UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA DIVISIÓN DE …dcsh.xoc.uam.mx/images/MPP/TesisMPP/GPSC/N37...
Transcript of UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA DIVISIÓN DE …dcsh.xoc.uam.mx/images/MPP/TesisMPP/GPSC/N37...
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD XOCHIMILCO
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
MAESTRÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
RESISTENCIA Y PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS EN MÉXI CO:
LA LUCHA DEL MAPDER EN CONTRA DE LA PAROTA Y
PASO DE LA REINA, 2000-2010
TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRO EN POLÍTICAS PÚBLICAS
PRESENTA:
FRANCISCO XAVIER RUIZ ESPARZA ZORRILLA
DIRECTOR DE TESIS:
DR. ROBERTO GARCÍA JURADO
MÉXICO, D. F. ENERO, 2013
1
A Mónica y Sabina
A María Luisa, Humberto, Adrianna, Ángel, Arturo y José Joaquín
A la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco y su gente
A Roberto García Jurado por su orientación y compromiso
Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y al Instituto de
Ciencia y Tecnología del D. F. por los apoyos otorgados
A las comunidades y los ríos de mi país
A todos los que creyeron y no en este proyecto
Muchas Gracias
2
Índice
Abreviaturas y acrónimos…………………………………………………………………………… 3 Cuadros, diagramas, gráficos, mapas y anexos…………………………………………………… 4 Introducción………………………………………………………………………………………….. 5
Capítulo 1. El contexto económico, político, social y ambiental que enmarcó el surgimiento y
consolidación del MAPDER………………………………………………………… 13 1.1. Antecedentes de la política hidroeléctrica en México.………………………………… 14
1.2. Diagnóstico de la generación y consumo de energía eléctrica en México…………….. 19
1.3. La estrategia neoliberal de integración y desarrollo comercial………………………... 26
1.4. Repercusiones por las represas sobre las comunidades y el medio ambiente.………... 31
1.5. Antecedentes en los proyectos de Itzantún, Cerro de Oro, Aguamilpa y Zimapán…… 35
A. La represa Miguel De la Madrid o Cerro de Oro, Oaxaca…………………………..… 36
B. El proyecto hidroeléctrico Aguamilpa-Solidaridad, Nayarit………………………….. 39
C. La represa Fernando Hiriart o Zimapán, Hidalgo…………………………………...… 42
D. El proyecto hidroeléctrico Itzantún, Chiapas…………………………………………. 43
Capítulo 2. El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos
(MAPDER)…………………………………………………………………………… 47 2.1. Movimientos sociales, la acción colectiva e incidencia en política pública...………… 48
2.2. El Movimiento social en contra de las represas: MAPDER………………………….. 59
2.3. Principales herramientas y mecanismos empleados por el movimiento………………. 69
Capítulo 3. Análisis de la incidencia del MAPDER en la política hidroeléctrica mexicana…... 83
3.1. El Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica (PM) y el Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC)………………………….…. 84
3.2. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la proliferación de proyectos hidroeléctricos en el sureste mexicano……………………………………………….... 88
3.3. Los casos de la actual lucha en contra de los proyectos La Parota en Guerrero y Paso de la Reina en Oaxaca…………………………………………………………………. 95
A. El Consejo de Ejidos y Comunidades en Oposición a La Parota (CECOP) y el proyecto hidroeléctrico La Parota…………………………………………………….. 97
B. El Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) y el proyecto hidroeléctrico de usos múltiples Paso de la Reina…………………………... 105
3.4. Alcances y limitaciones de la incidencia del MAPDER en la política hidroeléctrica…. 113
Conclusiones y recomendaciones…………………………………………………………………… 119
Bibliografía y fuentes consultadas…………………………………………………………………. 129
Anexos………………………………………………………………...……………………………….. 150
3
Abreviaturas y Acrónimos
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
OFI Organismo (s) de Financiamiento Internacional
BID Banco Interamericano de Desarrollo OMC Organización Mundial de Comercio
BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
ONG Organización(es) No Gubernamental(es)
BM Banco Mundial ONU Organización de las Naciones Unidas
CECOP Consejo de Ejidos y Comunidades en Oposición a La Parota (Guerrero)
PEMEX Petróleos Mexicanos
CFE Comisión Federal de Electricidad PIDIREGAS Proyectos de Infraestructura de Largo Plazo Diferido en el Registro de Gasto
CIEPAC Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria
PIE Productor Independiente de Energía
CMR Comisión Mundial de Represas PM Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica
CONAGUA Comisión Nacional del Agua PPP Plan Puebla-Panamá
COPUDEVER Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde (Oaxaca)
PROSENER Programa Sectorial de Energía
CRE Comisión Reguladora de Energía REDLAR Red Latinoamericana contra Represas, por los Ríos, sus Comunidades y el Agua
EUA Estados Unidos de América SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional
SEN Sistema Eléctrico Nacional
FCCRP Frente Chiapaneco Contra las Represas
SENER Secretaría de Energía
FMI Fondo Monetario Internacional SICA Sistema de Integración Centroamericana
GEI Gases de Efecto Invernadero SIEPAC Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central
LFC Compañía de Luz y Fuerza del Centro TIC Tecnologías de la Información y Comunicación
LSPEE Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica
TLA Tribunal Latinoamericano del Agua
MAPDER Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte
MMR Movimiento Mesoamericano contra las Represas
TLC-TNC Tratado de Libre Comercio de México con el Triángulo Norte Centroamericano (El Salvador-Guatemala-Honduras)
4
Cuadros, diagramas, gráficos, mapas y anexos
A. Cuadros
Cuadro 1. Generación y consumo bruto de energía eléctrica en México en Gigawatt-hora (GWh), 1995-2008…………………………………………………………………............................................ 21
Cuadro 2. Concentrado de los Encuentros Nacionales de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos………………………………………………………………………………………………. 62
Cuadro 3. Diferencias y similitudes en las características del Consejo de Ejidos y Comunidades en Oposición a La Parota y el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde…………. 112
B. Diagramas
Diagrama 1. Integrantes de la Red Latinoamericana, el Movimiento Mesoamericano y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, y su interacción mantenida….. 66
C. Gráficos
Gráfico 1. Evolución de la participación de los Productores Independientes de Energía por capacidad instalada en la generación de electricidad en México en Megawatts (MW)…………………….. 17
Gráfico 2. Demanda Pico/Capacidad instalada en México en Megawatts (MW), 1970-2002….................. 22 Gráfico 3. Participación en la producción de energía eléctrica de los rubros hidroeléctrico, de vapor, y por
PIE en Gigawatt-hora (GWh), 1995-2008……………………………......................................... 23
D. Mapas
Mapa 1. Ubicación geográfica de los antecedentes de proyectos hidroeléctricos en México……….…….. 36
E. Anexos
Anexo 1. Capacidad bruta de energía eléctrica en México por fuente de generación y participación porcentual en Gigawatt-hora (GWh), 1995-2008………………………………………………... 151
Anexo 2. Consumo bruto de energía eléctrica en México por destino de utilización y su porcentaje en Gigawatt-hora (GWh), 1995-2008……………………………………………………………….. 152
Anexo 3. Panorama general de la energía primaria de los Estados Unidos de América, por producción, intercambio y consumo en los años seleccionados, 1949-2010……………………………….. 153
Anexo 4. Electricidad de los Estados Unidos de América importada desde y electricidad exportada hacia Canadá y México, 1999-2010……………………………………………………………………. 154
Anexo 5. Municipios con Alta y Muy Alta Marginación de los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca respecto al total nacional en el año 2005………………………………………………………… 155
Anexo 6. Localidades que se inundarían total y parcialmente por el Proyecto Hidroeléctrico La Parota, Guerrero………………………………………………………………………………………….. 156
Anexo 7. Localidades que se inundarían totalmente por el Proyecto para el Aprovechamiento de Usos Múltiples Paso de la Reina, Oaxaca……………………………………………………………… 157
Anexo 8. Categoría de las acciones o herramientas empleadas por el CECOP, COPUDEVER y MAPDER en contra de la construcción de los proyectos La Parota y Paso de la Reina, por grupo y considerando el nivel de violencia instrumentada………………………………………. 158
Anexo 9. Instrumentos y acciones empleadas por el CECOP y COPUDEVER, así como el MAPDER para lograr la detención de los proyectos La Parota-Guerrero y Paso de la Reina-Oaxaca, según su categoría y nivel de incidencia en la política hidroeléctrica de la CFE………………………………………………………………………………………………. 159
Anexo 10. Mapa de ubicación geográfica de los posibles sitios de construcción de los proyectos hidroeléctricos La Parota en el estado de Guerrero y Paso de la Reina en el estado de Oaxaca……………………………………………………………………………………………. 163
5
Introducción
“Han sido muchas las noches de desvelo en los plantones,
once compañeros pisaron la cárcel y cuatro fueron asesinados…
Y todo por defender nuestras tierras”
(Comunero en oposición al proyecto hidroeléctrico La Parota, 2010).
El presente proyecto de investigación surge de la necesidad de estudiar a los movimientos
sociales que se oponen a la construcción y operación de grandes represas en México, a
través de dos estudios de caso en contra de proyectos hidroeléctricos planeados por la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) a partir de la firma y entrada en vigor del Plan
Puebla-Panamá (PPP) en 2001 –hoy Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica
(PM)-, en específico como parte de la infraestructura de su vertiente energética, el Sistema
de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC).
Con la alineación de la política hidroeléctrica mexicana a los requerimientos técnico-
operativos de la agenda pública internacional, fueron prospectados los proyectos de La
Parota en el estado de Guerrero y posteriormente Paso de la Reina en el estado de Oaxaca,
en concordancia con los procesos de privatización del sector eléctrico en el país y las
políticas de integración y desarrollo capitalistas promovidas por Organismos de
Financiamiento Internacional (OFI), como el Banco Mundial (BM) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), resultando en un evidente detrimento de la soberanía
de los Estados-nación de la región, la degradación de los recursos naturales, así como el
deterioro del nivel de vida de las comunidades implicadas.
En consecuencia, como respuesta a estos proyectos, nace en 2003 el Consejo de Ejidos y
Comunidades en Oposición a La Parota (CECOP) y en el año 2007 el Consejo de Pueblos
Unidos en Defensa del Río Verde (COPUDEVER), como frentes de lucha a nivel local en
contra del despojo de sus tierras, la defensa de los recursos naturales, y frente a la
imposición de los gobiernos federal y estatales de llevar a cabo las represas mencionadas.
Ambos Consejos forman parte de un movimiento nacional que vela por los derechos,
intereses, reivindicaciones de los pueblos y en contra de las afectaciones hacia las
6
comunidades amenazadas por represas: el Movimiento Mexicano de Afectados por las
Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).
En un primer acercamiento a los antecedentes de la política hidroeléctrica, se encontró que
con la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, en el periodo del presidente Adolfo
López Mateos, se edificaron importantes proyectos de infraestructura como la proliferación
de grandes represas hidroeléctricas en el estado de Chiapas, en particular sobre la cuenca
del río Grijalva: la presa Netzahualcóyotl o “Malpaso” (1959-1964), Belisario Domínguez
o “La Angostura” (1969-1974), Manuel Moreno Torres “Chicoasén” (1974-1980) y Ángel
Albino Corzo o “Peñitas” (1979-1987). La suficiencia en el abasto eléctrico por estos
proyectos, aunado a la disminución de la capacidad de financiamiento del gobierno federal
a la obra pública hizo que, durante la década de los ochenta y noventa, la política energética
del país no vislumbrara la necesidad de edificar nuevos megaproyectos de esta índole.
Es en el periodo de gobierno de Vicente Fox –con la puesta en marcha del PPP-, que se
reactiva el interés económico y político por la construcción de grandes proyectos
hidroeléctricos. Dicha estrategia fue concordante con la política de privatización del sector
eléctrico y del agua auspiciada por los OFI en la región mesoamericana1, bajo el
presupuesto de que: “la energía era el motor para el desarrollo del modelo neoliberal”
(Pérez, 2006).
La primera señal del nuevo rumbo que tomaría la política hidroeléctrica de la mano del
presidente mexicano fue el acercamiento que tuvo, en 2002, con el entonces mandatario de
Guatemala, Alfonso Portillo, con el fin de impulsar la construcción de un conjunto de cinco
represas en la cuenca media del río Usumacinta2. El financiamiento de dicha obra correría a
1 Entre 1990 y 1995, los países de México, El Salvador y Honduras recibieron financiamiento del BM con la finalidad de emprender proyectos de privatización del agua. A partir del 2000, el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó diversos préstamos a 12 países de la región latinoamericana, entre ellos Honduras, Nicaragua y Panamá bajo la condición de continuar con la ejecución de políticas de privatización del agua (Castro Soto, 2005). 2 Dicha estrategia de cooperación binacional, fue ampliada en el marco de la operación del PPP suscrito en 2004, entre los países de Centroamérica y los estados del sureste mexicano. Dicho plan contempló la construcción de 262 proyectos hidroeléctricos, que serían auspiciados por el BID y guardaban la siguiente distribución: Nicaragua -65 proyectos-, Honduras -50 proyectos-, Costa Rica -46 proyectos-, Guatemala -34 proyectos-, El Salvador -14 proyectos- y Belice -2 proyectos-. En nuestro país se identificaron 51 posibles proyectos a desarrollar como parte fundamental para el impulso del acuerdo comercial a nivel regional.
7
cargo del BID, y ascendía a más de 240 millones de dólares. De acuerdo con los estudios
geológicos realizados por Gustavo Arvizu Lara y Moisés Dávila Serrano, el megaproyecto
inundaría una superficie de alrededor de 10 a 12 mil kilómetros cuadrados. Asimismo, los
referidos documentos argumentaron que el impacto ambiental, social y cultural de la
construcción de dichas hidroeléctricas se expresaría en la pérdida de alrededor de 800 sitios
arqueológicos, entre ellos, Yaxchilán y Piedras Negras, así como la devastación de millones
de árboles y el desplazamiento de más de 50 mil personas (Castro Soto, 2002).
Posteriormente fueron anunciados por la CFE, en el marco del Programa de Obras e
Inversiones del Sector Eléctrico –POISE-, diversos megaproyectos que habrían de
ejecutarse en el sexenio 2000-2006. Entre ellos destacaron: La Parota, San Juan Tetelcingo
y Ometepec en Guerrero, la rehabilitación y repotenciación del Sistema hidroeléctrico
Necaxa en Puebla, los complejos adicionales de explotación de las cuencas Grijalva y
Usumacinta, como el sistema Acalá-Chinín en el norte de Chiapas, el proyecto Copainalá, y
el represamiento de los ríos Jataté y Santo Domingo –tributarios del Usumacinta-, con los
proyectos Quetzalli, Huixtán I y II, Jattzá, Nance y Pico de Oro en los municipios de Las
Margaritas, Ocosingo, Maravilla Tenejapa y Marqués de Comillas, Chiapas, aunado a dos
proyectos oaxaqueños sobre el cauce del río Verde-Atoyac y El Cajón en Nayarit (CFE,
2002).
Al considerar que para el año 2008 el agua se posicionó como la segunda fuente más
importante de generación de energía para el país -con el 16% con respecto al total (ver
Anexo 1), no incluyendo la generación de electricidad por parte de los Productores
Independientes de Energía (PIE)–, la gestión de Felipe Calderón dio continuidad a la
estrategia del sexenio anterior bajo la premisa de favorecer la apropiación de recursos
estratégicos por parte de las corporaciones trasnacionales y grandes empresarios nacionales.
Durante este mandato, se anunció la construcción de importantes hidroeléctricas como: La
Yesca en Nayarit, Paso de Reina e Ixtayutla en Oaxaca e Itzantún en Chiapas, Jiliapan en
Hidalgo, Xúchiles en Veracruz, entre otros.
8
Considerando lo anterior, el objetivo fundamental que persiguió esta investigación es el
estudio de las acciones, instrumentos y elementos utilizados por el MAPDER, en particular
mediante los casos de lucha a nivel local del CECOP en contra de la represa La Parota y del
COPUDEVER en la resistencia por la construcción del proyecto Paso de la Reina, con la
finalidad de conocer su nivel de influencia, incidencia o intervención en el proceso de toma
de decisiones de la política de expansión hidroeléctrica de la CFE en el periodo 2000-2010.
Derivado de este objetivo general, se desprendieron cinco objetivos específicos, que nos
permitieron conocer el nivel de incidencia del MAPDER en el proceso de la política
hidroeléctrica:
Objetivo específico 1. Identificar las principales causas que dieron pie al nacimiento de
múltiples expresiones de resistencia en la región mesoamericana, en específico en
México, ante la construcción de represas hidroeléctricas;
Objetivo específico 2. Dar a conocer el contexto económico, político y social que
enmarcó la creación del MAPDER, entre 2000 y 2004;
Objetivo específico 3. Describir las principales estrategias de la política hidroeléctrica
de México, entre 1960 y 2010, a fin de comparar sus contenidos y su orientación en
términos de política pública, así como su asociación a la edificación de proyectos
hidroeléctricos;
Objetivo específico 4. Efectuar un seguimiento cronológico de las acciones de
resistencia llevadas a cabo por el MAPDER, entre 2000 y 2010, con la finalidad de
analizar su transformación en términos de organización, estructura y proyecto, así
como sus acciones de vinculación con los gobiernos locales y federal; y
Objetivo específico 5. Evaluar el nivel de influencia y/o intervención del MAPDER en
la toma de decisiones de políticas públicas en el nivel local y federal, retomando como
casos de estudio la defensa realizada en las represas: La Parota en Guerrero y Paso de
la Reina en Oaxaca.
9
La metodología empleada para alcanzar estos cinco objetivos específicos y el objetivo
general de la presente indagación, se basó en la siguiente pregunta de investigación: ¿Las
acciones de resistencia tomadas por el MAPDER han logrado influir y/o intervenir en el
proceso de toma de decisiones de políticas públicas de los gobiernos local y federal?
De modo preliminar e hipotético podemos adelantar que “el nivel de influencia (o
intervención) del MAPDER en la toma de decisiones de políticas públicas del gobierno
mexicano es limitado. Si bien es cierto que, entre 2000 y 2010, sus acciones de lucha han
impactado en la cancelación de algunos de los proyectos hidroeléctricos más importantes
del país, entre ellos La Parota en Guerrero y Paso de la Reina en Oaxaca, sus estrategias
de resistencia no han favorecido la interlocución con los gobiernos local y federal. Por
tanto, no han logrado intervenir en el diseño de políticas públicas del sector
hidroeléctrico”.
Asimismo, para llevar a cabo esta investigación y cumplir los objetivos propuestos, se
desarrolló una metodología basada en cuatro componentes que se describen a continuación:
a) Construcción del marco teórico-conceptual. Realizar una revisión documental que
permita definir teóricamente los conceptos de: 1) movimiento social de resistencia; 2)
incidencia o influencia de los actores sociales en el proceso de la política pública; y 3)
la vinculación sociedad-Estado en el proceso de toma de decisiones de políticas
públicas. Asimismo, se llevará a cabo una revisión biblio-hemerográfica a fin de
definir el contexto económico, político y social que dio pie al nacimiento de múltiples
expresiones de resistencia en contra de megaproyectos de este tipo, en particular en
oposición a las hidroeléctricas, tanto en México como en América Latina.
b) Caracterización de la política hidroeléctrica mexicana. Realizar una construcción y
recorrido por los principales eventos que permita caracterizar a la política
hidroeléctrica de México, entre 1960 y 2010, con base en tres categorías de análisis: a)
contenido, b) orientación en términos de políticas públicas y c) su asociación con la
edificación de megaproyectos hidroeléctricos.
10
c) Valoración del proceso de socialización o transformación del MAPDER. Efectuar
una cronología que describa las principales acciones de resistencia del MAPDER, entre
2000 y 2010. Paralelamente, realizar un estudio de caso comparativo (La Parota-
Guerrero y Paso de la Reina-Oaxaca) retomando cuatro categorías de análisis: 1)
estructura, 2) organización, 3) identidad colectiva y, 4) estrategias de vinculación con
los gobiernos local y federal.
d) Evaluación del nivel de incidencia y/o intervención del MAPDER en el proceso de
toma de decisiones de políticas públicas. Llevar a cabo una revisión documental que
permita establecer el nivel de influencia y/o intervención del MAPDER en el proceso
de toma de decisiones de políticas públicas, con base en los siguientes indicadores: 1)
número de acciones de protesta social y mecanismos de resistencia, 2) nivel de éxito en
la cancelación de proyectos hidroeléctricos y 3) grado de intervención del MAPDER
en la toma de decisiones para el diseño de políticas públicas.
Estos indicadores se tradujeron en un guión de entrevista semi-estructurada que se aplicó a
actores clave: representantes del MAPDER y de las comunidades afectadas, así como a
funcionarios del gobierno local y federal3. Finalmente, se realizó el procesamiento de los
datos obtenidos en las entrevistas semi-estructuradas aplicadas a informantes clave, con la
finalidad de obtener información que aporte elementos de análisis.
El análisis de la presente investigación se realizó mediante fundamentos científicos y los
métodos empleados se desarrollaron a través de los enfoques cuantitativo y cualitativo para
la evaluación comparativa entre dos estudios de caso. En ambos, se identificaron acciones
de organización y movilización para la defensa de sus comunidades y territorio por parte de
los directamente afectados, en particular, del CECOP y el COPUDEVER. Estas acciones se
verán reflejadas en el impacto que han tenido en el ciclo de la política pública, en
específico hacia las etapas de definición del problema público, inclusión en la agenda
pública, el diseño y formulación, así como la implementación de la política pública.
3 Se realizaron varias solicitudes mediante vía telefónica y correo electrónico entre los meses de marzo y agosto de 2011, para obtener entrevistas con Eugenio Laris Alanís, Director de Proyectos de Inversión Financiada y Humberto Marengo Mogollón, Coordinador de Proyectos Hidroeléctricos de la CFE, sin obtener respuesta alguna.
11
Los anteriores casos de acción colectiva a nivel local, se vinculan con un movimiento
nacional que definimos como nuestro principal objeto de estudio: el MAPDER. Este último
forma parte del Movimiento Mesoamericano contra las Represas (MMR), que en el plano
regional se integra junto con varios movimientos sudamericanos, en la Red
Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR).
Como parte de la delimitación espacio-temporal que enmarcó esta investigación, para fines
metodológicos, prácticos y de alcance empírico, propusimos únicamente el estudio del
MAPDER -a través del CECOP y COPUDEVER-, así como sus principales acciones y
logros en México, por lo que dejamos de lado al movimiento regional y continental.
La relevancia y pertinencia de la presente investigación reside en que, más allá de la labor
que han realizado los movimientos de resistencia para sistematizar la información relativa
al impacto de la construcción de los referidos proyectos, no existe desde la academia una
labor importante que de seguimiento a la política hidroeléctrica del país, y que además, se
plantee como objetivo establecer el nivel de injerencia de los actores no gubernamentales,
como los movimientos de resistencia, en la toma de decisiones de políticas públicas.
Sobre esta materia, destacan investigaciones realizadas por el Centro de Investigaciones
Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), en el que resaltan los estudios
de Gustavo Castro Soto, así como del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario –
IMDEC-, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, el Centro de
Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” –PRODH- y el Centro Mexicano de
Derecho Ambiental -CEMDA-, y la tesis de Alice Martínez sobre la caracterización de la
lucha del CECOP. Asimismo, podemos mencionar la obra de Gian Carlo Delgado-Ramos,
que analiza desde la perspectiva técnica-económica los procesos de apropiación y
explotación de los recursos naturales en los países mesoamericanos.
En el primer capítulo se revisaron los principales antecedentes y el contexto en el que
surgen estos movimientos a nivel local, mediante la caracterización de la política
hidroeléctrica en México y las referencias que manifiestan cuatro proyectos puestos en
marcha, como son Cerro de Oro en Oaxaca, Aguamilpa en Nayarit, Zimapán en Hidalgo,
12
así como el proyecto Itzantún en el estado de Chiapas, este último no concretado por varios
factores, entre ellos la resistencia de las comunidades. Asimismo, se analiza el diagnóstico
de la oferta y demanda de electricidad en México para conocer si el argumento de la CFE
de continuar con proyectos de infraestructura para la generación de energía se sostiene, o
responde a otro tipo de intereses. Conoceremos los principales argumentos de las
repercusiones sobre las comunidades y el medio ambiente que traen consigo este tipo de
proyectos, así como una breve revisión de las estrategias y acuerdos de integración
comercial.
Con la realización del segundo capítulo, se retomaron los principales conceptos y
postulados del estudio de los movimientos sociales y la acción colectiva, así como la
incidencia en la política pública, para abordar y analizar nuestro objeto de estudio, el
MAPDER, conocer sus características, su estructura y organización, las redes de
comunicación y cooperación a nivel nacional e internacional que han establecido, los
elementos de identidad colectiva y cohesión social, así como las principales herramientas y
mecanismos de protesta social.
En el tercer capítulo, se caracterizó el principal mecanismo promotor de estos proyectos
hidroeléctricos, el PPP –actualmente PM-, así como la elaboración de un análisis
organizacional de la CFE que nos permita establecer la alineación de la paraestatal
mexicana a los requerimientos técnicos del acuerdo comercial. En este apartado se
analizaron los estudios de caso a nivel local, el CECOP y COPUDEVER, para conocer el
grado de impacto de sus acciones en la política hidroeléctrica mexicana, hacia la
cancelación de los proyectos La Parota y Paso de la Reina. Finalmente, se establecieron las
principales conclusiones y hallazgos del estudio, así como algunas recomendaciones de
política pública.
13
Capítulo 1. El contexto económico, político y social que enmarcó el surgimiento y
consolidación del MAPDER
En el presente capítulo se hace una revisión de las principales características que
circunscriben el origen, desarrollo y fortalecimiento del MAPDER, mediante el recorrido
por los acontecimientos trascendentales que han modelado la generación de electricidad en
nuestro país, específicamente mediante fuentes hidroeléctricas, con la finalidad de clarificar
hacia dónde apuntan las tendencias de este sector energético.
Continuaremos en segunda instancia con el análisis de la situación de la industria eléctrica
mexicana, destacando las cifras de generación y consumo de electricidad, particularmente
dentro del periodo 1995-2008; ello para corroborar si la CFE sustenta la necesidad de
continuar represando los ríos del país, con el pretexto de generar la electricidad que México
necesita para su consecuente desarrollo económico y social, o si es que responde a la puesta
en marcha del PPP. Una vez establecido el panorama del abasto de electricidad en el país,
se continuó con la revisión de los mecanismos de cooperación internacional que en los
últimos años han repercutido en la toma de decisiones del gobierno mexicano con relación
a los estándares de producción de insumos primarios con los que deben contar los países en
desarrollo para ser incluidos dentro de la integración económica regional. En seguida, son
identificadas las repercusiones directas e indirectas, sobre el hombre, sus comunidades y el
medio ambiente, manifestadas por el represamiento o la interferencia de flujo entre el cauce
natural de un río, por la construcción de una barrera o cortina, que transforma rotundamente
las condiciones de equilibrio ecológico-ambiental y social de los territorios afectados por el
proyecto.
En el último apartado, se retoman cuatro ejemplos de proyectos hidroeléctricos realizados
por la CFE en la década de los setenta y ochenta, de los cuales sólo uno no fue construido
por diversos factores, es el caso del Proyecto Hidroeléctrico Itzantún en el estado de
Chiapas, sin embargo actualmente sigue incluido en la cartera de proyectos de la
paraestatal, pero ha sido detenido por la intervención del MAPDER, mientras que los otros
tres ejemplos nos muestran algunas de las repercusiones sobre las comunidades afectadas
14
por las represas, en específico los casos de Cerro de Oro-Oaxaca, Aguamilpa-Nayarit y
Zimapán-Hidalgo.
1.1. Antecedentes de la política hidroeléctrica en México
El sistema eléctrico en México fue construido y operado los primeros cincuenta años por
empresas de capital extranjero, tales como la Mexican Light Power Company Limited –
MEXLIGHT- para el centro del país y la ciudad de México, la Chapala Hidroelectric and
Irrigation Company, que atendía el occidente y en particular a la ciudad de Guadalajara, y
la American and Foreign Power Company, que operaba en el norte y sur, entre un centenar
de empresas que se encargaban de la generación, distribución y venta de energía en el país.
Las primeras centrales hidroeléctricas fueron Batopilas, construida en 1889 en Chihuahua,
el sistema Portezuelos de 1901 y Necaxa de 1915 en el estado de Puebla.
En el año de 1917, con la promulgación de la Constitución Política se establece en el
artículo 27, el dominio y control por parte de la nación sobre sus recursos naturales y
territoriales. En 1926, se expide el Código Nacional Eléctrico, con el objeto de regular las
actividades de las casi doscientas empresas extranjeras que prestaban los servicios de
generación y distribución de energía. Como resultado de estas acciones comenzó con el
periodo de regulación estatal de la energía eléctrica en México.
La creación de la CFE se realizó en tres etapas, primero como agencia regulatoria en 1933,
después para materializar la federalización y nacionalización de la industria eléctrica en
1937, y finalmente su establecimiento como organismo paraestatal para la generación,
transmisión, distribución y venta de energía, mediante la adquisición de las centrales
extranjeras por expropiación y la construcción de grandes complejos hidroeléctricos desde
1943 (Carreón-Rodríguez, 2003 y De la Garza, 1994). Para ese momento y en años
subsecuentes, la CFE contaba con un aproximado de veinte centrales de generación, con
una tecnología para la producción de turbinas horizontales, destacando el sistema
Ixtapantongo, en el estado de México.
15
El 23 de diciembre de 1960, mediante reforma al artículo 27 constitucional, se eliminó “la
concurrencia de intereses privados en la generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica para el servicio público, [dejando] fuera de consideración a las plantas de servicio
privado, generalmente para uso industrial” (De la Garza, 1994: 306). Concretada la
nacionalización de la industria eléctrica, se propone la fusión de las compañías, para la
creación de un solo organismo central que operaría seis regiones eléctricas, por adopción
del modelo francés de la época y promoviendo la integración de los gremios y grupos de
trabajadores de la electricidad en un sindicato único –cuestión que no se ha logrado hasta la
actualidad-. En el año de 1960, la población en el país rondaba los 35 millones de
habitantes, sin embargo de ese total, tan sólo unos 15 millones de mexicanos contaban con
acceso a energía eléctrica, proveniente de una generación total de 3,200 MW.
Los años setenta significaron una época de crecimiento y expansión del sector eléctrico, en
gran medida gracias al crecimiento sostenido de la inversión pública en el rubro energético,
específicamente en obra pública, resultando en grandes complejos hidroeléctricos, en el
auge del modelo de sustitución de importaciones y el “desarrollo estabilizador” del periodo
(De la Garza, 1994b). En términos generales, la nacionalización de la industria marcó una
diferencia técnica y operativa; como resultado de la implementación de nuevas tecnologías
en las centrales hidroeléctricas, la capacidad efectiva de generación se triplicó entre el
periodo de 1962 a 1972 debido a: 1) la construcción de grandes complejos hidroeléctricos
como Infiernillo y Malpaso; 2) la interconexión de la infraestructura de transmisión y; 3) la
automatización en las centrales de producción de la paraestatal.
En 1972 se modernizó la institución encargada de los procesos antes mencionados, en 1974
nace el Instituto de Investigaciones Eléctricas -IIE-, y para el año siguiente se promulga la
Ley para el Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). En el año de 1977, se logró el
finiquito de la participación de capital extranjero dentro de Compañía de Luz y Fuerza
Motriz, por lo que cambia su régimen y denominación, a Compañía de Luz y Fuerza del
Centro (LFC). No obstante en la liquidación de la empresa, no todos los métodos y
procesos dentro de la compañía fueron modernizados, como menciona Enrique de la Garza:
“la CFE es una empresa de mayor dimensión, con un sistema de autoridad más
16
descentralizado, que combina las formas de departamentalización por funciones y área
geográfica. Mientras que LFC es una organización de menor dimensión, con un sistema de
autoridad centralizado y con una forma de departamentalización funcional” (De la Garza,
1994b: 156).
La década de los años ochenta destaca por la crisis fiscal y económica de 1982, en un
momento en el que el gobierno anunciaba las mayores reservas en la historia de la
extracción de petróleo, contrastado con el déficit en la cuenta pública y un proceso de
hiperinflación de los precios de la canasta básica. La CFE se vio impactada directamente al
endeudarse por la gran cantidad de inversión pública de la que se valía, sin embargo, el
gobierno absorbió la deuda de la paraestatal4 al incluirse dentro de los montos de la deuda
externa, teniendo como resultado una política de intervención directa hacia el rubro
termoeléctrico, ya que esta representó un ahorro de capital en infraestructura; “los costos
fijos de las hidroeléctricas eran superiores a los de las termoeléctricas” (1994b: 187).
Contrario a lo estipulado en el artículo 27 de la Constitución Política, el 23 de diciembre de
1992, mediante reformas a la LSPEE se incorpora la participación de corporaciones
privadas de –Productores Independientes de Energía (PIE)- en las modalidades de
cogeneración, pequeña producción, generación independiente, autoabastecimiento e
importación y exportación. Con lo anterior, las grandes empresas extranjeras como la
norteamericana AES, la japonesa Mitsubishi y las españolas Iberdrola y Unión Fenosa han
instalado plantas para la generación y venta de electricidad en el país.
Con la apertura al capital extranjero en la generación eléctrica, se crea el 4 de octubre de
1993, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la cual hasta 2010 había emitido 28
permisos a los PIE, 488 permisos para autoabastecimiento a empresas como Peñoles,
Procter and Gamble y Petróleos Mexicanos (PEMEX), así como 32 permisos de
4 A pesar de los problemas de endeudamiento de la paraestatal, de 1984 a 1986, “los pasivos de la CFE aumentaron en 42.2% al pasar de 2.8 a 4 billones de pesos (el 92% en divisas extranjeras) y las transferencias y subsidios pasaron de 550 a 698 mil millones de pesos; […] el gobierno federal determinó seguir asumiendo parte de los pasivos de la paraestatal (360 mil millones de pesos entre 1985 y 1987), […] a pesar de que las tarifas eléctricas aumentaron en un 3.5%, la diferencia entre costo de generación y venta era de un 25%” (1994b: 190).
17
importación de energía a privados, entre ellos Sony y Kenworth. En diciembre de 1995, se
reforman la Ley General de Deuda Pública y la actual Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, para incorporar un nuevo esquema de financiamiento para el
desarrollo de infraestructura, los Proyectos de Inversión Diferida en el Registro del Gasto
(PIDIREGAS)5 tanto para proyectos de la CFE como de PEMEX.
A partir del año 2000, se presentó un crecimiento exponencial de la participación en la
generación de energía eléctrica por parte de los PIE y la creación de infraestructura
mediante PIDIREGAS, específicamente mediante centrales termoeléctricas y de ciclo
combinado, como podemos observar a continuación:
Gráfico 1. Evolución de la Participación de los Productores Independientes de Energía por
Capacidad Instalada en la generación de electricidad en México (Megawatts)
Fuente: Peniche, 2010.
Mediante la modalidad de PIE y con el esquema PIDIREGAS, estas empresas extranjeras
mediante concesión, construyen y operan centrales en nuestro país, y producen con nuestros
5 Los PIDIREGAS son un nuevo esquema de financiamiento respecto a la contratación de la inversión en proyectos productivos prioritarios a largo plazo, donde las entidades que adquieran bienes o servicios son considerados como pasivos directos de los montos de financiamiento a pagar durante el ejercicio corriente, para pasar a los años subsecuentes como pasivo contingente, es decir el Estado en un principio absorbe el proyecto como deuda pública y al ser concesionada para su operación a un PIE, la deuda pasa al concesionario con niveles de incertidumbre, mediante el autofinanciamiento del flujo de recursos que genere el mismo proyecto, y en caso de incumplimiento por parte del concesionario pasa nuevamente a formar parte de la deuda pública mexicana (Pérez Buendía, 2010).
18
insumos básicos, como agua, gas natural y vapor geotérmico, la electricidad que a la postre
compra la CFE para que esta la revenda a los usuarios finales.
Por lo anterior, ya no corresponde exclusivamente a la nación generar la energía eléctrica y
mucho menos que, los bienes y recursos naturales empleados para estos fines se aprovechan
únicamente por el Estado, como lo sigue estipulando nuestra Carta Magna. En esa misma
década, ocurre la extinción de LFC mediante decreto presidencial, el 11 de octubre de
2009, por lo que la CFE queda como único distribuidor y vendedor de energía eléctrica en
México.
Un balance general de la historia de la industria eléctrica mexicana permite observar rasgos
que en la actualidad siguen permeando el rubro del energético. En primer lugar, el hecho de
que gracias al capital internacional, México pudo contar con la infraestructura que fue
requerida para el crecimiento del sector, así como para el incremento sostenido del Sistema
Eléctrico Nacional (SEN) durante todo el siglo XX. Asimismo, el fortalecimiento
institucional y técnico de la CFE derivado de la nacionalización de la industria eléctrica,
tuvo como resultado que la demanda de electricidad no ha rebasado la oferta debido a la
construcción de los grandes complejos hidroeléctricos en el estado de Chiapas desde la
década de los sesenta. Con las reformas en el sector de la década de los noventa, se ha
promovido que la paraestatal actúe con cierto margen de libertad con relación a la rendición
de cuentas y sobre los requerimientos de infraestructura de la empresa, lo que ha derivado
en decisiones unilaterales en la prospección de los proyectos hidroeléctricos.
Finalmente, la apertura de la generación de energía a corporaciones de participación
extranjera en nuestro país y la consecuente pérdida de soberanía sobre el aprovechamiento
de recursos naturales, la descentralización de funciones del Estado y sus instituciones, así
como los cuestionamientos hacia la legitimidad de las resoluciones de la paraestatal, dan
como resultado, una clara tendencia del gobierno mexicano para responder únicamente a
los intereses empresariales transnacionales.
19
1.2. Diagnóstico de la generación y consumo de energía eléctrica en México
El presente apartado resultó fundamental para esta investigación ya que buscó establecer las
cifras de producción y consumo eléctrico en nuestro país, a partir de la información sobre la
capacidad instalada de las centrales del SEN, la generación bruta de electricidad y su
destino para el servicio público, el consumo mediante ventas nacionales y el total del
energético consumido; ello para constatar si los argumentos de la CFE para planificar y
construir grandes proyectos hidroeléctricos responde a la demanda de electricidad que
requiere la nación para su desarrollo, o simplemente la paraestatal busca la utilidad
económica que implica la concesión y construcción de los proyectos, así como la venta de
energía tanto en el país como en el extranjero.
De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Energía (SENER), “la capacidad nacional
instalada para generación de electricidad a diciembre de 2007 incluyendo exportación se
ubicó en 59,008 megawatts (MW)6, mostrando un incremento de 4.7% respecto al año
anterior. De esta capacidad, CFE concentra el 65.1%, los productores independientes el
19.4%, LFC el 2.0%, mientras que el restante 13.5% está distribuido entre las diferentes
modalidades para generación de electricidad vigentes” (SENER, 2008). Para efectos
comparativos en el crecimiento de la capacidad instalada para la generación de electricidad
en México, ya mencionamos que para el año de 1960, al momento de nacionalizarse la
industria eléctrica se producía electricidad con tan sólo 3,200 MW en el país, lo que implica
un crecimiento casi 20 veces mayor que la generación efectiva original.
Esta capacidad efectiva instalada en el país deriva de varias fuentes de obtención de energía
eléctrica, las cuales enumeramos la producción por tipo de planta y presentando su
participación porcentual respecto al total nacional para el año 2008: a) Vapor convencional 6 La tensión y el potencial eléctrico se miden en unidades internacionales conocidas como watt (W), lo cual equivale a un joule o julio por segundo (J/s) y es resultado de la multiplicación de las unidades de tensión y corriente, el volt y el ampere. Un watt no es significativamente mucha energía, de hecho para generar un caballo de fuerza –HP, por sus siglas en inglés-, se necesitan alrededor de 746 watts. La cantidad de electricidad que se emplea en determinado periodo de tiempo se pondera mediante la unidad kilowatt-hora (kWh). Las unidades más comunes para medir la energía eléctrica es el megawatt (MW), con esta unidad se mide la capacidad instalada con la que cuenta una central o sistema hidroeléctrico, es decir el total de la generación potencial máxima. Para medir la generación bruta de energía eléctrica, se utilizan los kWh, los gigawatt-hora (GWh) y los terawatt-hora –TWh-.
20
(17.6%); b) Hidroeléctrica (15.8%); c) Ciclo combinado7 (12.9%); d) Carbo-eléctrica
(7.2%); e) Nucleo-eléctrica (3.9%); f) Geotérmica (2.8%) y por Ciclo dual (2.8%); g)
turbina a gas o Turbo-gas (1.1%); h) Combustión interna (0.5%); y la Eolo-eléctrica
(0.1%). El restante 35% está dividido entre los PIE con 34.69 y la importación de energía
eléctrica de los Estados Unidos de América (EUA) con tan sólo 0.3% (ver Anexo 1).
Con las cifras expuestas por la SENER para el año 2008, la generación total de energía
eléctrica en el país de 246,086 gigawatts-hora (GWh)8, de los cuales 235,403 GWh están
destinados a la cobertura del servicio público –ver Cuadro 1-, mediante una capacidad
instalada de 38,414 MW de CFE y tan sólo 1,180 MW de LFC, mientras que los PIE y las
diferentes fuentes de producción no especificadas con 11,447 MW y casi 8,000 MW de
capacidad instalada respectivamente (SENER, 2008).
Cabe destacar que al homologar las cifras ofrecidas por la SENER y la CFE (Cuadro 1),
encontramos que no son concordantes y que la paraestatal manipula los datos de su
producción y de los requerimientos de infraestructura basados en escenarios de consumo
demasiado altos, por lo que se tuvo que recurrir a una tercera fuente de información como
lo es la serie estadística del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática –
INEGI-, que presenta la información sobre producción y consumo de energía sólo hasta el
año 2008, por lo que a continuación revisaremos el balance de la electricidad en México de
1995 a 2008:
7 El ciclo combinado para la generación de energía es referido a dos ciclos termodinámicos, el primero mediante vapor de agua y el segundo es gas, producto de la combustión de: a) Combustóleo; b) Carbón; c) Diesel y principalmente d) Gas natural. 8 La generación bruta anual de electricidad se obtiene de la multiplicación de los MW de capacidad instalada de una central o un sistema eléctrico por las horas de un día y por los días en un año, y dividido por el factor de planta. En el caso del SEN para el año 2008, las plantas de la CFE y los PIE sumaron una capacidad instalada de 59,008 MW, y suponiendo que operaron con un factor de planta al 100% en un año, la generación bruta total del SEN tendría que ser de 516’910,080 MW o 516,910 GWh anuales, sin embargo sólo se produjeron para ese año la cantidad de 246,086 GWh, por lo que el factor de planta en 2005 fue de 0.476 o 47%. La cobertura en la demanda de electricidad en nuestro país obligó a que las centrales de producción disminuyeran o detuvieran la generación eléctrica, por lo que el restante 53% del factor de planta no requirió ser utilizado, a esto se le conoce como ociosidad de la capacidad instalada en las centrales eléctricas.
21
Cuadro 1. Generación y consumo bruto de energía eléctrica en México en Gigawatts-hora
(GWh), 1995-2008
Año Producción Consumo
Total Servicio Público Total Ventas nacionales
1995 143,776 142,344 115,227 113,366
1996 153,479 151,889 122,752 121,573
1997 163,440 161,386 130,306 130,254
1998 173,507 170,982 137,482 137,209
1999 182,714 180,917 145,388 144,996
2000 194,641 192,761 155,792 155,349
2001 198,476 197,106 158,044 157,204
2002 203,767 201,059 161,188 160,203
2003 209,907 203,555 162,055 160,384
2004 216,658 208,634 165,306 163,509
2005 226,651 218,189 171,878 169,757
2006 234,249 224,498 176,962 175,371
2007 242,196 231,780 182,207 180,469
2008 246,086 235,403 185,869 183,913
Fuente: Elaboración propia con base en SENER, 2008: 111, INEGI, 2000: 110 y 148; INEGI, 2003: 76 y 118 e INEGI, 2009: 81 y 121.
En la tabla anterior observamos que la capacidad de generación eléctrica garantiza el
abastecimiento del energético en el país, debido a la construcción de los grandes complejos
hidroeléctricos en el sureste mexicano en la década de los sesenta y setenta, y últimamente
por la conversión en la utilización de carbón por el gas natural en las plantas de ciclo
combinado, con lo que se maximiza la potencialidad de este tipo de generación eléctrica, la
tecnología más recurrente de producción en el país tomando en cuenta la participación
extranjera. En el año 1995, la distribución de energía para el servicio público ascendía a
142,344 GWh, contrastado con un consumo en ventas nacionales de 113,366 GWh, lo que
representó un superávit de 28,978 GWh en la relación oferta/demanda de electricidad.
Con relación al consumo interno de electricidad en el país para 2008, de los 235,403 GWh
destinados a satisfacer el servicio público, tan sólo fueron reportadas ventas de electricidad
en México por 183,913 GWh y por otros conceptos como la exportación se reportaron
185,869 GWh en el total de ventas de la CFE en el año, sin embargo, al revisar las cifras de
producción de la paraestatal y los PIE, existen alrededor de más de 50 mil MW que no se
22
reportaron como ventas, por lo que inferimos que la energía eléctrica restante pudo haber
sido vendida sin regulación alguna bajo el pretexto de pérdidas por operación y
transmisión, o simplemente no fue aprovechada al no poderse almacenar. Continuando con
el análisis y apoyándonos en un esquema brindado por Carreón-Rodríguez (2003), se
muestra que existe una brecha positiva entre la generación y el consumo del energético:
Gráfico 2. Demanda Pico/Capacidad instalada en México en Megawatts (MW), 1970-2002
Fuente: Carreón-Rodríguez, 2003: 11.
Con la construcción de las recientes represas hidroeléctricas de El Cajón en 2007 y La
Yesca para 2012, se ha garantizado que la participación de la generación hidroeléctrica esté
posicionada en la producción del recurso energético, como podemos observar en el Anexo
1. Por otro lado, como resultado de la reforma a la LSPEE en 1992, la participación privada
en la generación a través de empresas transnacionales, ha desencadenado la proliferación de
las centrales de producción de ciclo combinado desde el ámbito público pero
principalmente a través del sector privado.
De acuerdo con el Anexo 1, se muestra que en el periodo 1995-2008, la generación bruta de
energía eléctrica en México creció en más de 100 mil GWh, pasando de 143,776 GWh en
23
1995 a más de 246 mil GWh para el año 2008. Respecto a la generación de energía por
medios hidroeléctricos, aunque su producción creció de 27,528 GWh en 1995 a 38,892
GWh en 2008, su participación directa en el sector disminuyó de un 19.14% en 1995, en
2003 a 9.41% de la producción bruta de energía, recuperándose en el periodo de 2004 a
2008 para alcanzar el 15.80% de la aportación total de producción eléctrica. Con relación a
las cifras de producción de energía por vapor, se observa una disminución en la generación
como en su participación porcentual en el rubro, en 1995 se producían alrededor de unos 70
mil GWh, lo que representó casi la mitad de generación eléctrica, alcanzando su punto más
álgido en el 2001, donde se produjeron 90,395 GWh; en 2008 se generaron 43,325 GWh lo
cual representa un 17.61% en la participación total de la producción eléctrica en México.
En el Gráfico 3 se observan las tendencias que han marcado los rubros hidroeléctrico y por
vapor, donde en 1995 se puede apreciar que la brecha de producción de 40,000 GWh se
encontraba a favor de la generación por vapor, cerrándose esta diferencia a lo largo del
periodo, con casi la misma participación en la generación de energía eléctrica, como
veremos a continuación:
Gráfico 3. Participación en la producción de energía eléctrica en México por fuente
hidroeléctrica, de vapor, y por PIE en gigawatts-hora (GWh), 1995-2008
Fuente: Elaboración propia con base en la información presentada en el Anexo 1.
24
Por otro lado, es de remarcar en el mismo Gráfico 3 el crecimiento desmesurado que
experimentó la inversión extranjera en la generación de energía eléctrica en nuestro país,
reportando incrementos graduales en su participación en el periodo 2001-2008, y que ha
llegado a producir para este último año casi el 20% del total nacional de energía eléctrica,
lo que representa una generación bruta próxima a los 86 mil GWh para el año 2008.
Respecto a la demanda del energético, destacamos que la producción de electricidad en
México básicamente ha sido utilizada para abastecer a la pequeña, mediana y gran
industria, ya que dentro del periodo estudiado, en todos los años, más de la mitad de la
generación de electricidad del consumo del energético es aprovechado por el sector
empresarial, como se puede apreciar en el Anexo 2. En los últimos trece años, no se han
presentado grandes fluctuaciones o cambios en la demanda del energético, manteniendo
prácticamente igual la participación porcentual en el consumo residencial, comercial, de
servicios, industrial y para bombeo agrícola. Como observamos en los Anexos 1 y 2,
mientras ha crecido la generación en el país en más de 100 mil GWh brutos de electricidad,
el incremento sostenido que ha tenido la demanda de energía apenas rebasa los 70 mil GWh
para el periodo de 1995 a 2008.
Bajo esta misma línea, haciendo una revisión de la balanza energética de los EUA se
observa que desde principios de la guerra fría, el vecino país del norte ha experimentado
una tendencia deficitaria con respecto a la oferta de energía y su consumo, ya que a pesar
de las importaciones de petróleo y electricidad, no se llega a cubrir la gran demanda
eléctrica que los sectores productivos estadounidenses requieren (ver Anexo 3).
Con relación a las cifras de importación y exportación de energía eléctrica de los EUA con
sus países vecinos, como lo son México y Canadá, destaca que la importación de
electricidad canadiense siempre ha sido una constante para poder sostener la demanda de
energéticos de los norteamericanos, mientras que el caso mexicano sobresale al ser
históricamente un importador de electricidad del sistema estadounidense principalmente
para proveer a los estados sudcalifornianos. No obstante, como podemos apreciar en el
Anexo 4, esta tendencia se ha revertido desde el año 2003 en el que el SEN importó de
25
EUA la cantidad de 390.1 GWh y exportó 1,069.9 GWh al vecino país del norte,
manteniéndose como una constante en las cifras presentadas hasta el año 2010.
Con base en el presente análisis de oferta y demanda de electricidad en México, el
argumento que sostienen desde el año 2000 los altos directivos de la CFE, como Alfredo
Elías Ayub y Eugenio Laris Alanís, y reiterado en todos los Programas de Obras e
Inversiones del Sector Eléctrico de la paraestatal desde el año 2001 –coincidentemente con
la puesta en marcha del extinto PPP, hoy replanteado como PM-, sobre la necesidad de
construir y operar más proyectos hidroeléctricos bajo la consigna de que la demanda
rebasará la oferta de electricidad (Zapata, 2000, Cruz Serrano, 2003 y Pedrero, 2003)
carece de cualquier fundamento cuantitativo –ver Anexo 1 y gráfico 2-, por lo que los
proyectos de La Parota y Paso de la Reina a construirse en los estados de Guerrero y
Oaxaca -que tan sólo aportarían 900 y 510 MW respectivamente a los casi 60 mil MW con
los que cuenta el SEN- responden a una lógica comercial y de utilidad económica.
Esto último puede corroborarse con las concesiones brindadas para la construcción de
infraestructura mediante los esquemas PIDIREGAS, y la generación de energía en México
a inversionistas extranjeros como PIE, demuestran la clara tendencia de la privatización del
sector eléctrico. Como hemos observado, la generación de electricidad de los PIE es
comprada por la CFE para su posterior venta a los usuarios finales, a pesar de contar con
una capacidad instalada de casi 40 mil MW, las centrales de generación de la paraestatal
presentan casi la mitad de su capacidad de producción ociosa.
Como afirma Jesús González Rodríguez (2010): “en 2008, el costo unitario de las centrales
de la CFE fue inferior a 40.0% de los productores independientes de energía […]; sin
embargo, de 2003 a 2008 este costo se incrementó en 53.6%, lo que es superior en 51% al
incremento registrado en LFC y 34.6 al incremento del gasto por MW/h comprado a los
[PIE]. Lo anterior -de acuerdo a la ASF [Auditoría Superior de la Federación]- es el reflejo
del incremento de la capacidad de generación ociosa, que en 2008 representó 42.1% de la
capacidad disponible” (González Rodríguez, 2010: 19).
26
A pesar de que la CFE cuenta con un margen de reserva de capacidad instada tres veces
mayor a las cifras óptimas –con los que operan los sistemas eléctricos europeos-, en un
estudio de la Cámara de Diputados se explica que los excedentes de la capacidad instalada
de la paraestatal “se deriva de un mayor número de permisos de generación de electricidad
otorgados a privados por la [CRE]”. Asimismo el estudio señala que “no se justifica otorgar
dinero a la CFE para que siga creando plantas generadoras de energía beneficiando a
empresas españolas que no se requieren (…) peor aún que se hayan suscrito contratos hasta
2041 para generar energía que la propia [SENER] considera innecesaria” (Aguilar, 2011).
En un evidente detrimento del erario público y de la soberanía nacional, la paraestatal sigue
planificando centrales de generación que el país no requiere –que serán construidas con
inversión extranjera como los casos de La Parota y Paso de la Reina-, ya que tanto la
compra de energía a particulares, como las concesiones de construcción y operación de
estos proyectos representan jugosos negocios para los ingenieros y funcionarios de la CFE.
Por lo anterior, existen argumentos claros para afirmar que la proliferación de los
megaproyectos planificados por la CFE, no responden a la necesidad energética de la
población mexicana, y que en menoscabo de nuestra soberanía se favorece la explotación
de nuestros recursos naturales y energéticos para el abastecimiento de agua y energía a los
EUA. A continuación haremos una revisión de los principales acuerdos y mecanismos
comerciales a nivel regional, que han sido promovidos por los OFI y el gobierno de
estadounidense.
1.3. La estrategia neoliberal de integración y desarrollo regional
Con la crisis fiscal y económica que sacudió las finanzas nacionales en 1982, el entonces
presidente Miguel de la Madrid implementa una serie de medidas como la reducción del
gasto público, el privilegio de las exportaciones mediante la disminución arancelaria, así
como la privatización de varios sectores, como la banca comercial y el sector telefónico. A
este periodo se le conoce por la introducción de políticas neoliberales o de libre mercado.
27
Desde la década de los noventa, el gobierno mexicano se ha insertado en una serie de
negociaciones con países de la región en un contexto de globalización, en especial con los
EUA. Elmar Altvater (2004) analiza el papel del sistema político en la globalización
refiriendo que esta última y los procesos de desregulación van de la mano, en el que todos
los individuos maximicen su beneficio y bienestar mediante la participación en el libre
mercado y su reglamentación. El autor menciona que “en el proceso de globalización se
crean nuevas fronteras y dentro de ellas nacen nuevas unidades políticas, es decir, bloques
económicos regionales supranacionales, así como distritos industriales subnacionales en los
que se organiza una competitividad sistemática vinculada a ese espacio” (2004: 42). Entre
algunos efectos negativos de este proceso en el interior de los Estados-nación se encuentran
la destrucción de capacidades productivas de los pequeños comerciantes, la pérdida del
valor en la producción de materias primas, salarios bajos, la pérdida de la soberanía y toma
de decisiones de los gobiernos, el incremento de la brecha entre países desarrollados y
naciones subdesarrolladas, la pérdida de identidad nacional y cultural, así como la
instauración de una cultura global del consumo.
Tanto el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como el Área de
Libre Comercio para las Américas (ALCA) son concebidos cuando George Bush lanza la
“Zona Hemisférica de Libre Comercio” en 1990, para hacer frente a la conformación de los
bloques económicos europeo y asiático. La entrada en vigor del TLCAN el 1 de enero de
1994, coincide con el lanzamiento de la comunidad europea, el Euro como moneda y el
nacimiento de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en contraparte en nuestro
país se levanta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el estado de
Chiapas, con lo que se gesta una nueva forma de movilización social indígena, a partir de la
figura caudillista del Subcomandante Marcos y la llamada guerra social en red.
Joseph E. Stiglitz y Andrew Charlton (2005) identifican tres lecciones a considerar sobre
cómo el comercio y la liberalización comercial afectan el desarrollo en el marco de la
inserción de México en el TLCAN. En primer lugar, México ha sufrido de bajos grados de
innovación, de investigación, de gasto social en desarrollo y en actividad en patentes
comparado con sus vecinos del norte, aunado a instituciones débiles que incluyen una pobre
28
efectividad regulatoria y altos niveles de corrupción. En segunda instancia, el sistema de
recaudación fiscal en México es limitado lo que ha exacerbado la pérdida de réditos para
realizar inversiones necesarias en educación e investigación. En tercer lugar, el TLCAN no
ha sido en realidad un acuerdo de libre comercio ya que EUA ha sostenido los subsidios en
su agricultura; los agricultores norteamericanos exportan sus productos hacia México a
costos más bajos que en su mercado local, lo que ha llevado a abaratar los productos del
agro mexicano impactando directamente a los medios de vida rurales en México.
Asimismo, EUA ha mantenido barreras arancelarias y sanitarias hacia ciertos productos
mexicanos, como el aguacate, aunado a que el sistema transnacional financiero en México
no ha otorgado préstamos al sector agropecuario, lo que ha redundado en un comercio
inequitativo (Stiglitz y Charlton, 2005).
La problematización propuesta por los autores concuerda con el planteamiento de Gian
Carlo Delgado-Ramos (2006), quien afirma que no se consideraron las condiciones socio-
económicas de México ante los vecinos del norte por la conformación del bloque
comercial, y que el mecanismo, se proyectó como una zona de reserva y explotación
energética de EUA, al imponer presiones al gobierno canadiense por ventas de agua en el
marco del TLCAN, como “por el agua del Río Bravo debido a los supuestos adeudos del
líquido que tiene México con EUA” (Delgado-Ramos, 2006: 46).
Con esto se evidencia que una de las razones por las que el gobierno mexicano reactiva su
interés en proyectos hidroeléctricos de gran escala, fue que nuestro país tenía que contar
con cierta infraestructura de insumos básicos, como la electricidad, para el enfrentamiento
comercial con EUA y Canadá. México empieza dentro del Tratado como una economía
emergente y complementaria que se pretende posicionar como un enlace entre los países
del norte y la región meso-centroamericana y sudamericana.
En ese mismo 1994, es planificado el ALCA derivado de las Rondas de Negociación de
Uruguay (1986-1994) como respuesta a la conformación de los bloques comerciales en
Asia y Europa, teniendo como principales impulsores al BM, el FMI, el BID y
29
específicamente la OMC, mismos que destacan las bondades del TLCAN y sus
repercusiones favorables para con el desarrollo económico de la región (Katz, 2006).
Un año después en Denver, EUA, en 1995 se apertura el diálogo entre las naciones del
continente por el lanzamiento del ALCA, donde se abordaron temas de inversión, subsidios
y procedimientos aduaneros. Le siguieron las reuniones en Cartagena, Colombia de 1996,
Belo Horizonte, Brasil de 1997, San José, Costa Rica en 1998 y Toronto, Canadá en 1999,
en las cuales se establecen las negociaciones con los acuerdos y propuestas comerciales de
la OMC (Sitio Oficial ALCA, 2006). Paralelamente se celebra en Seattle, EUA la tercera
Conferencia Ministerial Mundial de Comercio, la cual fue boicoteada por más de 50
organizaciones sociales que congregaron alrededor de 100 mil manifestantes.
En América Latina, se dan las gestiones entre el gobierno mexicano y los países
centroamericanos, en el marco de los mecanismos de negociación de Tuxtla, que a la postre
derivarán en el Tratado de Libre Comercio entre México y el Triángulo Norte
Centroamericano (TLC-TNC) de 2000 y que a su vez se consolidará mediante la puesta en
marcha del PPP en junio de 2001, cambiando su denominación para 2006 como PM.
Las mesas de diálogo del ALCA se suspenden por las manifestaciones en Seattle, sin
embargo son retomadas en Buenos Aires, Argentina en 2001, con el bosquejo del borrador
de acuerdo. Un año después en Quito, Ecuador se lanza el Programa de Cooperación
Hemisférica y el segundo borrador del acuerdo del ALCA. La última reunión de diálogo
por la implementación del mecanismo se presenta en 2003, en su lugar de origen, Miami,
EUA, donde se emite el tercer borrador del ALCA y se delinea la próxima reunión en
Brasil, cumbre que nunca se llevó a cabo9 (Sitio Oficial ALCA, 2006).
9 Hasta la fecha, las negociaciones para la puesta en marcha del ALCA han quedado suspendidas desde 2003 sin reactivarse hasta el momento, ya que en palabras de Claudio Katz, terminaron “por el efecto combinado de conflictos entre grupos capitalistas, divergencias entre gobiernos y resistencias populares. Las tratativas quedaron definitivamente bloqueadas cuando las disidencias alcanzaron una dimensión inmanejable en torno a 5,300 puntos de conflicto (corchetes en los documentos discutidos). Estas discrepancias obligaron a suspender las conversaciones” (Katz, 2006: 15).
30
Claudio Katz (2006) identifica las principales razones para que el ALCA no fuera
implementado: en primera instancia, que el mecanismo significa una gran ventaja para las
empresas exportadoras norteamericanas y las regionales que han conseguido cierto grado
de permanencia en los mercados latinoamericanos, no así para las empresas y productores
locales. En segunda instancia, los sectores industriales más desarrollados de países como
México y Chile se pronunciaron a favor del ALCA, ya que garantizaría la primacía de los
monopolios en el caso mexicano y la ampliación del espectro exportador de insumos
básicos para el caso chileno, sin embargo, “resisten al ALCA en ambos países los grupos
empresarios locales que ya sufrieron los demoledores efectos de la apertura arancelaria”.
Un tercer elemento que ha generado la interrupción de los procesos de negociación tiene
lugar en las protestas emanadas desde la sociedad civil latinoamericana en contra del
instrumento, ya que “la resistencia popular que suscitó el ALCA transformó las
discrepancias de los negociadores en un conflicto irresoluble, especialmente cuando las
tratativas perdieron carácter secreto. Sin este rechazo de los movimientos sociales, las
negociaciones habrían continuado, y quizá, prosperado” (Katz, 2006: 18 y 19).
El mecanismo comercial se ha estancado en las gestiones diplomáticas, comerciales y de
intereses nacionales, ya que las agendas sistemáticas de algunos gobiernos se han volcado a
responder a los requerimientos y demandas que ha impuesto el gobierno los EUA, ya sea
mediante sus gestiones directas o a través de los OFI. Asimismo la agenda encargada de
tratar los problemas públicos e incluir las demandas de la población, las agendas nacionales
institucionales, se encuentran cooptadas por los intereses macroeconómicos de los
mecanismos de integración comercial (Cobb y Elder, 1986). Finalmente, se observa la
reacción desde la sociedad civil organizada y no organizada en contra de estos acuerdos
comerciales, al cuestionar los supuestos beneficios que traerían consigo hacia las
economías a nivel local, por lo que el ALCA no pudo prosperar a pesar de la insistencia
norteamericana para su puesta en marcha.
Con la revisión de los principales acuerdos y mecanismos jurídico-comerciales que se han
implementado o pretendido establecer, como son los casos del TLCAN, el ALCA y el
antecedente del PPP –hoy PM-, se encontró que México ha accedido a alinear su agenda
31
sistemática a los intereses de dominación económico-política del gobierno de los EUA
hacia América Latina y el Caribe, y de sus recursos naturales primarios. Esto es
concordante con el cambio de rumbo de la política hidroeléctrica en nuestro país, a partir de
la puesta en marcha del PPP, hoy PM, y en particular, el SIEPAC, que a través de la CFE
ha prospectado varias obras y megaproyectos en las entidades de Chiapas, Guerrero y
Oaxaca al haber sido incluidos como parte del área de explotación mesoamericana, región
que proveerá de insumos básicos como lo son el agua y la energía eléctrica, para la
provisión de los grandes corredores industriales del centro-sur de los EUA (Delgado-
Ramos, 2006). Como hemos observado en el apartado anterior, la exportación de
electricidad para satisfacer la gran demanda norteamericana se ha puesto en marcha desde
el año 2003, por lo que es cuestión de tiempo para que se materialice este corredor de
explotación mesoamericano. A continuación enunciaremos los principales efectos
negativos que generan las represas hacia las comunidades y su entorno, en las capacidades
productivas locales y los dramáticos cambios en el medio ambiente.
1.4. Repercusiones por las represas sobre las comunidades y el medio ambiente
En este apartado se establece un panorama general sobre las principales consecuencias que
la Comisión Mundial de Represas (CMR) ha documentado sobre los impactos asociados a
la planificación, construcción y operación de represas hidroeléctricas, así como las
repercusiones10 que han originado a nivel mundial: “El debate global sobre grandes
represas es sumamente complejo y a la vez básicamente sencillo. Es complejo debido a que
los temas no se limitan al diseño, construcción y operación de las represas mismas sino que
10 Si bien estos proyectos hidroeléctricos han caminado paralelamente con el crecimiento económico mundial y del sistema industrial masificado, según la CMR se pueden identificar los costos directos asociados a las represas: a) la transformación física de los ríos: las grandes represas han fragmentado y transformado los ríos del mundo, modificando el 46% de sus vertientes básicas; b) sedimentación en los embalses: el 25% de la capacidad existente de almacenamiento de agua dulce del mundo se puede perder en los próximos 25 a 50 años ante la falta de medidas de control de la sedimentación. Esta pérdida se daría sobre todo en países y regiones en desarrollo, que tienen tasas más elevadas de sedimentación; c) transformaciones ecosistémicas: no sólo se presentan en los niveles altos, bajos e intermedios de las vertientes, sino que también impactan los estuarios de ríos, que con frecuencia son ecosistemas complejos. El cierre de las desembocaduras de ríos importantes, la intrusión de sal, la destrucción de manglares y la pérdida de humedales están entre los muchos aspectos en juego (CMR, 2000: 15 y 16).
32
abarcan el abanico de elecciones sociales, ambientales y políticas de las que depende la
aspiración humana al desarrollo y a un mejor bienestar. Las represas básicamente alteran a
los ríos y a la utilización de un recurso natural, lo cual a menudo conlleva el traslado de
beneficios de los usuarios ribereños locales a nuevos grupos de beneficiarios en una esfera
regional o nacional. En la médula del debate sobre represas hay aspectos de equidad,
gobernanza, justicia y poder, aspectos que están en la raíz de la multitud de difíciles
problemas a los que se enfrenta la humanidad” (CMR, 2000: XXIX).
Los elementos a nivel global que se asocian directamente con las represas se incrementan
tomando en cuenta las implicaciones sociales que traen consigo estos proyectos, en
menoscabo de la calidad de vida de los afectados, como lo ha señalado la CMR: “La
construcción de grandes represas ha producido el desplazamiento de entre 40 y 80 millones
de personas en todo el mundo. Muchas de ellas no han sido reubicadas ni han recibido una
compensación adecuada, o quizá ninguna. […] La escala y ámbito de los problemas
sociales que se encuentran en las cuencas fluviales alteradas por la construcción de grandes
represas varía de una región a otra. La cantidad de personas que obtienen sus medios de
subsistencia directamente de ríos y de sus ecosistemas, y la densidad general de la
población en la cuenca de los ríos, dan una pista de los impactos potenciales” (CMR, 2000:
17).
Asimismo, la exposición de la CMR profundiza con respecto a las repercusiones que
conlleva la construcción de una barrera que estanca e inunda el cauce natural de un río, y
los problemas asociados a la segmentación de las corrientes de agua a nivel global:
1) Los impactos de los embalses en los ecosistemas y la biodiversidad terrestre; por la
eliminación de ecosistemas completos de flora y fauna, el cambio de uso de tierra por
ocupaciones y desalojos cambia los niveles de fertilización y salinidad de los suelos
aledaños, así como la pérdida directa de cubierta vegetal; 2) La emisión de gases de
efecto invernadero (GEI) asociada con grandes represas; como el dióxido de carbono y
el metano por la cubierta vegetal en putrefacción y producida en la cuenca, “los
embalses pueden representar entre el 1% y el 28% del potencial de calentamiento
33
global por emisiones de GEI”; 3) Los impactos de caudales alterados río abajo en los
ecosistemas y la biodiversidad acuáticos; cuando se modifica un ecosistema fluvial,
aparecen especies no endémicas que modifican los ecosistemas “pueden volverse
inestables, fomentar vectores de enfermedad o dejar de poder sustentar los
componentes ambientales y sociales históricos”, aunado a los impactos en la
morfología del cauce por la retención de sedimentos y nutrientes en el embalse, y la
obstaculización de la migración natural de especies endémicas acuáticas; 4) Los
impactos de alterar el ciclo natural de inundaciones aguas abajo; debido al cambio en
sedimentación, nutrientes y la regulación del caudal, afecta directamente ecosistemas
ribereños, se presenta erosión en la cuenca y en las zonas inundables donde los
ecosistemas son extremadamente delicados; 5) Los impactos acumulativos de una serie
de represas en un mismo sistema fluvial; “los problemas pueden aumentar a medida
que se agregan más represas a un mismo sistema fluvial, lo cual conduce a una pérdida
mayor cumulativa de recursos naturales, calidad de hábitat, sustentabilidad ambiental e
integridad ecosistémica” (CMR, 2000: 75-90).
Con relación a los impactos socioeconómicos durante el ciclo de planificación y ejecución
de un proyecto, encontramos que la demora en la construcción, provoca un estancamiento
económico local y la misma construcción se traduce en empleos temporales que al finalizar
esta fase, desaparecerán.
Asimismo se considera el desplazamiento de personas11 y sus medios de subsistencia, al
respecto la CMR menciona que “las grandes represas han alterado en manera significativa
muchas de las cuencas fluviales del mundo, con impactos obstructores, duraderos y de
ordinario involuntarios y en las bases socioculturales de decenas de millones de personas
que viven en dichas regiones” (CMR, 2000: 104).
11 Generalmente los proyectos contemplan una cantidad menor de afectados, ya que sólo se incluyen los desplazados físicos por el embalse, sin considerar el desplazamiento de los medios de subsistencia de las comunidades río arriba y río abajo. Asimismo se mencionan los casos de las represas de Temascal y Cerro de Oro en Oaxaca, México, y las formas coercitivas del Estado para desalojar comunidades enteras que obstruyen los intereses de generación de hidroelectricidad.
34
El tema de los grupos indígenas merece especial atención, ya que “debido a la negligencia y
falta de capacidad para garantizar la justicia, los grupos indígenas y tribales, por razón de
injusticias estructurales, disonancia cultural, discriminación y marginación política, han
sufrido de manera desproporcionada los impactos negativos de las grandes represas”
(CMR, 2000: 112). Respecto a los medios de subsistencia río abajo, encontramos que las
comunidades que se asientan en las márgenes de las cuencas han carecido de influencia
para contrarrestar la regulación en los caudales, lo que impacta negativamente los sectores
productivos en las zonas de pesca y las zonas inundables. Las afectaciones específicas a la
salud humana se presentan por las principales enfermedades producidas en agua estancada
o con poco movimiento, aunado a problemas como las altas concentraciones de mercurio en
los embalses, así como el crecimiento exponencial de maleza acuática, la desnutrición y el
hambre que conlleva la transformación de las bases productivas de las comunidades.
En concordancia con lo anterior, Alicia Barabas y Miguel Bartolomé (1992) afirman que a
la hora de determinar los proyectos de infraestructura hidroeléctrica, la mayoría de los
casos responden a objetivos macroeconómicos, políticos y obviamente energéticos, y son
ejecutados técnicamente tomando sólo en cuenta cuestiones hidrográficas, sin considerar
los efectos que tienen las represas sobre las personas y el medio ambiente12.
A pesar de las afectaciones directas que se identifican por la construcción de represas,
encontramos que la propagación de proyectos hidroeléctricos en América Latina, en
especial en la región mesoamericana, responde a las necesidades de crear y dotar de
infraestructura al modelo capitalista hegemónico, apoyándose en instrumentos comerciales
internacionales tales como los diferentes tratados suscritos por los EUA, así como el PPP -
hoy PM- y el SIEPAC.
12 Entre las principales afectaciones por represas se identifican: azolvamiento de las presas, erosión de los cauces por adelgazamiento del agua, salinización de las tierras de cultivo, playas de lodo derivadas de la oscilación de cotas, eutrofización de las aguas del embalse, cambios climáticos derivados de la evapotranspiración, pérdida de flora y fauna salvaje. Algunos de los efectos sobre el ambiente, como las playas de lodo y la eutrofización, desarrollan vectores de múltiples enfermedades (malaria, esquistosomiasis y otras parasitosis, oncocercosis, encefalitis, infecciones cutáneas y del aparato respiratorio, etc.). Es sabido que en tales condiciones ambientales, aunadas al estrés psicosocial que sufre la población afectada, se incrementan las tasas de morbilidad y mortalidad (Barabas y Bartolomé, 1992: 9).
35
Este mecanismo de interconexión eléctrica presenta síntomas de consolidarse como un
“corredor de desarrollo” de insumos para los EUA, con recursos de México y los países
Centroamericanos, como advierte Delgado-Ramos: “los corredores de desarrollo en los
últimos siglos han demostrado ser la figura más eficiente –en términos capitalistas- para la
ocupación territorial, el transporte y el comercio de mercancías por tierra y agua, el
desarrollo de la industria y la agricultura de gran escala, el estímulo de zonas de turismo de
inspiración multinacional, etcétera” (Delgado-Ramos, 2006: 33).
Son muchas las repercusiones sociales y ambientales que presentan los proyectos de este
tipo, y contrario a lo que los ingenieros y técnicos conciben, entre más grande sea una
cortina y su embalse, se incrementan las repercusiones a la salud y al entorno de las
comunidades, como ejemplifican los siguientes antecedentes de obras hidroeléctricas en
México.
1.5. Antecedentes en los proyectos de Cerro de Oro, Aguamilpa, Zimapán e Itzantún
En este apartado se ilustran las distintas repercusiones y consecuencias que dejaron cuatro
proyectos planificados por la CFE en México para el aprovechamiento eléctrico de los
cauces nacionales, en los últimos treinta años del siglo XX, que nos serán útiles para
entender cuáles podrían ser los posibles escenarios a los que se enfrentarán las
comunidades afectadas por los proyectos hidroeléctricos La Parota y Paso de la Reina.
En los casos que revisaremos a continuación es necesario resaltar que tres de estos cuatro
proyectos se encuentran actualmente en operación: la represa Cerro de Oro o Miguel de la
Madrid en la sierra mazateca en el norte del estado de Oaxaca terminada en 1989, la
hidroeléctrica Solidaridad, conocida también como Aguamilpa en el estado de Nayarit
concluida en 1993, y el proyecto hidroeléctrico Fernando Hiriart conocido como Zimapán
finalizado en 1996; obras de infraestructura para la generación de electricidad que forman
parte del SEN, a excepción de una cuarta represa, el proyecto hidroeléctrico Itzantún en la
36
sierra norte del estado de Chiapas, abandonado y pospuesto por la CFE a mediados de los
años ochenta por una serie de eventos los cuales que serán revisados a continuación.
Mapa 1. Ubicación geográfica de los antecedentes de proyectos hidroeléctricos en México
A) Cerro de Oro; B) Aguamilpa; C) Zimapan y D) Itzantún (no concretado)
Fuente: Elaboración propia.
A) La represa Miguel De la Madrid o Cerro de Oro, San Juan Bautista Tuxtepec y
San Lucas Ojitlán, Oaxaca
El antecedente directo de la represa Cerro de Oro, fue la construcción en 1955 de la represa
Miguel Alemán o Temascal para el control de los niveles extraordinarios del río Tonto y
para la generación de energía eléctrica. La represa Temascal no fue suficiente para
controlar la cuenca media del río Papaloapan, por lo que en 1972 por decreto presidencial
se anuncia la puesta en marcha de la represa Miguel De la Madrid o Cerro de Oro sobre el
río Santo Domingo o río Grande (Consejo de Cuenca del Papaloapan, 2011 y Pereyra-
Pérez, 2006).
37
La represa Cerro de Oro se ubica en el municipio de Tuxtepec, Oaxaca –el más
sobresaliente- y otros 25 municipios de Oaxaca y Veracruz con los que colinda el embalse.
La cortina de la represa alcanza una altura de 70 metros y una longitud de 1,670 metros, y
la cual almacena 5,380 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua. La obra fue creada para
regular el régimen de inundaciones en la cuenca baja del río Papaloapan, así como para
complementar el potencial de generación eléctrica de la Central Hidroeléctrica Miguel
Alemán, y ambas represas forman un lago artificial de aproximadamente 14,500 Mm3.
Temascal aporta desde el 18 de junio de 1959 una capacidad instalada de 354 MW que
produce 1,259 GWh anuales con un factor de planta de 40.5%. Para el año 2007, la CFE
apertura la licitación pública para la construcción y operación de una central hidroeléctrica
aprovechando la cortina de la represa Cerro de Oro, que contribuiría con 10.8 MW a los
más de 59 mil MW con los que cuenta el SEN (SEMARNAT, 2008 y 2011).
De acuerdo con Juan Pérez Quijada (1992), con la represa de Temascal en 1957 “se
inundaron 44,000 hectáreas en la cuenca del Papaloapam. […] Comunidades de San Pedro
Ixcatlán, San Miguel Soyaltepec y Paso Nacional quedaron sumergidas. 22 mil Mazatecos
fueron trasladados de su centro de origen y reacomodados en nuevos asentamientos creados
para ellos por la Comisión, en una amplia zona de los estados de Veracruz y Oaxaca”
(Pérez Quijada, 1992: 61). Algunos se desplazan a algunas poblaciones aledañas que no
fueron afectadas por el embalse, otras se reubican de acuerdo con los planes
gubernamentales, y algunos otros se trasladaron para engrosar los cinturones de pobreza de
las ciudades cercanas a la zona (Peña, 2005). Esta situación trae consigo la polarización de
las comunidades, el surgimiento de nuevos actores intermediarios entre el gobierno y las
nuevas poblaciones, así como cambios en las formas de subsistencia de la población, por lo
que la década de los sesenta está marcada por los cambios político-sociales del fragmentado
tejido social Mazateco. En 1964, el gobierno crea el Centro Acuícola de Temascal con la
finalidad de sembrar especies acuáticas para la subsistencia de las comunidades, con el cual
los indígenas Mazatecos empiezan un nuevo proceso de adaptación a la actividad pesquera,
que en un principio fue muy abundante, tanto que el producto a ofertar rebasaba la demanda
dentro del naciente mercado, suscitando el caos en la venta del producto. Entre los años de
1972 y 1974, fueron creadas tres cooperativas de pescadores, que llevaron al incremento de
38
la extracción diaria entre 100 y 250 kilos diarios de tilapia. Consecuentemente a principios
de los ochenta por la explotación irracional del pescado, cae la extracción a 25 kilos diarios.
En el año de 1974, con un financiamiento de 50 millones de dólares proporcionados por el
BID fueron construidas las nuevas poblaciones para las comunidades desalojadas en el
municipio de Uxpanapa en Veracruz, donde se reubicaron a aproximadamente 26 mil
indígenas Chinantecos, con resultados negativos, como menciona Francisco Peña: “En la
reubicación perdieron la comunicación cotidiana con una buena parte de sus familiares y
vecinos anteriores; también fueron despojados de símbolos de identidad muy importantes
como sus sitios sagrados y las tumbas de sus antepasados. Las familias que se opusieron
hasta el último momento al desalojo fueron removidas con el uso de la fuerza pública. […]
El compromiso gubernamental de ofrecer mejores condiciones de vida a los pueblos
desplazados nunca se cumplió. Las nuevas localidades no tenían servicios públicos básicos
en un 50% y tampoco fueron consistentes los apoyos para capacitación e inversión
agrícola” (Peña, 2005: 231 y 232).
Las comunidades que no fueron desplazadas al Uxpanapa se distribuyeron alrededor de 17
municipios del sur del Estado de Veracruz y 7 municipios oaxaqueños limítrofes con el
embalse, dentro de los que destacan tres comunidades Chinantecas; Arroyo Tambor y los
ejidos de Cerro de Oro y Paso Canoa cercanas a la cortina de la represa Miguel De la
Madrid. En el primer caso, en Arroyo Tambor se presentan una serie de conflictos agrarios
y el faccionalismo político entre los pobladores, que en palabras de Eduardo Molina la
resultante fue que: “la población afectada desde 1976 al habérseles expropiado sus ejidos
por razón de la presa, aún se mantiene sin solución y se encuentra ante la falta de
sensibilidad oficial, que ha sido incapaz de resolverles un problema, que de origen no
dependió de ellos” (Molina, 1992: 74). En el caso de los ejidos de Cerro de Oro y Paso
Canoa, el 30 de noviembre de 2010, presentaron una demanda contra la Corporación de
Inversiones Privadas en el Extranjero -OPIC por sus siglas en inglés-, como promotora de
las obras para la hidroeléctrica en Cerro de Oro, y que a través de las empresas nacionales
Comexhidro y Electricidad de Oriente, ganaron la licitación para realizar la obra, operarla
bajo modalidad de PIE y vender la electricidad producida a la CFE, con la anuencia de la
39
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA).
Komala Ramachandra, visitadora de derechos humanos se entrevistó con los afectados para
recabar las principales inconformidades hacia los promotores de la central hidroeléctrica
entre las más significativas se encuentran: 1) no difundieron información por el proyecto, ni
de los impactos ambientales y sobre la salud de la mayoría afectada; 2) no hicieron las
suficientes consultas a los afectados; 3) no se han mitigado adecuadamente los impactos
adversos ambientales-sociales; 4) se han sobrevalorado los beneficios del proyecto,
minimizando los impactos; 5) no cumplieron con la legislación local y nacional mexicana;
6) no se respetaron los requerimientos para pueblos indígenas, y; 7) no existen instancias
para quejas y participación (Accountability Counsel, 2010).
Como hemos observado en este caso, desde los años sesenta las comunidades y pueblos de
la sierra norte de Oaxaca han estado sometidas a cambios en sus formas de producción, de
sus costumbres, los cambios en el entorno tanto en flora como en fauna, el reiterado
despojo de sus tierras, y peor aún, la segmentación y el faccionalismo dentro de las
comunidades Mazatecas y Chinantecas por los constantes reasentamientos, la disputa por
las tierras y las invariables adaptaciones de los pueblos a las nuevas actividades dentro del
mercado laboral local y de la región, situaciones que siguen prevaleciendo actualmente.
B) Proyecto Hidroeléctrico Solidaridad o Aguamilpa, Nayar y Santa María el Oro,
Nayarit
Este proyecto junto con la represa de Zimapán en Hidalgo, fueron financiados con fondos
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) organismo del BM, mediante
convenio del 16 de mayo de 1989 a favor de la CFE, para ser empleados en la construcción
y ejecución de obras de infraestructura para la generación hidroeléctrica en México, por un
monto total de 1,440 millones de dólares, distribuidos de la siguiente forma: a) el 63.3%
para el costo total del proyecto Aguamilpa (911 millones de dólares); b) el 32.5% (468
40
millones) para la Hidroeléctrica Zimapán; c) el 0.4% de la inversión (5.76 millones)
destinada a la ejecución de estudios relacionados con el uso eficiente y conservación de
energía, co-generación y optimización de la operación del sistema de energía de la CFE; d)
el 0.1% (1.44 millones) de dólares para estudios para la administración y tarifas de
electricidad, y únicamente el 0.3% -apenas 4.32 millones de dólares- “para el desarrollo de
programas sociales y ambientales diseñados para fortalecer la capacidad de construir y
operar proyectos hidroeléctricos tomando en cuenta y/o considerando a la población y
ambiente afectados” (BM, 1989: 2).
El Proyecto Aguamilpa se encuentra en los municipios de La Yesca, Nayar, Santa María
del Oro y Tepic en el estado de Nayarit. Esta obra hidroeléctrica marca un precedente en
cuanto a la construcción de la cortina de enrocamiento con recubrimiento de concreto, ya
que durante 12 años fue el dique de este tipo más alto del mundo con una elevación de 187
metros de altura y una longitud de 660 metros, que creó un embalse de 6,950 Mm3. El
proyecto entra en operación el 15 de septiembre de 1994, mediante una capacidad instalada
de 960 MW que generan 2,530 GWh media anual de electricidad bruta al SEN con un
factor de planta de 30% (CICCP, 1997).
El caso del Proyecto Aguamilpa-Solidaridad en Nayarit tiene algunas particularidades en
cuanto al proceso de planificación, información y consulta para el reasentamiento de varios
pueblos Huicholes –Wixárika, en su idioma-, debido a la anegación de 225 casas, cuatro
escuelas, 2 kilómetros de carreteras, tres templos religiosos y 12,927 hectáreas de tierras
dedicadas a la agricultura y el pastoreo (Stanley, 2003). A pesar de que la CFE hizo todos
los esfuerzos para crear un proceso de participación para la reubicación sin precedentes en
nuestro país –derivado del requisito obligatorio del BM para el financiamiento de las obras-
fueron contratados expertos antropólogos sociales para manejar las negociaciones, aunado a
los cambios en la estructura organizativa de la paraestatal, la realización de talleres de
sensibilización y el involucramiento de la autoridades locales en el proceso. Dentro de esta
experiencia las consultas fueron difíciles de implementar por la poca interacción del grupo
indígena con las instituciones gubernamentales encargadas del proceso, como la misma
CFE y el entonces Instituto Nacional Indigenista.
41
De acuerdo con Scott Guggenheim (1996) comienzan los procesos de consulta con la
contribución y visión de los Huicholes para la búsqueda de lugares adecuados de los
reasentamientos, así como en los diseños de los nuevos hogares, por lo que el proyecto
empieza a desarrollarse en buenos términos entre las partes. Empezó a ser tan exitoso el
proceso de participación que la CFE organizó una serie de coloquios donde se discutieron
las principales experiencias favorables, para la institucionalización del involucramiento
social en posteriores proyectos. No obstante, derivado de problemas de gestión al interior
de la paraestatal y con el mismo BM, el proceso entra en una etapa de estancamiento,
engrosado por el encono político al que fueron sometidas las comunidades por la
divergencia de intereses, resultando en el cumplimiento a medias de las disposiciones
establecidas por el BM y que las consultas fueran efectuadas posteriormente a la puesta en
marcha de las obras, por lo que a la postre no se incluyó la participación social en el
desarrollo del proyecto (Guggenheim, 1996).
Complementando lo anterior, Jason Stanley (2003) colaborador de este OFI comentó que el
proyecto fue terminado en tiempo y forma con relación a lo establecido, sin embargo el
reasentamiento sufrió varias modificaciones; se duplicó el monto inicial destinado a la
construcción de viviendas y a la restitución de tierras agrícolas, cuestión que fue solventada
por CFE, con lo que el resultado de las experiencias del proyecto ha sido ampliamente
difundido por el BM como una de los mejores proyectos de reubicación de comunidades
afectadas (Stanley, 2003).
A pesar de lo anterior, y en concordancia con Alicia M. Barabas (1994), encontramos que
las afectaciones relacionadas con la pérdida de las propiedades ancestrales por parte de los
pueblos y comunidades indígenas o tribales, en especial en el caso del pueblo Huichol, va
más allá de la transformación de los medios productivos, porque “la pérdida del territorio
étnico es especialmente grave, ya que implica la ruptura de milenarios y equilibrados
procesos de interrelación hombre-cultura-medio, que da como resultado la pérdida de
recursos y la cancelación de multitud de conocimientos y prácticas; manejo de clima y el
medio, técnicas productivas, estrategias laborales, acceso a productos naturales, creencias,
42
costumbres, sitios de culto religioso y práctica terapéutica; de gran relevancia para la
supervivencia física y cultural del grupo” (Barabas, 1994: 32).
A nuestra consideración, estas repercusiones se ven magnificadas en los casos de grupos
indígenas como los Huicholes, los cuales sostienen dentro de su cosmovisión un vínculo
religioso-cultural con su territorio, el cual consideran como sagrado y que lamentablemente
se sienten incompatibles con su nueva realidad, ya que la represa ha transformado
drásticamente su cultura y costumbres tan enraizadas en la tradición prehispánica, que se ha
mantenido al margen del paradigma capitalista occidental.
C) Proyecto Hidroeléctrico Fernando Hiriart Balderrama o Zimapán, Tecozautla-
Hidalgo y Cadereyta de Montes-Querétaro
El proyecto hidroeléctrico Fernando Hiriart Balderrama conocido como Zimapán fue
concebido como parte de una serie de medidas del gobierno federal –junto con la represa de
Aguamilpa- en el rubro energético durante los años ochenta para fortalecer y modernizar
los mecanismos administrativos y técnicos con los que contaba la CFE. Su cortina se
levanta a una altura de 203 metros y tiene 115 de longitud, siendo la segunda cortina más
alta del país después de Chicoasén (262 metros). Cabe destacar que el proyecto cuenta con
un túnel de conducción de 20.7 kilómetros de longitud, que precipita el agua a una caída de
605 metros de altura desde el reservorio que almacena 1,460 Mm3 hasta la sala de
máquinas. La planta generadora de la represa comenzó operaciones el 27 de septiembre de
1996, mediante una capacidad instalada de 292 MW –y un factor de planta de 50.5%- que
genera un promedio anual de 1,292 GWh de electricidad (Randell, 2008 y CICCP, 1997).
Con la ejecución del “Plan de Reasentamiento e Impacto Ambiental” a cargo de la recién
creada Gerencia de Desarrollo Social de la CFE conjuntamente con el Instituto Indigenista
fue realizada la reubicación de más de 40 localidades que se vieron afectadas en un radio de
2,309 hectáreas, entre las más populosas Rancho Nuevo, Vista Hermosa y La Vega, dentro
de los municipios hidalguenses de Tasquillo, Tecozautla y Zimapán.
43
Con relación a las gestiones del desplazamiento, Inga-Lill Aronsson (1992) comenta que
“hay muchos documentos impresionantes de la CFE sobre el proyecto de reasentamiento de
Zimapán, y la mayoría de ellos hace malabares con la información cuantitativa. […] Un
examen más detenido de los datos revela inconsistencias entre los documentos y una vez
que eso se descubre, los números, porcentajes y nombres se tornan sospechosos y pierden
toda autoridad” (Aronsson, 1992: 53). Las poblaciones afectadas –en su mayoría
conformadas por indígenas Otomíes- se ubicaban en la parte baja del valle de Zimapán,
donde el clima era templado y las tierras fértiles, mientras que los ranchos expropiados para
realizar el reasentamiento no fueron óptimos para la agricultura y el pastoreo, lo que derivó
en la polarización de los afectados, algunos a favor de la reubicación y la mayoría en
contra.
A pesar de tener la observación permanente del BM y el BIRF en la relocalización de las
comunidades, el proyecto fue completado dos años después de lo previsto –entre 1990 y
1994-, comenzando apuradamente con el proceso de adaptación a la nueva población de
Bellavista del Río, Querétaro, que suscitó la integración segmentada de las tres
comunidades desplazadas. La forma de vida de los afectados cambió radicalmente, ya que
anteriormente su entorno era el campo, la agricultura y el río. Actualmente viven en una
micro ciudad, entre televisiones, antenas parabólicas, camionetas de lujo –de aquel tiempo-,
el pago por servicios públicos, la nueva situación política y representativa, la escasez de
agua, etc. Las formas de producción se estancaron después del pago retroactivo de
indemnización, por lo que mucha gente emigró a los EUA para poder mantener el esquema
de ingresos-egresos que les demanda esta nueva forma de vida.
D) Proyecto Hidroeléctrico Itzantún, Huitiupán y Simojovel, Chiapas (No construido)
El caso del proyecto Itzantún es muy particular, ya que desde 1961 la CFE planificó la obra
hidroeléctrica con la realización de estudios geológicos en 1963 para el represamiento y
aprovechamiento del río Oxolotán en los municipios de Huitiupán y Simojovel en el norte
del estado de Chiapas. La obra hidroeléctrica contemplaba el alzamiento de una cortina de
44
concreto tipo arco, de más de 200 metros de altura, misma que aportaría un promedio de
440 MW, con una generación media anual de 1,419 GWh al SEN (CFE, 2008).
En 1978 comienzan los trabajos de construcción en forma del proyecto y la expropiación de
las tierras, que en principio algunos comuneros aceptaron, sin embargo la mayoría de los
pobladores se opusieron debido a que recibieron información de la negligencia y
afectaciones que sufrieron los desalojados por los proyectos hidroeléctricos Malpaso, La
Angostura y Chicoasén, resultando en la organización y levantamiento en contra del
proyecto, así como en la demanda de la restitución de las tierras ya expropiadas.
El 26 de julio de 1980, la CFE solicitó a la Secretaría de Gobernación, la expropiación con
carácter de urgente, de 177 hectáreas 51 áreas, correspondientes al poblado de Las Limas,
municipio de Simojovel, con la finalidad de edificar la cortina, la planta generadora de
energía y el campamento, bajo el amparo de la LSPEE, en la que dichas tierras se
consideran de utilidad pública (DOF, 1984). Como respuesta, ese mismo año, 10 mil
campesinos e indígenas Tzotziles de la zona de Itzantún se movilizaron a la capital
chiapaneca, protestando por las pobres condiciones que ofrecía la paraestatal como
indemnización de la expropiación, por lo que en respuesta el gobierno lanzó el “Programa
de Reacomodo por el Proyecto Hidroeléctrico Itzantún” en marzo de 1981. En los
siguientes años, la situación entró en tensión entre afectados, la CFE y el gobierno del
estado, intensificándose las protestas contra el proyecto y la pugna concentrándose en la
restitución de las tierras expropiadas. En junio de 1984, fue publicada en el Diario Oficial
de la Federación la solicitud de la CFE para la expropiación de los terrenos ejidales del
poblado Santa Catarina Huitiupán que serían destinadas a una parte del embalse, por una
superficie de 375 hectáreas 77 áreas.
Gracias a las movilizaciones y resistencia de los núcleos agrarios afectados por la obra,
sumado al gran terremoto de 1985 en la ciudad de México, el interés del gobierno federal
por desarrollar la represa se difumina completamente. En julio de 1991 se restituyen a los
núcleos agrarios afectados, 498 hectáreas por resolución unánime del Tribunal Superior
Agrario a favor de las siguientes comunidades: a) Belén fracción de Santo Domingo, b) Ojo
45
de Agua, c) Progreso del Encanto, d) Santo Domingo, e) Santo Domingo Nuevo, f) Santo
Domingo Viejo y, g) San Miguel Las Pilas (Tribunal Superior Agrario, 2001). En enero de
2000, la CFE anuncia la confirmación de la donación de tierras a favor del estado de
Chiapas para la dotación de la superficie entregada, por lo que el gobernador de la entidad,
Roberto Albores Guillén informa de la cancelación definitiva de Itzantún y la restitución de
tierras a favor de las comunidades. Sin embargo es hasta la gestión de Pablo Salazar
Mendiguchía, el 18 de marzo de 2004, que se anuncia y se concreta la restitución de la
superficie expropiada.
Actualmente los ejidatarios y campesinos de los seis municipios –Huitiupán, Simojovel,
Amatán, El Bosque, Chalchihuitán y Pantelhó- del norte de Chiapas que serían afectados
por el proyecto Itzantún son integrantes fundamentales del MAPDER, compartiendo sus
experiencias de lucha y resistencia, así como informando de las prácticas desleales de la
CFE en las negociaciones e indemnizaciones. La gente de Huitiupán ha sido parte del
Frente Chiapaneco contra las Represas (FCCRP) desde 2002, agrupados junto con los
posibles afectados por las represas sobre el río Usumacinta, y que desde la misma fecha han
tejido lazos de cooperación con los frentes en Guatemala y El Salvador. En el marco del
Tercer Encuentro Chiapaneco frente al Neoliberalismo, del 19 al 21 de marzo de 2004, se
celebra la cancelación definitiva de la represa con la promulgación de la Declaración de
Huitiupán, basado en el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo,
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Castro Soto, 2004).
A pesar de la cancelación definitiva del proyecto en el Congreso del estado de Chiapas y la
restitución de las tierras que habían sido expropiadas a los comuneros y ejidatarios, el
Secretario de Asentamientos y Obras Públicas del estado de Tabasco, Héctor López Peralta
señaló en el año 2008 que existe un inversionista mexicano interesado en llevar a cabo la
represa y que se están realizando las negociaciones para realizar Itzantún con el gobierno
federal (Hernández, 2008). En octubre de ese mismo 2008, la CFE nuevamente vuelve a
anunciar el “Proyecto Hidroeléctrico Itzantún-Compacto” dentro de su cartera de proyectos
a desarrollar, junto con otras 512 hidroeléctricas a nivel nacional y 90 proyectos para
46
Chiapas en la etapa de planeación, como son Acalá, Bombaná, Copainalá, Chicoasén II y
Chinín, sobre la cuenca del río Grijalva.
Como respuesta desde la sociedad civil, el Octavo Encuentro Nacional de Afectados por las
Represas y en Defensa de los Ríos, convocado por el MAPDER, se celebró en la población
de Huitiupán, Chiapas del 10 al 13 de marzo de 2011, congregando a más de 440 delegados
de pueblos y comunidades que reafirman su oposición a los grandes proyectos
hidroeléctricos hasta ahora no ejecutados, pero contemplados por la paraestatal, como los
proyectos Boca del Cerro o Tenosique en Chiapas y Tabasco, La Parota en Guerrero y Paso
de la Reina en Oaxaca.
Como pudimos observar, en los casos de Cerro de Oro en Oaxaca, Aguamilpa en Nayarit y
Zimapán en Hidalgo se observan repercusiones muy significativas contra las comunidades
afectadas por la construcción y operación de represas, desde el mismo despojo de tierras
con un valor cultural-simbólico-religioso como en el caso de los Huicholes en Nayarit, el
faccionalismo político-social y el constante desalojo de Mazatecos y Chinantecos en
Oaxaca, así como los problemas que conllevan los reasentamientos rurales conglomerados
en una micro ciudad, el cambio en sus formas de producción, sobre su entorno y en la
misma estabilidad de las familias reubicadas.
No obstante, a pesar de estos elementos negativos asociados directamente a la consumación
de los tres proyectos, el caso de Itzantún en Chiapas nos muestra que la información y
organización de las comunidades afectadas desde la década de los ochenta del siglo XX y el
seguimiento a partir de 2003 del MAPDER, ha detenido y revertido las decisiones de la
CFE sobre el proyecto, sin embargo la paraestatal no renuncia en su intento de retomar y
efectuar la represa en el norte del estado de Chiapas.
47
Capítulo 2. El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los
Ríos (MAPDER)
En el presente capítulo se efectuó una revisión sobre los principales conceptos de la teoría
de los nuevos movimientos sociales y la acción colectiva, a través de las nociones
brindadas por Sidney Tarrow, Alberto Melucci, Manuel Castells, Manuel Jiménez Sánchez
Jean L. Cohen y Andrew Arato. Las premisas y postulados que emanan de estas teorías
fueron de utilidad como guía para analizar al movimiento social mexicano contra las
represas y por la preservación de los ríos, principal ejecutor de nuestro objeto de nuestro
estudio, el cual pugna por defender sus derechos de autodeterminación sobre la defensa de
sus territorios y de los recursos naturales. Asimismo se abordan algunos conceptos y
ejemplos de la incidencia en la política pública, para conocer hacia donde van dirigidos los
esfuerzos y acciones del movimiento social contra las represas en nuestro país.
En segunda instancia, identificaremos a los principales actores y organizaciones que
integran el MAPDER, revisando sus características y elementos constitutivos, desde la
naturaleza y origen de su protesta, su forma de organización, los elementos de cohesión e
identidad, su relación con el sistema político, así como los mecanismos empleados en su
lucha permanente en contra del modelo de apropiación del agua como fuente para la
generación de energía eléctrica de la CFE, que responde a las necesidades de infraestructura
para la inserción de nuestro país en tratados y acuerdos comerciales a nivel regional.
Finalmente, dentro del apartado de los mecanismos y herramientas empleadas por el
movimiento, se efectuará una revisión sobre las principales acciones que han llevado a
cabo, con respecto a sus formas organizativas, las herramientas de difusión y generación de
conocimiento, así como de los instrumentos de movilización y protesta social que utilizan
en su intento por incidir en la política de proliferación hidroeléctrica de la CFE, así como
evidenciar los problemas que conllevan la construcción de proyectos hidroeléctricos en
México, en específico a través de los frentes locales del MAPDER, como lo son el CECOP
y el COPUDEVER, en el periodo de 2000 a 2010.
48
2.1. Los Movimientos Sociales, la Acción Colectiva e Incidencia en Política Pública
Con el presente apartado es nuestro interés revisar y caracterizar los principales conceptos,
debates y teorías que se enmarcan en este tema de investigación: los movimientos sociales
y la acción colectiva, y la posible incidencia que estos pueden llegar a tener en la
modificación del statu quo de un problema público, o en este caso alguna política pública
que esté causando un malestar social.
Desde tiempos de la revolución francesa, a finales del siglo XVIII, se originan un sinfín de
estudios y conceptos sobre los movimientos sociales, en los que el término “movimiento
social” a lo largo del siglo XIX y la mayor parte del XX, era referido a los grupos
originados por la correlación de fuerzas entre las demandas síndico-laborales y la lucha de
clases entre asalariados y los patronos. El enfoque clásico de las teorías sobre movimientos
sociales se enfoca a los casos que se han presentado durante los dos últimos siglos, y que
han perdurado a través de las revoluciones sociales, industriales, laborales, y obrero-
sindicales de este periodo.
Immanuel Wallerstein (2004) muestra la diferenciación temporal entre el periodo
revolucionario (1850-1970) y la aparición de movimientos antisistémicos y reivindicativos,
a partir de la revolución social y cultural de la década de los sesenta y setenta del siglo XX
donde surgen los movimientos por la defensa de los derechos individuales, civiles, políticos
y de las minorías, sobre la libertad sexual, estudiantiles, ambientalistas, pacifistas y anti-
guerra (Wallerstein, 2004). A partir de estas movilizaciones, se gesta un nuevo enfoque en
los estudios de los movimientos sociales que considera mayores elementos y variables para
su análisis: la teoría de los nuevos movimientos sociales.
Uno de los teóricos más representativos que ha estudiado las movilizaciones y acciones
sociales contemporáneas bajo un enfoque clásico es Sidney Tarrow (1997), que analiza a
estas formas de acción partiendo del supuesto donde: “el poder de los movimientos se pone
de manifiesto cuando los ciudadanos corrientes unen sus fuerzas para enfrentarse a las
élites, a las autoridades y a los antagonistas sociales. […] En su base se encuentran redes
49
sociales y los símbolos culturales a través de los cuales se estructuran las relaciones
sociales” (1997: 17).
Tarrow propone como marco conceptual, la teoría de la acción colectiva, para abordar las
formas y características de los movimientos sociales que los hacen distintivos. El autor nos
brinda una primera noción sobre la definición de los movimientos sociales, mismos que son
concebidos como “desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos
comunes y solidaridad en una intención mantenida con las elites, los oponentes y las
autoridades” (1997: 21).
Según el autor, los movimientos sociales combinan cuatro elementos para que se produzca
la acción colectiva, estos son: 1) el desafío colectivo, 2) el objetivo en común, 3) la
solidaridad y 4) la interacción mantenida, así como los símbolos culturales, que permiten
un cierto nivel de cohesión e identidad colectiva entre sus integrantes. Asimismo
rescatamos la noción de violencia para el ejercicio de la acción colectiva, ya que para su
ejercicio no se necesita ni coordinación, ni control. Tarrow distingue entre la manifestación
pública organizada y la acción directa disruptiva, como mecanismos de protesta y
negociación para el logro y consecución de los objetivos propuestos por los movimientos
(Tarrow, 1997).
Uno de los elementos más sobresalientes entre los postulados de Tarrow se orienta hacia la
caracterización de los ciclos de protesta social con relación a la estructura de oportunidad
política, advirtiendo que no todas las protestas y acciones de los movimientos sociales se
enmarcan en las fases que identifica: el ascenso, el incremento o clímax y el descenso.
Con relación a la fase de ascenso menciona que: “lo que resulta más distintivo de estos
periodos no es que sociedades enteras se alcen en la misma dirección a la vez (rara vez lo
hacen) o que determinados grupos de población actúen del mismo modo repetidamente,
sino que el efecto expansivo de la acción colectiva de un pequeño grupo de madrugadores
desencadena una variedad de procesos de difusión, extensión, imitación y reacción entre
grupos normalmente aquiescentes” (Tarrow, 1997: 267). Como se observa en esta fase se
50
inicia la confrontación y el conflicto, existe un periodo de difusión y adhesión a la acción
colectiva generando elementos de identidad y cohesión social, así como una expansión de
las formas de movilización.
En la fase de la intensificación de la protesta resalta la interacción entre los grupos
organizados y no organizados, cohesionados mediante los marcos de la acción colectiva, los
discursos y los significados u objetivos de la protesta social, como menciona el autor: “el
incremento en la acción colectiva al aproximarse al clímax de un ciclo crea incentivos para
la formación de nuevas organizaciones y casi nunca están controlados por una sola
organización. […] El punto más alto de la ola lo marca la aparición de acciones colectivas
espontáneas; pero, en realidad, sus estrategias y resultados son estructurados tanto por las
tradiciones organizativas previas como por los nuevos movimientos organizados. […]
Muchas de ellas adoptan las tácticas radicales de sus competidores y ajustan su discurso
para que refleje una posición pública más amplia y agresiva” (Tarrow, 1997: 269). En esta
etapa se puede identificar un incremento de las estrategias y tácticas de la protesta, siendo
las manifestaciones públicas, mítines, marchas y plantones, las acciones de protesta más
recurrentes por los movimientos sociales.
Finalmente, Tarrow menciona que después de las fases de ascensión e incremento
sobreviene la fase de descenso de la protesta social, en la que los movimientos se
transforman por la comercialización, la institucionalización o debido a un periodo de
involución, sin embargo en algunos casos se puede intensificar la protesta: “un elemento
clave en el ocaso de los movimientos son las disputas sobre la táctica, en las que algunos
militantes insisten en radicalizar su estrategia mientras otros intentan consolidar sus
organizaciones y ofrecer beneficios concretos a sus seguidores” (Tarrow, 1997: 269). En
esta fase de descenso de la protesta los movimientos suelen optar por convertirse en actores
políticos, o simplemente disiparse tras el logro del objetivo a alcanzar, la asociación directa
de los líderes con autoridades, el faccionalismo o encapsulamiento al interior del
movimiento o que la represión de la protesta social haya logrado el desistimiento de sus
integrantes.
51
Otro de los autores que combina elementos analíticos de la teoría clásica con herramientas
actuales empleadas por los movimientos sociales es Alberto Melucci (1999), quien parte de
la crítica sobre la desigualdad y la pobreza que ha generado el actual sistema económico
neoclásico o capitalista, manifestadas en contra de los individuos y sus elementos
culturales, así como en la reducción de la naturaleza y poder de los Estados-nación por un
supuesto panorama de competencia abierta. Al respecto postula que:
Esta nueva desigualdad incluye disparidades en el acceso a los medios con los que se
define el significado de la acción, con los que se construye la identidad individual y
colectiva, con los que se salvaguarda la cultura indígena. Por lo tanto, a aquellos que
son excluidos se les priva de recursos materiales, pero aún más de su capacidad de ser
sujetos, el despojo material se combina con una inclusión totalmente subordinada en el
consumo masivo, con la manipulación televisivo-religiosa de la conciencia, con la
imposición de estilos de vida que destruyen, las raíces de las culturas populares
(Melucci, 1999: 19).
El contexto que ofrece Melucci sobre las nuevas condiciones culturales, de la identidad
homogénea por la inserción de los individuos en las sociedades de consumo capitalistas, ha
llevado a la gestación de algunos movimientos reivindicativos que buscan la preservación
de sus saberes y costumbres, su forma de vida y del respeto a la interacción con su entorno.
La definición que ofrece Alberto Melucci respecto a los movimientos sociales es de
carácter sistémico, y los concibe a partir de construcciones sociales: “los movimientos son
sistemas de acción que operan en un campo sistémico de posibilidades y límites. Éste es el
motivo por el que la organización se convierte en un punto clave de observación, un nivel
analítico a menudo subestimado o reducido a estructuras formales. El modo en que los
movimientos definen su acción es el nexo concreto entre orientaciones y
oportunidades/constricciones sistémicas” (Melucci, 1999: 37). En concordancia con
Tarrow, Melucci plantea tres dimensiones analíticas para el correcto funcionamiento de la
acción colectiva: a) el conflicto al que se enfrenta el movimiento, b) la solidaridad entre
integrantes, y c) los límites del sistema, como la existencia de comportamientos que
52
rebasan la estructura sistémica, todos ellos funcionando con un cierto nivel de autonomía
del sistema político (Melucci, 1999).
Tanto Tarrow como Melucci, desarrollan una serie de premisas y postulados para el análisis
de los nuevos movimientos sociales, tales como la teoría de movilización de recursos y de
la estructura de oportunidad política, que se centra en los elementos externos y el contexto
político para analizar el surgimiento de los movimientos, en concordancia con el enfoque
racional-instrumental de Mancur Olson. Para estas perspectivas teóricas, los movimientos
se deben a la fragilidad de la estructura o el sistema político, encontrando resquicios y
fragilidades en el mismo para poder aparecer en la esfera pública, a esto es lo que llaman la
estructura de oportunidad. El establecimiento de alianzas con las élites políticas, la división
entre los dirigentes y tomadores de decisión en el sistema político, según estas teorías, son
las que permiten el acceso a la participación de nuevos actores, o de los movimientos
sociales.
Enriqueciendo estos conceptos y postulados, Manuel Jiménez Sánchez (2005) encuentra
tres condiciones que pueden ayudar en la profundidad del análisis de los movimientos
sociales y la acción colectiva: 1) los movimientos son una variable dependiente del sistema
político, dejando de lado la importancia de la organización e identidad social y el diseño
estratégico que desarrollan; 2) la relación entre Estado y movimientos se confina a una
relación de suma-cero entre sociedad civil y las instituciones, sin considerar la interacción
que conllevan; y 3) estos abordajes priorizan y enfatizan su análisis en las instituciones
formales y el sistema político, sin reflexionar sobre la naturaleza de los problemas sociales
en los procesos de construcción de las demandas sociales y los elementos culturales que
circunscriben a la acción colectiva (Jiménez Sánchez, 2005).
De acuerdo con Jiménez Sánchez, el estudio del proceso de institucionalización o la
incorporación de los movimientos sociales en la toma de decisiones en las políticas
públicas ha centrado su análisis hacia el fortalecimiento material y organizativo, es decir,
en los procesos de aumento de recursos materiales y la especialización de los miembros del
movimiento. El autor muestra que la consolidación de los movimientos sociales como
53
actores políticos imprescindibles, se presenta a partir de tres características: “a) los
movimientos coordinan las protestas y focalizan los esfuerzos de presión política; proveen
la base estructural para la coordinación de los grupos locales, permitiendo compartir y
utilizar más eficazmente los recursos existentes; b) unifican la percepción del problema y
de las alternativas propuestas: actúan como canales de información y difusión de ideas y
tácticas, favoreciendo la integración cultural de los distintos grupos o la cohesión de sus
identidades colectivas; y c) legitiman socialmente el conflicto: contribuyen a modelar la
imagen pública del movimiento. A partir de su visibilidad y esfuerzos de publicidad de sus
fines y actividades promueven una forma mediada de identidad (o imagen) pública”
(Jiménez Sánchez, 2005: 25).
Un elemento que ha venido a transformar el carácter y herramientas de las que se valen los
nuevos movimientos sociales para tener la capacidad de influir o incidir en el proceso de las
políticas públicas, se trata de la utilización de las tecnologías de la información y
comunicación (TIC) dentro de la nueva sociedad de redes. Como afirma Manuel Castells
(2000), estos elementos pueden potencializar las capacidades de los movimientos para
transformar el ejercicio del poder, facilitar el acceso a los espacios públicos y los debates,
así como el planteamiento de nuevos retos, cuestionamientos y demandas para lograr el
cambio del Estado y sus políticas:
La característica de la estructura social en la era de la información, y tentativamente
identificada a través de lo empírico, es la investigación de cruce cultural. Ella permea
en la mayoría de las sociedades mundiales, en varias manifestaciones culturales e
institucionales, como la sociedad industrial caracterizada por una estructura social del
capitalismo y estatismo en gran parte del siglo XX. […] Un elemento fundamental de
la estructura social en la era de la información es su confianza en las redes (networks)
como característica clave de la morfología social. A su vez, las redes han sido viejas
formas de organización social, pero ahora están siendo fortalecidas por las nuevas
tecnologías de la información/comunicación, resultando en una capacidad de competir,
al mismo tiempo, con la descentralización flexible, y con la toma de decisión
focalizada (Castells, 2000: 5).
54
Castells concibe que las TIC -en especial la internet- han permitido a las organizaciones y
movimientos sociales el acceso a una herramienta que permite la estructura organizativa y
el intercambio de información, así como la generación, procesamiento y administración del
conocimiento, mediante la flexibilización, la coordinación y la capacidad de enfoque de la
acción colectiva, a partir de la interacción en tiempo real de los miembros y activistas,
situados en diferentes partes del mundo.
Con relación al espacio donde pueden llegar a incidir o incluir las propuestas y demandas
desde la sociedad civil organizada y no organizada, estas deben ser circunscritas dentro de
la esfera de las decisiones públicas, que en palabras de Patrice Bonnewitz (2003), uno de
los principales analistas del legado teórico de Pierre Bourdieu -y su noción del campo
político- plantea que es un espacio donde se consolidan las relaciones y las posiciones de
los distintos actores sociales, bajo una correlación entre significancias con los demás
actores donde se perfilan y delimitan los beneficios y ganancias en pugna. El campo
político alude a ese espacio relacional donde se articulan las propuestas sociales y políticas,
en específico los relativos a mecanismos de representación y acceso al espacio político o
agenda de gobierno –en términos de política pública-. Bourdieu parte de la separación entre
la esfera política y los mundos sociales con relación a la exclusión de las mayorías en las
sociedades, lo que lleva a mecanismos y lógicas instituidas desde las élites sociales y
políticas (Bonnewitz, 2003).
En concordancia con el concepto de campo político de Bourdieu, Jean L. Cohen y Andrew
Arato (1994) parten de la diferenciación entre las sociedades económica y política con la
sociedad civil, en la que esta última a partir de los movimientos sociales como sujetos
políticos intentan posicionar sus perspectivas o demandas en la toma de decisiones dentro
del campo de la sociedad política. Al respecto mencionan que:
Es necesario y significativo distinguir a la sociedad civil de ambas, la sociedad política
de partidos, organizaciones políticas y públicos políticos (en particular, parlamentos) y
la sociedad económica compuesta por organizaciones de producción y distribución, por
lo general empresas, cooperativas, asociaciones, etc. Las sociedades política y
55
económica generalmente surgen desde la sociedad civil, compartiendo algunas de sus
formas de organización y comunicación, y son institucionalizadas a través de los
derechos (derechos políticos y derechos de propiedad especialmente) continuando con
el tejido de los derechos que aseguran a la sociedad civil moderna. Sin embargo, los
actores de la sociedad política y económica están directamente involucrados con el
poder estatal y la producción económica, los cuales tratan de controlar y gestionar
(Cohen y Arato, 1994: IX).
A partir de la diferenciación entre la sociedad económica, política y la sociedad civil, en
concordancia con Wallerstein y Tarrow, Cohen y Arato parten de la distinción entre el
paradigma de los movimientos sociales de los sesenta y setenta de los EUA que pugnaron
por los espacios de autonomía social ante las crisis de representatividad de la época, en
contraposición al modelo que propusieron los nuevos movimientos sociales en Europa de
los años ochenta, los cuales se centraron en denunciar la homogeneización de las culturas y
del consumo masivo al que se habían insertado los Estados-nación mediante las medidas y
políticas neoliberales. Con este respecto, los autores mencionan: “A pesar de las diferencias
cruciales, ambos paradigmas asumen que los movimientos sociales se basan en conflictos
entre los grupos organizados con las asociaciones autónomas y las sofisticadas formas de
comunicación (redes, públicos). Ambos sostienen que la acción colectiva conflictiva es
normal y que los participantes son usualmente racionales, miembros de organizaciones bien
integradas. En seguida, la acción colectiva implica formas de asociación y estrategias
específicas hacia el contexto de una sociedad civil moderna y pluralista. Este contexto
incluye espacios públicos, instituciones sociales (medios de comunicación, la prensa),
derechos (a asociarse, a hablar, a reunirse), instituciones políticas representativas, y un
sistema legal autónomo, de los cuales todos son objetivos para los movimientos sociales en
su búsqueda por incidir en la política o iniciar el cambio” (Cohen y Arato, 1994: 497).
Cohen y Arato afirman que si el Estado –mediante la sociedad política- no es capaz de crear
representatividad y mecanismos de interlocución para satisfacer los intereses de carácter
público, la sociedad civil puede buscar –mediante la acción colectiva y política de los
56
movimientos sociales- la incorporación de los mecanismos de presión, movilización y
reivindicación de la participación13, los derechos y garantías ciudadanas:
Los movimientos sociales son una normal, aunque extra institucional, dimensión de
acción política de las sociedades civiles modernas. Hemos interpretado sus proyectos
de auto limitar su radicalismo como intentos por expandir los derechos y democratizar
a las instituciones. La política de la sociedad civil es a la vez defensiva y ofensiva: los
movimientos sociales buscan democratizar a la sociedad civil, protegerla de la
“colonización” económica y política, y ejercer incidencia sobre la sociedad política.
Mientras esto implique políticas de identidad, inclusión, reforma e incidencia, esta
última es esencial en el presente asunto, ya que está destinada a mantener el enlace
entre la sociedad civil y la sociedad política (Cohen y Arato, 1994: 565).
La incidencia política es un mecanismo que tiene la ciudadanía para participar en las
decisiones de gobierno, que puede ser desde levantar y realizar un manifiesto sobre un
determinado problema social hasta ayudar a redactar o modificar leyes o reglamentos de las
ciudades, demarcaciones o de las mismas naciones. La organización internacional Ashoka
(2009), hace un recuento sobre lo que debería ser la participación ciudadana y la incidencia
en la toma de decisiones o en las políticas públicas que ostentan las élites gubernamentales:
La participación como un derecho humano fundamental que debe enmarcar la acción;
empoderar a la gente para construir ciudadanía, esto es incidir. Generar espacios para
el diálogo permanente bidireccional y horizontal en el nivel formal e informal, las
13 Entre los ejemplos de Estados que han reconocido la participación ciudadana en la toma de decisiones, destacan los preceptos de la Constitución de Brasil, en específico el artículo 5 fracción LXXIII, en el que: “cualquier ciudadano es parte legítima para proponer la acción popular que pretenda anular un acto lesivo para el patrimonio público o de una entidad en que el Estado participe, para la moralidad administrativa, para el medio ambiente o para el patrimonio histórico y cultural” (ACNUR, 2012). Asimismo la Constitución del Ecuador, con relación a los principios de participación, en su artículo 96 instituye que: “se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para realizar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas, y en el control social de todos los niveles de gobierno” (OEA, 2008). Lamentablemente en nuestro país no existen, a nivel constitucional pautas y preceptos que contribuyan a hacer efectiva la participación ciudadana, lo que ha orillado a organizaciones y movimientos a buscar otras formas de acceder al cooptado y blindado campo político mexicano, así como a la utilización de otro tipo de mecanismos para hacer visibles las demandas y problemas públicos.
57
decisiones mejoran en la medida que exista un proceso permanente de definición del
problema y las preguntas que hay que realizarse para solucionar el problema. Los
cambios se deben dar en todos los niveles y espacios en las organizaciones, en el
Estado e instituciones públicas y en los valores de las personas. La comunicación y las
campañas deben ir más allá del problema puntual, abarcando la persona en forma
integral y/o cultural, utilizando medios de comunicación propios como los medios de
comunicación social (Organización Ashoka, 2009: 12).
Una definición puntual sobre la capacidad de la ciudadanía de incidir en los procesos de la
política pública, la ofrece la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (2002)
señalando que esta herramienta social se define como: “los esfuerzos de la ciudadanía
organizada para influir en la formulación e implementación de las políticas y programas
públicos por medio de la persuasión y la presión ante autoridades estatales, organismos
financieros internacionales y otras instituciones de poder. Consiste en un cúmulo de
actividades dirigidas a ganar acceso y generar influencia sobre personas que tienen poder
de decisión en asuntos de importancia para un grupo en particular o para la sociedad en
general” (WOLA, 2002: 6).
Para que una organización o movimiento pueda tener una incidencia directa en las
decisiones de gobierno, es necesario que se conozcan los mecanismos de participación
democrática como las consultas populares, iniciativas, audiencias públicas, y se cuente con
la observación de organismos internacionales que respalden la voz de la ciudadanía. En
sistemas políticos en los que la representación ciudadana es limitada –como en el caso
mexicano- es necesario crear vínculos o acceder a los espacios públicos, entre los que
también se cuentan los medios de comunicación, las empresas, universidades y
organizaciones civiles, a través de las cuales, los movimientos pueden ejercer presión,
buscar adeptos y persuadir a la opinión pública, y por ende, a los tomadores de decisiones.
Se pueden caracterizar varias estrategias o herramientas que utiliza un movimiento social
para lograr visibilizar su demanda y llegar a incidir en el proceso de toma de decisiones de
las élites gubernamentales. Estas dependen de la naturaleza del problema público, de los
58
recursos y herramientas con los que cuenta el movimiento, así como el grado de
accesibilidad del sistema político.
En el caso de nuestro objeto de estudio, la resistencia del MAPDER por detener la política
de proliferación hidroeléctrica en México, se pueden encontrar cuatro grandes grupos de
acciones y mecanismos -que pueden ser desde actividades para el fortalecimiento del
mismo movimiento, la búsqueda de alianzas con instancias internacionales, o
demostraciones públicas- para lograr este objetivo: 1) mecanismos de difusión,
comunicación y sensibilización, 2) recursos jurídico-institucionales, 3) acciones de
movilización social, así como 4) instrumentos para la protesta social.
Los postulados y conceptos que se revisaron muestran que los movimientos sociales se
organizan y estructuran con base en elementos y símbolos que les permiten crear cohesión e
identidad a partir de intereses afines que son reivindicados hacia un fin colectivo, en el caso
del MAPDER se trata de la oposición manifiesta hacia los proyectos de represamiento de
los ríos, la pérdida de sus tierras y el cambio en sus formas de vida, así como el respeto a
sus derechos básicos de consulta y autodeterminación.
Como veremos más adelante, el movimiento social nacional y los frentes locales de lucha
no buscan lograr una incidencia en la toma de decisiones para convertirse en actores
políticos o tener alguna posición de autoridad, sino que las acciones y esfuerzos que
emplean son dirigidos a detener los planes de expansión del parque de generación
hidroeléctrico que pretende la CFE, en su búsqueda de convertir los recursos naturales en
insumos para la utilidad económica.
A continuación se retoman estas teorías para caracterizar y analizar al MAPDER a partir de
su organización y estructura, el tejido de redes de cooperación, el intercambio de
información y estrategias, los foros y congresos para el fortalecimiento de la identidad
colectiva que enarbola la resistencia en contra de las represas en México.
59
2.2. El Movimiento Social en contra de las Represas: MAPDER
El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER
encuentra su principal antecedente respaldado por tres declaraciones a nivel internacional,
que emanan desde la sociedad civil en la década de los noventa: 1) el Programa de Acción
para la Protección de los Ríos y la Declaración del Manejo de Cuencas de San Francisco,
EUA en el año de 1988, 2) la Declaración sobre el Medio Ambiente desprendida de la
Cumbre por la Tierra en Río de Janeiro, Brasil de 1992, en la que se comienzan a
vislumbrar algunos principios y derechos básicos sobre las personas con relación a su
medio ambiente, y 3) la petición de una multitud de Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) para la revisión de los proyectos hidroeléctricos financiados por el BM, en la
Conferencia Internacional de Manibeli, India en 1994 (McCully, 2004).
En América Latina se encontró que el 14 de marzo de 1997, en Curitiba, Brasil, fue firmada
la Declaratoria Afirmando el Derecho a la Vida y a la Cultura de las Poblaciones Afectadas
por las Represas, que suscribieron ONG de una veintena de países, organizados en una serie
de redes regionales y una internacional, con cinco puntos rectores y la institución del Día
Mundial de Afectados por las Represas. De acuerdo con Gustavo Castro Soto´(2005), en
1999 se efectuó el Primer Encuentro Latinoamericano de Afectados por las Represas en la
ciudad de Sao Paulo, Brasil en el que se constituye la REDLAR, que agrupó a más de 250
miembros de organizaciones sociales, indígenas, ambientalistas, de derechos humanos, de
mujeres, redes, frentes y movimientos de 18 países de América Latina y que fue
consolidada en el Segundo Encuentro de la REDLAR en Posadas, Argentina en julio de
2002 (Castro Soto, 2005, y REDLAR, 2011).
Cuatro meses antes de ese Segundo Encuentro Latinoamericano, se celebra en Petén,
Guatemala, el Primer Encuentro de Mesoamericano contra las Represas, reuniendo a más
de 20 organizaciones de los ocho países que conforman el bloque mesoamericano, como un
espacio para el intercambio de experiencias y estrategias de lucha en contra de la
proliferación de proyectos hidroeléctricos y de los modelos de desarrollo en la región. En
este primer encuentro participaron comunidades afectadas del estado de Chiapas,
60
integrados bajo la denominación de Frente Chiapaneco –FCCRP-, conjuntando a
comunidades desplazadas por las represas de Malpaso, La Angostura y Chicoasén, así
como de los posibles proyectos reactivados por el PPP: Itzantún en el norte del estado y
Boca del Cerro sobre el río Usumacinta en la frontera con Guatemala.
Para el año 2003, se presenta el nacimiento del CECOP en contra del proyecto
hidroeléctrico La Parota, de acuerdo al testimonio de uno de los voceros del Consejo,
Rodolfo Chávez, quien nos mencionó: “fue la entrada directa de la CFE en el 2003 de enero
a julio, que fue cuando se conformó ya el movimiento, que tomó forma y que se llevó a
cabo el primer plantón, impidiendo ya el paso y exigiendo la salida de la maquinaria que
había metido la CFE y eso fue lo que motivó el primer acercamiento entre los comuneros,
[…] todo esto desembocó el 28 de julio precisamente en el 2003, en el cual ya como un
acuerdo con los ejidos [acordado en una asamblea en el mes de junio] no más de ciento
cincuenta compañeros detuvieron la maquinaria y detuvieron a los trabajadores […] y
pusieron el primer plantón, y ahí con machetes desde luego y ahí es cuando empezó la
primera confrontación” (Entrevista Rodolfo Chávez, 2012).
La conformación del MAPDER fue acordada como parte de los acuerdos y estrategias de la
delegación mexicana presente en el Segundo Encuentro Mesoamericano contra las
Represas, celebrada en Intibucá, Honduras de 2003; donde fue planificado el Primer
Encuentro Nacional de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos para septiembre
de 2004, tras la invitación de los frentes chiapaneco y guerrerense –FCCRP y CECOP- para
integrar a organizaciones y movimientos locales en defensa del agua, del medio ambiente y
del derecho de las comunidades, en un movimiento nacional (MAPDER, 2005).
El MAPDER se define como un movimiento “social autónomo, no partidista, horizontal,
que busca el consenso, el respeto, la solidaridad y la ayuda mutua, la vinculación entre los
grupos sociales y seres humanos, así como la búsqueda del fortalecimiento de las
comunidades como sujetos históricos de la permanencia social y ecológica”, y se estructura
en cinco comisiones: 1) de comunicación; 2) de derechos humanos; 3) de relaciones y
alianzas; 4) de impacto ambiental y; 5) de proyectos sociales y ecológicos sustentables.
61
Como principales objetivos el MAPDER se propone: a) defender nuestros ríos, agua, tierra
y pueblos a través de la denuncia y planes de acción para evitar la construcción de presas en
nuestro país; b) fortalecer un espacio de lucha, reflexión e intercambio de estrategias de las
diferentes organizaciones a nivel nacional e internacional; c) exigir al gobierno y a las
instituciones financieras internacionales la reparación de los daños causados por las presas
construidas, y; d) organizar para unir fuerzas y exigir a los gobiernos, el desmantelamiento
de las presas que representan peligro para nuestros pueblos (MAPDER, 2004).
El movimiento se divide en seis regiones a lo largo y ancho del país: las regiones norte,
noroeste, occidente, centro, sureste y suroeste, que son integrados por una Coordinación de
Enlaces o de Relaciones y Alianzas, la cual tiene como finalidad, estructurar a los
individuos, activistas, comunidades, frentes locales y frentes estatales, para mantener
comunicación, el intercambio de información y el desarrollo de estrategias. Las entidades
federativas donde se cuenta con representación del MAPDER son 26: Aguascalientes,
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Edo. México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
El MAPDER no cuenta con líderes, sino que se estructura a partir de los voceros locales o
regionales del país, teniendo como principales medios para la comunicación y
coordinación: el teléfono, las TIC mediante las páginas web y correos electrónicos, las
reuniones regionales y los encuentros nacionales. El MAPDER está integrado por 47
organizaciones de diversos cortes: ambientalistas, de derechos humanos, asociaciones
civiles, cooperativas, uniones de campesinos, fundaciones y algunos sindicatos, tres frentes
nacionales y tres internacionales, así como nueve grupos de afectados por represas.
Sucesivamente se han incorporado más organizaciones, frentes y comités de afectados al
movimiento como los desplazados o posibles afectados por los proyectos de El Zapotillo,
Arcediano, Picachos, El Naranjal, La Yesca y El Cajón, así como la incorporación del
COPUDEVER a partir del cuarto Encuentro de 2007. A continuación presentamos un
cuadro sinóptico que rescata los elementos principales de los seis Encuentros celebrados
por el MAPDER entre 2004 y 2010 en nuestro país:
62
Cuadro 2. Concentrado de los Encuentros Nacionales de Afectados por las Presas y en
Defensa de los Ríos
No. Fecha Lugar Organiza Asistentes Principales demandas y acuerdos
I
30 de septiembre al 3 de octubre de 2004
Cacahuatepec, Acapulco, Guerrero
CECOP-MAPDER
500 representantes de ejidos y comunidades y miembros de 100 ONG ambientales y de derechos humanos
1) Consolidación del MAPDER en resistencia permanente contra las presas; 2) La salida inmediata de la CFE de los territorios afectados, así como el respeto a las normas internacionales de derechos humanos; 3) Alto definitivo a la criminalización de la protesta social.
II 11 al 14 de marzo de 2005
Arcediano, Guadalajara, Jalisco
MAPDER y Comité Salvemos Temaca
350 delegados de 13 entidades y 5 países representando a 60 ONG
1) Suspensión de las políticas de privatización del agua y la energía, así como la renuncia de funcionarios de CONAGUA y CFE; 2) Que se constituyan los Consejos Ciudadanos de Cuenca; 3) Exoneración de 5 compañeros detenidos en la III Cumbre de Jefes de Estado en Guadalajara.
III 18 de marzo de 2006
Ciudad de México
MAPDER 385 delegados de 11 entidades y 6 países
1) Cancelación definitivas de las presas La Parota, el Zapotillo y la Yesca en Oaxaca, Jalisco y Nayarit; 2) Liberación del compañero del CECOP, Margarito Castillo Manrique; 3) Condenar el asesinato del compañero Tomas Cruz Zamora.
IV 17 de marzo de 2007
Jalapa del Marqués, Oaxaca
MAPDER 185 integrantes de comunidades y organizaciones
1) Denuncia a más de 40 años del desplazamiento de comunidades de Jalapa del Marqués; 2) Oposición al proyecto eoloeléctrico de La Venta II; 3) Conformación del Frente de los Pueblos del Istmo incluye COPUDEVER
V 19 al 21 de junio de 2008
Temacapulín, Cañadas de Obregón, Jalisco
MAPDER
307 representantes de 13 entidades y 62 ONG
1) Cancelación definitiva de La Parota-Guerrero y la salida de la CFE de las comunidades aledañas a Paso de la Reina-Oaxaca; 2) Cancelación de la presa de Arcediano-Jalisco; 3) Declaración de alerta ambiental sobre la cuenca del río Santiago en Jalisco.
VI 8 y 9 de agosto de 2009
Temacapulín, Cañadas de Obregón, Jalisco
MAPDER
250 integrantes del MAPDER e invitados internacionales
1) Cancelación definitiva de La Parota, Paso de la Reina, El Zapotillo, Arcediano y Las Cruces; 2) Indemnización a los desplazados por La Yesca y El Cajón, así como en Cerro de Oro; 3) Planes hídricos sustentables, participativos y definidos desde las comunidades.
VII 5 al 7 de febrero de 2010
Paso de la Reyna, Santiago Jamiltepec, Oaxaca
COPUDEVER
-MAPDER
Más de 300 representantes nacionales e internacionales
1) Rechazo al Proyecto Paso de la Reina; 2) Oposición a la política de privatización del agua y la energía, así como a las altas tarifas de electricidad; 3) Respeto a la autodeteminación de los pueblos indígenas y el cese a la persecución de activistas en la protesta social.
Fuente: MAPDER, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y Castro Soto, 2010.
63
En el Primer Encuentro Nacional de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, se
reúnen en la comunidad de Aguas Calientes, Acapulco, Guerrero en octubre de 2004, más
de 500 integrantes y representantes de 60 organizaciones sociales, ambientales y de
derechos humanos –nacionales e internacionales-, así como ejidatarios y comuneros en
oposición a la creciente construcción de represas en territorio mexicano, y se constituye de
manera formal el MAPDER.
El Segundo Encuentro del MAPDER se celebró del 11 al 14 de marzo de 2005, en la
comunidad de Arcediano, municipio de Guadalajara, Jalisco, con la participación de 60
organizaciones sociales, y en el cual se da continuidad a la cancelación del proyecto de La
Parota en Acapulco, Guerrero, el cual encabeza desde julio de 2003, el CECOP, contra las
disposiciones arbitrarias por parte de la CFE. Adicionalmente se incluye en la agenda del
Movimiento, la denuncia social contra la construcción y operación de la represa de
Arcediano, así como el mantenimiento de la resistencia a la construcción de la represa de
San Nicolás de las Flores, municipio de Jalostotitlán, en la región de Los Altos, en Jalisco,
ambos proyectos justificados para abastecer de agua al Bajío a cargo de la CONAGUA.
El Tercer Encuentro del Movimiento se presentó durante el IV Foro Mundial del Agua,
celebrado en la ciudad de México en marzo de 2006, en el que se demanda la cancelación
de las represas de La Parota, Arcediano, San Nicolás, El Zapotillo y La Yesca, así como la
suspensión en la construcción de la represa de El Cajón, en el estado de Nayarit. En el
marco de este Encuentro se presentó el caso de La Parota ante el Tribunal Latinoamericano
del Agua (TLA), mismo que dio su resolución a favor del CECOP, por lo que la
construcción de dicha represa hasta la fecha se encuentra suspendida.
Mientras que el Cuarto Encuentro del MAPDER se efectuó en marzo de 2007, en la
comunidad de Jalapa del Marqués, en la región del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en
solidaridad con esta comunidad desplazada hace cuatro décadas por la construcción de la
represa Benito Juárez, intervienen tanto el CECOP como el COPUDEVER.
64
Para el 9 de junio de 2007 se constituyó formalmente el COPUDEVER, integrado
directamente por comunidades potencialmente afectadas por el proyecto Paso de la Reina,
principalmente del Ejido Paso de la Reyna en Santiago Jamiltepec, los municipios de
Tataltepec de Valdés, Santiago Ixtayutla, Santa Cruz Zenzontepec y las comunidades de
San Antonio Río Verde y Santa Cruz Tihuixte, entre las principales de las más de 40
poblaciones que se verían desplazadas, en las que habitan aproximadamente de 17 a 25 mil
personas de Afromestizos e indígenas Chatinos y Mixtecos.
El Quinto y Sexto Encuentro del Movimiento se llevaron a cabo en la comunidad de
Temacapulín, en la región de Los Altos, en el estado de Jalisco en junio de 2008 y agosto
de 2009 respectivamente, en respuesta directa a la puesta en marcha de la represa de El
Zapotillo a cargo de CONAGUA, mismo que servirá para abastecer del vital líquido a las
ciudades de Guadalajara y León, en el Estado de Guanajuato. Las protestas son
encabezadas por los pobladores de Acasico, Palmarejo y el mismo Temacapulín, que verán
perder estos pueblos coloniales y sus tierras por la inundación del embalse de El Zapotillo.
Por último, el Séptimo Encuentro del MAPDER fue celebrado en la comunidad del Paso de
la Reyna, en el municipio costero de Jamiltepec, Oaxaca, los días 5, 6 y 7 de febrero de
2010, donde se pretende construir la represa del mismo nombre, bajo el nombre de
“Proyecto de Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina, Oaxaca”
prospectado por la CFE desde 1961 y retomado en 2006, aguas arriba del Parque Nacional
Lagunas de Chacahua, obra que deformará todo el entorno y vida silvestre protegida en la
zona lagunar, declarada Área Natural Protegida mediante decreto del Presidente Lázaro
Cárdenas del Río, el 9 de julio de 1937.
En los seis Encuentros que ha organizado el MAPDER, se pudieron constatar las posturas
de los integrantes del movimiento y los frentes locales, la coordinación de estrategias de sus
integrantes, la solidaridad e interacción que han fortalecido los objetivos de la resistencia
del movimiento, así como el establecimiento de redes y lazos de cooperación con ONG,
movimientos y asociaciones, así como algunas figuras del ámbito político y social.
65
Al exterior, el MAPDER cuenta con el apoyo y alianzas con organismos internacionales,
frentes y movimientos locales, regionales, nacionales e internacionales de afectados por
represas, así como redes y organizaciones de campesinos, indígenas de derechos humanos,
ambientalistas, estudiantiles y educativas, así como comunitarias, por el desarrollo
sustentable, y en la defensa de los derechos indígenas.
Las principales organizaciones internacionales con las que el movimiento nacional con las
mantiene vínculos son: Amnistía Internacional, Coalición Internacional por el Hábitat,
FIAN Internacional, la organización SERAPAZ, la Fundación Nueva Cultura del Agua de
España, el Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), International Rivers Network, Marea
Creciente, Amigos de la Tierra, Revuelta Verde, la Asociación Interamericana para la
Defensa del Ambiente, y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, entre muchas
otras.
Los frentes y movimientos con los que se relaciona el MAPDER a nivel latinoamericano
son: la Asamblea Binacional de Afectados por el Yacyretá de Argentina y Paraguay,
Asociación de la Ciénaga del Bajo Sinú, Cabildos Mayores Emberá Katíos del Alto Sinú y
CENSAT Agua Viva de Colombia, el Frente Petenero y Guatemalteco contra las Represas,
el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el Centro de Asistencia
Legal Popular de Panamá, la Federación Conservacionista de Costa Rica, la Fundación
Promotora de Cooperativas y el Movimiento Nacional Anti-represas de El Salvador, la
organización Patagonia sin Represas de Chile, la Red de Ecología Social y Amigos de la
Tierra de Uruguay, Taller Ecologista de Argentina y el Movimento dos Atingidos por
Barragens de Brasil, todos estos integrados en la REDLAR y el MMR.
Todas estas organizaciones, movimientos y frentes son integrantes de la REDLAR, de la
que también forman parte el MAPDER, el CECOP y el COPUDEVER, junto con alrededor
de 250 organizaciones y agrupaciones de 18 países latinoamericanos, en la que se
encuentran integrados alrededor de un millón de personas preocupadas por el agua, los
recursos naturales y el derecho de pueblos y comunidades:
Diagrama 1. Integrantes de la Red Latinoamericana, el Movimiento Mesoamericano y el
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, y su interacción
Fuente: Elaboración propia.
Con relación al establecimiento de alianzas en el sistema político mexicano, con excepción
de la simpatía que manifestó el entonces presidente municipal de Acapulco, Félix Salgado
Macedonio, así como las autoridades ejidales y
locales afectadas por el proyecto Paso de la Reina en Oaxaca, el MAPDER no ha podido
entretejer lazos o alianzas con las élites políticas en el país, sino por el contrario, su relación
con el gobierno ha sido en algun
federales –en los periodos de gobierno de Vicente Fox y Felipe Calderón
gobiernos estatales, por ende, los mecanismos y acciones que emplea el movimiento son
básicamente de movilización y protesta social, en un intento de visibilizar las demandas de
las comunidades y frentes de afectados.
Diagrama 1. Integrantes de la Red Latinoamericana, el Movimiento Mesoamericano y el
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, y su interacción
mantenida
Fuente: Elaboración propia.
Con relación al establecimiento de alianzas en el sistema político mexicano, con excepción
de la simpatía que manifestó el entonces presidente municipal de Acapulco, Félix Salgado
Macedonio, así como las autoridades ejidales y municipales de las seis demarcaciones
locales afectadas por el proyecto Paso de la Reina en Oaxaca, el MAPDER no ha podido
entretejer lazos o alianzas con las élites políticas en el país, sino por el contrario, su relación
con el gobierno ha sido en algunas veces de encono y protesta en contra de los gobiernos
en los periodos de gobierno de Vicente Fox y Felipe Calderón
gobiernos estatales, por ende, los mecanismos y acciones que emplea el movimiento son
ación y protesta social, en un intento de visibilizar las demandas de
las comunidades y frentes de afectados.
66
Diagrama 1. Integrantes de la Red Latinoamericana, el Movimiento Mesoamericano y el
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, y su interacción
Con relación al establecimiento de alianzas en el sistema político mexicano, con excepción
de la simpatía que manifestó el entonces presidente municipal de Acapulco, Félix Salgado
municipales de las seis demarcaciones
locales afectadas por el proyecto Paso de la Reina en Oaxaca, el MAPDER no ha podido
entretejer lazos o alianzas con las élites políticas en el país, sino por el contrario, su relación
as veces de encono y protesta en contra de los gobiernos
en los periodos de gobierno de Vicente Fox y Felipe Calderón-, así como con los
gobiernos estatales, por ende, los mecanismos y acciones que emplea el movimiento son
ación y protesta social, en un intento de visibilizar las demandas de
67
No obstante fue sobresaliente el apoyo condicionado del candidato presidencial, Andrés
Manuel López Obrador hacia la candidatura de Ángel Aguirre Rivero para la gubernatura
de Guerrero en 2010, en el que López Obrador hizo firmar a Aguirre una decena de
compromisos entre los que destacó el compromiso de promover la cancelación definitiva
del proyecto hidroeléctrico La Parota, afirmando en uno de los puntos: “otorgar a
productores del campo créditos a la palabra y respetar los derechos de los pueblos
indígenas. En particular, debe promoverse la cancelación definitiva del proyecto de la presa
La Parota, que en nada beneficia a la población y sólo constituye un negocio para
empresarios y políticos corruptos” (De la O, 2010).
La postura de los partidos políticos ha sido muy clara en los casos de ambos proyectos, ya
que el Partido Revolucionario Institucional –PRI- y el Partido Acción Nacional –PAN- han
estado a favor de la construcción de La Parota y Paso de la Reina entre otras represas en el
país, mientras que el Partido de la Revolución Democrática –PRD- a través de algunos
integrantes que han ocupado cargos públicos ha demostrado una tendencia
mayoritariamente a favor del movimiento, con la gran excepción de Zeferino Torreblanca
de este mismo partido, quien fuera gobernador del estado de Guerrero en el periodo 2005 a
2011, siempre manifestándose a favor del proyecto La Parota.
En cuanto al establecimiento de alianzas con algunos medios de comunicación, se
encuentran los periódicos La Jornada Guerrero, Diario El Faro de la Costa Chica y Diario
El Sur en Guerrero, el periódico Noticias de Oaxaca, la radiodifusora Aro FM de Juquila,
Oaxaca y a nivel nacional se contó con la cobertura del periódico La Jornada.
En palabras de Sidney Tarrow (1997) y Alberto Melucci (1999) encontramos que el
MAPDER cuenta con las cuatro características distintivas de cualquier movimiento social,
como lo son: a) el desafío colectivo; en este caso la misma construcción y operación de
represas, b) un objetivo en común; como lo es el detener a toda costa el represamiento de
los ríos y el despojo a las comunidades por los proyectos, c) la solidaridad; que se ve
manifiesta en las organizaciones que conforman al movimiento, ya que no todas son de
68
afectados directos, y d) la interacción mantenida; entre sus miembros, con el intercambio de
experiencias, estrategias y el manejo conjunto de la información.
Asimismo se pueden encontrar elementos tangibles de la existencia de redes sociales y
símbolos culturales compartidos por los integrantes del MAPDER para la homogenización
de las identidades individuales en los foros y encuentros, así como la descentralización y
flexibilización que implican las nuevas formas de cohesión a partir de la utilización de las
TIC, como postula Manuel Castells (2000).
Mediante las premisas de Manuel Jiménez Sánchez (2005) se identifica que el MAPDER es
un movimiento nacional que coordina los esfuerzos y protestas de los frentes locales,
fungiendo como un canal de difusión para el intercambio de recursos e información, y
reivindicando los elementos culturales y simbólicos que se conjuntan en una identidad
colectiva, que a su vez le imprime legitimidad social a la resistencia.
Como podemos observar, la perseverancia que ha mostrado el MAPDER contra la
construcción y operación de proyectos hidroeléctricos en nuestro país, es parte de un
movimiento a nivel regional como lo es el MMR y la REDLAR a nivel continental,
pronunciándose por la cancelación y suspensión de represas en territorio nacional que
pretenden llevar a cabo las diferentes instituciones gubernamentales involucradas en la
proyección y ejecución de dichos proyectos.
El movimiento y los frentes locales han defendido su territorio mediante la utilización de
tratados internacionales, leyes federales y estatales, así como el establecimiento
campamentos y plantones en los accesos a las zonas de construcción, para impedir que las
autoridades realicen estudios e ingresen maquinaria en el área de interés. Tanto la
experiencia del COPUDEVER como la de CECOP son pilares fundamentales y casos
representativos de las manifestaciones de rechazo contra los proyectos hidroeléctricos en
nuestro país.
69
2.3. Principales Herramientas y Mecanismos empleados por el MAPDER
Con el presente apartado es fundamental dar a conocer los principales mecanismos de
protesta y acciones como parte de las estrategias que han puesto en marcha los frentes
locales como lo son el CECOP y el COPUDEVER, y su integración en un movimiento
nacional de afectados por las presas, el MAPDER, que se erige como el principal opositor
de la política de expansión hidroeléctrica propuesta desde el lanzamiento del PPP en 2001
operada en nuestro país a través de la CFE. Para efectuar este recorrido se retoman los
postulados de Sidney Tarrow (1997) sobre las fases dentro del ciclo de la protesta social,
para establecer los momentos que han marcado alguna tendencia dentro de las acciones e
instrumentos empleados por ambos frentes locales. Asimismo fue necesario indagar en las
principales referencias hemerográficas de circulación local y nacional en ambos casos,
durante el periodo 2000-2010.
a) El ascenso en la protesta social del CECOP
A partir del año 2003 surge como respuesta la resistencia social hacia los planes de la CFE
de construir un proyecto hidroeléctrico a las afueras de la ciudad portuaria de Acapulco, de
nombre conocido como La Parota por el paraje donde sería erigida la casa de máquinas. El
28 y 29 de julio de 2003, campesinos de los bienes ejidales de Cacahuatepec bloquearon el
acceso al sitio de la construcción –en el paraje El Fraile-, se instaló un campamento-plantón
para impedir el paso de las máquinas y camionetas de la paraestatal que venían trabajando
desde enero, y retienen a tres trabajadores de la CFE en protesta por la desinformación de la
Comisión sobre el proyecto a construirse (Mondragón, 2003).
El 20 de septiembre, cinco de las ocho comunidades afectadas por el proyecto La Parota se
opusieron a su construcción, afirma Virginio Ávila Vázquez, asesor legal de los más de
7,000 afectados (Cervantes Gómez, 2003). El 28 de septiembre de ese año, se colocó un
segundo campamento-plantón, ahora en el paraje La Tolva, bloqueando el acceso a
vehículos oficiales. Para el 16 de octubre de 2003 se presenta la primera movilización y
70
protesta pública del CECOP, en el marco de la gran movilización de organizaciones
sociales de Guerrero. El 19 de diciembre el Consejo intentó la instalación de un plantón en
el Centro de Convenciones de Acapulco, siendo removidos y amenazados por policías
antimotines unas horas después (CECOP, 2006).
El 16 de julio de 2004 fueron dictadas seis órdenes de aprehensión en contra de integrantes
del CECOP, que derivaron en las detenciones en ese mismo mes de Marco Antonio
Suástegui detenido con violencia el día 27, y al día siguiente Francisco Hernández
Valeriano. El 25 de julio de 2004, se realizó la primera asamblea ejidal para obtener el
permiso de los comuneros de los bienes ejidales de Cacahuatepec para la construcción de
La Parota. La asamblea fue efectuada con la falsificación de 600 firmas, y el impedimento
de la asistencia de los ejidatarios y comuneros en oposición mediante un centenar de
policías (CECOP, 2011).
Durante el “Primer Encuentro Nacional de Afectados por las Presas y en Defensa de los
Ríos” en octubre de 2004 en Cacahuatepec, Guerrero, se gestó el nacimiento del MAPDER
en el que se expusieron las experiencias en los desalojos de las presas Miguel Alemán y
Benito Juárez en Oaxaca, la resistencia contra el proyecto Itzantún en el norte de Chiapas y
la denuncia del FCCRP de la serie de represas que la CFE pretende construir en el estado
fronterizo. Asimismo se denunciaron las aprehensiones de Marco Suástegui y Francisco
Hernández del CECOP en las que pasaron diez días detenidos, siendo golpeados y acusados
de secuestro de un ingeniero de la CFE (Rojas, 2004).
El 9 de junio de 2005, el CECOP interpuso una denuncia contra la CFE por el cambio de
uso de suelo de forma ilegal y por delitos ambientales en la Procuraduría General de la
República (Chávez Galindo, 2009). El día 14 de agosto de 2005, se efectuó la segunda
asamblea en la población más alejada de los bienes comunales, en la comunidad de
Campanario, convocada por la CFE y respaldada tanto por la Confederación Nacional
Campesina –CNC- como por miembros estatales del Partido Revolucionario Institucional –
PRI- con la finalidad de obtener el permiso de expropiación del núcleo agrario, pero tan
sólo se presentaron 200 comuneros a favor del proyecto de un quórum necesario de
71
aproximadamente 3 mil personas. Durante 20 minutos se dio un enfrentamiento entre
policía ministerial y municipal con opositores al proyecto, dejando un saldo de diez
comuneros lesionados (Ocampo Arista, 2005).
En ese mismo mes de 2005, el día 22, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de
Guerrero se pronunció a favor de que el proyecto La Parota se realice en el marco de la Ley
y con el respeto hacia las comunidades afectadas. Laura Salas del Centro de Derechos
Humanos “Tlachinollan” señaló: “es preocupante el lenguaje confrontativo y la utilización
de la fuerza pública, que sólo exacerba los ánimos e incrementa represión y la violencia”
(Cervantes Gómez, 2005).
Para finales de 2005 se presentaron varios hechos lamentables con relación al caso del
proyecto La Parota en el estado de Guerrero, como resultado de la realización de asambleas
ejidales falsas por parte de la CFE, en los que se dieron algunos enfrentamientos entre la
fuerza pública estatal y los comuneros de los bienes ejidales de Cacahuatepec, que derivó
en el asesinato de un integrante del CECOP. Tomás Cruz fue baleado en la comunidad de
Huamuchitos, Guerrero el 19 de septiembre (Reyes Maciel, 2005a).
El primero de octubre de ese mismo año, estudiantes y maestros de varias normales rurales
de la entidad, entre ellas Ayotzinapa apoyados por integrantes del CECOP, cerraron la
carretera México-Acapulco por un lapso de seis horas para demandar la entrega de plazas
pendientes para los maestros y la cancelación del proyecto La Parota (El Universal, 2005).
Nuevamente, el 27 de noviembre de 2005 se presenta un enfrentamiento entre policías y
ejidatarios en la comunidad de Dos Arroyos debido a la realización de una asamblea para
obtener el permiso ejidal, que dejó como saldo a más de 20 comuneros lesionados,
levantando cargos contra la Policía Estatal Preventiva (Reyes Maciel, 2005b).
Derivado de la asamblea ejidal en Cacahuatepec celebrada el 23 de agosto de 2005, se
interpuso ante el Tribunal Unitario Agrario de Guerrero y el TLA un recurso de petición de
nulidad para el PH La Parota, siendo declarado a favor de los ejidatarios el 20 de enero de
2006 por resolución del Tribunal local, y analizado en el marco del Foro Mundial del Agua
72
por el Tribunal continental en marzo de 2006, también declarado a favor de los comuneros
(Cervantes Gómez, 2006a y Guillén, 2006).
b) La intensificación de la protesta del CECOP y el ascenso del COPUDEVER
A inicios de 2006, se vuelve a presentar la muerte de otro integrante opositor a La Parota, el
29 de enero, fue asesinado a piedras y garrotazos Eduardo Maya Manrique en la comunidad
de Dos Arroyos –población a favor del proyecto- (El Universal, 2006 y CECOP, 2011).
Meses después, en el marco del día internacional contra las represas y como respuesta al
“IV Foro Mundial del Agua” celebrado en la ciudad de México, del 16 al 22 de marzo, el
MAPDER llevó a cabo la Caravana denominada “Aguas en Movimiento”, comenzando el
recorrido desde el lugar del proyecto La Parota en Guerrero, trasladándose a los posibles
lugares de construcción de las presas de almacenamiento en Jalisco, Arcediano, El
Zapotillo y San Nicolás, continuando por el estado de Nayarit en el que se visitaron los
proyectos de Aguamilpa, El Cajón y La Yesca, finalizando con su regreso a Cacahuatepec.
Derivado de esta Caravana se instalaron campamentos-plantones en La Parota y El Cajón
(Norandi, 2006). Días después, el 22 de marzo comuneros del CECOP irrumpieron en un
evento oficial del entonces gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, forzando su
huida del mitin público (Reyes Maciel, 2006a).
El 5 de abril de 2006, integrantes del CECOP tomaron el Sistema de Bombeo Papagayo II y
cortaron el suministro de agua para 700,000 habitantes de la ciudad de Acapulco, se
liberaron las instalaciones un día después tras las gestiones del Alcalde de la ciudad, Félix
Salgado Macedonio (Reyes Maciel, 2006b). El 16 de abril el CECOP recibió la visita del
Subcomandante Insurgente Marcos del EZLN, quien manifestó un total respaldo al
movimiento dejando claro que: “la presa sólo podrá hacerse con una guerra en el sureste
mexicano […] los más dignos somos los más pobres, la mayoría de los mexicanos. Así
como ustedes, mujeres y hombres de estas tierras que estamos dispuestos a dar la vida”
(Bellinghausen, 2006). Para el 15 de mayo de ese año, integrantes del CECOP bloquearon
la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional durante 10 minutos como parte de una
73
manifestación en contra de la CFE, el gobierno de Guerrero y el gobierno federal (Reyes
Maciel, 2006c).
El 22 de octubre de 2006, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41 con sede en
Acapulco, Guerrero notificó a los integrantes del CECOP la resolución de prohibir la
entrada a la CFE y a las autoridades agrarias, a los bienes ejidales de Cacahuatepec, por lo
que fue impedida la celebración de cualquier proceso de expropiación de las tierras en el
ejido (Cervantes Gómez, 2006b). A finales de 2006 y principios de 2007, el mismo
Tribunal Agrario declaró nulas las tres asambleas realizadas en el año 2005, tras haberse
hallado la manipulación de la Ley Agraria por parte de los comisariados ejidales bajo el
auspicio de la CFE (CECOP, 2011).
Otro suceso lamentable fue perpetrado el 6 de enero de 2007, en la madrugada fue
asesinado otro integrante del CECOP, Benito Cruz Jacinto, quien enfrentó días atrás a un
grupo de campesinos a favor de La Parota nuevamente en la comunidad de Huamuchitos,
Guerrero. Por otra parte, un mes después, el 11 de febrero de 2007 se celebró el “Tercer
Foro por la Defensa del Agua, el Territorio y los Pueblos Indígenas” en la comunidad de
Santiago Jamiltepec, Oaxaca, donde se pronunciaron las comunidades afectadas por el
proyecto Paso de la Reina que a la postre conformarán el Consejo (COPUDEVER, 2012).
Durante la celebración del “Cuarto Encuentro Nacional de Afectados por las Presas y en
Defensa de los Ríos”, en Jalapa del Marqués, Oaxaca, se contó con la presencia de varios
frentes locales de lucha del MAPDER, entre ellos el CECOP, así como algunos
representantes de las comunidades amenazadas por el proyecto Paso de la Reina, en
Oaxaca. En abril de 2007 fue detenido Rodolfo Chávez Galindo, vocero y asesor legal del
CECOP tras las órdenes de aprehensión que se emitieron en 2004, sin embargo gracias a un
amparo fue liberado tres horas después (CECOP, 2011).
El 9 de junio de 2007 se constituye el COPUDEVER en la comunidad de San José del
Progreso, Oaxaca, con pobladores de los seis municipios amenazados por el proyecto Paso
de la Reina, en la que se emitió una declaratoria en la que se solicita al gobierno federal y
estatal la realización de una audiencia con las comunidades que hasta la fecha no ha sido
74
atendida, así como la presentación de un folleto informativo para la concientización de los
vecinos de los municipios que serán afectados por el proyecto (COPUDEVER, 2012).
El 1 de septiembre de 2007 en la revista Proceso fue publicado un artículo sobre la
denuncia de varias ONG internacionales para la cancelación definitiva del proyecto de La
Parota en Guerrero, México, con el respaldo de más de 230 organizaciones de la sociedad
civil, entre las más importantes se encuentran Amnistía Internacional, International Rivers
Network de los EUA, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental –CEMDA-, la Comisión
de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero –CODDEHUM-, y la REDLAR que agrupa
a más de doscientas organizaciones latinoamericanas y europeas que encabezan la lucha
anti represas (Revista Proceso, 2007).
El 10 de septiembre de 2007 integrantes del CECOP y COPUDEVER participaron en el
“Foro en Defensa de la Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales de los Pueblos
Indígenas” organizado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos en México, donde fueron expuestas las problemáticas y experiencias en contra de
los proyectos La Parota y Paso de la Reina, así como la reiteración del Alto Comisionado
por la cancelación de las hidroeléctricas y el exhorto por el respeto al Convenio No. 169 de
la Organización Internacional del Trabajo (Castro, 2007). Tres días después, el 13 de
septiembre de ese mismo año, una juez federal concede un amparo definitivo a los
pobladores de los bienes comunales de Cacahuatepec, Guerrero para la suspensión del
proyecto La Parota. No obstante, la CFE sigue considerando dentro de su cartera de
proyectos de generación hidroeléctrica al proyecto guerrerense al cual pretende destinarles
590 millones de pesos -47.2 millones de dólares- en su presupuesto para 2008, al monto
total de más de 13 mil millones de pesos -1,072 millones de dólares- que costaría el
proyecto (Cruz Serrano, 2007).
El 28 de noviembre de 2007 fue publicada una nota donde la CFE busca diálogos y
acuerdos con los ejidatarios del CECOP quienes promovieron un amparo contra el fallo del
juez octavo de Distrito para la construcción de la represa que afectaría según el Consejo, a
75
más de 25 mil habitantes de 19 núcleos agrarios, siendo que la paraestatal sólo considera el
desplazamiento de 8,000 personas (Aguilar y Reyes, 2007).
El 18 de mayo de 2008, en la comunidad de San Pedro Tututepec, Oaxaca se realizó el
“Cuarto Foro por la Defensa del Agua, el Territorio y Pueblos Indígenas” por invitación del
COPUDEVER, en el que se convocó a los movimientos nacionales, internacionales y
organizaciones de Oaxaca a sumarse al proyecto de resistencia en contra del proyecto Paso
de la Reina, afirmando que: “la tierra es nuestra madre, no tiene precio y no la negociamos”
(ERA, 2008).
Durante el “Quinto Encuentro Nacional de Afectados por las Presas y en Defensa de los
Ríos” del MAPDER, realizado en Temacapulín, Jalisco del 19 al 21 de junio de 2008, se
confirmó que las acciones y la postura del movimiento estarán encaminadas a consumar la
cancelación de La Parota y El Zapotillo, así como lograr la salida de la CFE de los
municipios amenazados por el proyecto Paso de la Reina (MAPDER, 2008).
Del 30 de junio al 6 de julio de 2008, ejidatarios y comuneros integrantes del CECOP se
trasladaron a la ciudad de Zaragoza, España, para participar en un foro internacional
organizado por la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases de España
–COAGRET-, paralelo a la celebración de la “Expo-Zaragoza 2008”, donde expusieron su
experiencia en contra de La Parota, junto con representantes de Argentina y Paraguay,
China, India, Guatemala, Perú y Mozambique (Giles Hernández, 2008).
El 24 de agosto de 2008, se reunieron integrantes del COPUDEVER con el CECOP, en el
ejido Dos Arroyos, Guerrero, para establecer una alianza y unidad entre ambos frentes
locales en contra de la CFE y los proyectos hidroeléctricos de La Parota y Paso de la Reina,
y manifestaron “la exigencia de frenar la manipulación de información y el
condicionamiento de programas y obras públicas a cambio de la autorización de las presas,
[ya que] sólo generan muerte y destrucción de la naturaleza” (Habana, 2008).
76
El 1 de octubre de 2008, en la “XXII Reunión Plenaria del Congreso Nacional Indígena”
celebrada en Cuicatlán, Oaxaca, integrantes del COPUDEVER se pronunciaron en contra
de la destrucción de 2 mil 300 hectáreas en seis municipios de la costa de Oaxaca, por la
construcción del proyecto Paso de la Reina de la CFE, en detrimento del patrimonio de
comunidades Mixtecas, Chatinas y Afromestizas (CCIR, 2008). Ambos frentes locales, el
CECOP y el COPUDEVER participaron conjuntamente el 8 de noviembre de 2008
nuevamente en Cacahuatepec, donde se emitió la Declaración de Guerrero, derivado del
“Encuentro Popular: Agua, energía y Alternativas Energéticas” en el que participaron
representantes populares de más de 10 estados de la República para reiterar la oposición a
los proyectos hidroeléctricos La Parota y Paso de la Reina, y la represa El Zapotillo
(CIEPAC, 2008).
El 23 de noviembre de 2008, en la comunidad Paso de la Reyna del municipio de
Jamiltepec, Oaxaca, se efectuó la Primera Asamblea Regional con participantes de los seis
municipios afectados por el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, en la que se
manifestaron en contra de la represa argumentando que las poblaciones serían reubicadas,
perdiendo su cultura y los procesos comunitarios en los que se desarrollan estas
comunidades (Vélez Ascencio, 2009b).
En Guerrero, el 7 de diciembre de 2008, integrantes del CECOP y la Coordinadora Estatal
de Trabajadores de la Educación de Guerrero –CETEG- constituyen un Frente de Defensa
de Lucha contra el Sistema en el estado, solicitando la anulación de la Alianza por la
Calidad de la Educación, la cancelación de La Parota, la liberación de presos políticos, así
como la solución a la desaparición y asesinato de personas en la entidad (Pacheco Palacios,
2008). Asimismo, el 11 de diciembre de 2008, el director de la ONG La Ventana de
Oaxaca, Inti Escalona declaró con respecto al caso del proyecto Paso de la Reina, al
denunciar las mentiras y discrecionalidad con la que se maneja la información del proyecto,
ya que según Escalona, la CFE invertiría unos 600 millones de dólares para el desarrollo de
la obra, con lo que afectaría zonas de cultivo y poblaciones en siete municipios de la Sierra
Sur y Costa de la entidad, perjudicando la biodiversidad de la región (Vélez Ascencio,
2008).
77
c) La intensificación de las acciones del COPUDEVER y el descenso-reorganización
de la protesta social del CECOP
Nuevamente el caso de Paso de la Reina originó el debate en la opinión pública, ya que el
día 26 de enero de 2009, miembros del COPUDEVER se reunieron con miembros de la
Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca –APPO- para integrar el Frente de Organizaciones
Democráticas y de Izquierda, con la finalidad de reforzar su lucha en contra de la
cancelación del proyecto Paso de la Reina (El Porvenir, 2009). A principios de febrero de
2009, el día 3, un numeroso contingente de sacerdotes, religiosas y agentes pastorales
encabezados por el obispo de Huatulco, Eduardo Carmona, manifestaron su oposición a la
construcción de la hidroeléctrica Paso de la Reina, así como el apoyo público al
COPUDEVER, declarando que: “a la luz de una lectura teológica de la historia, como los
dueños legítimos de estas tierras, tienen derecho a la tierra, el agua y el bosque para que sus
hijos e hijas crezcan sanos y con corazón alegre” (Vélez Ascencio, 2009a).
El 28 de febrero, el COPUDEVER, con apoyo de las ONG La Ventana y EDUCA, así
como el CECOP, organizó en la comunidad de Tataltepec de Valdés, el “Quinto Foro por la
Defensa del Agua, el Territorio y los Pueblos Indígenas”, en el que reafirmaron su negativa
hacia el proyecto Paso de la Reina y se solidarizaron con los afectados por El Zapotillo,
Benito Juárez y La Parota, así como con los movimientos originados por las altas tarifas del
cobro de energía eléctrica en los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz
(Comité por los Derechos Humanos en América Latina, 2009). Asimismo el 22 de marzo
de ese año, indígenas Chatinos, Mixtecos y Afromestizos de la región baja de la cuenca del
río Verde, adscritos al COPUDEVER se manifestaron en contra del proyecto
hidroeléctrico, acordando bloquear el paso de las brigadas de la CFE los cuales realizan
desde 2007 estudios de factibilidad en la zona (López, 2009).
El 25 de marzo de 2009, integrantes del COPUDEVER enviaron una carta-petición al
presidente de México, Felipe Calderón, con la intención de ser escuchados en su lucha por
la cancelación del proyecto Paso de la Reina de la CFE, en la que responsabilizaron al
proyecto del rompimiento del tejido social entre las comunidades de la costa oaxaqueña.
78
Asimismo se envió copia de la petición a la ONU para solicitar su intervención y asesoría
sobre la violación a los derechos humanos e indígenas por la realización de la hidroeléctrica
(Hernández, 2009).
En el marco de la Jornada Nacional de Movilización contra los megaproyectos y por tarifas
justas al servicio de energía eléctrica, el CECOP, el COPUDEVER y otras 20
organizaciones a nivel nacional, lideradas por el MAPDER, nuevamente envían una carta al
presidente Calderón, demandando la cancelación de represas en el país como La Parota,
Paso de la Reina, El Zapotillo y Arcediano, el cobro de tarifas justas por el servicio de
electricidad y la denuncia de persecución en contra de los movimientos de resistencia
contra la CFE. En esta jornada se tomaron instalaciones de la paraestatal en Oaxaca y
Veracruz, aunado a las multitudinarias movilizaciones en las entidades de Chiapas,
Campeche, San Luis Potosí, Oaxaca, Guerrero y el Distrito Federal (CIEPAC, 2009).
Desde el 11 de julio de 2009, integrantes del COPUDEVER instalaron un campamento para
bloquear el acceso a personal de la CFE, ratificando la revocación del permiso concedido
por pobladores de la zona en conflicto a la paraestatal para realizar los estudios que
anteceden a la construcción del proyecto. Lo anterior se presenta durante una conferencia
de prensa ofrecida por el Consejo, sobre la negativa de las comunidades hacia las
intenciones de la CFE de concretar Paso de la Reina (Vélez Ascencio, 2009b). El 14 de
octubre de 2009, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
en México denunció la estigmatización y persecución de defensores y activistas,
identificando dentro de los más vulnerables “los migrantes y las mujeres, pero también las
comunidades que se ubican en las periferias de los megaproyectos de desarrollo como La
Parota en Guerrero, Paso de la Reina en Oaxaca y la represa El Zapotillo en Jalisco”
(Martínez, 2009).
El 14 de noviembre de 2009, el COPUDEVER participó en el “Segundo Foro Tejiendo la
Resistencia” en la comunidad de San Juan Jaltepec, Oaxaca, donde denunciaron la
intención de construcción del proyecto Paso de la Reina, aunado a las experiencias en
contra de concesiones mineras, los proyectos eólicos de las transnacionales en el Istmo de
79
Tehuantepec y la explotación en zonas indígenas con la anuencia del gobierno del estado de
Oaxaca (Valdivieso, 2009).
El 18 de noviembre de ese mismo año, el obispo de Huatulco Eduardo Carmona, celebró
una misa de apoyo a integrantes del COPUDEVER, acompañado de una veintena de
sacerdotes y más de mil personas que integran la Diócesis de la costa oaxaqueña. En la
misa, el padre Carmona enfatizó las afectaciones que sufrirían las comunidades ribereñas y
el medio ambiente por el proyecto Paso de la Reina. Un día después un helicóptero del
gobierno del estado de Oaxaca sobrevoló durante varias horas la zona del proyecto, por lo
que las comunidades denunciaron actos de intimidación por parte del Estado (La Ventana,
2009). Diez días después, el 28 de noviembre de 2009 en la comunidad de San Antonio Río
Verde se celebró el Festival “En Defensa del Río Verde” convocado y organizado por el
COPUDEVER, La Ventana, EDUCA y el Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandii,
con una duración de 12 horas, en el que se congregaron danzantes, poetas, grupos
musicales, complementado con talleres de literatura, pintura, teatro social y reciclaje
(Quezada, 2009).
Para el 2 de diciembre de 2009, el COPUDEVER recibió la visita del Frente de Pueblos de
San Salvador Atenco, participando en un Encuentro celebrado en San Juan Copala,
suscitando una agresión de grupos paramilitares a los asistentes de la reunión, que resultó
en la muerte de un niño indígena Triqui (Davies, 2009). Con el entorno de violencia
circundando el estado de Oaxaca, el 4 de diciembre de 2009, maestros y educadores de la
sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se solidarizaron con el
COPUDEVER, bloqueando la carretera estatal Jamiltepec-Pinotepa Nacional con la
instalación de un retén (Olivera, 2009). Una semana después, el 9 de diciembre de ese año,
32 comunidades Mixtecas se unieron a la lucha que encabeza el COPUDEVER en contra
del proyecto Paso de la Reina, al encontrarse amenazados y en grave peligro por su
construcción, dijo en entrevista Rolando González Espinosa, Coordinador del Centro de
Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandii (El Tiempo en Línea, 2009).
80
Del 5 al 7 de febrero de 2010, el COPUDEVER organizó el “Séptimo Encuentro Nacional
de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos” del MAPDER en la comunidad Paso
de la Reyna, donde se compartieron experiencias de presas realizadas como La Yesca y El
Cajón en Nayarit, y se exigió la cancelación de las represas El Zapotillo, Arcediano, La
Parota, Itzantún, Boca del Cerro y Paso de la Reina. Asimismo se exhortó a asistir al
“Tercer Encuentro Mundial contra las Represas”, a celebrarse en la comunidad de
Temacapulín, Jalisco en octubre de 2010 (Castro Soto, 2010). El 15 de marzo se presentó
en la ciudad de Oaxaca, el video-documental “Aguas Abajo” que muestra la lucha del
COPUDEVER, así como las posibles afectaciones al medio ambiente que podría sufrir la
región por la construcción del proyecto Paso de la Reina. El documental fue posible gracias
a la colaboración de las ONG que han apoyado a las comunidades amenazadas; La
Ventana, Ñu’u Ji Kandii y EDUCA Oaxaca (COPUDEVER, 2010).
El 13 de marzo de 2010 en el Deportivo Villa Coapa de la ciudad de México, se celebró el
“Festival de las Resistencias” para apoyar a nueve ONG del país, entre las que destacó el
CECOP, con la participación de bandas de rock nacional de gran convocatoria: como La
Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, Los de Abajo, Panteón Rococó, el Gran
Silencio y los colombianos Aterciopelados, junto con otras nueve bandas, las cuales
amenizaron y recaudaron fondos por más de 12 horas (Olivares Alonso, 2010). En junio de
ese año en Oaxaca, el COPUDEVER ofreció una conferencia de prensa en la que reiteraron
su oposición a la construcción del proyecto Paso de la Reina de la CFE, señalando la poca
fiabilidad en la información y en los posibles acuerdos con la paraestatal (Hernández,
2010).
El 13 de abril de 2010 en la ciudad de México, se montó la exposición fotográfica “Aguas,
ríos y pueblos” donde se exhibieron 325 fotografías de 34 casos, 11 de ellos mexicanos,
sobre “las luchas surgidas en el mundo por la defensa de ríos y contra grandes obras
hidráulicas que amenazan a pueblos enteros” (Robles, 2010). En la exposición se
incluyeron los casos del CECOP y COPUDEVER, en su lucha en contra de los proyectos
hidroeléctricos La Parota en Guerrero y Paso de la Reina en Oaxaca.
81
Asimismo, el 28 de abril de 2010 en el estado de Guerrero, la CFE intenta realizar
nuevamente una asamblea ejidal para la aprobación del proyecto La Parota -repitiendo los
procesos ilegales del año 2005- en la que participaron comuneros suplantados por taxistas
de Acapulco, impidiendo el paso a los comuneros integrantes del CECOP con varios
centenares de policías quienes portaban armas de alto poder. La asamblea se impugnó el 12
de mayo ante el Tribunal Agrario del Distrito 41, dictando medidas cautelares y
declarándose nula el 19 de abril de 2011 (Meza Carranza, 2011).
El 19 de julio, integrantes del CECOP se manifestaron en apoyo al Sindicato Mexicano de
Electricistas -SME- realizando una huelga de hambre simbólica en solidaridad con el grupo
sindical por haber perdido su Contrato Colectivo de Trabajo (Cervantes, 2010). Asimismo
para el 2 de agosto de 2010 en Cacahuatepec, Guerrero, el CECOP celebró un mitin y acto
religioso para conmemorar su séptimo aniversario, en el que se solidarizaron con las
comunidades amenazadas por proyectos de la CFE en Chiapas (Habana y Henríquez,
2010).
El 28 de agosto de 2010, integrantes del COPUDEVER y unos 4 mil maestros de la
Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon en la ciudad
de Pinotepa Nacional para demandar la cancelación del proyecto Paso de la Reina, y exigir
el esclarecimiento por el atentado contra tres maestros ocurrido el 28 de agosto de 2009,
donde perdiera la vida Artemio Camacho y dos de sus compañeros resultaron gravemente
heridos al ser baleados en la comunidad de San Pedro Jicayán (Hernández Bautista, 2010).
Para el 12 de noviembre, unos 400 comuneros y ejidatarios del CECOP se manifestaron a
las afueras de las oficinas de la CFE en Acapulco, Guerrero solicitando la cancelación de
La Parota, de acuerdo con la resolución del Tribunal Agrario, ya que el proyecto sigue
considerado por la paraestatal en la cartera de proyectos 2011 (Habana, 2010). El 6 de
diciembre de 2010, Andrés Manuel López Obrador como líder político de los partidos de
izquierda, ofreció su respaldo a la candidatura por la gubernatura de Guerrero a Ángel
Aguirre Rivero con la condición de promover la cancelación definitiva del proyecto
hidroeléctrico La Parota (De la O y Ocampo Arista, 2010).
82
En sesión ordinaria de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del estado de
Guerrero, el día 21 de diciembre de 2010, fue aprobado por unanimidad de votos, la
iniciativa de Acuerdo Parlamentario presentada por integrantes de la Comisión de Gobierno
sobre la creación de la “Comisión Especial para la Investigación y Seguimiento de la
Problemática Asociada al Proyecto Hidroeléctrico La Parota”. La Comisión fue integrada
por: a) Florentino Cruz Ramírez como presidente, b) como secretario, Marco Antonio
Leyva Mena, y c) como vocales: Jesús Evodio Velázquez, Antonio Galarza Zavaleta,
Victoriano Wences Real, Marco Antonio Cabada Arias, Luis Edgardo Palacios Díaz y José
Natividad Calixto Díaz. La finalidad de integrar esta Comisión fue la creación de un
interlocutor para el diálogo y la concertación para la solución de la problemática asociada a
la construcción del proyecto. En palabras de la promovente, la diputada Florentina Rosario
Morales, en este proyecto “no se ha dado la información respectiva por parte de las
autoridades sobre la construcción, además de los actos de represión que han dejado
asesinados, desaparecidos, encarcelados y delitos de lesa humanidad, en donde se han
violado los derechos humanos de los comuneros indígenas, así como la autonomía de los
núcleos ejidales” (Giles Hernández, 2010 y Gaceta Parlamentaria, 2011).
Con estas acciones y mecanismos empleados desde los frentes locales del MAPDER, se
pueden observar las fases dentro del ciclo de la protesta social, sobretodo en el caso del
CECOP en el cual se muestra la fase del surgimiento en 2003, seguido por la
intensificación de su lucha entre los años 2005 y 2007 con la agudización de los hechos de
violencia, los vínculos con ONG internacionales, así como la utilización de medios de
defensa de sus territorios y derechos por la vía jurídica, para posteriormente experimentar
un descenso o reorganización de la protesta social a partir del año 2009. En el caso del
COPUDEVER se observa parcialmente este ciclo de la protesta, estableciendo su aparición
en el año 2007, para continuar con la fase de ascenso a partir del año 2009 en el que se
intensifican sus acciones a partir de las alianzas con ONG locales e internacionales y el uso
de formas tradicionales de protesta como las marchas, mítines y manifestaciones. En ambos
casos se observa que la lucha de los movimientos sociales se adecúa a las condiciones con
las que se enfrentan.
83
Capítulo 3. Análisis de la incidencia del MAPDER en la política hidroeléctrica
mexicana
En el presente capítulo, es nuestro interés conocer el grado de influencia o incidencia que
ha tenido el MAPDER sobre los planes de proliferación de proyectos hidroeléctricos, a
partir del análisis de la resistencia contra los proyectos La Parota en Guerrero y Paso de la
Reina en Oaxaca, en particular a través de las herramientas y acciones que han llevado a
cabo tanto el CECOP como el COPUDEVER respectivamente.
En un primer apartado se describen las principales características del PM –antes PPP- y su
vertiente energética, el SIEPAC, como parte de un gran corredor transversal de
infraestructura eléctrica para el funcionamiento estratégico de la región como generador de
insumos básicos –agua, energía y recursos naturales- para la industria de los EUA. Bajo
este contexto geopolítico se han planificado construir varios centenares de proyectos
hidroeléctricos en los ocho países de la región mesoamericana, entre ellos los prospectados
por la CFE como son La Parota desde 2002 y Paso de la Reina a partir de 2005.
En seguida, mediante un análisis organizacional simple caracterizaremos al operador de la
política hidroeléctrica en nuestro país y su rol protagónico como el principal promotor de
proyectos hidroeléctricos en México desde el lanzamiento del PPP, como lo es la CFE.
Asimismo, abordaremos los casos específicos a nivel local de resistencia organizada contra
los dos proyectos hidroeléctricos de la CFE -La Parota en Guerrero y Paso de la Reina en
Oaxaca-, revisando las afectaciones sociales en ambos proyectos y su consecuente
resistencia social contra su construcción.
Finalmente se realizará una clasificación de las acciones de lucha y resistencia del CECOP
y COPUDEVER –y su organización conjunta a través del MAPDER-, así como la
ponderación del nivel de repercusión en contra de los planes de construcción y operación de
los proyectos hidroeléctricos en México.
84
3.1. El Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica (PM) y el Sistema de
Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC)
En este apartado revisaremos el principal acuerdo de integración comercial creado para
atender el rezago, el subdesarrollo y la pobreza que presenta la región mesoamericana,
teniendo como principales promotores e interesados a los OFI, las grandes corporaciones
transnacionales y al gobierno mexicano, aprovechando las experiencias que ha dejado la
inserción de este último en el TLCAN, y bajo el cual se han planificado más de
cuatrocientos proyectos hidroeléctricos a desarrollarse en los países centroamericanos y en
México. El 15 de junio de 2001, a petición de Vicente Fox, se realizó la “Cumbre
Extraordinaria del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla” en la capital
salvadoreña, de la que resultó el acuerdo y firma de la Declaración Conjunta para
implementar un mecanismo de cooperación comercial entre México y las siete naciones
centroamericanas –Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y
Panamá-: el Plan Puebla-Panamá, PPP. Este mecanismo de integración parte de ocho
iniciativas o estrategias a nivel regional, como muestra César Ordónez (2006):
1) Desarrollo sustentable, que incluye el Corredor Biológico Mesoamericano;
2) Reducción de la pobreza y desarrollo humano;
3) Prevención y mitigación de desastres;
4) Promoción del turismo;
5) Facilitar el intercambio comercial;
6) Integración vial;
7) Interconexión eléctrica, incluyendo un gasoducto entre México, Guatemala y El
Salvador; y;
8) Interconexión de servicios de telecomunicaciones (Ordónez, 2006: 104).
El mecanismo estuvo dentro de las agendas de los países centroamericanos desde los años
noventa, en concordancia con la continuidad y seguimiento al Sistema de Integración
Centroamericana (SICA), sin embargo, es hasta el año de 2004 que se formaliza el proyecto
en Managua, Nicaragua, al suscribir el “Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Plan
85
Puebla-Panamá”, en la que se crean cinco instancias rectoras: 1) la Comisión Ejecutiva del
PPP, se encarga de la planificación, coordinación y seguimiento de los acuerdos; 2) la
Dirección Ejecutiva PPP, ejecuta y da seguimiento a los lineamientos y acciones; 3) la
Comisión de Promoción y Financiamiento, con el apoyo a los países de la región en la
promoción y búsqueda de recursos, siendo integrada por el BID, el Banco Centroamericano
de Integración Económica –BCIE- y la Corporación Andina de Fomento –CAF-; 4) el
Grupo Técnico institucional del PPP, apoya a la Comisión Ejecutiva en la definición de
iniciativas y proyectos; y 5) el Consejo Consultivo, que pretende propiciar la participación
de los diferentes actores de la sociedad civil, como el sector empresarial, las ONG y los
OFI (VI Cumbre de Diálogo y Concertación Tuxtla, 2004).
En el año 2005 comenzó su labor la Comisión Ejecutiva en la oficina regional en la ciudad
de San Salvador, con el designio de María Teresa Rendón para presidirla en el periodo
2005-2008, así como la incorporación de la participación colombiana y dominicana en el
mecanismo desde el año 2006. En respuesta a los levantamientos populares y
movilizaciones en contra del PPP, a sugerencia del presidente de México, Felipe Calderón,
cambió la denominación a PM –Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica- y se
moderó la publicidad del instrumento, se eliminaron el 95% de los proyectos de desarrollo
e infraestructura que planteaba el PPP y el nuevo mecanismo comercial se ha concentrado
en llevar a cabo los temas de los grandes proyectos como la integración carretera,
energética e informática, por lo que se intensificaron las gestiones para el desarrollo del
SIEPAC y los componentes energéticos, como las interconexiones del bloque
centroamericano con los sistemas eléctricos de México y Colombia, así como otras
concesiones mineras en la región (Empresa Propietaria de la Red, 2011).
En la ratificación del PM, durante la novena Cumbre del Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla, se concretan los planes de construcción del gran tendido eléctrico
que unirá los mercados eléctricos de los países centroamericanos y se crean tres
instituciones para su operación: a) la Empresa Propietaria de la Red –EPR-, b) la Comisión
Reguladora Regional de Interconexión Eléctrica –CRRIE-, y c) el Ente Operador Regional
–EOR- la cual coordina a las 26 empresas guatemaltecas, las 24 salvadoreñas, 3
86
hondureñas, 28 nicaragüenses, 2 costarricenses, las 77 empresas panameñas de generación
privada de electricidad, así como la participación de la CFE en este gran Mercado Eléctrico
Regional –MER- (Delgado-Ramos, 2006 y EOR, 2010).
El SIEPAC se desprende de las iniciativas de integración y desarrollo mesoamericano del
PPP, que desde el 18 de diciembre de 2001 ha sido concebido por la CFE para posicionarse
como la empresa líder en la generación de energía eléctrica del bloque mesoamericano y
como intermediario del flujo energético producido en Centroamérica que a la postre será
vendido a los grandes cinturones industriales de los EUA.
Esta iniciativa plantea la implementación del Sistema de Transmisión Eléctrico Regional de
Centroamérica que integra un tendido de 1,796 kilómetros de 230 KW, mediante 28 bahías
de acceso con capacidad de 300 MW, 15 subestaciones con tendido de fibra óptica, con la
siguiente distribución: a) Guatemala 283 km; b) El Salvador 286 km; c) Honduras 274 km;
d) Nicaragua 310 km; e) Costa Rica 493 km; y f) Panamá con 150 km (Comisión Ejecutiva
PM, 2008). Entre las principales consideraciones técnicas del tendido eléctrico, se
encuentra la utilización de 4,600 estructuras de alta tensión; 32,000 toneladas de acero y
110,000 de concreto; 65,000 kilómetros de fibra óptica y 7,000 permisos de paso (CRIE,
2010).
Toda esta infraestructura de interconexión eléctrica será alimentada mediante 432 proyectos
hidroeléctricos para la generación de electricidad en la región, institucionalizando su puesta
en marcha con la firma del Memorándum de Cooperación Eléctrica de México con
Centroamérica –principal instrumento del SIEPAC- durante la Expo-Inversión de Mérida,
Yucatán, en junio de 2002. La mayoría de los proyectos serán construidos en Honduras y
Guatemala debido al potencial hídrico con el que cuentan, con 131 y 116 represas
respectivamente, así como 51 proyectos en territorio mexicano, la mayoría en el sureste
(Burgués Arrea, 2005: 3).
Paulette L. Stenzel (2006) cuantifica la inversión del SIEPAC para 2007 en 395 millones de
dólares, teniendo como principales patrocinadores al BID, el BIRF, la empresa española
87
ENDESA y la colombiana ISA, así como los gobiernos de la región en menor medida
(Stenzel, 2006 y Comisión Ejecutiva PM, 2008). Uno de los principales proyectos de este
Sistema es la integración de los mercados eléctricos de América del Norte con
Centroamérica mediante la Interconexión Eléctrica de México con Guatemala, la cual
consiste en la expansión de dos subestaciones ubicadas en Tapachula, Chiapas y en Los
Brillantes, Retalhuleu con una línea de tendido eléctrico con capacidad para transportar 400
KW, por la cual México abastece a Guatemala 200 MW y 70 MW en dirección opuesta,
tendencia que será revertida al concretarse los proyectos de generación eléctrica en
Centroamérica.
Para el año 2006 son inaugurados los trabajos de interconexión entre México y Guatemala,
siendo concluidos el 27 de abril de 2009, con las primeras pruebas entre ambas
subestaciones, con las que se alcanza la interconexión entre estos sistemas tras la aportación
de 12 MW de la CFE al sistema guatemalteco (Smith, 2008 y Dardón-Bolaños, 2009).
Como parte de la ceremonia protocolaria de la inauguración de la citada conexión, el
presidente Felipe Calderón afirmó que la CFE podrá vender energía eléctrica a Guatemala,
como mencionó: “La CFE tiene un margen de reserva no sólo garante de lo que
técnicamente se recomienda, sino incluso con cierta holgura y suficiencia un margen de
reserva que ha llegado a rondar el 40%, lo cual le permite a la CFE tener capacidad de
generación y de transmisión y sin uso que ahora podemos transmitirle a Guatemala de
manera que los guatemaltecos tengan electricidad segura y barata y la CFE tenga ingresos”
(Ramos, 2009).
Con lo anterior encontramos que los mercados eléctricos centroamericanos y
norteamericanos se han conectado, con lo que el intercambio de energía eléctrica en la
región en un principio pareciera favorecedor para los países del istmo central dada la
situación deficitaria que presentan en sus balanzas energéticas, sin embargo, en cuanto sean
terminados los proyectos de explotación de los recursos hídricos mesoamericanos, la
electricidad que generará el SIEPAC será transportada hacia los complejos industriales del
centro-sur de los EUA, mediante la decena de interconexiones que opera la CFE con su
vecino país norteamericano, lo que posiciona a la paraestatal mexicana como principal
88
productor y vendedor de la electricidad que demanda el constante crecimiento del sector
residencial, industrial y de servicios estadounidense (Ver Anexos 4 y 5). A continuación
revisaremos las principales características de la CFE para conocer cuáles son los
requerimientos a los que responden los planes de expansión hidroeléctrica en México desde
la puesta en marcha del PPP.
3.2. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la proliferación de proyectos
hidroeléctricos en el sureste mexicano
Como parte esencial del PPP, el desarrollo de fuentes de energía eléctrica en la región
sureste de México y en el istmo centroamericano ha sido un pilar fundamental para llevar a
cabo el mecanismo de integración. En el documento base se menciona que para lograr un
desarrollo económico integral de la región se debe contar con una infraestructura eléctrica y
un abasto de combustibles óptimo, para ello son de vital importancia las empresas
paraestatales mexicanas en ambos rubros, como PEMEX y la CFE, aunado a la
concurrencia de inversionistas privados para “promoverse la instalación de nuevas unidades
industriales en los estados de la región, mejorando y ampliando las redes de suministro de
energía” (Gobierno de la República, 2001: 81).
Es en este sentido que en ese mismo documento se lanzó como uno de los proyectos clave –
junto con otras cinco obras hidroeléctricas- para la puesta en marcha del Plan, una represa
de 162 metros de altura y la instalación de tres grupos turbogeneradores que producirán 765
MW sobre el río Papagayo en Guerrero, de nombre La Parota. Cinco años después en el
Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico de la CFE es anunciado el
lanzamiento del Proyecto Hidráulico de Aprovechamiento de Usos Múltiples Paso de la
Reina, que aprovecharía las aguas del río Verde para producir mediante tres turbinas la
cantidad de 900 MW, como parte de un estudio de la Dirección de Proyectos de Inversión
Financiada para formar parte del potencial hidroeléctrico que sería desarrollado en las
entidades mexicanas que conforman el PPP (Gobierno de la República, 2001 y CFE, 2005).
89
Como observamos en el apartado sobre los antecedentes de la política hidroeléctrica en
México, la generación y venta de electricidad en México se encontraba concesionada desde
principios del siglo XX a compañías de capital extranjero, las cuales lograron construir los
cimientos del sector, principalmente en la construcción de la infraestructura para
generación y transmisión. Sin embargo, a raíz de la nacionalización de la industria eléctrica
la paraestatal siempre se ha destacado por construir grandes proyectos de generación
eléctrica por medios hidráulicos, como las grandes represas en el estado de Chiapas. Es
hasta la puesta en marcha del PPP que la CFE vuelve a planificar grandes proyectos
hidroeléctricos como La Parota y Paso de la Reina, no obstante de la suficiencia en el
abasto eléctrico en el país desde la década de los setenta del siglo pasado.
La CFE es una empresa paraestatal del gobierno mexicano, organismo descentralizado de la
SENER, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de producir, transportar,
transformar, distribuir y vender electricidad para la prestación del servicio público, así
como la realización de la infraestructura adecuada para dicho fin, conforme a lo dispuesto
por la LSPEE, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Entidades
Paraestatales (DOF, 2010b).
La organización de la CFE está compuesta por dos Órganos Superiores, como lo son la
Junta de Gobierno, compuesta por los Secretarios del ramo, y el Consejo de Vigilancia,
quien examina las gestiones de la Comisión. Operativamente se compone mediante
Unidades Administrativas, dirigidas por una Dirección General, la cual se apoya de
Asesores y un área de Comunicación Social, seguida por la Subdirección de Programación,
la cual se encuentra por arriba en la estructura de las cinco Direcciones, por la importancia
de la prospección de demanda y generación en futuros escenarios.
La circunscripción territorial y las áreas administrativas regionales de la paraestatal están
divididas en Gerencias Regionales de Transmisión y 16 Gerencias Divisionales de
Distribución, así como Gerencias Regionales de Producción y Residencias Regionales de
Construcción de: Proyectos Hidroeléctricos, Termoeléctricos, de transmisión y
transformación (DOF, 2010d).
90
De las cinco Direcciones en la estructura paraestatal destaca la Dirección de Proyectos de
Inversión Financiada, la cual se encarga de analizar, licitar y desarrollar proyectos de
inversión, y se compone de tres Subdirecciones: a) de Contratación de Proyectos; b) de
Desarrollo de Proyectos, donde destaca la Gerencia de Protección Ambiental; y c) la
Subdirección de Proyectos y Construcción, integra a la Coordinación de Proyectos
Hidroeléctricos, misma que tiene dentro de sus ocho atribuciones “participar en la solución
de los problemas correspondientes a los aspectos sociales, de afectaciones y ambientales
con el objeto de permitir la construcción de los proyectos a cargo de la Subdirección”
(DOF, 2010b).
En la estructura organizativa se encontró que dentro de la Dirección de Administración,
dentro de la Oficina del Abogado General de la CFE, existe la Subdirección de
Afectaciones dependiente de la Gerencia de Asuntos Legales Internacionales e Inversiones,
misma que integra 3 áreas: a) la Unidad de Control de Bienes Inmuebles; b) la Unidad de
Enajenación y Desincorporación de Bienes Inmuebles, y c) la Unidad Legal de
Expropiaciones y Adquisiciones de Bienes Inmuebles. Con lo anterior observamos que la
CFE tiene un área encargada de las afectaciones que resultan de los proyectos que llevan a
cabo, sin embargo ninguna de las unidades que conforman esa Subdirección se encarga de
dialogar o gestionar con las comunidades afectadas por las acciones de la paraestatal, no
obstante como buena empresa buscando utilidad monetaria, las unidades antes mencionadas
están destinadas a litigar los bienes inmuebles para su expropiación (CFE, 2012).
En cuanto a los verdaderos intereses de la CFE, que son los negocios a nivel internacional y
el posicionamiento de la empresa como intermediario y vendedor de energía, encontramos
que el día 1 de julio de 2008 fue autorizada la paraestatal mexicana para llevar a cabo las
negociaciones para incorporarse al organismo rector del SIEPAC, la Empresa Propietaria
de la Red, mediante el acuerdo 59/2008 suscrito por la Junta de Gobierno y respaldado por
la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público. Un mes después,
en agosto de 2008, la Asamblea de Accionistas aprobó la asociación de la CFE mediante la
adquisición del 11% de la participación accionaria de la recién creada empresa
centroamericana. El acuerdo de incorporación fue consolidado el 19 de febrero de 2009 con
91
la participación activa de México, por lo que la CFE se convirtió en el noveno accionista de
la Empresa Propietaria de la Red del SIEPAC, con el cual la paraestatal mexicana adquiere
el derecho de nombrar un Director de Juntas Directivas en el organismo y en su filial la Red
Centroamericana de Fibra Óptica S. A. –REDCA- comprometiéndose a aportar cuarenta
millones de dólares como préstamo al financiamiento del SIEPAC, siendo el único
organismo operador de electricidad de la región en aportar esta cantidad, paralelamente al
financiamiento de los OFI, entre las que destaca el BID (PM, 2011 y Empresa Propietaria
de la Red, 2011).
Con estas acciones es más que evidente que la CFE buscó consolidarse en la región
mesoamericana como empresa líder de producción y comercialización de electricidad con
miras a posicionarse en un futuro como intermediario entre la generación de energía en los
países de istmo centroamericano y la demanda constante de los sectores productivos en los
EUA, sin embargo en los últimos años se han creado nuevas legislaciones que promueven y
fomentan la protección de los recursos naturales en México, claramente interfiriendo con
los intereses económicos de la paraestatal.
De acuerdo con el Programa Sectorial de Energía (PROSENER) 2007-2012, los cinco
grandes ejes de la política energética nacional son: 1) el Sector hidrocarburos; 2) el Sector
eléctrico; 3) Eficiencia energética, energías renovables y biocombustibles; 4) Medio
ambiente y cambio climático; y 5) Programa del mejoramiento de la gestión. En el rubro
eléctrico, uno de los objetivos del PROSENER busca equilibrar el portafolio de fuentes
primarias de energía, a partir de tecnologías y fuentes que consideren niveles de riesgo,
dependencia sobre importaciones, volatilidad en los costos y precios, así como los daños y
costos ambientales asociados a los proyectos (SENER, 2007).
Con lo anterior encontramos discrepancias entre lo establecido por la cabeza de sector,
como lo es SENER y los planes de expansión del rubro hidroeléctrico por parte de la CFE,
ya que por primera vez se incorporan variables medio ambientales y de sustentabilidad en
una política sectorial de energía, cuestión que la empresa paraestatal ignora o no toma en
cuenta al planificar su cartera de proyectos a desarrollar.
92
Con respecto al eje sobre eficiencia energética, energías renovables y biocombustibles, el
primer objetivo específico plantea la promoción del uso y producción eficiente de energía
tomando en cuenta la sustentabilidad ambiental y la economía generadora de empleos.
Asimismo el segundo objetivo considera el fomento para el aprovechamiento de fuentes
renovables de energía y biocombustibles que sean técnica, económica, ambiental y
socialmente viables, mediante el Programa Nacional de Energías Renovables (SENER,
2009).
Es hasta agosto de 2009 que se publicó dicho programa, como instrumento operativo de la
Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición
Energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008, la
cual excluye la regulación de las siguientes fuentes de generación: a) Minerales
radioactivos en la generación nuclear; b) “Energía hidráulica con capacidad para generar
más de 30 MW”, exceptuando embalses menores a una hectárea o embalses ya existentes;
c) Residuos industriales para tratamiento térmico; y d) Rellenos sanitarios que no cumplan
con la normatividad (LAERFT, 2008).
Cabe destacar que si bien la Ley no contempló los grandes proyectos hidroeléctricos como
fuente renovable y sustentable ambientalmente, el Programa Especial para el
Aprovechamiento de Energías Renovables de 2009 sí concibe estos grandes proyectos
como sujeto de instrumentación, por lo que existe una gran discrepancia sobre la
clasificación institucional y normativa de los grandes proyectos hidroeléctricos en nuestro
país (LAERFT, 2008 y SENER, 2009).
El 19 de marzo de 2009, el Ejecutivo federal lanzó el Programa Especial de Cambio
Climático 2008-2012, que contempla cuatro grandes grupos de acciones para la mitigación
de GEI, entre las que destaca el tercer grupo enfocado en reducir la deforestación y
promover las acciones de forestación en el país. Con respecto a la producción de energía
eléctrica –uno de los grandes rubros de contaminación ambiental-, el Programa vislumbra:
“acciones como la generación de electricidad con energía nuclear, el uso de biodiesel de
93
segunda generación, la generación de electricidad con viento, las pequeñas hidroeléctricas,
así como las plantas geo-termoeléctricas” (Poder Ejecutivo Federal, 2009: 18).
Asimismo el objetivo 2.1.8 de este Programa propone: “incrementar la generación de
electricidad con fuentes de energía eólica, geotérmica, hidráulica y solar, que sean técnica,
económica, ambiental y socialmente viables”, mediante cinco metas en el corto plazo: a) la
conclusión de la central hidroeléctrica La Yesca –no se incluye algún otro megaproyecto
hidroeléctrico-, b) aumentar la generación de electricidad por medios eólicos, c) aumentar
la generación por medios geotérmicos, d) modernizar y repotenciar 12 centrales de
generación de la CFE, y e) desarrollar la producción de vapor con energía solar en la
central termoeléctrica Agua Prieta II (Poder Ejecutivo Federal, 2009: 33).
Concordante con el Programa de Cambio Climático, estos preceptos se materializan
jurídicamente con la emisión de la Ley General de Cambio Climático del 6 de junio de
2012, donde resalta la política de mitigación de dióxido de carbono y metano, a partir de un
análisis sobre el sector de generación de electricidad, incluyendo los costos de las
externalidades sociales y ambientales, así como la promoción sobre la protección al medio
ambiente, el desarrollo sustentable y el derecho a un ambiente sano a través de la
mitigación de las emisiones de GEI14.
Para el largo plazo la Ley prevé que para el año 2020, la Secretaría de Hacienda, SENER y
la CRE deberán contar con un sistema de incentivos que haga rentable la producción de
electricidad por medios eólicos, solares y mediante mini-hidráulicas por parte de la CFE,
alcanzando una participación del 35% a través de fuentes limpias de generación hacia el
año 2024 (DOF, 2012).
14 En el apartado sobre las repercusiones de las represas sobre el medio ambiente y el hombre resalta la contribución de GEI por la putrefacción de la masa forestal por la inundación que conlleva un embalse, así como la muerte de especies de flora y fauna en los embalses de las más de 52,000 represas que existen en el mundo. En un estudio realizado por Iván Lima del Instituto Brasileño para Investigaciones Espaciales, el investigador asevera que: “las represas en el mundo contribuyen en más de 4% al calentamiento global por impacto de actividades humanas. Los embalses son la fuente más grande de emisiones causadas por humanos, contribuyendo alrededor de un cuarto [25%] de estas emisiones” (Graham-Harrison, 2007).
94
Con esta serie de medidas jurídico-operativas, se puede observar que la lucha de los
movimientos ha alcanzado cierto nivel de repercusión en contra de los grandes proyectos
hidroeléctricos, privilegiando la preservación al medio ambiente y el desarrollo sustentable,
en las que se consideran las externalidades ambientales y sociales para el desarrollo de
proyectos, así como la inclusión y adopción de otros tipos de tecnología15 menos abrasivas
con el medio ambiente como las mini-hidráulicas, la utilización de celdas fotovoltaicas y
aerogeneradores, así como el aprovechamiento del biodiesel y la biomasa como fuentes de
generación de energía limpia. Asimismo, existen algunos avances tecnológicos en países
desarrollados que permiten utilizar la energía cinética que producen las olas y las mareas, el
aprovechamiento del aire fuera de las costas, la energía que produce el cambio de
temperatura de las corrientes marítimas, así como el desarrollo de tecnología para el
aprovechamiento de energía osmótica, que consiste en utilizar la presión que ejerce la
desembocadura de agua dulce de un río sobre el agua salada del mar mediante una
membrana semipermeable, entre muchas otras alternativas ambientales de energía.
Por lo anterior, los planes de proliferación hidroeléctrica que había puesto en marcha
Vicente Fox se encuentran en entredicho, por lo que la CFE y en específico la Dirección de
Proyectos de Inversión Financiada tendrá que apegarse a las nuevas condiciones que dicta
la Ley de Cambio Climático, y aunque la paraestatal continúe considerando realizar estos
grandes negocios por la puesta en marcha de megaproyectos hidroeléctricos en el país, a
pesar de la suspensión por la resistencia social en los casos de La Parota y Paso de la Reina,
se vislumbra un panorama con muchas dificultades para concretarse16. A continuación
revisaremos las principales características de los frentes locales de lucha contra estos dos
proyectos en Guerrero y Oaxaca, como lo son el CECOP y el COPUDEVER.
15 Existe una clara relación entre el desarrollo de tecnologías alternativas para la generación de energía y los países con mayor desarrollo económico en el mundo, como ejemplo destacan naciones como Italia y Japón en la inversión en energía solar, la India y China en energía eólica, y en ambos rubros sobresalen los EUA, España y Alemania. En la producción de biocombustibles encontramos a países latinoamericanos como Argentina y Brasil, mientras que en el desarrollo de tecnología mareomotriz se han instalado plantas en Francia, Canadá y Noruega (World Wind Energy Association, 2012 e International Energy Agency, 2012). 16 A pesar de la suspensión de casi nueve años del proyecto La Parota y la detención del proyecto Paso de la Reina hace cinco años, la CFE sigue considerando ambas hidroeléctricas para los requerimientos de capacidad adicional para los Programas de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2011-2025 y 2012-2026. La paraestatal prospecta que la hidroeléctrica La Parota estará iniciando operaciones en el año 2018, mientras que el proyecto Paso de la Reina comenzará a generar electricidad para el año 2020 (SENER, 2012: 126 y 127).
95
3.3. Los casos de la actual lucha en contra de los proyectos La Parota en Guerrero y
Paso de la Reina en Oaxaca
Para dar a conocer el contexto en el que se enmarcan los dos estudios de caso de la presente
investigación, comenzaremos por caracterizar la región de influencia que pretende explotar
la CFE para el aprovechamiento de caudales, tales como el río Papagayo en Guerrero y el
río Verde en Oaxaca, para la generación de energía eléctrica.
Según datos del Consejo Nacional de Población en 2005, entre los rezagos más importantes
que presentan en común ambos estados, las entidades con mayores niveles de
analfabetismo por orden de importancia son: 1) Chiapas con un 21.4% de la población; 2)
Guerrero representando un 19.9%; y, 3) Oaxaca con un 19.3%, lo cual refleja que una de
cada cinco personas de 15 años o más no saben leer ni escribir en ambas entidades. Desde
la apreciación del Consejo, las características de desarrollo humano en las entidades del
sureste son las siguientes:
La intensidad de las privaciones en esas tres entidades es elevada y la padecen
proporciones significativas de la población. Tan sólo en Guerrero, el estado con mayor
marginación en el año 2005, 20 por ciento de su población de 15 o más años de edad es
analfabeta y 36 por ciento no terminó la primaria; más de uno de cada cuatro habitantes
ocupa viviendas sin drenaje ni sanitario, seis de cada cien habitantes reside en viviendas
sin energía eléctrica, tres de cada diez sin agua entubada, uno de cada tres con piso de
tierra, y más de la mitad ocupa viviendas en condiciones de hacinamiento. Asimismo, 65
por ciento de la población ocupada gana hasta dos salarios mínimos y 51 por ciento vive
en localidades con menos de cinco mil habitantes, donde la dispersión y el aislamiento
vulnera las condiciones de vida de quienes viven, sobre todo, en las localidades de
menor tamaño (CONAPO, 2006: 27).
Las tres entidades que se han mencionado fueron catalogadas entre los años 2000 y 2010
como de muy alta marginación social, ya que de los 2,456 municipios contabilizados para
el 2010, 1,252 son demarcaciones de alta y muy alta marginación social (50.97% del total
96
nacional). De estos 1,252 municipios con una significativa tasa de marginación, 647
demarcaciones -más de la mitad- se ubican en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, lo que
representa el 26.36% del total municipal nacional (Anexo 5).
Bajo este contexto, los tres municipios que afectará la hidroeléctrica La Parota y los seis
amenazados por el proyecto Paso de la Reina comparten estas características de
marginación municipal (ver Anexo 10 para referencia geográfica); ya que en el caso de las
demarcaciones guerrerenses destacan: a) San Marcos como de muy alta marginación y b)
Juan R. Escudero catalogado como de alta marginación, mientras que, c) Acapulco de
Juárez es clasificado como de baja marginación debido a la ubicación de la ciudad
homónima, sin embargo, algunas de las comunidades que se pretende anegar por el
proyecto La Parota, entre las que se encuentran Aguas Calientes, Cacahuatepec, Dos
Arroyos, Garrapatas y San José Cacahuatepec se especifican como poblaciones de alta
marginación, así como Huamuchitos, Arroyo Verde y Campanario son agrupadas como
localidades de muy alta marginación. En el caso de los municipios oaxaqueños que serán
parcial o totalmente inundados por la hidroeléctrica Paso de la Reina resalta que tan sólo, 1)
Santiago Jamiltepec se encuentra clasificado como de media marginación, 2) Villa de
Tututepec de Melchor Ocampo como de alta marginación, mientras que 3) Tataltepec de
Valdés, 4) Santiago Tetepec, 5) Santa Cruz Zenzontepec y 6) Santiago Ixtayutla se
encuentran catalogados como demarcaciones con muy alta marginación, en especial estos
dos últimos son incluidos dentro de los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo
Humano del país (SEDESOL, 2012 y CDI, 2012).
A nuestra consideración existe una intrínseca relación entre las condiciones de pobreza y
marginalidad en las entidades de Guerrero y Oaxaca, la abundancia en recursos naturales en
especial los hídricos y el firme interés de la CFE por expropiar y adueñarse de territorios
comunales y ejidales para la construcción y operación de represas dejando a un lado la
aprobación social de los proyectos a nivel local, con lo que la paraestatal sólo demuestra
que es una empresa creada para la ganancia neta de utilidad comercial, y que poco le
importa el desarrollo y beneficio de las comunidades involucradas a nivel local y regional.
97
A) El Consejo de Ejidos y Comunidades en Oposición a La Parota (CECOP) y el
Proyecto Hidroeléctrico La Parota
El proyecto hidroeléctrico La Parota tiene su antecedente desde el año 1976 cuando
comenzaron los estudios de prefactibilidad sobre el río Papagayo para el aprovechamiento
del recurso hídrico para la generación de electricidad, pero es hasta el año 2002 que la
paraestatal considera poner en marcha la ejecución del proyecto con la prospección del
mismo en el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico del mismo año.
Congruente con lo anterior, el proyecto La Parota fue incluido en el Presupuesto de Egresos
de la Federación del Ejercicio 2004, ya que según la CFE iniciaría su construcción a partir
de ese mismo año, sin embargo, debido a las acciones de resistencia del CECOP fue
pospuesta el inicio de la obra 1 de abril de 2009 para ser concluida en agosto de 2015 tras
una inversión de casi 1,100 millones de dólares (Cruz Serrano, 2009). Las características
del proyecto consisten en una cortina de 182 metros de altura y 540 metros de longitud que
embalsarían una superficie de 14,300 hectáreas –aproximadamente diez veces más grande
que el área ocupada por la bahía de Santa Lucía en Acapulco- creando un lago artificial de
7,200 Mm3. La generación de electricidad ascendería a 900 MW que producirían un
aproximado de 1,360 GWh anuales de electricidad (SEMARNAT, 2004 y SENER, 2012).
De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental -MIA- de febrero de 2004, a cargo
de la CFE y el Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM, publicado por la
SEMARNAT, se presenta la versión oficial de las afectaciones sobre las comunidades,
viviendas y personas por el proyecto La Parota, en el estado de Guerrero, específicamente
en los municipios de: a) Acapulco de Juárez; b) Juan R. Escudero y; c) San Marcos. Los
resultados oficiales denotan el falseamiento de la información de las repercusiones en los
estudios demográficos, la parcialidad institucional hacia los proyectos de la CFE, así como
el manejo de cifras que no corresponden con la densidad poblacional de la zona, ya que tan
sólo consideran 633 viviendas afectadas y un total de 3,048 personas directamente
desplazadas de las 24 comunidades que serían anegadas parcial o totalmente (Anexo 6).
98
En contraparte, según un reporte elaborado por Amnistía Internacional (2007) sobre la
violación de los derechos humanos por el Proyecto La Parota, se afirma que: “la estructura
propuesta inundaría unas 17,000 hectáreas de tierra y provocaría el desplazamiento de
varios miles de personas. […] La construcción de la presa hidroeléctrica La Parota afectará
a tres municipios del estado de Guerrero, un estado caracterizado por tener uno de los
niveles más elevados de marginación y algunos de los indicadores de desarrollo humano
más bajos de México” (AI, 2007: 2). Este reporte indica que extraoficialmente se esperan
que más de 25,000 personas sean afectadas directamente y otras 75,000 indirectamente por
el proyecto hidroeléctrico, conformados en 21 núcleos agrarios: 17 ejidos, 3 bienes ejidales
y una propiedad privada. En este mismo documento se señala que la CFE considera
afectaciones en 1,597 hectáreas de los bienes ejidales de Cacahuatepec y que tan sólo tres
comunidades serían anegadas “(Garrapatas, Arroyo Verde y San José Cacahuatepec) y no
tiene en cuenta los otros 44 asentamientos que podrían verse afectados por el aumento en la
resequedad y salinidad de la tierra como consecuencia de la creación de la presa” (AI,
2007: 5).
De acuerdo con un estudio realizado por Jacob Kopas y Astrid Puentes de la Asociación
Interamericana para la Defensa del Ambiente –AIDA- sobre la problemática asociada a los
grandes proyectos hidroeléctricos en Latinoamérica, particularmente sobre las
repercusiones que el proyecto La Parota causaría, mencionan que: “las organizaciones de
afectados y las ONG que trabajan en la zona calculan que alrededor de 25 mil personas
serían desplazadas por la inundación de sus tierras. […] Aunado a ello, aproximadamente
70 mil personas más serían afectadas por la desviación del río, debido a que ya no se les
permitiría tener acceso al agua para la irrigación de sus cultivos o para la pesca. […] La
superficie a inundar está formada por tres tipos de cobertura vegetal: selva baja y media
caducifolia, pequeña agricultura y ganadería. […] Otra de las áreas a ser inundadas están
cubiertas por agricultura que cubre casi 4,000 [hectáreas] de cultivos frutícolas y de otros
productos, incluyendo maíz, frijol, calabaza, jamaica, coco, plátano, tamarindo, limón,
pastizal cultivado e inducido (Kopas y Puentes, 2009: 90 y 93).
99
Con relación a las afectaciones o repercusiones sobre los ecosistemas y el medio ambiente
por el proyecto hidroeléctrico La Parota, basándonos en un estudio realizado por la
investigadora Esthela Sotelo Núñez, sobre la caracterización de la cuenca hidrográfica del
río Papagayo, encontramos que: “la cuenca hidrográfica del Río Papagayo se localiza al sur
del territorio mexicano, ocupando 7,554 km2 [kilómetros cuadrados, equivalente a 755,400
hectáreas] de superficie. […] Con base en el modelo de evaluación del impacto directo en
la red de drenaje, la Cuenca del Río Papagayo presenta una alteración alta. Dicho impacto
obedece a la cantidad de presas (10 en total) y bordos ubicados sobre la red de drenaje,
además de la infraestructura carretera. […] La transformación de los ecosistemas no ha sido
tan elevada como en otras cuencas, ni existen numerosos bancos de materiales de
explotación de material fluvial. El análisis de integridad señala que, ecohidrológicamente,
la cuenca se encuentra en un estado medio de alteración” (Sotelo Núñez, 2011: 42 y 103).
Como se puede observar, la cuenca del río Papagayo se encuentra segmentada por un
sistema de represas sobre el río, por lo que la introducción de otra represa y de las
dimensiones del embalse del proyecto La Parota sería devastador para las especies de flora
y fauna de la cuenca, ya que como afirma Sotelo Núñez: “la riqueza biológica abarca a los
tipos de vegetación de selva baja caducifolia, selva mediana subcaducifolia, bosques de
pino-encino, de encino y bosque mesófilo de montaña, así como algunos endemismos de
anfibios como la rana omiltemana, la sierramadrensis y sweifeli. También sobresale un gran
número de aves. […] Entre las especies amenadas se encuentran las aves: Accipiter gentilis
[gavilán azor], Amazona oratrix [loro cabeza amarilla], Eupherusa poliocerca [colibrí de
cola blanca: especie endémica], Vireo atricapillus [vireo de gorra negra], V. Nelsoni [vireo
enano: especie endémica]” (Sotelo Núñez, 2011: 104). Asimismo en el estudio de Kopas y
Puentes (2009) se especifica que entre los daños ambientales considerables por el proyecto
sobre la cuenca del Papagayo, se amenazaría a más de 200 especies de animales y plantas:
“95 especies endémicas y 113 en peligro de extinción, como la rana papagayo, una especie
de salamandra endémica (Adonis gadovii), y las plantas endémicas licania arbórea y lianas,
entre otras” (Kopas y Puentes, 2009: 95).
100
Abordando la caracterización del movimiento social local que surgió en contra del proyecto
La Parota, el CECOP nace como respuesta a la entrada de la CFE en los bienes ejidales de
Cacahuatepec de enero a julio de 2003, y el movimiento toma forma el 28 de julio de ese
año al instalar un primer plantón para evitar el paso de maquinaria y la exigencia de la
salida de trabajadores y vehículos de la paraestatal de la zona. Los tres pueblos aledaños al
sitio donde se erigiría la cortina –Arroyo Verde, Garrapatas y San José Cacahuatepec- se
unieron por la desinformación del proyecto, ya que para ese momento personal de la
paraestatal ya había abierto caminos, se talaron miles de árboles y comenzaron a hacer los
socavones en los cerros para la construcción del dique.
El interés del Consejo después de los años de lucha ha sido el mismo que desde el
comienzo; la cancelación definitiva del proyecto La Parota. Desde un principio los
integrantes acordaron que: “la tierra no se vende”. Aprovechando la organización, el frente
pretende llevar a cabo proyectos de desarrollo sustentable de producción agrícola en los
bienes ejidales de Cacahuatepec, así como en toda la región. Sin embargo, el beneficio
principal que persigue a toda costa el CECOP ha sido proteger sus tierras del despojo que
implicaría el proyecto, defender sus derechos individuales y comunitarios, preservar su
forma de vida, sus medios de subsistencia, así como salvaguardar los recursos naturales
dentro de los bienes ejidales, en particular el río Papagayo.
Las condiciones de la lucha y las estrategias que han llevado a cabo los integrantes del
CECOP, se han presentado en respuesta a las mismas acciones de la CFE, ya que los
pobladores respondieron, en primera instancia, al allanamiento de su territorio por la
dependencia gubernamental, la cual nunca proporcionó información alguna sobre los planes
de construcción de la hidroeléctrica. Contrariamente al diálogo y participación de la
comunidad, la CFE se ha dado a la tarea de utilizar la compra de las autoridades ejidales y
la participación de actores políticos y sociales en la realización de las asambleas ejidales,
buscando siempre la apropiación de los bienes ejidales y comunales, sin embargo, no
vislumbraron que el frente local fuera a impugnar y a pedir la nulidad de las asambleas en
defensa de su territorio.
101
Las repercusiones más significativas que ha tenido el conflicto por el proyecto La Parota
han sido el rompimiento del tejido social entre las comunidades pertenecientes a los bienes
ejidales, que han resultado en enfrentamientos entre comuneros a favor y en oposición a la
represa, suscitando lamentablemente la muerte de cuatro personas, así como varios choques
violentos entre la policía municipal o estatal y el CECOP, al utilizar a los cuerpos de
seguridad ciudadana a favor de las ilegalidades de la CFE. Otro elemento sobresaliente en
la trayectoria del CECOP ha sido el establecimiento y conformación de alianzas de
cooperación con ONG nacionales e internacionales que han apoyado al frente local en la
visibilidad del conflicto ante la opinión pública. El CECOP ha contado con mayor atención
a nivel medios de comunicación que sus compañeros oaxaqueños, entre los que resaltan los
diarios locales de La Jornada Guerrero y Diario El Sur de Acapulco, así como algunos
medios impresos de circulación nacional como Milenio, El Universal y La Jornada.
Por otra parte, con la emisión del Informe de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre la
Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (1997-2006)
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU el 9 de junio de
2006, se dan a conocer algunas recomendaciones para el Estado mexicano referente al caso
del proyecto hidroeléctrico La Parota, entre los principales motivos de preocupación
sobresale: “El Comité manifiesta preocupación por los informes sobre comunidades
indígenas y locales que se oponen a la construcción de la Presa Hidroeléctrica La Parota u
otros proyectos bajo el Plan Puebla Panamá, que no han sido consultadas adecuadamente y
en ocasiones se les ha impedido participar en asambleas locales relativas a la ejecución de
estos proyectos […] provocaría un agotamiento de los recursos naturales y el
desplazamiento de 25,000 personas” (Comité DESC-ONU, 2006: 2).
Del 7 al 11 de septiembre de 2007, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los
Derechos Humanos y el Relator sobre la Vivienda Adecuada, Rodolfo Stavenhagen y
Miloon Kothari, realizaron una visita a las posibles comunidades afectadas por el proyecto
La Parota, con la finalidad de efectuar un análisis en materia del impacto directo a los
derechos humanos por la construcción del proyecto, considerando que existen varias
inconsistencias en el proceso por parte del Estado Mexicano, entre las más sobresalientes
102
están: “[1.] la información generada por la CFE no ha logrado realmente llegar de una
manera clara y precisa a los pobladores de la zona que se vería afectada; [2.] irregularidades
en las asambleas agrarias con instancias de violencia y la intervención injustificada de la
fuerza pública; [3.] las personas afectadas adquirieron conocimiento del proyecto una vez
que este ya estaba completamente definido; [4.] la poca transparencia con la que parecen
haber sido tomadas las decisiones acerca del proyecto; [5.] debido a la inexistencia de un
estudio de impacto social […] las comunidades no pueden saber con certeza si la
realización tendrá un impacto positivo o negativo en su propio desarrollo; [6.] aquellos
proyectos de desarrollo que impliquen el desalojo o desplazamiento de personas deberán
ser excepcionales […] se requiere que, el Estado busque otras alternativas a través de las
cuales se puedan satisfacer las necesidades que justifican este tipo de proyectos sin
necesidad de desplazar a las personas de su lugar de residencia; [7.] la CFE parece
subestimar las complejidades y la problemática asociadas a una profunda transformación de
la vida; [y 8.] parte del conflicto y la tensión generada entre las comunidades se debe al
vacío legislativo relacionado con los mecanismos para hacer efectivo el derecho a la
consulta” (Kothari, 2008: 48-53).
Asimismo, los Relatores Especiales de Naciones Unidas emitieron las siguientes
recomendaciones: “[a.] hasta no haber satisfecho plenamente las cuestiones que aquí se han
abordado y haberse dado todas las garantías de que los derechos humanos de las personas
afectadas serán respetados, y haberse analizado seriamente todas las alternativas posibles,
se suspendan los trabajos de realización del proyecto hidroeléctrico La Parota; [b.] que el
gobierno mexicano cuente con una política exhaustiva sobre el tema de los posibles
desalojos con motivos de los proyectos de desarrollo que se adecúe a los estándares
internacionales que se han asumido a nivel internacional en materia de derechos humanos;
[c.] independientemente de la suspensión de la realización del proyecto es necesario
promover un proceso de diálogo y reconciliación entre las comunidades; [d.] destacar la
urgencia de fortalecer los programas de desarrollo social y humano en la zona; [y, e.] el
Estado mexicano tiene la responsabilidad de asegurar las condiciones y tomar las medidas
necesarias para ampliar las oportunidades de desarrollo de las personas y las comunidades
103
que viven en la región fortaleciendo el acceso y disfrute de sus derechos humanos, en
especial, de sus derechos económicos, sociales y culturales” (Kothari, 2008: 53).
En cuanto a la construcción de redes y tejidos con organizaciones, el CECOP debido a su
permanencia en la lucha, y a ser un frente local pionero en la resistencia contra las represas,
ha tenido constante retroalimentación de ONG a nivel nacional e internacional. Entre las
organizaciones locales destaca el Centro de Derechos Humanos de la Montaña
“Tlachinollan”, a nivel nacional se encuentran la Alianza Mexicana por la Determinación
de los Pueblos –AMAP-, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la Coalición de
Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua –COMDA-, la Asamblea Nacional de
Afectados Ambientales, la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio –RMALC-,
Servicios de Asesoría para la Paz –SERAPAZ- y el Equipo Pueblo.
A nivel internacional destacan la Coalición Internacional por el Hábitat de América Latina
–HIC-AL-, Food First Information and Action Network –FIAN International-, la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y el Comité DESC de la
ONU. Entre los frentes y movimientos a nivel internacional en contra de las represas,
mantienen relación estrecha con International Rivers Network –IRN-, el Movimento dos
Atingidos por Barragens –MAB- de Brasil, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares
e Indígenas de Honduras –COPINH-, el Movimiento Nacional contra Represas de El
Salvador –MONARES-, la Fundación Nueva Cultura del Agua de España, el MMR y la
REDLAR. Asimismo destaca la simpatía que demostró el Subcomandante Marcos del
EZLN hacia el movimiento.
Cabe destacar que el CECOP no ha contado con el apoyo de las autoridades municipales ni
ejidales, con la salvedad de Félix Salgado Macedonio, ex-presidente municipal de
Acapulco, quien manifestó cordialidad y paciencia hacia el CECOP en la resolución de
algunos conflictos durante su gestión. Destaca el apoyo recibido de algunos diputados e
integrantes del Partido de la Revolución Democrática, en especial el pronunciamiento que
hizo Andrés Manuel López Obrador para condicionar su apoyo al candidato del partido a la
gubernatura de Guerrero en 2010, buscando la cancelación del proyecto La Parota.
104
En cuanto a su estructura interna, la organización dentro del Consejo se conforma por
representantes de cada una de las 47 comunidades que pertenecen a los bienes comunales y
ejidales de Cacahuatepec, los cuales se han reunido todos los domingos, semana tras
semana en los siete años de resistencia, en donde se toman acuerdos, se discuten posiciones
y se definen las estrategias o acciones que habrán de llevar a cabo. La composición étnica
del movimiento local es predominantemente de origen mestizo, aunque existen algunas
comunidades de composición indígena. No existe una estructura rígida en el CECOP,
tampoco se pudo documentar alguna división del trabajo entre sus integrantes. No existen
líderes dentro del CECOP, pero si algunos voceros como Marco Antonio Suástegui, Felipe
Flores y Rodolfo Chávez.
La forma de comunicación al interior se produce en las asambleas dominicales, donde los
representantes llevan a su comunidad los principales acuerdos de la reunión, mientras que
al exterior se da a través de las redes sociales y las TIC, o por vía telefónica, principalmente
con la Coordinación de Enlaces del MAPDER. El único personaje emblemático al que hace
referencia el movimiento es Juan Dorantes, quién luchó en tiempos de la Revolución
Mexicana y logró obtener la dotación de tierras que ahora pertenecen a los ejidatarios y
comuneros de Cacahuatepec. Se emplean pintas o grafiti para comunicar su postura, así
como la utilización de eslóganes como: “la tierra no se vende, es de los campesinos”, “no a
la presa, no más corrupción” y “territorio CECOP”.
En la visión del vocero Rodolfo Chávez, el frente local en La Parota no ha tenido
incidencia en la toma de decisiones de la CFE, debido a que no se han establecido
mecanismos de interlocución con la paraestatal o con representantes del gobierno. Sin
embargo, afirma que sí se ha tenido incidencia en cuanto a que no se ha logrado construir la
presa. A pesar de los múltiples anuncios de cancelación del proyecto en los nueve años de
lucha del CECOP, la CFE no desiste en sus planes de concretar la hidroeléctrica, por lo que
el movimiento local seguirá vigente en su resistencia en contra de La Parota.
105
B) El Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del río Verde (COPUDEVER) y el
Proyecto para Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples “Paso de la Reina”
Desde los años 1963 y 1964 se han realizado estudios geológicos, hidrológicos y
ambientales para el represamiento del cauce principal de la cuenca del río Verde para
establecer el potencial de generación hidroeléctrica. Tras los estudios se identificaron dos
posibles proyectos sobre este río, el Proyecto Hidroeléctrico Ixtayutla y el Proyecto para el
Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina. A partir del año 2006 se
retoman ambos proyectos para concretarse en el marco del ya llamado PM, que aportaría
una capacidad instalada al SEN de 530 y 540 MW respectivamente. El proyecto Paso de la
Reina tendría una generación media anual de 1,600 GWh mediante dos turbinas Kaplan y
una cortina de 195 metros de altura y una longitud mayor a los 1,600 metros de longitud en
la corona del dique, que inundaría un área de 2,560 hectáreas y un almacenamiento de
2,111 Mm3 (Espinosa Ayala, 2011).
Al profundizar la indagación sobre el proyecto hidroeléctrico, se observó que no se
encuentra información relacionada con el proyecto, ya que derivado del IV Foro Mundial
del Agua en 2006 y con motivo del nacimiento del COPUDEVER en junio de 2007, la CFE
retiró de la internet y de su página web cualquier información institucional generada de la
obra, exceptuando un concentrado de los Procesos Participativos por el Proyecto Paso de la
Reina efectuados por el Centro de Anteproyectos división Pacífico Sur de la CFE, donde se
describen presuntos procesos de consulta pública y de difusión de los beneficios que el
proyecto traerá consigo.
En este documento se contemplan dentro de los afectados a 43 localidades río arriba y
abajo del punto donde se levantará la cortina de la represa, sin embargo, al no contar con
información fehaciente de los desplazados -para efectos metodológicos y comparativos- se
elaboró un aproximado con el formato empleado en la Manifestación de Impacto Ambiental
de La Parota considerando tan sólo 19 de las 43 comunidades amenazadas que considera el
COPUDEVER, teniendo como resultado alrededor de 1,500 viviendas afectadas y 6,224
personas directamente afectadas, sin contabilizar los afectados indirectos (Ver Anexo 7).
106
Según la investigadora Ana María García Arreola de Servicios para una Educación
Alternativa –EDUCA Oaxaca-, la represa traerá consigo que: “la población afectada
directamente con el proyecto será de 6,080 personas e indirectamente de 90,203 personas y
con un total de 19,635 familias. […] Algunas de las hectáreas que van a ser afectadas son
empleadas por los indígenas para producir café, maíz y fríjol y el río Verde provee de
alimento, lugares de recreación y materiales de construcción a los pueblos indígenas que
viven alrededor del río” (García Arreola, 2012). Hasta el momento no se ha efectuado la
Manifestación de Impacto Ambiental necesaria para comenzar con las obras para la
construcción de la represa, a pesar de que el proyecto fue anunciado por la paraestatal desde
el 24 de marzo de 2006, con una inversión inicial de 600 millones de dólares.
En cuanto a la caracterización de la cuenca hidrográfica del río Verde, principal área
afectada por el proyecto Paso de la Reina, al no encontrarse cercana a grandes centros
urbanos y que no es segmentada por infraestructura carretera, la cuenca no presenta
modificaciones significativas a sus ecosistemas primarios, sin embargo sí existen grandes
extensiones de zonas de cultivo y la introducción de especies exóticas de flora. En un
estudio del Instituto Nacional de Ecología –INE- sobre las cuencas hidrográficas de
México, encontramos que: “si analizamos la proporción de los bosques templados
secundarios en relación con la superficie de las cuencas, destacan, por tener más del 40%
de cobertura, las cuencas río Verde (45.5% que equivale a 844,355 hectáreas) y río Copalita
(41.6% equivalente a 63,652 hectáreas) ambas en el estado de Oaxaca” (Cuevas y Garrido,
2010: 52 y 53). En el mismo documento se especifica que la cuenca hidrográfica del río
Verde cuenta con una superficie de 18,569 kilómetros cuadrados o 1’856,900 hectáreas, y
la componen tres ríos tributarios: a) el río Putla, que escurre desde el noroeste; b) el río
Cuanana-Grande, que desciende desde el norte de la cuenca; y c) el río Atoyac, el cual
proviene desde el noreste de la cuenca, específicamente desde la ciudad de Oaxaca, para
concurrir en el río Verde que alimenta al sistema lagunar de la costa chica de Oaxaca, y
desemboca en el Océano Pacífico. A diferencia de la cuenca del río Papagayo, la cuenca del
río Verde –a lo largo de sus tres afluentes- no presenta represamiento alguno, por lo que no
presenta alteraciones de drenaje.
107
En concordancia con las características de riqueza de flora y fauna de la cuenca del río
Papagayo, la cuenca del río Verde también presenta zonas de vegetación de gran valor
ambiental, como: zonas de selva baja caducifolia y mediana subcaducifolia, selva alta
mediana subperennifolia, selva mediana caducifolia, y en las partes bajas manglar y
vegetación flotante (Ambrosio Chávez, 2011 y Rodarte García, 1997). En cuanto a las
especies de fauna que se verían amenazadas por el proyecto Paso de la Reina, se
encuentran: “venado cola blanca, armadillo, conejo, perico, pájaro carpintero, chachalaca,
codorniz y gavilán, por mencionar los más comunes” (Secretaría de Desarrollo Social y
Humano de Oaxaca, 2011: 10). Asimismo Rodarte García, menciona que: “[se] han
detectado la presencia de 411 especies, entre ellas están el jabalí, leoncillo, venado
temazate, tlacuache, zorrillo, […] especies de distribución geográfica restringida como la
salamanquesa, la tupaya tropical, la nauyaca chatilla y el murciélago trompudo […] dos
especies endémicas como son el colibrí de corona azul y el gorrión oaxaqueño ístmico, […]
20 especies protegidas por la leyes mexicanas, 12 especies de aves endémicas de México,
43 especies raras” (Rodarte García, 1997: 48).
En cuanto a la descripción del COPUDEVER, surgido entre 2006 y 2007 en su oposición
contra el proyecto Paso de la Reina, encontramos que el Consejo surge a raíz de la
necesidad de defender su territorio en el año 2006, cuando se informaron de los proyectos
sobre el río Verde, las represas de Paso de la Reina e Ixtayutla, sin embargo, se constituyen
como movimiento hasta el 9 de junio de 2007.
El interés del Consejo es mantenerse unidos y lograr la cancelación del proyecto, tener un
conocimiento más amplio sobre el tema y difundirlo entre las personas de los seis
municipios amenazados. En el caso de las estrategias utilizadas por el COPUDEVER en su
resistencia hacia el proyecto Paso de la Reina, se puede afirmar que su lucha comienza por
la misma razón que el CECOP, la entrada de la CFE a los ejidos de Paso de la Reyna a
realizar estudios y mediciones, pero en este caso, no se presentaron hechos violentos desde
un principio ya que la paraestatal no ha comenzado con trabajos de maquinaría o la
introducción de personal a la zona del proyecto.
108
La organización e información han sido pilares fundamentales para el logro del objetivo del
frente local en mayor medida que sus compañeros guerrerenses, sin embargo, entre las
acciones que han puesto en marcha se pueden encontrar algunas marchas, manifestaciones
y bloqueos carreteros. No obstante, la relación entre la CFE y el movimiento local no ha
sido de encono ya que la paraestatal algo aprendió de su experiencia con el CECOP, por lo
que el COPUDEVER no ha tenido que recurrir a mecanismos jurídicos o enfrentamientos
directos con los cuerpos policiales, por el contrario, en un bloqueo carretero el movimiento
presentó documentación oficial –de autoridades municipales- al ser abordados por policías,
que llevó a los uniformados a darle la razón al movimiento y retirarse del lugar. Los
mecanismos que más ha utilizado el COPUDEVER en su lucha han sido la participación en
encuentros y foros, así como la realización de festivales y algunas manifestaciones.
Del 13 al 20 de junio de 2011, nuestro país recibió la visita del Relator Especial de la ONU
sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, quien se recabó el testimonio de
personas y comunidades que se encuentran amenazados con el despojo de sus tierras por la
construcción de grandes proyectos de desarrollo, como lo son las presas de El Zapotillo, La
Parota y Paso de la Reina. El 17 de junio el COPUDEVER presentó ante el Relator el
documento “El derecho a la alimentación en la economía indígena, pesquera y campesina
ante el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, Oaxaca” en el que destacan las siguientes
aseveraciones: “la región de la costa tiene una larga tradición campesina y pesquera, los
pueblos indígenas que la han habitado han practicado la agricultura del maíz,
posteriormente se introdujo el cultivo del café y además, debido a la diversidad de
microclimas, se encuentra gran variedad de cultivos […] En el caso de los pueblos negros
son pueblos que por su historia se fueron asentando en la parte de la desembocadura del río
Verde en el océano pacífico, son pueblos de pescadores […] no vamos a poder sembrar más
la tierra ni a cosechar si se construye el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina”.
Con este mismo respecto, el Relator Especial advirtió con referencia a los proyectos que:
“no se está consultando a la población ni se está informando sobre sus impactos […] en
México no se está apoyando el desarrollo agrícola, especialmente en estados como Oaxaca,
109
Guerrero y Chiapas, que reciben menos de un décimo de los recursos agrícolas que se
distribuyen en el país” (Servicios para una Educación Alternativa, A. C., 2011a).
En el marco del día internacional en contra de las represas, el 14 de marzo de 2011 en
Pinotepa Nacional, Oaxaca, el COPUDEVER encabezó y coordinó una marcha y
manifestación en contra del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina en la que participaron
más de diez mil personas de comunidades amenazadas, la sección 22 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación –SNTE-, feligreses de la Diócesis de Puerto
Escondido y colonos de la Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades.
En la protesta se recorrieron calles de Pinotepa Nacional hasta llegar al Palacio Municipal
donde se organizó un mitin en el que se denunció la presencia de policías del gobierno
estatal para impedir el paso de manifestantes en la comunidad de Constancia del Rosario
(Avendaño, 2011).
El 7 de mayo de 2011 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el COPUDEVER recibió el
XIX Premio Nacional de Derechos Humanos “Don Sergio Méndez Arceo” en la categoría
de grupo o organización que consistió en la entrega de un diploma y un cheque por diez mil
pesos, por el reconocimiento hacia la resistencia pacífica que han manifestado en contra de
la amenaza por el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, la defensa de sus territorios y
sus derechos desde mediados de 2007 (Camacho Servín, 2011 y Servicios para una
Educación Alternativa, A. C., 2011b).
Los medios de comunicación que han puesto énfasis en el seguimiento de las acciones del
Consejo son los diarios locales del Periódico Noticias de Oaxaca y el Diario El Faro de la
Costa Chica de Guerrero, así como el periódico La Jornada a nivel nacional. A nivel
televisivo, el COPUDEVER destacó en una nota periodística del Noticiero Hechos de
Televisión Azteca.
El Consejo ha tejido redes de cooperación con ONG, como EDUCA Oaxaca, una
organización que apoya al COPUDEVER con información técnica y asesoría a nivel
movimiento social. El Consejo cuenta con la asesoría jurídica, en un primer momento del
110
Centro de Derechos Humanos “Ñu’u Ji Kandii” de Tlaxiaco, Oaxaca, y posteriormente les
brinda orientación la Organización “Tequio Jurídico” de la ciudad de Oaxaca. Otras ONG
que apoyan al Consejo son la Organización de Difusión Educativa “La Ventana” y el
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”.
Algunos otros actores relevantes de la sociedad civil con los que han tejido lazos y redes de
cooperación y empatía, son el magisterio de la Sección 22 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación –SNTE-, la Diócesis de Puerto Escondido, quienes han
acompañado y apoyado al COPUDEVER en la realización de algunas marchas y
manifestaciones públicas en la región de la costa oaxaqueña. Asimismo se han reunido con
integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca –APPO- y el Frente de
Pueblos en Defensa de la Tierra –FPDT- de San Salvador Atenco.
A pesar de contar con el apoyo de las autoridades ejidales y municipales de las seis
demarcaciones afectadas por el proyecto, no cuentan con algún apoyo o respaldo político,
son apartidistas por completo, y afirmaron que algunos políticos han querido respaldar su
lucha, sin embargo, el Consejo no ha permitido la intervención de políticos, ya que “los
partidos políticos lo que quieren es dividir al pueblo, y eso es lo que hacen”.
La organización en el COPUDEVER se apoya directamente de las autoridades ejidales y
municipales, de su cabildo y los Consejos de Ancianos en cada comunidad de las 43 que
integran el frente local. Las asambleas no están preestablecidas, sino que se realizan cada
que el Consejo necesita deliberar sobre algún tema o analizar alguna estrategia a realizar.
La composición étnica del Consejo es mayoritariamente indígena, donde se encuentran
poblaciones de etnias Mixtecas, Chatinas y Afro-mestizas.
Destaca la importancia del tema medio ambiental, ya que se encuentran muy bien
informados de las consecuencias que traería consigo la represa en contra de la dinámica
hidrobiológica del río verde, directamente sobre la ictiofauna y los manglares del sistema
lagunar del Parque Nacional Lagunas de Chacahua –decretado en 1937 y actualmente Área
de Protección de Flora y Fauna- aunado a la pérdida de sus formas de producción y calidad
111
de vida. En concordancia con el CECOP, tampoco cuentan con una estructura
organizacional rígida o jerarquizada, todo se trabaja conjuntamente y se decide a través de
las asambleas del Consejo. En el COPUDEVER no existen líderes, sin embargo, se cuenta
con voceros como Eloy Cruz Gregorio, Juan Gómez Gómez y Felipe Gómez Cruz.
Asimismo la comunicación y coordinación al interior del Consejo se presenta a partir de las
resoluciones tomadas en las asambleas, donde los representantes de las comunidades, tanto
autoridades como pobladores, comunican a sus vecinos los acuerdos de las asambleas. Al
exterior se coordinan mediante los grupos de apoyo, como las ONG, por la vía telefónica o
por medio de las TIC.
Las figuras con las que se identifica el COPUDEVER son principalmente nuestros héroes
de independencia, principalmente Miguel Hidalgo, así como figuras de la Revolución
Mexicana como Emiliano Zapata y Francisco I. Madero. Cuentan con un logotipo, así como
una canción de corrido sobre la problemática que sufre la comunidad de Paso de la Reyna.
Asimismo utilizan pintas y eslóganes como: “La presa: riqueza para los ricos, pobreza para
los pobres”, “No a la presa Paso de la Reina, sí a la vida en la gente” y “Pueblos y ríos
libres”.
De acuerdo con la visión de Eloy Cruz, vocero del COPUDEVER, sí se ha tenido
incidencia de manera lenta pero se ha logrado detener los avances en la construcción del
proyecto, ya que se informaron por televisión de que la CFE pondría la primera piedra de la
obra el 1 de enero de 2010, situación que nunca se presentó, y en palabras de Nicanor
Villegas, integrante del frente, sólo se trata de amenazas, “intimidación a los pueblos para
así aplacarlos”.
A continuación observaremos un concentrado sobre las principales diferencias y similitudes
del CECOP y COPUDEVER, seguido por el apartado sobre el análisis de los principales
mecanismos y acciones puestos en marcha por ambos frentes locales, y de forma conjunta a
través de su integración en el MAPDER, para lograr la detención de los proyectos
hidroeléctricos La Parota y Paso de la Reina:
112
Cuadro 3. Diferencias y similitudes en las características del Consejo de Ejidos y
Comunidades en Oposición a La Parota (CECOP) y el Consejo de Pueblos Unidos por la
Defensa del Río Verde (COPUDEVER)
Características CECOP COPUDEVER
Marginación de los municipios afectados
San Marcos: Muy alta marginación; Juan R. Escudero: Alta Marginación; y Acapulco: Baja marginación, aunque las poblaciones fuera de la ciudad son de alta y muy alta marginación
Santa Cruz Zenzontepec y Santiago Ixtayutla: Muy alta marginación, incluidos entre los 125 municipios más pobres del país; Tataltepec de Valdés y Santiago Tetepec: Muy alta marginación; Villa de Tututepec: Alta marginación; y Santiago Jamiltepec: Media marginación
Composición étnica
Mestizo con algunas localidades indígenas Mayoritariamente indígena, con grupos étnicos Mixtecos, Chatinos y Afromestizos
Interés principal de la resistencia
Cancelación definitiva del proyecto La Parota: proteger sus tierras del despojo, defender derechos individuales y comunitarios, preservar su forma de vida, medios de subsistencia y salvaguardar recursos naturales
Mantenerse unidos y lograr la cancelación del proyecto; tener un conocimiento más amplio sobre el tema y difundirlo entre las comunidades
Estructura interna
Sin estructura organizacional rígida, sin división del trabajo y sin líderes, sólo voceros. Conformado por representantes de las 47 comunidades que se reúnen en Asambleas cada domingo para discutir posiciones y definir estrategias
Sin estructura organizacional rígida, sin división del trabajo y sin líderes, sólo voceros. Participan autoridades ejidales, cabildo y Consejo de Ancianos de las 43 comunidades que se reúnen en Asambleas cada que se necesita deliberar algún tema o estrategias a llevar a cabo.
Principales mecanismos de comunicación interna y externa
- Interna: Resoluciones tomadas en Asambleas comunicadas por representantes a las comunidades. - Externa: A través de redes sociales y las TIC, o vía telefónica con Coordinación de Enlaces del MAPDER
- Interna: Resoluciones tomadas en Asambleas comunicadas por autoridades y pobladores a los vecinos. - Externa: Se comunican con los grupos de apoyo mediante las TIC o vía telefónica
Principales mecanismos e instrumentos contra los proyectos
Establecimiento de alianzas con ONG y movimientos internacionales; utilización de medios jurídico-institucionales; mecanismos de protesta social y confrontación directa con CFE o autoridades
Establecimiento de alianzas con ONG, grupos de apoyo, movimientos nacionales y sindicatos; celebración de foros, encuentros y festivales; utilización de algunos instrumentos de protesta social
Creación de redes y lazos con organizaciones e instituciones
Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan”, Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, Servicios de Asesoría para la Paz, Coalición Internacional por el Hábitat, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Comité DESC de la ONU y varios movimientos internacionales
EDUCA Oaxaca, Centro de Derechos Humanos “Ñu’u Ji Kandii”, Organización “Tequio Jurídico”, Organización “La Ventana”, Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Sección 22 de Sindicato de Trabajadores de la Educación, Diócesis de Puerto Escondido, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y Frente de Defensa de la Tierra de Atenco
Relación directa con autoridades locales
Confrontación y encono con autoridades municipales y ejidales, ya que han sido comprados o coaccionados por la CFE, a excepción de la gestión de Félix Salgado Macedonio
Relación estrecha y cooperativa con autoridades ejidales y municipales, forman parte del Consejo y les brinda todo el apoyo en su resistencia
Relación directa con autoridades estatales
Confrontación y múltiples episodios de violencia en los periodos de gobierno de René Juárez y Zeferino Torreblanca
Indiferencia ante las solicitudes de intervención por parte de las autoridades en los periodos de gobierno de Ulises Ruiz y Gabino Cué
Relación directa con gobierno federal
Confrontación con fuerzas federales y la CFE, solicitud de intervención a Felipe Calderón sin obtener respuesta
Indiferencia ante las solicitudes de intervención dirigidas a Felipe Calderón
Fuente: Elaboración propia.
113
3.4. Alcances y limitaciones de la incidencia del MAPDER en la política hidroeléctrica
En el presente apartado se analizaron las herramientas, mecanismos y acciones que han
llevado a cabo los frentes locales de resistencia contra los proyectos hidroeléctricos de la
CFE, La Parota en Guerrero y Paso de la Reina en Oaxaca, en el periodo 2000-2010, para
conocer su nivel de influencia, impacto o incidencia en la política de proliferación
hidroeléctrica de la paraestatal, a partir de la puesta en marcha del PPP y su consecuente
alineación por parte del gobierno mexicano.
A nuestra consideración, como se pudo observar en el apartado sobre el diagnóstico de
energía en nuestro país y el Anexo 4, estos proyectos responden a la solicitud de
infraestructura para el aprovechamiento y explotación de recursos naturales para
convertirlos en insumos básicos para la producción y venta de energía eléctrica a otros
países, en específico al mayor consumidor de energía del mundo, los EUA.
En el apartado 2.3 de la presente investigación se pudieron constatar setenta y tres acciones
o mecanismos que tuvieron algún grado de incidencia o visibilidad ante la opinión pública,
a partir de la lucha de resistencia contra los proyectos La Parota y Paso de la Reina,
empleados por el CECOP desde el año 2003 y del COPUDEVER desde el 2007. Los
hechos que fueron conjuntamente desarrollados por ambos frentes locales se identificaron
como realizados por el movimiento nacional, el MAPDER, y fueron categorizados de
acuerdo con algunos sustentos teóricos sobre la protesta social, su incidencia en la política
pública y la violencia con la que se ejercieron.
Mediante el apoyo de los conceptos y teorías brindados por Sidney Tarrow (1997), Alberto
Melucci (1999), Manuel Castells (2000) y Manuel Jiménez Sánchez (2005), así como a
través del concepto de violencia que brinda la Organización Mundial de la Salud (2002), se
categorizaron en cinco grandes grupos las acciones y mecanismos empleados por los
movimientos sociales y su acción colectiva: a) los mecanismos al interior del movimiento,
de difusión, comunicación, coordinación y sensibilización, b) los recursos jurídicos-
institucionales, ya sean de defensa o de diálogo con instancias legales, c) las acciones de
114
movilización social que son de naturaleza pacífica d) la protesta social y las prácticas de
exhibición pública que pueden incluir algún grado de violencia17, y e) los mecanismos de
represión del Estado para con la protesta social (Anexo 8).
En el primer grupo de categorías de análisis encontramos dos grandes grupos que se
presentan como parte de las acciones e instrumentos para el fortalecimiento y cohesión de
las posturas, de la comunicación e información y que buscan la coordinación, organización
o estructuración de los mismos movimientos sociales, es decir, los mecanismos al interior
como son los encuentros, foros, consultas públicas, así como las estrategias de alianzas con
actores u organizaciones de mayor peso político.
Al exterior del movimiento se encontraron instrumentos de comunicación impresos y
electrónicos, que incorporan la información y postura para fijar los procesos de definición y
justificaciones de la acción colectiva.
En el segundo grupo se incorporaron los medios jurídicos que los movimientos han
empleado para la defensa de sus derechos, los recursos de revisión ante instancias
nacionales e internacionales, así como las instancias de diálogo y participación con las
entidades gubernamentales.
Para el tercer y cuarto grupo se incluyeron los instrumentos y acciones de presión,
movilización o protesta social, entre las que destacan caravanas, huelgas, marchas,
manifestaciones, toma de instalaciones y bloqueos carreteros.
Finalmente en un quinto conjunto se enumeraron las manifestaciones de represión por parte
del Estado en contra de los movimientos sociales, como las ilegalidades en los procesos, los
17 De acuerdo con la definición manejada por la Organización Mundial de la Salud, la violencia es: “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS, 2002: 5). La OMS distingue entre tres tipos de violencia, la autoinfligida, interpersonal y colectiva. Dentro de este último grupo encontramos que existe la violencia social, como “infligida para promover intereses sociales sectoriales, incluye actos delictivos de odio, acciones terroristas y violencia de masas” y la política, la cual “incluye la guerra, la violencia del Estado y actos similares” (OMS, 2002: 7).
115
enfrentamientos con cuerpos de seguridad y hechos que han suscitado personas lesionadas
o fallecidas. Todas estas acciones y mecanismos fueron calificados por el nivel de
incidencia que han producido en los planes de proliferación hidroeléctrica de la CFE: a)
muy bajo o nulo, b) bajo, c) medio, d) alto, y e) muy alto.
Las escalas de nivel de incidencia con las que fueron ponderadas las acciones y
mecanismos empleados por el CECOP y COPUDEVER, o su intervención conjunta a
través del MAPDER, fueron establecidas conforme al nivel de incidencia en la política
hidroeléctrica de la CFE o el impacto en la opinión pública, a) tomando en cuenta que las
acciones al interior de los movimientos locales y nacional, así como algunos recursos
jurídico-institucionales y mecanismos de represión por parte del Estado fueron catalogados
como de nulo, muy bajo o bajo nivel de incidencia; b) algunos instrumentos de protesta
social, los más relevantes mecanismos al interior de los movimientos y algunas denuncias
de ONG a nivel local o nacionales fueron ponderados como de medio nivel de incidencia;
c) mientras que las resoluciones de Tribunales locales, las denuncias y recomendaciones de
instancias internacionales, los asesinatos consumados y las evidencias directas de
incidencia en la política pública, fueron calificados como de un alto y muy alto nivel..
En cuanto al análisis de las acciones y mecanismos que ha utilizado el CECOP y el
COPUDEVER –o conjuntamente a través del MAPDER- para evidenciar la situación de
conflicto que ha justificado la movilización y protesta social, se encontraron ocho hechos
(10.95%) que pueden ser ponderados como de muy alto nivel de incidencia en la política
hidroeléctrica en nuestro país.
El común denominador de todos estos hechos es la utilización de instancias jurídicas y la
búsqueda de la intermediación de organismos internacionales especializados en derechos
humanos o de defensa medio ambiental que han llevado al Estado mexicano a replantear su
política o considerar el inicio del diálogo con los movimientos: 1) las recomendaciones del
TLA y 2) del Comité DESC de la ONU sobre la violación a los derechos humanos en el
marco del proyecto La Parota, 3) la prohibición de ingreso emitida por el Tribunal Agrario
Unitario de Guerrero a la CFE, que llevó a 4) que la paraestatal buscara dialogar con los
116
ejidatarios para llevar a cabo la represa, 5) la visita y reporte de los visitadores de la ONU,
Miloon Kothari y Rodolfo Stavenhagen sobre las irregularidades en el proceso de
apropiación de los terrenos para el proyecto La Parota, 6) la denuncia de la Oficina del Alto
Comisionado de la ONU sobre la vulnerabilidad de las comunidades amenazadas por
proyectos de desarrollo como La Parota y Paso de la Reina. Con estos antecedentes que
suscitado la visibilidad del conflicto social, llevaron a que en el año 2010, 7) el líder de los
partidos políticos de izquierda, López Obrador, condicionara al futuro gobernador de
Guerrero a promover la cancelación del proyecto, así como 8) la creación a nivel estatal de
la Comisión de Seguimiento a la Problemática asociada al proyecto La Parota (Anexo 9).
Entre las acciones y mecanismos con un nivel alto de incidencia en la política hidroeléctrica
de la CFE, se enumeraron catorce sucesos (19.17%) entre los que destacan las cartas de
petición enviadas al presidente de la República, la participación de los frentes locales en
foros, festivales y la exposición fotográfica en la ciudad de México, las declaraciones de
nulidad y amparos otorgados, así como los tres homicidios que ha dejado la ruptura del
tejido social que ha dejado el proyecto La Parota (Anexo 9).
Cabe destacar que la mayoría de las acciones y mecanismos que han suscitado un muy alto
y alto nivel de incidencia se han presentado en respuesta al proyecto hidroeléctrico en el
estado de Guerrero.
En el nivel medio de incidencia en la política hidroeléctrica de la CFE, las acciones del
CECOP y COPUDEVER dieron como resultado veinte eventos (27.39%) en los que
sobresalen algunos mecanismos de movilización y protesta social: como campamentos-
plantones, retenciones de trabajadores, irrupciones en eventos oficiales, marchas y
manifestaciones públicas, así como instrumentos de fortalecimiento al interior del
movimiento social como foros, reuniones y festivales (Anexo 9).
Con relación a las acciones catalogadas como de bajo (30.13%) y muy bajo o nulo
(12.32%) nivel de incidencia en la política hidroeléctrica, 22 y 9 respectivamente, se
incluyeron algunos instrumentos de movilización como bloqueos, enfrentamientos con la
117
fuerza pública, la toma de instalaciones y algunas detenciones de miembros del CECOP.
Asimismo en este grupo destacan acciones de fortalecimiento al interior del movimiento,
como son la emisión de folletos informativos, la creación de frentes regionales,
participación en congresos y la presentación de un video-documental que recaba la postura
de las comunidades adheridas al COPUDEVER (Anexo 9).
Respecto a los ciclos de protesta social que observamos en la caracterización de las
acciones y mecanismos utilizados por el CECOP y el COPUDEVER para establecer
procesos de acción que permitan la apertura o el acceso a las instituciones del Estado, en
este caso la CFE, por la periodicidad de estas se encontró que el punto más álgido de la
lucha y resistencia del CECOP se presentó en los años 2005 y 2006, con 7 y 10 acciones
respectivamente, mientras que las acciones del COPUDEVER que mayor frecuencia
presentaron en un año se dieron en 2009 al contabilizar 12 acciones, y las herramientas
conjuntas catalogadas dentro del MAPDER tuvieron una constante durante el periodo
2006-2009 con dos acciones anuales (Anexo 9).
No obstante, en el caso del frente guerrerense muestra todas las fases del ciclo de la
protesta social, su ascenso a partir de 2003, la intensificación en el año 2006 y el descenso
de 2009, para llegar al proceso de reorganización de la protesta que ha llevado al
establecimiento de relaciones de poder en la esfera política y cierto nivel de influencia o
representación en la agenda u opinión pública en el año 2010.
En el caso del COPUDEVER, su inicio se presenta hasta el año 2006, por lo que
actualmente la acción colectiva se encuentra en la fase de intensificación de la protesta
social, sin embargo, en estos casi seis años de resistencia del frente oaxaqueño han logrado
la visibilidad y el establecimiento de alianzas con organismos internacionales, así como el
reconocimiento de su lucha al recibir el galardón “Don Sergio Méndez Arceo” en materia
de derechos humanos en el año 2011.
Los mecanismos e instrumentos más empleados por los movimientos fueron la celebración
de encuentros, foros y alianzas con otros grupos y organizaciones, siendo el COPUDEVER
118
el más prolífico en este rubro, sin embargo en el caso de La Parota y el CECOP destaca la
utilización de la fuerza pública y las ilegalidades efectuadas por los aparatos
gubernamentales, que como ya mencionamos han suscitado el rompimiento del tejido social
dentro de las comunidades afectadas por el proyecto.
Consideramos esencial la utilización de las TIC para la coordinación e integración de los
frentes locales con el movimiento nacional, así como la búsqueda y establecimiento de
alianzas con otros movimientos en el continente, organismos especializados en derechos
humanos y ambientales, y la difusión de la información y posturas que han homologado
una identidad cultural-simbólica en contra de la construcción de represas en México y el
mundo.
En su conjunto, todos estos mecanismos de resistencia y de pugna por la cancelación de
ambos proyectos hidroeléctricos pueden ser clasificados con un nivel de incidencia medio y
alto, ya que aparte de haber logrado detener las obras y suspender durante años ambos
proyectos, los frentes locales han suscitado la visibilidad del problema al que se enfrentan,
entretejiendo lazos y alianzas con actores clave, como es el caso de los visitadores de la
ONU, han utilizado un arsenal de nuevos instrumentos para enarbolar su resistencia, como
las instancias jurídicas nacionales e internacionales, así como han logrado significarse
como un referente en la lucha por la defensa de sus territorios, los derechos humanos y del
medio ambiente.
119
Conclusiones y recomendaciones
Con la nacionalización de la industria eléctrica se consolida la CFE como principal
productor de electricidad en el país al retirar la concurrencia de intereses privados
internacionales, aunada a la incorporación de nuevas tecnologías para la generación
hidroeléctrica. Como parte de la expansión del sector eléctrico en los años sesenta y gracias
a la construcción de los proyectos de Malpaso, La Angostura, Chicoasén, Peñitas e
Infiernillo en los estados de Chiapas y Guerrero, el abasto de energía ha estado garantizado
hasta nuestros días, lo que llevó a dejar de considerar la construcción de nuevas centrales
hidroeléctricas en la década de los ochenta y noventa.
La década de los noventa marca una coyuntura en la política de generación al incorporar
nuevamente a inversionistas y empresas extranjeras en la construcción, operación de
centrales, así como para la venta y exportación de energía eléctrica con la completa
anuencia y promoción del gobierno mexicano al reformar varias disposiciones de la
LSPEE, en una completa violación a lo que actualmente estipula el artículo 27
constitucional. Después de 106 años de servicio al pueblo de México, en 2009 desaparece
LFC, dejando a la CFE como único distribuidor de energía en el país, lo que permite a la
paraestatal no solamente fijar los cobros y tarifas a usuarios finales, sino también establecer
libremente los requerimientos de personal e infraestructura para su operación.
A partir del año 2000, y con la puesta en marcha del PPP, la paraestatal vuelve a considerar
la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos, con el argumento de la necesidad de
incrementar el parque de generación para el desarrollo del país, sin embargo, con la entrada
de los PIE –empresas españolas, japonesas y americanas- a la generación de energía, se
incrementa exponencialmente la capacidad instalada ya favorable a la balanza energética
del país, con lo que las empresas extranjeras producen y venden la energía a la CFE
tomando como insumo nuestros recursos naturales, así que las centrales de la paraestatal ya
existentes aumentan su capacidad ociosa, es decir, dejan de generar electricidad. Las
nuevas centrales para generación eléctrica que ha prospectado la CFE se incluyen en el
120
nuevo esquema de financiamiento PIDIREGAS, siendo concesionadas en su construcción y
operación a la iniciativa privada, como lo serían La Parota y Paso de la Reina.
Con el apartado del diagnóstico que se realizó en esta investigación, queda demostrado que
tanto la capacidad instalada como la generación bruta de electricidad en México es mucho
mayor que la demanda de energía de los sectores productivos, por lo que el argumento que
ha tomado la CFE desde la entrada en vigor del PPP de continuar desarrollando proyectos
hidroeléctricos para satisfacer la demanda en el país es completamente falsa. Por lo
anterior, consideramos que son bastante evidentes los intereses que persigue la paraestatal
mexicana en el marco del acuerdo de integración regional, ya que la política de generación
eléctrica se ha centrado en: a) continuar adjudicando y concesionando los proyectos de
producción energética a los PIE, constituyéndose en un gran negocio para los funcionarios,
b) fortalecer y consolidar la actuación de empresas extranjeras en la generación de
electricidad en México, al comprar la energía generada por los PIE y revenderla con tarifas
más altas a usuarios finales, tanto a nacionales como a extranjeros, y c) explotar al máximo
los recursos naturales del país y de la región en beneficio de las compañías transnacionales,
posicionando a la CFE como el primordial intermediario de la energía que requieren los
sectores industriales en México, pero principalmente en los EUA, todo esto en detrimento
del patrimonio del pueblo mexicano, como lo ha sido el caso de PEMEX.
Al realizar un recorrido por los acuerdos internacionales que ha suscrito nuestro país, y que
han sido promovidos por los OFI y el gobierno de los EUA, encontramos que los intereses
de la CFE responden a incorporarse en una lógica de libre comercio como cualquier
empresa. El desarrollo de infraestructura de generación hidroeléctrica en el país se ha
inclinado por responder a las demandas de los tratados internacionales, así como a
garantizar su papel de principal proveedor de energía en la región. El caso del fracaso del
ALCA a nivel hemisférico nos muestra un ejemplo de los intereses estadounidenses sobre
la región latinoamericana, por el cual buscó consolidar su hegemonía en el continente,
creando corredores de desarrollo en los que se aprovechan los recursos nacionales de los
países subdesarrollados para alimentar los grandes cinturones industriales de EUA, sin
embargo, el mecanismo encontró la oposición de algunos gobiernos sudamericanos como el
121
argentino y venezolano, pero sobretodo el brasileño por la amenaza directa a los intereses
por consolidar su supremacía económica en el bloque de América del Sur.
Los efectos en la alteración de los ríos y sus repercusiones sobre las cuencas, las
comunidades aledañas a los proyectos y el medio ambiente son bastante notables y
preocupantes, entre ellos destaca el incremento de emisiones de GEI a la atmósfera, las
afectaciones sobre el equilibrio de flora y fauna y los desplazamientos de comunidades
enteras, los cambios en las formas de subsistencia, así como el incremento de enfermedades
de transmisión por vectores en la salud humana.
En cuanto a las afectaciones a nivel social, los antecedentes en las presas hidroeléctricas de
Cerro de Oro, Aguamilpa y Zimapán muestran los cambios que conllevan los proyectos
hidroeléctricos, desde el faccionalismo político, la ruptura del tejido social entre
comunidades, los cambios en la cultura y formas de vida de los reubicados, así como la
pérdida de identidad sobre sus territorios originales. No obstante, el caso de Itzantún
ejemplifica que las comunidades organizadas, bien informadas y su resistencia produjo la
detención de los planes de consumar el proyecto, enalteció los derechos de las personas y el
respeto hacia su entorno, así como la cohesión social que brinda el desafío colectivo.
Entre los conceptos y postulados sobre movimientos sociales, acción colectiva y la
incidencia de estos en la política pública, se encontraron elementos de análisis que
permitieron estudiar al MAPDER, en el que destacan: 1) características de interacción y
solidaridad entre sus integrantes, 2) los elementos simbólicos y culturales que alimentan y
fortalecen la identidad colectiva, 3) aunado al uso de las TIC como instrumento para
comunicar la información y lograr la sensibilización de la problemática social en un
esfuerzo de maximizar la presión política, pero también como un mecanismo de
coordinación entre los integrantes y activistas, creando una sociedad en red anti-sistémica.
El MAPDER proviene y encuentra su naturaleza en la creación de redes internacionales de
apoyo en contra de represas en América Latina y a nivel mundial, como tal, funge como
integrador de los frentes locales encontrados en 27 entidades a lo largo del país, que buscan
122
defender sus territorios, organizarse en contra de los planes gubernamentales de
explotación, así como ser un espacio de intercambio de estrategias y conocimiento en
contra del fenómeno de las represas en México. Es un movimiento social autónomo con
una estructura descentralizada en donde todos participan y se coordinan a través de
encuentros y foros, integrados a través de tres premisas principales: a) la defensa de los
territorios en contra de los proyectos de desarrollo, en particular las represas, b) la
preservación de los recursos naturales con énfasis en los ecosistemas hídricos, y c) la
defensa de los derechos indígenas, comunales, ejidales y de autodeterminación de las
comunidades sobre sus formas de vida.
De acuerdo con los preceptos sobre incidencia en política pública encontramos que estos
dependen del grado de apertura del sistema político hacia la participación de su sociedad,
cuestión que es incipiente en el caso mexicano, al encontrarse cooptado por las élites
políticas, los movimientos tienen que buscar otras formas de ejercer presión o tratar de
incidir en las políticas, ya sea a través de la protesta social, la utilización de instancias y
medios jurídicos o la búsqueda de alianzas con actores y organizaciones internacionales.
Entre las más de setenta acciones o sucesos que implicaron la utilización de elementos o
instrumentos de acción colectiva en contra de los proyectos La Parota y Paso de la Reina,
destacan la realización de foros, la interposición de medidas legales y algunos sucesos de
violencia emanados de protestas y encono entre comunidades a favor y en contra de los
proyectos, por lo que la naturaleza de mediación, consulta y estado de derecho del gobierno
mexicano a través de las acciones de la CFE han quedado en entredicho.
El PM –antes PPP- y su vertiente energética el SIEPAC, en primera instancia pueden ser
concebidos como instrumentos para el desarrollo de las naciones del istmo
centroamericano, sin embargo, en el largo plazo, sobresalen por ser mecanismos para la
explotación de recursos naturales -como el agua, el petróleo y la masa forestal- que serán
convertidos en insumos y venderlos al mejor postor, en este caso, para ser aprovechados
para sostener los ritmos de producción de los cinturones industriales norteamericanos,
como son: 1) la zona de explotación de petróleo y gas natural en Texas y Louisiana, 2) el
123
área de producción de algodón y cereales ubicado en Arkansas, Louisiana, Tennessee,
Mississippi, Alabama y Georgia, 3) la faja de maquiladoras en los estados de Arizona,
Nuevo México y el sur de California, y 4) Silicon Valley en el norte de California.
.
En este caso la CFE juega un papel esencial de intermediación para el transporte de energía
a los EUA, a través de la recién conexión entre el SEN y el SIEPAC, que si bien
actualmente la paraestatal mexicana es la que envía energía a los países centroamericanos,
en un futuro no muy lejano esta tendencia se revertirá al consumarse los planes de
proliferación hidroeléctrica en Centroamérica, aprovechando los grandes recursos hídricos
con los que cuentan (Ver Anexos 3 y 4). La CFE captará estos recursos energéticos
provenientes del SIEPAC, el SEN trasladará la electricidad y será enviada a los EUA
mediante las diez interconexiones que sostiene con el vecino país del norte.
La CFE al constituirse como “una empresa de clase mundial” se destaca por atender a las
condiciones de rentabilidad de los proyectos que planifica, sin considerar las demandas
sociales, busca consolidarse como intermediador y principal productor de energía eléctrica,
tanto en nuestro país como convertirse en el principal proveedor eléctrico de los EUA,
importándole poco pasar por encima de campesinos, ejidatarios e indígenas para consumar
los negocios que implican la construcción de grandes complejos hidroeléctricos. No
obstante, con la emisión de la Ley General de Cambio Climático –en la que se estipula que
el último gran proyecto hidroeléctrico que se realizará será La Yesca- ahora existe un freno
legal para seguir construyendo infraestructura no necesaria para la demanda de electricidad
de los sectores nacionales, por lo que tendrá que desarrollar otro tipo de tecnologías –como
mini-hidroeléctricas, proyectos eólicos y solares- o concesionarlas para llevar a cabo sus
planes económicos internacionales.
En el apartado de la caracterización del CECOP y COPUDEVER en contra de la
construcción de los proyectos hidroeléctricos La Parota y Paso de la Reina se encontraron
muchas similitudes en la organización y las formas de acción colectiva como parte del
MAPDER, ya que ambos frentes cuentan con miles de personas de las poblaciones
amenazadas, y al ser bienes ejidales y comunales en ambos casos, las asambleas son el
124
espacio donde se consensan los acuerdos y estrategias al interior, así como la construcción
de redes al exterior de los movimientos han sido fundamentales para su persistencia a lo
largo del periodo de estudio. No cuentan con estructuras formales y rígidas en su
organización, se trabaja conjuntamente con las personas más inmiscuidas, no cuentan con
líderes sino con voceros y ambos utilizan las TIC para su organización al interior y al
exterior del movimiento.
Las diferencias que se encontraron tienen que ver con la antigüedad del CECOP ante la
resistencia del COPUDEVER, y aunque este último cuenta con mayores elementos de
identidad cultural al ser un movimiento predominantemente indígena, las estrategias de
lucha son variadas: en el caso del CECOP sobresalen las acciones de confrontación con
autoridades y la utilización de mecanismos jurídicos para detener el proyecto La Parota, y
el COPUDEVER privilegia la organización social y la cohesión a través de encuentros,
festivales y alianzas con actores claves a nivel local.
Ambos frentes han logrado detener los proyectos hidroeléctricos en sus territorios y han
logrado establecer alianzas con actores nacionales e internacionales, por lo que el nivel de
incidencia hacia sus objetivos es catalogado como alto o muy alto. Sin embargo, en cuanto
a la definición de la incidencia en la política pública, se ponderaron los instrumentos y
acciones de ambos frentes como de nivel alto, donde destacan las denuncias y
recomendaciones de organismos internacionales como la ONU, las sentencias y amparos
emitidos por los Tribunales locales y federales, la creación de la comisión de seguimiento a
la problemática de La Parota, y el apoyo de algunos integrantes de los partidos de izquierda
como muy alto en nivel de incidencia. El 15 de agosto de 2012, se reúnen el CECOP con el
gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en el que se firman los Acuerdos
de Cacahuatepec, que buscó desde 2008 que el gobierno estatal respondiera con, la gestión
ante el gobierno federal para la cancelación del proyecto, no promover asambleas ilegales,
no utilizar la fuerza pública en contra del movimiento, la promoción del desarrollo
sustentable de las comunidades y coadyuvar con el restablecimiento del tejido social entre
las comunidades de los Bienes ejidales.
125
Por lo anterior consideramos que la hipótesis que orientó las indagaciones de la presente
investigación es refutada, ya que el MAPDER, a través de sus frentes locales ha logrado
crear mecanismos de interlocución con el gobierno, así como el establecimiento de
alianzas políticas, que a la postre han incidido en la toma de decisiones y el cambio de
rumbo de las políticas de los gobiernos federal, estatal y el sectorial, es decir, de la SENER
y la CFE. Una muestra clara de la incidencia del MAPDER en la política hidroeléctrica de
la CFE, ha sido la emisión de nuevos preceptos legales y programas para la conservación
del medio ambiente, donde ya no se contemplan los grandes proyectos hidroeléctricos, por
lo que la paraestatal tendrá un panorama bastante difícil para llevar a cabo sus planes de
expansión en su búsqueda de utilidad pública y económica a nivel internacional.
En cuanto a los objetivos planteados a alcanzar con el presente estudio, a nuestra
consideración fueron logrados al describir las causas del nacimiento de múltiples formas de
resistencia en nuestro país, describir el contexto en el que se forma el MAPDER, el análisis
y descripción de la política hidroeléctrica, el seguimiento cronológico de las acciones e
instrumentos de lucha del MAPDER, a través del CECOP y COPUDEVER, así como la
evaluación del nivel de incidencia de estas en la política de proliferación hidroeléctrica de
la CFE.
A título personal, en el escenario más desfavorable para las personas y comunidades
amenazadas por la construcción de los proyectos hidroeléctricos La Parota y Paso de la
Reina, de llevarse a cabo traerían consigo una serie de repercusiones ambientales y sociales
como: a) las afectaciones ambientales por ambos proyectos serían de consecuencias
devastadoras para especies endémicas de flora y fauna de los pocos resquicios de selva
caducifolia en nuestro país, ubicados precisamente en las costas de Guerrero, Oaxaca y
parte de Chiapas; b) de ser materializados estos proyectos, las comunidades aledañas
vivirán una constante amenaza de desaparecer al ser construidos sobre la zona de mayor
sismicidad en México, en la confluencia de las placas de Cocos, del pacífico y la
norteamericana, sin mencionar las deficiencias en la operación de los técnicos de CFE
como en el caso de la comunidad de Juan de Grijalva en el estado de Chiapas, desaparecida
en 2007 por negligencia en el desfogue de la represa de Malpaso; c) d) la energía que
126
producirán ambas represas será para exportación, por lo que no beneficia a personas,
comunidades y ciudades de Oaxaca y Guerrero, entidades que ostentan el mayor porcentaje
de viviendas sin electricidad en nuestro país, 6.2% y 7.3% respectivamente; d) en el caso de
la compra de las tierras por expropiación, la CFE arrastra un historial de adeudo de
indemnizaciones en otros proyectos hidroeléctricos, desde las represas en Chiapas como
Malpaso, La Angostura y Chicoasén de la década de los setenta, continuando con Cerro de
Oro, Temascal y Benito Juárez en Oaxaca y El Caracol e Infiernillo en Guerrero en las
décadas de los ochenta y noventa, como actualmente con los adeudos presentados en los
proyectos de El Cajón y La Yesca; e) el proceso de adjudicación o expropiación de tierras
de llegar a consumarse, se efectuarían ya con varias irregularidades, como la deficiencia en
los procesos de información y consulta, así como la violación a los estatutos del artículo 27
constitucional sobre la determinación de los pobladores sobre el régimen y uso de bienes
ejidales y comunales; finalmente, f) estos proyectos implicarían el desalojo y
desplazamiento de casi 50 mil personas y afectaciones parciales a aproximadamente 200
mil personas que han encontrado en los ríos Papagayo y Verde una forma de vida
irremplazable.
A continuación presentamos algunas recomendaciones en materia de política pública:
� La definición del problema público de la política hidroeléctrica debería centrarse en las
necesidades energéticas del país, respetando la legislación nacional, informando y
consultando a las comunidades a las que afectarán e incluyendo propuestas desde la
sociedad civil. Se recomienda a la CFE la creación de una instancia que atienda este
rubro.
� En cuanto a la inclusión del problema en la agenda pública, el gobierno mexicano tiene
que crear mecanismos para la interlocución Estado-sociedad, en particular hacia la
atención de los focos de conflicto social. Se recomienda al gobierno federal destinar en
alguna o en coordinación de las dependencias, la resolución de las demandas emanadas
desde la sociedad civil, por ejemplo mediante la creación de una Subsecretaría de
Atención a Movimientos Sociales dentro de la Secretaría de Gobernación.
127
� En la implementación de la política hidroeléctrica se han suscitado voces de protesta y
conflicto por la reactivación en la construcción de grandes proyectos en el sureste del
país, no siendo resueltos por la paraestatal. Recomendamos a la CFE como organismo
técnico en la gestión de la electricidad, la búsqueda en instituciones implicadas como
CONAGUA, SEMARNAT, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas –
CDI- y la Secretaría de Desarrollo Social –SEDESOL-, la asesoría, capacitación o
intermediación en negociación, o la reformulación de la misma política buscando
fuentes alternas de generación socialmente aceptadas.
� Con la imposición de los proyectos hidroeléctricos La Parota y Paso de la Reina, los
gobiernos federal y estatal han recurrido a una serie de violaciones sistemáticas a los
derechos humanos, individuales y comunitarios, como: el derecho a la seguridad
personal, a la libertad, a desarrollarse en un medio ambiente sano, así como el derecho
a la autodeterminación de los pueblos, a las formas de organización ejidal y
comunitaria, a decidir sobre sus tierras y recursos naturales, entre otras, y en términos
de política pública, el derecho de acceso a la información y consulta pública que se ve
reflejado en la incertidumbre de pobladores y comunidades sobre su presente y futuro.
Por lo anterior, se recomienda a todos los niveles de gobierno, en especial al gobierno
federal, que manejen los asuntos de interés público de forma transparente, legítima y
con la presentación de toda la información generada sobre proyectos, planes,
programas y políticas, así como la inclusión de la participación ciudadana en la toma
de decisiones gubernamentales.
� Se sugiere a los movimientos implicados que busquen alianzas políticas, y medios de
comunicación de espectro nacional, así como el fortalecimiento de las campañas de
difusión de la problemática por la construcción de represas, de acuerdo a los estudios
efectuados desde la CMR. Con la emisión de la Ley General de Cambio Climático, en
vigor desde octubre de 2012, la CFE tendrá que buscar otras fuentes de generación, ya
que no se considera a las grandes hidroeléctricas como generador de energías limpias.
128
Es imprescindible que las instituciones de gobierno respeten los derechos de la población,
se enaltezcan y preserven las culturas de las personas, que se busque la utilidad y el
desarrollo económico no en beneficio de las élites políticas y empresariales, sino en
inversión en capital social, en educación, salud, vivienda y servicios públicos dignos o
eficientes, así como la creación de una política nacional de fomento al empleo,
privilegiando el desarrollo sustentable de las comunidades y de la población en general,
buscando siempre la preservación de los elementos que nos identifican y unen como
mexicanos, que a la postre logrará proyectar las buenas costumbres, los elementos
multiculturales invaluables y los principios o valores que tenemos como nación para lograr
la competitividad hacia el interior y hacia el exterior de nuestro México.
129
Bibliografía y fuentes de consulta
Alternativas y Capacidades, A. C. (2010); Manual de incidencia en políticas públicas. México: Alternativas sociales.
Altvater, Elmar (2004); “El lugar y el tiempo de lo político bajo las condiciones de la globalización económica” en Juan Carlos Monedero; El cansancio del Leviatán. Problemas políticos en la mundialización. Madrid: Ed. Trotta, pp. 39-81.
Aronsson, Inga-Lill (1992); “Impresiones de un proyecto de reasentamiento” en Revista Alteridades, año 2, No. 4. México: Ed. UAM-I, pp. 51-59.
Barabas, Alicia M. (1994); “Normatividades jurídicas en torno a las relocalizaciones de población indígena” en Instituto de Investigaciones Jurídicas; Derechos Indígenas en la Actualidad. Serie E: Varios, No. 59. México: IIJ-UNAM, pp. 29-47.
Barabas, Alicia y Miguel Bartolomé (1992); “Antropología y relocalizaciones”, en Revista Alteridades, año 2, No. 4. México: Ed. UAM-I, pp. 5-15.
Becerra, Andrea (2006); “Presentación. Movimientos sociales y lucha por el derecho humano al agua en América Latina” en Revista Académica POLIS, No. 14, ILSA. Revista El Otro Derecho, No. 34, Santiago: Universidad Bolivariana, pp. 7-14.
Bonnewitz, Patrice (2003); La sociología de Pierre Bourdieu. Buenos Aires: Ed. Nueva Visión.
Burgués Arrea, Irene (2005); Inventario de Proyectos de Infraestructura en Mesoamérica. Reporte. Sebastopol: Conservation Strategy Fund.
Carreón-Rodríguez, Víctor G. (2003); The Mexican Electricity Sector: Economic, Legal and Political Issues. Working Paper #5. Stanford: Stanford University.
Castells, Manuel (2000); “Materials for an exploratory theory of the network society” en British Journal of Sociology, Vol. 51, Issue No. 1. Londres: University of London, pp. 5-24.
Castro Soto, Gustavo (2005); “El movimiento social en Mesoamérica por la defensa de los recursos naturales” en Revista OSAL, año VI, No. 17, mayo-agosto 2005. Buenos Aires: CLACSO, pp. 41-51.
130
Chávez Galindo, Rodolfo (2009); “El conflicto presa La Parota” en UNAM-SIPIG; Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Guerrero. México: UNAM-Secretaría de Desarrollos Indígenas de Guerrero, pp. 621-629.
Cobb, Roger W. y Charles D. Elder (1986); Participación en Política Americana. La dinámica de la estructuración de la agenda. México: NOEMA Editores.
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (1997); “Central hidroeléctrica de Aguamilpa, México” y “Proyecto Hidroeléctrico: Ing. Fernando Hiriart Balderrama (Zimapán). México” en Revista de Obras Públicas, año 144, No. 3363: V Premio Internacional Puente de Alcántara (Monográfico), marzo de 1997. Madrid: Ed. CICCP, pp. 116-117 y 122-123.
Cuevas, María Luisa y Arturo Garrido (2010, et. al.); “Estado actual de la vegetación en las cuencas de México”, en Cotler Ávalos, Helena (Coord.); Las cuencas hidrográficas de México. Diagnóstico y priorización. México: INE, pp. 50-58.
De la Garza Toledo, Enrique (1994, et. al.); Historia de la Industria Eléctrica en México, Tomo I. Colección CSH. México: UAM-I.
_______________________ (1994b); Historia de la Industria Eléctrica en México, Tomo II . Colección CSH. México: UAM-I.
Delgado-Ramos, Gian Carlo (2006); Agua: usos y abusos. La hidroelectricidad en Mesoamérica. México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-UNAM.
Denton Navarrete, Thalía (2006); “El régimen institucional del agua en México desde la perspectiva jurídica” en Constantino Toto, Roberto (Coord.); Agua, seguridad nacional e instituciones. México: UAM-X, pp. 311-361.
Enríquez Harper, Gilberto (2003); El ABC del control electrónico de las máquinas eléctricas. México: Ed. Limusa.
Escobar Toledo, Raúl (2006); “La industria eléctrica en México” en Boletín Diario de Campo No. 85. México: INAH, pp. 4-19.
Jiménez Sánchez, Manuel (2005); El impacto de los movimientos sociales. Un estudio de la protesta ambiental en España. Colección Monografías No. 214. Madrid: Ed. Siglo XXI de España-Centro de Investigaciones Sociológicas.
131
Katz, Claudio (2006); El rediseño de América Latina: ALCA, MERCOSUR y ALBA. Buenos Aires: Ed. Luxemburg.
Kliksberg, Bernardo (2005); “Hacia un nuevo perfil del Estado en América Latina: los cambios en las percepciones y las demandas de la ciudadanía” en Revista Reforma y Democracia, No. 32, Caracas: Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, pp. 51-88.
Kopas, Jacob y Astrid Puentes (2009); Grandes represas en América, ¿Peor el remedio que la enfermedad? Principales consecuencias ambientales y en los derechos humanos y posibles alternativas. Bogotá: Ed. Gente Nueva.
Martínez Miranda, Elio y María de la Paz Ramos (2006); “Funciones de los ingenieros inspectores al comienzo de las obras del Complejo Hidroeléctrico Necaxa” en Revista Historia Mexicana, Vol. 56, No. 1, pp. 231-286.
McCully, Patrick (2004); Ríos Silenciados: Ecología y Política de las Grandes Represas. Santa Fe, Argentina: Ed. Proteger.
Melucci, Alberto (1999); Acción colectiva, vida cotidiana y democracia. México: El Colegio de México.
Molina Ramos, Eduardo (1992); “Faccionalismo y poder en Arroyo Tambor: el impacto de la presa Miguel De la Madrid Hurtado sobre un microproceso político” en Revista Alteridades, año 2, No. 4. México: Ed. UAM-I, pp. 67-75.
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (2002); Manual básico para la incidencia política. Washington DC: WOLA.
Ordóñez Morales, César E. (2006); Tendencias de la integración económica en Guatemala y el sureste de México. Guatemala: AVANCSO y Universidad de San Carlos de Guatemala, p. 446.
Peña, Francisco (2005); “La lucha por el agua. Reflexiones en México y América Latina” en Dávalos Pablo (comp.); Pueblos indígenas, Estado y Democracia. Buenos Aires: CLACSO Libros, pp. 217-238.
Pereyra Díaz, Domitilo y José A. Pérez Sesma (2006); “Hidrología de superficie y precipitaciones intensas 2005 en el Estado de Veracruz” en Tejeda Martínez, Adalberto; Inundaciones 2005 en el Estado de Veracruz. Xalapa: Universidad Veracruzana, pp. 81-99.
132
Pérez, Ana Lilia (2006); “Privatización silenciosa de la energía eléctrica” en Revista Fortuna, año IV, núm. 43, agosto de 2006, pp. 43-49.
Pérez Buendía, Jesús E. (2010); “Evaluación económica de la producción independiente de energía en México 2000-2007” en Revista Economía Informa No. 365, octubre-diciembre 2010. México: UNAM, pp. 74-102.
Pérez Quijada, Juan (1992); “Reacomodos. Treinta años después” en Revista Alteridades, año 2, No. 4. México: Ed. UAM-I, pp. 61-66.
Riechmann, Jorge y Francisco Fernández (1994); Redes que dan Libertad: Introducción a los nuevos movimientos sociales. Colección Estado y Sociedad. Buenos Aires: Ed. Paidós.
Romo Cedano, Pablo (2006, coord.); Informe de la Conflictividad Social en México, Enero-Octubre 2006. México: Ed. SERAPAZ.
Sotelo Núñez, Esthela I. (2011); Hacia un esquema de Pago por Servicios Ambientales para la cuenca del Río Papagayo. México: EcoLogic Development Fund, Consejo Regional de la Sierra de Guerrero y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guerrero.
Stanley, Jason (2003); Financing Matters: Where funding arrangements meet resettlement in three Mexican dam projects. Refugee Studies Centre Working Paper No. 14, October 2003. Oxford: Oxford University.
Stenzel, Paulette L. (2006); “Plan Puebla Panama: An economic tool that thwarts sustainable development and facilitates terrorism” en William and Mary Environmental Law and Policy Review, No. 30, Issue 3. Williamsburg: Willliam and Mary Law School, p. 555-623.
Stiglitz, Joseph E. (2002); El malestar en la globalización. Capítulos I y IX. Madrid: Ed. Taurus, pp. 27-48 y 269-314.
Stiglitz, Joseph E. y Andrew Charlton (2005); Fair trade for all. How trade can promote development. New York: Oxford University Press.
Tarrow, Sidney (1997); El poder en movimiento: Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Madrid: Ed. Alianza.
Villafuerte Solís, Daniel (2004); La frontera sur de México. Del TLC México-Centroamérica al Plan Puebla Panamá. México: UNAM y Plaza y Valdés.
133
Wallerstein, Immanuel (2004); “Nuevas revueltas contra el sistema” en Immanuel Wallerstein; Capitalismo histórico y movimientos anti-sistémicos. Un análisis de sistemas mundo. Madrid: Ed. Akal.
Documentos oficiales
Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (2012); Constitución Política de la República Federativa del Brasil, del 1 de enero de 1988 [Internet], disponible en: «http://www.unhcr.org/refworld/docid/3db937cd2.html».
Amnistía Internacional (2007); México, derechos humanos en peligro: Proyecto Presa La Parota. Documento público, Índice AI: AMR 41/029/2007 [Internet], disponible en: «http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR410292007».
Comisión Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica (2008); El PPP: Avances, retos y perspectivas. Evolución del Plan Puebla Panamá hacia un Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica “Proyecto Mesoamérica”. Informe Ejecutivo. Villahermosa: Comisión Ejecutiva PIDM.
Comisión Federal de Electricidad (2005); Programa de Obras e Inversiones del Sector Público 2005-2014. [Internet] México: CFE, disponible en: «http://www.cfe.gob.mx».
___________________________ (2007); Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2007-2016 [Internet]. México: CFE, disponible en: «http://www.cfe.gob.mx».
___________________________ (2008); Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2008-2017 [Internet]. México: CFE, disponible en: «http://www.cfe.gob.mx».
___________________________ (2010); Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2010-2024 [Internet]. México: CFE, disponible en: «http://www.cfe.gob.mx».
Comisión Mundial de Represas (2000); Represas y desarrollo. Un nuevo marco para la toma de decisiones. Reporte final de la Comisión Mundial de Represas. Londres: Earthscan Publications.
Comisión para la Evaluación del Impacto Ambiental (2003); Términos de Referencia sobre Impactos Transfronterizos y Regionales del Proyecto SIEPAC (Línea de Transmisión) en América Central. Utrecht: Comisión para la Evaluación de Impacto Ambiental.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (2006); Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Examen de los Informes
134
presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto. Informe de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México (1997-2006). Ginebra: Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas.
Consejo de Ejidos y Comunidades en Oposición a La Parota (2011); CECOP ¡Alto a la Represión! Documento de divulgación. Acapulco: CECOP.
Consejo Nacional de Población (2006); Índice de Marginación 2005, disponible en http://www.conapo.gob.mx México: Ed. CONAPO.
Comisión Reguladora de Energía (1997); Título de Permiso de Producción Independiente de Energía Eléctrica No. E/057/PIE/1997 Otorgado a AES Mérida III, S. de R. L. de C. V. del 19 de febrero de 1997. México: CRE.
__________________________ (2002); Título de Permiso para Generar Energía Eléctrica destinada a la Exportación a través de un Proyecto de Producción Independiente No. E/219/EXP/2002 Otorgado a AES Mérida III, S. de R. L. de C. V. del 23 de octubre de 2002. México: CRE.
___________________________ (2008); Título de Permiso para Generar Energía Eléctrica destinada a la Exportación a través de un Proyecto de Producción Independiente No. E/793/EXP/2008 Otorgado a Promotora Valag, S. A. de C. V. el 21 de agosto de 2008. México: CRE.
Cotler, Helena y Susana Gutiérrez (2005); Inventario y evaluación de presas de la Cuenca Lerma-Chapala. México: Instituto Nacional de Ecología.
Corporación Ecuatoriana de Cafetaleros (2002); Cartilla de incidencia política. Documento de propuesta metodológica No. 21. Quito: CORECAF.
De Schutter, Olivier (2011); Declaración final de la misión-mandato del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación. Misión a México del 13 al 20 de junio de 2011. México: Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.
Diario Oficial de la Federación (1975); Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, nueva Ley publicada el 22 de diciembre de 1975.
135
________________________ (1984); Solicitud de Expropiación de terrenos ejidales pertenecientes al poblado denominado Santa Catarina Huitiupán hoy Las Palmas, ubicado en el municipio de Huitiupán, Chiapas, publicado el 4 de junio de 1984.
________________________ (1985); Solicitud de Expropiación de terrenos ejidales pertenecientes al poblado denominado Las Limas, ubicado en el municipio de Pantelhó, Chiapas, publicado el 2 de diciembre de 1985.
________________________ (2008); Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, publicada el día 28 de noviembre de 2008, última reforma del 12 de enero de 2012.
________________________ (2010a); Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 5 de febrero de 1917, Texto vigente, última reforma publicada el 29 de julio de 2010.
________________________ (2010b); Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, publicado el día 10 de marzo de 2004, última reforma del 12 de noviembre de 2010.
________________________ (2010c); Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, publicada el 22 de diciembre de 1975, Texto vigente, última reforma publicada el 22 de diciembre de 1993.
________________________ (2010d); Reformas al Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, publicadas el 9 de diciembre de 2010 [Internet], disponible en: «http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5170423&fecha=09/12/2010».
_______________________ (2012); Ley General de Cambio Climático, Nueva Ley publicada el día 6 de junio de 2012, Texto vigente a partir del 10 de octubre de 2012.
Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados (2011); “De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la construcción de la Presa Hidroeléctrica La Parota” publicado en Gaceta Parlamentaria del 26 de enero de 2011, número 3187-III, año XIV. México.
Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República (2001): Plan Puebla-Panamá. Documento Base, Capítulo México, Tomo I. México: Poder Ejecutivo Federal.
González Rodríguez, José de Jesús (2010); Sector privado y generación de energía eléctrica. Documento de trabajo No. 88. México: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
Guggenheim, Scott (1996); “Mexico Hydroelectric Project” en World Bank; The World Bank Participation Sourcebook. Washington, DC: The World Bank, pp. 67-73.
136
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República (2002); Reforma al Sector Eléctrico. México: IILSEN.
Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. (2006); Estudio sobre las Tarifas Eléctricas en México. Hacia una estructura tarifaria eficiente que apoye la competitividad de la economía. México: IMCO.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2000); El Sector Energético en Mexico 2000. Serie de estadísticas sectoriales. [Internet] México: INEGI, disponible en: «http://www.inegi.org.mx».
______________________________________________ (2003); El Sector Energético en Mexico 2003. Serie de estadísticas sectoriales. [Internet] México: INEGI, disponible en: «http://www.inegi.org.mx».
______________________________________________ (2010a); El Sector Energético en Mexico 2009. Serie de estadísticas sectoriales. [Internet] México: INEGI, disponible en: «http://www.inegi.org.mx».
______________________________________________ (2010b); México en cifras. Información nacional, por entidad federativa y municipios [Internet], disponible en: «http://www.inegi.gob.mx».
International Energy Association (2012); World Energy Outlook 2012. Full Report [Internet]. Paris: IEA, disponible en «http://www.worldenergyoutlook.org/».
Kothari, Miloon (2008); Promotion and protection of all Human Rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development. Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context. Summary of communications sent and replies received from governments and other actors. Doc. No. A/HRC/7/16/Add. 1. New York: United Nations General Assembly.
Ministerio de Energía y Minas del Perú (2009); Perú. Sector Eléctrico 2009. Documento Promotor. Lima: Dirección General de Electricidad.
Organización de Estados Americanos (2008); Constitución del Ecuador. Asamblea Constituyente [Internet]. Washington DC. OEA, disponible en: «http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/ecu/sp_ecu-int-text-const.pdf».
Organización Internacional Ashoka (2009); Incidencia en políticas públicas. Sistematización de las experiencias Ashoka. Buenos Aires: Fundación Ford-Ashoka.
137
Organización Mundial de la Salud (2002); Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud. Washington DC: OMS.
Randell Badillo, Juan (2008); Ordenamiento ecológico territorial regional en los municipios donde se ubica el Parque Nacional Los Mármoles. Consejo Estatal de Ecología de Hidalgo. Informe final SNIB-CONABIO. Proyecto DQ006, Segunda parte. México: CONABIO.
Rodarte García, Raúl (1997); “Ecosistemas y biodiversidad en la costa oaxaqueña”, en Revista Ciencia y Mar, Vol. 1, No. 2. Puerto Ángel: Universidad del Mar, pp. 44-48.
Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Oaxaca (2011); Síntesis Ejecutiva del Programa de Desarrollo de la Microrregión 2, Chatina. Oaxaca: Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Oaxaca.
Secretaría de Energía (2001); Programa Sectorial de Energía 2001-2006. México: SENER.
________________ (2004); Manual de Organización General de la Secretaría de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de abril de 2004 [Internet]. México: SENER disponible en: «http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2009/CDEnergia/pdf/ DAE6BIS.pdf».
________________ (2004); Prospectiva del Sector Eléctrico 2004-2013 [Internet]. México: SENER, disponible en: «http://www.sener.gob.mx».
________________ (2006); Prospectiva del Sector Eléctrico 2006-2015 [Internet]. México: SENER, disponible en: «http://www.sener.gob.mx».
_________________ (2007); Programa Sectorial de Energía 2007-2012. México: SENER.
_________________ (2009); Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables. México: SENER.
_________________ (2012); Prospectiva del Sector Eléctrico 2012-2026 [Internet]. México: SENER, disponible en: «http://www.sener.gob.mx».
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (2004); Proyecto Hidroeléctrico La Parota. Comisión Federal de Electricidad. Documento oficial de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental No. SGPA-DGIRA-DDT-0718/04, emitido el día 13 de diciembre de 2004.
138
__________________________________________ (2008); Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Particular por el Proyecto Hidroeléctrico Cerro de Oro. Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. SGPA/DGIRA.DG.2060.08.
_________________________________________ (2011); Estadísticas del Agua en México, Edición 2011. México: SEMARNAT.
Tribunal Superior Agrario (2001); Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 242/96, relativo a la ampliación del ejido, promovido por los campesinos del núcleo agrario Constitución, del municipio de Simojovel, Chiapas, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de octubre de 2001, pp. 54-79.
U. S. Energy Information Administration (2011); Annual Energy Review 2010. Washington DC: EIA.
World Bank (1989); Memorandum and recommendation of the President of the International Bank for Reconstruction and Development to the Executive Directors on a proposed loan in an amount equivalent to $US 460.0 million to Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) with the guarantee to the United Mexican States for a Hydroelectric Development Project. Report No. P-4857-ME, May 16, 1989. Washington DC: The World Bank.
World Wind Energy Association (2012); 2012. Half year report. World Wind Energy Statistics. Bönn: WWEA.
Hemerografía
Aguilar, David (2011); “Compra CFE energía en vez de generarla” en Periódico El Universal del 4 de febrero de 2011, Sección México, México.
Aguilar, David y Laura Reyes (2007); “Buscará la CFE acuerdos con los ejidatarios para arrancar La Parota” en Periódico El Universal del 28 de noviembre de 2007, Sección Finanzas, México.
Avendaño, Olga Rosario (2011); “Denuncian acoso por construcción de presa en Oaxaca” en Periódico El Universal del 15 de abril de 2011, Sección Los Estados, México.
Bellinghausen, Hermann (2006); “Presa La Parota. Sólo podrá hacerse con una guerra en el sureste: Marcos. Si el ejército ataca las comunidades involucradas, se tomará como una agresión al EZLN” en Periódico La Jornada del 17 de abril de 2006, Sección Política. México.
139
Camacho Servín, Fernando (2011); “Ganan activistas de Chihuahua y Oaxaca premio Méndez Arceo” en Periódico La Jornada del 8 de abril de 2011, Sección Política, México.
Castro, Marlen (2007); “No aceptaremos megaproyectos que afecten el entorno: Indígenas. Grupos de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, contra mineras y presas” en Periódico La Jornada Guerrero del 12 de septiembre de 2007, Sección Sociedad. Acapulco.
Cervantes Gómez, Juan (2003); “Rechazan proyecto de presa cinco comunidades afectadas en Guerrero” en Periódico El Universal del 30 de septiembre de 2003, Sección Estados, México.
___________________ (2005); “Demandan aplicar la Ley en proyecto de La Parota. Lamenta ONG actitud de gobierno guerrerense” en Periódico El Universal del 22 de agosto de 2005, Sección Los Estados, México.
___________________ (2006a); “Deciden hoy en caso del proyecto hidroeléctrico” en Periódico El Universal del 16 de enero de 2006, Sección Los Estados, México.
__________________ (2006b); “Prohíbe Tribunal a CFE entrar a ejido para iniciar presa La Parota” en Periódico El Universal del 22 de octubre de 2006, Sección Los Estados. México.
__________________ (2010); “Activistas de Guerrero ayunan en apoyo a electricistas” en Periódico El Universal del 19 de julio de 2010, Sección Los Estados, México.
Comisión Federal de Electricidad (2010); “Firma CFE contrato para la construcción de la Central de Ciclo Combinado Norte II” [Internet], publicado en Global Energy Journal, disponible en: «http:// www.globalenergy.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=800:pemex-invierte -7-millones-de-pesos-en-la-reparacion-de-la-embarcacion-chalan-581&catid=62:entrada», consultada el día 17 de mayo de 2012.
Cruz Serrano, Noé (2003); “Ronda a la CFE fantasma del desabasto” en Periódico El Universal del 14 de agosto de 2003, Sección Cartera, México.
_______________ (2004); “ICA la más beneficiada. La compañía acumularía contratos por 3,500 millones de dólares en energía” en Periódico El Universal del 23 de agosto de 2004, Sección Finanzas, México.
_______________ (2005); “Será La Parota la más grande hidroeléctrica. En los próximos días el gobierno publicará la licitación de la obra” en Periódico El Universal del 16 de febrero de 2005, Sección Finanzas, México.
140
_______________ (2007); “Darían recursos a La Parota. CFE enviaría 590 millones de pesos en 2008, pese al amparo definitivo de los pobladores” en Periódico El Universal del 16 de octubre de 2007, Sección Finanzas, México.
______________ (2009); “El Megaproyecto de Fox Cancelado. De acuerdo con el Paquete Económico de 2010, la Comisión Federal de Electricidad se desistió de construir los dos proyectos, que iban a estar a cargo de la iniciativa privada, bajo la figura de Productor Independiente, por razones financieras” en Periódico El Universal del día 13 de septiembre de 2009.
Dardón, Byron y Rosa M. Bolaños (2009); “Interconexión con México fue exitosa” en Diario Prensa Libre del 28 de abril de 2009, Sección Economía, Guatemala.
Davies, Nancy (2009); “Paramilitares disparan a cuatro niños. Mientras la organización indígena local continúa” [Internet] en The Narco News Bulletin del 2 de diciembre de 2009, disponible en: «http://narconews.com/Issue62/articulo3958.html», consultada el día 5 de enero de 2012.
De la O, Margena (2010); “No a La Parota, condiciona López Obrador para apoyar a Aguirre” en Periódico La Jornada Guerrero del 6 de diciembre de 2010, Sección Política, Acapulco.
Editorial El Porvenir (2009); “Crean appistas frente de organizaciones sociales en Oaxaca” en Diario El Porvenir del 26 de enero de 2009, Sección Nacional. Monterrey.
Editorial El Tiempo en Línea (2009); “Mixtecos se unen a lucha contra Paso de la Reina” [Internet] en Diario El Tiempo en Línea del 9 de diciembre de 2009, Sección Regiones, disponible en: «http://www.tiempoenlinea.com.mx/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=54», consultado el día 30 de mayo de 2012.
Espinosa Ayala, Josefina (2011, et. al.); “El Río Verde, Oaxaca: estudio de sus cambios de morfología” en Revista Tecnología y Ciencias del Agua, Vol. II, No 4, Octubre-diciembre. Jiutepec: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, pp. 131-147.
Estudios Rurales y Asesoría (2008); “Rechazan pueblos la Hidroeléctrica Paso de la Reina, en Oaxaca. En el Foro Defensa del agua y territorio de pueblos indígenas” [Internet] en Comunidades, Indígenas y Biodiversidad del 22 de mayo de 2008, disponible en: «http://biodiv-mesoam.blogspot.mx/2008_05_01_archive.html», consultado el día 25 de marzo de 2012.
García Arreola, Ana María (2012); “Lucha contra la presa Paso de la Reina y por la autonomía” en Periódico La Jornada del Campo del 23 de junio de 2012, Sección Oaxaca. México.
141
Giles Hernández, Citlal (2008); “Lleva el CECOP a foro internacional en España su lucha contra La Parota. Medio de comunicación dan seguimiento a las protestas de los ejidatarios” en Periódico La Jornada Guerrero del 7 de julio de 2008, Sección Sociedad. Acapulco.
_________________ (2010); “Integran diputados comisión especial para darle seguimiento al proyecto. Organizarán foros y mesas de análisis con expertos” en Periódico La Jornada Guerrero del 22 de diciembre de 2010, Sección Política, Acapulco.
Graham-Harrison, Emma (2007); “Usinas chinesas podem agravar aquecimento” en Gazeta Mercantil. Hemeroteca do Instituto do Eletrotécnica e Energia del 28 de septiembre de 2007, Caderno C, Sao Paulo.
Guillén, Guillermina (2006); “Tribunal Latinoamericano analizará delitos ambientales. Hoy inicia sesiones. De las 13 denuncias en la región, seis son contra México” en Periódico El Universal, del 13 de marzo de 2006, Sección México, México.
Habana, Misael (2008); “Rechazan presas en Oaxaca y Guerrero” en Periódico La Jornada del 29 de agosto de 2008, Sección Estados. México.
____________ (2010); “Viola CFE suspensión del proyecto La Parota: Comuneros” en Periódico La Jornada del 12 de noviembre de 2010, Sección Estados, México.
Habana, Misael y Elio Henríquez (2010); “Convocan a frenar La Parota y otras 10 obras hidroeléctricas. Promueven venta de parcelas en Chiapas para hacer represas: ONG” en Periódico La Jornada del 2 de agosto de 2010, Sección Estados, México.
Hernández, Carlos Alberto (2009); “Piden comuneros intervención de la ONU para frenar Paso de la Reina. Envían misiva a presidente de la República” en Diario El Imparcial de Oaxaca del 25 de marzo de 2009, Sección Nacional. Oaxaca.
Hernández, Dolores (2008); “Edificarán presa en el río Itzantún” en Periódico Novedades de Tabasco del 5 de abril de 2008, Sección Villahermosa, Villahermosa.
Hernández, Edwin (2010); “Rechazan comunidades indígenas la construcción de presa” en Ciudadanía Express, Periodismo de Paz del 9 de junio de 2010, Sección Pueblos Originarios, Oaxaca.
Hernández Bautista, Marcos (2010); “Marchan en Pinotepa, un año de la agresión en Jicayán” en Diario Noticias del 28 de agosto de 2010, Sección Oaxaca. Tuxtepec.
142
López, Alberto (2009); “Rechazan la presa Paso de la Reina. Que nos deje la CFE vivir en paz, exigen indígenas quienes aseguran que el proyecto arrasará con sus tierras” en Periódico El Universal del 22 de marzo de 2009, Sección Los Estados, México.
Martínez, Nurit (2009); “Temen más ataques a activistas. Impunidad, aumento de violencia y estigmatización, común denominador” en Periódico El Universal del 14 de octubre de 2009, Sección México, México.
Meza Carranza, Francisca (2011); “Apegarse a derecho pide CECOP en juicio de impugnación por La Parota” en Periódico La Jornada Guerrero del 14 de febrero de 2011, Sección Regiones. Acapulco.
Mondragón, Alfredo (2003); “Bloquean campesinos obra de hidroeléctrica. Retienen a tres empleados de la CFE porque no ha negociado indemnización la empresa” en Periódico El Universal del 29 de julio de 2003, Sección Estados, México.
Norandi, Mariana (2006); “Anuncia caravana frente de resistencia contra las presas” en Periódico La Jornada del 19 de marzo de 2006, Sección Sociedad y Justicia, México.
Ocampo Arista, Sergio (2005); “Diez opositores al proyecto La Parota salen golpeados al enfrentarse con policías. Los campesinos impidieron la asamblea en la que buscaban autorizar construcción de la presa” en Periódico La Jornada del 15 de agosto de 2005, Sección Estados. México.
____________________ (2010); “Condiciona AMLO respaldo a la candidatura de Aguirre Rivero” en Periódico La Jornada del 6 de diciembre de 2010, Sección Estados, México.
Olivares Alonso, Emir (2010); “Festival de las Resistencias, respuesta a la criminalización de las luchas sociales” en Periódico La Jornada del 13 de marzo de 2010, Sección Política, México.
Olivera, José T. (2009); “Se movilizan profesores contra la presa Paso de la Reina” en Ciudadanía Express, Periodismo de Paz del 4 de diciembre de 2009. Sección La Costa, Oaxaca.
Pacheco Palacios, Cindy (2008); “Integran organizaciones frente de defensa de luchas contra el sistema de gobierno. Anulación de la ACE, no a La Parota, presentación de desaparecidos, las consignas” en Periódico La Jornada Guerrero del 7 de diciembre de 2008, Sección Sociedad. Acapulco.
Pedrero, Fernando (2003); “Sin sustento privatizar a la industria eléctrica” en Periódico El Universal del 14 de agosto de 2003, Sección Cartera, México.
143
Quezada, Carolina (2009); “Inicia mañana el Festival en Defensa del Río Verde” [Internet] en Ciudadanía Express, Periodismo de Paz del 27 de noviembre de 2009, disponible en «http://ciudadania-express.com/2009/11/27/inicia-manana-el-festival-en-defensa-del-rio-verde/», consultado el día 29 de mayo de 2012.
Ramos, Jorge (2009); “CFE venderá electricidad más barata a Guatemala e instala fibra óptica” en Periódico El Universal del 27 de octubre de 2009, Sección Cartera, México.
Redacción del Periódico El Universal (2005); “Normalistas bloquean acceso a Guerrero” en Periódico El Universal del 1 de octubre de 2005, Sección Estados. México.
Redacción Periódico El Universal (2006); “Enfrentamiento en Acapulco deja un muerto” en Periódico El Universal, Sección Estados. México.
Redacción del Periódico Reforma (2000); “Inaugura mañana Zedillo termoeléctrica Mérida III” en Periódico Reforma del 31 de mayo de 2000, Sección Estados, México.
Redacción de la Revista Proceso (2007); “Exigen ONG internacionales cancelar proyecto hidroeléctrico La Parota” en Revista Proceso del 1 de septiembre de 2007, Sección Nacional, México.
Reyes Maciel, Laura (2005a); “Matan a dos campesinos en Guerrero” en Periódico El Universal del 20 de septiembre de 2005, Sección Los Estados, México.
________________ (2005b); “Policías y opositores a La Parota se enfrentan. Reportan 20 comuneros lesionados” en Periódico El Universal del 28 de noviembre de 2005, Sección Los Estados, México.
_________________ (2006a); “Opositores a La Parota irrumpen en evento oficial. Reprochan a Torreblanca la falta de diálogo” en Periódico El Universal del 22 de marzo de 2006, Sección Los Estados, México.
__________________ (2006b); “Liberan planta de bombeo. Opositores a La Parota acuerdan con el Alcalde de Acapulco, Félix Salgado” en Periódico El Universal del 5 de abril de 2006, Sección Los Estados, México.
__________________ (2006c); “Opositores a La Parota protestan contra CFE. Bloquean carretera durante 10 minutos” en el Periódico El Universal del día 15 de mayo de 2006, Sección Los Estados, México.
144
Robles, Johana (2010); “Exhibirán lucha por el agua en Chapultepec” en Periódico El Universal del 12 de abril de 2010, Sección Distrito Federal. México.
Rojas, Rosa (2004); “Comuneros denuncian incumplimientos del gobierno. Damnificados integran frente contra las presas” en Periódico La Jornada del 2 de octubre de 2004, Sección Política, México.
Servicios para una Educación Alternativa, A. C. (2011a); “Encuentro del COPUDEVER con el Relator de la ONU sobre el derecho a la alimentación” [Internet] disponible en: «http://www.educaoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=364:encuentro-del-copudever-con-el-relator-de-la-onu-sobre-derecho-a-la-alimentacion&catid=35:educa», consultado el día 17 de septiembre de 2012.
_______________________________________ (2011b); “Premio Nacional de Derechos Humanos en reconocimiento a la lucha pacífica del COPUDEVER” [Internet] disponible en «http://www.educaoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=329:premio-nacional-de-derechos-humanos-en-reconocimiento-a-la-lucha-pacifica-del-copudever&catid =35:educa», consultado el día 27 de mayo de 2012.
Smith, Eduardo (2008); “Subestación que recibirá energía de México, casi lista” en Diario Prensa Libre del 12 de julio de 2008, Sección Economía, Guatemala.
Trejo, Amparo (2009); “Recicladora de Atotonilco. Con el agua hasta el cuello” en Revista Día Siete, Año 8, No. 439. México: Ed. El Universal, pp. 30-35.
Valdivieso Óscar (2009); “Declaratoria de Jaltepec, en defensa de los recursos naturales y los territorios” [Internet] en Ciudadanía Express, Periodismo de Paz del 14 de noviembre de 2009, disponible en: «http://ciudadania-express.com/2009/11/16/delacartoria-de-jaltepec-en-defensa-de-los-recursos-naturales-y-territorios/», consultado el día 23 de mayo de 2012.
Vélez Ascencio, Octavio (2008); “Hidroeléctrica en Oaxaca afectará tierra cultivable” en Periódico La Jornada del día 11 de diciembre de 2008, Sección Estados, México.
__________________ (2009a); “Religiosos apoyan rechazo a hidroeléctrica en Oaxaca” en Periódico La Jornada del 4 de febrero de 2009, Sección Estados, México.
____________________ (2009b); “Ejidatarios de Oaxaca se alistan para luchar contra presa de la CFE” en Periódico La Jornada del 28 de julio de 2009, Sección Estados, México.
Zapata, José Kermith (2000); “La demanda de energía supera en 8 por ciento a la oferta” en Periódico El Universal del 14 de agosto de 2000, Sección Cartera, México.
145
Consultas en Páginas Web
Accountability Counsel (2010); “Solicitud para la revisión de cumplimiento y resolución de conflictos relacionada con el Proyecto Hidroeléctrico Cerro de Oro” [Internet] disponible en: «http://www.accountabilitycounsel.org/Accountability_Counsel/Mexico_Espanol.html», consultada el 22 de julio de 2011.
Ambrosio Chávez, Yadira (2011); “Diversidad de la avifauna acuática de la cuenca baja del río Verde. Tesis para obtener el grado de Licenciado en Biología” [Internet] disponible en: «http://www.umar.mx/tesis_PE/Tesis_Digitales/Ambrosio%20Chavez%20Yadira/Diversidad%20de%20la%20avifauna%20acu%E1tica%20de%20la%20cuenca%20baja%20del%20R%EDo.pdf»
Canadian Centre for Energy Information (2012); “Canada Energy Facts & Statistics” [Internet] disponible en: «http://www.centreforenergy.com/FactsStats/Statistics.asp?Template=5,0», consultada el día 23 de enero de 2012.
Castro Soto, Gustavo (2004); “Presa Itzantún. La Resistencia en Chiapas” [Internet] disponible en: «http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/represas/68-represas/362-presa-itzantun-la-resistencia-en-chiapas.html», consultada el 4 de mayo de 2009.
Castro Soto, Gustavo (2010); “VII Encuentro del MAPDER: Avanzan las victorias de la lucha contra las presas en México” [Internet] disponible en: «http://www.otrosmundoschiapas.org/ index.php/represas/68-represas/609-vii-encuentro-del-mapder-avanzan-las-victorias-de-la-lucha-contra-las-presas-en-mexico.html», consultada el día 13 de junio de 2011.
Centro Cuicateco de Información para la Resistencia (2008); “Pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena” [Internet] del 1 de octubre de 2008, disponible en: «http://centrocuicateco deinformacion.blogspot.mx/search?q=congreso+nacional+ind%C3%ADgena», consultada el día 24 de mayo de 2012.
Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (2008); “Declaratoria final, Convocatoria y Programa del Encuentro Popular: Agua, energía y alternativas energéticas” [Internet] disponible en: «http://www.ciepac.org/documento.php?id=195», consultada el día 23 de marzo de 2010.
__________________________________________________________ (2009); “Jornada Nacional de Movilización contra los megaproyectos y por tarifas justas al servicio de energía eléctrica” [Internet] del 29 de abril de 2009, disponible en: «http://www.ciepac.org/documento.php?id=238», consultado el 13 de mayo de 2012.
146
Comisión Federal de Electricidad (2012a); “Inversionistas. Productor externo de energía, bajo la modalidad de obra pública financiada” [Internet] disponible en: «http://www.cfe.gob.mx/ quienessomos/estadisticas/Paginas/Inversionistas.aspx», consultada el día 3 de mayo de 2012.
_________________________ (2012b); “Organigrama digital. Unidad de Desarrollo Organizacional y Evaluación” [Internet] disponible en: «http://aplicaciones.cfe.gob.mx/ Aplicaciones/QCFE/Organigramadigital/», consultada el 4 de febrero de 2012.
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2012); “125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) por Estado y su población indígena” [Internet] disponible en «http://www.cdi.gob.mx/programas/125_municipios_menor_idh_procapi.pdf». Consultado el día 19 de septiembre de 2012.
Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (2010); “Qué es SIEPAC” [Internet] disponible en: «http://www.crie.org.gt/index.php/siepac», consultada el día 3 de marzo de 2012.
Comisión Reguladora de Energía (2012); “Tabla de Permisos de Generación e Importación de Energía Eléctrica administrados al 30 de abril de 2012” [Internet] disponible en: «http://www.cre.gob.mx/articulo.aspx?id=171», consultada el día 12 de mayo de 2012.
Comité por los Derechos Humanos en América Latina (2009); “Declaratoria del V Foro en Defensa del Agua, el Territorio y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas” [Internet] del 28 de febrero de 2009, disponible en: «http://cdhal.org/es/blog/declaratoria-del-foro-defensa-del-agua-territorio-desarrollo-pueblos-indigenas», consultado el día 4 de abril de 2012.
Consejo de Cuenca del Río Papaloapan (2011); “Conoce tú cuenca. Cuenca del Río Papaloapan” [Internet] disponible en: «http://www.cuencapapaloapan.org/tucuenca.php», consultada el 2 de agosto de 2011.
Consejo de Ejidos y Comunidades en Oposición a La Parota (2006); “Cronología del movimiento de resistencia contra el proyecto hidroeléctrico La Parota” [Internet] disponible en: «http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/cronologia_del_movimiento_en_resistencia .pdf», consultada el día 5 de septiembre de 2011.
Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (2010); “Documental Audiovisual Aguas Abajo” [Internet] disponible en: «http://pasodelareina.org/index.php?option=com_content&view= article&id=84:invitan-a-la-presentacion-publica-del-video-aguas-abajo&catid=45:articulos-y-publicaciones», consultada el día 8 de noviembre de 2010.
____________________________________________ (2012); “Pronunciamiento del Foro por la Defensa del Agua, el Territorio y los Pueblos Indígenas” [Internet] disponible en: «http://www.pasodelareina.org/index.php?option=com_content&view=article&id=45:pronunciamie
147
nto-del-foro-por-la-defensa-del-agua-el-territorio-y-el-desarrollo-de-los-pueblos-indigenas-&catid= 35:declaratorias&Itemid=55», consultada el día 3 de junio de 2012.
_________________________________________ (2012); Qué es COPUDEVER [Internet] disponible en: «http://pasodelareina.org/index.php?option=com_content&view=article&id=49:que-es-copudever&catid=39:copudever», consultada el día 22 de febrero de 2011.
Empresa Propietaria de la Red (2011); “Noticias. Empresa Propietaria de la Red” [Internet] disponible en «http://www.eprsiepac.com/noticias_siepac_transmision_costa_rica.htm», consultado el día 4 de noviembre de 2011.
Ente Operador Regional (2010); “Agentes del Mercado Eléctrico Regional” [Internet] disponible en: «http://www.enteoperador.org/», consultado el día 22 de diciembre de 2010.
La Ventana, Investigación y Divulgación Científica para el Desarrollo Regional, A. C. (2009); “Atacan a opositores de Paso de la Reina. Intimidación policiaca a pobladores de Paso de la Reyna” [Internet] disponible en: «http://ghatospardosenlucha.blogspot.mx/search/label/Paso%20de %20la%20Reina», consultada el día 28 de mayo de 2012.
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (2004); “Declaración Final. Primer Encuentro Nacional de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos”. [Internet] publicada el día 3 de octubre de 2004, disponible en: «http://www.mapder.net», consultada el día 29 de marzo de 2010.
_______________________________________________________ (2005); “México. Declaración de Arcediano: No a las Presas, Sí al Desarrollo Sustentable para y desde los Pueblos” [Internet] disponible en: «http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/mapder_segundo.pdf», consultada el día 5 de mayo de 2010.
_______________________________________________________ (2006); “Declaración Final de la Ciudad de México por el Tercer Encuentro Nacional de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos” [Internet] disponible en «http://www.rmalc.org.mx/boletines/alternativas/ Boletinalternativas2.pdf», consultada el día 14 de agosto de 2010.
_______________________________________________________ (2007); “Declaración de Jalapa del Marqués del IV Encuentro Nacional del MAPDER” [Internet] disponible en: «http://www.ciepac.org/documento.php?id=72», consultada el día 7 de noviembre de 2010.
___________________________________________________ (2008); “Declaración del V Encuentro del MAPDER, Temacapulín, Jalisco” [Internet] disponible en: «http://www.comda.org.mx/documentos-de-las-organizaciones-integrates-de-comda-y-otros-
148
espacios/declaraciones/35-declaracion-final-del-v-encuentro-del-mapder-temacapulin-jalisco-21-de-junio-de-2008», consultada el día 22 de noviembre de 2010.
_______________________________________________________ (2009); “Declaración de los Afectados y Afectadas por las Presas en México del VI Encuentro del MAPDER” [Internet] disponible en: «http://www.comda.org.mx/files/documentos/MAPDERTemaca.pdf», consultada el día 25 de noviembre de 2010.
_______________________________________________________ (2010); “Declaración final del VII Encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos” [Internet] disponible en: «http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad= Textos&id=10100», consultada el día 2 de diciembre de 2010.
Organización de Estados Americanos (1988); “Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Protocolo de San Salvador” [Internet] disponible en: «http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-52.html», consultada el día 25 de noviembre de 2010.
Organización de las Naciones Unidas (1976); “Declaración del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” [Internet] disponible en: «http://www2.ohchr.org/ spanish/law/cescr.htm», consultada el día 25 de noviembre de 2010.
Peniche, Humberto (2010); “Los Productores Externos de Energía. Un balance a 10 años de su participación en el mercado eléctrico mexicano. Presentación del Grupo Prospectivo Visión México 2030 del Colegio de Ingenieros Civiles de México” [Internet] disponible en: «http://www.cicm.org.mx/2030-2010.php», consultado el día 23 de marzo de 2012.
Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica (2011); “Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central” [Internet] disponible en «http://www.proyectomesoamerica.org/», consultado el día 11 de agosto de 2011.
Red Latinoamericana contra las Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (2011); “¿Quiénes somos?” [Internet] disponible en: «http://www.redlar.org/Contenidos/quienes-somos.html», consultada el día 27 de marzo de 2011.
Secretaría de Desarrollo Social (2012a); “Resumen estatal Guerrero” [Internet] disponible en «http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/Default.aspx?tipo=clave&campo=mun&valor=12». Consultado el día 17 de septiembre de 2012.
__________________________ (2012b); “Resumen municipal y localidades del municipio de Acapulco de Juárez” [Internet] disponible en «http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/
149
LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=12&mun=001». Consultado el día 17 de septiembre de 2012.
__________________________ (2012c); “Resumen estatal Oaxaca” [Internet] disponible en «http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/Default.aspx?tipo=clave&campo=mun&valor=20». Consultado el día 18 de septiembre de 2012.
Secretaría de Energía (2010); “Acerca de la Secretaría de Energía. Estructura del Sector” [Internet] disponible en: «http://www.sener.gob.mx/portal/Default.aspx?id=969», consultada el día 5 de abril de 2012.
Sitio Oficial del Área Libre Comercio de las Américas, ALCA (2006); “Reuniones Ministeriales del ALCA” [Internet] disponible en: «http://www.ftaa-alca.org», consultada el día 26 de julio de 2010.
U. S. Energy Information Administration (2011); Electric Power Annual 2010. Data Tables. Chapter 6. Trade, Electric Power Industry [Internet] disponible en: «http://www.eia.gov/ electricity/annual/», consultada el 8 de septiembre de 2012.
__________________________________ (2012a); “Brazil Analysis Briefcase” [Internet] disponible en: «http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=BR&trk=p2», consultada el día 12 de febrero de 2012.
__________________________________ (2012b); “Canada Analysis Briefcase” [Internet] disponible en: «http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=CA», consultada el día 22 de enero de 2012.
_________________________________ (2012c); “Mexico Analysis Briefcase” [Internet] disponible en: «http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=MX», consultada el día 20 de enero de 2012.
__________________________________ (2012d); “Peru Analysis Briefcase” [Internet] disponible en: «http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=PE», consultada el día 20 de marzo de 2012.
________________________________ (2012e); “Venezuela Analysis Briefcase” [Internet] disponible en: «http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=VE&trk=p2», consultada el día 21 de marzo de 2012.
VI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla (2004); “Acta que institucionaliza el Mecanismo del Plan Puebla-Panamá. Managua, 25 de marzo de 2004” [Internet] disponible en: «http://www.mesoamerica.sre.gob.mx». Consultada el día 7 de abril de 2012.
150
ANEXOS
151
Anexo 1. Capacidad bruta de energía eléctrica en México por fuente de generación y
participación porcentual en Gigawatt-hora (GWh), 1995-2008
Hidro
eléctrica
Fuente Termoeléctrica Eolo
eléctrica
Importa
ción PIE TOTAL
Vapor Ciclo
Combdo
Turbo
Gas
Combst
Interna
Geo
térmica Dual
Carbo
eléctrica Nuclear
1995 27,528 68,948 10,399 455 364 5,669 6,053 14,479 8,443 6 1,081 351
143,776 (19.14%) (47.95%) (7.23%) (0.31%) (0.25%) (3.94%) (4.21%) (10.07%) (5.87%) (0.004%) (0.75%) (0.24%)
1996 31,442 74,805 10,661 440 419 5,729 2,775 17,735 7,878 5 1,278 312
153,479 (20.49%) (48.74%) (6.95%) (0.29%) (0.27%) (3.73%) (1.81%) (11.56%) (5.13%) (0.003%) (0.83%) (0.20%)
1997 26,431 82,103 11,233 657 460 5,466 7,001 17,575 10,456 4 1,805 249
163,440 (16.17%) (50.23%) (6.87%) (0.40%) (0.28%) (3.34%) (4.28%) (10.75%) (6.40%) (0.002%) (1.10%) (0.15%)
1998 24,616 86,206 13,184 1,087 314 5,657 12,692 17,957 9,265 5 1,705 819
173,507 (14.19%) (49.68%) (7.60%) (0.87%) (0.18%) (3.26%) (7.31%) (10.35%) (5.34%) (0.003%) (0.98%) (0.47%)
1999 32,713 85,104 15,526 2,077 381 5,623 11,234 18,251 10,002 6 919 878
182,714 (17.90%) (46.58%) (8.50%) (1.14%) (0.21%) (3.08%) (6.15%) (9.99%) (5.47%) (0.004%) (0.50%) (0.48%)
2000 33,075 89,891 16,417 5,228 420 5,901 13,569 18,696 8,221 8 1,326 837
193,589 (17.09%) (46.43%) (8.48%) (2.70%) (0.22%) (3.05%) (7.01%) (9.66%) (4.25%) (0.004%) (0.68%) (0.43%)
2001 28,435 90,395 20,788 5,456 467 5,567 14,109 18,567 8,726 7 930 5,092
199,125 (14.28%) (45.40%) (10.44%) (2.74%) (0.23%) (2.80%) (7.09%) (9.32%) (4.38%) (0.003%) (0.47%) (2.56%)
2002 24,862 79,299 22,217 6,394 555 5,398 13,879 16,152 9,747 7 1,122 24,025
203,657 (12.21%) (38.94%) (10.91%) (3.14%) (0.27%) (2.65%) (6.81%) (7.93%) (4.79%) (0.003%) (0.55%) (11.80%)
2003 19,753 73,743 22,437 6,378 504 6,282 13,859 16,681 10,502 5 557 38,432
209,907 (9.41%) (35.13%) (10.69%) (3.04%) (0.24%) (2.99%) (6.60%) (7.95%) (5.00%) (0.002%) (0.27%) (18.31%)
2004 25,076 66,334 25,629 1,937 612 6,577 7,916 17,883 9,194 6 522 54,972
216,658 (11.57%) (30.62%) (11.83%) (0.89%) (0.28%) (3.04%) (3.65%) (8.25%) (4.24%) (0.002%) (0.24%) (25.37%)
2005 27,611 65,077 26,011 1,358 780 7,299 14,275 18,380 10,805 5 270 54,780
226,651 (12.18%) (28.71%) (11.48%) (0.60%) (0.34%) (3.22%) (6.30%) (8.11%) (4.77%) (0.002%) (0.12%) (24.17%)
2006 30,305 51,931 30,120 1,523 854 6,685 13,875 17,931 10,866 45 814 69,300
234,249 (12.94%) (22.17%) (12.86%) (0.65%) (0.36%) (2.85%) (5.92%) (7.65%) (4.64%) (0.019%) (0.35%) (29.68%)
2007 27,042 49,482 30,067 2,665 1,140 7,404 13,375 18,101 10,421 248 570 81,861
242,196 (11.17%) (20.43%) (12.41%) (1.10%) (0.47%) (3.06%) (5.52%) (7.47%) (4.30%) (0.102%) (0.24%) (33.80%)
2008 38,892 43,325 31,824 2,796 1,241 7,056 6,883 17,789 9,804 255 852 85,369
246,086 (15.80%) (17.61%) (12.93%) (1.14%) (0.50%) (2.87%) (2.80%) (7.23%) (3.98%) (0.103%) (0.35%) (34.69%)
Fuente: Elaboración propia con información de SENER, 2008: 111 e INEGI, 2000: 110; 2004: 76 y 2009: 81.
152
Anexo 2. Consumo bruto de energía eléctrica en México por destino de utilización y su
porcentaje en Gigawatt-hora (GWh), 1995-2008
Residencial Comercial Servicios Industria
Agricultura
(Bombeo) TOTAL
1995 28,493 9,636 5,293 63,269 6,675
113,366 (25.13%) (8.49%) (4.66%) (55.80%) (5.88%)
1996 28,518 9,371 5,055 71,099 7,530
121,573 (23.45%) (7.71%) (4.16%) (58.48%) (6.20%)
1997 29,644 9,871 5,109 77,981 7,649
130,254 (22.75%) (7.57%) (3.92%) (59.86%) (5.87%)
1998 31,690 10,496 5,192 82,088 7,743
137,209 (23.09%) (7.64%) (3.78%) (59.82%) (5.64%)
1999 33,369 10,945 5,450 87,234 7,997
144,996 (23.01%) (7.54%) (3.75%) (60.16%) (5.51%)
2000 36,127 11,674 5,891 93,755 7,901
155,349 (23.25%) (7.51%) (3.79%) (60.35%) (5.08%)
2001 38,344 12,167 5,973 93,255 7,465
157,204 (24.39%) (7.73%) (3.79%) (59.32%) (4.74%)
2002 39,032 12,509 6,076 94,942 7,644
160,203 (24.36%) (7.80%) (3.79%) (59.26%) (4.77%)
2003 39,861 12,808 6,149 94,228 7,338
160,384 (24.85%) (7.98%) (3.83%) (58.75%) (4.57%)
2004 40,733 12,908 6,288 96,613 6,968
163,509 (24.91%) (7.89%) (3.85%) (59.08%) (4.26%)
2005 42,531 12,989 6,450 99,720 8,067
169,757 (25.05%) (7.65%) (3.80%) (58.74%) (4.75%)
2006 44,452 13,229 6,578 103,153 7,959
175,371 (25.34%) (7.54%) (3.75%) (58.81%) (4.53%)
2007 45,835 13,408 10,789 106,633 7,804
184,469 (24.84%) (7.26%) (5.84%) (57.80%) (4.23%)
2008 47,451 13,645 7,057 107,651 8,109
183,913 (25.80%) (7.41%) (3.83%) (58.53%) (4.40%)
Fuente: Elaboración propia con base en SENER, 2008: 82 e INEGI, 2000: 107 y 143; 2003: 76 y 118 y 2009: 81 y 121.
153
Anexo 3. Panorama general de la energía primaria de los Estados Unidos de América, por
producción, intercambio y consumo en los años seleccionados, 1949-2010
Fuente: U. S. Energy Information Administration, 2011: 5.
154
Anexo 4. Electricidad de los Estados Unidos de América importada desde y electricidad
exportada hacia Canadá y México, 1999-2010
Fuente: U. S. Energy Information Administration, 2011.
155
Anexo 5. Municipios con Alta y Muy Alta Marginación de los Estados de Chiapas, Guerrero y
Oaxaca respecto al total nacional en 2005
Entidades Alta
Marg. %
Muy
Alta
Marg.
%
Subtotal
Marg.
Estatal
% Total
Est /Nal %
Chiapas 64 2.60 47 1.91 111 4.52 118 4.80
Guerrero 36 1.46 37 1.50 73 2.97 81 3.30
Oaxaca 290 11.81 173 7.04 463 18.86 570 23.22
Subtotal Región 390 15.87 257 10.45 647 26.36 769 31.33
Total Nacional 886 36.10 365 14.87 1251 51.71 2,454 100
Fuente: Elaboración propia con base en la información de CONAPO, 2006: 38.
156
Anexo 6. Localidades que se inundarían total y parcialmente por el Proyecto Hidroeléctrico
La Parota, Guerrero
No. Municipio Localidad Habtes
2000
Vivienda
2000
Pobl.
Afectada
Viviendas
Afectadas
Área Urbana
Afect TOTAL %
COMUNIDADES ANEGADAS TOTALMENTE
1 Acapulco Col. Guerrero (Los Guajes) 987 209 987 209 15.5 15.5 100
2 Acapulco San José Cacahuatepec 198 45 198 45 6.1 6.1 100
3 Acapulco Venta Vieja 196 37 196 37 4.8 4.8 100
4 Acapulco Arroyo Verde 70 11 70 11 4.0 4.0 100
5 Acapulco Pochotlaxco 48 11 48 11 0.8 0.8 100
6 Acapulco El Guayabal 0 0 2 1 0.0 0.0 100
7 Acapulco Paso del Camarón (Caserío 2) 0 0 5 1 1.1 1.1 100
8 Acapulco Balneario Agua Caliente (C 3) 0 0 0 0 0.1 0.1 100
9 J R. Escudero Omitlán 452 99 452 99 8.4 8.4 100
10 J R. Escudero Tlalchocohuite 201 46 201 46 6.6 6.6 100
11 J R. Escudero Papagayo 159 33 159 33 2.5 2.5 100
12 J R. Ecudero El Amate 36 6 36 6 0.7 0.7 100
13 J R. Escudero Puente de Omitlán 15 3 15 3 1.4 1.4 100
14 J R. Escudero El Pedregal 3 1 5 1 2.7 2.7 100
15 J R. Escudero El Peregrino (Caserío 1) 0 0 5 1 0.7 0.7 100
16 San Marcos Chamizal 123 24 123 24 3.1 3.1 100
Subtotal 2488 525 2502 528 58.5 58.5 100
COMUNIDADES ANEGADAS PARCIALMENTE
17 Acapulco Dos Arroyos 2100 485 20 4 0.0 25.6 *
18 Acapulco Xolapa 903 190 0 0 3.6 25.2 *
19 J R. Escudero La Palma (Barrio Tejería) 1590 351 311 59 6.5 28.9 *
20 J R. Escudero El Palacio 63 11 45 8 2.4 2.3 *
21 J R. Escudero El Zapote 351 71 50 10 6.8 0.6 *
22 San Marcos Plan Grande 136 29 75 15 3.6 25.2 *
23 San Marcos La Ceiba 28 6 25 5 * * *
24 San Marcos Vista Hermosa 38 7 20 4 0.3 0.3 *
Subtotal 5209 1150 546 105 24.3 91.4 *
TOTAL 7697 1675 3048 633
Fuente: Elaboración propia con base en SEMARNAT, 2004: 147.
157
Anexo 7. Localidades que se inundarían totalmente por el Proyecto para el Aprovechamiento
de Usos Múltiples Paso de la Reina, Oaxaca
No. Municipio Localidad Habtes 2005 Viviendas
2005
Habtes
Afectados
Viviendas
Afectadas
1 Sta. Cruz Zenzontepec Cerro Aguacate 35 13 35 13
2 Sta. Cruz Zenzontepec Cerro Ceniza 213 37 213 37
3 Sta. Cruz Zenzontepec Cerro Luna 120 21 120 21
4 Sta. Cruz Zenzontepec Piedra Amarilla 359 64 359 64
5 Sta. Cruz Zenzontepec Templo Viejo 145 22 145 22
6 Santiago Ixtayutla Corral de Piedra 254 47 254 47
7 Santiago Ixtayutla El Cucharal 309 63 309 63
8 Santiago Ixtayutla San Lucas Atoyaquillo 176 49 176 49
9 Santiago Ixtayutla Las Trojes 334 69 334 69
10 Santiago Jamiltepec Paso de la Reina 532 156 532 156
11 Santiago Tetepec Guadalupe del Tambor 412 81 412 81
12 Santiago Tetepec Pueblo Viejo 0 0 0 0
13 Santiago Tetepec San Luis Chatanú 324 73 324 73
14 Santiago Tetepec Santa Cruz Tihuixte 485 115 485 115
15 Tataltepec de Valdés Barrio Chico de Abajo 83 15 83 15
16 Tataltepec de Valdés El Ocote o La Palma 172 50 172 50
17 Tataltepec de Valdés El Ocotillo 69 15 69 15
18 Tataltepec de Valdés La Tuza 16 3 16 3
19 Tataltepec de Valdés Tataltepec de Valdés 2186 605 2186 605
TOTAL 6224 1498 6224 1498
Fuente: Elaboración propia con base en SEDESOL, 2011.
158
Anexo 8. Categorías de las acciones o herramientas empleadas por el CECOP, COPUDEVER
y MAPDER en contra de la construcción de los proyectos La Parota y Paso de la Reina, por
grupo y considerando su nivel de violencia instrumentada
NV* Grupo Acciones o instrumentos Categoría
1 Mecanismos de
difusión, comunicación y sensibilización en el
movimiento
Páginas web, foros, blogs chats y redes sociales Boletines, comunicados, folletos y declaraciones A1
2 Encuentros, foros consultas públicas y alianzas con actores y organizaciones A2
3 Recursos Jurídico-
institucionales
Asambleas, amparos, recursos de revisión, denuncias y peticiones de nulidad ante organismos nacionales e internacionales
B1
4 Instancias de diálogo o interlocución entre el Estado y el movimiento B2
5 Movilización social
Caravanas, peregrinaciones, festivales y espectáculos artísticos o populares C1
6 Huelgas, plantones y campamentos C2 7
Protesta social
Marchas y manifestaciones D1
8 Toma de edificios públicos e instalaciones y bloqueos carreteros D2
9 Irrupciones en eventos oficiales, sabotajes, manifestaciones violentas y retenciones D3
10 Represión de Estado
contra el movimientoº Enfrentamientos con uso de la fuerza pública, ilegalidades en procesos, secuestros y homicidios E1
*NV: Nivel de violencia, tomando en cuenta en escala numérica al número 1 como el más bajo o nulo y el número 10 como el más alto. ºRepresión de Estado contra el movimiento: Aunque las acciones de represión en contra de los frentes locales y hacia el movimiento por parte del Estado no son mecanismos que utilizaron estas agrupaciones en su intento por incidir en la política de proliferación hidroeléctrica de la CFE, se trataron de hechos o sucesos que se vieron reflejados directamente en el quehacer de los movimientos sociales y en el nivel de incidencia en la política en cuestión, por lo que fueron categorizados –con el nivel de violencia más alto- dentro del conjunto de acciones y mecanismos empleados por el CECOP, el COPUDEVER y el MAPDER.
Fuente: Elaboración propia con base en los conceptos de Tarrow, 1997, Melucci, 1999, Castells, 2000, Jiménez Sánchez, 2005, Cohen y Arato, 1994, Alternativas y Capacidades, 2010 y Organización Mundial de la Salud, 2002.
159
Anexo 9. Instrumentos y acciones empleadas por el CECOP y el COPUDEVER, así como el
MAPDER para lograr la detención de los proyectos La Parota-Guerrero y Paso de la Reina-
Oaxaca, según su categoría y nivel de incidencia en la política hidroeléctrica de la CFE
No Fecha Responsable Acción o mecanismo Categoría Incidencia*
1 28/07/2003 CECOP Bloqueo carretero en acceso a sitio de estudios del proyecto La Parota, conocido como El Fraile
D2 ���
2 28/07/2003 CECOP Instalación de un campamento-plantón en sitio El Fraile del proyecto La Parota
C2 ���
3 29/07/2003 CECOP Retención de tres trabajadores de la CFE D3 ��� 4 20/09/2003 CECOP Comunicado de 8 localidades en contra de La Parota. A1 ��
5 28/09/2003 CECOP Se instala un segundo campamento-plantón en el paraje La Tolva por proyecto La Parota
C2 ���
6 16/10/2003 CECOP Primera movilización del Consejo de Comunidades Inconformes con la construcción de la presa La Parota
D1 ��
7 16/07/2004 CECOP Se dictan seis órdenes de aprehensión a integrantes del CECOP
E1 ��
8 25/07/ 2004 CECOP Se realiza la primera Asamblea donde CFE sustenta la anuencia con más de 600 firmas. La Asamblea fue impugnada.
B1 ��
9 30/09 a
03/10/ 2004 MAPDER
Primer Encuentro Nacional de Afectados y nacimiento del MAPDER en Cacahuatepec, Guerrero, denuncia de persecución de integrantes de varios Frentes
A2 ��
10 09/06/2005 CECOP
El CECOP presenta ante la Procuraduría General de la República, la denuncia de hechos contra la CFE por el cambio de uso de suelo de los bienes de Cacahuatepec de forma ilegal
B1 ����
11 14/08/2005 CECOP Enfrentamiento entre policías y comuneros del CECOP con un saldo de 25 lesionados en el municipio de San Marcos, Guerrero
E1 ��
12 22/08/2005 CECOP Denuncia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por irregularidades legales en La Parota
B1 ���
13 23/08 a
27/12/2005 CECOP
Líderes campesinos de CNC, integrantes del PRI estatal y la CFE con respaldo de la policía, intentan llevar a cabo 3 Asambleas en localidades de bienes ejidales
E1 ��
14 19/09/2005 CECOP Asesinato de Tomás Cruz Zamora, integrante activo del CECOP por “un pistolero promotor del proyecto
E1 ����
15 01/10/2005 CECOP
Maestros y normalistas de la Rural de Ayotzinapa, Guerrero junto con el CECOP bloquean por 10 horas la carretera México-Acapulco en demandas estudiantiles y por la cancelación del proyecto
D2 ��
16 27/11/2005 CECOP Enfrentamiento entre comuneros y policías dejando un saldo de 20 lesionados
E1 ��
17 20/01/2006 CECOP El Tribunal Unitario Agrario de Guerrero resuelve invalidar la asamblea del 23 de agosto por irregularidades en su realización
B1 ����
18 29/01/ 2006 CECOP Asesinato de Eduardo Maya Manrique, integrante del CECOP, a pedradas a manos de un vecino del ejido afín a la presa
E1 ����
19 19/03/2006 MAPDER Realización de Caravana “Aguas en Movimiento” desde La Parota, pasando por Jalisco, Nayarit y la llegada al DF, al Foro Mundial del Agua
C1 ��
20 19/03/ 2006 CECOP El TLA hace recomendación a autoridades por cancelación de proyectos que violan derechos humanos, entre ellos La Parota
B1 �����
21 22/03/2006 CECOP Irrupción en evento oficial del gobierno de Guerrero por manifestantes contra La Parota
D3 ���
160
No Fecha Responsable Acción o mecanismo Categoría Incidencia*
22 25/03/2006 MAPDER Instalación de campamentos por integrantes del MAPDER en lugares de los proyectos El Cajón, Nayarit y La Parota, Guerrero
C2 ��
23 05/04/2006 CECOP Toma de instalaciones por el CECOP del Sistema de Bombeo Papagayo II de CONAGUA, liberadas un día después
D2 ��
24 16/04/2006 CECOP El CECOP recibe la visita del Subcomandante Insurgente Marcos del EZLN, ante más de 1,000 ejidatarios
A2 ���
25 15/05/ 2006 CECOP Bloqueo carretero y manifestación del CECOP en contra de la CFE, gobiernos federal y estatal
D2 ��
26 09/06/2006 CECOP El Comité DESC de la ONU elabora algunas recomendaciones para el estado mexicano sobre derechos humanos en el caso La Parota
B1 �����
27 22/10/2006 CECOP El Tribunal Unitario de Guerrero prohíbe la entrada a los bienes ejidales de Cacahuatepec, a la CFE y a autoridades ejidales
B1 �����
28 15/12/2006
a 04/01/2007
CECOP El mismo Tribunal Unitario Agrario de Guerrero declara nulas las 4 asambleas que realizó la CFE en 2005 por ilegalidades
B1 ����
29 06/012007 CECOP Asesinato de Benito Cruz Jacinto, integrante del CECOP, quien fue ultimado por enfrentarse a campesinos a favor de la presa
E1 ����
30 11/02/2007 COPUDEVER
Realización del III Foro por la Defensa del Agua, Territorio y Pueblos Indígenas y pronunciamiento de amenazados por proyecto Paso de la Reina, en Jamiltepec, Oaxaca
A2 �
31 17/03/2007 MAPDER Participación del CECOP y amenazados por Paso de la Reina en el Cuarto Encuentro de Afectados por Presas, en Oaxaca
A2 �
32 21/04/2007 CECOP Detención de Rodolfo Chávez, integrante del Consejo, liberado 3 horas después por un amparo de 2004
E1 ��
33 09/06/2007 COPUDEVER Conformación del COPUDEVER y emisión de un folleto informativo para la concientización en contra del proyecto Paso de la Reina
A1 ��
34 01/09/2007 CECOP Denuncia de 230 ONG nacionales e internacionales en respaldo a la cancelación del proyecto La Parota
B1 ����
35 10/09/2007 MAPDER El CECOP y COPUDEVER participan en el Foro por la Defensa de la Tierra promovido por la ONU-DH
A2 ����
36 13/09/2007 CECOP Emisión de Amparo de Juez Federal a favor de pobladores de Cacahuatepec para la suspensión de La Parota
B1 ����
37 28/11/2007 CECOP La CFE busca dialogar con ejidatarios del CECOP para realización del proyecto La Parota a pesar de que costaría 20 veces más que el valor del proyecto inicial
B2 �����
38 04/03/2008 CECOP
Los visitadores de la ONU, Miloon Kothari y Rodolfo Stavenhagen visitaron las comunidades amenazadas por La Parota señalando varias inconsistencias en el proceso por parte del Estado mexicano y emitieron cinco recomendaciones para la garantía en derechos humanos
B1 �����
39 18/05/2008 COPUDEVER
En el marco del IV Foro por la Defensa del Agua, Territorio y Pueblos Indígenas, el COPUDEVER convoca a sumarse a su proyecto de resistencia contra Paso de la Reina
A2 ��
40 19/06/2008 MAPDER
Durante el Quinto Encuentro de Afectados por las Presas se reiteran acciones por la cancelación de La Parota y la salida de la CFE de los municipios amenazados por Paso de la Reina en Oaxaca
A2 �
41 30/06 a
06/07/2008 CECOP
Comuneros del CECOP asisten a la un foro alternativo, en el Pabellón de Iniciativas Ciudadanas de la Expo Zaragoza 2008, en España, junto con afectados de China,
A2 ���
161
No Fecha Responsable Acción o mecanismo Categoría Incidencia* Argentina, Guatemala, Bolivia, Perú y Mozambique quienes expusieron sus experiencias en contra de represas
42 24/08/2008 MAPDER Integrantes del CECOP y COPUDEVER se reúnen y unifican sus frentes de lucha en la región contra La Parota y Paso de la Reina
A2 ���
43 01/10/2008 COPUDEVER Integrantes del COPUDEVER exponen y denuncian su lucha en contra del proyecto Paso de la Reina en el Congreso Nacional Indígena, de Cuicatlán, Oaxaca
A2 ��
44 08/11/2008 CECOP
Encuentro popular Agua, energía y alternativas energéticas en Cacahuatepec, del que se desprende la Declaración de Guerrero, con la participación de movimientos contra la explotación minera, represas, tendidos de alta tensión y altas tarifas eléctricas
A2 ��
45 23/11/2008 COPUDEVER
Primer Asamblea Regional del COPUDEVER con pobladores de los seis municipios afectados, dando como resultado un acta de acuerdo de las 43 comunidades afectadas por el proyecto
B1 ���
46 07/12/2008 CECOP
Varias organizaciones sociales, educativas, políticas y ambientalistas, entre ellas la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y el CECOP crean un Frente de Defensa de Luchas en Contra del Sistema de Gobierno en Guerrero
A2 ��
47 11/12/2008 COPUDEVER Denuncia del director de la ONG La Ventana de irregularidades y mentiras de CFE en manejo de la información pública del proyecto Paso de la Reina
B1 ���
48 26/01/2009 COPUDEVER
El COPUDEVER se adhiere al recién creado Frente de Organizaciones Sociales Democráticas, liderado por ex integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)
A2 ���
49 03/02/2009 COPUDEVER Manifestación del COPUDEVER y la Diócesis de Huatulco en contra del proyecto Paso de la Reina en Puerto Escondido, Oaxaca
D1 ��
50 28/02/2009 COPUDEVER
Se realiza el V Foro “Por la Defensa del Agua“ en Tataltepec de Valdés en el que se dieron cita ONG, Frentes locales y comunidades afectadas, con la instalación de 4 mesas de trabajo: 1) Ecosistemas, 2) Cuidado del agua, 3) Organización agraria y 4) Impacto cultural de proyectos
A2 �
51 22/03/2009 COPUDEVER Manifestación y bloqueo de paso a las brigadas de la CFE al sitio Paso de la Reina por miembros del COPUDEVER
D2 ���
52 25/03/2009 COPUDEVER
Envío de carta de petición al presidente Felipe Calderón para solicitar la cancelación del proyecto Paso de la Reina, denunciar a la CFE por el rompimiento del tejido social y solicitud a la ONU para asesoría y respeto a derechos
B1 ����
53 29/04/2009 MAPDER
En el marco de la Jornada Nacional de Movilización contra la CFE, se envía una carta de petición al presidente Calderón para la cancelación de represas y el cobro de tarifas justas de energía eléctrica
B1 ����
54 11/07/2009 COPUDEVER
Pobladores y ejidatarios de la comunidad Paso de la Reina, Oaxaca instalan un campamento-plantón en el paraje El Zanate –única vía de acceso al sitio del proyecto- impidiendo el paso de personal de la CFE
C2 ���
55 14/10/2009 MAPDER La Oficina del Alto Comisionado de la ONU denuncia la vulnerabilidad que sufren las comunidades amenazadas por proyectos como La Parota y Paso de la Reina
B1 �����
56 14/11/2009 COPUDEVER
El COPUDEVER participa en el Segundo Foro “Tejiendo la resistencia” del que emana Declaración de Jaltepec, que denuncia la inundación y despojos que sufrirán las comunidades por el proyecto
A2 �
162
No Fecha Responsable Acción o mecanismo Categoría Incidencia*
57 18/11/2009 COPUDEVER
Celebración de una misa de apoyo a la comunidad Paso de la Reina en contra del proyecto por el Obispo de Puerto Escondido, Oaxaca, Eduardo Carmona. Al día siguiente se presenta la policía en la población por un supuesto enfrentamiento
A2 �
58 28/11/2009 COPUDEVER En la comunidad de San Antonio Río Verde, Oaxaca se celebra el Festival “En Defensa del Río Verde” en contra de Paso de la Reina
C1 ���
59 02/12/2009 COPUDEVER
Encuentro del COPUDEVER con el Frente Popular en Defensa de Atenco en San Juan Copala, Oaxaca donde se presenta intervención paramilitar resultando en la muerte de un niño triqui
A2 ���
60 04/12/2009 COPUDEVER Apoyo de unos 2,000 maestros de la sección 22 del SNTE al COPUDEVER bloqueando la carretera Jamiltepec-Pinotepa Nacional, Oaxaca durante un día
D2 ���
61 09/12/2009 COPUDEVER 32 comunidades mixtecas y el Centro de Derechos Humanos Ñujiikandi se suman a la lucha del COPUDEVER en contra de Paso de la Reina
A2 �
62 05/02 a
07/02/2010 COPUDEVER
El COPUDEVER organiza el Séptimo Encuentro del MAPDER en Jamiltepec, Oaxaca en la que se acuerda luchar por la autodeterminación de los pueblos y el rechazo hacia el proyecto Paso de la Reina
A2 ���
63 13/03/2010 CECOP
Se celebra en el Deportivo Villa Coapa del SME en la ciudad de México, el “Festival De las Resistencias”, donde bandas de rock mexicanas recaudan fondos para proyectos en 9 focos de resistencia, entre ellos el CECOP
C1 ����
64 15/03/2010 COPUDEVER
Se presenta en Oaxaca el Video documental “Aguas abajo” con aportes, intereses y puntos de vista de las comunidades que integran el COPUDEVER, así como la información sintética de la presa
A1 ��
65 13/04/2010 MAPDER Exposición fotográfica “Agua, ríos y pueblos” en Chapultepec, DF donde se presentan imágenes de la acción colectiva en La Parota y Paso de la Reina
C1 ����
66 28/04/2010 CECOP
Nuevamente se realiza una asamblea ejidal de la CFE para la aprobación de La Parota, con custodia policial y con taxistas disfrazados de comuneros en la comunidad de La Concepción
E1 ��
67 12/05/2010 CECOP El Tribunal Agrario de Guerrero impone medidas cautelares a favor del CECOP por la asamblea del 28 de abril de 2010, declarada nula en 2011
B1 ����
68 19/072010 CECOP El CECOP se manifiesta en apoyo del SME por la pérdida del contrato colectivo de trabajo, con una huelga de hambre simbólica
A2 �
69 28/08/2010 COPUDEVER
Miembros del COPUDEVER y unos 4,000 maestros de la sección 22 del SNTE marchan en Pinotepa Nacional, Oaxaca para exigir justicia por agresiones a maestros y la detención del proyecto Paso de la Reina
D1 ���
70 02/08/2010 CECOP El CECOP celebra un mitin y acto religioso para conmemorar los 7 años de su nacimiento
A2 �
71 12/11/2010 CECOP Manifestación del CECOP a las afueras de las oficinas de CFE en Acapulco solicitando la cancelación del proyecto
D2 ���
72 06/12/2010 CECOP El líder político de izquierda López Obrador condiciona su apoyo al candidato de Guerrero para que promueva la cancelación de La Parota
A2 �����
73 21/12/2010 CECOP
El Congreso del Estado de Guerrero aprobó por unanimidad de votos , la creación de una Comisión Especial para la Investigación y el Seguimiento de la Problemática asociada al proyecto La Parota
B2 �����
Fuente: Elaboración propia. Nivel de Incidencia: 1) Nula o muy baja, 2) Baja, 3) Media, 4) Alta y 5) Muy alta.
163
Anexo 10. Mapa de ubicación geográfica de los posibles sitios de construcción de los proyectos
hidroeléctricos La Parota en el estado de Guerrero y Paso de la Reina en el estado de Oaxaca
Fuente: Elaboración propia con el software Google Earth.