Rengel Romberg (2004)

Se puede hablar de Arbitramento como “la cuestión de sustraer las resoluciones de las controversias, o más en general, los conflictos de intereses de sus jueces naturales, que son los órganos del Estado, para entregarlos a uno o más terceros designados por las partes interesadas, a las cuales se encomienda la decisión”.

Balzán (2002)

Cita a Gabaldón para referirse

al arbitramento como “la institución mediante la cual el derecho procesal faculta a quienes se encuentren en controversia para designar los jueces que la resolverán y para establecer los mecanismos con que éstos deberán actuar para lograrlo, quedando las partes obligadas, por imperio de la Ley, a respetar el fallo que dicten”

El Maestro Feo

Es “La decisión del negocio

controvertido entre las partes ante

personas privadas a cuya decisión lo

someten por mutuo consentimiento”

Duque Sánchez

Destaca que “es la facultad que tienen las partes de nombrar a particulares como jueces legítimos de sus asuntos”, no obstante aclara que “los árbitros sentencian pero son únicamente los jueces quienes, conforme al poder que ejercen, por ministerio de la Ley, pueden ejecutar las sentencias arbitrales”.

Destaca Chiovenda que el arbitramento no pudiera tomarse como el paradigma de una mejor justicia, aunque admite que tampoco es el peor medio para resolver los conflictos. Al respecto el autor esgrime una serie de razones que justifican el arbitramento, entre las que se encuentran:

También podría aducirse un motivo de carácter fiscal, ya que las partes en relación a ese proceso, y a los documentos que a ella se refiera, podrían o no estar en regla con el fisco, atribuyendo el conocimiento a árbitros logrando así impedir el posible o eventual conocimiento de las irregularidades fiscales.

Razones económicas también la justificarían, en el sentido de que las partes consideren que les resulta menos oneroso el acudir a árbitros para la decisión de sus controversias, en lugar de acudir directamente a los órganos de la jurisdicción ordinaria.

Dada la característica del proceso civil, el cual es esencialmente público, salvo en aquellos casos que así lo determine el Tribunal, por motivo de decencia pública, según la naturaleza de la causa, podría entenderse que el particular desee sustraer la controversia a la publicidad, y que los terceros ajenos a ese proceso no tengan conocimiento alguno de la misma.

Destaca Rengel Romberg que la naturaleza jurídica del arbitraje es muy controvertida en la doctrina y en la jurisprudencia. Al respecto este autor establece que se discute si los árbitros ejercen una función jurisdiccional o simplemente privada; se niega que el laudo arbitral constituya una sentencia y se plantea desde esta perspectiva la cuestión de la naturaleza del compromiso arbitral, otros controvierten sobre la naturaleza del arbitraje de derecho frente al arbitraje de equidad por árbitros libres o amigables componedores; y se sostienen posiciones contrarias sobre la validez del compromiso y de la cláusula compromisoria, dirigidos a constituir un juicio arbitral en el exterior.

Por su parte Balzán señala que existe una inconformidad y discrepancia en la doctrina en relación a la naturaleza jurídica del arbitraje, toda vez que unos lo consideran de carácter jurisdiccional y otros de naturaleza contractual.

Para este tratadista italiano el arbitraje, o arbitramento, se presenta como el instituto en el que se concede al particular en la mayor medida posible, que contribuya con su obra al ejercicio de aquella función que, en atención al fin que persigue y al resultado que llega, no puede menos que llamarse jurisdiccional.

Con este breve concepto el autor destaca de una vez la función jurisdiccional del arbitraje, sustentando su afirmación en la función de los árbitros.

Hasta ahora, en el presente trabajo se ha hecho referencia al juicio arbitral venezolano regulado por el CPC, esto es, el arbitraje interno que versa sobre relaciones jurídico – privadas en que las partes, el objeto, el derecho aplicable, y otros elementos son exclusivamente nacionales, previstos en el CPC para resolver controversias de índole civil y comercial.

Balzán, José. (2002). “De la Ejecución de la Sentencia. De los Juicios Ejecutivos. De los procedimientos especiales contenciosos”. Mobil - Libros. Caracas. Venezuela.

Cabanellas, G. (2008). Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires. – Argentina.

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