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Serie Digital Desarrollo Fronterizo e Integración

Movilidad fronteriza, Violencia Social y Salud

en América Latina

Ledis Campo Victor Iguaran

Belkis Vanegas

©Ledis Campo - 2016©Victor Iguaran - 2016©Belkis Vanegas - 2016

ISBN: 978-980-7723-30-5Deposito Legal: ZU2016000213

Editor: Víctor InciarteE-mail: [email protected]: +584124191740Maracaibo – Venezuela

Editorial INVER-E-GROUP VENEZUELA C.A.Maracaibo – Venezuela.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADO.

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Introducción

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En la actualidad los temas de re-

gión y frontera, tanto en términos ma-

teriales como simbólicos, tienen un

gran impacto y generan el interés no

sólo académico, sino también en los

medios masivos de comunicación y en

la vida cotidiana de las personas. De

hecho, los temas de región y frontera

han tenido y siguen teniendo una am-

plia trayectoria de análisis en las cien-

cias sociales.

A la luz de los acontecimientos

sociales, políticos y económicos acae-

cidos a escala mundial a partir de la

crisis financiera de 2008, se están su-

cediendo una serie de reestructuracio-

nes político-sociales a gran escala que

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de frontera. Desarrollo humano en el

contexto de la frontera colombo-vene-

zolana. Sustentabilidad en la frontera

entre Colombia y Venezuela e Identi-

dad cultural fronteriza.

están dejando tras de sí una estela de

malestar y un grado de sufrimiento so-

cial insoportable.

El presente trabajo es el resulta-

do de los interrogantes que se plan-

tearon en relación a cómo los cambios

económicos y políticos que se mani-

fiestan en una determinada región del

mundo, van a tener un gran impacto

en las vidas de las personas que viven

en otras regiones, máxime cuando se

tratan de territorios fronterizos. Desde

una mirada del psicológico y social, se

analizaron los conceptos de región y

frontera tomando como referente cin-

co campos de conocimiento, a saber:

Globalización y territorio en la región

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Conceptos y Dinamicasde la Movilidad Fronteriza

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Una aproximación histórica e in-

terdisciplinar a los estudios de fronte-

ra. Teorizando acerca del término se

pretende poner de relieve aquellos fe-

nómenos que estando tan presentes en

la cotidianeidad se torna invisible. Esa

cotidianeidad de los acontecimientos

impide concebir los espacios geográfi-

cos que habita el hombre como lugar

de análisis debido a su enorme com-

plejidad.

Es por ello que se hace una revi-

sión y análisis del concepto de frontera

con el fin de poder nombrar a aquellos

aspectos de la realidad que a simple

vista pasan desapercibido, según Ber-

thier (2004:3) y que son los que confi-

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Desde una perspectiva históri-

ca el concepto de frontera aparece en

la escena política con la creación de

los Estados Modernos para transferir

soberanía y territorialidad a los Es-

tados-nación, como lo establece Idler

(2012:1) y con la intención de cubrir

la “necesidad de protección ante lo ex-

traño, lo ajeno, lo que es diferente y,

por tanto, ineludiblemente peligroso y

hostil, según García (2007:60).

Para Ventura (2007) Es una pe-

ligrosidad percibida porque lo que va

más allá de los límites establecidos es-

capa al control del Estado.

Así, cabe preguntarse si lo que

está más allá de la frontera es peligro-

guran y dan sentido a nuestra existen-

cia.

Es conveniente hacer una genea-

logía del concepto de frontera no sin

antes tener en cuenta el significado

académico del término. La definición

de frontera dada por el diccionario Mo-

liner (2004) es:”1 f. Línea que separa

un Estado de otro. Límite; 2 Cualquier

cosa que limita la extensión o el alcan-

ce de una cosa. Límite”. Así, si nos aco-

gemos a la definición del diccionario,

podemos señalar que el concepto fron-

tera está apuntando hacia aquello que

está delimitado, marca la separación

de algo.

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riador colombiano Vega (2001) habla

de la frontera interna como ese espacio

al que se sienten arrojados los grandes

desplazamientos de población buscan-

do refugio ante la barbarie, la guerra,

el hambre, la sequía, la pérdida de co-

sechas.

En este sentido, históricamente

los pueblos indígenas latinoamerica-

nos se vieron afectados por el proceso

de formación de las fronteras viéndose

en medio de la batalla entre españoles

y portugueses, quienes se disputaban

el territorio y el derecho de posesión,

como lo señala Garcés (2011). La ac-

tualidad demuestra que las cosas no

han cambiado y prueba de ello es el

so y automáticamente se encuentra

con que el término despliega todo un

horizonte de significación y sentido.

Asimismo, Jelin (2000) resumió el

carácter polisémico del término de una

forma brillante, a saber, el límite separa

(boundary), la frontera se ocupa (fron-

tier) y la zona fronteriza se vive (bor-

der). Ante esta delimitación cabe men-

cionar la frontera interna como aquel

espacio que entre los siglos XVIII y XIX

limitaba con el territorio controlado y

ocupado por aquellos indígenas que no

habían sido reducidos, hecho que con

el tiempo se tornaría en un problema,

según Morales (2012) y deteniéndonos

en este sentido del concepto, el histo-

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rosidad, profundamente marcada por

el flujo migratorio, el intercambio cul-

tural (a través de la música, el folclore,

la gastronomía, el lenguaje) y el turis-

mo. Como resultado de estos intercam-

bios han surgido redes de amistades,

familiares y laborales transnacionales,

como lo establece Jelin (2001) y es pre-

cisamente de estas relaciones transna-

cionales de donde surgen actividades

lucrativas de carácter ilícito al margen

de la actividad comercial legal (contra-

bando de alimentos, combustible, dro-

gas, armas, mujeres, vehículos) que

serán objeto de estudio de futuras in-

vestigaciones.

pueblo indígena Nasa que se encuentra

atrapado en un conflicto bélico donde

diferentes grupos armados (legales e

ilegales), continúan disputándose sus

territorios.

Este punto conlleva a dejar abier-

ta, para una futura investigación, la

cuestión de la superfluidad en los terri-

torios indígenas, entendida ésta como

la exclusión a través de la inclusión,

a saber, sus territorios y límites están

incluidos dentro del Estado colombia-

no, pero se les excluye de sus territo-

rios restándoles autoridad para poseer

sus tierras.

En términos socio-culturales lo

característico de las fronteras es su po-

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das como una sociedad abierta a la al-

teridad donde se proyectan fantasías,

trastornos, delirios y estereotipos de la

intensa vida binacional que puede dar

lugar a un espacio de trasgresión ima-

ginaria donde las normas no existen,

según Olmos (2011).

El desafío ante esta percepción de

la frontera como un espacio anárqui-

co, se traduce en políticas cívicas que

chocan con la dinámica de las regiones

fronterizas. Más allá de lo imaginario,

la frontera se refiere a las restriccio-

nes que los transmigrantes enfrentan

durante todo el recorrido y que marca

la distinción entre ellos y los otros ac-

tores (coyotes, guías, tripulantes, poli-

Como señala el economista co-

lombiano Orjuela (2010:34) “la inequi-

dad, las debilidades del sistema demo-

crático y la debilidad institucional del

Estado en la mayoría de los territorios

que componen la Nación, han permiti-

do el florecimiento de actividades ilíci-

tas como el narcotráfico y su inclusión

en grupos al margen de la ley”. De esta

manera, la frontera se convierte en

zona donde se construyen identidades

transnacionales, según Jelin (2001).

Desde un punto de vista antro-

pológico, las fronteras han sido cons-

trucciones simbólicas, indicativas de

la separación entre los pueblos, como

lo identifica Machuca (2006) presenta-

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cruzadas, transgredidas, imaginadas,

reales, reinventadas y destruidas. Con-

finan y liberan. Protegen y torturan”.

De esta forma, la frontera se trans-

forma en un espacio para las nuevas

relaciones entre hombres y mujeres,

pero donde éstas últimas son consi-

deradas menos que mujer, menos que

ser humano, alguien que ha sido redu-

cida a objeto bajo el dominio masculi-

no, como lo establece Monárez (2002).

Desde una perspectiva social, la

frontera sólo puede tener sentido si los

pueblos que están a ambos lados de la

línea divisoria reconocen y comprenden

de la misma manera el sentido que se

le da a la frontera, como lo señala Glick

cías, transportistas, agentes de migra-

ción) en condiciones asimétricas” como

lo establece Ramírez et al.(2009:7).

Un aspecto importante que cabe

resaltar es el feminicidio como un pro-

blema fronterizo en tanto que la fron-

tera se representa como ese espacio

donde se pierde la identidad y se co-

menten crímenes con total impunidad,

según lo reseña Berlanga (2008:18). En

este contexto Belausteguigoitia et al.

(2007:25) definen las fronteras como lo

que “separan, unen, delimitan, marcan

la diferencia y la similitud, pero tam-

bién producen espacios intersticiales,

nuevos espacios que inauguran rela-

ciones. Pueden ser burladas, acatadas,

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para poner de relieve que éstas pueden

concebirse como puertas traseras de

expansiones políticas foráneas a tra-

vés de la adquisición de territorios en

zonas fronterizas.

A su vez Bauman (2006:61), apun-

ta desde la sociología que la obsesión

por trazar fronteras obedece a la bús-

queda de encontrar un espacio que re-

porte confort y seguridad en un mundo

que resulta amenazador e imprevisible

y si se vuelve la mirada hacia ese mun-

do cambiante se puede presenciar que

internet está diluyendo la materialidad

de las fronteras y las hace más simbó-

licas, creando un espacio de interac-

tuación entre individuos y colectivos

(2006), precisamente para compartir

un espacio de encuentro y no crear un

lugar de hostilidad y conflicto por falta

de acuerdo y entendimiento. Pero no

se puede dejar pasar por alto el con-

cepto de frontera natural, conformada

por accidentes geográficos; así como el

de frontera identitaria, entendida como

los límites que se impone cada grupo

humano para sentirse cómodo con sus

ideas y los esfuerzos que realiza para

ubicar los elementos discordantes con

sus normas sociales, según Ventura

(2007:197).

Sin alejarse de la mirada económi-

ca ambiental la politóloga Fassi (2009),

pone énfasis en el concepto de frontera

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tanto que las zonas fronterizas son en

ese espacio internacional donde la co-

tidianeidad de las personas que habi-

tan la región de frontera atraviesa los

límites en forma comercial, cultural,

social y económica, sin contar con que

el mundo del futuro tendrá más fron-

teras como consecuencia de las des-

igualdades sociales entre los hemisfe-

rios norte y el sur del globo, como lo

reseña Grimson A.(2007).

Teniendo esta visión global y ac-

tualizada sobre el concepto de fronte-

ra, es pertinente cuestionarse el origen

de los estudios de frontera. Una figura

sobresale con la publicación del artí-

culo El significado de la frontera en la

centrados en el intercambio de datos,

estableciéndose un nuevo concepto de

frontera, a saber, frontera virtual.

Dos perspectivas preconizan la

desaparición de las fronteras. Por un

lado, se encuentra la postura de la

globalización que postula la desapari-

ción de las naciones sin reparar en los

efectos contrarios de las políticas na-

cionalistas sobre la identidad de cada

región. Por otro lado, los discursos po-

líticos promulgan la hermandad de los

pueblos con la intención de eliminar

las fronteras y crear una patria grande,

según lo revela Jelin (2001).

Sin embargo, los hechos demues-

tran lo contrario a ambas posturas, en

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lar a la autodeterminación territorial

del Paraguay.

En tanto que ambos autores ha-

cen uso de los términos frontera y lí-

mite para explicar realidades distintas,

se plantea la cuestión de delimitar el

concepto de frontera en una futura

investigación, creando dos vías de es-

tudio: una latinoamericana y otra an-

glosajona, en tanto que la realidad y la

problemática entorno al concepto de

frontera en América Latina difiere del

mundo anglosajón. Se trata de anali-

zar y estudiar el concepto de frontera

desde América Latina para América

Latina, para poder así aprehender en

el contexto el sentido del término que

historia americana, de Jackson Turner

(1893), donde el autor defiende la tesis

de que la frontera contribuyó al desa-

rrollo del individualismo, la iniciativa

personal y la capacidad de improvisa-

ción de los estadounidenses, adoptan-

do el término un sentido de identidad

cultural. Pero, ¿qué ocurre en América

Latina?

Se encuentra la figura de José

Falcón, paraguayo que si bien no usó

el concepto de frontera, si habló de lí-

mites para demostrar los derechos de

Paraguay sobre las tierras que le dis-

putaban Argentina y Brasil, como lo

refleja ScavoneYegros (2006), Falcón

apelaba al concepto de límite para ape-

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ción, según Benedetti (2008). El voca-

blo evoluciona hacia regional (s. XIX),

regionalismo (s. XIX) y regionalista

(principios del s. XX), todos haciendo

referencia al sentimiento de pertenen-

cia que provocaron las naciones del s.

XVIII ante la construcción de los Esta-

dos nacionales de Europa. Finalmen-

te, como resultado del reordenamiento

administrativo y de la descentraliza-

ción con base a factores históricos y

económicos, surgen los términos regio-

nalizar y regionalización, según Tara-

cena (2008).

En este sentido, las diferentes in-

terpretaciones que los estudios de re-

gión han llevado a cabo sobre el tér-

permita una comprensión profunda de

la región.

Asimismo, interpretaciones del

concepto región en sus diferentes con-

textos históricos. Como complemento

de lo anterior se hace necesario un es-

tudio y exposición en torno al concep-

to región. Etimológicamente el término

región es de origen romano y designaba

cada una de las catorce divisiones del

Imperio, dirigidas cada una por una

autoridad, según Benedetti (2008).

Pero no será hasta el siglo XVIII

que el término se vinculará al conjun-

to de terrenos diferenciados espacial-

mente, habitados por un conjunto de

pueblos que conforman un Estado-na-

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pregunta en sí encierra cierto grado de

complejidad y su respuesta no depen-

de tanto de la afirmación de que una

región es un fragmento de espacio que

se distingue de otros, sino en la forma

en la que distinguir dichos espacios.

Teniendo en cuenta que el fenóme-

no región surge en Europa en el siglo

XVIII como ente político-administrati-

vo moderno, para centrar el estudio en

América Latina cabe tener en cuenta

el comportamiento triangular de las

relaciones de poder que se establecen

entre el Estado, las élites regionales y

la población local, como lo especifica

Taracena (2008).

mino dan como resultado un concepto

polisémico, característica que ha plan-

teado problemas al conocimiento obje-

tivo de lo regional, de la práctica social

y política de la regionalización y a la

construcción regional como lo estable-

ce Cuervo (2003:27).

Al comienzo de la tradición geo-

gráfica, la existencia de la región no se

cuestionaba. La organización del suelo

terrestre se concebía naturalmente en

unidades de extensión limitada deno-

minadas regiones, como lo especifica

Espejo (2003). Estos espacios delimita-

dos pero poco estudiados, dieron lugar

a una pregunta básica en los estudios

de Geografía ¿qué es una región?. La

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identificar porciones determinadas de

la superficie terrestre definidas a partir

de criterios específicos y objetivos pre-

concebidos, los cuales pueden prove-

nir de las ciencias naturales o de las

sociales.

Desde una perspectiva histórica,

la región se define como un espacio

geográfico más grande que una locali-

dad, pero más pequeño que un Estado

nacional, con una frontera determi-

nada por el alcance efectivo de algún

sistema cuyas partes interactúan más

entre ellas que con el sistema externo,

según Van Young (2002).

Asimismo, Alarcón (2002), conci-

be la región como una entidad comple-

Cada enfoque explicativo del con-

cepto región constituye un conjunto de

creencias y actitudes, una visión del

mundo compartida por un grupo de

científicos, que implica metodologías,

problemas y normas de resolución pre-

ferenciales (Valenzuela, sf). El concep-

to región ha sido objeto de diferentes

interpretaciones y posiciones: presen-

tado como un mecanismo analítico,

como condición operativa para respon-

der a tendencias globalizadoras y otras

para explicar los procesos autónomos

de desarrollo, según Sanabria (2007).

En una primera aproximación al

concepto de región Palacios (1993),

afirma que la región se utiliza para

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la luz de la perspectiva que se adopte

para llevar a cabo su estudio.

Relacionado con lo anterior, cabe

destacar los estudios de género rela-

cionados con el feminicidio en las dife-

rentes regiones en las que se presenta

este fenómeno y las particularidades

que se manifiestan en cada una de las

áreas, según Macías Leiva et al. (2007).

Las variadas interpretaciones del tér-

mino conllevan a poner de relieve un

aspecto que está transformando la for-

ma de presentar el concepto de región

por las diferentes ciencias sociales: el

ciberespacio. Hay que considerar el

sentido que adopta el concepto región

cuando comienza a utilizarse a través

ja, atribuida a una determinada por-

ción espacial en la generalidad de un

ámbito concreto de la realidad física.

Así, la región es un espacio dinámico

que está en permanente movimiento,

limitado por una frontera que varía en

el tiempo, y que a su vez se determi-

na por la influencia que tiene un siste-

ma integrado por una serie de factores

naturales y sociales que forman una

estructura y que tienen entre sí, cohe-

rencia y especificidad.

Por otro lado y siguiendo a Dem-

bicz (2004), la región puede entenderse

como efecto de la construcción social

del espacio. Las diferentes significa-

ciones del concepto región se harán a

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Violencia y Sociedad

En la frontera latinoamericana

de la informática en el interior de una

geografía global que está al alcance de

todos, como lo explica Buzai (2009).

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Desde la línea de investigación

Problemas regionales y fronterizos se

ha venido construyendo un estado del

arte donde se contemplan cinco cam-

pos de conocimiento articulados entre

sí y relacionados, cada uno de ellos,

con los estudios de frontera. El que

se pretende poner de relieve aqui es el

de Globalización y territorialidad en la

región frontera. Se vive en un mundo

globalizado donde las personas esta-

mos expuestas a la influencia que ésta

ejerce en nuestra cotidianidad.

En este sentido, una influencia

que se pretende sutil e invisible Pero,

¿qué es la globalización? ¿A qué se re-

fiere cuando se hace uso del término?

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dad demuestra que no todos los países

gozan de esta situación de igualdad de

condiciones para competir.

Por otro lado, el B) Un modelo de

desarrollo económico al que los dife-

rentes países se han venido sumando

de forma voluntaria. Ahora bien, si la

globalización es un modelo de desarro-

llo económico, ¿qué tipo de modelo eco-

nómico es el globalizado? Es inevitable

no sustraerse al postestructuralismo a

estas alturas del escrito y no recono-

cerle el poder y el alcance que encie-

rran las palabras en los discursos.

Así, el modelo de desarrollo que

más influencia ha venido ejerciendo

por su capacidad de convicción en el

Tomando como referente a Escobar

(2002), es necesario poner relieve dos

aspectos fundamentales que no pue-

den pasar desapercibidos, a saber, que

la globalización es: A) Un fenómeno

donde se produce una interdependen-

cia entre los diferentes países y regio-

nes del mundo.

La dependencia no es más que es-

tar sometido a la voluntad de otro y eso

es lo peor que puede darse en cualquier

tipo de relación (económica, social, po-

lítica, emocional), es decir, hasta qué

punto la interdependencia que se está

construyendo entre los diferentes paí-

ses y regiones se está dando con la mis-

ma igualdad de condiciones. La reali-

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rrollos, a saber, la Modernidad.

Por su parte, en esta vida las per-

sonas, entre otras cosas, llevan a cabo

elecciones de todo tipo y Escobar (2002)

invita a elegir: o bien una Modernidad

alternativa (diferente) o, por el contra-

rio, algo alternativo a la Modernidad.

En tanto que globalizados, los autores

del texto apuestan por una modernidad

alternativa con el propósito de mostrar

otras realidades sociales y culturales

que promuevan desarrollos distintos

a aquel que está homogeneizando las

diferentes regiones del planeta, sin que

ello suponga un rechazo absoluto del

proyecto ilustrado.

discurso empleado (lo cual no significa

que sea el que más felicidad y bienes-

tar haya promovido) es el liberal, trans-

formado y sofisticado en lo que hoy en

día pretende regir y marcar la econo-

mía, políticas y sociedades del mundo:

el neoliberalismo. Por tanto, se está

hablando de un modelo económico (a

gran escala) y de un tipo de desarrollo

(neoliberal).

En este sentido, si este modelo

económico de desarrollo se traduce en

un tipo de desarrollo que está ponien-

do a la sociedad en su conjunto a su

servicio, entonces está en la obligación

de reflexionar acerca de aquello que ha

sido la causa de determinados desa-

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la diferencia; por el contrario, una glo-

balización que precisamente parta des-

de el reconocimiento de la diferencia y

la diversidad de saberes

Por su parte, Quijano (2010) plan-

tea que la globalización es la culmina-

ción de un proceso que comenzó con la

constitución de América y la del capi-

talismo colonial/ moderno y eurocen-

trado como un nuevo patrón de poder

mundial. Así, la región latinoamerica-

na y, por ende, Colombia, ha venido

perpetuando un rol asignado por este

poder hegemónico que no concibió a

América Latina desde una relación in-

ter pares, sino más bien como ese vas-

to territorio que ha de estar condicio-

En este sentido, el aporte que es-

tán llevando a cabo los movimientos

sociales es crucial para construir de-

sarrollos que contemplen las necesida-

des reales de las personas. Como se-

ñala Escobar (2002), la transformación

es de quien conoce, de quienes son los

conocimientos que se consideran im-

portantes.

Desde la línea de investigación

Problemas regionales y fronterizos se

estudia el concepto de modernidad,

porque al hacerlo se está cuestionando

el concepto de globalización: aquella

que se pretende construir o la indivi-

dualista, explotadora de los recursos,

que no tiene en cuenta la diversidad y

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globalizador, con el propósito de poder

llevar a cabo un cambio de la realidad.

De ahí la importancia de los movi-

mientos sociales como generadores de

conocimiento. Muchos de los compo-

nentes de la globalización se manifies-

tan en la región fronteriza de Colombia

y Venezuela, en una economía infor-

mal, que en ocasiones cruza la línea de

lo normativo y se instala en la ilegali-

dad, contribuyendo con ello a lo que en

la región se ha venido llamando cultu-

ra de la ilegalidad, lo que se traduce en

actividades laborales desarrolladas por

personas en condiciones de precarie-

dad y bajos salarios, donde abundan

mujeres y víctimas desplazadas por el

nado a los designios europeos.

De esta manera, la estratificación

socio-económica y la violencia mani-

fiesta en la región fronteriza colom-

biana, hunde sus raíces en un legado

histórico europeo que se materializa y

visibiliza con más relevancia en el pla-

no social y laboral.

Si la región que pretende cons-

truirse ha de pasar por el conocimiento

de su historia para superar la situa-

ción anacrónica de su problemática

social, los estudios de región y frontera

han de considerar a los actores socia-

les en sus reales contextos locales y no

relegarlos a meros actores invisibles

afectados por un discurso abstracto

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5150

con el propósito de corregir aquello que

promueve desolación, frustración o in-

felicidad como consecuencia de una

modernidad que históricamente se ha

olvidado de que existen otros saberes y

otras realidades.

El escenario donde se desarrolla

el conflicto y la violencia en América

Latina está marcado por profundas

contradicciones. Mientras las agre-

siones armadas clásicas entre países

parecieran haber terminado, con la

excepción de los gestos amenazantes

y belicistas intercambiados entre Ve-

nezuela y Colombia en marzo de 2008,

los conflictos de baja intensidad se han

enraizado en las ciudades, y se reflejan

conflicto armado, como lo establece

Vega et al., (2003).

Esto significa que la llamada eco-

nomía informal, e incluso la ilegal, no

son una desviación o anomalía del sis-

tema globalizador, sino más bien ele-

mentos estructurales del mismo. De

este modo, la creciente precarización

de los trabajadores asalariados convive

y sustenta los empleos regulados, con

salarios elevados y mayores derechos,

como lo establece Vega et al. (2003).

Desde una mirada social y dentro

del marco de los estudios de frontera,

urge la necesidad de profundizar en

los causantes de la globalización impe-

rante desde la perspectiva de lo social,

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5352

oriental de Guatemala y en los bordes

fronterizos de Colombia con Ecuador,

Venezuela y Brasil, donde la tasa de

criminalidad es apabullante y el con-

trol del territorio por parte de grupos

armados y narcotraficantes no es des-

deñable.

Asimismo, una de las ciudades

fronterizas paradigmáticas de Améri-

ca Latina, Ciudad del Este, ubicada en

el lado paraguayo de la triple frontera

con Argentina y Brasil, ha sido por lar-

go tiempo el paraíso de los lavadores

de dinero y el contrabando, y señalada

por diversos servicios de inteligencia

por sus vínculos con el terrorismo is-

lámico y los atentados a la embajada

en tasas de homicidios ubicadas entre

las más altas del mundo y procesos de

polarización política que se expresan

en protestas callejeras y demostracio-

nes de fuerza crecientes.

En las zonas de frontera es donde

los contrastes entre la estabilidad en

las relaciones interestatales y las ten-

siones provocadas por la crisis social

y las actividades criminales son más

marcados.

Además de los efectos provocados

por la incursión armada de Colombia

en territorio ecuatoriano, la violencia

y corrosión institucional ha penetrado

como nunca antes la frontera entre Mé-

xico y EE UU, así como en la frontera

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5554

ción de la demarcación de 50 kilóme-

tros de un glaciar patagónico. Sólo Ni-

caragua mantiene una vivaz demanda

sobre territorios del Golfo de Fonseca y

sobre las Islas de San Andrés pertene-

cientes a Colombia, disputas que han

sido avivadas debido a su valor político

simbólico.

Asimismo, la globalización y la in-

tegración regional han reducido los be-

neficios de las redes de contrabando.

En el caso de la frontera mexicana, la

presencia estatal se ha incrementado,

hasta el punto en que ciudades como

Nuevo Laredo, Ciudad Juárez y Tijua-

na son patrulladas por fuerzas muni-

cipales y federales, sin contar los miles

israelí y a la Asociación Mutual Israe-

lita en Buenos Aires durante los 1990.

Una de las principales ironías de

esta conflictividad fronteriza es que no

está asociada a disputas diplomáticas

sobre demarcaciones territoriales, por

lo que no se observan hostilidades pa-

trocinadas por los Estados como las

que se producen en las tensiones fron-

terizas de Cachemira, Sudán o Kosovo.

Las fronteras que todavía se encuen-

tran en disputas son muy limitadas.

El pleito diplomático entre Perú

y Ecuador fue al parecer resuelto en

1999, mientras que Chile y Argentina

solucionaron todas sus controversias

territoriales en los 1990, con la excep-

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5756

soberano, se han convertido en prome-

sas vacías, que son reemplazadas, en

el mejor de los casos, por la protección

ofrecida por parte de fuerzas estatales

que operan en las sombras, mafias u

otros poderes de facto.

En este sentido, se busca identifi-

car las macro tendencias que se repi-

ten a nivel nacional y que subyacen al

proceso de intensificación de la inse-

guridad, inestabilidad y a los nuevos

modelos de autoridad en las regiones

fronterizas, usando el caso latinoame-

ricano para detectar los procesos que

son relevantes en otras zonas fronte-

rizas porosas y en donde la presencia

del Estado es débil, particularmente en

de soldados camuflados desplegados

desde diciembre de 2006 para comba-

tir a los carteles de la droga; y es en

estas zonas fronterizas que el complejo

de amenazas y riesgos, como definieron

los ministros de Defensa de la región

en la Declaración de Quito de 2004 al

terrorismo, tráfico de drogas, comercio

ilegal de armas y crimen transnacional,

se amalgama y se intensifica, como lo

señala la Conferencia de Ministros de

las Américas (2005)

Además, en otras zonas fronteri-

zas se están desarrollando nuevas es-

tructuras de autoridad, en las cuales

los derechos tradicionales ciudadanos,

aquellos garantizados por un Estado

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5958

prosperidad de Ciudad del Este a la

extrema pobreza en la zona del río Pu-

tumayo en la frontera entre Colombia y

Ecuador, no han impedido la emergen-

cia de características comunes marca-

das por la violencia, el desplazamiento

forzado de personas, la existencia de

grupos ilegales y la corrupción estatal.

La frontera norte mexicana se des-

taca por la progresiva militarización de

la política de seguridad del Presiden-

te y la extrema brutalidad en la guerra

entre bandas del narcotráfico, más de

1.300 asesinatos acaecidos en inciden-

tes relacionados con esas luchas entre

enero y mayo de 2008, según el Inter-

national Crisis Group (2008) Estados

la frontera entre Afganistán y Pakistán

(que no será tratado en este ensayo).

También se evaluará la pertinencia y

viabilidad de los nuevos mecanismos

que han sido promovidos, particular-

mente por EE UU, como respuestas a

las amenazas percibidas que surgen

en las áreas mencionadas

En este caso, las crisis fronteri-

zas en cada región tienen su propia

dinámica y características, debido a

que derivan de contextos en donde la

economía, los poderes locales, la pre-

sencia de grupos armados y la relación

de esas zonas con el poder central son

marcadamente diferentes. No obstan-

te, estos contextos diversos, desde la

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6160

El amplio apoyo bipartidista en

Washington a la Iniciativa Mérida, que

sigue a un extenso período de mutua

sospecha entre las autoridades encar-

gadas de la seguridad en ambos países,

no debería oscurecer las importantes

dificultades que supondrá enfrentar

grupos ilegales altamente consolida-

dos.

El narcotráfico ha logrado una

fuerte penetración de las fuerzas poli-

ciales locales, un caso paradigmático

ha sido el arresto de los 730 miembros

de la policía en Nuevo Laredo en junio

de 2005, y también federales, de las

cuales 284 miembros fueron expulsa-

dos por el Presidente Calderón en el

Unidos, por su parte, se ha compro-

metido a financiar el proceso de mo-

dernización y equipamiento desde las

fuerzas armadas y la policía, hasta las

fuerzas judiciales, en un esfuerzo para

detener el flujo de cocaína hacia el Nor-

te.

Este plan de ayuda, lanzado por

el Presidente George W. Bush en oc-

tubre de 2007 y conocido como Inicia-

tiva Mérida, inicialmente ha asignado

1.400 millones de dólares para México

y América Central en un período de tres

años, aunque el proceso de aprobación

en el Congreso, que finalizó el 26 de

junio, restó 85 millones de dólares a la

inversión inicial.

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6362

y se han enriquecido ilícitamente con

la oferta de servicios ocasionales, como

transporte, financiación o soporte lo-

gístico, como lo señala Naim (2005)

Por su parte, los carteles de la droga

se han diversificado en otras activida-

des, especialmente en el contrabando

de armas y personas hacia EE UU, y en

el lavado de dinero.

La progresiva corrupción de las

fuerzas policiales y las instituciones

políticas, acompañada por un marca-

do empeoramiento de las condiciones

de seguridad de los ciudadanos, puede

ser también detectada en las regiones

fronterizas de Guatemala, zona de paso

de la cocaína proveniente de Colombia

último año.

De igual forma, el comportamien-

to de las fuerzas armadas en el comba-

te al narcotráfico ha sido criticado por

la forma en que sus miembros, espe-

cialmente entrenados para esa tarea

por el Pentágono a finales de los 1990,

conocido como GAFE, Grupo Aeromó-

vil de Fuerzas Especiales, se han vis-

to involucrados en casos de sobornos,

prácticas de tortura, o peor aún, haber

formado las temidas fuerzas de choque

del Cartel del Golfo, los Zetas, según

Freeman (2008)

Mientras tanto, las comunida-

des locales han tolerado y protegido

la presencia de estos grupos ilegales,

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6564

en la provincia del Petén, en la fron-

tera con Belice y México, según PNUD

(2007)

Conjuntamente con los otros paí-

ses fronterizos en el borde oriental y la

zona costera, la zona del Petén es una

de las rutas favoritas para el tráfico de

cocaína y migrantes ilegales, como lo

establece UNHCR-ACNUR (2006), y ha

sido asociada con el contrabando de

niños, actividad a la que se supone las

autoridades locales apoyan tácitamen-

te.

La pobre infraestructura de co-

municación y el estatus periférico de la

región, una característica que compar-

te con otras zonas próximas al Atlánti-

hacia México.

Un mapa hecho recientemente so-

bre la violencia en el país, realizado por

el Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo (PNUD) muestra una

concentración de altas tasas de asesi-

natos en la zona noreste del país, en el

Atlántico y el sur, así como una rela-

ción inversa entre violencia y pobreza;

en otras palabras, las zonas pobres in-

dígenas de la zona montañosa son las

menos violentas del país.

El municipio con la tasa de crimi-

nalidad más alta –una sorprendente

tasa de 202 asesinatos cada 100.000

habitantes– fue San Benito, en la zona

semitropical y escasamente poblada

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6766

Los debates recientes en el parla-

mento guatemalteco han hecho hinca-

pié en la necesidad de compensar las

purgas realizadas en las fuerzas poli-

ciales en el Petén con la presencia de

fuerzas militares, aunque los grupos

de derechos humanos han planteado

sus reservas sobre la necesidad de ex-

pandir la presencia de las fuerzas ar-

madas en tareas policiales.

Las fronteras colombianas siguen

siendo la más turbulenta, marcada por

la fuerte presencia de grupos ilegales

y la ausencia de la autoridad estatal.

El control territorial de los grupos pa-

ramilitares, las FARC o el ENL, princi-

palmente en la frontera con Venezuela

co en América Central (particularmen-

te Honduras y Nicaragua), permiten

más fácilmente a los grupos ilegales

corromper a las aisladas y empobreci-

das fuerzas policiales locales.

La apropiación ilegal de tierras

por parte de esos grupos ha aumenta-

do exponencialmente: hay actualmen-

te 565 disputas legales en el noreste

del país según un informe reciente del

Procurador de Derechos Humanos,

muchas de ellas derivadas de las apro-

piaciones realizadas por las bandas de

narcotraficantes, como lo reseñó la Co-

misión de Derechos Humanos en Gua-

temala (2008).

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6968

lugares en los que los cultivos alterna-

tivos lícitos tiene poca viabilidad eco-

nómica debido a los altos costos de

transporte, donde los narcotraficantes

alcanzan mejores condiciones, a través

de fronteras porosas, para el tráfico de

drogas (hacia el Pacífico, vía Ecuador

y Perú, por ejemplo), contrabando de

fondos ilegales o el establecimiento de

zonas seguras, como lo establecen Re-

yes, Thoumi y Duica (2006).

En este caso, la dinámica descrita

ha sido el telón de fondo de la crisis

diplomática desatada en marzo entre

Colombia, Ecuador y Venezuela. La

hostilidad diplomática y los anuncios

de movilización militar venezolanos

y Ecuador, ha permitido el desarrollo

estable del cultivo de coca, a pesar de

los esfuerzos de fumigación y los inten-

tos de debilitar a los grupos ilegales.

Uno de los efectos de la política de fu-

migación patrocinada con fondos esta-

dounidenses a través del Plan Colom-

bia, ha sido el traslado de los cultivos

de coca hacia zonas remotas junto a la

frontera con Ecuador, la región ama-

zónica y el borde noreste lindante con

Venezuela, según Washington Office

on Latin America (2008).

En este sentido, la sostenida ofen-

siva contrainsurgente del Presidente

Álvaro Uribe ha forzado la producción

hacia las zonas de más difícil acceso,

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7170

tas, y la consecuente presencia de gru-

pos armadas y bandas criminales.

Los masivos desplazamientos for-

zados provocados por esta realidad

(se estima que entre 250.000 a 500.

000 colombianos han sido forzados a

abandonar sus hogares y dirigirse a

Ecuador, mientras que otros 500.000

residían en Venezuela en 2005, según

cifras oficiales) y las evidentes limita-

ciones para controlar los 700 kilóme-

tros de frontera, debilitan cualquier

manifestación de efectiva y real sobe-

ranía.

Para el gobierno colombiano, es-

tos territorios están sujetos a una es-

trategia de seguridad transnacional

que siguieron al ataque del ejército co-

lombiano a las fuerzas de las FARC es-

tacionadas del lado ecuatoriano en la

zona cercana al río Putumayo, debe ser

en parte interpretada como la primera

manifestación en América Latina de un

proceso conflictivo entre Estados, con

un sesgo ideológico marcado, entre la

Alianza Bolivariana y Colombia como

principal aliado de los EE UU.

No obstante, esta lectura de la

crisis, que se manifestó en la marcada

división en el debate en la OEA del 17

de marzo, no debe oscurecer el proceso

subyacente de un persistente proceso

de debilitamiento del control estatal

sobre las zonas fronterizas más remo-

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7372

estatal. Un buen ejemplo de esta rea-

lidad lo representa la antigua colonia

holandesa de Surinam, por donde pa-

san las drogas que son transportadas

desde Brasil en camino hacia África

occidental o Europa (el 15 por ciento

de la cocaína colombiana transita por

esta ruta).

La región fronteriza carece prácti-

camente de control policial y las fuer-

zas de seguridad, así como las auto-

ridades políticas de Surinam, incluido

el antiguo líder militar Denis Bouter-

se, como lo establece UNHCR-ACNUR

(2008), están sospechadas de estar in-

volucradas en las redes de contraban-

do mencionadas.

basada en una política de contra-te-

rrorismo y de lucha al narcotráfico.

Por su parte, para el Presidente Ra-

fael Correa de Ecuador, la estrategia

contrainsurgente colombiana significa

el desplazamiento de lo que es esen-

cialmente un conflicto interno hacia

las tres provincias fronterizas ecuato-

rianas, transformándolas así entre las

más violentas del país y volviéndolas

víctimas del conflicto colombiano y de

la falta de respeto de Uribe por sus paí-

ses vecinos.

Más allá de las fronteras colom-

bianas, la Amazonia brasileña se ca-

racteriza también por su escasa den-

sidad poblacional y la débil presencia

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7574

trol fronterizo, denominada Cesfront,

ha provocado la deportación masiva

(10.000 personas entre septiembre y

noviembre de 2007) aunque de una

forma arbitraria y de modo sumario.

Por último, el lugar más famoso

por sus actividades de lavado de dine-

ro, proliferación de bandas armadas y

contrabando de bienes, ya sean origi-

nales o falsificados, sigue siendo Ciu-

dad del Este, en el lado paraguayo de

la triple frontera con Brasil y Argenti-

na.

Más allá del movimiento de bienes

y drogas, a cargo especialmente de un

ejército de desposeídos que transitan a

pie el Puente Internacional de la Amis-

Debido a esta situación, las au-

toridades holandesas controlan celo-

samente a los viajeros provenientes de

ese país; 600 pasajeros que venían de

ese destino fueron arrestados en 2007.

En el Caribe, mientras tanto, los

360 kilómetros de frontera que Hai-

tí comparte con Republica Dominica-

na también han sido señalados por su

particularmente débil sistema de con-

trol, a través de los cuales las organiza-

ciones ilegales trafican drogas, armas,

dinero y personas, incluidos niños, con

el apoyo solapado de las autoridades

dominicanas y hombres de negocios.

La creación en el último año de

una nueva fuerza policial para el con-

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7776

nes, pero no hay duda de que la ciudad

goza de un estatus especial, inmune a

la legalidad normal, en gran parte de-

bido a su importante papel en la eco-

nomía paraguaya y a sus relaciones

con el establishment político. Tales

circunstancias se ajustan bien al pa-

radigma de las amenazas emergentes,

como ha sido definido por la Declara-

ción de Quito de 2004.

En ciertos aspectos, las zonas

fronterizas descriptas anteriormente

son la herencia del desarrollo de Es-

tados centralistas que han mantenido

un débil control en las periferias. Son,

en palabras de Guillermo O´Donnell

(2005) las áreas marrones de América

tad en dirección a Brasil, la ciudad es

considerada por los servicios de inte-

ligencia argentinos y estadounidenses

como un sitio de residencia de células

jidahistas, protegidas por la importan-

te comunidad empresaria siria y liba-

nesa, y base de operaciones para el de-

sarrollo de actividades de recaudación

de fondos para varias causas islamis-

tas.

De acuerdo con estas sospechas,

desde esa ciudad, las células terroris-

tas planearon el ataque a la Embajada

israelí en Buenos Aires en 1992 y a la

mutual de ayuda judía, AMIA, en 1994.

La comunidad árabe local ha ne-

gado insistentemente esas acusacio-

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7978

país, así como la frontera norte de Mé-

xico o la Ciudad del Este en Paraguay.

Esta situación ha llegado a extremos

en la Guajira donde la población se ha

manifestado por su “derecho” a contra-

bandear, según Gookhand (2006)

Estas regiones han sido también

testigos de masivos flujos migratorios.

Sea en México, Guatemala, Colombia

o Paraguay es evidente que la riqueza

lícita e ilícita generada en las fronte-

ras se ha incrementado fuertemente en

un contexto marcado por el desarrollo

de estructuras de autoridad paralelas,

crecientes niveles de violencia y de flu-

jos de personas desplazadas.

Latina. “El Estado burocrático puede

estar presente en la forma de edificios

y agentes públicos financiados por el

presupuesto nacional, pero la legali-

dad estatal está ausente: cualquiera

sea el sistema de normas existente es

aplicado intermitentemente, en el me-

jor de los casos.

La corrosión de las instituciones

conforma precisamente la condición

primaria a partir de la cual emerge la

economía de la frontera antes descrip-

ta. El contrabando, apoyado tácita-

mente por las autoridades, ha sido una

práctica tradicional en regiones como

la Guajira colombiana, el norte de

Santander o el Putumayo en el mismo

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8180

les estimula y es estimulada por insti-

tuciones estatales vacías, tal como las

describe O´Donnell (2005).

Pero es la transformación y opti-

mización de estas redes de contraban-

do a través de regiones sin presencia

estatal (Colombia) o municipalidades

cooptadas por mafias (Guatemala,

México), ambas firmemente ligadas a

circuitos económicos internacionales,

que conforman el sistema económico

de las fronteras.

En este sentido, es interesante

señalar la gran capacidad de diversi-

ficación de estas nuevas corporacio-

nes delictivas y su destreza para ajus-

tar sus sistemas logísticos a cualquier

Las condiciones económicas cam-

biantes (sea el descenso de las tarifas

de importación o la variación de los ti-

pos de cambio) y la conexión a circui-

tos comerciales regionales y globales

ha introducido definitivamente a esas

regiones en el novedoso circuito de la

economías estimuladas por el narco-

tráfico y el lavado de dinero, a menudo

asociadas con partes del territorio en

manos de grupos armados ilegales.

Un elemento central de la expan-

sión y consolidación de la economía

política de las fronteras es la progre-

siva consolidación de grupos armados

y redes criminales. La tradición de las

prácticas económicas no del todo lega-

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8382

Las operaciones de trueque que

caracterizan a esta economía trans-

fronteriza que opera en las sombras

puede ser interpretada a la vez como

una alternativa y como un reflejo del

avance de las ideas liberales, incluido

el libre comercio, la intervención mí-

nima del Estado y la gobernanza. De

acuerdo con el politólogo Mark Du-

ffield (2009) el despliegue de las redes

informales de comercio internacional

originadas en el Sur son el equivalente

de los sistemas económicos regionales

que se han consolidado en el Norte.

En esta perspectiva, los circuitos

ilegales de mercancías y narcóticos su-

ponen mecanismos de supervivencia

bien cuyo comercio sea prohibido.

Las fronteras son así lugares de ex-

plotación y de oportunidades, que se-

gún Gookhand (2006) los bienes pro-

venientes de otros países pueden ser

transportados a través de las fronteras

políticas con la complacencia de los

hombres de negocios locales.

Ilustra este punto el hecho de que

los carteles de la droga mexicana con-

trolan la oferta en EE UU siendo meros

intermediarios del tráfico. De la misma

forma, la fuente de la riqueza de Ciu-

dad del Este reside en su actividad de

intermediación entre Brasil y el merca-

do global (o falsamente global).

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8584

espacios off -shore del circuito econó-

mico internacional, según Gross (2006)

A pesar de las diferencias en el

énfasis y las respuestas políticas aso-

ciadas, hay un acuerdo marcado en el

hecho de que los grupos asociados al

delito se han beneficiado con el debi-

litamiento de los Estados ocurrido a

partir de los 1980.

Estos actores han establecido no-

vedosos e ilegales esquemas de con-

trol de circuitos comerciales y rutas

de contrabando, creando en el proceso

nuevas estructuras de autoridad para-

lelas y nuevos modos de ciudadanía.

De igual forma, las milicias ar-

madas, las bandas, los señores de la

para los excluidos y un nuevo mode-

lo de economía política y organización

económica que se ajusta a las reglas

de la economía de libre mercado y al

discurso del Estado mínimo: estos pro-

cesos pueden ser vistos como la repre-

sentación de una transformación so-

cial sustantiva.

Desde otro punto de vista, para

muchos criminólogos, la captura de

la globalización por facciones dentro

de Estados débiles o fallidos, especial-

mente a través de la privatización de

activos públicos o la malversación de

los flujos de capitales, ha provocado la

emergencia de una moderna mafia glo-

bal, establecida en áreas fronterizas o

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8786

Un segundo factor importante, de

especial relevancia para el caso colom-

biano, es el papel desempeñado por la

estrategia contrainsurgente en la re-

configuración de las fronteras econó-

micas y sus ramificaciones transfron-

terizas.

A diferencia de los otros casos

analizados, las fronteras de Colombia

son lugares de producción, basado en

comunidades cuyo modo de subsisten-

cia está asociado al cultivo de coca, y

punto de oferta que alimentan a las re-

des del narcotráfico, a menudo asocia-

das con grupos armados (FARC, ELN

o paramilitares) como lo señala Rapley

(2007)

guerra y los jóvenes pandilleros son

epifenómenos de un mismo proceso,

y aunque la violencia no es necesa-

ria en estos mecanismos no estatales

de autoridad, la ausencia de un claro

monopolio de la violencia legítima del

Estado, lo que algunos denominan el

nuevo Medioevo, como lo establece Ra-

pley (2007) tenderá, en un contexto de

mayor presencia de armas, a generar

todo tipo de conflictos.

En este sentido, la tasa de ho-

micidios en los países caribeños y en

América Central, entre las más altas

del mundo, son indicadores de una co-

rrelación entre la densidad del tráfico

ilegal y la violencia crónica.

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Campo, Iguaran yVanegasMovilidad fronteriza, Violencia Social y Salud en América Latina

8988

son redituables más allá de un nivel de

subsistencia.

Como se hizo evidente con los epi-

sodios relacionados con la incursión

militar colombiana en Ecuador, la dé-

bil presencia de una real y “positiva”

soberanía en las zonas fronterizas ha

sido compensada por una fuerte repre-

sión militar, o por intentos de control

sobre grupos armados a través del dia-

logo en nombre de un esquema clásico

de prevención de conflictos.

La ofensiva militar colombiana

ha desplazado a actores y procesos de

las redes operantes, facciones arma-

das, producción y circuitos de lavado

de dinero a través de las fronteras; la

La ofensiva legal y militar soste-

nida por el Presidente Uribe ha debili-

tado sustancialmente a estos grupos,

aunque no ha logrado reducir el área

destinada al cultivo de coca; como se

mencionó más arriba, los cultivos se

han desplazado a zonas más inhóspi-

tas, especialmente en Putumayo, Ori-

noquía, la región del Amazonas, y la

Sierra Nevada de Santa María, con el

resultado de que esos sistemas pro-

ductivos, en los que están involucra-

dos campesinos, organizaciones ilega-

les y actores armados, se han vuelto

cada vez más difíciles de desmantelar.

De acuerdo a un estudio, en es-

tas áreas sólo las actividades ilegales

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9190

nezuela respondieron con insultos y

recordaron los lazos que se presume el

propio Presidente Uribe mantiene con

las fuerzas paramilitares.

La globalización liberal y los mo-

vimientos a través de las fronteras han

sido elementos fundamentales en la

consolidación y ampliación de las re-

des de tráfico afincadas en las zonas

fronterizas.

La complicidad mencionada an-

teriormente entre los actores estatales

y los no estatales para realizar ope-

raciones ilegales en zonas fronterizas

de bajo control estatal hace necesario

observar con detenimiento la relación

entre criminalidad, mercado y Estado.

fumigación de los cultivos en las zonas

fronterizas y los raid aéreos buscan

acorralar a los actores que se replie-

gan.

Después del ataque del prime-

ro de marzo, las mutuas acusaciones

entre Colombia, Ecuador y Venezuela

se centraron en las evidencias, mucha

de las cuales surgieron de los ordena-

dores obtenidos en el campamento de

Raúl Reyes, de complicidad entre las

fuerzas irregulares y los países veci-

nos, incluyendo supuestos apoyos fi-

nancieros de Chávez, especialmente

el logístico instrumentado por su jefe

de inteligencia militar Hugo Carvajal.

Asimismo, los líderes de Ecuador y Ve-

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9392

Este, también, la distinción entre bie-

nes legales e ilegales es constantemen-

te puesta en duda por las actividades

realizadas por muchas empresas.

La comunidad de negocios en la

dinámica frontera entre México y EE

UU, donde un gran número de desa-

rrollos urbanos e industriales trans-

fronterizos están siendo planificados,

no parecen reacios a aplicar la misma

violencia de los carteles de la droga en

sus intentos de apoderarse de tierras,

con el apoyo tácito de las fuerzas poli-

ciales locales.

La complicidad entre las fuerzas

de seguridad y las redes de narcotráfi-

co es aún más notoria. El caso de los

Numerosos ejemplos demuestran

que no hay claras distinciones entre

crimen y legalidad en América Latina.

Diversos testimonios e investigaciones

indican que muchas veces las activida-

des criminales se encuentran camufla-

das en operaciones económicas legales;

por ejemplo, en Brasil el comercio de

carbón, frutas, muebles o carne conge-

lada ha servido como tapadera para el

tráfico de drogas.

Las drogas y otros bienes pueden

ser muy bien mimetizados en un tráfico

de bienes que representa unos 900 mi-

llones de dólares diarios entre México y

EE UU o en el creciente comercio entre

Venezuela y Colombia. En Ciudad del

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9594

kaibiles, (mucho de los cuales se pasa-

ron a los carteles de la droga después

de la reducción de personal acaecida al

finalizar la etapa más dura de la lucha

contra-insurgente) y ahora las fuerzas

policiales, sometidas a purgas regula-

res.

En términos de patrullas fronteri-

zas, es instructivo que el cartel guate-

malteco más importante con contactos

gubernamentales, el llamado Grupo

Salvavidas, se conformó con antiguos

oficiales aduaneros. Por su parte, las

fuerzas policiales en Brasil, Argentina,

Honduras y El Salvador (especialmen-

te después de la finalización de la gue-

rra civil) han estado relacionadas con

grupos comando Zeta pertenecientes

al Cartel del Golfo, constituidos por

antiguos veteranos de los escuadrones

policiales entrenados por el Pentágono,

no es una mera curiosidad.

En varios países latinoamerica-

nos, los miembros de las fuerzas de

seguridad y de la justicia, muchos de

ellos partícipes de las tareas represivas

acaecidas durante la Guerra Fría bajo

el manto de la doctrina de la Seguridad

Nacional, han tolerado, apoyado o par-

ticipado en actividades criminales.

Un caso notable ha sido el Depar-

tamento de Operaciones Antinarcóti-

cos en Guatemala (disuelto en 2002),

especialmente su brazo militar, los

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9796

Salud en espacios fronterizos y políticas de Paz social

asesinatos extra-judiciales y numero-

sas asociaciones ilícitas.

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Campo, Iguaran yVanegas

99

La región de América Latina y el

Caribe ha entrado en la etapa de tran-

sición demográfica y como consecuen-

cia los países que la componen están

experimentando cambios en las es-

tructuras poblacionales por edad evi-

denciándose principalmente una re-

ducción en la población infantil y un

aumento en la población de personas

mayores.

En la región, se estima que la tasa

global de fecundidad disminuya de 5,9

hijos por mujer en el quinquenio 1950-

1955 a 1,9 en el quinquenio 2045-

2050; además, se estima que en este

periodo la esperanza de vida pase de

51,8 años a 79,6 y que la mortalidad

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101100

La relación hombre: mujer se ha

mantenido estable entre el año 2005 y

2012, por cada 97 hombres hay 100

mujeres. (Departamento Administra-

tivo Nacional de Estadísticas. DANE,

Estimaciones de población 1985-

2005 y proyección 2005 -2020. junio

2012.) (Departamento Administrativo

Nacional de Estadísticas. DANE, Es-

timaciones de población 1985-2005 y

proyección 2005 -2020. junio 2012).

El 75,95% de la población habita en

el área urbana y en el área rural el

24,05%.

Colombia, como el resto de los paí-

ses de la región, experimenta la transi-

ción demográfica con tasas de natali-

infantil pase de 127,7 muertes a 7,9

por cada 1.000 nacidos vivos.

Se proyecta que la población entre

0 y 14 años se reduzca en un 22%, la

población entre 15 y 59 años aumen-

te en un 4% y la población mayor de

60 años crezca en un 18%. (Comisión

Económica y Social para América Lati-

na y el Caribe.

En el año 2012 Colombia confor-

ma un país de 46.581.823 habitantes,

un 7,92% (3.693.231 habitantes) más

poblado que en el año 2005; el 49,36%

(22.997.087) de la población son muje-

res y el 50,63% (23.584.736) son hom-

bres.

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103102

El índice de dependencia demo-

gráfica muestra un descenso en los úl-

timos siete años. En el 2005 de cada

100 personas entre 15 y 64 años de-

pendían 59,41 personas menores de

15 años o mayores de 65 años, en el

año 2012 el número de dependientes

es de 53,23.

Mientras que el índice de depen-

dencia infantil ha disminuido pasando

de 49,44 menores de 15 años por cada

100 personas entre 15 y 64 años en el

año 2005 a 42,51 en el año 2012, el

índice de dependencia de mayores ha

aumentado pasando de 9,97 personas

mayores de 65 años por cada 100 per-

sonas entre 15 y 64 años en el año 2005

dad en descenso y tasas de mortalidad

que se mantienen de moderadas a ba-

jas. Para el año 2005 por cada 100 mu-

jeres en edad fértil (15 a 49 años) había

38,03 niños entre 0 y 4 años, para el

año 2012 esta cifra descendió a 34,78.

Para el año 2012 la población menor

de 15 años corresponde al 27.74% de

toda la población, un 3,27% menos

que para el año 2005 cuando aportaba

el 31,01% del total. Mientras tanto, la

población mayor de 65 años represen-

ta el 7,00% de toda la población mos-

trando un incremento del 0,75% con

respecto al año 2005 cuando aportaba

un 6,25%.

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105104

un estrechamiento en su base para el

año 2012 comparado con el año 2005,

los grupos de edad donde hay mayor

cantidad de población son los inter-

medios y a medida que se avanza, se

evidencia el estrechamiento que re-

presenta a la población adulta mayor,

además del descenso en la mortalidad

Colombia está dividida política-

mente por 1126 municipios, cuatro

distritos y 32 departamentos. Se han

conformado seis regiones así: Región

caribe e Iinsular: Atlántico, Cesar,

Córdoba, Bolívar, Magdalena, Guajira,

San Anfdrés Islas y Sucre. Región Cen-

tral: Antioquía, Caquetá, Caldas, Hui-

la, Tolima, Risaralda y Quindío. Región

a 10,72 en el año 2012. Se estima que

por un periodo de 44 años compren-

dido entre 1998 y 2042, la relación de

dependencia se mantendrá por debajo

de dos dependientes por cada tres per-

sonas en edades activas.

(Comisión Económica y Social

para América Latina y el Caribe. Pa-

norama Social de America Latina y el

Caribe. cap 3 El bono demográfico).

Aunque el índice de Friz ha pasado de

156,9 en el año 2005 a 142,9 en el año

2012, la población colombiana aún se

considera joven.

La pirámide poblacional de Co-

lombia es regresiva e ilustra el descen-

so de la fecundidad y la natalidad con

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107106

quía

Para el año 2012, las regiones del

caribe y amazonía-orinoquía están en

fase progresiva, con alta fecundidad,

alta mortalidad, gran cantidad de po-

blación menor de 15 años y poca ma-

yor de 65 años; las demás regiones

regiones se encuentran en fase regre-

siva, evidenciándose disminución en la

fecundidad y en la mortalidad y gran

cantidad de población en edades inter-

medias.

Entre los años 2005-2012 se evi-

dencia que en todas las regiones, la ra-

zón niño:mujer y el índice de infancia

han disminuido, mientras que el índi-

ce de juventud, de vejez y de envejeci-

Bogotá-Cundinamarca: Bogotá D.C.,

Cundinamarca. Región Oriental: Arau-

ca, Boyacá, Casanare, Meta, Norte de

Santander, Santander y Vichada. Re-

gión Pacífica: Choco, Cauca, Valle del

Cauca y Nariño. Región Amazonía-Ori-

noquía: Amazonas, Vaupés, Guaviare,

Putumayo y Guainía.

Cada región muestra una dinámi-

ca demográfica diferente, influenciada

por factores propios del territorio como

características climáticas, políticas, or-

ganizativas, oportunidades educativas

y laborales entre otras. La región más

poblada es Bogotá-Cundinamarca, se-

guida de la región caribe, mientras que

la menos poblada es amazonía-orino-

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109108

ra de los casos, domesticada; por tan-

to, no son las mujeres que, en la ac-

tualidad se encuentren afectadas por

las determinadas tradiciones que ha-

cen difícil el libre desarrollo de la per-

sonalidad en la sociedad, mientras que

el hombre, el cual, sus actividades son

en el contexto público, no se mantie-

nen fieles a las tradiciones.

Por el contrario, ellos han tenido

que asumir los valores públicos para

cumplir adecuadamente su papel de

proveedores, para ser prestigiosos pro-

fesionales y para mantener el orden

del que siempre han sido guardianes.

El edificio jurídico del liberalismo se

articuló sobre dos principios básicos:

miento han aumentado, Lo que provo-

ca índices de dependencia demográfica

con tendencia a la baja

Por su parte, el modelo liberal,

sobre el cual se construyó y edificó el

sistema jurídico y político actual, se

fundamentó en distintas aristas, una

de ellas representada por la homoge-

neidad, cuyo objeto era generar un

espacio público homogéneo, donde se

diluyeran los conflictos que eran rele-

gados al contexto privado, siendo el lu-

gar de las diferencias e identidades de

las tradiciones.

Asimismo, De Viana (2002) esta-

blece que la diversidad se presentaba

en los espacios privados o en cualquie-

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111110

construye la sociedad de acuerdo con

una serie de conexiones binarias y je-

rárquicas.

Por su parte, la concepción for-

mal de la igualdad se completa tras la

segunda mitad del siglo XX cuando en

Latinoamérica, se le añade el adjetivo

de social y los poderes públicos inci-

den en la realidad para corregir las

desigualdades, siendo este el momento

cuando se incorpora al constituciona-

lismo el principio de igualdad material

que supone una revisión de determina-

dos paradigmas del liberalismo, como

lo establece Rojas et al (2001).

Asimismo, el Estado como lo ex-

presa Santolaya y Revenga (2007) no

el principio de legalidad y de igualdad

formal ante la ley.

Así, Aguilera (2002) indica que

el individuo era un sujeto abstracto,

al que se le aplicaba la ley general y

común para todos, tampoco se tenían

en cuenta las singularidades de cada

individuo, lo que permitió la consecu-

ción de unas normas que se aplica-

ban a todos por igual, sin distinciones

estamentales ni privilegios y, aunque

el titular de los derechos, al que se le

aplicaba el ordenamiento, era un suje-

to asexuado, abstracto, realmente res-

pondía a los caracteres del varón he-

terosexual y propietario, es decir, del

buen padre de familia sobre el que se

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113112

ra desigual a los que estén en distintas

posiciones e incluso es legítimo actuar

de manera preferente sobre un deter-

minado grupo o conjunto de individuos

siempre que haya una justificación ob-

jetiva y razonable o acciones positivas,

como lo establece Muñoz (1999).

De esta manera, y tal y como lo

indica Kotkin (2007) se ha mantenido

el sistema constitucional de américa

latina, el principio de la no discrimi-

nación ha de interpretarse de manera

conjunta con el de igualdad material,

es decir, no puede prevalecer discri-

minación alguna por razón de naci-

miento, sexo, opinión, raza, religión

o cualquier condición y circunstancia

puede permanecer ajeno a las situa-

ciones en que se encuentran los ciuda-

danos y las ciudadanas, éstos no son

individuos abstractos sino que son su-

jetos en un determinado contexto y con

una posición social que en muchos ca-

sos es de histórica discriminación; las

leyes generales y abstractas no pueden

responder a las necesidades de un es-

cenario en el que no todos los actores

participan de la misma manera.

En este sentido, los poderes pú-

blicos tienen que remover los obstácu-

los que impiden que la igualdad de los

individuos y de los grupos en que se

integran sea real y efectiva; a su vez, el

derecho debe aplicarse pues de mane-

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115114

El primero de ellos tiene que ver

con los efectos que la globalización

está provocando en las condiciones de

bienestar y calidad de vida de los in-

dividuos, el cual resulta evidente que

se está asistiendo un incremento de la

desigualdad, de la exclusión y de las

distancias entre quienes tienen más

que cubiertas sus necesidades vitales

y los que tienen cada día más dificulta-

des para sobrevivir, siendo una tensión

que cobra un especial vigor en los ac-

tuales momentos de crisis económica.

En este caso, la prolongada crisis

del Estado Social, explicada por Rawls

(2002), la omnipotencia del mercado,

la primacía de la lógica de la econo-

personal o social; asimismo, se obliga

a adoptar medidas a favor de los ciuda-

danos y las ciudadanas que, por algu-

na circunstancia, tienen dificultades

para gozar en condiciones de igualdad

de los derechos y libertades.

De igual forma, esta interpreta-

ción conjunta es la que legitima una

aplicación diversa del ordenamiento e

incluso un trato privilegiado para gru-

pos de ciudadanos que arrastran una

histórica discriminación; en el presen-

te siglo, y como consecuencia de los

procesos globalizadores, las socieda-

des democráticas deben asumir dos re-

tos esenciales desde el punto de vista

de la igualdad.

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117116

dos como vencedores y vencidos.

De igual forma, resulta necesario,

como lo expresa Paniatowska (2001),

desarrollar políticas económicas más

sostenibles, que se vinculen con las

normas respetuosas, la naturaleza y

sean más atentas al desarrollo de los

pueblos que históricamente han sido

la despensa y la mano de obra de los

países que manejan el derecho inter-

nacional en función de sus intereses.

En este sentido Agra (1998) y Shi-

va (1997) concuerdan con lo que esta-

blece Holland (1996), que las personas

deben prestar más atenciones a las

propuestas del denominado ecofemi-

nismo por lo que suponen de revisión

mía sobre la política, no sólo está pro-

vocando una serie de víctimas, sino

que también está erosionando muchas

conquistas sociales que estaban creí-

das sobre la constitución de derechos

humanos y que por tanto debían ser

garantizadas a cualquier hombre o

mujer por el simple hecho de serlo.

Es por ello, siguiendo lo planteado

por Fariñas (2006) es necesario recu-

perar el papel principal de las políticas

sociales, así como de las medidas co-

rrectoras a las desigualdades, los lími-

tes del mercado y los preceptos de un

capitalismo catalogado como salvaje

que están marcando de manera reite-

rada, las diferencias entre los conoci-

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119118

que compartir bienes escasos, los pre-

juicios e ignorancias sobre otras cul-

turas, provoca en muchas ocasiones

reacciones violentas y conduce a una

peligrosa erosión de los vínculos socia-

les; a su vez, algo mucho más evidente

en épocas de crisis económica, en las

que es más fácil que se refuerce el dis-

curso de la seguridad y se consolide

una diferenciación jerárquica entre el

conjunto.

De hecho, en los últimos años,

como lo expresa Shotter (2000), mu-

chos países han reformado sus leyes

de acuerdo con esta visión del inmi-

grante y han llegado incluso a sacrifi-

car libertades clásicas en nombre de la

de una racionalidad pública basada en

la explotación y en la lógica masculina

de la dominación y la violencia.

Por otro lado, el segundo reto

tiene que ver con la creciente hetero-

geneidad del espacio público, la cual

puede ser fuente de conflictividad pero

también de enriquecimiento, en el que,

el individuo ha dejado de existir, el

conjunto se ve sacudido en sus fron-

teras por los otros, las identidades rei-

vindican reconocimiento público y ello

genera en muchas ocasiones conflictos

y tensiones.

Asimismo, Butler (1989) seña-

la que el miedo a la diferencia, el in-

dividualismo egoísta, el temor a tener

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121120

do con las coordenadas de identidad

que se elijan.

A su vez, genera la necesidad de

articular mecanismos que permitan el

diálogo entre esas identidades diversas

y la resolución pacífica de las posibles

problemáticas que puedan producirse

en contextos de creciente pluralismo;

ante ello, Herrera (2005a) establece

que el espacio público debe, articularse

sobre el encuentro, el diálogo y la con-

cordia, en el cual, será necesario poner

en marcha las estrategias de desarro-

llo de técnicas de traducción intercul-

tural, que permitan el acercamiento a

otras identidades y que ayuden a llevar

a cabo también un análisis crítico de la

seguridad de un mundo que se cierra

sobre sí mismo, que pretende elevar

murallas para que nadie perturbe su

bienestar y paz social.

De esta manera, la complejidad

del espacio público plantea exigencias

a la teoría de los derechos humanos y

especialmente, al entendimiento de la

igualdad, donde es necesario, ahora

más que nunca, profundizar en la ver-

tiente material de la misma y entender-

la como un principio democrático que

garantiza la individualidad, es decir, es

necesario entenderla como igualdad de

reconocimiento para desde ella garan-

tizar el derecho al desarrollo individual

de manera autónoma, libre y de acuer-

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123122

car en los valores comunes y propiciar

el conocimiento, y la crítica, de los

valores diferenciales; por tanto, Lema

(2007) indica que la educación ten-

drá por objeto el desarrollo pleno de la

personalidad humana en el respeto de

cada uno de los principios democráti-

cos de convivencia, así como los dere-

chos y libertades fundamentales.

Es por ello que no resulta cons-

titucionalmente admisible una identi-

dad, o un elemento de una identidad

cultural, que ponga en peligro la dig-

nidad o que atente contra el libre de-

sarrollo de la personalidad; en este

sentido se debe entender el concepto

de orden público como el límite de las

propia identidad.

Ante esta realidad, la educación

cumple un rol fundamental, enfocada

a la ciudadanía, ha de ser una educa-

ción para la convivencia en un espacio

cada vez más plural y diverso, donde se

deba construir la ciudadanía no tanto

sobre la nacionalidad sino sobre los va-

lores que permitan conciliar lo común

y lo diferente; sin embargo, esa ética

mínima que ha de permitir el desarro-

llo de las éticas de máximos mediante

las que cada individuo elija desarrollar

libremente su personalidad y construir

su plan de vida.

De ahí que la educación deba te-

ner dos objetivos fundamentales: edu-

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125124

tea Herrera (2005b) y por tanto como

conceptos abiertos, que se van hacien-

do, moldeables y sujetos a reconstruc-

ciones; la universalidad debe ser por lo

tanto un proceso y no tanto un punto

de partida a partir del cual se lleva a

cabo la tolerancia.

En este sentido, los sujetos dis-

tintos y plurales han de participar en

un proceso deliberativo que permita la

fijación de unos valores comunes sin

los que no será posible la conviven-

cia; dichos valores que, en gran me-

dida, coinciden con los alcanzados, al

menos formalmente, en los contextos

democráticos occidentales, pero a los

que habrá que sumar concepciones de

libertades ideológica y religiosa, como

lo señala Lema (2007).

Asimismo, la creciente diversi-

dad de las sociedades, en las que ya

no tiene sentido seguir hablando de

un individuo abstracto sometido a la

igualdad formal de la ley, no se puede

plantear una visión imperialista y una

óptica exclusivamente occidental sobre

los derechos y la dignidad; también la

universalidad debe construirse desde

el diálogo y también la propia concep-

ción de los derechos debe someterse a

crítica.

De igual forma, se debe entender

los derechos humanos como procesos

de lucha por la dignidad, como lo plan-

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127126

tener.

Con respecto a lo anterior, la edu-

cación pública no ha de obedecer a los

criterios morales de unas creencias

singulares, y ni siquiera debe ser el es-

pacio idóneo para la difusión de credos

religiosos, al contrario, la escuela pú-

blica debe ser el lugar de formación y

sensibilización en la ética compartida

por todos y, en todo caso, deberá pres-

tar atención a las religiones en cuanto

factores culturales e históricos.

Los sistemas democráticos han

acabado consolidándose como demo-

cracias representativas en las que los

canales de la representación política

están prácticamente monopolizados

la dignidad que pueden aportar otros

matices o que incluso pueden mejorar

la definición de los derechos que desde

el año 1948 se han considerado como

piezas clave del consenso democrático

latinoamericano.

Así, los criterios comentados son

los que deben servir para ubicar las

creencias religiosas en el lugar que

verdaderamente les corresponde que

es el ámbito privado, y para regular su

presencia en el espacio público; dicho

contexto público democrático debe ser

un espacio civil, apoyado en una se-

rie de valores compartidos por todos y

que, a su vez, permitan las creencias

que cada individuo decida tener o no

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129128

te testimonial y en los que la tríada

partidos-grupos de interés- medios de

comunicación controlan todos los cir-

cuitos políticos, los ciudadanos han

llevado a su extremo la que se le co-

noció como libertad de los modernos,

como lo expresa Eliott (2005).

Asimismo, Dalay Lama (2002)

indica que la sociedad se ha despreo-

cupado de manera progresiva de los

asuntos públicos y se ha centrado en

los intereses personales tan íntima-

mente conectados con los verbos pro-

pios del capitalismo: tener, consumir,

competir; ello a su vez ha ido forjando

unas tendencias cada vez más indivi-

dualistas de manera que se puede de-

por los partidos políticos; dichos par-

tidos normalmente poco democráticos

en su funcionamiento interno, sue-

len actuar como grandes maquinarias

que, al estilo de las empresas que bus-

can clientes o consumidores, buscan

apoyos electorales con la complicidad

de los medios de comunicación y bajo

una constante debilidad de los discur-

sos narrativos que tradicionalmente

sirvieron para ubicarse ideológicamen-

te, como lo establece Salazar (2005).

De igual forma, dentro de unos

sistemas constitucionales en los que

los mecanismos de participación direc-

ta de la ciudadanía han quedado re-

ducidos a una presencia prácticamen-

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131130

pretende que sea un lugar de anoni-

mato, donde sea posible la diversidad,

pero al mismo tiempo esas condiciones

generan aislamiento, soledad, indife-

rencia. Ésta es la gran paradoja en la

que está encerrado el ciudadano del si-

glo XXI, la cual no sólo provoca impor-

tantes carencias en el funcionamiento

de las democracias sino que también

genera malestar en un individuo que

cada día que pasa está más solo.

El espacio público, colonizado

pues por el consumidor y del que ha

desertado el ciudadano, sufre a su vez

un triple proceso de fragmentación,

como lo señala Innerarity (2006):

1.- De una parte, ese espacio se ha convertido en el escenario de

cir que, el ciudadano ha sido sustitui-

do por el consumidor.

En este contexto, Belandria (2004)

establece que los vínculos sociales se

debilitan y la comunicación, base de la

participación, es sustituida por monó-

logos y en todo caso por diálogos que se

establecen entre el vendedor y el com-

prador; los escenarios están presididos

ahora por la inmediatez, la espectacu-

laridad, los factores emocionales y los

discursos sensibles.

En este sentido, Bauman (2005)

y Handy (1994) resaltan que en esta

paradoja se pone de manifiesto las

exigencias contradictorias que se re-

claman a la ciudad; por una parte se

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133132

Ante ello, esta fragmentación Ma-

rina (2006) apoya lo establecido por

Muñoz (2001), quien refleja nuevas

formas de desigualdad social y contri-

buye a que las ciudades se conviertan

en mosaicos donde resulte muy com-

plicado establecer redes y espacios de

encuentro; asimismo, esta etnificación

se está haciendo más evidente con el

crecimiento de la población inmigran-

te en las ciudades, la cual está siendo

ubicada en barrios o zonas marginales,

con una importante conflictividad so-

cial que se ve acrecentada con la llega-

da de estos colectivos.

Por lo tanto, el mismo diseño ur-

banístico de las ciudades pone dificul-

reclamaciones privadas. Colec-tivos, asociaciones, foros, movi-mientos sociales, muchos de ellos de carácter temporal, reivindican intereses parciales a los que los poderes públicos tratan de ha-llar respuesta. De esta manera, la sociedad acaba convertida en un conjunto de minorías y los gobier-nos en un una organización no gubernamental que se encarga de atender directamente sus deman-das.

2.- En las ciudades se han frag-mentado los espacios y los tiem-pos en función del papel que en cada momento se desempeña; todo ello dificulta la percepción de los intereses comunes y la interre-lación como ciudadanos.

3.- Las ciudades se fragmentan en función de las categorías de ciu-dadanos que habitan en una de-terminada zona o barrio; es lo que Innerarity (2006) denomina etnifi-cación de los espacios. Cada gru-po ocupa un territorio diferencia-do, lo cual dificulta la integración y la conformación de los intereses comunes.

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135134

la investigación ha mostrado que es un

fenómeno más común de lo que a prio-

ri se cree, y que son muchas las per-

sonas que consiguen encontrar recur-

sos latentes e insospechados, según

Manciaux, Vanistendael, Lecomte y

Cyrulnik (2001) en el proceso de lucha

que han tenido que emprender. De he-

cho, muchos de los supervivientes de

experiencias traumáticas encuentran

caminos a través de los cuales obtie-

nen beneficios de su lucha contra los

abruptos cambios que el suceso trau-

mático provoca en sus vidas, según Te-

deschi y Calhoun (2000).

En definitiva, lo que se deduce

de las investigaciones actuales sobre

tades a la creación de espacios inter-

culturales y a la creación de un espacio

público en el que se encuentren los in-

tereses particulares y se tramiten para

llegar a un consenso sobre el bien co-

mún, donde cada espacio defenderá

su parcela de libertad y poder frente a

los demás espacios que se concebirán

como enemigos.

Por otro lado, tomando en cuenta

todos los términos visto anteriormente,

se tiene el “Crecimiento postraumáti-

co”, el cual es otro fenómeno olvidado

por los teóricos del trauma caracteri-

zado por la posibilidad de aprender y

crecer a partir de experiencias adver-

sas. Como en el caso de la resilencia,

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137136

sentimientos de los demás, según Pa-

ton et al. (2000).

Esta tendencia puede explicar en

parte la victimización a la que se ven so-

metidas aquellas personas que sufren

experiencias traumáticas. Los mismos

profesionales de la salud mental cuan-

do aplican indiscriminadamente ins-

trumentos diagnósticos como el TEPT

reflejan una concepción del ser huma-

no desprendido del mundo y buscan

en él todas las claves del trastorno.

Se omite la influencia de facto-

res externos en el origen y manteni-

miento del llamado trastorno de estrés

postraumático, es decir, la dimensión

psicosocial del trauma que ubica a la

trauma y adversidad es que las perso-

nas son mucho más fuertes de lo que

la Psicología ha venido considerando.

Los psicólogos han subestimado la ca-

pacidad natural de los supervivientes

de experiencias traumáticas de resistir

y rehacerse, como lo establece Bonan-

no (2004).

Los motivos por los que se viene

ignorando la cara positiva del afronta-

miento traumático merecen ser consi-

derados. Algunos autores afirman que

existe un proceso social de carácter

cognitivo, denominado amplificación

social del riesgo, que muestra la ten-

dencia general a sobreestimar la mag-

nitud, generalización y duración de los

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139138

considerada como una forma poco sa-

ludable de afrontamiento, según Bo-

nanno (2004) y como un impedimento

para la recuperación. Sin embargo, re-

cientemente, la investigación ha pues-

to de manifiesto que las emociones

positivas coexisten con las negativas

durante circunstancias estresantes y

adversas y que pueden ayudar a redu-

cir los niveles de angustia y aflicción

que siguen a la experimentación de

dichas circunstancias-En este senti-

do, algunas investigaciones ofrecen

resultados novedosos y concluyentes.

De igual forma, la situación fronteriza,

las personas que sufren lesiones, su

experiencia de emociones positivas se

persona que sufre en un contexto so-

cial, según Blanco y Díaz (2004), y se

funciona como si las categorías diag-

nósticas fueran realidades negativas

que deben ser explicadas.

Estas creencias explicarían las

elevadas tasas de incidencia del TEPT,

halladas en algunos estudios. En este

proceso se considera también que las

personas que sufren una experiencia

traumática, al ser invadidas por emo-

ciones negativas como la tristeza, la

ira o la culpa, son incapaces de experi-

mentar emociones positivas.

Históricamente, la aparición y po-

tencial utilidad de las emociones po-

sitivas en contextos adversos ha sido

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141140

Palabras Finales

da desde los primeros días tras el inci-

dente, siendo estos sentimientos posi-

tivos más frecuentes que los negativos

a partir de la tercera semana.

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Campo, Iguaran yVanegas

143

La permeabilidad de las fuerzas

policiales, militares y judiciales a la co-

rrupción y la cooptación ejercida por

las asociaciones ilícitas pone en duda

la eficacia de las políticas que buscan

reducir el tráfico transfronterizo ile-

gal con medidas policiales más duras

u otorgando poderes especiales a las

fuerzas amadas.

No obstante, la combinación de

grupos armados y redes del narcotrá-

fico operando en las porosas fronteras

latinoamericanas ha provocado una

intensa preocupación respecto de que

aquellas zonas que se han vuelto el

nudo focal de las organizaciones ilega-

les y poderes no estatales, provocando

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145144

Quito (2004), yace en el corazón de la

estrategia del Comando Sur, cuyo ho-

rizonte es el año 2016 y en la cual se

acentúa el factor perturbador que su-

ponen las milicias y los grupos arma-

dos que “no están restringidos dentro

de las fronteras nacionales.

Se mimetizan, sigue el documen-

to, en la población y la aterrorizan, be-

neficiándose de la nula o escasa pre-

sencia del poder político observada en

diferentes partes del hemisferio”. El

texto sostiene una perspectiva de coo-

peración regional creciente con el ob-

jeto de crear “un contexto de seguri-

dad hemisférica inclusivo y beneficioso

para todos”.

inestabilidad, malestar institucional y

violencia civil de un país al otro veci-

no.

Existe una concepción de que es-

tas amenazas hemisféricas pueden es-

tar anidando y consolidándose en las

zonas fronterizas y que requieren la

cooperación regional en un conjunto

de cuestiones de seguridad específicas.

Esta visión fue cristalizada en la

defensa hecha por Colombia y las au-

toridades estadounidenses en la reu-

nión de la OEA a propósito de la in-

cursión militar contra el campamento

de las FARC en Ecuador. Este enfoque,

también suscripto oficialmente por los

ministros de Defensa en la reunión de

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147146

san inestabilidad, y crean confusión

en cuanto a las responsabilidades de

cada Estado en las fronteras compar-

tidas. En síntesis, se intensifican las

amenazas a la soberanía y dificulta la

cooperación internacional cuando ésta

se hace más necesaria.

Sin embargo, las señales de una

creciente apuesta por los liderazgos

militares en la política de EE UU ha-

cia América Latina –observados en los

documentos estratégicos del Comando

Sur, el apoyo a la Iniciativa Mérida, en

la creciente participación del Pentá-

gono en la ayuda miliar y el reciente

despliegue de la Cuarta Flota– sugie-

ren movimientos concertados para dar

Para los gobiernos de Ecuador y

Venezuela, con el apoyo de casi todos

los países de América Latina, estas

amenazas hemisféricas no pueden jus-

tificar el debilitamiento de los derechos

soberanos de los países sobre sus te-

rritorios.

Según estos países, Colombia, al

invocar la responsabilidad mutua para

responder a las amenazas comunes,

mientras refuerza su estrategia milita-

rista, no ha hecho más que expandir a

otros países un problema de seguridad

interno. Las políticas de seguridad y la

dinámica económica que fuerzan a los

grupos armados y las bandas crimi-

nales hacia las zonas fronterizas cau-

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149148

seguridad regional. ¿Pero cómo debe-

rían proceder y ser implementadas las

políticas de seguridad en áreas donde

la inestabilidad y la violencia se des-

plazan de un lugar a otro de las fron-

teras? ¿Cuál debe ser el papel de las

principales potencias regionales, es-

pecialmente México y Brasil, cuando

los gobiernos de esos países tienen un

especial interés político en debilitar a

las organizaciones criminales internas,

especialmente en áreas estratégicas

como la Amazonia brasileña? ¿Y cuál

es la participación que se debe dar a

los miembros de las comunidades fron-

terizas que son los más afectados por

la débil presencia estatal y la prolifera-

mayor sustancia a las insistencias de

Washington para el refuerzo del siste-

ma de seguridad hemisférico.

Las bondades de esta perspectiva

para enfrentar los problemas latinoa-

mericanos en sus regiones fronterizas

son altamente cuestionables. La coo-

peración fronteriza entre Colombia y

Venezuela, y entre Colombia y Ecua-

dor, ha sido suspendida desde el ata-

que del 1 de marzo.

Las organizaciones multilaterales

como la OEA o la reciente iniciativa

brasileña para el Consejo de Seguri-

dad Sudamericano, deben desempeñar

un papel importante en la reparación

de un consenso transnacional sobre

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151150

organizaciones compitiendo por el con-

trol de las transacciones, ¿es realmen-

te posible utilizar fuerzas policiales de

manera exitosa para impedir el tráfico

ilegal?

Tales intervenciones han provo-

cado en Colombia, México y América

Central el agravamiento de los despla-

zamientos forzados de poblaciones y

generado mayor vulnerabilidad insti-

tucional lo que en el largo plazo debi-

lita la capacidad de los Estados para

controlar las zonas fronterizas.

En ausencia de un esfuerzo sus-

tancial para fortalecer las institucio-

nes y organizaciones no relacionadas

directamente con la seguridad, las po-

ción de grupos ilegales que ejercen un

poder paralelo?

Es evidente que los intentos de

imponer una concepción militarista de

la seguridad con el objeto de blindar

las fronteras o eliminar las redes cri-

minales podría producir beneficios in-

mediatos, especialmente si se aplica a

una zona específica con el objetivo de

eliminar a los grupos armados y resti-

tuir las instituciones públicas; es por

ello que esa perspectiva puede ser una

fuerte tentación para los lideres lati-

noamericanos.

Sin embargo, en un contexto de

flujos económicos, legales e ilegales,

altamente lucrativos, y con diversas

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153152

Referencias Bibliográficas

líticas militaristas pueden ser efecti-

vas para eliminar determinado hombre

fuerte o facciones de grupos armados,

pero se corre el riesgo de reproducir la

misma problemática y volver al punto

de partida no bien la ofensiva militar

se debilite.

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Índice General

Introducción 5

Conceptos y Dinamicas de la Movilidad Fronteriza 11

Violencia y Sociedad en la frontera latinoamericana 39

Salud en espacios fronterizos y políticas de Paz social 97

Palabras Finales 141

Referencias Bibliográficas 153

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Un producto científico de las I° Jornadas Internacionales de Epidemiología Social en

Latinoamerica

RINDEFIL - Coro - 2016