Jurado de Elecciones como la Oficina de Procesos electorales se

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consideran responsables d ella capacitación electoral. Si no se ponen de acuerdo estos problemas de confusión o desconocimiento sobre una ley electoral tan importante como la de Cuotas se pueden repetir.

Una ley tiene un costó y un aspecto básico es el de invertir en capacitar a los funcionarios y funcionarias del Estado en primer lugar para que la conozcan y así sepan aplicarla.

Sí, necesitamos menos leyes y mayor cumplimiento de las existentes. Mejorar la calidad es importante.

Circunscribiéndonos a las leyes en pro de la igualdad de oportunidades para la mujer, las instancias estatales deben conocerlas a cabalidad en el Ejecutivo y en los Órganos Autónomos.

Yo creo que más allá de eso, debe haber un curso real de Educación Cívica en los Colegios para que desde la infancia los futuras/as ciudadanos/as conozcan las leyes y las instancias estatales de protección a los derechos de la mujer en este caso. En general que conozcan sus derechos. Creo que también es necesario que haya una difusión de estos temas por la prensa. Lamentablemente hay un alto porcentaje de amarilla en los medios.

Por ejemplo, la reciente aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades, cuyo debate se desarrolló durante su gestión como Presidente del Congreso, no tuvo impacto en la prensa.

Nada, ni siquiera he visto artículos en los medios de ellas mismas instituciones que promueven ese tema.

Y también llama la atención que no le den importancia hoy en día en que conocemos estadísticas que muestran la violencia brutal que sigue contra las mujeres.

Hay desconocimiento. Desde el aspecto legal se puede superar ese estado a través de los Textos Únicos de Proveimientos Administrativos. Lamentablemente, los encargados de prepararlos se preocupan más en establecer el costo de los servicios a la mujer que la ley manda antes que a establecer las facilidades del caso para que las normas se cumplan. A través de ese mecanismo deberían establecerse formulas de difusión.

La Comisión Interamericana de la Mujer (CIM) de la OEA ya aprobó un protocolo para el cumplimiento de la Convención de Belén do Para, y su Secretaria Ejecutiva ha anunciado que no sólo recibirán los informes de los Estados sobre el tema sino también de las organizaciones no gubernamentales sobre el estado de cumplimiento de la citada Convención.

Es un buen mecanismo para mejorar. Se debe también tener conciencia de que el cumplimiento tiene que ser progresivo, ya que nuestros países tienen problemas presupuestales severos. Los gobiernos necesitan establecer prioridades, como Salud y Educación. Pero que otros puedan evaluar e informar es positivo.

Hay mandatos de leyes internas que tienen años sin ser cumplidos, en el Perú es el caso de la Ley de Gobiernos Locales, que manda la instalación de Casas de refugio municipal para mujeres víctimas de violencia doméstica.

A veces hay temas álgidos en la comunidad que no resultan difíciles de entender pero por una falta de conocimiento y muchas veces de sensibilidad no se atienden. Y al contrario, casos en que atenderlos le dan éxito a las autoridades locales por ejemplo. Fue el caso de Lavín en Chile: instaló salas cuna en casas particulares. Se beneficiaba la dueña de la casa y la mujer que sale a trabajar.

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Hay falta de conciencia de la importancia del desarrollo humano que propugnan las leyes que promueven la no discriminación de la mujer.

Yo justamente gané como abogado un tema laboral en el Perú cuando en la audiencia dije que yo tendría la misma sala cuna del Ministerio de Trabajo. Lo cierto es que el propio Ministerio no tenia sala cuna! El Estado mismo no cumplía la ley.

3. Entrevista a Lourdes Flores Nano, ex Candidata a la Presidencia del Perú, 2006

¿Cómo describe el proceso del avance en la aprobación de leyes con enfoque de género en relación con la vigencia de la Ley de Cuotas desde 1997?

En el Congreso Constituyente Democrático (CCD) en 1993 y en el período parlamentario 1995-2000, que fue tan autoritario, hubo un acuerdo transversal de parlamentarias de distintas tendencias, sin necesidad de un pacto ni entendimiento entre bancadas. En los hechos nos unimos en torno a una media docena de proyectos: violencia familiar, cuotas, la de Mujeres Militares en el ascenso que tú presentaste, la modificatoria del Artículo 178 del Código Penal de Beatriz Merino, el ADN, la acción pública para casos de violación. Si uno analiza ocho o diez proyectos, creo que se hicieron posibles gracias a un núcleo informal de poder al interior del Parlamento. El caso de la Ley de Cuotas es muy interesante y es un factor que no se puede dejar de mencionar. La ley estaba entrampada. Cuando yo la presenté en la Comisión de Constitución hubo una férrea oposición. Pero en ese entonces la Presidenta del Congreso, Martha Hildebrandt viajó junto con la vicepresidenta Luz Salgado y el Congresista Breña a la reunión de la UIP en Nueva Delhi, India, y volvieron entusiasmados con este tema de las cuotas. Ellas le llevan la propuesta a Fujimori y él acepta y alinea a la bancada del gobierno. Hicimos, en general, una alianza entre voceras parlamentarias informales pero con peso político. El récord legislativo obtenido es muy bueno. Un quinquenio destacado en eso.

En 1997 se da un hito informal con las cuotas, rompiendo barreras políticas. Previo a esto, ¿los esfuerzos no fueron masivos?

En el año 1993 para la modificación de la Ley de Violencia Doméstica, éste era un tema solamente de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), con mucha literatura sobre el tema pero no existía en la esfera pública. La creación de opinión pública de esta red social fue un antecedente importante. En los ‘90 viene una seguidilla sobre estas leyes en la región. Con el apoyo de las ONGs, pero sin mayor relación con el Poder. Era un grupo contestatario con el statu quo. En el Perú Manuela Ramos promueve el diálogo especialmente, empiezan a trabajar con apoyo del USAID para crear talleres, círculos y conversaciones donde llegan al sistema oficial. Antes eran temas de crítica hacia lo establecido. Por ejemplo, me llega a mí. Yo ya había leído sobre el tema y busqué mayor información con las ONGs que fueron un soporte extraordinario. Como ellas ahora ejercen un lobby en el buen sentido de la palabra.

Después de 1997, la Ley de Cuotas es catalizadora de las leyes innovadoras en pro del enfoque de género.

La ley rompe la resistencia de tocar los temas relacionados a la mujer.

¿Qué opinas de los que piensan que el tema se puso de moda, o se detectó el valor electoral de las mujeres?

Esa década fue muy interesante, con la producción, por un lado, de una legislación autoritaria y un uso perverso del Parlamento para destruir el Estado de Derecho, y simultáneamente el hecho de que Alberto Fujimori promovía políticamente a la mujer. Su empeño de ir a Beijing, de impulsar Mesas Directivas con mujeres en el Congreso. Fujimori muestra esa imagen.

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En la región algunos parlamentarios y parlamentarias pueden tener reservas sobre una agenda de género en relación a su filiación social Cristiana ¿Cuál es tu opinión como líder del Partido Popular Cristiano en el Perú?

Nunca he tenido resistencia partidaria en este tema. No es un partido confesional. La voz de una iglesia conservadora en el Parlamento la tenía Rafael Rey por el Opus Dei. Hay otro tema de agenda pública interesante que junto a grupos distintos cuando se dio el caso de las esterilizaciones forzadas. El Centro Feminista Flora Tristán y la Defensora de la Mujer Rocío Villanueva coincidieron con la Iglesia Católica en cuestionar el forzamiento que se dio. Había un denominador común: que se cuestionaba la existencia de metas, de falta de permiso de las afectadas prebendas.

Es un obstáculo para la agenda de género que las leyes no se apliquen o se apliquen mal como la que estamos comentando.

La Ley de Violencia, que se aprobó en el año 1993, en 1996 se tuvo que revisar pues no se estaba aplicando. Ha mejorado mucho pero estas leyes reclaman un cambio cultural.

Ana María Yánez sostiene que en general haya un muy bajo cumplimiento de las leyes favorable a la mujer, que no hay capacitación a los funcionarios públicos para que las apliquen y que no hay el presupuesto del caso.

Comparto esa opinión. En la parte de políticas sociales para el sostenimiento de las victimas la tarea es de un nivel bajísimo.

El tema de la participación política de la mujer ha despertado el apoyo de muchos donantes.

Sí, se ha avanzado, y ya los partidos se están adecuando a lo que manda la Ley de partidos. Ahora, si no hubiera voto preferencial, quizás con una lista cerrada sacarías más mujeres, pues tendrías que ponerlas en puestos donde deberían salir elegidas de todas maneras.

Una Mesa Directiva en el Congreso de la República integrada por mujeres ayuda a la aprobación de este tipo de normas. Como es el caso de la Ley de Igualdad de Oportunidades dada recientemente.

Sin duda. La lección más bonita del Parlamento 1995-2000 es que las mujeres parlamentarias que defendimos la agenda de género no éramos feministas, sino mujeres políticas con peso en su propia área. Le dimos contenido político a temas de esta característica. La parlamentaria no especializada en los temas de género, pero con peso político tiene mucho más opción de lograr la aprobación de leyes en ese sentido. Esa debería ser la tarea: lograr la presencia de mujeres de peso político en el Congreso que lleven adelante esta agenda y no como un tema sólo del feminismo.

Algo que llama la atención encontrar en esa etapa a connotados parlamentarios a los que jamás habrías escuchado hablar de temas de género, gente inesperada para esta agenda. Antero Flores-Aráoz, por ejemplo, comenzó a presentar cuotas, ley contra el acoso sexual, de trabajadoras del hogar. Hay tres o cuatro casos así. Porque el tema de la mujer cobró relevancia política.

Martha Lucia Ramírez, ex ministra en Colombia luego de ejercer ese cargo de poder, decidió postularse al Senado y adoptar la posición a favor de las cuotas, por ejemplo.

El tema allí es el de una mujer con peso político participando de esa preocupación. Sin duda más importancia pública adquiere el tema mientras más importante sea la política que lo propone. Puede meter una agenda de la mujer y no ser vista como alguien que solo de eso puede hablar; puede manejar otros temas y también el de la mujer. El tema de las alianzas transversales es muy importante y si esas personas comprometidas tienen posiciones gubernamentales importantes aún mejor.

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En el campo de los próximos retos legislativos para impulsar la participación política de la mujer está el tema del mandato de posición o alternancia en las listas al Parlamento. Los organismos internacionales, ONGs locales, y el MIMDES apoyan esa medida. ¿Qué opina?

Yo no forzaría ahora más la agenda sobre eso. Ya elaborar una lista electoral incluye poner jóvenes y mujeres. Encasillar a los partidos con tantas regulaciones para sus listas no es conveniente. Y si comienza a hacerse del tema de las cuotas una sumatoria de pedidos de todo el mundo, se desvaloriza. Ya se incluyó el tema de jóvenes en un mal momento con el proceso electoral iniciado.

El tema de alternancia podría ser motivo de un compromiso de no poner a todas las mujeres candidatas al final de las listas.

Sí. Creo que podría pensarse por tramos de la lista. Por ejemplo, en el 30% inicial de la lista que haya 30% de mujeres

Mediante la ley electoral sería lo mejor.

Sí, que establezca criterios de tal manera que se evite que en una lista cerrada las candidatas todas vayan abajo. Evitar que se burle la ley, pues por más que el partido esté cumpliendo la cuota estaría discriminando a las candidatas ubicándolas a todas o a la mayoría al final de la lista. Mientras tengas voto preferencial las cosas varían.

En el contexto actual el Gobierno ha decidido modificar algunos programas relacionados a los derechos de la mujer. Se ha fusionado el Programa de Wawa Wasis, de cuidado infantil con el de prevención y sanción de la violencia, ¿qué opinas?

Me parece que refleja una idea de reducir las cajitas del Estado sin mayor criterio. Son programas distintos, no se ve el sentido técnico.

Los organismos internacionales como el BID, a través del PROLID piensan ampliar la agenda que tienen en cuanto a capacitación política de la mujer en temas de género a través de ONGs, para hacerlo desde el 2008 con partidos políticos.

Me parece muy bien. Porque es evidente que la vida de los partidos ha sufrido vaivenes. Los representantes del BID deben trabajar objetivamente y por separado, algo que el NDI está haciéndolo.

4. Entrevista a Beatriz Merino, Defensora del Pueblo del Perú, 2005-2009

¿Desde cuándo usted como legisladora peruana integró a su agenda de trabajo los temas de equidad de género?, y ¿cuál fue la fuente de información que tuvo para hacerlo?

Siempre tuve preocupación por los temas vinculados a la igualdad y a la no discriminación, particularmente contra las personas más excluidas de la sociedad entre las que, lamentablemente, todavía se encuentran las mujeres. Sin embargo, profundicé mucho más este interés entre los años 1994 y 1995 con motivo de interesarme en los temas centrales de las discusiones de la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo realizada en El Cairo y la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing.

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¿Cuál cree usted que fue la estrategia política exitosa que llevó al Congreso peruano a aprobar una Ley de Cuotas en 1997, así como un número importante de leyes contra la discriminación hacia la mujer en el Perú?

Considero que hubo dos aspectos centrales que contribuyeron a impulsar la aprobación de una serie de leyes favorables a la igualdad de la mujer, incluida la norma sobre cuotas. En primer lugar, un contexto internacional favorable al impulso de este tipo de iniciativas. En segundo lugar, el funcionamiento por primera vez en el Perú de una Comisión de la Mujer en el Congreso (creada en 1995 y en funcionamiento desde 1996) que –no obstante originalmente no tenía facultades dictaminadoras– llamaba la atención sobre temas críticos de derechos de las mujeres. En tercer lugar, la confluencia de un conjunto de mujeres parlamentarias comprometidas con la causa de la igualdad, particularmente en los espacios de decisión política. Igualmente, las alianzas tejidas con organizaciones de mujeres que desde hacía varios años trabajaban contra la discriminación hacia la mujer y que suministraban información importante y promovían una corriente de opinión favorable en el diseño de las normas antidiscriminatorias.

Siendo usted la primera Presidenta de la primera Comisión de la Mujer en el Congreso del Perú, ¿qué obstáculos encontró para que esta nueva comisión tuviera la importancia política y pública del caso y qué mecanismos utilizó para enfrentarlos con éxito?

Entre los obstáculos encontrados puedo mencionar que, por tratarse de una Comisión Especial, no tenía facultad dictaminadora. Esto significaba que los proyectos de ley sobre la mujer no iban a llegar para dictamen a la comisión. En otras palabras, teníamos formalmente limitada nuestra posibilidad de incidencia en tanto comisión y los recursos para su funcionamiento eran absolutamente escasos pues se trataba de una comisión nueva.

Afortunadamente, contamos con una gran voluntad de trabajo y entusiasmo de los 15 integrantes de la Comisión y si bien no tuvimos facultad dictaminadora, la comisión emitió importantes opiniones sobre diversos proyectos de ley. Entre ellos, los relativos a mejoras de la Ley contra la Violencia Familiar, delitos contra la libertad sexual, el sistema de cuotas, la separación de hecho como causal de divorcio, las pruebas de filiación extramatrimonial y un proyecto de ley sobre derechos de las trabajadoras del hogar, entre otras iniciativas.

Una importante estrategia implementada por la comisión fue recoger directamente los problemas que afectaban a muchas mujeres a través de un contacto directo con la realidad. Así, planificamos visitas a lugares donde acuden las mujeres en diversas etapas de su ciclo de vida. Estuvimos con ellas en Wawa Wasis, aldeas infantiles, defensorías de los niños y adolescentes, comedores populares, hospitales con servicios de maternidad, asilos de ancianas, centros penitenciarios y delegaciones policiales y casas de refugio para mujeres maltratadas. Por lo tanto, nuestra acción tuvo en cuenta la realidad cotidiana de miles de mujeres peruanas y no fue sólo el resultado final de análisis especializados que, por cierto, fueron tomados en cuenta, pero incorporándolos definitivamente a la realidad de la mujer peruana.

Otra estrategia implementada por primera vez en el Congreso fue la organización de Audiencias Públicas, entendidas como espacios para escuchar la opinión de las mujeres y de la sociedad en general respecto de los proyectos de ley que venían siendo debatidos en el Congreso o de temas que requerían una respuesta normativa. Estas audiencias se realizaron igualmente en diversos departamentos del país, acercando de esta manera al Congreso de la República a zonas alejadas de la capital. Estas iniciativas pioneras, constituyen hoy práctica cotidiana del Congreso peruano. Los insumos recogidos por estas vías eran sistematizados e integrados en las opiniones emitidas por la Comisión y fueron derivadas a las comisiones dictaminadoras correspondientes.

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Como autora de una importante modificación del Código Penal eliminando un artículo que consagraba la impunidad de la violación sexual, destaque los puntos principales del proceso de debate y aprobación de dicha modificatoria.

Nuestro proyecto buscó modificar el Artículo 178º del Código Penal que establecía como eximente de responsabilidad al matrimonio del violador con su víctima y que extendía este beneficio a los coautores si la violación se hubiera realizado en banda.

Formulada la propuesta convoqué a una mesa de trabajo con especialistas y con representantes de organizaciones que trabajaban en contra de la violencia sexual en general, particularmente contra niñas, niños y mujeres. Con sus aportes mejoramos el anteproyecto elaborado y presenté al Congreso el Proyecto No. 1934-96-CR planteando la modificatoria del artículo mencionado estableciendo que el matrimonio que, posterior a la violación, contrae el agente con la víctima, no es causa que exima de la responsabilidad penal.

Esta propuesta generó un debate intenso pues no fueron pocos los colegas legisladores que se oponían a esta iniciativa, argumentando que el matrimonio con el violador era una alternativa para la mujer violada. A nivel de la opinión pública hubo también posiciones encontradas, aunque el apoyo sostenido de las organizaciones de mujeres y de protección de los derechos de las niñas y niños fue decisivo para poder generar una corriente de opinión favorable a la aprobación de la iniciativa.

El debate fue tan polarizante en algunos casos que llegó a concitar la atención de la prensa internacional. Afortunadamente, nuestros argumentos lograron convencer a muchos congresistas y se aprobó finalmente la Ley No. 26770 en abril de 1997, hace ya 10 años.

Durante su gestión como Presidenta del Consejo de Ministros del Perú, ¿considera que el ocupar ese puesto siendo mujer influyó para que se aprobaran normas reglamentarias que dieran cumplimiento efectivo a las leyes en favor de la equidad de género? Y su posición, ¿influyó en hacer más visible la necesidad de reducir la brecha entre hombres y mujeres en cuanto a igualdad de oportunidades en general?

Como Presidenta del Consejo de Ministros puse especial interés en que el Ejecutivo en general cumpliera con reglamentar, en los plazos previstos, las leyes que aprobaba el Congreso. En tal sentido, entablé un diálogo permanente con todos los Ministros y de manera especial con la titular del Ministerio de la Mujer para impulsar la reglamentación de las normas a favor de la igualdad de la mujer y la equidad de género.

En cuanto al hecho de ser la primera Presidenta del Consejo de Ministros y el posible impacto de este hecho en reducir la brecha entre hombres y mujeres, considero que en general siempre es positivo ver a mujeres ocupando cargos de poder, particularmente el cargo que me tocó ocupar entonces nunca había sido ocupado por una mujer por lo que, evidentemente, el ver cotidianamente a una mujer en dicha posición de cierta manera contribuyó a romper con la idea de que sólo los hombres pueden ocupar el premierato. En este sentido, es probable que haya contribuido al avance en la igualdad de oportunidades para las mujeres.

¿Cuál fue la participación y por lo tanto la estrategia de la Defensoría del Pueblo para apoyar con éxito la reciente aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Congreso peruano?

Cuando asumí el cargo de Defensora del Pueblo, me interesé en reforzar los esfuerzos de esta importante institución en el trabajo a favor de los derechos de las mujeres. Al enterarme de que existían diversos proyectos de ley sobre igualdad de oportunidades, nos pusimos en contacto con la Comisión de la Mujer y Desarrollo Social del Congreso de la República para ofrecer nuestra colaboración a fin de armonizar una propuesta de consenso que recoja los aportes de especialistas y el punto de vista de las organizaciones de mujeres. Para ello, a través de nuestra Adjuntía para los Derechos de la Mujer, participamos en una serie

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de reuniones de trabajo que finalmente tuvieron como resultado un solo proyecto de consenso y la posterior aprobación de la ley.

Como Defensora del Pueblo (la primera mujer Defensora del Pueblo del Perú), ¿cuál es su evaluación sobre el nivel de cumplimiento por parte del Estado del importante número de leyes vigentes favorables a la equidad de género? ¿Existe el financiamiento y la difusión necesarios para su cumplimiento?

El nivel de cumplimiento y eficacia de las leyes favorables a la equidad de género es heterogéneo. Hay aspectos que vienen funcionando mejor que otros como por ejemplo, la aplicación de las normas sobre cuotas, aunque con algunas excepciones; o algunos aspectos de la Ley contra la Violencia Familiar. En el Informe Anual de la Defensoría del Pueblo al Congreso de la República, destacamos anualmente los aspectos críticos que requieren de un mayor esfuerzo e inversión de las entidades públicas responsables.

En cuanto a la difusión y el financiamiento, en países como el nuestro estos aspectos siempre son insuficientes, sobre todo teniendo en cuenta la extensión geográfica de nuestro territorio y la diversidad lingüística y cultural que exigen una difusión diferenciada de los mensajes y leyes vigentes, lo que sin duda requiere de un mayor financiamiento.

¿Cuáles son los desafíos vigentes para la agenda de género o de igualdad de oportunidades en el Perú?

Quizá el principal desafío hoy es lograr la plena eficacia de las leyes aprobadas y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano en materia de igualdad de oportunidades y derechos de las mujeres. Desde el rol que hoy me toca cumplir, continuaremos promoviendo el respeto y defensa de los derechos de las mujeres, así como supervisando colaborativamente la actuación de las entidades públicas para que cumplan de manera efectiva con sus responsabilidades para el avance en la igualdad de la mujer.

5. Entrevista a Diana Miloslavich, representante del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán

¿Cuáles son los antecedentes que usted encuentra en el trabajo de la sociedad civil a favor de que se dé una Ley de Cuotas en el año 1997?

En el año 1990 durante la segunda vuelta electoral para la presidencia del Perú, cuando Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa quedaron finalistas, casi todas las organizaciones de mujeres feministas agrupadas en el Foro Mujer, presentamos una plataforma de los derechos de la mujer incluyendo una demanda de cuotas electorales. No eran épocas en las que firmábamos acuerdos de gobernabilidad, solamente dejábamos la carta para que tomaran nota de la propuesta.

¿Quienes encabezan esta propuesta?

En ese tiempo el Foro Mujer lo encabezan 6 organizaciones, Manuela Ramos, Flora Tristán, Cesip, Mujer y Sociedad, Centro de Documentación de la Mujer y Aurora Vivar. Este grupo hace el seminario y presenta las propuestas. También impulsa la creación de un acercamiento con la representación parlamentaria de mujeres y las anima a crear el Grupo Parlamentario de Mujeres, que es el primer antecedente al que existe hoy. Se forma con mujeres que hasta ahora están en la vida política. Como Lourdes Flores Nano, Beatriz Merino, Mercedes Cabanillas. La primera coordinadora es Lourdes Flores Nano y luego Mercedes Cabanillas. Se organiza un gran evento en el Centro Cívico y allí se toma la decisión con las congresistas más representativas sobre cuál debería ser la agenda mínima de los derechos de la mujer. La ley de Violencia Domestica, la Ley de Coeducación, y la Ley de Cuotas. Hubo una discusión sobre el porcentaje, si debía ser 25 o 30%. Había un debate sobre cuotas en partidos importantes en América Latina, en el PT de Brasil, en el PRI en México. El Perú cambia el rumbo junto con Argentina. Los dos países optan por la vía del cambio a través del sistema electoral. Porque en los ‘90 la

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tendencia era a introducir el tema en los partidos. Argentina y el Perú cambian la estrategia: no dejar el tema únicamente en manos de los partidos. Luego, viene el golpe del ‘92, luego se instala el CCD que retoma la Ley de Violencia Doméstica. Se promulga en ese marco.

Se sostiene que la Conferencia de Beijing fue una gran influencia.

Sí, pero además hay un evento importante internacional donde las representantes del Fujimorismo asisten en la India. No considero que le dieron tanta importancia a Beijing donde asiste Martha Chávez (Presidenta del Congreso) y se dan debates con ella. Lourdes Flores Nano asiste con los grupos de la sociedad civil. Hay contradicciones en Beijing entre Fujimori y Martha Chávez, ella observa temas que él no objetó. Luego integrantes de la bancada de gobierno van a la India, Nueva Delhi, y regresan convencidas sobre el tema de cuotas. Luz Salgado y Martha Hildebrandt, parlamentarias de gobierno.

Detectan la importancia del tema en un Encuentro de la UIP, que reúne a parlamentarios de todo el mundo y antes el propio Fujimori mide el impacto de la Conferencia de Beijing.

Sí, lo que se presume es que a raíz de la publicación de una encuesta de la Universidad de Lima sobre las preferencias políticas de las mujeres, con ocasión del referéndum para la aprobación de la Constitución de 1993. En ese momento se percibe, en la coyuntura del debate entre el Sí y el No, es que las mujeres estaban más opuestas al régimen de Fujimori. Hay una diferencia de votos entre hombres y mujeres que es grande. Después hay una encuesta que hace Propuesta en esos años también y a partir de eso el fujimorismo decide trabajar una agenda sobre las mujeres y allí empieza el tema de las cuotas y en paralelo la política de clientelares con las organizaciones sociales de base. Hay una decisión política de cambio de estrategia en relación con las mujeres.

Superando fundamentalismos y temores. Salvo Martha Chávez que tenía una posición distinta.

Eran decisiones de Palacio. Además en esos años se forma el PROMUDEH y la primera Ministra de la Mujer, Miriam Schenone auspicia la suscripción de la CEDAW en ese período. Desde el PROMUDEH había un aval sobre el tema de cuotas.

Ese es el proceso en cuotas, el tema de la reforma constitucional y el tema de la Ley de Igualdad de Oportunidades, ¿cuál es tu evaluación al respecto?

Luego viene la reforma constitucional en el gobierno de Alejandro Toledo.

Veamos el tema de la Ley de Igualdad de Oportunidades que tardó años en aprobarse.

En la etapa a final este año 2007 entran cuatro proyectos.

El acuerdo de las congresistas mujeres en su mayoría es aprobar la ley de inmediato.

De las treinta y cinco mujeres un porcentaje apoyaba decididamente. Creo que la Mesa Directiva tenía dos personajes muy fuertes: Mercedes Cabanillas, la Presidenta, y Luisa Cuculiza, una de las vicepresidentas y ex Ministra de la Mujer que se comprometieron a sacar la ley adelante.

Esa es una información útil para parlamentarias de otros Congreso de la región. En el caso de Colombia les es muy difícil lograr poner el tema en la agenda parlamentaria, pues lo que está vigente es un decreto que establece las cuotas en el Gabinete Ministerial. Una ex Ministra de ese país decide luego postular al Senado para apoyar una agenda de género, aunque nunca estuvo ligada al tema antes de su experiencia en el Ejecutivo en los sectores de Defensa y Comercio Exterior. Es Martha Lucia Ramírez, y pertenece al partido de gobierno de Colombia (Partido de la U).

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En el caso del Perú, el año 91 sí había mujeres en el Parlamento a favor de estos cambios pero no tenían poder, a diferencia de ahora en que dos de las tres mujeres que integran la Mesa Directiva apoyaron la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades. Yo creo además que esta bancada actual de 35 mujeres, tiene un 70% de integrantes que viene de distintas regiones y yo creo que las mujeres que vienen de regiones y de provincias son más sensibles al tema de discriminación.

De hecho, cuando las cuotas se aprueban en el Congreso, una mujer presidía el Congreso del Perú en 1997 (Martha Hildebrandt). En nuestro país se han conseguido avances importantes en coincidencia con eso. La ley tiene avances muy importantes ya que las organizaciones sindicales participan del debate. La ley reconoce igual remuneración para igual trabajo de las mujeres. Eso ni siquiera está en la Ley General del Trabajo. Establece que el Estado garantiza el acceso al crédito, a la tenencia de la tierra, cosas que no están en otra ley. Yo creo que la ley define un poco el tema del Estado y las mujeres. Da un marco.

El tema de la derogatoria de leyes discriminatorias y sus reglamentos son parte de los desafíos pendientes.

Pero la propia Ley de Igualdad de Oportunidades con sus contenidos es un elemento ya vigente para enfrentar esos temas.

6. Entrevista a Olenka Ochoa, ex Presidenta de la primera Comisión de la Mujer de la Municipalidad de Lima Metropolitana, 1998-2002

El debate y la aprobación de la Ley de Cuotas en el Congreso, ¿influyó en la inclusión de una agenda de género en el ámbito municipal?

Si, la Ley de Cuotas permitió que desde el año 1998 hubiera una entrada masiva de mujeres a nivel de regidurías y también en algunas alcaldías. Se pudo, a partir de allí, manejar con mayor poder político y de negociación la agenda de género. Llámese planes para la igualdad, comisiones de la mujer o servicios especializados para la mujer. En el caso peruano hubo un contexto internacional favorable post Conferencia de Beijing. Marcó mucho la agenda política de ese entonces. Después de esa Conferencia se crea el Ministerio de la Mujer en el 1996. Se abre un camino después de la conferencia que resulta en el caso de Lima en la implementación de la Comisión de la Mujer. Así como hay un contexto favorable interno también hubo uno externo que de alguna manera la cuestión de género se puso de moda. A nivel de Municipio y de Gobierno era un tema de costo-beneficio político. En este caso el Alcalde de Lima percibió que convenía formar un espacio para la agenda de género en términos de impacto político favorable a su gestión. Recordemos que el inauguraba en el ano de 1998 una segunda gestión en un contexto difícil porque estaba enfrentado al gobierno de Alberto Fujimori y necesitaba el apoyo de la opinión pública.

La Ley de Cuotas tuvo un impacto no sólo para que hubiera más mujeres regidoras sino que despertó la participación pública y la promoción de proyectos por parte de las mujeres.

Así como se dice que hay factores externos que obstaculizan la participación de las mujeres, también los hay internos. Se dice muchas veces que las mujeres, frente a una propuesta política evalúan primero el impacto en su vida familiar y también el problema de poco empoderamiento, poco manejo de un proyecto político para cada una. El inició del sistema de cuotas obliga a muchas mujeres a dejar la invisibilidad. No sólo es importante cuántas llegaron si no en las mujeres que abrieron un camino y participaron políticamente. Sólo ser parte de una campaña electoral es un aprendizaje inmenso para las mujeres. Estamos hablando, en el caso de Lima, como es que se hace la lista de mujeres. Por ejemplo, en el Movimiento Somos Perú, empiezan a buscar a mujeres que hubieran realizado una gestión pública, en municipios. Pero también buscan a nivel de sus bases a mujeres que se destacaban por su trabajo político.

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La Ley de Cuotas fuerza a las mujeres a tomar la decisión de entrar en el terreno político electoral, y también a los partidos a lanzarlas.

Los partidos revalorizan a sus dirigentes mujeres.

Claro, porque antes los partidos las buscaban para revitalizarse en momentos de crisis o deterioro de su imagen. El caso de las cuotas abre una compuerta, y presiona a los líderes políticos a visualizar el aporte de las mujeres.

La cuota es un catalizador para una mayor participación de las mujeres, para que ejerzan poder y para que los partidos políticos se vean obligados a revalorizar la presencia femenina en sus organizaciones.

También les da a las mujeres la oportunidad de traer nuevos enfoques a la función pública y de gobierno. Como discutir una agenda de género. En mi caso, en lo que me favoreció la cuota, en principio fue traer una agenda nueva para la gestión municipal, en un contexto político nacional importante como fue el año 1998. Traía una agenda clara y escrita de lo que pretendía hacer como regidora. Yo no entré con el tema de “pobres las mujeres”. La propuesta le iba a servir al Alcalde a tener un impacto político entre las mujeres y, además, era una propuesta técnica.

Presentó el beneficio social para las mujeres y el beneficio que políticamente le iba dar a la gestión del Alcalde.

Sí, y por otro lado recordemos que la creación de la Comisión de la Mujer era para incorporar un programa técnico con base a las experiencias de municipios distritales.

Su estrategia fue elaborar un plan…

Otros candidatos no tenían un plan. Yo lo aporté en la campaña antes de ser elegida. Ya había una experiencia nacional y también internacional. Me basé en la Plataforma de Beijing y en otras que se formaron en el camino para elaborar este plan.

¿Comparte el criterio de que la aprobación de la Ley de Cuotas en el año 1997 fue el punto de quiebre para abrir el debate sobre otras propuestas legislativas en el tema de igualdad de oportunidades?

Sí, y además la cuota es valiosa en sí misma. Más allá de la calidad de la representación o de gestión de las mujeres. El sólo hecho de la presencia de la mujer en el poder señala un camino y una ruta a seguir para las nuevas generaciones de mujeres que no se sentirán ya atemorizadas. Dirán entonces, como ha habido ministras, alcaldesas, yo también lo puedo hacer o intentar.

¿Los Gobiernos Locales y Regionales se interesan por esta ley?

Son como un nuevo mecanismo y espacio por construirse. En el caso de los Gobiernos Locales, ha habido procesos a nivel de Lima a nivel de género respecto a la Ley de Igualdad. Antes hemos hecho en los municipios planes de Igualdad de Oportunidades, pero sin ley no teníamos como exigir que se cumplan. Esta ley permite tener un nivel de exigencia para que se cumplan los Convenios Internacionales y la ley nacional para que los Gobiernos Regionales tengan instancias dedicadas al tema de la mujer.

La Ley de Cuotas trae un acuerdo entre las parlamentarias de oposición y de gobierno en el periodo 1995-2000. ¿Qué ocurre ahora en el Congreso?

En este Congreso ha entrado gente que es de diversos partidos, pero que por su historia personal han traído un compromiso previo con el tema de igualdad de oportunidades. Se ha instalado una Mesa de Mujeres Parlamentarias que preside Rosario Sasieta que es muy activa. Esto les da a las integrantes un espacio para lanzar propuestas y negociar su ingreso a la agenda del Congreso. También lograr una etapa

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de información previa al debate para lograr los votos del caso. El texto de la ley aprobada es conciso y general y se hizo así en búsqueda de obtener consenso. Es algo en el estilo de la Declaración Norteamericana de los Derechos o de la Independencia. Nosotros fuimos de la opinión de no hacer una ley frondosa, que parecería un Plan, mejor algo declarativo y general. Pero con los ejes críticos de la agenda de las mujeres de manera muy destacada.

¿Cuál debería ser la influencia de la Ley de Igualdad de Oportunidades en la tarea municipal?

En principio, la ley debe difundirse para que así después influya. El punto es aquí que se conozca para hacerla valer. Muchos programas de la mujer se han perdido, diluidos en varios municipios. Hablemos de Lima por ejemplo. Antes la Comisión de la Mujer del Municipio de Lima trabajaba en conjunto con el resto de municipios distritales. Y se ayudaba a los municipios de provincias para lograr mejores presupuestos. Hoy la Comisión se ha auto aislado de las organizaciones no gubernamentales en temas municipales.

¿Cómo se supervisa el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades?

El sector encargado de supervisar el cumplimiento de la nueva Ley de Igualdad de Oportunidades es el de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Esto causo ciertas susceptibilidades en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES). Nuestra propuesta se basó en que la PCM es un organismo de coordinación interministerial y el MIMDES continuaría cumpliendo su misión.

7. Entrevista a Miriam Schenone Ordinola, ex Ministra de la Mujer del Perú, 1996

Como primera Ministra de la Mujer en el Perú, ¿cuáles considera que fueron los principales antecedentes para la creación de dicho Ministerio y también para la participación del Gobierno peruano en la IV Conferencia de Beijing en 1995?

La década del 90, luego de la lucha contra el terrorismo, fue un momento difícil en el Perú, de cambio estructural y de su reinserción internacional, los planes del gobierno tuvieron que incluir la promoción y difusión de los derechos humanos, así como de democratización formal, con elecciones. De ahí que la agenda internacional y los informes sobre la situación de los derechos humanos en el país hayan influido en las políticas públicas y en las decisiones de gobierno. No olvidemos que en 1994 se dio la Conferencia de Población y Desarrollo, Cairo, en la que participó el Perú. La necesidad de la preparación del Informe para la Conferencia de la Mujer dio pie a la creación de la Comisión Especial de Derechos de la Mujer en el Ministerio de Justicia, en tanto su presidenta y vice Ministra era también la representante del Perú ante la CIM-OEA y Vice presidenta de la CIM, período en que la Asamblea General de la OEA aprobó la Convención de Belén Do Pará.

Había funcionarias trabajando en la temática, propiciando la participación de la sociedad civil, de los organismos internacionales y ello apuntaló la toma de decisiones políticas de vanguardia y favorables a la imagen del gobierno interna y a la externa del país, como fue la creación, en 1996, de un Ministerio de la Mujer y del Desarrollo Humano, como consecuencia de la necesidad de evidenciar su compromiso con los derechos humanos; del proceso de reforma del Estado peruano, y, de la participación del Perú en las Conferencias Internacionales.

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¿Considera que la publicación de la primera encuesta sobre las preferencias políticas de las mujeres en Lima y el Callao publicada por la Universidad de Lima antes de la Conferencia de Beijing y a la creación del Ministerio fue un elemento político electoral que permitió mostrar la importancia del voto femenino principalmente al gobierno y a las bancadas de minoría?

Ciertamente, los años 1994 y 1995 fueron años electorales y esa información y otras de esa naturaleza fueron de interés y tomadas en cuenta en las estrategias y acciones políticas de los diferentes partidos y agrupaciones políticas para alcanzar o mantenerse en el poder. No olvidemos que en todo discurso político estaba presente el aporte femenino al desarrollo. La participación de la mujer en política no sólo atrae el voto de las mujeres sino también el de los varones y muestra un cambio que en ese momento era reclamado por la población. La inclusión se vio no solo como elemento electoral sino también útil para el desarrollo, pero su peso electoral no permitió que se llegara a una perspectiva de género. Las propias mujeres candidatas utilizan el tema mujer como parte de su estrategia de campaña.

¿Cuáles fueron los principales obstáculos o amenazas contra la creación de dicho Ministerio? ¿Cuáles fueron los (as) principales aliados(a) para lograr su instauración?

Los obstáculos se dieron a nivel de las políticas parlamentarias, las técnicas que trabajaron la reforma del Estado, porque pretendían reducir el tamaño de éste y no crear otro ministerio, menos aún de la mujer. También hubo incomodidad a nivel de los ministros por machismo y por desconocimiento, pero el Presidente de la República trabajó este tema, previamente, sólo con un pequeño entorno y una vez tomada la decisión la comunicó a los ministros y a los técnicos para afinar la normativa. El apoyo a la decisión una vez tomada vino de las ONGs dedicadas a la defensa y promoción de la mujer, de la niñez y los organismos internacionales, así como de algunos líderes de opinión. En general, la prensa tomó el tema por su parte anecdótica y ello motivó simpatías que despejaron la controversia, luego ayudó que no se buscó la confrontación.

¿Cuál fue su experiencia como Ministra respecto a la comunicación con las diferentes bancadas en el Congreso del Perú para lograr insertar una agenda legislativa con perspectiva de género a pesar de existir una coyuntura política polarizada en esa etapa?

En general, las mujeres políticas se unen por una agenda de género. Sin embargo, en este tema un apoyo importante fue recibido de las parlamentarias de oposición y buena parte de las oficialistas. La influencia que se podía ejercer en las decisiones del Presidente de la República en torno al apoyo a la mujer, no así a una perspectiva de género, incluida la agenda legislativa, tuvo un peso importante.

¿Cuál fue el papel de las organizaciones no gubernamentales en la difusión de dicha agenda en el Poder Ejecutivo y Legislativo? Qué mecanismos de comunicación tuvo usted con dichas organizaciones cuando estuvo a la cabeza del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano (PROMUDEH)?

El papel de sensibilización que desarrollan las ONGs siempre es importante y sin duda lo fue en la agenda de promoción de la mujer. Tuve buenos mecanismos de comunicación, me apoyaron cuando se solicitó su participación técnica o cuando se requería de su opinión y liderazgo de opinión. Los mecanismos fueron directos, en reuniones de trabajo, en la elaboración de documentos; sin embargo, con el tiempo la polarización política los debilitó.

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La difusión y exposición de los contenidos de las Convenciones Internacionales a favor de la no discriminación de la mujer a nivel mundial y regional tuvieron un peso específico en la decisión de los legisladores(as) para apoyar la creación de la Comisión de la Mujer en el Congreso del Perú?

La Comisión se creó como consecuencia de la creación del PROMUDEH.

La primera Ley de Cuotas aprobada en 1997 por el Parlamento peruano es considerada como un elemento catalizador para la inserción de una agenda legislativa con perspectiva de género en el Congreso peruano, que tuvo como resultado la aprobación de una importante cantidad de leyes favorables a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Estoy de acuerdo, porque como todo es perfectible y la Ley de Cuotas también, por ejemplo ésta ha unido a las parlamentarias para su modificación y mejora. Y para la aprobación de otras leyes como la Ley de Igualdad de Oportunidades y hay un avance importante en la prevención y represión de la violencia contra la mujer, entre otras. También creo que su trascendencia está estrechamente unida a la creación del Ministerio de la Mujer y de otras instancias que nacieron como consecuencia de la existencia del ministerio, la defensoría ad hoc, la comisión del congreso de la república, por ejemplo. La institucionalidad del ministerio es un hito en la agenda de género.

¿Cuáles considera usted que son los desafíos actuales para la implementación del marco legal existente favorable a los derechos de la mujer?

Creo que hubo un momento de politización mezquina de la existencia del Ministerio de la Mujer, se le cambió el nombre, se vinculó su fortalecimiento a un gobierno, lo que es un error, la agenda desapareció o aparece en época electoral. La acción del ejecutivo debe fortalecerse en materia de género. En los gobiernos descentralizados debe institucionalizarse, debe darse una Ley de Cuotas en los cargos de la Administración Pública; capacitarse a las mujeres que se desempeñen en ellos y a los hombres también. Debiera darse prioridad con programas, proyectos y campañas de sensibilización a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; a su alfabetización; capacitación productiva y defensa en casos de abuso sexual y violencia familiar.

8. Entrevista a Susana Villarán, ex Ministra de la Mujer del Perú, 2000-2001

¿Cuáles fueron los caminos a seguir para que el Ministerio de la Mujer promoviera el cumplimiento de las Convenciones Internacionales?

Había condiciones muy favorables. Una condición de transición a la democracia siempre es una condición política y social muy favorable. Había un equipo humano en el Ministerio para que en escasísimos ocho meses realizara compromisos que no se habían cumplido como la elaboración del Plan Nacional contra la Violencia contra la Mujer y el fortalecimiento de lo que llamamos el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. En esa área creo que fue muy importante el avance para adaptar nuestra legislación a una Convención Hemisférica como la de Belén do Para de la OEA pero también de varias decisiones del Comité de Derechos de la Mujer de la CEDAW.

¿El Decreto de creación del Programa pasó rápido o tuvo dificultades?

Fue un Decreto Supremo. Tuvimos que hacer una reestructuración del Ministerio para poder asignarle recursos mayores a los que tenían entonces Centros de Emergencia Mujer, que entraron a formar parte como uno de los componentes del Programa Nacional creado. Toda esta reestructuración, un Decreto de Urgencia, del tipo de los que no le gustaba dar al Gobierno de Transición por el abuso de esa figura que se

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había hecho en la época de Fujimori para alimentar la corrupción y porque teníamos un Congreso que era el anterior también. Fue muy importante, porque asignar recursos con un presupuesto ya aprobado anteriormente era difícil, y si nos atrevimos a hacerlo. Sí, hubo un compromiso del Gabinete.

¿Hubo un respaldo multi-ministerial?

Sí.

¿Cree que la aprobación de la Ley de Cuotas en 1997 ayudo a impulsar la agenda a favor de la equidad de género?

Yo creo que fue un movimiento progresivo. No quiere decir que no haya retrocesos. Es un proceso que ha tenido avances y retrocesos. Tenemos hoy la cuota histórica en el Congreso pero hay retrocesos serios en el ámbito municipal y regional en las últimas elecciones de noviembre. Independientemente de la posición política de las mujeres. Han habido avances, aunque soy de las personas que consideran que lo importante es la posición de las mujeres políticas que van, aunque el reclamo democrático es que el Congreso sea paritario.

De hecho, ¿solamente una mayor participación de la mujer permite que esté un sector de la población que antes no tenía ese acceso al poder?

Un actor social que estaba en situación de desventaja para su participación política. Eso es.

En cuanto a los desafíos: ¿cuáles son los retos? Mucha gente señala que hay un récord de leyes pero incumplidas. Para ti, ¿es regular, bueno o malo el cumplimiento?

El nivel es malo. Somos países esquizofrénicos, en primer lugar suscribimos y ratificamos todas convenciones en material de derechos humanos y también en el caso de las mujeres y tenemos procesos de adaptación legislativa nacional importantes, y es más, no sólo se reduce a las normas sino también abrimos procesos institucionales importantes que generan expectativas en el campo de protección de los derechos de la mujer tanto en la participación política como en el de prevención y sanción de la violencia contra la mujer, así como en otras áreas que tienen que ver más con los derechos sociales, económicos y culturales. Pero el nivel de cumplimiento es muy malo. Un área crítica es el del acceso a la justicia para las mujeres. Tenemos las normas y a algunos operadores de justicia capacitados pero el nivel de resolución definitiva de casos de violencia contra la mujer que hayan sido resueltos definitivamente, estamos hablando de que casi un 99% jamás llega a tener una sentencia y eso que hay un subregistro muy grande porque todavía subsiste el temor entre las mujeres. El tema de acceso a la justicia en una región en donde además este acceso es en español en una sociedad plurilingüe. Donde las instancias de la justicia, en el caso específico del Perú, están muy lejos de ellos que están más alto y más lejos. Todo eso hace que distintos elementos de que la mujer accede a ella. En el tema de la prevención hay una nula asignación de presupuestos. Por ejemplo, el Programa contra la Violencia Familiar y Sexual que asumió aspectos de la anterior administración como eran los Centros de Emergencia Mujer, a pesar de ser fujimorista. Este programa tuvo un primer aporte a través del Decreto de Urgencia como de 7 a 8 millones de soles (2 a 3 millones de dólares) y luego aumentó, pero después ha ido disminuyendo. Programas que tienen importancia en el discurso pero que no reciben el presupuesto adecuado.

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En el caso del Perú acaban de crear una Gerencia de Protección Social en el Ministerio de la Mujer, han fusionado el Programa contra la violencia con el Programa de Wawa Wasis. Es un concepto de fusión cuestionado por las organizaciones especializadas en el tema y que trabajan con la población afectada.

Pero todo viene de más atrás, como me parece que en la época de la Ministra Blondet, Verónica Zavala fusiona todos los programas de alimentos, los de subsidio como los Comedores como los de carácter nutricional. Fusión planteada por la misma funcionaria, Verónica Zavala, sin un sustento real.

Y ahora el tema de enviar el Programa de Wawa Wasis al INABIF y fusionarlo con el Programa contra la Violencia. Enviarlos al INABIF es una opción ideológica. Juntar Wawa Wasis con Violencia no tiene sentido. El primero tiene que ver con primera infancia, nutrición y estimulación temprana y el segundo con la prevención de violencia y recuperación de las víctimas. Son un retroceso muy serio en material del cumplimiento del Estado en sus obligaciones.

¿Hay una doble situación desconocer el compromiso internacional, y descontinuar decisiones anteriores del Estado sin explicar las razones?

Hacer una lista y mandarlos al fondo. A una institución como INABIF que es donde se tienen que hacerse cargo de niños y niñas en riesgo social que no deberían estar institucionalizados, donde aún falta un cambio de visión al respecto.

¿Cuál debe ser el papel del Congreso en el seguimiento de las leyes que se derivan de las mismas?

El Congreso debe fiscalizar el cumplimiento de las leyes que dan y también hacer seguimiento de cómo se han dado políticas públicas como consecuencias de las normas dadas. Debe haber una Unidad de Investigación y monitoreo de las normas dadas para medir los impactos negativos que se dan por una discriminación de género en el Estado. Y capacitar a los Parlamentarios/as donde muchas veces existe un sesgo de género no solo entre los Parlamentarios sino entre las propias mujeres congresistas.

9. Entrevista a Ana María Yáñez, representante del Movimiento Feminista Manuela Ramos

La Ley de Cuotas y la de Igualdad de Oportunidades representan hitos en el difícil camino para lograr una igualdad de género. Una es del año 1997 y la otra del 2007.

Las cuotas han tenido un cumplimiento exitoso en el Perú. Las cuotas en el sentido numérico. A diez años de la aprobación, ya estamos en un 30% de mujeres en el Parlamento. En todos los espacios regional, local, parlamentario se ha aumentado la presencia de la mujer. Se supone que llegado el punto del mínimo, según las Ciencias Sociales, están sentadas las bases cuantitativas internas para avanzar en el proceso. Ahora el problema que se está presentando es otro. Lo que mucha gente y muchas mujeres se preguntan, es si la presencia de más mujeres en el poder está trayendo o no algún tipo de mejora en las condiciones de vida concretas de las mujeres.

Hay un común denominador en los países de la región que han avanzado en el tema de género y de participación política de la mujer: la tarea multipartidaria.

Las mujeres políticas han sido las promotoras, no los partidos. La sociedad civil siempre ha ido a la vanguardia. Las Ciencias Sociales han avanzado para establecer la categoría de género. Son temas precedentes a la decisión de aprobar la Ley de Cuotas y otras. La sociedad civil lleva adelante el proceso a nivel internacional hasta que se llega a Beijing, donde hay una formalización de esos procesos, pues la ONU adopta la Plataforma. En el caso del Perú, Alberto Fujimori fue el único Presidente presente allí, por ejemplo, ganando el aplauso de todas las feministas. Se logran compromisos de los Estados. Se da una

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apertura desde el Estado hacia las expectativas de las mujeres. Numéricamente se ha avanzado: se ha cuadruplicado la presencia de mujeres en el Estado en cargos elegidos.

Las alianzas intergrupales, ¿han jugado un papel?

Sí, en el tema de la violencia familiar, en el de cuotas, en cambios del Código Penal. Con muchas confrontaciones de hombres contra mujeres. Las alianzas han sido horizontales entre mujeres de distintos partidos. Alianzas verticales de la ciudadanía y el Congreso. La pregunta es para qué nos sirve todo esto a las mujeres, si siguen siendo marginadas, excluidas. En el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) costó “Dios y su ayuda” incluir el tema de las violaciones sexuales. Los mismos comisionados no estaban convencidos de hacerlo. Es que siempre se ha pensado que son efectos colaterales de una guerra. Por ejemplo, en Nuremberg no hay una sola mención a las mujeres. Los primeros informes incluyendo a las mujeres fueron de Kosovo.

Hay un récord de leyes a favor de la mujer. Del 1 al 10, ¿qué puntaje le pones al cumplimiento?

Es que en algunas cosas se está cumpliendo. Los servicios de salud del Estado están aplicando el concepto de interculturalidad en el parto. Interculturalidad y género están relacionados. Y que esta relación sea atendida y entendida por el Estado ahora, es el resultado de 10 años de trabajo desde la sociedad civil en el caso nuestro, de Manuela Ramos. Es parte del programa que creamos, REPROSALUD. Par mí, la mejor estrategia de vigilancia sería ir más lento en cuanto al número de leyes que se aprueban. ¿Qué pasa?, cuando enfrentamos a las sociedades machistas y patriarcales que mutilan a las mujeres y su desarrollo, en distintos ámbitos, enfrentamos varias esferas: La formal, con las normas, pero también tiene roles y conductas. Nosotros hemos tocado el componente formal, el aparato legal de este aparato de dominación.

El caso de la expulsión de una cadete de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional por estar embarazada, ¿ha demostrado que todas las leyes a su favor no han servido de nada?

El caso muestra una gran ineficacia de las leyes. Lo ocurrido es violatorio de sus derechos a todas luces, antes se han dado casos ya similares en el Ejército. Y otros casos de mujeres que sabemos que van fajadas al trabajo para ocultar su embarazo. La prensa española informa que el 90% de mujeres embarazadas sufren algún tipo de acoso.

Con ese récord de leyes a favor de la mujer se necesita una fiscalización muy fuerte para su cumplimiento. ¿Ese también es un desafío?

En el caso de violencia ahora tenemos una gran cantidad de mujeres que denuncian, pero también ha aumentado el número de mujeres muertas en manos de sus maridos y un porcentaje bien alto de las mujeres muertas fueron denunciantes. Es el temor de los hombres afectados por los cambios modernos, la resistencia feroz a perder el status de privilegios y de sometimiento de la mujer. Estamos preocupadas por el femicidio a consecuencia de que las mujeres amparándose en las leyes denuncian a sus agresores. Hay que revisar esta situación. Debe haber una gran inversión del Estado en la creación de Casas de Refugio.

El tema del Presupuesto Nacional y el financiamiento de las leyes.

Se requiere la inversión del Estado y la capacitación de los funcionarios y funcionarias que aplican las leyes. Una cultura nueva para acompañar las nuevas normas. Deben de formarse comisiones paritarias entre la sociedad civil y el Congreso para vigilar el cumplimiento de las leyes de igualdad de género. Un desafío es el de lograr la implementación de las leyes .Hay ahora indicadores presupuestales muy importantes que se han integrado en JUNTOS (Programa de Transferencias Directas). Para que los Municipios y los Gobiernos Regionales los incluyan. Estos indicadores son sobre calidad de leyes que

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incluyen el tema del registro de identidad. Por ejemplo, el caso del certificado del nacido vivo, pues 60% de las mujeres en el campo dan a luz en su casa. La ex Ministra de Salud empezó a enviar brigadas itinerantes a los hogares.

Hay que frenar por un período el flujo legislativo y hacer de la Comisión de la Mujer del Congreso una instancia de fiscalización del cumplimiento de las normas aprobadas.

Insisto en que se hagan comisiones paritarias, pues nosotras las organizaciones defensoras de los derechos humanos de la mujer tenemos información importante de lo que ocurre en la sociedad y en los servicios estatales. Tenemos el contacto cotidiano con las mujeres. Daríamos informes periódicos de lo que viene ocurriendo. Yo tengo miedo de que las luchas de las mujeres se desgasten como la democracia, ahora que la gente dice que la democracia no le sirve sino le da de comer. Y como consecuencia se entregan a un tirano. Ante los fracasos de la democracia, el mantenimiento de la exclusión y la pobreza eso ocurre. Hay que evitar que pase con las mujeres.

¿Y cuánto influye una mujer en la Presidencia del Congreso peruano para lograr leyes favorables como la de Igualdad de Oportunidades?

Bastante. Porque la Presidenta maneja la agenda parlamentaria. En el caso de la Presidenta actual, ella tiene mucho manejo político y experiencia parlamentaria.

Una estrategia a considerar sería impulsar que las Mesas Directivas del Congreso tengan Mujeres.

Sí, esa sería una buena estrategia. Mujeres con perspectiva de género y capacidad negociadora a la vez.

En el Congreso pasado hubo parlamentarias contrarias a la perspectiva de género y otras que no tenían la información al respecto. Además un grupo de parlamentarios, hombres y mujeres, ligados al Opus Dei, influyeron en dar una imagen de la ley que no era la real.

Nadie ha dicho que las Cuotas son para asegurar la elección sólo de mujeres progresistas con perspectiva de género. Sí es importante que sean mujeres modernas o conservadoras. En el ejercicio del poder hemos visto muchas mujeres conservadoras con cierta apertura al tema y que son inteligentes para poder hacerlo. Beatriz Merino, que venía del mundo empresarial, es un caso, y Lourdes Flores también. Se dieron cuenta de que la discriminación de la mujer no es individual. Hasta Martha Chávez, ex Congresista de la bancada de Alberto Fujimori y la primera Presidenta mujer del Congreso, tuvo expresiones progresistas. En el caso de la ley que borró todos los derechos laborales de las mujeres, ella presentó un proyecto para restituir esos derechos.

Hay mujeres en el poder que no creen en las cuotas porque ellas llegaron sin esa ayuda.

Hay algunas mujeres en posiciones de poder, que llegan a esos puestos y creen que el resto de las mujeres no lo hacen porque se dejan discriminar, y no se dan cuenta de que el tema no es individual, sino estructural.

¿Cómo hacer para que la siguiente generación continúe con los esfuerzos hechos?

Hay que buscar el recambio. Hay mayor cobertura educativa para la mujer, en especial en la universidad. Lo hemos visto en unos círculos inter partidarios que promovimos en un proyecto financiado por el PROLID. Creemos que los dirigentes se están preocupando poco a poco de capacitar a sus mujeres militantes y necesariamente deben capacitar a las mujeres dirigentes. Para mejorar la representación sin recurrir todo el tiempo a invitar a mujeres ajenas al partido. Es el caso del Humalismo en el Perú: ellos invitaron a la lista parlamentaria a mujeres líderes locales y 15 salieron elegidas. Frente a eso otros

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partidos se han dado cuenta de la importancia de apoyar a las mujeres en su desempeño público y promover liderazgos propios.

Sectores como Salud y Educación, si no tienen una ministra mujer al mando deben tener una unidad específica que haga el seguimiento del financiamiento y cumplimiento de las políticas y normas con enfoque de género.

Así es. Está bien la transversalización, pero deben seleccionarse a personas ejecutoras y comprometidas en cada Ministerio con estos temas. Meche Cabanillas tuvo una idea: la del Observatorio de Género, que nosotros ya la estamos trabajando, pero que sea supra ministerial para que le informe al Presidente. Que dependa de la Presidencia de la República.

¿Es un Observatorio que no dependería del Ministerio de la Mujer?

No, allí no estaría.

Porque una de las tareas del Ministerio es justamente lograr la ejecución de estos temas.

Pero no puede. Si el Ministerio de la Mujer le indica al Ministerio de Educación, por ejemplo, que no está cumpliendo con una norma con enfoque de género, este último puede no hacerle caso, aprovechando que es su par. Por eso tiene que haber una supra ministerial que le dará los ingredientes al Presidente para que el fuerce la ejecución. Está la idea dada, y Mercedes Cabanillas la dio en una reunión con el Presidente y a él le pareció interesante. Nosotros la estamos trabajando como proyecto para que la Presidenta del Congreso (2006-2007) la presente al Presidente.

Un Observatorio como el planteado tendría que haber objetado el caso de la cadete de la policía sancionada por estar embarazada y de corregir al Ministro del Interior.

Por supuesto. Allí le hubieran preparado una iniciativa legal de carácter urgente al Presidente para que la enviara al Congreso en el tema y se apruebe una norma legal que derogue cualquier reglamento discriminatorio contra la mujer. Un observatorio que dé cuenta de estas cosas y que haga una fiscalización del cumplimiento de los indicadores presupuestales. Estamos desarrollando en Manuela Ramos los indicadores presupuestales con perspectiva de género. Por ejemplo, el indicador sobre documentos de identidad: obviamente debes tener metas más altas en el caso de las mujeres que de los hombres, pues ellas tienen ese problema en su mayoría. Así acortas las brechas de género entre hombres y mujeres.

Como conclusión: se ha avanzado en el Estado formal, pero la sociedad real, ¿qué se necesita del Estado?

Que se legitimen estos avances. Que el aparato administrativo del Estado funcione e invierta en las políticas de igualdad de género. Hoy que se habla de la ciudadanía económica, entonces para que las mujeres la tengan hay que trabajar contra la exclusión. Aquí en el Perú hace muy poco el Programa de Titulación de Tierras (PET) del Estado tenia paralizados cincuenta mil expedientes por que las dueñas o copropietarias de los terrenos no tenían documentos de identidad.

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ANEXO 5

Votación parlamentaria por género para 66 de las 84 leyes con enfoque de género aprobadas entre 1997 y 2007

Congresistas Mujeres Congresistas Hombres

Nro. de Ley

Tota

l co

ngr

esi

stas

Vo

taro

n a

fav

or

Vo

taro

n e

n c

on

tra

Se a

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uvi

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res

po

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n

Au

sen

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Co

n li

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cia

Susp

end

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Co

ngr

esi

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Mu

jer

Pre

sid

e

Vo

taro

n a

fav

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Vo

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n e

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tra

Se a

bst

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po

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Co

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cia

Susp

end

ido

s

Co

ngr

esi

sta

ho

mb

re

pre

sid

e

Tota

l Ho

mrb

res

y M

uje

res

1 Ley 26981 13 10 0 0 0 3 0 0 0 53 4 5 1 35 7 1 1 120

2 Ley 27007 13 6 0 0 0 4 3 0 0 70 0 0 3 30 2 1 1 120

3 Ley 27016 13 5 0 0 1 6 0 0 1 57 0 2 2 45 0 1 0 120

4 Ley 27024 13 8 0 0 0 5 0 0 0 57 2 4 1 41 0 1 1 120

5 Ley 27048 13 9 0 0 0 4 0 0 0 45 6 7 0 47 0 1 1 120

6 Ley 27049: precisa el derecho

de los

ciudadanos(as) a

no ser

discriminados(as)

en el consumo.

13 12 0 0 0 1 0 0 0 62 1 1 0 41 1 1 1 120

7 Ley 27185: declara nulo el

despido por

embarazo.

13 9 0 0 0 1 2 0 1 74 0 1 0 22 8 2 0 120

8 Ley 27201: establece el

reconocimiento

del hijo/a

extramatrimonial.

13 7 0 1 0 2 2 0 1 56 0 6 1 32 10 2 0 120

79

Congresistas Mujeres Congresistas Hombres

Nro. de Ley

Tota

l co

ngr

esi

stas

Vo

taro

n a

fav

or

Vo

taro

n e

n c

on

tra

Se a

bst

uvi

ero

n

No

res

po

nd

iero

n

Au

sen

tes

Co

n li

cen

cia

Susp

end

idas

Co

ngr

esi

sta

Mu

jer

Pre

sid

e

Vo

taro

n a

fav

or

Vo

taro

n e

n c

on

tra

Se a

bst

uvi

ero

n

No

res

po

nd

iero

n

Au

sen

tes

Co

n li

cen

cia

Susp

end

ido

s

Co

ngr

esi

sta

ho

mb

re

pre

sid

e

Tota

l Ho

mrb

res

y M

uje

res

9 Ley 27240: otorga permiso

por lactancia

materna.

13 8 0 0 0 3 1 0 1 63 0 0 0 41 1 2 0 120

10 Ley 27270 13 6 0 0 1 3 2 0 0 63 2 4 8 25 3 2 1 120

11 Ley 27306: modifica Texto

Único Ordenado

de la Ley sobre

Violencia Familiar.

13 9 0 0 0 2 1 0 1 57 0 0 2 37 9 2 0 120

12 Ley 27337: aprueba el Nuevo

Código de los

Niños y

Adolescentes.

13 9 0 0 0 3 0 0 1 62 0 6 0 24 13 2 0 120

13i Ley 27398: modifica diversos

artículos de la Ley

de Conciliación

26 12 0 0 1 12 1 0 0 39 0 1 1 45 5 2 1 120

14 Ley 27402 26 17 0 0 0 7 2 0 0 38 0 0 2 46 5 2 1 120

15 Ley 27403 26 16 0 0 1 7 2 0 0 47 0 0 0 40 4 2 1 120

16 Ley 27408 26 17 0 0 1 6 2 0 0 42 0 0 5 41 3 2 1 120

17 Ley 27409 26 17 0 0 2 5 1 0 0 50 0 2 2 34 4 2 1 120

18 Ley 27450 26 17 0 0 0 4 2 0 0 51 2 2 2 23 14 2 1 120

19 Ley 27459 26 19 0 0 0 6 1 0 0 55 0 0 4 19 13 2 1 120

80

Congresistas Mujeres Congresistas Hombres

Nro. de Ley

Tota

l co

ngr

esi

stas

Vo

taro

n a

fav

or

Vo

taro

n e

n c

on

tra

Se a

bst

uvi

ero

n

No

res

po

nd

iero

n

Au

sen

tes

Co

n li

cen

cia

Susp

end

idas

Co

ngr

esi

sta

Mu

jer

Pre

sid

e

Vo

taro

n a

fav

or

Vo

taro

n e

n c

on

tra

Se a

bst

uvi

ero

n

No

res

po

nd

iero

n

Au

sen

tes

Co

n li

cen

cia

Susp

end

ido

s

Co

ngr

esi

sta

ho

mb

re

pre

sid

e

Tota

l Ho

mrb

res

y M

uje

res

20 Ley 27473 26 15 0 0 1 5 5 0 0 52 0 3 6 22 8 2 1 120

21 Ley 27480 26 14 0 1 1 6 4 0 0 58 0 1 2 23 7 2 1 120

22 Ley 27495 26 12 5 1 2 4 2 0 0 41 18 1 5 17 9 2 1 120

23 Ley 27571 22 16 0 0 0 4 2 0 0 72 3 0 1 16 5 0 1 120

24 Ley 27591 22 17 0 0 0 2 3 0 0 65 0 0 2 18 12 0 1 120

25 Ley 27604 22 13 0 0 0 6 3 0 0 49 0 1 3 35 9 0 1 120

26 Ley 27606 22 17 0 0 1 3 2 0 0 60 0 1 5 23 7 0 1 120

27 Ley 27637 22 11 0 4 0 5 2 0 0 54 0 5 2 30 6 0 1 120

28 Ley 27646 22 9 0 0 0 7 6 0 0 41 0 3 3 36 14 0 1 120

29 Ley 27541 22 16 0 0 0 4 2 0 0 72 3 0 1 16 5 0 1 120

30 Ley 27558 22 16 0 0 0 1 5 0 0 67 0 0 5 18 7 0 1 120

31 Ley 27660 22 15 0 0 0 4 3 0 0 60 1 0 3 30 3 0 1 120

32 Ley 27680 22 14 0 0 0 5 3 0 0 77 0 9 0 8 3 0 1 120

33 Ley 27683 22 18 0 0 0 3 1 0 0 77 0 2 0 15 3 0 1 120

34 Ley 27712 22 11 0 0 0 7 4 0 0 66 0 2 1 22 6 0 1 120

35 Ley 27716 22 8 2 0 0 9 3 0 0 44 9 3 2 26 12 1 1 120

36 Ley 27731 22 16 0 0 0 3 3 0 0 73 0 1 5 9 8 1 1 120

37 Ley 27734 22 8 5 2 1 4 2 0 0 45 25 8 2 12 4 1 1 120

38 Ley 27741 22 16 0 0 0 4 2 0 0 67 0 0 5 17 7 1 1 120

39 Ley 27853 22 8 0 0 7 3 3 1 0 42 1 10 14 16 13 1 1 120

81

Congresistas Mujeres Congresistas Hombres

Nro. de Ley

Tota

l co

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stas

Vo

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Tota

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40ii Ley 27867 22 16 0 1 0 1 3 1 0 64 0 2 2 15 13 1 1 120

41 Ley 27896 22 16 0 1 0 2 2 1 0 60 5 10 3 10 8 1 1 120

42 Ley 27911 22 7 0 0 2 8 4 1 0 59 0 0 5 29 3 1 1 120

43 Ley 27982 22 17 0 0 0 3 1 1 0 56 1 1 2 12 24 1 1 120

44iii

Ley 28044 22 14 0 2 1 1 3 1 0 55 7 6 4 6 18 1 1 120

45iv

Ley 28094 22 18 0 1 0 1 1 1 0 51 1 10 8 6 20 1 1 120

46 Ley 28179 22 19 0 0 2 0 0 1 0 70 0 0 5 12 9 1 1 120

47 Ley 28236 22 15 0 0 0 5 1 1 0 57 0 0 3 14 22 1 1 120

48 Ley 28237 22 13 0 0 0 6 2 1 0 61 0 1 1 13 20 1 1 120

49 Ley 28239 22 18 0 0 0 3 0 1 0 80 0 2 5 7 2 1 1 120

50 Ley 28243 22 14 0 0 1 6 0 1 0 76 0 4 2 12 2 1 1 120

51 Ley 28251 22 11 0 2 1 1 6 1 0 44 14 9 4 7 17 2 1 120

52 Ley 28316 22 19 0 0 0 1 1 1 0 75 0 0 1 10 10 1 1 120

53 Ley 28360 22 14 3 1 0 0 3 1 0 31 20 10 3 11 21 1 1 120

54 Ley 28384 22 9 5 2 0 1 4 1 0 46 9 9 5 7 19 2 1 120

55 Ley 28439 22 12 0 0 1 5 3 1 0 53 0 1 0 20 20 2 1 119

56 Ley 28494 22 14 0 1 3 1 1 1 1 57 0 2 1 13 23 2 0 120

57 Ley 28540 22 9 5 4 0 2 1 1 0 37 15 16 4 6 17 2 1 120

82

Congresistas Mujeres Congresistas Hombres

Nro. de Ley

Tota

l co

ngr

esi

stas

Vo

taro

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n e

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Co

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ho

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e

Tota

l Ho

mrb

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58 Ley 28457 22 16 0 0 1 2 2 1 0 73 0 0 0 8 13 3 1 120

59v Ley 28704 22 11 0 1 1 5 4 0 0 34 0 10 4 27 20 2 1 120

60 Ley 28542 22 6 0 5 0 4 6 1 0 47 0 13 2 16 18 1 1 120

61 Ley 28720 22 11 0 0 2 5 4 0 0 22 10 11 2 30 20 2 1 120

62 Ley 28731 23 10 0 0 0 5 8 0 0 53 1 0 4 20 16 2 1 120

63 Ley 28735 23 10 0 0 2 4 7 0 0 57 0 0 3 18 16 2 1 120

64 Ley 28867 23 11 1 4 0 5 2 0 0 46 1 1 7 17 22 2 1 120

65 Ley 28950 35 17 0 0 0 11 5 0 1 52 0 0 0 18 16 0 0 120

66 Ley 28993 35 13 8 3 0 7 3 0 1 39 15 10 0 11 10 0 0 120

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Congreso de la República del Perú.

i 10 de enero de 2001. ii Se votó por partes, se ha considerado la votación del artículo 6, ejercicio de igualdad de oportunidades.

iii Se votó por partes, se ha considerado la votación Titulo II.

iv Fue votado por partes, se ha considerado, el artículo 26, cuotas.

v Se votó artículo por artículo, se ha puesto la votación más representativa.