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PRE ENCUENTRO DEL VIII CONGRESO DE POLÍTICAS SOCIALES Y TRABAJO SOCIAL
Caryl Alonso Jiménez Ponencia: La Articulación de las políticas económicas y sociales
Pre encuentro del VIII Encuentro de Políticas sociales y trabajo social
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA PRE ENCUENTRO DEL
VIII ENCUENTRO DE POLITICAS SOCIALES Y TRABAJO SOCIAL Ciudad Universitaria, Guatemala, 21 de noviembre de 2008
PONENCIA
La articulación de la política económica y social
Caryl Alonso Jiménez1 1. Presentación. Nadie elige ser pobre en la sociedad, por lo que sería desventurado creer que la misma
es una elección. Las libertades de elegir en un Estado democrático son valores que se
traducen en dinámicas de relación y cooperación para el acceso al trabajo, a producir, a
un salario justo, a consumir y vivir en dignidad. Esa condición solamente es posible en
entornos que pertenecen a Estados lo suficientemente estables y sostenibles. El tema de
la pobreza entonces es el resultado del modelo del Estado y la conducción de la misma,
por lo que no cabe pretender un debate de la pobreza y las libertades.
Por eso, esta ponencia, en una síntesis exageradamente apretada y breve, pretende
abordar en el debate del Estado sus dinámicas internas, sus resultados en la articulación
política y su comportamiento hacia el ideal del bienestar ciudadano. Empezaremos
preguntándonos ¿Por qué esta obligado el Estado hacia objetivos de bienestar en la
sociedad? y ¿Por qué en las relaciones de Estado, la visión de largo plazo encarna el
1 Candidato a doctor en ciencias políticas y sociología por la Universidad de Salamanca; Magíster en Dirección y gestión pública por la Universidad Carlos III de Madrid; Licenciado en Historia de la Universidad del Valle de Guatemala. Es profesor universitario del curso de Planificación del Desarrollo de la Maestría en Formulación de Proyectos de la Escuela de Postgrados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala; es profesor del Curso de Políticas Públicas de la Maestría en Desarrollo de la Universidad del Valle de Guatemala; profesor del curso Derechos Económicos de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Rafael Landívar. Es autor de publicaciones sobre políticas de descentralización, gobierno y desarrollo local. Actualmente es consultor de políticas de inversión territorial en el Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala y facilitador del equipo de expertos del proceso de formulación de políticas y gestión pública en la Secretaría General de Programación de la Presidencia de la República de Guatemala, SEGEPLAN.
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ideal para la prosperidad de hombres y mujeres? ¿Quiénes y cómo se definen los marcos
y las visiones del ideal de un Estado social y emprendedor? Nos concentraremos
entonces en el debate de los resultados del Estado y de cómo se construyen y elaboran
procesos políticos denominados políticas públicas y sus consecuencias de ejecutarlas o
no ejecutarlas en el entramado de la administración pública.
Inevitablemente cuando el conjunto de la sociedad vive el resultado de dinámicas que
reflejan asombrosamente medidas que lo separan del usufructo del bienestar cotidiano,
es seguro que estamos hablando de exclusión y de inequidad social.
La inequidad social y la exclusión son el resultado de decisiones políticas que
evolucionaron a lo largo de los años. Ello nos obliga a un repaso y discusión de la
estructura y evolución histórica principalmente del modelo económico, así como del
reparto equitativo de la riqueza en los últimos 50 años.
Obligadamente esta discusión nos conducirá hacia el debate de lo político y en ese
transito arribaremos necesariamente a los contextos del poder y a expresiones más
trascendentes desde la evolución ideológica, hasta la reconfiguración y prolongación del
modelo que se asentó en el mundo occidental en 1944, que arranca con la conferencia de
Bretón Wood, en la se que inaugura el nuevo Orden Económico Mundial y el cambio del
paradigma del desarrollo acaecido con el ajuste estructural y la crisis fiscal, promovida
por los organismos multilaterales a finales de la década de los años setenta y principios
de los años ochenta en el siglo pasado2.
2 Guerra-Borges, Alfredo. Guatemala: 60 años de historia económica. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Guatemala, 2006.
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Ello obligará a detenernos brevemente en el análisis para profundizar en las relaciones
de poder y su estructura construida en un marco histórico que evolucionó hacia etapas
de debilitamiento en el ejercicio del partido político en América Latina, abandonando
con ello la conducción del Estado y dando paso al sistema que vivimos hoy día este
planeta: el mercado ataviado sus supuestas leyes naturales de demanda y oferta.
¿Cómo entender el mercado en contextos sociales y políticos? Respuesta compleja, por
los factores que mueven y remueven el intercambio de bienes y servicios y con todo lo
que ello implica. Seguramente no tenemos una respuesta acertada en la academia,
tenemos mas dudas que respuestas y esa es justamente la razón del sentido
universitario, la exacerbación cotidiana desde la cátedra sobre la indagación académica
como fuente de búsqueda para la verdad de la sociedad y para que ésta tenga utilidad
presente y futura y sea capaz de detonar el ingenio y la creatividad de las nuevas
generaciones que habrán de conducir los destinos del Estado.
Esta breve y apretada ponencia abordará entonces el contexto de la formulación de
política, el tipo de políticas públicas, el rol del partido político, las políticas económicas
y sociales y finalmente a manera de conclusión, intentará aproximarse a un análisis más
reflexivo que concluyente sobre el contexto actual de las políticas públicas y la
perspectiva futura para Guatemala.
1, ¿Qué son las políticas públicas y quienes las elaboran? Reinterpretando a mi
profesor y amigo, el Dr. Luis Aguilar Villanueva, diremos que se denomina política
pública a las visiones superiores que definen propósitos, metas y resultados en un
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tiempo determinado y que buscan objetivos de carácter general o específicos de
bienestar de la sociedad3. Generalmente los periodos gubernamentales se miden por su
capacidad de cambio e impacto en diversos sectores al ejercer la gestión gubernamental.
Las políticas públicas por sí solas solo definen un escenario futuro; no son normas, no
son proyectos, no son discursos, solamente son textos cargados de emotividad retórica
racional que siempre o casi siempre responden a plataformas electorales.
Las políticas públicas solamente se pueden entender y comprender cuando pasan a
formar parte del Plan de Gobierno y éstas, una vez convertidas en prioridades se
traducen en acciones que se trasladan a la administración pública para su ejecución.
Es importante advertir que las políticas públicas solamente son proposiciones de
carácter general; en América Latina y Guatemala en particular se tiende a confundir las
políticas públicas con la gestión pública, donde no solamente son dos cosas distintas
sino espacios y actores distintos.
Curiosamente esta confusión muchas veces tiene intención sospechosa alentada en
muchas ocasiones desde la academia, creando enormes distancias para comprender el
Estado, el gobierno nacional y municipal y finalmente las administraciones públicas,
tanto nacional como municipal.
Para comprender el marco de la formulación de políticas públicas es importante
mencionar que existen tres enfoques4:
3 Aguilar Villanueva, Luis. El estudio de las políticas públicas. Editorial Miguel Angel Porrua. México, 2003. 4 Alonso Jiménez, Caryl. Ensayo: Las políticas públicas y el rol del partido político en Guatemala. Guatemala, 2008. Inédito.
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a. Políticas gubernamentales. Este tipo de políticas pertenece a las acciones que se
que se desarrollan a partir de llegada del partido político al control del gobierno.
Se desarrollan dentro de la temporalidad durante el ejercicio del poder público5 y
buscan alcanzar metas y resultados propuestos en la oferta electoral. Son
elaboradas por equipos tecnocráticos contratados específicamente para ese fin.
Adoptan un lenguaje de moda para el período buscando resaltar aspectos
diferenciados del período anterior. Normalmente se suman equipos de expertos
externos, con ideas homogéneas se repiten a lo largo del continente, curiosamente
con lineamientos de orden internacional.
b. Políticas de proceso. Son iniciativas que ejecutan de la dinámica propiamente de
la acción de gobierno. A diferencia de las políticas gubernamentales, son puestas
en escena sin que hayan sido planificadas previamente. Se les conoce como
políticas de proceso dado que sin ser parte de un marco ideológico propio y sin
haber sido situadas en su rumbo estratégico, éstas pueden crearse como parte de
un acuerdo o derivado de la solución de conflictos sociales, económicos o
políticos en un tiempo determinado. Generalmente son distorsionantes de la
realidad y alteradores de presupuestos financieros.
c. Políticas de plataforma partidaria. Son aquellas que corresponden al diseño y
formulación que hacen lo partidos políticos y en las que asume la visión
ideológica y su traducción al programa de gobierno. Estas proposiciones
generalmente son elaboraciones de carácter eminentemente técnico político.
Provienen de un esfuerzo institucional del partido, son elaboradas en procesos de
mediación e intermediación con la sociedad durante largos períodos y casi
5 En el caso de Guatemala el ejercicio del poder público dura cuatro años.
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siempre sus objetivos y logros son el resultado de la demanda ciudadana, de los
problemas históricos y de las oportunidades que el Estado Nación tiene en
contexto nacional e internacional.
Esta modalidad tiene la característica que prepara cuadros para ejercer la
conducción del programa de gobierno. Normalmente cuentan con institutos de
formación política y se respeta la línea y liderazgo partidario. Generalmente la
juventud, la mujer y los diversos sectores sociales tienen expresiones en el
programa de gobierno y son parte del funcionariado del gobierno al ejercer el
poder público. Actualmente en la transición hacia la globalización los partidos
políticos perdieron este modelo y hoy, tal como afirma Panebianco, los partidos
políticos son maquinarias electorales.
De acuerdo a nivel propositivo en que las políticas públicas han sido formuladas, y de
acuerdo a su alcance, contexto, duración, costos e impacto en la sociedad, éstas pueden
clasificarse en tres grandes contextos6:
i. Políticas evolucionistas:
Son aquellas proposiciones en las que se busca mantener las condiciones del
escenario propuesto, dejando a las fuerzas naturales (posiblemente del mercado)
para que ejerzan acciones que deriven en resultados inesperados que casi siempre
se espera que sean de beneficio para el sector que las impulsa.
6 Ibídem
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No proponen ninguna acción que modifique o altere la realidad. Generalmente
responden al mantenimiento de situaciones históricas. Este tipo de políticas son
elaboradas por expertos en marketing político7 con alta capacidad persuasiva
para expresar escenarios fantasionamente creibles pero sin ningun sustento
argumentativo y menos con evidencia concreta.
Los partidos políticos que la propugnan o impulsan son maquinarias electorales8
donde se insertan posiciones forzadas de cargos simalares a la empresa: existen
gerentes de mercadeo, gerentes de distribucion, gerente general, supervisor de
campaña, etc., abandonando las estructuras de apropiación doctrinaria. El partido
no representa el ideal de un mundo mejor, sino la oportunidad y desarrollo
personal.
En este tipo de políticas importa mantener la realidad intacta; generalmente el
poder y las decisiones son ejercidas por nucleos imperceptibles pero de alto
impacto. Toda demanda de expresiones colectivas son inusitadamente
catalogadas de alteración del orden, se descalifica a los lideres sociales,
académicos y expertos contrarios a la política del momento. Se exacerban el uso
de técnologías de control y aumenta los niveles de seguridad. Se desarrolla una
elite intelectual en dos vías, la animadora sociocultural que distrae a la sociedad y
particularmente a la juventud con propuestas delirantes. Se evita la reflexión. Por
7 El marketing político es una actividad que surge en las campañas electorales presidenciales de los Estados Unidos en la década de los años sesenta en el siglo pasado. Se distinguen por hacer acopio de manera creativa e imaginativa de los medios de comunicación masiva para persuadir al votante de elegir candidatos exacerbando atributos que distraen al votante. El marketing no tiene ni por asumo proximidad con la ciencia política, la sociología, la psicología o la antropología, pero hace uso de sus teorías, instrumentos y principios. Los estrategas de campañas electorales generalmente son expertos en marketing político, prevalece la retórica y la persuasión antes que el razonamiento lógico de la realidad. 8 Panebianco, Ángelo. Modelos de Partido. Alianza Universidad. Madrid, 1995.
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la otra, aumenta el debate periódistico de un sector que alimenta razonamientos
en favor del escenarios falsamente previsibles.
Las relaciones del poder en este tipo de política dependen del mantenimiento de
márgenes de maniobra lo suficientemente cooptado para evitar alteraciones de la
realidad.
ii. Políticas reformistas.
Generalmente parten del supuesto que modificando el escenario legal se modifica
la realidad. El soporte de su posición es legalista, generalmente buscan medir los
niveles de respaldo político con la sociedad buscando demostrar bajo cualquier
circunstancia el distanciamientos con visiones rupturistas.
Sus principales impulsores provienen del sector intelectual con extración social
ascendente, donde importa mantener un estatus que permita usufructuar los
beneficios del mercado. En ocasiones se distancian en apariencia del sector
político para ejercer control de las corrientes de cambio y terminan en procesos de
campaña electoral acudiendo para ser parte de los equipos de elección popular.
Generalmente tienen mayor simpatía en la población de clase media cultural (la
clase media económica generalmente es evolucionista) y preparada
academicamente. Su mayor marco de respaldo es el político; normalmente genera
confianza y deposita niveles de credibilidad por el manejo pertinente de los
marcos constitucionales y legales.
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Existe una generalizada creencia que las políticas reformistas son de largo plazo y
son neutralizadores de la colisión social, particularmente de aquella que demanda
publicamente cambios y beneficios sociales. Generalmente los procesos
reformistas derivan en enormes, extensos y amplios eventos colectivos de debate
y discusión que no conducen a nada, solamente acumulan frustracion colectiva.
Curiosamente se detectan lideres sociales que ejercen por largos años
representaciones en mesas de diálogo que nunca culminan o bien pasan a formar
parte de cuerpos de pensamiento de las elites como premio a su tarea distractora
en el sistema legal.
iii. Políticas rupturistas.
Este tipo de políticas generalmente propugnan por cambios súbitos. Quienes lo
impulsan alteran los sistemas económicos y financieros del Estado. Sus decisiones
generalmente parten del corte sincronico para empezar con un año cero.
El nivel de reacción es en dos vías: por un lado el respaldo colectivo de aquellos
sectores excluidos que se sienten representados por un liderazgo que habla y
presenta un discurso social apegado a soluciones casi siempre de corte emotiva.
Los lideres rupturistas generalmente son carismáticos en similitud a lideres
religiosos, que acuden a la técnica persuasiva emocional. Por la otra, se extiende
una oposición generalmente económica de quienes han detentado el ejercicio del
poder político y que ven en la ruptura el peligro y riesgo de pérdida en activos,
bienes y patrimonio.
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El modelo rupturista generalmente tránsita por largos caminos de conflicto que
pueden prolongarse por años. Alterando posibilidades de acuerdo y generando
retrazos innecesarios en el proceso de modernización de Estado.
Los casos latinoamericanos con rasgos sensiblemente rupturistas, pero apegados
a procesos democráticos pueden encontrarse en Venezuela, Bolivia y Ecuador.
3. Conversión de las políticas públicas a la gestión de gobierno y la administración
pública.
Normalmente se tiende a creer que una vez formulada la política pública ésta por sí sola
adoptará criterios de ejecución hasta alcanzar resultados de corto, mediano y largo
plazo, esto es falso. Esta manera de situar las políticas no ha permitido su apropiación
por quienes ejercen el gobierno temporal y menos su comprensión por parte de la
ciudadanía que resiente las exclusiones históricas.
Esto se debe a una curiosa y extendida expresión colectiva de algunas organizaciones
sociales que sustituyendo la función del partido político al quedar éstos debilitados e
invisibilizados en las últimas décadas, asumieron fantasiosamente que estaban
generando políticas públicas, cuando en realidad de buena intención solamente
alcanzaron a generar incidencia9 que nunca o casi nunca impactó en reformas de Estado.
Esto llevo al agotamiento de las organizaciones sociales al no poder ejercer presiones de
cambio, excepto de defensa de sectores vulnerables; hoy día quedan muy pocas
organizaciones que hacen esa labor.
9 La incidencia solamente puede comprenderse a partir de tres criterios: capacidad de inclusión en el diseño y formulación de políticas públicas; capacidad de provocar reformas institucionales que modifiquen el roles en favor de la sociedad; y, capacidad de provocar la asignación finanicera en presupuestos de Estado. Si no aparece ninguno de éstos tres criterios se hace otra cosa, menos incidencia.
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Veamos entonces en un ejercicio aclarador: tal como se expreso antes, la política pública
es el instrumento de visión de objetivos de largo plazo que busca transformar la realidad
mediante resultados medibles en el tiempo y la sociedad. Para alcanzar ese objetivo se
requiere ejercer el poder público ganado mediante un proceso electoral. Una vez que se
ha ganado el proceso, la política pública pasa a ser el Plan de Gobierno.
Pero, el Plan de Gobierno no funciona y tampoco acciona por sí solo o por impulso
presidencial. Este debe traducirse en acciones prioritarias que deben ser subsumidas y
apropiadas por las instituciones sectoriales (Ministerios de Estado, Secretarias y Fondos
Sociales) que ya tienen competencias legales definidas10. Por eso es importante
mencionar que los discursos presidenciales, ministeriales o de funcionarios no sientan
precedente de política pública, sino que solamente son piezas de oratoria para alentar
procesos públicos y ciudadanos.11
Una vez que los equipos de expertos, apoyados por los equipos políticos del partido que
ejerce el gobierno, definen las líneas prioritarias, se establece un marco de traducción en
la que se asigna a cada entidad sectorial las acciones de corto, mediano y largo plazo.
Adquieren el marco legal, se asignan recursos financieros en el presupuesto nacional de
ingresos y egresos y se construye un marco de objetivos, indicadores, metas y
resultados.
10 En el caso de Guatemala, el Decreto Legislativo 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo establece las competencias para los ministerios, secretarias y fondos sociales. Para los gobiernos municipales, el Decreto Legislativo 12-2002, Código Municipal, establece en el articulo 68 las competencias que le corresponden a la municipalidad 11 Alonso Jiménez, Caryl. Ensayo: La función del partido político en la formulación de políticas públicas. Guatemala, 2008. Inédito.
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Esta transición hasta ahora es un proceso novedoso dado que ningún partido político
que ha ejercido poder público en los últimos períodos ha logrado traducir sus acciones
prioritarias en los marcos institucionales para ejecutarlos en la regularidad de la
administración pública y fueran sujetas de seguimiento, monitoreo y evaluación.
Uno de las principales debilidades en los últimos años se ve reflejado en el informe
anual de gobierno, donde más que presentar una evaluación de la política se presenta
una crónica de actividades que seguramente no soportaría la evaluación y el análisis de
impacto en reformas y cambios de la realidad.
3. Políticas económicas y sociales, y su relación con el entramado de la gestión de
Estado y la gestión pública. Para comprender la dimensión de las políticas públicas es
importante situarlas desde su función operativa y su capacidad de ejercer influencia
dentro del marco institucional del Estado. Es decir, dentro su capacidad decisional en un
andamiaje de criterios y valores sobre qué y cómo promover, por ejemplo el programa
de inversiones públicas.12
Unos de los instrumentos de aplicación previa a la puesta en marcha de las políticas es
el análisis, actividad poco conocida actualmente en procesos de formulación de política.
Esta fase técnica busca establecer si política es viable o inviable sólo respecto de algunas
restricciones específicas (institucionales, burocráticas, distributivas o políticas) que limitan la
libertad de acción del gobernante en una situación particular. Si no se identifican las
restricciones específicas el concepto de factibilidad será muy débil13.
12 Cajas, Marco Tulio. Borrador del ensayo: Los gobiernos y sus políticas. Guatemala, 2008. Inédito. 13 Majone. Giandomenico. Evidencia, argumentación y persuasion en la formulación de políticas. Fondo de Cultura Económica, México. Segunda reimpresión 2005.
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Es importante destacar que una política no funciona por sí sola, requiere un proceso
transicional hacia la creación de un conjunto de normativas legales dentro de una
institución de Estado, como por ejemplo la creación de la institucionalidad necesaria, la
asignación presupuestaria y capacidad de acción que haga accesible y visible la
cobertura pretendida, de forma que impacte en la estabilidad y sostenibilidad de acción
que se busca.
Vale entonces aclarar definiciones conceptuales de la política económica, la que
entenderemos como el instrumento de planificación que traza el lineamiento e
instrumentos para comportamiento de las dinámicas que tienden a generar riqueza
estable y sostenible entre los agentes económicos de un Estado.
Por el otro, la política social que constituye el conjunto de instrumentos que regulan y
buscan de manera institucional el reparto de la riqueza en la sociedad, particularmente
de los sectores en riesgo socio económico y en condiciones de vulnerabilidad.
La política económica en el caso de Guatemala esta acompañada de la política monetaria
y cambiaria, la que esta bajo responsabilidad de la Junta Monetaria; ésta define el marco
por donde transitará el proceso y la regulación de los niveles control del Estado, por
excelencia define el comportamiento y la estabilidad de la economía a través de tres
indicadores: la tasa de cambio, la tasa de interés y la tasa de inflación.
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Los indicadores anteriores sirven de instrumento frente al comportamiento de la
economía internacional; mide los impactos y eventualmente las oportunidades de la
mundialización y establece los mecanismos para evitar riesgos internos frente al
intercambio comercial, particularmente de las exportaciones y sus efectos en la tasa
inflacionaria.
Excepto en los Estados Unidos de América, donde la Oficina Federal del Tesoro
interviene en los efectos de la estabilidad macroeconómica principalmente en el impacto
y la generación del empleo, en el resto de América Latina curiosamente las instituciones
del Estado en materia económica y financiera no lo hacen. Aparentemente dejan a las
fuerzas del mercado la generación del empleo.
La política económica es importante comprenderla a partir de la política fiscal del
Estado. Aunque existen notables avances en el crecimiento de inversiones en lo social,
particularmente en educación, salud, vivienda y seguridad ciudadana, aún es
dramáticamente débil el papel del Estado en relación a sus responsabilidades
constitucionales para responder al proceso gradual de incluir a toda la población en los
beneficios del reparto de la riqueza a través de los programas y servicios sociales.
Las políticas sociales representan la función del Estado prevista en el Titulo I, Capitulo
único, Articulo 1, de la Constitución Política de la República de Guatemala, que expresa
que “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin
supremo es la realización del bien común”, desde ese contexto, resulta por demás
crucial el modelo de gobierno por políticas. Sin embargo, la política económica en una
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ecuación con la política fiscal que obliga a la evaluación del sistema tributario sobre su
cumplimiento en las responsabilidades de la política fiscal.
Es imposible e insoslayable demandar procesos más intensivos y extensivos de atención
social de las áreas rurales, de la reactivación económica y la atención de los servicios
públicos, si la capacidad para enfrentarlos financieramente tiene limites; como el caso
guatemalteco, dónde las demandas y los rezagos sociales desbordan la capacidad del
Estado y hacen obligada una revisión de las responsabilidades tributarias.
El debate desde esta perspectiva tiene resonancias y altisonancias hoy en día cuando se
discute el marco futuro de las responsabilidades fiscales del Estado para el 2009. Más
allá del tamaño del presupuesto, es el tamaño del compromiso fiscal que demanda
soluciones audaces y éstas solamente pueden provenir de un sector público (nacional y
municipal) representado por el gobierno actual, que tenga la capacidad de respuesta a
las demandas sociales, de infraestructura productiva, de telecomunicaciones, transporte.
De las inversiones en educación, salud, vivienda y seguridad. Por supuesto y ello
coincidimos, en un marco de transparencia y aplicación de la justicia a la infracción.
4. La articulación entre políticas económicas y sociales.
Para situar la dimensión articuladora de la política económica frente a las políticas
sociales es innegable que debemos hacerlo a partir del tamaño de la política fiscal, es
decir, del tamaño del rezago social del Estado mediante su expresión más visible como
es la pobreza y su dramática debilidad estructural para crear empleos estables.
Resultado que se traduce en la incapacidad de generación de salarios dignos para la
población que deriva en la desgracia más ofensiva del Estado: el hambre.
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El hambre que nos explota en la realidad nacional como reflejo de la indiferencia de una
sociedad incapaz de crear mecanismos solidarios para la atención de lo más vulnerables
y cuando los crea, curiosamente se extienden voces de reclamo que confunden la
capacidad de respuesta con procesos administrativos, con el evidente riesgo de
detenerse.
Articular políticas económicas con políticas sociales demanda la audacia del Siglo XXI y
solamente se puede comprender, en el caso de Guatemala, que presenta los indicadores
de inequidad más altos del continente, en dos etapas:
a. Atender la emergencia estructural con políticas de alto impacto como la
focalización de intervenciones geográficas mediante las transferencias
condicionadas. Es decir, evitar que los niños, los ancianos, las mujeres
literalmente se mueran de hambre.
b. Reestructurar de forma inmediata un plan de reforma del Estado, pactado entre
los sectores sociales, políticos y económicos, buscando compromisos de largo
plazo hacia un modelo incluyente, estable y razonablemente responsable en su
política fiscal y tributaria.
Esa articulación deberá comprender aquellas áreas en las que se estimule procesos hacia
la inversión presupuestaria en educación, salud, empleo, vivienda y seguridad física y
ciudadana. Por supuesto teniendo el rigor suficiente de la transparencia y el combate a
la corrupción, brindando apoyo al fortalecimiento del Estado de derecho, a las entidades
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de aplicación de la justicia, buscando que el empleado público más que premiado por la
enseñanza de la ética, comprenda que será sancionado por la infracción, ello obligará a
regenerar el servicio civil para hacerlo estable.
Una visión de política de esta naturaleza hace parte de los sectores más dinámicos de la
economía, buscando fortalecer mecanismos que faciliten su expansión interna y externa,
particularmente en actividades territoriales, locales y rurales que impulsen el empleo;
pero también aplicando mecanismos de control severo y estricto hacia aquellas
actividades que puedan presentar riesgos frente a las crisis internacionales.
Sin embargo, la articulación de políticas no puede verse solamente como efecto de
retóricas coincidentes. Sino que tiene que traducirse y situarse en el entramado de
acciones integrales de las entidades sectoriales, territoriales y municipales. Es decir,
avanzar en una sola dirección y bajo un mismo liderazgo político.
Es importante que cada política pública sea explicada a partir de la apropiación
institucional, traducida en recursos, programas, coberturas, beneficiarios, costos, espacio
geográfico, resultado de calidad de gasto y de impactos transformadores. Hasta ahora
no tenemos instrumentos de medición de impactos y será una tarea urgente para poner
en marcha y saber si estamos avanzando en línea correcta.
6. A manera de conclusión.
La articulación de políticas públicas son un factor de diseño integrador en el discurso de
campaña electoral. Pero solamente son entendibles cuando se hacen esfuerzos técnico‐
políticos para trasladarlas de lo electoral al Programa de Gobierno y de allí, convertirlos
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en prioridades para incorporarlos al marco institucional de la administración pública
para que se ejecuten de manera estable y regular, con recursos financieros, coberturas,
beneficiarios y con evaluaciones periódicas que deben hacerse públicas.
La enorme dificultad en ese proceso se encuentra el modelo de asignaciones
presupuestales de la administración pública que, a partir de la crisis fiscal de los años
ochenta desmantelo los sistemas de planificación sectorial, estableciendo un modelo que
abrió las puertas a la tercerización de servicios contratados en el sector privado. En la
lógica del gasto eso era correcto. Lo que no fue correcto fue dejar en manos del mercado
la planificación estratégica del comportamiento de las entidades del Estado, en donde
no se previó la política de inversión pública nacional y territorial, que hubiera aportado
un modelo creciente de inversiones masivas que seguramente habría recuperado la
infraestructura básica y productiva, pero no se hizo así y hoy vivimos un nuevo retrazo.
Ante la inexistencia de marcos de política en esa dirección, hoy en día es difícil medir el
impacto de inversiones sectoriales, territoriales y municipales. Es importante destacar
que existen avances en materia del control fiscal como los sistemas en línea y en tiempo
real, aún no son suficientes en la complejidad del Estado hasta no contar con un sistema
de planificación estratégica en donde el presupuesto no sea la suma que alimenta bases
de datos, sino el instrumento real para una estrategia de desarrollo.
Hoy no tenemos un instrumento capaz de medir el impacto de la inversión. No sabemos
con certeza cuanto es la recuperación de los rezagos previstos en plazos planificados. La
reacción frente a las repuestas de inversión es fragmentada y no resuelve y ni reforma la
realidad rural ni local.
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Es fácil notarlo. Los municipios no son atractivos. No tienen inversión hacia el
desarrollo de ventajas comparativas para hacerlas competitivas. Nos molesta que sector
privado no vaya a invertir en los departamentos ni a los municipios, pero tampoco hay
acuerdos ni plazos mínimos para garantizar esas inversiones; estimular al sector privado
también es estimular la prosperidad del territorio. El retrazo rural es impactante, los
déficit y las carencias son visibles en el rostro de los ciudadanos y campesinos pobres
del área rural.
Por ello resulta inaudito que frente a respuestas de emergencia como la focalización en
atención a poblaciones que se mueren de hambre, se extienda un debate sobre la
legalidad de su ejecución. Cuando bien haríamos en discutir y demandar una política de
inversiones territoriales que establezca un pacto progresivo de corto plazo para
solucionar los rezagos en forma gradual a plazos razonables en el tiempo y con políticas
intertemporales.
Este modelo nos aseguraría eventuales acuerdos de alianzas público privadas para el
desarrollo de inversiones que sean capaces de detonar economías a escala comunitaria,
local y regional. Podríamos medir los impactos previsibles de la realidad y
eventualmente modificaríamos realidades sociales que hoy día están a las puertas del
abandono y la indiferencia del Estado.
Es esto lo que tenemos que enseñar en las aulas universitarias. Estamos obligados a
retornar la academia hacia contenidos que revelen la realidad. Debemos con toda la
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audacia universitaria volcar los estudios a la realidad, para acompañar la inversión y la
modernización del área rural, de los municipios y las regiones.
Tenemos que comprometernos en proyectos educativos novedosos que se aproximen a
la formación de liderazgos emergentes a nivel rural, local y municipal, departamental y
nacional. Debemos abrir las unidades académicas a la enseñanza del Estado, el gobierno
y la administración pública. También debemos comprender que la universidad debe
sumarse y abonar el camino hacia los modelos de mundialización que demandan la
generación de técnicos e ingenieros que sean capaces de competir con la formación al
más alto nivel de excelencia académica. Pero hacerlo, querido amigos, también es una
política y como tal, debe llevarse al plano de las reformas universitarias y a sus
dirigentes académicos.
Es por ello la urgencia del gobierno que gobierna por políticas y que es capaz que
comprender que es impostergable territorialización de sus acciones; que sea capaz de
construir un Estado de Derecho y de legalidad, que castigue la infracción; que apueste
por un marco institucional sólido; que sea capaz de mitigar el deterioro y degradación
ambiental; que haga de la estabilidad política y económica el instrumento para reducir
inequidades sociales, pero un Estado emprendedor y promotor de la economía, que
incluya al conjunto de la población y a los sectores dinámicos de la economía.
Articular políticas económicas y sociales desde el marco del Estado deberá permitir, tal
como expresa el Informe de Desarrollo Humano, la libertad acceder a procesos
productivos estables, al empleo, al consumo de bienes y servicios, pero sobre todo a
reducir las desigualdades y la inequidad social. Es eso donde debemos estar
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comprometidos y es la academia a quien le corresponde contribuir con renovado
sentido el estudio científico y aplicado, con un pensamiento libre y con la audacia
suficiente para acompañar procesos que hoy demandan a sus investigadores, docentes y
particularmente a los estudiantes universitarios a un compromiso firme y una
convicción comprometida con la realidad.
Muchas Gracias!!! 7. Fuentes consultadas.
• Aguilar Villanueva, Luis. El estudio de las políticas públicas. Editorial Miguel Angel Purrua. México. Reimpresión 2003.
• Aguilar Villanueva, Luis. Gobernanza y gestión pública. Fondo de Cultura Económica. México, 2006.
• Alonso Jiménez, Caryl. Ensayo: El rol del partido político en la formulación de políticas públicas en Guatemala. Guatemala, 2008. Inédito.
• Alonso Jiménez, Caryl. La descentralización en Centroamérica: perspectivas para agenda futura. FIIAPP‐ Insitituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, Universidad Complutense Madrid. Madrid, 2007.
• Cajas, Marco Tulio. Ensayo: Los gobiernos y sus políticas. Guatemala, 2008. Inédito.
• Guerra‐Borges, Alfredo. Guatemala: 60 años de historia económica. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Guatemala, 2006.
• La política de las políticas públicas. Banco Interamericano de Desarrollo. Informe 2006. Washington, 2006.
• La política fiscal en la encrucijada. Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Guatemala, 2007.
• Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007/2008, Volumen II. PNUD, Guatemala, 2008.
• Majone. Giandomenico. Evidencia, argumentación y persuasion en la formulación de políticas. Fondo de Cultura Económica, México. Segunda reimpresión 2005.
• Panebianco, Ángelo. Modelos de Partido. Alianza Universidad. Madrid, 1995.
Guatemala, 21 de noviembre de 2008