Resumen del Informe de Provea 2015

Publicacin anual del Programa Venezolano de Educacin-Accin en Derechos Humanos (Provea)Edicin y distribucin: ProveaDepsito Legal: PP198904CS38ISSN: 0798-2897RIF: J-00309122-7Caracas, 05 de mayo de 2014.

Fotografa de portada: Carlos Eduardo Ramrez Fotografa de contraportada: Correo del CaronFotografas interiores: Carlos Becerra, Notitarde y MPPAT

Fotografas internas: Derechos econmicos, sociales y culturalesDerecho a la alimentacin: AFP; Derecho a un ambiente sano: El Estmulo; Derecho a la educacin: Telesur; Derechos laborales: Clavel Rangel; Derechos de los pueblos indgenas: Aidesep; Derecho a la salud:Provea; Derecho a la seguridad social: Provea; Derecho a la tierra:Miguel Moya; Derecho a la vivienda: El NacionalDerechos civiles y polticosDerecho a la integridad personal: AFP; Derecho a la justicia: Reuters; Derecho a la libertad personal:Reuters; Derecho a la participacin: Carlos Becerra; Derecho a la vida: AFP ; Gestiones ante organismos internacionales: CDH-UCAB; Organizaciones nacionales: Comit DDHH Guajira.

Diagramacin y montaje: Sergio GonzlezImpresin: Impresos Marina Len 2013, C.A.

Equipo de investigacin:Balance: Rafael Uzctegui e Inti RodrguezContexto: Marino Alvarado, Rafael Uzctegui, Inti Rodrguez y Esperanza HermidaDerechos Econmicos, Culturales y SocialesDerecho a la alimentacin: Mara Fernanda Gutirrez, Internacionalista y Especialista en Seguridad AlimentariaDerecho a un ambiente sano: Jorge Padrn, Asociacin Civil Ecolgica ChunikaiDerecho a la Educacin: Mara Isabel Bertone, educadora, y Olga Villasmil, activista de DDHHDerechos laborales: Oscar Murillo, periodista e Inti Rodrguez, Coordinador de Investigacin de ProveaDerecho de los pueblos indgenas: Lexys Rendn, integrante de la ONG Laboratorio de PazDerecho a la salud: Jo DElia, socilogo y especialista Derecho a la Seguridad Social: Mara Esperanza Hermida,Coordinadora de Exigibilidad de ProveaDerecho a la Tierra: Ral Cubas, activista de DDHH y Solbella Prez, periodistaDerecho a la vivienda: Rafael Uzctegui, Coordinador General de ProveaDerechos Civiles y PolticosDerecho a la Integridad personal: Nizar El Fakih, abogado del Centro de Derechos Humanos de la UCABDerecho a la Justicia: Yael Bello, abogada, y Marino Alvarado, abogadoDerecho a la Libertad personal: Rubn Romero, abogadoDerecho a la Participacin: Rafael Uzctegui, Coordinador General de ProveaDerecho a la Vida: Josbelk Gonzlez, socilogaGestiones ante Organismos internacionales: Jessica Duhan, abogada, y Juderkis Aguilar, responsable de Educacin en ProveaOrganismos Nacionales de DDHH:Solbella Prez, periodista

Equipo corrector: Rafael Uzctegui, Inti Rodrguez, Marino Alvarado, Clara Linares, Esperanza Hermida, Juderkis Aguilar, Jessica Duhan e Indira Ramrez.

Provea agradece a todas las persona, organizaciones e instituciones que hicieron aportes a las investigaciones.

Patrocinios:Fundacin Open Society InstituteKatholische Zentralstelle fr Entwicklungshilfe e.V./ Misereor

Tienda Honda a Puente Trinidad, Bulevar Panten, Parroquia Altagracia, Edificio Centro Plaza Las Mercedes, P.B, Local 6, Caracas, Venezuela.Apartado Postal 5156, Carmelitas 1010-ATelfonos (58) 0212-8606669 / 8625333 / 8621011Sitio web: http://www.derechos.org.veTwitter: @_proveaE-mail: [email protected]

Programa Venezolano de Educacin Accin en Derechos Humanos

Queremos que el Gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teidas con tanta sangre...

En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada da ms tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre

de Dios: Cese la represin...! (Arnulfo Romero, 23.03.80)

Este informe va dedicado a la memoria de Arnulfo Romero, santificado por la devocin de

los humildes, oprimidos y oprimidas en Amrica Latina.

Tambin, a la memoria de Emilio Campos, un destacado sindicalista venezolano fallecido en un lamentable

accidente de trnsito. Asimismo, a todas y cada una de las vctimas de violaciones a derechos humanos

en Venezuela durante el 2014.

ndicePrlogo ....................................................................................................................... 7

I. Contexto y Balance de Situacin ........................................................................................... Contexto .......................................................................................................................... 13Balance de la situacin de derechos humanos ..................................................................... 31 II. Propuestas y exigencias .............................................................................................71

Prlogo

El informe necesarioEl primer informe de PROVEA (1989-1990) represent un hito en Venezuela;

un punto de inflexin en la relacin Estado-sociedad. A partir de mediados de los 80 y especialmente hacia el final de esa misma dcada, con los sucesos del Am-paro y el Caracazo, comienzan a surgir las organizaciones de derechos humanos (Red de Apoyo por la justicia y la paz, PROVEA, COFAVIC, Justicia y Paz y las Vicaras, entre otras) como respuesta a la crisis que vive el pas. Sin embargo, en este tiempo germinal no exista un monitoreo integral y sistemtico desde la acera de enfrente a las polticas pblicas y su impacto en el acceso y garanta de los Derechos Humanos (DDHH); este vaco lo cubrir el informe anual. Este instrumento, por responder a una necesidad real del pas, ser de un gran impacto en la sociedad, especialmente en los movimientos sociales y en sectores acadmi-cos solidarios. Rpidamente el informe se convirti en una piedrita en el zapato para quienes administran el Estado y sus instituciones desde la lgica del poder y no desde su misin de servidores pblicos.

Con el informe, por primera vez, la sociedad civil llega a contar con una pla-taforma desde la cual puede expresar, con una perspectiva integral de DDHH, una visin de pas. El primer informe, con gran significado en la historia de los DDHH en Venezuela, diagnostica y denuncia la crtica situacin que se vive en ese momen-to como consecuencia de la implementacin de las polticas neoliberales recetadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y plantea, con espritu propositivo, caminos alternativos y superadores para la construccin de una democracia justa y solidariai. Desde entonces este ha sido el horizonte que, con un especial enfoque en los derechos econmicos, sociales y culturales (DESC), ha propuesto al pas a lo largo de estos aos PROVEA.

Gracias a lo sistemtico de este esfuerzo y a todo lo que contiene y re-presenta de relaciones solidarias y pasin por el pas desde la perspectiva de DDHH, la sociedad civil y en ella especialmente las organizaciones sociales de base y comunidades populares ha encontrado en el informe de PROVEA un vehculo confiable para expresar sus intereses ms genuinos, desmarcado de otros intereses ajenos a su razn de ser, bien sean partidos polticos, grupos econmicos, gobiernos, etc. Por esta razn la lista de agradecimien-tos a organizaciones, grupos, comunidades, sindicatos, ONG que conforman la sociedad civil se ha ido incrementando cada ao. Esta red de relaciones desde abajo es una seal de legitimidad en un pas donde se han ido de-teriorando progresivamente los vnculos de confianza que fundamentan las relaciones de reciprocidad simbitica necesarias en la convivencia social. El informe de PROVEA se ha convertido en el nodo de una red donde conflu-yen, por afinidad, una diversidad de personas, grupos y organizaciones que hacen sinergia en un propsito compartido: la defensa integral de los DDHH y la apuesta por una democracia con justicia.

El desafo ms grueso que ha enfrentado PROVEA y que le ha valido, junto a otras organizaciones de DDHH, sealamientos desde el poder hoy con mayor encono es su fidelidad a los intereses de las vctimas y, muy especialmente, de los pobres y excluidos. Ante la pregunta: cmo ser fiel a la perspectiva de DDHH en una sociedad altamente polarizada?, la clave de PROVEA ha sido la fidelidad a las vctimas. Fidelidad que se transparenta en el reconocimiento de su dignidad y la apuesta por la persona o colectividad que ha sido vctima de violacin de derechos humanos; con la conviccin tica de que es sujeto de su propia historia y merece ser respetada, al punto que cualquier alternativa poltica que excluya la voz de este sujeto social no ser una alternativa real de pas.

Aunque la impunidad como dinmica estructural del Estado venezolano hace cada da ms cuesta arriba la misin de los defensores y defensoras de DDHH, esta denodada apuesta por un pas donde se respete la dignidad humana garantizando el disfrute de los DDHH ha hecho de PROVEA y su informe un punto de referencia obligatorio y legtimo para un dilogo since-ro en torno al pas que queremos. La historia del informe anual es una memoria necesaria para el dilogo que nos exige hoy la realidad actual.

Para m, como director de la revista SIC, rgano de reflexin del Centro Gumilla, es motivo de profunda alegra estar prologando este informe y, al mismo tiempo, un acto de solidaridad con PROVEA y su misin hoy. En esta Venezuela donde el miedo y el chantaje desde el poder pretenden permear todos los espacios pblicos y privados; donde la censura, la autocensura, la restriccin al acceso de informacin y la desconfianza son el pan nuestro de cada da; donde quienes sustentan el poder van diseando una poltica repre-

siva de Estado con tcticas policiales como el compatriota cooperante, la criminalizacin de las protestas y la militarizacin expresada en la resolu-cin 8610 que permite el uso de armas de fuego para el control de las mani-festacionesii, entre otras muchas medidas; todo esto va indicando el derrotero de una poltica de Estado totalitaria, de control social y poltico propio de regmenes de seguridad nacional. Ante esta dinmica de control que amenaza la autonoma de las organizaciones sociales y el mismo derecho a organizar-se de manera libre y autnoma, es urgente y necesario, junto a PROVEA, seguir apostando por una institucionalidad democrtica con justicia, garante del pleno ejercicio de los derechos humanos, y muy especialmente, de la inclusin de los sectores populares y sus organizaciones.

Releyendo la memoria histrica del informe, me top con esta joya, escrita en contexto de la aplicacin del paquetazo del FMI a finales de los 80: Nuestro pas vive un acelerado proceso de deterioro que no se deten-dr hasta tanto no se reoriente la actual poltica econmica y sus nefastas consecuencias sobre el nivel de vida de la poblaciniii. Hoy, a 25 aos de este anlisis, a 15 aos de revolucin chavista y despus de haber vivi-do la mayor bonanza petrolera de la historia nacional, este prrafo sigue ms actual que nunca porque los indicadores de pobreza han aumentado de manera dramtica volviendo a los niveles de finales de los 80 y la cla-se media asalariada se ha proletarizado. La prdida precipitada del poder adquisitivo del bolvar ha llegado, en trminos reales, a colocar el salario mnimo en menos de un dlar diario, a niveles de los pases ms pobres del mundo, y ha pulverizado las prestaciones sociales de los trabajadoresy trabajadoras. Las misiones, bandera de la inclusin, han sido erosionadas por la corrupcin intestina y progresivamente no slo han perdido calidad sino que se han ido retirando de los sectores ms excluidosiv. El quiebre del aparato productivo ha llevado al pas a una economa, nada soberana, dependiente de las importaciones. Hoy, por la prdida de credibilidad en los pagos, las mismas importaciones se han ido reduciendo haciendo ms crtica la escasez y el desabastecimientov. De igual modo el acceso y la calidad de los servicios de salud y educacin han sufrido un franco dete-rioro. Nos encontramos, pues, ante una crisis sistmica provocada por un modelo rentista-populista- clientelar, dominado cada vez ms por una elite militar que ha ido controlando y copando las instituciones del Estado. Aunque el gobierno ha invertido cuantiosos recursos en una bate-ra propagandstica, el ciudadano de a pie, quien padece cotidianamente en su esfuerzo por sobrevivir los efectos de esta crisis, no come cuento y, en consecuencia, se va desmarcando cada vez ms del proyecto poltico domi-nante. Las ltimas encuestas a lo interno del chavismo indican una prdida clara de legitimidad entre sus seguidores.

En este contexto, urge un dilogo poltico que involucre al conjunto plural de los actores sociales, econmicos, polticos y religiosos, que des-tranque el juego, en procura de una concertacin nacional. En los ltimos 25 aos hemos pasado de un modelo neoliberal excluyente a un modelo esta-tista y totalitario incapaz de reconocer la autonoma de la sociedad civil; es la ley del pndulo, ambos modelos han tenido como sujeto intereses de grupos. Toca ahora construir una alternativa real que apuntale hacia una democracia justa y solidaria abocada al bien comn, donde se respete la autonoma de los movimientos sociales y el sujeto popular tenga un real protagonismo. Para esta concertacin, el informe de PROVEA es un informe necesario.

i. Primer informe 1989-1990ii. http://revistasic.gumilla.org/2015/los-rostros-de-la-impunidad-a-un-ano-de-las-

protestas-las-victimas-aun-esperan-justicia/iii. Segundo informe 1990-1991iv. http://revistasic.gumilla.org/2015/venezuela-2014-analisis-de-las-condiciones-de-vida/v. http://revistasic.gumilla.org/2015/importaciones-y-escasez-en-venezuela/

Alfredo Infante, sjDirector de la Revista SIC

Contexto

11enero-diciembre 2014

IContexto yBalance de situacin

12 PROVEA Informe Anual

Contexto


Contexto

Contexto


La situacin de los derechos humanos en Ve-nezuela durante el ao 2014 estuvo determi-nada por un contexto caracterizado, esen-cialmente, por la profundizacin de la crisis econmica, poltica y social; creciente conflic-tividad popular y respuestas no democrticas a las mismas; consolidacin de la militarizacin de la gestin pblica; avance de un marco jurdico restrictivo en materia de libertades democrticas que fortaleci los controles del Estado sobre el ciudadano; as como por el incremento de las descalificaciones hacia el trabajo de las organi-zaciones no gubernamentales. En paralelo, tam-bin hubo indicios de un creciente descontento dentro de las bases del oficialismo, lo cual puede generar fisuras que aumenten la posibilidad de un debate democrtico a lo interno del boliva-rianismo y hagan contrapeso a sus tendencias ms autoritarias. El proceso de renovacin de poderes realizado por la Asamblea Nacional en diciembre de 2014, origin expectativas sobre la necesidad de contar con poderes independientes que contribuyeran al fortalecimiento del estado de derecho y la institucionalidad democrtica. Particularmente la designacin de un nuevo funcionario al frente de la Defensora del Pue-blo gener que las organizaciones de derechos humanos se pronunciaran sobre la necesidad de que dicha designacin estuviera apegada a los Principios Relativos al Estatuto de las Institucio-nes Nacionales de Promocin y Proteccin de los Derechos Humanos (Principios de Pars) y a la Constitucin Nacional.

Se profundiza la crisis econmica y social

La vulneracin de derechos sociales se acen-tu en el lapso de este informe como consecuen-cia de retrocesos en avances alcanzados durante el gobierno del ex presidente Chvez, por la con-

tinuidad de la ineficiencia en la gestin pblica y la agudizacin de problemas, estructurales y coyunturales, en la economa venezolana, as como por la adopcin de medidas en el plano econmico que acentuaron la cada del salario e impactaron negativamente en la calidad de vida de las y los venezolanos.

La economa del pas mantuvo un impor-tante nivel de recesin. La inflacin, que para el ao 2012 se estim en 20.1% segn las cifras oficiales, experiment un incremento importan-te con la llegada al poder del presidente Nicols Maduro. Para el ao 2013 se ubic en 56.2% y en 2014 aument hasta el 68,5%, mientras que la inflacin en alimentos que castiga especialmen-te a los sectores populares- se situ en 102,2% al cierre de 2014.

La gestin del presidente Maduro ha ge-nerado un aumento significativo en la canti-dad de personas excluidas en el pas. El Insti-tuto Nacional de Estadsticas (INE) inform que durante el ao 2013 la pobreza se haba incre-mentado en 6,7%. Respecto al numero de hoga-res pobres pas de 21,2% a 27,3% en un ao. Ese dato no es una simple cifra, significa que du-rante el ao 2013 un total de 416.326 hogares se incorporaron a la gran poblacin de pobres que padecen a diario la exclusin social. Segn los clculos, para finales del 2013 haban 9.174.142 personas pobres, de ellas 2.791.292 eran perso-nas que viven en extrema pobreza.

Como parte de la poltica gubernamental de ocultar cifras oficiales, al cierre del presente informe el INE no haba publicado las cifras referidas a pobreza correspondientes al ao 2014, violando con ello el principio de contralo-ra social y derecho a la informacin consagra-dos en la CRBV. El Estado est incumpliendo su


obligacin de garantizar el acceso a la informa-cin sobre las polticas, medidas y recursos que se destinan a la lucha contra la pobreza, de tal manera que se permita a las personas de los sec-tores desfavorecidos y a las organizaciones de la sociedad civil velar por la ejecucin eficiente de dichas polticas y por el manejo transparente de los recursos, para que ello contribuya a generar consenso para superar su condicin de miseria. Ausencia de informacin y obstculos para la participacin niegan a los ms pobres la posibi-lidad de empoderarse y ser protagonistas de la solucin de sus problemas y, al mismo tiempo, cierra las puertas a que la contralora social vigile el uso adecuado de los recursos, evitando que la corrupcin y la burocracia dilapiden los esfuer-zos emprendidos.

Todos los indicadores socio-econmicos que contribuyeron con el crecimiento de la pobreza en el 2013 empeoraron en el 2014 (inflacin1, escasez de productos, estancamiento del empleo, reduccin de recursos para las mi-siones, deterioro del servicio pblico nacional de salud y cada en el ritmo de construccin de viviendas, por lo cual se infiere que la pobreza creci nuevamente en el 2014. Si la tendencia se mantiene, para finales del ao 2015 tendremos en Venezuela la misma cantidad de pobres que exista en el ao 2000, cuando se contabilizaban 10.954.595 personas en dicha situacin. En este informe describimos el deterioro del conjunto de indicadores sociales que influyeron directamente en el aumento de la exclusin.

Todo parece indicar que entramos, desde el 2013, en un lamentable proceso de regresivi-dad en los avances que se dieron en la lucha

contra la pobreza, con las consecuencias nega-tivas que tiene para el disfrute del conjunto de derechos humanos y el propio debilitamiento de la democracia. Esta alerta es confirmada por la data recopilada en estudios alternativos a los gubernamentales. La Universidad Catlica An-drs Bello (UCAB), la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Simn Bol-var (USB) realizaron la encuesta sobre Condi-ciones de vida de la poblacin venezolana 2014 (ENCOVI). En el estudio se concluye que dos aos de recesin econmica (2013 y 2014) hi-cieron retroceder los avances logrados durante los aos del boom petrolero, y llevaron el ciclo de aumento de la pobreza a niveles de pocas de ajuste econmico (1989-1996) o de conmocin social (1992-2002). La investigacin estim que el 48,4% de los hogares viven por debajo de la lnea de la pobreza. Esto significara que ms de 15 millones de venezolanos se encontraran en situacin de exclusin.

Tambin, en materia de pobreza, indicamos desde el ao 2010, que exista el riesgo de incre-mento de la pobreza si no se atendan sus causas estructurales2. Provea reconoci en su momento los impactos positivos, a corto plazo, de las pol-ticas sociales denominadas Misiones. Sin em-bargo, advertimos que no eran sustentables en un escenario de cada de los ingresos por venta de petrleo. Igualmente llamamos la atencin so-bre la ineficacia en la aplicacin de varios de los programas sociales, donde el alto presupuesto asignado no se corresponda con los escasos re-sultados. Como muestra, tenemos que los nive-les de pobreza se mantuvieron estancados desde el primer semestre del ao 2008 hasta el primer semestre del ao 2012 aunque, paradjicamente,

1. En el ao 2012 la inflacin fue de 20.1%, al ao siguiente subi a 56.2% y en el 2014 se elev a 68.5%. 2. Ver: Provea. Informe Anual sobre la Situacin de Derechos Humanos en Venezuela. 2010. Pg 19

Contexto


se incrementaron los montos para la inversin social y se crearon ms programas sociales. En esos cuatro aos solo se logr una reduccin de 0.5% a pesar de los altos ingresos por la expor-tacin del petrleo -la cesta petrolera venezolana super en ese lapso los 70 dlares- la enorme recaudacin fiscal y la insistencia del gobierno al menos en el discurso- en su compromiso de reducir la cantidad de familias pobres.

Uno de los factores que ms incidi en la desmejora de condiciones de vida de la pobla-cin, principalmente la ms pobre, fue la cada del ingreso debido a los bajos salarios que per-ciben los y las trabajadoras del pas el cual no cubri la canasta oficial alimentaria. Precisa-mente la prdida de capacidad adquisitiva de los ingresos familiares debido a las constantes devaluaciones y a los altos ndices de infla-cin, contribuy en 35% al crecimiento de la pobreza total en el pas segn inform la Comi-sin Econmica para Amrica Latina (CEPAL) en su informe anual 2014.

El salario mnimo en 2014, tanto en el sector pblico como en el privado, fue de Bs. 4.889,11 mensuales, mientras, la Canasta Alimentaria Normativa (CAN) fue calculada por el INE en Bs. 6.382,62. Por su parte la CAN calculada por el Centro de Investigacin y Documentacin de la Federacin Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) fue de 17.230,42 Bs. Ello signific que en 2014 el salario mnimo solo cubri el 76,6% de la canasta alimentaria oficial y apenas el 28,37% segn el clculo independiente realizado por los trabajadores.

Este salario, que no cubra satisfactoriamente las necesidades del ncleo familiar, perda ma-yor capacidad adquisitiva con la cancelacin de tasas impositivas universales como el Impuesto

al Valor Agregado (IVA). Segn las estimaciones este impuesto retiene alrededor de un 20% del salario de los trabajadores al consumir productos o servicios no exentos: artculos de aseo personal y limpieza del hogar, comida elaborada o entre-tenimiento familiar.

Por otra parte, dicha remuneracin slo cu-bre a un sector de la poblacin laboral que perci-be salario mnimo. Durante el lapso del presente informe no se ha decretado un aumento general de sueldos y salarios que pueda cubrir las dis-tintas escalas salariales en la estructura laboral venezolana. Hay que indicar que los trabajadores que perciben salario mnimo recibieron a su vez la bonificacin por alimentacin. Para diciembre de 2014 el mximo diario que poda recibir un trabajador por jornada efectivamente laborada era de Bs 95,25 y no menos de Bs 63,50. Ese bono si bien constituy una ayuda al trabajador no compens la insuficiencia del salario para garantizar la canasta alimentaria y dems gastos esenciales. En este sentido, el Estado mantiene altos niveles de incumplimiento de su respon-sabilidad respecto a la formulacin y segui-miento de ejecucin de polticas pblicas que garanticen un salario suficiente para vivir con dignidad.

A esta situacin hay que agregar la alta esca-sez de productos. A pesar que desde febrero de 2014 el Banco Central de Venezuela omiti el indicador de escasez en sus boletines mensuales de inflacin, de manera extraoficial se conoci que para el mes de agosto de ese ao el ndice de escasez de productos de la cesta bsica alcanz la cifra de 35%, superando el record de 29,4% registrado en febrero, ltima cifra oficial emitida por el ente. Los altos ndices de escasez y de-sabastecimiento en alimentos y productos de la cesta bsica comprometen la realizacin plena


del derecho humano a la alimentacin, que sig-nifica el tener acceso regular, permanente y sin restricciones a los alimentos a niveles adecuados y suficientes, tanto en calidad como en cantidad, para que ello garantice a las personas poder dis-frutar de una vida libre de temores e incertidum-bres por esta causa. A esta situacin se aaden las constantes fallas en el suministro de servicios bsicos como gas domstico y electricidad, que se producen con mayor frecuencia y extensin en regiones del interior del pas.

El descenso y estancamiento de la produc-cin nacional acentuaron la dependencia de las importaciones. Los altos precios del petr-leo permitieron sostener una economa basada, fundamentalmente, en las importaciones de ali-mentos, materias primas y productos termina-dos, pero ante la cada de los precios del crudo en los mercados internacionales, el sostenimien-to del modelo basado en importaciones se hace incierto. A ello se suma el fracaso de las medidas gubernamentales de confiscacin y expropiacin de varias industrias y extensiones territoriales, actualmente abandonadas, que no han cumplido sus objetivos de aumento de la produccin y de generacin de trabajo digno. Por ello, tanto la soberana como la seguridad alimentaria se en-cuentran severamente comprometidas en el pas.

Por otra parte la calidad de vida de la pobla-cin venezolana se vio afectada negativamente, y con ello el disfrute de derechos, por la persis-tencia de altos niveles de inseguridad ciudadana y la agudizacin de la crisis en el sector pblico de salud.

Segn el Observatorio Venezolano de Vio-lencia (OVV) para el 2014 se produjo un total de 24.980 muertes lo que equivale a 82 homici-dios por cada 100.000 habitantes3. La decisin de militarizar las labores de seguridad ciudada-na, mediante la implementacin del Plan Patria Segura en mayo de 2013, no ha dado resultados. De manera contraproducente, la gestin del Pre-sidente Maduro no le dio continuidad a los es-fuerzos institucionales anteriores realizados para el diseo de una poltica de seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos, como la realizada por la Comisin Nacional de Reforma Policial (CONAREPOL) que apuntaba a forta-lecer las policas civiles como eje de las labores de seguridad.

Esa situacin de violencia, alentada por una situacin de impunidad estructural a consecuen-cia de irregularidades en el sistema de adminis-tracin de justicia, se ve reflejada dramticamen-te en el sistema carcelario venezolano. Segn el Observatorio Venezolano de Prisiones durante el ao 2014 se produjeron un total de 309 personas muertas y 179 heridos. Desde 1999 a 2014 en las crceles venezolanas han ocurrido 6.472 muer-tes y 16.387 heridos4 .

En 2014 se agrav la crisis en el sector pblico de salud. Sumado a la crisis en hospi-tales que ya tiene varios aos y el deterioro de la Misin Barrio Adentro, se sum la crisis en el acceso a las medicinas. De acuerdo a cifras suministradas por el gremio farmacutico el de-sabastecimiento de medicinas aument de 15% en 2011 a 60% en 2015 en la ciudad de Cara-cas, mientras que en el resto del pas el ndice

3. OBSERVATORIO VENEZOLANO DE VIOLENCIA. Informe 2014. [en lnea] http://observatorio-deviolencia.org.ve/ws/wp-content/uploads/2015/02/OVV-INFORME-DEL-2014.pdf

4. OBSERVATORIO VENEZOLANO DE PRISIONES. Informe Anual 2014. (en lnea) http://www.oveprisiones.org/assets/informe-2014-pdf.pdf

Contexto


de escasez se sita en 70%. Provea ha sostenido que ante la ausencia de polticas estatales que ga-ranticen el acceso al sistema hospitalario pblico y medicinas, la salud en el pas se encuentra privatizada por la va de los hechos.

En 2014 igualmente desaceler, considera-blemente, el ritmo de construccin de viviendas en el marco de la Gran Misin Vivienda Vene-zuela (GMVV). Tal como lo hicimos en 2009, cuando alertamos que la Misin Barrio Aden-tro haba entrado en crisis, en esta oportunidad advertimos que hay indicios de un proceso de deterioro de la principal poltica pblica habita-cional, que aleja posibilidades de reduccin del alto dficit habitacional y frustra la esperanza de muchas familias de escasos recursos cuya ex-pectativa es que la GMVV pueda garantizarles el derecho a una vivienda digna.

Igualmente, descendi el otorgamiento de pensiones de vejez, incumplindose la Ley del Seguro Social y las promesas de inclusin en la seguridad social ofrecidas a travs de la Gran Misin en Amor Mayor Venezuela. Siguen fue-ra del sistema de pensiones sociales alrededor de 500.000 personas, cifra que incluye amas de casa, indgenas y dems sectores pobres de la poblacin, as como 200.000 trabajadores y tra-bajadoras que cumplieron con las cotizaciones exigidas.

El panorama luce ensombrecido para los aos inmediatos con riesgo de que se creen condiciones desfavorables para el disfrute de los derechos humanos.

Frente a la crisis el gobierno descarga sus consecuencias en los sectores ms vulnerables. Contradictoriamente, bajo un discurso que rei-vindica el socialismo, se aplican progresi-vamente medidas econmicas antipopulares,

similares a las implementadas en gobiernos anteriores: aumento de los servicios pblicos de telefona, luz y transporte; devaluacin de la moneda; aumento de precios en productos esen-ciales de la dieta bsica, reduccin de subsidios universales y focalizados, entre otros. Las conse-cuencias de estas medidas sern el aumento de la curva de crecimiento de la exclusin en el pas.

Tambin en materia econmica el Ejecutivo aprob, durante el 2014, un marco normativo que debilitar an ms la situacin de los dere-chos laborales en el pas. El 18.11.14, median-te facultades habilitantes, el presidente Maduro public en la Gaceta Oficial 6.151 el decreto 1.425 para la Ley de Regionalizacin Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria. Esta decisin, que proporciona el piso jurdico para el establecimiento de las llamadas Zonas Econmicas Especiales (ZEE) en el pas, es, en opinin de Provea, la decisin ms preocupan-te en los ltimos aos respecto a la vigencia los de derechos laborales y, por otro lado, un mensaje del Ejecutivo sobre su viraje a polticas ms cercanas al libre mercado.

Dicha ley define reas geogrficas en las que se excluye la organizacin poltico territo-rial actual, y cuyo polgono puede abarcar va-rios municipios de varios estados. Estas reas tendrn un coordinador nombrado directamente por el presidente, por lo que no ser de eleccin popular. Adems dicho funcionario contar con amplias competencias en materia econmica. Las ganancias generadas sern administradas de forma especial, por lo que sern independientes del presupuesto nacional, y de difcil contralora social. Segn la ley, en estas zonas se modificar el patrn monetario y cambiario para agilizar el comercio exterior y las exportaciones. Adems, de manera similar a las que existen en el resto del globo, tendrn incentivos econmicos y fisca-


les especiales que intentarn hacerlas atractivas para los capitales exgenos. A pesar que en el ao 2013 el gobierno promovi la Ley Orgnica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), y el propio presidente Chvez declar cuando la rubric es producto de un largo pro-ceso de luchas y batallas, dicha normativa no es la que normar las relaciones laborales dentro de las ZEE. Su ley indica: El Presidente podr definir el rgimen especial y extraordinario de contrataciones dentro del apartado de incenti-vos para las empresas. Dentro de los acuerdos China-Venezuela ya se ha anunciado la inver-sin asitica en varias de las ZEE en el pas, de la mano de empresas como CiticGroup, Sany Heavy Industry y Jac Motors.

Por otra parte, en medio de la baja de los in-gresos el gobierno destin cuantiosos recursos al pago de la deuda externa. Estos compromisos contrados por el gobierno central y PDVSA eran para el ao 2013, segn un estudio de Ecoanali-tica, de 158,7 mil millones de dlares mientras en 1999 era de 28,4 millardos lo cual signific un crecimiento de 457%. En 2013 se destinaba 22% del gasto del gobierno. En comparacin a 1999 el pago de deuda en capital e intereses se ha duplicado5. La deuda interna que era en 1999 de 5,9 millardos para 2013 era de 59,3 elevndose en ese lapso en 903%6.

Marco jurdico que fortalece la militarizacin y el control sobre la sociedad

Durante el perodo avanz, de manera pre-ocupante, el abuso de poder y la represin en el

pas. Bajo la doctrina de la Seguridad Nacional se pas en los ltimos aos del discurso a la nor-ma y de la norma a la accin. El resultado es la elaboracin de un marco jurdico amplio y dis-crecional que restringe, cada vez ms, las liber-tades democrticas, fortalece la militarizacin de las estructuras del Estado y la gestin pblica, y afianza el control del gobierno sobre la pobla-cin.

El presidente Nicols Maduro no ha res-pondido de manera democrtica a las legti-mas expresiones de descontento de la ciuda-dana. Su gestin ha continuado la poltica de criminalizacin de la protesta que fue objeto de continuas denuncias durante la presidencia de Hugo Chvez. En opinin de Provea, lo ms alarmante en este aspecto es la promocin de un Estado policial que pretende enfrentar pueblo contra pueblo, institucionalizando la participa-cin de civiles en labores de seguridad ciuda-dana y control del orden pblico, y delegando funciones policiales en agrupaciones comunita-rias afectas al proyecto de gobierno. Lentamente se construye un marco jurdico que promueve la delacin o sapeo7 como poltica de Estado para controlar y enfrentar la conflictividad social y la disidencia poltica. En este sentido, durante el 2014 aparecieron indicadores claros sobre los primeros pasos hacia la construccin de un Estado Policial.

En el ao 2008 el para entonces presidente de la Repblica derog, luego de intensas crti-cas de organizaciones de derechos humanos, la denominada Ley de Inteligencia y Contrain-teligencia bautizada como Ley Sapo. El ex

5. (en lnea) Deuda del sector pblico creci 457% en 15 aos. http://www.eluniversal.com/econo-mia/140719/deuda-del-sector-publico-crecio-457-en-15-anos. En El Universal 19.07.14.

6. Idem7. En el lenguaje coloquial la expresin sapo se usa para identificar a la persona que delata a otra

Contexto


presidente Chvez afirm en ese momento que ninguna persona poda ser obligada a delatar a otra. Con el presidente Nicols Maduro se revi-vi esta ley difuminando sus normas en varios instrumentos jurdicos.

Mediante la reforma a la Ley Orgnica de Seguridad de la Nacin en noviembre de 2014, se cre el denominado Sistema Popular de Pro-teccin para la Paz (SP3)8. La reforma establece la integracin de organizaciones sociales junto a los poderes pblicos estatales contra las amena-zas a la seguridad interna. Tal mandato puede estimular al enfrentamiento pueblo contra pueblo si se califica las acciones de disidencia y protesta como amenazas a la seguridad in-terna, crendose as potencialmente escenarios para la violencia y la violacin a los derechos humanos.

Segn el Decreto 1.471 que desarrolla el Sis-tema de Proteccin para la Paz9 se crea el llama-do subsistema popular que pretende incorporar a la poblacin, a travs de las organizaciones sociales, a realizar labores de inteligencia con-tra quienes adversen al gobierno10. Dicha com-petencia, adems, es atribucin de las llamadas Salas de Batalla Social, que vinculan comunas y consejos comunales con las instituciones esta-tales.

Otras formas organizativas militarizadas fueron creadas y promocionadas desde el poder en el ltimo ao. Los Comandos Populares An-tigolpe; las Milicias Estudiantiles y Campesinas; las Brigadas Contra los Grupos Generadores de Violencia11 y la Fuerza Choque de la FANB, se suman a las Milicias Obreras creadas en 2010- con el objetivo de enfrentar a sectores que pro-testan o disienten polticamente del gobierno,

8. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgnica de Seguridad de la Nacin Gaceta Oficial Extraordinario Nro 6.156 de fecha 19.11.14

9. Publicado en la Gaceta Oficial 40.582 del 16.01.1510. El Sistema Popular de Proteccin para la Paz SP3, segn se explica en el artculo 1, es un mecanismo de

articulacin entre los poderes del Estado, el Poder Popular y los gobiernos comunales para el impulso y ejecucin de los planes en materia de Seguridad Ciudadana contra cualquier amenaza interna o exter-na. El SP3 estar adscrito al Ministerio de Interior y Justicia. El artculo 2 afirma que este nuevo organismo incorpora a las redes populares y las bases de las misiones sociales para defender nuestra Patria de personas o grupos que pretendan violentar la paz del pas. El artculo 4 detalla cmo el SP3 estar integrado por 04 subsistemas: 1) Subsistema de Paz: Misin A Toda Vida y Patria Segura y el Movimiento por la Paz y la Vida, entre otros. Resalta que se nombran a To-das las Grandes Misiones, Misiones Socialistas como parte inherente de este subsistema; 2) Subsistema Popular: Comunas, Consejos Comunales, Base de Misiones Socialistas entre otros. Llama la atencin que se afirma que Toda organizacin popular y los medios comunitarios y alternativos son parte de este subsistema; 3) Subsistema de Proteccin: Entes encargados de la seguridad pblica y privada y 4) Subsis-tema operacional: Organismos que participan en la Seguridad y Defensa Integral del pas, incluyendo a las instituciones militares. En un pargrafo nico se estipula que el ministerio podr incorporar a cualquier otro organismo u organizacin () que lo requiera para la proteccin y la paz del pueblo.

11. Decreto 1.014 de fecha 30.05.14 publicado en la Gaceta Oficial Nro. 40.440 de fecha 25.06.14. Establece que tendr como objeto coordinar, analizar, evaluar, organizar, dirigir, ejecutar, y recabar las informa-ciones y acciones provenientes de todos los rganos de Seguridad Ciudadana Inteligencia del Estado y otras entidades pblicas y privadas, para neutralizar y controlar las actividades que pudieran llevar a cabo relacionadas con las actuaciones de grupos generadores de violencia, que permitan el ejercicio de la accin penal de acuerdo a la Constitucin y las leyes respectivas


mediante la participacin de civiles y agrupacio-nes sociales y/o comunitarias. Tanto en el discur-so de los altos funcionarios del gobierno como en el desarrollo mismo de las normas, se indica que se debe derrotar al enemigo interno. Todo disidente es visto como un conspirador y, por lo tanto, como un enemigo del Estado.

En 2014 fue notable el incremento en las actividades de las agrupaciones paramilitares y grupos de civiles armados en labores de control de orden pblico y control territorial. En diferen-tes das y lugares del pas, estas agrupaciones actuaron bajo la aprobacin, tolerancia e in-cluso coordinacin con organismos policiales, enfrentando las manifestaciones y participando en golpizas, robos, asesinatos, allanamientos y detenciones arbitrarias de manifestantes.

El 12.02.14, durante la marcha realizada en la ciudad de Caracas, fue asesinado el dirigente social Juan Montoya, miembro del Secretariado Revolucionario de Venezuela, una coalicin que integra a diversas agrupaciones armadas de la ciudad de Caracas. El asesinato de Montoya se produjo en el marco de un enfrentamiento entre manifestantes, funcionarios de cuerpos poli-ciales y miembros de agrupaciones paramilita-res. Tanto los funcionarios policiales como los grupos paramilitares, abrieron fuego contra los manifestantes, quedando registrada su accin en vdeos y fotografas. Las primeras declaraciones emitidas por el Presidente de la Repblica y la Fiscal General, apuntaron a sealar a los mani-festantes como los responsables del hecho. Sin embargo, das despus, un trabajo de investi-gacin del Diario ltimas Noticias contribuy a esclarecer los hechos y a determinar que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y los paramilitares dispararon contra manifestan-

tes desarmados. Las posteriores investigaciones realizadas por el Ministerio Pblico, permitieron identificar al ciudadano Hermes Barrera otro integrante del Secretariado Revolucionario de Venezuela- como autor material del asesinato de Juan Montoya, la primera vctima fatal de las protestas del ao 2014. Tambin el 12.02.14 un grupo paramilitar secuestr, golpe, rob y amenaz de muerte al entonces Coordinador de Medios de Provea, Inti Rodrguez, cuando este se diriga a su domicilio en la parroquia 23 de Enero de Caracas. Desde ese da Rodrguez tuvo que mudarse a otra zona de la ciudad. Esta es la situacin ms grave padecida por un inte-grante de Provea desde su fundacin en 1988.

Adems de las situaciones anteriores, en el Sistema de Administracin de Jus-ticia se dieron los pasos iniciales hacia la denominadajusticia sin rostro, denunciada en otros pases de la regin como una grave vio-lacin al derecho a la justicia. Con la creacin de la Polica Nacional Anticorrupcin, en noviem-bre de 2014, se dio el primer paso al establecerse que los policas no podrn ser identificados en los procesos judiciales12. La no identificacin de los funcionarios en el proceso judicial afecta el debido proceso en la medida en que no pueden ser recusados, no se les puede interrogar y no hay una forma directa de controlar las actuacio-nes que realizan en la investigacin. El hecho de que no se pueda interrogar directamente a los policas sin rostro es contrario a lo pautado por el artculo 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos. En este mismo sen-tido fueron utilizadas la figura del patriota coo-perante para realizar denuncias annimas que han comenzado a registrarse en los expedientes contra personas detenidas por razones polticas. Informaciones de patriotas cooperantes son,

12. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Cuerpo Nacional Contra la Corrupcin publicado en la Gaceta Oficial Extraordinario 6.156 de fecha 19.11.014

Contexto


asimismo, utilizadas en los medios de comuni-cacin pblicos contra activistas polticos y de derechos humanos.

Las medidas y actuaciones del gobierno, con el apoyo de otros poderes pblicos transmiten el mensaje a la ciudadana de que habr mano dura frente a los reclamos. Los abusos de poder y vio-laciones a los DDHH sern justificados con el argumento que las protestas son parte de un plan de injerencia extranjera, tal como lo expres la Fiscal General Ortega Daz en carta enviada a la organizacin Amnista Internacional.

Provea sostuvo, en los momentos lgidos del conflicto durante el ao 2014, que el cierre de los canales democrticos de expresin de la ciudada-na y los obstculos para el ejercicio de la mani-festacin pacfica incitaban la protesta violenta y abran las puertas a ms violaciones de derechos humanos. Hay que destacar que en el contexto de las manifestaciones el Ministerio Pblico intensific su prctica de ser una institucin al servicio de la represin de la protesta so-cial. Desde el ao 2005 y antes que iniciaran las protestas de febrero-mayo 2014, Provea conta-

bilizaba un total de 3.741 personas detenidas y en su mayora sometidas a procesos penales por participar en manifestaciones de diversa ndole, entre ellas, marchas, asambleas y huelgas. Slo en 2014, se sumaron 3.459 personas a la larga lista de procesados penalmente por participar en protestas en el pas13. En total, desde 2005 un to-tal de 7.200 personas han sido detenidas y en su mayora sometidas a juicio por haber ejercido su derecho constitucional a la manifestacin pacfi-ca o a la huelga. En apenas 9 aos (2005-2014) se super la cifra de 6.659 personas detenidas en manifestaciones registrada en un perodo de 15 aos (1989-2004). A su vez, la cifra de detencio-nes en el contexto de huelgas y manifestaciones registrada en 2014, es la ms alta de los ltimos 25 aos de protestas en Venezuela.

Protesta social y el uso excesivo de la fuerza

2014 se caracteriz por un alto nivel de pro-testa social, uso excesivo de la fuerza del Estado ante manifestaciones y la continuidad en la ins-trumentalizacin de la justicia para criminalizar a los manifestantes14.

13. Si bien es cierto se justificaba que algunas personas fuesen presentadas en tribunales puesto que actuaron con violencia y causaron daos a propiedades o produjeron lesiones o muertes a personas, ese nmero es considerablemente reducido. La gran mayora fueron detenidas en el contexto de manifestaciones pacfi-cas, otras eran transentes y algunas detenidas dentro de sus viviendas.

14. Desde el ao 2002 una serie de leyes han venido obstaculizando el ejercicio al derecho a la manifestacin pacfica. La Ley Orgnica de Seguridad de la Nacin, aprobada en diciembre de 2002, refuerza las deno-minadas zonas de seguridad, amplias extensiones de territorios donde se prohbe ejercer los derechos a la manifestacin y huelga. La reforma del Cdigo Penal, realizada en el ao 2005, dio pie a la arbitraria ilegalizacin de los cierres de calles por parte de los manifestantes -una estrategia histrica de protesta del movimiento popular venezolano-. Por su parte, los artculos 139 y 141 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, del ao 2008, penalizan la obstaculizacin en la distribucin de productos de primera necesidad y han venido siendo aplicados contra personas que realizaban protes-tas. La misma situacin ocurre con los artculos 25 y 26 de la Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, el Boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de alimentos o productos sometidos al control de precios, la cual ha impedido el ejercicio del derecho a huelga en las empresas estatales de produccin de alimentos y productos de consumo masivo. En el ao 2009, la reforma de la Ley Orgnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana introduce la figura de los Cuerpos de combatientes dentro de las empresas estatales y privadas, una tendencia que posteriormente se reforzar con el impulso a las llamadas milicias obreras anunciadas por el presidente Nicols Maduro.


Entre los meses de febrero y junio se produjo una situacin atpica en el patrn de protestas que se vena dando en el pas en los ltimos cinco aos. Miles de personas se movilizaron en las calles de diferentes ciudades del pas en una combinacin de reclamos sociales y exigencias polticas, liderados principalmente por el movi-miento estudiantil, pero donde tambin tuvieron actuacin destacada algunos lderes polticos.

Como corrobor Provea mediante la ob-servacin de campo, las demandas en Caracas fueron principalmente polticas la liberacin de los estudiantes detenidos, la renuncia del presi-dente Maduro y el cese a la represin entre las ms constatadas- con manifestaciones ubicadas territorialmente, en mayor proporcin, al este de la ciudad. En el resto de las ciudades, ms cas-tigadas con el desabastecimiento de productos de consumo masivo y alimentos, as como por la crisis de suministro de servicios bsicos como el agua y la luz, a las demandas polticas, se aa-dan exigencias en el plano econmico y social.

En aos anteriores las protestas registradas tuvieron como principal elemento catalizador los reclamos sociales. Los principales protago-nistas de las protestas realizadas con anterioridad al perodo febrero-junio de 2014 fueron los tra-bajadores, quienes, en defensa de derechos labo-rales, lideraron la conflictividad social en el pas. Como lo hemos indicado en informes anteriores, Venezuela experimenta desde hace ms de una dcada altos niveles de protesta. Desde el ao 1997, segn los datos de 15 aos reflejados en el informe Inclusin en lo social, exclusin en lo poltico, la curva de crecimiento de manifes-

taciones ha sido constante15. En ese perodo se realizaron en el pas 24.051 protestas, los ltimos 5 aos la cantidad de 13.761 manifestaciones, el 57,2% del total.

En febrero y mayo 2014 se produjeron muchas protestas, pero con una diferencia: Caracas dej de ser su centro. El ao 2014 se inicia con el asesinato de la actriz Mnica Spear, el 07.01.14, un crimen que por su valor simblico gener un alto impacto en la opinin pblica, colocando en primer plano la situacin de inseguridad acumulada en el pas. Menos de un mes despus, el 04.02.14, un grupo de estu-diantes de la Universidad Nacional Experimen-tal del Tchira (UNET), en la ciudad de San Cristbal, protest por el intento de abuso sexual contra una compaera. La respuesta estatal fue la intolerancia. La detencin y encarcelamiento de 6 estudiantes gener un movimiento de protesta a nivel nacional que por su extensin, duracin y caractersticas era novedoso respecto a la cul-tura de protesta en el pas. Lamentablemente, la respuesta no democrtica desde el Estado, sum tambin nuevos patrones de violacin a los dere-chos humanos16.

Con una base muestral de 7 estados (Distri-to Capital, Carabobo, Tchira, Bolvar, Mrida, Lara y Zulia) de 602 protestas realizadas durante los meses de febrero y marzo de 2014, tomada de la base de datos de la organizacin Espacio Pblico, con informacin aparecida en prensa y corroborada, se establece la proyeccin del comportamiento general de las manifestaciones durante ese rango de tiempo. De esta muestra el 89,70% de las manifestaciones fue por la exigen-

15. Ver: Provea. Informe Especial 15 aos en Derechos Humanos. Inclusin en lo social y exclusin en lo poltico (en lnea) http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/InformeEspecial1-1.pdf

16. Ver captulo sobre el derecho a la participacin en el presente informe. Tambin el Informe Conjunto: Ve-nezuela 2014. Protestas y Derechos Humanos. (en lnea) http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/Informe-final-protestas2.pdf

Contexto


cia de derechos civiles y polticos; el 93.35% fue de carcter pacfico y el 34,05% fueron repri-midas. Sin embargo, en aquellos lugares donde se produjeron algunas protestas violentas -que se mantuvieron por varios das- los resultados fueron lamentables tanto por el uso de armas de fuego por parte de la fuerza pblica, la actuacin de grupos paramilitares pro-gobierno en labores de represin y el uso de armas de fuego por parte de algunos manifestantes. Los muertos se fueron sumando semana tras semana.

Las imgenes de enfrentamientos entre ma-nifestantes, cuerpos policiales y militares produ-jeron una esttica del conflicto cuyo valor simb-lico y noticioso fue privilegiado para la difusin en los medios de comunicacin tradicionales y digitales. De all su sobredimensionamiento y el hecho de que haya quedado en el imaginario de la poblacin que prevalecieron las protestas vio-lentas y, a la vez, ello haya sido utilizado por el gobierno para justificar su actuacin antidemo-crtica ante el conflicto. Sin embargo los datos desmienten esta apreciacin: Entre los meses de febrero y abril, segn la base de datos construi-da por Provea, el 93.3% de las manifestaciones fueron pacficas.

La respuesta que las instituciones del Estado venezolano dieron a las protestas entre febrero y mayo de 2014, reflejaron la ausencia de una cultura democrtica para generar condicio-nes que permitan el ejercicio pleno del dere-cho a la manifestacin pacfica, y garantizar al mismo tiempo el mantenimiento del orden pblico con apego a la Constitucin Nacional, a la legislacin vigente y a los estndares inter-nacionales en materia de proteccin a los dere-chos humanos. Las altas cifras de violaciones a la integridad de manifestantes y el reiterado empleo excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos armados del Estado, dan cuenta de la

magnitud de la represin ejercida en 4 meses de manifestaciones. La Guardia Nacional Boliva-riana (GNB), rgano que tuvo la mayor cuota de responsabilidad en el control de las protestas, fue tambin el organismo sobre el que recay la ma-yor cantidad de denuncias debido a los excesos cometidos. Uso desproporcionado de la fuerza, empleo de armas de fuego y sustancias txicas en manifestaciones, casos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes a detenidos, resaltan entre las principales denuncias que vc-timas y organizaciones de derechos humanos del pas documentaron a propsito de la actua-cin de este componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en el marco de las protestas. Asimismo, los cuerpos policiales de carcter nacional como la Polica Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), y el Cuerpo de Investigaciones Cientficas, Penales y Crimina-lsticas (CICPC), encabezaron junto a la GNB las denuncias por uso excesivo de la fuerza y violaciones a la integridad fsica de manifestan-tes y ciudadana en general.

En el Informe presentado por Amnista Inter-nacional (AI) Venezuela: Los derechos Huma-nos en riesgo en medio de protestas se indic: AI ha recibido informes preocupantes sobre uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de las fuerzas del orden, incluidos miembros de los Servicios Bolivarianos de Inteligencia Nacional (SEBIN), Policas, y la Guardia Nacional Boli-variana (GNB). Entre los informes recibidos se incluyen casos de uso de armas de fuego contra manifestantes y contra viviendas en zonas resi-denciales, donde se estaran realizando protes-tas de cacerolazos o donde los vecinos habran colocado bloqueos de vas. A juicio de AI, tal uso de la fuerza letal vulnera los estndares interna-cionales que indican que, al dispersar protestas, los funcionarios encargados de hacer cumplir


la ley podrn utilizar armas de fuego cuando no se puedan utilizar medios menos peligrosos y, nicamente en la mnima medida necesaria, cuando sea estrictamente inevitable para prote-ger una vida. De acuerdo a los estndares inter-nacionales, en caso de ser necesario el uso de la fuerza letal, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se identificarn como tales y darn una clara advertencia de su intencin de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta17.

A las acciones represivas de los cuerpos de seguridad se sum la actuacin de grupos para-militares y de civiles armados, quienes en clara coordinacin con cuerpos militares y policiales, agredieron a manifestantes en todo el pas. Se experiment un peligroso incremento en la actuacin de estos actores en labores de con-tencin y represin de manifestaciones. Si bien es cierto que en aos anteriores las organi-zaciones de derechos humanos del pas haban registrado la participacin de estos grupos en la dispersin de protestas, la capacidad demostrada de despliegue en varias ciudades del pas en dife-rentes momentos y su actuacin en coordinacin con organismos policiales y militares, constituy un grave riesgo para los derechos humanos y son un indicador importante del crecimiento de estas agrupaciones y de las variaciones usadas por el Estado para enfrentar el descontento social18.

Llama la atencin lo expresado por la Fis-cal General de la Repblica con respecto a las protestas en general y en particular sobre la ac-tuacin de los grupos paramilitares. Al referirse

a los manifestantes indic: no solo generaron daos materiales, sino que adems ocasionaron la muerte de 43 ciudadanos y lesiones a 878 per-sonas. Es oportuno acotar que de las 43 perso-nas fallecidas, 10 eran agentes de seguridad del Estado, uno de ellos, un fiscal del Ministerio P-blico, Institucin que represento; funcionarios a quienes cuando cumplan su deber se les vulner su derecho fundamental a la vida, circunstancia esta que rompe el argumento segn el cual civi-les pro gobierno, con el aval de los cuerpos de seguridad del Estado, disparaban armas de fue-go contra los manifestantes19. Segn la Fiscal contrariando los propios informes del Minis-terio Pblico- todas las muertes las produjeron los manifestantes. Es igualmente preocupante que descarta la actuacin de civiles armados pro gobierno, cuando hay suficientes evidencias de civiles acosando y disparando a manifestantes desde los espacios donde actuaba la fuerza p-blica. Ese prejuzgamiento de los hechos afecta la posibilidad de investigar con independencia y lograr justicia.

Al momento de redactar este informe eran muy pocos los avances en cuanto a las investigaciones y en los pocos casos llevados a tribunales se constata un significativo retardo procesal.En una decisin que demostr el afian-zamiento de la mentalidad represiva por parte de quienes dirigen las instituciones del Estado venezolano, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia suprimi, mediante una sentencia publicada el 24.04.14, las garantas para el ejercicio del derecho a la manifestacin pacfica, tal como lo consagra la Constitucin

17. AMNISTIA INTERNACIONAL: Venezuela: Los Derechos Humanos en Riesgo en Medio de Protestas. https://www.amnesty.org/es/documents/AMR53/009/2014/es/

18. Ver Informe Conjunto: Venezuela 2014. Protestas y Derechos Humanos. (en lnea) http://www.dere-chos.org.ve/pw/wp-content/uploads/Informe-final-protestas2.pdf

19. Ministerio Pblico. Informe Anual de Gestin 2014. http://www.ministeriopublico.gob.ve/c/document_library/get_file?uuid=84bd8560-3906-455f-8b23-495b94b5c1bd&groupId=10136

Contexto


Nacional y la Ley de Partidos Polticos, Reu-niones Pblicas y Manifestaciones. En su sen-tencia el mximo Tribunal del pas avala la represin por parte de los cuerpos armados del Estado contra los ciudadanos, sealando que cualquier concentracin, manifestacin o reunin pblica que no cuente con el aval previo de la autorizacin por parte de la respectiva au-toridad competente para ello, podr dar lugar a que los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden pblico a los fines de asegu-rar el derecho al libre trnsito y otros derechos constitucionales (), acten dispersando dichas concentraciones con el uso de los mecanismos ms adecuados para ello, en el marco de los dis-puesto en la Constitucin y el orden jurdico. La Sala Constitucional desconoci el artculo 53 de la Constitucin Nacional que seala: Toda persona tiene el derecho de reunirse, pblica o privadamente, sin permiso previo, con fines l-citos y sin armas. Las reuniones en lugares p-blicos se regirn por la ley. Asimismo, supri-mi las garantas consagradas en el artculo 68 de la Carta Magna que reza: Los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a manifestar, pa-cficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley y el artculo 38 de la Ley de Partidos Polticos, Reuniones Pblicas y Manifestaciones, que establece: Los organiza-dores de reuniones pblicas o manifestaciones, debern participarlo con veinticuatro horas de anticipacin cuando menos, por escritos dupli-cado, en horas hbiles, a la primera autoridad civil de la jurisdiccin con indicacin del lugar o itinerario escogido, da, hora y objeto general que se persiga.

La decisin de la Sala fue dictada a contra-va de los estndares internacionales en materia

de derechos humanos y a lo previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, que garantiza el derecho a la libertad de reunin pacfica. Como lo hemos reiterado en numero-sas oportunidades, el ejercicio del derecho a la manifestacin pacfica ha sido limitado y pe-nalizado, no solo por el amplio abanico de leyes que criminalizan la protesta, sino por la progre-siva consolidacin de formas cada vez ms au-toritarias para ejercer la accin de gobierno. La decisin de la Sala Constitucional del TSJ vulne-ra complementos esenciales para la realizacin plena de los derechos ciudadanos y las libertades democrticas.

Se incrementaron las acciones contra organizaciones y activistas de derechos humanos

Desde que el Presidente Nicols Maduro asumi la Presidencia se intensific la accin de distintos organismos del Estado contra las organizaciones y activistas de derechos huma-nos. No estamos ante una situacin en la cual las organizaciones estamos impedidos de actuar, sin embargo, son crecientes los obstculos y riesgos para nuestra labor. Ello va acompaado de un proceso progresivo de restricciones a las li-bertades democrticas para el conjunto de la poblacin, que afecta tanto a las organizaciones y a las vctimas a quienes acompaamos. Igual-mente se usan los recursos del Estado para, a travs de distintas formas, descalificar a las orga-nizaciones. La principal acusacin es que somos parte de una conspiracin contra las instituciones del Estado y el gobierno20.

Son crecientes las amenazas y descalificacio-nes a vctimas y activistas por el uso del Sistema

20. Constantemente en el programa Con el Mazo Dando transmitido por el canal del estado VTV, el pre-sidente de la asamblea nacional presenta como ciertas informaciones que no son verdaderas, o informa sobre hechos ciertos alterando las circunstancias y propsitos.


Internacional de Proteccin de Derechos Huma-nos y se extiende a otros defensores de derechos humanos, como sindicalistas y abogados en el ejercicio de su profesin. En medio de las pro-testas de febrero a mayo, no solo se obstaculiz el trabajo de asistencia a las vctimas, sino que en algunos casos se recurri a la amenaza y el encarcelamiento como ocurri con el aboga-do Marcelo Crovato y el activista de derechos LGBTI Rosmit Mantilla21. Dentro de esta dra-mtica situacin debemos destacar, como posi-tivo, la creacin y consolidacin de diferentes iniciativas de defensa de los derechos humanos en las ciudades del interior, como respuesta a los abusos de poder.

De descalificar a la Comisin IDH y la Corte IDH a la descalificacin de la ONU

En 2014 el gobierno no solo continu des-prestigiando la actividad de la Comisin Inte-ramericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que ha empezado a realizarlo con la Organizacin de Naciones Unidas (ONU). En la medida que distintos rganos de la ONU emiten pronun-ciamientos expresando su preocupacin por la situacin de derechos humanos en Venezuela o emiten su opinin en casos concretos, se les acusa de formar parte de una estrategia de conspiracin internacional.

As qued evidenciado en la nota verbal enviada por el gobierno de Venezuela al seor

Zeid Raad Al Hussein Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos22. En dicha nota se indica: La Repblica Boliva-riana de Venezuela expresa su profundo rechazo y preocupacin por las declaraciones injeren-cistas, falsas e infundadas, vertidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Oficina que representa en dicho Comunicado. Estas declaraciones, sin duda, se inscriben en la manipulacin meditica internacional sobre los hechos alegados que, en reiteradas ocasiones, ha sido denunciada por la alta dirigencia del Gobierno Bolivariano.

El empeo del gobierno venezolano en desprestigiar a las organizaciones de derechos humanos y a las instituciones internaciona-les de proteccin produce indefensin en las vctimas, quienes tienen en las organizaciones e instituciones aliados en sus reclamos de justicia o exigencia de derechos23. El gobierno conti-nu incumpliendo las distintas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y desoyendo las recomendaciones de organismos como la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, el Comit contra la Tortura de la ONU, la Organizacin Internacional del Trabajo, las Relatoras de Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias.

Crisis de representatividad y necesidad de dilogo

A diferencia de perodos anteriores, durante el ao 2014 se evidenci una crisis de represen-

21. Ver Informe Conjunto: Venezuela 2014. Protestas y Derechos Humanos. (en lnea) http://www.dere-chos.org.ve/pw/wp-content/uploads/Informe-final-protestas2.pdf

22. Nota verbal del gobierno venezolano a pronunciamiento el 20.10.14 del Alto Comisionado de Nacio-nes Unidas para los Derechos Humanos, seor Zeid Raad Al Hussein http://consejoderechoshumanos.gob.ve/wp-content/uploads/2014/10/Nota_Verbal_Consignada_a_la_Oficina_del_Alto_Comisiona-do_para_DDHH.

23. Ver en este Informe el captulo: gestiones ante organismos internacionales.

Contexto


tatividad de los principales actores polticos, de gobierno y oposicin. El fallecimiento de Hugo Chvez ocasion que de manera improvisada se delegara en Nicols Maduro la responsabilidad de liderar el proyecto bolivariano. Sin embargo Maduro no posee la ascendencia sobre el con-junto de fuerzas que integran el gobierno que tena el liderazgo de Chvez.

La fragmentacin y las disputas internas han trado como consecuencia la aparicin de algu-nos sectores, a lo interno del bolivarianismo, que comienzan a realizar denuncias y plantear de-bates sobre las propias decisiones del Ejecutivo Nacional, abriendo espacios democratizadores en un espacio poltico que se haba caracterizado por la fidelidad incontestable. Por su parte, den-tro del sector de los partidos polticos opositores se gener una divisin en sectores aglutinados entre dos de sus principales lderazgos: Henrique Capriles y Leopoldo Lpez, quienes incluso tu-vieron opiniones divergentes sobre las protestas realizadas durante el ao. Sin embargo Provea desea resaltar que a diferencia de lo sucedido entre los aos 2002-2006, la estrategia oposito-ra mayoritaria coincide en el respeto a la Carta Magna y en salidas constitucionales. Debido a la crisis de representatividad presente, ni el go-bierno ni los partidos opositores, a diferencia de otros aos, han basado su estrategia en la movili-zacin masiva de calle debido a los problemas de convocatoria que experimentan. Esta situacin genera condiciones para la aparicin de nue-vos sectores e identidades polticas que debili-ten la polarizacin presente en el pas. Esta l-tima dimensin ser favorecida por la aparicin de corrientes crticas dentro del bolivarianismo, los cuales oxigenen el debate democrtico a lo interno y cuestionen las dimensiones ms autori-tarias de su hacer poltico.

Provea ha venido insistiendo en la necesi-dad del dilogo democrtico para la resolu-cin de los conflictos entre los venezolanos y la necesidad de la presencia de terceros que pue-dan generar condiciones para que este dilogo se realice y tenga compromisos asumidos por los actores. El 26.03.14 tres organizaciones de dere-chos humanos (Foro Penal Venezolano, Centro de Derechos Humanos de la UCAB y Provea) asistimos a una reunin con 10 cancilleres de UNASUR realizada en el marco de su visita al pas por la situacin planteada por las protestas. Provea realiz un balance positivo de la reunin. Por un lado se reconoci la legitimidad de inter-locutores que hasta ese da haban sido vctimas de una campaa de criminalizacin por parte del Ejecutivo. En segundo lugar las vctimas tuvie-ron una voz, por la intermediacin de las ONGs. En tercer lugar, la presencia de UNASUR en Ve-nezuela, como mecanismo de mediacin, ratific que el gobierno del presidente Nicols Maduro no era capaz por s mismo de generar las condi-ciones para un dilogo real y efectivo, por lo que necesita la presencia de un tercero que genere confianza entre las partes.

A raz de la presencia de UNASUR en el pas el vicepresidente Jorge Arreaza asumi al-gunos compromisos a nombre del Ejecutivo. El primero de ellos la utilizacin institucional de un lenguaje de respeto y tolerancia, cosa que rpida-mente se incumpli. En segundo lugar, atendien-do la sugerencia de la cancillera colombiana, la creacin de un Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). El 03.04.14 se oficia-liz la creacin del CNDDHH, entre otros, con el objetivo de Proponer polticas, planes, pro-gramas y acciones que fortalezcan la atencin integral de los derechos humanos 24. El Foro por la Vida consider que la creacin y objetivos

24. Oficializan la creacin de Consejo Nacional de Derechos Humanos http://www.derechos.org.ve/2014/10/08/oficializan-la-creacion-del-consejo-nacional-de-derechos-humanos/


de dicha instancia no cumplan con los princi-pios de autonoma y pluralismo establecidos en estndares internacionales. La filosofa y estruc-tura establecidas por el decreto son contrarios a los principios de tolerancia y convivencia demo-crtica que debe promover cualquier rgano o ente de derechos humanos.

En el primer considerando del decreto se hizo una inapropiada y desacertada vinculacin histrica de los objetivos de la Declaracin Uni-versal de los DDHH con el modelo de socialis-mo propuesto por el Gobierno Nacional, que no se encuentra contemplado en la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela. En otro, se pretende que el CNDDHH adopte polticas de Estado dirigidas a neutralizar a los grupos violentos promovidos por la derecha fascista ve-nezolana, calificando de manera generalizada todos los eventos ocurridos durante los meses de febrero y marzo de 2014 como actos fascistas y terroristas.

Por otro lado, se concibe esta entidad de manera incompatible con la debida y necesa-ria independencia y autonoma para actuar, estableciendo segn el Artculo 1, que el Con-sejo rendir cuentas y apoyar el cumplimiento de las instrucciones del presidente de la Repbli-ca en materia de polticas pblicas nacionales y de derechos humanos para luego afirmar en su Artculo 2 que el Consejo realizar sus funcio-nes con la autonoma que determina el presente decreto. En consecuencia su autonoma que-da supeditada de esta manera a la rendicin de

cuentas y al cumplimiento de las instrucciones dadas por el Presidente de la Repblica, lo cual establece claramente una particular concepcin de lo que sera el funcionamiento del CNDDHH. El Foro por la Vida ratific que dara la bienve-nida a cualquier instancia que tenga un real pro-psito de promover y defender los DDHH en el pas. En su comunicado solicitaron que el decre-to presidencial que creaba el CNDDHH fuera modificado para que existieran las garantas de independencia y pluralismo necesarios en una institucin de derechos humanos segn los Prin-cipios de Pars. El decreto no fue modificado y, finalmente, el CNDDHH, debido a su sesgo, no tuvo ni la relevancia ni el protagonismo en ma-teria de polticas de DDHH durante el perodo.

Provea considera que la Constitucin po-see suficientes mecanismos para solucionar, de manera democrtica, las diferencias entre los venezolanos y venezolanas. La Carta Mag-na es el acuerdo social de mayor legitimidad en los ltimos aos, que en los actuales momentos se ha convertido en una camisa de fuerza para el desvo autoritario gubernamental. El pas posible y necesario necesita de las voluntades de quienes se identifican como chavistas, como opositores y de quienes no se encuentran repre-sentados en ningn bando, y que el disfrute de los derechos consagrados en la Carta Magna sea el acuerdo para transitar a un pas con justi-cia social, libertad y calidad de vida para todos y todas, sin discriminacin por razones polticas y con nfasis en la superacin de la exclusin de las mayoras.

Balance


Balance de la situacin de los derechos humanos

A continuacin presentamos un resumen del anlisis de la situacin de los derechos humanos en Venezuela, entre los meses de enero a diciembre de 2014. La reali-zacin de esta investigacin tiene como objetivo ofrecer un diagnstico que per-mita ms y mejores polticas pblicas desde una perspectiva de derechos humanos. No obstante, esta labor de contralora social, presente en la Constitucin, cada da es ms difcil debido a la imposibilidad de acceder a la informacin sobre la gestin de gobierno que debera ser de acceso pblico.

A partir de este ao el Informe Anual de Provea cuenta con 5 captulos menos. En 1989, cuando comenzamos a realizar este diagnstico no haba organizaciones que investigaran la situacin del pas desde la perspectiva de la vigencia de los derechos humanos. En esos aos el trabajo de Provea era pionero y novedoso. Hoy debemos decir, con satisfaccin, que diferentes iniciativas en el pas vienen realizando investigaciones sobre los derechos que trabajan, dando como resultado informes consolidados que han mejorado el conocimiento para la toma de decisiones. Por esta razn Provea ha decidido dejar de monitorear de-rechos civiles y polticos que cuentan con organizaciones que vienen realizando ese trabajo, evitando la duplicidad de esfuerzos e incoherencias en los resultados.

Los derechos que hemos dejado de investigar, a partir de este ao, son: Libertad de expresin e informacin; Manifestacin pacfica; Asilo y refugio; Seguridad Ciudadana y Personas privadas de libertad. Para los interesados e interesadas en estos temas los invita-mos a conocer el trabajo de Espacio Pblico, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), Servicio Jesuita de Refugiados (SJR), Observatorio Venezolano de Vio-lencia (OVV) y el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Provea contina con su compromiso de socializar su experiencia en materia de investigacin con las nuevas organizaciones defensoras de derechos humanos del pas.

Balance


Derecho a la alimentacin

En 2014 continuaron las polticas del Es-tado dirigidas a garantizar el derecho a la alimentacin. La Gran Misin Alimenta-cin (inicialmente Misin Alimentacin, crea-da en abril de 2003 por el ex presidente Hugo Chvez) continu siendo el principal progra-ma social destinado a garantizar la seguridad alimentaria por medio de una amplia estructu-ra para el almacenamiento, procesamiento, co-mercializacin y distribucin que hace llegar los alimentos a la poblacin con hasta 80% de subsidio al costo total del producto a travs de distintos tipos de establecimientos tanto fijos como mviles, brindando asistencia alimenta-ria, nutricional y el acceso a los alimentos.

En 2014 tambin se crearon otros entes como parte del anuncio de nuevas medi-das econmicas que el Gobierno Nacional denomin el sacudn, estos fueron: la Vi-cepresidencia para la Seguridad y la Sobera-na Alimentaria y la Corporacin Productora, Distribuidora y de Mercadeo de Alimentos Corpo-PDV-Mercal. Tambin resalta la im-plementacin del Sistema Superior de Abas-tecimiento Seguro y la reactivacin de la Co-

misin Presidencial Centro Nacional Balance de Alimentos para el reimpulso del Centro de Balance de Alimentos (Cenbal), rgano ads-crito a la Vicepresidencia Ejecutiva encar-gado de recibir alertas en tiempo real sobre abastecimiento y produccin de alimentos.

Por su parte, el Ministerio del Poder Popu-lar para la Agricultura y Tierras (MPPAT) cre el Conglomerado de Empresas Productivas del Campo Venezolano, el cual contempla ac-tividades que van desde el aprovisionamiento de insumos hasta el procesamiento primario y secundario y la distribucin. Tambin relanz la Gran Misin AgroVenezuela y el Registro nico Obligatorio Permanente de Productores y Productoras (Runoppa), y aprob el segundo desembolso para el plan de produccin Zamo-ra 2014 por un monto de 2.428 millones de bolvares requeridos para la culminacin del ciclo norte-verano 2014.

En 2014 la escasez y el desabastecimien-to de alimentos contribuyeron en gran me-dida al deterioro de la calidad de vida de las y los venezolanos, sobre todo de los ms

Derechos Econmicos, Sociales y Culturales


pobres. Segn las ltimas cifras reportadas por el Banco Central de Venezuela (BCV), para el tercer trimestre de 2014 la escasez fue de 29,4%, aumentando en 7,4%, segn el 22% re-gistrado para finales de 2013. El abastecimien-to de bienes en la economa, sobre todo en ali-mentos, es crtico. El mismo informe del BCV indic que para finales del tercer trimestre de 2014, 19 rubros de consumo bsico registra-ban serios problemas de abastecimiento. Los altos ndices de escasez y desabastecimiento en alimentos y productos de la cesta bsica comprometieron la realizacin plena del dere-cho humano a la alimentacin, que significa el tener acceso regular, permanente y sin restric-ciones a los alimentos a niveles adecuados y suficientes, tanto en calidad como en cantidad, para que ello garantice a las personas poder disfrutar de una vida libre de temores e incer-tidumbres por esta causa.

Tal como lo hemos afirmado en reitera-das ocasiones, la gestin del presidente ha generado preocupantes niveles de retro-ceso para el acceso y disfrute de derechos econmicos, sociales y culturales. Las me-didas econmicas dictadas por el Ejecutivo aadieron ms dificultades para que la po-blacin ms pobre del pas pudiera satisfa-cer plenamente sus necesidades en materia alimentaria. El aumento en los precios de muchos alimentos de la canasta alimenta-ria, sumado a las constantes devaluaciones de la moneda, desmejor an ms el poder adquisitivo de los salarios, y con ello la po-sibilidad de cubrir el costo de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN). Segn los ltimos datos publicados por el INE, para noviembre de 2014 el valor de CAN se ubi-c en Bs. 6,382.62, mientras que el salario mnimo se ubic en Bs. 4.889,10. De acuer-

do con las cifras suministradas por el ente, entre 2008 y diciembre de 2014 se acumula una inflacin de 727,74% en el costo de la CAN. Por su parte, el Centro de Documenta-cin y Anlisis de la Federacin Venezolana de Maestros (Cendas), seal en diciembre de 2014 que nueve rubros de la canasta ali-mentaria haban aumentado de precio a pe-sar de los controles gubernamentales: carnes y sus preparados 21,8%; azcar y sal 16,2%; leche, quesos y huevos 10,6%; granos 8,0%; caf 7,8%; frutas y hortalizas 5,8%; pesca-dos y mariscos 4,7%; cereales y productos derivados 3,3%, y grasas y aceites 2,9%. Asimismo, de acuerdo al Cendas, la diferen-cia entre los precios regulados y los precios del mercado al cual accede la mayora de los venezolanos fue de 563,7%.

En 12 aos la inflacin general acumu-lada es de 1.706,51% y la de alimentos se ubica en 3.911,74%.

En relacin al valor de las importaciones, destaca la disminucin de las importaciones como resultado directo de la cada de los pre-cios del barril de petrleo. Segn cifras del BCV, para finales de 2013 las importaciones se ubicaban en 45.151.000 millones de dla-res, mientras que para 2014 el valor de las im-portaciones se ubic en 23.775.000 millones de dlares.

Sin embargo, a pesar de la contraccin del volumen total de las importaciones, de acuer-do con el INE entre enero y mayo de 2014 las importaciones de productos de origen animal y vegetal alcanzaron los $ 2.936 millones, lo que supone un aumento de 76,7% respecto a los $ 1.661 millones que adquiri la Repblica en el mismo lapso de 2013.

Balance


En nuestro Informe sobre 15 aos de De-rechos Humanos en Venezuela entre 1997 y 2012, advertimos que una de las principales amenazas para la garanta del derecho a la alimentacin en el pas era el acelerado incre-mento de las importaciones y el decrecimien-to de la produccin per cpita de alimentos. PROVEA constat en su investigacin que la produccin de alimentos creca anualmente en 1%, mientras que la poblacin aumentaba cada ao en 1,6%, un desbalance significati-vo. Los altos precios del petrleo permitieron sostener una economa basada fundamental-mente en las importaciones, pero, en el esce-nario actual de cada de los precios del crudo,

el sostenimiento de este modelo es incierto, comprometiendo an ms la garanta del de-recho a la alimentacin.

Finalmente en 2014 se agudiz la dificul-tad para acceder a la informacin pblica, lo cual hace difcil el monitoreo de la situacin del derecho a la alimentacin. Un ejemplo de ello es que desde febrero de 2014 el BCV omiti el indicador de escasez en sus boleti-nes mensuales de inflacin. Muchas cifras son reveladas por funcionarios en entrevistas en medios de comunicacin, sin que posean un correlato en algn informe de gestin institu-cional.


Durante el ao 2014 la situacin ms resal-tante, en materia del derecho al ambiente sano, fue la eliminacin del Ministerio del Ambiente, cuyas responsabilidades que-daron por un tiempo en un limbo. La medida fue ejecutada, de manera inconsulta e im-provisada, por el presidente Nicols Maduro en septiembre de 2014. La decisin no con-templ una evaluacin del ente, su impor-tancia en el cumplimiento de los mandatos de la Constitucin y sus posibles repercu-siones. Diferentes organizaciones ambientales expresaron su rechazo a la medida. La Red Ara, en un comunicado, afirm: Deploramos (...) la prdida progresiva y deliberada de la autoridad y capacidad tcnica del Ministerio del Ambiente. Accin que ha conducido a la ausencia de acciones efectivas que controlen el deterioro de los sistemas ambientales, la progresiva violacin de las normas de ordena-miento del territorio, la ausencia de toma de decisiones para la mitigacin y adaptacin al cambio climtico, as como (...) el abandono del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Nacin a travs de los Convenios Inter-nacionales en materia ambiental.

El Ministerio Pblico (MP) continu con su poltica de imputar a agricultores, vecinos o pequeas empresas por delitos menores en materia ambiental. Si bien estos deben tener sanciones administrativas o penales, se omite el realizar investigaciones y sanciones por de-

litos ms importantes, como son la contami-nacin realizada por los derrames de petrleo o las empresas de minera. Por ello en materia ambiental se repite la tendencia a defender los intereses del Estado sacrificando los derechos de los ciudadanos.

Respecto a los parques nacionales, destac la usurpacin de funciones por parte del Ministerio de Turismo y el mismo Ministerio de Vivienda hacia el Instituto Nacional de Parques, quedan-do ste como rgano subalterno en la gestin de parques nacionales como Morrocoy, Los Roques, Mochima y Laguna de La Restinga, donde se ha intervenido con obras civiles tales como puentes, conjuntos de viviendas y complejos tursticos sin que se hagan respetar los planes de ordenamien-to y reglamentos de uso vigentes y, en algunos casos, violndose el mandato constitucional de la obligacin de hacer los estudios de impacto ambiental y sociocultural.

Sobre el derecho al agua potable el Estado elabor el Plan Nacional de Agua 2013-2015, que tericamente tiene como objetivo garanti-zar y optimizar el servicio. Se inform sobre la realizacin de obras de mantenimiento de in-fraestructura a nivel nacional, siendo algunas de las obras adelantadas las referentes al siste-ma Yacamb-Qubor (Lara), embalses Tule y Manuelote (Zulia) y al Sistema de Agua Pota-ble Tuy IV. Durante el ao se constataron gran cantidad de protestas debido a la ausencia del

Derecho al ambiente sano

Balance


agua potable, as como por la falta de mante-nimiento de las aguas residuales y el desborde de cloacas. Aunque se informaron de diferentes trabajos, no se ha logrado garantizar su sumi-nistro constante para los hogares del pas.

Sobre la gestin de desechos slidos se in-form sobre actividades puntuales, sin embargo el balance general es de retrocesos: por un lado no se aplic una poltica nacional que impul-se la normativa vigente con miras a lograr la disminucin del volumen de desechos, median-te el reciclaje y la reutilizacin de materiales, mejorando la respuesta tcnica en cuanto a los sitios de disposicin final. La capacidad de los vertederos y rellenos sanitarios est llegando a su tope en distintas partes del pas. Por otro lado, no ha avanzado la labor de las alcaldas en funcin de un manejo sostenible de los de-sechos, incluso algunas disminuyeron durante 2014 sus actividades de reciclaje y engranaje con los vecinos en emprender acciones educa-tivas con la basura. Los municipios han tenido problemas presupuestarios que ocasionaron la disminucin del servicio de recoleccin, gene-rndose acumulacin, proliferacin de roedo-res, malos olores y problemas sanitarios.

Sobre el tema de la minera aurfera existen opiniones encontradas. Mientras que el Estado asegura que ha disminuido, las denuncias de las comunidades indgenas de la zona y los in-formes de las ONG ambientalistas afirman lo contrario. En 2014 el ministro del Poder Popu-lar para la Defensa, Vladimir Padrino Lpez, declar que el Parque Nacional Canaima haba obtenido la categora de territorio libre de mi-nera ilegal. No obstante, se mantuvieron las alertas sobre la realizacin de actividades mi-neras en dicha rea protegida. Indgenas dedi-cados a la minera artesanal denunciaron extor-sin por parte de los funcionarios militares. En

Guayana, en la Cuenca del Ro Caura, el Centro de Investigaciones Ecolgicas de Venezuela (CIEV) denunci que el 92% de las mujeres Yekuanas y Sanema han sido diagnosticadas de poseer altos niveles de mercurio, lo cual revela el impacto de la contaminacin por actividades de minera en la zona. El CIEV asegur que la actividad minera en el sur del estado Bolvar haba aumentado 40% respecto al ao 2013, siendo los sectores ms afectados Sierra Imata-ca, en El Palmar; el alto y medio Paragua, y ms recientemente Upata y El Manteco.

Por otro lado, ambientalistas han vincula-do la sequa registrada en el Zulia durante el 2014 con la explotacin de carbn en la Sierra de Perij. Autoridades anunciaron la apertura de la mina Socuy, segn lo contemplado en el proyecto minero de Carbozulia/Pdvsa. Esta ini-ciativa buscara impulsar la instalacin de una planta de generacin termoelctrica en la zona. Estas decisiones se adelantan sin la realizacin y difusin del estudio de impacto socioambien-tal o los procesos de consulta previa, libre e in-formada con las comunidades indgenas.

Provea, en alianza con la organizacin Chunikai, realiz un trabajo de campo para constatar la contaminacin como consecuen-cia de la industria petrolera. Los resultados fueron incorporados al informe en un encartado especial que puede consultarse en la versin di-gital en www.derechos.org.ve

Persiste la dificultad de acceso a las esta-dsticas oficiales, as como su uso discrecional para objetivos polticos por parte de las autori-dades. Un ejemplo fue la cantidad de semillas o arbolitos de la Misin rbol, mientras abundan las deforestaciones, quemas o talas de rboles sin que se apliquen las debidas medidas estruc-turales de recuperacin ambiental.


Derecho a la educacin

El hecho ms relevante y positivo del perodo fue la realizacin de una Consulta Nacio-nal por la Calidad Educativa. Este proceso tuvo como finalidad generar las bases para el desarrollo del plan educativo de la nacin para los prximos diez aos, el rediseo del currcu-lum educativo y los instrumentos legales que puedan generarse en apoyo a la Ley Orgnica de Educacin. El Ejecutivo Nacional tiene en los resultados de esta consulta un instrumen-to de primer orden en cuanto a consulta y consenso, restando la implementacin de los cambios visibilizados por la misma.

Entre otros aspectos positivos se cons-tat, respecto de la educacin inicial, que la matrcula de este nivel tuvo un significati-vo incremento de 6,8% respecto del lapso anterior. Se increment tanto el sector oficial (7,2%) como el privado (5%), frenando la tendencia negativa que venamos sealando en dos lapsos anteriores, siendo el nmero to-tal ms alto en toda la dcada. Si analizamos los diez aos, el nivel en su conjunto creci 26,8%: Las dependencias oficiales crecie-ron 18%, mientras que las privadas crecieron 88,2%. Por otro lado la modalidad de Aten-cin Institucional, que concentra alrededor de 73% de la poblacin escolar en edades de 3 a 5 aos, tuvo una recuperacin significativa de 4,8%. Adems se registr un incremento de las tasas de educacin inicial, ubicndose la neta en 73,5% y la general en 92,5%. Res-pecto del nivel de primaria contina levemen-

te su recuperacin, tanto en las dependencias oficiales (0,4%) como en las privadas (1,7%) para 0,6% global, como lo sealbamos como deseable en el Informe pasado (frenndose de esta manera la tendencia decreciente que se haba constatado desde el perodo 2007-2008 y por tres lapsos consecutivos). Sin embargo, en trminos absolutos, los 3.473.886 alumnos inscritos en este perodo estn por debajo de la cifra de 3.521.139 lograda en el perodo 2006-07. Si consideramos la dcada, el nivel creci 0,7% en forma global, pero hubo una dismi-nucin de 4% en las dependencias oficiales y un crecimiento de 29,5% en las dependencias privadas. Sostenemos que el nivel tiene pro-blemas que atender y que aun siendo el que est ms cerca de la universalizacin del in-greso, no podemos dejar de considerar estos datos como un alerta.

Para el nivel de educacin media (segmen-to de 1 a 3er ao) hubo un crecimiento de 0,7% respecto del lapso anterior que, aunque a menor ritmo, sigue consolidando la tendencia positiva. La recuperacin fue tambin de 0,7% en el sector oficial y de 0,9% en el privado. A lo largo de la dcada este segmento creci 11% (4,8% en las dependencias ofici

Resumen del Informe de Provea 2015

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