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Subjetividades y socialización Gisela Daza N.
El propósito de este texto es describir algunas de las transformaciones que afectan
a los procesos de socialización agenciados por la familia 1, como consecuencia de su adapta
ción a los cambios sociales inducidos por distintos modos de la producción capitalista,
cambios que suponen también la instauración de otras tecnologías de subjetivación.
Los procesos de socialización, configurados por prácticas en las que se articula lo
que se hace y el saber que le es inherente, son el medio a través del cual las sociedades dan
forma a los modos de ser de lo individual, lo grupal, lo privado y lo público. De hecho, tales
prácticas, que en términos foucaultianos "son modos de actuar y, a la vez, modos de pen
sar2 " intervienen, por una parte, en el moldeo de habilidades y actitudes de los individuos
y, por otra, conducen a adoptar formas de comportamiento con relación a los otros que
determinan las características de la interacción. Por ello los cambios sociales son en sí mis
mos cambios que se operan a nivel de éstas prácticas y de los ordenamientos a los que las
someten las tecnologías de subjetivación de las que emanan.
Las transformaciones en los procesos de socialización a las que me refiero aquí, aunque
no ocurren súbitamente sino que se extienden en períodos más o menos largos, son en todo caso
discernibles en las últimas décadas del siglo XX, por cuanto se inscriben en la transición que las
sociedades occidentales conocen entre los principios y ordenamientos de la sociedad normalizada, y la instauración de aquellos propios de una organización social basada en el control.
Esta transición, que Michael Hardt y Antonio Negrj3 sitúan como la base conceptual
del nuevo poder imperial, tiene expresiones genéricas en lo global, en el sentido de que son
lo propio de una dirección general capitalista, y expresiones particulares en lo local, algunas
de las cuales interesa resaltar aquí bajo el supuesto de que esta particularidad permite
reconocer los modos de organización social que nos constituye y nos diferencia.
Así, los cambios que se describen aquí y que de manera expresa articulan esa ten
dencia general con su expresión particular, se circunscriben a la familia, más particularmen
te a las familias bogotanas, las cuales han sido el objeto de nuestros estudios sobre los
procesos de socialización .
• La descripción que aquí se hace tiene por fuente algunos de los resultados obtenidos en los estudios que sobre la familia hemos realizado en la línea de investigación Socialización y Violencia , del Departamento de Investigaciones de la Universidad Central DIUC.
2 FOUCAULT, Michel. Dits et écrits. Vol IV, Editions Gallimard, Paris, 1994. Pág. 22 . 3 HARDT, Michael y NEGRI, Antonio. Imperio. Paidos. Barcelona. 2002.
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Giselo Daza N.
La década de los años setenta y parte de los ochenta se caracterizaron, en nuestro
país, por la creciente urbanización de la población y por los efectos de la propagación del
modo benefactor del Estado Providencia que, fundado idealmente en un principia de equi
dad, tiende a la constitución del bien público como el medio para garantizar unas mínimas
condiciones de vida favorables para su población.
Esta forma de Estado es concomitante con un tipo de organización social que, en la
denominación de Foucault, se conoce como sociedad de normalización, cuya puesta en
marcha responde a un mecanismo de poder orientado al gobierno de la vida, o más preci
samente, al gobierno del hombre concebido como especie, y cuya principal estrategia es la
regulación poblacional. Y por otra parte, por una regulación que busca moldear y discipli
nar el cuerpo y las conductas de los individuos y que se realiza a través de las tecnologías
puestas en marcha por las instituciones disciplinares.4
Estos dos tipos de regulación se articulan en la norma, que se constituye en el parámetro
fundamental de distribución entre lo común, es decir, aquello que se sitúa en la media y se
entiende como normal y deseable, y lo que se sitúa por fuera de ello y se considera como
anómalo y patológico.
De este modo, la norma se aplica tanto al cuerpo para disciplinarlo, como a la
población para homogeneizarla y regularla. Pero ella es también el lugar de articulación
entre lo económico y lo social, ya que la producción industrial que caracteriza a este
período del capitalismo, requiere hacer de la población una masa trabajadora y del indivi
duo un sujeto valorizado por su fuerza de trabajo, pues es un modo de producción que,
para la obtención de la riqueza, requiere aún y de manera fundamental de la relación
entre capital y trabajo.
Por ello el Estado, en su función de regulación poblacional, traza políticas orientadas
a maximizar la productividad de la masa trabajadora, mediante la regulación de las variacio
nes demográficas, la morbilidad, la longevidad, la duración de la vida útil. Estas políticas son
el mecanismo por el cual la salud de la población, o dicho en otros términos, la capacidad de
producción de la mano de obra, se convierte en un asunto público, en una responsabilidad
del Estado. De este modo, la sociedad de normalización sitúa al trabajador como la figura
central de la organización social y de la producción económica y hace de la familia el objeto
preferente de las políticas de salud.
En efecto, en este contexto, la salud adquiere el doble carácter de derecho y servicio
pues, el trabajador, organizado en movimientos que propenden por la transformación de la
masa, en clase trabajadora, reivindica para sí y para su familia el derecho de acceder, por su
salario, a los servicios de salud, que no sólo comprenden la atención de la enfermedad, sino
• 4 CI. Dits et écrits. op. Cil. Vol IV. Págs. 191-193.
h S4
El tiempo contra las muieres. Debates feministas para una agenda de paz
también múltiples mecanismos de prevención y de cuidado, que paulatinamente entran a ser
parte de las pautas de crianza familiares.
Es en los estratos medios de la población donde la expansión de este mecanismo de
normalización ocurre con mayor eficiencia, ya que son ellos quienes efectivamente ingresan
al mercado laboral y gozan de un salario y de los servicios que éste cobija. De hecho, se
podría considerar que la conformación de las Cajas de Compensación en 1962, son el
mecanismo inicial por el cual se articula, en nuestro país, esta relación entre salario y acceso
a una serie específica de servicios, que comprenden la salud, la educación y la recreación y
que participan al establecimiento de un modelo general que no se restringe a la ausencia de
enfermedad, sino que apela a una serie de condiciones que garantizan una "buena salud",
condiciones que se plantean entonces como lo propio del derecho del trabajador. 5
Así, las políticas de salud intervienen y dirigen el cuidado familiar bajo esta concep
ción de la "buena salud" que imprime sus cánones a la gestación, al parto, a la crianza,
mediante prácticas que regulan el sueño, la vigilia, la alimentación, la higiene, la actividad
física, el ocio, todas ellas orientadas por pautas que hacen del cuidado familiar un medio del
disciplinamiento y de la regulación propios de lo normal y lo patológico.
En contraste, los estratos más pobres de la población, que no acceden al salario y a
los servicios que éste cobija, como tampoco al derecho que ello otorga, a la vez que se ven
obligados a desplegar estrategias que les posibiliten beneficiarse de lo que aparece como
responsabilidad social del Estado, también son alcanzados por las regulaciones de la norma
lización a través de la función asistencial.
En efecto, una de estas estrategias tiene que ver con la ocupación de terrenos que dan
origen a los barrios de invasión, modo como la población así estratificada procede para hacerse
un lugar de asentamiento en su proceso de urbanización. Ello supone formas de organización
social distintas de las del trabajo, en las que se crean colectividades regidas por la vecindad.
Este tipo de organización se basa en el hecho de que el beneficio personal, es decir el
poder hacerse a un predio, depende de que la ocupación se lleve a cabo, simultáneamente,
por un número suficiente de familias capaces de resistir la evacuación y de que estas se
organicen solidariamente en comunidades autogestionadas, para lograr acceder a las políti
cas de saneamiento público, así como a aquellas que emanan de la función asistencial. De
hecho, la invasión tiene generalmente como último propósito la legitimación pues es sólo a
través de ésta que se puede acceder a los servicios públicos y sociales. 6
Aquí la categoría social comunidad adquiere su más plena materialización, pues, por
una parte, como lo enuncia de Sousa Santos, "las prácticas sociales jurídico-políticas de las
• 5 CI. Bushnell, D. Colombia, una nación a pesar de sí misma. Planeta, Bogotá, 1999. Págs. 307-338. 6 CI. M AY, E. (coord ). La pobreza en Colombia. Tercer Mundo-Banco Mundial , Bogotá, 1996.
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Gisela Daza N.
clases populares en defensa de la habitación ... son prácticas que presuponen una gran capacidad organizativa y una gran competencia institucional"7 y, por otra, es a través de ella
que el Estado se apodera del mecanismo de la autogestión.
En efecto, el desarrollo de las políticas sociales en estos estratos les exige constituir
organizaciones formales, a través de las cuales se delega en la comunidad la realización de
obras, que en otros estratos son de la competencia directa de la función pública, pero que
aquí, al ser expresiones de la política asistencial, exigen de la población la asunción de buena parte de su realización, como contraprestación al beneficio que el Estado les otorga. Este
modo de asociación formal que emerge en Colombia después de los años 50 como las
Juntas de Acción Comunal definidas por el decreto 1030 de 1976 como "una corporación cívica, sin ánimo de lucro compuesta por los vecinos de un lugar que aúnan esfuerzos y
recursos para procurar la solución de las necesidades más sentidas de la comunidad". 8
Así mismo, los servicios de salud que trae consigo la asistencia, tienen también ese
doble carácter de favor y coacción, es decir, de algo que es dado benévolamente pero que
exige la obediencia a cambio, de modo que se utiliza la organización comunitaria y sus redes
solidarias para depositar en ella la realización de los programas y, a la vez, se les obliga a
acatar las pautas y regulaciones que estos conllevan. Pues, de hecho, es este acatamiento el
que se convierte en el criterio de evaluación que permite reconocer el buen funcionamiento
del programa. La normalización se convierte así en la condición para que la comunidad
pueda hacerse beneficiaria de la política de asistencia.
Los parámetros de la buena salud terminan también rigiendo las pautas de crianza
de las familias de estos estratos, ya que la necesaria aceptación de los programas asistenciales
para la supervivencia, los somete a una vigilancia permanente del cumplimiento de las
reglas de higiene, alimentación, cuidado, independientemente de que se posean las condi
ciones materiales y económicas que dichos parámetros implican . De hecho, más que ga
rantizar una buena salud, lo que se logra es que los individuos juzguen sus acciones por
los parámetros de la normalización y sepan, a partir de ahí, diferenciar su posición en la
distribución normal.
Ahora bien, la propagación de la normalización adquiere una peculiaridad en estos
estratos por el hecho de ser puesta en marcha a través de la asistencia y no a través de la
relación derecho-servicio, como es el caso para los estratos medios, cuya consecuencia,
como lo hemos visto, es que la interacción queda determinada por esta peculiar relación
entre favor y obediencia. Sin embargo, en las estrategias que estas familias ponen en mar
cha, la obediencia a la regulación normativa no se hace simplemente por la vía del acata
miento, sino que requiere, para su cumplimiento, que quien la acata pueda extraer algún
• 7 DE SOUSA-SANTOS, B. Estado, derecho y luchas sociales, ILSA, Bogotá, 1991 . Pág. 113. 8 RESTREPO, D. y otros, Organizaciones sociales y comunitarias., Ediciones Anthropos LTADA, Bogo
tá, 1992.
El tiempo contra los mujeres. Debates feministas poro uno agenda de paz
provecho personal de quien la impone, lo cual generalmente se traduce en prebendas que
dotan al beneficiado de un cierto prestigio dentro de su comunidad.
De este modo, el cumplimiento de la norma, es un cumplimiento condicionado por el
usufructo personal, que de manera más general, expresa el establecimiento de un modo de relación
con lo público, basado en el provecho y no en el derecho. Se trata de una forma de socialidad
despótica, en la que al individuo no se le reconoce el estatuto de ciudadano, en el sentido de que
sus interacciones estuviesen regidas por derechos, sino que éstas, al sustentarse en el régimen del
favor-obediencia, lo sitúan sistemáticamente en una condición de desigualdad.9
Pero podría considerarse que el usufructo, es la expresión de una resistencia a la
coacción que pretende imponer este modo incoherente de normalización despótica. En todo
caso, es una resistencia individual, aún si ella es común a los miembros de estos estratos, que
no logra configurar prácticas grupales, capaces de trascender hacia organizaciones reivindicativas
del reconocimiento de derechos, como sí es el caso para las organizaciones de trabajadores.
Ahora bien, las transformaciones capitalistas, acaecidas en la década de los noventa,
van a cambiar este tipo de socialidad y esta condición de los individuos.
En efecto, en la última década del siglo, asistimos al derrocamiento paulatino del
trabajador como figura central de la organización social y productiva, por efecto de la
globalización y lo que ésta trae consigo, como la especulación, es decir, el tipo de inversión
que no compra fuerza de trabajo ni medios de producción, por la preeminencia dada a la
circulación de capitales y mercancías sobre la producción industrial misma, por la creciente
tecnificación de ésta industrialización, entre otras.
Esto da lugar a la implantación global de políticas de flexibilización del empleo que,
además de hacer inoperantes gran parte de los derechos obtenidos por las organizaciones
de trabajadores, tienden a tercermundializar la fuerza de trabajo en un contexto de
desprotección que incrementa la explotación del individuo o que segrega grandes poblacio
nes a la informalidad. En efecto, la cada vez más abarcadora expansión de las transnacionales,
termina por afectar los mercados laborales locales sometiéndolos a sus necesidades, impo
niendo los costos y montos salariales, escabullendo cargas impositivas, lo cual se traduce en
la masiva caída del empleo. Se trata pues de un nuevo modo de producción capitalista,
también de un nuevo modo de explotación de la fuerza de trabajo. 10
El Estado, en el contexto de la globalización, pierde paulatinamente el núcleo de su
poder, pues resulta subordinado a la instauración global del complejo militar o -científico-
• 9 Este modo de relación basado en el usufructo personal es una constante de nuestra sociedad cuyos
modos de operación parecen permanecer inalterados a los largo del siglo. ef. DAZA, Gisela y ZULETA, M. Maquinaciones sutifes de la violencia. DIUe-Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 1997.
10 Imperio. Op. Cil. Pág. 7.
Gisela Daza N.
industrial, a la internalización de los procesos de decisión política, como la política global de
seguridad, abandonando así sus anteriores funciones de regulación, para dar prioridad a la
administración de las tendencias globales del mercado. I I
De esta manera, lo económico se convierte en lo dominante, y se da paso a una
nueva organización social que empieza a conocerse como sociedad del control, guiada por
una estrategia de poder que tiene por finalidad, la inspección, la relación riesgo - seguridad,
en todos los asuntos de la vida social. Hardt y Negri consideran que en esta nueva forma de
la organización social el poder franquea los límites disciplinares para expresarse como un
control generalizado que no sólo se ancla en el cuerpo y conciencia de los individuos sino
también y simultáneamente en la población y en la totalidad de las relaciones sociales. '2
La relación riesgo - seguridad tiene entonces un carácter principalmente punitivo, ya
no de "enderezamiento" como era el caso para la organización disciplinar, sino global, cuyo
modo de operar consiste en imponer el miedo bajo la forma de la amenaza social, con una
particularidad en su proceder que convierte en amenazante, no tanto al individuo, sino a
grupos identificados por un índice de riesgo. ' 3 De hecho, este mecanismo instaura como
nuevo parámetro de regulación al consumo cuyas medidas tienen que ver con asuntos tales
como la competitividad, el mérito, la ganancia, en una distribución en donde ya no se
diferencia lo normal de lo anormal, sino que se mide la proximidad o la distancia que se
ocupa con relación a índices globales de consumo.
Por ello, el lugar del trabajador va a ser ocupado ahora por un individuo capaz de
acceder al consumo en función de su capacidad para generar ingresos, ya no en el contexto
de la masa trabajadora, sino en el de una capacidad individual que se materializa y se
generaliza en la figura del vendedor, es decir, la de un trabajador que ya no obtiene un
salario a cambio de su fuerza de trabajo, sino un ingreso determinado por su habilidad para
alcanzar determinados índices de mercado.
Los modos colectivos de la producción industrial y lo que ello suponía como organización
social, pierden su prepo~derancia en la lógica global capitalista y dan paso a una organización pro
ductiva de tipo empresarial, donde cada quien es pagado en función de la parte del mercado que
logra conquistar y, donde la interacción social se establece en función de un sistema de interacción
competitivo, que reemplaza la relación capitalista-trabajador por la de vendedor-cliente.
Deleuze '4 caracteriza esta organización de tipo empresarial mostrando la manera
como el salario es cada vez más modulado, es decir que no se fija de antemano sino que es
susceptible de fluctuar en función de méritos y competencias, las cuales se establecen en el
• 11 Cf, Samir Amin, Post - fordisme: A reader London, Thousand Oaks, New Del i.
12 Ibid . Pág . 37. . .' D . 13 Cf. - DE GIORGI , A. 2.000. Zero Tol/eranza. Strategie e prat/che del/a soc/eta d/ control/o. erlve
Approdi , Roma. Pág. 16. 14 DELEUZE, G. Conversaciones. Pretextos, Valencia. 1996. Págs. 279 - 280.
h S8
El tiempo contra las mujeres. Debates feministas para una agenda de paz
seno de una rivalidad entre individuos que rompe el cuerpo social que antes constituía la
fábrica y en el que, como ya se dijo, tomaba asiento el derecho de la masa trabajadora.
Este nuevo modo de la organización social y de la producción económica, ya no
requiere de un individuo solamente normalizado, sino además, capaz de autocontrol, por
cuanto la lógica del mercado lo hace responsable de la gestión de su propia capacidad, en
una relación de producción en la que el monto del ingreso es correlativo a la mayor capaci
dad de conquista del mercado.
La nueva cualidad del autocontrol exigida al individuo, tiene importantes consecuen
cias en los procesos de socialización que agencia la familia, pues estos, en nuestro contexto,
dejan de estar pautados por la buena salud, y empiezan a serlo por una nueva concepción
que es la calidad de vida, que consiste en cualificar los índices del consumo, índices que se
propagan libremente, es decir sin la coacción de la disciplina, a través de los medios masivos
de comunicación y de los sistemas globales de información, dejándole a cada quien el traba
jo de su propia comparación y ajuste.
Los estratos medios se apropian de los índices de la calidad de vida mediante el
establecimiento de una serie de pautas que guían el cuidado, con la finalidad de hacer del
individuo un sujeto autocontrolado que modula su capacidad en términos de la relación
producción - consumo, para no incurrir en ninguno de los dos extremos que los índices
establecen como límite, a saber, el exceso y el defecto.
De hecho, esto sucede en un contexto donde el sector salud pasa a ser regulado por
el mercado, bajo una concepción neoliberal donde el derecho a la salud queda supeditado
a la rentabilidad del servicio privatizado, haciendo recaer la mayor parte del costo en el
usuario, pues las políticas de salud se van a trazar ahora con procedimientos que analizan a
la población, por una parte, en función del riesgo que éstas puedan tener de presentar
problemas costosos para el sistema, o por el contrario, de carecer de ingresos suficientes
para mantener la rentabilidad del servicio.
De esta manera, la salud entra en un régimen previsivo, donde lo que se vende es un
seguro al cual se accede por una compra anticipada y cuyo costo se establece en función del
riesgo que cada individuo pueda representar. Las políticas sociales, por su parte, ya no
redistribuyen el ingreso, sino que administran el gasto, a través de una estrategia de subsidios, reconocida como una expresión de solidaridad ciudadana, en la cual los estratos más
altos costean parte del aseguramiento de las prestaciones de salud de quienes no tienen el
ingreso suficiente, instaurando así un régimen suibsidiado de carácter prioritariamente pri
vado que, en todo caso, respeta la rentabilidad exigida por el mercado. 's
• 15 Al respecto ver el análisis de los modelos de salud públ ica planteados por Ricardo Galán y otros ,
"Evolución. si tuación actual y prospectiva de la salud pública". En : Malagón - Londoño y Galán Morera. La salud pública, situación actual, propuestas y recomendaciones. Editorial Panamericana , Bogotá, Págs. 37 -51.
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Gisela Daza N.
Los estratos más pobres también son afectados por esta lógica global capitalista y por
las técnicas de la Sociedad del Control. Así para ellos no resulte novedoso el despojo del
derecho al que accedía el trabajador, pues nunca obtuvieron este estatuto, sí es algo nuevo
el hecho de tener que adquirir ahora la condición de consumidor. El mecanismo por el cual
se instaura esta condición está también relacionado con la estrategia de ocupación del predio en la urbe.
En efecto, el Estado, orientado por la administración de los índices del mercado,
desarrolla una política de legalización de los predios para poder expandir el número de
usuarios de servicios públicos privatizados. Por otra parte, la ley de vivienda social ofrece
una alternativa al ocupante ilegal para acceder a la propiedad, por medio de la adjudicación
de créditos que, aunque subsidiados lo convierten en deudor, a la vez que se lo transforma
en usuario legal del servicio, que como tal, tiene que pagar.
Este acceso al consumo cambia por completo la organización de la red vecinal de los
estratos más pobres, al hacerla innecesaria para la ocupación del predio; en su lugar se gesta
una unidad familiar, que más que nuclear tiende a ser extensa y que también es medida por
los índices de la calidad de vida, pues al ser ella el objeto del crédito subsidiado, resulta
responsable del endeudamiento, lo que le supone alcanzar una capacidad de pago que sólo
puede adquirir aunando los ingresos de cada uno de los individuos que compone el grupo
familiar.
La política de salud, sustentada en la lógica del servicio calculado según el riesgo, da
preferencia a los programas de prevención, transmitiéndole a la población la información
necesaria para que prevenga riesgos en aspectos tales como saneamiento, higiene,
inmunizaciones. A través de este medio, se deposita la responsabilidad del cuidado de la
salud en cada individuo, de modo que si éste enferma, se ha de considerar el grado de
imprevisión, descuido, o irresponsabilidad en el que incurre, lo cual revierte en el costo que
tiene que asumir.
Los índices de la calidad de vida orientan así las pautas del cuidado al interior de esta
nueva unidad familiar, en términos de la prevención de la enfermedad y en términos de los
requerimientos exigidos por la urgencia para obtener simultáneamente los estatutos de pro
pietario y usuario. Ello conduce a incrementar el número de los miembros del grupo capa
ces de generar un ingreso, cohesionándolos en una unidad de supervivencia.
Sin embargo, y concomitante con ello, los índices de la calidad de vida introducen un
mecanismo de diferenciación individual, sustentado en el anhelo por acceder a formas de
consumo que identifiquen o particularicen a cada quien, pues en la medida en la que se le
demanda al individuo el ser capaz de generar un ingreso y destinarlo a la supervivencia del
grupo, esa misma capacidad lo impele a alcanzar un índice de consumo que lo diferencia de
los suyos, pero que a la vez dota de prestigio a la unidad familiar.
El tiempo contra los mujeres. Debates feministas para una agenda de paz
Por ello, la familia de los estratos más pobres asume la función de incitar a sus sujetos
a adquirir medios para crear un estilo de consumo ostensible, que traiga consigo el prestigio
que otorga el diferenciarse, por el hecho de poder acceder a un gasto mayor. Entonces, no
requiere someterse ya a las disposiciones normalizadoras que le exigían las políticas benefac
toras, sino que, en su lugar, tenderá a establecer pautas en las que el individuo es valorado
por el monto del ingreso que consigue.
El hecho de que su prestigio dependa del acceso a un consumo diferenciador, establece
relaciones de autoridad caraaerizadas por la sumisión a las condiciones que impone el miem
bro del grupo al que se le debe el prestigio, así como por el sometimiento de éste a cualquier
exigencia que le permita obtener el ingreso, pues se halla por completo desprovisto de garan
tías que le permitan imponer algún tipo de condiciones en la interacción produaiva.
Las interacciones en la red vecinal pierden así su sustento solidario y se trastocan en
interacciones caraaerizadas por una forma particular de la competencia, regida por la ostentación y el consecuente prestigio, perdiendo con ello uno de los enclaves del
empoderamiento que la red vecinal lograba con la autogestión.
De igual forma, la resistencia individual que se materializaba en el usufruao personal deja
de operar, sin que se haga clara alguna alternativa, excepto, quizás, el establecimiento de unas
estrategias orientadas a simular tener la capacidad de pago para acceder al crédito, o a mantener
el índice de pobreza requerido para poder benefi.ciarse del subsidio y acceder al servicio.
Estas estrategias frecuentemente pasan por un ardid que permite responder momen
táneamente a los datos exigidos, pues el servicio, como hemos dicho, pasa por esas dos
condiciones impraaicables, a saber, el que cada individuo demuestre ser un cliente con
poco riesgo y simultáneamente demuestre responder a un índice de pobreza muy preciso,
por encima del cual pierde el derecho al subsidio y por debajo del cual no puede siquiera ser
contabilizado, siendo por completo segregado del sistema de «seguridad social».
En conclusión, este ejemplo de las transformaciones a las que se ven abocadas estas
familias para su subsistencia, ilustra cómo el discernimiento de las práaicas que constituyen
los procesos de socialización conduce a relacionar los aspeaos microsociales de los modos
de operar de las familias, con una serie de determinantes macrosociales referidos a las
formas de organización social que el orden económico suscita y, en gran medida, impone y
que en conjunto determinan el tipo de sujeto requerido para dicha organización.
De hecho, este acercamiento permite evidenciar los mecanismos a través de los cua
les los individuos adquieren una identidad social determinada, en el contexto de unas pautas
de interacción también determinadas, que les permiten permanecer dentro de los márgenes
de una organización social también determinada, a la vez que hace posible evidenciar ciertas
opciones de organización social en las que se constituyen alternativas de singularización,
tanto grupales como individuales.
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Gisela Daza N.
Bibliografía
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• Samir Amín, Post - fordísme: A reader London, Thousand Oaks, New Deli.
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Género¡ globalización y desarrollo Luz Gabriela Arango G.
El desarrollo de los estudios de género en América Latina
En América Latina, el estudio del trabajo de la mujer se inicia en la década del 60 con
los primeros interrogantes sobre la participación de las mujeres en el desarrollo, en el marco
de disciplinas como la sociología del desarrollo, la economía o la antropología, desde dos
grandes polos teórico-políticos: las teorías de la modernización y la crítica feminista marxis
ta . Se estudia la participación de las mujeres en los procesos de urbanización, las migracio
nes campo-ciudad, su inserción en el mercado informal urbano y en el servicio doméstico,
su acceso a la educación y su participación en la población económicamente activa. En los
años 70, la configuración de un "nuevo orden mundial" y el desarrollo de programas
fronterizos de industrialización que apelan a la contratación de abundante mano de obra
femenina, plantean nuevas preguntas sobre la interrelación entre división internacional del
trabajo y división sexual del mismo. A partir de la década del 80, el debate sobre la "división
internacional del trabajo" da paso al de la "globalización", al cual se añaden temas como la
transformación de los procesos productivos en las empresas, la introducción de nuevas
tecnologías y teorías organizacionales.
Surgen investigaciones que buscan evaluar el impacto del cambio técnico en la segmen
tación vertical y horizontal del trabajo en las empresas, la reproducción de formas de discrimi
nación en el marco de discursos igualitarios, el acceso de las mujeres a niveles gerenciales, el
impacto de la reestructuración productiva en el empleo femenino. Los temas de la flexibilidad
laboral y la precarización del empleo, introducen nuevas perspectivas en el análisis de la
inserción de las mujeres en el mercado laboral. Es importante destacar como uno de los
aportes más significativos de las investigaciones sobre el trabajo de la mujer, el haber puesto en
evidencia las interrelaciones entre el universo laboral y el ámbito de la familia, la reproducción
y el trabajo doméstico. Se estudian las estrategias familiares de supervivencia y el ciclo de vida
familiar, las formas de socialización para el trabajo como dinámicas sociales que inciden de
manera definitiva y deSigual en las estructuras de oportunidades de mujeres y hombres y por
ende, en la reproducción o transformación de las relaciones de género.
Estos estudios, que se habían concentrado en la problemática específica del trabajo
femenino, en un esfuerzo por hacer visible la contribución de las mujeres al desarrollo -en
el caso del enfoque de la modernización- o las condiciones de explotación de las mujeres -
en los enfoques feministas marxistas-, se reorientan hacia una problemática relacional y
multidimensional al difundirse el concepto de "género" en la década del 70. Si bien este
concepto se encuentra en desarrollo, según lo han señalado teóricas como Joan Scott (1990), Teresita de Barbieri (1996L Marta Lamas (1994), introduce por lo menos tres dimensio-
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Luz Gabriela Aranga G.
nes de análisis: las relaciones sociales de género -en donde se ubica la división sexual del trabajo-; la construcción cultural y simbólica de lo femenino y lo masculino; y las subjetivi
dades femeninas y masculinas. La mayoría de los estudios recientes que recurren al concepto de género siguen concentrándose exclusivamente en el análisis de la problemática del trabajo femenino. El estudio de la masculinidad y de las relaciones inter-género e intra
género en el ámbito del trabajo son todavía escasas. La crítica feminista puso en evidencia el androcentrismo de las ciencias sociales que trata al varón como modelo universal de lo humano. Este androcentrismo explica el por qué las mujeres y otros grupos de trabajadores
con características sociales que no corresponden al modelo masculino dominante -jóvenes, negros, minorías étnicas, homosexuales- son vistos como marginales o como versiones de: ficientes del modelo.
Refiriéndose a los paradigmas interpretativos con los cuales se ha analizado el trabajo
femenino, la socióloga italiana Elda Guerra (1988) incorpora un tercer criterio diferenciador. Menciona dos grandes tendencias: la primera, corresponde a un análisis a partir de la "debilidad" que considera a la mujer desde su posición de desventaja en el mercado de
trabajo en relación con el modelo laboral masculino, es empleada en puestos poco calificados, con salarios bajos, sin estabilidad y no sindicalizada ... En esta primera corriente se ubicarían los dos enfoques anteriormente mencionados. La segunda corriente, en contraste, pretende dar cuenta de la complejidad de la experiencia femenina y reevaluarla, cuestionando el enfoque de la debilidad sin negar la opresión pero postulando un análisis de la expe
riencia de trabajo como sexualmente connotada. Esta corriente reúne investigaciones sobre la subjetividad, la identidad de género en el trabajo y la heterogeneidad de las experiencias
laborales de sujetos ubicados en distintos contextos de interrelación.
Industrialización por sustitución de Importaciones, fordlsmo y desigualdad de género
El modelo de desarrollo para América Latina con base en la industrialización por sustitución de importaciones ha sido asimilado en algunos aspectos al llamado fordismo, en la medida en que comparten algunos supuestos, de los cuales solo mencionaré aquellos que
tienen especial incidencia en las relaciones de género: un modelo de producción masiva dirigida al mercado interno en grandes unidades productivas y con una organización del trabajo basada en los principios tayloristas de división y especialización del trabajo; un
Estado de bienestar con un sistema de seguridad social orientado a socializar los costos de reproducción de la fuerza de trabajo en materia de salud, educación, capacitación y retiro; relaciones laborales basadas en grandes convenciones colectivas y en la sindicalización de amplios contingentes de trabajadores.
Es indudable que este modelo logró desarrollos muy desiguales en los distintos países latinoamericanos y aún en aquellos en que conoció su máxima realización como Argentina,
Brasil o México, siempre quedaron excluidos de sus beneficios porcentajes muy elevados de la población. ¿Qué significó este modelo para las relaciones de género? En lo que respecta
El tiempo contro las mujeres. Debates feministas paro una agenda de paz
a la participación de las mujeres en la industrialización y en el mercado laboral, es interesan
te observar cómo la aplicación del modelo de industrialización por sustitución de importaciones generó un desplazamiento progresivo de las mujeres de la industria, las cuales se
habían incorporado en altas proporciones a los primeros esfuerzos fabriles de finales del siglo XIX y comienzos del XX. A lo largo de la década del 50, la participación femenina en
la industria, y especialmente en la gran industria moderna, se reduce en muchos países, quedando confinada a los segmentos más artesanales, a la pequeña y mediana industria, o a
sectores considerados femeninos como las confecciones. Las mujeres se vinculan funda
mentalmente a los servicios y al sector informal.
Una clara segmentación de género caracteriza entonces al mercado laboral, diferen
ciando los sectores feminizados en los cuales el trabajo corresponde a una extensión de las
tareas domésticas y familiares: servicios personales, actividades de cuidado de niños, ancia
nos, enfermos, tareas manuales segmentadas, minuciosas y repetitivas en la industria, ofi
cios de limpieza y aseo en todos los sectores de la producción; profesiones universitarias
femeninas como las ciencias de la educación y la salud opuestas a profesiones masculinas
como las ingenierías. Esta segmentación horizontal que diferencia, aunque de manera raras
veces tajante, las áreas de trabajo propias de los hombres y de las mujeres, va acompañada
de una desigualdad flagrante en las remuneraciones y el reconocimiento social atribuídos a
unas y otras. La segmentación laboral de género se reproduce a niveles microsociales, en las
características de los puestos de trabajo individuales que se asignan a hombres y mujeres en
sectores aparentemente mixtos. Por otra parte, a la segmentación horizontal se añade una
segmentación vertical del mercado laboral que concentra a las mujeres en los puestos in
feriores e impone barreras para su acceso a los altos niveles de las jerarquías laborales.
La segregación laboral nunca es absoluta y solo puede hablarse de tendencias y de
grados de segregación. No es en general el resultado de restricciones explícitas o de formas
abiertas de discriminación sino que responde a un conjunto de factores que derivan de los
valores sociales, las expectativas y capacidades de las trabajadoras, las características ocu
pacionales y la lógica laboral. A nivel conceptual, la segmentación laboral según el género,
la raza o la etnia remite a las interrelaciones entre los procesos culturales y sociales de
construcción de la diferencia y los procesos económicos y sociales de asignación de las
personas a las distintas ocupaciones que componen el mercado laboral. «Las creencias y
estereotipos sobre el carácter humano y sus diferencias se incorporan a la lógica laboral
como uno de sus elementos constitutivos. No se trata de factores añadidos, sino que se
hallan en el corazón mismo del sistema, contribuyendo a reproducirlo como un sistema segmentado y jerarquizado.» (Comas d'Argemir 1995:64)
Esta segregación del mercado laboral se apoya en una división sexual del trabajo que
distingue producción y reproducción, trabajo productivo y trabajo doméstico. Siguiendo la
tradición inaugurada en el siglo XIX, cuando la economía política convirtió el trabajo do
méstico en disposición innata, propia del sexo femenino por prescripción de la naturaleza,
excluyéndolo de la economía y de las estadísticas nacionales, las múltiples actividades de las
1651
Luz Gabriela Arango G.
mujeres en el hogar para garantizar la reproducción biológica, cotidiana y social de la fuerza
de trabajo, son consideradas exteriores a la economía.
El llamado modelo «fordista» está indisolublemente ligado a una noción implícita del
obrero «normal», entendido como varón proveedor y padre de familia, siendo su comple
mento obligado la mujer ama de casa . Sobre este esquema de hombre proveedor y mujer ama de casa -eventualmente asalariada complementaria- se montan los sistemas de seguri
dad social, la legislación laboral, los discursos sindicales y buena parte de sus lógicas
reivindicativas que incluyen la defensa del salario familiar. El modelo otorga a las mujeres un lugar periférico en el mercado de trabajo y actúa como un fuerte legitimador de la noción
del salario femenino como complementario, cuya persistencia explica en buena medida los
desniveles salariales entre hombres y mujeres. El modelo impone además una norma familiar
y excluye entre otras, las opciones de pareja homosexuales.
Globallzación, división internacional y división sexual del trabajo
A nivel económico, el proceso de globalización se caracteriza por la internacionalización
y transnacionalización de las economías, al desarrollarse una red cada vez más compleja de intercambios entre países a nivel financiero, productivo, comercial y de comunicaciones.
Aunque el mercado capitalista internacional conoce una primera fase de expansión en el
siglo XIX y comienzos del XX, el proceso que se vive desde finales de la década del 60
alcanza magnitudes y niveles nunca antes vistos. La intensificación de los intercambios e
interconexiones internacionales ha sido liderada en el último cuarto de siglo por el mercado
financiero, que llega a intercambiar más de un trillón de dólares diarios, según estimaciones
del diario The Economist l para 1997 (Benería, 1998). Le siguen la transnacionalización de
la producción y la liberalización del comercio de bienes y servicios. La transformación de las
relaciones internacionales que conlleva este "nuevo orden económico mundial", incluye
una ingerencia creciente de las compañías transnacionales y de entidades como el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, en los destinos económicos (sociales, políticos y culturales) de los países, limitando la capacidad
de acción de los Estados nacionales. No obstante, la apertura de mercados y la desregulación
económica y laboral no son posibles sin la intervención activa de los Estados: la expansión
del mercado es en buena medida el resultado de la acción del Estado, como lo recuerda
Lourdes Benería retomando a Polanyi (1957).
Para América Latina, la globalización está asociada con los procesos de apertu ra
económica y de ajuste estructural, exigidos por el FMI a raíz de la crisis de la deuda en la
década del 80 y por los posteriores esfuerzos de integración de mercados regionales. Signi
fica también la revisión del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, en
pro de un modelo de industrialización para la exportación. Las políticas de ajuste estructural
• 15/ 11 /97 .
El tiempo contra las mujeres. Debates feministas para una agenda de paz
se basan en una reestructuración económica profunda que comprende un periodo de aus
teridad para la gran mayoría de la poblaCión, con consecuencias diferenciadas para los trabajadores de acuerdo con su ubicación laboral y sus características sociales en términos de género, etnia, edad, quedando claro que los sectores más pobres pagan los costos más
elevados del ajuste.
Si bien en los inicios, como lo destaca Lourdes Benería (1995), el problema de
género estaba poco presente en estos debates, en el último lustro se ha escrito considerable
mente sobre las dimensiones de género de la globalización, la cual coincide con un incre
mento sostenido de la participación femenina en el mercado laboral y la industria. Destacaré
dos tipos de procesos que han sido analizados por investigadoras feministas para poner en
evidencia las nuevas interrelaciones entre la división internacional y la división sexual del trabajo que ubica a ciertos sectores de trabajadoras del «tercer mundo» en segmentos
desventajosos del mercado laboral. El primero, referido a las zonas de industrialización para
la exportación; y el segundo, al trabajo industrial a domicilio integrado a cadenas internacio
nales de subcontratación.
El primer ejemplo de la feminización de la fuerza de trabajo está relacionado con el
desarrollo de estrategias de industrialización para la exportación que se pusieron en marcha en
varios países en la década del 70. La nueva división internacional del trabajo que se va confi
gurando entonces se caracteriza por una reestructuración industrial que traslada a los países
con mano de obra abundante y barata, la realización de procesos manufactureros intensivos
en mano de obra. La apertura del comercio internacional y la explosión de nuevos productos
y tecnologías crea un «sistema de manufactura global», al cual se integran de manera desigual
los países en desarrollo. Estas estrategias de industrialización para la exportación tienen ante
cedentes en la década del 50, cuando se establecen en Puerto Rico las primeras zonas de
producción para la exportación, ejemplo que es seguido durante las dos décadas siguientes
por numerosos países en América Latina, el Caribe y Asia: México, El Salvador, República
Dominicana, Corea, Filipinas, Taiwan, Pakistán, Sri Lanka, China (Fernández-Kelly, 1989). En
América Latina, el programa de maqui/adoras en la frontera norte mexicana que llega a em
plear cerca del 10% de la fuerza de trabajO del país, es el caso más estudiado y ha sido erigido
como modelo de estrategia de industrialización para los países latinoamericanos.
En relación con esta forma de vinculación laboral de las mujeres, también existen
divergencias en las interpretaciones. En el caso mexicano, de acuerdo con un balance rea
lizado por Susan Tiano (1994) predomina la "tesis de la explotación" que insiste sobre las
condiciones de trabajo desfavorables que experimentan las mujeres: empleos inestables y
mal remunerados, segregación ocupacional entre trabajos "femeninos" no calificados y
"masculinos" calificados, tareas femeninas monótonas y repetitivas, controles arbitrarios y
sexistas, malas condiciones ambientales, dificultades para sindicalizarse ... Este tipo de inter
pretación ha sido adelantado por autoras como Patricia Fernández-Kelly (1983a, 1983b, 1989,1994) Lourdes Benería (1994) o Helen 1. Safa (1991,1994,1995). A este
enfoque se opone la "tesis de la integración", defendida por autores como Stoddard (1987)
1671
Luz Gabriela Arango G.
y Lim (1983) quienes sostienen que· el trabajo en la industria maquiladora representa una
mejora sustantiva con respecto a las condiciones de empleo accesibles a las mujeres en México, proporcionándoles recursos económicos y psicológicos para negociar mejor con
los hombres en el hogar. Interpretaciones matizadas rescatan aspectos progresivos de la incorporación de las mujeres a este tipo de empleos en el campo de las ideologías de género
y las relaciones de poder y autoridad en la familia . Sin embargo, al comparar estas condicio
nes de trabajo con las de la clase obrera masculina «central», se observan indudables
desventajas en términos salariales y de derechos laborales en general.
El estudio comparativo de experiencias como la de Puerto Rico, Cuba y República
Dominicana (Safa, 1991, 1995, 2001) confirma la presencia de estrategias empresariales
que buscan reducir costos mediante el empleo de mujeres. Las repercusiones de estas estra
tegias sobre las dinámicas de género particulares varían de acuerdo con las características
del mercado de trabajo local para ambos sexos, el tipo de sindicalización, el grado de
protección estatal, los patrones familiares y reproductivos ... Por otra parte, en el caso mexi
cano, la industria maquiladora de "segunda generación", más heterogénea que la primera,
con sectores industriales en expansión, tecnología de punta y nuevos países inversionistas
como el Japón, contrata a un personal más calificado y en forma creciente a personal
másculino y ofrece mejores niveles salariales y prestacionales ... Si bien las mujeres siguen
empleadas en su mayoría en sectores tradicionales como confecciones en donde las formas
de empleo y trabajo no han mejorado significativamente, se han abierto algunas alternativas
de empleo calificado para ellas en el sector de auto-partes (Carrillo, 1989; Kopinak, 1995) .
Aunque los niveles de calificación y productividad han mejorado, los salarios no se han
incrementado significativamente y ha prosperado un nuevo tipo de sindicalismo "subordi
nado" o "transparente", con escasa capacidad negociadora. (Quintero Ramírez, 1990)
El segundo ejemplo de las modalidades de incorporación de las mujeres a la industria
en el marco de la nueva división internacional del trabajo es el trabajo a domicilio, integrado a cadenas internacionales de subcontratación que lo ubican como su eslabón más débil. Lourdes
Benería y Marta Roldán (1992) en una investigación ya clásica, reconstruyen las cadenas de
subcontratación que articulan a corporaciones multinacionales en países centrales con em
presas y talleres nacionales y trabajadoras a domicilio en ciudad de México. Otros estudios
realizados en Brasil (Abreu, 1993), Colombia (Gladden, 1994), México (Peña Saint-Martin,
1994) coinciden en señalar las condiciones precarias de trabajo de estas mujeres, sometidas
a pagos a destajo, extensas jornadas laborales, sin seguridad social y sin ninguna estabilidad en
el empleo. Son una muestra extrema de la flexibilización y precarización del empleo y uno de
los ejemplos que más directamente revela las articulaciones entre los sectores dinámicos y
competitivos de la economía con las modalidades más precarias e informales de trabajo.
El «nuevo paradigma productiVO»: flexibilidad laboral y precarización
Buena parte de los debates actuales de la Sociología del Trabajo giran en torno a la
crisis del modelo fordista. Además de la crisis del Estado de Bienestar en los países
El tiempo contra las mujeres. Debates feministas para una agenda de paz
industrializados y la entronización del mercado como instrumento básico de regulación social, el
debate gira en tomo al surgimiento de un nuevo sistema industrial que se basaría en la integra
ción de tareas, el empleo de una mano de obra calificada, la formación de redes de subcontratación
entre empresas con base en relaciones horizontales y cooperativas. Leite y Da Silva (1 995)
hacen una lectura crítica de estas teorías, mostrando cómo autores como Piore y Sabel (1984)
o Hoffman y Kaplinsky (1988) generalizan abusivamente al conjunto de la economía tendencias
observadas en algunos sectores muy particulares como la industria automotriz.
En América Latina se han realizado estudios de empresa en distintos países y ramas
industriales -alimentos, textiles, artes gráficas, metalurgia, química, electrónica- buscando
evaluar el impacto de los procesos de modernización organizacional y reestructuración pro
ductiva sobre las trabajadoras. El énfasis ha estado en el análisis de las estrategias empresariales con respecto a la mano de obra femenina, en términos de reclutamiento, desplaza
miento, y/o expulsión; definición de la calificación del trabajo femenino y masculino; seg
mentación de género de los puestos de trabajo; políticas de recursos humanos y estereoti
pos de género de los empleadores (Roldán, 1993, 1994, 1995; Lovesio 1993a, 1993b;
López et al. 1992; Bustos, 1994; Arango, 1991,1998; Abramo, 1995). Si bien muchas
mujeres han debido tornarse polivalentes dentro de estos sistemas combinados de taylorismo
y producción flexible, ello no ha repercutido en incrementos salariales ni en oportunidades
de promoción y capacitación formal. Las estrategias de las empresas varían considerablemente entre uno y otro sector y van desde la búsqueda de mano de obra "nueva", lejos de
los centros industriales, que pueda ser incorporada a la producción con bajas calificaciones
y salarios, en condiciones contractuales precarias, hasta la introducción de innovaciones
tecnológicas que incorporan a las mujeres en condiciones de relativa marginalidad, limitan
do las posibilidades de re-calificación de su trabajo y conduciendo en algunos casos a
procesos de expulsión de fuerza de trabajo femenina. Marta Roldán examina el impacto de
"tecnologías blandas", como los sistemas "justo a tiempo" y "control total de calidad"
sobre hombres y mujeres e identifica formas de flexibilidad diferenciadas para uno y otro
sexo. En términos generales, los procesos en curso estarían dando lugar a la formación de
una clase obrera "polivalente" mayoritariamente masculina, segmentada entre un "centro
masculino (con mayor estabilidad laboral y a cargo de tareas que exigen un nivel más alto de
capacitación técnica) y periferias masculinas y femeninas multifuncionales". (Roldán, 1995 :27)
Es importante recordar que el empleo en América Latina se compone en porcentajes
muy altos de ocupaciones informales. A comienzos de los noventa, dos de cada cinco
mujeres ocupadas en las zonas urbanas lo hacían en empleos por cuenta propia o como
familiares no remuneradas de baja calificación o como empleadas domésticas, con importantes diferencias según los países (Valdes, Gomariz, 1995). Por otra parte, el trabajo de
una proporción muy alta de mujeres se desenvuelve en un contexto doméstico, como lo
señala Abreu para el Brasil sumando las empleadas domésticas, las trabajadoras a domicilio
y las que se emplean en pequeños negociOS en domicilios ajenos (1995). Esto produce una
configuración particular de la segmentación por género del mercado laboral en América
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Luz Gabriela Arango G.
Latina. De este modo, las nuevas líneas de demarcación que separan a los hombres con contratación permanente de las mujeres con contratación temporal y que afectan a la pobla
ción asalariada, se suman a las anteriores líneas de fractura que diferencian a las mujeres subempleadas a domicilio de los hombres trabajadores independientes, microempresarios o
asalariados.
La creciente f1exibilización y precarización del empleo coincide con un incremento
sostenido de la participación femenina en el mercado de trabajo desde finales de la década
del 70, tanto en los países industrializados como en los no industrializados. Este incremento se produce en medio de una sobrerrepresentación de las mujeres en los empleos precarios.
Entre 1960 y 1990, una de las grandes transformaciones en los mercados de trabajo
latinoamericanos fue sin duda el incremento de la participación femenina : el número de mujeres económicamente activas [en 19 países) pasó de 18 a 57 millones, más que
triplicándose, mientras el número de hombres económicamente activos no alcanzó a dupli
carse¡ la tasa de actividad femenina creció de 18,1 % a 27,2%. Este incremento se produce con grandes variaciones entre países. Para 1990, la proporción de mujeres en la PEA oscila
entre el 17,8% en Honduras y el 38,5% en Uruguay (Valdés y Gomariz, 1995). La tasa
global de participación urbana de las mujeres en Colombia es una de las más altas de la región de 19% en 1950 pasó a 51 % en 1997. [López Montaño, 1998: 127)
Hacia comienzos de los 90, a pesar del incremento de la participación femenina, la
distribución de las mujeres en la estructura ocupacional difiere considerablemente de la
masculina: el perfil típico del empleo de las mujeres incluye un alto porcentaje de ocupadas
en los servicios (entre 60 y 80%), seguido de un porcentaje bastante menor en la industria (entre 15% y 25%) y una fracción mínima en la agricultura o el sector primario. Respecto a las categorías de ocupación, la mayoría de la población activa de ambos sexos es asalariada (alrededor del 70%). Sin embargo, el porcentaje de trabajadoras y trabajadores por cuenta propia es significativo: variaba entre el 13% [Panamá y Costa Rica) y el 47% [Bolivia) en el
caso de las mujeres¡ del 17% [Uruguay, Paraguay) al 29% [Panamá) en el caso de los hombres. (Valdes, Gomariz, 1995)
La distribución de la PEA urbana por grupo ocupacional alrededor de 1990, presen
taba grandes diferencias entre países. En casi todos los países, una alta proporCión de mujeres se empleaba en servicios personales (36% en Argentina, 29% en Chile, 31 % en Colombia, 37% en Paraguay, 26% en Brasil. .. ) mientras una elevada proporción de los
hombres se desempeñaba como operarios y artesanos [52% en Bolivia, 37% en Brasil, 50% en Chile, 47% en Colombia .. . ). En algunos países, los comerciantes y vendedores representaban un porcentaje importante de la PEA urbana (20% de hombres y mujeres en Colombia¡ 34% de las mujeres en Perú¡ 37% de las mujeres en Bolivia ... ) con tendencia a
ser superior el porcentaje de mujeres que el de hombres en este tipo de ocupación.
En los países del Mercosur y Chile, la participación de las mujeres en el empleo
continuó aumentando durante la década de los 90, conservando las características genera-
[170
El tiempo contra los mujeres. Debates feministas poro uno agenda de paz
les de vinculación al sector informal y los servicios: en Paraguay en 1995, el 64% de las ocupadas eran trabajadoras por cuenta propia y empleadas domésticas; las tasas de desempleo de las mujeres son superiores en promedio a las de los hombres en todos los casos: en Uruguay duplican a las masculinas (Espino, 1999). En Argentina, las reformas neoliberales y los programas de ajuste han tenido como consecuencia un verdadero proceso de desindustrialización (Perera, 2001). Desde mediados de 1970, empieza un proceso de estancamiento y reducción del empleo formal como efecto de las reformas financieras adelantadas por la dictadura militar que desmontan el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Perera destaca cómo la industria textil y de confecciones, altamente feminizada, es una de las primeras en precarizar el empleo, acudiendo a la contratación temporal y el empleo flexible. En los 90, bajo la presidencia de Menem, se le asesta el golpe final al modelo de industrialización argentino con las leyes de privatización, des-regulación y liberalización del comercio, favoreciendo a los grandes monopolios y destruyendo a la pequeña y mediana industria. En este contexto, el incremento de la participación femenina se produce en un mercado laboral cada vez más polarizado, en donde aumentan el trabajo informal y temporal: la mayoría de las mujeres trabajan en condiciones precarias (servicio doméstico y empleo informal en los servicios y el comercio) y sólo unas pocas acceden al nicho cada vez más pequeño de "empleos protegidos"; mientras el desempleo se convierte en una verdadera epidemia social: los datos del 2000 (INDEC) señalaban un 25% para las mujeres y un 17% para los hombres.
En Colombia, las condiciones de empleo asalariado se deterioran debido al aumento del empleo temporal y de tiempo parcial. Esta precarización se ve claramente en las cifras: el porcentaje de trabajadores y trabajadoras temporales aumenta de manera sostenida a lo largo de la década de 1990 en todas las ramas y para ambos sexos. Entre 1991 y 2000, el porcentaje de temporales se incrementó en 10 puntos o más en todos los sectores, salvo en los servicios financieros. En 1991, después del sector de la construcción que tiene las tasas más altas de empleo temporal masculino, la cifra más elevada se encontraba entre las mujeres ocupadas en la industria (21,5%), proporción que habrá aumentado al 31,4% en 2000 (ENH). La mayor participación económica de las mujeres va acompañada por mayores tasas de desempleo femenino.
La crisis del modelo "fordista" de proveedor y el problema de la reproducción
Una de las dimensiones del agotamiento o sustitución del modelo «fordista» que ha sido menos estudiada es la que atañe a la crisis del modelo de proveedor masculino. Maria Patricia Fernández-Kelly (1994) sostiene la tesis de que el orden económico que reposaba sobre el modelo de trabajador varón proveedor y el corolario de la mujer como encargada del trabajo doméstico, ha sido transformado por la globalización económica durante las últimas tres décadas. De acuerdo con su tesis, la concentración de la producción industrial en los países centrales desde el siglo XIX y la movilización de los trabajadores hicieron posible un incremento sostenido de los salarios reales, fundamentalmente masculinos. Este
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luz Gabriela Arango G.
aumento de los salarios habría ocasionado una crisis de rentabilidad que estimuló el cambio
tecnológico y la relocalización industrial. El traslado de segmentos de la producción a países
sub-desarrollados que acompaña al «nuevo orden económico» en la década del 70 permitió a los empleadores aprovechar los enormes diferenciales salariales y frenar el alza de salarios en
los países desarrollados. El mismo fenómeno ayudó a los inversionistas a evitar las tarifas
sindicales, los salarios comparativamente altos de los países desarrollados y a obtener benefi
cios derivados del empleo de mano de obra poco costosa en los países subdesarrollados.
Numerosos gobiernos de Asia, América Latina y el Caribe proporcionaron incentivos para
desarrollar zonas de industria para la exportación y maquiladoras en las cuales millones de
trabajadores, especialmente mujeres, ensamblaron productos para el mercado mundial. Des
de este punto de vista, la globalización y la feminización de la fuerza de trabajo industrial
tuvieron . efectos de contención salarial y re-disciplina miento de la fuerza de trabajo en una
gran escala.
A pesar de su creciente importancia como trabajadoras remuneradas, las mujeres
siguen asumiendo la mayoría de las tareas del hogar, especialmente en el cuidado de los
niños. La redefinición de los roles de género ocurre en un contexto con pocas evidencias de
que los hombres hayan aumentado su participación en el trabajo doméstico. Los análisis
sobre el impacto de la crisis en las estrategias familiares en América Latina (Benería 1992,
González de la Roche 1997, 1994, Arriagada, 1997, 1994), confirman que el deterioro
de los ingresos masculinos redunda en una intensificación del trabajo doméstico de las
mujeres y una prolongación de las jornadas dedicadas a esas tareas. En ese sentido, la caída
de los salarios y el creciente desempleo no solamente obligan a multiplicar los proveedores
en el hogar sino que este último debe suplir bienes y servicios que las familias adquirían
anteriormente en el mercado. De acuerdo con González de la Rocha (1994), la familia se
convierte en un amortiguador de la protesta social al limitar los efectos negativos de la crisis
mediante una intensificación del trabajo remunerado y no remunerado de los miembros de
la familia, en particular de las mujeres y los niños.
Las economistas feministas y otros economistas alternativos han señalado la impor
tancia del trabajo de reproducción social que permanece invisible, excluido de las cuentas
nacionales y no remunerado. Diane Elson (1995b, citada por Campillo, 1998) habla de
dos economías: «una economía en la que las personas reciben un salario por producir cosas
que se venden en los mercados o que se financian a través de los impuestos. Esta es la
economía de los bienes, la que todo el mundo considera 'la economía' propiamente dicha,
y por otro lado tenemos la economía oculta, invisible, la economía del cuidado». Estas dos
economías no están, sin embargo, separadas. Al contrario, existen estrechos lazos entre la
una y la otra, de los cuales la economía oficial no es consciente. Se han señalado los efectos sociales inequitativos que tiene el mantenimiento del trabajo doméstico en manos de las
mujeres y los menores. Uno de ellos es el subsidio a la producción de mercado y a la
acumulación de capital que se realiza mediante la transferencia de valor de la economía de
la casa a la economía de mercado. El trabajo doméstico contribuye a abaratar los costos de
reproducción de la fuerza de trabajo y a amortiguar la pérdida de poder adquisitivo de los
El tiempo contra los mujeres. Debates feministas poro uno agenda de paz
salarios en tiempos de crisis mientras la presencia de una mano de obra femenina abundante
en los hogares ejerce un «efecto depresor» sobre los salarios. Un segundo efecto es la
inequidad en las oportunidades de mujeres y hombres para acceder a los mercados labora
les y permanecer en ellos. Las extensas jornadas de trabajo que deben cumplir las mujeres
sumando trabajo doméstico y remunerado limitan considerablemente sus posibilidades de
acceder a los sectores más dinámicos, a obtener empleos de tiempo completo, mejorar su
capacitación y nivel de ingresos; situación que se agrava para las mujeres jefas de hogar
cuyo número tiende a aumentar considerablemente en América Latina. [Campillo 1998)
Otro efecto importante en el contexto de desmonte del Estado de bienestar es la
organización de los servicios y políticas sociales sobre los cimientos invisibles del trabajo
doméstico. El Estado no considera necesario socializar servicios de la esfera doméstica
mientras exista el trabajo no pagado de las mujeres en el hogar y tiende, al contrario, a
transferir algunas de sus funciones privatizando actividades de servicios y delegándolas a
organizaciones de la sociedad civil que acuden al trabajo voluntario y altruista de mujeres y
otros miembros de las comunidades [Campillo, 1998).
La individualización de la fuerza de trabajo con base en las nuevas definiciones de
género comportó la promesa para las mujeres de una independencia económica y personal,
así como de una mayor igualdad entre los sexos. En realidad, el trabajo remunerado se ha
convertido en una necesidad para las mujeres pero no va acompañado del acceso a un
salario de proveedora ni a un salario «para la vida y la independencia» como fue la consigna
de las obreras sindicalistas francesas en el siglo XIX. La desregulación laboral y el creciente
abandono de responsabilidades con respecto a la reproducción de los trabajadores por
parte de las empresas y del Estado han intensificado el trabajo doméstico e invisible, el cual
permanece en elevadas proporciones en manos de las mujeres.
Algunas perspectivas
El equivalente al sindicalismo «fordista» en América Latina se constituyó en los países con
procesos de industrialización por sustitución de importaciones más exitosos, como Argentina,
México o Brasil. La negociación colectiva y el protagonismo sindical en relación con el Estado generaron un «control sobre el puesto de trabajo» para algunos sectores de empleados de
acuerdo con Bilbao [1 993). En Colombia, este tipo de sindicalismo se desarrolló en el Estado y
en algunas grandes empresas. El obrero fabril, de sexo masculino, blanco o mestizo y la lucha
salarial strictu sensu constituyeron el modelo básico que orientó la acción sindical en América
Latina, de espaldas a un mundo donde el trabajo informal, los servicios, el trabajo femenino, el
infantil, la diversidad racial y étnica han sido primordiales. [Godinho Delgado, 1995) .
Martha Roldán considera que el esquema fordista de sindicalismo ofrecía un marco
más propicio para la participación equitativa de las mujeres. El sistema de convenciones colectivas por rama que existía en Argentina antes de las reformas, por ejemplo, garantizaba
una distribución de ingresos mínimos y un grado elevado de homogeneidad social. Según
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Luz Gabriela Arango G.
Roldán, esta homogeneidad, a pesar de las desigualdades genéricas, otorgaba verosimilitud a las demandas feministas de igual remuneración por igual trabajo o por trabajo de igual valor (1995). Esto puede ser cierto para un sector minoritario de trabajadoras asalariadas estables pero excluye a un inmenso contingente de mujeres cuyas formas de trabajo no coinciden con el modelo asalariado «fordista»: asalariadas en condiciones precarias, trabajadoras a domicilio, trabajadoras por cuenta propia, empleadas domésticas. De este modo resulta paradójico que la «feminización» de las condiciones de empleo de la mayoría de los trabajadores que ha disuelto la base social tradicional del sindicalismo, lo obligue hoya replantear sus formas de acción, su filosofía y sus objetivos sociales, económicos y políticos, para tratar de incluir la diversidad de problemáticas laborales existentes incluidas las de las mujeres.
Orientar la acción reivindicativa, sindical y política hacia la equidad de género en el trabajo implica analizar simultáneamente el trabajo asalariado y el doméstico y ampliar el concepto de trabajo y de trabajador o trabajadora, problematizando el modelo general de "productor" y "trabajador" encarnado en el obrero fabril, profesional, asalariado y masculino. De acuerdo con Kergoat, el esfuerzo debe dirigirse a "restablecer las conexiones entre lo que había sido separado hasta aquí, a través de una definición más extensiva de trabajo", a partir de la cual, el trabajo doméstico y las particularidades del trabajo asalariado de las mujeres no sean mas "excepciones a un modelo supuestamente general". [D. Kergoat y H. Hirata, 1987, citado por da Silva Blass, 1997:66).
La ampliación del concepto de trabajo también ha sido planteada por las economistas feministas. La definición más incluyente de mano de obra recogida en un estudio realizado por Anker y Hein [1987, citado por Campillo 1998) es la que propone la OIT y dice así: «personas cuyas actividades generan productos y servicios, independientemente de que estos se vendan o no, que deberían incluirse en las estadísticas sobre la renta nacional». Las mediciones parciales que se han hecho en esta dirección han sido tan impactantes que organismos internacionales como el PNUD han tenido dificultades para encontrar formas de evaluar y reconocer la contribución del trabajo no monetizado sin generar cambios radicales ... En efecto, para 1996, el mismo PNUD proponía un estimativo de la contribución de la economía no monetizada generada por el trabajo en los hogares, a nivel mundial, del orden de 16 billones de dólares, es decir, un 70% del valor total del producto bruto oficial del mundo estimado en 23 billones [PNUD 1996: 110, citado por Campillo). De estos 16 billones, 1 1 correspondían a aportes realizados por las mujeres en actividades ignoradas por las estadísticas oficiales. Los sistemas de cuentas nacionales promovidos por las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional no incluyen directrices ni elementos metodológicos para medir las actividades no remuneradas. Según Waring [1988, citado por Koch, 1996), el sistema de cuentas nacionales de Naciones Unidas y su aplicación en los países ha dejado por fuera precisamente los objetivos sociales y valores conectados con la reproducción de toda la raza humana, esto es: las condiciones de vida de mujeres, niños y niñas, el mantenimiento de los recursos naturales y los costos del deterioro ambiental. [Campillo, 1998)
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Algunas autoras y autores señalan la presencia de cambios embrionarios en la división sexual del trabajo, como consecuencia inesperada y positiva de las transformaciones en las condiciones de trabajo, con su creciente flexibilidad e incertidumbre. Hombres y mujeres estarían sometidos a condiciones laborales cada vez más semejantes al eliminarse el paradigma del trabajo asalariado estable, asociado fundamentalmente con el varón. Casa y calle tenderían a convertirse en espacios de trabajo para hombres y mujeres haciendo posible una división del trabajo flexible que combine tareas en el ámbito doméstico y responsabilidades laborales en el ámbito público.
Un nuevo paradigma de desarrollo que promueva y aliente la igualdad y la equidad entre los géneros, nos dice Fabiola Campillo (1998), debería incluir, además de los derechos fundamentales conquistados por las mujeres en las últimas dos décadas y consignados en la Plataforma de Acción de la IV Conferencia sobre la Mujer en Beijing (1 995), cambios radicales frente al trabajo doméstico no pagado, que lo conviertan en un trabajo visible, incluido en las cuentas nacionales, asumido como corresponsabilidad de hombres y mujeres, y remunerado.
En un ejercicio de imaginación política que se inscribe dentro de los esfuenos de intelectuales de izquierda norteamericanos por darle contenido a la idea de «democracia radical», Nancy Fraser (1 997) en contravía con el desmonte de los estados de bienestar propone el modelo de «cuidador universal» como alternativa al «proveedor masculino» que caracterizó al fordismo. Según Fraser, este utópico modelo sería el único capaz de romper con la inequidad de género en todos los ámbitos. Se trata de hacer que los actuales patrones de vida de las mujeres, que combinan la actividad de proveedoras con las de cuidad02 , con grandes dificultades y esfuenos, se conviertan en la norma para todos ... De este modo se promueve simultáneamente la participación equitativa de las mujeres en la sociedad civil y en la política y la participación masculina en el ámbito doméstico, socialmente revaluado. Los puestos de trabajo estarían diseñados para empleados que son también cuidadores. En esta transformación, la acción del Estado es fundamental pues éste sería el encargado de desmantelar la oposición genérica entre proveedor y cuidador, subvirtiendo la división sexual de! trabajo y reduciendo la importancia del género como principio estructurante de la organización social.
Lourdes Benería (1998) trae a colación !a discusión sobre el tipo de racionalidad que ha servido de sustento a la teoría económica neoclásica, basada en la búsqueda de beneficio, que excluyó otros tipos de comportamiento como la reciprocidad, la redistribución o el altruismo. Apoyándose en el análisis de Karl Polanyi (1957) sobre la expansión del mercado como construcción social en los países europeos del siglo XIX y primera parte del XX, Benería plantea la necesidad de complementar o reemplazar los supuestos de los modelos económicos neoclásicos con modelos de conducta alternativos y transformadores. Retoma la crítica a la economía clásica que desde Adam Smith considera que la búsqueda del interés
• 2 Nancy Fraser incluye dentro de las actividades de «cuidado» las actividades domésticas de manteni
miento del hogar y preparación de alimentos, el cuidado de los niños, los ancianos, los enfermos ...
Luz Gabriela Arango G.
individual a través del mercado conduce a una asignación eficiente de los recursos, favora
ble al bienestar colectivo. El discurso triunfalista del mercado que ha acompañado la
globalización ha dado nuevo impulso al culto a la productividad, la eficiencia y el crecimien
to económico, exaltando la conducta individualista y competitiva y la aceptación tácita de las
nuevas desigualdades económicas y sociales. Benería se pregunta si los comportamientos de
las mujeres, tradicionalmente asociados con el cuidado de otros, la solidaridad o el altruis
mo pueden constituir un tipo alternativo de conducta o si, al contrario, la inserción crecien
te de las mujeres en la economía de mercado, ha transformado sus modos de actuar hacia
una racionalidad económica similar a la masculina. Sin pretender atribuir a las mujeres
comportamientos altruistas por naturaleza, Benería recoge los planteamientos de un número
importante de economistas feministas que han mostrado con múltiples ejemplos la existencia
de conductas económicas que contradicen abiertamente los postulados neoclásicos, una
buena parte de las cuales proviene de las mujeres. Tal como Polanyi puso en evidencia las
tendencias disruptivas del mercado, y el sometimiento de la sociedad a la economía, Lourdes
Benería llama la atención sobre las agudas contradicciones sociales que ha generado esta
nueva etapa de expansión del mercado. Reafirma la necesidad de situar la actividad econó
mica al servicio del desarrollo humano y pensar la productividad y la eficiencia sólo desde el
punto en que contribuyen a aumentar el bienestar colectivo:
«Esto significa, por ejemplo, que las cuestiones relacionadas con la distribución, la igual
dad, la ética, la dignidad humana, el medio ambiente, y la misma naturaleza de la felicidad
individual, desarrollo humano y cambio social tienen que ser centrales en nuestras agendas. Este
proyecto también requiere la transformación de nuestros esquemas teóricos y la reconceptualización
de los modelos convencionales y sus implicaciones prácticas» [Benería, 1998, 16)
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