1.-) En virtud de lo establecido en la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat

Valenciana, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, de entre los

siguientes miembros, ¿quién no formará parte del Consell Interdepartamental de

Retribuciones?

A. La o el titular de la secretaría autonómica competente en materia de presupuestos y gastos o, en caso de inexistencia, del órgano designado por la Consellera o Conseller con competencias en la citada materia. B. La o el titular de la secretaría autonómica competente en materia de función pública o, en caso de inexistencia, del órgano designado por la Consellera o Conseller con competencias en la citada materia. C. La o el Conseller titular de la Conselleria responsable en materia de función pública. D. Seis vocales designados a partes iguales por las Consellerías con competencias en materia de función pública y de presupuestos y gastos, entre las funcionarias y funcionarios de carrera del subgrupo profesional A1 pertenecientes a dichos departamentos. 2.-) En virtud de lo establecido en la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat

Valenciana, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, de entre los

siguientes miembros, ¿quién no formará parte del Consell Asesor de la función pública

valenciana? A. El titular de la Abogacía General de la Generalitat. B. Un representante de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. C. El titular de la Dirección General competente en materia de personal docente de la Generalitat. D. El titular de la Secretaría Autonómica competente en materia de Administración Local. 3.-) Según establece el artículo 46 de la Ley 10/2010, de 9 de Julio, de la Generalitat

Valenciana, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, en el ámbito de la

administración de la Generalitat Valenciana, la ejecución de la Oferta de Empleo Público

deberá desarrollarse en el plazo improrrogable de: A. Un año B. Dos años C. Tres años D. Cuatro años 4.-) En cuanto a la regulación establecida en la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat

Valenciana, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, sobre los

Directivos Públicos Profesionales, señale, de entre las siguientes respuestas, la que

considere errónea: A. Las y los titulares de las Consellerias, organismos autónomos y entes públicos de la administración de la Generalitat podrán nombrar, previa autorización por acuerdo del Consell, y por período máximo improrrogable de dos años, personal directivo público profesional para la puesta en marcha de proyectos, planes o programas concretos de duración determinada.

B. La designación de la persona candidata atenderá a los principios de mérito y capacidad, así como a su idoneidad y experiencia profesionales en relación con las competencias, los cometidos y las funciones que tienen asignadas las administraciones públicas y la planificación y prestación del servicio público y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. C. Las retribuciones del personal directivo, que serán determinadas por el Consell, estarán integradas por dos porcentajes, uno del 60 % con carácter fijo, y otro del 40 % que tendrá carácter variable y estará vinculado a la consecución de los objetivos previamente establecidos para su gestión. D. El personal funcionario de carrera que sea designado personal directivo público profesional será declarado en la situación administrativa de servicios especiales. El personal laboral fijo será declarado en la situación administrativa que corresponda según el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo de aplicación. 5.-) Tendrán la condición de retribuciones diferidas, según establece la Ley 10/2010, de 9

de julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación y Gestión de la Función Pública

Valenciana: A. Las cantidades destinadas a financiar planes de pensiones. B. Las cantidades destinadas a financiar contratos de seguros. C. Ambas respuestas son correctas. D. Ambas respuestas son erróneas. 6.-) En cuanto al disfrute del período vacacional, la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la

Generalitat Valenciana, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana,

establece en su artículo 71: A. El personal funcionario tendrá derecho a disfrutar durante cada año natural de unas vacaciones retribuidas de, como mínimo, 30 días naturales. B. Se considerarán días inhábiles los sábados y domingos. C. Al cumplir los quince años de servicio, se tendrá derecho a un día hábil más de vacaciones. D. Todas las respuestas anteriores son erróneas. 7.-) Según establece la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat Valenciana, de

Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, en el ámbito de las entidades

locales, la competencia para la declaración de compatibilidad corresponderá: A. Al Pleno de la Corporación, en todo caso. B. Al Pleno de la Corporación o Junta de Gobierno Local, para los municipios de gran población. C. A la Junta de Gobierno Local, en todo caso. D. Al Alcalde o Concejal en quien delegue. 8.-) En cuanto al régimen de la figura de la Comisión de Servicios, la Ley 10/2010, de 9 de

julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación y Gestión de la Función Pública

Valenciana, establece que: A. La Comisión de Servicios es una forma de provisión definitiva de puestos de trabajo. B. La Comisión de Servicios procede cuando el puesto quede desierto en la correspondiente convocatoria o se encuentre pendiente de su provisión definitiva, o cuando el puesto de trabajo esté sujeto a reserva por imperativo legal.

C. Se podrá permanecer más de dos años en Comisión de Servicios, si las Administraciones Públicas así lo acuerdan mediante acuerdo expreso. D. Si la forma de provisión del puesto es “libre designación”, no se podrá permanecer en Comisión de Servicios más de seis meses, salvo impedimento legal que impida su convocatoria pública. 9.-) Según establece el artículo 110.4 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat

Valenciana, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, la Comisión de

Servicios Forzosa: A. Tendrá una duración máxima de seis meses. B. Tendrá una duración máxima de un año. C. Tendrá una duración máxima de dos años. D. No tendrá una duración máxima establecida. 10.-) Sobre la figura de la “adscripción temporal” se pronuncia la Ley 10/2010, de 9 de

julio, de la Generalitat Valenciana, en su artículo 112, manifestando que se podrá

adscribir temporalmente a funcionarios que no ocupen puestos singularizados a unidades

orgánicas distintas por el plazo máximo de un año, prorrogable por otro más, para el

desempeño de funciones propias del cuerpo al que pertenece: A. Por necesidades urgentes e inaplazables en el Servicio Público. B. Por decisión motivada del órgano competente. C. Por necesidades de adecuada prestación del Servicio Público. D. Por todas las causas señaladas con anterioridad. 11.-) De entre las siguientes, ¿cuál se considera “falta grave” de las recogidas en el artículo

142 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación y Gestión

de la Ley de Función Pública Valenciana? A. El abuso de autoridad en el ejercicio de su cargo. B. El acoso laboral. C. La realización, dentro de la jornada laboral, de manera reiterada, de otro tipo de actividades personales o profesionales. D. El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes a su cuerpo, agrupación profesional funcionarial o escala, o de aquellas que le hubieran sido encomendadas. 12.-) En cuanto a la prescripción de infracciones y sanciones que establece la Ley 10/2010,

de 9 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación y Gestión de la Ley de Función

Pública Valenciana, señale la respuesta correcta:

A. Las infracciones graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años, y las impuestas por faltas leves al año. B.Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años, y las impuestas por faltas leves a los seis meses. Las infracciones por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años, y las leves al año. C. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los seis años, las impuestas por faltas graves a los dos años, y las impuestas por faltas leves a los seis meses. Las infracciones por faltas muy graves prescribirán a los seis años, las graves a los dos años, y las leves al año.

D.Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 13.-) En virtud de lo establecido en la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat

Valenciana, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, en su artículo 1º, ¿cuál de los

siguientes organismos no tiene consideración de Entidad Local de la Comunidad

Valenciana?

A. Un Consorcio de Municipios. B. Una Comarca. C. Una Mancomunidad de Municipios. D. Un Área Metropolitana. 14.-) Según establece el artículo 6 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat

Valenciana, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, tendrán carácter preceptivo,

para el procedimiento de deslinde de términos municipales, los informes emitidos por:

A. La Conselleria competente en materia de territorio; y la Diputación o Diputaciones Provinciales afectas. B. La Diputación Provincial correspondiente; y el Consell Jurídic Consultiu. C. El Consell Jurídic Consultiu; y del Ayuntamiento correspondiente. D. La Diputación Provincial y el Ayuntamiento correspondientes. 15.-) Son operaciones de naturaleza técnica, que tienen por objeto plasmar o verificar

sobre el terreno el trazado de la línea límite de los términos municipales, y a través de las

cuales no se podrá introducir ninguna modificación de dichos límites, según establece la

Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat Valenciana, de Régimen Local de la

Comunidad Valenciana: A. El deslinde y el jalonamiento. B. El replanteo. C. El replanteo y el amojonamiento. D. El amojonamiento y el jalonamiento. 16.-) La creación de un municipio por la segregación de parte del territorio de otro u otros

deberá cumplir una serie de condiciones establecidas en la Ley 8/2010, de 23 de junio, de

la Generalitat Valenciana, entre las que no se encuentra: A. Contar, los municipios resultantes, con los recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales. B. Que los núcleos de población estén serparados por una distancia mínima de 3000 metros de suelo no urbanizable en el momento de iniciarse el procedimiento. C. Que los principales núcles de población de los municipios resultantes se encuentren a una distancia superior a 3000 metros en linea recta o existan obstáculos naturales o artificales que contribuyan a su aislamiento respectivo. D. Tener, los municipios resultantes, territorio y población suficiente para asegurar su viabilidad a largo plazo. En todo caso, ambos municipios habrán de contar con una población superior a 2.000 habitantes y se deberá acreditar que en ambos no se registra una tendencia a la disminución de la población.

17.-) Según establece la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat Valenciana, de

Régimen Local de la Comunidad Valenciana, en su artículo 11, la supresión de un

municipio deberá ser aprobada por: A. Mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. B. Mayoría simple del número legal de miembros de la Corporación. C. Mayoría cualificada de tres quintos del número legal de miembros de la Corporación. D. Mayoría cualificada de dos tercios del número legal de miembros de la Corporación. 18.-) Según establece el artículo 14 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat

Valenciana, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, tendrán carácter preceptivo

y previo, para el procedimiento de alteración de términos municipales, los informes

emitidos por los siguientes Organismos: A. Consell Técnic de Delimitació Territorial; Diputación Provincial correspondiente; y dictamen del Consell Jurídic Consultiu. B. Conselleria competente en materia de territorio; Diputación Provincial correspondiente; y Consell Jurídic Consultiu. C. Consell Técnic de Delimitación Territorial; y Consell Jurídic Consultiu. D. Conselleria competente en materia de territorio; y Consell Técnic de Delimitació Territorial. 19.-) Según establece la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat Valenciana, la

resolución que resuelva los expedientes de alteración de términos municipales revestirá

forma de:

A. Decreto del Presidente de la Generalitat. B. Decreto del Consell. C. Resolución de la Conselleria de Territorio. D. Orden de la Conselleria de Territorio. 20.-) La Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat Valenciana, fomenta claramente una

forma de creación de municipios, creando a tal efecto incluso un fondo o dotación

destinada a acciones directas de fomento y a la concesión de ayudas para una mejor

prestación de servicio de los municipios resultantes. Dicha forma es:

A. La segregación de municipios limítrofes. B. La fusión de municipios. C. Las incorporaciones de municipios. D. Las respuestas B) y C) son correctas. 21.-) Tal y como dispone la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat Valenciana, será

obligatoria la existencia de un Reglamento Orgánico Municipal en el que se regule la

organización y funcionamiento del Ayuntamiento en los municipios:

A. De más de 100.000 habitantes. B. De más de 50.000 habitantes. C. De más de 20.000 habitantes. D. De más de 5.000 habitantes.

22.-) Según establece la normativa de régimen local aplicable a la Comunidad Valenciana,

el Defensor o Defensora del Vecino, que será el encargado de supervisar la actividad de la

Administración municipal, será designado por: A. El Pleno. B. El Consejo Social del municipio. C. Ambas respuestas son correctas. D. Ambas respuestas son incorrectas. 23.-) En cuanto a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, según establece la

Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat Valenciana, estará compuesta por: A. Representantes de todos los grupos que integren el Pleno. B. Representantes de todos los grupos que integren el Pleno y de las organizaciones vecinales más representativas. C. El Alcalde, y un número de Concejales no superior a la cuarta parte del número legal de miembros de la Corporación. D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 24.-) En virtud de lo dispuesto en la normativa aplicable sobre el Consejo Territorial de

Participación, señale la respuesta correcta:

A. Existirá en los municipios en los que existan núcleos de población distintos del principal que agrupen a más del veinte por ciento de la población municipal, de forma preceptiva. B. Existirá en los municipios en los que existan núcleos de población distintos del principal que agrupen a más del treinta por ciento de la población municipal, de forma preceptiva. C. Existirá en los municipios en los que existan núcleos de población distintos del principal que agrupen a más del cuarenta por ciento de la población municipal, de forma preceptiva. D. Existirá en los municipios en los que existan núcleos de población distintos del principal que agrupen a más del cincuenta por ciento de la población municipal, de forma preceptiva. 25.-) En cuanto al régimen de las Comisiones municipales que tengan por objeto el estudio,

informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así

como el seguimiento de la gestión del alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales

que ostenten delegaciones: A. Es facultativo para la Corporación el respetar o no las mayorías existentes en el Pleno Municipal. B. Se puede utilizar el sistema de voto ponderado. C. Tendrán carácter preceptivo en los Ayuntamientos de más de 2.000 habitantes. D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 26.-) ¿En qué municipios se podrá crear un Consejo Social, según establece la normativa

de régimen local aplicable a la Comunidad Valenciana? A. En los municipios de más de 2.000 habitantes. B. En los municipios de más de 5.000 habitantes. C. En los municipios de mas de 10.000 habitantes. D. En cualquier municipio.

27.-) La seguridad pública, según establece el artículo 34 de la Ley 8/2010, de 23 de junio,

de la Generalitat Valenciana, es competencia mínima:

A. Para todos los municipios. B. Para los municipios de más de 5.000 habitantes. C. Para los municipios de más de 20.000 habitantes. D. Para los municipios de más de 50.000 habitantes. 28.-) Según establece la normativa aplicable de régimen local en la Comunidad

Valenciana, la información y asesoramiento en materia de consumo es competencia

mínima exigible a los municipios: A. Para todos los municipios. B. Para los municipios de más de 5.000 habitantes. C. Para los municipios de más de 10.000 habitantes. D. Para los municipios de más de 20.000 habitantes. 29.-) La dispensa de la obligación de prestar los servicios mínimos, según la normativa

vigente en materia de régimen local: A. Podrá tener carácter continuado. B. Tendrá carácter provisional, en todo caso. C. Podrá tener carácter continuado o provisional. D. En la actual normativa de régimen local aplicable ya no se reconoce, al contrario que con la legislación anterior, en la que sí se reconocía esta figura. 30.-) El régimen especial de gestión compartida establecido en la normativa de régimen

local aplicable a la Comunidad Valenciana, podrá aplicarse: A. A los municipios con población inferior a 500 habitantes. B. A los municipios con población inferior a los 250 habitantes. C. A los municipios con población inferior a 500 habitantes en los que la evolución demográfica sea negativa de forma persistente. D. A los municipios con población inferior a 250 habitantes en los que la evolución demográfica sea negativa de forma persistente. 31.-) La “Cumbre de cohesión territorial entre la Generalitat Valenciana y las

Diputaciones Provinciales de Alicante, Castellón y Valenciana, se realizará: A. Con periodicidad mensual. B. Con periodicidad trimestral. C. Con periodicidad semestral. D. Con periodicidad anual. 32.-) De entre las siguientes, señale la respuesta correcta: A. De conformidad con lo dispuesto en el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, corresponde a Les Corts, mediante ley aprobada por mayoría absoluta, la determinación de la división comarcal, en el marco de la legislación del Estado y después de ser consultadas las entidades afectadas.

B. De conformidad con lo dispuesto en el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, corresponde a Les Corts, mediante ley aprobada por mayoría de tres quintos, la determinación de la división comarcal, en el marco de la legislación del Estado y después de ser consultadas las entidades afectadas. C. De conformidad con lo dispuesto en el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, corresponde a Les Corts, mediante ley aprobada por mayoría simple, la determinación de la división comarcal, en el marco de la legislación del Estado y después de ser consultadas las entidades afectadas. D. De conformidad con lo dispuesto en el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, corresponde a Les Corts, mediante ley aprobada por mayoría de dos tercios, la determinación de la división comarcal, en el marco de la legislación del Estado y después de ser consultadas las entidades afectadas.

33.-) En cuanto a las Entidades Locales Menores en la Comunidad Valenciana, señale la

respuesta correcta de entre las siguientes opciones: A. Las competencias que podrán ostentar las entidades locales menores serán propias, compartidas o delegadas, limitadas en todo caso a su ámbito territorial. B. Podrán constituirse en entidad local menor aquellos núcleos de población que pertenecientes a un municipio, ostenten o no la capitalidad del mismo. C. En ningún caso una entidad local menor podrá pertenecer a más de un municipio. D. Las entidades locales menores tendrán la consideración de entidad local y disfrutarán de personalidad pero no de capacidad jurídica plena para el ejercicio de sus competencias. 34.-) De entre las siguientes, en virtud de lo establecido en el artículo 57 de la Ley 8/2010,

de 23 de junio, de la Generalitat Valenciana, señale qué competencia será propia de una

entidad local menor: A. Turismo B. Alcantarillado público. C. Ordenación del tráfico en las vías interurbanas dentro de su término municipal. D. Biblioteca Pública. 35.-) La población mínima que debe poseer un núcleo de población para crearse como

entidad local menor, según lo establecido en la normativa reguladora de la Comunidad

Valenciana será de: A. 50 habitantes. B. 100 habitantes. C. 250 habitantes. D. 500 habitantes. 36.-) La creación de un área metropolitana en la Comunidad Valenciana, se efectuará

mediante: A. Decreto del Presidente de la Generalitat. B. Orden del Conseller competente en materia de Territorio. C. Decreto del Consell. D. Ley de la Generalitat.

37.-) ¿Cuál de los siguientes no es un órgano de existencia necesaria en las entidades

metropolitanas de la Comunidad Valenciana (art. 77 Ley 8/2010, de 23 de junio, de la

Generalitat Valenciana)? A. La Asamblea. B. La Presidencia. C. La Comisión de Gobierno. D. La Junta de Portavoces. 38.-) Sobre el régimen jurídico de las Mancomunidades de municipios en la Comunidad

Valenciana, señale la respuesta correcta: A. Los municipios mancomunados deberán particiar en todas las actividades que constituyan el objeto de la Mancomunidad. B. Podrán formar parte de una misma Mancomunidad municipios de diferentes Comunidades Autónomas. C. No podrán integrarse en la Mancomunidad municipios sin continuidad territorial. D. La norma constitutiva básica de una Mancomunidad es su Reglamento Orgánico Municipal. 39.-) De entre las siguientes respuestas sobre las Mancomunidades de municipios en la

Comunidad Valenciana, señale la respuesta que considere correcta: A. En las Mancomunidades con población superior a 10.000 habitantes existirá una Junta de Gobierno y Comisiones Informativas. B. En las Mancomunidades con población superior a 20.000 habitantes existirá una Junta de Gobierno y Comisiones Informativas. C. En las Mancomunidades con población superior a 50.000 habitantes existirá una Junta de Gobierno y Comisiones Informativas. D. En las Mancomunidades con población superior a 100.000 habitantes existirá una Junta de Gobierno y Comisiones Informativas. 40.-) Según la normativa aplicable, se incluirán en el orden del día del Pleno las propuestas

presentadas con una antelación a la fecha para la celebración de la sesión, de: A. Dos días. B. Cinco días. C. Diez días. D. Quince días. 41.-) De entre las siguientes propuestas, señale la que considere correcta, sobre el Estatuto

de los miembros de las Corporaciones Locales: A. Los miembros de las corporaciones locales tienen el derecho y el deber de asistir a todas las sesiones del Pleno y de las comisiones de que formen parte. Cuando, sin justificación suficiente, no asistieran o se ausentaran de dos reuniones consecutivas del Pleno o de las Comisiones de que formen parte, o de tres alternativas durante el período de un año, podrán ser sancionados por el presidente con la pérdida del derecho a percibir retribución o asignación económica hasta un máximo de tres meses, previa audiencia del interesado. B. Los miembros de las corporaciones locales tienen el derecho y el deber de asistir a todas las sesiones del Pleno y de las comisiones de que formen parte. Cuando, sin justificación suficiente, no asistieran o se ausentaran de tres reuniones consecutivas del Pleno o de las Comisiones de

que formen parte, o de cinco alternativas durante el período de un año, podrán ser sancionados por el presidente con la pérdida del derecho a percibir retribución o asignación económica hasta un máximo de tres meses, previa audiencia del interesado. C. Los miembros de las corporaciones locales tienen el derecho y el deber de asistir a todas las sesiones del Pleno y de las comisiones de que formen parte. Cuando, sin justificación suficiente, no asistieran o se ausentaran de dos reuniones consecutivas del Pleno o de las Comisiones de que formen parte, o de cuatro alternativas durante el período de un año, podrán ser sancionados por el presidente con la pérdida del derecho a percibir retribución o asignación económica hasta un máximo de dos meses, previa audiencia del interesado. D. Los miembros de las corporaciones locales tienen el derecho y el deber de asistir a todas las sesiones del Pleno y de las comisiones de que formen parte. Cuando, sin justificación suficiente, no asistieran o se ausentaran de tres reuniones consecutivas del Pleno o de las Comisiones de que formen parte, o de cuatro alternativas durante el período de un año, podrán ser sancionados por el presidente con la pérdida del derecho a percibir retribución o asignación económica hasta un máximo de dos meses, previa audiencia del interesado. 42.-) De entre las siguientes propuestas referentes a la actuación de los miembros de la

Corporación, señale la que considere correcta (art. 129 Ley 8/2010, de 23 de junio, de la

Generalitat Valenciana): A. En el ejercicio del cargo, observarán en todo momento las normas sobre incompatibilidades y se abstendrán de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de cualquier asunto en que concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las administraciones públicas. La actuación de los miembros de las corporaciones locales en los que concurran las mencionadas circunstancias podrá suponer, si ha sido determinante para la adopción del acuerdo, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. B. En el ejercicio del cargo, observarán en todo momento las normas sobre incompatibilidades y se abstendrán de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de cualquier asunto en que concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las administraciones públicas. La actuación de los miembros de las corporaciones locales en los que concurran las mencionadas circunstancias podrá suponer, si ha sido determinante para la adopción del acuerdo, la nulidad de los actos en que hayan intervenido. C. En el ejercicio del cargo, observarán en todo momento las normas sobre incompatibilidades y se abstendrán de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de cualquier asunto en que concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las administraciones públicas. La actuación de los miembros de las corporaciones locales en los que concurran las mencionadas circunstancias podrá suponer, si ha sido determinante para la adopción del acuerdo, la anulabilidad de los actos en que hayan intervenido. D. En el ejercicio del cargo, observarán en todo momento las normas sobre incompatibilidades y se abstendrán de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de cualquier asunto en que concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las administraciones públicas. La actuación de los miembros de las corporaciones locales en los que concurran las mencionadas circunstancias en ningún caso podrá suponer, si ha sido determinante para la adopción del acuerdo, la nulidad de los actos en que hayan intervenido.

43.-) En la distribución de responsabilidades administrativas entre las entidades locales la

Generalitat velará por el respeto a los principios de: (señale la opción incorrecta) (art. 144

Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat Valenciana) A. Subsidiariedad. B. Colaboración. C. Eficiencia. D. Coordinación.

44.-) La descentralización de competencias a los Ayuntamientos y entidades locales

supramunicipales por parte de la Generalitat Valenciana deberá realizarse mediante: (art.

145 Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat Valenciana) A. Decreto del President de la Generalitat. B. Decreto del Consell. C. Decreto Legislativo del Consell. D. Ley de Les Corts. 45.-) Sobre el régimen jurídico de la encomienda de gestión, señale, de entre las siguientes

opciones, la que considere correcta: A. La encomienda de gestión supone la cesión de la titularidad de las competencias. B. La encomienda de gestión supone la cesión de la titularidad de los elementos sustativos de su ejercicio. C. En caso de incumplimiento de las directrices y medidas, el Consell advertirá de ello formalmente a la Entidad Local, que de mantener su actitud, podrá serle suspendida o dejada sin efecto dicha encomienda de gestión. D. La encomienda de gestión se formalizará, en todo caso, mediante Convenio entre las Administraciones interesadas. 46.-) En cuanto a la exención de la obligación de mantener el puesto de Secretaría en las

Entidades Locales, señale la respuesta correcta: A. Se podrá proceder a La exención de la obligación de mantener el puesto de secretaría en las entidades locales cuando los derechos liquidados por operaciones corrientes de cada uno de los dos últimos ejercicios excluidas subvenciones finalistas en el capítulo IV no superen los 150.000,00 euros. B. Se podrá proceder a La exención de la obligación de mantener el puesto de secretaría en las entidades locales cuando los derechos liquidados por operaciones corrientes de cada uno de los dos últimos ejercicios excluidas subvenciones finalistas en el capítulo IV no superen los 250.000,00 euros. C. Se podrá proceder a La exención de la obligación de mantener el puesto de secretaría en las entidades locales cuando los derechos liquidados por operaciones corrientes de cada uno de los dos últimos ejercicios excluidas subvenciones finalistas en el capítulo VI no superen los 150.000,00 euros. D. Se podrá proceder a La exención de la obligación de mantener el puesto de secretaría en las entidades locales cuando los derechos liquidados por operaciones corrientes de cada uno de los dos últimos ejercicios excluidas subvenciones finalistas en el capítulo VI no superen los 250.000,00 euros.

47.-) ¿Podrán agruparse para el sostenimiento en común de los puestos de Intervención las

Entidades Locales de la Comunidad Valenciana? A. Sí, todas las Entidades Locales de la Comunidad Valenciana pueden sostener en común los puestos de Intervención. B. Sí, todas las Entidades Locales de la Comunidad Valenciana cuyo puesto de Secretaría esté clasificado como de primera categoría. C. No, en ningún caso. D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 48.-) En cuanto al puesto denominado “Tesorería”, según establece la normativa aplicable

al caso, señale la respuesta correcta: A. Excepcionalmente el órgano competente en materia de administración local podrá autorizar el desempeño del puesto de tesorería por funcionario de la corporación debidamente cualificado en municipios con población inferior a 50.000 habitantes o presupuesto inferior a 18.000.000 de euros, cuya secretaría esté clasificada en clase primera. B. Excepcionalmente el órgano competente en materia de administración local podrá autorizar el desempeño del puesto de tesorería por funcionario de la corporación debidamente cualificado en municipios con población inferior a 20.000 habitantes o presupuesto inferior a 18.000.000 de euros, cuya secretaría esté clasificada en clase primera. C. Excepcionalmente el órgano competente en materia de administración local podrá autorizar el desempeño del puesto de tesorería por funcionario de la corporación debidamente cualificado en municipios con población inferior a 50.000 habitantes o presupuesto inferior a 24.000.000 de euros, cuya secretaría esté clasificada en clase primera. D. Excepcionalmente el órgano competente en materia de administración local podrá autorizar el desempeño del puesto de tesorería por funcionario de la corporación debidamente cualificado en municipios con población inferior a 20.000 habitantes o presupuesto inferior a 24.000.000 de euros, cuya secretaría esté clasificada en clase primera. 49.-) Serán objeto de oferta de empleo público las plazas vacantes reservadas a

funcionarios con habilitación de carácter estatal existentes en las entidades locales de la

Comunidad Valenciana, debiendo reservarse un cupo para personas con discapacidad: A. No inferior al 5%. B. No inferior al 6%. C. No inferior al 7%. D. No inferior al 8%. 50.-) Las concesiones demaniales se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo

de duración, incluidas las prórrogas, por regla general (Título X de la Ley 8/2010, de 23 de

junio, de la Generalitat Valenciana): A. No podrá exceder de 99 años. B. No podrá exceder de 50 años. C. No podrá exceder de 75 años. D. No podrá exceder de 60 años. 51.-) Los contratos para la explotación de los bienes y derechos patrimoniales se

adjudicarán teniendo en cuenta la oferta económica más ventajosa sin que el precio sea el

único criterio a tener en cuenta, salvo que, por las peculiaridades del bien, la limitación de

la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de

la operación, proceda la adjudicación directa. Las circunstancias determinantes de la

adjudicación directa deberán justificarse suficientemente en el expediente. En todo caso, el

usuario habrá de satisfacer un precio que no podrá ser (Título X de la Ley 8/2010, de 23 de

junio, de la Generalitat Valenciana): A. Inferior al 6% del valor en venta de los bienes. B. Superior al 6% del valor en venta de los bienes. C. Inferior al 8% del valor en venta de los bienes. D. Superior al 8% del valor en venta de los bienes. 52.-) El plazo máximo de la cesión de uso de los bienes patrimoniales, según establece la

normativa vigente en materia de patrimonio de las Entidades Locales de la Comunidad

Valenciana: A. Será de 30 años, como máximo. B. Será de 50 años, como máximo. C. Será de 75 años, como máximo. D. Será de 99 años, como máximo. 53.-) La normativa en materia de bienes en la Comunidad Valenciana dispone que “Toda

enajenación, gravamen o permuta de bienes inmuebles habrá de comunicarse a la

Conselleria competente en materia de administración local. Si su valor excediera el 25%

de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la corporación requerirá, además, la

autorización de aquélla. El procedimiento de autorización tendrá una duración máxima de

seis meses. A falta de resolución expresa, el silencio administrativo”: A. Podrá tener carácter negativo o positivo, según los casos. B. Tendrá carácter positivo, en todo caso. C. Tendrá carácter negativo, en todo caso. D. En todo caso el procedimiento requerirá resolución expresa del mismo. 54.-) De entre las siguientes propuestas, señale la que considere correcta: A. Cuando los servicios reservados se presten en régimen de monopolio, el acuerdo del Pleno deberá adoptarse por mayoría cualificada del número legal de miembros de la Corporación, y requerirá la aprobación del Consell, que se otorgará si concurren las circunstancias de interés público legitimadoras de la exclusión de la iniciativa privada, tales como la imposibilidad física o económica de establecer más de una infraestructura de red para el servicio, o lo aconsejen razones de seguridad, salubridad u orden público. Recaído acuerdo de la corporación, se elevará expediente completo a la Conselleria competente en materia de administración local. La resolución del Consell deberá adoptarse en el plazo de seis meses desde la recepción del expediente completo, entendiéndose aprobada si no hay resolución expresa en dicho plazo. B. Cuando los servicios reservados se presten en régimen de monopolio, el acuerdo del Pleno deberá adoptarse por mayoría simple del número legal de miembros de la corporación, y requerirá la aprobación del Consell, que se otorgará si concurren las circunstancias de interés público legitimadoras de la exclusión de la iniciativa privada, tales como la imposibilidad física o económica de establecer más de una infraestructura de red para el servicio, o lo aconsejen razones de seguridad, salubridad u orden público. Recaído acuerdo de la corporación, se elevará expediente completo a la conselleria competente en materia de administración local. La

resolución del Consell deberá adoptarse en el plazo de tres meses desde la recepción del expediente completo, entendiéndose aprobada si no hay resolución expresa en dicho plazo. C. Cuando los servicios reservados se presten en régimen de monopolio, el acuerdo del Pleno deberá adoptarse por mayoría del número legal de miembros de la corporación, y requerirá la aprobación del Consell, que se otorgará si concurren las circunstancias de interés público legitimadoras de la exclusión de la iniciativa privada, tales como la imposibilidad física o económica de establecer más de una infraestructura de red para el servicio, o lo aconsejen razones de seguridad, salubridad u orden público. Recaído acuerdo de la corporación, se elevará expediente completo a la conselleria competente en materia de administración local. La resolución del Consell deberá adoptarse en el plazo de seis meses desde la recepción del expediente completo, entendiéndose aprobada si no hay resolución expresa en dicho plazo. D. Cuando los servicios reservados se presten en régimen de monopolio, el acuerdo del Pleno deberá adoptarse por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, y requerirá la aprobación del Consell, que se otorgará si concurren las circunstancias de interés público legitimadoras de la exclusión de la iniciativa privada, tales como la imposibilidad física o económica de establecer más de una infraestructura de red para el servicio, o lo aconsejen razones de seguridad, salubridad u orden público. Recaído acuerdo de la corporación, se elevará expediente completo a la conselleria competente en materia de administración local. La resolución del Consell deberá adoptarse en el plazo de tres meses desde la recepción del expediente completo, entendiéndose aprobada si no hay resolución expresa en dicho plazo. 55.-) En cuanto a la regulación sobre el Fondo de Cooperación Municipal de la

Comunidad Valenciana, señale la respuesta correcta: A. Tiene por objeto potenciar la autonomía local sobre la base del principio de subsidiariedad. B. A través del Fondo de Cooperación Municipal se financiarán servicios, infraestructuras y equipamientos básicos de los municipios de la Comunitat Valenciana, estableciéndose sus dotaciones mediante Decreto del Consell. C. La cuantía de la participación se disminuirá en función de la mejora de la financiación de la Comunidad Valenciana respecto a la media nacional de financiación autonómica por habitante. D. La participación de los municipios en el Fondo de Cooperación Municipal de la Comunidad Valenciana está supeditada al cumplimiento de la obligación de presentar la cuenta general aprobada ante el Tribunal de Cuentas, y a tener, en su caso, un plan de estabilidad financiera. 56.-) La última modificación operada en la vigente Ley 30/2007, de 30 de octubre, de

Contratos del Sector Público, se realizó mediante: A. Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. B. Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas. C. Ley 32/2011, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras. D. Ley 12/2011, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

57.-) De entre las siguientes proposiciones planteadas sobre el Estatuto Básico del

Empleado Público, señale la que considere correcta: A. El personal de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos se regirá por lo establecido en el EBEP, y supletoriamente, por normas específicas propias. B. Al personal investigador no se le aplicarán las disposiciones del EBEP, debiendo dictarse normas singulares propias. C. El EBEP entiende comprendido al personal estatutario de los Servicios de Salud en la categoría de funcionario de carrera. D. Todas las respuestas anteriores son falsas. 58.-) Señale, de entre las siguientes propuestas, la que considere correcta, en referencia al

derecho de negociación colectiva de los empleados públicos: A. Se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para estar presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública correspondiente, y por otra, las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel estatal, las Organizaciones Sindicales más representativas de Comunidad Autónoma, así como los Sindicatos que hayan obtenido el 5 % o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución. B. Se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para estar presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública correspondiente, y por otra, las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel estatal, las Organizaciones Sindicales más representativas de Comunidad Autónoma, así como los Sindicatos que hayan obtenido el 10 % o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución. C. Se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para estar presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública correspondiente, y por otra, las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel autonómico, así como los Sindicatos que hayan obtenido el 5 % o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución. D. Se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para estar presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública correspondiente, y por otra, las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel estatal, las Organizaciones Sindicales más representativas de Comunidad Autónoma y a nivel provincial, así como los Sindicatos que hayan obtenido el 20 % o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución. 59.-) De entre las siguientes, señale qué materia no es objeto de negociación con las

organizaciones sindicales (art. 37 EBEP): A. Los Planes de Previsión Social Complementaria. B. Los criterios generales de acción social. C. Los criterios generales sobre las Ofertas de Empleo Público. D. La regulación concreta de los procedimientos de acceso al empleo público. 60.-) Un Ayuntamiento con 48 funcionarios, según establece el Estatuto Básico del

Empleado Público, contará con: A. Un delegado de personal.

B. Tres delegados de personal. C. Cinco delegados de personal. D. Junta de Personal. 61.-) Como garantía de la función representativa del personal, se establece un crédito de

horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo.

Para un Ayuntamiento que conste de 302 funcionarios: A. El crédito será de 15 horas por representante. B. El crédito será de 20 horas por representante. C. El crédito será de 30 horas por representante. D. El crédito será de 35 horas por representante. 62.-) En cuanto al derecho de reunión, están legitimados para convocar una reunión,

directamente o a través de los Delegados Sindicales, según establece el Estatuto Básico del

Empleado Público (señale la respuesta correcta): A. Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en un número no inferior al 40% del colectivo convocado. B. El Comité de Empresa. C. La Junta de Personal. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. 63.-) En cuanto al régimen de permisos de los funcionarios públicos establecido en el

Estatuto Básico del Empleado Público, señale la opción que considere correcta: A. Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad. B. Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, dos días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad. C. Por lactancia de un hijo menor de dieciocho meses tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen. D. Todas las respuestas anteriores son erróneas. 64.-) De entre las siguientes proposiciones, referentes a los derechos de los empleados

públicos, señale la opción que considere correcta: A. Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de hasta segundo grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter no retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes. B. Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con

carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes. C. Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el treinta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de dos mes. Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de dos meses. D. Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de segundo grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de dos mes. Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de dos meses. 65.-) La Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el

año 2011 introdujo un apartado en la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el

Estatuto Básico del Empleado Público. Dicho apartado dispone: A. Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple B. Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria: las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda. C. Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo: tendrá una duración de quince días, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción D. Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave: el funcionario tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de edad, por naturaleza o adopción, o en los supuestos de acogimiento preadoptivo o permanente del menor, afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hopitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años. 66.-) Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan

asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución

y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a una serie de

principios, establecidos en el artículo 52 EBEP, entre los que no se encuentra: A. Eficiencia. B. Accesibilidad. C. Confidencialidad.

D. Austeridad. 67.-) ¿Para el acceso a qué grupo de clasificación profesional del personal funcionario de

carrera se debe exigir como titulación el título de Técnico Superior, tal y como establece el

EBEP? A.Para el acceso al grupo C1. B.Para el acceso al grupo B. C. Para el acceso al grupo A2. D. Para el acceso tanto al grupo B como al grupo A2. 68.-) Según establece la Disposición Transitoria Cuarta del Estatuto Básico del Empleado

Público, en cuano a los procesos de consolidación de empleo temporal (señale la respuesta

correcta): A. Las Administraciones Públicas podrán efectuar convocatorias de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005. B. Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, pudiendo convocarse mediante el sistema de concurso. C. El contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de los puestos objeto de cada convocatoria. En la fase de concurso no podrá valorarse, el tiempo de servicios prestados en las Administraciones Públicas y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria. D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 69.-) Según establece la Disposición Transitoria Sexta del Estatuto Básico del Empleado

Público, el objetivo es que en el plazo de seis años desde la entrada en vigor de dicho

Estatuto: A. Se vea ampliado el permiso de paternidad hasta cinco semanas. B. Se vea ampliado el permiso de paternidad hasta cuatro semanas. C. Se vea ampliado el permiso por alumbramiento, acogimiento o adopción hasta las 20 semanas. D. Se vea ampliado el permiso por alumbramiento, acogimiento o adopción hasta las 24 semanas. 70.-) Según establece el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, se entiende por “riberas” las fajas

laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas, y por márgenes

los terrenos que lindan con los cauces. Sus márgenes están sujetas, en toda su extensión

longitudinal: A. A una zona de servidumbre de 10 metros de anchura, para uso público que se regulará reglamentariamente. B. A una zona de servidumbre de 7 metros de anchura, para uso público que se regulará reglamentariamente. C. A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen.

D. A una zona de policía de 200 metros de anchura en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. 71.-) Según establece el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, el Consejo Nacional del Agua estará

formado por (señale la respuesta incorrecta): A. La Administración del Estado. B. Los Entes Locales a través de la asociación de ámbito estatal con mayor implantación. C. Las Confederaciones Hidrográficas. D. Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito estatal. 72.-) Según establece la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, los montes vecinales

en mano común tienen naturaleza especial derivada de su propiedad en común, sujeta a

las limitaciones de: A. Indivisibilidad. B. Imprescriptibilidad. C. Inembargabilidad. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. 73.-) Tal y como establece la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, El Catálogo de

Montes de Utilidad Pública es un registro público de carácter administrativo en el que se

inscriben todos los montes declarados de utilidad pública; la inclusión y exclusión de

montes en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y la llevanza de éste corresponde a: A. El Estado. B. Los Entes Locales. C. Las Comunidades Autónomas. D. En función de la titularidad de los montes, al Estado o a las Comunidades Autónomas. 74.-) De entre las siguientes propuestas, relativas a la regulación de carreteras, indique la

opción correcta: A. Cuando se trate de construir carreteras o variantes incluidas en el planeamiento urbanístico vigente de los núcleos de población a los que afecten, el ministerio de Fomento deberá remitir el estudio informativo correspondiente a las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales afectadas, al objeto de que durante el plazo de tres meses examinen si el trazado propuesto es el más adecuado para el interés general y para los intereses de las localidades, provincias y Comunidades Autónomas a que afecte la nueva carretera o variante. Transcurrido dicho plazo y un mes más sin que dichas Administraciones Públicas informen al respecto, se entenderá que están conformes con la propuesta formulada. B. Cuando se trate de construir carreteras o variantes no incluidas en el planeamiento urbanístico vigente de los núcleos de población a los que afecten, el ministerio de Fomento deberá remitir el estudio informativo correspondiente a las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales afectadas, al objeto de que durante el plazo de dos meses examinen si el trazado propuesto es el más adecuado para el interés general y para los intereses de las localidades, provincias y Comunidades Autónomas a que afecte la nueva carretera o variante. Transcurrido dicho plazo sin que dichas Administraciones Públicas informen al respecto, se entenderá que están conformes con la propuesta formulada.

C. Cuando se trate de construir carreteras o variantes no incluidas en el planeamiento urbanístico vigente de los núcleos de población a los que afecten, el ministerio de Fomento deberá remitir el estudio informativo correspondiente a las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales afectadas, al objeto de que durante el plazo de un mes examinen si el trazado propuesto es el más adecuado para el interés general y para los intereses de las localidades, provincias y Comunidades Autónomas a que afecte la nueva carretera o variante. Transcurrido dicho plazo y un mes más sin que dichas Administraciones Públicas informen al respecto, se entenderá que están conformes con la propuesta formulada. D. Cuando se trate de construir carreteras o variantes incluidas en el planeamiento urbanístico vigente de los núcleos de población a los que afecten, el ministerio de Fomento deberá remitir el estudio informativo correspondiente a las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales afectadas, al objeto de que durante el plazo de seis meses examinen si el trazado propuesto es el más adecuado para el interés general y para los intereses de las localidades, provincias y Comunidades Autónomas a que afecte la nueva carretera o variante. Transcurrido dicho plazo y un mes más sin que dichas Administraciones Públicas informen al respecto, se entenderá que están conformes con la propuesta formulada.

75.-) Según establece la Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras, en el caso de que deban

ser expropiados instalaciones de servicios o accesos, la Administración podrá optar en

sustitución de la expropiación por: A. La reposición de servicios o accesos. B. El pago de una compensación económica. C. Ambas respuestas son correctas. D. Ambas respuestas son incorrectas. 76.-) La Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la

contaminación, modifica la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en el siguiente sentido: A. Prohíbe la extracción de áridos para la construcción. B. Deroga las autorizaciones de vertidos al dominio público marítimo terrestre desde tierra al mar. C. Establece la obligatoriedad de la suscripción de un seguro de responsabilidad civil para la entidad que solicite autorización para el vertido al dominio público marítimo terrestre, sea cual sea la tipología de vertido. D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 77.-) Según establece la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, toda ocupación de los bienes

de dominio público marítimo-terrestre estatal con obras o instalaciones no desmontables

estará sujeta a previa: A. Autorización. B. Concesión. C. Licencia. D. Licitación. 78.-) Tal y como recoge el vigente Código Penal en su artículo 413, en cuanto al delito de

infidelidad en la custodia de documentos, la autoridad o funcionario público que, a

sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos

cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de (señale

la opción correcta): A. Prisión de uno a cuatro años. B. Multa de seis a dieciocho meses. C. Inhabilitación especial para empleo o cargo público de tres a seis años. D. Inhabilitación absoluta para empleo o cargo público de hasta seis años. 79.-) “De la desobediencia y denegación de auxilio” como Capítulo del vigente Código

Penal, se encuentra recogido en el: A. Capítulo VI, Título XIX, Libro II del Código Penal. B. Capítulo IV, Título XX, Libro II del Código Penal. C. Capítulo IV, Título XIX, Libro II del Código Penal. D. Capítulo III, Título XIX, Libro II del Código Penal. 80.-) Según establece el artículo 408 del vigente Código Penal, la autoridad o funcionario

que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la

persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena

de: A. Prisión. B. Multa. C. Inhabilitación absoluta para empleo o cargo público. D. Inhabilitación especial para empleo o cargo público. 81.-) La redacción de la tipificación actual del delito de cohecho que presenta el vigente

Código Penal ha sido realizada por una modificación en éste, ¿por qué norma? A. Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero. B. Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre. C. Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. D. Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre. 82.-) Tal y como establece el artículo 428 del vigente Código Penal, el funcionario público o

autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del

ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación

personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una

resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o

para un tercero, incurrirá en las penas de (señale la opción correcta): A. Multa de tanto al triplo del beneficio perseguido u obtenido. B. Inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. C. Prisión de seis meses a dos años. D. Inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. 83.-) Según establece la novedosa redacción del artículo 430 (párrafo segundo) del vigente

Código Penal, cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis de este Código

una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le

impondrá la pena de multa de: A. Seis meses a dos años.

B. Tres a seis meses. C. Uno a tres meses. D. Seis a doce meses. 84.-) Según establece el artículo 432 del Código Penal, incurrirá en malversación la

autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un

tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por

razón de sus funciones. Para encontrarnos ante dicho delito pero en su menor grado, el

valor de lo sustraído no debe alcanzar la cantidad de: A. 6.000 euros. B. 4.000 euros. C. 3.000 euros. D. 2.000 euros. 85.-) En cuanto a la prestación de transporte, el Texto Refundido de la Ley de Haciendas

Locales establece que podrá ser reducida a metálico, por importe de tres veces el salario

mínimo interprofesional, y no excederá, para los vehículos de tracción mecánica: A. De cinco días al año. B. De diez días al año. C. De quince días al año. D. De veinte días al año. 86.-) La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios

públicos, pone en relación los derechos de los ciudadanos recogidos en el artículo 35 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, con lo establecido en su: A. Artículo 3. B. Artículo 4. C. Artículo 5. D. Artículo 6. 87.-) Tal y como establece la Ley 11/2007, de 22 de junio, en el ámbito de las Entidades que

integran la Administración Local, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente

ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones

de su competencia a partir del: A. 31 de diciembre de 2008. B. 1 de enero de 2009. C. 31 de diciembre de 2009. D. 1 de enero de 2010. 88.-) Según la Ley 11/2007, de 22 de junio, para la identificación y la autenticación del

ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada

Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes

sistemas de firma electrónica: A. Sello electrónico. B. Código seguro de verificación. C. Certificado oficial electrónico.

D. Las respuestas a) y b) son ciertas. 89.-) Según la Ley 11/2007, de 22 de junio, ¿qué plazo tiene que transcurrir para entender

rechazada una notificación electrónica tras haber tenido constancia de su puesta a

disposición? A. 5 días. B. 10 días. C. 15 días. D. 20 días. 90.-) En cuanto al régimen de expropiación forzosa, la normativa dispone que se

entenderán realizadas las diligencias con el Ministerio Fiscal, cuando efectuada la

publicación (señale la opción incorrecta): A. No comparecieren en el expediente los propietarios o titulares. B. Los propietarios o titulares estuvieren incapacitados y sin tutor, o persona que les represente. C. Fuere la propiedad litigiosa. D. Los propietarios presenten títulos contradictorios sobre el objeto que se trata de expropiar. 91.-) Declarada la utilidad pública o el interés social, la Administración resolverá sobre la

necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que sean estrictamente

indispensables para el fin de la expropiación. Podrán incluirse también entre los bienes de

necesaria ocupación los que sean indispensables para previsibles ampliaciones de la obre o

finalidad de que se trate, mediante:

A. Ley de las Cortes. B. Acuerdo del Consejo de Ministros. C. Resolución del Presidente del Gobierno. D. Orden del Ministro competente. 92.-) El período de información pública que sigue tras la redacción de la relación concreta

e individualizada de los bienes y derechos a expropiar, tendrá una duración, según la

normativa que regula la institución de la expropiación forzosa, de: A. 15 días. B. 30 días. C. No inferior a 10 ni superior a 30 días. D. No inferior a 15 ni superior a 30 días. 93.-) Según establece la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, contra el acuerdo de

necesidad de ocupación se dará recurso:

A. De alzada contra el Ministro correspondiente. B. De reposición contra el Ministro correspondiente. C. De revisión contra el acuerdo de necesidad de ocupación. D. Jurisdiccional contencioso-administrativo.

94.-) Cuando la expropiación implique sólo la necesidad de ocupación de una parte de

finca rústica o urbana, de tal modo que a consecuencia de aquélla resulte antieconómica

para el propietario la conservación de la parte de finca no expropiada, podrá éste solicitar

de la Administración que dicha expropiación comprenda la totalidad de la finca, debiendo

decidirse sobre ello en el plazo de diez días. Dicha resolución es susceptible de: A. Recurso de reposición pero sin dar posibilidad de recurso de alzada. B. Recurso de alzada pero sin dar posibilidad de recurso de reposición. C. Recurso de alzada pero sin dar posibilidad de recurso contencioso-administrativo. D. Recurso de reposición pero sin dar posibilidad de recurso contencioso-administrativo. 95.-) Se entenderá que existe unidad económica a los efectos de un único expediente de

justo precio, según se establece en la Ley de Expropiación Forzosa de 1954: A. Si se trata de fincas rústicas o urbanas, cuando se no hallen inscritas bajo un mismo número, de acuerdo con los dispuesto en la Ley Hipotecaria. B. En el supuesto de cosas muebles, cuando exista una universidad de hecho. C. En el supuesto de cosas inmuebles, cuando exista una universidad de derecho. D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 96.-) Los gastos que conlleven el aval por parte de un perito de la hoja de aprecio

presentada por los propietarios de los bienes a expropiar, según la normativa vigente: A. Correrá a cargo de los propietarios, en todo caso. B. Correrá a cargo de la Administración expropiante, en todo caso. C. Correrá a cargo de los propietarios o de la Administración, según los casos. D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 97.-) De entre los siguientes miembros, señale cual no es miembro del Jurado Provincial de

Expropiación, según establece la Ley de Expropiación Forzosa de 1954: A. Un Magistrado designado por la Audiencia. B. Un representante de la Cámara Provincial Agraria, cuando la expropiación se refiera a propiedad rústica. C. Un Notario designado por el Decano del Colegio Notarial correspondiente. D. Un funcionario Ingeniero de Caminos, si se trata de expropiación de fincas rústicas. 98.-) Contra la resolución del Jurado Provincial de Expropiación en materia de justo

precio cabrá, tal y como establece la normativa, recurso:

A. Recurso contencioso-administrativo. B. Recurso potestativo de reposición. C. Recurso de alzada. D. Recurso de revisión. 99.-) De entre las siguientes propuestas, en cuanto al régimen de la expropiación forzosa,

señala la que considere correcta: A. Las tasaciones se efectuarán con arreglo al valor que tengan los bienes o derechos expropiables al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin tenerse en cuenta las

plusvalías que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que dan lugar a la expropiación y las previsibles para el futuro. B. Las tasaciones se efectuarán con arreglo al valor que tengan los bienes o derechos expropiables al tiempo del acuerdo de necesidad de ocupación, sin tenerse en cuenta las plusvalías que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que dan lugar a la expropiación y las previsibles para el futuro. C. Las mejoras realizadas con posterioridad a la incoación del expediente de expropiación serán objeto de indemnización, a no ser que se demuestre que no eran indispensables para la conservación de los bienes. Las anteriores son indemnizables en todos los casos. D. Las mejoras realizadas con posterioridad a la incoación del expediente de expropiación no serán objeto de indemnización, a no ser que se demuestre que eran indispensables para la conservación de los bienes. Las anteriores no son indemnizables, salvo cuando se hubieran realizado por necesidad manifiesta. 100.-) El artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 dispone que en todos los

casos de expropiación se abonará al expropiado, además del justo precio, un premio de

afección que será cuantificado en un: A. 2% B. 3% C. 4% D. 5% 101.-) El plazo máximo para pagar la cantidad establecida como justo precio, según la

normativa vigente, es de:

A. Un mes. B. Tres meses. C. Seis meses. D. Un año. 102.-) Son requisitos necesarios para la expropiación por incumplimiento de la función

social de la propiedad (señale la respuesta incorrecta):

A. La declaración positiva de que un determinado bien o categoría de bienes deben sufrir determinadas transformaciones o ser utilizados de manera específica. B. Que para la realización de la específica función señalada se haya fijado un plazo y a su vencimiento aquélla función resultare parcialmente incumplida por el propietario. C. Que dicha declaración sea formulada por Ley o por Decreto acordado en Consejo de Ministros. D. Que la Ley contenga inequívocamente la intimación de expropiación forzosa frente al incumplimiento. 103.-) Según el artículo 5º de la Ley 29/198, de 13 de junio, reguladora de la jurisdicción

contencioso-administrativa, la jurisdicción contencioso-administrativa es:

A. Plena. B. Improrrogable. C. Exclusiva. D. Gratuita.

104.-) Según establece la Ley 29/1998, de 13 de junio, los órganos del orden jurisdiccional

contencioso-administrativo apreciarán de oficio la falta de jurisdicción y resolverán sobre

la misma, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, por plazo común de: A. Cinco días. B. Ocho días. C. Diez días. D. Doce días. 105.-) En cuanto a la capacidad procesal en el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo por parte de los menores de edad, la normativa dispone que: A. Poseen capacidad procesal para la defensa de sus derechos e intereses legítimos. B. En ningún caso poseen capacidad procesal. C. Poseen capacidad procesal para la defensa de sus derechos e intereses legítimos con necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. D. Tendrán capacidad procesal cuando así la Ley lo indique expresamente. 106.-) La última modificación realizada sobre la Ley 29/1998, de 13 de Julio, fue operada

mediante: A. Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. B. Ley 13/2011, de 6 de junio, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. C. Ley 50/2009, de 30 de noviembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. D. Ley 7/2011, de 16 de abril, sobre sistemas de pagos y liquidación de valores. 107.-) Según establece el artículo 107 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, no pueden

interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración

pública (señale la respuesta correcta): A. Los particulares cuando obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de ella. B. Los órganos de la misma, y miembros de sus órganos colegiados, en ningún caso. C. Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, respecto de la actividad de la Administración de la que dependan, en ningún caso. D. Los contratistas de la Administración, respecto de la obra o servicio que les vincula con la Administración. 108.-) Según establece la Ley 29/1998, de 13 de junio, las aseguradoras de las

Administraciones Públicas:

A. La Ley no refiere en ningún artículo a las mismas. B. Serán siempre parte codemandada junto a la Administración. C. Nunca serán parte codemandada junto a la Administración. D. Según los casos, serán parte codemandada o no junto a la Administración matriz.

109.-) Señale, de entre las siguientes propuestas, la correcta, tal y como recoge la

normativa vigente:

A. En caso de vía de hecho, el interesado deberá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo. B. En caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los quince días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo. C. En caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo. D. En caso de vía de hecho, el interesado deberá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no fuere atendida dentro de los quince días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo. 110.-) Según establece la Ley 29/1998, de 13 de julio, serán acumulables en un único

proceso (señale la respuesta incorrecta): A. Las pretensiones que se deduzcan en relación a una única actuación. B. Las pretensiones que se deduzcan en relación a un único acto. C. Las pretensiones que se refieran a varios actos, disposiciones o actuaciones cuando unos sean reproducción, confirmación o ejecución de otros, en todo caso. D. Las pretensiones que se refieran a varios actos entre los que exista cualquier conexión directa o indirecta. 111.-) Según establece el Título IV de la Ley 29/1998, de 13 de julio, el plazo para

interponer el recurso contenciosoadministrativo será de: A. Un mes. B. Dos meses. C. Seis meses. D. Las respuestas b) y c) son ciertas. 112.-) De entre las siguientes, señale la propuesta correcta, según lo establecido en la Ley

29/1998, de 13 de julio: A. Transcurrido el plazo de remisión del expediente sin haberse recibido completo, se reiterará la reclamación y, si no se enviara en el término de veinte días, tras constatarse su responsabilidad, previo apercibimiento del Secretario judicial notificado personalmente para formulación de alegaciones, el Juez o Tribunal impondrá una multa coercitiva de doscientos a mil doscientos euros a la autoridad o empleado responsable. B. Transcurrido el plazo de remisión del expediente sin haberse recibido completo, se reiterará la reclamación y, si no se enviara en el término de diez días, tras constatarse su responsabilidad, previo apercibimiento del Secretario judicial notificado personalmente para formulación de alegaciones, el Juez o Tribunal impondrá una multa coercitiva de trescientos a mil doscientos euros a la autoridad o empleado responsable.

C. Transcurrido el plazo de remisión del expediente sin haberse recibido completo, se reiterará la reclamación y, si no se enviara en el término de veinte días, tras constatarse su responsabilidad, previo apercibimiento del Secretario judicial notificado personalmente para formulación de alegaciones, el Juez o Tribunal impondrá una multa coercitiva de cuatrocientos a mil quinientos euros a la autoridad o empleado responsable. D. Transcurrido el plazo de remisión del expediente sin haberse recibido completo, se reiterará la reclamación y, si no se enviara en el término de diez días, tras constatarse su responsabilidad, previo apercibimiento del Secretario judicial notificado personalmente para formulación de alegaciones, el Juez o Tribunal impondrá una multa coercitiva de doscientos a mil doscientos euros a la autoridad o empleado responsable. 113.-) Contra los autos en los que se acuerde la imposición de multas señaladas en la

pregunta anterior, cabrá interponer:

A. No cabrá interponer recurso alguno. B. Recurso de súplica. C. Recurso de casación. D. Recurso de apelación 114.-) El emplazamiento de la Administración en el seno de un procedimiento contencioso-

administrativo se entenderá efectuado, según establece la Ley 29/1998, de 13 de julio: A. De oficio. B. En dicho procedimiento no se produce un emplazamiento a la Administración. C. Al realizar la reclamación del expediente. D. A los diez días de la comunicación de la interposición del recurso por parte del recurrente. 115.-) Según se recoge en la normativa que regula el procedimiento contencioso-

administrativo en primera o única instancia, los demandados legalmente emplazados

podrán personarse en autos dentro del plazo concedido. Si lo hicieren posteriormente, se

les tendrá por parte para los trámites: A. Esenciales. B. Esenciales y de trámite. C. Precluidos. D. No precluidos. 116.-) Para hacer uso del trámite de alegaciones previas, según recoge la Ley 29/1998, de

13 de julio, la Administración demandada: A. Así se lo comunicará al Juzgado en el plazo de tres días. B. Habrá de acompañar el expediente administrativo, de no haberlo hecho antes. C. La Administración no goza del uso del trámite de alegaciones previas en el procedimiento contencioso-administrativo en primera o única instancia. D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 117.-) Tal y como establece la Ley 29/1998, de 13 de julio, solamente se podrá pedir el

recibimiento del proceso a prueba por medio de otrosí (señale la respuesta correcta): A. En los escritos de demanda y contestación.

B. En los escritos de alegaciones complementarias. C. Las respuestas a) y b) son correctas. D. Las respuestas a) y b) son incorrectas. 118.-) El plazo para desarrollar la prueba será, según establece la Ley 29/1998, de 13 de

julio, de:

A. Quince días para proponer y treinta para practicar. B. Diez días para proponer y quince para practicar. C. Cinco días para proponer y diez para practicar. D. Dos días para proponer y cinco para practicar. 119.-) Finalizado el período de prueba, según el artículo 61 de la Ley 29/1998, de 13 de

julio, ¿podrá el órgano jurisdiccional acordar la práctica de cualquier diligencia de

prueba que estime necesaria?

A. No, salvo acuerdo entre las partes. B. No, en ningún caso. C. Sí, en cualquier momento, siempre que la prueba se estime necesaria. D. Sí, hasta que el pleito sea declarado concluso para sentencia. 120.-) ¿El Juez de lo contencioso-administrativo podrá extender los efectos de las pruebas

periciales llevadas a cabo en el seno de un procedimiento contencioso-administrativo, a

otros procedimientos conexos? A. Sí, de oficio, o a instancia de los interesados. B. Sí, apreciándose de oficio, únicamente, previa audiencia de las partes. C. No, en ningún caso. D. No, salvo acuerdo entre las partes litigantes. 121.-) Señale la respuesta correcta. En el procedimiento contencioso-administrativo en

primera o única instancia, si se acordara la celebración de vista, el Secretario judicial

señalará la fecha de la audiencia por riguroso orden de antigüedad de los asuntos, excepto:

A. Materias que afectadas por prescripción de la Ley, deban tener preferencia. B. Por acuerdo motivado del órgano jurisdiccional, en virtud de la eficacia de la Sentencia a dictar. C. Materias que afectadas por caducidad de la Ley, deban tener preferencia. D. Materias que afecten a los derechos fundamentales del demandante. 122.-) Según establece la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el acto de la vista o en el escrito de

conclusiones (señale la respuesta correcta):

A. Podrán plantearse cuestiones que no hayan sido suscitadas en los escritos de demanda y contestación, con el consentimiento del Juez o Tribunal, siendo preceptiva la audiencia de la otra parte. B. En ningún caso podrán plantearse cuestiones que no hayan sido suscitadas en los escritos de demanda y contestación. C. Podrán plantearse cuestiones que no hayan sido suscitadas en los escritos de demanda y contestación si así lo estima pertinente el Juez o Tribunal.

D. No podrán plantearse cuestiones que no hayan sido suscitadas en los escritos de demanda y contestación como regla general, salvo que así lo ordene el Juez o Tribunal, siendo preceptiva la audiencia a las partes. 123.-) Gozará de máxima preferencia a la hora de la resolución de los procedimientos

contenciosos-administrativos, según establece la normativa vigente:

A. Recursos directos contra disposiciones de carácter general. B. El proceso especial de protección de derechos fundamentales. C. La cuestión o recurso de de ilegalidad de una Ley. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 124.-) “Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no

afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo

hayan aplicado antes de que la anulación alcanzará efectos generales”, esta afirmación es:

A. Correcta, sin que existan excepciones a la misma. B. Incorrecta, puesto que sí que se afectan los actos anteriores; de otro modo nos encontraríamos ante un supuesto de inseguridad jurídica. C. Correcta, pero existen excepciones a la misma. D. Incorrecta, puesto que afecta únicamente a actos administrativos, pero no a sentencias judiciales firmes. 125.-) El desistimiento, según establece el articulado que lo regula en la Ley 29/1998, de 13

de julio:

A. El Secretario judicial dará traslado a las demás partes, y en los supuestos de acción popular al Ministerio Fiscal, por plazo común de tres días. B. Para que produzca efectos deberá ser ratificado por el Juez o Tribunal. C. No implicará necesariamente la condena en costas. D. Desistido un recurso de apelación o de casación, el Juez sin más trámites declarará terminado el procedimiento por decreto. 126.-) El plazo para la interposición del recurso especial contra los derechos

fundamentales de la persona es, según establece la Ley 29/1998, de 13 de julio:

A. 10 días a partir del siguiente al de la notificación o publicación del acto impugnado. B. 10 días a partir del día de la notificación o publicación del acto impugnado. C. 15 días a partir del siguientes al de la notificación o publicación del acto impugnado. D. 15 días a partir del día de la notificación o publicación del acto impugnado. 127.-) Contra el auto de planteamiento de una cuestión de ilegalidad prevista en el artículo

27.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-

administrativa, cabrá: A. Recurso de súplica. B. Recurso de réplica. C. Recurso de apelación. D. No cabrá recurso alguno.

128.-) La Sentencia que resuelva la cuestión de ilegalidad, según establece el artículo 126

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa: A. Afectará a la situación jurídica concreta derivada de la sentencia dictada por el Juez o Tribunal que planteó aquélla. B. No afectará a la situación jurídica concreta derivada de la sentencia dictada por el Juez o Tribunal que planteó aquélla. C. Caso de ser desestimatoria, no procederá su publicación. D. En todo caso, será de resolución preferente. 129.-) Señale la respuesta correcta, de entre las siguientes, sobre el procedimiento especial

de suspensión administrativa previa de acuerdos, tal y como establece la Ley 29/1998, de

13 de julio:

A. Recibido el expediente administrativo, el Secretario judicial lo pondrá de manifiesto junto con las actuaciones a los comparecidos en el procedimiento, convocándolos para la celebración de la vista, que se celebrará como mínimo a los cinco días de la puesta de manifiesto del expediente. B. Interpuesto el recurso o trasladado el acuerdo suspendido, el Secretario judicial requerirá a la corporación o entidad que lo hubiera dictado para que en el plazo de veinte días remita el expediente administrativo, alegue lo que estime conveniente en defensa de aquél y notifique a cuantos tuvieran interés legítimo en su mantenimiento o anulación la existencia del procedimiento, a efectos de su comparecencia ante el órgano jurisdiccional en el plazo de cinco días. C. El órgano jurisdiccional podrá, motivadamente, sustituir el trámite de vista por el de alegaciones escritas, que se presentarán en el plazo común de los diez días siguientes a la notificación del auto en que así se acuerde. D. En el plazo de los veinte días siguientes a la fecha en que se hubiera dictado el acto de suspensión o en el que la Ley establezca, deberá interponerse el recurso contencioso-administrativo mediante escrito fundado, o darse traslado directo del acuerdo suspendido al órgano jurisdiccional, según proceda, acompañando en todo caso copia del citado acto de suspensión. 130.-) Sobre la ejecución de las Sentencias en el procedimiento contencioso-administrativo,

señale, de entre las siguientes, la respuesta correcta:

A. Como regla general, no podrá suspenderse el cumplimiento de Sentencia, pero sí declararse la inejecución parcial del fallo, en determinados supuestos. B. Podrá suspenderse el cumplimiento de Sentencia, sin que dé lugar a indemnización. C. Caso de ejecutar la misma mediante ejecución forzosa, se podrá incrementar el interés legal del dinero a devengar en tres puntos. D. Como regla general, no podrá suspenderse el cumplimiento ni declararse la inejecución total o parcial del fallo. 131.-) El Secretario del órgano judicial ordenará su publicación en diario oficial en el

plazo de diez días a contar desde la firmeza de la Sentencia en una serie de supuestos,

entre los que no se encuentra:

A. Si la Sentencia anulara totalmente una disposición de carácter general. B. Si la Sentencia anulara parcialmente una disposición de carácter general.

C. Si la Sentencia anulara un acto administrativo destinado a una pluralidad indeterminada de usuarios. D. Si la Sentencia condenare a la Administración a realizar una determinada actividad o a dictar un acto. 132.-) En materia tributaria y de personal al servicio de la Administración pública, los

efectos de una Sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica

individualizada a favor de una o varias personas podrán extenderse a otras, en ejecución

de la sentencia, cuando concurran las siguientes circunstancias (señale la respuesta

incorrecta): A. Que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo. B. Que el juez o tribunal sentenciador fuera también competente, por razón de la materia, para conocer de sus pretensiones de reconocimiento de dicha situación individualizada. C. Que soliciten la extensión de los efectos de la sentencia en el plazo de un año desde la última notificación de esta a quienes fueron parte en el proceso. D. Además de lo dispuesto en la respuesta c), si se hubiere interpuesto recurso en interés de la Ley o de revisión, este plazo se contará desde la última notificación de la resolución que ponga fin a éste. 133.-) Según la normativa vigente en materia de procedimientos contencioso-

administrativos, la Administración pública, las demás partes procesales y las personas

afectadas por el fallo, mientras no conste en autos la total ejecución de la Sentencia,

podrán promover incidente para decidir, sin contrariar el contenido del fallo, cuantas

cuestiones se planteen en la ejecución, desestimando tal incidente, en todo caso, cuando

concurra (señale la respuesta incorrecta): A. Si existiera cosa juzgada. B. Cuando la doctrina determinante del fallo cuya extensión se postule fuere contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo o a la doctrina sentada por los Tribunales Superiores de Justicia en el recurso a que se refiere el artículo 99 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. C. Si para el interesado se hubiere dictado resolución que, habiendo causado estado en vía administrativa, no fuere consentida y firme. D. Si se encuentra pendiente un recurso de revisión o un recurso de casación en interés de la Ley, quedará en suspenso la decisión del incidente hasta que se resuelva el citado recurso. 134.-) Según establece la Ley 29/1998, de 13 de julio, sin perjuicio de otras

responsabilidades patrimoniales a las que hubiere lugar, y previo apercibimiento, se

podrán imponer multas coercitivas a los agentes, funcionarios o autoridades responsables

de la ejecución de la Sentencia, pudiendo reiterar las mismas hasta el total cumplimiento

del fallo judicial, por una cuantía de:

A. 200 a 1202 euros. B. 301 a 1503 euros. C. 150 a 1500 euros. D. 200 a 1500 euros.

135.-) La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ha sufrido

su última modificación mediante:

A. Ley 25/2010, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. B. Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. C. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. D. Ley 31/2011, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas. 136.-) “La promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, información,

investigación, estudio y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales, con la

adecuada coordinación y colaboración, en su caso, con los órganos técnicos en materia

preventiva de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus funciones en esta materia”,

es función de:

A. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. B. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. C. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. D. Instituto Nacional de Medicina y Seguridad en el Trabajo. 137.-) En referencia al Plan de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley 31/1995, de 8 de

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, dispone que:

A. El empresario podrá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. B. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario o por los trabajadores, como consecuencia de los controles periódicos previstos, su inadecuación a los fines de protección requeridos. C. Cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario o los trabajadores deberán llevar a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos. D. Se podrá realizar de forma simplificada. 138.-) Según establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos

Laborales, un Ayuntamiento que consta de 250 trabajadores constará de

A. Dos delegados de prevención. B. Tres delegados de prevención. C. Cuatro delegados de prevención. D. Cinco delegados de prevención. 139.-) A la hora del cómputo de trabajadores en la pregunta anterior, esto es, para la

determinación del número de Delegados de Prevención (señale la respuesta incorrecta): A. Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla.

B. Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos cincuenta días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. C. En la negociación colectiva podrá acordarse que las competencias reconocidas en esta Ley a los Delegados de Prevención sean ejercidas por órganos específicos creados en el propio convenio o en los acuerdos citados. D. En los convenios colectivos podrán establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención, siempre que se garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal o a los propios trabajadores. 140.-) Según establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, se constituirá un Comité de

Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo: A. Con 15 o más trabajadores. B. Con al menos 30 trabajadores. C. Con al menos 50 trabajadores. D. Con 100 o más trabajadores. 141.-) Según establece la normativa vigente, el Comité de Seguridad y Salud se reunirá,

con carácter general:

A. Mensualmente. B. Trimestralmente. C. Semestralmente. D. Anualmente. 142.-) Según establece la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades de

Personal al servicio de las Administraciones Públicas, será requisito necesario para

autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad total percibida por

ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos

Generales del Estado para el cargo de Director General, ni supere la correspondiente al

principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en: A. Un 35% para los funcionarios del grupo A o personal de nivel equivalente. B. Un 40% para los funcionarios del grupo B o personal de nivel equivalente. C. Un 45% para los funcionarios del grupo C o personal de nivel equivalente. D. Un 50% para los funcionarios del grupo E o personal equivalente. 143.-) La superación de los límites establecidos para la pregunta anterior, según establece

el artículo 7 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre:

A. Requiere Acuerdo expreso del Pleno de la Corporación Local en base a razones de especial interés para el servicio. B. Requiere Resolución expresa del Presidente de la Corporación Local en base a razones de especial interés para el servicio. C. Requiere Acuerdo expreso del Pleno de la Corporación Local en base a razones de interés general. D. Requiere Resolución expresa del Presidente de la Corporación Local en base a razones de interés general.

144.-) Dispone la Ley 53/1984, de 26 de noviembre, que el personal incluido en el ámbito

de aplicación de esta Ley que en representación del sector público pertenezca a Consejos

de Administración u órganos de gobierno de entidades o empresas públicas o privadas,

sólo podrá percibir las dietas o indemnizaciones que correspondan por su asistencia a los

mismos, ajustándose en su cuantía al régimen general previsto para las Administraciones

Públicas:

A. Sin poder pertenecer a más de tres Consejos de Administración u órganos de gobierno, salvo excepciones. B. Sin poder pertenecer a más de dos Consejos de Administración u órganos de gobierno, salvo excepciones. C. Sin poder pertenecer, en ningún caso, a más de tres Consejos de Administración u órganos de gobierno. D. Sin poder pertenecer, en ningún caso, a más de tres Consejos de Administración u órganos de gobierno. 145.-) Establece la Ley 53/1984, de 26 de noviembre, que quienes accedan por cualquier

título a un nuevo puesto del sector público que con arreglo a esta Ley resulte incompatible

con el que vinieran desempeñando habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de

toma de posesión. Si se tratara de puestos susceptibles de compatibilidad, previa

autorización, deberán instarla en los: A. Treinta primeros días del plazo de toma de posesión. B. Quince primeros días del plazo de toma de posesión. C. Diez primeros días del plazo de toma de posesión. D. Cinco primeros días del plazo de toma de posesión. 146.-) En ningún caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley

53/1984, de 26 de noviembre, no podrá ejercer las actividades siguientes (señale la

respuesta incorrecta):

A. El desempeño, por sí o persona interpuesta, de cargos de todo orden en empresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquellas. B. La participación superior al 10 % en el capital de las empresas o sociedades a que se refiere la letra a). C. El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares, en los asuntos en que este interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público. D. Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las Administraciones Públicas. 147.-) Establece la Ley 53/1984, de 26 de noviembre, que, por excepción, y sin perjuicio de

las limitaciones establecidas en los artículos 1.3, 11, 12 y 13 de la presente Ley, podrá

reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que

desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de (1), o concepto

equiparable, cuya cuantía no supere el (2):

A. (1) Complemento específico. (2) 30% de su retribución básica, excluídos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad. B. (1) Complemento de productividad. (2) 30% de su retribución básica, excluídos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad. C. (1) Complemento específico. (2) 30% de su retribución básica, incluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad. D. (1) Complemento específico. (2) 40% de su retribución básica, excluídos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad. 148.-) Según el artículo 19 de la Ley 53/1984, de 26 de noviembre, quedan exceptuadas del

regimen de incompatibilidades de la presente Ley las actividades siguientes (señale la

respuesta correcta):

A. La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no tengan carácter permanente o habitual ni supongan mas de cincuenta horas al año, así como la preparación para el acceso a la función publica en los casos y forma que reglamentariamente se determine. B. El ejercicio del cargo de presidente, vocal o miembro de juntas rectoras de mutualidades o patronatos de funcionarios, siempre que no sea retribuido. C. La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquellas, en todo caso. D. La participación habitual en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social. 149.-) Según establece la Ley de Procedimiento Laboral (Real Decreto Legislativo2/1995,

de 7 de abril), los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las cuestiones

litigiosas que se promuevan:

A. Entre empresarios y trabajadores, como consecuencia del contrato de trabajo, sin excepciones. B. De las resoluciones y actos dictados en materia de inscripción de empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, tarifación, cobertura de la prestación de incapacidad temporal, afiliación, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores, así como en materia de liquidación y gestión recaudatoria y demás actos administrativos distintos de los de la gestión de prestaciones de la Seguridad Social. C. En la aplicación de los sistemas de mejoras de la acción protectora de la Seguridad Social excluidos los planes de pensiones y contratos de seguro. D. En procesos sobre materias electorales, incluida la denegación de registro de actas electorales, también cuando se refieran a elecciones a órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones públicas.

150.-) Según recoge la Ley de Procedimiento Laboral, hasta que las resuelva el órgano

judicial competente, las cuestiones prejudiciales penales suspenderán el plazo para

adoptar la debida decisión sólo cuando se basen: A. En conductas delictivas tipificadas con pena de prisión. B. En falsedad documental. C. En conductas tipificadas como delito contra la Seguridad Social. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. 151.-) “De las cuestiones de competencia suscitadas entre órganos del orden jurisdiccional

social que no tengan otro superior jerárquico común”, es competencia de: A. Juzgados Centrales de lo Social. B. Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Social. C. Audiencia Nacional, Sala de lo Social. D. Tribunal Supremo, Sala de lo Social. 152.-) En el procedimiento laboral, según establece el artículo 18 de la Ley de

Procedimiento Laboral, se deberá designar un representante común en:

A. Procesos en que demanden conjuntamente más de 10 actores. B. Procesos en que demanden conjuntamente más de 20 actores. C. Procesos que se encuentren acumulados afectando a más de 15 actores. D. Procesos que se encuentren acumulados afectando a más de 20 actores. 153.-) En la instancia y en el recurso de suplicación, según establec la Ley de

Procedimiento Laboral, la defensa por abogado tendrá carácter: A. Preceptivo en instancia, y facultativo en suplicación. B. Facultativo en instancia, y preceptivo en suplicación. C. Preceptivo en instancia y preceptivo en suplicación. D. Facultativo en instancia y facultativo en suplicación. 154.-) Según establece el artículo 34 de la Ley de Procedimiento Laboral, la acumulación

de acciones y procesos deberá formularse y acordarse antes de la celebración de los actos

de conciliación, en su caso, y de juicio, salvo que se proponga por vía de:

A. Recurso. B. Suplicación. C. Reconvención. D. Casación. 155.-) En el procedimiento laboral, según establece la Ley de Procedimiento Laboral, los

Secretarios Judiciales resolverán por medio de: A. Diligencias y Decretos. B. Autos y Providencias. C. Diligencias y Providencias. D. Autos y Decretos.

156.-) Según establece la Ley de Procedimiento Laboral, será requisito previo para la

tramitación del proceso el intento de conciliación ante el servicio administrativo

correspondiente o ante el órgano que asuma estas funciones que podrá constituirse

mediante los acuerdos interprofesionales o los convenios colectivos a los que se refiere el

artículo 83 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como los

acuerdos de interés profesional a los que se refiere el artículo 13 de la Ley del Estatuto del

Trabajo Autónomo. Quedan exceptuados:

A. Los procesos que exijan la reclamación previa en vía administrativa. B. Los de impugnación de convenios colectivos. C. El ejercicio de las acciones laborales derivadas de los derechos establecidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. D. Aquellos procesos en los que siendo parte demandada el Estado, también lo fuere otro ente público, siempre que la pretensión hubiera de someterse al trámite de reclamación previa y en éste pudiera decidirse el asunto litigioso. 157.-) Según establece el artículo 65 de la Ley de Procedimiento Laboral, la presentación

de la solicitud de conciliación:

A. Suspenderá los plazos de caducidad y prescripción. B. Interrumpirá los plazos de caducidad y prescripción. C. Interrumpirá los plazos de caducidad y suspenderá los de prescripción. D. Suspenderá los plazos de caducidad e interrumpirá los de prescripción. 158.-) Se tendrá por terminado el procedimiento y cumplido el trámite, en todo caso, según

establece la Ley de Procedimiento Laboral: A. Transcurridos diez días sin que se celebre el acto de conciliación. B. Transcurridos quince días sin que se celebre el acto de conciliación. C. Transcurridos veinte días sin que se celebre el acto de conciliación. D. Transcurridos treinta días sin que se celebre el acto de conciliación. 159.-) Tal y como establece la Ley de Procedimiento Laboral, si las partes solicitasen la

práctica anticipada de pruebas que no puedan ser realizadas en el acto del juicio, o cuya

realización presente graves dificultades en dicho momento, el Juez o Tribunal decidirá lo

pertinente para su práctica en los términos previstos por la norma que regule el medio de

prueba correspondiente. Contra la resolución denegatoria: A. Cabrá interponer recurso de suplicación. B. Cabrá interponer recurso de revisión. C. Cabrá interponer recurso de apelación. D. No cabrá interponer recurso alguno. 160.-) El órgano judicial, tal y como dispone la Ley de Procedimiento Laboral, en los casos

en que pueda derivarse su responsabilidad, podrá decretar el embargo preventivo de

bienes del demandado en cuantía suficiente para cubrir lo reclamado en la demanda y lo

que se calcule para las costas de ejecución, cuando por aquél se realicen cualesquiera actos

de los que pueda presumirse que pretende situarse en Estado de insolvencia o impedir la

efectividad de la sentencia:

A. De oficio. B. A instancia de parte interesada. C. A instancia del Fondo de Garantía Salarial. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. 161.-) Según establece el artículo 84 de la Ley de Procedimiento Laboral, el Secretario

judicial advertirá a la parte de los defectos u omisiones de carácter formal en que haya

incurrido al redactar la demanda, a fin de que los subsane:

A. En el plazo de dos días. B. En el plazo de cuatro días. C. En el plazo de cinco días. D. En el plazo de diez días. 162.-) La celebración del acto de conciliación, según establece el artículo 85.2 de la Ley de

Procedimiento Laboral, se realizará ante: A. El Secretario Judicial, únicamente. B. El Juez o Magistrado, únicamente. C. El Secretario Judicial y el Juez o Magistrado. D. El Juez o Magistrado, o ante el Secretario Judicial, si delega en el mismo. 163.-) Se suspenderá el procedimiento por seguirse causa criminal sobre los hechos

debatidos, según establece el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril: A. En todo caso. B. En ningún caso. C. Si así lo estima el Juez, Magistrado o Tribunal mediante Auto. D. Si así lo estima el Juez, Magistrado o Tribunal mediante Providencia. 164.-) Tal y como establece la Ley de Procedimiento Laboral, la sentencia, motivadamente,

podrá imponer al litigante que obró de mala fe o con notoria temeridad una sanción

pecuniaria cuya cuantía máxima, en la instancia:

A. No será inferior a 200 ni superior a 1202 euros. B. No será inferior a 300 ni superior a 1503 euros. C. No será superior a 600 euros. D. No será inferior a 600 euros.

165.-) Según establece el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Seguridad Social, transcurrido el plazo

reglamentario establecido para el pago de las cuotas a la Seguridad Social sin ingreso de

las mismas y sin perjuicio de las especialidades previstas para los aplazamientos, se

devengarán los siguientes recargos cuando los sujetos responsables del pago hubieran

presentado los documentos de cotización dentro del plazo reglamentario (señale la

respuesta correcta): A. Recargo del 4 % de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas dentro del primer mes siguiente al vencimiento del plazo reglamentario.

B. Recargo del 6 % de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas dentro del segundo mes siguiente al vencimiento del plazo reglamentario. C. Recargo del 10 % de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas dentro del tercer mes siguiente al vencimiento del plazo reglamentario. D. Recargo del 15 % de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas a partir del cuarto mes siguiente al vencimiento del plazo reglamentario. 166.-) En el caso de la pregunta anterior, cuando los sujetos responsables del pago no

hubieran presentado los documentos de cotización dentro del plazo reglamentario, se

devengarán los siguientes recargos (señale la respuesta correcta): A. Recargo del 35 % de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas a partir de la terminación del plazo de ingreso establecido en la reclamación de deuda o acta de liquidación. B. Recargo del 15 % de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas a partir del cuarto mes siguiente al vencimiento del plazo reglamentario. C. . Recargo del 25 % de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas a partir de la terminación del plazo de ingreso establecido en la reclamación de deuda o acta de liquidación. D. Recargo del 40 % de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas a partir del tercer mes siguiente al vencimiento del plazo reglamentario. 167.-) “La gestión de las pensiones de invalidez y de jubilación, en sus modalidades no

contributivas, así como de los servicios complementarios de las prestaciones del sistema de la

Seguridad Social”, es función de qué Entidad Gestora de la Seguridad Social:

A. Instituto Nacional de Servicios Sociales. B. Instituto Nacional de la Salud. C. Instituto Nacional de la Seguridad Social. D. Tesorería General de la Seguridad Social. 168.-) En cuanto a la acción protectora del régimen de la Seguridad Social, no tendrá

consideración de accidente de trabajo: A. En todo caso, los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo. B. Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos. C. Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa. D. Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo, siempre y cuando no tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación. 169.-) De entre las siguientes respuestas, señale la que considere correcta, sobre la acción

protectora de la Seguridad Social.

A. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50%, cuando la lesión se

produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador. B. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 40 a un 60%, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador. C. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la intensidad de la lesión, de un 25 a un 50%, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador. D. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la intensidad de la lesión, de un 15 a un 30%, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador. 170.-) La responsabilidad del empresario sobre el pago del recargo de la pregunta

anterior, según establece el Texto Refundido de la Ley de Seguridad Social:

A. Podrá compensarla o transmitirla, según los casos. B. Es independiente y compatible, con las responsabilidades derivadas de la misma infracción en otros órdenes, incluso penal. C. Es dependiente, y por tanto compatible, de la posible responsabilidad derivada de la misma infracción impuesta por el orden penal. D. Podrá compensarla, pero en ningún caso transmitirla. 171.-) Según establece el Texto Refundido de la Ley de Seguridad Social, no se exigirán,

salvo disposición legal expresa en contra, períodos previos de cotización para el derecho a

las prestaciones que se deriven de: A. Maternidad. B. Paternidad. C. Accidente no laboral. D. Riesgo durante la lactancia natural.

172.-) Tal y como dispone el artículo 124.5 del Texto Refundido de la Ley de Seguridad

Social, el período de suspensión con reserva del puesto de trabajo, contemplado en el

artículo 48.6 del Estatuto de los Trabajadores, tendrá la consideración de período de

cotización efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social

por (señale la respuesta incorrecta): A. Muerte o supervivencia. B. Maternidad. C. Desempleo. D. Incapacidad temporal. 173.-) El apartado siguiente del artículo referenciado en la pregunta anterior dispone que

el período por maternidad o paternidad que subsista a la fecha de extinción del contrato

de trabajo, o que se inicie durante la percepción de la prestación por desempleo, será

considerado como período de cotización efectiva a efectos de las correspondientes

prestaciones de la Seguridad Social por (señale la respuesta incorrecta): A. Incapacidad permanente. B. Muerte y supervivencia. C. Jubilación. D. Riesgo durante el embarazo. 174.-) De entre las siguientes, señale la respuesta que considere correcta, según lo

dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Seguridad Social: A. La situación legal de desempleo total durante la que el trabajador perciba prestación por dicha contingencia será la de alta. Tendrá la consideración de situación asimilada a la de alta, con cotización, salvo en lo que respecta a los subsidios por riesgo durante el embarazo y por riesgo durante la lactancia natural, la situación del trabajador durante el período correspondiente a vacaciones anuales retribuidas que no hayan sido disfrutadas por el mismo con anterioridad a la finalización del contrato. B. La situación legal de desempleo total durante la que el trabajador perciba prestación por dicha contingencia será asimilada a la de alta. Asimismo, tendrá la consideración de situación asimilada a la de alta, sin cotización, salvo en lo que respecta a los subsidios por riesgo durante el embarazo y por riesgo durante la lactancia natural, la situación del trabajador durante el período correspondiente a vacaciones anuales retribuidas que hayan sido disfrutadas por el mismo con anterioridad a la finalización del contrato. C. La situación legal de desempleo total o parcial durante la que el trabajador perciba prestación por dicha contingencia será la de alta. Asimismo, tendrá la consideración de situación asimilada a la de alta, con cotización, salvo en lo que respecta a los subsidios por riesgo durante el embarazo y por riesgo durante la lactancia natural, la situación del trabajador durante el período correspondiente a vacaciones anuales retribuidas que no hayan sido disfrutadas por el mismo con anterioridad a la finalización del contrato. D. La situación legal de desempleo total durante la que el trabajador perciba prestación por dicha contingencia será asimilada a la de alta. Asimismo, tendrá la consideración de situación asimilada a la de alta, con cotización, salvo en lo que respecta a los subsidios por riesgo durante el embarazo y por riesgo durante la lactancia natural, la situación del trabajador durante el período correspondiente a vacaciones anuales retribuidas que no hayan sido disfrutadas por el mismo con anterioridad a la finalización del contrato.

175.-) Según establece la normativa vigente, durante las situaciones de huelga y cierre

patronal el trabajador permanecerá en situación: A. Asimilada al alta. B. Alta. C. Alta especial. D. Baja temporal. 176.-) En cuanto al anticipo de las prestaciones, este no podrá sobrepasar, según establece

el Texto Refundido de la Ley de Seguridad Social: A. 2’5 veces el Salario Mínimo Interprofesional. B. 1’5 veces el Salario Mínimo Interprofesional. C. 3 veces el Salario Mínimo Interprofesional. D. 3’5 veces el Salario Mínimo Interprofesional. 177.-) El Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo, es la

normativa actual sobre el ejercicio del derecho de huelga. Sobre dicha norma, señale la

respuesta correcta: A. Siete artículos del mismo han sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. B. Su Disposición Adicional 4ª fue derogada por el vigente Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. C. Ambas respuestas son correctas. D. Ambas respuestas son incorrectas. 178.-) Según establece el artículo 3 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, están

facultados para acordar la declaración de huelga: A. Los trabajadores, a través de sus representantes. El acuerdo será adoptado, en reunión conjunta de dichos representantes, por decisión mayoritaria de los mismos. De la reunión, a la que habrán de asistir al menos el 75% de los representantes, se levantará acta. B. Directamente los propios trabajadores del centro de trabajo, afectados por el conflicto, cuando el 50% de la plantilla decida se someta a votación dicho acuerdo, decidiéndose por mayoría absoluta. C. Los trabajadores, a través de sus representantes. El acuerdo será adoptado, en reunión conjunta de dichos representantes, por mayoría absoluta de los mismos. De la reunión, a la que habrán de asistir al menos el 50% de los representantes, se levantará acta. D. Directamente los propios trabajadores del centro de trabajo, afectados por el conflicto, cuando el 75% de la plantilla decida se someta a votación dicho acuerdo, decidiéndose por mayoría simple. 179.-) El acuerdo de declaración de huelga habrá de ser comunicado al empresario o

empresarios afectados y a la autoridad laboral por los representantes de los trabajadores:

A. La comunicación de huelga deberá hacerse de forma oral, o preferentemente por escrito, y notificada con cinco días hábiles de antelación, al menos, a su fecha de iniciación, excepto cuando la huelga afecte a empresas que presten servicios públicos, que serán diez días.

B. La comunicación de huelga deberá hacerse por escrito y notificada con cinco días naturales de antelación, al menos, a su fecha de iniciación, excepto cuando la huelga afecte a empresas que presten servicios públicos, que serán diez días. C. La comunicación de huelga deberá hacerse por escrito y notificada con siete días naturales de antelación, al menos, a su fecha de iniciación, excepto cuando la huelga afecte a empresas que presten servicios públicos, que serán diez días. D. La comunicación de huelga deberá hacerse de forma oral, o preferentemente por escrito, y notificada con siete días hábiles de antelación, al menos, a su fecha de iniciación, excepto cuando la huelga afecte a empresas que presten servicios públicos, que serán diez días. 180.-) Corresponde al comité de huelga participar en cuantas actuaciones sindicales,

administrativas o judiciales se realicen para la solución del conflicto. En cuanto a su

composición:

A. No podrá exceder del 5% del total de la plantilla de empleados de la empresa. B. No podrá exceder de diez personas. C. No podrá exceder de doce personas. D. No podrá exceder del 10% del total de la plantilla de empleados de la empresa. 181.-) El comité de huelga habrá de garantizar durante la misma la prestación de los

servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas, mantenimiento de los

locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra atención que fuese

precisa para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa. ¿A quién corresponde la

designación de los trabajadores que deban realizar tales cometidos? A. Al empresario. B. A los propios trabajadores. C. Al Comité de huelga. D. A una Comisión Mixta paritaria empresario-trabajadores. 182.-) Según el Real Decreto-Ley 17/977, de 4 de marzo, podrán instar la iniciación de

conflicto colectivo de trabajo (señale la respuesta incorrecta): A. Los trabajadores, directamente. B. El empresario. C. Los trabajadores, por medio de sus representantes. D. Los representantes legales del empresario. 183.-) Se considera infracción grave estipulada en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones:

A. La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control financiero. B. La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida. C. La obtención de la condición de entidad colaboradora falseando los requisitos requeridos en las bases reguladoras de la subvención u ocultando los que la hubiesen impedido. D. La falta de entrega, por parte de las entidades colaboradoras, cuando así se establezca, a los beneficiarios de los fondos recibidos de acuerdo con los criterios previstos en las bases reguladoras de la subvención.

184.-) Según establece la Ley General de Subvenciones, en lo relativo a la multa fija y a la

multa proporcional: A. La fija estará comprendida entre 150 y 3.000 euros, y la proporcional del tanto al doble de la cantidad indebidamente obtenida. B. La fija estará comprendida entre 150 y 3.000 euros, y la proporcional del tanto al triple de la cantidad indebidamente obtenida. C. La fija estará comprendida entre 75 y 6.000 euros, y la proporcional del tanto al doble de la cantidad indebidamente obtenida. D. La fija estará comprendida entre 75 y 6.000 euros, y la proporcional del tanto al triple de la cantidad indebidamente obtenida. 185.-) En cuanto a las sanciones no pecuinarias tipificadas en la Ley General de

Subvenciones para las infracciones graves o muy graves, señale la propuesta que considere

correcta:

A. Pérdida durante un plazo de hasta tres años de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de las Administraciones públicas u otros entes públicos. B. Pérdida durante un plazo de hasta seis años de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de las Administraciones públicas u otros entes públicos. C. Prohibición durante un plazo de hasta cuatro años para contratar con las Administraciones públicas. D. Prohibición durante un plazo de hasta cinco años para contratar con las Administraciones públicas. 186.-) En cuanto a la graduación de las sanciones establecida en la Ley General de

Subvenciones, la comisión repetida de infracciones en materia de subvenciones se

considera circunstancia agravante. En el caso de infracciones graves o muy graves, el

porcentaje de la sanción mínima se incrementará: A. Entre 10 y 75 puntos porcentuales. B. Entre 15 y 50 puntos porcentuales. C. Hasta 40 puntos porcentuales. D. Hasta 50 puntos porcentuales. 187.-) Como norma general, y según establece el artículo 61 de la Ley General de

Subvenciones, cada infracción leve estará sancionada con multa de: A. Hasta 1.500 euros. B. Hasta 3.000 euros. C. De 75 a 900 euros. D. De 150 a 1.500 euros. 188.-) En cuanto al régimen de prescripción de las infracciones y sanciones

administrativas en materia de subvenciones, tal y como establece su Ley General:

A. Las infracciones prescriben a dos años desde su cometimiento, y las sanciones prescriben a los tres años desde el día de firmeza de dicha sanción. B. Las infracciones y sanciones en materia de subvenciones prescriben a los cuatro años, unas desde la fecha de su cometimiento, y las otras desde el día que adquiere firmeza dicha sanción.

C. Las infracciones prescriben a los tres años desde la fecha de su cometimiento, y las sanciones prescriben a los cuatro años desde el día en que adquiere firmeza dicha sanción.. D. Las infracciones y sanciones prescriben a los tres años, unas desde la fecha de su cometimiento, y las otras desde el día que adquiere firmeza dicha sanción. 189.-) Según establece la Ley General de Subvenciones, La responsabilidad derivada de las

infracciones se extingue por (señale la respuesta incorrecta): A. Prescripción. B. Caducidad. C. Fallecimiento. D. Pago. 190.-) Según establece la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat Valenciana,

Urbanística Valenciana, el urbanizador podrá convenir con los propietarios obligados un

aplazamiento en el pago de las cuotas de urbanización: A. En todo caso, con carácter potestativo. B. En todo caso, con carácter obligatorio. C. Pudiendo ser con carácter potestativo u obligatorio, según los casos. D. La pregunta es errónea, la Ley Urbanística Valenciana no permite el convenir con los propietarios obligados el aplazamiento en el pago de las cuotas de urbanización. 191.-) Tal y como establece la Ley Urbanística Valenciana, por regla general, las

infracciones urbanísticas de carácter leve serán sancionadas:

A. Con multa de 300 a 3.000 euros. B. Con multa de 150 a 1.500 euros. C. Con multa de 500 a 6.000 euros. D. Con multa de 1.001 a 6.000 euros. 192.-) ¿Y las infracciones urbanísticas de carácter muy grave, según establece la Ley

Urbanística Valenciana?

A. Con multa de 60.001 a 600.000 euros. B. Con multa de 12.000 a 2.000.000 euros. C. Con multa de 3.001 a 500.000 euros. D. Con multa de 30.001 a 1.500.000 euros. 193.-) La inhabilitación para asumir la condición de urbanizador que se le pueda imponer

como sanción conexa a la multa al Urbanizador, no podrá exceder de: A. Diez años. B. Ocho años. C. Seis años. D. Cuatro años. 194.-) Las infracciones leves en materia urbanística según establece la Ley Urbanística

Valenciana, prescribirán:

A. A los cuatro años. B. Al año. C. A los seis meses. D. A los dos meses. 195.-) Las sanciones muy graves en materia urbanística, tal y como recoge la Ley

Urbanística Valenciana, prescribirán: A. A los seis años. B. A los cuatro años. C. A los dos años. D. A los diez años. 196.-) El grado de conocimiento técnico de los pormenores de la actuación, de acuerdo con

la profesión o actividad habitual del culpable, es una circunstancia, según la Ley

Urbanística Valenciana: A. Que atenúa la responsabilidad. B. Que agrava la responsabilidad. C. Que puede atenuar o agravar la responsabilidad. D. Que obliga a imponer la sanción en su grado mínimo. 197.-) En cuanto a las reglas a observar que establece la vigente Ley Urbanística

Valenciana para la determinación de las sanciones, se dispone que si la restauración de la

realidad física alterada se llevase a cabo por el interesado dentro del plazo establecido al

efecto: A. La sanción se vería reducida en un 95%. B. La sanción se anularía. C. La sanción se vería reducida en un 50%. D. La sanción se vería reducida en un 75%. 198.-) Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se dictase resolución en un

expediente sancionador en materia urbanístia, según la Ley Urbanística Valenciana, se

entenderá:

A. Caducado el procedimiento. B. Prescrita la infracción. C. Prescrita la sanción. D. Silencio administrativo negativo. 199.-) Establece la Ley Urbanística Valenciana que cuando con ocasión de la tramitación

de los expedientes administrativos que se instruyan por infracción urbanística se

desprendan indicios del carácter de ilícito penal del hecho, el órgano instructor del

expediente lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos de la exigencia de

las responsabilidades de orden penal en que hayan podido incurrir los infractores,

suspendiendo la tramitación del expediente administrativo entre tanto no recaiga

resolución del Ministerio Fiscal o resolución judicial firme. La sanción penal: A. No excluirá la imposición de sanción administrativa.

B. Excluirá la imposición de sanción administrativa. C. Excluirá la adopción de medidas de restauración de la legalidad y de la realidad física alterada. D. Las respuestas a) y c) son correctas. 200.-) Según establece la Ley Urbanística Valenciana, quienes realicen parcelaciones

urbanísticas ilegales en suelo no urbanizable sin autorización para ello o declaración de su

innecesariedad serán sancionados con multa:

A. De hasta el 50% del valor en venta de los lotes fraccionados, salvo que la división se efectúe cumpliendo la ordenación urbanística en vigor. B. De hasta el 40% del valor en venta de los lotes fraccionados, salvo que la división se efectúe cumpliendo la ordenación urbanística en vigor. C. De entre el 20% y el 30% del valor en venta de los lotes fraccionados, salvo que la división se efectúe cumpliendo la ordenación urbanística en vigor. D. De entre el 30% y el 40% del valor en venta de los lotes fraccionados, salvo que la división se efectúe cumpliendo la ordenación urbanística en vigor.