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PRE ENCUENTRO DEL VIII CONGRESO DE POLÍTICAS SOCIALES Y TRABAJO SOCIAL Caryl Alonso Jiménez Ponencia: La Articulación de las políticas económicas y sociales Pre encuentro del VIII Encuentro de Políticas sociales y trabajo social 1 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA PRE ENCUENTRO DEL VIII ENCUENTRO DE POLITICAS SOCIALES Y TRABAJO SOCIAL Ciudad Universitaria, Guatemala, 21 de noviembre de 2008 PONENCIA La articulación de la política económica y social Caryl Alonso Jiménez 1 1. Presentación. Nadie elige ser pobre en la sociedad, por lo que sería desventurado creer que la misma es una elección. Las libertades de elegir en un Estado democrático son valores que se traducen en dinámicas de relación y cooperación para el acceso al trabajo, a producir, a un salario justo, a consumir y vivir en dignidad. Esa condición solamente es posible en entornos que pertenecen a Estados lo suficientemente estables y sostenibles. El tema de la pobreza entonces es el resultado del modelo del Estado y la conducción de la misma, por lo que no cabe pretender un debate de la pobreza y las libertades. Por eso, esta ponencia, en una síntesis exageradamente apretada y breve, pretende abordar en el debate del Estado sus dinámicas internas, sus resultados en la articulación política y su comportamiento hacia el ideal del bienestar ciudadano. Empezaremos preguntándonos ¿Por qué esta obligado el Estado hacia objetivos de bienestar en la sociedad? y ¿Por qué en las relaciones de Estado, la visión de largo plazo encarna el 1 Candidato a doctor en ciencias políticas y sociología por la Universidad de Salamanca; Magíster en Dirección y gestión pública por la Universidad Carlos III de Madrid; Licenciado en Historia de la Universidad del Valle de Guatemala. Es profesor universitario del curso de Planificación del Desarrollo de la Maestría en Formulación de Proyectos de la Escuela de Postgrados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala; es profesor del Curso de Políticas Públicas de la Maestría en Desarrollo de la Universidad del Valle de Guatemala; profesor del curso Derechos Económicos de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Rafael Landívar. Es autor de publicaciones sobre políticas de descentralización, gobierno y desarrollo local. Actualmente es consultor de políticas de inversión territorial en el Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala y facilitador del equipo de expertos del proceso de formulación de políticas y gestión pública en la Secretaría General de Programación de la Presidencia de la República de Guatemala, SEGEPLAN.

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PRE ENCUENTRO DEL VIII CONGRESO DE POLÍTICAS SOCIALES Y TRABAJO SOCIAL

Caryl Alonso Jiménez Ponencia: La Articulación de las políticas económicas y sociales

Pre encuentro del VIII Encuentro de Políticas sociales y trabajo social

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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA PRE ENCUENTRO DEL

VIII ENCUENTRO DE POLITICAS SOCIALES Y TRABAJO SOCIAL Ciudad Universitaria, Guatemala, 21 de noviembre de 2008 

 PONENCIA 

La articulación de la política económica y social  

Caryl Alonso Jiménez1  1. Presentación.  Nadie elige ser pobre en la sociedad, por lo que sería desventurado creer que la misma 

es una elección. Las  libertades de elegir en un Estado democrático  son valores que  se 

traducen en dinámicas de relación y cooperación para el acceso al trabajo, a producir, a 

un salario justo, a consumir y vivir en dignidad. Esa condición solamente es posible en 

entornos que pertenecen a Estados lo suficientemente estables y sostenibles. El tema de 

la pobreza entonces es el resultado del modelo del Estado y la conducción de la misma, 

por lo que no cabe pretender un debate de la pobreza y las libertades.    

 

Por  eso,  esta  ponencia,  en  una  síntesis  exageradamente  apretada  y  breve,  pretende 

abordar en el debate del Estado sus dinámicas internas, sus resultados en la articulación 

política  y  su  comportamiento  hacia  el  ideal  del  bienestar  ciudadano.  Empezaremos 

preguntándonos  ¿Por  qué  esta  obligado  el  Estado  hacia  objetivos  de  bienestar  en  la 

sociedad? y  ¿Por qué  en  las  relaciones de Estado,  la visión de  largo plazo  encarna  el 

1 Candidato a doctor en ciencias políticas y sociología por la Universidad de Salamanca; Magíster en Dirección y gestión pública por la Universidad Carlos III de Madrid; Licenciado en Historia de la Universidad del Valle de Guatemala. Es profesor universitario del curso de Planificación del Desarrollo de la Maestría en Formulación de Proyectos de la Escuela de Postgrados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala; es profesor del Curso de Políticas Públicas de la Maestría en Desarrollo de la Universidad del Valle de Guatemala; profesor del curso Derechos Económicos de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Rafael Landívar. Es autor de publicaciones sobre políticas de descentralización, gobierno y desarrollo local. Actualmente es consultor de políticas de inversión territorial en el Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala y facilitador del equipo de expertos del proceso de formulación de políticas y gestión pública en la Secretaría General de Programación de la Presidencia de la República de Guatemala, SEGEPLAN.

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ideal para la prosperidad de hombres y mujeres? ¿Quiénes y cómo se definen los marcos 

y  las  visiones  del  ideal  de  un  Estado  social  y  emprendedor?  Nos  concentraremos 

entonces en el debate de los resultados del Estado y de cómo se construyen y elaboran 

procesos políticos denominados políticas públicas y sus consecuencias de ejecutarlas o 

no ejecutarlas en el entramado de la administración pública. 

 

Inevitablemente cuando el conjunto de  la sociedad vive el resultado de dinámicas que 

reflejan asombrosamente medidas que lo separan del usufructo del bienestar cotidiano, 

es seguro que estamos hablando de exclusión y de inequidad social.  

 

La  inequidad  social  y  la  exclusión  son  el  resultado  de  decisiones  políticas  que 

evolucionaron  a  lo  largo de  los  años.   Ello nos  obliga  a un  repaso  y discusión de  la 

estructura  y  evolución  histórica  principalmente  del modelo  económico,  así  como  del 

reparto equitativo de la riqueza en los últimos 50 años. 

 

Obligadamente  esta  discusión  nos  conducirá  hacia  el  debate  de  lo  político  y  en  ese 

transito  arribaremos  necesariamente  a  los  contextos  del  poder  y  a  expresiones más 

trascendentes desde la evolución ideológica, hasta la reconfiguración y prolongación del 

modelo que se asentó en el mundo occidental en 1944, que arranca con la conferencia de 

Bretón Wood, en la se que inaugura el nuevo Orden Económico Mundial y el cambio del 

paradigma del desarrollo acaecido con el ajuste estructural y la crisis fiscal,  promovida 

por los organismos multilaterales a finales de la década de los años setenta y principios 

de los años ochenta en el siglo pasado2. 

2 Guerra-Borges, Alfredo. Guatemala: 60 años de historia económica. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Guatemala, 2006.

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Ello obligará a detenernos brevemente en el análisis para profundizar en las relaciones 

de poder y su estructura construida en un marco histórico que evolucionó hacia etapas 

de debilitamiento en el ejercicio del partido político en América Latina, abandonando 

con  ello  la  conducción del Estado y dando paso  al  sistema que vivimos hoy día  este 

planeta: el mercado ataviado sus supuestas leyes naturales de demanda y oferta.   

 

¿Cómo entender el mercado en contextos sociales y políticos? Respuesta compleja, por 

los factores que mueven y remueven el intercambio de bienes y servicios y con todo lo 

que  ello  implica.  Seguramente  no  tenemos  una  respuesta  acertada  en  la  academia, 

tenemos  mas  dudas  que  respuestas  y  esa  es  justamente  la  razón  del  sentido 

universitario, la exacerbación cotidiana desde la cátedra sobre la indagación académica 

como fuente de búsqueda para la verdad de la sociedad y para que ésta tenga utilidad 

presente  y  futura  y  sea  capaz  de  detonar  el  ingenio  y  la  creatividad  de  las  nuevas 

generaciones que habrán de conducir los destinos del Estado. 

 

Esta  breve  y  apretada  ponencia  abordará  entonces  el  contexto  de  la  formulación  de 

política, el tipo de políticas públicas, el rol del partido político, las políticas económicas 

y sociales y finalmente a manera de conclusión, intentará aproximarse a un análisis más 

reflexivo  que  concluyente  sobre  el  contexto  actual  de  las  políticas  públicas  y  la 

perspectiva futura para Guatemala. 

    

1,  ¿Qué  son  las  políticas  públicas  y  quienes  las  elaboran?    Reinterpretando  a mi 

profesor  y  amigo,  el Dr.  Luis Aguilar Villanueva,  diremos  que  se  denomina  política 

pública  a  las  visiones  superiores  que  definen  propósitos, metas  y  resultados  en  un 

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tiempo  determinado  y  que  buscan  objetivos  de  carácter  general  o  específicos  de 

bienestar de la sociedad3. Generalmente los periodos gubernamentales se miden por su 

capacidad de cambio e impacto en diversos sectores al ejercer la gestión gubernamental. 

Las políticas públicas por sí solas solo definen un escenario futuro; no son normas, no 

son proyectos, no son discursos, solamente son textos cargados de emotividad retórica 

racional que siempre o casi siempre responden a plataformas electorales. 

 

Las  políticas  públicas  solamente  se  pueden  entender  y  comprender  cuando  pasan  a 

formar  parte  del  Plan  de  Gobierno  y  éstas,  una  vez  convertidas  en  prioridades  se 

traducen en acciones que se trasladan a la administración pública para su ejecución. 

 

Es  importante  advertir  que  las  políticas  públicas  solamente  son  proposiciones  de 

carácter general; en América Latina y Guatemala en particular se tiende a confundir las 

políticas públicas  con  la gestión pública, donde no  solamente  son dos  cosas distintas 

sino espacios y actores distintos.  

 

Curiosamente  esta  confusión  muchas  veces  tiene  intención  sospechosa  alentada  en 

muchas ocasiones desde  la academia, creando enormes distancias para comprender el 

Estado,  el  gobierno  nacional  y municipal  y  finalmente  las  administraciones  públicas, 

tanto nacional como municipal. 

 

Para  comprender  el  marco  de  la  formulación  de  políticas  públicas  es  importante 

mencionar que existen tres enfoques4: 

3 Aguilar Villanueva, Luis. El estudio de las políticas públicas. Editorial Miguel Angel Porrua. México, 2003. 4 Alonso Jiménez, Caryl. Ensayo: Las políticas públicas y el rol del partido político en Guatemala. Guatemala, 2008. Inédito.

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a. Políticas gubernamentales.   Este tipo de políticas pertenece a  las acciones que se 

que se desarrollan a partir de llegada del partido político al control del gobierno. 

Se desarrollan dentro de la temporalidad durante el ejercicio del poder público5 y 

buscan  alcanzar  metas  y  resultados  propuestos  en  la  oferta  electoral.  Son 

elaboradas  por  equipos  tecnocráticos  contratados  específicamente  para  ese  fin. 

Adoptan  un  lenguaje  de  moda  para  el  período  buscando  resaltar  aspectos 

diferenciados del período anterior.  Normalmente se suman equipos de expertos 

externos, con ideas homogéneas se repiten a lo largo del continente, curiosamente 

con lineamientos de orden internacional.   

b. Políticas de proceso. Son iniciativas que ejecutan de la dinámica propiamente de 

la acción de gobierno. A diferencia de las políticas gubernamentales, son puestas 

en  escena  sin  que  hayan  sido  planificadas  previamente.  Se  les  conoce  como 

políticas de proceso dado que sin ser parte de un marco ideológico propio y sin 

haber sido situadas en su rumbo estratégico, éstas pueden crearse como parte de 

un  acuerdo  o  derivado  de  la  solución  de  conflictos  sociales,  económicos  o 

políticos  en  un  tiempo  determinado.  Generalmente  son  distorsionantes  de  la 

realidad y alteradores de presupuestos financieros.  

c. Políticas  de  plataforma  partidaria.  Son  aquellas  que  corresponden  al diseño  y 

formulación  que  hacen  lo  partidos  políticos  y  en  las  que  asume  la  visión 

ideológica  y  su  traducción  al  programa  de  gobierno.  Estas  proposiciones 

generalmente  son  elaboraciones  de  carácter  eminentemente  técnico  político. 

Provienen de un esfuerzo institucional del partido, son elaboradas en procesos de 

mediación  e  intermediación  con  la  sociedad  durante  largos  períodos  y  casi 

5 En el caso de Guatemala el ejercicio del poder público dura cuatro años.

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siempre sus objetivos y logros son el resultado de la demanda ciudadana, de los 

problemas  históricos  y  de  las  oportunidades  que  el  Estado  Nación  tiene  en 

contexto nacional e internacional.  

   

  Esta  modalidad  tiene  la  característica  que  prepara  cuadros  para  ejercer  la 

conducción del programa de gobierno.   Normalmente cuentan con  institutos de 

formación política y  se  respeta  la  línea y  liderazgo partidario. Generalmente  la 

juventud,  la  mujer  y  los  diversos  sectores  sociales  tienen  expresiones  en  el 

programa de  gobierno  y  son parte del  funcionariado del  gobierno  al  ejercer  el 

poder público. Actualmente  en  la  transición hacia  la globalización  los partidos 

políticos perdieron este modelo y hoy,  tal como afirma Panebianco,  los partidos 

políticos son maquinarias electorales.  

 

De acuerdo a nivel propositivo en que las políticas públicas han sido formuladas, y de 

acuerdo a su alcance, contexto, duración, costos e impacto en la sociedad, éstas pueden 

clasificarse en tres grandes contextos6: 

 

i. Políticas evolucionistas: 

Son  aquellas  proposiciones  en  las  que  se  busca mantener  las  condiciones  del 

escenario propuesto, dejando a las fuerzas naturales (posiblemente del mercado) 

para que ejerzan acciones que deriven en resultados inesperados que casi siempre 

se espera que sean de beneficio para el sector que las impulsa. 

 

6 Ibídem

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No proponen ninguna acción que modifique o altere  la  realidad. Generalmente 

responden al mantenimiento de situaciones históricas. Este  tipo de políticas son 

elaboradas  por  expertos  en marketing  político7  con  alta  capacidad  persuasiva 

para  expresar  escenarios  fantasionamente  creibles  pero  sin  ningun  sustento 

argumentativo y menos con evidencia concreta.  

Los partidos políticos que la propugnan o impulsan son maquinarias electorales8 

donde se  insertan posiciones  forzadas de cargos simalares a  la empresa: existen 

gerentes de mercadeo,  gerentes de distribucion, gerente  general,  supervisor de 

campaña, etc., abandonando las estructuras de apropiación doctrinaria. El partido 

no  representa  el  ideal  de  un mundo mejor,  sino  la  oportunidad  y  desarrollo 

personal.  

 

En  este  tipo de políticas  importa mantener  la  realidad  intacta; generalmente  el 

poder  y  las  decisiones  son  ejercidas  por  nucleos  imperceptibles  pero  de  alto 

impacto.  Toda  demanda  de  expresiones  colectivas  son  inusitadamente 

catalogadas  de  alteración  del  orden,  se  descalifica  a  los  lideres  sociales, 

académicos y expertos contrarios a  la política del momento. Se exacerban el uso 

de  técnologías de control y aumenta  los niveles de seguridad. Se desarrolla una 

elite intelectual en dos vías, la animadora sociocultural que distrae a la sociedad y 

particularmente a la juventud con propuestas delirantes. Se evita la reflexión. Por 

7 El marketing político es una actividad que surge en las campañas electorales presidenciales de los Estados Unidos en la década de los años sesenta en el siglo pasado. Se distinguen por hacer acopio de manera creativa e imaginativa de los medios de comunicación masiva para persuadir al votante de elegir candidatos exacerbando atributos que distraen al votante. El marketing no tiene ni por asumo proximidad con la ciencia política, la sociología, la psicología o la antropología, pero hace uso de sus teorías, instrumentos y principios. Los estrategas de campañas electorales generalmente son expertos en marketing político, prevalece la retórica y la persuasión antes que el razonamiento lógico de la realidad. 8 Panebianco, Ángelo. Modelos de Partido. Alianza Universidad. Madrid, 1995.

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la otra, aumenta el debate periódistico de un sector que alimenta razonamientos 

en favor del escenarios falsamente previsibles. 

 

Las relaciones del poder en este tipo de política dependen del mantenimiento de 

márgenes de maniobra lo suficientemente cooptado para evitar alteraciones de la 

realidad. 

 

ii.  Políticas reformistas. 

Generalmente parten del supuesto que modificando el escenario legal se modifica 

la realidad. El soporte de su posición es legalista, generalmente buscan medir los 

niveles de  respaldo político con  la sociedad buscando demostrar bajo cualquier 

circunstancia el distanciamientos con visiones rupturistas. 

 

Sus principales  impulsores provienen del  sector  intelectual  con  extración  social 

ascendente,  donde  importa mantener  un  estatus  que  permita  usufructuar  los 

beneficios  del  mercado.  En  ocasiones  se  distancian  en  apariencia  del  sector 

político para ejercer control de las corrientes de cambio y terminan en procesos de 

campaña electoral acudiendo para ser parte de los equipos de elección popular.  

 

Generalmente tienen mayor simpatía en  la población de clase media cultural (la 

clase  media  económica  generalmente  es  evolucionista)  y  preparada 

academicamente. Su mayor marco de respaldo es el político; normalmente genera 

confianza  y  deposita  niveles  de  credibilidad  por  el manejo  pertinente  de  los 

marcos constitucionales y legales. 

 

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Existe una generalizada creencia que las políticas reformistas son de largo plazo y 

son neutralizadores de la colisión social, particularmente de aquella que demanda 

publicamente  cambios  y  beneficios  sociales.  Generalmente  los  procesos 

reformistas derivan en enormes, extensos y amplios eventos colectivos de debate 

y discusión que no conducen a nada, solamente acumulan  frustracion colectiva. 

Curiosamente  se  detectan  lideres  sociales  que  ejercen  por  largos  años 

representaciones en mesas de diálogo que nunca culminan o bien pasan a formar 

parte de cuerpos de pensamiento de las elites como premio a su tarea distractora 

en el sistema legal. 

iii. Políticas rupturistas. 

Este  tipo de políticas generalmente propugnan por cambios súbitos. Quienes  lo 

impulsan alteran los sistemas económicos y financieros del Estado. Sus decisiones 

generalmente parten del corte sincronico para empezar con un año cero.  

 

El nivel de reacción es en dos vías: por un lado el respaldo colectivo de aquellos 

sectores  excluidos  que  se  sienten  representados  por  un  liderazgo  que  habla  y 

presenta un discurso social apegado a soluciones casi siempre de corte emotiva.  

Los  lideres  rupturistas  generalmente  son  carismáticos  en  similitud  a  lideres 

religiosos, que acuden a la técnica persuasiva emocional.  Por la otra, se extiende 

una oposición generalmente económica de quienes han detentado el ejercicio del 

poder político y que ven en  la ruptura el peligro y riesgo de pérdida en activos, 

bienes y patrimonio. 

 

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El modelo rupturista generalmente  tránsita por  largos caminos de conflicto que 

pueden prolongarse por años. Alterando posibilidades de acuerdo y generando 

retrazos innecesarios en el proceso de modernización de Estado. 

 

Los casos latinoamericanos con rasgos sensiblemente rupturistas, pero apegados 

a procesos democráticos pueden encontrarse en Venezuela, Bolivia y Ecuador.  

 

3. Conversión de  las políticas públicas a  la gestión de gobierno y  la administración 

pública.    

Normalmente se tiende a creer que una vez formulada la política pública ésta por sí sola 

adoptará  criterios  de  ejecución  hasta  alcanzar  resultados  de  corto, mediano  y  largo 

plazo, esto es falso.  Esta manera de situar las políticas no ha permitido su apropiación 

por  quienes  ejercen  el  gobierno  temporal  y menos  su  comprensión  por  parte  de  la 

ciudadanía que resiente las exclusiones históricas.  

 

Esto  se debe a una curiosa y extendida expresión colectiva de algunas organizaciones 

sociales que  sustituyendo  la  función del partido político al quedar éstos debilitados e 

invisibilizados  en  las  últimas  décadas,  asumieron  fantasiosamente  que  estaban 

generando  políticas  públicas,  cuando  en  realidad  de  buena  intención  solamente 

alcanzaron a generar incidencia9 que nunca o casi nunca impactó en reformas de Estado. 

Esto llevo al agotamiento de las organizaciones sociales al no poder ejercer presiones de 

cambio,  excepto  de  defensa  de  sectores  vulnerables;  hoy  día  quedan  muy  pocas 

organizaciones que hacen esa labor. 

9 La incidencia solamente puede comprenderse a partir de tres criterios: capacidad de inclusión en el diseño y formulación de políticas públicas; capacidad de provocar reformas institucionales que modifiquen el roles en favor de la sociedad; y, capacidad de provocar la asignación finanicera en presupuestos de Estado. Si no aparece ninguno de éstos tres criterios se hace otra cosa, menos incidencia.

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Pre encuentro del VIII Encuentro de Políticas sociales y trabajo social

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Veamos entonces en un ejercicio aclarador: tal como se expreso antes, la política pública 

es el instrumento de visión de objetivos de largo plazo que busca transformar la realidad 

mediante resultados medibles en el tiempo y  la sociedad. Para alcanzar ese objetivo se 

requiere ejercer el poder público ganado mediante un proceso electoral. Una vez que se 

ha ganado el proceso, la política pública pasa a ser el Plan de Gobierno. 

 

Pero,  el  Plan de Gobierno  no  funciona  y  tampoco  acciona  por  sí  solo  o por  impulso 

presidencial. Este debe  traducirse en acciones prioritarias que deben ser subsumidas y 

apropiadas por las instituciones sectoriales (Ministerios de Estado, Secretarias y Fondos 

Sociales)  que  ya  tienen  competencias  legales  definidas10.    Por  eso  es  importante 

mencionar que  los discursos presidenciales, ministeriales o de  funcionarios no sientan 

precedente de política pública, sino que solamente son piezas de oratoria para alentar 

procesos públicos y ciudadanos.11 

 

Una vez que los equipos de expertos, apoyados por los equipos políticos del partido que 

ejerce el gobierno, definen las líneas prioritarias, se establece un marco de traducción en 

la que se asigna a cada entidad sectorial  las acciones de corto, mediano y  largo plazo. 

Adquieren el marco legal, se asignan recursos financieros en el presupuesto nacional de 

ingresos  y  egresos  y  se  construye  un  marco  de  objetivos,  indicadores,  metas  y 

resultados. 

 

10 En el caso de Guatemala, el Decreto Legislativo 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo establece las competencias para los ministerios, secretarias y fondos sociales. Para los gobiernos municipales, el Decreto Legislativo 12-2002, Código Municipal, establece en el articulo 68 las competencias que le corresponden a la municipalidad 11 Alonso Jiménez, Caryl. Ensayo: La función del partido político en la formulación de políticas públicas. Guatemala, 2008. Inédito.

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Esta  transición hasta ahora es un proceso novedoso dado que ningún partido político 

que ha ejercido poder público en los últimos períodos ha logrado traducir sus acciones 

prioritarias  en  los  marcos  institucionales  para  ejecutarlos  en  la  regularidad  de  la 

administración pública y fueran sujetas de seguimiento, monitoreo y evaluación. 

 

Uno de  las principales debilidades  en  los  últimos  años  se  ve  reflejado  en  el  informe 

anual de gobierno, donde más que presentar una evaluación de  la política se presenta 

una crónica de actividades que seguramente no soportaría la evaluación y el análisis de 

impacto en reformas y cambios de la realidad.  

 

3. Políticas  económicas  y  sociales,  y  su  relación  con  el  entramado de  la  gestión de 

Estado y la gestión pública.  Para comprender la dimensión de las políticas públicas es 

importante  situarlas  desde  su  función  operativa  y  su  capacidad  de  ejercer  influencia 

dentro del marco institucional del Estado. Es decir, dentro su capacidad decisional en un 

andamiaje de criterios y valores sobre qué y cómo promover, por ejemplo el programa 

de inversiones públicas.12 

 

Unos de los instrumentos de aplicación previa a la puesta en marcha de las políticas es 

el análisis, actividad poco conocida actualmente en procesos de formulación de política. 

Esta fase técnica busca establecer si política es viable o inviable sólo respecto de algunas 

restricciones específicas (institucionales, burocráticas, distributivas o políticas) que limitan la 

libertad de  acción del gobernante  en una  situación particular. Si no  se  identifican  las 

restricciones específicas el concepto de factibilidad será muy débil13.  

12 Cajas, Marco Tulio. Borrador del ensayo: Los gobiernos y sus políticas. Guatemala, 2008. Inédito. 13 Majone. Giandomenico. Evidencia, argumentación y persuasion en la formulación de políticas. Fondo de Cultura Económica, México. Segunda reimpresión 2005.

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Es  importante destacar que una política no  funciona por  sí  sola,  requiere un proceso 

transicional  hacia  la  creación  de  un  conjunto  de  normativas  legales  dentro  de  una 

institución de Estado, como por ejemplo la creación de la institucionalidad necesaria, la 

asignación  presupuestaria  y  capacidad  de  acción  que  haga  accesible  y  visible  la 

cobertura pretendida, de forma que impacte en la estabilidad y sostenibilidad de acción 

que se busca. 

   

Vale  entonces  aclarar  definiciones  conceptuales  de  la  política  económica,  la  que 

entenderemos  como  el  instrumento  de  planificación  que  traza  el  lineamiento  e 

instrumentos  para  comportamiento  de  las  dinámicas  que  tienden  a  generar  riqueza 

estable y sostenible entre los agentes económicos de un Estado.   

 

Por el otro,  la política social que constituye el conjunto de  instrumentos que regulan y 

buscan de manera institucional el reparto de la riqueza en la sociedad, particularmente 

de los sectores en riesgo socio económico y en condiciones de vulnerabilidad.    

 

La política económica en el caso de Guatemala esta acompañada de la política monetaria 

y cambiaria, la que esta bajo responsabilidad de la Junta Monetaria; ésta define el marco 

por donde  transitará  el proceso y  la  regulación de  los niveles  control del Estado, por 

excelencia define  el  comportamiento  y  la  estabilidad de  la  economía  a  través de  tres 

indicadores: la tasa de cambio, la tasa de interés y la tasa de inflación.  

 

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Los  indicadores  anteriores  sirven  de  instrumento  frente  al  comportamiento  de  la 

economía  internacional; mide  los  impactos  y  eventualmente  las  oportunidades  de  la 

mundialización  y  establece  los  mecanismos  para  evitar  riesgos  internos  frente  al 

intercambio  comercial,  particularmente  de  las  exportaciones  y  sus  efectos  en  la  tasa 

inflacionaria. 

 

Excepto  en  los  Estados  Unidos  de  América,  donde  la  Oficina  Federal  del  Tesoro 

interviene en los efectos de la estabilidad macroeconómica principalmente en el impacto 

y la generación del empleo, en el resto de América Latina curiosamente las instituciones 

del Estado en materia económica y  financiera no  lo hacen. Aparentemente dejan a  las 

fuerzas del mercado la generación del empleo.   

 

La  política  económica  es  importante  comprenderla  a  partir  de  la  política  fiscal  del 

Estado. Aunque existen notables avances en el crecimiento de  inversiones en  lo social, 

particularmente  en  educación,  salud,  vivienda  y  seguridad  ciudadana,  aún  es 

dramáticamente  débil  el  papel  del  Estado  en  relación  a  sus  responsabilidades 

constitucionales para responder al proceso gradual de incluir a toda la población en los 

beneficios del reparto de la riqueza a través de los programas y servicios sociales. 

 

Las políticas sociales representan la función del Estado prevista en el Titulo I, Capitulo 

único, Articulo 1, de la Constitución Política de la República de Guatemala, que expresa 

que “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin 

supremo  es  la  realización  del  bien  común”,  desde  ese  contexto,  resulta  por  demás 

crucial el modelo de gobierno por políticas. Sin embargo,  la política económica en una 

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ecuación con la política fiscal que obliga a la evaluación del sistema tributario sobre su 

cumplimiento en las responsabilidades de la política fiscal.  

 

Es imposible e insoslayable demandar procesos más intensivos y extensivos de atención 

social de  las áreas  rurales, de  la  reactivación económica y  la atención de  los  servicios 

públicos,   si  la capacidad para enfrentarlos financieramente tiene  limites; como el caso 

guatemalteco, dónde  las demandas y  los  rezagos  sociales desbordan  la  capacidad del 

Estado y hacen obligada una revisión de las responsabilidades tributarias.   

 

El debate desde esta perspectiva tiene resonancias y altisonancias hoy en día cuando se 

discute el marco  futuro de  las  responsabilidades  fiscales del Estado para el 2009. Más 

allá  del  tamaño  del  presupuesto,  es  el  tamaño  del  compromiso  fiscal  que  demanda 

soluciones audaces y éstas solamente pueden provenir de un sector público (nacional y 

municipal) representado por el gobierno actual, que tenga  la capacidad de respuesta a 

las demandas sociales, de infraestructura productiva, de telecomunicaciones, transporte. 

De  las  inversiones  en  educación,  salud,  vivienda  y  seguridad.      Por  supuesto  y  ello 

coincidimos, en un marco de transparencia y aplicación de la justicia a la infracción. 

 

4. La articulación entre políticas económicas y sociales. 

Para  situar  la  dimensión  articuladora  de  la  política  económica  frente  a  las  políticas 

sociales es  innegable que debemos hacerlo a partir del  tamaño de  la política  fiscal, es 

decir, del tamaño del rezago social del Estado mediante su expresión más visible como 

es  la  pobreza  y  su  dramática  debilidad  estructural  para  crear  empleos  estables. 

Resultado que  se  traduce  en  la  incapacidad de generación de  salarios dignos para  la 

población que deriva en la desgracia más ofensiva del Estado: el hambre.   

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El hambre que nos explota en la realidad nacional como reflejo de la indiferencia de una 

sociedad incapaz de crear mecanismos solidarios para la atención de lo más vulnerables 

y  cuando  los  crea,  curiosamente  se  extienden  voces  de  reclamo  que  confunden  la 

capacidad  de  respuesta  con  procesos  administrativos,    con  el  evidente  riesgo  de 

detenerse. 

 

Articular políticas económicas con políticas sociales demanda la audacia del Siglo XXI y 

solamente se puede comprender, en el caso de Guatemala, que presenta los indicadores 

de inequidad más altos del continente, en dos etapas: 

 

a. Atender  la  emergencia  estructural  con  políticas  de  alto  impacto  como  la 

focalización  de  intervenciones  geográficas  mediante  las  transferencias 

condicionadas.  Es  decir,  evitar  que  los  niños,  los  ancianos,  las  mujeres 

literalmente se mueran de hambre. 

 

b. Reestructurar de forma  inmediata un plan de reforma del Estado, pactado entre 

los  sectores  sociales,  políticos  y  económicos,  buscando  compromisos  de  largo 

plazo hacia un modelo  incluyente,  estable y  razonablemente  responsable  en  su 

política fiscal y tributaria.  

 

Esa articulación deberá comprender aquellas áreas en las que se estimule procesos hacia 

la  inversión presupuestaria en educación, salud, empleo, vivienda y seguridad  física y 

ciudadana.  Por supuesto teniendo el rigor suficiente de la transparencia y el combate a 

la corrupción, brindando apoyo al fortalecimiento del Estado de derecho, a las entidades 

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de aplicación de la justicia, buscando que el empleado público más que premiado por la 

enseñanza de la ética, comprenda que será sancionado por la infracción, ello obligará a 

regenerar el servicio civil para hacerlo estable. 

 

Una visión de política de esta naturaleza hace parte de los sectores más dinámicos de la 

economía, buscando fortalecer mecanismos que faciliten su expansión interna y externa, 

particularmente en actividades  territoriales,  locales y  rurales que  impulsen el empleo; 

pero  también  aplicando  mecanismos  de  control  severo  y  estricto  hacia  aquellas 

actividades que puedan presentar riesgos frente a las crisis internacionales.  

 

Sin  embargo,  la  articulación  de  políticas  no  puede  verse  solamente  como  efecto  de 

retóricas  coincidentes.  Sino  que  tiene  que  traducirse  y  situarse  en  el  entramado  de 

acciones  integrales  de  las  entidades  sectoriales,  territoriales  y municipales.  Es  decir, 

avanzar en una sola dirección y bajo un mismo liderazgo político. 

 

Es  importante  que  cada  política  pública  sea  explicada  a  partir  de  la  apropiación 

institucional, traducida en recursos, programas, coberturas, beneficiarios, costos, espacio 

geográfico, resultado de calidad de gasto y de impactos transformadores.   Hasta ahora 

no tenemos instrumentos de medición de impactos y será una tarea urgente para poner 

en marcha y saber si estamos avanzando en línea correcta.     

 

6. A manera de conclusión.  

La articulación de políticas públicas son un factor de diseño integrador en el discurso de 

campaña electoral. Pero solamente son entendibles cuando se hacen esfuerzos  técnico‐

políticos para trasladarlas de lo electoral al Programa de Gobierno y de allí, convertirlos 

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en prioridades para  incorporarlos  al marco  institucional de  la  administración pública 

para que se ejecuten de manera estable y regular, con recursos financieros, coberturas, 

beneficiarios y con evaluaciones periódicas que deben hacerse públicas. 

 

La  enorme  dificultad  en  ese  proceso  se  encuentra  el  modelo  de  asignaciones 

presupuestales de  la administración pública que, a partir de  la crisis  fiscal de  los años 

ochenta desmantelo los sistemas de planificación sectorial, estableciendo un modelo que 

abrió  las puertas a  la  tercerización de servicios contratados en el sector privado. En  la 

lógica del gasto eso era correcto. Lo que no fue correcto fue dejar en manos del mercado 

la planificación estratégica del comportamiento de  las entidades del Estado, en donde 

no se previó la política de inversión pública nacional y territorial, que hubiera aportado 

un modelo  creciente  de  inversiones masivas  que  seguramente  habría  recuperado  la 

infraestructura básica y productiva, pero no se hizo así y hoy vivimos un nuevo retrazo. 

 

Ante la inexistencia de marcos de política en esa dirección, hoy en día es difícil medir el 

impacto de  inversiones  sectoriales,  territoriales y municipales. Es  importante destacar 

que existen avances en materia del control fiscal como los sistemas en línea y en tiempo 

real, aún no son suficientes en la complejidad del Estado hasta no contar con un sistema 

de planificación estratégica en donde el presupuesto no sea la suma que alimenta bases 

de datos, sino el instrumento real para una estrategia de desarrollo. 

 

Hoy no tenemos un instrumento capaz de medir el impacto de la inversión. No sabemos 

con certeza cuanto es la recuperación de los rezagos previstos en plazos planificados.  La 

reacción frente a las repuestas de inversión es fragmentada y no resuelve y ni reforma la 

realidad rural ni local. 

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Es  fácil  notarlo.  Los  municipios  no  son  atractivos.  No  tienen  inversión  hacia  el 

desarrollo de ventajas comparativas para hacerlas competitivas. Nos molesta que sector 

privado no vaya a invertir en los departamentos ni a los municipios, pero tampoco hay 

acuerdos ni plazos mínimos para garantizar esas inversiones; estimular al sector privado 

también  es  estimular  la prosperidad del  territorio. El  retrazo  rural  es  impactante,  los 

déficit y  las carencias son visibles en el rostro de  los ciudadanos y campesinos pobres 

del área rural.    

 

Por ello resulta inaudito que frente a respuestas de emergencia como la focalización en 

atención  a  poblaciones  que  se  mueren  de  hambre,  se  extienda  un  debate  sobre  la 

legalidad de su ejecución. Cuando bien haríamos en discutir y demandar una política de 

inversiones  territoriales  que  establezca  un  pacto  progresivo  de  corto  plazo  para 

solucionar los rezagos en forma gradual a plazos razonables en el tiempo y con políticas 

intertemporales. 

 

Este modelo nos  aseguraría  eventuales acuerdos de alianzas público privadas para  el 

desarrollo de inversiones que sean capaces de detonar economías a escala comunitaria, 

local  y  regional.  Podríamos  medir  los  impactos  previsibles  de  la  realidad  y 

eventualmente modificaríamos  realidades  sociales que hoy día están a  las puertas del 

abandono y la indiferencia del Estado. 

 

Es  esto  lo  que  tenemos  que  enseñar  en  las  aulas  universitarias.  Estamos  obligados  a 

retornar  la  academia  hacia  contenidos  que  revelen  la  realidad. Debemos  con  toda  la 

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audacia universitaria volcar los estudios a la realidad, para acompañar la inversión y la 

modernización del área rural, de los municipios y las regiones. 

 

Tenemos que comprometernos en proyectos educativos novedosos que se aproximen a 

la formación de liderazgos emergentes a nivel rural, local y municipal, departamental y 

nacional.  Debemos abrir las unidades académicas a la enseñanza del Estado, el gobierno 

y  la  administración pública.   También debemos  comprender que  la universidad debe 

sumarse  y  abonar  el  camino  hacia  los modelos  de mundialización  que  demandan  la 

generación de  técnicos e  ingenieros que sean capaces de competir con  la  formación al 

más alto nivel de excelencia académica.   Pero hacerlo, querido amigos, también es una 

política  y  como  tal,  debe  llevarse  al  plano  de  las  reformas  universitarias  y  a  sus 

dirigentes académicos. 

 

Es  por  ello  la  urgencia  del  gobierno  que  gobierna  por  políticas  y  que  es  capaz  que 

comprender que es  impostergable  territorialización de  sus acciones; que  sea  capaz de 

construir un Estado de Derecho y de  legalidad, que castigue la  infracción; que apueste 

por un marco  institucional sólido; que sea capaz de mitigar el deterioro y degradación 

ambiental; que haga de la estabilidad política y económica el instrumento para reducir 

inequidades  sociales,  pero  un  Estado  emprendedor  y  promotor  de  la  economía,  que 

incluya al conjunto de la población y a los sectores dinámicos de la economía.   

 

Articular políticas económicas y sociales desde el marco del Estado deberá permitir, tal 

como  expresa  el  Informe  de  Desarrollo  Humano,  la  libertad  acceder  a  procesos 

productivos  estables,  al  empleo,  al  consumo de  bienes y  servicios, pero  sobre  todo  a 

reducir  las  desigualdades  y  la  inequidad  social.      Es  eso  donde  debemos  estar 

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comprometidos  y  es  la  academia  a  quien  le  corresponde  contribuir  con  renovado 

sentido  el  estudio  científico  y  aplicado,  con  un  pensamiento  libre  y  con  la  audacia 

suficiente para acompañar procesos que hoy demandan a sus investigadores, docentes y 

particularmente  a  los  estudiantes  universitarios  a  un  compromiso  firme  y  una 

convicción comprometida con la realidad. 

 Muchas Gracias!!!  7. Fuentes consultadas.  

• Aguilar Villanueva,  Luis. El  estudio de  las  políticas públicas.  Editorial Miguel Angel Purrua. México. Reimpresión 2003. 

• Aguilar  Villanueva,  Luis.  Gobernanza  y  gestión  pública.  Fondo  de  Cultura Económica. México, 2006. 

• Alonso  Jiménez, Caryl. Ensayo: El  rol del partido político en  la  formulación de políticas públicas en Guatemala. Guatemala, 2008. Inédito. 

• Alonso Jiménez, Caryl. La descentralización en Centroamérica: perspectivas para agenda  futura.  FIIAPP‐  Insitituto  Universitario  de  Desarrollo  y  Cooperación, Universidad Complutense Madrid. Madrid, 2007. 

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• Panebianco, Ángelo. Modelos de Partido. Alianza Universidad. Madrid, 1995.   

Guatemala, 21 de noviembre de 2008