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VIOLENCIA Y POPULISMO PUNITIVO EN EL TRINGULO NORTE DEAMRICA CENTRAL

Alberto Martn lvarezCentro Universitario de Investigaciones Sociales

Universidad de Colima

Vernica de la Torre

Facultad de Ciencias Polticas y SocialesUniversidad de Colima

Paper presentado en el 21st IPSA World CongressSantiago de Chile12-16 julio 2009

Documento en preparacin. Por favor no citar sin permiso de los autores

RESUMEN

El artculo plantea que la experiencia cotidiana de elevados niveles de violencia ycriminalidad en lo pases del denominado Tringulo Norte de Amrica Central -integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras en presencia de aparatos estatalesincapaces de hacer valer el estado de derecho y en un entorno caracterizado por unainseguridad econmica y social muy extendidas, estn produciendo una ansiedadcreciente en la poblacin ante la falta de seguridad y concitando el apoyo de sta en tornode medidas autoritarias para combatir el crimen. La respuesta de los gobiernos de laregin ante el auge de la criminalidad y la demanda ciudadana de seguridad ha sido lapuesta en marcha de polticas de mano dura contra el crimen, y el recurso alpopulismo punitivo como estrategia para capitalizar electoralmente la extendidapreocupacin por la inseguridad.

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INTRODUCCIN

A lo largo de la ltima dcada, la experiencia de altos niveles de delito se ha convertidoen un hecho cotidiano para los habitantes de las naciones del Tringulo Norte de AmricaCentral, - integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras -. El incremento de la

violencia y el crimen se produce en un entorno caracterizado por la incapacidad de losestados para ofrecer una respuesta adecuada ante la demanda ciudadana de seguridad.Pese a los progresos realizados, las reformas a los cuerpos de polica y a los sistemas dejusticia en la regin no han conseguido erradicar un conjunto de prcticas y vicios denepotismo, corrupcin y politizacin heredados del perodo autoritario. A ello hay queaadir la capacidad de presin sobre el aparato de justicia criminal que continanteniendo redes de poder vinculadas a las elites econmicas y militares en los tres pases.Como resultado de todo ello, la ineficacia en la persecucin de los delitos y la impunidadcontinan caracterizando al funcionamiento del estado de derecho en la regin. El augede la violencia y el crimen y la incapacidad de los estados para ofrecer respuestaseficaces, han generado una falta de confianza en las instituciones y en las personas y

como consecuencia de ello una ansiedad ciudadana ante la falta de seguridad. Todo estose desarrolla en un medio caracterizado por una persistente inseguridad econmica ysocial que contribuyen a reforzar el efecto producido por la violencia y las fallas delestado de derecho en los niveles de confianza inter personal y en las instituciones.

La ansiedad pblica ante la falta de seguridad y la incapacidad de los estados parahacerle frente, han generado una serie de respuestas de parte de la ciudadana de la reginde entre las que este artculo destaca el apoyo a medidas de justicia expresiva,representadas por las polticas de mano dura contra el crimen. La extendida percepcinde inseguridad ha sido tambin responsable de la politizacin de sta y ha abierto lapuerta al aprovechamiento poltico del miedo al crimen y al uso del populismo punitivocomo estrategia para generar consenso en torno de las medidas de justicia expresivaadoptadas, y para capitalizar electoralmente la ansiedad de la poblacin.

Desde un punto de vista terico el artculo pretende realizar una contribucin alanlisis de los efectos de los procesos de modernizacin poltica y econmica en laspolticas de control del delito, inspirndose en los trabajos de autores como DavidGarland (1996; 2000; 2005) y Tim Newburn (2001). Sin embargo, mientras dichostrabajos toman como referencia a algunas de las sociedades de capitalismo ms avanzado(Estados Unidos y el Reino Unido), este artculo explora cules han sido lasrepercusiones de esos procesos en sociedades perifricas, tratando de entender en qumedida las especificidades propias de esas sociedades producen efectos diferenciados enla experiencia ciudadana del delito, y en las polticas puestas en marcha por los estadospara controlarlo. De otra parte este trabajo pretende analizar desde una perspectiva crticala creciente importancia social y poltica del miedo al crimen en Centroamrica, tratandode poner de manifiesto el origen mltiple de las causas de la inseguridad ciudadana en laregin. Junto a todo ello, el artculo introduce una reflexin acerca de las consecuenciasen la esfera poltica de la existencia de un miedo generalizado al delito entre la poblacincentroamericana, a travs del examen de las medidas de mano dura contra la violenciajuvenil implementadas en la regin.

Este trabajo constituye solamente un estudio exploratorio acerca de unaproblemtica amplia y compleja, y tiene como finalidad estimular la reflexin acadmica

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e introducir nuevos elementos de discusin sobre la cuestin de la inseguridad enAmrica Central. Por ello, algunas dimensiones relevantes del problema quedarn aqumeramente esbozadas. De la misma forma, las conclusiones que se extraen de estetrabajo slo pueden asumirse como tentativas, y deben considerarse solamente como unagua para el desarrollo posterior de esta investigacin.

LA EXPERIENCIA DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO COMO HECHOSCOTIDIANOS

Desde mediados de la dcada de los noventa las tres naciones del denominado TringuloNorte de Amrica Central han experimentado un crecimiento casi continuado de diversasexpresiones de violencia y delincuencia. Homicidios, pandillerismo, crimen organizado olimpieza social se han convertido en hechos cotidianos al interior de las sociedades de laregin1. En este perodo las naciones del rea se encontraron entre los pases con mayorestasas de homicidios en el mundo. En el caso de Guatemala, las cifras de este delito

crecieron de manera casi constante desde finales de los aos noventa, mientras que en ElSalvador se produjeron altibajos en dichas cifras a finales de dicha dcada para, de nuevo,aumentar fuertemente a partir de 2003 (Tablas 1 y 2) convirtindose en el pas conmayores tasas de homicidio en la regin.

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1995 1999 2001 2003 2005 2007

Grfico 1. El Salvador, Guatemala y Honduras.

Nmero de homicidios 1995-2007

El Salvador

Guatemala

Honduras

Fuente: Elaboracin propia con datos de OCAVI (2007), UNODC (2007),

1Es importante hacer notar que tratar de cuantificar el crecimiento de dichas expresiones de violencia ycriminalidad en la regin en la ltima dcada y media es una tarea compleja por la falta de estadsticasfiables. Por ello se ha optado aqu por reducir el anlisis a los delitos de homicidio. Este es un delitohabitualmente bien registrado y permite la comparacin a travs de diferentes pases, si bien en la regin esfrecuente incluso encontrar cifras muy dispares dependiendo de las fuentes.

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En el caso de Honduras, y debido a la casi inexistencia de series de datos fiables, esdifcil hacer afirmaciones categricas, si bien varias fuentes coinciden en afirmar lamisma tendencia que en el caso guatemalteco (UNODC 2007).

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1999 2001 2003 2005 2007

Grfico 2.

El Salvador, Guatemala y Honduras.

Homicidios por cada 100.000 habitantes

El Salvador

Guatemala

Honduras

Elaboracin propia a partir de datos de OCAVI (2007), UNODC (2007) y Aguilar (2006).

Los niveles de victimizacin de la poblacin de la regin respecto de otro tipo de delitostambin son elevados. En 2006, el 16 por ciento de la poblacin salvadorea, el 19.2 porciento de la hondurea y el 19 por ciento de la guatemalteca haban sido vctimas dealgn tipo de delito a lo largo del ltimo ao, especialmente de diversas formas de robos.Ahora bien, hay que hacer notar que en el contexto latinoamericano estos niveles devictimizacin pueden considerarse normales, y se encuentran por debajo de los de pasescomo Per (26.2 por ciento) o Chile (23.1 por ciento), (Crdova et al. 2007).

De otra parte, desde los primeros aos noventa las pandillas juveniles o marasSalvatruchay Barrio 18 han adquirido presencia en las principales ciudades de la regin,

ganando paralelamente notoriedad pblica debido al sentimiento de inseguridad queprovocan entre la poblacin. Segn la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga yel Delito UNODC -, en 2006 haba 60.500 pandilleros en los tres pases objeto deestudio, siendo con mucho los ms afectados por este fenmeno en toda Amrica Central(UNODC 2007). Los integrantes de pandillas se han convertido en el arquetipo deldelincuente para los gobiernos, agencias policiales, medios de comunicacin y opinionespblicas. Como demuestran diversos estudios (Cruz y Santacruz 2004; Cruz 2006) la

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presencia de las pandillas ha sido responsable de un incremento en la percepcin deinseguridad por parte de la ciudadana de estos pases.

Sin embargo, no est claro en qu medida las bandas juveniles sonverdaderamente responsables del aumento de algunos tipos de delitos, y en concreto delos homicidios. En 2005, tan slo el 13.4 por ciento de los homicidios (FESPAD 2006) y

el 20 por ciento del total de los delitos (Aguilar 2006) cometidos en El Salvador podanser adjudicados con completa seguridad a pandilleros. En el caso de Guatemala, laspandillas seran responsables de un porcentaje muy similar de los homicidios cometidos(UNODC 2007). Segn esta misma fuente, el porcentaje en Honduras podra ser inclusobastante menor. Segn demuestran encuestas de victimizacin realizadas en El Salvador(Cruz y Santacruz 2004) menos del 5 por ciento de la poblacin haba sido vctima dealguna accin ejecutada por maras o pandillas en 2004. Pese a ello, casi la mitad de laspersonas encuestadas en ese mismo estudio consider a las pandillas como el problemade seguridad que haba que atender ms urgentemente. Segn datos de la mismainvestigacin, el 91 por ciento de los encuestados afirm que el problema de las pandillasera muy grande a nivel nacional, pero slo el 21 por ciento consider que fueran un

problema importante a nivel de su propio barrio. Si bien es cierto que con todo, casi lamitad de los salvadoreos en 2005 haban estado expuestos o haban presenciado unhecho de violencia o varios hechos criminales en su lugar de residencia, en realidad ycomo ese mismo estudio demuestra, la violencia ms frecuente que presencian losciudadanos de ese pas son los conflictos entre ciudadanos comunes, no entre pandillas.Las mismas conclusiones parecen ser vlidas para el caso de Honduras donde laincidencia de los homicidios es alta pero las pandillas no son necesariamente lasprincipales responsables de los mismos. Si parecen por el contrario ser las principalesresponsables de otro tipo de delitos, y en concreto de los robos (Cruz 2006, 106). En2006 tan slo un 7.1 por ciento de la poblacin afirm que su barrio estaba muy afectadopor la presencia de maras, y un 9.4 por ciento dijo que algo afectado (Cruz 2006, 105)Esto es, la gran mayora de los hondureos no se sienten directamente afectados por laspandillas.

Junto a todo ello, cabe destacar la creciente importancia de la regincentroamericana como territorio de trnsito del trfico de drogas hacia los EstadosUnidos va Mxico. La fragmentacin de los carteles de las drogas colombianos y lamodificacin de las rutas de transporte de estupefacientes en los primeros aos noventa,convirtieron al Tringulo Norte de Amrica Central en un punto estratgico para las redesde distribucin de drogas bajo control fundamentalmente de los carteles mexicanos. Laresponsabilidad de las redes de trfico de drogas en el incremento de los homicidios en laregin parece evidente. Un dato significativo a este respecto lo aporta el hecho de que anivel subnacional, y de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga yel Delito (UNODC 2007), los departamentos con mayores tasas de homicidio en la reginse encuentran situados en rutas de trnsito internacional de drogas (La Libertad ySonsonate en El Salvador, Escuintla, Petn e Izabal en Guatemala). Por lo que respecta aGuatemala, existen adems indicios crecientes de penetracin del crimen organizado enla vida poltica (Durn 2007, 1), especficamente por parte de los cada vez ms poderososcarteles de drogas locales asociados a organizaciones mexicanas y colombianas. En elcaso de El Salvador, y de acuerdo con los datos de distribucin espacial de homicidioselaborados por Carcach (2008), se observa un fuerte cambio en la distribucin geogrfica

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de estos delitos en el pas entre los aos 1995 y 2007 con una tendencia clara al aumentode los mismos en los municipios cercanos a las fronteras hondurea y guatemalteca, loque refuerza la hiptesis de su vinculacin con redes de crimen organizado. En el caso deHonduras, del total de homicidios cometidos en el ao 2008, casi el 37% pueden seratribuidos a sicarios, lo que evidencia su relacin con el crimen organizado. Los

departamentos hondureos de Corts y Atlntida, situado el primero en la zona fronterizacon Guatemala y el segundo en la costa del Caribe, son los territorios con el mayornmero de delitos de este tipo (IUDPAS 2009). El trfico de drogas en la costahondurea se relaciona tambin con otras formas de crimen organizado como el trficode armas y de animales exticos.

Las tres naciones centroamericanas objeto de este estudio se encuentra por tanto,ante un incremento objetivo de determinados tipos de delitos - especialmente homicidios y ante la extensin de determinadas formas de delincuencia juvenil y de crimenorganizado. En buena medida debido a ello, la percepcin de inseguridad se hallaconsiderablemente extendida entre la poblacin de la regin, especialmente en ElSalvador y Guatemala. En 2006 el 47.1 por ciento de la poblacin salvadorea y el 43.4

por ciento de la poblacin guatemalteca se senta poco o nada segura como producto de laprevalencia del crimen (Crdova y Cruz 2006, 121). Segn las encuestas realizadas por laCorporacin Latinobarmetro, en 2005 la delincuencia era ya el problema msimportante percibido por la poblacin guatemalteca, por encima de cuestiones tales comoel desempleo, la inflacin o los problemas polticos. Mientras que para los ciudadanoshondureos y salvadoreos el desempleo segua siendo el problema principal, seguido dela delincuencia (Latinobarmetro 2005).

LAS FALLAS DEL ESTADO DE DERECHO

Frente a los desafos planteados por la ola de criminalidad iniciada en los aos noventa,las naciones del Tringulo del Norte han dado muestras de que pese a las reformasimplementadas, especialmente en los casos de El Salvador y Guatemala a lo largo de lapasada dcada, el estado de derecho sigue siendo muy dbil y ello en buena medida porlas dificultades existentes para erradicar prcticas y procedimientos heredados delperodo autoritario.

Por lo que respecta a Guatemala, durante la larga guerra civil sufrida por este pas(1960 1996), el poder judicial y el aparato de seguridad estuvieron subordinados a losmilitares. Como afirma Sieder (2003, 65), a lo largo de todo ese perodo la resolucin dedisputas se realizaba frecuentemente a travs de mecanismos extrajudiciales yrecurriendo a elevados niveles de violencia. Snodgrass (2002, 644) resume la estrategiade los militares guatemaltecos frente a la administracin de justicia en aquellos aosafirmando que las Fuerzas Armadas mantuvieron a las autoridades civiles en un estado deineptitud institucional lo que les permiti justificar la construccin de un sistemaparalelo de justicia militar. Como consecuencia de todo ello, el poder judicial seencontraba totalmente deslegitimado frente a la poblacin al trmino de la guerra.Precisamente uno de los objetivos de los Acuerdos de Paz de diciembre de 1996 quepusieron fin al conflicto armado fue la reforma del sistema de justicia criminal. En esemarco fueron introducidas reformas al Cdigo Procesal Penal dirigidas a garantizar el

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debido proceso y el respeto a los derechos humanos de los detenidos, y a mejorar elacceso a la justicia - especialmente de la poblacin indgena -. Estas reformas contaroncon un fuerte apoyo por parte de diversas instituciones financieras y de donantesinternacionales entre 1996 y 2001. Sin embargo, los resultados efectivos de dichasreformas no han estado a la altura de las expectativas en trminos de independencia de

los jueces, funcionamiento del Ministerio Pblico y desaparicin de poderes paralelos alsistema judicial. De acuerdo con Sieder (2003, 72-75), los principales problemas queafectan al sistema de justicia guatemalteco se relacionan con la deficiente preparacin delos jueces, la persistencia de prcticas clientelistas, nepotismo en la seleccin de losmismos, la alta exposicin de stos y de fiscales y abogados a la corrupcin y laintimidacin, lo cual se ve facilitado por salarios y formacin deficientes. Ello abre lapuerta a la intervencin de grupos de poder en la resolucin de los procesos judicialesobstaculizando seriamente el funcionamiento del sistema. Igualmente relevante resulta laineficacia del Ministerio Pblico en la resolucin de las causas criminales, con ndicesextremadamente bajos de xito en su desempeo. A ello se suman las fallas decoordinacin entre este y el cuerpo de polica- la nueva Polica Nacional Civil creada en

1997 como producto de los Acuerdos de Paz - y la escasa capacidad de este ltimo pararealizar labores de investigacin. Finalmente hay que sealar la existencia de vnculosprobados de la polica con redes de trfico de drogas. A modo de ejemplo cabe citar queen 2002 ms del 80 por ciento del personal del departamento anti narcticos fuedespedido bajo acusaciones de robar cocana decomisada (Duran 2007, 3). Lacombinacin de todos estos factores explica en buena medida la persistencia de laimpunidad en Guatemala y la fuerte desconfianza de la poblacin en el sistema dejusticia. Explica tambin el apoyo de la ciudadana a los discursos de mano dura contra elcrimen y el recurso a medidas extrajudiciales como la justicia por propia mano cuyamanifestacin ms extrema la constituyen los linchamientos a presuntos delincuentes amanos de la poblacin (Snodgrass 2002).

En cuanto a El Salvador, las reformas al sistema de justicia se iniciaron durante laguerra civil que asol a ese pas entre 1980 y 1991. Con apoyo del gobierno de losEstados Unidos y como parte de las reformas implementadas en el marco del proyectocontra insurgente, durante el conflicto se hicieron esfuerzos por incrementar lascapacidades de investigacin de la polica y de la administracin judicial. Dichasreformas no tuvieron xito en erradicar las enraizadas prcticas de corrupcin, amiguismoy falta de independencia del poder judicial caractersticas del perodo autoritario debido ala escasa voluntad poltica y al bloqueo efectivo ejercido por las elites salvadoreas (Call2003, 849). Como consecuencia fundamentalmente de los Acuerdos de Paz deChapultepec de enero 1992 que pusieron fin al conflicto armado, y de lasrecomendaciones de la Comisin de la Verdad establecida para esclarecer las violacionesa los derechos humanos ocurridas durante la guerra, se implementaron una serie dereformas en los sistemas judicial y de seguridad pblica, incluyendo el establecimiento deuna nueva y nica fuerza de polica. Como resultado de ellas, la Corte Suprema deJusticia de El Salvador, mximo rgano judicial del pas, se convirti en un rgano msprofesionalizado e integrado en base a un mayor pluralismo poltico. Sin embargo, laeleccin de los magistrados - una responsabilidad que recae en la Asamblea Legislativa -,se encuentra an altamente politizada y abierta a componendas entre los partidos quecuentan con representacin parlamentaria. Tambin como producto de los acuerdos, se

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modific y moderniz el rol de la Fiscala General de la Repblica, otorgndole laresponsabilidad en la investigacin de delitos. Igualmente, y de acuerdo con Call (2003,85), se promulg un nuevo Cdigo Procesal Penal en 1996 que contribuy a modernizarel proceso penal. Sin embargo, segn este mismo autor el entrenamiento y la financiacinde las fiscalas continan siendo deficientes. Igualmente, persisten los problemas

relacionados con la formacin de los profesionales de la abogaca y de su acreditacinpara ejercer la profesin. Segn la Fundacin para el Debido Proceso Legal (DPLF 2007,162), a mediados de la presente dcada una investigacin revel la existencia de cientosde ttulos irregulares de abogados. El esclarecimiento de estos casos, que corri a cargode la Fiscala General, no arroj ningn resultado en trminos de sanciones a losresponsables de los hechos. La existencia de corrupcin poltica, y la fuerte dependenciadel poder judicial respecto del poder poltico en El Salvador, permiten que se elijanjueces y magistrados que se ven sometidos a las rdenes de funcionarios corruptos quepersiguen el manejo de asuntos judiciales en base a intereses econmicos o polticos. Estees probablemente uno de los problemas ms graves de la justicia salvadorea y uno de losque ms daa la imagen pblica del poder judicial. Tambin cabe sealar el desgaste

causado a dicha imagen por las acusaciones vertidas contra la judicatura por parte de laFiscala y la Polica Nacional Civil (PNC), responsabilizando al poder judicial de ser elresponsable de la ola de criminalidad y de falta de eficacia para condenar a los acusadospresentados. Call (2003, 859) resume el estado del sistema judicial salvadoreo alafirmar que este contina siendo dbil, ineficiente, partidista y sujeto a corrupcin.

Respecto de Honduras, a mediados de la dcada de los ochenta y comoconsecuencia del desplazamiento de los militares de la titularidad del poder poltico, seemprendieron una serie de reformas al sistema judicial, entre ellas el impulso a la carrerajudicial, la organizacin de un centro de formacin para los jueces, la puesta en marchade jurisdicciones especializadas en menores, en familia y en lo contencioso administrativo, entre otras (DPLF y Banco Mundial 2008). Sin embargo, y como afirmaSalomn (1996, 10) en esta primera fase de la transicin a la democracia hondurea, -inserta en un contexto regional marcado por la crisis centroamericana y el papel jugadopor Honduras como aliado estratgico de los Estados Unidos en la regin -, los militarescontinuaron teniendo un fuerte peso en la definicin del juego poltico. Hubo que esperarpor ello a la finalizacin de los conflictos en Nicaragua y El Salvador para que Hondurascomenzara a eliminar los obstculos autoritarios al desarrollo de un rgimen democrtico.Fue entonces a partir de los primeros aos noventa cuando se emprendieron reformasprofundas en los aparatos de justicia y de seguridad. En 1993 y en el marco del Programade Modernizacin del Estado implementado por la administracin del presidente RafaelCallejas (1990 1994), se elimin la Direccin Nacional de Investigacin, una estructurapolicial bajo control militar acusada de violaciones sistemticas a los derechos humanos,siendo sustituida por una nueva estructura bajo control de la Fiscala General de laRepblica, tambin de nueva creacin. Un ao despus, toda la estructura de polica, ladenominada Fuerza de Seguridad Pblica, pas a depender de responsables civiles,transfiriendo sus competencias en 1998 a la nueva Polica Nacional. A mediados de losnoventa se emprendi el Programa de Modernizacin de la Justicia con el objetivo deldesarrollo de la infraestructura del sistema judicial y del fortalecimiento de la DefensaPblica y la Inspectora de Tribunales (DPLF y Banco Mundial 2008, 30). Ya en ladcada del 2000 se introdujeron reformas constitucionales al Poder Judicial encaminadas

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a lograr la despolitizacin de la Corte Suprema de Justicia y a otorgarle mayor estabilidada este organismo. A todo ello se ha sumado un esfuerzo de modernizacin delordenamiento jurdico a travs de la promulgacin de nuevas leyes y cdigos entre losaos 2002 y 2005. Pese a todo este esfuerzo de reformas, el sistema de justicia hondureoenfrenta problemas muy serios que continan manteniendo al estado de derecho en una

situacin de debilidad. Entre dichos problemas destacan la falta de independencia delpoder judicial, la incapacidad de los fiscales para asumir la direccin de lasinvestigaciones y la falta de profesionalizacin de la polica. Los nombramientos para laCorte Suprema de Justicia continan fuertemente politizados, lo que significa que elorganismo judicial ms importante de la nacin sufre ingerencias graves de parte de lospartidos polticos, menoscabando de esta forma su independencia, profesionalismo eimparcialidad y afectando gravemente su imagen de cara a la poblacin. Persisten loscasos de ingreso a la carrera judicial de forma fraudulenta, evadiendo los canalesinstitucionales a travs de influencias familiares o polticas, y en general se evidencia unafuerte discrecionalidad en el acceso y promocin al interior de la judicatura. Laslimitaciones del Ministerio Pblico se han traducido en una deficiente persecucin penal,

en una carencia de proteccin a las vctimas de los delitos y en falta de sancin a losdelincuentes (FDPL 2008, 137). Los funcionarios encargados de la investigacin criminaladolecen frecuentemente de falta de profesionalidad y de escasez de medios, lo querepercute en la calidad de las acusaciones presentadas por los fiscales y, de forma msgeneral, en la eficiencia del sistema de justicia penal lo cual se traduce en elevadosniveles de impunidad.

LA PERSISTENCIA DE LA INSEGURIDAD ECNOMICA Y SOCIAL

Como afirma el Programa de las Naciones para el Desarrollo en su informe sobreHonduras del ao 2006 (PNUD 2006, 136), la sensacin de seguridad de los individuosse basa en la confianza en las instituciones y en las personas. La violencia y la impunidad producto a su vez esta ltima de las fallas del estado de derecho - erosionan estaconfianza incrementando el sentimiento de inseguridad. De acuerdo con Bauman (2006,26), los individuos necesitan seguridad, proteccin y certidumbre para pensar y actuarracionalmente. Seguridad entendida en trminos de estabilidad del mundo en el que cadapersona desarrolla su existencia. Proteccin en el sentido de confianza en que lapropiedad y la propia persona no estn amenazadas y certidumbre considerada comocontrol de los individuos sobre su futuro. Estos elementos son las fuentes de la auto -confianza de los seres humanos segn este autor y la ausencia de alguno de ellos produce,entre otras consecuencias, desconfianza en las intenciones de los otros, agresividad,aislamiento, y de forma general lo que este autor denomina una desconfianzaexistencial.

La presencia de una inseguridad social y econmica extendida entre importantessectores de la poblacin del Tringulo Norte refuerza y retro - alimenta el efectoproducido por la violencia y la impunidad. Esto es, si bien el miedo al crimen y ladesconfianza inter - personal tienen su origen fundamentalmente en la violencia y en laineficacia de las instituciones para ponerle lmite, a estos temores se suman a nivelindividual los procedentes de la incertidumbre derivada de una inseguridad social yeconmica producidas por la falta de expectativas laborales, de proteccin ante la

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enfermedad, la vejez o el desempleo, o por la falta de redes sociales que apoyen alindividuo en caso de necesidad2. La carencia de estos elementos afecta al control de losindividuos sobre su futuro y a la confianza en la integridad de la propiedad y de la propiavida y, por tanto, a la auto - confianza de las personas, y a travs de sta, a la confianzaen los dems, contribuyendo al aumento de la sensacin de inseguridad. La falta de

confianza inter-personal se manifiesta fundamentalmente en las reas urbanas de laregin (Azpuru et al. 2007; Crdova et al. 2007; Cruz et al. 2007), debido a que son losentornos con mayores niveles de crimen, a la existencia de una menor interrelacinpersonal entre los individuos, y a la ausencia de redes sociales en las que los individuospuedan confiar en caso de dificultad. El crecimiento del nmero de poblacin residenteen las ciudades de la regin ha sido manifiesto a lo largo de las ultimas dos dcadas. Lasguerras civiles en El Salvador y Guatemala, la crisis de la economa rural y las nuevaspolticas econmicas implementadas estimularon durante los aos ochenta y noventa unfuerte proceso de urbanizacin, especialmente notable en el caso de Honduras y ElSalvador. De acuerdo con datos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales(FLACSO 2005, 32), entre 1980 y 2005 el porcentaje de poblacin urbana en El Salvador

pas del 44.1 al 57.8 por ciento, en Honduras creci desde el 35 al 52.1 por ciento y enGuatemala desde el 37.2 al 39.9 por ciento. Estos mismos factores fueron responsables dela variacin de los patrones de desplazamiento de las poblaciones del rea, dando inicioen los aos ochenta a un nuevo patrn migratorio y al asentamiento de importantescontingentes de poblacin en los Estados Unidos y Canad (Garca 2006). De acuerdocon los datos de Morales (2007, 135), en el ao 2000 haba casi 1.250.000 personasprocedentes de la regin Tringulo Norte viviendo en los Estados Unidos, lo queequivala en ese momento a un 5.5 por ciento de la poblacin del rea. Pese a que no esposible abordar este asunto aqu con mayor profundidad por razones de espacio, hay quehacer notar que la migracin se relaciona en varios sentidos con el incremento de laviolencia y el crimen. De una parte por su contribucin a la desarticulacin de miles dehogares, de otra porque ha facilitado la insercin de la regin en redes de crimenorganizado transnacionales.

Junto a lo anterior, a lo largo de la pasada dcada se implementaron en la reginuna serie de reformas polticas, econmicas y de la estructura de los estados enCentroamrica, que si bien estuvieron dirigidas a reinsertar a la regin en la economamundial despus de una dcada de crisis y conflictos, no consiguieron incrementar deforma general los niveles de seguridad econmica y social de la poblacin del rea. Elcrecimiento econmico registrado en los ltimos 15 aos apenas ha tenido repercusinen trminos de disminucin de la desigualdad en la distribucin del ingreso (Tabla 1).

2Hay que sealar que la relacin entre las incertidumbres econmicas, sociales y polticas y el miedo alcrimen en el caso latinoamericano, ha sido bien establecida en la literatura de referencia (Dammert yMalone 2003, 2006).

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Tabla 1

El Salvador, Guatemala y Honduras

Coeficientes de Gini (varios aos)

1998-1999 2000-2002 2003-2005

El Salvador 0,518 0,525 0,493

Guatemala 0,560 0,542 0,542

Honduras 0,564 0,588 0,587

Fuente: CEPAL Anuario Estadstico 2006.

Pese a los avances registrados, especialmente en el caso de El Salvador, estos tres

pases se encuentran entre los ms desiguales del mundo, tan slo superados por algunasnaciones africanas en situacin post-conflicto. Por su parte, Honduras registr entre 1999y 2003 uno de los mayores retrocesos de toda Amrica Latina en lo que respecta a ladistribucin de la riqueza y al aumento del nmero real de personas en situacin depobreza e indigencia. En el caso de Guatemala, tras registrar una leve mejora entre 1999y 2002 en trminos de distribucin de la riqueza, los datos revelan que esa tendencia sehabra detenido en los ltimos 4 o 5 aos.

Igualmente, la pobreza contina teniendo una fuerte incidencia en la regin,habindose registrado un aumento en el nmero total de personas pobres en los trespases a lo largo de los ltimos quince aos.

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1989 1995 1999 2002 2004

Grfico 3. El Salvador, Guatemala y Honduras.

Personas en situacion de pobreza (en millones)

El Salvador

Guatemala

Honduras

Fuente: Elaboracin propia con datos de CEPALAnuario Estadstico. Varios Aos

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La pobreza sigue afectando a una gran parte de la poblacin del rea: el 48.9 por cientode los habitantes de El Salvador, el 60.2 por ciento de la poblacin de Guatemala y el77.3 por ciento de la poblacin hondurea vivan bajo la lnea de pobreza a inicios de lapresente dcada (Prez Sinz y Mora 2007, 92). De acuerdo con los datos de estosmismos autores, y pese a los avances registrados, la persistencia de altos niveles de

pobreza extrema destaca especialmente en este punto. El 22.1 por ciento de la poblacinde El Salvador, el 30.9 por ciento de la poblacin guatemalteca y el 54.4 por ciento de lapoblacin de Honduras vivan bajo la lnea de indigencia en los primeros aos de ladcada de 2000 (Prez Sinz y Mora 2007, 92).

Siendo el empleo el principal mecanismo para superar la pobreza, la estructura yla calidad del mercado de trabajo de la regin aparecen como responsables de lageneracin de exclusin e inseguridad econmica. El 62.5 por ciento de la PoblacinEconmicamente Activa (PEA) de Guatemala y el 51.3 por ciento de la de Hondurasestaban integradas en 2004 por personas con autoempleos de subsistencia, desempleados,asalariados en condiciones precarias y trabajadores no remunerados, lo que Juan PabloPrez Sainz y Minor Mora (2007, 103), denominan el polo de exclusin del mercado

laboral. En El Salvador en 2006 el 50% de la mano de obra estaba subempleada odesempleada, encontrndose la mitad de la poblacin de entre 15 y 24 aos en esasituacin (PNUD 2008, 5-7). Con subempleo se hace referencia a una actividad que enmuchas ocasiones no ofrece empleo de tiempo completo ni estable y que es remuneradacon un salario que no permite satisfacer necesidades bsicas.

Hay que hacer notar que los trabajadores que estn insertados en el polo deexclusin del mercado laboral se ven privados de las redes de cobertura social. En 2006en El Salvador tan slo el 22.6 por ciento de los trabajadores activos estaba cubierto porun sistema de pensiones y el 27.3 por ciento por un sistema de salud. El PNUD (2008,15), define los sistemas de pensiones y salud en El Salvador como insuficientes, concobertura desigual, altos costos y calidad poco satisfactoria. En cuanto a Guatemala, en2004 tan slo el 20.2 por ciento de su fuerza de trabajo estaba cubierta por un sistema depensiones, mientras que en Honduras esa cifra descenda hasta el 18.9 por ciento. Por loque respecta a la cobertura sanitaria, slo el 26 por ciento de la fuerza de trabajoguatemalteca tena cobertura del seguro social de salud en el ao 2000 (Mesa Lago 2008,73-75).

La precariedad del mercado de trabajo queda reflejada tambin en el elevadotemor que tienen los trabajadores de la regin a quedar desempleados. En el ao 2005, el86 por ciento de los trabajadores salvadoreos, el 81 por ciento de los guatemaltecos y el80 por ciento de los hondureos, se mostraba preocupado o muy preocupado por laposibilidad de perder su empleo en los siguientes doce meses (Latinobarmetro 2005). Almismo tiempo, y segn datos del mismo estudio, tan slo entre el 12 por ciento y el 14por ciento de los trabajadores de la regin se senta protegido por las leyes laborales.

LA POLITIZACION DE LA INSEGURIDAD

La existencia de una ansiedad pblica generalizada acerca de la falta de seguridad, y laincapacidad de los estados de la regin para ofrecer respuestas eficaces ante estademanda, han generado una serie variada de respuestas por parte de la ciudadana de la

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regin. De una parte y como afirma Sieder (2003:76), se percibe una mayor implicacinde la sociedad civil en la denuncia de las fallas del estado de derecho, y en el combate ala impunidad, especialmente en los casos de Guatemala y El Salvador. De otra parte, lafalta de respuestas eficaces del Estado ante la inseguridad ha generado un extendidoescepticismo ciudadano respecto del funcionamiento del poder judicial y de la polica.

Cabe citar a manera de ejemplo el hecho de que el 48.8% de los salvadoreosconsideraba en 2008 que la polica estaba envuelta en actividades criminales (Crdova etal. 2008, 77), o que slo el 46.2% de los guatemaltecos expresaba confianza en el sistemade justicia en 2006 (Azpuru et al. 2007). Una tercera respuesta la constituye laconstruccin de alternativas privadas a la falta de seguridad, ya sea en forma deadquisicin de armas de fuego para la auto defensa, en la contratacin de serviciosprivados de seguridad, o en la variedad de formas de justicia por mano propia que hanpodido contemplarse en la regin en los ltimos aos: linchamientos, rondas ciudadanas,limpieza social, entre otros. Otra de las respuestas ciudadanas ante la extendidapercepcin de inseguridad y la incapacidad del aparato de justicia criminal para aportarsoluciones al respecto lo constituye el apoyo a medidas autoritarias o de mano dura

para combatir el crimen, incluyendo el aumento y el endurecimiento de las penas, el usode las fuerzas militares, la reinstauracin de la pena de muerte, entre otras. En el caso dela regin Tringulo del Norte la extendida percepcin de inseguridad, ha conducido a lapolitizacin de todo lo relacionado con el combate al crimen a lo largo de la ltimadcada, lo que ha abierto la puerta tambin al aprovechamiento poltico de la ansiedadpblica por la falta de seguridad, y al empleo de lo que los criminlogos denominanpopulismo punitivo en la definicin de estrategias de seguridad pblica.

El concepto de populismo punitivo fue elaborado por el criminlogo AnthonyBottoms (1995, 39-41) a mediados de la dcada de los noventa, y hace referencia a laadopcin de polticas punitivas por parte de los responsables polticos bajo la asuncin deque estas pueden reducir la criminalidad, reforzar el consenso moral de la ciudadanacontra las actividades delictivas y, sobre todo, resultar atractivas para determinadossectores ms o menos amplios del electorado. De acuerdo con Bottoms es oportunocalificar de populistas a este tipo de polticas porque se trata de posturas adoptadas sobrela base de la creencia de que sern populares entre el pblico. En palabras del propioautor (Bottoms 1995, 40), el trmino populismo punitivo trata de expresar la nocin deresponsables polticos aprovechando para sus propios propsitos, lo que perciben comouna postura generalmente punitiva del pblico. Para Bottoms determinados procesossociales generan ansiedad en la ciudadana por la falta de seguridad, a la que algunoslderes polticos responden con medidas de tolerancia cero contra el crimen, incrementode las penas y en general con un enfoque punitivo frente a la criminalidad buscandorditos electorales. Arteaga (2004, 205) va ms all al afirmar que el populismo punitivoincluye tambin la nocin de acercar a la sociedad los mecanismos de control socialhaciendo corresponsable a la ciudadana de las tareas de vigilancia. El planteamiento quesubyace detrs de ello segn este autor, es el de acercar el poder al pueblo y que este sesienta ms prximo a l. Los discursos de populismo punitivo hacen nfasis en la idea deque la sociedad y el Estado comparten los mismos objetivos, medios y estrategias, ascomo la responsabilidad por los resultados obtenidos en la lucha contra el crimen. En elcaso centroamericano, el concepto de populismo punitivo hace referencia tanto a un estiloretrico como a un tipo concreto de polticas que hacen nfasis en el papel del ciudadano

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en la lucha contra la criminalidad y en la corresponsabilidad Estado ciudadana en esecombate. Como estilo retrico el populismo punitivo no est asociado especficamente aopciones polticas concretas, si bien hasta el momento en la regin Tringulo del Norteha sido utilizado por las formaciones polticas conservadoras que se encontraban al frentede los distintos gobiernos. En esta regin, la extendida sensacin de inseguridad y las

fallas del estado de derecho, han provocado el apoyo por parte de la poblacin del rea apolticas penales basadas en lo que Garland (2005) ha denominado medidas de justiciaexpresiva. Esto es, medidas de justicia criminal que expresan los sentimientos de ira yodio de la ciudadana contra los delincuentes, que buscan castigar antes que rehabilitar yque no pretenden tanto reducir el delito, como compensar moral y emocionalmente a lasvctimas y por extensin, a una poblacin insegura.

En este sentido el 81.2 por ciento de los ciudadanos salvadoreos sealaba en2004 la necesidad de implementar leyes ms duras para combatir el crimen (Cruz ySantacruz 2005) y un ao ms tarde incluso un 44 por ciento de los salvadoreos estabandispuestos a aprobar o a pasar por alto el respeto de las leyes con tal de combatir ladelincuencia. (Crdova et al. 2007). En el caso de Honduras, en el 2006 un 55.6 por

ciento de la poblacin justificaba que las autoridades actuaran al margen de la ley con talde frenar la delincuencia (Cruz et al. 2007), un porcentaje que para Guatemala era del43.1 por ciento en el mismo ao (Azpuru et al. 2007).

En este contexto, el discurso punitivo ha sido profusamente utilizado en losltimos aos por diversos lderes y partidos polticos ya sea como herramienta electoral,como forma de aumentar su popularidad o como mecanismo para incrementar sulegitimidad en momentos de crisis o falta de resultados sustantivos de la accin degobierno. En el caso de Honduras, la politizacin de la seguridad lleg a su culminacincon la figura de Ricardo Maduro (2002-2006), cuyos temas estrella de campaa fueron lacorrupcin y la inseguridad contra los que el poltico hondureo prometi toleranciacero, un mensaje con el que supo llegar a un electorado cuya primera preocupacin erala delincuencia. En Guatemala, la conversin de la violencia comn en asunto poltico seprodujo en la presidencia de lvaro Arz Irigoyen (1996-2000), pero pas a ser unasunto central de la agenda poltica con el ascenso de la figura de Alfonso Portillo a lacandidatura de la presidencia de la Repblica por el Frente Republicano Guatemalteco(2000-2004). Portillo hizo un especial hincapi en su campaa en la salvaguardia de laseguridad pblica, prometiendo mano dura contra los delincuentes. Por lo que respecta aEl Salvador, la inclusin de la delincuencia como prioridad de la agenda poltica tuvolugar durante el mandato de Francisco Flores (1999-2004), si bien ya el presidenteArmando Caldern Sol (1994-1999) trat de poner freno a la violencia con elendurecimiento de las penas. En julio de 2003 Flores anunci la puesta en marcha delPlan Mano Dura, con un sentido claramente electoralista teniendo en la mira laselecciones de marzo de 2004 y las buenas perspectivas que hasta aquel momento tena elopositor Frente Farabundo Mart para la Liberacin Nacional (FMLN) de ganar loscomicios. Los sondeos de opinin de mayo de 2003 daban ganador al FMLN por unaabultada diferencia 40.6 por ciento frente al 23.9 por ciento de ARENA- (IUDOP2003a). La eleccin de Antonio Saca como candidato de ARENA y la mala imagen deSchafick Handal como candidato del FMLN unido a la popularidad de las polticas demano dura, parecen haber ayudado sustancialmente a la recuperacin del voto de

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ARENA, que en octubre de 2003 ya contaba con una intencin de voto de 41.1 por cientofrente al 22.3 por ciento del FMLN (IUDOP 2003b).

Las polticas de Mano Dura

Una vez en el poder, estos lderes polticos pusieron en marcha medidas de polticacriminal con fuertes similitudes en cuanto a sus caractersticas e intencionalidad. Ms queintervenir sobre las causas del delito y la violencia, estas polticas se concentraron enreducir la sensacin de inseguridad, a travs de despliegues policiales masivos, delencarcelamiento de jvenes de barriadas marginales, y del endurecimiento de penas. Lareduccin del miedo al delito se convirti en un objetivo poltico. En esta direccin, ydurante la presidencia de Ricardo Maduro del Partido Nacional, se comenz aimplementar en Honduras una lnea de polticas de mano dura contra la violenciajuvenil. El decreto legislativo 117 del 12 de agosto de 2003 denominado LeyAntimaras -introdujo reformas al articulo 332 del cdigo penal hondureo. El nuevotexto inclua la calificacin de las pandillas como asociaciones ilcitas y prevea multas

de entre 525 y 10.000 dlares para los lderes de bandas y otros grupos que se asociarancon el fin permanente de ejecutar algn acto constitutivo de crimen (Meja 2007, 28).Asimismo, se aumentaron las penas de prisin imputables por asociacin ilcita a losjefes de maras de 9 a 12 aos. Junto a las modificaciones legislativas, se implementaronoperativos policiales ejecutados en el seno del denominado Plan Escoba en los quetambin participaron fuerzas militares. El objetivo central del plan era la detencin depandilleros a los que se identific por medio de los tatuajes que aquellos suelen portar.Este tipo de marcas personales se convirti en una prueba de culpabilidad, sin que sehiciera necesario probar que la condicin de pertenecer a una pandilla fuera lesiva de laintegridad fsica o del patrimonio de otras personas. La legislacin anti-pandillas continaen vigor tras el cambio de partido en el gobierno y la asuncin del poder por parte delpresidente Manuel Zelaya en 2006. Hay que destacar que en el caso de Honduras, lafuerte presin ejercida por el parlamento para lograr la re-implantacin de la pena demuerte en 2004 y su aplicacin a los miembros de pandillas, no consigui sus objetivos yfue desestimada en su momento por el entonces presidente Maduro.

Por lo que respecta a El Salvador, el 23 de julio de 2003 el presidente FranciscoFlores del partido ARENA, orden el despliegue del operativo Plan Mano Dura acargo de la Polica Nacional Civil (PNC) y de las Fuerzas Armadas. La finalidaddeclarada del mismo era la de reducir la delincuencia mediante la desarticulacin ycaptura de miembros de todas las pandillas juveniles en las reas urbanas y rurales para loque se procedi mediante el despliegue de grandes operativos policiales y con grancobertura de prensa, a la detencin masiva de jvenes pertenecientes o que aparentabanpertenecer a pandillas. Simultneamente a la aplicacin de este plan el entoncespresidente Flores remiti a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley denominado LeyAntimaras que fue aprobada el 9 de octubre de 2003. Dicha ley haba de estar envigencia inicialmente hasta el 10 de abril de 2004. Sin embargo, el texto incluaelementos que entraban en contradiccin con los principios de la Carta Magnasalvadorea por lo que desde diversas instancias no gubernamentales se presentaronvarias demandas de inconstitucionalidad. Estas demandas fueron aceptadas por la CorteSuprema de Justicia de El Salvador quien la declar totalmente inconstitucional el 1 de

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abril de 2004. Ese mismo da el presidente remiti a la Asamblea otro instrumento legaldenominado Ley para el Combate de las Actividades Delincuenciales de Grupos oAsociaciones Ilcitas Especiales que fue aprobada de inmediato con los votos de las dosformaciones polticas de derecha ARENA y Partido de Conciliacin Nacional (PCN).Dicha ley se aprob con una vigencia inicial de 90 das, del 1 de abril de 2004 al 29 de

junio del mismo ao, con el argumento de que superaba las inconstitucionalidades de laley anterior. Sin embargo, instituciones como la Fundacin de Estudios para laAplicacin del Derecho (FESPAD) sostuvieron que el texto de la ley era prcticamenteigual que el de la anterior (FESPAD 2005).

Ya bajo la presidencia de Antonio Saca, el 30 de agosto de 2004 se puso enmarcha el Plan Sper Mano Dura como parte de su plan de gobierno 2004 2009 PasSeguro. Este plan ofreci como novedad el establecimiento de mesas de concertacinsobre las pandillas a las que se convoc a diversas entidades de gobierno, sociedad civil,sectores religiosos y cooperacin internacional dentro de un pretendido esquema deprevencin social de la violencia. Sin embargo, la mayor parte de los recursos del planfueron dirigidos a la represin policial, y dentro de ella, el esfuerzo principal se realizaba

en las detenciones sin que existiera un esfuerzo equivalente en la efectiva investigacincriminal, lo que produjo que tan slo una pequea parte de los pandilleros detenidos fueraencontrado culpable de algn delito. Si es cierto que las cifras de secuestros, extorsiones,robo y hurto disminuyeron desde la entrada en vigor de dicho plan, no as las dehomicidios ni las de lesiones. Hay que resaltar que los tribunales de justicia salvadoreosejercieron una labor destacable de proteccin de las garantas individuales de los jvenes,y en este sentido las cifras de personas puestas en libertad tras ser detenidos as loatestiguan. De un total de 19.275 detenidos entre el 23 de julio de 2003 y el 30 de agostode 2004, el 84 por ciento salieron en libertad sin cargos (FESPAD 2004).

En el caso de Guatemala, el 9 de febrero de 2005 fue elevada una iniciativalegislativa para la aprobacin de una ley antimaras de caractersticas similares a la de ElSalvador. Como en los dos casos anteriores, en esta propuesta las maras pasaban aconvertirse en asociaciones ilcitas y la prueba de su pertenencia eran tambin los tatuajeso el hecho de utilizar lenguaje gestual como cdigo de comunicacin. Tambin enfebrero del ao 2005 y bajo la presidencia de Oscar Berger del partido Gran AlianzaNacional (GANA), se puso en marcha un plan contra la delincuencia denominadoLibertad Azul, cuya eficacia en trminos de reduccin de la criminalidad pareceigualmente cuestionable ya que la aplicacin de la poltica de arrestos masivos sin tenerpruebas de culpabilidad de los individuos condujo, ya en los primeros meses de suimplementacin, a la liberacin de casi el 70 por ciento de los detenidos (Monterroso2003, 13) y ello teniendo en cuenta que algunos jueces avalaron las detencionesarbitrarias. Hay que destacar que en el caso guatemalteco, la falta de consenso entre laclase poltica ha impedido que se aprobara la legislacin antimaras. En este sentido, lapropuesta de la Ley Escoba del Partido de Avanzada Nacional (PAN) de agosto de 2003,fue rechazada por el entonces partido de gobierno Frente Revolucionario Guatemalteco(FRG) por considerarla electoralista. Otro elemento que destaca en el panoramaguatemalteco lo constituye la rehabilitacin en 2008 del uso de la pena de muerte paracastigar delitos de secuestro y asesinato, una pena que haba sido mantenida en suspensodesde el ao 2002. Hay que subrayar que esta decisin fue aprobada por una aplastante

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mayora en el Congreso guatemalteco, incluyendo la del partido gobernante UnidadNacional de la Esperanza (UNE).

Como se puede comprobar, la perspectiva adoptada en los tres pases ha sido la deconsiderar al delito ms como una cuestin de falta de control social que como unproblema relacionado con las privaciones experimentadas por la poblacin o con las

fallas del estado de derecho. Lo que se pretenda era fundamentalmente satisfacer elextendido sentimiento de punitividad de la poblacin aprovechando la ansiedad queprovoca la generalizada percepcin de inseguridad y las altas tasas de delito, buscando depaso capitalizarlas electoralmente. Esto significa ofrecer una respuesta simple la crcel,el sistema de justicia criminal a un problema tan complejo como el que constituye ladelincuencia juvenil. Esto es - y parafraseando a Newburn (2001) -, poner en marcha ladoble falacia que significa considerar a las altas tasas de criminalidad como algo pasajeroy achacable exclusivamente a la fortaleza de las bandas juveniles, y afirmar que ladelincuencia tiene unas pocas causas fcilmente identificables sobre las que se puedeactuar, o lo que es lo mismo, desarticular a las pandillas y encarcelar a sus lderes comosolucin a todos los problemas de seguridad ciudadana.

A MODO DE CONCLUSIN

El auge de la violencia y el crimen en un entorno marcado por una inseguridad social yeconmica persistentes y por la incapacidad de los estados para hacer valer el estado dederecho, han generalizado una fuerte percepcin de inseguridad en la poblacin deGuatemala, El Salvador y Honduras. El crimen, - y particularmente algunas de susmanifestaciones como la delincuencia juvenil - se ha convertido en un problema polticode primera importancia en las sociedades de la regin, desplazando de la agenda polticaa otros asuntos que ataen particularmente a los tres pases del rea como la extensin delsubempleo, la desproteccin social o la penetracin del crimen organizado en lasestructuras del Estado. En el anlisis del caso centroamericano se observa que estadosdbiles con instituciones frgiles y con democracias en fase de consolidacin, priman lasrespuestas defensivas - adaptativas ante el auge de la delincuencia, reforzando lapunitividad, y excluyendo casi totalmente las respuestas preventivas. En los ltimos aosse han implementado medidas de lucha contra la criminalidad que priman el castigo antesque la rehabilitacin, que persiguen reducir el miedo en lugar de actuar sobre las causasde la criminalidad y que no pretenden tanto reducir el delito como la compensacin moralde las vctimas y del pblico en general. Las razones de ello son complejas pero entre lasmismas se pueden citar las siguientes: de una parte, la existencia de niveles decriminalidad muy elevados caracterizados por una fuerte presencia de crmenes violentosque generan mucha alarma social. De otra, la poca confianza en la capacidad de lasinstituciones para impartir justicia, y la histrica desigualdad en la distribucin de lamisma con la existencia recurrente de grupos excluidos de su aplicacin que hanllevado a los habitantes de la regin a buscar compensaciones a travs de canales ymtodos extra judiciales o a la aceptacin de respuestas violentas por parte del Estadopara enfrentar el crimen. En tercer lugar, la persistencia de una inseguridad social yeconmica muy extendida que incrementa la desconfianza inter personal y hacia las

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instituciones estatales, y que refuerza la sensacin de inseguridad generada por el miedoal crimen. Finalmente hay que destacar que el carcter de las fuerzas polticas concretasque han ocupado el poder en la regin en estos aos tambin determina en cierta manerael tipo de respuestas desplegadas. Los partidos polticos que han abogado con mayorfuerza por las medidas de mano dura han sido formaciones polticas conservadoras de

raigambre autoritaria caso de ARENA en el Salvador y el FRG en Guatemala . Paraeste tipo de agrupaciones, las soluciones punitivas constituyen una respuestaideolgicamente coherente para enfrentar el conflicto social y han resultadoelectoralmente rentables en determinadas coyunturas, especialmente en el casosalvadoreo. Sin embargo en este punto cabe destacar que la evidencia disponible apuntaa que el uso de medidas de justicia expresiva no es patrimonio exclusivo de ningn signopoltico, y que estas estn siendo utilizadas tambin por formaciones polticas del centro izquierda del espectro poltico, como muestra el caso de la gobernante Unidad Nacionalde la Esperanza (UNE) guatemalteca. En este sentido, el triunfo electoral del FrenteFarabundo Mart para la Liberacin Nacional (FMLN) en El Salvador en marzo de 2009ofrece una oportunidad para testar las diferencias en la aproximacin hacia la violencia y

el crimen a lo largo del espectro ideolgico de las fuerzas polticas centroamericanas.Hasta el momento el abordaje gubernamental de los problemas de violencia y crimen enla regin ha consistido fundamentalmente en considerarlos como problemas de falta decontrol social, queda por ver si los magros resultados de las polticas de mano duraestimulan un replanteamiento de las polticas dirigidas a enfrentarlos.

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