Revista Especial Análisis de la Realidad Nacional No.10

8/10/2019 Revista Especial Anlisis de la Realidad Nacional No.10

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Realidad Nacional

Revista

de laAnlisis

Octubre / Diciembre 2014Edicin 10Ao 3

ID Y ENSEAD A TODOS


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Esta revista provee acceso libre e inmediato a su contenido bajo el criterio de

hacer disponible gratuitamente la informacin al pblico, para el desarrollo de unanlisis integral de lo que sucede en la actualidad y fomentar un mayor intercambiode conocimiento. Por tanto, los contenidos pueden ser utilizados, distribuidos ymodificados bajo la condicin de reconocer a los autores y mantener esta licenciapara las obras derivadas.

ccRegistrada en el Centro Internacional ISNN(International Standard Number)bajo el No. 2308-0779


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Autoridades Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)Carlos Guillermo Alvarado Cerezo,RectorCarlos Enrique Camey Rodas,Secretario General

Director de la RevistaEdgar Gutirrez,Coordinador General IPNUSACConsejo EditorialMario Rodrguez,Jefe Divisin de Educacin IPNUSACLuis Leal, Jefe Divisin de Innovacin Cientfico Tecnolgica IPNUSACEdgar Celada Q., Jefe Divisin de Justicia y Seguridad Ciudadana IPNUSACDiego Montenegro,Abogado y Notario, Secretario Adjunto USACMaynor Amzquita,Maestro en Comunicacin y Periodista

Consejo Asesor InternacionalAlfredo Forti,InternacionalistaJorge Nieto Montesinos,SocilogoFrancisco Goldman,Escritor y Periodista

EditoraRina Monroy,Comunicadora IPNUSAC


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Jefa Biblioteca Central USACMagaly Portillo,Licenciada en Ciencias Psicolgicas

BiblioteclogasYolanda Santizo,Jefa de Procesos Tcnicos, Biblioteca Central USACDora Mara Cardoza Meza,Bibliotecloga ERIS-USAC

Coordinadora administrativa y financieraDiana Herrera

Apoyo estadgrafo y digitalJacqueline Rodrguez

DistribucinVilma Pelez de Castillo

TraduccinCarla Archila Len,Estudiante Escuela de Ciencias Lingsticas USAC

Jos Bonilla, Estudiante Escuela de Ciencias Lingisticias USAC

Diseo grficoRosario Gonzlez


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Revista Anlisis de la Realidad Nacional IPNUSAC

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ndice

1Anlisis de CoyunturaIPNUSAC

Presentacin - Edgar Gutirrez

Director de la revista

La corresponsabilidad migratoria

16 de julio 2014 ........................................................................... 20El TSE altera el escenario pre-electoral1 de agosto 2014 ......................................................................... 23

Horizontes borrascosos16 de agosto 2014 ....................................................................... 27

El anfiteatro de las Comisiones de Postulacin:Actores y contexto poltico1 de septiembre 2014 ...................................................................30

Violento gobierno de las crceles16 de septiembre 2014 .................................................................34

El gobierno impone su paso1 de octubre 2014 ........................................................................ 38


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El sistema penitenciario: ms all del efecto mediticoEdgar Celada ............................................................................ 44

Crnica de otra ley incumplidaAdrin Chvez ............................................................................64

Plaguicidas agrcolas peligrosos que se utilizanen aplicaciones de campo en GuatemalaLuis Leal Monterroso ....................................................................72

El apoyo psicosocial posconflicto en GuatemalaLiliana Parra ................................................................................94

Psicologa y psiclogos en Guatemala hoyMarcelo Colussi ..........................................................................149

A 40 aos de la Escuela de Ciencias PsicolgicasMariano Gonzlez ....................................................................... 166

Polticas Pblicas2

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Ciencias Psicolgicas


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Entre el maya arqueolgico y el maya polticoJulio Valdez................................................................................... 182

Desafos a la formulacin de una poltica pblica sobreDrogas psicoactivas basada en la evidencia y la cienciaFrancisco E. Thoumi ......................................................................203

Una Historia de infamia y tragedia: Guatemala:el segundo golpe de la CIA contra un gobierno

nacional-popular en la guerra fraCsar Verduga Vlez......................................................................240

Crisis tributaria: 70 aos despus de la revolucinde octubre, y el dinosaurio sigue aquEdgar Pape Yalibat .......................................................................261

La Revolucin de Octubre y sus conosEdgar Gutirrez .............................................................................268

4Tendencias

5Miradas sobre laRevolucin de Octubre


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ndice de

AutoresAdrin Chvez

Mdico y cirujano por la USAC; candidato a la M.A. en Salud Pblica. Jefe del reade Salud y Seguridad Social del IPNUSAC y representante suplente de la USAC ante elConsejo Nacional de Salud. Form parte del equipo tcnico del Dilogo Nacional porla Universalizacin de la Salud, el Modelo de Atencin Integran en Salud y la iniciativade Ley 4216.

Edgar Celada Q.Licenciado en Periodismo. Jefe del rea de Justicia y Seguridad Ciudadana del IPNUSAC ysecretario ejecutivo del G4. Fue asesor de Anlisis Estratgico de la oficina del Procuradorde los Derechos Humanos; editor de las secciones de Economa o Negocios de PrensaLibre, elPeridico y La Repblica; gerente y editor de Inforpress Centroamericana.

Marcelo ColussiPsiclogo y filsofo. De origen argentino; desde hace dieciocho aos radica en Guatemala.Es docente universitario, psicoanalista y socio fundador del Centro de Estudios sobreConflictividad, Poder y Violencia (CENDES). Ha publicado artculos y ensayos sobre temassociales. Su ltimo libro (co-autor con Ramn Martnez) Narcotrfico, plan de dominacinimperial(2013).

Mariano GonzlezPsiclogo; maestra en Psicologa Social y Violencia Poltica (USAC). Es docente titularde la Escuela de Psicologa de la USAC y ha impartido cursos en la URL. En la Oficinade Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, public varios trabajos deinvestigacin, especialmente sobre violencia. Ha colaborado en la Revista del IPNUSAC,La Ermita, Pasos (DEI, San Jos, Costa Rica) y en publicaciones electronicas: Albedrio,

Rebelin, Plaza Pblica y elSalmn.

Edgar GutirrezCoordinador General del IPNUSAC. Fue ministro de Relaciones Exteriores y secretario de

Anlisis Estratgico de la Presidencia de la Repblica. Coordinador general del REMHIy presidente de la Fundacin DESC para Amrica Latina. Autor de numerosos libros,ensayos y artculos sobre transicin democrtica, gobernabilidad y seguridad ciudadanay derechos humanos.


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Luis LealMdico veterinario. M.A. en Produccin Animal. Jefe del rea de Innovacin Cientfico

Tecnolgica del IPNUSAC. Fue Rector de la USAC (2002-2006)y representante delos Rectores de las Universidades de Guatemala ante la Comisin Nacional de los

Acuerdos de Paz. Docente de la USAC. Ha publicado Sistemas Agrosilvopastorilesamigables con el medio ambiente.

Edgar Alfredo Pappe YalibatEconomista, M.A. en Polticas Pblicas, Universidad de Harvard; estudios deIngeniera Industrial en la Universidad Oskar Von-Miller Politechnikum en Munich.Fue subsecretario de SEGEPLAN y viceministro de Finanzas Pblicas, e investigadorde FLACSO-Guatemala. Ha publicado, entre otros estudios, Evaluacin de la

sostenibilidad del desarrollo en Guatemala.

Liliana ParraPsicloga e investigadora principal de la lnea Psicologa e iniciativas sociales de paz enColombia. Docente universitaria con Maestra en Psicologa Social y Violencia Poltica(USAC, 2009), Maestra en Humanidades y Sociedad del Siglo XXI (Universidad deBarcelona, 2004), especializacin en Psicologa Clnica.

Francisco ThoumiEconomista de la Universidad de Los Andes, y Ph.D. en Economa de la Universidad de

Minnesota. Fue miembro de la Junta Internacional de Fiscalizacin de Estupefacientesy del Consejo sobre Delincuencia Organizada de la Agenda del Foro EconmicoMundial. Coordinador de Investigacin del Programa Mundial de la ONU contra elBlanqueo de Dinero. Ex profesor en universidades colombianas y norteamericanas.

Julio ValdezAntroplogo egresado de la Escuela de Historia Universidad de San Carlos deGuatemala, Master en Psicologa social y violencia poltica, docente de las ctedrasde Antropologa en la Escuela de Ciencia Poltica y de Etnopsicologia de la Escuela deCiencias Psicolgicas, ambas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ensayista

y articulista para varias revistas electrnicas de opinin en Guatemala.

Csar Verduga VlezDoctor en Economa. Nacido en Ecuador y nacionalizado mexicano. Fue ministrode Gobierno y de Trabajo en Ecuador. Director de FLACSO-Mxico. Asesor de laPresidencia en Honduras, Guatemala y Mxico. Miembro del claustro de posgradosOrtega y Gasset. Director de CLAPPSI que edita Prisma XXI.Su ltimo libro es Travesaentre dos mundos (Memorias y poltica), Buenos Aires, 2014.


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Luis LealVeterinarian. Master in Animal production. Chief of the ScientificTechnologicalInnovation division of IPNUSAC. He was rector of USAC in the period 2002-2006.Representative of the Guatemalan University Rectors before the National Commission ofPeace Agreements. Professor of USAC. He has published Sistemas Agrosilvopastorilesamigables con el medio ambiente.

Edgar Alfredo Pappe YalibatEconomist. He has a Public Policies M.A. from Harvard; he studied Industrial Engineerin Oskar Von-Miller Politechnikum University in Munich, Germany. Former Subsecretaryof SEGEPLAN and Secretary of Public Finances and Researcher in FLACSO-Guatemala.He has published, among other studies, Evaluacin de la Sostenibilidad del Desarrolloen Guatemala.

Liliana ParraPhsycologist and head researcher of Psicologa e iniciativas sociales de paz en Colombia.She is a University professor with a masters degree in social psychology and politicalviolence (USAC, 2009), masters degree in arts and XXI Century Society (BarcelonaUniversity, 2004), specialization in Clinical Psychology.

Francisco ThoumiEconomist from Los AndesUniversity and Ph.D. in Economy from Minnesota University.He was member of the International Narcotic Regulation Board and Organized Crime

Council from the World Economic Forum Agenda. Research Coordinator of the UNGlobal Programme against Money Laundering. Former professor of Colombian andNorth American universities.

Julio VldezAnthropologist graduated from the School of History from Universidad de San Carlosde Guatemala, Master degree in Social Psychology and Political Violence, AnthropologyProfessor at the Political Science School and Ethnopsychology Professor at thePsychological Sciences School, both at Universidad de San Carlos de Guatemala,essayist and columnist for several online opinion magazines in Guatemala.

Csar Verduga VlezP.h.D. in Economy. He has born in Ecuador and nationalized Mexican. He was Secretaryof Defense and Labor in Ecuador. He is Director of FLACSO-Mexico and a Consultant ofGovernment in Honduras, Guatemala and Mexico. He is member Ortega and Gassetpostgraduates and he is director of CLAPPSI, edited by Prisma XXI.His last book isTravesa entre dos mundos(Memorias y poltica), Buenos Aires, 2014.


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PresentacinL

a coyuntura que trata esta edicin es una particularmenteconvulsa en la que coincidieron tres eventos quesealan problemas agudos de la gobernabilidad

democrtica. En la declarada crisis humanitaria demiles de nios inmigrantes en los EE.UU., Guatemala fue

parte del problema y a pesar de la visita presidencial aWashington no pudo presentar una alternativa de polticamigratoria: se limit, con el resto de pases del cono nortede Centroamrica, a pedir dinero. Entre tanto, las medidaspunitivas internas quedaron otra vez sobrepasadas por unacrisis de empleo, precios y seguridad que no est declarada,pero es inocultable.

Otro frente de la gobernabilidad fue la acusacinpenal que condujo la CICIG en contra de la redLima, sealada de constituir un poder paraleloque controla las crceles del pas e incluso nombraautoridades, por cierto una de ellas, el ex director delSistema Penitenciario, con proceso judicial abierto.El tema se trata en el Anlisis de Coyuntura y EdgarCelada lo profundiza mostrando un panorama ampliode la problemtica. El tercer frente lo constituyeel accidentado proceso de nominacin y eleccinde la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de

Apelaciones, distorsionado por la injerencia poltica yel trfico de influencias. El cuadro en conjunto ofrecela imagen de un Gobierno caminando sobre y a vecestransgrediendo- la lnea de la legalidad. Pero no es elnico: tambin los partidos lo hacen (sancionados por


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un TSE ms activo) y hasta la propia Corte de Constitucionalidad alampliar el periodo de los magistrados.

Ms all de la coyuntura hay eventos en el pas que de algunamanera la Revista quiere reflejar. Por un lado, el aniversario dela Escuela de Ciencias Psicolgicas, y para ese efecto abrimosuna seccin en la que Liliana Parra, Marcelo Colussi y MarianoGonzlez reflexionan sobre el quehacer de los psiclogos: suenorme invaluable apoyo psicosocial en el periodo de posconflicto,pero tambin la crtica a la formacin profesional y produccinacadmica.

Por otro lado, en el debate internacional en el cual Guatemala

participa muy activamente- sobre el tratamiento a la problemticade las drogas ilcitas, el profesor Francisco Thoumi aporta unainterrogante, desde el punto de vista de la construccin delconocimiento: qu significa construir una poltica desde laevidencia y la ciencia? Bsicamente el autor invita a un dilogointerdisciplinario y a que las llamadas ciencias duras nomenosprecien la subjetividad y el anlisis de las conductas humanas,que tan decisivamente pesan a la hora de aplicar polticas pblicas.

Por ltimo, registramos la efemride -70 aos- de la Revolucin de

Octubre desde tres perspectivas. Csar Verduga, en sus memorias,la registra como uno de los grandes acontecimientos del Siglo XXen el mundo, con enorme impacto sobre las conciencias de loslatinoamericanos. Edgar Pape revisa la poltica econmica de laRevolucin en particular la poltica fiscal- y reclama a los actoresde estos 70 aos haber boicoteado el progreso social hasta llevara la ruina actual al pas. Y quien suscribe ofrece, como homenaje,retratos hablados de personajes ilustres de ese periodo, sea comopolticos (rberz y Fortuny), diplomticos (Monteforte Toledo),cientficos (Guerra-Boges) o literatos (Tito Monterroso).

dgar GutirrezDirector


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1AnlisisdeCoyuntura


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IPNUSAC16 de julio 2014

N

o solo los conflictos blicos generan crisishumanitarias, tambin la exclusin social. Loshijos de las guerras civiles de la dcada de 1980

en Centroamrica, son ahora los padres de una niezque emigra sola a travs de rutas inhspitas hacia losEE.UU. Huyen de sus pases no menos inclementes,donde la probabilidad de morir es tambin alta debidoa la violencia criminal, y buscando el afecto familiar ylas oportunidades negadas de una niez normal en unrgimen democrtico: comida, abrigo, salud, escuela,recreacin. Proteccin, en una palabra.

Los ms de 50 mil niosindocumentados que fueroncaptados por la Patrulla Fronterizade los EE.UU. y que podranalcanzar los 90 mil en octubre que

Lacorresponsabilidad

migratoria

concluye el ao fiscal en ese pas-pusieron en jaque los serviciosde inmigracin y salud en variosEstados fronterizos. La controversiase ha desatado all, entre polticos


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de los adolescentes a partir de los13 aos debido a su precariedadeconmica.

Los modelos de economasabiertas generan inevitablementeimanes desde las economas msprsperas hacia las ms dbileso deprimidas. Si la produccin debienes en estos pases no tienecapacidad de abrir mercados,en cambio lo hace la fuerzalaboral migratoria que a pesar

de las mltiples restricciones escompetitiva. De hecho los 1.5millones migrantes en los EE.UU.generan un PIB equivalente al delos 15 millones de habitantes enGuatemala. Una dcima parte desu renta se transforma en remesasque en trminos prcticos cierran

la brecha comercial externa ymantienen la estabilidad financiera,adems que mitigan la pobreza.

En esas condiciones la represinde los flujos migratorios no suregulacin- no los contiene, peros aumenta el sufrimiento de losmigrantes trabajadores y susfamilias, las ganancias de las redescriminales y la corrupcin de lasautoridades locales encargadasde la seguridad interna y los

pasos fronterizos. Por eso el puntode partida para tratar la crisishumanitaria de nios migrantes (un75 por ciento provenientes de ElSalvador, Guatemala y Honduras)es un acuerdo migratorio regional,en trminos de corresponsabilidaddiferenciada entre los pases.

Ms all de eso, para superar la extensa fase de reaccin polticase requiere construir alianzas estratgicas entre los EE.UU. y su reatradicional e inmediata de influencia, Mxico y Centroamrica. Estasnaciones deben reformar profundamente sus Estados y sus economaspara dejar de ser fuente de inseguridad humana e inequidad, y, comose ve, tambin de inseguridad internacional. Pero no lo podrn hacersolas y sin la adaptacin inducida de estndares de conducta modernaen los negocios que modifiquen las cadenas de valor interno para

disminuir la brecha de las desigualdades sociales. Y es que las elitesque se benefician del modelo vigente desde hace 30 aos no quierenreformarlo sino profundizarlo, con lo cual las tensiones internas seagravarn alimentando las migraciones. Y los lderes polticos parecendemasiado absorbidos por los negocios que extraen del patrimoniopblico, apenas repartiendo migajas en los pueblos durante cadacampaa electoral.


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pre electoral

ElTSE alterae l e s c e n a r i o

E

l Tribunal Supremo Electoral (TSE) enfri lascampaas anticipadas y suspendi temporalmente11 partidos polticos por desacatar su instruccin

de retirar la publicidad electoral dentro del plazoestablecido, que venci el 30 de junio. Arrastrandolos pies, los partidos cumplieron finalmente la orden,aunque tarde para evitar la sancin, y no quisieron caeren la tentacin de regatearle al Tribunal por el riesgode consumir el tiempo de la celebracin de asambleaspartidarias y quedar desarreglados para la inscripcin ala justa electoral a partir de mayo prximo.

Ante ese escenario pre-electoralindito de un Tribunal imponiendosu autoridad, los partidos acataronno por la contundencia de la leysino por la ola de legitimidad

pblica que levant la decisindel TSE, blindndole. Pocodespus vino la queja de queel presumible candidato oficial,

Alejandro Sinibaldi, ministro


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de Comunicaciones, realizabacampaa encubierta a travs depublicidad masiva, empleandorecursos pblicos.1El Registro deCiudadanos dict que no era as,causando controversia.

Sin haber resuelto en definitivala situacin de Sinibaldi, puesel fallo es apelable ante losmagistrados del TSE, y con elpartido suspendido, Manuel

Baldizn decidi desafiliarsede LIDER a fin de continuarsus giras, concentraciones y,presumiblemente, publicidad ensu calidad de ciudadano. Fue sumanera de encontrarle un atajoal Acuerdo 117-2014 del TSE yno perder el ritmo ni la ventaja decampaa.

Sin embargo en las redes socialesque es una forma de medir lareaccin pblica, al menos en

1. Sin haber realizado campaa electoralabierta, con la sola insinuacin deque Sinibaldi sera el candidato del PP,desde hace un ao el actual ministro deComunicaciones comenz a aparecer en

las encuestas de opinin con un porcentajede intencin de voto equivalente al deSandra Torres, la pre candidata de la UNE,colocndose ambos detrs de Baldizn aunos 20 puntos de distancia en promedioconsiderando distintas mediciones y losmrgenes de error.

los centros urbanos y entre unafranja apreciable de clases mediasy poblacin predominantementejoven, que en conjunto representanalrededor del 10 por ciento deltotal de habitantes- el movimientode Baldizn despert un rechazoabrumador: 8 de cada 10opiniones en las siguientes 48horas de reportado el acto (lunes21 de julio) por los dirigentes deLIDER.

El pre candidatopresidencial con mayorintencin de voto en todaslas encuestas desde hacems de un ao se coloc,por propia voluntad, enun aprieto. Por un lado

el Tribunal puede revertirel fallo sobre Sinibaldi;por otro lado LIDER estsuspendido, por lo cualla renuncia no cobravigencia inmediata, y entercer lugar el rechazode la opinin pblica almovimiento de Baldiznlo expone, adems, ademandas judicialescon respaldo social porpresunto fraude de ley.


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Es una incgnita cmo se comportar el electoradoen un periodo de suspensin de campaas pblicasde 10 meses. Los candidatos y sus estrategas estnacostumbrados a posicionar nombres, smbolos y sloganen extensos periodos de campaas anticipadas, aunqueeso ha significado un aumento desproporcionadodel costo de publicidad y mtines. Por ahora losprecandidatos procurarn que nadie tome ventajas

ilegtimas en el nuevo escenario y estarn atentos a loserrores o argucias de los otros.


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Horizontes

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l Ministerio de Finanzas Pblicas prepara unpresupuesto para 2015 de Q 80 millardos. Las

estimaciones de recaudacin tributaria, sinembargo, son, optimistamente, de Q 52 millardos. Ya sesabe la frmula para financiar dficit, y es deuda. Perocomo el problema es de recaudacin, y la consignadominante de la economa rentista es privilegio fiscal,hay una recomendacin del FMI de subir el IVA a 15 porciento. En ao pre-electoral o electoral subir el IVA es unsuicidio poltico.

borrascosos

No solo son las finanzas pblicas,el clima tambin est pasandomalas jugadas. Hay regiones delnororiente en las que no deja dellover desde febrero; los ros hansubido su nivel y varios finquerosdesplazaron el ganado hacia

pastos no anegados. Pero ensuroriente una cancula extendidahizo perder casi la totalidad delos cultivos sin riego, el 85 porciento del total. Las estimacionesde los tcnicos son que septiembrey octubre sern meses de


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lluvias torrenciales, y a partir denoviembre, hasta junio de 2015,tendremos poca enteramenteseca.

As, con prdida masivade cultivos y poco empleoel fin de ao, ms atrasosen la preparacin de lascosechas, entramos a un

periodo de crisis socialextendida que empujarmigraciones temporaleshacia el Soconusco eincluso hacia el Sur delistmo, no obstante quelas vecindades atraviesansus propias bajas y siguen

expulsando poblacin; laspretensiones de emigrara los EE.UU. no calan enmucha de esta poblacinrural arraigada.

La mitigacin de estas cadas a

travs de gasto pblico no parececierta, a juzgar por lo visto. Losprogramas sociales bajaron desegunda a primera velocidad. Lacobertura de las transferencias esmenor e irregular; la coberturade la escuela primaria baj,

aparentemente, en 15 puntosy a la vez el empleo infantil seelev; los recortes abruptos delos contratos a ONG que danservicios de salud bsica dejan sinopcin a porciones importantesde poblaciones que estn bajo lalnea de la extrema pobreza. Y elanticipo de desajustes financierosen el Estado no ofrece margen demaniobra.

En el campo poltico, localizadoen el Congreso y los partidos,tampoco hay respuestas audibles.Lo ms notable, hasta ahora, esla persistencia de los grupos deeconoma rentista basados enprivilegios fiscales, apropiacin delos impuestos del comercio exteriorcomo frmula de competitividad,concesiones de mega-proyectos

en infraestructura, hidroelctricasy energa importada, adems demayor privatizacin de los serviciospblicos que tambin envuelven alpoder Ejecutivo.

Y la clase poltica est encerradaen sus propios conflictos y luchasde poder. La decisin del TSE dedetener las campaas anticipadas

fue reconocida por la opininpblica como una manifestacinindita de autoridad. La posteriorsuspensin de 11 partidospolticos, sin embargo, que hadado paso a la virtual parlisisde la actividad poltica extra


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desequilibrante del 2009,cuando el ex comisionado CarlosCastresana irrumpi -inclusofuera de plazos, pues ya habanocurrido las elecciones- vetandomagistrados e invadiendo demanera abierta la propia soberanadel Congreso, que en gran medidadio marcha atrs.

Cierto poder de veto, esta vez, loejerce la Embajada de los EE.UU.

Es vox populi en las Comisionesde Postulacin un listado de 15aspirantes vetados, que podraascender finalmente a 45, segnalgunos magistrados. Las corrientesdel gremio de abogados estndiluidas entre los actores degobierno y el sector privado,salvo la que lidera Roberto Lpez

Villatoro, vetado por Cicig en

la pasada eleccin y que ahoraadquiri un poder propio denegociacin, solo comparable aldel gobierno, aunque quiz en unespectro ms amplio.

El sector empresarial, a diferenciade anteriores procesos, est ahoraclaramente dividido o al menosoperando de forma separada: los

agroindustriales, por un lado; losindustriales propiamente dichos,por otro, y los representantes de larama comercial. Su incidencia, portanto, ha mermado. Esa divisinse refleja en las representacionesde las universidades privadas, a

travs de sus decanos de Derecho,que contrasta con la lnea casiunnime que sostuvieron en lapasada eleccin de Fiscal General(hace apenas 3 meses), que fuedeterminante para la no reeleccinde Claudia Paz y Paz.

Esta vez ms de la mitadde los decanos aparecendiluidos entre distintasfuerzas, mientras ungrupo minoritario sedeclara independiente,adquiriendo, por elequilibrio de fuerzas,cierto poder de bisagra,en caso aquellos no

lleguen a acuerdossobre las cuotas derepresentacin. Por sulado, los grupos de lasociedad civil que realizanveedura salvo algunapersonalidad que haceincidencia en temas de

violencia contra la mujery la niez- han perdidopoder de gravitaciny tampoco muestranopciones de propuesta.


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El contexto poltico de estaselecciones de las Cortes especuliar. Marcado por lapronunciada tendencia dejudicializar la poltica y politizarla justicia, siendo el caso que exfuncionarios de varios gobiernos yjerarquas, as como empresarios,sobre todo de la banca, guardanprisin. A la vez los EE.UU. han

arreciado las extradiciones de loscapos del narcotrfico quienesa cambio de dar informacinsobre socios y protectores, rebajanla severidad de las sentenciasjudiciales- y en el ltimo tiempoapuntan con mayor nfasis contraresponsables de lavado de activos.Por otro lado, el sector empresarialentr en una coyuntura dereacomodo de inversiones que lesha llevado, en varios campos, achoques abiertos de intereses.

Esas dinmicas de poder, sumadasa las de los partidos que se alistanpara la contienda electoral,convierten a las Cortes Supremade Justicia y de Apelaciones,

por ahora, pero ms tarde a laContralora General de Cuentasy el prximo ao a la Corte deConstitucionalidad- en reasestratgicas de disputa.Hace5 aos el contexto era otro. Elgobierno de lvaro Colom sufra laconvalecencia del caso Rosenberg

y la Cicig, bajo Castresana, seasuma como factor de contencinde una crisis de institucionalidaddemocrtica (la inminente cadade Colom) y como el gran tribunal,por encima de los actores locales,depositario de los secretosinconfesables del gran sectorprivado y de poderes fcticos enlas sombras.

Las elites se rendan a supaso, pero al final del dahubo mucho ruido y pocasnueces. La evidenciajudicial result pobre,inexacta o de plano

falsa (adems que lastrampas y conspiracionesde las redes criminalesfueron hasta cierto puntoeficaces), y la estrella dela Cicig se eclips con lamisma velocidad de suascenso fulgurante.


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Esta vez, el gobierno de Otto Prez no es percibidoen crisis de estabilidad, sino de continuidad degestin, y quiz por eso ha movido sin rubor asus alfiles. Juan de Dios Rodrguez, ex secretarioPrivado y presidente del Seguro Social, es elnegociador central en el anfiteatro de lasComisiones de Postulacin. Y Gustavo Martnez,secretario General, e integrante de la familiaPresidencial, es la pieza de avanzada: se postul

a la CSJ y aspira a presidirla. Los otros actoresparecen secundarios, salvo la corriente de LpezVillatoro que antes que oponentes pueden surgircomo quienes reparten la baraja de un juego deequilibrio de intereses.


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l desmantelamiento de la red criminal de Lima(Siglo.21, 04/09/14), que involucra a reos,

funcionarios y particulares, dej al descubierto,otra vez, lo que el comisionado de la Cicig (entidadque dirigi las investigaciones) denomin un rgimenparalelo dentro de las crceles. En este caso, unaestructura que se ha expandido durante 15 aos, acotla fiscal general del MP, Thelma Aldana.

Byron Lima, ex capitn del Ejrcito,cumple una sentencia de 20 aos

desde 2001 por el asesinato delobispo Juan Gerardi en 1998,cuando formaba parte del EstadoMayor Presidencial de lvaro

Arz. Su estada en prisin haestado salpicada de escndalosdesde 2003 hasta febrero pasado

al ser detenido en la calle sinpermiso judicial. Este es el caso

de un reo que implanta su reinoextorsivo en presidios y es capazde influir en el nombramientode las mximas autoridades delSistema Penitenciario, como sedesprende de un amplio reportajede Contrapoder(06/09/13).

Violentogobiernode

crceleslas


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La estructura de Lima noes un caso aislado. Pone

de manifiesto un problemaque se agrava con losaos. Un informe de laMisin de Verificacinde las Naciones Unidas(Minugua), La situacinpenitenciaria enGuatemala(abril, 2000),

lo analizaba as: En rigor,en Guatemala nuncaha existido un sistemapenitenciario que regulela vida de las prisionescon criterios mnimos deorganizacin Solo hanexistido centros penales enpsimas condiciones deseguridad y convivencia,y un cuerpo de guardiasque desarrolla su tarea sinformacin especfica y endeplorables condicionesde trabajo. La violencia

dentro y fuera de lascrceles, las frecuentesfugas de reclusos, laarbitrariedad de lasdetenciones y la reclusinen condiciones indignas,

son consecuencia de lainaccin del Estado y del

olvido de la sociedad

Cuando Minugua public eseinforme las autoridades ya habancedido -desde fines de la dcadade 1990- el gobierno de variospresidios, incluido Pavn, aestructuras paralelas integradaspor los reos. En las siguientes dos

administraciones fueron frecuenteslos amotinamientos, toma derehenes y fugas de reos, tras lascuales se desataban ejecucionessumarias. Hasta que el escndaloresult irrefrenable en 2007 trasla ejecucin de policas en unacrcel de mxima seguridad, trasla matanza de los parlamentariossalvadoreos. Las investigacionesde la Comisin Internacionalcontra la impunidad en Guatemala(Cicig) en 2009 sobre las matanzasde reos en Pavn y El Infiernito,involucraron a los ms altosmandos de Gobernacin, ahorajuzgados en Europa. Ministros deGobernacin entre 2009 y 2011fueron sentenciados por actos de

corrupcin en la construccin decrceles.

Las penitenciaras son centros deoperaciones criminales en todas lasescalas: extorsiones, planificacinde secuestros y robos, trasiego de


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Al margen de ello, el problema de las crceles siguepostergado. Resumiendo recomendaciones de especialistas,las acciones mnimas a adoptar incluiran:

- Profesionalizar al personal penitenciario en una escuelaespecializada.

- Impulsar una poltica de educacin y capacitacin delrecluso, como parte de la prevencin del delito.

- Ordenar administrativa, funcional y financieramente laDireccin General del Sistema Penitenciario.

- Establecer prioridades de mantenimiento yreconstruccin de los centros penales, y separar a losreos condenados de los que no tienen sentencia (2 decada 3), y segn tipo de delito.

- Medidas de seguridad penitenciaria de acuerdo aestndares internacionales.

- Control de la legalidad de las detenciones ymecanismos de verificacin peridica de los centrospenales.

- Aprobar una Ley Penitenciaria que d soporte a loscambios estructurales del sistema.


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IPNUSAC1 de octubre 2014

impone

El gobierno del presidente Otto Prez ha entrado alcampo de la controversia que toca las fronteras dela legalidad. As lo reflejan al menos cuatro eventos

que han coincidido en las ltimas dos semanas. Por unlado, en los entornos de las Comisiones de Postulacinse le seala de ejercer serias presiones para tomarel control de la Corte Suprema de Justicia (CSJ),desdibujando el rgimen republicano sustentado en laindependencia de poderes.

Por otro lado, la Corte deConstitucionalidad (CC) abriel limbo jurdico con un amparo

provisional que podra autorizaral Gobierno a emitir deuda sinautorizacin del Congreso dela Repblica,1por un montoequivalente al contemplado enel ejercicio fiscal anterior, si parael caso no est vigente un nuevo

1. El artculo 171, inciso i) de la ConstitucinPoltica de la Repblica le da como atribucinal Congreso contraer, convertir, consolidar oefectuar otras operaciones relativas a la deudapblica interna o externa. En todos los casosdeber orse previamente las opiniones delEjecutivo y de la Junta Monetaria; adems,

para que el Ejecutivo, la Banca Central ocualquier otra entidad estatal pueda concluirnegociaciones de emprstitos u otras formasde deudas, en el interior o en el exterior, sernecesaria la aprobacin previa del Congreso,as como para emitir obligaciones de todaclase. Sin embargo en 2013 el Ministerio deFinanzas Pblicas emiti deuda para pagarletras de tesorera, pero sin autorizacin delCongreso.

El

Gobierno

su paso


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Presupuesto de Ingresos y Egresosde la Nacin.2

Si el amparo de la CC quedase enfirme, el Gobierno solo necesitaraque este ao el Congreso leapruebe los Q 4 millardos debonos solicitados para incrementarel techo de la deuda a Q 9.4millardos en 2015, de acuerdo aun anlisis de Icefi (elPeridico,18/09/14 p. 10). As, perdera

inters oficial la aprobacin delproyecto de Presupuesto enviadoeste mes al poder Legislativo.

Con esos ingredientes a la vista, seincrementa el riesgo de un mayordebilitamiento de la estabilidadmacroeconmica. En 2015, aoelectoral, el Gobierno Centralcontara con mayores recursos

discrecionales de gasto, ademsque podra seguir otorgandoprivilegios fiscales3y no tendra

2. En una interpretacin de la Ley dePresupuesto eso fue lo que hizo la anteriorministra de Finanzas, Mara Castro, alemitir nueva deuda por Q 5.4 millardos en2014 sin pedir autorizacin al Congreso.

Ese monto de deuda fue el aprobado parael ejercicio fiscal 2013.3. El 16 de septiembre el diputado delPartido Patriota, Jess Antonio Ralda Sarg,presidente de la Comisin de Economa yComercio Exterior present la iniciativa deLey 4894, Ley sobre Fomento al Empleo,que es, en esencia, la misma iniciativa

4644, Ley de Promocin de Inversiones y

Empleo, que fue severamente criticada,incluso por la Cmara de Comercio,por los amplios privilegios fiscales a lasempresas y sus dudosos beneficios paraatraer nueva inversin y generar empleo.4. Aunque en un inicio el gobernantealudi a la dificultad de financiamientopara sostener el trabajo de la Cicig,los pases cooperantes anunciaron sudisposicin de sostener sus operaciones.Pocos das despus, el martes 16, el

Senado de los EEUU confirm, despus demuchos meses de espera, al embajadorTodd Robinson. A pesar de las extremasdesavenencias entre demcratas yrepublicanos en poltica exterior, llegaronal acuerdo de ratificar embajadores enpases sensibles a la seguridad nacionalde los EEUU, como Honduras y ahoraGuatemala.

mayores presiones para elevar larecaudacin tributaria, que ya escrtica sobre todo en aduanas.

En tercer lugar, el reo Byron Lima,presunto cabecilla de una redcriminal en las crceles, develadapor la Cicig, ha enviado en susdeclaraciones judiciales y a travsde los medios, mensajes abiertos ysolapados a las altas autoridadesinsinuando complicidad y, a la

vez, sugiriendo proteccin a fin deno comprometerlas. Justamenteen ese contexto el gobernanteha expresado que no renovar elmandato de la Cicig, que concluyeen menos de un ao.4Y por lamisma va pblica Lima pareci


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5. Hasta ahora, solo la protesta masivade los pequeos productores agrcolashizo enmendar la plana al Congreso y alGobierno, con la derogatoria de la Leyde Proteccin de Obtenciones Vegetales(Decreto 19-2014).

responderle: Al Otto PrezMolina, si la Cicig se queda irtras usted El tiempo de la Cicigya expir. (elPeridico, 17/09/14p. 6)

A todo eso se suma, en cuartolugar, la denuncia de elPeridicode un boicot econmicogubernamental que le ha restadoingresos anuales por Q 18.5millones en pauta comercial, yataques frecuentes que saboteansu sitio en internet, ademsdel presumible espionaje desus contenidos que exhiban elincremento patrimonial de lavicepresidenta Roxana Baldetti.

Esas acciones han provocadoreacciones internacionales ylocales de repudio, colocando ala administracin de Gobiernocercana a los que en Latinoamricason calificados de intolerantes a lacrtica y a la libertad de expresin.

A pesar de que los hechosreseados tipifican graves

anomalas democrticas y enel rgimen de legalidad, larelacin de fuerzas es favorable alGobierno. En la Postuladora paraCSJ su presidente ha rechazadoenrgicamente la crtica sobreun proceso en el cual estn pornominar a operadores directosde Casa Presidencial y de lospoderes fcticos, al margen de lascalidades exigidas por la ley paraun magistrado. De unas delicadasnegociaciones internas en esaComisin podra depender que laCC anule el proceso denunciadopor la Cicig.

En el Congreso con partidos

voltiles y diputados guiadosmuchas veces por interesespecuniarios, cualquier cosapuede pasar, incluyendo laaprobacin este ao de unadeuda que configurara el mejorde los escenarios financieros delGobierno, aunque no para la saludde la economa general.5


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La empresa privada dividida por concesiones denegocios y facilidades fiscales, no representa elfrente de otros periodos para acotar la accingubernamental. Los condicionamientos de la

comunidad internacional han perdido, por ahora,alguna eficacia y los medios de comunicacintampoco son unnimes en su evaluacin sobre lagestin del Gobierno.

As, aunque con desgaste y caminandoriesgosamente sobre la lnea de legalidad/legitimidad el Gobierno va imponiendo su paso y

alineando o neutralizando los factores de poder,lo cual justamente le permite acumular fuerzapoltica en la vspera del periodo electoral.


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Realidad Nacional

Revista

de laAnlisis


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Realidad Nacional

Revista

de laAnlisis

2PolticasPblicas


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efecto meditico

Edgar Celada

ResumenTomando distancia de la agenda inmediata de los medios masivos de comunicacinsocial, concentrados en el seguimiento del proceso judicial abierto, entre otros, contrael capitn Byron Lima Oliva y el ex director del Sistema Penitenciario, Edgar Camargo,en este trabajo se ofrece una visin de conjunto sobre los grandes problemas queenfrenta la Direccin General del Sistema Penitenciario. Se rastrean los componentesde una crisis muy profunda que se expresa en la sobrepoblacin y hacinamiento en las

crceles, las precarias condiciones en las que se encuentran los privados de libertad, lacorrupcin, el abandono de los presidios y la renuencia gubernamental a impulsar unaagenda mnima de reforma en esta materia.

Palabras claveSistema penitenciario, reforma penitenciaria, privados de libertad, derechos humanos,corrupcin, poderes paralelos, hacinamiento, prisin preventiva, Acuerdo Nacional parael Avance de la Seguridad y la Justicia.

The Prison System beyond the media effect

AbstractTaking some distance from the immediate agenda of the social mass media and

focused in the monitoring of the open trial against the captain Byron Lima Olivaand the ex-Head of the Prison System Edgar Camargo among others. In this workan overview is offered on the great problems that the Department of the PrisonSystem faces. The elements of the deep crisis are tracked, a crisis reflected in theoverpopulation and overcrowding in prisons, the poor conditions in which prisonersare, corruption, prison abandonment and the rejection of the government to promotea minimal agenda of reform to this matter.

Key wordsPrison System, Prison reform, prisoners, human rights, corruption, parallel powers,overcrowding, preventive prison, National Agreement for the Progress of Security andJustice.

sistemaEl

penitenciario:ms all de

l


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ha sido objeto de unabandono histrico, quese refleja en la ausencia depolticas para desarrollarlaconforme los avances delderecho penitenciario, lasorientaciones de los sistemaspoltico criminales establecidosen los marcos constitucionalesmodernos, que definenfinalidades a las reaccionespunitivas de los Estados y

con el respeto a los derechoshumanos de la persona.Debido a lo anterior el SP hafuncionado bajo autoritarismo ymilitarizacin que la mantienenen una enorme y constantecrisis y debilidad institucional.(ODHAG, 2009 A: 1)

En este artculo se ofrece una visin

panormica de los problemas queafronta el SP y, por consiguiente,de los desafos que tendrn antes las nuevas autoridades de laDireccin General del SistemaPenitenciario (DGSP).

La DGSP en pocas lneas

La DGSP es el rganoresponsable de la planificacin,organizacin y ejecucin de laspolticas penitenciarias, dependedirectamente del Ministerio de

Gobernacin y est a cargo de unDirector General.

Su mandato es:a) Mantener la custodia y

seguridad de las personasreclusas en resguardo de lasociedad;

b) Proporcionar a las personasprivadas de libertar lascondiciones favorables para

su educacin y readaptacina la sociedad, que les permitaalcanzar un desarrollo personaldurante el cumplimiento dela pena y posteriormentereintegrarse a la sociedad.

La DGSP report en julio de2014 una nmina que inclua a3,880 funcionarios y empleados.

Hacia octubre de 2013 (ltimomes para el que hay informacindisponible) haba 3,545 agentes depresidios o guardias penitenciarios,quienes constituan el 93% de losfuncionarios reportados por ladependencia en ese mes y ao.

Otro contingente, mucho mspequeo, est formado por

172 profesionales y tcnicosque integran los equiposmultidisciplinarios de la DGSP,como se ilustra en la tabla 1.


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Grfico 1

Presupuesto de la DGSP. Aos 2010-4En millones de quetzales

Millone

sdeQ.

500.00

450.00

400.00

350.00

300.00

250.00

200.00

2010 2011 2012 2013 2014

245.70

249.07

343.08

478.15490.82

Enfermo crnico

La situacin del SistemaPenitenciario guatemaltecoen 2014 no muestra mejorassustanciales respecto de su grave

estado, al punto que el diagnsticoformulado nueve aos atrs poruna estudiosa del asunto siguesiendo vigente:

Es el ltimo eslabn en elsistema de justicia que desde

Fuente: Elaboracin propia, con datos de la DGSP

siempre ha sido una institucinolvidada y marginada...Presenta enormes deficiencias,que generan las condicionesprecisas para que no se cumplaen gran medida con la funcin

constitucional de rehabilitar yreinsertar en la sociedad a laspersonas privadas de libertad.(Godoy, 2005: 2)

Esta evaluacin es compartidapor la Asociacin Centro de

Anlisis Forense y Ciencias


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Aplicadas (CAFCA) y otrasnueve organizaciones nogubernamentales, las que en uninforme ms reciente sostienen que

el sistema penitenciarioguatemalteco, a lo largo de suhistoria, se ha caracterizadopor la precariedad de lascondiciones de los centros dereclusin, su dbil estructuraadministrativa, la inexistente

formacin profesional y laconstante violacin a losderechos fundamentales de laspersonas que son privadas delibertad. (CAFCA, 2012: 69)

Guatemala vive la paradojade contar con una legislacinpenitenciaria de avanzaday al mismo tiempo tener un

rgimen carcelario en el cual seforman nuevas generaciones decriminales, sin contar que desdelas crceles se dirigen bandas deextorsionistas. Los secuestradoreshan encontrado en las extorsionesuna manera fcil de sobrevivirdelinquiendo desde las crcelesdel pas, seala un tpico reporteperiodstico que da cuenta de esa

situacin. (Prensa Libre, 16 denoviembre de 2012)

Lejos de ser centros de reeducacinpara la reinsercin socialde quienes delinquieron, las

prisiones guatemaltecas son lasuniversidades del crimen. Esa esuna extendida percepcin social,no desmentida por la realidad deun sistema penitenciario atrapadopor numerosos problemas, que seheredan de un gobierno a otro sinvisos de solucin.

Como ya se dijo enprrafos superiores, el

sistema carcelario deGuatemala se encuentrabajo la responsabilidadde la DGSP, dependientedel Ministerio deGobernacin. A sucargo se encuentran 22centros de reclusin. De

ellos, 5 son centros decumplimiento de condena,2 son de alta seguridady 10 son de prisinpreventiva.

A los anteriores cabe agregar 21crceles pblicas bajo control

de la Polica Nacional Civil(PNC). Aunque el nmero laspersonas recluidas en ellas puedeconsiderarse mnimo (1,701equivalente al 8.6% del total deprivados de libertad en julio de2014), esa situacin constituye


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una de tantas anomalas queocurren en el rgimen carcelarioguatemalteco.

Los centros de detencinpoliciales no cuentan concondiciones adecuadas parafungir como centros penales,sus empleados y funcionariosson agentes preparados para el

patrullaje, gestin de conflictosdelincuenciales y otras tareas,ms no para la reinsercin delas personas. (FOSS, 2012 A:21) Como ejemplo, se denunciaque hasta el 70% de las mujeresdetenidas se ha quejado queelementos de la PNC habranabusado sexualmente de ellas(Ibdem: 21).

Una situacin igualmente polmicaocurre con dos centros de reclusinhabilitados en instalacionescastrenses (cuartel Matamoros ybase militar Mariscal Zavala). Sibien ambos son administradospor la DGSP, incurren en violacindel Artculo 10 de la ConstitucinPoltica de la Repblica, el cualestablece que las personasaprehendidas por la autoridad nopodrn ser conducidas a lugaresde detencin, arresto o prisin

diferentes a los que estn legaly pblicamente destinados alefecto. Tambin violan el Artculo19 constitucional, cuya literal b)seala que los centros penalesson de carcter civil y con personalespecializado.

Sobrepoblacin yhacinamiento

Hasta julio de 2014 las personasprivadas de libertad en el passumaban 19,628, de las cuales el91.4% (17,927 personas) estabaen los centros del SP. El primerode estos datos implica que amediados de este ao en el pashaba 124 encarcelados por cada100,000 habitantes, indicadorque el Centro de InvestigacionesEconmicas Nacionales sita comoel ms bajo de Amrica Latina.(CIEN, 2014: 6)

Como puede verse en el grfico 2,en lo que va del siglo el nmero deprivados de libertad no ha dejadode aumentar, pero en el curso de

un sexenio se opera un salto quesupera con creces el promedio de8,079 encarcelados de los nueveaos previos.


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Grfico 2Personas privadas de libertad

Aos: 2010-14

(A cargo del Sistema Penitenciario)

20,000

18,000

16,000

14.000

12,000

10,000

8,000

6,000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

8,186

6,9748,077

8,852

8,480

8,247

8,359

7,131

8,409

10,744

11,140

12,624

14,758

16,887

17,927

Fuente: Elaboracin propia, con datos de FOSS, PDH, CIEN y DGSP.

Si ya antes uno de losproblemas principales delSistema Penitenciario era lasobrepoblacin, la situacin seha agravado con el aumento deprivados de libertad ya graficado.Segn estimaciones de la PDH,en 2012 el hacinamiento de losreclusorios a cargo del SP lleg

a 127%. Pero ese promedionacional aun siendo preocupante,por s solo dejara una ideainexacta porque la situacin esextremadamente grave en varioscentros carcelarios, donde elhacinamiento es ms de 280% y enalgunos de ms de 300%, comopuede verse en la tabla 3.


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La sobrepoblacin de las crcelesest relacionada no tanto con laeficacia policial en el combateal crimen, como con prcticasarraigadas en el sistema de justiciaque aluden a su parsimoniaprocesal, pero sobre todo aluso continuado de la prisinpreventiva. El poder Judicial,explica uno de los informes delForo de Organizaciones SocialesEspecializadas en Temas de

Seguridad contina aplicandoirrestrictamente la prisinpreventiva como regla y no comoexcepcin, adems muchos de losdelitos por los cuales se aplica laprisin preventiva son aquellos queno requieren esta medida. (FOSS,2012 A: 20)

En 2012 el 52% de la poblacin

reclusa en centros del SP estabaformado por personas nosentenciadas (PDH, 2013: 206) yhacia junio de 2014 el 49% de losprivados de libertad guardabanprisin preventiva(CIEN, 2014: 10).

La situacin descrita ha dadopi para que el ministro de

Gobernacin declare queel Sistema Penitenciario estcolapsado (Siglo Veintiuno, 22 denoviembre de 2012).

Entre motines, abandonoy poderes paralelos

Uno de los efectos de lasobrepoblacin y el hacinamientode los centros carcelarios,principalmente los preventivos, esla recurrencia de desrdenes oamotinamientos de los reclusos,relacionados con las condicionesde vida y demandas como mejorasde alimentos, atencin mdica,acceso a trabajo, educacino espacios para recreacin ycomunicacin familiar y/o legal.

Guatemala tiene una largahistoria de motines dentro de suscrceles, caracterizados por laextrema violencia con cauda deprdida de vida y destruccin de

las instalaciones. Por ejemplo,en noviembre de 2012 ocurriuno particularmente violento enla Crcel de Mxima SeguridadFraijanes II. Las instalaciones deese centro fueron destruidas yaunque las autoridades atribuyenla accin a un plan fraguadovarias semanas antes por losreclusos (Siglo Veintiuno, 23 de

noviembre de 2012), la evaluacinde la Oficina del Alto Comisionadode Naciones Unidas para losDerechos Humanos es que sey otros motines ocurridos en eseao demuestran el abandono delsistema penitenciario por parte de


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las autoridades. (OACNUDH,2013: 11)

Segn un informe deorganizaciones defensorasde los derechos humanos(CAFCA, 2011) lasobrepoblacin carcelariay la inadecuadainfraestructura de los

centros, generan unacceso insuficiente a losservicios bsicos, lo quecrea a su vez problemasde higiene y salud, eincide en la existencia decondiciones infrahumanasde detencin.

Por ejemplo, cita ese informe: Losservicios sanitarios en promedioexisten en relacin de 1 por cada33 personas, aadiendo queson de cemento y que el sistemapenitenciario no proporciona losutensilios bsicos para mantenerloslimpios y desinfectados. (CAFCA,

2011: 70)Una supervisin realizada porla PDH al SP en noviembre de2012 corrobor el panorama deabandono sealado por muchasotras fuentes. Segn la institucin

del Ombudsmanguatemaltecola situacin se resume enprecariedades como las siguientes:

- Escasez de camas ycolchonetas. La mayora dela poblacin reclusa duermeen el piso o en planchas deconcreto.

- No existen reas especficasde cocina ni de comedor.

- El servicio de energaelctrica es insuficiente.

- Las celdas y/o bartolinas nocuentan con iluminacinnatural, ni ventilacinadecuada.

- Los servicios sanitarios yduchas en su mayora son

insuficientes y estn en malestado, sin ventilacin.

- No cuentan con suficienteagua para abastecer a latotalidad de la poblacinreclusa.

- Los drenajes son obsoletosy algunos se encuentrancolapsados.

- No existen reas destinadasa la rehabilitacin, talescomo aulas, espacios paradeportes y/o ejerciciosfsicos, ni de trabajo.


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- Los centros no cuentancon programas laborales y

educativos propicios para lafutura readaptacin socialde los privados de libertad.

- No existes reas deservicios mdicos nipersonal especializado,nicamente cuentan conenfermeras ubicadasen reas pequeas, con

escaso mobiliario y pocasmedicinas.

- Las reas de visitasfamiliares no sonapropiadas.

- No se dispone de reasespecficas para visitaconyugal, y cuandose dan, se realizan enlugares inapropiados y sincondiciones salubres. (PDH,2013: 207-208)

Los motines o revueltas en loscentros de detencin, estnvinculadas con las relaciones depoder dentro de la poblacinreclusa y con las autoridades

penitenciarias. El punto de partidaes la renuncia del Estado a ejercercontrol dentro de las crceles,tarea delegada hace muchotiempo a los propios reos.

Segn reconoci el ministro deGobernacin, Mauricio Lpez

Bonilla, el Sistema Penitenciariono tiene el control interno de lospresos, debido a que desde hace25 aos esa opcin se le entreg acomits de disciplina que integrandentro de las prisiones los mismosreos. (Siglo Veintiuno, 22 denoviembre de 2012)

Esta situacin no esexclusiva de Guatemala y

ocurre, segn constata laComisin Interamericanade Derechos Humanos(CIDH), en aquellospases en los que envista de la escasez depersonal de custodia,las autoridades deciden

delegar funciones deseguridad en manos delos internos. En todo caso,y aunque sea una prcticaconsiderablementeextendida, la mismaes una situacin gravey anmala que debe

ser erradicada por losEstados. (CIDH, 2011:153)

Por su parte el ex director del SP,Luis Alberto Gonzlez, reconoci


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Por cierto, este primer tropiezode Lima Oliva precipit la cadade Gonzlez, confirmando unatendencia dominante en el SPa lo largo de muchos aos: laalta rotacin de sus directores.Solamente en el perodo2008-2011 cuatro personasdistintas estuvieron al frente de laDGSP.

Segn recuerda un informe de

la Asociacin de Investigacin yEstudios Sociales (ASIES, 2011:175) en su orden ocuparon elcargo las siguientes personas:

1. lvaro Arreaza Snchez, del16 de enero al 16 de juniode 2008;

2. Gustavo Adolfo Gaitn, del

16 de junio al 1 de agostode 2008;

3. Eddy Amlcar MoralesMazariegos, del 1de agostode 2008 al 1 de abril de2009;

4. Giulio Antonino TalamontiGudiel, del 1 de abril al 5 de

agosto de 2009;

5. Eddy Amlcar MoralesMazariegos, del 5 de agostode 2009 al 14 de enero de2012.

Con el gobierno de Otto PrezMolina se suman otros dosdirectores del SP: el ya citadoLuis Alberto Gonzlez, y sureemplazante, Edgar Camargoahora relevado del cargo en lascircunstancias apuntadas.

Una agenda incumplida

Esta inestabilidad abona a lostropiezos, por decirlo suavemente,

que ha tenido la conduccin delSP y la posibilidad de avanzar enuna agenda bsica de reformapenitenciaria, marcada en sumomento por el Acuerdo Nacionalpara el Avance de la Seguridady la Justicia (ANASJ), suscrito porel Presidente de la Repblica, elPresidente del Congreso de laRepblica, el Presidente de la

Corte Suprema de Justicia y elFiscal General y Jefe del MinisterioPblico, el 15 de abril de 2009.

All se establecieron 7 compromisos(del 34 al 40, inclusive) que nollegaron a hacerse efectivos.

Uno de ellos, la aprobacininmediata del Reglamento de

la Ley del Sistema Penitenciario(compromiso 35), se cumpli amarchas forzadas y como unode los ltimos actos del gobiernode lvaro Colom Caballeros,con la publicacin del AcuerdoGubernativo 513-2011, el 30


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La idea de impulsar la carrera penitenciaria,implcita en el compromiso 37 del ANASJ, sigue

postergada. Sin embargo, se hace evidente sunecesidad para combatir la corrupcin en ladesignacin de los puestos, garantizar que elpersonal sea el ms idneo tcnica y ticamentepara el sistema, evitar la militarizacin del servicioy el abuso de poder en la funcin. (ODHAG,2009 A: 4)

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De la iniciativa a la Ley

El 12 de marzo de 2012, el Presidente de laRepblica, general Otto Fernando Prez Molina,present al Organismo Legislativo la iniciativa de

Ley 4461, que dispona aprobar la Ley de fortalecimientoinstitucional para la transparencia y la calidad del gastopblico (Congreso de la Repblica, 2012).

La iniciativa pretenda la creacinde la Ley del Sistema nacionalde informacin estadstica ygeogrfica y las reformas atres leyes: la Ley Orgnicadel Presupuesto (Decreto101-97), la Ley Orgnica de laSuperintendencia de AdministracinTributaria (Decreto 1-98) y laLey Orgnica de la Contralora

General de Cuentas (Decreto31-2012).

El 20 de marzo de 2012, elPleno del Congreso de laRepblica remiti dicha iniciativaa la Comisin ExtraordinariaNacional por la Transparencia, laComisin de Legislacin y PuntosConstitucionales y la Comisin deProbidad a fin de que emitieran surespectivo dictamen.

La dinmica adoptada porcada una de estas comisionesfue variable; sin embargo,es importante resaltar elestablecimiento de mesas tcnicasque permitieron la participacinde entidades especializadas, lasque brindaron importantes insumosque incidieron en el dictamen y lasmodificaciones planteadas.

Seis meses despus,el 20 de noviembrede 2012, la ComisinExtraordinaria Nacionalpor la Transparencia,presidida por el Diputado

Amlcar de Jess Pop Ac,se convirti en la primerade las comisiones enemitir dictamen (Congresode la Repblica, 2012a).


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El 24 de julio de 2013 fueel turno de la Comisinde Probidad (Congresode la Repblica, 2013)y el 6 de agosto de2013, finalmente, laComisin de Legislaciny Puntos Constitucionales,presidida por el diputadoJuan Jos PorrasCastillo, cumpli con lasolicitud requerida porel pleno (Congreso de laRepblica, 2013b).

Cabe mencionar que las trescomisiones coincidieron en resolverdictamen favorable a iniciativade Ley, sugiriendo algunasmodificaciones a la misma.

El 24 de octubre de 2013, esdecir, 19 meses despus dehaber sido conocida por primeravez, el Pleno del Congreso de laRepblica retom el DictamenConjunto 01-2013 que recoge lasmodificaciones planteadas por lastres comisiones y en un contexto denegociaciones entre los partidos,y de los caractersticos dimes ydiretes, los diputados aprobaronde urgencia nacional el paquete

de leyes de transparencia, dandovida al Decreto 13-2013, que fuesancionado por el Presidente de laRepblica y publicado en el diariooficial el 13 de noviembre de2013 (Congreso de la Repblica,2013c).


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no Gubernamentales (ONG),organismos internacionales oasociaciones, mientras que enel artculo 76 se establece unplazo de tres aos para que elEstado, a travs del Ministerio deSalud Pblica y Asistencia Social(MSPAS), desarrolle gradualmentelas capacidades necesarias parabrindar atencin a la poblacinque hoy es atendida por ONGdentro del Programa de Extensin

de Cobertura (PEC).La voluntad y la decisin polticade hacer cumplir esta ley, abriraal MSPAS una ventana deoportunidad que le permitira, entreotras cosas:

- Procurar un manejotransparente de sus recursos,

especialmente en lacontratacin y la compra deinsumos o medicamentos,mejorando la eficienciaen la ejecucin del gasto;asimismo, garantizando quela totalidad de los recursosasignados se orientasendirectamente a la provisinde servicios, sin diluirlos en

el pago de overhead o quela atencin a la poblacin seviese interrumpida a causa delatraso de algn desembolso.

- Exigir al Estado el trasladoprogresivo de los recursos

financieros, permitindoledesarrollar las capacidadesque manda la ley.

- Y alcanzar un fortalecimientoinstitucional que le permitirahomologar el modelo deatencin garantizando elacceso universal a unaatencin de calidad, en elque tener ms de cinco aos,el no estar embarazada, el

no estar enfermo de unainfeccin respiratoria eintestinal, el lugar en el quese viva, el idioma que sehable o el no tener dineroen los bolsillos, significasenobstculos insalvables pararecibir una atencin integraly digna coherente con elDerecho a la Salud.

El cumplimiento de esa Leyimplicara el establecimiento deuna ruta que, como mnimo,debera incluir:

- La elaboracin de undiagnstico para identificarlas brecha de servicios ygarantizar a toda la poblacin

el acceso a servicios deprevencin, promocin,atencin y rehabilitacin de lasalud.

- El diseo de un plan dedesarrollo institucional, que


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permitiese al MSPAS aumentarde manera progresiva sucobertura institucional yreemplazar el modelo vigentede atencin.

- Un esfuerzo sectorial en el quelos distintos actores asumen elcompromiso de coadyuvar ala puesta en marcha del plany acompaar la gestin de lamovilizacin de los recursos

financieros necesariospara reducir las brechasidentificadas.

- La reduccin progresiva delnmero de convenios con

ONG.- La provisin institucional de

servicios continuos e integralesde salud en aquellos lugaresen los que las ONG dejarande proveer servicios.

Figura 2Ruta hacia la implementacin del

Decreto 13-2013

Diagnsticode brechas

Diseo delplan dedesarrolloinstitucional

Movilizacinde recursos

financieros ysectoriales

Reduccinprogresivade convenioscon ONG

Provisin deserviciosinstitucionales

Fuente: Elaboracin propia.


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Recomendaciones

1. Es importante que el Estadoestablezca un sistema deseguimiento y afine losmecanismos participativosque vigilen y procuren elcumplimiento de las leyesaprobadas.

2. El MSPAS, las agenciascooperantes, los organismos

internacionales y dems actoresque conforman el sector,deben procurar que cualquierpoltica o proceso emprendidoen el campo de la salud sedesarrolle en el marco de loque la Ley establece.

3. El MSPAS debera reconsiderarsu postura y darse laoportunidad de dar vuelta a lapgina a la historia de la salud

pblica en Guatemala.

Referencias Bibliogrficas

- Congreso de la Repblica (2012a).Iniciativa de Ley 4461 que disponeaprobar la ley para el fortalecimiento dela institucionalidad para la transparenciay la calidad del gasto publico.

Guatemala, 20 de marzo. Disponibleen: http://old.congreso.gob.gt/archivos/iniciativas/registro4461.pdf [Consulta:2014, 9 de julio].

- Congreso de la Repblica (2012b).Dictamen Conjunto 01-2012,Comisin extraordinaria nacional porla transparencia. Guatemala, 20 denoviembre. Disponible en: http://old.congreso.gob.gt/uploadimg/archivos/dictamenes/1284.pdf [Consulta: 2014,9 de julio].

- Congreso de la Repblica (2013a).Dictamen Conjunto 02-2013,Comisin de Probidad. Guatemala,25 de julio. Disponible en: http://old.congreso.gob.gt/uploadimg/archivos/dictamenes/1282.pdf [Consulta: 2014,9 de julio].

- Congreso de la Repblica (2013b).Dictamen Conjunto 01-2013, Comisinde Legislacin y puntos constitucionales.Guatemala, 6 de agosto. Disponible en:http://old.congreso.gob.gt/uploadimg/archivos/dictamenes/1283.pdf[Consulta: 2014, 9 de julio].

- Congreso de la Repblica (2013c).Decreto 13-2013. Guatemala, 12de noviembre. Disponible en: http://old.congreso.gob.gt/archivos/decretos/2013/CCXCVIII0290200010013201312112013.pdf [Consulta: 2014,9 de julio].

- Ministerio de Salud Pblica y AsistenciaSocial (2014). Plan Estratgico2014-2019. Edicin 1. Guatemala.


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Dangerous agricultural pesticides used in GuatemalaAbstractChemical pesticides produce acute and chronicle intoxications in thehuman being causing other mortal diseases not only to the ones whoapply it or are in direct contact with it but also to the population thatlives near treated crops, whoever breathes it or drinks it or eats itin contaminated fruits. This situation affects children directly. There arenational laws and international treaties for the regulation of thesehazardous chemical substances, but our authorities do not assume thecompromise of applying them. They demonstrate a lack of social andenvironmental consciousness and political determination.

Key wordsPesticides, contamination, legislation, international agreements,ecological damage, health, agriculture.

Introduccin

Este es el tercer artculo relacionado con el daoque las aplicaciones en campos de cultivosagrcolas producen los plaguicidas qumicos.

En el primero se dio una alerta general dirigida alas autoridades que tienen a su cargo el bienestarde la salud de los guatemaltecos, a las autoridadesque deben regular su uso, a las autoridades quedeben velar por la proteccin y mejoramiento

de los recursos naturales, y a la poblacin engeneral, sobre la inconveniencia de utilizarlosindiscriminadamente, sin ninguna direccin tcnica.


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Artculo 2.Es deber del Estadogarantizarle a los habitantes de laRepblica la vida, la libertad, lajusticia, la seguridad, la paz y eldesarrollo integral de la persona.

Artculo 3.El Estado garantiza yprotege la vida humana desde suconcepcin, as como la integridady la seguridad de la persona.

Artculo 93.El goce de la saludes derecho fundamental del serhumano, sin discriminacin alguna.

Artculo 94.El Estado velar porla salud y la asistencia social detodos los habitantes; desarrollar,a travs de sus instituciones,acciones de prevencin,promocin, recuperacin,

rehabilitacin, coordinacin y lascomplementarias pertinentes a finde procurarles el ms completobienestar fsico, mental y social.

Artculo 97.El Estado, lasmunicipalidades y los habitantesdel territorio nacional estnobligados a propiciar el desarrollosocial, econmico y tecnolgico

que prevenga la contaminacindel ambiente y mantenga elequilibrio ecolgico. Se dictarntodas las normas necesarias paragarantizar que la utilizacin y elaprovechamiento de la fauna, dela flora, de la tierra y del agua, se

realicen racionalmente, evitando sudepredacin.

Artculo 119. c) Adoptar lasmedidas que sean necesariaspara la conservacin, desarrollo yaprovechamiento de los recursosnaturales en forma eficiente;...(Asamblea Nacional Constituyente,1985).

Decreto Legislativonmero 114-97. Ley delOrganismo Ejecutivo

Artculo 22.Los ministros tienenautoridad y competencia en toda laRepblica para los asuntos propiosde su ramo, y son responsablesde sus actos de conformidadcon la Constitucin Poltica de

la Repblica de Guatemala y lasleyes

Artculo 23.Los ministros son losrectores de las polticas pblicascorrespondientes a las funcionessustantivas de cada ministerio

Artculo 27.Atribuciones generalesde los ministros. Adems de lasque asigna la Constitucin Polticade la Repblica y otras leyes, losministros tienen las siguientesatribuciones:a) Cumplir y hacerque se cumpla el ordenamientojurdico en los diversos asuntosde su competencia c) Ejercer


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la rectora de los sectoresrelacionados con el ramo bajosu responsabilidad y planificar,ejecutar y evaluar las polticaspblicas de su sector,m) Dictarlos acuerdos, resoluciones,circulares y otras disposicionesrelacionadas con el despacho delos asuntos de su ramo, conformela ley.

Artculo 29.Ministerio de

Agricultura, Ganadera yAlimentacin. Al Ministeriode Agricultura, Ganadera y

Alimentacin le correspondeatender los asuntos concernientesal rgimen jurdico que rige laproduccin agrcola, pecuaria ehidrobiolgica, esta ltima en loque le ataa, as como aquellasque tienen por objeto mejorar

las condiciones alimenticiasde la poblacin, la sanidadagropecuaria y el desarrolloproductivo nacional...

Artculo 29.Bis. Ministerio deAmbiente y Recursos Naturales.Al Ministerio de Ambiente yRecursos Naturales le correspondeformular y ejecutar las polticas

relativas a su ramo: cumplir yhacer que se cumpla el rgimenconcerniente a la conservacin,proteccin, sostenibilidad ymejoramiento del ambiente y losrecursos naturales en el pas y elderecho humano a un ambiente

saludable y ecolgicamenteequilibrado, debiendo prevenirla contaminacin del ambiente,disminuir el deterioro ambiental yla prdida del patrimonio natural...

Artculo 39.Ministerio de SaludPblica y Asistencia Social. AlMinisterio de Salud Pblica y

Asistencia Social le correspondeformular las polticas y hacercumplir el rgimen jurdico relativo

a la salud preventiva y curativay a las acciones de proteccin,promocin, recuperacin yrehabilitacin de la salud fsica ymental de los habitantes del pasy a la preservacin higinica delmedio ambiente; a la orientaciny coordinacin de la cooperacintcnica y financiera en saludy a velar por el cumplimiento

de los tratados y conveniosinternacionales relacionados con lasalud. (Congreso de la Repblicade Guatemala, 1997 B)

Decreto Legislativonmero 90-97. Cdigode Salud

Artculo 4. Obligacin del Estado.El Estado, en cumplimiento de suobligacin de velar por la salud delos habitantes y manteniendo losprincipios de equidad, solidaridady subsidiaridad, desarrollar atravs del Ministerio de Salud


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Pblica y Asistencia Social y encoordinacin con las institu-cionesestatales centralizadas,descentralizadas y autnomas,comunidades organizadas yprivadas, acciones de promocin,prevencin, recuperacin yrehabilitacin de la salud, as comolas complementarias pertinentes, afin de procurar a los guatemaltecosel ms completo bienestar fsico,mental y social...

Artculo 68.Ambientes saludables.El Ministerio de Salud, encolaboracin con el Ministerio de

Ambiente y Recursos Naturales, lasmunicipalidades y la comunidadorganizada, promovern unambiente saludable que favorezcael desarrollo pleno de losindividuos, familias y comunidades.

Artculo 69.Lmites de exposiciny de calidad ambiental. ElMinisterio de Salud y el Ministeriode Ambiente y Recursos Naturalesestablecern los lmites deexposicin y de calidad ambientalpermisibles a contaminantesambientales, sean stos denaturaleza qumica, fsica o

biolgica...

Artculo 70.Vigilancia de lacalidad ambiental. El Ministeriode Salud, el Ministerio de

Ambiente y Recursos Naturales, lasmunicipalidades y la comunidad

organizada, establecern unsistema de vigilancia de la calidadambiental sustentado en loslmites permisibles de exposicin.(Congreso de la Repblica deGuatemala, 1997 A)

Acuerdo Gubernativonmero 115-99.Reglamento OrgnicoInterno del Ministerio de

Salud Pblica y AsistenciaSocial

Artculo 2.Funciones yresponsabilidades sustantivas delMinisterio de Salud. El Ministeriode Salud, de acuerdo a la ley, tienea su cargo la rectora del SectorSalud, as como la administracin

de los recursos financieros queel Estado asigna para brindar laatencin integral de la salud ala poblacin, aplicando para elefecto los principios de eficacia,eficiencia, equidad, solidaridady subsidiaridad. (Gobierno deGuatemala, 1999 A)

Decreto Legislativonmero 36-98. Ley deSanidad Vegetal y Animal

Artculo 1.La presente leytiene como objetivo velar porla proteccin y sanidad de los


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vegetales, animales, especiesforestales e hidrobiolgicas. Lapreservacin de sus productosy subproductos no procesados,contra la accin perjudicialde las plagas y enfermedadesde importancia econmicaycuarentenaria, sin perjuicio parala salud humana y el ambiente.

Artculo 2. La presente ley es deobservancia general en todo el

territorionacional, incluyendo lazona econmica exclusiva y tienepor objeto fijar las bases para laprevencin, el diagnstico, controly erradicacin de las enfermedadesy plagas de los animales,vegetales, especies forestales ehidrobiolgicas. Sus disposicionesson de orden pblico y de interssocial.

Artculo 3.El Ministerio deAgricultura, Ganadera yAlimentacin, denominado enadelante MAGA, es la entidadresponsable para la aplicacin dela presente ley y sus reglamentos.Para el efecto, establecer,mediante acuerdo gubernativo, laestructura tcnica y administrativa

que se requiera.

Artculo 6. Para los propsitos de lapresente ley, el MAGA desarrollarlas funciones siguientes: a)Elaborar los reglamentos y las

normas que hagan operativa lapresente ley f) Regular el uso,manejo, fabricacin, almacenaje,comercializacin, registro,importacin, calidad y residuos delas sustancias qumicas, qumicofarmacuticas, biolgicas y afines,para uso especfico en actividadesagrcolas, pecuarias, forestales ehidrobiolgicas...

Artculo 14. Corresponde al MAGA

ejecutar y coordinar acciones parael establecimiento, aplicacin denormas y procedimientos, controlde insumos para uso agrcola,registro, supervisin y control de losestablecimientos que los importen,produzcan, formulen, distribuyan oexpendan, de conformidad con loqueestablece el Cdigo de Salud yel reglamento de esta ley

Artculo 31.Las empresas quefuncionan en el pas, que sedediquen a la importacin,formulacin, produccin,transformacin, envase, reenvase,almacenamiento, expendio ydistribucin de pesticidasdebern contratar los serviciosde un profesional en el ejercicio

liberal de la profesin, colegiadoactivo, ingeniero agrnomo,mdico veterinario, zootecnista,o profesional universitarioespecializado en la ramahidrobiolgica.


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Artculo 32. El regente serresponsable tcnico, de que lassustancias qumicas biolgicas oafines, que se envasen, reenvasen,empaquen, reempaquen, importen,fabriquen, formulen, distribuyan,mezclen, almacenen y vendan,estn debidamente registradas y seajusten a todas las disposicionesde esta ley y sus reglamentos.(Congreso de la Repblica deGuatemala, 1998)

Acuerdo Gubernativonmero 745-99.Reglamento de la Ley deSanidad Vegetal y Animal

Artculo 1. El objeto del presentereglamento es desarrollar lasdisposiciones contenidas en la Leyde Sanidad Vegetal y Animal.

Artculo 2.El Ministerio deAgricultura, Ganadera yAlimentacin, para la aplicacin dela Ley de Sanidad Vegetal y Animaly sus reglamentos, har uso de laestructura tcnica y administrativa,establecida en el Reglamento

OrgnicoInterno del Ministeriode Agricultura, Ganadera yAlimentacin, a travs de laUnidad de Normas y Regulaciones,quien coordinar acciones conotras unidades del Ministeriode Agricultura, Ganadera y

Alimentacin y organismos

o instituciones nacionales einternacionales.

Artculo 56. Las empresas quese dedican a la fabricacin,produccin, maquila, formulacin,envase, reenvase, empaque,reempaque, almacenaje,transporte, comercializacin yexpendios de insumos para usoagrcola y animal deben cumplircon lo estipulado en el presente

reglamento.Artculo 61.El MAGA podrprohibir o restringir los insumospara uso agrcola y animal,basados en evidencias tcnicas ycientficas, que representen peligropara la salud humana, animal,sanidad vegetal y ambiente.(Gobierno de Guatemala, 1999 B)

Decreto Legislativonmero 68-86. Leyde Proteccin yMejoramiento del MedioAmbiente

Artculo 1.El Estado, las

municipalidades y los habitantesdel territorio nacional, propiciarnel desarrollo social, econmico,cientfico y tecnolgico queprevenga la contaminacin delmedio ambiente y mantenga elequilibrio ecolgico. Por lo tanto,


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Revista Especial Análisis de la Realidad Nacional No.10

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