Recomendaciones y Sugerencias 1999

RECOMENDACIONES y

SUGERENCIAS 1999

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

1999

DEFENSOR DEL PUEBLO

RECOMENDACIONES y

SUGERENCIAS 1999

Madrid 2002

ISBN 84-87182-37-2 Depoacutesito legal M -2002

Fotocomposicioacuten e impresioacuten Closas-Orcoyen S L Poliacutegono Igarsa Paracuellos de Jarama (Madrid)

SUMARIO

Paacutegina SUMARIO

Recomendacioacuten 11999 de 26 de enero para la modificacioacuten de la Insshytruccioacuten de 20 de octubre de 1986 en relacioacuten a la facturacioacuten de nuevos servicios de telefoniacutea 1

Recomendacioacuten 21999 de 28 de enero sobre la preceptiva publicacioacuten de la relacioacuten de puestos de trabajo de la Agencia Estatal de Admishynistracioacuten Tributaria y sobre la adscripcioacuten a puestos de trabajo de funshycionarios que posean determinadas especialidades en sus respectivos cuerpos o escalas 3

Recomendacioacuten 31999 de 1 de febrero sobre la inmediata puesta en libertad de los inmigrantes retenidos cuando se constate que no es posishyble la expulsioacuten 9

Recomendacioacuten 41999 de 25 de febrero sobre adopcioacuten de medidas para evitar retrasos en la publicacioacuten y difusioacuten de diarios oficiales 11




Recomendacioacuten 81999 de 8 de marzo sobre los derechos de residencia del coacutenyuge de un espantildeol 19

VII

SUMARIO

Paacutegina

Recomendacioacuten 91999 de 8 de marzo las expulsiones de residentes incursos en el apartado c) del artiacuteculo 261 de la Ley Orgaacutenica 71985 25

Recomendacioacuten 101999 de 16 de marzo sobre sanciones administrativas a menores 27

Recomendacioacuten 111999 de 17 de marzo sobre traslado o enterramiento de las liacuteneas de alta tensioacuten que atraviesan nuacutecleos urbanos 31

Recomendacioacuten 121999 de 18 de marzo sobre contenido y efectos de las credenciales de becarios 33

Recomendacioacuten 131999 de 29 de marzo sobre alineacioacuten y participacioacuten de jugadoras en equipos mixtos y en competiciones oficiales de fuacutetbol 35

Recomendacioacuten 141999 de 30 de marzo sobre notificacioacuten de las denunshycias de traacutefico e identificacioacuten del denunciante 39

Recomendacioacuten 151999 de 8 de abril sobre duracioacuten de los cursos de formacioacuten para el personal auxiliar de la Administracioacuten de Justicia celebrados con anterioridad a la aprobacioacuten del reglamento orgaacutenico de tal cuerpo 41

Recomendacioacuten 161999 de 29 de abril sobre notificacioacuten personal en expedientes de visado 43

Recomendacioacuten 171999 de 29 de abril sobre el proceso de admisioacuten de alumnos en un centro privado concertado de Madrid 47

Recomendacioacuten 181999 de 29 de abril sobre notificacioacuten de subvenshyciones al sector pesquero 49

Recomendacioacuten 191999 de 30 de abril sobre el disfrute de permiso por maternidad por el padre en situaciones de incapacidad de la madre para atender al hijo aun no siendo eacutesta trabajadora 53


Recomendacioacuten 211999 de 11 de mayo sobre unificacioacuten formal de los modelos y criterios empleados en las actas de evaluacioacuten y expeshydientes acadeacutemicos de alumnos de conservatorios de muacutesica 59

Recomendacioacuten 221999 de 11 de mayo sobre la notificacioacuten de conshycesiones o renovaciones de licencias de armas 61

VIII

SUMARIO

Paacutegina

Recomendacioacuten 231999 de 11 de mayo sobre las tomas de declaracioacuten a extranjeros rechazados en frontera 65

Recomendacioacuten 241999 de 18 de mayo para que las administraciones competentes emitan los informes previstos en la normativa ambiental y urbaniacutestica ajustaacutendose a lo establecido en las mismas 69


Recomendacioacuten 261999 de 18 de mayo sobre ordenacioacuten urbaniacutestica en lugares con riesgo de inundacioacuten 77

Recomendacioacuten 271999 de 21 de mayo sobre traslado o enterramiento de las liacuteneas de alta tensioacuten que atraviesan nuacutecleos urbanos 81


Recomendacioacuten 291999 de 25 de mayo sobre obligaciones de los maesshytros en lo que atantildee a la consolidacioacuten de los haacutebitos de higiene de los alumnos de educacioacuten infantil 87

Recomendacioacuten 301999 de 28 de mayo para evitar medidas inadecuadas o desproporcionadas durante el internamiento de ciudadanos extranjeros 89

Recomendacioacuten 311999 de 31 de mayo sobre subsanacioacuten de defectos en las solicitudes de convalidacioacuten de los servicios voluntarios realizados por objetores de conciencia 91

Recomendacioacuten 321999 de 31 de mayo sobre informacioacuten a los inteshyresados del resultado de los reconocimientos meacutedicos que se les pracshytiquen y modificacioacuten de las actas de los tribunales meacutedicos militares 95

Recomendacioacuten 331999 de 31 de mayo sobre modificacioacuten de criterios del Instituto Social de las Fuerzas Armadas relativos a la accioacuten proshytectora en materia social 99

Recomendacioacuten 341999 de 10 de junio sobre autorizaciones de vertido 101

Recomendacioacuten 351999 de 10 de junio sobre horarios de cierre de establecimientos puacuteblicos 107

Recomendacioacuten 361999 de 10 de junio sobre irregularidades en las ofertas de amortizacioacuten anticipada de viviendas 111

IX

SUMARIO

Paacutegina

Recomendacioacuten 371999 de 11 de junio sobre la interpretacioacuten del preshycepto de la nueva Ordenanza de Circulacioacuten del municipio de Madrid que prohiacutebe la circulacioacuten por las aceras y demaacutes zonas peatonales monshytando en bicicleta patiacuten monopatiacuten o aparatos similares 115

Recomendacioacuten 381999 de 15 de junio sobre la necesidad de evitar la separacioacuten entre nintildeos y nintildeas en las competiciones de ajedrez orgashynizadas por la Federacioacuten Espantildeola de Ajedrez 121


Recomendacioacuten 401999 de 15 de junio al Ayuntamiento de Madrid sobre la privacidad de los datos del Padroacuten municipal 129

Recomendacioacuten 411999 de 23 de junio sobre los centros de internashymiento de extranjeros 131

Recomendacioacuten 421999 de 25 de junio sobre la retirada de un vehiacuteculo por la gruacutea cuando el propio Ayuntamiento consideroacute que no se habiacutea producido una infraccioacuten de traacutefico 151

Recomendacioacuten 431999 de 25 de junio sobre regularizacioacuten del pago de retribuciones a funcionarios de una corporacioacuten local 157

Recomendacioacuten 441999 de 26 de junio sobre condiciones de seguridad de los equipamientos deportivos fijos y moacuteviles 159

Recomendacioacuten 451999 de 14 de julio sobre acceso a la historia cliacutenica 163

Recomendacioacuten 461999 de 30 de julio sobre concesionarios de insshypeccioacuten teacutecnica de vehiacuteculos 169

Recomendacioacuten 471999 de 5 de agosto sobre la efectiva ejecucioacuten de las medidas de proteccioacuten acordadas por la entidad puacuteblica protectora de menores 173

Recomendacioacuten 481999 de 30 de agosto sobre la coordinacioacuten en la aplicacioacuten de las medidas de cacheo y registro a los internos en centros penitenciarios antes de proceder a su conduccioacuten o traslado 177

Recomendacioacuten 491999 de 30 de agosto sobre aplicacioacuten de un trashytamiento juriacutedico igual a efectos de la pensioacuten de jubilacioacuten a los periacuteoshydos de actividad sacerdotal o de profesioacuten religiosa anteriores a la inclushysioacuten de cleacuterigos y de religiosos en la Seguridad Social 181

X

SUMARIO

Paacutegina

Recomendacioacuten 501999 de 1 de septiembre sobre traslado o enterrashymiento de las liacuteneas de alta tensioacuten que atraviesan nuacutecleos urbanos 189

Recomendacioacuten 511999 de 13 de septiembre sobre concrecioacuten del conshycepto laquootros meacuteritosraquo cuya valoracioacuten se preveacute en las convocatorias de acceso al cuerpo de funcionarios docentes 193

Recomendacioacuten 521999 de 4 de octubre sobre traslado o enterramiento de las liacuteneas de alta tensioacuten que atraviesan nuacutecleos urbanos 195

Recomendacioacuten 531999 de 4 de octubre reflejada en el informe a las Cortes Generales correspondiente a 1999 sobre licencia para la reashylizacioacuten de obras en viviendas fuera de ordenacioacuten 197

Recomendacioacuten 541999 de 6 de octubre sobre adopcioacuten de medidas para evitar retrasos en la publicacioacuten y difusioacuten de diarios oficiales 199

Recomendacioacuten 551999 de 14 de octubre sobre modificacioacuten de detershyminados artiacuteculos de la Ley y del Reglamento del Registro Civil en relacioacuten con la inscripcioacuten de nacimientos y el derecho a acceso a la historia personal 201

Recomendacioacuten 561999 de 18 de octubre sobre asignacioacuten de fondos para sufragar los gastos por desplazamiento de los familiares de los reclushysos trasladados de prisioacuten por insuficiencia temporal de plazas 209

Recomendacioacuten 571999 de 19 de octubre sobre las condiciones de los equipamientos y recintos de las aacutereas de juego infantil 211

Recomendacioacuten 581999 de 19 de octubre sobre adopcioacuten de medidas para garantizar los derechos de los sancionados 213

Recomendacioacuten 591999 de 26 de octubre sobre la carencia de psicoacuteshylogos trabajadores sociales y educadores en las cliacutenicas meacutedico-forenses 217

Recomendacioacuten 601999 de 2 de noviembre sobre la retirada de un vehiacuteculo por la gruacutea por llevar estacionado maacutes de siete diacuteas haacutebiles en el mismo lugar y presentar siacutentomas de abandono 221

Recomendacioacuten 611999 de 10 de noviembre sobre reintegro de gastos de asistencia sanitaria prestada por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas 225

Recomendacioacuten 621999 de 15 de noviembre sobre el cambio de intershypretacioacuten respecto de la inscripcioacuten o autorizacioacuten de matrimonios en aquellos casos en los que alguno de los contrayentes no sea nacional del Estado espantildeol 227

XI

SUMARIO

Paacutegina

Recomendacioacuten 631999 de 15 de noviembre sobre flexibilizacioacuten de las condiciones para la escolarizacioacuten de alumnos con sobredotacioacuten intelectual 235

Recomendacioacuten 641999 de 16 de noviembre sobre la constancia docushymental en los atestados del ofrecimiento de los derechos del artiacuteculo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 239

Recomendacioacuten 651999 de 17 de noviembre sobre sustraccioacuten y secuesshytro internacional de menores por uno de sus progenitores 241




Recomendacioacuten 691999 de 17 de noviembre sobre regularizacioacuten de la cobertura de puestos de trabajo ocupados provisionalmente por el procedimiento de comisioacuten de servicios 261

Recomendacioacuten 701999 de 17 de noviembre sobre denegacioacuten taacutecita de licencias deportivas de tiro oliacutempico 263

Recomendacioacuten 711999 de 17 de noviembre sobre investigacioacuten de preshysuntas irregularidades en las pruebas selectivas para acceso al cuerpo de bomberos de Santander 265

Recomendacioacuten 721999 de 18 de noviembre sobre las condiciones de los locales en los que se aloja a los inmigrantes en las Islas Canarias 269

Recomendacioacuten 731999 de 23 de noviembre sobre el centro de intershynamiento de extranjeros de Maacutelaga 273

Recomendacioacuten 741999 de 23 de noviembre sobre la situacioacuten de los ciudadanos extranjeros en huelga de hambre en Melilla 275

Recomendacioacuten 751999 de 25 de noviembre sobre retrasos de vuelos y peacuterdida de equipajes en el aeropuerto de Madrid-Barajas 277

Recomendacioacuten 761999 de 25 de noviembre sobre notificaciones de resoluciones que afectan a los objetores de conciencia 281

XII

SUMARIO

Paacutegina

Recomendacioacuten 771999 de 25 de noviembre sobre autorizacioacuten de la presencia del interno durante los registros en su celda y sobre el deber de entrega a los reclusos de una copia de los informes meacutedicos realizados 283

Recomendacioacuten 781999 de 26 de noviembre sobre plazo de admisioacuten de solicitudes de determinados programas de becas 289

Recomendacioacuten 791999 de 26 de noviembre sobre prioridad en la adjushydicacioacuten de plazas universitarias a alumnos imposibilitados de participar en las pruebas de acceso de la convocatoria del mes de julio 291

Recomendacioacuten 801999 de 26 de noviembre sobre respeto a los prinshycipios de proporcionalidad y seguridad juriacutedica en el ejercicio de la potesshytad sancionadora 295

Recomendacioacuten 811999 de 26 de noviembre sobre los liacutemites de horario para las actividades en los locales incluidos en la zona acuacutesticamente contaminada 299

Recomendacioacuten 821999 de 29 de noviembre sobre la atencioacuten socio-sanitaria y aspectos conexos 303

Recomendacioacuten 831999 de 29 de noviembre sobre libertad religiosa en las Fuerzas Armadas 309

Recomendacioacuten 841999 de 29 de noviembre sobre la gestioacuten de los residuos urbanos o municipales 313

Recomendacioacuten 851999 de 29 de noviembre sobre cumplimiento de normativa vigente en el otorgamiento de becas correspondientes al proshygrama Cicerone 321

Recomendacioacuten 861999 de 29 de noviembre sobre agilizacioacuten de traacuteshymites en la Universidad Rovira i Virgili para la expedicioacuten de tiacutetulos 325

Recomendacioacuten 871999 de 29 de noviembre sobre precios puacuteblicos en la Universidad de Cantabria para matriacutecula de materias sin docencia 329

Recomendacioacuten 881999 de 22 de diciembre sobre el contenido de las resoluciones dictadas por los tribunales econoacutemico-administrativos 333

Recomendacioacuten 891999 de 23 de diciembre sobre la funcioacuten de los vigilantes de seguridad en el aeropuerto de Madrid-Barajas 335

Recomendacioacuten 901999 de 23 de diciembre sobre comunicacioacuten del alta meacutedica de menores bajo la tutela de la Administracioacuten al oacutergano administrativo competente 337

XIII

SUMARIO

Paacutegina

Recomendacioacuten 911999 de 23 de diciembre sobre el control judicial de las medidas restrictivas de los derechos fundamentales de los enfershymos mentales impedidos para aceptarlas 339

Recomendacioacuten 921999 de 30 de diciembre sobre acomodacioacuten de los procesos selectivos de personal laboral a los principios constitucionales de igualdad meacuterito y capacidad no excluyendo a quienes acrediten una titulacioacuten superior a la requerida 347

Recomendacioacuten 931999 reflejada en el informe a las Cortes Generales correspondiente a 1999 sobre reforma del reacutegimen fiscal de la discashypacidad 349

Recomendacioacuten 941999 reflejada en el informe a las Cortes Generales correspondiente a 1999 sobre pautas de actuacioacuten en materia de vioshylencia escolar 355

Indice analiacutetico de las recomendaciones 369

XIV

Recomendacioacuten 11999 de 26 de enero para la modificacioacuten de la Instruccioacuten de 20 de octubre de 1986 en relacioacuten a la facturacioacuten de nuevos servicios de telefoniacutea

(BOCG Cortes Generales VII Legislatura Serie A Nuacutem 69 paacuteg 64)RECOMENDACIONES

Mediante escrito de 9 de febrero pasado esta Institucioacuten solicitoacute de esa Secretariacutea General un primer informe en relacioacuten con la queja Q9714497 formulada por don () Director-Gerente de la empresa () con domicilio en Santiago de Compostela (A Coruntildea)

El firmante exponiacutea que con fecha 26 de septiembre de 1997 habiacutea presentado una reclamacioacuten ante la antigua Delegacioacuten del Gobierno en Telefoacutenica de Espantildea relativa a disconformidad con la facturacioacuten en concepto de servicio RSDI del abono del que es titular nuacutemero () que fue registrada en dicha Delegacioacuten con el nuacutemero 3831997

En respuesta a la reclamacioacuten del interesado dicha Delegacioacuten del Gobierno procedioacute a remitir al sentildeor () el preceptivo informe emitido por Telefoacutenica (en el que uacutenicamente se indicaba que la citada facturacioacuten se habiacutea realizado de conformidad con las tarifas vigentes sin explicar el apartado concreto de la norma que se aplicaba) daacutendole plazo para la formulacioacuten de las correspondientes alegaciones sin que al parecer se hubiera dictado resolucioacuten en la reclamacioacuten planteada

Como consecuencia de la peticioacuten de informe realizada por el Defensor del Pueblo tuvo entrada en esta Institucioacuten escrito de V I de fecha 26 de marzo pasado en el que se consideraba correcta la actuacioacuten de Telefoacutenica de Espantildea debido a que el alta de la liacutenea se efectuoacute el 9 de junio de 1997 por lo que de conformidad con el punto 123 de la Instruccioacuten de la Delegacioacuten del Gobierno en Telefoacutenica de Espantildea de 20 de octubre de 1986 correspondiacutea facturar al tratarse de un trabajo terminado entre los diacuteas 1 y 15 del mes la cuota de abono completa de una mensualidad

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11999 RECOMENDACIONES

La aplicacioacuten de la citada Instruccioacuten permitioacute a la compantildeiacutea opeshyradora percibir la parte de la cuota de abono correspondiente a los ocho primeros diacuteas de junio en los que el servicio no estuvo operativo ni disshyponible para sus usuarios

De lo anterior parece desprenderse que la aplicacioacuten de una norma aprobada con anterioridad al proceso de liberalizacioacuten de las telecomushynicaciones y de eliminacioacuten del monopolio de telefoniacutea baacutesica podriacutea estar ocasionando perjuicios econoacutemicos a los abonados y un enriquecimiento injusto por parte del operador

La doctrina del enriquecimiento injusto desarrollada por una copiosa jurisprudencia hace referencia a aquellas adquisiciones patrimoniales que no se corresponden con una causa vaacutelida de atribucioacuten Seguacuten viene estableciendo el Tribunal Supremo esta figura conlleva un enriquecimienshyto por parte del demandado que sea injusto un empobrecimiento del actor representado por un dantildeo positivo o por un lucro frustrado y la inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicacioacuten de este prinshycipio al caso concreto sin que sea necesario para su aplicacioacuten que exista negligencia mala fe o un acto iliacutecito

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los artiacuteculos 28 y 30 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril reguladora del Defensor del Pueblo he resuelto formular la siguiente recomendacioacuten laquoQue se proceda a modificar la Instruccioacuten de la Delegacioacuten del Gobierno en Teleshyfoacutenica de Espantildea de 20 de octubre de 1986 a fin de que uacutenicamente se pueda facturar a los usuarios la parte de las cuotas de abono corresshypondiente a los diacuteas en los que se encuentre realmente operativo el sershyvicio telefoacutenicoraquo

Madrid 26 de enero de 1999

Recomendacioacuten dirigida al Secretario General de Comunicacioshynes del Ministerio de Fomento

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Recomendacioacuten 21999 de 28 de enero sobre la preceptiva publishycacioacuten de la relacioacuten de puestos de trabajo de la Agencia Estatal de Administracioacuten Tributaria y sobre la adscripcioacuten a puestos de trashybajo de funcionarios que posean determinadas especialidades en sus respectivos cuerpos o escalas


Es de referencia el escrito de V I de fecha 21 de septiembre pasado nuacutemero de salida 7003 en el que remite informacioacuten complementaria relativa a la queja tramitada ante esta Institucioacuten bajo el nuacutemero de expediente arriba resentildeado

A la vista del contenido de su referido escrito y puesto en relacioacuten con los antecedentes que obran en el expediente esta Institucioacuten se ve en la obligacioacuten de someter a V I las siguientes consideraciones

Primera La presente queja se admitioacute a traacutemite ante las alegaciones del promovente seguacuten las cuales los funcionarios que como eacutel pertenecen al Cuerpo de Gestioacuten de la Hacienda Puacuteblica Especialidad de Gestioacuten Catastral no pueden acceder a ninguacuten puesto de trabajo en la Agencia Estatal de Administracioacuten Tributaria toda vez que los criterios de bareshymacioacuten de meacuteritos especiacuteficos con arreglo a los cuales se resuelven los concursos de traslado excluyen de hecho a quienes no poseen determishynadas especialidades

Segunda El primer informe recibido de esa Direccioacuten General preshytendiacutea justificar la actuacioacuten de la Agencia en base a los siguientes argushymentos

21 De un lado se alegaba que aunque todos los funcionarios del Cuerpo de Gestioacuten de la Hacienda Puacuteblica tienen una funcioacuten y una capashycitacioacuten baacutesicas similares el hecho de que pertenezcan a una u otra espeshycialidad del mismo implica unos conocimientos teacutecnicos y una aptitud proshyfesional netamente diferente

3


22 En segundo lugar se afirma que la relacioacuten de puestos de trabajo y las propias convocatorias de los concursos pueden exigir como requisito yo como meacuterito para la provisioacuten de los puestos la posesioacuten de una detershyminada especialidad siendo ello perfectamente legiacutetimo siempre que se justificase por las funciones propias de los puestos en cuestioacuten y se adopshytase tal medida por oacutergano competente al efecto

23 Finalmente se argumentaba que el hecho de que la especialidad a la que pertenece el peticionario no fuese de aquellas que estaacuten adscritas a la Agencia Tributaria era indicativo de que la generalidad de las funshyciones desarrolladas en dicho Ente Puacuteblico y por tanto las propias de los puestos de trabajo del mismo no se corresponden con aquellas funshyciones para las que en principio recibieron su formacioacuten los funcionarios de la especialidad del solicitante

Tercera Ninguno de tales argumentos sirve a juicio de esta Insshytitucioacuten y asiacute se puso de manifiesto en su momento para justificar una situacioacuten como la planteada en la convocatoria de referencia en concreto la aprobada por resolucioacuten de la Direccioacuten de esa Agencia de 19 de abril de 1996 (BOE de 8 de mayo de 1996) seguacuten la cual aun cuando se trataba de un concurso abierto a todos los funcionarios del Grupo B comprendidos en el artiacuteculo 25 de la Ley 301984 (base primera) la posibilidad de obteshyner un puesto de trabajo quedaba restringida de hecho a los funcionarios pertenecientes a las especialidades del Cuerpo de Gestioacuten de la Hacienda Puacuteblica adscritas a esa Agencia en concreto las de Gestioacuten y Liquidacioacuten Inspeccioacuten Auxiliar Gestioacuten Aduanera y Recaudacioacuten

A semejante resultado se llegaba estableciendo unos meacuteritos espeshyciacuteficos y unos criterios de valoracioacuten de los mismos que conjuntamente haciacutean que los citados meacuteritos se convirtieran en la praacutectica en requisitos de admisibilidad al concurso dejando sin efecto las previsiones de la base primera de la convocatoria

Cuarta En efecto y con independencia de las causas de dicho proshyceder sobre las que despueacutes se hablaraacute lo cierto es que de una forma espuria se ha excluido a determinados aspirantes como se desprende de la simple constatacioacuten de que al menos para los puestos de niveles 22 20 y 18 el uacutenico meacuterito baremable para obtener la puntuacioacuten miacutenima requerida conforme a la base cuarta de la convocatoria fuere el de la pertenencia al Cuerpo de Gestioacuten de la Hacienda Puacuteblica y la posesioacuten de la correspondiente especialidad relativa al aacuterea del puesto solicitado y ello ademaacutes hurtando tal circunstancia de la convocatoria con el conshysiguiente quebranto para todos aquellos aspirantes que reuniendo los requisitos publicados es decir los contenidos en la base primera de la convocatoria han participado en el concurso desconociendo la existencia

4

RECOMENDACIONES 21999

de unos criterios aprobados internamente con arreglo a los cuales no teniacutean posibilidad alguna de obtener una plaza

Quinta Puesto lo anterior en conocimiento de esa Direccioacuten General se ha recibido un segundo informe en el que viene a reconocer la anomaliacutea detectada por esta Institucioacuten y que en su informe se califica de laquoapashyrente paradojaraquo seguacuten la cual y como ya se ha dicho aun cuando se trata de concursos abiertos a todos los funcionarios del Grupo B uacutenishycamente pueden obtener plaza los que pertenecen al Cuerpo de Gestioacuten de Hacienda Puacuteblica y a las especialidades de Gestioacuten Inspeccioacuten Recaushydacioacuten y Aduanas

Sexta Semejante resultado contrario a las previsiones de la Relashycioacuten de Puestos de Trabajo la cual seguacuten sus manifestaciones preveacute los puestos en cuestioacuten como de adscripcioacuten indistinta a cualquier Cuerpo del Grupo B siguiendo lo prescrito al efecto con caraacutecter general por el artiacuteculo 15 de la Ley 301984 se consigue por el juego conjunto de la base cuarta de la convocatoria conforme a la cual se requiere obtener al menos tres puntos seguacuten el baremo de meacuteritos especiacuteficos para la obtencioacuten de un puesto de trabajo y la aplicacioacuten a su vez de los criterios generales para la resolucioacuten del concurso contenidos en la Circular 31996 de esa Agencia seguacuten la cual al menos para los puestos de niveles 22 20 y 18 (punto 331) el uacutenico meacuterito baremable resulta ser la pertenencia al Cuerpo de Gestioacuten de la Hacienda Puacuteblica y la posesioacuten de la corresshypondiente especialidad relativa al aacuterea del puesto solicitado

Seacuteptima Son estos criterios internos de la Agencia mdashlos contenidos en la Circular 31996 antes aludidamdash los que vienen a aplicar las Comishysiones de Valoracioacuten y por tanto no puede admitirse la alegacioacuten forshymulada en su informe seguacuten la cual los criterios de ponderacioacuten de los meacuteritos corresponderiacutea a dichas Comisiones en el ejercicio de su disshycrecionalidad teacutecnica

Y tampoco por tanto puede concluirse que la actuacioacuten de esa Admishynistracioacuten en este asunto resulte plenamente conforme a Derecho puesto que seguacuten se dice laquose limita a acordar unos nombramientos producidos en aplicacioacuten de unos criterios de puntuacioacuten legiacutetimamente establecidos por la Comisioacuten de Valoracioacuten del concursoraquo

Octava Lo cierto es y volvemos a repetir que unos puestos de trashybajo que seguacuten las previsiones tanto de la Ley 301984 (art 15) como de la Relacioacuten de Puestos de Trabajo de esa Agencia podriacutean ser cubiershytos por funcionarios de cualquier Cuerpo de Grupo B salvo excepciones en la praacutectica uacutenicamente pueden ser obtenidos por los funcionarios que pertenecen al Cuerpo y a las Especialidades repetidamente mencionados

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Novena Esta Institucioacuten no va a discutir el hecho de que se valore la formacioacuten y experiencia en una especialidad concreta a la que corresshyponda el puesto a cubrir pero dicha valoracioacuten no debe ser tal que impida la asignacioacuten del puesto a quienes no cuenten con dicha especialidad pues de otra forma y es lo que ha sucedido en el concurso en cuestioacuten se estariacutea vulnerando la previsioacuten legal que proscribe la adscripcioacuten de puesshytos de trabajo a determinadas especialidades

Deacutecima Establecido lo anterior que es consecuencia de los liacutemites que la legislacioacuten vigente impone a la adscripcioacuten exclusiva de puestos de trabajo a Cuerpos y Escalas determinados corresponde a esa Agencia valorar la conveniencia de promover a traveacutes de los cauces oportunos la modificacioacuten del artiacuteculo 15 de la Ley 301984 o el establecimiento de una excepcioacuten a la regla sentada en el mismo para hacer posible la adscripcioacuten de puestos de trabajo a las especialidades de los Cuerpos y Escalas que prestan sus servicios en ella siempre claro estaacute que resulshyte justificado por las caracteriacutesticas especiales de los puestos de trabajo afectados y por la correlativa especializacioacuten teacutecnica de los funcionarios correspondientes

Undeacutecima Finalmente debe hacerse mencioacuten a la existencia seguacuten se afirma al final de su informe de referencia de la Relacioacuten de Puestos de Trabajo de la Agencia aprobada y actualizada anualmente pero sin publicar auacuten hecho este al que se alude sin mayores concreciones resshypecto de las causas por las que habiendo transcurrido mas de siete antildeos desde la creacioacuten de la Agencia por la Ley 311990 auacuten no se haya proshycedido a su preceptiva publicacioacuten

Dicha falta de publicacioacuten resulta maacutes injustificable si se tiene en cuenta que seguacuten informes previos de esa Direccioacuten General emitidos a raiacutez de la tramitacioacuten de quejas anteriores la definitiva aprobacioacuten y posterior publicacioacuten de la Relacioacuten de Puestos de Trabajo constituiacutea uno de los objetivos prioritarios del pasado antildeo 1997

En base a las consideraciones expuestas esta Institucioacuten en el ejershycicio de la responsabilidad que le confiere el artiacuteculo 54 de la Constitucioacuten y al amparo del artiacuteculo 30 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo viene a formular las siguientes recomendaciones

laquo1a Que en tanto no se modifique la previsioacuten contenida en el arshytiacuteculo 15 de la Ley 301984 de Medidas para la Reforma de la Funcioacuten Puacuteblica por la que se proscribe la adscripcioacuten de puestos de trabajo a determinadas especialidades los criterios de baremacioacuten de meacuteritos especiacuteficos que se establezcan en los concursos de traslados que se conshyvoquen por esa Agencia se apliquen ponderadamente de forma que no resulten excluidos de hecho aquellos funcionarios que pudiendo participar en los concursos no cuenten con tales especialidades

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2a Que a la mayor brevedad posible se proceda a la preceptiva publicacioacuten de la Relacioacuten de Puestos de Trabajo de esa Agencia dando cumplimiento a lo previsto en el apartado 3 del artiacuteculo 15 de la Ley 301984 antes mencionadaraquo


Recomendacioacuten dirigida al Director General de la Agencia Estatal de Administracioacuten Tributaria

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Recomendacioacuten 31999 de 1 de febrero sobre la inmediata puesta en libertad de los inmigrantes retenidos cuando se constate que no es posible la expulsioacuten


Se acusa recibo a su atento escrito en el que nos contesta a la queja planteada por dontildea () y registrada con el nuacutemero arriba indicado

De dicho informe se desprende que desde que en esa Subdelegacioacuten del Gobierno se recibioacute el telegrama del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana comunicando que en el recurso nuacutemeshyro 0217481998 se habiacutea dictado auto suspendiendo la ejecucioacuten de la orden de expulsioacuten dictada contra () hasta su puesta en libertad transshycurrieron dos diacuteas

En este sentido se afirma que laquocausa extrantildeeza la excesiva fiscashylizacioacutenraquo de esta Institucioacuten

En relacioacuten con lo anterior esta Institucioacuten considera necesario reashylizar las siguientes consideraciones

El artiacuteculo 262 de la Ley 71985 de 1 de julio permite en detershyminados supuestos en que un extranjero estaacute incurso en causa de expulshysioacuten proceder a su detencioacuten con caraacutecter preventivo o cautelar mientras se sustancia el expediente e interesar de la autoridad judicial su intershynamiento

El Tribunal Constitucional ha sentildealado en su Sentencia de 18 de noviembre de 1993 que laquola Ley no podriacutea desde luego configurar supuesshytos de privacioacuten de libertad que no correspondan a la finalidad de proshyteccioacuten de los derechos bienes y valores constitucionalmente reconocishydos y tampoco podriacutea incurrir en falta de proporcionalidadraquo

Como ha declarado el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 7 de julio de 1987 esta disposicioacuten laquoafecta al derecho a la libertad del

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artiacuteculo 17 de la Constitucioacuten el cual es un derecho inherente a la persona humana de aquellos que seguacuten la Sentencia del Tribunal Constitucional 1071984 de 23 de noviembre corresponden por igual a espantildeoles y extranjerosraquo El internamiento del extranjero laquodebe regirse por el prinshycipio de excepcionalidad sin menoscabo de su configuracioacuten como medida cautelarraquo caraacutecter excepcional que laquoexige la aplicacioacuten de un criterio hermeneacuteutico del favor libertatis lo que supone que la libertad debe ser respetada salvo que se estime indispensable la peacuterdida de la libertad del extranjero por razones de cautela y prevencioacuten que habraacuten de ser valoradas por el oacutergano judicialraquo

El artiacuteculo 108 del Real Decreto 1551996 de 2 de febrero incide en el caraacutecter cautelar de la medida de internamiento al sentildealar como finalidad del internamiento laquoasegurar la sustanciacioacuten del expediente administrativo y la ejecucioacuten de la expulsioacutenraquo

Es precisamente esta finalidad la que justifica juriacutedicamente el intershynamiento y la privacioacuten de libertad Por tanto si una vez realizado el internamiento desaparece la posibilidad de sustanciar el expediente de expulsioacuten o proceder a la ejecucioacuten el internamiento carece de finalidad sin que pueda mantenerse la situacioacuten de privacioacuten de libertad y ello con independencia de que no se haya agotado el plazo maacuteximo de cuarenta diacuteas legalmente permitido

Constatada la imposibilidad de proceder a la expulsioacuten es exigible de la autoridad gubernativa la maacutexima diligencia en proceder a la puesta en libertad de la persona internada sin que pueda considerarse conforme con el ordenamiento juriacutedico el mantenimiento de la privacioacuten de libertad

El derecho a la libertad es un derecho fundamental y como tal es competencia de esta Institucioacuten velar para que dicho derecho sea resshypetado por la Administracioacuten Por ello esta Institucioacuten considera espeshycialmente grave que desde esa Subdelegacioacuten del Gobierno se ignore la trascendencia de lo ocurrido en el presente caso en el que una persona permanecioacute privada de libertad durante cuarenta y ocho horas conoshyciendo esa Subdelegacioacuten del Gobierno que el internamiento careciacutea de finalidad alguna y debiacutea procederse a su libertad

Por todo cuanto antecede esta Institucioacuten ha considerado necesario dirigir a V I la siguiente recomendacioacuten laquoQue por esa Subdelegacioacuten del Gobierno se impartan las oacuterdenes oportunas a fin de que en los casos en que se constate que no pueda realizarse la expulsioacuten de una persona internada se proceda con caraacutecter inmediato a su puesta en libertadraquo

Madrid 1 de febrero de 1999

Recomendacioacuten dirigida al Subdelegado del Gobierno en Alicante

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Recomendacioacuten 41999 de 25 de febrero sobre adopcioacuten de medishydas para evitar retrasos en la publicacioacuten y difusioacuten de diarios ofishyciales


Agradecemos su atento escrito en el que nos contesta a la queja planshyteada por dontildea () registrada con el nuacutemero arriba indicado

En dicho escrito pone de manifiesto que las principales causas que provocan las demoras en la publicacioacuten del Boletiacuten Oficial de la Comushynidad Autoacutenoma de las Islas Baleares y que suponen una diferencia temporal entre la fecha de publicacioacuten que figura en cabecera de los boletines y el diacutea real de su difusioacuten puacuteblica son por una parte la impunshytualidad de la empresa adjudicataria en la publicacioacuten de los boletines y por otra parte la eficacia de los servicios de correos en la distribucioacuten o reparto de los mismos

De lo anterior se desprende que efectivamente el problema planteado por la compareciente es real si bien el mismo se ve agravado cuando tales disfunciones se producen en los supuestos de la publicacioacuten de subasshytas concursos edictos notificaciones requisitorias oposiciones y ofertas de empleo puacuteblico que estaacuten sujetos a plazos concretos por lo que los perjuicios que se pueden producir a los ciudadanos por el retraso en la publicacioacuten de los mismos pueden ser irremediables ocasionando lesioshynes a sus legiacutetimos intereses

Por todo cuanto antecede y al amparo de lo dispuesto en el artiacutecushylo 301 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril hemos considerado conshyveniente recomendar a V I que se adopten las medidas oportunas desde el punto de vista de la actividad material o instrumental de la publicacioacuten de los boletines que eviten que se produzcan retrasos en la publicacioacuten

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de los mismos y permitan su correcta difusioacuten para conocimiento de los ciudadanos


Recomendacioacuten dirigida al Director General de Relaciones Exteshyriores Consejeriacutea de Presidencia de la Comunidad Autoacutenoma de las Islas Baleares

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En dicho escrito pone de manifiesto que seguacuten el informe remitido por el servicio de imprenta provincial el Boletiacuten Oficial de la Provincia de Coacuterdoba se elabora el diacutea anterior al de su publicacioacuten salvo aquellos casos en que por motivos de diacuteas festivos o por causas de fuerza mayor se elaboran el mismo diacutea o el siguiente maacutes proacuteximo realizando su impreshysioacuten y manipulacioacuten en su fecha correspondiente y depositaacutendose en correos el mismo diacutea o al diacutea siguiente si el volumen del mismo lo permite sentildealaacutendose como causa de las demoras en la publicacioacuten de los boletines y que suponen una diferencia temporal entre la fecha de publicacioacuten que figura en la cabecera de los boletines y el diacutea real de su difusioacuten puacuteblica la eficacia de los servicios de correos en la distribucioacuten o reparto de los mismos


Por todo cuanto antecede y al amparo de lo dispuesto en el artiacutecushylo 301 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril hemos considerado conshyveniente recomendar a V I que se adopten las medidas oportunas desde

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el punto de vista de la actividad material o instrumental de la publicacioacuten de los boletines que eviten que se produzcan retrasos en la publicacioacuten de los mismos y permitan su correcta difusioacuten para conocimiento de los ciudadanos


Recomendacioacuten dirigida al Presidente de la Diputacioacuten Provincial de Coacuterdoba

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En dicho escrito pone de manifiesto que seguacuten el informe remitido por el Servicio del Boletiacuten Oficial el ejemplar diario se imprime el diacutea anterior a la fecha que en eacutel figura y comienza a plegarse ese diacutea para ser entregado en la administracioacuten y puesto a disposicioacuten del puacuteblico a primera hora de la fecha de publicacioacuten que aparece en su cabecera sentildealaacutendose como causa de las demoras en la publicacioacuten de los boletines y que suponen una diferencia temporal entre la fecha de publicacioacuten que figura en la cabecera de los boletines y el diacutea real de su difusioacuten puacuteblica la eficacia de los servicios de correos en la distribucioacuten o reparto de los mismos



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Recomendacioacuten dirigida al Presidente de la Diputacioacuten Provincial de Granada

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En dicho escrito pone de manifiesto que seguacuten el informe remitido por el centro de ediciones de esa diputacioacuten provincial las principales causas que provocan las demoras en la publicacioacuten del Boletiacuten Oficial de la Provincia de Maacutelaga y que suponen una diferencia temporal entre la fecha de publicacioacuten que figura en la cabecera de los boletines y el diacutea real de su difusioacuten puacuteblica son por una parte la impuntualidad de la empresa adjudicataria en la publicacioacuten de los boletines y por otra parte la eficacia de los servicios de correos en la distribucioacuten o reparto de los mismos



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Recomendacioacuten dirigida al Presidente de la Diputacioacuten Provincial de Maacutelaga

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Recomendacioacuten 81999 de 8 de marzo sobre los derechos de resishydencia del coacutenyuge de un espantildeol


Se acusa recibo a su atento escrito en el que nos contesta a la queja planteada por don () en representacioacuten de dontildea () y registrada con el nuacutemero arriba indicado

En el informe de referencia se participa en aplicacioacuten del Derecho comunitario que se cita que no es posible que un familiar de un ciudadano espantildeol pueda residir en nuestro paiacutes cuando como en este caso su coacutenshyyuge no reside con eacutel en Espantildea

A este respecto esta Institucioacuten quiere efectuar a V I las siguientes consideraciones

1a La Directiva 90364CEE del Consejo de 28 de junio de 1990 relativa al derecho de residencia establece en efecto en su artiacuteculo 1o 2 que laquosea cual fuere su nacionalidad tendraacuten derecho a instalarse en otro Estado miembro con el titular del derecho de residencia su coacutenshyyugeraquo

Esto significa aplicaacutendolo al caso que nos ocupa que el sentildeor () ciudadano espantildeol casado con una ciudadana de la antigua Rusia tiene derecho a residir en otro Estado miembro de la Unioacuten Europea distinto del suyo junto con su coacutenyuge

Este derecho de residencia seguacuten establece el artiacuteculo 2 de la citada Directiva laquose materializaraacute mediante la expedicioacuten de un documento denominado ldquopermiso de residencia de nacionalidad de un Estado miemshybro de la CEErdquoraquo

Para el caso de sus familiares el citado artiacuteculo establece que laquocuando un miembro de la familia no tenga la nacionalidad de un Estado miembro

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se le expediraacute un documento de residencia que tendraacute la misma validez que el expedido al nacional de que dependaraquo

Todo ello para hacer efectivo el derecho de residencia del nacional de un Estado en otro Estado miembro como se desprende de la Directiva al establecer en su 5o Considerando que laquoel derecho de residencia soacutelo puede ser ejercido si tambieacuten se confiere a los miembros de la familiaraquo

En el informe remitido por esa Direccioacuten General se hace hincapieacute en esta normativa si bien la misma parece no ser de aplicacioacuten a este caso concreto pues en ella se hace referencia a la residencia en un Estado miembro distinto del que se es nacional

En efecto un ciudadano espantildeol en virtud de esta normativa comushynitaria tendriacutea derecho a residir en otro paiacutes de la Unioacuten Europea y a que a su familia se le concediera tambieacuten este derecho limitando eso siacute la validez del permiso de residencia de los familiares al expedido al nacional de que dependa

2a La anterior normativa es un marco general que regula la libre circulacioacuten de personas y el derecho de residencia en Estados miembros distintos del que se es nacional

Pero en este caso se trata de la residencia del coacutenyuge de un ciushydadano espantildeol en Espantildea por lo que habraacute que estar a lo que se estashyblezca en la normativa interna espantildeola esto es el Real Decreto 7661992 de 28 de junio y modificaciones posteriores

En el informe de esa Direccioacuten General se manifiesta que este Real Decreto laquoampliacutea lo dispuesto en la norma comunitaria a los extranjeros que sean familiares de espantildeoles interpretaacutendose asiacute que los familiares de un ciudadano espantildeol deben recibir el mismo trato que los familiares de un ciudadano de otro Estado miembroraquo

Esta Institucioacuten considera por el contrario que el citado Real Decreto no efectuacutea ampliacioacuten alguna en ese sentido pues los familiares de los espantildeoles desde la adhesioacuten de Espantildea a las Comunidades Europeas por medio de los correspondientes Tratados Constitutivos de las mismas y de acuerdo con el desarrollo que estos preceptos y la propia Directiva han tenido en cada Estado miembro se veiacutean amparados por la normativa comunitaria

El Real Decreto 7661992 de 26 de junio como estableciacutea su exposhysicioacuten de motivos se dictoacute en cumplimiento tanto de las Directivas 90364CEE relativa al derecho de residencia 90365CEE relativa al derecho de residencia de los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que hayan dejado de ejercer una actividad profesional y 90366CEE relativa al derecho de residencia de los estudiantes como

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del Reglamento CEE nuacutemero 21941991 de 25 de junio relativo al periacuteoshydo transitorio aplicable a la libre circulacioacuten de los trabajadores entre Espantildea y Portugal por una parte y los otros Estados miembros por otra

Este Real Decreto tal como se establece en su artiacuteculo 1ordm laquoregula las formalidades administrativas para el ejercicio de los derechos de entrada y permanencia en Espantildea por parte de nacionales de los Estados miembros de la Unioacuten Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Econoacutemico Europeoraquo

No regula por tanto el derecho de un espantildeol a establecerse en otro paiacutes de la Unioacuten Europea y con eacutel sus familiares

Por tanto se considera que este Real Decreto no es el que establece el derecho de los familiares de un espantildeol a establecerse con eacutel en otro Estado miembro

3o Por lo que se refiere a la interpretacioacuten efectuada en el informe de esa Direccioacuten General de laquoque los familiares de un ciudadano espantildeol deben recibir el mismo trato que los familiares de un ciudadano de otro Estado miembroraquo manifestar que el propio Real Decreto establece una diferencia de trato a favor del familiar de un ciudadano espantildeol

En efecto en su artiacuteculo 64 condiciona la vigencia del permiso de residencia del familiar que no ostenta la nacionalidad de uno de los Estashydos miembros a la de la persona de la que dependan

Este mismo artiacuteculo en su punto 5 establece que laquoa los familiares de espantildeoles se les expediraacute en todo caso una tarjeta de residencia con cinco antildeos de vigenciaraquo

Parece claro que la norma distingue entre familiares de espantildeoles y familiares de nacionales de otros Estados miembros pues a estos uacuteltishymos y por tanto a sus familiares se les exige un permiso de residencia de igual vigencia para todos y que puede ser inferior a cinco antildeos (art 62) lo que no ocurre para los familiares de espantildeoles

4o Finalmente se manifiesta por esa Direccioacuten General que no es posible aplicar el derecho de residencia comunitaria al coacutenyuge extranjero de un espantildeol cuando eacuteste no reside con eacutel en nuestro paiacutes

A este respecto manifestar que el Real Decreto 7661992 establece en su artiacuteculo 2 que su contenido se aplicaraacute al coacutenyuge de un espantildeol laquosiempre que no esteacuten separados de derechoraquo (nueva redaccioacuten dada por el Real Decreto 7371995 de 5 de mayo) suprimiendo asiacute la alusioacuten que se haciacutea en la redaccioacuten original a la separacioacuten de hecho

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En consecuencia el derecho a residir en Espantildea lo genera el hecho de ser coacutenyuge de un ciudadano espantildeol no el hecho de residir con eacutel en Espantildea

El Real Decreto 7661992 regula las formalidades administrativas para el ejercicio del derecho de permanencia (residencia) en Espantildea por parte de nacionales de los Estados miembros de la Unioacuten Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Econoacutemico Europeo

Los nacionales de estos paiacuteses son los titulares del derecho a residir en nuestro paiacutes y por ellos se concede el derecho a residir de sus famishyliares lo que no ocurre con los familiares de espantildeoles a los que soacutelo se les exige para el caso de los coacutenyuges que no esteacuten separados de derecho

Los familiares de ciudadanos espantildeoles tienen el derecho de residir con eacutel en un Estado miembro de la Unioacuten Europea distinto de Espantildea en virtud del derecho comunitario citado anteriormente en este escrito pero no existe obligacioacuten alguna para residir en Espantildea de que conviva en el mismo domicilio que su coacutenyuge

Y esta afirmacioacuten viene avalada por la propia jurisprudencia del Trishybunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Asunto 2671983 Diatta contra Land Berlin) lo que motivoacute precisamente el cambio operado en el artiacuteculo 1o del Real Decreto 7661992 al establecer que en virtud del artiacuteculo 10 del Reglamento nuacutemero 16121968 los familiares no tienen que vivir necesariamente junto con el trabajador para ser titulares de un derecho de residencia

Por ello considera esta Institucioacuten que la aplicacioacuten de lo establecido en el Real Decreto 7661992 respecto de los familiares de ciudadanos espantildeoles debe ser acorde a la jurisprudencia antes citada y no supeditar la aplicacioacuten del derecho de residencia comunitaria a la convivencia en comuacuten como se informa en el uacuteltimo paacuterrafo del escrito de esa Direccioacuten General

De admitirse la interpretacioacuten efectuada por esa Direccioacuten General se podriacutea dar el supuesto por ejemplo de obligar a unos menores espashyntildeoles a abandonar su paiacutes si su ascendiente espantildeol trabaja fuera de Espantildea temporalmente al no permitirse que el otro ascendiente tenga residencia legal

Por todo lo anterior en virtud de lo dispuesto en el artiacuteculo 301 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo la conshyveniencia de formular a V I la siguiente recomendacioacuten laquoQue por esa Direccioacuten General se impartan las instrucciones oportunas al objeto de conceder o renovar en su caso el permiso de residencia establecido en

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el Real Decreto 7661992 de 26 de junio a los coacutenyuges de ciudadanos espantildeoles que no esteacuten separados de derecho aunque no convivan en comuacutenraquo

Madrid 8 de marzo de 1999

Recomendacioacuten dirigida al Director General de Poliacutetica Interior

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Recomendacioacuten 91999 de 8 de marzo sobre las expulsiones de residentes incursos en el apartado c) del artiacuteculo 261 de la Ley Orgaacuteshynica 71985


Se acusa recibo a su atento escrito de fecha 28 de diciembre de 1998 en el que nos contesta a la queja planteada por don () en representacioacuten de don () y registrada con el nuacutemero arriba indicado

En el informe de referencia se participa que se solicitoacute autorizacioacuten para la expulsioacuten del Juzgado donde fueron entregadas las diligencias policiales que la autorizoacute por Auto de fecha 4 de junio de 1997

A este respecto esta Institucioacuten quiere manifestar a V I como reishyteradamente se ha hecho ante el Ministerio del Interior que no se deberiacutea proceder a la expulsioacuten del territorio nacional de un ciudadano extranjero residente legal en nuestro paiacutes por el mero hecho de haber sido detenido por un presunto delito sin que la autoridad judicial haya efectuado las oportunas diligencias y existir al menos una actitud probatoria para desshyvirtuar la presuncioacuten de inocencia que afecta a esta persona

En el caso de don () no parece que el Juzgado de Instruccioacuten nuacutemeshyro 1 de los de Ayamonte haya efectuado ninguna diligencia al respecto o por lo menos se desconociacutea por el entonces Gobernador Civil tal como se desprende del escrito de fecha 29 de mayo de 1997 en el que se solishycitaba la autorizacioacuten para la expulsioacuten

Por todo lo anterior esta Institucioacuten ha valorado en base a lo dispuesto en el artiacuteculo 301 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo la conveniencia de formular a V I la siguiente recomendacioacuten laquoQue los decretos de expulsioacuten que se incoen contra ciudadanos extranshyjeros residentes legales en nuestro paiacutes por estar incursos en el aparshytado c) del artiacuteculo 261 de la Ley Orgaacutenica 71985 de 1 de julio sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espantildea se dejen en suspenso

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hasta tanto no se haya efectuado por parte de la autoridad judicial que conoce del presunto delito que se imputa una actividad probatoria sufishyciente para desvirtuar la presuncioacuten de inocencia reconocida en el arshytiacuteculo 24 de la Constitucioacuten Espantildeolaraquo


Recomendacioacuten dirigida al Subdelegado del Gobierno en Huelva

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Recomendacioacuten 101999 de 16 de marzo sobre sanciones admishynistrativas a menores


Esta Institucioacuten ha tramitado varias quejas en relacioacuten a la imposicioacuten de sanciones a menores consecuencia fundamentalmente de la aplicacioacuten de la normativa sobre armas con resultado distinto a pesar de que en todos los casos se nos han remitido informes de los Servicios Juriacutedicos del Estado en los que se concluiacutea la existencia de responsabilidad de los menores en el aacutembito sancionador administrativo

Esta Institucioacuten en el marco de la queja de referencia quiere hacer a V I una serie de consideraciones en relacioacuten a la responsabilidad de los menores en el aacutembito administrativo sancionador discrepando de los informes del Servicio Juriacutedico del Estado

Partiendo de la premisa jurisprudencial y constitucionalmente admishytida de poder aplicar en el aacutembito sancionador administrativo los prinshycipios que informan el Derecho penal parece oportuno sentildealar que la modificacioacuten del Coacutedigo Penal en el aacutembito de la responsabilidad penal de los menores queda incompleta hasta que finalmente se promulgue lo que en la actualidad es el proyecto de Ley Orgaacutenica reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores

En dicho proyecto se establece una responsabilidad para aquellas pershysonas mayores de trece antildeos y menores de dieciocho por hechos tipishyficados en el Coacutedigo Penal o leyes penales especiales como delitos o faltas

Por otro lado en la Ley 301992 de 26 de noviembre de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Adminisshytrativo Comuacuten se determina en su artiacuteculo 30 la capacidad de obrar de los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus dereshychos e intereses cuya actuacioacuten esteacute permitida por el ordenamiento juriacuteshydico-administrativo sin la existencia de la persona que ejerza la patria

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potestad tutela o curatela En el mismo texto legal se determina en el artiacuteculo 1303 dentro del Tiacutetulo IX referente a la potestad sancionadora la responsabilidad subsidiaria por incumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley que conlleva el deber de prevenir la infraccioacuten admishynistrativa cometida por otro de aquellas personas fiacutesicas sobre las que tal deber recae cuando asiacute lo determinen las leyes reguladoras de los distintos regiacutemenes sancionadores

De la conjuncioacuten de estos preceptos parece en principio deducirse la dificultad de que un menor de edad de dieciseacuteis antildeos pueda ser sujeto activo en la actualidad de una sancioacuten administrativa

Se trata a juicio de esta Institucioacuten de una laguna legal que en modo alguno hoy por hoy puede ser subsanada En el momento en que se apruebe la ley orgaacutenica de responsabilidad de menores y haciendo una interpretacioacuten en contra del principio in dubio pro sancionado se podraacute fijar el liacutemite de la responsabilidad en los trece antildeos

No obstante en cambio consideramos que en virtud del artiacuteculo 130 de la Ley 301992 cabe la posibilidad de que se dirijan los procedimientos sancionadores contra quienes ejerzan la patria potestad en sus diversas formas hasta que finalmente exista la modificacioacuten legal por virtud de la cual se determinen unos liacutemites claros de responsabilidad en el aacutembito sancionador administrativo para los menores de edad

Las objeciones anteriores tienen ademaacutes su fundamento en un conshyjunto de disposiciones en que las alternativas del legislador a la responshysabilidad del menor han sido singularmente restrictivas por lo que no parece oportuno acoger la tesis del Servicio Juriacutedico del Estado que ampliacutea el espiacuteritu y la letra de la ley para dar cabida a la responsabilidad de todos los menores en el aacutembito administrativo-sancionador

A mayor abundamiento el artiacuteculo 9 de la Ley Orgaacutenica 11996 de 15 de enero de Proteccioacuten Juriacutedica del Menor garantiza el derecho a ser oiacutedo en cualquier procedimiento administrativo judicial en el que un menor esteacute directamente implicado y que las comparecencias en los procedimientos judiciales se realizaraacuten de forma adecuada debieacutendose garantizar que el ejercicio de este derecho sea por siacute mismo o a traveacutes de las personas designadas para representarle

Por otro lado no podemos olvidar que la Ley Orgaacutenica 41992 de 5 de junio sobre Reforma de la Ley Reguladora de la Competencia y Procedimiento del Juzgado de Menores produjo una profunda reforma en la Ley de Tribunales Tutelares de Menores aprobada por Decreto de 11 de junio de 1948 pasando a llamarse Ley Orgaacutenica Reguladora de la Competencia y Procedimiento de los Juzgados de Menores conshysolidando la idea de un procedimiento personalista en el que el protashy

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gonista principal es el intereacutes del menor y el Ministerio Fiscal su mayor garante junto al Juzgado de Menores que determina las medidas aplishycables a los menores que hayan realizado hechos susceptibles de ser tipishyficados como infracciones penales

En esta Ley conforme a lo establecido en su artiacuteculo 91 la comshypetencia para conocer hechos cometidos por mayores de doce antildeos y menores de edad fijados en el Coacutedigo Penal a efectos de responsabilidad criminal tipificados como delitos o faltas seraacute de los jueces de menores mediante los oportunos expedientes y con arreglo al procedimiento sentildeashylado en la Ley No olvidamos que todo el procedimiento que regula esta Ley se basa en el proceso del Ministerio Fiscal como garante y defensor de los derechos del menor

Pues bien si todo este entramado de disposiciones no permite que el menor responda de la misma manera que un mayor de edad o mejor dicho que quienes puedan responder entre los doce y dieciocho antildeos por delitos o faltas del Coacutedigo Penal tampoco parece razonable que se pueda exigir una responsabilidad administrativa sancionadora a quienes no se encuentren en esos liacutemites de edad

Lo cierto es que en la actualidad se suceden cada diacutea hechos en los que se ven involucrados menores con edades cada vez maacutes tempranas y a los que se les debe de aplicar la Ley Orgaacutenica de Proteccioacuten de la Seguridad Ciudadana el Reglamento de Armas u otras disposiciones en el aacutembito de las Comunidades Autoacutenomas que tienen relacioacuten con el consumo de bebidas en la viacutea puacuteblica etc que lo convierte en sujeto activo de estos procedimientos sancionadores

Por todo ello esta Institucioacuten ha valorado en virtud de lo dispuesto en el artiacuteculo 301 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo la conveniencia de formular a V I la siguiente recomendacioacuten laquoQue se proceda a promover las modificaciones legales oportunas que pershymitan un mayor grado de seguridad juriacutedica para la exigencia de resshyponsabilidad a menores de edad en el aacutembito administrativo-sancionadorraquo


Recomendacioacuten dirigida al Secretario General Teacutecnico del Minisshyterio del Interior

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Recomendacioacuten 111999 de 17 de marzo sobre traslado o enterrashymiento de las liacuteneas de alta tensioacuten que atraviesan nuacutecleos urbanos


Esta Institucioacuten agradece su informe de fecha 25 de noviembre de 1998 registro de salida 23514 del 4 de diciembre siguiente en relacioacuten con la queja presentada por don () registrada con el nuacutemero Q9618237

En cuanto al problema concreto al que se refiere el promovente de esta queja de lo informado por esa Consejeriacutea se desprende que el transshyformador situado en la Avda de Madrid 38 de Palencia cumple los reglashymentos de seguridad en vigor por lo que se ha resuelto finalizar las actuaciones iniciadas en relacioacuten con este problema puntual

No obstante al margen de lo indicado en el citado informe y sin que esta Institucioacuten tenga nada que objetar a las manifestaciones concretas que en eacutel se contienen se debe insistir en que alguna Comunidad Autoacuteshynoma como ya se le explicaba en la anterior comunicacioacuten ha publicado normas en las que se incluyen compromisos concretos para la modificacioacuten de las liacuteneas de alta tensioacuten existentes proacuteximas a nuacutecleos residenciales que no se encuentran en la red de pasillos eleacutectricos en funcionamiento o de nueva creacioacuten a fin de trasladarlas a dichos pasillos eleacutectricos o pasarlas a subterraacuteneas a cuyo fin se preveacute la suscripcioacuten de los convenios necesarios

Como ejemplo de estos compromisos se puede citar el que se recoge en el artiacuteculo 4 del Decreto 1311997 de 16 de octubre de la Comunidad Autoacutenoma de Madrid (BOCAM del 27) que contempla que laquolas liacuteneas aeacutereas existentes que no se encuentren en la red de pasillos existentes o de nueva creacioacuten se iraacuten trasladando a dichos pasillos o se pasaraacuten a subterraacuteneas siguiendo un plan de etapas a establecer por las Admishynistraciones competentes oiacutedos los titulares de las liacuteneasraquo

Por otra parte y con independencia de las actuaciones de determishynadas fiscaliacuteas para que se proceda a la desviacioacuten o al enterramiento

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de estas liacuteneas la Comisioacuten de Infraestructuras del Congreso de los Dipushytados ha aprobado en fecha 27 de octubre de 1998 una proposicioacuten no de ley con el siguiente contenido

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno

laquo1) A que en el menor tiempo posible elabore todos los reglamentos previstos en la vigente Ley 541997 de 27 de noviembre del Sector Eleacutecshytrico entre ellos los que corresponden a instalaciones de transporte y distribuciones de energiacutea eleacutectrica

2) A que en el marco de los acuerdos y convenios existentes o futushyros con las Comunidades Autoacutenomas y compantildeiacuteas eleacutectricas estimule y proponga la inclusioacuten en ellos de la ejecucioacuten de los proyectos de desviacuteo o paso a subterraacuteneas de las liacuteneas de alta tensioacuten que se estimen pershytinentesraquo

Es pues en este marco y al margen de aquellas competencias que sobre la regulacioacuten del sector eleacutectrico corresponden al Estado y por tanto teniendo en cuenta lo previsto en el artiacuteculo 1491 apartados 22 y 25 de la Constitucioacuten Espantildeola que contempla que el Estado mantiene competencias exclusivas sobre las bases del reacutegimen energeacutetico se debe insistir en la necesidad de que las Comunidades Autoacutenomas y dentro del espacio sustantivo que a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Consshytitucional existe en relacioacuten con la explotacioacuten de la energiacutea eleacutectrica desarrollen una poliacutetica propia loacutegicamente ordenada al intereacutes respecshytivo del aacutembito territorial de cada una de ellas

En consecuencia de acuerdo con el artiacuteculo 30 de la Ley Orgaacutenishyca 31981 de 6 de abril reguladora del Defensor del Pueblo se ha resuelto recomendar a V E laquoQue por esa Consejeriacutea se agilicen las actuaciones necesarias para la modificacioacuten de las actuales liacuteneas de alta tensioacuten que atraviesan entornos residenciales a fin de trasladarlas a los pasillos eleacutecshytricos existentes o de nueva creacioacuten o pasarlas a subterraacuteneas mediante las actuaciones y en los plazos que se consideren convenientesraquo


Recomendacioacuten dirigida al Consejero de Industria Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y Leoacuten

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Recomendacioacuten 121999 de 18 de marzo sobre contenido y efectos de las credenciales de becarios


Se ha recibido en esta Institucioacuten escrito de V I en el que informa sobre la queja presentada por don () registrada con el nuacutemero arriba indicado

En el referido oficio se informa de los motivos de la denegacioacuten a la solicitante de la ayuda de material didaacutectico de 26000 pesetas y se justifica la anulacioacuten de la credencial en la que se concediacutea tal ayuda mediante la notificacioacuten de una nueva credencial en la que se suprime aqueacutella sin maacutes traacutemite

En lo que respecta al primero de tales aspectos no se aprecian motivos objetivos para considerar irregular tal actuacioacuten toda vez que la renta final disponible de la familia de la solicitante mdashde 2663112mdash supera en cinco mil ciento doce pesetas el umbral que la orden de convocatoria fija para las unidades familiares de cinco miembros computables mdash2658000mdash teniendo ademaacutes en cuenta que pese a la exigua cantidad con la que se supera dicho umbral la decisioacuten de denegar tal ayuda habraacute sido precedida sin duda de la oportuna valoracioacuten global de la situacioacuten familiar con el fin de garantizar la correcta inversioacuten de los recursos presupuestarios destinados a becas y ayudas al estudio

Sin embargo y en lo que afecta a las consideraciones que traslada V I en relacioacuten con el caraacutecter meramente provisional e indicativo de las credenciales de becario debe significarse que al no ser posible deducir tal caraacutecter de los teacuterminos que recogen los correspondientes impresos mdashen los que se especifica por ejemplo que la presentacioacuten de la creshydencial por parte del titular en su centro de estudios dentro de los diez diacuteas siguientes a su recepcioacuten otorga el derecho de quedar exento de abonar los precios puacuteblicos por servicios acadeacutemicos universitariosmdash esta

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Institucioacuten considera preciso que el impreso por el que se comunica al destinatario y titular su seleccioacuten como becario advierta expresamente de la provisionalidad de su contenido

En consecuencia se procede a formular a V I al amparo del arshytiacuteculo 301 de la Ley Orgaacutenica 31981 reguladora de la Institucioacuten del Defensor del Pueblo la siguiente recomendacioacuten laquoQue los impresos por los que se comunica al destinatario y titular de la credencial su seleccioacuten como becario incluya expresamente la advertencia de la provisionalidad de los datos contenidos en la misma recogiendo tal extremo si para tal fin fuera necesario en los preceptos que regulan las reglas de proshycedimiento en las sucesivas Ordenes de convocatoriaraquo


Recomendacioacuten dirigida al Director General de Formacioacuten Proshyfesional y Promocioacuten Educativa

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Recomendacioacuten 131999 de 29 de marzo sobre alineacioacuten y parshyticipacioacuten de jugadoras en equipos mixtos y en competiciones ofishyciales de fuacutetbol


Acusamos recibo del escrito remitido por la Secretariacutea General de esa Real Federacioacuten relativo a la queja presentada ante esta Institucioacuten sobre la falta de tramitacioacuten de la ficha federativa de ()

En su escrito nos informa sobre la normativa aplicable a la actividad deportiva oficial que viene organizando esa Real Federacioacuten en el Prinshycipado de Asturias y ademaacutes se afirma que los miembros de esa Real Federacioacuten cumplen y respetan los principios democraacuteticos y no imponen ninguna modificacioacuten a sus estatutos ni se dejan coaccionar por personas extrantildeas a la misma

Esta Institucioacuten desea manifestarle que nunca ha estado en discusioacuten el caraacutecter democraacutetico que debe presidir la organizacioacuten interna de las federaciones deportivas Como tambieacuten espera que ese organismo tenga presente que el artiacuteculo 54 de la Constitucioacuten Espantildeola asiacute como la Ley Orgaacutenica 31981 habilitan al Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales a supervisar la actuacioacuten de la Administracioacuten en defensa de los derechos comprendidos en el Tiacutetulo I de la Constitucioacuten

Resulta evidente para esta Institucioacuten que la Junta Directiva de esa Federacioacuten no puede imponer modificaciones reglamentarias Pero es igualmente evidente que siacute se trata de un oacutergano competente para proshymoverlas ante la Asamblea General Asamblea a la que de acuerdo con el artiacuteculo 35f) de sus estatutos federativos corresponde aprobar los cambios esenciales en la forma de desarrollar los campeonatos asiacute como la variacioacuten o reestructuracioacuten del sistema de competiciones en su aacutembito autonoacutemico a lo que el apartado g) del mismo precepto antildeade la facultad de aprobar o modificar los estatutos y reglamentos Precisamente habida

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cuenta de tal regulacioacuten esta Institucioacuten le dirigioacute un escrito de fecha 22 de enero de 1999 solicitaacutendole informacioacuten acerca de si una vez preshysentada la oportuna reclamacioacuten por parte del sentildeor () se habiacutea estushydiado la posibilidad de cambiar el reglamento con objeto que fuese posible la alineacioacuten de equipos mixtos

Como es sabido la Constitucioacuten Espantildeola en su artiacuteculo 14 dispone que laquolos espantildeoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer disshycriminacioacuten alguna por razoacuten de nacimiento raza sexo religioacuten opinioacuten o cualquier otra condicioacuten o circunstancia personal o socialraquo Tan rotunda afirmacioacuten contenida en nuestra Ley Suprema ha sido objeto de muy diversos pronunciamientos por parte del Tribunal Constitucional que desde el primer momento han perfilado exactamente el alcance y conshytenido del referido artiacuteculo Asiacute seguacuten el Alto Tribunal laquo el principio de igualdad juriacutedica consagrado en el artiacuteculo 14 hace referencia inicialshymente a la universalidad de la Ley pero no prohiacutebe que el legislador contemple la necesidad o conveniencia de diferenciar situaciones distintas y de darle un tratamiento diverso que puede incluso venir exigido en un Estado social y democraacutetico de Derecho para la efectividad de los valores que la Constitucioacuten consagra con el caraacutecter de superiores del ordenamiento como son la justicia y la igualdad (art 1) a cuyo efecto atribuye ademaacutes a los poderes puacuteblicos el que promuevan las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva (art 92) Lo que prohiacutebe el principio de igualdad juriacutedica es la discriminacioacuten como declara de forma expresa el artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten es decir que la igualdad en el tratamiento legal sea injustificada por no ser razonableraquo (STC 341981 FJ 3o)

Con posterioridad el mismo Tribunal Constitucional ha tenido ocasioacuten de compendiar su propia doctrina sobre el principio de igualdad sisteshymatizaacutendola en la forma siguiente

laquoa) No toda desigualdad de trato en la ley supone una infraccioacuten del artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten sino que dicha infraccioacuten la produce soacutelo aquella desigualdad que introduce una diferencia de situaciones que puedan considerarse iguales y que carecen de una justificacioacuten objetiva y razonable

b) El principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias juriacutedicas debiendo considerarse iguales los supuestos de hecho cuando la utilizacioacuten o introduccioacuten de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional

c) El principio no prohiacutebe al legislador cualquier desigualdad de trashyto sino soacutelo aquellas desigualdades que resulten artificiosas o injustishyficadas por no venir fundadas en criterios objetivos y suficientemente

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razonables de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente acepshytados

d) Por uacuteltimo para que la diferencia resulte constitucionalmente liacutecishyta no basta con que lo sea el fin que en ella se persigue sino que es indispensable ademaacutes que las consecuencias juriacutedicas que resultan de tal discriminacioacuten sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin de modo que la relacioacuten entre la medida adoptada el resultado que se produce y el fin pretendido por el legislador supone un juicio de proporcionalidad en sede constitucional evitando resultados especialmente gravosos o desshymedidosraquo (STC 761990 FJ 9o)

A tenor de la jurisprudencia expuesta que el propio Tribunal ha conshysiderado aplicable no soacutelo a leyes en sentido formal sino tambieacuten en un sentido material esto es al conjunto de las normas juriacutedicas (STC 2091987) uacutenicamente cabe admitir una discriminacioacuten cuando eacutesta pueda fundarse en criterios objetivos resulte razonable y pueda ademaacutes conshysiderarse proporcionada para la consecucioacuten de un fin legiacutetimo Sin embargo en el asunto que ha motivado la intervencioacuten de nuestra Insshytitucioacuten esa Real Federacioacuten no ha justificado miacutenimamente en ninguno de sus escritos la necesidad apreciada con arreglo a los criterios ya expuestos de excluir a las mujeres de la participacioacuten en competiciones oficiales de fuacutetbol formando parte de equipos mixtos Por lo que debe concluirse que a falta de justificacioacuten vaacutelida no existe causa suficiente para mantener tal discriminacioacuten

Por otro lado la Ley del Principado de Asturias 21994 de 29 de diciembre defiende como liacutenea general de actuacioacuten el acceso de todos los ciudadanos a la praacutectica del deporte sin establecer distincioacuten alguna Y maacutes en concreto el artiacuteculo 4 de la misma Ley establece que las insshytituciones competentes prestaraacuten especial atencioacuten al fomento de la actishyvidad deportiva entre las mujeres

Tampoco ha encontrado esta Institucioacuten en el Estatuto de esa Real Federacioacuten precepto alguno en el que se pueda fundamentar la falta de tramitacioacuten de la ficha de () por tratarse de una nintildea Sino que al contrario el artiacuteculo 4 establece un criterio general que impulsa todo el Estatuto y que debe presidir la actuacioacuten de los oacuterganos federativos cuando afirma que no se permitiraacute ninguacuten tipo de discriminacioacuten entre los deportistas federados debida entre otras circunstancias a su sexo

Unicamente el Reglamento Orgaacutenico en su artiacuteculo 233 apartado d) contiene una regulacioacuten que dariacutea una cierta cobertura normativa a la discriminacioacuten sufrida en este caso concreto por la interesada Sin embarshygo esta Institucioacuten debe significarle que no resulta juriacutedicamente adeshycuado el que una norma de rango inferior como en este caso el Reglashy

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mento Orgaacutenico de la Real Federacioacuten limite derechos que no han sido limitados por normas superiores

Debido a lo anterior la regulacioacuten contenida en el Reglamento Orgaacuteshynico de esa Real Federacioacuten puede ser contraria en este punto a las disposiciones constitucionales toda vez que la situacioacuten en la que queda () y cuantas mujeres tuvieran su misma pretensioacuten supone una disshycriminacioacuten por razoacuten de sexo En el caso concreto de esta nintildea al parecer se da la circunstancia de que un Club estaacute interesado en contar con ella como jugadora por lo que la discriminacioacuten no es potencial sino real y efectiva toda vez que no se aprecian las razones de orden fiacutesico y de aptitud teacutecnica que pudieran haber justificado hipoteacuteticamente la deneshygacioacuten de la tramitacioacuten de la correspondiente ficha federativa

Por lo demaacutes debe tenerse especialmente en cuenta que el manteshynimiento de la mencionada prohibicioacuten unido a la inexistencia de comshypeticiones femeninas en algunas de las categoriacuteas de edad que tiene estashyblecidas esa Real Federacioacuten supone de hecho que determinadas jugashydoras pueden verse imposibilitadas para la praacutectica del fuacutetbol lo que estaacute en radical contradiccioacuten con el objeto fundamental establecido en el artiacuteculo primero y desarrollado en el artiacuteculo segundo de la ya refeshyrenciada Ley 21994 del Principado de Asturias

En virtud de todo cuanto antecede y de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 301 de la Ley Orgaacutenica del Defensor del Pueblo esta Insshytitucioacuten ha resuelto efectuar a V I la siguiente recomendacioacuten laquoQue se tomen por parte de esa Presidencia las medidas oportunas para proshymover la modificacioacuten del Reglamento Orgaacutenico de la Real Federacioacuten del Fuacutetbol del Principado de Asturias al objeto de permitir que las jugashydoras puedan ser alineadas en equipos mixtos y les esteacute permitido parshyticipar dentro de los mismos en las competiciones oficiales que corresshyponda organizar a esa Real Federacioacutenraquo


Recomendacioacuten dirigida al Presidente de la Real Federacioacuten de Fuacutetbol del Principado de Asturias

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Recomendacioacuten 141999 de 30 de marzo sobre notificacioacuten de las denuncias de traacutefico e identificacioacuten del denunciante


Agradecemos su atento escrito de fecha 4 de febrero del presente antildeo en el que nos contesta a la queja planteada por don () y registrada con el nuacutemero arriba indicado

En dicho informe se insiste en que el programa informaacutetico no permite que en las denuncias cursadas desde las distintas jefaturas conste su caraacutecter voluntario u obligatorio y la identificacioacuten del denunciante y se sentildeala que esta omisioacuten no produce indefensioacuten ya que los interesados pueden solicitar el acceso a los expedientes

El programa informaacutetico debe responder a las necesidades del orgashynismo que lo utiliza para el cumplimiento de sus fines Por ello detectada una deficiencia en el programa es obligacioacuten de la Administracioacuten realizar las actuaciones necesarias para subsanar tal deficiencia ya que el proshygrama informaacutetico no puede constituir un impedimento insalvable para el cumplimiento de las formalidades legalmente exigidas en la tramitacioacuten de los expedientes sancionadores

El artiacuteculo 75 de la Ley de Traacutefico Circulacioacuten de Vehiacuteculos a Motor y Seguridad Vial exige que en las denuncias conste la identificacioacuten del denunciante sin distinguir entre denuncia notificada en el acto y denuncia notificada con posterioridad desde las distintas jefaturas

Como ya se sentildealoacute en un escrito anterior la constancia de la idenshytificacioacuten del denunciante tiene relevancia a efectos de su posible recushysacioacuten En caso de que se trate de denuncia de caraacutecter voluntario la trascendencia de esta circunstancia es mayor ya que determina que la denuncia no goza de presuncioacuten de veracidad

Se trata por tanto de un dato cuyo conocimiento es esencial para la posterior defensa en el expediente y que por tanto debe constar en la notificacioacuten de la denuncia

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Ciertamente los interesados pueden solicitar vista del expediente y conocer la identidad del denunciante No obstante no puede obligarse a los interesados a solicitar vista del expediente para conocer un dato esencial que debiacutea constar en la denuncia La vista del expediente es un derecho del interesado en el procedimiento que puede o no ejercitar pero la Administracioacuten no puede omitir en la denuncia un dato esencial para el ejercicio del derecho de defensa e imponer al administrado la carga de solicitar vista del expediente para conocer ese dato transforshymando el derecho de vista del expediente en una carga

Por todo cuanto antecede esta Institucioacuten reitera la recomendacioacuten elaborada en su diacutea solicitando a esa Direccioacuten General laquoque se adopten las medidas oportunas a fin de que en las denuncias cursadas desde las jefaturas conste su caraacutecter voluntario y obligatorio y la identificacioacuten del denunciante de conformidad con lo exigido en el artiacuteculo 75 de la Ley de Traacutefico Circulacioacuten de Vehiacuteculos a Motor y Seguridad Vialraquo


Recomendacioacuten dirigida al Director General de Traacutefico

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Recomendacioacuten 151999 de 8 de abril sobre duracioacuten de los cursos de formacioacuten para el personal auxiliar de la Administracioacuten de Jusshyticia celebrados con anterioridad a la aprobacioacuten del reglamento orgaacutenico de tal cuerpo


Comparecioacute ante esta Institucioacuten dontildea () presentando escrito que ha quedado registrado con el nuacutemero arriba indicado

Sustancialmente exponiacutea que con fecha 6 de octubre de 1998 presentoacute escrito en el Centro de Estudios Juriacutedicos de la Administracioacuten de Jusshyticia solicitando la remisioacuten de dos certificaciones en las que constara el nuacutemero de horas de duracioacuten de dos cursos de Praacutectica Procesal Civil y Penal realizados por la interesada en los Juzgados de Sevilla uno de ellos celebrado del 29 de abril al 10 de junio de 1991 y el otro del 18 de septiembre al 17 de noviembre de 1989

Seguacuten apunta la compareciente con fecha 3 de noviembre de 1998 recibioacute la certificacioacuten solicitada pero uacutenicamente del primero de los curshysos sentildealados y no del segundo motivo por el que reiteroacute su peticioacuten el 23 de noviembre sin que se le hiciera llegar la certificacioacuten reclamada que al parecer necesitaba con caraacutecter urgente

Considerando que esta queja reuniacutea los requisitos formales establecidos en el artiacuteculo 54 de la Constitucioacuten y en los artiacuteculos 1 9 y 15 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril dimos traslado de ella al Centro de Estudios Juriacutedicos de la Administracioacuten de Justicia de acuerdo con lo determinado en el artiacuteculo 18 de la citada Ley Orgaacutenica a fin de que investigara su realidad y adoptara las medidas oportunas con arreglo a la Ley

Recientemente hemos recibido el informe solicitado en el que susshytancialmente se manifiesta que con fecha 13 de octubre de 1998 tuvo entrada en ese Centro el escrito de la interesada solicitando se le expishydieran las aludidas certificaciones habieacutendole remitido con fecha 22 de

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octubre la relativa al Curso sobre Praacutectica Procesal Civil postergando el enviacuteo de la otra certificacioacuten a resultas de la buacutesqueda de documenshytacioacuten necesaria para expedirla

Al parecer el 19 de noviembre de 1998 (Registro de salida del 20) el Secretario General del Centro le remitioacute un escrito a dontildea () manishyfestaacutendole que en el Centro no existiacutea documentacioacuten acreditativa para expedir la certificacioacuten interesada pero antildeadiendo que en el caso de que pudiera acreditarse mediante alguna de las pruebas admitidas en Derecho la duracioacuten del referido curso le seriacutea expedida la certificacioacuten corresshypondiente

Igualmente se pone de manifiesto a esta Institucioacuten en el informe remitido que el Reglamento Orgaacutenico de Oficiales Auxiliares y Agentes de la Administracioacuten de Justicia vigente hasta el antildeo 1996 al regular la promocioacuten interna en turno restringido daba una determinada punshytuacioacuten por curso realizado organizado por el Ministerio de Justicia sin atender al nuacutemero de horas lectivas

Estos cursos se impartiacutean en la sede de los Juzgados y Tribunales de todo el territorio espantildeol coordinados por un director nombrado al efecto sin que al parecer en la tramitacioacuten de los expedientes docentes se considerara esencial dejar constancia documental del nuacutemero de horas lectivas por curso aunque en muchos casos este dato consta bien a efectos econoacutemicos bien porque existe un informe del director del curso o un programa suficientemente claro al respecto

El reglamento vigente aprobado por Real Decreto 1491996 de 16 de febrero modifica la regulacioacuten introduciendo un baremo en funcioacuten del nuacutemero de horas lectivas pero no contiene disposicioacuten transitoria alguna con previsiones para supuestos como el planteado por la compareciente

A la vista de lo expuesto esta Institucioacuten al amparo del artiacuteculo 30 de su Ley Orgaacutenica reguladora y en la medida en que la cuestioacuten expuesta afecta a derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos ha valorado la conveniencia de dar traslado a V E de la siguiente recoshymendacioacuten laquoQue se lleve a cabo el desarrollo normativo que corresponda para que se pueda determinar con claridad la duracioacuten y correspondiente baremacioacuten de los cursos realizados con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento Orgaacutenico de Oficiales Auxiliares y Agentes de la Administracioacuten de Justicia aprobado por Real Decreto 1491996 de 16 de febrero todo ello sin perjuicio de que el Ministerio de Justicia recoshynozca la duracioacuten de dichos cursos mediante cualquiera de las pruebas admitidas en Derechoraquo

Madrid 8 de abril de 1999

Recomendacioacuten dirigida al Secretario de Estado de Justicia

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Recomendacioacuten 161999 de 29 de abril sobre notificacioacuten personal en expedientes de visado


Nos dirigimos nuevamente a V E como continuacioacuten a nuestro escrito de fecha 9 de febrero de 1998 en el que procediacuteamos a concluir nuestra investigacioacuten en el caso de dontildea () en representacioacuten de dontildea ()

Recientemente la interesada se ha dirigido de nuevo a esta Institucioacuten remitiendo copia del escrito dirigido a esa Direccioacuten General el pasado diacutea 31 de diciembre de 1998 en el que solicitaba la revocacioacuten de la deneshygacioacuten de visado al ciudadano marroquiacute don () asiacute como la respuesta recibida del Consulado General de Espantildea en Casablanca copia de la cual se remite a V E a efectos de su conocimiento

Sin entrar a cuestionar la denegacioacuten del visado solicitado en su diacutea asiacute como la denegacioacuten de la revocacioacuten solicitada esta Institucioacuten quiere mostrar su diferencia de criterio con el contenido literal del punto 6o

del escrito del Ilmo Sr Coacutensul General respecto de las notificaciones que se han de practicar en los expedientes de visado

La interesada en su escrito de fecha 31 de diciembre de 1998 alegaba una serie de defectos en la notificacioacuten que son reconocidos por el Conshysulado de Espantildea si bien se considera que laquoesta notificacioacuten no tiene caraacutecter obligatorio y se ha realizado uacutenicamente en beneficio del inteshyresado ya que la misma es complementaria de la establecida en la repeshytida Ley 301992 en la que la forma de notificacioacuten a residentes en el extranjero es la publicacioacuten en el tabloacuten de anuncios del Consulado (Vid art 594)raquo

Esta Institucioacuten quisiera expresar su divergencia de criterio con la interpretacioacuten que el citado Consulado General de Espantildea parece efecshy

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tuar del artiacuteculo 594 de la Ley 301992 de 26 de noviembre de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Adminisshytrativo Comuacuten

La praacutectica en las notificaciones viene regulada en el artiacuteculo 59 de la Ley 301992 y el hecho de que en este artiacuteculo se prevean distintos tipos de notificaciones no supone el que por parte de los Consulados o en general por la Administracioacuten se pueda utilizar a su conveniencia una u otra forma de notificacioacuten

La regla general establece que las notificaciones en primer lugar deben practicarse personalmente a los interesados bien en su domicilio bien en el lugar que se haya sentildealado a tal efecto en su solicitud por lo que conocieacutendose el domicilio de los interesados en los expedientes de solicitud de visado la notificacioacuten debe cursarse a este domicilio

El artiacuteculo 594 establece que la notificacioacuten a traveacutes de edictos se realizaraacute uacutenicamente cuando los interesados en un procedimiento laquosean desconocidos se ignore el lugar de la notificacioacuten o el medio a que se refiere el punto 1 de este artiacuteculo o bien intentada la notificacioacuten no se hubiera podido practicarraquo

Este mismo artiacuteculo que fija que la notificacioacuten se haraacute por medio de anuncio en el tabloacuten de edictos del Ayuntamiento de su uacuteltimo domishycilio establece la posibilidad para aquellos casos en que el uacuteltimo domishycilio radique en un paiacutes extranjero de que la notificacioacuten se efectuacutee mediante su publicacioacuten en el tabloacuten de anuncios del Consulado o Seccioacuten Consular de la Embajada correspondiente

Este apartado 4o del artiacuteculo 59 preveacute que las notificaciones se pracshyticaraacuten cuando no ha sido posible otra forma de notificacioacuten maacutes directa resultando pues una foacutermula alternativa o sustitutoria

Es pues esta forma de notificacioacuten la que resulta como no puede ser de otra manera complementaria de la que se debe de efectuar direcshytamente al interesado

Por todo lo anterior esta Institucioacuten en base a lo establecido en el artiacuteculo 301 nuestra Ley Orgaacutenica reguladora ha valorado la convenienshycia de formular a V E la siguiente recomendacioacuten laquoQue por esa Direcshycioacuten General se dicten las instrucciones oportunas para que las notifishycaciones que se efectuacuteen en materia de visados se practiquen personalshymente a los interesados y que uacutenicamente se efectuacutee la publicacioacuten en el tabloacuten de anuncios del Consulado o Seccioacuten Consular de la Embajada correspondiente cuando se den los requisitos que a este efecto establece

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el artiacuteculo 594 de la Ley 301992 de 26 de noviembre de Reacutegimen Juriacuteshydico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacutenraquo


Recomendacioacuten dirigida al Director General de Asuntos Juriacutedicos y Consulares

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Recomendacioacuten 171999 de 29 de abril sobre el proceso de admishysioacuten de alumnos en un centro privado concertado de Madrid


Ha tenido entrada en esta Institucioacuten su escrito de fecha 9 de febrero uacuteltimo (sref salida 7314) relacionado con la queja planteada por dontildea () inscrita en el registro del Defensor del Pueblo con el nuacutemero arriba indicado

De su citada comunicacioacuten se desprende que las actuaciones pracshyticadas por esa Direccioacuten Provincial en relacioacuten con la posible actuacioacuten irregular en materia de admisioacuten de alumnos del centro docente conshycertado a que alude la queja planteada parece haberse limitado a la celeshybracioacuten de una entrevista con la directora del centro en la que eacutesta ha reconocido el enviacuteo a los padres de los alumnos del centro de una circular cuya copia proporcionada por la reclamante se remitioacute a V I al iniciar la presente tramitacioacuten

En la citada entrevista y en relacioacuten con la mencionada circular en la que despueacutes de informar de la apertura de los plazos de admisioacuten de alumnos de Educacioacuten Infantil Primaria y Secundaria Obligatoria para el curso 1998-1999 se sentildealaba que los alumnos del colegio teniacutean asegurado su puesto escolar la directora parece haber establecido detershyminadas puntualizaciones sobre el sentido de dicha circular que hariacutean aceptable su contenido desde el punto de vista de la normativa sobre admisioacuten de alumnos vigente y que parecen haberse dado por buenas sin ulteriores comprobaciones

En efecto aun cuando las citadas puntualizaciones no concuerdan en absoluto ni con el tenor literal de la circular mencionada que por su redaccioacuten parece conducir inequiacutevocamente a entender que el centro tenshydriacutea la intencioacuten de obviar la aplicacioacuten de determinados aspectos de la normativa sobre admisioacuten o incluso el propio desarrollo de los procesos

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que en la misma se establecen ni se ajustan las manifestaciones de la promovente de la queja a la que seguacuten sentildeala cuando escolarizoacute a su hija en el centro en el nivel de Educacioacuten Infantil se le aseguroacute que teniacutea garantizado un puesto escolar para cursar niveles educativos suceshysivos el Servicio de Inspeccioacuten de esa Direccioacuten Provincial que realizoacute ante el centro la actuacioacuten descrita no parece haber efectuado como parece exigible dadas las circunstancias expresadas comprobacioacuten alguna que permita establecer con certeza la regularidad y adecuacioacuten a la norshymativa vigente del ulterior desarrollo del proceso de admisioacuten de alumnos a que aludiacutea la citada circular

Esta Institucioacuten en consecuencia en uso de las facultades que tiene atribuidas por el artiacuteculo 301 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo considera preciso formular a V I las siguientes recomendaciones

laquomdash Que por parte del Servicio de Inspeccioacuten Educativa de la Subshydireccioacuten Territorial Madrid-Centro se supervise en la medida en que lo haga posible la base documental de que disponga el centro el desarrollo experimentado por el uacuteltimo proceso de admisioacuten de alumnos celebrado en el centro a que se refiere la presente resolucioacuten y se informe a esta Institucioacuten de los resultados que se desprendan de dicha actuacioacuten y de las eventuales medidas correctoras que se juzgue preciso adoptar como consecuencia de la misma

mdash Que se haga notar al mismo centro docente la inadecuacioacuten de los teacuterminos literales de la circular a que se ha hecho referencia en este escrito a la regulacioacuten administrativa vigente en materia de admisioacuten de alumnos a centros sostenidos con fondos puacuteblicos y de la necesidad de que sus comunicaciones sucesivas en la referida materia prescindan de cualquier contenido que induzca a los padres de los alumnos que cursan ensentildeanzas no concertadas a entender que sus hijos tienen garantizada plaza en los niveles sucesivos que el centro tenga concertado resultado en todo caso condicionado por la normativa vigente a la previa celebracioacuten de los procesos de admisioacuten que se regulan en la citada normativa y a las consecuencias que se deriven de los mismosraquo


Recomendacioacuten dirigida al Director Provincial del Ministerio de Educacioacuten y Cultura de Madrid

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Recomendacioacuten 181999 de 29 de abril sobre notificacioacuten de subshyvenciones al sector pesquero


Mediante escrito de 30 de diciembre pasado esta Institucioacuten solicitoacute de esa Secretariacutea General un primer informe en relacioacuten con la queja Q9821177

El firmante exponiacutea que la empresa que representa solicitoacute de ese Ministerio una ayuda financiera para la constitucioacuten de una sociedad pesshyquera mixta en Senegal al amparo del Real Decreto 7981995 de 19 de mayo por el que se definen los criterios y condiciones de las intershyvenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca y la Orden de 20 de diciembre de 1996 del Ministerio de Agricultura Pesca y Alishymentacioacuten sobre reacutegimen y ayudas a las sociedades mixtas

Seguacuten indicaba el compareciente mediante resolucioacuten de 16 de febreshyro de 1998 de esa Secretariacutea General (referencia RAISM110-97) se recoshynocioacute a la citada empresa una ayuda por importe de 81411342 pesetas en base a considerar un arqueo de 108rsquo82 GT del buque laquoMar de Galilea Primeroraquo que se aportaba a la sociedad mixta en constitucioacuten No obsshytante con posterioridad se habiacutea procedido a modificar los teacuterminos de concesioacuten de la citada ayuda reduciendo considerablemente la subvenshycioacuten con los consiguientes perjuicios para el proyecto empresarial citado cuyos caacutelculos de viabilidad y desembolsos se realizaron en base a la subvencioacuten inicialmente reconocida

En respuesta a la peticioacuten formulada ha tenido entrada en esta Insshytitucioacuten informe de la Direccioacuten General de Estructuras y Mercados Pesshyqueros dependiente de esa Secretariacutea General con Registro de Salida nuacutemero 32449 de 4 de febrero pasado sref RAISM110-97

Del contenido del mismo y de la documentacioacuten aportada por el inteshyresado se deduce que con fecha 16 de febrero de 1998 esa Secretariacutea

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General de Pesca Mariacutetima dictoacute una resolucioacuten por la que se acordoacute conceder a la empresa Oztarki una ayuda equivalente a 81411342 peseshytas No obstante en el texto de la misma se matizaba que laquolas cantidades anteriores se entiende que son maacuteximas quedando postergado el caacutelculo final al momento del pago en funcioacuten de las aplicaciones que correspondan seguacuten establece la legislacioacuten vigente al respectoraquo Asimismo se expreshysaba que dicha resolucioacuten poniacutea fin a la viacutea administrativa advirtiendo de la posibilidad de recurrirla en viacutea contencioso-administrativa

El caacutelculo de la citada cifra (81411342 pesetas) se realizoacute en base a considerar un arqueo erroacuteneo del buque Mar de Galilea Primero de 108rsquo82 GT cifra que fue obtenida por esa propia Secretariacutea General del Censo de la Flota Pesquera Operativa Paradoacutejicamente en el informe remitido a esta Institucioacuten se reconoce que dicho dato laquono estaba resshypaldado por ninguacuten certificado oficial ya que soacutelo era estimadoraquo indishycaacutendose que laquohasta que no se supiera el arqueo definitivo expedido por la Direccioacuten General de la Marina Mercante en su Certificado Nacional de Arqueo no se podiacutea hacer efectiva la ayuda que realmente corresshypondiacutearaquo

Con fecha 8 de octubre de 1998 la Direccioacuten General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento emitioacute el correspondiente Certishyficado Nacional en el que se estableciacutea un arqueo bruto de 57rsquo2 GT En este sentido y una vez conocido el dato definitivo con fecha 13 de enero los servicios correspondientes de esa Secretariacutea General notificaron al interesado que se procediacutea a dar orden de pago de una subvencioacuten por importe de 48290027 pesetas sin que dicha notificacioacuten contenga explishycacioacuten alguna del modo en el que se ha calculado el importe definitivo de la subvencioacuten ni de las razones por las que se ha procedido a rectificar las cantidades inicialmente contempladas en la resolucioacuten por la que se concedioacute la ayuda Tampoco se indica en dicha comunicacioacuten que no revisshyte la forma de resolucioacuten la posibilidad de formular recurso alguno contra dicho caacutelculo con la consiguiente indefensioacuten para la empresa compashyreciente

El procedimiento empleado en la tramitacioacuten de este expediente podriacutea a juicio de esta Institucioacuten inducir a confusioacuten y generar inseshyguridad juriacutedica por cuanto mdashen lugar de finalizar mediante una resoshylucioacuten en la que en base a datos reales debidamente documentados se estableciera el importe definitivo de la subvencioacuten y la posibilidad de recurrirlomdash se realizoacute una mera estimacioacuten de la ayuda que podriacutea corresshyponder a los solicitantes matizando que el importe citado no era definitivo por lo que podiacutea verse sometido a revisioacuten lo que supuso vaciar de conshytenido el acto administrativo haciendo imposible en la praacutectica su recurso

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Asimismo y como consecuencia de la inclusioacuten en dicha resolucioacuten de un caacutelculo realizado en base a datos estimados alejados de la realidad y sin el respaldo seguacuten se reconoce del correspondiente certificado oficial se generoacute en la empresa compareciente expectativas econoacutemicas con la consiguiente realizacioacuten de inversiones y la tramitacioacuten de un expediente de regulacioacuten de empleo de once trabajadores que posteriormente se vieron defraudadas poniendo en grave peligro la viabilidad del proyecto empresarial iniciado

Por lo expuesto y con objeto de evitar la repeticioacuten de situaciones como la que ha afectado a la empresa compareciente de conformidad con lo dispuesto en los artiacuteculos 28 y 30 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril reguladora del Defensor del Pueblo ha resuelto formular la siguiente recomendacioacuten laquoQue por esa Secretariacutea General se adopten las medidas oportunas a fin de que en los procedimientos instruidos al amparo del Real Decreto 7981995 de 19 de mayo por el que se definen los criterios y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca y la Orden de 20 de diciembre de 1996 sobre reacutegimen de ayudas a las sociedades mixtas se evite la utilizacioacuten de datos estimados o indebidamente contrastados en el momento de dictar resoshylucioacuten de concesioacuten de tales ayudas debiendo basarse las mismas en cifras definitivas y respaldadas por sus correspondientes certificados oficiales

Que en todo caso se garantice la posibilidad de recurrir el acto admishynistrativo que establezca la cantidad definitiva a percibir por el solicitante de la ayudaraquo


Recomendacioacuten dirigida al Secretario General de Pesca Mariacutetima

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Recomendacioacuten 191999 de 30 de abril sobre el disfrute de permiso por maternidad por el padre en situaciones de incapacidad de la madre para atender al hijo aun no siendo eacutesta trabajadora


Ante esta Institucioacuten ha comparecido don () funcionario de la Admishynistracioacuten de la Comunidad Autoacutenoma de Aragoacuten mediante escrito regisshytrado con el nuacutemero de expediente arriba resentildeado planteando queja por la denegacioacuten del permiso de maternidad solicitado a raiacutez del nacishymiento de su hijo

Dicha solicitud fue cursada por el promovente entendiendo que le resultariacutean aplicable por analogiacutea las previsiones legales establecidas al efecto teniendo en cuenta que aunque su mujer no trabajaba tampoco puede ocuparse de su hijo dada la gravedad de las afecciones que padece mdashAtaxia de Friedrichmdash enfermedad neuroloacutegica degenerativa por la que tiene reconocido un grado de minusvaliacutea del 94 por 100 que ademaacutes de impedirle ocuparse del cuidado de su hijo le genera una necesidad de cuidados especiales que fundamentalmente le tiene que prestar su marido

La pretensioacuten del promovente fue desestimada mediante Orden del Departamento de Ordenacioacuten Territorial Obras Puacuteblicas y Transportes de la Diputacioacuten General de Aragoacuten fundada en la falta de acogimiento de este supuesto entre los previstos en el artiacuteculo 303 de la Ley 301984 que tiene el caraacutecter de precepto baacutesico y en consecuencia de aplicacioacuten al personal de todas las administraciones puacuteblicas

A la vista de los antecedentes expuestos esta Institucioacuten se ve en la obligacioacuten de formular a V E las siguientes consideraciones

Primera La maternidad es una contingencia compleja destinada trashydicionalmente a proteger tanto el estado fiacutesico de la madre durante el embarazo el parto y el puerperio como a atender al cuidado del hijo durante el periacuteodo inmediato a su nacimiento

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No obstante su complejidad hasta hace poco la proteccioacuten de la matershynidad ha estado regulada de una forma unilateral de manera que al eleshymento fiacutesico de la maternidad a la que se consideraba como un estado patoloacutegico que justificaba la suspensioacuten del contrato de trabajo al igual que en cualquier otro supuesto de enfermedad se le uniacutea otro elemento socioloacutegico configurado por la consideracioacuten de los necesarios cuidados del hijo como una derivacioacuten natural de la maternidad y por tanto resshyponsabilidad de la madre De esta forma se justificaba una situacioacuten en la que la mujer era la uacutenica titular de los derechos derivados de la proshyteccioacuten por esta contingencia

Segunda Se trataba de una configuracioacuten simplista determinante de la tradicional asimilacioacuten de la maternidad a la incapacidad laboral transitoria que naturalmente ha tenido que ser modificada fundamenshytalmente por la incidencia de dos factores de un lado la necesidad de eliminar los elementos discriminatorios de la anterior regulacioacuten que suponiacutean un obstaacuteculo para la incorporacioacuten y el mantenimiento de la mujer en el mercado laboral y de otro lado la cada vez mayor preshyponderancia alcanzada por los cuidados necesarios al hijo entre los facshytores protegibles por esta contingencia

Tercera Esta evolucioacuten entre cuyos hitos maacutes destacables hay que citar a la Ley 31989 que introdujo entre otras medidas destinadas a favoshyrecer la igualdad de trato de la mujer en el trabajo la posibilidad de que el padre pudiese disfrutar parte del permiso por maternidad e incluso en su totalidad en los supuestos de adopcioacuten ha tenido su manifestacioacuten maacutes importante en la Ley 421994 en cuya Exposicioacuten de Motivos se afirma que uno de sus objetivos es el de configurar laquocomo contingencia especiacutefica desligada de la incapacidad laboral transitoria la de maternidadraquo

Cuarta La configuracioacuten especiacutefica de la contingencia de maternidad se justifica por los distintos fines que se pretenden alcanzar mediante la correspondiente accioacuten protectora Evidentemente el primer objetivo es proteger la salud de la mujer pero tambieacuten se pretende la proteccioacuten de la salud del hijo y la especial atencioacuten de eacuteste durante los primeros diacuteas junto a ello hay que citar la finalidad de facilitar la estabilidad laboral de la madre y finalmente la de hacer posible el establecimiento de una relacioacuten entre los padres y el hijo factores estos tres uacuteltimos que en modo alguno concurren en la proteccioacuten por la contingencia de incapacidad laboral

Quinta No obstante los diversos bienes juriacutedicos protegibles la actual regulacioacuten de la contingencia de maternidad lleva a la conclusioacuten de que la finalidad uacuteltima perseguida es el beneficio del hijo conclusioacuten reforzada por el hecho de que esta prestacioacuten se haya extendido a los casos de adopcioacuten y acogimiento asiacute como por la posibilidad de que sea el padre el que disfrute de las cuatro uacuteltimas semanas de la prestacioacuten

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a opcioacuten de la madre o de las seis semanas obligatorias posteriores al parto si sobreviene la muerte de la madre supuestos todos ellos cuya finalidad es exclusivamente atender al cuidado del menor

Sexta Siendo esto asiacute cabe preguntarse iquesthasta queacute punto puede realizar estos cuidados una mujer aquejada de tan importantes secuelas en su salud como la esposa del promovente de la queja La respuesta a este interrogante pone de manifiesto que deberiacutea avanzarse un paso maacutes en la regulacioacuten de la accioacuten protectora por esta contingencia hasta la configuracioacuten de un permiso parental que pudiera obviar situaciones como la planteada en la queja en las que queda claramente desatendida una de las finalidades y como ya se ha dicho cada vez maacutes importante e incluso fundamental cual es atender al beneficio o cuidado del hijo

Seacuteptima Las anteriores consideraciones ponen de relieve una lagushyna en la regulacioacuten de los permisos por maternidad que deberiacutea ser salshyvada mediante las oportunas modificaciones legislativas que hicieran posishyble que el padre pudiera disfrutar de los mismos en los supuestos de incapacidad fiacutesica de la madre cuando a consecuencia de esa incapacidad eacutesta tampoco pueda ocuparse del hijo y ello con independencia de que la madre trabaje o no

Dicha modificacioacuten podriacutea consistir en dar a estos supuestos el trashytamiento maacutes favorable ya previsto para los casos de adopcioacuten y acoshygimiento de menores de nueve meses

En base a cuanto ha quedado argumentado esta Institucioacuten en el ejercicio de la responsabilidad que le confiere el artiacuteculo 54 de la Consshytitucioacuten y al amparo del artiacuteculo 30 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo viene a formular a V E la siguiente recomendacioacuten laquoQue se inicien los traacutemites oportunos para la modifishycacioacuten del artiacuteculo 303 de la Ley 301984 de Medidas para la Reforma de la Funcioacuten Puacuteblica incluyendo entre los supuestos en eacutel regulados la previsioacuten de que el permiso pueda ser disfrutado por el padre cuando al nacer el hijo la madre se encuentre incapacitada para prestarle los cuidados necesariosraquo

Con esta misma fecha se remite copia de esta comunicacioacuten al Excmo Sr Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para que paralelamente se inicien los traacutemites precisos para modificar el artiacuteculo 484 del Estatuto de los Trabajadores incluyendo en eacutel la misma previsioacuten propugnada en la anterior recomendacioacuten para su aplicacioacuten con caraacutecter general en el aacutembito del Derecho laboral


Recomendacioacuten dirigida al Ministro de Administraciones Puacuteblicas

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A raiacutez de la tramitacioacuten de la queja arriba resentildeada presentada por don () funcionario de la Administracioacuten de la Comunidad Autoacutenoma de Aragoacuten esta Institucioacuten ha llegado a la conclusioacuten de la existencia de una laguna en la regulacioacuten de los permisos de maternidad que deberiacutea ser salvada mediante las oportunas modificaciones legislativas que hicieshyran posible que los padres pudieran disfrutar de dichos permisos en los supuestos de incapacidad fiacutesica de las madres cuando a consecuencia de dicha incapacidad tampoco puedan ocuparse de los hijos y ello al margen de que eacutestas trabajen o no

Dicha conclusioacuten ha movido a esta Institucioacuten a formular al Excmo Sr Ministro de Administraciones Puacuteblicas la consiguiente recomendacioacuten para que se inicien los traacutemites oportunos para la modificacioacuten del arshytiacuteculo 303 de la Ley 301984 de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Funcioacuten Puacuteblica de manera que quede salvada la citada laguna legal en el aacutembito funcionarial en el que se planteaba la queja de refeshyrencia

No obstante lo anterior en base a las mismas consideraciones expuesshytas en la citada resolucioacuten de la que para su debido conocimiento se le adjunta una copia se ha decidido formular a V E una recomendacioacuten paralela para que tras los traacutemites precisos laquose modifique el artiacuteculo 484 del Estatuto de los Trabajadores incluyendo entre los supuestos en eacutel regulados la previsioacuten de que el permiso en cuestioacuten pueda ser disfrutado por el padre cuando al nacer el hijo la madre se encuentre incapacitada para prestarle los cuidados necesariosraquo


Recomendacioacuten dirigida al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales

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Recomendacioacuten 211999 de 11 de mayo sobre unificacioacuten formal de los modelos y criterios empleados en las actas de evaluacioacuten y expedientes acadeacutemicos de alumnos de conservatorios de muacutesica


Ha tenido entrada en esta Institucioacuten su escrito de fecha 21 de enero uacuteltimo (sref salida 103 de 221) relacionado con la queja que figura inscrita en el registro del Defensor del Pueblo con el nuacutemero arriba indicado

Una vez valorado cuanto se manifiesta en su citado informe y tomando especialmente en consideracioacuten el hecho de que por esa Direccioacuten General se han cursado instrucciones a la direccioacuten del Conservatorio de Aacutevila a cuya actuacioacuten se referiacutea la citada queja para que incluya en el expeshydiente personal de la alumna reclamante una mencioacuten que refleje las circunstancias relacionadas con su no presentacioacuten a las pruebas de determinadas asignaturas que motivaron la calificacioacuten que le fue otorshygada en las mismas esta Institucioacuten ha decidido dar por concluida su intervencioacuten en lo que se refiere al concreto supuesto planteado

No obstante lo anterior el Defensor del Pueblo que de otra parte interesa de V I la remisioacuten de informacioacuten sucesiva respecto de la decishysioacuten que finalmente se adopte en orden a la posible modificacioacuten que se apunta en su escrito de la regulacioacuten sobre constancia de las calishyficaciones acadeacutemicas en las actas de evaluacioacuten de los alumnos en las ensentildeanzas musicales anteriores a la LOGSE considera preciso formular entretanto a V I atendiendo igualmente al contenido de su citado inforshyme determinada recomendacioacuten de actuacioacuten

En su comunicacioacuten se sentildeala en efecto que mdashante la inexistencia de previsiones en el Decreto 26181966 de 10 de septiembre de reglashymentacioacuten de los conservatorios de muacutesica que contemplen de forma expresa la posible inclusioacuten en las actas de evaluacioacuten de los alumnos

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de la anotacioacuten de no presentado en referencia a los alumnos que no realicen las pruebas correspondientesmdash los conservatorios de muacutesica han venido actuando de forma dispar bien incluyendo para tales supuestos la referencia de laquono presentadoraquo bien la calificacioacuten de suspenso que cuestionaba la reclamante u optando incluso en ocasiones determinados centros por una u otra praacutectica para diferentes cursos o atendiendo al criterio del departamento o tribunal correspondiente

No obstante lo anterior a juzgar por cuanto se manifiesta en su inforshyme ese centro directivo no parece haber impartido instrucciones a los conservatorios con vistas a unificar la interpretacioacuten y aplicacioacuten de la citada norma reglamentaria en el aspecto mencionado

De otra parte la tramitacioacuten efectuada ha puesto de manifiesto que a juicio de esa Direccioacuten General cualquiera que sea la forma en que tales supuestos se reflejan en las actas de evaluacioacuten siacute resulta posible en todo caso que en los expedientes de los alumnos se precise la cirshycunstancia que motiva la calificacioacuten otorgada

Aun cuando la misma tramitacioacuten permite deducir que en ocasiones los conservatorios atendiendo al contenido de la misma norma reglashymentaria ya mencionada no incluyen las citadas referencias en los expeshydientes personales de los alumnos esa Direccioacuten General uacutenicamente parece haber instruido de dicha posibilidad al conservatorio a que en concreto alude la queja planteada y uacutenicamente a efectos de que se atienshyda la pretensioacuten en tal sentido formulada por la alumna promovente de la misma

Esta Institucioacuten sobre la base de cuanto queda expuesto y en uso de las facultades que le atribuye el artiacuteculo 301 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo considera preciso formular a V I la siguiente recomendacioacuten laquoQue por esa Direccioacuten General se impartan instrucciones a los conservatorios ubicados en el aacutembito de gestioacuten del departamento tendentes a unificar la forma en que se cumplimentan las actas de evaluacioacuten y los expedientes acadeacutemicos de los alumnos en los supuestos a que se alude en el cuerpo de este escrito y a lograr una misma interpretacioacuten y aplicacioacuten de la regulacioacuten que en los indishycados supuestos en materia de calificaciones acadeacutemicas se contiene en el Real Decreto 26181966 de 10 de septiembreraquo

Madrid 11 de mayo de 1999

Recomendacioacuten dirigida al Director General de Centros Educashytivos

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Recomendacioacuten 221999 de 11 de mayo sobre la notificacioacuten de concesiones o renovaciones de licencias de armas


Comparecioacute ante esta Institucioacuten mediante el correspondiente escrishyto don () con domicilio en Carcaixent (Valencia)

Sustancialmente exponiacutea que por parte de la Delegacioacuten del Gobierno en la Comunidad Autoacutenoma Valenciana se le habiacutea sancionado por estar en posesioacuten de unas armas teniendo la licencia caducada desde el mes de abril de 1997

El interesado alegaba en su escrito que hasta esa fecha siempre renovaba su licencia cada cinco antildeos y que la uacuteltima renovacioacuten con valishydez desde el 7 de abril de 1995 por un periacuteodo de dos antildeos nunca le fue entregada por lo que desconociacutea el hecho de que se hubiera acortado el plazo de validez

A este respecto el interesado manifiesta que la solicitud de renovacioacuten la efectuoacute en el Cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent (Valencia) sin que en ninguacuten momento se le notificase que la licencia estaba conshycedida

Solicitada informacioacuten de la Delegacioacuten del Gobierno en la Comunidad Valenciana se participoacute lo siguiente

laquoSeguacuten el informe emitido al respecto por la Comandancia de la Guarshydia Civil de Valencia al sentildeor () se le expidioacute el 7 de noviembre de 1995 una licencia de armas vaacutelida para dos antildeos por aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 104 del Reglamento de Armas con arreglo a la edad al haber nacido el 22 de junio de 1931 retrotrayendo el inicio de su vigencia al 7 de abril de 1995 de acuerdo con la peticioacuten del solicitante de 15 de marzo de 1995

Con fecha 7 de abril de 1995 se le expidioacute una autorizacioacuten temporal de uso de armas valedera para seis meses Se expidioacute la licencia definitiva

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en un folio el 7 de noviembre de 1995 retrotrayendo su validez al 7 de abril de 1995 y hasta igual fecha de 1997

La praacutectica usual no es la entrega personal al interesado de los pershymisos concedidos ni la comunicacioacuten al mismo de su concesioacuten lo que supondriacutea detraer para esta tarea burocraacutetica un nuacutemero importante de efectivos que son necesarios para la realizacioacuten de otras actividades maacutes propias de los fines de la Guerra Civil

Como viene siendo habitual al sentildeor () como al resto de solicitantes de licencias de armas se le indicoacute que transcurrido un tiempo prudencial se personase en la Intervencioacuten de Armas de Carcaixent para recoger la licencia concedida lo que no tuvo lugar obrando dicho documento en la Intervencioacuten de Armas especial Alzira tras la reorganizacioacuten de las Intervenciones de Armas que suprimioacute la del puesto de Carcaixentraquo

Esta Institucioacuten sin perjuicio del caso concreto planteado por don () al que ya se informa al respecto considera que debe comunicarse a los interesados conforme a la Ley 301992 la licencia concedida (o denegacioacuten en su caso) participaacutendoles que se encuentra a su disposicioacuten para su entrega al propio interesado en la Comandancia de la Guardia Civil

En efecto el artiacuteculo 58 de la citada norma establece la obligacioacuten de notificar a los interesados las resoluciones que afecten a sus derechos e intereses en la forma y manera prevista en el mismo artiacuteculo y en el plazo de diez diacuteas no siendo procedente la alegacioacuten de la falta de personal para no efectuar la notificacioacuten en debida forma

El que por parte de la Comandancia se solicite a los interesados que se personen en la misma cada cierto tiempo para conocer el estado de traacutemite de su peticioacuten ni es una obligacioacuten para aqueacutellos de acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 40 de la Ley 301992 de 26 de noviembre ni tampoco supone un cumplimiento de lo establecido en el artiacuteculo 41 de la citada norma en orden a remover obstaacuteculos que dificulten o retrashysen el ejercicio de un derecho

Si el Reglamento de Armas normativa especiacutefica sobre la materia preveacute que seraacute la Direccioacuten General de la Guardia Civil la encargada de la tramitacioacuten y expedicioacuten de las licencias no se puede aducir la falta de medios con caraacutecter general y continuo para efectuar traacutemites burocraacuteticos pues estos medios tanto humanos como materiales tienen que estar previstos o en su caso adoptar las medidas necesarias para que los ciudadanos no se vean afectados ni perjudicados

Por todo lo anterior en virtud de lo dispuesto en el artiacuteculo 301 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo se ha

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valorado la conveniencia de formular a V E la siguiente recomendacioacuten laquoQue por esa Direccioacuten General se dicten las instrucciones oportunas para que las resoluciones que se adopten en las solicitudes de concesioacuten o renovacioacuten de las licencias de armas se notifiquen a los interesados de acuerdo con lo establecido en los artiacuteculos 58 y siguientes de la Ley 301992 de 26 de noviembre de Reacutegimen Juriacutedico de las Admishynistraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacutenraquo


Recomendacioacuten dirigida al Director General de la Guardia Civil

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Recomendacioacuten 231999 de 11 de mayo sobre las tomas de declashyracioacuten a extranjeros rechazados en frontera


Se acusa recibo a su atento escrito en el que nos contesta a la queja planteada por dontildea () Coordinadora de SOS Racisme de Catalunya en representacioacuten de dontildea () y dontildea () y registrada con el nuacutemero arriba indicado

En el informe de referencia se participa que las interesadas fueron rechazadas al no tener medios econoacutemicos y no justificar doacutende iban a residir

Finalmente se remite copia de un escrito de la Comisariacutea del aeroshypuerto de Barcelona donde se ponen de relieve las sospechas suscitadas por el documento que se intervino a estas personas

Tras la lectura del citado documento esta Institucioacuten considera que el contenido del mismo no refleja lo expresado en el escrito de la Comishysariacutea esto es unas laquoinstrucciones de los pasos a seguirraquo en el caso de una entrevista para eludir fraudulentamente los controles de entradas en nuestro paiacutes como parece desprenderse del informe

Este documento detalla una lista de personas con las que contactar en distintos paiacuteses y la ruta y vuelos a seguir asiacute como una informacioacuten sobre lo que teniacutean que contestar si se les preguntaba por los medios econoacutemicos de su estancia en Espantildea

De la lectura de este documento se deduce que las interesadas estaban invitadas por las cooperativas laquoLongo Mairaquo y se ofreciacutean distintos conshytactos para aclarar cualquier duda que pudieran tener los funcionarios de fronteras en Suiza o en Espantildea respecto a su estancia gastos etc

Por ello afirmar como se hace en el escrito de la Comisariacutea del aeroshypuerto de Barcelona que las interesadas no hicieron manifestacioacuten alguna

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respecto de su viaje estancia etc habida cuenta del contenido del docushymento intervenido parece excesivo pues la finalidad de este documento es indicar los sitios donde ir y las explicaciones que dar sin que se pueda entender que ello sea con una finalidad ilegiacutetima

Las dudas que pueden surgir ahora sobre queacute manifestaciones hicieshyron las interesadas no surgiriacutean si se hubiera cumplimentado un escrito donde constara la declaracioacuten efectuada firmada por las propias inteshyresadas

Como ya se informoacute en su diacutea a esa Comisariacutea General la declaracioacuten de los interesados uacutenicamente se transcribe y es firmada en Madrid y no asiacute en otros aeropuertos internacionales lo que puede provocar cierta inseguridad respecto de las manifestaciones que en su caso han podido efectuar los ciudadanos extranjeros que son objeto de este traacutemite

En la vista realizada por esta Institucioacuten a distintas dependencias policiales de Las Palmas de Gran Canaria entre ellas la Comisariacutea del aeropuerto de Gando se pudo comprobar que tampoco en la citada Comishysariacutea existe ninguacuten documento donde se transcriba la declaracioacuten de aqueshyllos ciudadanos extranjeros a los que en un primer momento no les es permitida la entrada en Espantildea para que los mismos como ocurre en el aeropuerto de Madrid-Barajas puedan firmar el mismo avalando asiacute y dejando constancia de los motivos por los cuales pretenden venir a Espantildea

Esta Institucioacuten sin poner en duda la profesionalidad de los funcioshynarios que entrevistan a los ciudadanos extranjeros considera que la cumplimentacioacuten de una declaracioacuten evitariacutea dudas y suspicacias al resshypecto garantizando asiacute tanto las manifestaciones de los interesados como en su caso los motivos por los que se ha procedido a su rechazo

La larga experiencia en la Comisariacutea del aeropuerto de Madrid-Barajas avala esta propuesta pues en muchas ocasiones es la propia declaracioacuten firmada por los interesados la que motiva su inadmisioacuten en territorio nacional no dejando lugar a duda respecto de las manifestashyciones sobre los motivos de su estancia en Espantildea las personas que conoshyce o sobre los medios econoacutemicos que porta

Por todo lo anterior y en virtud de lo dispuesto en el artiacuteculo 301 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril esta Institucioacuten ha valorado la conveniencia de formular a V I la siguiente recomendacioacuten laquoQue por esa Direccioacuten General se dicten las instrucciones oportunas para que en aquellos aeropuertos donde existan llegadas de vuelos internacionales se cumplimenten por escrito las declaraciones de aquellos ciudadanos extranjeros que puedan ser objeto de rechazo en frontera y que la misma

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sea firmada por los interesados en aras de una mayor seguridad juriacutedica y una mayor garantiacutea en el procedimientoraquo


Recomendacioacuten dirigida al Comisario General de Extranjeriacutea y Documentacioacuten

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Recomendacioacuten 241999 de 18 de mayo para que las administrashyciones competentes emitan los informes previstos en la normativa ambiental y urbaniacutestica ajustaacutendose a lo establecido en las mismas


Se ha recibido informe de V E en el que contesta a la queja formulada por don () que fue registrada en esta Institucioacuten con el nuacutemero arriba indicado

Tras el estudio del citado informe y del remitido por la Consejeriacutea de Medio Ambiente y Ordenacioacuten del Territorio asiacute como de la docushymentacioacuten aportada por el interesado esta Institucioacuten ha procedido a analizar las actuaciones seguidas en el presente caso de la forma que se resume a continuacioacuten

1 El interesado solicitoacute licencia de obras para edificar una vivienda unifamiliar en la parcela de su propiedad con la pretensioacuten de explotar personalmente tal parcela con la plantacioacuten de aacuterboles frutales y la adquishysicioacuten de ganado aun cuando no se especificaba la cantidad

2 Debido a que el suelo de dicha parcela teniacutea la clasificacioacuten de laquono urbanizableraquo su solicitud de licencia debiacutea tramitarse al amparo del artiacuteculo 442 del Reglamento de Gestioacuten para lo cual tras informar favoshyrablemente tal solicitud el Ayuntamiento remitioacute el expediente a la Comishysioacuten Regional de Urbanismo

Con caraacutecter previo a que el Ayuntamiento informara favorablemente la solicitud se requirioacute al interesado justificacioacuten suficiente de laquouso direcshytamente relacionado a la explotacioacuten de la fincaraquo a traveacutes de escrito de fecha 26 de marzo de 1996 respondiendo el sentildeor () a tal requerimiento en fecha 1 de abril del mismo antildeo y en fecha 11 de abril se le notificoacute que laquola Comisioacuten de Gobierno por unanimidad acordaba informar favoshyrablemente el expedienteraquo

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En ninguno de los expresados escritos (incluyendo los del Ayuntashymiento) se especificaba que el suelo de la parcela tuviera la clasificacioacuten de laquono urbanizable de intereacutes agriacutecola y ganaderoraquo figurando solamente la clasificacioacuten de laquono urbanizableraquo aun cuando en todo caso la exploshytacioacuten que el interesado pretendiacutea llevar a cabo no parece incompatible en siacute misma con ninguna de las dos clasificaciones

3 En cualquier caso y dado que la mencionada parcela se enconshytraba en el aacutembito del Plan de Ordenacioacuten de los Recursos Naturales (PORN) que se estaba elaborando mdashaun cuando no se hubiera efectuado ninguacuten acto de aprobacioacuten del citado Plan de Ordenacioacutenmdash por la Comishysioacuten Regional debiacutea solicitarse de conformidad con lo establecido en la Ley 41989 de Conservacioacuten de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre la autorizacioacuten correspondiente al oacutergano ambiental

El artiacuteculo 7 de la citada norma especifica que soacutelo se podraacute denegar la autorizacioacuten en el caso de que se pretendan realizar actos laquoque suponshygan una transformacioacuten sensible de la realidad fiacutesica y bioloacutegica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecucioacuten de los objetivos de dicho Planraquo

Por tanto no se prohiacutebe que se puedan llevar a cabo actuaciones de construccioacuten salvo que conlleven la transformacioacuten antes aludida

Efectivamente tal y como V E sentildeala en su escrito la resolucioacuten del expediente se produjo mediante Acuerdo de la Comisioacuten Regional de Urbanismo de fecha 29 de abril de 1997 pero lo cierto es que por parte el oacutergano ambiental no se emitioacute el informe al que alude el artiacuteculo 7 antes citado ya que la respuesta de 19 de julio de 1996 no autorizaba ni denegaba sino que uacutenicamente sentildealaba que cuando se aprobara la normativa de uso y gestioacuten que se estaba tramitando se efectuariacutea el pronunciamiento

En consecuencia parece que se ha llegado a la denegacioacuten de una licencia sin que ese organismo efectuara un estudio sobre si la construcshycioacuten que pretendiacutea el interesado suponiacutea una transformacioacuten sensible de la realidad fiacutesica y bioloacutegica de la zona que dificultara o impidiera la consecucioacuten de los objetivos del Plan o no y sin que finalmente se inforshymara positiva o negativamente

A la vista de lo expuesto esta Institucioacuten ha apreciado la existencia de defectos en la actuacioacuten que de acuerdo con la Ley de Espacios Natushyrales deberiacutea haber realizado esa Consejeriacutea y aunque el PORN ya estaacute definitivamente aprobado y sus determinaciones impiden otorgar la licenshycia de edificacioacuten que en su diacutea solicitoacute el interesado se ha considerado procedente de conformidad con lo dispuesto en los artiacuteculos 28 y 30 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril reguladora del Defensor del Pueblo

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formular la siguiente recomendacioacuten laquoQue se den las instrucciones oporshytunas a los oacuterganos dependientes de ese Departamento a fin de que en lo sucesivo se ejerzan por esa Consejeriacutea las competencias que el artiacuteculo 7 de la Ley 41989 de Conservacioacuten de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre asignan a la Administracioacuten ambiental y se emitan los informes con los contenidos que la propia norma sentildeala y en el plazo que estableceraquo


Recomendacioacuten dirigida al Consejero de Medio Ambiente y Ordeshynacioacuten del Territorio del Gobierno de Cantabria

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Se ha recibido informe de V E en el que contesta a la queja forshymulada por don () que fue registrada en esta Institucioacuten con el nuacutemero arriba indicado





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4 En el informe emitido por esa Consejeriacutea se sentildeala que laquodebe tenerse en cuenta que en fecha 17 de junio del mismo antildeo de 1996 fue aprobado inicialmente el Plan de Ordenacioacuten de los Recursos Naturales de las marismas de Santontildea y Noja lo que impediacutea la posible autorizacioacuten de la construccioacuten al encontrarse la parcela incluida en el aacutembito de dicho PORNraquo pero hay que tener en cuenta que el artiacuteculo 120 del Reglashymento de Planeamiento establece la suspensioacuten automaacutetica de las licenshycias para aquellas aacutereas del territorio objeto del planeamiento cuyas nueshyvas determinaciones supongan modificacioacuten del reacutegimen urbaniacutestico vigente antildeadieacutendose que el acuerdo de aprobacioacuten inicial expresaraacute neceshysariamente las aacutereas del territorio objeto de planeamiento que quedan afectadas por la suspensioacuten de licencias

Asimismo el artiacuteculo 121 de dicho Reglamento establece los efectos de la suspensioacuten fijaacutendose entre otros determinadas indemnizaciones para aquellos que solicitaron licencia antes de la publicacioacuten del acuerdo de suspensioacuten o del traacutemite de informacioacuten puacuteblica siempre que la proshypuesta de resolucioacuten de la licencia si existiera no fuese desestimatoria de conformidad con el Plan en vigor en el momento de la solicitud

Los citados preceptos como se ha expresado se refieren al planeashymiento urbaniacutestico pero no son aplicables al presente caso dado que el instrumento que se estaba redactando y que actualmente ya estaacute aproshy

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bado definitivamente no estaacute regulado por la legislacioacuten urbaniacutestica y las normas de elaboracioacuten de los PORN no sentildealan ninguacuten efecto susshypensivo en el momento de la aprobacioacuten inicial y en todo caso si dicho efecto fuera automaacutetico deberiacutea haber tenido lugar en junio de 1996

Por uacuteltimo y tal como se manifestaba en el anterior escrito de esta Institucioacuten sobre esta misma queja en aplicacioacuten del artiacuteculo 442 del Reglamento de Gestioacuten la Comisioacuten debe autorizar la construccioacuten o no en funcioacuten de la posibilidad de formacioacuten de nuacutecleo de poblacioacuten o del intereacutes social o la utilidad puacuteblica de la misma

Dado que como se ha explicado en este caso se solapan dos legisshylaciones la ambiental y la del suelo parece que debiacutea resolverse teniendo en cuenta ambas si bien dentro de los maacutergenes que cada una de ellas sentildealan para este tipo de situaciones

En este sentido si el informe del oacutergano ambiental era positivo la Comisioacuten de Urbanismo debiacutea centildeirse a los aspectos sobre los que deberiacutea informar y si era negativo manifestar la imposibilidad de otorgar tal autoshyrizacioacuten al haber informado negativamente el citado oacutergano ambiental

Por uacuteltimo es necesario recordar que el Acuerdo de la Comisioacuten Regional de Urbanismo por el que se denegaba la autorizacioacuten para la construccioacuten de una vivienda en suelo no urbanizable se produjo antes de la entrada en vigor del PORN por lo que no era posible resolver un recurso ordinario en base a que tal uso estaba prohibido en un insshytrumento que en el momento de la resolucioacuten denegatoria inicial no estaba aprobado y por tanto no estaba en vigor ya que el PORN se aproboacute el 5 de mayo de 1997 y el Acuerdo de la Comisioacuten Regional fue adoptado el 29 de abril de 1997

A la vista de lo expuesto esta Institucioacuten ha apreciado la existencia de defectos procedimentales en la tramitacioacuten de la licencia solicitada por el interesado y aunque el PORN ya estaacute definitivamente aprobado y en vigor y finalmente el uso de la parcela impida otorgar la licencia de edificacioacuten solicitada por el interesado procede de conformidad con lo establecido en los artiacuteculos 28 y 30 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril reguladora del Defensor del Pueblo formular la siguiente recoshymendacioacuten laquoQue por esa Consejeriacutea en aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 5o del Decreto 621991 de 21 de marzo se adopten las medidas necesarias para garantizar que la Comisioacuten Regional de Urbanismo en supuestos similares al planteado en la presente queja ejerza debidamente en el futuro las competencias que tiene asignadas por la legislacioacuten urbashyniacutestica y en concreto emita los informes autorizando o denegando la posibilidad de edificar en el suelo al que se refiere la peticioacuten de licencia en base a los criterios sentildealados en el artiacuteculo 442 del Reglamento de Gestioacuten Urbaniacutestica

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En los casos en los que el oacutergano ambiental deba emitir informe preshyceptivo es necesario que se cumplan los traacutemites establecidos en el arshytiacuteculo 7 de la Ley 41989 de Conservacioacuten de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre debiendo quedar la citada Comisioacuten a la espera del sentido de tal informe y resolver en consecuenciaraquo


Recomendacioacuten dirigida al Consejero de Obras Puacuteblicas Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria

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Recomendacioacuten 261999 de 18 de mayo sobre ordenacioacuten urbashyniacutestica en lugares con riesgo de inundacioacuten


Como S S conoce esta Institucioacuten inicioacute investigaciones ante ese Ayuntamiento ante la Consejeriacutea de Obras Puacuteblicas y Transportes de la Junta de Andaluciacutea y ante la Confederacioacuten Hidrograacutefica del Guashydalquivir tras la recepcioacuten de la queja formulada por don () Concejal del Partido Andalucista en esa localidad

Del estudio de los tres informes recibidos se desprende la existencia de irregularidades en la actuacioacuten de ese Ayuntamiento que actualmente parecen estar corregidas

En efecto antes de que se procediera a la aprobacioacuten del Plan Parcial del Sector Residencial mdashPPRmdash y del Proyecto de Reparcelacioacuten que legitimariacutean la actuacioacuten urbaniacutestica proyectada en esa zona se iniciaron obras de urbanizacioacuten que posteriormente hubieron de ser paralizadas sin que seguacuten los datos disponibles por ese Ayuntamiento se llevara a cabo actuacioacuten alguna tendente a impedir tales hechos hasta que la Administracioacuten Autonoacutemica giroacute visita de inspeccioacuten a la zona comproshybando que se estaban llevando a cabo las citadas obras por lo que remitioacute un escrito a esa Corporacioacuten instando a que ejercitara sus potestades urbaniacutesticas y paralizara las obras

Por otro lado la aprobacioacuten definitiva de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de ese municipio efectuada a traveacutes de Resolucioacuten de fecha 7 de marzo de 1994 conteniacutea una consideracioacuten relativa a la necesidad de someter a informe del Organismo de Cuenca competente el Plan Parcial del Sector de Suelo Apto para Urbanizar de Uso Industrial Intensivo sin que finalmente el citado oacutergano fuera consultado habiendo comunicado a esa Institucioacuten la citada Confederacioacuten Hidrograacutefica lo siguiente

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laquoLos hechos han demostrado afeccioacuten al dominio puacuteblico hidraacuteulico en el aacutembito territorial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Villafranca de Coacuterdoba no habieacutendose cumplido por otra parte lo indicado en la tercera consideracioacuten del apartado primero del tercer Fundamento de Derecho de la citada Resolucioacuten (se refiere a la de 7 de marzo de 1994) por la cual deberiacutean haber sido remitidas a este organismo para que se recogieran en su contenido las especificaciones que se establecieran en el informe sectorial en particular las concernientes a afecciones al dph y zonas aledantildeasraquo

Continuacutea el citado informe sentildealando que no obstante deben cumshyplirse las prescripciones de los artiacuteculos 78 y 126 del Reglamento del Dominio Puacuteblico Hidraacuteulico que prescriben la autorizacioacuten del Organismo de Cuenca como condicioacuten previa para realizar cualquier tipo de consshytruccioacuten tanto en zona de policiacutea de cauces como en el Dominio Puacuteblico Hidraacuteulico

En relacioacuten con lo expresado se debe tener en cuenta que la colashyboracioacuten de las Administraciones en todos aquellos aspectos que estaacuten afectados por distintos ordenamientos sectoriales no soacutelo es deseable sino en algunos casos obligatoria como es el de las zonas que estaacuten dentro del Dominio Puacuteblico Hidraacuteulico No obstante y en el caso de zonas cuya afeccioacuten no es tan clara tambieacuten se considera indispensable como paso previo y cautelar para su ordenacioacuten la consulta a dichos organismos en evitacioacuten de cataacutestrofes que pueden haber tenido en el pasado como causa la falta de previsioacuten y tambieacuten el hecho de no haber efectuado las correspondientes consultas a los Organismos de Cuenca competentes

En consecuencia en los casos en los que pudiera existir alguacuten riesgo de inundacioacuten como consecuencia de crecidas de los riacuteos o porque se encuentren los terrenos cercanos a cauces arroyos etc se extremen las cautelas antes de ordenar los terrenos al objeto de evitar al maacuteximo los riesgos de inundacioacuten

Por ello no parece justificado que se permitiera la iniciacioacuten de obras de urbanizacioacuten antes de la aprobacioacuten de los instrumentos de planeashymiento y ejecucioacuten que legitimasen las mismas y sin que se recibiera el informe del Organismo de Cuenca correspondiente

Si bien es cierto que actualmente el Plan Parcial estaacute aprobado aun cuando se desconoce el estado de tramitacioacuten del proyecto de reparceshylacioacuten que pudiera legitimar la actuacioacuten urbaniacutestica que se va a desarroshyllar en la zona a la que se refiere esta queja se ha considerado procedente de conformidad con lo dispuesto en los artiacuteculos 28 y 30 de la Ley Orgaacuteshynica 31981 de 6 de abril reguladora del Defensor del Pueblo recordar a ese Ayuntamiento el deber legal que le incumbe de actuar en lo suceshysivo con sometimiento pleno al ordenamiento juriacutedico y en concreto

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a la legalidad urbaniacutestica impidiendo que se lleven a cabo actuaciones iliacutecitas tales como la iniciacioacuten de obras de urbanizacioacuten careciendo de los instrumentos de planeamiento y ejecucioacuten que las legitiman de conshyformidad con lo establecido en el artiacuteculo 24 del Texto Refundido de la Ley sobre Reacutegimen del Suelo y Ordenacioacuten Urbana de 1992

Asimismo se ha considerado procedente de conformidad con los citashydos artiacuteculos de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril formular la siguienshyte recomendacioacuten laquoQue se extreme la cautela en cuanto a la ordenacioacuten urbaniacutestica en aquellos lugares que pudieran ofrecer riesgos de inunshydacioacuten por su cercaniacutea a las zonas proacuteximas (de servidumbre y de policiacutea) al Dominio Puacuteblico Hidraacuteulico y se solicite informe al Organismo de Cuenshyca correspondiente aun cuando la consulta no sea preceptiva seguacuten lo establecido por la legislacioacuten en materia de aguasraquo


Recomendacioacuten dirigida al Alcalde del Ayuntamiento de Villa-franca de Coacuterdoba (Coacuterdoba)

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Recomendacioacuten 271999 de 21 de mayo sobre traslado o enterrashymiento de las liacuteneas de alta tensioacuten que atraviesan nuacutecleos urbanos


Se ha recibido el escrito de esa Consejeriacutea de fecha 2 de febrero pasado registro de salida 2451 firmado por el Director Regional de Industria al que se acompantildea el informe elaborado por el Servicio de Autorizaciones Energeacuteticas en relacioacuten con la queja presentada por dontildea () Directora del Colegio Puacuteblico de Educacioacuten Infantil y Primaria de Lugo de Llanera registrada con el nuacutemero Q9817058

En dicho informe se comunica que consultada la Compantildeiacutea Hidroeshyleacutectrica del Cantaacutebrico S A propietaria de la liacutenea de alta tensioacuten que vuela sobre el colegio puacuteblico citado en escrito de fecha 18 de enero de 1999 ha manifestado que se propone acometer en el transcurso del presente ejercicio el estudio y ejecucioacuten del proyecto de soterramiento de la citada liacutenea con lo que queda favorablemente resuelto el problema que ha motivado esta queja

Sin embargo en relacioacuten con las posibles actuaciones previstas por ese Departamento sobre las liacuteneas de alta tensioacuten que en el aacutembito territorial del Principado de Asturias se instalaron de acuerdo con la normativa ahora derogada y que atraviesan entornos residenciales se comunica que no existen previsiones sobre ninguna actuacioacuten de esa Comunidad Autoacutenoma

En consecuencia se debe reiterar a V E que alguna Comunidad Autoacutenoma ha publicado normas reglamentarias o ha adoptado comproshymisos concretos para la modificacioacuten de las liacuteneas ahora existentes que no se encuentran en la red de pasillos eleacutectricos en funcionamiento o de nueva creacioacuten a fin de trasladarlas paulatinamente a dichos pasillos o pasarlas a subterraacuteneas siguiendo los planes o etapas que se estashyblezcan por las Administraciones competentes oiacutedos los titulares de las liacuteneas y a cuyo fin se preveacute la suscripcioacuten de los convenios necesarios

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Estas actuaciones se hacen sin duda al margen de aquellas comshypetencias que sobre la regulacioacuten del sector eleacutectrico corresponden al Estado en coherencia con el contenido de sus repetidos informes y por tanto teniendo en cuenta lo previsto en el artiacuteculo 1491 apartados 22 y 25 de la Constitucioacuten Espantildeola que contemplan que el Estado mantiene competencia exclusiva sobre las bases del reacutegimen energeacutetico

Ello implica sin duda a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Consshytitucional que existe en relacioacuten con la explotacioacuten de la energiacutea eleacutectrica un espacio sustantivo capaz de albergar una poliacutetica propia para la norshymacioacuten autonoacutemica loacutegicamente ordenada hacia los intereses respectivos de las Comunidades Autoacutenomas Precisamente como es sabido y viene entendiendo la doctrina y la jurisprudencia con caraacutecter general el desarrollo de las bases por las Comunidades Autoacutenomas con competencias en la materia es una labor vinculada equiparable a la llevada a cabo por la Administracioacuten al aprobar el reglamento ejecutivo de una ley y una labor de desarrollo semejante a la que efectuacutea el legislador respecto de la Constitucioacuten

Dicho de otra manera estariacuteamos ante la prohibicioacuten de vaciamiento del aacutembito autonoacutemico de normacioacuten o ejecucioacuten que ha venido definiendo el Alto Tribunal y que se proyecta sobre el conjunto de la actividad o sector regulados en este caso el sector eleacutectrico y no sobre cada una de las concretas manifestaciones de la misma

Asimismo recientemente la Comisioacuten de Infraestructuras del Conshygreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno a que facilite la negociacioacuten entre las Comunidades Autoacutenomas y las comshypantildeiacuteas eleacutectricas para la ejecucioacuten de proyectos de desviacuteo o paso subshyterraacuteneo de las liacuteneas de alta tensioacuten que consideren oportunas al tiempo que en el texto aprobado en la citada comisioacuten se insta igualmente al ejecutivo de la nacioacuten a elaborar todos los reglamentos previstos en la Ley del Sector Eleacutectrico entre ellos los correspondientes a las instashylaciones de transporte y distribucioacuten de energiacutea eleacutectrica

En consecuencia y con independencia de que esta Institucioacuten valore muy positivamente las reuniones de caraacutecter sectorial que se vienen celeshybrando entre la Administracioacuten del Estado y de las Comunidades Autoacuteshynomas y de que es muy deseable que el desarrollo reglamentario de la Ley 541997 de 27 de noviembre del Sector Eleacutectrico se produzca a la mayor brevedad se ha resuelto de conformidad con el artiacuteculo 30 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril reguladora del Defensor del Pueblo formular a V E la siguiente recomendacioacuten laquoQue por esa Comushynidad Autoacutenoma se agilicen las actuaciones necesarias para la modifishycacioacuten de las actuales liacuteneas de alta tensioacuten que atraviesan entornos resishy

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denciales a fin de trasladarlas a los pasillos eleacutectricos existentes o de nueva creacioacuten o pasarlas a subterraacuteneas mediante las actuaciones y en los plazos que se consideren convenientesraquo


Recomendacioacuten dirigida al Consejero de Economiacutea del Principado de Asturias

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Esta Institucioacuten agradece el escrito de V E de fecha 23 de febrero pasado sobre la queja presentada por don () registrada con el nuacutemeshyro Q9812176 en relacioacuten a la estacioacuten de transformacioacuten de energiacutea eleacutecshytrica existente en las barriadas de La Vintildea y San Antonio de Lorca (Murcia)

Analizado el contenido de su informe se le debe comunicar en primer lugar que se observa que el mismo contesta en efecto a las cuestiones de caraacutecter general que se le habiacutean planteado pero no incluye los datos concretos que igualmente se habiacutean solicitado sobre la estacioacuten de transshyformacioacuten de energiacutea eleacutectrica de alta tensioacuten que da suministro a las indicadas barriadas

En consecuencia se ruega que se remita un nuevo informe sobre esta cuestioacuten sobre todo en lo que afecta a la situacioacuten juriacutedica de la repetida estacioacuten de transformacioacuten de energiacutea eleacutectrica condiciones de autorizacioacuten inspecciones que en su caso se hayan efectuado asiacute como aquellos datos complementarios que V E considere necesarios para valoshyrar el problema planteado por el promovente de la queja

En cuanto a las citadas cuestiones de caraacutecter general a las que tamshybieacuten se aludiacutea en el escrito que le remitioacute esta Institucioacuten en fecha 19 de enero de 1999 bajo la misma referencia de acuerdo con el artiacuteculo 30 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril reguladora del Defensor del Pueblo se ha resuelto recomendar a V E laquoQue por esa Consejeriacutea se agilicen las actuaciones necesarias para la modificacioacuten de las actuales liacuteneas de alta tensioacuten que atraviesan entornos residenciales a fin de trasshyladarlas a los pasillos eleacutectricos existentes o de nueva creacioacuten o pasarlas

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a subterraacuteneas mediante las actuaciones y en los plazos que se consideren convenientesraquo


Recomendacioacuten dirigida al Consejero de Industria Trabajo y Turismo de la Regioacuten de Murcia

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Recomendacioacuten 291999 de 25 de mayo sobre obligaciones de los maestros en lo que atantildee a la consolidacioacuten de los haacutebitos de higiene de los alumnos de educacioacuten infantil


Se ha recibido su escrito de 16 de febrero uacuteltimo (sref salida 8997 de 182) en el que informa en relacioacuten con el asunto objeto de la queja planteada ante esta Institucioacuten por don () que figura inscrita con el nuacutemero de referencia arriba indicado

En el informe recibido se manifiesta mdashen relacioacuten con el supuesto que planteaba el promovente de la queja que cuestionaba el hecho de que por la maestra del nintildeo no se hubiera procedido al cambio inmediato de vestuario que precisaba su hijo de tres antildeos de edadmdash que la profesora del nintildeo atendioacute a eacuteste en la medida de sus posibilidades no obstante lo cual hubo de llamar a los familiares del alumno para que se personasen en el centro con la ropa de repuesto necesaria

En la Resolucioacuten de la Secretariacutea de Estado de Educacioacuten de 7 de junio de 1995 (BOMEC de 12 de junio siguiente) se sentildeala en teacuterminos plenamente acordes con la definicioacuten de los objetivos de caraacutecter edushycativo que se atribuyen a la educacioacuten infantil en la Ley Orgaacutenica 111990 de 3 de octubre de Ordenacioacuten General del Sistema Educativo que dada la consideracioacuten educativa que debe atribuirse a la consolidacioacuten de haacutebishytos de higiene es responsabilidad de los maestros laquoayudar a los nintildeos de tres antildeos en su limpieza personal y en el cambio de ropas de vestuario implicaacutendoles en una realizacioacuten cada vez maacutes autoacutenoma de estas tareas proporcionaacutendoles seguridad y confianza y potenciando sentimientos de autoestima en relacioacuten con su cuerporaquo

No obstante lo anterior de cuanto se manifiesta en el informe remitido por V I deduce esta Institucioacuten que en el centro docente a que alude la queja formulada no se adoptan las precauciones imprescindibles para

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hacer posible el mejor cumplimiento de la citada resolucioacuten y la obtencioacuten de los objetivos educativos que pretenden facilitarse a traveacutes de las preshyvisiones de la misma que han quedado resentildeadas en el paacuterrafo anterior cuya maacutes adecuada efectividad parece exigir que en el indicado centro se requiera de los padres de los alumnos de tres antildeos que eacutestos vayan al centro provistos de ropa de recambio para su inmediata utilizacioacuten en caso necesario obviando asiacute situaciones poco deseables desde el punto de vista del mejor desarrollo del proceso educativo de los alumnos

Esta Institucioacuten en consecuencia en uso de las facultades que le atrishybuye el artiacuteculo 301 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo ha considerado preciso formular a V I la siguiente recoshymendacioacuten laquoQue se cursen instrucciones al colegio puacuteblico a que hace referencia la queja planteada para que se adopten precauciones en la liacutenea que se apunta en el cuerpo de este escrito dirigidas a hacer posible el mejor cumplimiento por el profesorado del centro que tiene a su cargo alumnos de educacioacuten infantil de la Resolucioacuten de la Secretariacutea de Estado de 7 de junio de 1995 por la que se dictan instrucciones para adecuar la oferta de escolarizacioacuten para nintildeos y nintildeas de tres antildeos en las escuelas puacuteblicasraquo



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Recomendacioacuten 301999 de 28 de mayo para evitar medidas inashydecuadas o desproporcionadas durante el internamiento de ciudashydanos extranjeros


En la reciente visita que asesores de esta Institucioacuten han efectuado al Centro de Internamiento de Extranjeros de Capuchinos (Maacutelaga) se tuvo conocimiento a traveacutes de los responsables de la Brigada Provincial de Extranjeriacutea y Documentacioacuten de unas instrucciones de caraacutecter intershyno dictadas el pasado mes de marzo cuya finalidad es evitar medidas inadecuadas o desproporcionadas durante los periacuteodos de privacioacuten de libertad de ciudadanos extranjeros detenidos en aplicacioacuten de la Ley Orgaacutenica 71985 de 1 de julio sobre derechos y libertades de los extranshyjeros en Espantildea

Esta Institucioacuten comparte plenamente el contenido de estas instrucshyciones por los casos que se conocen de extranjeros que son detenidos uacutenicamente por una infraccioacuten administrativa en aplicacioacuten de la citada Ley Orgaacutenica 71985 de 1 de julio y son tratados tanto en la detencioacuten como en la conduccioacuten a los juzgados asiacute como durante su estancia en los calabozos de la comisariacutea como presuntos delincuentes

A este respecto se ha tenido conocimiento que personas que no son detenidos por su participacioacuten en un presunto delito y que no demuestran una agresividad hacia los funcionarios policiales que los custodian que en caso de producirse siacute dariacutea lugar a que se adoptaran medidas adeshycuadas son conducidos a la comisariacutea o ante la autoridad judicial esposhysados y en furgones junto con delincuentes habituales

De igual manera se ha observado que en algunas ocasiones delinshycuentes habituales y ciudadanos extranjeros que han sido detenidos por una simple infraccioacuten administrativa estaacuten juntos en el mismo calabozo de una comisariacutea

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Es evidente que esta uacuteltima medida de separacioacuten en los calabozos de las comisariacuteas de policiacutea debe aplicarse cuando el nuacutemero de personas que se encuentran detenidas asiacute lo permitan

Asimismo esta medida de separacioacuten deberiacutea aplicarse a la conduccioacuten de detenidos a los juzgados correspondientes dependiendo del nuacutemero de personas detenidas la capacidad del furgoacuten etc

No obstante estas personas que no olvidemos han sido detenidas uacutenicamente por una infraccioacuten administrativa no deberiacutean ser objeto con caraacutecter general de las medidas que se vienen aplicando hasta el momento de inmovilizacioacuten por medio de grilletes

Es evidente como se ha puesto de manifiesto con anterioridad que pudieran existir casos de especial agresividad o intentos de fuga que lleshyvariacutean aparejado el que estas personas fueran inmovilizadas con grilletes medida esta que deberiacutea ser valorada racionalmente por parte de los funcionarios que proceden a su custodia

Por todo lo anterior esta Institucioacuten en virtud de lo dispuesto en el artiacuteculo 301 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo ha valorado la conveniencia de formular a V E la siguiente recomendacioacuten laquoQue por esa Direccioacuten General se impartan instruccioshynes a todas las Brigadas Provinciales de Extranjeriacutea y Documentacioacuten de Espantildea al objeto de unificar criterios sobre el trato que deben recibir los ciudadanos extranjeros que son detenidos por una infraccioacuten admishynistrativa de acuerdo con las consideraciones expuestas en el cuerpo de este escritoraquo

Estas instrucciones deben referirse tanto a la conduccioacuten e ingreso en los calabozos y su separacioacuten siempre en la medida de lo posible de los delincuentes y que la medida de inmovilizacioacuten por medio de grishylletes uacutenicamente se efectuacutee cuando a juicio de los funcionarios policiales que custodian a estas personas se considere que existe una agresividad contrastada o que el mismo puede intentar fugarse al control policial


Recomendacioacuten dirigida al Director General de la Policiacutea

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Recomendacioacuten 311999 de 31 de mayo sobre subsanacioacuten de defectos en las solicitudes de convalidacioacuten de los servicios volunshytarios realizados por objetores de conciencia


Agradecemos su atento escrito en el que nos contesta a la queja planshyteada por don () registrada con el nuacutemero arriba indicado

En dicho escrito se sentildeala que el interesado solicitoacute el 1 de junio de 1998 la convalidacioacuten de servicios voluntarios a efectos de la prestacioacuten social sustitutoria y que la certificacioacuten de la Federacioacuten Castellano-Leoshynesa de Ajedrez de Burgos que aportaba no reuniacutea los requisitos exigidos en el artiacuteculo 33a) del Reglamento de Convalidacioacuten aprobado por Real Decreto 12481997 de 24 de julio por lo que conforme a lo dispuesto en el artiacuteculo 4 de dicha norma se requirioacute al interesado para que aporshytase un certificado en el que se subsanasen todas las deficiencias obsershyvadas

Continuacutea el citado informe sentildealando que el interesado remitioacute mediante escrito de fecha 4 de julio de 1998 nueva documentacioacuten relativa a la convalidacioacuten de servicios voluntarios asiacute como la misma certificacioacuten ya remitida anteriormente en la que no se habiacutean subsanado los defectos advertidos por lo que se acordoacute archivar sin maacutes traacutemite la solicitud de convalidacioacuten del interesado por Resolucioacuten de la Secretariacutea del Conshysejo Nacional de Objecioacuten de Conciencia de fecha 17 de septiembre de 1998

En relacioacuten con lo anterior esta Institucioacuten ha valorado la conveshyniencia de someter a V E las siguientes consideraciones

El artiacuteculo 34 del Reglamento sobre Convalidacioacuten de Servicios Voluntarios a efectos de la Prestacioacuten Social Sustitutoria aprobado por Real Decreto 12481987 de 24 de julio dispone que cuando el Consejo Nacional de Objecioacuten de Conciencia considere incompletas las certificashy

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ciones aportadas podraacute requerir del solicitante que las complete adecuashydamente salvando las lagunas imprecisiones o puntos oscuros de que puedan adolecer de acuerdo con el artiacuteculo 71 de la Ley 301992 de 26 de noviembre de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

Para hacer los requerimientos de subsanacioacuten el Consejo Nacional de Objecioacuten de Conciencia utiliza un modelo en cuyo apartado segundo se relacionan todos los datos que deben constar en el certificado de la entidad colaboradora para proceder a la tramitacioacuten de la solicitud de convalidacioacuten de servicios voluntarios de forma que hay que sentildealar en cada caso aquellos datos que no figuran en la certificacioacuten aportada por el solicitante para que eacuteste subsane la omisioacuten

En el requerimiento de fecha 23 de junio de 1998 que la Secretariacutea del Consejo Nacional de Objecioacuten de Conciencia remitioacute al interesado se sentildealaban como omitidos todos los datos que constituyen el contenido esencial de dichas certificaciones lo que equivaliacutea a considerar que la certificacioacuten presentada por el interesado no aportaba ninguacuten dato y que debiacutea presentarse de nuevo

Por tanto no es extrantildeo que el interesado junto a la nueva docushymentacioacuten presentara la misma certificacioacuten de la entidad colaboradora que habiacutea presentado anteriormente ya que en ella se contienen la mayoshyriacutea de los datos cuya aportacioacuten se habiacutea requerido por la Secretariacutea del Consejo Nacional de Objecioacuten de Conciencia

En relacioacuten con lo anterior esta Institucioacuten considera que para no perjudicar los derechos de los objetores los requerimientos que se forshymulen de acuerdo con lo previsto en el artiacuteculo 34 del Reglamento sobre Convalidacioacuten de Servicios Voluntarios a efectos de la Prestacioacuten Social Sustitutoria aprobado por el Real Decreto 12481987 de 24 de julio y el artiacuteculo 71 de la Ley 301992 de 26 de noviembre de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten deberaacuten precisar las lagunas omisiones o puntos oscuros de que puedan adolecer las certificaciones de las entidades colaboradoras cuya aclaracioacuten se requiere evitando las imprecisiones que dificulten la comshyprensioacuten por los interesados del contenido de dicho requerimiento y en consecuencia la identificacioacuten de los datos que deben aportar para obteshyner la convalidacioacuten de servicios

Hay que considerar asimismo que los solicitantes de una convalishydacioacuten de servicios voluntarios pueden estar realizando la prestacioacuten social sustitutoria por lo que cualquier retraso en la tramitacioacuten de dichos procedimientos puede determinar la peacuterdida total o parcial del derecho que los objetores pretenden ejercitar

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Por todo cuanto antecede y al amparo de lo dispuesto en el artiacutecushylo 301 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril hemos considerado conveniente recomendar a V E que cuando considere incompletas las certificaciones aportadas por los solicitantes de una convalidacioacuten de servicios voluntarios a efectos de la prestacioacuten social sustitutoria el requerimiento que se dirija al interesado para que subsane el defecto advertido se redacte de una forma clara y precisa indicando las lagunas imprecisiones o puntos oscuros de que pueda adolecer la certificacioacuten aportada no limitaacutendose a sentildealar de una forma geneacuterica el conjunto de los requisitos que de acuerdo a la ley deben reunir las certificaciones de las entidades donde se prestaron los servicios



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Recomendacioacuten 321999 de 31 de mayo sobre informacioacuten a los interesados del resultado de los reconocimientos meacutedicos que se les practiquen y modificacioacuten de las actas de los tribunales meacutedicos militares



En dicho escrito se manifiesta que en el contexto de los reconocishymientos meacutedicos previstos en el Reglamento de Reclutamiento no debe confundirse el procedimiento que se sigue para la tramitacioacuten y resolucioacuten de una alegacioacuten de exencioacuten por enfermedad o limitacioacuten sobrevenida situacioacuten que estaacute regulada en el Capiacutetulo IV Seccioacuten segunda parte segunda de dicho Reglamento con el procedimiento seguido de oficio por el centro de reclutamiento para determinar la aptitud psicofiacutesica de todos los joacutevenes que deban incorporarse al servicio militar en breve plazo hayan manifestado o no padecer enfermedad o limitacioacuten que impishyda la prestacioacuten del referido servicio conforme a lo previsto en el Capiacuteshytulo III del mismo Reglamento

Asimismo se sentildeala que no se facilitoacute ninguacuten informe al interesado cuando eacuteste solicitoacute la exencioacuten por haberle sobrevenido fractura de oacuterbita en el ojo ya que tanto la Ley 301992 de 26 de noviembre de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Adminisshytrativo Comuacuten como el Reglamento de Reclutamiento soacutelo obligan a notishyficar la resolucioacuten adoptada pero no el dictamen meacutedico que sirve de asesoramiento En este sentido se manifiesta que el reconocimiento que se le practicoacute al interesado no fue general sino puntual y que la resoshylucioacuten del jefe del centro de reclutamiento desestimaba la solicitud por no concurrir en el caso particular del interesado los requisitos previstos en el citado Reglamento

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En relacioacuten con el contenido de dicho informe esta Institucioacuten ha valorado la oportunidad de hacer las siguientes consideraciones

1 El Capiacutetulo III del Tiacutetulo I del Reglamento de Reclutamiento aprobado por el Real Decreto 11071993 de 9 de julio trata sobre la determinacioacuten de la aptitud psicofiacutesica durante el proceso de reclutashymiento que se determinaraacute entre otros medios por los reconocimientos meacutedicos que se practiquen a los alistados

Cuando el artiacuteculo 35 de dicho Reglamento establece que los resulshytados de las exploraciones meacutedicas deberaacuten fundamentarse exponiendo claramente las teacutecnicas empleadas los motivos de la decisioacuten adoptada y en su caso pronunciarse sobre las alegaciones presentadas por los alistados no establece distincioacuten alguna entre los reconocimientos reashylizados en el marco de los programas de reconocimiento establecidos por los centros de reclutamiento y aquellos que se realicen en virtud de la alegacioacuten realizada por un alistado ya clasificado al que le sobrevenga una enfermedad o limitacioacuten fiacutesica o psiacutequica Lo mismo puede decirse de lo previsto en el punto 5 del mencionado artiacuteculo 35 cuando sentildeala que los alistados seraacuten informados del resultado de los reconocimientos meacutedicos y en su caso sobre las alegaciones que hubiesen formulado

El artiacuteculo 46 del citado Reglamento al regular la exencioacuten por enfershymedad o limitacioacuten sobrevenidas sentildeala que a la vista de la alegacioacuten presentada por un alistado el centro de reclutamiento determinaraacute si fuera preciso que se le reconozca meacutedicamente en un centro de la red hospitalaria del Ministerio de Defensa para en su caso clasificarlo nueshyvamente El hecho de que haya que realizar otro reconocimiento para determinar nuevamente la aptitud psicofiacutesica no tiene por queacute suponer una merma de las garantiacuteas y de los derechos de los alistados y en consecuencia en el supuesto de enfermedad o limitacioacuten sobrevenida seraacute tambieacuten necesario fundamentar los resultados de las exploraciones meacutedishycas o informar de los mismos a los interesados

2 El informe donde se recoge el resultado del reconocimiento meacutedishyco practicado al interesado el 28 de enero de 1998 en el servicio de oftalshymologiacutea del Hospital Militar Central Goacutemez Ulla se limita a sentildealar que no padece enfermedad o limitacioacuten incluida en el anexo del Reglamento de Reclutamiento y como especificacioacuten de las pruebas realizadas uacutenishycamente consta la siguiente expresioacuten laquo252 a 03 Vraquo no haciendo refeshyrencia alguna a las alegaciones presentadas por el interesado

Por otra parte el acta del Tribunal Meacutedico de la Jurisdiccioacuten Central de Marina de 4 de marzo de 1998 se limita a sentildealar que se ha reconocido al interesado y que seguacuten el informe pericial del especialista en oftalshymologiacutea no se detecta patologiacutea oftaacutelmica excluyente incluida en el Real Decreto 11071993 de 9 de julio

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Por tanto en dicha acta no se cumplen las formalidades previstas en el epiacutegrafe 7 del Reglamento de Tribunales Meacutedicos de Regiones y Zonas Militares de Zonas Mariacutetimas y de Mandos Aeacutereos aprobado por la Orden 131988 de 11 de febrero que entre otras cosas preveacute que se haga un descripcioacuten precisa de las enfermedades lesiones o anomaliacuteas observadas

Por todo cuanto antecede y al amparo de lo dispuesto en el artiacutecushylo 301 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril hemos considerado conveniente recomendar a V E en primer lugar laquoque se adopten las medidas oportunas para que en todo caso se proceda a informar a los interesados del resultado de los reconocimientos meacutedicos que se les pracshytiquen con independencia de que eacutestos hayan sido realizados en el marco de los programas de reconocimiento establecidos por los centros de reclutamiento o en virtud de la alegacioacuten realizada por un alistado ya clasificado al que le sobrevenga una enfermedad o limitacioacuten fiacutesica o psiacutequica

Asimismo recomendamos a V E que se adopten las medidas oporshytunas para garantizar que en las actas de los tribunales meacutedicos se realice una descripcioacuten precisa de las enfermedades lesiones o anomaliacuteas obsershyvadas de forma que permitan hacerse una idea clara de la aptitud psishycofiacutesica de la persona objeto del reconocimientoraquo


Recomendacioacuten dirigida al Director General de Reclutamiento y Ensentildeanza Militar

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Recomendacioacuten 331999 de 31 de mayo sobre modificacioacuten de crishyterios del Instituto Social de las Fuerzas Armadas relativos a la accioacuten protectora en materia social


Agradecemos su atento escrito (sref 03873) en el que nos contesta a la queja planteada por don () registrada en esta Institucioacuten con el nuacutemero arriba indicado

En el mismo se pone de manifiesto que en el marco de la accioacuten protectora que en materia social dispensa el Instituto Social de las Fuershyzas Armadas a sus asegurados y concretamente dentro de la asistencia a la tercera edad vienen prestaacutendose desde 1989 ayudas econoacutemicas por asistencia a domicilio entre otras alternativas que permiten atender las necesidades del colectivo derivadas de la discapacidad de las personas de edad avanzada y de su situacioacuten socio-familiar

Asimismo se indica que la asistencia a domicilio que en los uacuteltimos antildeos se ha visto complementada con la teleasistencia es prestada por empresas y entidades especializadas en reacutegimen de concierto con el Insshytituto Social de las Fuerzas Armadas y con la extensioacuten y contenido que en los pliegos de los oportunos concursos puacuteblicos se determinan derishyvaacutendose la necesidad de concertar esta asistencia por la falta de medios propios de ese centro gestor para prestarla por lo que es necesario recurrir a empresas con infraestructuras adecuadas a tal fin

El informe expone que el reconocimiento de estas prestaciones debe ajustarse a lo dispuesto en la Instruccioacuten 281997 de 21 de febrero no existiendo un derecho subjetivo a recibirlas y estando siempre condishycionada a la existencia de creacutedito presupuestario suficiente Los recursos disponibles han permitido en los uacuteltimos antildeos llegar a cubrir cualquier municipio en el que residieran al menos cien afiliados al Instituto Social de las Fuerzas Armadas con maacutes de sesenta y cinco antildeos por entenderse

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que con esta poblacioacuten protegida el nuacutemero de beneficiarios permite presshytar el servicio a un coste razonable mientras que si se extiende la presshytacioacuten a cualquier localidad el coste aumentariacutea hasta hacerlo desproshyporcionado y prohibitivo para los medios de este instituto

De lo anterior se desprende que efectivamente el problema planteado por el compareciente es real no cubrieacutendose en determinados teacuterminos municipales situaciones de necesidad debido a la carencia de disponibishylidades presupuestarias

Por todo cuanto antecede y al amparo de lo dispuesto en el artiacutecushylo 301 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril hemos considerado conshyveniente recomendar a V E laquoque se adopten los criterios que permitan fijar un aacutembito de cobertura maacutes amplio y una distribucioacuten maacutes proshyporcional del presupuesto asignado a la prestacioacuten del servicio de asisshytencia sociosanitaria a domicilio entre los grandes y pequentildeos municipios evitando en la medida de lo posible situaciones de desigualdad con resshypecto a aquellos afiliados que residen en teacuterminos municipales menoresraquo


Recomendacioacuten dirigida al Director General Gerente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas

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Recomendacioacuten 341999 de 10 de junio sobre autorizaciones de vertido


En su momento comparecioacute ante esta Institucioacuten la Asociacioacuten Aedeshynat-Murcia con domicilio en la calle () Murcia presentando escrito que ha quedado registrado con el nuacutemero arriba indicado

Los interesados exponiacutean en su escrito de queja que desde hace maacutes de diez antildeos se estaacuten produciendo unos vertidos que a su juicio son incontrolados procedentes de una o varias empresas conserveras de la localidad de La Copa de Bullas

La actividad de dichas empresas origina la existencia de unas aguas residuales con un alto grado de contaminacioacuten ya que pese a poseer una depuradora eacutesta resulta praacutecticamente inoperante provocando un grave deterioro del dominio puacuteblico hidraacuteulico Aunque se ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes dicho nivel de contaminashycioacuten de las aguas del riacuteo Quiacutepar hasta la fecha no se han corregido las deficiencias que a su juicio existen en las instalaciones depuradoras de los municipios de Bullas y de Calasparra

La contaminacioacuten del citado riacuteo Quiacutepar estaacute afectando en su opinioacuten al embalse del mismo nombre hasta el punto de que dicho embalse ha actuado de recipiente de los vertidos cuyas aguas sirven para el abasshytecimiento de agua potable de la poblacioacuten de Cieza

Admitida y tramitada la queja ante la Confederacioacuten Hidrograacutefica del Segura el Ayuntamiento de Bullas el Ayuntamiento de Calasparra y la Consejeriacutea de Medio Ambiente Agricultura y Agua de la Regioacuten de Murcia por lo que aquiacute interesa el Organismo de Cuenca citado remishytioacute escrito en el que manifestaba que Bullas dispone mdashdesde 1995mdash de una EDAR sistema de lagunaje cuya eficacia no es satisfactoria habiendo mejorado uacuteltimamente a causa de los acondicionamientos que en ella se

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han efectuado vertieacutendose sus efluentes en el arroyo de Los Muletos desde donde afluyen al arroyo Hurtado y a traveacutes de eacuteste al riacuteo Quiacutepar

La EDAR de Calasparra es insuficiente para el tratamiento de los influentes que recibe estaacutendose procediendo a su acondicionamiento y ampliacioacuten para conseguir unos efluentes de la calidad exigida en el riacuteo Argos mdashno en el riacuteo Quiacuteparmdash en donde se vierten

El abastecimiento a la poblacioacuten de Cieza es atendido por la Manshycomunidad de los Canales de Taibilla consumieacutendose el agua de la estashycioacuten de tratamiento de Sierra de la Espada Por lo que la seguridad y amparo sanitario de los usuarios estaacuten en todo momento garantizados

Asimismo se aportaban junto a la anterior comunicacioacuten sendos inforshymes de la seccioacuten de vertidos de la Confederacioacuten dirigidos al Jefe de Area de Calidad de las Aguas de fechas 14 de enero y 18 de mayo de 1998 en relacioacuten con la situacioacuten de los vertidos procedentes del nuacutecleo de poblacioacuten de La Copa de Bullas y de los vertidos industriales de dicha poblacioacuten (de ambos documentos se remite fotocopia a esa Secretariacutea de Estado para su conocimiento)

Teniendo en cuenta que dichos informes daban muestra de la realidad de la situacioacuten de los vertidos y de la degradacioacuten del dominio puacuteblico hidraacuteulico sentildealaacutendose en ambos a los presuntos responsables de los mismos esta Institucioacuten consideroacute procedente solicitar un nuevo informe a la Confederacioacuten Hidrograacutefica del Segura al margen de otras actuashyciones a llevar a cabo con las restantes Administraciones puacuteblicas implishycadas al objeto de conocer el estado en el que se encontraba el expediente incoado por la Confederacioacuten al Ayuntamiento de Bullas desde el antildeo 1987 iniciado con la finalidad de la regularizacioacuten administrativa del vershytido procedente de la faacutebrica de conservas asiacute como sobre el resultado del acondicionamiento y ampliacioacuten que se estaba efectuando en el EDAR de Calasparra al objeto de conocer la mejora de la calidad de las aguas del riacuteo Argos ponieacutendose de relieve en el escrito remitido al Organismo de Cuenca el caraacutecter sumamente significativo de los informes de la secshycioacuten de vertidos y que son remitidos junto al presente escrito a esa Secreshytariacutea de Estado

Como respuesta a la solicitud de informe formulada por el Defensor del Pueblo la Confederacioacuten Hidrograacutefica del Segura se limita a remitir comunicacioacuten con fecha 8 de marzo de 1999 en la que se informa de lo siguiente

laquoEdar de Calasparra Dispone de una autorizacioacuten provisional del vershytido de sus efluentes al riacuteo Argos de fecha 220687 seguacuten expediente incoashydo RAV(027)-487 encontraacutendose paralizada la tramitacioacuten de la autorishy

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zacioacuten definitiva por no haber cumplimentado el Ayuntamiento de Calas-parra la presentacioacuten de la documentacioacuten que le fue requerida

Edar de Bullas Tienen la autorizacioacuten provisional del vertido de la red de alcantarillado municipal en riegos de fecha 10787 seguacuten expediente RAV(026)-187 Se construyoacute con posterioridad la EDAR de lagunaje actualmente existente cuya autorizacioacuten definitiva de vertido a riegos o al arroyo Hurtado se encuentra paralizada en su tramitacioacuten al no haber presentado el Ayuntamiento de Bullas la documentacioacuten requerida

Conservas Fernaacutendez S A Tiene incoado el expediente RAV(026)-687 con autorizacioacuten provisional del vertido en el arroyo Hurshytado de fecha 130587 Estando paralizada la tramitacioacuten de la autorizacioacuten definitiva del vertido por falta de documentacioacuten

Red de saneamiento de La Copa de Bullas Dispone de autorizacioacuten provisional del vertido seguacuten expediente RAV(026)-1587 desde el 10787 Estaacute paralizada la tramitacioacuten del expediente por no haber presentado el Ayuntamiento de Bullas la documentacioacuten requeridaraquo

Teniendo en cuenta la insuficiencia de la informacioacuten facilitada por el Organismo de Cuenca asiacute como la adscripcioacuten que la misma tiene respecto de esa Secretariacutea de Estado se ha considerado procedente planshytear a V E las siguientes cuestiones

En primer lugar y como esa Secretariacutea de Estado conoce con motivo de la tramitacioacuten de la queja Q9800647 formulada por don () en represhysentacioacuten de diversos agricultores de la pedaniacutea de La Murada Orihuela ante esta Institucioacuten por la situacioacuten de degradacioacuten de la calidad de las aguas del riacuteo Segura el Defensor del Pueblo inicioacute igualmente una investigacioacuten ante la Confederacioacuten Hidrograacutefica del Segura solicitaacutenshydose posteriormente un informe a ese Departamento

En los escritos entonces remitidos se pone de relieve la situacioacuten de alarma social producida entre la ciudadaniacutea afectada por el estado de contaminacioacuten de las aguas del cauce del citado riacuteo lo que conllevaba que los organismos puacuteblicos afectados debieran poner en praacutectica los recursos disponibles y las actuaciones necesarias a fin de corregir las situaciones irregulares de los vertidos que se llevan produciendo durante antildeos y que estaacuten ocasionando la situacioacuten de degradacioacuten del Dominio Puacuteblico Hidraacuteulico denunciada

Sin embargo como esa Secretariacutea de Estado puede comprobar la Confederacioacuten Hidrograacutefica no parece estar adoptando a la vista de la informacioacuten facilitada las medidas pertinentes que la legislacioacuten de aguas preveacute ante las situaciones descritas

Asiacute y tal como preveacute el Reglamento del Dominio Puacuteblico Hidraacuteulico aprobado por Real Decreto 8491986 de 11 de abril y de acuerdo con el contenido de los informes evacuados en su momento por la seccioacuten

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de vertidos en los que se sentildealaba que el Ayuntamiento de Bullas ni siquiera eleva las aguas residuales de la pedaniacutea de La Copa de Bullas a las balsas de que dispone conjuntamente con la faacutebrica conservera asiacute como que el Ayuntamiento de Bullas-EDAR de la poblacioacuten y red de saneamiento de La Copa como Conservas Fernaacutendez S A son resshyponsables conjuntamente de la degradacioacuten que soporta el riacuteo Quiacutepar y en definitiva de su embalse la Administracioacuten hidraacuteulica y en concreto el Organismo de Cuenca podraacute suspender temporalmente las autorizashyciones de vertido o modificar sus condiciones cuando las circunstancias que motivaron su otorgamiento se hubiesen alterado o sobrevinieran otras que de haber existido anteriormente habriacutean justificado su denegacioacuten o el otorgamiento en teacuterminos distintos

Asimismo el artiacuteculo 262 del Reglamento que se comenta dispone que las autorizaciones de vertido podraacuten ser revocadas por incumplimienshyto de sus condiciones previeacutendose que en casos especialmente cualificados de incumplimiento de condiciones de los que resultasen dantildeos muy graves al Dominio Puacuteblico Hidraacuteulico la revocacioacuten llevaraacute consigo la caducidad de la correspondiente concesioacuten de aguas sin derecho a indemnizacioacuten

Este parece ser el sentido de la propuesta incluida en el informe de la seccioacuten de vertidos de fecha 14 de enero de 1998 en el que se finaliza concluyendo que el incumplimiento por el Ayuntamiento de Bullas y por la empresa conservera de las normas sobre vertidos laquodaraacute lugar a la revocacioacuten de las autorizaciones provisionales otorgadas para sus vertidos de la faacutebrica de conservas y de la red de saneamiento de La Copa de Bullas con las sanciones pertinentes e indemnizaciones al Dominio Puacuteblishyco Hidraacuteulico que correspondan de acuerdo con la vigente Ley de Aguas y el Reglamento que la desarrolla Independientemente todo ello de que se pueda pasar el tanto de culpa a los tribunales como hechos constitutivos de posible delito ecoloacutegicoraquo

Incluso el Reglamento del Dominio Puacuteblico Hidraacuteulico preveacute una actuacioacuten adicional en su artiacuteculo 265 cuando establece que el Organismo de Cuenca podraacute hacerse cargo directa o indirectamente por razones de intereacutes general y con caraacutecter temporal de la explotacioacuten de las insshytalaciones de depuracioacuten de aguas residuales cuando no fuera procedente la paralizacioacuten de las actividades que producen el vertido y se derivasen graves inconvenientes del incumplimiento de las condiciones autorizadas contemplaacutendose asimismo las actuaciones que deben proceder cuando el Organismo de Cuenca compruebe el mal funcionamiento de una estashycioacuten depuradora de aguas residuales correspondiente a un vertido autoshyrizado

En cualquier caso no parece como ya se ha explicado que la Conshyfederacioacuten Hidrograacutefica del Segura esteacute adoptando las medidas neceshy

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sarias para dar plena aplicacioacuten a los preceptos antes citados y evitar indeseables situaciones de contaminacioacuten maacutexime cuando ha quedado constatado el origen naturaleza y gravedad de los vertidos denunciados

No corresponde a esta Institucioacuten la decisioacuten de las medidas que deben ser aplicadas a tenor de los preceptos citados pero siacute realizar una llamada de atencioacuten a los organismos competentes en este caso a la Administracioacuten hidraacuteulica con el fin de que las disfunciones en la situashycioacuten denunciada sean corregidas a la mayor brevedad posible

Por ello sobre la base de lo expuesto se ha resuelto de conformidad con el artiacuteculo 30 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril reguladora del Defensor del Pueblo formular a V E la siguiente recomendacioacuten laquoQue por esa Secretariacutea de Estado se impartan las instrucciones oporshytunas a la Confederacioacuten Hidrograacutefica del Segura al objeto de que las previsiones normativas contenidas en el Reglamento del Dominio Puacuteblico Hidraacuteulico sean llevadas a puro y debido efecto en cuanto a las autoshyrizaciones de vertido su control suspensioacuten y revocacioacuten de las mismas en el caso de que legalmente asiacute procediera recurrieacutendose a la potestad sancionadora ante la situacioacuten de degradacioacuten del Dominio Puacuteblico Hidraacuteulico existenteraquo

Madrid 10 de junio de 1999

Recomendacioacuten dirigida al Secretario de Estado de Aguas y Cosshytas

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Recomendacioacuten 351999 de 10 de junio sobre horarios de cierre de establecimientos puacuteblicos


Se ha recibido su escrito de 8 de marzo de 1999 (salida nuacutem 5712) relativo a la queja formulada por don () registrada con el nuacutemero arriba indicado

Estudiado su contenido esta Institucioacuten debe realizar las siguientes consideraciones

En primer lugar el Defensor del Pueblo es consciente de las comshypetencias municipales en virtud de la legislacioacuten sobre actividades clashysificadas para el control supervisioacuten y sancioacuten del funcionamiento de los establecimientos puacuteblicos de ocio ubicados en el teacutermino municipal

Ahora bien el fondo de la cuestioacuten planteada en la queja formulada por el sentildeor () afectaba no solamente a la deficiente insonorizacioacuten del establecimiento motivo por el cual esta Institucioacuten solicitoacute en su momento informe al Ayuntamiento de Casas Ibaacutentildeez sino asimismo en lo relativo al horario de cierre su control y sancioacuten

En este sentido y como esa Consejeriacutea conoce la cuestioacuten giraba en torno a las categoriacuteas de los establecimientos puacuteblicos a efectos de otorgamiento de licencias asiacute como a efectos de la regulacioacuten del horario de cierre seguacuten aquellas categoriacuteas

Llegados a este punto y aun cuando exista una competencia conshycurrente en materia de potestad sancionadora en relacioacuten con una evenshytual infraccioacuten de los horarios de cierre de la Administracioacuten municipal y de la Administracioacuten autonoacutemica lo cierto es que su establecimiento y la clasificacioacuten de las categoriacuteas y grupos de actividades es competencia de esa Administracioacuten en virtud de lo establecido en el artiacuteculo 31122 del Estatuto de Autonomiacutea de Castilla-La Mancha asiacute como del Real

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Decreto 3871985 de 10 de marzo sobre traspaso de funciones y servicios de la Administracioacuten del Estado a la Comunidad Autoacutenoma de Castilla-La Mancha en materia de espectaacuteculos puacuteblicos

Y es precisamente sobre este aspecto de la cuestioacuten sobre el que se centraba la solicitud de informe formulada en su momento por esta Institucioacuten Si bien hay que tener presente que el Real Decreto 28161982 de 27 de agosto por el que se aprueba el Reglamento General de Policiacutea de Espectaacuteculos Puacuteblicos y Actividades Recreativas presenta una enushymeracioacuten de numerus apertus lo que implica que ademaacutes de las cateshygoriacuteas incluidas en el mismo se puedan otorgar licencias para otro tipo de categoriacuteas que no vengan expresamente contempladas el establecishymiento del horario de cierre y en definitiva su normativa reguladora deberiacutea resultar acorde o al menos aproximarse en la mayor medida posible tanto a las categoriacuteas establecidas como a las nuevas licencias que vayan siendo concedidas por los Ayuntamientos y las cuales loacutegishycamente se van adaptando a la realidad social en el momento de su otorgamiento

Ahora bien esa Administracioacuten reconoce que la licencia municipal de apertura ha de guardar la debida correspondencia con el epiacutegrafe del Impuesto de Actividades Econoacutemicas satisfecho por su titular Aun cuando esta Institucioacuten muestra su acuerdo con tal aseveracioacuten estima que lo anterior no empece a que igualmente deba establecerse una correshylacioacuten entre la licencia concedida y la regulacioacuten sustantiva o material en cuanto al horario de cierre de los establecimientos puacuteblicos

En este sentido se produce una situacioacuten de inseguridad juriacutedica orishyginada por el hecho de que el Ayuntamiento conceda licencia de bar a un establecimiento que para el horario de cierre entra dentro de una determinada categoriacutea y sin embargo dado que su titular abona el Impuesto de Actividades Econoacutemicas (IAE) dentro del epiacutegrafe de bar especial puede tener un horario de cierre maacutes amplio Las consecuencias de dicha disparidad originan tanto una disfuncionalidad de la licencia conshycedida como una vulneracioacuten de los derechos de los ciudadanos afectados por el ejercicio de las actividades autorizadas

Asiacute los requisitos y condicionamientos exigidos a un establecimiento en cuanto al otorgamiento de la licencia cuando va a ejercer uacutenicamente la actividad de bar no son ideacutenticos a los que debe reunir una actividad de bar especial en razoacuten de que la naturaleza de esta uacuteltima impone mayor rigurosidad y exigencia en cuanto a las condiciones de insonoshyrizacioacuten de los locales sistemas de evacuacioacuten de humos salidas de emershygencia etc Es de sobra conocido por esa Administracioacuten la mayor incishydencia y contaminacioacuten ambiental causada por un pub o disco-pub que la de un restaurante cafeacute o bar

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Por tanto no parece coherente que esa Consejeriacutea a traveacutes de los criterios interpretativos dirigidos a sus diferentes Delegaciones provinshyciales dada la situacioacuten de indefinicioacuten existente equipare el horario de cierre del grupo E (bares especiales pubs disco-pubs disco-bar) al de los establecimientos cuyos titulares posean licencia municipal de apertura de cafeacute bar o cafeteriacutea y que se halle de alta en el IAE en el epiacutegrafe correspondiente a bares especiales maacutexime cuando en el informe remishytido se reconoce que existen razones suficientes para considerar que los Ayuntamientos de la Comunidad Autoacutenoma de Castilla-La Mancha deben discriminar entre licencias municipales de bar y licencias municipales de bar especial

Al margen de que teniendo en cuenta las competencias que en cuanto a la calificacioacuten de las actividades ejerzan las Comisiones Provincial y Regional de Saneamiento adscritas a la Consejeriacutea de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha parece procedente que en cuanto a la regulacioacuten del horario de cierre de los establecimientos puacuteblicos sea esa Consejeriacutea como competente en la materia la que deba tomar en consideracioacuten los planteamientos expuestos emanando una normativa reguladora en la que se contemplen de manera adecuada los grupos y categoriacuteas en correspondencia con las licencias concedidas y no de acuershydo con epiacutegrafes del IAE criterio este que no resulta ser el maacutes acorde con el principio de seguridad juriacutedica y con los derechos de los ciudadanos afectados por el funcionamiento de dichos establecimientos a disfrutar de un medio ambiente adecuado

Por lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en los artiacuteculos 28 y 30 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril reguladora del Defensor del Pueblo he resuelto formular la siguiente recomendacioacuten laquoQue esa Consejeriacutea en ejercicio de las facultades que tiene otorgadas por la norshymativa vigente para regular el horario de cierre de los establecimientos puacuteblicos de ocio armonice mediante el dictado de una nueva normativa al efecto las categoriacuteas y grupos de los locales y actividades de tal manera que solvente la indefinicioacuten juriacutedica existente en la materia quedando clasificado definitivamente el horario de cierre que ha de ser respetado por los establecimientos puacuteblicos de ocio en funcioacuten de los tipos y clases de licencias de apertura otorgadas por la Administracioacuten municipalraquo


Recomendacioacuten dirigida al Consejero de Economiacutea y Adminisshytraciones Puacuteblicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Manshycha

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Recomendacioacuten 361999 de 10 de junio sobre irregularidades en las ofertas de amortizacioacuten anticipada de viviendas


Se ha recibido su informe de ref 50014583699 de 17 de marzo de 1999 en relacioacuten con la queja presentada por dontildea () y otros regisshytrada con el nuacutemero arriba indicado

Estudiado su contenido se considera oportuno realizar las siguientes manifestaciones

1a El Instituto de la Vivienda de Madrid reconoce en el punto segunshydo de su escrito que el Grupo Francisco Franco estaacute integrado por 1963 viviendas adjudicadas en reacutegimen de acceso diferido a la propiedad que carecen de ceacutedula de calificacioacuten definitiva

Ahora bien una vez que se determina la naturaleza del contrato de adjudicacioacuten es necesario tener presente la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las consecuencias juriacutedicas de esa naturaleza establecida en diversas sentencias entre las que se cita a tiacutetulo de ejemplo la de 13 de julio de 1987 En esta sentencia se manifiesta que el contrato de acceso diferido a la propiedad mdashque supone la transferencia al cesionario de la posesioacuten de la vivienda reteniendo el cedente su dominio hasta que haya tenido lugar el abono por parte de aqueacutel de la cantidad total estipulada momento en que se produce la transmisioacuten de la propiedadmdash tiene una especial naturaleza juriacutedica y estaacute designado estrictamente para servir a determinados fines sociales de tal forma que no resulta posible equipararlo a cualquier figura de la contratacioacuten privada sino que su regulacioacuten es de caraacutecter administrativo lo que aniquila los efectos de la autonomiacutea de la voluntad en su configuracioacuten

La norma de caraacutecter administrativo que regula el contrato de acceso diferido a la propiedad es mdashcomo de manera impliacutecita pero inequiacutevoca reconoce ese Organismo autoacutenomomdash el Decreto 21141968 de 24 de julio

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concretamente la Seccioacuten 5a del Capiacutetulo VI de ese texto normativo El artiacuteculo 134 contempla la posibilidad de amortizar anticipadamente la vivienda regulando de manera precisa las condiciones en que debe hacerse y el artiacuteculo 135 regula con similar precisioacuten la forma de proshyceder si la amortizacioacuten se produce por el transcurso del tiempo estashyblecido en un principio en el contrato de adjudicacioacuten Cualquier otra opcioacuten no estaacute contemplada

Asiacute pues hablar de oferta de venta resulta inapropiado Unicamente se puede ofrecer una amortizacioacuten anticipada en las condiciones que estashyblece el citado artiacuteculo 134 sin que sea posible introducir otras diferentes O en su defecto esperar a que transcurrido el plazo tenga lugar la amorshytizacioacuten total de la vivienda momento en que se transmitiraacute su dominio en las condiciones que estipule el tambieacuten citado artiacuteculo 135

Por otro lado despueacutes de haber quedado acreditado a juicio de esta Institucioacuten el caraacutecter administrativo del contrato de acceso diferido a la propiedad a tenor de lo establecido en el artiacuteculo 22 de la Ley 301992 de 26 de noviembre parece que cuando ese Organismo autoacutenomo intershyviene en relacioacuten con dicho contrato estaacute ejerciendo una potestad admishynistrativa y por tanto debe someterse a los dictados de ese texto legal

2a Al tiempo que ese Organismo autoacutenomo reconoce que las vivienshydas carecen de calificacioacuten definitiva tambieacuten manifiesta que nunca se llevoacute a cabo su valoracioacuten definitiva Y para realizar esa valoracioacuten defishynitiva pretende aplicar por analogiacutea el punto cuarto del artiacuteculo 127 del Decreto 21141968

Ahora bien esta decisioacuten es contraria a lo estipulado en la disposicioacuten transitoria quinta de esa misma norma que establece que los precios y rentas de las viviendas que se hubieran construido al amparo de regiacuteshymenes de proteccioacuten anteriores y habiendo obtenido calificacioacuten provishysional no estuvieran calificadas definitivamente el diacutea 1 de enero de 1969 seraacuten fijados de conformidad con las normas vigentes en la fecha de la calificacioacuten provisional

3a Ha quedado acreditada la existencia de algunas contradicciones entre las manifestaciones que el Instituto de la Vivienda de Madrid por un lado y los comparecientes por otro han realizado ante esta Institucioacuten en relacioacuten con el plazo de amortizacioacuten mdashde cuarenta antildeos para eacutestos y de cincuenta para aqueacutelmdash y el importe repercutido por consumo de agua imputable a las viviendas

Al respecto el Defensor del Pueblo considera que seriacutea conveniente que ambas partes se reunieran para intercambiar documentacioacuten como paso previo a intentar llegar a un acuerdo sobre estas dos cuestiones

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En su defecto puesto que en ambos casos se tratariacutea de desacuerdo en la interpretacioacuten de contratos seriacutea la jurisdiccioacuten correspondiente la instancia maacutes adecuada para dirimir la disputa

4a El Instituto de la Vivienda de Madrid reconoce que no abona las primas de los seguros que se mencionan en los contratos de adjushydicacioacuten pero asume cualquier responsabilidad que se derive de la incishydencia de esos riesgos Lo que no impide que a juicio de esta Institucioacuten si los adjudicatarios estiman que se estaacute produciendo un incumplimiento de contrato puedan iniciar las viacuteas judiciales a que se ha hecho referencia en el punto anterior

5a Ese Organismo autoacutenomo manifiesta que no puede determinar de manera concluyente si tal como denuncian los comparecientes las viviendas estaacuten situadas sobre un suelo calificado como zona verde

En consecuencia como cedente de las viviendas que conserva el domishynio sobre las mismas deberiacutea dirigirse inmediatamente al Ayuntamiento de Madrid que es el Organo administrativo competente en materia urbashyniacutestica para aclarar definitivamente esta cuestioacuten

6a Parece que efectivamente como se manifiesta en el informe los gastos derivados de la escritura puacuteblica de transferencia del dominio de la vivienda deben ser soportados por el adjudicatario tal como se desshyprende del artiacuteculo 135 del Decreto 21141968 y de los propios contratos de adjudicacioacuten

Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas maacutes arriba lo estishypulado en los artiacuteculos 93 y 1031 de la Constitucioacuten y de acuerdo con los artiacuteculos 28 y 30 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril se ha resuelto formular las siguientes recomendaciones

laquo1a Que se dejen sin efecto las ofertas de venta anticipada comushynicadas a los comparecientes referidas al Grupo Francisco Franco

2a Que cualquier notificacioacuten de amortizacioacuten anticipada de las viviendas se realice de acuerdo con lo estipulado en la Seccioacuten 5a del Capiacutetulo VI del Decreto 21141968 teniendo presente que se estaacute ejershyciendo una potestad administrativa

3a Que se deje sin efecto la valoracioacuten definitiva que se ha realizado para estas viviendas y se proceda a realizar una nueva que sea acorde con la disposicioacuten transitoria quinta del citado Decreto 21141968

4a Que se proceda a intercambiar documentacioacuten con los compashyrecientes para llegar a un acuerdo sobre el plazo de amortizacioacuten de las viviendas y el importe que debe imputarse a estas viviendas por conshysumo de agua

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5a Que se proceda a aclarar ante el Ayuntamiento de Madrid si estas viviendas se encuentran situadas sobre un suelo calificado como zona verderaquo


Recomendacioacuten dirigida al Director Gerente del Instituto de la Vivienda de Madrid

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Recomendacioacuten 371999 de 11 de junio sobre la interpretacioacuten del precepto de la nueva Ordenanza de Circulacioacuten del municipio de Madrid que prohiacutebe la circulacioacuten por las aceras y demaacutes zonas peatonales montando en bicicleta patiacuten monopatiacuten o aparatos simishylares


Acusamos recibo de su escrito de fecha 22 de enero de 1999 (Srfa salida de fecha 29 de enero de 1999) en relacioacuten con la queja formulada por don () la cual quedoacute registrada en esta Institucioacuten con el nuacutemeshyro Q9822533 y que versa sobre la redaccioacuten dada al artiacuteculo 39 de la nueva Ordenanza de Circulacioacuten del municipio de Madrid que preceptuacutea que laquosalvo en las zonas estanciales habilitadas al efecto se prohiacutebe la circulacioacuten por las aceras y demaacutes zonas peatonales montados en bicishycletas patines monopatines o aparatos similaresraquo

Examinando el contenido de la informacioacuten facilitada por la Direccioacuten de Servicios Administrativos de Traacutefico y Seguridad se considera proshycedente manifestar lo siguiente

Primero El artiacuteculo 251 de la Constitucioacuten Espantildeola establece para las infracciones administrativas la necesidad de una doble garantiacutea una de orden material exigiendo que esteacuten suficientemente predeterminadas tanto las infracciones como las sanciones imponibles y otra de orden formal que requiere una norma de rango legal suficiente para establecer esa predeterminacioacuten

Por lo que respecta al principio de tipicidad que es al que se refiere la primera de esas garantiacuteas establecidas en dicho precepto constitucioshynal el mismo estaacute desarrollado en el artiacuteculo 129 de la Ley 301992 de 26 de noviembre de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten e implica que las infracciones administrativas

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1o Han de estar previstas como tales en una Ley 2o Han de clasificarse por una Ley como muy graves graves y leves 3o Han de estar delimitadas en todo caso por la Ley las sanciones

Si bien las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden introshyducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanshyciones establecidas legalmente uacutenicamente se admite que ello sea con el fin de contribuir a la maacutes correcta identificacioacuten de las conductas o a la maacutes precisa determinacioacuten de las sanciones correspondientes

Por ello esta posibilidad tiene dos liacutemites infranqueables

1 Que no se pueden constituir nuevas infracciones o sanciones por viacutea reglamentaria (o por viacutea de ordenanzas municipales)

2 Que no se puede alterar la naturaleza o liacutemites de las infracciones o sanciones contempladas en la Ley

En cuanto a la segunda garantiacutea establecida en este precepto consshytitucional la misma estaacute recogida dentro del conocido principio de legashylidad que estaacute desarrollado en el artiacuteculo 127 de la Ley 301992 el cual exige tres requisitos para el correcto ejercicio de la potestad sancionadora de la Administracioacuten

1o Que haya sido expresamente atribuida por una norma con rango de Ley

2o Que se aplique a traveacutes de un procedimiento previsto 3o Que se lleve a efecto de acuerdo con lo establecido en el Tiacutetulo IX

de la citada Ley 301992

Segundo En el Decreto de la Alcaldiacutea-Presidencia de fecha 22 de septiembre de 1998 por el que se aprueba el nuevo cuadro de claves de infracciones a la normativa de circulacioacuten vial asiacute como el importe de las sanciones figura con la clave 259 la tipificacioacuten como infraccioacuten independiente el siguiente hecho laquocircular por la acera de forma no autoshyrizada con monopatines patines o aparatos similaresraquo y se establece una sancioacuten para la misma de 5000 pesetas

Del mismo modo con la clave 260 se tipifica como infraccioacuten autoacutenoma el hecho de laquocircular con monopatines patines o aparatos similares por viacuteas no especialmente destinadas a tal usoraquo para la cual tambieacuten se preveacute una sancioacuten de 5000 pesetas

Esta Institucioacuten no ha encontrado ninguna disposicioacuten de rango legal que prevea la existencia de esas dos clases de infracciones y sanciones por lo que se puede considerar que las mismas han sido creadas por ordenanza municipal

De igual modo debemos indicar que esas dos clases de infracciones y sanciones pueden ser consideradas como la normal expresioacuten de una

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disposicioacuten reglamentaria de desarrollo de una norma de rango legal sobre la seguridad vial como podriacutea ser el caso del Real Decreto 131992 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento General de Circushylacioacuten

En efecto aunque en el citado Reglamento se han aclarado y desarroshyllado algunas disposiciones de la Ley de Seguridad Vial (porque si no seriacutea una mera repeticioacuten de su contenido) sin embargo en los artiacuteculos que enumeran las infracciones y las sanciones no se han introducido nueshyvas tipificaciones limitaacutendose en este caso siacute a repetir las que figuran en la indicada Ley Como se ha podido apreciar este respeto a los prinshycipios de legalidad y tipicidad que determinan los liacutemites de la potestad sancionadora no se ha producido en el Decreto municipal de 22 de sepshytiembre de 1998

Tercero Por otro lado las dos tipificaciones de las infracciones y sanciones que figuran en el Decreto de esa Alcaldiacutea-Presidencia como claves 259 y 260 son una plasmacioacuten de parte del contenido del artiacuteculo 39 de la nueva Ordenanza municipal de Circulacioacuten

Curiosamente aunque en dicho artiacuteculo tambieacuten se mencionan las bicicletas sin embargo no se han incluido a estos vehiacuteculos en ninguna de esas claves por lo que si se siguiera el criterio de ese Ayuntamiento no podriacutea sancionarse la circulacioacuten por las aceras y demaacutes zonas peashytonales montados en bicicletas al no estar tipificadas las correspondientes infracciones

Dejando a un lado esta omisioacuten y centraacutendonos en el objeto de la queja hemos de manifestar que el referido artiacuteculo 39 de la Ordenanza que sirve de soporte a esas claves 259 y 260 tambieacuten desconoce lo disshypuesto en el artiacuteculo 932 del citado Reglamento General de Circulacioacuten seguacuten el cual laquoen ninguacuten caso podraacuten las ordenanzas municipales oposhynerse alterar desvirtuar o inducir a confusioacuten con los preceptos de este Reglamentoraquo

Tanto de la redaccioacuten dada al artiacuteculo 39 de la nueva Ordenanza munishycipal de Circulacioacuten como de la interpretacioacuten que del mismo ha dado la Direccioacuten de Servicios Administrativos de Traacutefico y Seguridad en el informe que nos ha remitido se desprende que se ha efectuado una evishydente restriccioacuten y alteracioacuten de lo preceptuado en el citado Reglamento el cual en su artiacuteculo 1214 dispone que laquolos que utilicen monopatines patines o aparatos similares no podraacuten circular por la calzada salvo que se trate de zonas viacuteas o partes de las mismas que les esteacuten especialmente destinadas y soacutelo podraacuten circular a paso de persona por las aceras o por las calles residenciales debidamente sentildealizadas con la sentildeal regulada en el artiacuteculo 159 de este Reglamentoraquo

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Seguacuten la interpretacioacuten dada por ese Ayuntamiento de dicho precepto reglamentario se precisan dos requisitos para permitir circular en monoshypatiacuten o sobre patines laquo1) que se trate de aceras o calles residenciales debidamente sentildealizadas y 2) que se vaya a paso de personaraquo

En este punto se considera preciso aclarar que seguacuten la interpreshytacioacuten que esta Institucioacuten da a dicho precepto la utilizacioacuten de la conshyjuncioacuten disyuntiva laquooraquo en vez de la conjuncioacuten copulativa laquoyraquo hace que la expresioacuten laquodebidamente sentildealizadas con sentildeal regulada en el artiacutecushylo 159 de este Reglamentoraquo uacutenicamente esteacute referida a laquolas calles resishydencialesraquo y no a las aceras

Por tanto en dicho Reglamento solamente se establece un requisito para que se pueda circular por las aceras con monopatines y patines que se vaya a paso de persona Como donde la Ley no distingue no se debe distinguir hay que concluir que se puede circular de esta forma en cualquier tipo de aceras y sin que sea preciso que en las mismas esteacute colocada la sentildeal regulada en el artiacuteculo 159 del Reglamento de Cirshyculacioacuten que hace referencia a sentildeales de indicaciones generales entre las que se incluyen la S-29 laquoFin de calle residencial Indica que se aplican de nuevo las normas generales de circulacioacutenraquo

Cuarto El artiacuteculo 39 de la Ordenanza municipal de Circulacioacuten uacutenishycamente permite la circulacioacuten por laquolas zonas estanciales habilitadas al efecto montados en patines y monopatinesraquo y la prohiacutebe de forma expresa laquopor la aceras y demaacutes zonas peatonalesraquo

En relacioacuten con el contenido de ese precepto de la Ordenanza esta Institucioacuten desea manifestar que se crea una inseguridad juriacutedica a los ciudadanos cuando se utilizan determinados conceptos sin incluirse su definicioacuten en el correspondiente anexo de la misma forma que hizo la Ley de Seguridad Vial o el Reglamento de Circulacioacuten con la forma siacutembolos y nomenclaturas de las sentildeales por ejemplo

Por ello debemos indicar que se deberiacutea haber descrito lo que se entiende por laquozona estancialraquo y queacute tipo de habilitacioacuten se precisa para que cualquier persona sepa con seguridad si estaacute permitido o no patinar en un determinado lugar

Quinto El artiacuteculo 39 de la mencionada Ordenanza establece una prohibicioacuten de circular por las aceras y demaacutes zonas peatonales montados en bicicletas patines o monopatines Nuevamente tenemos que aplicar el principio de que donde la ley no distingue no debemos distinguir por lo que esa Ordenanza prohiacutebe la circulacioacuten con esos aparatos incluso por cualquier tipo de aceras y zonas peatonales ya sea circulando raacutepido o a paso de persona

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Como se podraacute apreciar faacutecilmente el contenido de ese precepto vulshynera lo dispuesto en el apartado 4 del artiacuteculo 121 del Real Decreshyto 131992 de 17 de enero por lo que tendriacutea que ser modificado

En efecto ese Ayuntamiento no solamente ha incluido a las bicicletas (que no se mencionan en el Reglamento de Circulacioacuten) sino que no pershymite la circulacioacuten en patines y monopatines por las aceras y demaacutes zonas peatonales laquoa paso de personaraquo

Sexto En cuanto a la justificacioacuten de la inclusioacuten de esa norma en la referida Ordenanza es cierto que los peatones necesitan una proteccioacuten incluso cuando transitan por las aceras Pero ese loable objetivo se podriacutea haber perseguido si se hubiera redactado su artiacuteculo 39 con el mismo contenido que tiene el artiacuteculo 121 del Reglamento de Circulacioacuten

Asiacute se hubiera evitado la inseguridad juriacutedica que provoca la inclusioacuten de vehiacuteculos no contemplados en dicho Reglamento y la generalizacioacuten de una prohibicioacuten que va en contra de lo dispuesto en el artiacuteculo 932 de dicha norma estatal

Por lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en los artiacuteculos 28 y 30 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril reguladora del Defensor del Pueblo procedemos a formular la siguiente recomendacioacuten laquoQue ese Ayuntamiento proceda a modificar la redaccioacuten dada al artiacuteculo 39 de la Ordenanza de Circulacioacuten para la Villa de Madrid con el fin de que su contenido sea acorde con lo dispuesto en el apartado 4 del artiacuteculo 121 del Reglamento General de Circulacioacuten ya que eacuteste siacute permite a las pershysonas que utilizan monopatines patines o aparatos similares circular a paso de persona por las aceras asiacute como por aquellas calles residenciales que estaacuten debidamente sentildealizadas

Igualmente se sugiere que se supriman las claves 259 y 260 del Decreshyto de la Alcaldiacutea-Presidencia de fecha 22 de septiembre de 1998 ya que las infracciones y sanciones que en las mismas se recogen se han estashyblecido de forma autoacutenoma y sin tener en cuenta las limitaciones que imponen los principios de legalidad y tipicidad que deben ser observados a nivel reglamentarioraquo


Recomendacioacuten dirigida al Alcalde del Ayuntamiento de Madrid

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Recomendacioacuten 381999 de 15 de junio sobre la necesidad de evishytar la separacioacuten entre nintildeos y nintildeas en las competiciones de ajedrez organizadas por la Federacioacuten Espantildeola de Ajedrez


Acusamos recibo de su escrito registrado en esta Institucioacuten con fecha 17 de agosto de 1998 en relacioacuten con la separacioacuten por sexos en las competiciones organizadas por el Consejo Superior de Deportes

Estudiado con detenimiento el contenido de dicho escrito constatamos que se impone una diferenciacioacuten por sexos en las competiciones escoshylares sin que dicha segregacioacuten esteacute avalada por motivos deportivos que la justifiquen sino que la comentada separacioacuten se fundamenta seguacuten las manifestaciones de V E en la adaptacioacuten de la regulacioacuten de las competiciones a la normativa de la Federacioacuten Internacional de Ajedrez

Asimismo se informa sobre la motivacioacuten para celebrar competiciones entre participantes de diferentes edades que no se debe como intershypretaba el reclamante a un nuacutemero insuficiente de jugadoras por cateshygoriacutea sino a la posibilidad excepcional debida a un nivel deportivo eleshyvado de participar en una categoriacutea de edad superior

En este uacuteltimo punto esta Institucioacuten da por conforme dicha actuashycioacuten siempre que efectivamente esta posibilidad sea excepcional no oblishygatoria y todas las jugadoras tengan la opcioacuten de jugar con la categoriacutea que les corresponde por su edad de nacimiento

Sin embargo en lo que respecta a la segregacioacuten por sexos en las competiciones organizadas por ese Consejo Superior de Deportes hay que manifestar que efectivamente el artiacuteculo 8o de los Estatutos de la Federacioacuten Espantildeola de Ajedrez sentildeala que laquoLa Federacioacuten Espantildeola de Ajedrez no admite ninguacuten tipo de discriminacioacuten por razoacuten de nacishymiento raza sexo religioacuten opinioacuten o cualesquiera otras condiciones o circunstancias personales o socialesraquo siendo este precepto una conseshy

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cuencia directa del principio de no discriminacioacuten declarado de forma expresa en el artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Espantildeola que expone taxashytivamente que laquolos espantildeoles son iguales ante la ley sin que pueda preshyvalecer discriminacioacuten alguna por razoacuten de nacimiento raza sexo relishygioacuten opinioacuten o cualquier otra condicioacuten o circunstancia personal o socialraquo

Esta afirmacioacuten ha sido objeto de muy diversos planteamientos ante el Tribunal Constitucional que desde el primer momento ha perfilado exactamente el alcance y contenido de dicho artiacuteculo Asiacute seguacuten el Alto Tribunal laquo el principio de igualdad juriacutedica consagrado en el artiacuteculo 14 no impide que el legislador contemple la necesidad o conveniencia de diferenciar situaciones distintas y de darle un tratamiento diverso que puede incluso venir exigido en un Estado social y democraacutetico de Dereshycho para la efectividad de los valores que la Constitucioacuten consagra con el caraacutecter de superiores del ordenamiento como son la justicia y la igualshydad a cuyo efecto atribuye ademaacutes a los poderes puacuteblicos el que proshymuevan las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva (art 92) Lo que prohiacutebe el principio de igualdad juriacutedica es la discriminacioacuten como declara de forma expresa el artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten es decir que la desigualdad en el tratamiento legal sea injustificada por no ser razonableraquo (STC 341981 FJ 3o)


laquoa) No toda desigualdad en el trato en la ley supone una infraccioacuten del artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten sino que dicha infraccioacuten la produce soacutelo aquella desigualdad que introduce una diferencia de situaciones que puedan considerarse iguales y que carecen de una justificacioacuten objetiva y razonable


c) El principio de igualdad no prohiacutebe al legislador cualquier desishygualdad en el trato sino soacutelo aquellas desigualdades que resulten artishyficiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y suficientemente razonables de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados

d) Por uacuteltimo para que la diferencia resulte constitucionalmente liacutecishyta no basta con que lo sea el fin que en ella se persigue sino que es indispensable ademaacutes que las consecuencias juriacutedicas que resultan de tal discriminacioacuten sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin de modo

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que la relacioacuten entre la medida adoptada el resultado que se produce y el fin pretendido por el legislador supone un juicio de proporcionalidad en sede constitucional evitando resultados especialmente gravosos o desshymedidosraquo (STC 761990 FJ 9o)

En base a todo lo expuesto uacutenicamente cabe admitir una discrimishynacioacuten cuando eacutesta pueda fundarse en criterios objetivos resulte razoshynable y pueda ademaacutes considerarse proporcionada para la consecucioacuten de un fin legiacutetimo Sin embargo en el asunto que ha motivado la intershyvencioacuten de nuestra Institucioacuten no entendemos que se haya justificado suficientemente en sus repetidos escritos la necesidad de segregar a los participantes por sexos pues el hecho de que los campeones representen a Espantildea en distintas actividades internacionales no prejuzga necesashyriamente la forma de obtencioacuten de dichos campeones ni la posibilidad de organizar unos campeonatos absolutos independientes de los realishyzados para obtener campeones y campeonas que deban participar en las competiciones internacionales

En este mismo sentido es evidente que la organizacioacuten del deporte espantildeol no puede ni debe ignorar las reglas normas y usos que rigen las competiciones a nivel internacional pero no es menos cierto que no se pueden soslayar las normas fundamentales que rigen nuestro ordeshynamiento juriacutedico asiacute como las propias normas de la Federacioacuten y de la Ley 101990 de 15 de octubre del Deporte que imponen todas ellas la no discriminacioacuten por motivo de sexo

En virtud de todo cuanto antecede y de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 301 de la Ley Orgaacutenica del Defensor del Pueblo esta Insshytitucioacuten ha resuelto efectuar a V I la siguiente recomendacioacuten laquoQue se tomen por parte de esa presidencia las medidas oportunas para que exista la posibilidad de competir sin segregacioacuten por sexos en las comshypeticiones organizadas por el Consejo Superior al no tener dicha sepashyracioacuten una justificacioacuten objetiva basada en diferencias psicofiacutesicas u otras razones debidamente justificadas independientemente de la necesaria adaptacioacuten de nuestra normativa a la internacional al objeto de participar en competiciones internacionalesraquo


Recomendacioacuten dirigida al Presidente del Consejo Superior de Deportes

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Acusamos recibo de su escrito de fecha 25 de febrero en el que nos informa sobre la segregacioacuten por sexos en las competiciones de ajedrez

Estudiado con la debida atencioacuten constatamos la imposibilidad teacutecshynica al menos por el Sistema Suizo de proclamar campeona de la comshypeticioacuten de que se trate a la primera clasificada

Asimismo esta Institucioacuten considera adecuado el sistema seguido en el laquoCampeonato de Espantildea Absoluto o por Equiposraquo en el cual las mujeshyres pueden participar en igualdad de condiciones con el resto de los participantes

No obstante en los Campeonatos por edades no existe la posibilidad de competir en igualdad de condiciones sino que obligatoriamente los jugadores han de competir separados por sexos y en este sentido hay que recordar que el artiacuteculo 8o de los Estatutos de la Federacioacuten Espashyntildeola de Ajedrez sentildeala que laquoLa Federacioacuten Espantildeola de Ajedrez no admite ninguacuten tipo de discriminacioacuten por razoacuten de nacimiento raza sexo religioacuten opinioacuten o cualesquiera otras condiciones o circunstancias pershysonales o socialesraquo siendo este precepto una consecuencia directa del principio de no discriminacioacuten declarado de forma expresa en el artiacutecushylo 14 de la Constitucioacuten Espantildeola que expone taxativamente que laquolos espantildeoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminacioacuten alguna por razoacuten de nacimiento raza sexo religioacuten opinioacuten o cualquier otra condicioacuten o circunstancia personal o socialraquo

Esta afirmacioacuten ha sido objeto de muy diversos planteamientos por parte del Tribunal Constitucional que desde el primer momento ha pershyfilado exactamente el alcance y contenido de dicho artiacuteculo Asiacute seguacuten

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el Alto Tribunal laquo el principio de igualdad juriacutedica consagrado en el artiacuteculo 14 no impide que el legislador contemple la necesidad o conshyveniencia de diferenciar situaciones distintas y de darle un tratamiento diverso que puede incluso venir exigido en un Estado social y demoshycraacutetico de Derecho para la efectividad de los valores que la Constitucioacuten consagra con el caraacutecter de superiores del ordenamiento como son la justicia y la igualdad a cuyo efecto atribuye ademaacutes a los poderes puacuteblicos el que promuevan las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva (art 92) Lo que prohiacutebe el principio de igualdad juriacutedica es la discrishyminacioacuten como declara de forma expresa el artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten es decir que la desigualdad en el tratamiento legal sea injustificada por no ser razonableraquo (STC 341981 FJ 3o)






En base a todo lo expuesto uacutenicamente cabe admitir una discrimishynacioacuten cuando eacutesta pueda fundarse en criterios objetivos resulte razoshynable y pueda ademaacutes considerarse proporcionada para la consecucioacuten de un fin legiacutetimo Sin embargo en el asunto que ha motivado la intershy

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vencioacuten de nuestra Institucioacuten no entendemos que se haya justificado suficientemente en sus repetidos escritos la necesidad de segregar a los participantes por sexos

En virtud de todo cuanto antecede y de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 301 de la Ley Orgaacutenica del Defensor del Pueblo esta Insshytitucioacuten ha resuelto efectuar a V I la siguiente recomendacioacuten laquoQue se tomen por parte de esa presidencia las medidas oportunas para que exista la posibilidad de competir sin segregacioacuten por sexos en las comshypeticiones organizadas por esa Federacioacuten al no tener dicha separacioacuten una justificacioacuten objetiva basada en diferencias psicofiacutesicas u otras razoshynes debidamente justificadas independientemente de la necesaria adapshytacioacuten de nuestra normativa a la internacional al objeto de participar en competiciones internacionalesraquo


Recomendacioacuten dirigida al Presidente de la Federacioacuten Espantildeola de Ajedrez

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Recomendacioacuten 401999 de 15 de junio al Ayuntamiento de Madrid sobre la privacidad de los datos del Padroacuten municipal


Acusamos recibo de su escrito con fecha de salida 9 de febrero de 1999 en el que nos informa sobre la queja formulada por dontildea () sobre facilitacioacuten de datos del Padroacuten a su ex marido

En el mencionado escrito se informa que la actuacioacuten de ese Ayunshytamiento al proporcionar los datos del Padroacuten al ex marido de la inteshyresada del que se encontraba legalmente separada se ajustaba a la legashylidad seguacuten la Resolucioacuten de 4 de julio de 1997 de la presidencia del Instituto Nacional de Estadiacutestica por la que se dictan instrucciones teacutecshynicas a los Ayuntamientos sobre actualizacioacuten del Padroacuten municipal

En este sentido hay que tener en cuenta que seguacuten previene el arshytiacuteculo 16 de la Ley de Bases de Reacutegimen Local los datos del Padroacuten son confidenciales y el acceso a los mismos se rige por lo dispuesto en la Ley Orgaacutenica 51992 de 29 de octubre sobre la Regulacioacuten del Trashytamiento Automatizado de Datos de Caraacutecter Personal y la Ley Orgaacuteshynica 301992 de 26 de noviembre sobre Reacutegimen Juriacutedico de las Admishynistraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

En la citada Resolucioacuten se establece que son interesados legiacutetimos para obtener los datos del Padroacuten el propio vecino personalmente o por medio de su representante legal o voluntario las autoridades de la Admishynistracioacuten Puacuteblica en el ejercicio de sus competencias legales y los Jueces y Tribunales de Justicia Por lo que el ex marido de la sentildeora () no era interesado a estos efectos

En lo tocante a la representacioacuten de los menores la Resolucioacuten de 4 de julio de 1997 determina que corresponde a la persona que tenga confiada su guarda y custodia lo que en el caso de los matrimonios sepashy

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rados se acreditaraacute mediante copia de la correspondiente resolucioacuten judishycial supuesto que tampoco se ha producido

Respecto a los datos facilitados por medios distintos de la relacioacuten directa entre el funcionario y el vecino a los que su informe hace refeshyrencia seguacuten el punto 6 de la Resolucioacuten antes citada deberaacuten estashyblecerse las cautelas oportunas para evitar que la informacioacuten llegue a quien no sea interesado legiacutetimo Estipulando ademaacutes que la informacioacuten telefoacutenica nunca deberaacute exceder la constatacioacuten de que ese vecino figura o no inscrito en el Padroacuten

En base a todo lo anteriormente expuesto y en relacioacuten con el caso concreto que nos ocupa hay que hacer las siguientes precisiones

Primera La interesada al darse de alta en el Padroacuten se informoacute sobre la privacidad de los datos del Padroacuten aseguraacutendole el funcionario que la atendioacute que eacutestos eran privados y no se facilitaban a terceras personas

Segunda Existe una sentencia inscrita de separacioacuten en el Registro Civil en la que consta el reacutegimen de la misma y la asignacioacuten de la guarda y custodia a la que la reclamante hizo referencia en el momento de su inscripcioacuten en el Padroacuten municipal y sin embargo el funcionario que la atendioacute no tomoacute nota de ello lo que hubiera evitado la situacioacuten posshyterior

Tercera En cuanto a las cautelas que debe adoptar la Administrashycioacuten para evitar que los datos lleguen a quien no es interesado legiacutetimo no parecen haberse tenido en cuenta en el presente caso toda vez que no es una circunstancia normal el hecho de que un padre ignore el domishycilio de su hija debiendo informarse a traveacutes del Padroacuten de su domicilio sin que el mismo esteacute inscrito en el domicilio y sin presentar documenshytacioacuten que avale la representacioacuten del menor (Libro de Familia Resoshylucioacuten judicial)

En virtud de todo cuanto antecede y de conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 30 de la Ley Orgaacutenica del Defensor del Pueblo esta Insshytitucioacuten ha resuelto efectuar a V I la siguiente recomendacioacuten laquoQue se tomen por parte de esa Alcaldiacutea las medidas oportunas respecto a la adopcioacuten de la cautela necesaria para la facilitacioacuten de los datos padroshynales de manera que soacutelo los interesados legiacutetimos y en la forma prevista en la Ley Orgaacutenica 51992 la Ley 301992 asiacute como en la Resolucioacuten de 4 de julio de 1997 puedan acceder a los datos inscritos en el Padroacutenraquo



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Recomendacioacuten 411999 de 23 de junio sobre los centros de intershynamiento de extranjeros

(BOCG Cortes Generales VII Legislatura Serie A Nuacutem 69 paacuteg RECOMENDACIONES

59)

La expulsioacuten y el internamiento actos de naturaleza administrativa estaacuten revestidos de determinadas garantiacuteas propias de su condicioacuten de acciones de privacioacuten de libertad fundamentalmente de la garantiacutea de la intervencioacuten judicial mediante la cual no soacutelo se limita el tiempo de duracioacuten de dicha privacioacuten en funcioacuten de las circunstancias sino que el juez valora la procedencia o no de acordar tanto el internamiento como incluso bajo determinadas condiciones la expulsioacuten

La Sentencia del Tribunal Constitucional 1151987 dictada en el recurshyso de inconstitucionalidad interpuesto por esta Institucioacuten sobre detershyminados artiacuteculos de la Ley Orgaacutenica 71985 sentildeala el conjunto de garanshytiacuteas deducibles en un caso del propio texto de la ley y en otros de su integracioacuten con los preceptos constitucionales con el Convenio Europeo de 1950 y con la propia doctrina del Tribunal Sobre esta premisa el Tribunal Constitucional declara que no puede ser considerado como inconstitucional el paacuterrafo 2 del artiacuteculo 26 de la Ley Orgaacutenica 71985 de 1 de julio

En las consideraciones que se hacen en el fundamento juriacutedico prishymero de la citada sentencia 1 respecto al internamiento preventivo de

1 La decisioacuten judicial en relacioacuten con la medida de internamiento del extranjero pendiente de expulsioacuten ha de ser laquoadoptada mediante resolucioacuten judicial motivadaraquo (Sentencia 411982 de 2 de julio) que debe respetar los derechos fundamentales de defensa (arts 241 y 173 de la Constitucioacuten) incluidos los previstos en el artiacuteculo 302 de la Ley Orgaacutenica 71985 de 1 de julio en conexioacuten con el artiacuteculo 63 del Convenio Europeo para la Proteccioacuten de los Dereshychos Humanos y Libertades Fundamentales asiacute como la interposicioacuten de los recursos que proshycedan contra la resolucioacuten judicial y eventualmente los reconocidos en el artiacuteculo 35 de la Ley Orgaacutenica 71985 de 1 de julio en conexioacuten con el artiacuteculo 54 del citado Convenio Europeo para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales Se cumple asiacute la

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extranjeros se sentildeala que este internamiento previo a su expulsioacuten tiene diferencias sustanciales con las detenciones preventivas de caraacutecter geneshyral no soacutelo en las condiciones fiacutesicas de su ejecucioacuten sino tambieacuten en funcioacuten del diverso papel que cumple la Administracioacuten en uno y otro caso En materia penal una vez puesto el detenido por oacutergano gubershynativo a disposicioacuten judicial la suerte final del detenido se condiciona a decisiones posteriores tanto en lo relativo a la detencioacuten preventiva como en el resultado del proceso penal posterior En el procedimiento de expulsioacuten la decisioacuten final sobre la misma corresponde al oacutergano gubernativo y por ello es una decisioacuten que puede condicionar la propia situacioacuten del extranjero detenido Ello significa que el oacutergano que interesa el internamiento persigue un intereacutes especiacutefico estatal relacionado con la policiacutea de extranjeros y no actuacutea ya como en la detencioacuten penal como un mero auxiliar de la justicia sino como titular de intereacutes juriacutedico propio

Maacutes adelante sentildeala la sentencia que la disponibilidad sobre la peacuterdida de la libertad es judicial sin perjuicio del caraacutecter administrativo de la

exigencia que el Tribunal de Estrasburgo establecioacute en su Sentencia de 18 de junio de 1971 (caso de Wilde Ooms y Versyp) de que toda persona privada de su libertad con fundamento o no tiene derecho a un control de legalidad ejercido por un Tribunal y por ello con laquounas garantiacuteas comparables a las que existen en las detenciones en materia penalraquo Es decir el precepto impugnado respeta y ha de respetar el bloque de competencia judicial existente en materia de libertad individual incluyendo el derecho de habeas corpus del artiacuteculo 174 de la Constitucioacuten tanto en lo que se refiere a la fase gubernativa previa dentro de las setenta y dos horas como tambieacuten respecto a esa prolongacioacuten del internamiento en caso necesario maacutes allaacute de las setenta y dos horas en virtud de una resolucioacuten judicial La intervencioacuten judicial no soacutelo controlaraacute el caraacutecter imprescindible de la peacuterdida de libertad sino que permitiraacute al interesado laquopresentar sus medios de defensaraquo evitando asiacute que la detencioacuten presente el caraacutecter de un internamiento arbitrario

Es cierto que como el Defensor del Pueblo alega el paacuterrafo 2o del nuacutemero 2 del artiacuteculo 26 habla de laquointeresando el internamiento a su disposicioacutenraquo con lo que pareceriacutea dar a entender una disponibilidad administrativa sobre la libertad que estariacutea en contradiccioacuten con el claro mandato del artiacuteculo 172 que precisamente habla de laquoa disposicioacuten de la autoridad judicialraquo Sin embargo como ya se ha dicho el extranjero respecto a su libertad a partir de las setenta y dos horas se encuentra a la plena disponibilidad judicial que cesaraacute en el momento en el que el juez mismo decida la puesta en libertad o en el momento en que la autoridad administrativa solicite del oacutergano judicial la entrega del detenido para proceder a su efectiva expulsioacuten Se posibilita asiacute sin restricciones la actuacioacuten del juez como garante de la libertad de la persona

Finalmente el internamiento ha de ser en centros o locales laquoque no tengan caraacutecter penishytenciarioraquo garantiacutea adicional que trata de evitar que el extranjero sea sometido al tratamiento propio de los centros penitenciarios

Todo este conjunto de garantiacuteas deducibles en un caso del propio texto de la Ley y en otros de su integracioacuten con los preceptos constitucionales con el Convenio Europeo de 1950 y con la propia doctrina de este Tribunal hacen que el internamiento de los extranjeros no pueda considerarse ni de caraacutecter administrativo ni sin las garantiacuteas de fondo y forma que eviten su caraacutecter arbitrario En consecuencia al ser susceptible de una interpretacioacuten conforme a la Constitucioacuten tal y como se ha sentildealado en este fundamento no puede ser considerado como inconstitucional el paacuterrafo 2o del nuacutemero 2 del artiacuteculo 26 de la Ley Orgaacutenica 71985 de 1 de julio

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decisioacuten de expulsioacuten y de la ejecucioacuten de la misma Asimismo indica esta sentencia que la decisioacuten judicial en relacioacuten con la medida de intershynamiento del extranjero pendiente de expulsioacuten ha de ser adoptada mediante resolucioacuten judicial motivada que debe respetar los derechos fundamentales de defensa cumplieacutendose asiacute las exigencias que el Trishybunal de Estrasburgo ha establecido de que toda persona privada de su libertad con fundamento o no tiene derecho a un control de legalidad ejercido por un Tribunal y por ello a unas garantiacuteas comparables a las que existen en materia penal 2

2 Sala Segunda Sentencia 961995 de 19 de junio Recurso de amparo 18411993 Contra Auto dictado por la Audiencia Provincial de Zaragoza resolutorio de recurso de queja seguido contra Autos dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instruccioacuten nuacutemero 1 de Ejea de los Caballeros en diligencias previas por causa de robo Vulneracioacuten del derecho a la libertad falta de motivacioacuten de la resolucioacuten judicial de internamiento

() 3 Los recurrentes imputan al Auto de 14 de enero de 1993 no soacutelo su falta de motivacioacuten

sino tambieacuten el haber sido dictado con infraccioacuten de garantiacuteas esenciales como el respeto del derecho de audiencia de defensa y de asistencia letrada que el juez no tuvo en cuenta antes de autorizar la privacioacuten de libertad El examen de las resoluciones judiciales en relacioacuten con los diversos recursos intentados por los recurrentes no permite albergar dudas acerca de la certeza de sus afirmaciones en cuanto a la falta de audiencia previa posibilidad de defensa y asistencia letrada La mera lectura de los Autos del Juzgado de 1 y 10 de febrero de 1993 y del de la Audiencia Provincial de 10 de mayo de 1993 lleva a la conclusioacuten de que dichos oacuterganos judiciales simplemente consideraron innecesarias dichas garantiacuteas por no venir exigidas como requisitos por la LO 71985 (art 262) Consideran tambieacuten los citados oacuterganos judiciales que el hecho de que se les informara de sus derechos en comisariacutea con asistencia letrada en el momento de notificarles la apertura de un expediente de expulsioacuten en su contra constituye una garantiacutea suficiente que priva de contenido a sus alegaciones de indefensioacuten

Sin embargo la falta de audiencia y de defensa de los recurrentes ante el juez que autorizoacute la privacioacuten de libertad mientras se tramitaba el procedimiento administrativo de expulsioacuten vulnera los artiacuteculos 171 y 241 de la CE Como sentildeala la STC 1151987 (FJ 1o) laquola decisioacuten judicial en relacioacuten con la medida de internamiento del extranjero pendiente de expulsioacuten ha de ser adoptada mediante resolucioacuten judicial motivada que debe respetar los derechos funshydamentales de defensa (art 241 y 173 CE) incluidos los previstos en el artiacuteculo 302 de la Ley Orgaacutenica 71985 de 1 de julio en conexioacuten con el artiacuteculo 63 del Convenio Europeo para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales asiacute como la intershyposicioacuten de los recursos que procedan contra la resolucioacuten judicial y eventualmente los recoshynocidos en el artiacuteculo 35 de la Ley Orgaacutenica 71985 de 1 de julio en conexioacuten con el artiacuteculo 54 del Convenio Europeo para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos y de las Libertades Funshydamentales Se cumple asiacute lo establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su Sentencia de 18 de junio de 1971 (caso Wilde Ooms y Versyp) de que toda persona privada de su libertad con fundamento o no tiene derecho a un control de legalidad ejercido por un tribunal y por ello con unas garantiacuteas comparables a las que existen en las detenciones en materia penal La intervencioacuten judicial no soacutelo controlaraacute el caraacutecter imprescindible de la peacuterdida de libertad sino que permitiraacute al interesado presentar sus medios de defensa evitando que la detencioacuten presente el caraacutecter de un internamiento arbitrarioraquo Igual doctrina se contiene tambieacuten en la STC 1441990 a la que asimismo nos hemos referido

La doctrina pues de las citadas Sentencias plenamente aplicable a este caso en el que las circunstancias son ideacutenticas debe determinar la estimacioacuten de este recurso

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Del contexto de este pronunciamiento constitucional podemos deducir que la expulsioacuten es una prolongacioacuten necesaria a la medida de intershynamiento Y si como el propio Tribunal Constitucional sentildeala se hace preciso enmarcar una medida de caraacutecter administrativo como el intershynamiento dentro de las garantiacuteas penales parece loacutegico suponer que la expulsioacuten fin uacuteltimo del propio internamiento aun bajo el caraacutecter de ejecucioacuten forzosa de un acto administrativo deberaacute tambieacuten de gozar de esas mismas garantiacuteas a que alude el Tribunal Constitucional respecto al internamiento

Todo ello ha llevado al Defensor del Pueblo desde la promulgacioacuten de la Ley Orgaacutenica 71985 de 1 de julio sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en Espantildea a dedicar una parte importante de su labor a la supervisioacuten de las condiciones de los centros de internamiento y el cumplimiento de las garantiacuteas constitucionales en todos aquellos casos en los que ha tenido conocimiento de la adopcioacuten de la medida cautelar de internamiento con el fin de preservar los derechos fundashymentales de los extranjeros en el contexto de la sancioacuten de expulsioacuten prevista en dicha ley

Varias han sido las recomendaciones que a lo largo de casi doce antildeos se han llevado a cabo por el Defensor del Pueblo con la finalidad de corregir las posibles lagunas legales o las interpretaciones de determishynados preceptos que se consideraban manifiestamente injustas resaltanshydo por su importancia continuada en el tiempo la recomendacioacuten de que se dictase el oportuno reglamento de reacutegimen interior de los centros de internamiento que finalmente ha visto la luz mediante la Orden Minisshyterial de 22 de febrero de 1999 sobre Normas de Funcionamiento y Reacutegishymen Interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros

Condiciones de los centros de internamiento

El artiacuteculo 262 de la LODLE preveacute ademaacutes de la detencioacuten del extranjero sometido a procedimiento de expulsioacuten su internamiento en centros o locales que no tengan caraacutecter penitenciario solicitando a tal efecto la autorizacioacuten judicial

La adopcioacuten de esta medida por la naturaleza del bien juriacutedico implishycado ha de estar inspirada por un principio de excepcionalidad

Este es el criterio por otra parte del Tribunal Constitucional al detershyminar en la sentencia reiteradamente aludida que el criterio hermeshyneacuteutico a seguir ha de ser el del favor libertatis lo que supone que la libertad ha de ser respetada salvo que se estime indispensable su peacuterdida por razones de cautela o de prevencioacuten

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Al inicio de la entrada en vigor de la Ley Orgaacutenica de Derechos y Libertades de los Extranjeros los internamientos se llevaban a cabo funshydamentalmente en comisariacuteas de policiacutea o incluso en establecimientos penitenciarios tal y como la Institucioacuten pudo comprobar en visitas efecshytuadas a centros de esta naturaleza

Estos internamientos incumpliacutean la letra del artiacuteculo 262 de la LODLE (en cuanto determina que el local no ha de ser penitenciario) y al pracshyticarse sobre todo en las referidas dependencias policiales se contraveniacutea el sentido y la finalidad del precepto por cuanto el mismo ha pretendido que esta privacioacuten de libertad no tenga caraacutecter aflictivo

No hay que olvidar que los calabozos de las distintas comisariacuteas de policiacutea estaacuten proyectados para una privacioacuten de libertad breve de setenta y dos horas con caraacutecter previo a la puesta a disposicioacuten judicial de la persona y en los mismos existe un reacutegimen de vida no adecuado para unos ciudadanos sometidos a un procedimiento administrativo de expulshysioacuten

Por otro lado la mayoriacutea de los calabozos de estas comisariacuteas no reuacutenen tampoco por su habitabilidad o espacio las condiciones miacutenimas exigidas para cualquier tipo de privacioacuten de libertad tan prolongada

Al internarse a los extranjeros en estos calabozos se originaban proshyblemas como son las aglomeraciones coexistencia con detenidos comunes problemas higieacutenicos imposibilidad de que eacutestos efectuacuteen paseos en la comisariacutea peacuterdida de la nocioacuten del tiempo y del espacio al ser el intershynamiento prolongado dificultades para recibir visitas etc

En consecuencia el Defensor del Pueblo recomendoacute la creacioacuten por parte de la Administracioacuten Puacuteblica competente de los centros o locales especiales de internamiento a que se refiere en su artiacuteculo 26 la LODLE

Con ello se daba cumplimiento a ese artiacuteculo al otorgarse a esa medida excepcional un caraacutecter de medida cautelar y no aflictiva o restrictiva de derechos y se evitaban los recelos de algunos jueces en el momento de autorizar los internamientos solicitados por la autoridad gubernativa

Sin embargo la realidad praacutectica ha obligado a continuar teniendo que recomendar la adopcioacuten de medidas que permitiesen que los centros de internamiento tuvieran unas miacutenimas condiciones de habitabilidad que hoy despueacutes de casi doce antildeos no reuacutenen la mayoriacutea de ellos

Varias han sido las recomendaciones que el Defensor del Pueblo ha dirigido a la Administracioacuten en relacioacuten a estos centros a lo largo de todos estos antildeos reiterando la necesidad de que los mismos se adecuen al espiacuteritu y a la letra tanto de la Ley Orgaacutenica de Derechos y Deberes de los Extranjeros en Espantildea como a la STC 1151987

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Como recientemente ha puesto de manifiesto el informe elaborado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid tomando precisamente como referencia los informes anuales de la Institucioacuten los seis centros actuales presentan serias deficiencias de infraestructura y fundamenshytalmente carecen de condiciones suficientes para la permanencia de los internos cuando eacutestos alcanzan el plazo maacuteximo permitido por la ley de cuarenta diacuteas

Ya en 1991 se hizo una primera recomendacioacuten en relacioacuten al centro de internamiento de Madrid el cual por otro lado ha sufrido varios incenshydios en donde se ha puesto de manifiesto el peligro en que se encuentran tanto los internos como los agentes de policiacutea que los custodian debido a la forma laquotubularraquo del centro ubicado en los soacutetanos de una antiguas dependencias policiales del barrio de Moratalaz

Si bien la Delegacioacuten del Gobierno en Madrid ha procedido recienshytemente ha llevar a cabo obras de reforma y mejora consistentes en una nueva instalacioacuten eleacutectrica de fuerza sustitucioacuten del techo de escayola por otro de estructura metaacutelica instalacioacuten de nuevos sanitarios renoshyvacioacuten de alarma contra incendios y pintura en general consideramos que es fundamental el acometimiento de un nuevo centro de internashymiento en el hospital del antiguo centro penitenciario de Carabanchel compromiso que la Delegacioacuten del Gobierno de Madrid ha trasladado a esta Institucioacuten para su desarrollo a medio plazo con el fin de superar las deficientes condiciones del actual centro

Similares problemas presenta el centro de La Verneda en Barcelona con el antildeadido de la falta de un patio para que los internos vean siquiera durante unas horas al diacutea la luz

Viejos y destartalados es como pueden ser calificados el caso de Maacutelashyga Valencia y Las Palmas de Gran Canaria a pesar de ser los maacutes usados dada su ubicacioacuten

En estos tres casos se ha reiterado en los diferentes informes anuales la necesidad de reformar sus instalaciones y de adecuarlos a las conshydiciones que razonablemente deberiacutean reunir estos centros similares al menos al uacutenico que puede considerarse vaacutelido por comparacioacuten el de Murcia

Sin embargo y a pesar de estas recomendaciones hechas a lo largo de estos uacuteltimos ocho antildeos los centros son los mismos las condiciones de vida muy similares aunque el nuacutemero de internos ha aumentado loacutegishycamente de forma sensible

Igualmente se ha recomendado en varias ocasiones y tras las visitas llevadas a cabo tanto por el Defensor del Pueblo como por asesores de

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la Institucioacuten la construccioacuten de un centro en Algeciras y Tarifa una vez que fue clausurado el centro provisional existente en esta uacuteltima locashylidad dado que es en esta zona donde se concentra un mayor nuacutemero de detenciones de personas indocumentadas sometidas en su caso a proshycedimientos de expulsioacuten y que deben ser trasladadas al centro de intershynamiento de Maacutelaga o de Valencia a la espera de ser reenviadas a sus paiacuteses de origen

De la misma forma se ha recomendado en varias ocasiones que la comisariacutea de Algeciras sea ubicada en otras instalaciones que le permitan dar respuesta igualmente al elevado nuacutemero de detenciones que se pracshytican para proceder a la devolucioacuten de extranjeros y que en algunas ocasiones ha provocado el hacinamiento de los detenidos en los calabozos de dicha comisariacutea

Intervencioacuten de la autoridad judicial en el internamiento

Siguiendo la doctrina marcada por la Sentencia aludida del Tribunal Constitucional de 7 de julio de 1987 el extranjero queda a laquodisposicioacuten del juezraquo en estos internamientos por su caraacutecter de garante principal de la libertad El es en definitiva el que ha de valorar las razones que pueden existir para la adopcioacuten de tan grave medida

La autoridad gubernativa ha de indicar al juez al solicitar el auto de internamiento el centro donde va a ser internado el extranjero asiacute como las causas muy detalladas que han aconsejado la formulacioacuten de esta peticioacuten

Lo anterior tiene como justificacioacuten el que la autoridad judicial proshyceda a un control efectivo de la medida restrictiva de la libertad asiacute como de la oportunidad o no de su instauracioacuten evitando autorizar intershynamientos en caso de devolucioacuten hecho este que si bien no es muy usual sigue no obstante producieacutendose en alguacuten supuesto lo que ha originado una recomendacioacuten del Defensor del Pueblo para que la Comisariacutea Geneshyral de Extranjeriacutea y Documentacioacuten dictase una Instruccioacuten recordando la prohibicioacuten a los funcionarios policiales de solicitar internamientos a la autoridad judicial en estos casos a la luz de lo dispuesto en el arshytiacuteculo 123 apartado 4 del reglamento de ejecucioacuten de la Ley Orgaacutenica de Derechos y Libertades de los Extranjeros en Espantildea

El internamiento se ha de otorgar mediante la presencia fiacutesica del detenido ante la autoridad judicial Esta medida es imprescindible para que esta autoridad tenga un conocimiento directo e indirecto de la situashycioacuten que le ha sido planteada El juez al elaborar su criterio sobre la posibilidad de internamiento ha de tomar en consideracioacuten el dato de

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si el extranjero en cuestioacuten ha sido ya internado con anterioridad Con ello se evita la posible figura del internamiento sobrevenido o sucesivo

En este sentido el Defensor del Pueblo tras constatar que una mujer extranjera internada en el centro de Moratalaz habiacutea superado en exceso el plazo de internamiento de cuarenta diacuteas al haber sido internada en sucesivas ocasiones y resultar este hecho de que no se hubieran adoptado las medidas oportunas para determinar la identidad de esta persona fehashycientemente recomendoacute a la Delegacioacuten del Gobierno en Madrid que se dictasen las instrucciones oportunas para que en aquellos casos en que sea necesario solicitar el internamiento de un ciudadano extranjero se compruebe fehacientemente si el mismo ha estado internado con anteshyrioridad aunque sea con otra filiacioacuten diferente y evitar asiacute internamienshytos que excedan del liacutemite legalmente establecido 3

Por otro lado la resolucioacuten judicial que se extienda en estos casos ha de ser motivada tal como afirma la sentencia del Tribunal Constishytucional en su fundamento juriacutedico primero Sin embargo en las invesshytigaciones realizadas se ha concluido en alguna ocasioacuten que los autos de internamiento extendidos contienen una autorizacioacuten a la Administracioacuten para que se prive de libertad al extranjero laquopor el plazo maacuteximo legal permitido de cuarenta diacuteasraquo sin incorporar una mayor concrecioacuten de su contenido 4

3 Sentencia del Tribunal Supremo 10011996 de 12 de diciembre Cuarto () Ciertamente las personas expulsadas al menos en alguacuten caso habiacutean sufrido detenciones

sucesivas que superaban el liacutemite previsto en el artiacuteculo 262 de la Ley Orgaacutenica 71985 La Audienshycia ha entendido que el plazo de cuarenta diacuteas hasta cuyo liacutemite se puede extender el internamiento se debiacutea computar a partir de cada detencioacuten preventiva que hubiera sufrido el extranjero Esta Sala sin embargo no puede compartir tal interpretacioacuten sin hacer ciertas distinciones En este sentido se debe sentildealar que el internamiento necesario para el cumplimiento de una uacutenica orden de expulsioacuten no debe superar en ninguacuten caso el tiempo necesario para su cumplimiento y nunca puede ser renovado mediante el subterfugio de una corta liberacioacuten Es evidente que de esta manera los sucesivos internamientos podriacutean convertir la medida excepcional en una privacioacuten indeterminada de la libertad totalmente incompatible con el artiacuteculo 171 de la Constitucioacuten

4 La Sentencia del Tribunal Constitucional 1441990 preveacute la decisioacuten de internamiento adoptada de forma colectiva para todos los detenidos sin relacioacuten alguna entre ellos con una motivacioacuten geneacuterica y sin concrecioacuten alguna sobre cada detenido laquo en este sentido tanto el juez de instruccioacuten como la Audiencia Provincial no expresan los motivos y las causas en virtud de las cuales acuerdan el internamiento de la detenida hoy recurrente en amparo hasta su expulsioacuten del territorio nacional Esta ausencia de motivacioacuten supone en siacute misma que la privacioacuten de libertad de la hoy recurrente asiacute decretada infringe los derechos fundamentales a obtener la tutela judicial efectiva y a la libertad consagrados en los artiacuteculos 241 y 17 de la Constitucioacuten respectivamente en cuanto que de las resoluciones judiciales no es posible extraer las razones para justificar la medida excepcional del internamiento adoptada en relacioacuten con las circunstancias concurrentes en la hoy solicitante de amparoraquo

En teacuterminos similares la STC 961995

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Por ello se ha sugerido en varias ocasiones que estas resoluciones han de incorporar una concrecioacuten de estos diacuteas de internamiento de acuerdo con las necesidades de cada caso concreto sin perjuicio de que como dice el Tribunal Constitucional en aquella sentencia laquoen el caso de haberse autorizado una duracioacuten menor puede la autoridad admishynistrativa solicitar de nuevo al oacutergano judicial la ampliacioacuten del intershynamiento sin superar claro estaacute el tiempo maacuteximo fijado en la leyraquo

Dentro de las garantiacuteas judiciales resalta el control o seguimiento directo del internamiento acordado personaacutendose la autoridad judicial incluso en el centro de detencioacuten a los fines de analizar las condiciones o reacutegimen de la privacioacuten de libertad 5

La autoridad judicial habida cuenta que el extranjero ha quedado a su disposicioacuten ha de autorizar el cese del internamiento teniendo conoshycimiento de igual manera si se ha procedido a adoptar la expulsioacuten decreshytada del extranjero

El apartado 5 del artiacuteculo 108 del Reglamento de ejecucioacuten de la Ley Orgaacutenica 71985 aprobado por Real Decreto 1551996 de 2 de febrero no debe considerarse un obstaacuteculo para que un extranjero internado pueshyda ser puesto en libertad a la mayor brevedad posible desde que se tenga conocimiento de la imposibilidad de ejecutar la expulsioacuten acordada contra eacutel

En estos teacuterminos se formuloacute una recomendacioacuten a la Direccioacuten Geneshyral de Poliacutetica Interior al haberse tenido conocimiento de que una persona de nacionalidad nigeriana se encontraba en el Centro de Internamiento

5 Auto de 7 de octubre de 1995 dado por el Juzgado de Instruccioacuten nuacutemero 13 de Madrid en procedimiento de habeas corpus a instancias del Defensor del Pueblo

() Unico En este caso la interna ha manifestado que es correcto y adecuado el trato que

recibe en el Centro de Internamiento de Moratalaz y hay constancia de que la permanencia en ese Centro obedece a decisioacuten judicial por lo que concurren los supuestos legales y el intershynamiento es liacutecito y no se ha rebasado el plazo sentildealado por la Ley es decir no se encuentra el caso en ninguno de los supuestos previstos en los apartados a) b) y c) del artiacuteculo 1 de la Ley Orgaacutenica 61985 de 25 de mayo que regula este procedimiento pero hay una declaracioacuten de la interesada de que ha sido maltratada y existen huellas materiales de un dantildeo fiacutesico recibido por H B sin que conste con certeza que le ha sido producido en la Comisariacutea de Barajas como alega dicha sentildeora por no haber sido oiacutedos los funcionarios de esa Comisariacutea pero tampoco hay certeza de que este maltrato no se haya producido y que en caso positivo atentariacutea contra la dignidad de la persona y su integridad fiacutesica bienes expresamente protegidos en la Consshytitucioacuten Espantildeola Por lo expuesto debe ser estimada la peticioacuten de habeas corpus con el resulshytado previsto en el artiacuteculo 82b) de la Ley Reguladora en el sentido de que en aquella parte de la custodia en que ha podido producirse el hecho lesivo se cambien las personas que reciben transitoriamente bajo su custodia a la interna es decir que la expulsioacuten no sea realzada por la Comisariacutea de Barajas sino por la Brigada Provincial de Extranjeriacutea y Documentacioacuten En todo caso deberaacute deducirse testimonio para depurar las responsabilidades penales si existen en caso de haber sido maltratada o agredida H B

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de Extranjeros de Moratalaz a pesar de haber sido acordada por el Trishybunal Superior de Justicia de Madrid mediante el oportuno auto la medishyda provisionaliacutesima de dejar en suspenso la orden de expulsioacuten dictada por la Delegacioacuten del Gobierno en Madrid

Al tener conocimiento el Defensor del Pueblo de que esta persona permaneciacutea internada a pesar del auto de suspensioacuten de la expulsioacuten se solicitoacute informacioacuten de la Brigada Provincial de Extranjeriacutea y Docushymentacioacuten manifestando la inspectora que se encontraba de servicio que por ser festivo no se procediacutea a poner en libertad a este extranjero en base a lo establecido en el artiacuteculo 108 apartado 5 del Real Decreshyto 1551996 de 2 de febrero y ademaacutes porque el grupo que se encontraba de guardia soacutelo atendiacutea supuestos inmediatos no correspondieacutendole adopshytar respecto al caso que se le planteaba ninguna medida hasta la mantildeana siguiente en que se solicitariacutea autorizacioacuten del juzgado de instruccioacuten que habiacutea acordado el internamiento

La realidad contrastada por el Defensor del Pueblo fue que esta pershysona se encontraba internada por orden de la autoridad judicial al objeto de procederse a su expulsioacuten y no fue puesta en libertad tras conocerse la existencia de un auto judicial en el que se declaraba la suspensioacuten de la expulsioacuten alegaacutendose como razoacuten de fondo la aplicacioacuten del arshytiacuteculo 108 apartado 5 del reglamento de ejecucioacuten de la Ley Orgaacutenishyca 71985 aprobado por Real Decreto 1551996 de 2 de febrero y como razoacuten de forma la imposibilidad de atender a otras cuestiones por parte del grupo que se encontraba de guardia un diacutea festivo que no fuesen incidentales si es que la puesta en libertad de un extranjero internado puede considerarse que no es una incidencia

La cuestioacuten debatida no tendriacutea mayor significacioacuten si no afectase directamente al artiacuteculo 17 de la Constitucioacuten y a la situacioacuten de privacioacuten de libertad en que se encuentra un extranjero sometido a internamiento para ser expulsado

El apartado primero del artiacuteculo 108 del reglamento aludido detershymina que el internamiento que autoriza el juez de instruccioacuten tiene como uacutenica finalidad asegurar la sustanciacioacuten de un expediente administrativo y la ejecucioacuten de la expulsioacuten El apartado tercero del citado artiacuteculo sentildeala que el internamiento no podraacute prolongarse por maacutes tiempo que el imprescindible para la praacutectica de la expulsioacuten Los apartados quinto y sexto del tan repetido artiacuteculo 108 advierten y compelen a la autoridad gubernativa sobre la obligacioacuten que eacutesta tiene de comunicar a la autoridad judicial cualquier circunstancia en relacioacuten a la situacioacuten del extranjero internado como el hecho de solicitar con diligencia de la autoridad judishycial la puesta en libertad del extranjero cuando se prevea la imposibilidad de ejecutar la expulsioacuten dentro del plazo maacuteximo de cuarenta diacuteas

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De la lectura e interpretacioacuten literal de los preceptos sentildealados se desprende el caraacutecter excepcionaliacutesimo del internamiento que la finalidad de esta medida cautelar soacutelo lo es a los efectos de poder ejecutar la expulshysioacuten y que por tanto en ninguacuten caso puede mantenerse el internamiento aun cuando eacuteste se encuentre dentro del plazo de los cuarenta diacuteas si existe cualquier circunstancia que modifique la causa que originoacute la adopshycioacuten de esta medida cautelar

Pero si bien lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artiacuteculo 108 es una proyeccioacuten casi directa de las previsiones de la Ley Orgaacutenica 71985 de 1 de julio sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en Espantildea en cambio lo establecido en los apartados 5 y 6 incorporan al nuevo Reglamento la finalidad de que la permanencia de una persona en situashycioacuten de internamiento no pueda prolongarse maacutes allaacute de lo estrictamente necesario o como dice el propio Reglamento imprescindible Lo que en definitiva se trata es de incorporar al reglamento de ejecucioacuten de la Ley Orgaacutenica 71985 de 1 de julio una mayor garantiacutea Esta norma busca impulsar de oficio remover los obstaacuteculos en suma advertir a la Admishynistracioacuten de la obligacioacuten que tiene de prevenir los internamientos exceshysivos que no tengan justificacioacuten justificacioacuten que soacutelo conocen las propias autoridades administrativas siguiendo la evolucioacuten del expediente de expulsioacuten que han tramitado y las vicisitudes de eacuteste como es naturalshymente el que un oacutergano judicial dicte un auto de medidas provisionashyliacutesimas dejando en suspenso la expulsioacuten

Lo que no cabe pensar es que lo dispuesto en el apartado 5 haya sido incorporado al Reglamento como una traba frente a la inmediata libertad del interno No puede admitirse que la autoridad judicial se conshyvierta en un elemento que impida alcanzar la libertad puesto que si aqueacuteshylla tiene una razoacuten de ser en todo el procedimiento de expulsioacuten incluido naturalmente cuando autoriza la medida cautelar de internamiento es la de servir de garantiacutea al extranjero y de eficaz control a la actuacioacuten gubernativa

Estos argumentos son en realidad siacutentesis del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en su Sentencia 1151987 donde se advierte clashyramente que la intervencioacuten judicial en la medida de internamiento como medida cautelar y en suma que la intervencioacuten judicial en todo proshycedimiento sancionador en materia de extranjeriacutea es una garantiacutea para el extranjero pero nunca puede considerarse ni menos utilizarse como un impedimento para poder lograr la libertad 6

6 Sentildeala la STC 1441990 que laquopor lo que se refiere a la intervencioacuten judicial para decretar el internamiento autorizado en el artiacuteculo 262 de la Ley Orgaacutenica 71985 resulta claro que si bien en el procedimiento de expulsioacuten la decisioacuten final sobre la peacuterdida de libertad corresponde

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En ninguacuten momento ni de la Sentencia ni de la Ley Orgaacutenica 71985 se desprende que uacutenicamente pueda solicitarse la autorizacioacuten de la autoshyridad judicial que determinoacute el internamiento para poner en libertad al internado y menos que la autoridad gubernativa no pueda interesar de la autoridad judicial que no sea la del internamiento la puesta en libertad del interno cuando las circunstancias que originaron la adopcioacuten de esta medida que conoce perfectamente la autoridad gubernativa han variado sustancialmente hasta el punto de que un tribunal contencioso-adminisshytrativo declare suspendida la expulsioacuten

El Defensor del Pueblo considera que la interpretacioacuten del apartado 5 del artiacuteculo 108 del Reglamento soacutelo debe ser favorable a la obtencioacuten de la libertad por parte del extranjero que se encuentra internado y que las Brigadas de Documentacioacuten y Extranjeriacutea deben favorecer la puesta en libertad de los extranjeros y no obstaculizar el poder alcanzarla maacutexime en aquellos supuestos en que existe un elemento que destruye la causa que originoacute el internamiento como es el auto del Tribunal Supeshyrior de Justicia de Madrid

En la contestacioacuten remitida por el Ministerio del Interior se aceptaba la recomendacioacuten habieacutendose indicado a todas las delegaciones del gobiershyno y gobiernos civiles la necesidad de que la autoridad gubernativa ponga en conocimiento del juzgado de instruccioacuten a la mayor brevedad posible cualquier decisioacuten que se adopte en relacioacuten a un internamiento Sin embargo en la contestacioacuten no se llegoacute a reconocer hasta sus uacuteltimas consecuencias la recomendacioacuten del Defensor del Pueblo dirigida a que fuese el juzgado de guardia quien conociese de estos hechos y adoptase la medida de libertad inmediata del interno considerando la Adminisshytracioacuten que esta facultad soacutelo radica en el juez que acordoacute el internashymiento

Por uacuteltimo dentro de este apartado no podemos dejar de mencionar la importancia que tiene el procedimiento de habeas corpus frente a las detenciones acordadas para la expulsioacuten o devolucioacuten de ciudadanos extranjeros a sus paiacuteses de origen respecto al cual el Tribunal Consshytitucional se ha pronunciado en las Sentencias 211996 661996 y 861996 7

al oacutergano gubernativo la disponibilidad sobre la peacuterdida de libertad es judicial sin perjuicio del caraacutecter administrativo de la decisioacuten de expulsioacuten y de la ejecucioacuten de la mismaraquo

laquoEl extranjero respecto a su libertad a partir de las setenta y dos horas se encuentra a la plena disponibilidad judicial que cesaraacute en el momento en que el juez mismo decida la puesta en libertad o en el momento en la autoridad administrativa solicite del oacutergano judicial la entrega del detenido para proceder a su efectiva expulsioacuten

7 Sentencia 211976 () La situacioacuten de ilegal detencioacuten arresto o internamiento o sea de privacioacuten de libertad

constituye obligado presupuesto de la solicitud de habeas corpus ante una detencioacuten aunque

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si bien no en relacioacuten a extranjeros en situacioacuten de internamiento matiz de especial significacioacuten por cuanto en torno al uso del procedimiento de habeas corpus respecto a personas privadas de libertad que lo estaacuten ya por decisioacuten judicial gran parte de la doctrina no considera posible el uso de este procedimiento precisamente por la existencia ya de una previa autorizacioacuten judicial

No obstante el Defensor del Pueblo tal y como hizo en el supuesto que figura en la nota 5 ha instado ante un juzgado de instruccioacuten una solicitud de habeas corpus respecto a una extranjera internada por conshysiderar no tanto el que su detencioacuten fuese ilegal sino porque durante la misma se estuviera produciendo una vulneracioacuten de sus derechos funshydamentales solicitando en este caso del juzgado la resolucioacuten prevista en el apartado b) del artiacuteculo 82 de la Ley Orgaacutenica 61984 de 24 de mayo es decir laquoque continuacutee la situacioacuten de privacioacuten de libertad de acuerdo con las disposiciones legales aplicables al caso pero si lo conshysiderase necesario en establecimiento distinto o bajo la custodia de pershysonas distintas de las que hasta entonces la detentabanraquo Una medida esta que al parecer se dio tambieacuten en Barcelona cuando el Juzgado de Instruccioacuten nuacutemero 3 ante una situacioacuten de hacinamiento de extranjeros internados en los calabozos de la Jefatura Superior de Policiacutea resolvioacute el traslado de todos ellos a locales que cumplieran los miacutenimos exigibles para la dignidad de la persona humana

Intervencioacuten del Ministerio Fiscal en los internamientos

El Ministerio Fiscal ha de tener conocimiento formal del auto de intershynamiento a los fines del posible ejercicio de las funciones que le encoshymienda su estatuto orgaacutenico y entre ellas la facultad de personarse en estos centros de detencioacuten

Sin embargo permanece sin solucioacuten un problema detectado por la propia Fiscaliacutea y puesto de manifiesto en sus Memorias anuales 8 relativo

venga acordada como aquiacute por el funcionario administrativo que ostenta competencia si existe alguna duda en cuanto a la legalidad de sus circunstancias no procede acordar la inadmisioacuten sino examinar dichas circunstancias precisamente las de la detencioacuten preventiva previa a la expulsioacuten ya que el juez del habeas corpus debe controlar la legalidad material de la detencioacuten administrativa

8 Memoria 1996 paacuteginas 616-618 laquopor todo lo expuesto anteriormente parece ser entenshydemos que la solucioacuten que maacutes ventajas ofrece para todas las partes implicadas (Administracioacuten juez Fiscaliacutea extranjeros) es la incoacioacuten de diligencias previas si bien no podemos dejar de reconocer que es una solucioacuten insatisfactoria desde el punto de vista teacutecnico-juriacutedico creemos que es la maacutes garantiacutesta para el propio extranjero la maacutes segura juriacutedicamente hablando la maacutes prudente mientras no se regule en la Ley Orgaacutenica de Extranjeriacutea un procedimiento

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al procedimiento aplicable a las actuaciones judiciales para autorizar el internamiento

El hecho de que en la mayoriacutea de los supuestos la detencioacuten del extranshyjero no sea como consecuencia de la existencia de delito impide la incoashycioacuten de diligencias previas y en su lugar se procede a tramitar diligencias indeterminadas lo que supone en la mayoriacutea de los casos que la Fiscaliacutea laquotenga que estar pendiente de la buena fe del juzgador de turnoraquo en la esperanza de que eacuteste remita el auto de internamiento para un loacutegico control por el Fiscal ya que legalmente no existe obligacioacuten de comunicar los autos en tal supuesto

En este sentido el Defensor del Pueblo ha considerado fundamental la intervencioacuten del Ministerio Fiscal en los internamientos lo que en su diacutea llevoacute a remitir a la Fiscaliacutea General del Estado un informe que permitioacute a eacutesta la elaboracioacuten de la Instruccioacuten 61991 sobre garantiacuteas en las autorizaciones judiciales de internamiento de extranjeros someshytidos a procedimientos de expulsioacuten y que constituye la obligada refeshyrencia y el complemento praacutectico de la interpretacioacuten que el Tribunal Constitucional hizo en su Sentencia 1151987 sobre garantiacuteas que deben de tener las personas sometidas a internamiento Esta Instruccioacuten fue completada posteriormente con la Circular 11994 sobre intervencioacuten del Ministerio Fiscal en relacioacuten con determinadas situaciones de los extranshyjeros en Espantildea

Instruccioacuten nuacutemero 61991 de la Fiscaliacutea General del Estado sobre garantiacuteas en las autorizaciones judiciales de internamiento de extranjeros sometidos a procedimientos de expulsioacuten

Se ha tenido conocimiento en esta Fiscaliacutea General del Estado por visitas realizadas por Asesores del Defensor del Pueblo a diversos estashyblecimientos penitenciarios que en algunos de eacutestos se encuentran ingreshysadas personas de nacionalidad extranjera con motivo de la instruccioacuten por la autoridad gubernativa de expedientes administrativos de expulshysioacuten

Tales internamientos no son admisibles de acuerdo con la Ley Orgaacuteshynica 71985 de 1 de julio sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en Espantildea cuyo artiacuteculo 26 nuacutemero 2 especifica que los extranjeros sometidos a procedimientos de expulsioacuten han de ser internados en censhytros o locales que no tengan caraacutecter penitenciario La letra del artiacuteculo

especiacutefico para estos casos la que permite resolver problemas como los de los recursos aplicables contra las decisiones del juez cuestiones de competencia etc y la que permite que la Fiscaliacutea tenga un adecuado control de esta materiaraquo

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es clara y no se puede alegar en su contra para ignorarla la inexistencia de locales para ejecutar esas medidas

Por todo ello me dirijo a V EV I para que los Fiscales vigilen en los expedientes de internamiento de extranjeros sujetos a procedishymientos de expulsioacuten el cumplimiento de las siguientes reglas que ya fueron recomendadas en su diacutea por el Defensor del Pueblo

1a Se ha de ser consciente que la medida del internamiento por la naturaleza del bien juriacutedico implicado ha de estar inspirada por un principio de excepcionalidad criterio mantenido por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 1151987 de 7 de julio

2a Estos internamientos no pueden verificarse en centros penitenshyciarios ni en comisariacuteas de policiacutea

En efecto al realizarse en aqueacutellos se incumple la letra del citado artiacuteculo 26 nuacutemero 2 y al practicarse en las dependencias policiales se contraviene el sentido y la finalidad del precepto por cuanto el mismo pretende que esta privacioacuten de libertad no tenga caraacutecter aflictivo y hay que tener en cuenta que los calabozos de las distintas comisariacuteas de policiacutea estaacuten previstos para una privacioacuten de libertad breve de setenta y dos horas como maacuteximo

Es por tanto la propia autoridad gubernativa que solicita la medida quien debe acreditar tambieacuten la existencia de locales que reuacutenan tales condiciones y que existen efectivamente plazas disponibles en los mismos

3a El extranjero queda a disposicioacuten del juez en estos internamienshytos por su caraacutecter de garante principal de la libertad Es en definitiva el juez el que ha de valorar las razones que pueden existir para la adopshycioacuten de tan grave medida

4a La autoridad gubernativa ha de indicar al juez al solicitar el auto de internamiento el centro concreto donde va a ser internado el extranjero y asiacute como las causas que han aconsejado tal peticioacuten lo que lleva consigo el que la autoridad judicial proceda a un control efecshytivo de la medida restrictiva de la libertad asiacute como que valore la oporshytunidad de su otorgamiento

5a El internamiento se ha de otorgar previa la presencia fiacutesica del detenido ante la autoridad judicial con la pretensioacuten de que dicha autoridad judicial escuche a dicha persona y adopte su decisioacuten con mayor conocimiento de su causa

6a El juez al elaborar el criterio sobre la posibilidad de internashymiento ha de tomar en consideracioacuten el dato de si el extranjero en cuestioacuten ha sido ya internado con anterioridad Con ello se evita la figura del internamiento sobrevenido o sucesivo

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7a La resolucioacuten judicial que acuerde el internamiento ha de ser motivada tal como afirma la Sentencia del Tribunal Constitucional 1151987 de 7 de julio

8a Los autos de internamiento extendidos por los jueces dan una autorizacioacuten a la Administracioacuten para que se prive de libertad al extranshyjero laquopor el plazo maacuteximo legal permitido de cuarenta diacuteas lo que no quiere decir que esos cuarenta diacuteas hayan de concederse inicialmente ni que siempre se concedan cuarenta diacuteas ya que como dice el Tribunal Constitucional en el caso de haberse autorizado una duracioacuten menor puede la autoridad administrativa solicitar de nuevo del oacutergano judicial la ampliacioacuten del internamiento sin superar claro estaacute el tiempo maacutexishymo fijado por la Ley tiempo que tampoco es obligatorio conceder y habraacute que atender al caso concreto

9a La autoridad judicial deberaacute efectuar un control o seguimiento directo del internamiento acordado acreditaacutendose en el expediente cuaacutendo se inicia cuaacutendo cesa el internamiento y por queacute causas y personaacutendose en el centro de detencioacuten a los fines de analizar las conshydiciones o reacutegimen de la privacioacuten de libertad teniendo en cuenta que al extranjero soacutelo se le priva en estos internamientos de la libertad de circulacioacuten no de los demaacutes derechos de que son titulares los extranjeros en Espantildea conforme el artiacuteculo 13 de la Constitucioacuten

Por todo ello los Fiscales cumpliendo el mandato impuesto por el artiacuteculo 124 de la Constitucioacuten y por su Estatuto Orgaacutenico han de vigishylar el cumplimiento de las reglas anteriores debiendo notificaacuterseles los autos de internamiento para el control sobre la efectividad de las garanshytiacuteas anteriormente establecidas y si no se han cumplido para ejercitar los recursos que autoriza el Ordenamiento Juriacutedico Ademaacutes los Fisshycales deberaacuten visitar perioacutedicamente esos centros de internamiento de extranjeros de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 4 nuacutemero 2 de su Estatuto Orgaacutenico para comprobar el respeto de los anteriores crishyterios

Encarezco a V EV I el cumplimiento de la presente Instruccioacuten de la que deberaacute acusar recibo asiacute como comunicarla a los Sres Fiscales que de V EV I dependen

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Circular de 15 de febrero de 1994 nuacutemero 11994 de la Fiscaliacutea General del Estado sobre intervencioacuten del Ministerio Fiscal en relashycioacuten con determinadas situaciones de los extranjeros en Espantildea

()

III El internamiento de extranjeros sometidos a procedimientos de expulsioacuten

Es obligado al tratar el tema de la extranjeriacutea referirse al supuesto del internamiento cautelar de extranjero previo a la expulsioacuten prevista en el artiacuteculo 262 de la Ley Orgaacutenica 71985 y la Sentencia del Tribunal Constitucional 1151987 de 7 de julio (RTC 1987115) que lo interpreta y que ya fue objeto de la Instruccioacuten 61991 cuya vigencia se recuerda aquiacute

La adopcioacuten de la medida de internamiento debe producirse uacutenishycamente en los llamados procedimientos de expulsioacuten preferentes o por las causas a) c) y f) del artiacuteculo 261 (arts 262 y 30 y 1 y 2 de la Ley Orgaacutenica 71985) y dada su excepcionalidad cuando sea impresshycindible para asegurar el fin de la expulsioacuten y durante el menor tiempo posible y llevarse a cabo de forma que nunca represente una situacioacuten de mayor afliccioacuten que la que en siacute misma conlleva toda detencioacuten y peacuterdida de libertad y siempre bajo la supervisioacuten del juez y del Minisshyterio Fiscal En ninguacuten caso como establece el artiacuteculo 262 puede exceshyder de cuarenta diacuteas

No obstante la experiencia ha puesto de manifiesto y asiacute lo recoge el Defensor del Pueblo en un informe remitido a esta Fiscaliacutea General que se dan situaciones anoacutemalas que es preciso corregir como

mdash Internamientos en centros penitenciarios o comisariacuteas de policiacutea mdash Internamientos sucesivos por plazos de cuarenta diacuteas debido a

la falta de coordinacioacuten entre las propias autoridades administrativas y las judiciales

mdash Internamiento agotando el plazo de cuarenta diacuteas no siendo absolutamente imprescindible

Para evitar que estas situaciones se produzcan los sentildeores Fiscales deberaacuten de ajustarse a lo prevenido en la Instruccioacuten 61991 y ademaacutes llevar un libro registro de todos los internamientos que se autoricen y visitar los centros de internamiento con periodicidad trimestral dando cuenta a esta Fiscaliacutea General

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CONCLUSIONES

El Defensor del Pueblo en el ejercicio de las funciones y competencias que le encomienda su ley orgaacutenica reguladora ha venido desarrollando una labor de seguimiento permanente respecto a las condiciones de los centros de internamiento de extranjeros estos centros cuyo reconocishymiento legal no puede ser puesto en duda habida cuenta el aval que el propio Tribunal Constitucional les ha dado permanecen no obstante desde su creacioacuten en una situacioacuten de indefinicioacuten respecto a cuaacuteles deben de ser sus condiciones reales

Lo uacutenico cierto es que no deben de tener caraacutecter penitenciario Pero la realidad es que en maacutes de una ocasioacuten las condiciones de vida en estos centros resultan singularmente aflictivas e incluso se podriacutea decir que son maacutes positivas las de cualquier centro penitenciario que las de estos centros de internamiento

La reciente Orden Ministerial regulando el reacutegimen interior de estos centros resulta muy limitada en tanto que su desarrollo queda pospuesto a un plazo de dos antildeos y condicionado a la existencia del correspondiente presupuesto En verdad que estas condiciones en nada favoreceraacuten la mejora de los centros

Por otro lado las inversiones que hasta la fecha se vienen haciendo para el sostenimiento de los actuales no logran el objetivo uacuteltimo que es dotar a estos centros de internamiento de unas condiciones dignas La uacutenica respuesta vaacutelida seriacutea la construccioacuten de nuevos centros funshydamentalmente en los casos de Madrid Barcelona Valencia y Maacutelaga pudiendo quizaacute permanecer con mejoras sustanciales el de Las Palmas de Gran Canaria y reuniendo soacutelo condiciones positivas el de Murcia

Por todo ello el Defensor del Pueblo consciente de que en la actuashylidad el mandato legal vigente exige la permanencia de los centros de internamiento para extranjeros ha considerado oportuno formular a la Administracioacuten las siguientes recomendaciones

laquo1 Que se proceda a determinar la oportuna partida presupuestaria a fin de iniciar la construccioacuten de nuevos centros de internamiento de extranjeros en sustitucioacuten de los actuales en las localidades de Madrid Barcelona Maacutelaga Valencia y Las Palmas de Gran Canaria y la creacioacuten en su caso de un nuevo centro en la zona de Algeciras o Tarifa que permita la presencia de extranjeros privados de libertad en condiciones dignas y acordes con el espiacuteritu de la Ley Orgaacutenica 71985 y de la STC 1151987

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2 Que en el marco del proyecto de ley orgaacutenica de modificacioacuten de la vigente Ley Orgaacutenica de los Derechos y Libertades de los Extranshyjeros en Espantildea se provea la iniciativa legislativa correspondiente resshypecto a las siguientes cuestiones

mdash Evitar el internamiento sobrevenido para lo cual la solicitud de internamiento por la Administracioacuten no podraacute llevarse a efecto en aquellos supuestos en que por un mismo expediente de expulsioacuten el extranjero haya permanecido ya internado por un plazo superior a los cuarenta diacuteas o que siendo inferior dicho plazo tampoco pueda solicitar el internamiento si no se tiene certeza de poder llevar a cabo la expulsioacuten en el plazo que auacuten restase por alcanzar el maacuteximo de cuarenta diacuteas

mdash Determinar un procedimiento en el marco de la Ley de Enjuishyciamiento Criminal o la obligacioacuten de incoar diligencias previas que garanshytice en todo caso la intervencioacuten del Ministerio Fiscal en las autorizaciones judiciales de internamiento asiacute como los recursos procesales que para cualquier situacioacuten de privacioacuten de libertad se preveacuten en dicha Ley

mdash Especificar que la puesta en libertad de un extranjero internado podraacute ser acordada por el juez de guardia con independencia del juez que acordoacute el internamiento siempre que haya desaparecido el motivo que originoacute el internamiento o sobrevenga cualquier circunstancia legal que permita la inmediata puesta en libertad del internadoraquo


Recomendacioacuten dirigida al Ministro del Interior

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Recomendacioacuten 421999 de 25 de junio sobre la retirada de un vehiacuteculo por la gruacutea cuando el propio Ayuntamiento consideroacute que no se habiacutea producido una infraccioacuten de traacutefico


Acusamos recibo de su escrito de fecha 29 de marzo de 1999 (sref salida de fecha 6 de abril de 1999) relacionado con la queja Q9810131 presentada ante esta Institucioacuten por dontildea () en el que nos contesta a la sugerencia que le formulamos sobre el cobro por la viacutea ejecutiva de una cantidad total de 31703 pesetas de las que 17480 pesetas corresshyponden a la tasa por retirada de su vehiacuteculo () de la viacutea puacuteblica el 5 de diciembre de 1992 (expediente 45244) siendo que desde que recibioacute la primera notificacioacuten de dicho expediente ejecutivo ha venido solicitando la anulacioacuten del mismo ya que el Departamento de Gestioacuten Integrada de Multas de la Circulacioacuten estimoacute sus alegaciones y consideroacute que no se habiacutea producido la infraccioacuten de traacutefico que se le imputoacute por lo que consecuentemente tampoco se produjo el tiacutetulo habilitante para la retishyrada del mismo por la gruacutea

Una vez estudiada detenidamente dicha comunicacioacuten de la que se desprende que no se acepta la sugerencia consideramos procedente manishyfestar nuestra discrepancia con los razonamientos que se exponen por los siguientes motivos

1o La interesada alegoacute expresamente que no habiacutea cometido la infraccioacuten de traacutefico que hubiera legitimado la intervencioacuten de la gruacutea al manifestar en el recurso formulado contra la denuncia y en el preshysentado contra la liquidacioacuten de la tasa que laquodonde yo dejeacute estacionado mi automoacutevil no existe ni rebajas en la acera ni placa alguna que indique la prohibicioacuten o limitacioacuten del aparcamiento antes bien existe una placa en la proximidad indicando que se aparque en bateriacutea y las sentildeales en el suelo para facilitar dicho aparcamientoraquo habiendo adjuntado las corresshypondientes pruebas fotograacuteficas que asiacute lo demostraban

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2o Es verdad que presentoacute esas alegaciones el diacutea 1 de febrero de 1993 y que hasta el 13 de agosto de 1993 no se dictoacute el correspondiente Decreto por el que se resolviacutea el expediente sancionador que se habiacutea incoado a la interesada

Sin embargo aunque ahora se informe a esta Institucioacuten que con aquella resolucioacuten se puso fin a aquel expediente porque se habiacutea proshyducido la prescripcioacuten (lo cual era evidente por los siete meses transshycurridos) lo cierto es que si se examina miacutenimamente el contenido de la notificacioacuten enviada a la interesada (impreso nuacutem 4 titulado laquonotishyficacioacuten de estimacioacuten de alegacionesraquo) se comprobaraacute que en ella no se mencionoacute para nada la prescripcioacuten y en cambio siacute se indicaba de forma expresa que laquovengo en disponer a la vista de las alegaciones forshymuladas el sobreseimiento y archivo del expedienteraquo De igual modo se le comunicoacute en la notificacioacuten de ese acto administrativo municipal que laquo se le agradece su colaboracioacuten por las alegaciones formuladas que han permitido el esclarecimiento de los hechos y que la resolucioacuten adopshytada esteacute inspirada por la justiciaraquo

3o Una vez aclarado que la resolucioacuten del expediente sancionador no fue por apreciarse de oficio la prescripcioacuten sino por haberse estimado las alegaciones (aunque fuese de forma tardiacutea) se llega a la conclusioacuten de que el Departamento de Gestioacuten Integrada de Multas de la Circulacioacuten de ese Ayuntamiento reconocioacute que no se habiacutea cometido la infraccioacuten de traacutefico que se imputoacute a la interesada

Tampoco se acepta la argumentacioacuten de la prescripcioacuten como jusshytificacioacuten del cobro de la tasa por la retirada del vehiacuteculo de la interesada porque de la misma forma que por haberse producido la prescripcioacuten no desaparece el hecho de la comisioacuten de una infraccioacuten de traacutefico sino la accioacuten para sancionarla deberaacute aceptarse que si se alega la prescripcioacuten no se convierte en infraccioacuten de un hecho que no lo era

4o Como ya se indicoacute en nuestro anterior escrito y se repite en el informe remitido por ese Ayuntamiento la tasa y la sancioacuten son indeshypendientes en cuanto a su tramitacioacuten y a la normativa que debe aplicarse

Pero ello no puede suponer que un mismo hecho sea cierto para un Departamento de ese Ayuntamiento y falso para otro Departamento municipal

En la comunicacioacuten enviada por ese Ayuntamiento se manifiesta que el recurso que presentoacute la interesada contra la tasa de la gruacutea se desesshytimoacute por el Departamento de Tributos sobre Actividades y Precios Puacuteblishycos en base al informe de ratificacioacuten del Agente de la Policiacutea denunciante

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Tambieacuten en este punto se considera que existe una falta de congruenshycia en la actuacioacuten municipal desarrollada entonces y la informacioacuten facishylitada ahora

En efecto del estudio de los documentos enviados por la interesada en los que figuran las notificaciones practicadas durante la tramitacioacuten del referido expediente sancionador se desprende que el precepto que se habiacutea considerado infringido fue el artiacuteculo 912c) del Decreto 131992 de 17 de enero por el que aprueba el Reglamento General de Circulacioacuten

Ese precepto textualmente dispone que laquose consideran paradas o estashycionamientos en lugares peligrosos o que obstaculizan gravemente la cirshyculacioacuten los que constituyan un riesgo o un obstaacuteculo a la circulacioacuten en los siguientes supuestos

laquoc) Cuando se obstaculice la utilizacioacuten normal del paso de salida o acceso a un inmueble de vehiacuteculos personas o animalesraquo

Sin embargo en la notificacioacuten de la denuncia se indica que el hecho denunciado es laquoestacionar en pasos de carruajes o salidas de emergencia o delante de los mismosraquo

Pero como demostroacute la interesada con las correspondientes fotograshyfiacuteas si en el lugar donde estacionoacute su vehiacuteculo no habiacutea un bordillo rebashyjado que indicara que podriacutea tratarse de un paso de carruajes o una placa que indicara que se trataba de una salida de emergencia y siacute por el contrario existiacutea una placa vertical y sentildeales en el suelo que indicaban que se permitiacutea estacionar en bateriacutea los conductores no tienen la oblishygacioacuten de saber que una puerta indeterminada y sin ninguna especial identificacioacuten era la salida de emergencia de una sala

Atenieacutendonos a la argumentacioacuten que se incluye en el informe remishytido por ese Ayuntamiento de que la desestimacioacuten del recurso se basoacute en motivos de seguridad en base a lo dispuesto en el artiacuteculo 292IIIb) del Coacutedigo de Circulacioacuten de 1934 resulta que ese nuevo argumento que ahora se esgrime auacuten apoya menos el criterio sostenido por esa Admishynistracioacuten toda vez que el precepto que maacutes se podriacutea utilizar en amparo del mismo seriacutea el punto 6o y eacuteste exige para la retirada de un vehiacuteculo que los lugares esteacuten expresamente reservados a servicios de urgencia y seguridad tales como ambulancia bomberos y policiacutea Faacutecilmente se podraacute constatar que en el caso que estamos estudiando no existiacutea esa reserva expresa ni signo alguno que informara a los conductores que estaba prohibido estacionar en ese lugar

5o Otra prueba que demuestra que sin la debida sentildealizacioacuten de un vado permanente o de una salida de emergencia no procede que se considere infraccioacuten el estacionamiento de un vehiacuteculo y que por ello

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se pueda retirar por la gruacutea se encuentra en la nueva Ordenanza de Circulacioacuten para la Villa de Madrid

En efecto en el artiacuteculo 573 se establece que laquose prohiacuteben las paradas en los casos y lugares siguientes

3 Cuando se impida la utilizacioacuten de una salida de vehiacuteculos de un inmueble debidamente sentildealizada

4 y salidas de urgencia debidamente sentildealizadasraquo

A mayor abundamiento en el artiacuteculo 628 de la citada Ordenanza tambieacuten se prohiacutebe el estacionamiento laquodelante de los vados correctashymente sentildealizadosraquo

6o De todo lo anterior se infiere que a pesar de que el Agente de la Policiacutea Municipal denunciante supiera que el vehiacuteculo de la interesada habiacutea sido estacionado delante de una salida de emergencia de una sala de espectaacuteculos el resto de los usuarios de la viacutea puacuteblica no teniacutean la obligacioacuten de saberlo por lo que no podiacutea derivarse perjuicio alguno para ellos

Sin embargo una vez constatado que se habiacutea obstaculizado una salida de emergencia por razones de seguridad el Policiacutea interviniente actuoacute correctamente llamando al servicio de la gruacutea para que la misma quedara expedita Pero el coste de ese servicio en absoluto deberiacutea ser repercutido al titular del vehiacuteculo (por las razones antes expuestas)

Por otro lado en el Reglamento para el Cuerpo de la Policiacutea Municipal se dispone que eacutesta ejerceraacute la funcioacuten de velar por el exacto cumplishymiento de las disposiciones reglamentarias de caraacutecter general que atrishybuyan competencias al Ayuntamiento de Madrid en materia de Policiacutea y Buen Gobierno Ordenanzas municipales Bandos de la Alcaldiacutea Reglashymentos municipales y acuerdos del Ayuntamiento denunciando aquellas actividades que constituyan infraccioacuten de eacutestas

De acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto el Agente de la Policiacutea Municipal que formuloacute la denuncia por la infraccioacuten de traacutefico que no existioacute teniacutea que haber presentado una denuncia contra los titulares de la citada sala de espectaacuteculos por haber infringido el artiacuteculo 183 de la Ordenanza de Prevencioacuten de Incendios de 28 de junio de 1993 que estashyblece que en los locales destinados a espectaacuteculos laquolas salidas de recinto planta y edificio deberaacuten estar sentildealizadasraquo

De igual modo teniacutea que haber puesto en conocimiento del Deparshytamento municipal competente la incongruencia que existiacutea entre las sentildeales verticales y horizontales que permitiacutean el estacionamiento en bateriacutea y la existencia de esa salida de emergencia

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Por todo lo anteriormente expuesto esta Institucioacuten considera neceshysario insistir ante ese Ayuntamiento para que proceda conforme al conshytenido de la sugerencia que se formuloacute en nuestro anterior escrito de fecha 29 de diciembre de 1998 y que fue del siguiente tenor literal laquoQue se dicte otro decreto revocando la resolucioacuten recaiacuteda en el recurso contra la providencia de apremio ya que se ha dado uno de los motivos estashyblecidos en el artiacuteculo 99 del Reglamento de Recaudacioacuten como es la existencia de un error sustancial en el mismo tiacutetulo expedido para la ejecucioacuten cual es la ausencia del hecho imponible al no haberse cometido la infraccioacuten de traacutefico que hubiera legitimado al actuacioacuten de la gruacutea

Que en en caso de que se haya procedido ya al embargo de alguna cantidad se ordene que se devuelva la misma a la interesada toda vez que se tratariacutea de un ingreso indebidoraquo

Por otro lado y con el fin de que no se produzcan situaciones similares a las que se han estudiado en este caso asiacute como para evitar que los conductores puedan estacionar sus vehiacuteculos delante de las salidas de emergencia que no estaacuten sentildealizadas (con el consiguiente riesgo que ello conllevariacutea para los asistentes a los locales de espectaacuteculos u otros recinshytos de afluencia masiva) asiacute como delante de las salidas de vehiacuteculos porque los vados permanentes no estaacuten debidamente sentildealizados se conshysidera oportuno formular a ese Ayuntamiento la siguiente recomendacioacuten

laquo1o Que se adopten las medidas necesarias para asegurar que todas las salidas de emergencia de los establecimientos puacuteblicos y de los locales de espectaacuteculos esteacuten debidamente sentildealizadas en cumplimiento de lo dispuesto en el artiacuteculo 183 de la Ordenanza de Prevencioacuten de Incendios y con el fin de que se respete por los conductores la prohibicioacuten de parada y estacionamiento establecidas en los artiacuteculos 574 y 621 de la Ordenanza de Circulacioacuten para la Villa de Madrid

2o Que se dicten las normas precisas que sirvan para unificar los posibles criterios de interpretacioacuten de lo que debe entenderse por una ldquosalida de vehiacuteculos de un inmueble debidamente sentildealizadardquo (art 573 Ordenanza de Circulacioacuten) o un ldquovado correctamente sentildealizadordquo (art 628 de esa Ordenanza)raquo

En relacioacuten con ello puede suceder que se considere que basta con tener el bordillo de la acera rebajado o entender que se precisa tambieacuten tener colocada la correspondiente sentildeal de prohibido estacionar o que incluso se exija tener expuesta en lugar visible una placa que indique la posesioacuten de la licencia municipal que autorice ese aprovechamiento especial de la viacutea puacuteblica (lo que supondriacutea el haber pagado el corresshypondiente precio puacuteblico a las arcas municipales)

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Con el fin de eliminar la inseguridad juriacutedica que actualmente puede existir en la aplicacioacuten de esos preceptos seriacutea conveniente que a tales normas se le diera la publicidad suficiente para que todos los Policiacuteas Municipales los conductores y los posibles beneficiarios de esas reservas de la viacutea puacuteblica las conozcan y las cumplan debidamente



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Recomendacioacuten 431999 de 25 de junio sobre regularizacioacuten del pago de retribuciones a funcionarios de una corporacioacuten local


Se ha recibido su informe de 19 de marzo pasado en relacioacuten con la queja tramitada a nombre de don () bajo el nuacutemero de expediente arriba resentildeado

A la vista del contenido de su referido escrito esta Institucioacuten se ve en la obligacioacuten legal de someter a S S las siguientes consideraciones como fundamento de la resolucioacuten con la que se concluye esta comushynicacioacuten

Primera La presente queja se admitioacute a traacutemite ante el hecho manishyfestado por el interesado de que las retribuciones que le corresponden como funcionario de ese Ayuntamiento se le abonan con un acusado retrashyso respecto de la fecha de su devengo retraso que seguacuten lo afirmado por el promovente excede normalmente de quince diacuteas e incluso alcanza el mes desde la finalizacioacuten de aquel al que corresponden las retribushyciones anomaliacutea que se viene repitiendo desde el pasado mes de sepshytiembre

Segunda De la respuesta recibida de ese Ayuntamiento asiacute como de la documentacioacuten que se adjuntaba se desprende que no solamente son ciertos los hechos alegados en el escrito de queja sino que tales anomaliacuteas afectan a toda la plantilla municipal y los retrasos en el pago de las noacuteminas superan a menudo el mes

Tercera Dicho retraso supone a juicio de esta Institucioacuten un incumshyplimiento de las obligaciones que corresponden a todas las entidades pagadoras de abonar las retribuciones del personal a su servicio punshytualmente a partir de su devengo y sin que transcurra maacutes de un mes entre el pago de un sueldo mensual y el del siguiente

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Cuarta Tal obligacioacuten que se deriva de la propia naturaleza de las relaciones que ligan a las distintas administraciones puacuteblicas con sus empleados estaacute recogida en relacioacuten con los funcionarios incluidos en el aacutembito de la Ley 301984 en el artiacuteculo 34 de la Ley 331987 seguacuten el cual las retribuciones de los funcionarios que se devenguen con caraacutecter fijo y con periodicidad mensual se haraacuten efectivas por mensualidades completas y de acuerdo con la situacioacuten y derechos del funcionario refeshyridos al primer diacutea haacutebil del mes que corresponda precepto que aunque incluido en la Ley de Presupuestos Generales para 1988 ha de consishyderarse como de vigencia indefinida y que no hace sino reproducir las previsiones contenidas al respecto en el artiacuteculo 291o del Estatuto de los Trabajadores

Quinta Al margen de lo anterior debe significarse la previsioacuten conshytenida en el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Reacutegimen Local cuyo artiacuteculo 1543o dispone como garantiacutea adicional del derecho del personal al servicio de las corporaciones locales al cobro puntual de sus retribuciones lo siguiente laquoLa ordenacioacuten del pago de gastos de personal tendraacute preferencia sobre cualquier otro que deba reashylizarse con cargo a los fondos de la respectiva Entidadraquo

En base a cuantas consideraciones han quedado expuestas y al ampashyro de las facultades que le confiere a esta Institucioacuten el artiacuteculo 301 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo se formula a S S la siguiente recomendacioacuten laquoQue se adopten las medidas oportunas para garantizar el derecho del personal a percibir sus haberes de forma puntual a partir de su devengo y con la periodicidad mensual derivada de la configuracioacuten de sus retribuciones aplicando para ello la preferencia legal que la atencioacuten a este tipo de gasto tiene respecto de la de cualquier otro a que venga obligada esa Corporacioacutenraquo


Recomendacioacuten dirigida al Alcalde del Ayuntamiento de Higuera de Calatrava (Jaeacuten)

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Recomendacioacuten 441999 de 26 de junio sobre condiciones de segushyridad de los equipamientos deportivos fijos y moacuteviles


Es de referencia el escrito de V E de fecha 29 de enero de 1999 nuacutemero de salida 00942 en el que nos remite informacioacuten relativa a la queja presentada ante esta Institucioacuten por don () y registrada con el nuacutemero de expediente arriba resentildeado

A la vista de esta uacuteltima contestacioacuten y de las anteriores recibidas durante la tramitacioacuten de las quejas citadas esta Institucioacuten se ve en la obligacioacuten de someter a V E las siguientes consideraciones como funshydamento de la resolucioacuten con la que se concluye esta comunicacioacuten

Primera La presente queja fue admitida a traacutemite a raiacutez de un escrishyto de su promovente en el que tras poner de manifiesto las dolorosas circunstancias a consecuencia de las cuales fallecioacute una sobrina suya de ocho antildeos de edad al golpearle en la cabeza una porteriacutea de balonmano de una instalacioacuten deportiva de San Martiacuten de Unx (Navarra) exponiacutea su inquietud ante la posibilidad de que hechos como aqueacutel se siguieran repitiendo en lo sucesivo

En efecto de las manifestaciones del interesado y de los antecedentes que obraban en nuestro poder se pudo constatar la repeticioacuten de accishydentes de consecuencias sumamente graves para escolares y deportistas cuyo factor desencadenante habiacutea sido la utilizacioacuten de determinado mateshyrial deportivo moacutevil mdashporteriacuteas tableros redes soportadas por maacutestiles no fijosmdash no adecuadamente sujeto para garantizar totalmente su estashybilidad lo que entrantildeaba un riesgo cierto y grave especialmente cuando se trata de instalaciones en centros educativos o deportivos a los que pueden acceder menores y nintildeos

Segunda Esta problemaacutetica situacioacuten ya habiacutea sido abordada en determinados paiacuteses de la Unioacuten Europea mediante la adopcioacuten de norshy

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mas que o bien prohiacuteben el uso de material moacutevil en los centros escolares y deportivos o bien exigen condiciones rigurosas de uso en esas insshytalaciones o bien contemplan las exigencias de una revisioacuten continuada y constante de las condiciones de uso de ese material

Tercera Por otra parte el Senado habiacutea aprobado por aquellas misshymas fechas concretamente el 14 de junio de 1995 una mocioacuten por la que se instaba al Gobierno y a las demaacutes Administraciones Puacuteblicas para que en el aacutembito de sus competencias y previos los estudios oportunos establecieran los criterios para regular la normalizacioacuten y homologacioacuten de los equipamientos deportivos fijos y moacuteviles con el fin de eliminar los riesgos que entrantildea el uso de materiales inadecuados

Cuarta Con estos antecedentes se solicitoacute informe a la Direccioacuten General de Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de Industria y Energiacutea sobre las medidas existentes dentro del aacutembito de la seguridad industrial en relacioacuten con la fabricacioacuten homologacioacuten e instalacioacuten de los equipamientos deportivos moacuteviles a que se referiacutea la queja y en su defecto o como complemento de las mismas y siempre dentro del campo de la seguridad industrial sobre aquellas que pudieran implantarse para garantizar o incrementar la seguridad de los citados elementos deportivos

Del informe recibido de la citada Direccioacuten General se desprendiacutea que no existiacutea regulacioacuten especiacutefica alguna sobre la fabricacioacuten laquohomoshylogacioacutenraquo o instalacioacuten de los equipamientos deportivos en cuestioacuten al no estar incluidos en los objetivos de los Reglamentos del Departamento informante sobre productos industriales de acuerdo con el artiacuteculo 9 de la Ley 211992 de Industria

Por otra parte se nos informaba que dichos equipamientos como proshyductos industriales no presentaban riesgos en siacute mismos sino en todo caso derivados de su instalacioacuten y utilizacioacuten en las instalaciones deporshytivas y escolares cuya regulacioacuten quedaba comprendida en el aacutembito de competencias del entonces Ministerio de Educacioacuten y Ciencia en funcioacuten de lo dispuesto en el Real Decreto 19541995 de 1 de diciembre (Boletiacuten Oficial del Estado de 2 de diciembre de 1995)

Quinta Trasladada la queja a esa Presidencia se recibioacute un primer informe en concreto el 19 de septiembre de 1996 del que se desprendiacutea que la obligatoriedad de las normas en materia de calidad y seguridad industrial en el aacutembito de los deportes campos de juego y otros equipos de recreo precisaban del necesario desarrollo reglamentario para su aplishycabilidad

Y en este sentido se nos comunicaba que se estaba trabajando en un borrador de Real Decreto de equipamientos fijos y moacuteviles en colashyboracioacuten con las Comunidades Autoacutenomas a fin de establecer las normas

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baacutesicas para su normalizacioacuten y homologacioacuten en cuanto al uso de esos equipamientos deportivos y todo ello de acuerdo con la normativa vigente de la Unioacuten Europea

Sexta Transcurridos dos antildeos sin recibir nueva informacioacuten sobre el curso de los trabajos emprendidos en orden a la elaboracioacuten del proshyyecto de Real Decreto que se nos habiacutea anunciado se formuloacute el oportuno requerimiento que ha sido atendido mediante el informe referenciado en el encabezamiento en el que se alude a las objeciones puestas en su momento por la Secretariacutea General del Departamento como determinanshytes de la paralizacioacuten del proyecto en cuestioacuten objeciones que pueden resumirse asiacute

a) Las competencias del Estado en materia de deporte se limitan al aacutembito supracomunitario o internacional por lo que no seriacutea posible aprobar una norma baacutesica que fuera obligatoria para las Comunidades Autoacutenomas

b) Las Comunidades Autoacutenomas han asumido en virtud de lo estashyblecido en el artiacuteculo 148119a de la Constitucioacuten y sus Estatutos de Autonomiacutea competencias exclusivas en materia de deporte (En concreto y por lo que se refiere a las instalaciones deportivas puede servir de ejemplo el art 421 de la Ley 141998 de 11 de junio del Deporte del Paiacutes Vasco conforme al cual corresponde a las instituciones de la Comushynidad Autoacutenoma laquola regulacioacuten de la construccioacuten uso y mantenimiento de instalaciones deportivasraquo) De hecho varias Comunidades han aproshybado normas sobre las caracteriacutesticas de los equipamientos deportivos como por ejemplo el Decreto Foral de Navarra 2721996 de 15 de julio que regula las medidas de seguridad a adoptar para la utilizacioacuten de equipamientos deportivos

c) El contenido del proyecto incide en aacutembitos distintos del deportivo (industria comercio seguridad) que exceden del marco de ese Consejo Superior de Deportes

d) Por uacuteltimo se proponiacutea revisar el borrador tanto en cuanto al rango normativo como al contenido limitaacutendose a establecer alguacuten mecashynismo de coordinacioacuten o algunas normas de homologacioacuten o normalizacioacuten

Seacuteptima El informe de referencia continua anunciando que ante las evidentes dificultades que supone aprobar una norma de caraacutecter reglamentario que con caraacutecter obligatorio se imponga a las distintas Administraciones Puacuteblicas titulares de instalaciones deportivas se han llevado a cabo una serie de actuaciones encaminadas a incrementar la seguridad de los equipamientos fijos y moacuteviles

Por un lado se ha dado la mayor difusioacuten posible a las normas sobre equipamientos deportivos elaboradas por el Comiteacute Teacutecnico del CEN (Coshy

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miteacute Europeo de Normalizacioacuten) el denominado CENTC 136 a Comushynidades Autoacutenomas Federacioacuten Espantildeola de Municipios y Provincias Federaciones Deportivas Espantildeolas a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de Educacioacuten y Cultura y a la Asociacioacuten de Fabricantes y Comercializadores AFYADAD En esta liacutenea el Consejo Superior de Deportes viene exigiendo el cumplimiento de estas normas en la redaccioacuten de los proyectos de instalaciones deportivas propias a los participantes en los concursos de obras o de suministro de equipamiento

Asimismo se han realizado distintos estudios e informes encaminados a conocer la situacioacuten real de los equipamientos deportivos y sus conshydiciones de seguridad como el Libro Blanco de la I+D en el Deporte recientemente editado por el CSD uno de cuyos aspectos es el fomento del uso y aplicacioacuten de la normativa teacutecnica europea que trata sobre la seguridad y funcionalidad del material y equipamiento deportivo o el informe realizado por el Instituto de Biomecaacutenica de Valencia con el apoyo del CSD laquoDiagnoacutestico de la situacioacuten del equipamiento deportivo en relacioacuten a la normativa europea aspectos de seguridad y funcionalidad Estudio piloto en la Comunidad de Murciaraquo

Octava No obstante lo anterior el informe concluye anunciando que el resultado de estos estudios e informes no es ciertamente muy alentador y por todo ello y a pesar de las dificultades competenciales antes expuesshytas se han reiniciado los trabajos encaminados a la promulgacioacuten de una norma (auacuten sin definir su rango normativo) sobre las condiciones de segushyridad de los equipamientos deportivos fijos y moacuteviles y al establecimiento de mecanismos de coordinacioacuten con las Comunidades Autoacutenomas

En base a cuantas consideraciones han quedado expuestas esta Insshytitucioacuten en el ejercicio de la responsabilidad que le confiere el artiacuteculo 54 de la Constitucioacuten y al amparo del artiacuteculo 30 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo viene a formular a V E la siguiente recomendacioacuten laquoQue se lleven a cabo las actuaciones necesarias para la aprobacioacuten de una norma reguladora de las condiciones de seguridad de los equipamientos deportivos fijos y moacuteviles a que se ha aludido en el cuerpo de este escrito y para el establecimiento de los mecanismos de coordinacioacuten con las Comunidades Autoacutenomas precisos para que los preceptos incluidos en dicha norma se apliquen de forma homogeacutenea en todo el territorio nacionalraquo



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Recomendacioacuten 451999 de 14 de julio sobre acceso a la historia cliacutenica


El 21 de enero del antildeo en curso tuvo entrada en esta Institucioacuten escrito de queja de dontildea () en el cual despueacutes de exponer que habiacutea sido intervenida quiruacutergicamente e ingresada desde el 19 de marzo al 30 de abril de 1998 en el Hospital Universitario laquoInfanta Cristinaraquo de Badajoz solicitaba la entrega de una copia de su historia cliacutenica completa en la que se incluyera anamnesis exploracioacuten evolucioacuten cliacutenica y partes diarios de enfermeriacutea correspondientes a todo su periacuteodo de hospitalishyzacioacuten La misma solicitud habiacutea sido realizada en dos ocasiones anteshyriores ante el citado Hospital El Servicio de Admisioacuten y Documentacioacuten Cliacutenica primero y luego el Director Gerente del Hospital denegaron el objeto preciso de su solicitud si bien le fue remitida copia de los distintos informes relativos a su estancia hospitalaria y se le hizo el ofrecimiento adicional de facilitarle el resultado de alguna prueba concreta

Admitida la queja a traacutemite de conformidad con lo establecido en los artiacuteculos 9 y 17 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril y el artiacuteshyculo 121b) del Reglamento de Organizacioacuten y Funcionamiento de esta Institucioacuten de 6 de abril de 1983 se remitioacute escrito a V I solicitando el preceptivo informe a los efectos previstos en el artiacuteculo 181 de la citada Ley Orgaacutenica Con fecha 27 de mayo se ha recibido escrito de V I al que se adjunta informe de la Subdireccioacuten General de Asesoriacutea Juriacutedica de esa Entidad Gestora por el que se da respuesta a lo solicitado por esta Institucioacuten

El informe recibido afirma como premisa previa e inicial que el dereshycho de los pacientes de acceso a su historia cliacutenica no puede entenderse como un derecho absoluto o ilimitado Dice que la historia cliacutenica debe ser conservada en el centro sanitario porque es propiedad de eacutel y no del paciente si bien eacuteste tiene derecho a la entrega de una copia de

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ella o de determinados datos seguacuten lo establecido en el Anexo I56o

del Real Decreto 631995 de 20 de enero en relacioacuten con el artiacuteculo 61 de la Ley General de Sanidad Estima que a falta de desarrollo reglashymentario del Real Decreto anteriormente citado en lo que se refiere a procedimiento para acceder a la historia cliacutenica han de aplicarse las normas existentes en el centro o aacuterea sanitaria por lo que juzga correcta la actuacioacuten seguida por el Hospital Universitario laquoInfanta Cristinaraquo Considera que al paciente soacutelo deben serle facilitados los datos objetivos contenidos en la historia cliacutenica con exclusioacuten de los datos incorporados por terceros Los componentes subjetivos existentes en ella (apreciacioshynes meacutedicas sobre comportamiento del paciente juicios iniciales sobre posibilidades diagnoacutesticas y similares) si se trasladan al paciente debe hacerse con consentimiento del propio meacutedico o de una Comisioacuten ad hoc Finalmente y por lo que respecta a pruebas diagnoacutesticas (radiografiacuteas TAC gammografiacuteas etc) entiende que bastariacutea la entrega al paciente de un informe con el resultado de dichas pruebas

A la vista de los hechos descritos de manera sucinta en los paacuterrafos precedentes esta Institucioacuten desea hacer a V I las siguientes consishyderaciones

1) Con el respeto que siempre merece el criterio de la Subdireccioacuten General de Asesoriacutea Juriacutedica de esa Entidad se estima no obstante que debe hacerse una matizacioacuten a la premisa inicial de su informe cierto que el derecho de los pacientes al acceso a su historia cliacutenica no es absoluto o ilimitado pero siempre que entre en colisioacuten con otros intereses consshytitucionales legales o de terceros que ostenten intereacutes particular directo o legiacutetimo Y al contrario si no se dan dichos condicionantes no existe razoacuten suficiente para que se prive al ciudadano de un derecho expreshysamente reconocido en la legislacioacuten vigente Cabe recordar al respecto que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido muy reiterada al vincular la inexistencia de derechos absolutos e ilimitados con la neceshysidad de proteger o preservar otros derechos y bienes constitucionalshymente protegidos (entre ellas la STC 21982 de 21 de enero o la STC 191990 de 15 de noviembre que cita otras muchas anteriores)

2) La Ley General de Sanidad en cumplimiento del mandato expliacuteshycito contenido en el artiacuteculo 432 de la Constitucioacuten ha establecido los derechos de los ciudadanos respecto de las distintas Administraciones puacuteblicas sanitarias Entre ellos el de recibir laquoinformacioacuten completa y conshytinuada verbal y escrita sobre su procesoraquo (art 105) En lo que se refiere de manera expresa a la historia cliacutenico-sanitaria determina que laquoestaraacute a disposicioacuten de los enfermosraquo (art 61) Maacutes expliacutecito es todaviacutea el Real Decreto 631995 de 20 de enero el cual contempla como prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud en otras palabras como una

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obligacioacuten del sistema puacuteblico de salud y correlativo derecho del ciudashydano una serie de servicios sanitarios complementarios Entre ellos dos el de laquola comunicacioacuten o entrega a peticioacuten del interesado de un ejemplar de su historia cliacutenica o de determinados datos contenidos en la misma sin perjuicio de la obligacioacuten de su conservacioacuten en el centro sanitarioraquo (Anexo I56o) y otro distinto y diferenciado del anterior la entrega de laquoel informe de alta al finalizar la estancia en una institucioacuten hospitalaria o el informe de consulta externa de atencioacuten especializadaraquo (Anexo I54o)

3) Se estima que los preceptos referidos a la puesta a disposicioacuten de la historia cliacutenica del paciente que lo solicite ya sean los contenidos en la Ley General de Sanidad o los del Real Decreto 631995 de 20 de enero son de aplicacioacuten directa e inmediata pues no existe reserva en ninguna de ambas disposiciones que remita a un desarrollo reglamentario ulterior de la comunicacioacuten o entrega de la historia cliacutenica No parece argumento suficiente acogerse a la disposicioacuten final uacutenica del citado Real Decreto mdashlaquoPor el Ministerio de Sanidad y Consumo se dictaraacuten cuantas disshyposiciones requiera la aplicacioacuten de lo establecido en este Real Decretoraquomdash para sostener que ese concreto servicio sanitario necesita desarrollo reglashymentario ulterior y no el resto de la amplia gama de prestaciones y servicios que se contemplan en el Anexo I del mencionado Real Decreto a los que tambieacuten afecta la disposicioacuten final uacutenica transcrita y que se dispensan en gran parte sin necesidad de desarrollo reglamentario Tampoco parece que ante la ausencia de ese pretendido desarrollo reglamentario deban aplicarse las normas existentes al efecto en cada centro o aacuterea sanitaria porque en cualquier caso siempre seraacute de aplicacioacuten preferente en lo que se refiere a procedimiento de acceso a la documentacioacuten sanitaria (a este aspecto concreto alude el informe del Director Gerente del Hospital) la Ley 301992 de 26 de noviembre de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten

4) El derecho que tiene el ciudadano a la informacioacuten sanitaria y en cuanto una de sus modalidades al conocimiento de su historia cliacutenica no puede quedar subordinado y mucho menos anulado por el derecho de propiedad que el centro sanitario tiene sobre la citada historia cliacutenica Ambos derechos son compatibles entre siacute Lo contrario seriacutea atribuir un caraacutecter absoluto e ilimitado al derecho de propiedad que ni siquiera la Constitucioacuten reconoce (art 332) y menos auacuten como es obvio el Trishybunal Constitucional (laquoel derecho de propiedad no es un derecho absoshylutoraquo afirma taxativamente la STC 891994 de 17 de marzo)

5) El tan citado Real Decreto 631995 de 20 de enero al formular de modo disyuntivo la posibilidad de acceso del paciente a su historia cliacutenica mdasheacutesta se le comunica o entrega y lo que se le comunica o entrega es la historia cliacutenica o determinados datos contenidos en ellamdash plantea evishy

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dentemente la cuestioacuten de quieacuten debe optar por elegir entre unas u otras alternativas las de comunicar o entregar y las de ofrecer acceso a toda la historia cliacutenica o soacutelo a determinados contenidos de ella Y aquiacute es donde reside la cuestioacuten central del asunto planteado por la queja de referencia Mientras su promotora entiende que se le debe entregar y entregar toda la historia cliacutenica la Administracioacuten es partidaria de que se ha de comushynicar y comunicar soacutelo determinados contenidos de ella

6) Como la propia norma no concede a la Administracioacuten actuante la posibilidad de opcioacuten entre una u otra alternativa no parece que aqueacutella pueda ejercer su indiscutido poder discrecional para actuar en uno o en otro sentido a efectos de que no pueda tildarse de arbitrariedad

7) A juicio de esta Institucioacuten la disyuntiva debe solucionarse en funcioacuten de los derechos en presencia Con caraacutecter general la primera referencia o si se quiere el primer intereacutes debe hacerse al paciente y a su derecho constitucional a la proteccioacuten de la salud sin perjuicio de otros posibles derechos entre ellos el derecho a la tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legiacutetimos El primero de ellos incluye en virtud de la legislacioacuten de desarrollo del precepto constitushycional donde se establece (art 43) el acceso a la historia cliacutenica Los liacutemites vendraacuten marcados por la existencia de derechos de terceras pershysonas Entre ellos como estima ese Instituto el derecho a la intimidad que ha de reconocerse al personal sanitario formalmente reconocida en la Constitucioacuten Por lo mismo aquellas apreciaciones subjetivas que pueshydan encontrarse escritas en la historia cliacutenica tales como actitud o comshyportamiento del paciente o de sus reacciones impresiones personales sobre el enfermo o su entorno y juicios iniciales sobre posibilidades diagshynoacutesticas deben excluirse de la informacioacuten salvo consentimiento de quien las ha realizado No debe ser excluido sin embargo el material de las pruebas diagnoacutesticas objetivables (radiografiacuteas TAC gammografiacuteas y similares) en la medida que puedan ser reproducidos La propiedad es ciertamente del Centro sanitario como lo es toda la historia cliacutenica que aqueacutel estaacute obligado a conservar pero los medios tecnoloacutegicos existentes en la actualidad pueden permitir la reproduccioacuten de al menos parte de ellos Ofrecer al paciente uacutenicamente los informes con el resultado de dichas pruebas mdashen definitiva la interpretacioacuten subjetiva de uno o algushynos facultativosmdash seriacutea privarle del ejercicio de alguno o algunos de sus derechos sin que por el caraacutecter objetivo de las mencionadas pruebas diagnoacutesticas afecte a la intimidad de personas distintas de eacutel

8) Por lo que se refiere al caso concreto de dontildea () se estima que en relacioacuten a su solicitud de entrega de la historia cliacutenica en la que se incluya anamnesis exploracioacuten evolucioacuten cliacutenica y partes diarios de enfermeriacutea correspondientes a todo su periacuteodo de hospitalizacioacuten la solushy

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cioacuten que parece maacutes oportuna a esta Institucioacuten es la entrega de lo solishycitado con las limitaciones expuestas en el paacuterrafo precedente

9) Finalmente mdashy no por situarlo en uacuteltimo lugar deja de ser menos importante maacutes bien al contrariomdash hemos de hacer referencia a una queja de contenido similar (expediente Q9625096) presentada en esta Institucioacuten instando el acceso a la historia cliacutenica por los herederos de personas falleshycidas a cuyo nombre figura la historia cliacutenica Con motivo de ella por escrito de 12 de noviembre de 1997 se formuloacute al Instituto Nacional de la Salud una recomendacioacuten (acompantildeada tambieacuten de una sugerencia) para que se permitiera a los citados herederos el acceso a la historia cliacutenica Se recibioacute escrito de aceptacioacuten de esa Presidencia Ejecutiva de 19 de diciembre de 1997 seguacuten el cual laquoeste Instituto acepta dicha Recomenshydacioacuten estimando que procede permitir el acceso a las citadas historias cliacutenicas a los herederos a los pacientes que justifiquen intereacutes legiacutetimo al respecto y acrediten dicha condicioacuten siempre que los datos facilitados a los mismos no afecten al derecho a la intimidad del paciente o de terceras personasraquo Si se permitioacute el acceso a los herederos aceptacioacuten que esta Institucioacuten agradecioacute razoacuten de maacutes para que los propios titulares de la historia cliacutenica previa peticioacuten puedan acceder a ella

Por cuanto antecede esta Institucioacuten en uso de las facultades que le confiere el artiacuteculo 30 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo formula a esa Direccioacuten General las siguientes

Recomendacioacuten laquoQue por esa Presidencia Ejecutiva y en relacioacuten con los centros y servicios sanitarios que entran en su aacutembito competencial se valore la oportunidad y conveniencia de permitir el acceso a la historia cliacutenica y obtencioacuten de copia de la misma a los pacientes a cuyo nombre figura o a sus representantes legales debidamente acreditados siempre que medie la previa peticioacuten de aqueacutellos o eacutestos y que los datos facilitados no afecten al derecho a la intimidad de terceras personasraquo

Sugerencia laquoQue por esa Presidencia Ejecutiva se cursen las instrucshyciones oportunas a la Gerencia del Hospital Universitario laquoInfanta Crisshytinaraquo de Badajoz para que se permita a dontildea () el acceso y obtencioacuten de copia de su historia cliacutenica correspondiente al periacuteodo de hospitalizacioacuten de 19 de marzo al 30 de abril de 1998 en la que se incluya la anamnesis exploracioacuten evolucioacuten cliacutenica y partes diarios de enfermeriacutea corresponshydientes al periacuteodo antes citado con exclusioacuten de aquellos datos o docushymentacioacuten que afecten al derecho a la intimidad de terceras personasraquo

Madrid 14 de julio de 1999

Recomendacioacuten dirigida al Presidente del Instituto Nacional de la Salud

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Recomendacioacuten 461999 de 30 de julio sobre concesionarios de inspeccioacuten teacutecnica de vehiacuteculos


Se ha recibido escrito de V E de 4 de febrero de 1999 referente a la queja F9800167 iniciada de oficio por esta Institucioacuten

Del contenido del informe evacuado es posible entender que el reacutegishymen actual de inspeccioacuten teacutecnica de vehiacuteculos encuentra su razoacuten de ser en una serie de datos de diversa naturaleza y alcance a saber

1 La tradicioacuten del reacutegimen de inspeccioacuten teacutecnica de vehiacuteculos en Espantildea que remontaacutendose a 1934 atribuye a la Administracioacuten la funcioacuten inspectora

2 La conveniencia o incluso la necesidad de apoyarse en Entidades Colaboradoras de la Administracioacuten que en reacutegimen de concesioacuten y con unas exigencias de distribucioacuten geograacutefica aprobacioacuten de tarifas fiabishylidad teacutecnica garantiacutea de independencia agilidad en la prestacioacuten del servicio y coste moderado lleven a cabo las inspecciones teacutecnicas

3 La Directiva 961996 del Consejo de 20 de diciembre cuyo artiacuteshyculo 2 establece que la inspeccioacuten teacutecnica de los vehiacuteculos debe ser reashylizada por el Estado miembro o por un organismo puacuteblico encargado por el Estado miembro o por organismos o establecimientos designados por el Estado y bajo su vigilancia directa que podraacuten ser organismos privados con autorizacioacuten e incluso talleres de reparacioacuten velando en este caso por el mantenimiento de la objetividad y de la alta calidad de la inspeccioacuten teacutecnica

De estos datos concluye el informe que los principios de fiabilidad e imparcialidad implican que los socios los directivos y el personal de las empresas concesionarias no puedan tener participacioacuten en actividades de transporte terrestre por carretera comercio de vehiacuteculos talleres de

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reparacioacuten gestoriacuteas administrativas relacionadas y empresas o activishydades aseguradoras en el aacutembito del automoacutevil

Ahora bien analizados en sus propios teacuterminos los presupuestos del informe evacuado no parece que pueda afirmarse que la inspeccioacuten teacutecshynica de vehiacuteculos como funcioacuten puacuteblica administrativa inscrita en el marco del Derecho comunitario que permite en su gestioacuten el concurso de Entishydades colaboradoras en reacutegimen de cualificacioacuten teacutecnica imparcialidad e independencia deba excluir de esa colaboracioacuten a los profesionales del sector y especiacuteficamente a los talleres oficiales de reparacioacuten de vehiacuteshyculos Y ello por varias razones a saber

mdash La primera y maacutes evidente es que el propio Derecho comunitario que el informe invoca permite que los talleres de reparacioacuten de vehiacuteculos puedan llevar a cabo tal funcioacuten obviamente bajo el control adminisshytrativo que requiere toda foacutermula de ejercicio por privados de funciones puacuteblicas

De hecho el sistema actual de concesioacuten administrativa a entidades colaboradoras constituye el mismo esquema de gestioacuten privada de funshyciones puacuteblicas la uacutenica diferencia es que de este sistema se excluye a los profesionales

mdash En segundo lugar las exigencias de cualificacioacuten objetividad e imparcialidad se aseguran de modo oacuteptimo si son los propios profesionales del sector quienes realizan esa funcioacuten por cuenta y bajo supervisioacuten de la Administracioacuten Se podriacutean multiplicar a estos efectos los ejemplos de supuestos de colaboracioacuten entre la Administracioacuten y los profesionales de un determinado sector en reacutegimen de delegacioacuten administracioacuten indishyrecta corporativa o autoadministracioacuten lo difiacutecil seraacute encontrar alguacuten ejemplo en que esta colaboracioacuten excluye al sector profesional concernido

mdash Por uacuteltimo la agilidad en la prestacioacuten del servicio y la moderacioacuten de costes se beneficiaraacuten loacutegicamente de un reacutegimen de competencia que en los teacuterminos en que estaacute redactado el artiacuteculo 3 del Real Decreto 19871985 estaacute francamente restringido

A juicio de esta Institucioacuten en suma no resulta del todo plausible la regulacioacuten vigente de la inspeccioacuten teacutecnica de vehiacuteculos que impide a aquellos que los mantienen y reparan de modo ordinario por cuenta de los fabricantes certificar en un reacutegimen de responsabilidad bajo conshytrol y supervisioacuten de la Administracioacuten la idoneidad de esos mismos vehiacuteshyculos para seguir circulando maacutexime cuando esta posibilidad estaacute abierta por la propia normativa comunitaria y de aplicarse seguramente geneshyrariacutea mayor competitividad y mejor servicio

Por lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en los artiacuteculos 28 y 30 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril reguladora del Defensor

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del Pueblo he resuelto formular la siguiente recomendacioacuten laquoQue por la Secretariacutea de Estado de Industria y Energiacutea se impulsen los traacutemites necesarios para modificar las normas baacutesicas de instalacioacuten y funcionashymiento de las estaciones de inspeccioacuten teacutecnica de vehiacuteculos para que en el marco del Derecho comunitario y manteniendo la titularidad admishynistrativa de la funcioacuten de inspeccioacuten teacutecnica citada se abra la posibilidad a todos los profesionales del sector de automocioacuten de participar colashyborando con la Administracioacuten en el ejercicio de la inspeccioacuten teacutecnica de vehiacuteculosraquo


Recomendacioacuten dirigida al Secretario de Estado de Industria y Energiacutea

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Recomendacioacuten 471999 de 5 de agosto sobre la efectiva ejecucioacuten de las medidas de proteccioacuten acordadas por la entidad puacuteblica proshytectora de menores


En su diacutea se recibioacute queja en esta Institucioacuten en la que se exponiacutea la posible situacioacuten de desproteccioacuten en que pudieran encontrarse los menores ()

En consideracioacuten a las manifestaciones contenidas en su escrito se inicioacute una investigacioacuten solicitaacutendose informe a V E sobre los distintos aspectos puestos de manifiesto Del informe remitido en fecha 13 de agosshyto de 1998 asiacute como de las manifestaciones formuladas por las abuelas de los citados menores se desprendiacutea la existencia de un procedimiento judicial en traacutemite por lo que el Defensor del Pueblo de acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 172 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril suspendioacute la investigacioacuten en aquello que pudiera afectar al procedimiento concreto en curso

Sin perjuicio de ello y al amparo de lo establecido en el artiacuteculo citado se prosiguioacute la investigacioacuten sobre los problemas generales que pudieran haberse planteado y en concreto al objeto de clarificar las actuaciones llevadas a cabo por ese oacutergano desde el 12 de septiembre de 1997 fecha en que se dictaron las resoluciones asumiendo la tutela puacuteblica de los menores () y () hasta el 4 de diciembre de 1997 fecha en que dontildea () hace entrega de los referidos menores en la Delegacioacuten Provincial de Pontevedra

En el escrito remitido por V E en fecha 22 de diciembre de 1998 se reitera que el 12 de septiembre de 1997 esa Consejeriacutea en virtud de las competencias atribuidas resuelve asumir la tutela puacuteblica de los referidos menores motivando dicha decisioacuten en el absentismo escolar de los mismos las deficientes condiciones de habitabilidad de la vivienda

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y los desequilibrios de la madre que producen inestabilidad a sus hijos hechos que habiacutean sido valorados por el equipo teacutecnico competente

En la referida resolucioacuten se otorga el ejercicio de la guarda bajo la vigilancia de esa entidad puacuteblica al director del Centro laquoSan Paioraquo de Vigo No obstante la citada resolucioacuten no se hace efectiva hasta el 4 de diciembre siguiente fecha en que los menores son entregados en la Delegacioacuten Provincial de Pontevedra por la abuela de los mismos sin que exista constancia de que por parte de los servicios de esa Conshysejeriacutea se realizara actuacioacuten alguna a fin de constatar la situacioacuten o el paradero en que se encontraban unos menores cuya tutela teniacutea encoshymendada

De acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 172 del Coacutedigo Civil la entidad puacuteblica a la que en el respectivo territorio esteacute encomendada la proteccioacuten de los menores cuando constate que un menor se encuentra en situacioacuten de desamparo tiene por ministerio de la ley la tutela del mismo y deberaacute adoptar las medidas de proteccioacuten necesarias para su guarda La referida asuncioacuten de la tutela lleva consigo la suspensioacuten de la patria potestad o de la tutela ordinaria que pasan por ministerio de la ley a ser ejercidas por la administracioacuten competente La Ley 31997 de 9 de junio de la Familia la Infancia y la Adolescencia de Galicia recoge en su artiacuteculo 21 las medidas a adoptar en el ejercicio de la tutela administrativa que se aplicaraacuten en el momento de hacerse la declaracioacuten de desamparo

Conforme a las manifestaciones de la abuela de los nintildeos la madre de aqueacutellos al tener conocimiento de la resolucioacuten administrativa se trasshylada con ellos a la Comunidad de Madrid lo que es comunicado al servicio de menores Tres meses despueacutes al no tener informacioacuten alguna sobre la situacioacuten de los nintildeos y ante la inactividad de los referidos servicios la abuela se desplaza a Madrid localizando su domicilio y entregando los nintildeos a la Delegacioacuten Provincial de Pontevedra

De los hechos puestos de manifiesto en este expediente se desprende que por parte de la entidad puacuteblica competente en materia de proteccioacuten de menores se asumioacute la tutela puacuteblica de estos menores acordando el ejercicio de la guarda de los nintildeos en un centro sin que con posshyterioridad se efectuase actuacioacuten alguna encaminada a la puesta en praacutecshytica de la citada resolucioacuten y quedando en consecuencia los menores privados de la proteccioacuten que conforme a la propia resolucioacuten adminisshytrativa y por aplicacioacuten directa de la ley debiacutea serles facilitada por esa entidad

En este sentido los servicios de proteccioacuten de menores al tener conoshycimiento de que los nintildeos se habiacutean desplazado a otra Comunidad Autoacuteshy

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noma y dada la responsabilidad legal que habiacutean asumido al constatar la situacioacuten de desproteccioacuten en que se encontraban los menores debiacutean haber iniciado las actuaciones necesarias para la localizacioacuten de los misshymos y verificacioacuten de su situacioacuten acudiendo con esa finalidad a la colashyboracioacuten y auxilio entre las Administraciones puacuteblicas prevista en el artiacuteshyculo 4 de la Ley 301992 de 26 de noviembre de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten o bien a lo previsto en el artiacuteculo 20 de la Ley 31997 de 9 de junio de la Familia la Infancia y la Adolescencia solicitando la adopshycioacuten de medidas judiciales que pudieran considerarse necesarias

En meacuterito a cuanto antecede y en uso de las atribuciones que le vienen conferidas por el artiacuteculo 54 de la Constitucioacuten y el artiacuteculo 30 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril esta Institucioacuten dirige a esa Consejeriacutea de Familia y Promocioacuten de Empleo Mujer y Juventud la siguiente recomendacioacuten laquoQue por parte de esa Consejeriacutea en el marco de las competencias que tiene atribuidas y de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgaacutenica 11996 de 15 de enero de Proteccioacuten Juriacutedica del Menor de modificacioacuten parcial del Coacutedigo Civil y de la Ley de Enjuishyciamiento Civil y en la Ley de Galicia 31997 de 9 de junio de la Familia la Infancia y la Adolescencia se estudie la oportunidad y conveniencia de dictar las instrucciones necesarias a fin de que por parte de los sershyvicios de proteccioacuten de menores se adopten las medidas de proteccioacuten acordadas en la resolucioacuten por la que se asume la tutela administrativa recurriendo si ello fuera necesario a la colaboracioacuten y auxilio de otras Administraciones puacuteblicas sin perjuicio de lo establecido en el artiacuteculo 20 de la citada Ley 31997raquo

Madrid 5 de agosto de 1999

Recomendacioacuten dirigida a la Consejera de Familia y Promocioacuten de Empleo Mujer y Juventud de la Junta de Galicia

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Recomendacioacuten 481999 de 30 de agosto sobre la coordinacioacuten en la aplicacioacuten de las medidas de cacheo y registro a los internos en centros penitenciarios antes de proceder a su conduccioacuten o trasshylado


En el curso de la tramitacioacuten de la queja registrada con el nuacutemero de referencia arriba indicado esta Institucioacuten ha constatado la veracidad de una praacutectica puesta de manifiesto por una interna del centro penishytenciario de Soto del Real

Se quejaba la interna compareciente de que con motivo de sus salidas a consulta en hospitales extrapenitenciarios era objeto de dos cacheos con desnudo integral consecutivos el primero el efectuado por los funshycionarios de Instituciones Penitenciarias y un segundo por los miembros de las Fuerzas de Seguridad encargadas de su traslado

Solicitada informacioacuten a la Administracioacuten penitenciaria de su comushynicacioacuten se desprendiacutea que efectivamente los funcionarios de Institushyciones Penitenciarias destinados en el centro penitenciario de Soto del Real al igual que en el resto de los departamentos de ingresos tienen como parte de las obligaciones propias del desempentildeo de su puesto de trabajo el previo registro de aquellos internos que hayan de ser entreshygados a las Fuerzas de Seguridad para su traslado A continuacioacuten y una vez entregados a los miembros de la Guardia Civil encargados de su traslado en su caso de nuevo son sometidos a un registro que evenshytualmente puede ser con desnudo integral

Esta Institucioacuten sentildealoacute a la Administracioacuten penitenciaria la necesidad de atender al contenido del artiacuteculo 18 de la Ley Orgaacutenica General Penishytenciaria donde se recoge que la obligacioacuten de que los traslados de los detenidos presos y penados se realicen de forma que se respete su digshynidad al tiempo que se garantiza la seguridad de la conduccioacuten

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Loacutegicamente los registros previstos en el artiacuteculo 319 del Reglamento Penitenciario de 1981 que han de realizar los funcionarios de instituciones penitenciarias o los que puedan efectuar los miembros de las Fuerzas de Seguridad en cuanto que orientados a una misma finalidad el traslado del recluso forman parte del mismo y en consecuencia el modo en que tienen lugar no puede ser ajeno al principio general de respeto de la dignidad establecido en el citado artiacuteculo 18 de la Ley Orgaacutenica General Penitenciaria Principio general que se ha de aplicar directamente y en conexioacuten con lo previsto en el artiacuteculo 71 del vigente Reglamento Penishytenciario toda vez que en los artiacuteculos 31 y siguientes del Reglamento Penitenciario de 1996 no se regulan de modo especiacutefico las medidas de registro personal previas a las conducciones

La realizacioacuten de estos registros cuando implican cacheos con desshynudo integral suponen por siacute mismos como ha expresado con claridad el Tribunal Constitucional una afectacioacuten del derecho fundamental a la intimidad de los presos que para ser admisible ha de estar soacutelidamente fundamentada Por ello a criterio de esta institucioacuten no parece justificado que una falta de coordinacioacuten suponga que pueda verse afectado dos veces consecutivas un mismo derecho fundamental por la praacutectica de unas medishydas de registro que han de ser adoptadas de forma excepcional y proshyporcional al bien juriacutedico protegido

Asiacute pues se sentildealoacute a la Administracioacuten penitenciaria y se somete a la consideracioacuten de V E que en estos momentos los internos que han de salir de conduccioacuten y en mayor medida aquellos internos clasificados en primer grado pueden ser sometidos a dos consecutivos registros con desnudo integral a los que eventualmente podriacutea sumarse un tercer y anterior registro con desnudo integral al abandonar el departamento de reacutegimen cerrado o especial si fuera el caso

Dado que la situacioacuten puesta de manifiesto por la compareciente ha sido confirmada por la informacioacuten remitida por el Director General de Instituciones Penitenciarias y que pueden verse afectados derechos funshydamentales constitucionalmente protegidos a la vista de lo expuesto esta Institucioacuten al amparo del artiacuteculo 30 de su Ley Orgaacutenica reguladora valoshyroacute la conveniencia de dar traslado a V E de la siguiente recomendacioacuten laquoPara que se establezcan los instrumentos de regulacioacuten y coordinacioacuten precisos que eviten que los internos que han de salir de conduccioacuten con independencia del motivo que justifique su salida (salidas hospitalarias a diligencias o a otros centros) sean sometidos en un mismo recinto puacuteblishyco a unas mismas medidas de registro personal por los funcionarios de Instituciones Penitenciarias y por los funcionarios pertenecientes a las Fuerzas de Seguridadraquo

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En contestacioacuten a la recomendacioacuten que se realizoacute a la Direccioacuten Geneshyral de Instituciones Penitenciarias por toda respuesta se nos informa que no resulta posible atender la misma sin aducir los motivos que pudieshyran justificar esa contestacioacuten y en consecuencia sin fundamentarla Unishycamente se nos informa que efectuadas consultas al respecto con los resshyponsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entienden que es necesario que sus miembros procedan personalmente a realizar el registro de los internos para garantizar la seguridad el traslado cuando asiacute lo consideren conveniente

Habida cuenta de que tan escueto escrito no puede ser tenido por suficiente contestacioacuten a una recomendacioacuten y ya que en el problema planteado intervienen dos distintas direcciones generales cuyo superior control corresponde a V E se ha estimado la conveniencia de someter a su consideracioacuten el contenido d la recomendacioacuten referenciada



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Recomendacioacuten 491999 de 30 de agosto sobre aplicacioacuten de un tratamiento juriacutedico igual a efectos de la pensioacuten de jubilacioacuten a los periacuteodos de actividad sacerdotal o de profesioacuten religiosa anteshyriores a la inclusioacuten de cleacuterigos y de religiosos en la Seguridad Social


En su diacutea comparecioacute ante esta Institucioacuten don () formulando queja en la que exponiacutea sustancialmente que es sacerdote diocesano poniendo de manifiesto la situacioacuten de desigualdad que se deriva de lo previsto en la disposicioacuten adicional deacutecima de la Ley 131996 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social

En tal sentido seguacuten exponiacutea el reclamante tal desigualdad se proshyduciriacutea entre los sacerdotes o religiosos de la Iglesia Catoacutelica seculashyrizados a los cuales conforme a dicha disposicioacuten adicional se les comshyputariacutea el tiempo que estuvieron ejerciendo su ministerio o religioacuten durante el cual no les fue permitido cotizar por su falta de inclusioacuten en el sistema de Seguridad Social con vistas al reconocimiento del derecho a la pensioacuten de jubilacioacuten o del incremento de la cuantiacutea de la misma y los sacerdotes y religiosos de la Iglesia Catoacutelica que no se secularizaron respecto de los cuales existe una regulacioacuten maacutes restrictiva recogida en el Real Decreto 23981987 de 27 de agosto la Orden de 19 de diciembre de 1977 y el Real Decreto 33251981 de 29 de diciembre

Admitida la queja a traacutemite en el informe remitido por esa Secretariacutea de Estado se indicaba en resumen que del contenido del Real Decreshyto 4871998 de 27 de marzo no se desprendiacutea ninguacuten aspecto del que pudiera derivarse un tratamiento desigual en favor de los sacerdotes y religiosos secularizados por comparacioacuten al tratamiento dado a los no secularizados En tal sentido se sentildealaba que las normas respectivamente aplicables permitiacutean a cada uno de estos colectivos completar el periacuteodo miacutenimo de cotizacioacuten exigido para acceder a la pensioacuten de jubilacioacuten garantizaacutendose asiacute que no exista nadie que pueda verse privado del dereshy

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cho a la pensioacuten Desde esta perspectiva se aseveraba que el Real Decreshyto 4871998 de 27 de marzo cumpliacutea una misioacuten similar a la normativa aplicable a los colectivos no secularizados en teacuterminos semejantes aunshyque por diferentes teacutecnicas y procedimientos a los que en su diacutea se siguieshyron respecto de cleacuterigos y religiosos Por ello se consideraba que no existiacutea ninguacuten tratamiento discriminatorio

El informe finalizaba indicando que en atencioacuten a las diferencias exisshytentes entre sacerdotes y religiosos secularizados y no secularizados resshypecto de los cuales no era posible establecer un teacutermino de comparacioacuten plena la normativa reguladora de su proteccioacuten social teniacutea necesariashymente que reflejar matices y peculiaridades que no podiacutean considerarse arbitrarios o carentes de justificacioacuten objetiva de modo que no podiacutea apreciarse la existencia de un tratamiento discriminatorio

A la vista del contenido de este informe y dado que el mismo fue emitido con anterioridad a la aprobacioacuten del Real Decreto 22651998 de 11 de diciembre que completoacute el Real Decreto 4871998 de 27 de marzo se solicitoacute una vez publicado aqueacutel un nuevo informe sobre si teniendo en cuenta el texto definitivamente aprobado el criterio que se sustentoacute habiacutea experimentado variacioacuten o si por el contrario no habiacutea sido modishyficado En tal sentido en la solicitud de informe se poniacutea el acento por parte de esta Institucioacuten en la mayor amplitud con que pareciacutean recoshynocerse los periacuteodos anteriores al 1 de enero de 1978 en el caso de los sacerdotes secularizados y al 1 de mayo de 1982 en el caso de personas que abandonaron la profesioacuten religiosa por comparacioacuten con los teacuterminos con que regulan el reconocimiento de estos periacuteodos el Real Decreshyto 23981977 de 27 de agosto la Orden de 19 de diciembre de 1977 y el Real Decreto 33251981 de 29 de diciembre respecto de los sacershydotes y religiosos no secularizados

En el nuevo informe remitido se sosteniacutea por parte de esa Secretariacutea de Estado que el Real Decreto 26651998 de 11 de diciembre compleshytando la regulacioacuten contenida en el Real Decreto 4871998 de 27 de marzo posibilitaba la consideracioacuten como cotizados a la Seguridad Social de los periacuteodos de ejercicio sacerdotal o de religioacuten en fecha anterior a la integracioacuten de los correspondientes colectivos en el sistema de Seguridad Social con la finalidad de incrementar la cuantiacutea de la pensioacuten que les corresponderiacutea en funcioacuten de los antildeos cotizados

Se insistiacutea por otra parte en la imposibilidad de establecer un teacutermino de comparacioacuten plena entre los sacerdotes y religiosos secularizados y los no secularizados cuyas diferencias justificaban los matices y pecushyliaridades de las respectivas normas reguladoras en materia de proteccioacuten social no pudiendo considerarse a aquellos arbitrarios o carentes de base

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objetiva por lo que se concluiacutea en tal sentido que no era posible conshysiderar que existiera una desigualdad de tratamiento injustificada

Relatados los antecedentes faacutecticos de la recomendacioacuten con que conshycluye este escrito es menester antes de entrar en el anaacutelisis del asunto que se plantea dejar somera constancia de las diferencias de la regulacioacuten legal entre los sacerdotes y religiosos secularizados y los no secularizados en la materia que nos ocupa En tal sentido debe recordarse que el Real Decreto 23981977 de 27 de agosto incluyoacute a los cleacuterigos de la Iglesia Catoacutelica asiacute como a los demaacutes ministros de otras iglesias y confesiones religiosas inscritas en el correspondiente registro en el campo de aplishycacioacuten del Reacutegimen General de la Seguridad Social en las condiciones que se determinaran reglamentariamente La Orden de 19 de diciembre de 1977 reguloacute estas condiciones entre las que se incluyeron unas preshyvisiones relativas a los periacuteodos anteriores a la entrada en vigor de dicha Orden que se produjo el diacutea 1 de enero de 1978 En efecto a tenor de la disposicioacuten transitoria primera de la referida Orden los cleacuterigos que en la citada fecha estuvieran comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten del Reacutegimen General conforme al artiacuteculo 1 de la misma podiacutean ingresar la fraccioacuten de cuota asignada a las prestaciones de invalidez permanente jubilacioacuten y muerte y supervivencia a efectos del reconocimiento de estas prestaciones A tal efecto se estableciacutean una serie de condiciones que en suma consistiacutean en que si se tuviera cumplida la edad de cincuenta y cinco antildeos el 1 de enero de 1978 se podriacutea hacer el ingreso de las cuotas por los periacuteodos comprendidos entre la citada fecha y el diacutea en que el cleacuterigo hubiera cumplido dicha edad con la fecha tope del 1 de enero de 1967 Se antildeadiacutea que en el caso de que se produjera el hecho causante de las prestaciones de invalidez permanente y muerte y supershyvivencia el ingreso se efectuariacutea con independencia de la edad del inteshyresado por el tiempo necesario para completar el periacuteodo miacutenimo de cotizacioacuten exigido

Por su parte el Real Decreto 33251981 de 29 de diciembre incorporoacute al Reacutegimen Especial de Trabajadores Autoacutenomos a los religiosos y relishygiosas de la Iglesia Catoacutelica Pues bien esta disposicioacuten ademaacutes de prever la aplicacioacuten progresiva de los periacuteodos miacutenimos de cotizacioacuten para causar derecho a las distintas prestaciones permitioacute que los religiosos que en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto quedaran incluidos en el campo de aplicacioacuten del indicado reacutegimen de la Seguridad Social y tuvieran cumplida la edad de sesenta y cinco antildeos pudieran causar dereshycho a la pensioacuten de jubilacioacuten estableciendo una serie de condiciones entre las que figuraba la de acreditar una cotizacioacuten efectiva de seis meses y seguir abonando una vez causada la pensioacuten las cuotas que fueran necesarias para completar el periacuteodo miacutenimo de cotizacioacuten mediante la deduccioacuten mensual del importe de la pensioacuten reconocida asiacute como la de

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abonar el importe a que ascendiera el valor del capital coste de dicha pensioacuten correspondiente a un tiempo equivalente al que faltara para comshypletar el periacuteodo miacutenimo de cotizacioacuten pudiendo ser aplazado dicho abono por un periacuteodo maacuteximo de diez antildeos y fraccionado en pagos mensuales deducibles de cada mensualidad de la pensioacuten

Distinto es el tratamiento de la situacioacuten de los sacerdotes y religiosos de la Iglesia Catoacutelica secularizados En efecto el Real Decreto 4871998 de 27 de marzo aprobado en desarrollo de la disposicioacuten adicional deacutecima de la Ley 131996 de 30 de diciembre preveacute que quienes en fecha 1 de enero de 1997 hubieran cumplido sesenta y cinco o maacutes antildeos y no tuvieran derecho a una pensioacuten de jubilacioacuten no contributiva puedan acceshyder a eacutesta a cuyo efecto les reconoce como cotizados el nuacutemero de antildeos de ejercicio sacerdotal o de profesioacuten religiosa que resulten necesarios para que sumados a los antildeos cotizados efectivamente alcancen el periacuteodo miacutenimo de cotizacioacuten exigido para acceder a la pensioacuten de jubilacioacuten Los indicados periacuteodos de ejercicio sacerdotal o de profesioacuten religiosa que se asimilan a cotizados no pueden exceder del 1 de enero de 1978 en el caso de sacerdotes secularizados o del 1 de mayo de 1982 en el supuesto de personas que abandonaron la profesioacuten religiosa Las preshyvisiones de este Real Decreto se completan con el abono por parte de los interesados del capital coste de la pensioacuten que se derive de los antildeos de cotizacioacuten que se les hubiera reconocido pudiendo ser efectuado dicho abono por un periacuteodo maacuteximo de quince antildeos y fraccionado en pagos mensuales deducibles de cada mensualidad de la pensioacuten reconocida

Hasta aquiacute como reconoce expresamente el preaacutembulo del Real Decreto 4871998 de 27 de marzo se observa una similitud en cuanto a las medidas previstas respectivamente para sacerdotes y religiosos secularizados y no secularizados en la regulacioacuten del asunto que nos ocupa es decir el acceso a la pensioacuten de jubilacioacuten ya que la finalidad de las normas consiste en establecer las previsiones necesarias para pershymitir que los interesados completen el periacuteodo miacutenimo de cotizacioacuten exishygido para adquirir el derecho a la citada pensioacuten asiacute como en el caso de los sacerdotes y religiosos no secularizados a otras prestaciones

Asiacute las cosas el Real Decreto 26551998 de 11 de diciembre viene a establecer una notoria diferencia entre el tratamiento dado a los cleacuterigos y religiosos secularizados y a los no secularizados al permitir para los primeros el reconocimiento como cotizados a la Seguridad Social de los periacuteodos de ejercicio sacerdotal anteriores al 1 de enero de 1978 o de profesioacuten religiosa anteriores al 1 de mayo de 1982 no ya a efectos de cumplir el periacuteodo miacutenimo de cotizacioacuten exigido para acceder a la pensioacuten de jubilacioacuten sino para incrementar el periacuteodo reconocido como cotizado y por ende para mejorar el importe de la pensioacuten como consecuencia

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de la aplicacioacuten del nuevo porcentaje resultante sobre la base reguladora establecieacutendose como limitacioacuten de los periacuteodos a reconocer el total de treinta y cinco antildeos que corresponde al tiempo de cotizacioacuten que da lugar a la toma en consideracioacuten del porcentaje maacuteximo previsto legalmente es decir el cien por cien de la base reguladora A tal efecto el Real Decreto mencionado recoge las normas correspondientes para el ingreso del capital coste el cual podraacute ser diferido por un periacuteodo maacuteximo de quince antildeos ampliable en determinados casos y fraccionado en pagos mensuales deducibles de cada mensualidad de la pensioacuten

En suma y al objeto de simplificar al maacuteximo los teacuterminos del asunto que se plantea el iter normativo descrito desemboca tras la aprobacioacuten del Real Decreto 26651998 de 11 de diciembre en una situacioacuten en la que se produce una desigualdad de tratamiento entre los cleacuterigos y relishygiosos de la Iglesia Catoacutelica secularizados y los no secularizados ya que mientras que a los primeros se les permite completar el periacuteodo de cotishyzacioacuten mediante el coacutemputo del tiempo de actividad sacerdotal anterior al 1 de enero de 1978 o de profesioacuten religiosa anterior al 1 de mayo de 1982 a efectos no solamente de cumplir el periacuteodo miacutenimo de cotizacioacuten exigido para acceder a la pensioacuten de jubilacioacuten sino tambieacuten de poder llegar al periacuteodo de cotizacioacuten de treinta y cinco antildeos que da lugar a la aplicacioacuten del maacuteximo porcentaje posible sobre la base reguladora correspondiente esta uacuteltima posibilidad es negada a los sacerdotes y relishygiosos no secularizados ya que en este caso los periacuteodos de actividad sacerdotal o de profesioacuten religiosa anteriores a las fechas indicadas tan soacutelo se computaraacuten para completar el periacuteodo miacutenimo exigido para acceshyder a la pensioacuten de jubilacioacuten

De este modo se coloca a uno y a otro grupo en una situacioacuten muy diferente que esa Secretariacutea de Estado considera plenamente justificada y por ende no discriminatoria al entender en suma que se trata de situaciones no plenamente equiparables por lo que el legislador estariacutea autorizado para llevar a cabo regulaciones divergentes

A este respecto es preciso recordar en efecto que el Tribunal Consshytitucional a traveacutes de numerosas sentencias ha establecido su doctrina sobre el derecho a la igualdad reconocido en el artiacuteculo 14 de la Consshytitucioacuten A tenor de esta doctrina la vulneracioacuten de este derecho requiere como premisa que existan situaciones iguales puesto que si no se da esta circunstancia previa el legislador estariacutea autorizado desde la persshypectiva constitucional para dar un tratamiento desigual

Asiacute las cosas no resulta posible compartir el criterio de esa Secretariacutea de Estado conforme al cual se tratariacutea de situaciones diferentes y no equiparables En tal sentido es menester parar mientes en que las norshymas aplicables respectivamente a los cleacuterigos y religiosos secularizados

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y a los no secularizados estaacuten regulando en lo que ahora se analiza los efectos que en relacioacuten con la pensioacuten de jubilacioacuten pueden causar los periacuteodos de actividad sacerdotal o de profesioacuten religiosa anteriores al 1 de enero de 1978 en el primer caso y al 1 de mayo de 1982 en el segundo De este modo es notorio que la regulacioacuten atantildee a una situashycioacuten ideacutentica como es el desarrollo de una actividad sacerdotal o una profesioacuten religiosa en un mismo periacuteodo de tiempo

Procede en consecuencia acudir a la doctrina del Tribunal Constishytucional que se resume del siguiente modo en una reciente sentencia

laquo para que se produzca la quiebra del derecho a la igualdad no basta con que se otorgue un tratamiento diferente a dos situaciones que pueden considerarse iguales sino que tambieacuten es preciso que la diferencia estashyblecida por la norma esteacute desprovista de una justificacioacuten objetiva y razoshynable y resulte desproporcionada toda desigualdad no constituye neceshysariamente una discriminacioacuten la igualdad es soacutelo violada si la desigualdad estaacute desprovista de una justificacioacuten objetiva y razonable y la existencia de dicha justificacioacuten debe apreciarse en relacioacuten a la finalidad y efectos de la medida considerada debiendo darse una relacioacuten razonable de proshyporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguidaraquo (STC 461999 de 22 de marzo FJ 2o con cita de otras anteriores)

Asiacute pues resulta preciso examinar si en el presente caso se da la justificacioacuten objetiva y razonable que impediriacutea considerar la existencia de una vulneracioacuten del artiacuteculo 14 del texto constitucional Pues bien seguacuten el criterio de esta Institucioacuten la respuesta ha de ser negativa desde el momento en que la diferencia en el tratamiento legal se produce por un hecho que a la postre resulta ajeno a la situacioacuten contemplada En efecto las normas antes referidas vienen a considerar de manera diferente a efectos de prestaciones de la Seguridad Social una misma situacioacuten como es el ejercicio de la actividad sacerdotal o la profesioacuten religiosa por periacuteodos anteriores a la inclusioacuten de los cleacuterigos y de los religiosos en el campo de aplicacioacuten de los regiacutemenes general y de autoacuteshynomos del sistema de la Seguridad Social

Esta diferencia de tratamiento se efectuacutea en virtud de un hecho posshyterior a la realizacioacuten de aquellas actividades como es la secularizacioacuten de quienes las desempentildeaban Sin embargo no daacutendose el factor de difeshyrenciacioacuten en el momento temporal en que se produce el supuesto conshycreto que se regula (asimilacioacuten como cotizados de los antildeos del ejercicio sacerdotal o de profesioacuten religiosa anteriores a 1 de enero de 1978 y de mayo de 1982) no puede considerarse seguacuten el criterio de esta Insshytitucioacuten que tal elemento de distincioacuten esteacute revestido de la objetividad y de la razonabilidad necesaria para poder justificar la diferenciacioacuten operada en el plano legal A la irrelevancia de este factor de diferenshy

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ciacioacuten como consecuencia del momento temporal al que corresponde el supuesto regulado por la norma ha de antildeadirse que con posterioridad a las indicadas fechas de 1 de enero de 1978 y de 1 de mayo de 1982 los interesados se encuentran asimismo en una situacioacuten igual respecto del sistema de la Seguridad Social ya que se trata en ambos supuestos de trabajadores o en su caso de pensionistas incluidos en los respectivos campos de aplicacioacuten del Reacutegimen General y del Reacutegimen Especial de Trabajadores Autoacutenomos

A todo ello debe antildeadirse la desproporcioacuten existente entre los efectos dados en uno y otro caso a una situacioacuten igual por cuanto mientras que en el supuesto de los sacerdotes y religiosos secularizados se permite que el coacutemputo del periacuteodo de actividad sacerdotal o profesioacuten religiosa anterior a las fechas antes indicadas pueda dar lugar a la aplicacioacuten del porcentaje maacuteximo a la base reguladora de la pensioacuten de jubilacioacuten en el caso de los no secularizados tan soacutelo se contempla que dicho periacuteodo pueda servir para completar el periacuteodo miacutenimo de cotizacioacuten exigido y por ende que se aplique un porcentaje inferior dando lugar a una notoria desproporcioacuten en cuanto a la intensidad protectora dispensada

En consecuencia debe recordarse que conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional

laquoEl principio de igualdad que garantiza la Constitucioacuten (art 14) opeshyra como tantas veces hemos dicho en dos planos distintos De una parte frente al legislador o frente al poder reglamentario impidiendo que uno u otro puedan configurar los supuestos de hecho de la norma de modo tal que se deacute trato distinto a personas que desde todos los puntos de vista legiacutetimamente adoptables se encuentran en la misma situacioacuten o dicho de otro modo impidiendo que se otorgue relevancia juriacutedica a cirshycunstancias que o bien no pueden ser jamaacutes tomadas en consideracioacuten por prohibirlo asiacute expresamente la propia Constitucioacuten o bien no guardan relacioacuten alguna con el sentido de la regulacioacuten que al incluirlas incurre en arbitrariedad y es por eso discriminatoriaraquo (STC 461999 de 22 de marzo FJ 2o)

Pues bien seguacuten el criterio de esta Institucioacuten eacutesta es precisamente la conclusioacuten a la que lleva el anaacutelisis de las normas consideradas desde el momento en que se otorga relevancia a un factor de diferenciacioacuten no coincidente temporalmente con el supuesto que se regula y que en definitiva no tiene un influjo determinante en la situacioacuten contemplada por cuanto no se advierte que la posterior secularizacioacuten sea un factor que pueda tener una repercusioacuten juriacutedicamente relevante en una situacioacuten ya producida como es el desempentildeo de la actividad sacerdotal o la proshyfesioacuten religiosa con anterioridad a unas determinadas fechas coincidentes con la incorporacioacuten de sacerdotes y de religiosos al sistema de Seguridad

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Social Por ello siempre seguacuten el criterio de esta Institucioacuten parece ineshyvitable concluir que el hecho de la posterior secularizacioacuten de quienes desempentildeaban tal actividad no es un elemento que esteacute dotado de la imprescindible objetividad y razonabilidad que justifique la diferencia de tratamiento legal

En meacuterito a lo expuesto y en uso de las atribuciones que le vienen conferidas por el artiacuteculo 54 de la Constitucioacuten Espantildeola y el artiacuteculo 30 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril esta Institucioacuten dirige a esa Secretariacutea de Estado la siguiente recomendacioacuten laquoQue se adopten las iniciativas oportunas para elaborar la correspondiente norma juriacutedica dirigida a dar un tratamiento juriacutedico igual a efectos de la pensioacuten de jubilacioacuten a los periacuteodos de actividad sacerdotal o de profesioacuten religiosa anteriores a la inclusioacuten de cleacuterigos y de religiosos en el aacutembito subjetivo de los correspondientes regiacutemenes del sistema de Seguridad Social aplishycando de este modo previsiones iguales a las contenidas en el Real Decreto 26651998 de 12 de diciembre a los sacerdotes o religiosos que no se hubieran secularizadoraquo


Recomendacioacuten dirigida al Secretario de Estado de la Seguridad Social

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Recomendacioacuten 501999 de 1 de septiembre sobre traslado o enterramiento de las liacuteneas de alta tensioacuten que atraviesan nuacutecleos urbanos


Esta Institucioacuten agradece sinceramente el informe de V E de fecha 22 de junio pasado sref registro de salida 16239 del diacutea 23 en relacioacuten con la queja presentada por don () en representacioacuten de la Plataforma Vecinal de Afectados por la liacutenea de alta tensioacuten del barrio de Buenavista (Toledo) registrada con el nuacutemero Q9803281 en el que se comunica que por parte de Unioacuten Fenosa se estaacute procediendo al traslado de la misma

En consecuencia de acuerdo con lo dispuesto en el artiacuteculo 311 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril se informa al interesado del resultado de las actuaciones practicadas con motivo de la tramitacioacuten de la presente queja asiacute como de la comunicacioacuten recibida de ese organismo dando por conclusa la investigacioacuten si no se aportan por el reclamante elementos que aconsejasen continuar la intervencioacuten del Defensor del Pueblo

No obstante lo anterior con posterioridad a la iniciacioacuten de este expeshydiente se ha recibido otra queja en relacioacuten con la existencia de un cable de alta tensioacuten que atraviesa un nuacutecleo residencial en concreto en La Pesquera (Cuenca) habieacutendose iniciado la correspondiente actuacioacuten ante el Ayuntamiento de dicho municipio para que comunique las previsiones existentes para el enterramiento de dicha liacutenea

El Defensor del Pueblo ha efectuado diversas actuaciones a lo largo de los uacuteltimos antildeos por los posibles efectos que sobre la salud de las personas pudiera tener la cercaniacutea de las liacuteneas de alta tensioacuten Como consta en el Informe anual correspondiente a 1996 presentado a las Corshytes Generales de los estudios realizados sobre los problemas planteados por estas liacuteneas se concluyoacute como consta en dicho documento que era necesario un cambio de legislacioacuten ya que aunque la comunidad cientiacutefica

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no hubiera llegado a conclusiones evidentes sobre los problemas proshyducidos por las mismas el principio de prevencioacuten aconsejaba una pronta actuacioacuten de los poderes puacuteblicos

Por ello se formuloacute una recomendacioacuten al Ministerio de Industria y Energiacutea para que se promoviera la modificacioacuten normativa pertinente al objeto de que se crearan pasillos eleacutectricos o se procediese al enterrashymiento de estas liacuteneas Dicha recomendacioacuten fue aceptada debiendo desshytacarse que aspectos importantes de la misma han tenido su cumplimiento en el articulado de la Ley 541997 de 27 de noviembre del Sector Eleacutecshytrico (Boletiacuten Oficial del Estado del 28)

En efecto la disposicioacuten adicional duodeacutecima de la citada Ley modifica el Real Decreto legislativo 13021986 de 28 de junio de evaluacioacuten del impacto ambiental con la inclusioacuten de la actividad laquoconstruccioacuten de liacuteneas aeacutereas de energiacutea eleacutectrica con una tensioacuten igual o superior a 220 kw y una longitud superior a 15 kmsraquo a partir de la entrada en vigor de la citada norma

Igualmente el artiacuteculo 51 de la Ley 541997 contempla las normas teacutecnicas y de seguridad de las instalaciones eleacutectricas y el artiacuteculo 5 de la misma norma dispone la coordinacioacuten de la planificacioacuten de las insshytalaciones de transporte y distribucioacuten de energiacutea eleacutectrica con los planes urbaniacutesticos

No obstante como la citada Administracioacuten destaca la existencia de un proyecto en elaboracioacuten del Real Decreto sobre liacuteneas de transporte de alta tensioacuten en el que se encontrariacutean igualmente reflejadas las recoshymendaciones trasladadas por el Defensor del Pueblo se estaacute a la espera de que el Ministerio de Industria y Energiacutea informe a esta Institucioacuten sobre la tramitacioacuten de dicho proyecto reglamentario

En consecuencia y en referencia a las competencias de esa Admishynistracioacuten no se discute la legalidad de la instalacioacuten de las liacuteneas de alta tensioacuten autorizadas al amparo de la antigua normativa pero una vez publicada la citada Ley 541997 los oacuterganos autonoacutemicos competentes de distintas Comunidades Autoacutenomas han realizado actuaciones para el enterramiento o desviacioacuten de las liacuteneas existentes instaladas mdashcomo ya se ha expresadomdash de acuerdo con la normativa ahora derogada pero que evidentemente necesitan una adecuacioacuten al nuevo marco legal y su modificacioacuten a fin de trasladarlas paulatinamente a dichos pasillos o pasarlas a subterraacuteneas siguiendo los planes o etapas que se estashyblezcan para las administraciones competentes oiacutedos los titulares de las liacuteneas y a cuyo fin se preveacute la suscripcioacuten de los convenios necesarios

Estas actuaciones se hacen al margen de aquellas competencias que sobre la regulacioacuten del sector eleacutectrico corresponden al Estado en coheshy

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rencia con el contenido de sus repetidos informes y por tanto teniendo en cuenta lo previsto en el artiacuteculo 1491 apartados 22 y 25 de la Consshytitucioacuten Espantildeola que contemplan que el Estado mantiene competencia exclusiva sobre las bases del reacutegimen energeacutetico

Ello implica sin duda a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Consshytitucional que existe en relacioacuten con la explotacioacuten de la energiacutea eleacutectrica un espacio sustantivo capaz de albergar una poliacutetica propia para la norshymacioacuten autonoacutemica loacutegicamente ordenada hacia los intereses respectivos de las Comunidades Autoacutenomas Precisamente como es sabido y viene entendiendo la doctrina y la jurisprudencia con caraacutecter general el desarrollo de las bases por las Comunidades Autoacutenomas con competencia en la materia es una labor vinculada equiparable a la llevada a cabo por la Administracioacuten al aprobar el reglamento ejecutivo de una ley y una tarea de desarrollo semejante a la que efectuacutea el legislador respecto de la Constitucioacuten

Dicho de otra manera estariacuteamos ante la prohibicioacuten de vaciamiento del aacutembito autonoacutemico de normacioacuten o ejecucioacuten que ha venido definiendo al Alto Tribunal y que se proyecta sobre el conjunto de la actividad o sector regulados en este caso el sector eleacutectrico y no sobre cada una de las concretas manifestaciones de la misma

Asimismo la Comisioacuten de Infraestructuras del Congreso de los Dipushytados aproboacute en su momento por unanimidad instar al Gobierno a que facilite la negociacioacuten entre las Comunidades Autoacutenomas y las compantildeiacuteas eleacutectricas para la ejecucioacuten de proyectos de desviacuteo o paso subterraacuteneo de las liacuteneas de alta tensioacuten que consideren oportunas al tiempo que en el texto aprobado en la citada comisioacuten se insta igualmente al ejeshycutivo de la nacioacuten a elaborar todos los reglamentos previstos en la Ley del Sector Eleacutectrico entre ellos los correspondientes a las instalaciones de transporte y distribucioacuten de energiacutea eleacutectrica

En consecuencia con todo lo expresado se ha resuelto formular a V E la siguiente recomendacioacuten laquoQue en el aacutembito de competencias de ese Departamento se agilicen las actuaciones necesarias para la modishyficacioacuten de las actuales liacuteneas de alta tensioacuten que atraviesan entornos residenciales a fin de trasladarlas a los pasillos eleacutectricos existentes o de nueva creacioacuten o pasarlas a subterraacuteneas mediante las actuaciones y en los plazos que se consideren convenientesraquo

Madrid 1 de septiembre de 1999

Recomendacioacuten dirigida al Consejero de Industria y Trabajo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

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Recomendacioacuten 511999 de 13 de septiembre sobre concrecioacuten del concepto laquootros meacuteritosraquo cuya valoracioacuten se preveacute en las convocashytorias de acceso al cuerpo de funcionarios docentes


Es de referencia su escrito de fecha 3 de mayo del presente antildeo relacionado con la queja que figura inscrita en el registro de esta Insshytitucioacuten con el nuacutemero arriba indicado

En su citado escrito se hace referencia a modificaciones introducidas en el baremo de las uacuteltimas convocatorias para ingreso en el Cuerpo de Profesores de Ensentildeanza Secundaria como consecuencia de la forshymulacioacuten con fecha 30 de octubre de 1995 por el Defensor del Pueblo de una Recomendacioacuten de la que se adjunta fotocopia

Esta Institucioacuten entiende sin embargo que la nueva redaccioacuten del apartado III subapartado 32 de los baremos de las referidas convoshycatorias selectivas adolece al igual que el enunciado que para el citado subapartado se incluiacutea en anteriores convocatorias selectivas de una defishynicioacuten insuficiente de las actividades que hayan de entenderse incluidas en el concepto a que ha hecho referencia la actuacioacuten del Defensor del Pueblo es decir de las laquootras actividades de formacioacuten y perfeccionashymientoraquo cuya valoracioacuten se preveacute en el mismo como tambieacuten de los crishyterios y liacutemites a que deba ajustarse la valoracioacuten de cada una de las actividades incluibles en dicho subapartado en el que tan soacutelo se delimita la puntuacioacuten maacutexima obtenible por el coacutemputo de las actividades susshyceptibles de inclusioacuten y valoracioacuten por el repetido subapartado

En consecuencia sobre la base de la misma argumentacioacuten contenida en la resolucioacuten ya mencionada de fecha 30 de octubre de 1995 y con la finalidad de salvar la posible ambiguumledad de su formulacioacuten en cuanto al aacutembito al que deba entenderse aplicable que parece apuntarse en el informe recibido de esa Direccioacuten General esta Institucioacuten considera preshy

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ciso reiterar su citada resolucioacuten puntualizando que la misma debe entenshyderse referida a las convocatorias selectivas para ingreso en todos los cuerpos de funcionarios docentes contemplados en la Ley Orgaacutenishyca 11990 de 3 de octubre de Ordenacioacuten General del Sistema Educativo

Asiacute pues esta Institucioacuten en uso de las facultades que le atribuye el artiacuteculo 301 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo considera preciso dirigir a V I la siguiente recomendacioacuten laquoQue en sucesivas convocatorias que realice el Ministerio de Educacioacuten y Cultura para acceso a los cuerpos de funcionarios docentes se proceda en todos los casos a la delimitacioacuten de los ldquootros meacuteritosrdquo cuya valoracioacuten autoriza el Real Decreto 8501993 de 4 de junio por el que se regula el sistema de acceso a la funcioacuten puacuteblica docente y a la definicioacuten de los criterios y liacutemites a que deba ajustarse su valoracioacuten en teacuterminos que de acuerdo con la argumentacioacuten que se contiene en el cuerpo de este escrito respondan adecuadamente a las exigencias derivadas de los principios constitucionales que deben regir el acceso a la funcioacuten puacuteblica asimismo mencionadosraquo


Recomendacioacuten dirigida al Director General de Personal y Sershyvicios del Ministerio de Educacioacuten y Cultura

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Recomendacioacuten 521999 de 4 de octubre sobre traslado o enterrashymiento de las liacuteneas de alta tensioacuten que atraviesan nuacutecleos urbanos


Se ha recibido el informe de V E de fecha 11 de junio pasado sref salida 91007 900001 nuacutem 9900025086 en relacioacuten con la queja presentada ante esta Institucioacuten por don () registrada con el nuacutemero Q9614408

Analizado el contenido de su citado escrito en primer lugar se deben valorar positivamente las actuaciones llevadas a cabo en relacioacuten con las liacuteneas de alta tensioacuten por esa Consejeriacutea Sin embargo las mismas se deben considerar insuficientes por cuanto transcurridos casi dos antildeos desde la publicacioacuten de la nueva Ley 541997 del Sector Eleacutectrico auacuten no se ha conseguido que las liacuteneas instaladas de acuerdo con la antigua normativa se adecuen al nuevo marco

Como V E conoce por los informes que se le vienen solicitando desde el antildeo 1996 los ciudadanos afectados vienen planteando quejas como conshysecuencia de su preocupacioacuten por los problemas que para la salud se pueden derivar de la exposicioacuten a los campos electromagneacuteticos proceshydentes de las liacuteneas de alta tensioacuten

En el Informe anual a las Cortes Generales correspondiente al antildeo 1996 consta un amplio informe de esta Institucioacuten en referencia a este asunto que dio lugar a una serie de recomendaciones planteadas al Minisshyterio de Industria y Energiacutea para que se arbitrasen las medidas neceshysarias para el enterramiento de las liacuteneas a las que se refieren las quejas y si dicho enterramiento no fuera viable teacutecnicamente para que se proshycediera a su desviacuteo a los pasillos eleacutectricos en el marco establecido por los nuevos planes generales de ordenacioacuten urbana

El Ministerio de Industria y Energiacutea aceptoacute las recomendaciones que le fueron trasladadas que se recogen en la Ley 541997 del Sector Eleacutecshytrico y se estaacute elaborando un proyecto de Reglamento referente a las

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liacuteneas de transporte de energiacutea eleacutectrica sobre el que se han solicitado sugerencias a todas las Comunidades Autoacutenomas y empresas del sector entre otros interesados

En cuanto a las actuaciones de las Comunidades Autoacutenomas en el marco de sus competencias las mismas son fundamentales para que las citadas liacuteneas de alta tensioacuten instaladas de acuerdo con la antigua norshymativa se modifiquen trasladaacutendolas a los pasillos eleacutectricos existentes o de nueva creacioacuten o se soterren siguiendo los planes y etapas que establezcan las administraciones competentes oiacutedos los titulares de las liacuteneas

Por ello se ha considerado oportuno de conformidad con el artiacuteculo 30 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril reguladora del Defensor del Pueblo recomendar a V E laquoQue en el marco de competencias de esa Consejeriacutea se agilicen las actuaciones necesarias para la modificacioacuten de las actuales liacuteneas de alta tensioacuten que atraviesan entornos residenciales a fin de trasladarlas a los pasillos eleacutectricos existentes o de nueva creashycioacuten o pasarlas a subterraacuteneas mediante las actuaciones y en los plazos que se consideren convenientesraquo

Madrid 4 de octubre de 1999

Recomendacioacuten dirigida al Consejero de Economiacutea Industria y Hacienda de la Junta de Extremadura

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Recomendacioacuten 531999 de 4 de octubre reflejada en el informe a las Cortes Generales correspondiente a 1999 sobre licencias para la realizacioacuten de obras en viviendas fuera de ordenacioacuten


Se ha podido comprobar que cuando se estaacuten llevando a cabo en detershyminados municipios las actuaciones necesarias tendentes a la ejecucioacuten de las determinaciones del planeamiento si eacutestas se prolongan durante antildeos y no se otorgan entretanto licencias para la realizacioacuten de las obras necesarias que permitan utilizar los inmuebles en funcioacuten de su destino se producen problemas graves puesto que los titulares de las viviendas no pueden utilizarlas

Por ello se ha resuelto reiterar la recomendacioacuten que en su momento se formuloacute al Ayuntamiento de Pamplona a fin de que una vez valoradas las circunstancias que concurran en cada caso concreto se puede autoshyrizar la realizacioacuten de aquellas obras cuyo fin fuera el uso y disfrute de las viviendas o locales situados en edificios fuera de ordenacioacuten siemshypre que se respetasen las restricciones contenidas en las normativas urbashyniacutesticas y utilizando para ello la figura del condicionamiento de las licenshycias

Texto iacutentegro de esta recomendacioacuten en el volumen correspondiente al antildeo 1998 de esta serie

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Recomendacioacuten 541999 de 6 de octubre sobre adopcioacuten de medishydas para evitar retrasos en la publicacioacuten y difusioacuten de diarios ofishyciales



En dicho escrito pone de manifiesto que seguacuten el informe remitido por el servicio de imprenta provincial el Boletiacuten Oficial de la Provincia de Sevilla se imprime en diacuteas anteriores a la fecha que se indica en el mismo salvo los boletines de los saacutebados y lunes ya que al no tener la imprenta jornada laboral los saacutebados se imprimen conjuntamente el viernes anterior haciendo constar que el mismo diacutea de la fecha de edicioacuten el servicio de correos los recoge en las dependencias de la imprenta proshyvincial para su distribucioacuten y enviacuteo sentildealaacutendose como causa de las deshymoras en la publicacioacuten de los boletines y que suponen una diferencia temporal entre la fecha de publicacioacuten que figura en la cabecera de los boletines y el diacutea real de su difusioacuten puacuteblica la eficacia de los servicios de correos en la distribucioacuten o reparto de los mismos


Por todo cuanto antecede y al amparo de lo dispuesto en el artiacuteshyculo 301 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril hemos considerado conveniente recomendar a V I que se adopten las medidas oportunas

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desde el punto de vista de la actividad material o instrumental de la publicacioacuten de los boletines que eviten que se produzcan retrasos en la publicacioacuten de los mismos y permitan su correcta difusioacuten para conoshycimiento de los ciudadanos


Recomendacioacuten dirigida al Presidente de la Diputacioacuten Provincial de Sevilla

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Recomendacioacuten 551999 de 14 de octubre sobre modificacioacuten de determinados artiacuteculos de la Ley y del Reglamento del Registro Civil en relacioacuten con la inscripcioacuten de nacimientos y el derecho a acceso a la historia personal


En su diacutea esta Institucioacuten teniendo en consideracioacuten el incremento de demandas planteadas tanto ante el Defensor del Pueblo por distintos ciudadanos como a traveacutes de los medios de comunicacioacuten social inicioacute una investigacioacuten dirigida al estudio del problema que afecta a quienes desconociendo la identidad de sus padres bioloacutegicos al llegar a la mayoriacutea de edad o maacutes tarde deseaban conocer sus oriacutegenes datos meacutedicos y culturales de su familia e incluso la identidad de sus progenitores con el fin de poder establecer contacto con ellos

Este asunto engloba distintos aspectos de caraacutecter legal y social y pueden verse afectados intereses contrapuestos de las partes implicadas mdashpadres bioloacutegicos e hijos mayores de edadmdash Por ello se solicitoacute inforshyme a la Secretariacutea de Estado de Justicia y a la Secretariacutea General de Asuntos Sociales en relacioacuten con el criterio de ambos oacuterganos sobre la oportunidad y conveniencia de estudiar el establecimiento de un sistema de coordinacioacuten entre el Registro Civil y las entidades puacuteblicas de proshyteccioacuten de menores que permitiera a traveacutes de las pertinentes consultas de caraacutecter reservado a los interesados cohonestar por una parte el estricto respeto del derecho a la intimidad personal y familiar de aquellas personas que asiacute lo hicieran valer y por otra el acceso a la informacioacuten que en su caso se considere procedente

En el informe remitido sobre este asunto por la Secretariacutea de Estado de Justicia en relacioacuten con las normas del Registro Civil se resalta que las actuales normas registrales sobre publicidad restringida son conforshymes al principio constitucional de intimidad y no implican indefensioacuten

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por lo que ese oacutergano no observa la necesidad del establecimiento de ninguna norma complementaria en esta materia

Asimismo se indica que al llegar a la mayoriacutea de edad el derecho de cualquier persona a conocer su filiacioacuten por naturaleza estaacute tambieacuten garantizado en cuanto que para eacutel mismo los datos que sobre el parshyticular pueda proporcionar el Registro Civil estaacuten abiertos a su solicitud Cuestioacuten distinta es que puedan existir dificultades praacutecticas para la buacutesshyqueda o que eacutesta resulte infructuosa si se trata de una persona inscrita en el Registro sin datos de filiacioacuten Este es el supuesto precisamente que se trata de evitar con la presente recomendacioacuten

Por otra parte la Secretariacutea General de Asuntos Sociales en su inforshyme tras hacer referencia a nuestro ordenamiento juriacutedico y en especial a la Ley y Reglamento del Registro Civil hace mencioacuten a algunos ejemshyplos de derecho comparado Tambieacuten se hace referencia a que en muchos casos los servicios sociales al igual que los hospitales disponen de datos sobre la madre por lo que respetando el derecho de eacutesta a la intimidad esto es con su consentimiento previo las entidades puacuteblicas de proteccioacuten de menores podriacutean facilitar los datos de los expedientes uacutenicamente al adoptado y arbitrar procedimientos de mediacioacuten En algunas Comunishydades Autoacutenomas como la de Madrid ya se ha comenzado a actuar en este sentido y se estaacute facilitando informacioacuten en la medida de lo posible

Otro aspecto distinto del problema y siempre respetando el derecho a la intimidad es el acceso a la historia personal a traveacutes de los expeshydientes de proteccioacuten de menores reivindicacioacuten cada vez maacutes extendida por la importancia que dicha informacioacuten tiene para una persona

Por uacuteltimo la Secretariacutea General de Asuntos Sociales manifiesta su criterio en el sentido de que seguir manteniendo el derecho de la madre a permanecer en el anonimato estaacute ya desfasado

De otra parte se han dirigido a esta Institucioacuten algunos ciudadanos sentildealando que habiacutean tenido conocimiento de su filiacioacuten adoptiva al solishycitar una inscripcioacuten literal de nacimiento para aportarla en otras insshytancias resaltando ademaacutes el hecho de que la inclusioacuten de estos datos en expedientes de diversa iacutendole por ser aportados por el interesado puede dar lugar a intromisiones en la intimidad de terceras personas de forma no deseada

La Instruccioacuten de 15 de febrero de 1999 de la Direccioacuten General de Registros y del Notariado sobre constancia registral de la adopcioacuten parece responder a esta preocupacioacuten al establecer unas reglas a fin de evitar las molestas confusiones y la posibilidad de que se deacute irreshygularmente publicidad a traveacutes de una certificacioacuten literal a datos que afectan a la intimidad familiar Para ello se preveacute la posibilidad de extenshy

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der una nueva inscripcioacuten de nacimiento en la que constaraacuten solamente ademaacutes de los datos del nacimiento y del nacido las circunstancias pershysonales de los padres adoptivos y la oportuna referencia al matrimonio de eacutestos

De la nueva inscripcioacuten se podraacuten expedir certificaciones literales quedando la publicidad del anterior asiento cancelado limitada a los adopshytantes al adoptado mayor de edad y a los terceros que obtengan autoshyrizacioacuten especial

La literalidad de esta Instruccioacuten no obstante podriacutea dar lugar a confusioacuten dado el tenor de la regla primera al hacer referencia a laquosi el matrimonio adoptante lo solicita durante la minoriacutea de edad del adopshytadoraquo lo que excluiriacutea tanto a los adoptantes solos o no casados como al propio adoptado mayor de edad

Esta Institucioacuten en consideracioacuten a los diversos problemas planteados por los ciudadanos entiende que la constancia registral debe buscar la maacutexima adecuacioacuten de la inscripcioacuten de filiacioacuten a la realidad bioloacutegica si bien en determinados supuestos dichos datos pueden requerir una proteccioacuten de caraacutecter excepcional para preservar la identidad de las madres que con independencia de su estado civil deseen entregar a sus hijos en adopcioacuten

Algunas normas vigentes en materia de Registro Civil podriacutean no adecuarse a los principios constitucionales ni a los anteriores criterios En concreto los paacuterrafos 2o y 3o del artiacuteculo 47 de la Ley del Registro Civil y el paacuterrafo 2o del artiacuteculo 167 del Reglamento del Registro Civil en cuanto permiten la inexistencia de constancia registral de la identidad de la madre por la simple voluntad de eacutesta puede provocar una situacioacuten de indefensioacuten en el hijo e incluso tambieacuten en el padre que en la praacutectica quedariacutea privado de la posibilidad de reconocer como hijo suyo al nacido

Por una parte la redaccioacuten del vigente artiacuteculo 47 de la Ley del Regisshytro Civil que concede un trato diferente a la determinacioacuten de la matershynidad matrimonial respecto de la no matrimonial al reconocer expliacutecishytamente la posibilidad del desconocimiento del hijo no matrimonial por parte de la madre parece no ajustarse a las previsiones de nuestra Consshytitucioacuten y en particular a lo dispuesto en el artiacuteculo 39

En efecto el artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten consagra el principio de igualdad ante la ley sin que pueda prevalecer discriminacioacuten alguna por razoacuten de nacimiento o cualquier otra condicioacuten o circunstancia personal o social y el artiacuteculo 39 refuerza este derecho fundamental al establecer que los poderes puacuteblicos aseguran la proteccioacuten integral de los hijos iguales eacutestos ante la ley con independencia de su filiacioacuten y de las madres cualquiera que sea su estado civil De este modo la Constitucioacuten rechaza

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toda discriminacioacuten que pudiera afectar a los hijos en funcioacuten de nacer dentro o fuera del matrimonio

La posibilidad que se concede en el citado artiacuteculo 47 a la madre no casada de desconocer al hijo lo que no se contempla en el caso de hijos matrimoniales supone una clara discriminacioacuten por lo que se refiere a la diferencia de trato carente de justificacioacuten en nuestros diacuteas

Por otra parte la posibilidad contemplada por el artiacuteculo 167 del Reglamento del Registro Civil en cuanto permite que el parte o declashyracioacuten de los profesionales y personal de establecimientos sanitarios que tengan obligacioacuten de guardar secreto no se refieran a la madre contra su voluntad ha sido objeto de numerosas criacuteticas de la doctrina En este precepto de caraacutecter reglamentario se contempla la posibilidad de que por la simple voluntad de la madre se desconozca la filiacioacuten del recieacuten nacido

En nuestro ordenamiento el conocimiento de la paternidad mdashy matershynidadmdash es un derecho del hijo expresamente reconocido en el artiacuteculo 39 de la Constitucioacuten En este sentido el Tribunal Supremo ha afirmado que

laquola admisioacuten en nuestro ordenamiento juriacutedico del principio de investishygacioacuten de la paternidad mdasharts 392 de la Constitucioacuten y 127 del Coacutedigo Civilmdash ha supuesto un giro copernicano al destacar como primario el derecho del hijo a que se declare su filiacioacuten bioloacutegica Por contra se ha tratado de oponer a este derecho primigenio un bloque de derechos indishyvidualistas representados por los derechos a la intimidad y a la integridad (arts 15 y 18 de la Constitucioacuten) para oponerse a las pruebas bioloacutegicasraquo (STS de 15 de marzo de 1989 FD 3o)

Maacutes auacuten el Tribunal Supremo ha manifestado que el derecho de la persona a conocer su verdadera filiacioacuten

laquoafecta a su dignidad y al desarrollo de la personalidad derechos ambos fundamentales reconocidos en el artiacuteculo 101 de la Constitucioacutenraquo (STS de 26 de enero de 1993 FD 2o)

En consecuencia el derecho a conocer el propio origen bioloacutegico como derecho de la dignidad y del libre desarrollo de la personalidad deberaacute ser ponderado judicialmente en caso de conflicto con el derecho de la madre a su intimidad y asiacute ha de quedar reflejado en las normas de nuestro ordenamiento juriacutedico que deben impedir que aquel derecho queshyde vaciacuteo de contenido o condicionado por la proteccioacuten absoluta del dereshycho individual de la madre a mantener su intimidad tal y como sucede en la actualidad

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La constitucioacuten de la adopcioacuten y consiguiente extincioacuten de los viacutenculos juriacutedicos entre el adoptado y su familia anterior debe entenderse sin pershyjuicio de lo dispuesto sobre impedimentos matrimoniales (art 178 del Coacutedigo Civil) y del derecho del adoptado a conocer su origen impliacutecishytamente reconocido en el artiacuteculo 1804 del Coacutedigo Civil En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 1987 expresa que no obsta que el hijo haya sido adoptado por otra persona para el ejercicio de la accioacuten de declaracioacuten de paternidad

De igual modo se ha pronunciado la Direccioacuten General de los Regisshytros y del Notariado en Resoluciones de 6 de julio y 31 de diciembre de 1994 al resaltar que no se debe obstaculizar el derecho del nacido a conocer sus oriacutegenes ni imposibilitar el conocimiento de los impedishymentos matrimoniales por parentesco natural que subsisten pese a la ruptura de viacutenculos juriacutedicos con la familia anterior a la constitucioacuten de la adopcioacuten

Por otra parte cabe sentildealar que las maacutes recientes reformas del Coacutedigo Civil en materia de adopcioacuten aprobadas por la Ley 211987 de 11 de noviembre y la Ley Orgaacutenica 11996 de 15 de enero no atribuyen validez al asentimiento otorgado por la madre para la adopcioacuten de su hijo hasta que hayan transcurrido treinta diacuteas desde el parto (art 177) Esta preshyvisioacuten que concede a la madre bioloacutegica un plazo de treinta diacuteas para meditar la trascendencia del pretendido asentimiento pudiera quedar sin efecto desde el momento en que el recieacuten nacido fuera inscrito con caraacutecter inmediato sin filiacioacuten conocida en aplicacioacuten del artiacuteculo 167 del Reglamento del Registro Civil lo que evidentemente dificultariacutea la posterior localizacioacuten del mismo por la madre bioloacutegica y el reconocishymiento de su filiacioacuten

En resumen el artiacuteculo 392 de la Constitucioacuten al reconocer la igualshydad de los hijos ante la ley y la posibilidad de investigacioacuten de la patershynidad mdashy de la maternidadmdash reconoce tambieacuten de manera expliacutecita el derecho del hijo a conocer su filiacioacuten bioloacutegica restringiendo el dereshycho de los padres a mantener en secreto su identidad tal como ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional en su Sentencia 71994 de 17 de enero

Ciertamente el derecho de las madres bioloacutegicas a su intimidad y a que no pueda ser divulgada su maternidad sin su consentimiento debe quedar garantizado por el ordenamiento juriacutedico aseguraacutendose el desshyconocimiento entre padres naturales del adoptado y adoptantes Sin embargo el derecho de la madre a mantener su anonimato no debe ser entendido como un derecho absoluto en los teacuterminos que se encuentra actualmente reconocido de forma que impida o dificulte absolutamente que el hijo pueda acceder a traveacutes del procedimiento que pudiera estashy

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blecerse para garantizar la confidencialidad de los datos a conocer la identidad de la madre es decir su verdadera filiacioacuten

Por ello como contrapartida a la exigencia de inscripcioacuten de los datos de filiacioacuten bioloacutegica que se propone pareceriacutea conveniente reforzar la restriccioacuten de publicidad de estas inscripciones sometieacutendolas en todo caso a un procedimiento previo de aprobacioacuten que afectariacutea tambieacuten al adoptante al adoptado y a sus ascendientes y descendientes (art 22 del Reglamento) e incluso podriacutea resultar conveniente disentildear un mecashynismo para que en aquellos casos en los que la madre quiera preservar su anonimato registralmente se establezcan las garantiacuteas necesarias para que la informacioacuten que emita el Registro Civil a este respecto sea siempre ponderada judicialmente en un procedimiento contradictorio

En otro orden de cosas pudiera plantearse tambieacuten el derecho de todo nintildeo o de los padres adoptantes a conocer ciertas circunstancias relativas a los oriacutegenes bioloacutegicos de aqueacutel Sobre este derecho que ha sido reflejado en la Carta Europea de los Derechos del Nintildeo (Resolucioacuten del Parlamento Europeo A3-017292) no existe en nuestro ordenamiento una regulacioacuten clara que permita conocer cuaacutel seriacutea el procedimiento a seguir para su ejercicio dejaacutendose su determinacioacuten al arbitrio de la autoridad administrativa mdashcentro meacutedico entidad puacuteblica de proteccioacuten de menores archivos de los antiguos establecimientos que se haciacutean cargo de los menoresmdash

En estos supuestos como sucedioacute en el caso planteado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por un ciudadano britaacutenico (caso Gaskin Sentencia de 7 de julio de 1981) los interesados tienen un intereacutes proshytegido por el artiacuteculo 8 del Convenio Europeo para la proteccioacuten de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en recibir las inforshymaciones necesarias para conocer y comprender su infancia La jurisshyprudencia de dicho Tribunal ha sido reiterada en cuanto interpreta que el respeto al artiacuteculo 8 del citado Convenio no soacutelo conlleva un deber de abstencioacuten de injerencias por parte de los poderes puacuteblicos sino tamshybieacuten unas obligaciones positivas a cargo de los mismos

Por todo lo anterior y en uso de las atribuciones que le vienen conshyferidas por el artiacuteculo 54 de la Constitucioacuten y el artiacuteculo 30 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril esta Institucioacuten dirige a V E al tener asignado ese Ministerio la ordenacioacuten direccioacuten y ejecucioacuten de la poliacutetica del Gobierno en lo relativo a la promocioacuten legislativa en materia civil (Real Decreto 18821996 de 2 de agosto) la siguiente recomendacioacuten

laquoPrimero Que previos los estudios correspondientes se valore la oportunidad y conveniencia de promover las iniciativas legales oportunas en orden a modificar los artiacuteculos 47 de la Ley del Registro Civil y 167

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del Reglamento para la aplicacioacuten de dicha Ley y demaacutes que fuesen necesarios al objeto de asegurar que con el debido control judicial queshyden tutelados tanto el derecho de los progenitores a su intimidad como la legiacutetima pretensioacuten del hijo a conocer sus oriacutegenes sin perjuicio de mantener y reforzar las garantiacuteas para la limitacioacuten del acceso a los datos que pudieran afectar al derecho a la intimidad personal modificando en su caso los artiacuteculos 21 y 22 del Reglamento antes citado ya que con el sistema actual no requieren autorizacioacuten para obtener certificashyciones de la inscripcioacuten del Registro el adoptante o el adoptado mayor de edad

Segundo Que se valore la oportunidad y conveniencia de regular el derecho a acceder a la historia personal a traveacutes de los expedientes de proteccioacuten de menores para permitir que se establezcan procedimienshytos de mediacioacuten que en su caso pudieran facilitar el encuentro de los padres bioloacutegicos y sus hijos previo consentimiento de ambos todo ello garantizando suficientemente el derecho a la intimidad personalraquo


Recomendacioacuten dirigida a la Ministra de Justicia

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Recomendacioacuten 561999 de 18 de octubre sobre asignacioacuten de fonshydos para sufragar los gastos por desplazamiento de los familiares de los reclusos trasladados de prisioacuten por insuficiencia temporal de plazas


Agradecemos sinceramente su atento escrito en relacioacuten con la queja que se tramita en esta Institucioacuten y registrada con el nuacutemero de refeshyrencia arriba indicado

Del mismo se desprende que esa Administracioacuten temporalmente no dispone de suficientes plazas para joacutevenes en la Comunidad de Aragoacuten para atender a las necesidades existentes Por ello y por lo que respecta al hijo de la compareciente y a la vista de que el comportamiento de este recluso no pareciacutea hacerle merecedor de continuar en un centro por otra parte sobreocupado acordaacutendose en consecuencia su traslado de prisioacuten Para la fijacioacuten del nuevo centro destino se tuvo en cuenta que eacuteste se encontrara relativamente bien comunicado de la ciudad de Zaragoza

De la respuesta recibida de esa Direccioacuten General se deduce que esa Administracioacuten sensible al posible desarraigo que podriacutea sufrir el recluso con su traslado de prisioacuten procuroacute que el centro en el que fuera destinado estuviera bien comunicado

No parece razonable que insuficiencias temporales de plazas en defishynitiva la imposibilidad de que un recluso cumpla condena en su zona de vinculacioacuten sociofamiliar por causas imputables a la Administracioacuten penishytenciaria en el cumplimiento de lo establecido en el artiacuteculo 12 de la Ley Orgaacutenica General Penitenciaria se traduzca en perjuicios que resultan especialmente intensos e injustos en familias de escasos recursos ecoshynoacutemicos De este modo el ejercicio de un derecho baacutesico del recluso cual es el derecho a comunicar oralmente con sus familiares seguacuten previenen

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los artiacuteculos 51 y 53 de la Ley Orgaacutenica General Penitenciaria depende de factores puramente econoacutemicos o de fortuna social cuando precisashymente ha de ser la Administracioacuten quien por mandato de la ley con su actuacioacuten debe facilitar que el ejercicio de tal derecho sea una realidad al alcance de todos los reclusos con independencia de factores econoacutemicos Resulta por ello necesario que al amparo de lo dispuesto en el artiacuteculo 391 de la Constitucioacuten la Administracioacuten facilite los medios necesarios para que el interno y su familia puedan seguir comunicaacutendose

La situacioacuten puesta de manifiesto en la presente queja y otras anaacuteshylogas se repite con frecuencia y produce preocupacioacuten en esta Institucioacuten Un interpretacioacuten integrada de las normas aplicables hace recaer sobre la Administracioacuten penitenciaria la obligacioacuten de atender a traveacutes de los servicios sociales penitenciarios y previa habilitacioacuten de los corresponshydientes recursos econoacutemicos las necesidades puestas de manifiesto

A la vista de lo expuesto esta Institucioacuten al amparo del artiacuteculo 30 de su Ley Orgaacutenica reguladora y en la medida en que la cuestioacuten expuesta afecta a derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos ha valorado la conveniencia de dar traslado a V E de la siguiente recoshymendacioacuten laquoQue esa Administracioacuten habilite fondos que sufraguen los gastos derivados del desplazamiento de los familiares de los reclusos cuando eacutestos han sido trasladados de prisioacuten por insuficiencia temporal de plazas de modo que este hecho no repercuta negativamente para poder continuar manteniendo su relacioacuten familiarraquo


Recomendacioacuten dirigida al Director General de Instituciones Penitenciarias

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Recomendacioacuten 571999 de 19 de octubre sobre las condiciones de los equipamientos y recintos de las aacutereas de juego infantil


En el antildeo 1997 el Defensor del Pueblo presentoacute ante las Cortes Geneshyrales un informe de caraacutecter monograacutefico sobre la seguridad y prevencioacuten de accidentes en aacutereas de juegos infantiles Para su elaboracioacuten se selecshycionaron un total de treinta y cuatro municipios dos por comunidad autoacuteshynoma a los que se solicitoacute la remisioacuten de informe sobre todos aquellos aspectos que permitieran tener conocimiento acerca de las condiciones de seguridad en las que se desarrollen las actividades de ocio esparshycimiento y deportes en instalaciones municipales destinadas fundamenshytalmente a menores de catorce antildeos

Al mismo tiempo con la colaboracioacuten del Comiteacute Espantildeol de UNICEF se visitaron veinticuatro de los municipios seleccionados con objeto de verificar las condiciones de las instalaciones y los extremos antes refeshyridos obtenieacutendose el material fotograacutefico que se incluyoacute en el informe

De todos los datos obtenidos se extrajeron unas conclusiones entre las que aquiacute cabe destacar que desde el punto de vista normativo existiacutea una laguna en cuanto a las medidas de seguridad que las aacutereas de juegos infantiles habriacutean de reunir resaltaacutendose en especial la falta de criterios uniformes Y por otro lado aunque las cifras disponibles sobre accidentes en aacutereas de juegos infantiles no son alarmantes ello no obsta a que se deba favorecer la concienciacioacuten sobre los riesgos derivados de las conshydiciones de estas aacutereas y adoptar las medidas precisas para prevenir dichos accidentes

En relacioacuten con lo anterior se formulaba una recomendacioacuten de caraacutecshyter general del siguiente tenor

laquoDado el estado en que parecen encontrarse los trabajos del Comiteacute Europeo de Normalizacioacuten relativos a normas EN sobre equipos de aacutereas

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de juegos no seriacutea necesario que se elaborasen unas reglas teacutecnicas para la normalizacioacuten de los equipamientos de zonas de juegos para nintildeos de aplicacioacuten exclusiva en Espantildea No obstante una vez que entren en vigor las citadas normas europeas EN las mismas habriacutean de ser incorporadas de inmediato al cuerpo normativo espantildeol

Sin embargo en el supuesto de que los trabajos del Comiteacute Europeo de Normalizacioacuten no llegasen a buen teacutermino en un plazo de tiempo prushydencial por los Ministerios de Educacioacuten y Cultura (Consejo Superior de Deporte) e Industria y Energiacutea (Direccioacuten General de Tecnologiacutea y Segushyridad Industrial) deberiacutean adoptarse las medidas oportunas con el fin de que se proceda a la elaboracioacuten y aprobacioacuten de unas reglas teacutecnicas para la normalizacioacuten de los equipamientos de las zonas de juegos para nintildeos que acrediten la calidad y seguridad de dichos elementos

En uno u otro caso estas normas deberiacutean ser dotadas posteriormente de caraacutecter obligatorio o cuando menos ser tenidas en cuenta por los Ayuntamientos a la hora de equipar las citadas zonasraquo

Transcurridos dos antildeos desde la elaboracioacuten del informe cabe hacer un balance positivo teniendo en consideracioacuten que la mayor parte de las estructuras de juego que se identificaban como inseguras han sido retishyradas por las respectivas corporaciones municipales

Del mismo modo parece haberse incrementado la sensibilidad sobre el asunto y se han potenciado los trabajos para la adopcioacuten de reglas teacutecnicas tanto a nivel europeo como en el seno de AENOR con una mayor participacioacuten en los grupos de trabajo del Comiteacute Teacutecnico AENCCTN 147 laquoDeportes campos de juego y otros equipos de recreoraquo

En consideracioacuten a cuanto antecede y recogiendo la demanda forshymulada ante esta Institucioacuten por diversos representantes de asociaciones sensibilizadas por este asunto el Defensor del Pueblo ha valorado la oporshytunidad de dirigir a V E al amparo de lo establecido en la Ley Orgaacuteshynica 31981 de 6 de abril la siguiente recomendacioacuten laquoQue se estudie la oportunidad y conveniencia de proceder a la reglamentacioacuten de las condiciones que deberaacuten reunir los equipamientos y recintos de las aacutereas de juegos infantiles a fin de garantizar una adecuada seguridad en los menores que hagan uso de las mismasraquo


Recomendacioacuten dirigida al Ministro de Industria y Energiacutea

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Recomendacioacuten 581999 de 19 de octubre sobre adopcioacuten de medishydas para garantizar los derechos de los sancionados


Agradecemos el escrito del Director del Gabinete Teacutecnico de ese departamento (referencia 40101004) que en contestacioacuten a la queja planshyteada por don () remite un dictamen de la Asesoriacutea Juriacutedica General con el que esa subsecretariacutea muestra su conformidad

En dicho dictamen se manifiesta entre otras cosas que no se comshyparten algunas de las conclusiones del informe emitido por el capitaacuten instructor de expedientes disciplinarios de la Escuela Logiacutestica del Ejeacutershycito de Tierra que nos remitioacute V E en su anterior escrito

En concreto el citado dictamen sentildeala que se observan deficiencias en la tramitacioacuten del expediente por falta leve seguido contra el inteshyresado consistentes fundamentalmente en el hecho de que la resolucioacuten sancionadora no le fue notificada hasta el diacutea 13 de agosto de 1997 una vez que su reemplazo habiacutea pasado a la reserva por lo que no hubo un ritmo adecuado a las diferentes etapas del procedimiento sancionador como se sentildealaba en el informe del capitaacuten instructor maacutexime cuando deberiacutea haberse tenido en cuenta que el citado militar de reemplazo pasashyba a la situacioacuten de reserva el diacutea 11 de agosto y que la resolucioacuten sanshycionadora deberiacutea haberse dictado con anterioridad a tal fecha sin que tal dilacioacuten se pueda ver justificada por la fecha y hora en que la conducta sancionable tuvo lugar

No obstante se sentildeala que sin perjuicio de que pudiera entenderse la presencia de responsabilidad disciplinaria por parte de la autoridad sancionadora dado el tiempo transcurrido desde que los hechos ocurrieshyron hasta el 15 de septiembre de 1998 fecha en la que el interesado presenta un escrito ante ese departamento denunciando las posibles irreshy

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gularidades la infraccioacuten disciplinaria que pudiera haberse cometido por la autoridad sancionadora habriacutea prescrito por aplicacioacuten del artiacuteculo 17 de la Ley 121985 de 27 de noviembre de Reacutegimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas

Por otra parte en el citado dictamen se manifiesta que el procedishymiento sancionador cumplioacute con todos los requisitos sentildealados en la citada ley en lo que se refiere al principio de audiencia a los liacutemites de la sancioacuten y a las circunstancias de cumplimiento del arresto y se sentildeala que tales circunstancias fueron escrupulosamente cumplidas por el jefe accidental de la compantildeiacutea a la que perteneciacutea el sancionado por lo que tal decisioacuten fue la adecuada y conforme a derecho Tambieacuten se afirma que por lo previsto en el artiacuteculo 18 de la citada ley se puede ordenar la reclusioacuten de un infractor que sea inferior al que la ordena esteacute o no subordinado al mismo

Una vez analizado detenidamente el citado dictamen se observa que el retraso en la notificacioacuten de la sancioacuten es la uacutenica deficiencia que se reconoce pero no se hace referencia alguna al hecho de que tras ordenar la reclusioacuten del interesado se mantuvo la restriccioacuten de su libershytad durante cinco diacuteas es decir 120 horas maacutes del doble del liacutemite maacuteximo autorizado por el artiacuteculo 18 de la citada Ley 121985 que es de 48 horas y que durante la uacuteltima parte de ese tiempo se mantuvo la restriccioacuten de libertad a pesar de haber pasado el interesado a la situacioacuten de reserva

Asimismo contrasta el rigor con el que se corrige la conducta del interesado al que se impone la maacutexima sancioacuten posible entre las previstas en el artiacuteculo 10 de la citada Ley 121985 y la pasividad de las autoridades y mandos que no adoptaron ninguna iniciativa para corregir disciplinashyriamente a los responsables por accioacuten u omisioacuten de la restriccioacuten arbishytraria y desproporcionada de la libertad de un ciudadano

En este sentido el informe del capitaacuten instructor de expedientes disshyciplinarios de la Escuela Logiacutestica del Ejeacutercito pone de manifiesto una concepcioacuten de la autoridad y de la disciplina que no considera como liacutemite absoluto el respeto a la ley y a los derechos de los ciudadanos lo que a juicio de esta Institucioacuten exigiriacutea una actuacioacuten decidida de este deparshytamento que tuviese como objetivo la desaparicioacuten de praacutecticas disciplishynarias como la descrita

Por todo cuanto antecede y al amparo de lo dispuesto en el arshytiacuteculo 301 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril hemos consideshyrado conveniente recomendar a V E que valore la oportunidad de adoptar las medidas necesarias para evitar por una parte que en el ejercicio de la potestad sancionadora se vulneren los derechos de los

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inculpados especialmente cuando se trate de una restriccioacuten de su libershytad y por otra parte que no se corrija adecuadamente a los responshysables de conductas que supongan un ejercicio irregular de la potestad disciplinaria


Recomendacioacuten dirigida al Subsecretario del Ministerio de Defensa

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Recomendacioacuten 591999 de 26 de octubre sobre la carencia de psicoacutelogos y educadores en las cliacutenicas meacutedico-forenses


Con ocasioacuten de una investigacioacuten iniciada de oficio esta Institucioacuten ha tenido oportunidad de conocer ciertas deficiencias que afectan a la Administracioacuten de Justicia cuando para poder desarrollar correctamente su cometido eacutesta precisa de apoyos teacutecnicos que son imprescindibles para decidir sobre aquellas cuestiones que por su complejidad requieren de informes o dictaacutemenes de profesionales

Seguacuten la informacioacuten recibida en el Defensor del Pueblo las dotashyciones con las que cuentan las cliacutenicas meacutedico-forenses de psicoacutelogos trabajadores sociales y educadores son insuficientes para poder cubrir satisfactoriamente el nuacutemero de informes que se les encomiendan tenienshydo en cuenta ademaacutes que en muchiacutesimas ocasiones esos informes se refieren o afectan a menores personas privadas de libertad o a personas incapacitadas

En concreto la Cliacutenica Meacutedico-Forense de Madrid en la que se presta apoyo a todos los oacuterganos judiciales tanto de las jurisdicciones civiles como penales existentes en la Comunidad Autoacutenoma de Madrid excepto de los siete Juzgados de Familia de esta Comunidad cuenta soacutelo con dos psicoacutelogos

En dicha Cliacutenica se da preferencia absoluta a aquellos casos en los que existen viacutectimas menores de edad cuando eacutestos han sido objeto de alguna agresioacuten de tipo sexual si bien esos menores no son reconocidos hasta transcurridos por lo menos siete meses desde que se produjo la denuncia inicial por la acumulacioacuten de trabajo y el poco personal disshyponible Seguacuten la informacioacuten obtenida por esta Institucioacuten la situacioacuten en la Cliacutenica Meacutedico-Forense es muy precaria y asiacute ha sido denunciado por escrito al Decanato de los Juzgados de Madrid y a ese Ministerio

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Esta situacioacuten a juicio de los profesionales expertos hace muchas veces inoperante la intervencioacuten sobre el menor debido al largo tiempo transcurrido y a las sucesivas veces en las que el nintildeo ha tenido que contar los mismos hechos ante diferentes personas Seguacuten la edad del nintildeo y el tipo de suceso el anaacutelisis de credibilidad se hace inviable o pierde validez de forma sustancial Ademaacutes en los supuestos de agreshysiones sexuales a menores no se ofrecen plazas de psicoacutelogos para los Juzgados de Instruccioacuten que son los oacuterganos judiciales encargados de investigar ese tipo de delitos y sin embargo siacute existen los citados proshyfesionales adscritos a los Juzgados de menores y de familia

Desde ese Ministerio se ha participado que en estos momentos existen 83 psicoacutelogos para cubrir todas las necesidades que se derivan de los oacuterganos judiciales que dependen de ese Departamento El nuacutemero de trabajadores sociales es de nueve y el de educadores de cinco El no disponer de un nuacutemero adecuado de profesionales estaacute produciendo que los informes solicitados por los oacuterganos jurisdiccionales se emitan en plashyzos que afectan negativamente al derecho a la tutela judicial efectiva Asiacute por ejemplo en la informacioacuten que se ha recibido desde ese Minisshyterio las cliacutenicas meacutedico-forenses en los asuntos penales con fecha de juicio o que se refieren a personas privadas de libertad realizan los inforshymes de forma inmediata Cuando el proceso penal no es urgente los informes se emiten como media en unos cinco meses y en un plazo supeshyrior los que refieren a procedimientos civiles incluidos en estos uacuteltimos los procedimientos relativos a derecho de familia Cuando esos informes son encomendados a profesionales que se encuentran directamente adsshycritos a Juzgados determinados los plazos de emisioacuten de los dictaacutemenes oscila entre los veinte diacuteas que se tardan de media en los Juzgados de menores a los dos meses en los Juzgados de familia o de vigilancia penitenciaria

En la comunicacioacuten recibida se reconoce tambieacuten el incremento que se estaacute produciendo en el trabajo de esos profesionales a la vista de lo dispuesto en la disposicioacuten transitoria duodeacutecima del vigente Coacutedigo Penal

Tambieacuten se indica desde ese departamento las previsiones que existen para el futuro a fin de ampliar el nuacutemero de puestos de trabajo existentes Seguacuten esas previsiones durante el presente antildeo existiraacuten diez nuevos puestos de psicoacutelogos diez de trabajadores sociales y cinco de educadores y para el antildeo 2000 se crearaacuten veinte nuevos puestos de psicoacutelogos veinte de trabajadores sociales y cinco de educadores

A la vista de cuanto se expone puede afirmarse que la complejidad de los asuntos que se reciben en cada una de las jurisdicciones y la mayor especializacioacuten que se estaacute produciendo en todas las materias juriacutedicas

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hace imprescindible que los miembros del poder judicial dispongan a la hora de desarrollar su cometido del apoyo teacutecnico necesario para que sus decisiones cuenten con el grado de calidad y profesionalidad que la sociedad demanda

Los avances habidos en el estudio de los comportamientos humanos hace que los procesos judiciales puedan contar con informes o dictaacutemenes que hasta hace cierto tiempo resultaban desconocidos y que hoy sin embargo son imprescindibles para comprender tales comportamientos o para preveerlos La evolucioacuten habida dentro de la propia Administracioacuten de Justicia pone de manifiesto coacutemo de un tiempo a esta parte se ha considerado que psicoacutelogos y asistentes sociales son colaboradores neceshysarios de los Juzgados de familia y por ello esa clase de Juzgados cuentan en sus plantillas con ese tipo de profesionales

Por todo lo anterior esta Institucioacuten al amparo de lo dispuesto en el artiacuteculo 30 de su Ley Orgaacutenica y en la medida que la cuestioacuten expuesta afecta a derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos ha valorado la conveniencia de dar traslado a V E de la siguiente recoshymendacioacuten

laquo1o Que se dote a las cliacutenicas meacutedico-forenses de los psicoacutelogos que sean necesarios para que los informes que realizan tales profesionales especialmente en relacioacuten con los casos en los que los menores son objeto de alguna agresioacuten sexual no sufran dilacioacuten alguna

2o Que se adopten las medidas necesarias para que los oacuterganos judishyciales y especialmente los Juzgados de Instruccioacuten puedan disponer de cuantos profesionales sean precisos (psicoacutelogos asistentes sociales crishyminoacutelogos educadores etc) de tal forma que los informes que solicitan los juzgados y tribunales puedan ser realizados en plazos razonables evitando de esa manera los retrasos existentes en la actualidad

3o Que las previsiones facilitadas desde ese Ministerio se cumplan a la mayor brevedad tanto para el presente antildeo como durante el proacuteximo incrementando tales previsiones si ello fuera necesario con el fin de que especialmente en aquellos casos en los que las viacutectimas sean menores los informes y dictaacutemenes que les afectan puedan ser emitidos sin ninguacuten tipo de dilacioacutenraquo



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Recomendacioacuten 601999 de 2 de noviembre sobre la retirada de un vehiacuteculo por la gruacutea por llevar estacionado maacutes de siete diacuteas haacutebishyles en el mismo lugar y presentar siacutentomas de abandono


Acusamos recibo de su escrito de fecha 6 de agosto de 1999 (sref salida de fecha 13 de agosto de 1999) en relacioacuten con la queja formulada por dontildea () la cual quedoacute registrada en esta Institucioacuten con el nuacutemero Q9906362 y que versa sobre la retirada por el servicio de la gruacutea munishycipal de su vehiacuteculo () el diacutea 30 de noviembre de 1998 de la calle Manuel Galindo nuacutemero 10 porque llevaba estacionado en el mismo lugar maacutes de siete diacuteas haacutebiles consecutivos por lo que se le aplicoacute el artiacuteculo 62 de la nueva Ordenanza de Circulacioacuten de la Villa de Madrid

Examinado el contenido del informe emitido por los Servicios de Polishyciacutea Municipal se considera procedente manifestar lo siguiente

Primero En el anterior escrito que se remitioacute en relacioacuten con esta queja se solicitoacute que se facilitasen las pruebas con las que habiacutea contado la Policiacutea Municipal para acreditar que se habiacutea infringido el citado preshycepto

Dado que no se ha remitido ninguna fotografiacutea ni ninguna copia de las referidas denuncias de los vecinos que demuestren esa permanencia tan duradera en un mismo lugar o cualquier otro elemento acreditativo de llevar maacutes de siete diacuteas haacutebiles consecutivos consideramos procedente remitirnos a los argumentos que se expresaron con ocasioacuten de la queja Q9900086 en la cual se formuloacute el pasado 6 de agosto la siguiente sugeshyrencia

laquoQue para poder considerar que un vehiacuteculo comete una infraccioacuten contra el artiacuteculo 622 de la Ordenanza de Traacutefico de ese Ayuntamiento seriacutea preciso que al menos durante siete diacuteas haacutebiles consecutivos sea ldquodenunciadordquo o tomado nota con una diligencia o acta aportaacutendose otras

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pruebas que sirvan para acreditar que en ese tiempo no ha circulado (como la lectura del cuenta kiloacutemetros fotografiacuteas declaraciones testificales etc) Asiacute desapareceraacute la inseguridad juriacutedica que acarrea la actual praacutectica administrativa y se cumpliraacute tambieacuten con lo que dispone el artiacuteculo 76 del Real Decreto Legislativo 3391990 de 2 de marzo por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Traacutefico Circulacioacuten de Vehiacuteculos a Motor y Seguridad Vial que establece que los Agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del traacutefico tienen el deber ldquode aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciadordquo

Que con el fin de homogeneizar la aplicacioacuten de ese artiacuteculo de la Ordenanza por parte de los Agentes del Cuerpo de la Policiacutea Municipal se dicten las instrucciones necesarias en las que se disminuiraacute al maacuteximo las apreciaciones subjetivasraquo

Segundo Respecto a la retirada del vehiacuteculo () el diacutea 30 de noviemshybre de 1998 de la calle Manuel Galindo nuacutemero 10 porque llevaba estashycionado en el mismo lugar maacutes de siete diacuteas haacutebiles consecutivos esta Institucioacuten entiende que la misma no estuvo amparada en la normativa vigente

En efecto el artiacuteculo 292 del Coacutedigo de Circulacioacuten de 25 de sepshytiembre de 1934 dispone en su punto III que pueden ser considerados casos en los que en zonas urbanas se perturba gravemente la circulacioacuten y estaacute por tanto justificado el traslado del vehiacuteculo a los depoacutesitos desshytinados a tal fin laquo13) Cuando hayan transcurrido veinticuatro horas desde que se formuloacute la denuncia por estacionamiento continuado en un mismo lugar sin que el vehiacuteculo haya sido cambiado de sitio si asiacute se encuentra regulado por disposiciones municipalesraquo

De acuerdo con dicho precepto (que todaviacutea estaacute en vigor) para que un vehiacuteculo sea retirado por la gruacutea por estacionamiento continuado en un mismo lugar se deben reunir dos requisitos 1 que se haya formulado la correspondiente denuncia con veinticuatro horas de antelacioacuten y 2) que asiacute esteacute previsto en las Ordenanzas municipales

En el caso que estamos estudiando se observa que no se ha dado ninguno de esos dos requisitos toda vez que la denuncia se formuloacute el mismo diacutea de su retirada por el servicio de la gruacutea y en la nueva Ordeshynanza de Circulacioacuten para la Villa de Madrid no estaacute contemplado este supuesto como uno de los que legitiman la retirada de un vehiacuteculo de la viacutea puacuteblica

En relacioacuten con esta uacuteltima cuestioacuten resulta que en las enumeraciones de casos que figuran en los artiacuteculos 92 y 93 de la citada Ordenanza no se ha incluido el de laquocuando hayan transcurrido veinticuatro horas desde que se formuloacute la denuncia por estacionamiento en un mismo lugar

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de la viacutea puacuteblica durante maacutes de siete diacuteas haacutebiles consecutivos y sin que se hubiera cambiado de sitioraquo

Debido a esta omisioacuten la infraccioacuten del apartado 2 del artiacuteculo 62 de la nueva Ordenanza municipal uacutenicamente posibilita la denuncia y en su caso sancioacuten de 5000 pesetas con posible descuento del 20 por 100 pero no la retirada por la gruacutea

Tercero Por otro lado en el caso que estamos estudiando resulta que la titular del vehiacuteculo presentoacute el diacutea 7 de diciembre de 1998 una denuncia por la desaparicioacuten de su vehiacuteculo sin que conste que la Comishysariacutea de Policiacutea de Carabanchel hubiese realizado alguna gestioacuten ante el Servicio de la Gruacutea en aquel momento (como suele hacer habitualmente) o que se le indicara a la interesada que llamase tambieacuten a dicho Servicio

Seguacuten el informe que se ha remitido se tardoacute doce diacuteas en comunicar por teleacutefono a la interesada que su vehiacuteculo se encontraba en un depoacutesito municipal porque fue retirado por la gruacutea Ello parece que no estaacute muy acorde con lo establecido en el artiacuteculo 94 de la citada Ordenanza que sentildeala que tal puesta en conocimiento se haraacute laquolo antes posibleraquo

De acuerdo con la informacioacuten facilitada hasta el 24 de marzo de 1999 no se notificoacute oficialmente a la interesada que su vehiacuteculo el lugar donde se encontraba su vehiacuteculo y los traacutemites a seguir para su recushyperacioacuten

Ese Ayuntamiento justifica ese retraso de casi cuatro meses en que se tuvieron que hacer gestiones ante la Jefatura de Traacutefico para obtener laquolos necesarios datos al efecto y realizacioacuten de los restantes traacutemites administrativosraquo

Esta Institucioacuten desconoce cuaacuteles pudieron ser esos traacutemites admishynistrativos que demoraron tanto la preceptiva comunicacioacuten siendo que el 12 de diciembre los servicios municipales ya conociacutean la identidad del titular del vehiacuteculo e incluso su nuacutemero de teleacutefono particular

En cualquier caso hay que recordar que el 9 de julio de 1998 y con motivo de la queja Q9620619 se formuloacute a ese Ayuntamiento la siguiente recomendacioacuten

laquoQue en adelante se proceda a notificar lo maacutes pronto posible a los titulares de los vehiacuteculos que residan en ese municipio la liquidacioacuten de la tasa de la gruacutea y el lugar donde se encuentran depositados poniendo en praacutectica cuantas medidas conduzcan a juicio de esta Institucioacuten a tal fin Asiacute entre otras se podriacutean obtener los datos de sus identificaciones de la base de datos del impuesto sobre vehiacuteculos de traccioacuten mecaacutenica que ya posee ese Ayuntamientoraquo

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Y ello porque por cada diacutea que pasa un vehiacuteculo en el depoacutesito munishycipal se devengan unas tasas de 2315 o 1000 pesetas por lo que se tiene que actuar de una manera eficaz para no causar graves perjuicios al titular

Por lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en los artiacuteculos 28 y 30 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril reguladora del Defensor del Pueblo procedemos a formular la siguiente recomendacioacuten laquoQue con el fin de homogeneizar la aplicacioacuten del artiacuteculo 622 de la Ordenanza de Traacutefico de ese Ayuntamiento por parte de los Agentes del Cuerpo de la Policiacutea Municipal se dicten las instrucciones necesarias en las que se establezcan criterios objetivos que acrediten que durante siete diacuteas haacutebiles consecutivos no ha circulado el vehiacuteculo (como la lectura del cuenta kiloacutemetros fotografiacuteas declaraciones testificales etc)

Que en adelante para poder retirar un vehiacuteculo de la viacutea puacuteblica por infraccioacuten del artiacuteculo 622 de la Ordenanza de Circulacioacuten es preciso que transcurran 24 horas desde la denuncia y que se incluya este supuesto en la referida Ordenanza

Asimismo tambieacuten se recomienda que se adopten las medidas neceshysarias para que los propietarios de los vehiacuteculos que sean retirados por la gruacutea tengan un raacutepido conocimiento del lugar donde se encuentran y del procedimiento a seguir para su recuperacioacutenraquo

Igualmente se formula la siguiente sugerencia laquoQue como quiera que no se habiacutean cumplido los requisitos establecidos en el artiacutecushylo 192III13 del Coacutedigo de Circulacioacuten no procediacutea la retirada del vehiacuteshyculo () de la viacutea puacuteblica y por consiguiente no procede el cobro de las tasas correspondientesraquo

Madrid 2 de noviembre de 1999


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Recomendacioacuten 611999 de 10 de noviembre sobre reintegro de gastos de asistencia sanitaria prestada por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas


Agradecemos su atento escrito (sref 4B010000GMLpei) en el que nos contesta a las quejas planteadas por don () y don () registradas en esta Institucioacuten con los nuacutemeros Q9813866 y Q9817949 respectivashymente

En el mismo se pone de manifiesto que la normativa reguladora de la asistencia sanitaria en el reacutegimen especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas preveacute la posibilidad de que un facultativo prescriba una asistencia con o sin orden de traslado en un centro no concertado porque a su juicio sea lo que proceda En el supuesto de que no haya orden de traslado tal prescripcioacuten debe ser sometida a la autorizacioacuten de la entidad que tenga a su cargo la asistencia para que por eacutesta se aprecie si procede o no esta excepcionalidad o si por el contrario dicha entidad dispone de los medios asistenciales adecuados para el beneficiario no eximiendo la urgencia de la atencioacuten prescrita si no es urgencia vital de estos requisitos

Asimismo se indica que en caso contrario se estariacutea duplicando para ese instituto el coste de la asistencia ya que ademaacutes de pagar el precio por personames se estariacutean abonando estos desviacuteos asistenciales no siendo suficiente la prescripcioacuten urgente valorada por un facultativo para que ese instituto haya de abonar la asistencia sanitaria en un centro no concertado

Continuacutea exponiendo el informe que para que un paciente se dirija por siacute mismo a un centro asistencial en lugar de a otro no hacen falta conocimientos meacutedicos especiales siendo suficiente con la normal dilishygencia que supone estar al tanto de los medios que deben ser utilizados

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en circunstancias de urgencia y para que esta atencioacuten urgente sea objeto de reintegro ha de concurrir la circunstancia de urgencia vital sin que tal exigencia deje de ser imprescindible por el mero hecho de que un facultativo indique o sugiera la asistencia en dicho centro

Sin embargo a juicio de esta Institucioacuten los casos que nos ocupan no se ajustan al supuesto descrito por V E ya que la valoracioacuten de una situacioacuten de urgencia por parte del facultativo y la consecuente indishycacioacuten que eacuteste hace de que el paciente sea atendido en otro centro precisamente por apreciar esa circunstancia de urgencia no permiten por imposibilidad temporal llevar a cabo la tramitacioacuten expresada en el apartado 42c) de la Resolucioacuten de 18 de diciembre de 1996 reguladora de los conciertos suscritos por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas con entidades de seguro para la prestacioacuten de asistencia sanitaria

Por otra parte en cuanto a la consideracioacuten que V E realiza respecto a la duplicacioacuten de gastos para el Instituto Social de las Fuerzas Armadas esta Institucioacuten considera que no se produce tal duplicidad ni tal desviacuteo asistencial ya que son los afiliados los que estaacuten cotizando y pagando por recibir esa asistencia que si se produce en un centro no concertado por indicacioacuten del facultativo que considera el caso de caraacutecter urgente deberiacutea ser igualmente cubierta por ese instituto sin que suponga un coste y un agravio econoacutemico para el beneficiario el recibir tal asistencia en las condiciones expuestas

Por todo cuanto antecede y al amparo de lo dispuesto en el artiacuteshyculo 301 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril hemos considerado conveniente recomendar a V E que se adopten criterios que permitan reintegrar los gastos ocasionados por la asistencia prestada en centros no concertados a los beneficiarios del Instituto Social de las Fuerzas Armadas cuando dicha asistencia tenga su origen en el criterio y la valoshyracioacuten realizada por un facultativo que considera analizada la naturaleza de los siacutentomas que presenta el paciente el caraacutecter urgente de la patoshylogiacutea motivo por el que decide enviarlo a un centro no concertado



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Recomendacioacuten 621999 de 15 de noviembre sobre el cambio de interpretacioacuten respecto de la inscripcioacuten o autorizacioacuten de matrishymonios en aquellos casos en los que alguno de los contrayentes no sea nacional del Estado espantildeol


En diferentes ocasiones distintos ciudadanos han comparecido ante esta Institucioacuten exponiendo su falta de conformidad con las decisiones adoptadas por la Direccioacuten General de los Registros y del Notariado en algunos casos por haberles sido denegada la inscripcioacuten del matrimonio que previamente habiacutean celebrado fuera del territorio espantildeol seguacuten la lex loci y en otros por impediacuterseles tal celebracioacuten tras la praacutectica del traacutemite de la audiencia reservada y por separado que establece el artiacuteshyculo 246 del Reglamento del Registro Civil

En todos los supuestos llegados a esta Institucioacuten el encargado del Registro denegaba la inscripcioacuten o impediacutea su celebracioacuten por considerar que no existiacutea un consentimiento matrimonial real En alguno de estos casos desde el Defensor del Pueblo se ha hecho llegar unas veces a la mencionada Direccioacuten General y otras a las correspondientes autoridades consulares que el consentimiento matrimonial es vaacutelido en funcioacuten de cualquier intereacutes siempre que no implique una extralimitacioacuten del propio consentimiento es decir que soacutelo podriacutea considerarse no haber tal conshysentimiento si es condicional a teacutermino o modal y que la posible nulidad del negocio juriacutedico que supone el matrimonio soacutelo se dariacutea en el caso de que existieran condiciones iliacutecitas y que de ellas dependiese el propio negocio juriacutedico Igualmente se sentildealoacute desde esta Defensoriacutea del Pueblo que no pareciacutea razonable utilizar la figura del consentimiento matrimonial para justificar decisiones en materia de extranjeriacutea sobre todo teniendo en cuenta que el ordenamiento juriacutedico dispone de una serie de actuashyciones para declarar la nulidad de los matrimonios fraudulentos

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En definitiva se transmitioacute a las autoridades competentes la preoshycupacioacuten de esta Institucioacuten por el uso que se estaacute realizando de la Insshytruccioacuten de 9 de enero de 1995 de la Direccioacuten General de los Registros y del Notariado ya que al amparo de tal instruccioacuten se pueden estar produciendo serias intromisiones innecesarias en la intimidad de las pershysonas que han contraiacutedo o pretenden contraer matrimonio

El derecho a contraer matrimonio es un derecho subjetivo de toda persona reconocido por la Constitucioacuten Espantildeola y por los convenios internacionales vigentes en el Derecho espantildeol La Constitucioacuten reconoce en su artiacuteculo 32 el derecho a contraer matrimonio como expresioacuten espeshyciacutefica de la capacidad para obligarse mediante una declaracioacuten de volunshytad Ese reconocimiento estaacute hecho en teacuterminos categoacutericos y realmente amplios pues el texto constitucional proclama que este laquoderecho de libershytadraquo de vincularse en matrimonio debe realizarse en condiciones de laquoigualdadraquo Se trata por tanto de un aspecto del derecho de los parshyticulares basado en el laquolibre consentimientoraquo que tiene su fundamento en la libertad de la persona como valor superior del ordenamiento juriacutedico

Desde un punto de vista internacional el artiacuteculo 16 de la Declaracioacuten Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho de los hombres y las mujeres a casarse y fundar una familia y disfrutar en igualdad de derechos en cuanto al matrimonio a partir de la edad nuacutebil sin resshytriccioacuten alguna por motivos de raza nacionalidad o religioacuten Ese derecho se puede ejercer mediante el libre y pleno consentimiento de los esposos

Por su parte el Convenio Europeo de los Derechos del Hombre y las Libertades Fundamentales establece en su artiacuteculo 12 que a partir de la edad nuacutebil el hombre y la mujer tienen el derecho a casarse y fundar una familia seguacuten las leyes nacionales que regulan el ejercicio de este derecho

Con esos dos artiacuteculos se garantiza el derecho fundamental de conshytraer matrimonio cuya esencia consiste en formar una asociacioacuten juriacuteshydicamente solidaria entre un hombre y una mujer (Hamer contra Reino Unido informe de la Comisioacuten de 13 de diciembre de 1979) Se consagra asiacute un derecho subjetivo sin restricciones derivadas del Convenio Euroshypeo (asunto Van Oosterwikj contra Beacutelgica informe de la Comisioacuten del 1 de marzo de 1979) A diferencia de otros derechos garantizados por dicho Convenio el ejercicio del derecho al matrimonio previsto en su artiacuteculo 12 no estaacute sometido a ninguna restriccioacuten de la naturaleza de las previstas por ejemplo en los apartados 2 de los artiacuteculos 8 a 11

Si bien el artiacuteculo 12 remite ampliamente al derecho interno que en cierta medida incorpora [laquoderecho a casarse () seguacuten las leyes nacioshynales que regulen el ejercicio de este derechoraquo] esto no significa como

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por otra parte ha subrayado la Comisioacuten que la libertad del legislador nacional sea ilimitada ya que si asiacute fuera el artiacuteculo 12 seriacutea superfluo Ahora bien como indica perfectamente la redaccioacuten de ese artiacuteculo la misioacuten de las leyes nacionales es solamente la de regular el ejercicio del derecho al matrimonio (informe Hamer antes citado) Al hacer esto la legislacioacuten nacional no podraacute laquoprivar a una persona o a una categoriacutea de personas de la plena capacidad juriacutedica del derecho a contraer matrishymonioraquo ni laquoafectar de manera sustancial al ejercicio de este derechoraquo En efecto como ha declarado la Comisioacuten una medida que regule el ejercicio de un derecho laquono debe afectar nunca a la sustancia del derecho mismoraquo (Tribunal Europeo de Derechos Humanos Sentencia del 23 de julio de 1968 en el caso linguumliacutestico belga)

Por consiguiente la ley nacional podraacute prever una reglamentacioacuten general del ejercicio del derecho al matrimonio y toda persona deberaacute respetar la regulacioacuten por ejemplo la publicidad y las formalidades de la celebracioacuten del matrimonio y unas reglas de fondo a partir de conshysideraciones de intereacutes puacuteblico generalmente reconocidas tales como las reglas sobre capacidad para contraer matrimonio el consentimiento la prohibicioacuten en diversos grados de los matrimonios consanguiacuteneos o la prohibicioacuten de la bigamia No obstante tales formalidades y limitaciones deberaacuten respetar siempre el derecho al matrimonio y a fundar una familia derecho que forma parte de unas tradiciones profundamente arraigadas en los Estados miembros del Consejo de Europa

Una vez sentildealada la normativa baacutesica tanto a nivel constitucional como internacional debe ponerse la misma en relacioacuten con aquellas disposishyciones internas que llevan a la Direccioacuten General de los Registros y del Notariado a negar la inscripcioacuten de determinados matrimonios celebrados entre ciudadanos espantildeoles y de otras nacionalidades

En el Derecho interno actual los requisitos de los que depende la validez del matrimonio son fundamentalmente la edad fijada por ley y la inexistencia en ambos contrayentes de otro viacutenculo matrimonial anteshyrior La Ley de 7 de julio de 1981 que reguloacute el matrimonio en el Coacutedigo Civil apartaacutendose del criterio tradicional de la pubertad legal de la Declashyracioacuten Universal (art 161) y del Convenio de Roma de 1950 (art 12) prefirioacute claramente la orientacioacuten de la madurez psicoloacutegica que eleva maacutes la capacidad matrimonial que la puramente sexual Fija el criterio por medio de una foacutermula negativa laquoNo pueden contraer matrimonio 1o Los menores de edad no emancipadosraquo (art 46 del Coacutedigo Civil) Pueden contraer matrimonio ademaacutes de los mayores de edad o sea los que hayan cumplido los dieciocho antildeos (art 315 del Coacutedigo Civil) los emancipados por sus padres o por el juez lo que exige haber cumplido los dieciseacuteis antildeos (arts 317 320 y 321 del Coacutedigo Civil) Tambieacuten existe

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la posibilidad de obtener del juez la dispensa de edad a partir de los catorce antildeos que podraacute otorgarla con justa causa en expediente a petishycioacuten de parte y oiacutedos previamente el menor sus padres o guardadores (art 48 del Coacutedigo Civil)

Ademaacutes de la edad dentro de los requisitos relativos a la capacidad la Ley de 1981 antes mencionada soacutelo prohibioacute de modo absoluto para contraer matrimonio a laquolos que esteacuten ligados con viacutenculo matrimonialraquo (art 462o del Coacutedigo Civil) La sancioacuten de la infraccioacuten de esta proshyhibicioacuten es la nulidad del segundo matrimonio

Por uacuteltimo las prohibiciones relativas para contraer matrimonio con persona determinada por razoacuten de parentesco han sido muy reducidas en la reforma del coacutedigo admitieacutendose la dispensa de alguna (arts 47 y 48 del Coacutedigo Civil)

La validez de un matrimonio pasariacutea por tanto por el cumplimiento de los requisitos que se acaban de enumerar si bien la praacutectica pone de manifiesto coacutemo en algunas ocasiones se exigen o se imponen a los futuros contrayentes determinadas condiciones que en modo alguno se derivan de los preceptos citados del Coacutedigo Civil

Un ejemplo claro de esta exigencia indebida de requisitos no previstos legalmente es la propia existencia de la Instruccioacuten de 9 de enero de 1995 de la Direccioacuten General de los Registros y del Notariado En esa Instruccioacuten se hace constar de forma correcta la importancia que tiene dentro de la tramitacioacuten del expediente matrimonial la audiencia resershyvada y por separado que el encargado del registro debe realizar a los futuros contrayentes Sin embargo acto seguido se indica que esa audienshycia laquo puede y debe servir para que el instructor se asegure del verdadero propoacutesito de los comparecientes y de la existencia en ambos del real consentimiento matrimonial Un interrogatorio bien encauzado puede lleshygar a descubrir la intencioacuten fraudulenta de una o de las dos partesraquo

El exigir al instructor del expediente que adivine el verdadero proshypoacutesito de los comparecientes es un requisito que legalmente no estaacute preshyvisto y que en la praacutectica estaacute suponiendo la imposicioacuten de una limitacioacuten al ius nubendi que tienen reconocido todos los ciudadanos espantildeoles tanto en la Constitucioacuten como en los tratados internacionales

La citada Instruccioacuten contiene cierta incoherencia entre su primera parte introductora y el contenido de sus apartados ya que en aquella parte se indica que la intencioacuten de la misma laquo no es la de coartar en modo alguno un derecho fundamental de la persona como lo es el de contraer matrimonioraquo y sin embargo en uno de sus apartados menshyciona que el instructor del expediente debe de llegar a conocer cuaacutel es el laquoverdadero propoacutesito de los comparecientesraquo Ni siquiera puede jusshy

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tificarse tal Instruccioacuten en el artiacuteculo 246 del Reglamento del Registro Civil tal y como cita la misma ya que en tal precepto no se habla en ninguacuten momento de llegar a conocer el verdadero propoacutesito de los futuros contrayentes

El expediente previo al matrimonio estaacute concebido fundamentalmenshyte como un mecanismo de control de la capacidad nupcial de los conshytrayentes y de su aptitud para manifestar su consentimiento pero en modo alguno en ese traacutemite previo puede valorarse el propoacutesito de los contrayentes respecto de un consentimiento para el matrimonio que solashymente prestaraacuten en el mismo momento en el que se celebra aqueacutel Es evidente que el consentimiento matrimonial no se manifiesta durante la tramitacioacuten del expediente Examinar las intenciones de los contrayentes antes de la celebracioacuten del matrimonio colisiona con la presuncioacuten de buena fe y con el jus connubii

Si los contrayentes insisten en su intencioacuten de contraer matrimonio y tienen la necesaria capacidad nupcial no es posible ni admisible desde la estricta aplicacioacuten de la legalidad el coartar ese derecho La falta de un auteacutentico consentimiento matrimonial soacutelo puede acreditarse despueacutes de haber contraiacutedo el matrimonio y para ello el Ministerio Fiscal a posshyteriori deberaacute ejercitar la accioacuten de nulidad prevista en los artiacuteculos 731o

y 74 del Coacutedigo Civil

Y eacuteste ha sido el criterio seguido en un nuacutemero considerable de resoshyluciones dictadas por la Direccioacuten General de los Registros y del Notashyriado en las que se ha optado por utilizar el criterio que se acaba de apuntar (Resoluciones de 9 de octubre de 1993 3 de diciembre de 1993 21 de junio de 1994 y 1 de marzo de 1995 entre otras)

En concreto en una Resolucioacuten de 18 de octubre de 1996 la citada Direccioacuten General en una inscripcioacuten de un matrimonio celebrado entre un espantildeol y una dominicana celebrado en la Repuacuteblica Dominicana declaroacute laquoante la opcioacuten de inscribir un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el jus connubii este Centro Directivo ha de elegir la primera alternativa Siempre quedaraacute a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio en el juicio declarativo ordinarioraquo

Por el contrario existen otras resoluciones en las que el criterio utishylizado ha sido radicalmente distinto al indicado anteriormente Entre otras las Resoluciones de 30 de mayo de 1995 18 de julio de 1996 18 de octubre de 1996 y 20 de septiembre de 1996 Concretamente en esta uacuteltima que hace referencia a un matrimonio celebrado en la Repuacuteblica Dominicana la Direccioacuten General de los Registros y del Notariado expreshysoacute los criterios para considerar cuaacutendo un matrimonio internacional podiacutea

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ser calificado como laquomatrimonio simuladoraquo Expresamente se indicaba que era necesario que la conviccioacuten del fraude se formara por parte del Encargado del registro en grado de certeza laquomoralraquo En todas estas Resoluciones se consideroacute que no habiacutea un consentimiento real y auteacutentico y por ello se denegoacute la inscripcioacuten de los matrimonios celebrados Incluso en alguacuten expediente como fue el que finalizoacute con la Resolucioacuten de 25 de septiembre de 1995 el Ministerio Fiscal llegoacute a solicitar del Encargado del registro que oficiara a la Policiacutea para que informara sobre si el conshytrayente masculino ostentaba permiso de residencia y sobre si ambos promotores laquoaparentabanraquo tener relacioacuten prematrimonial coherente con su solicitud Afortunadamente en ese caso la Direccioacuten General de los Registros y del Notariado dejoacute muy claro que la situacioacuten administrativa del extranjero en Espantildea aunque sea irregular no puede impedir la celebracioacuten del enlace Por otro lado se haciacutea constar que la investigacioacuten policial que pretendiacutea el Ministerio Fiscal sobre el comportamiento preshymatrimonial de los promotores era a todas luces una medida excesiva que podiacutea atentar a la intimidad personal

Este caso sirve para hacer referencia al principal problema que se deriva de esta clase de matrimonios Como indica la Instruccioacuten de 9 de enero de 1995 son cada vez maacutes frecuentes los casos en los que un espantildeol domiciliado en Espantildea pretende contraer matrimonio con extranshyjero domiciliado fuera de Espantildea Como ejemplo puede mencionarse el incremento habido en el nuacutemero de matrimonios hispano-cubanos insshycritos en el Consulado General de Espantildea en La Habanam que pasoacute de 15 en 1990 a 670 en 1993 y 1190 en 1996 Es posible que en alguno de estos casos se pretenda facilitar la entrada y estancia en territorio espantildeol de ciudadanos extranjeros Pero la lucha para erradicar esos falshysos matrimonios no se puede realizar a costa de cercenar el jus connubii que es un derecho subjetivo de toda persona ni es posible coartarlo en un expediente previo a su celebracioacuten exigiendo traacutemites dilatorios o desproporcionados o denegando su reconocimiento por la legislacioacuten nacional cuando ya se celebroacute vaacutelidamente en otro paiacutes

Para conseguir la finalidad que se pretende se podraacute y en todo caso se deberaacute modificar cuantas disposiciones sean precisas en la legislacioacuten de extranjeriacutea y en la normativa relativa a la adquisicioacuten de la nacioshynalidad y afrontar asiacute los casos de fraude pero siempre respetando el derecho fundamental de los ciudadanos a contraer matrimonio y ejercitar cuando procedan las acciones de nulidad que a posteriori establecen los artiacuteculos 731o y 74 del Coacutedigo Civil

En definitiva es la legislacioacuten de extranjeriacutea la que tiene y debe en su caso articular los mecanismos legales que considere oportunos para que en casos concretos y probados y con las garantiacuteas necesarias puedan

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no derivarse los beneficios automaacuteticos que el matrimonio tiene en la Ley de Extranjeriacutea De esa forma se coordinariacutea el derecho de todo ciushydadano a contraer matrimonio con la obligacioacuten que tiene todo Estado de evitar que al amparo de sus leyes se realicen fraudes que afectan al estado civil de sus ciudadanos

A la vista de lo expuesto esta Institucioacuten al amparo del artiacuteculo 30 de su Ley Orgaacutenica reguladora y en la medida en que la cuestioacuten expuesta afecta a derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos ha valorado la conveniencia de dar traslado a V E de la siguiente recoshymendacioacuten laquoQue en la interpretacioacuten que se efectuacutea por los encargados de los Registros Civiles y por la Direccioacuten General de los Registros y del Notariado a la hora de inscribir o de autorizar matrimonios se resshypete iacutentegramente el derecho fundamental de todo ciudadano a contraer matrimonio teniendo en cuenta los argumentos que se han expresado anteriormente dejando sin efecto la Instruccioacuten de la Direccioacuten General de los Registros y del Notariado de 9 de enero de 1995 y limitaacutendose por tanto los encargados de los registros a exigir de los contrayentes uacutenica y exclusivamente aquellos requisitos que legalmente se exigen en el Coacutedigo Civil en cuanto a la capacidad de las personas para contraer matrimonioraquo



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Recomendacioacuten 631999 de 15 de noviembre sobre flexibilizacioacuten de las condiciones para la escolarizacioacuten de alumnos con sobredoshytacioacuten intelectual


Es de referencia su escrito de fecha 13 de mayo de 1999 (salida 1345) relacionado con la queja formulada ante esta Institucioacuten por don () que figura inscrita en el registro del Defensor del Pueblo con el nuacutemero arriba indicado

Esta Institucioacuten una vez examinado el contenido del informe recibido de V I entiende que cuanto se manifiesta en el mismo no constituye una explicacioacuten suficiente de los contenidos de la Resolucioacuten de esta Secretariacutea General de 20 de marzo de 1997 (BOE del 4 de abril) cuesshytionados ni desde el punto de vista de la normativa procedimental vigente ni tampoco desde la oacuteptica de la mejor atencioacuten de las necesidades edushycativas de determinados alumnos superdotados

Esta Institucioacuten entiende en efecto que el hecho de que seguacuten se sentildeala en su informe las deficiencias que afecten al contenido de los documentos aportados a los expedientes de solicitud de flexibilizacioacuten del periacuteodo de escolarizacioacuten a que se refiere la citada resolucioacuten exijan para su subsanacioacuten algo maacutes que la mera aportacioacuten de un nuevo docushymento al implicar necesariamente la realizacioacuten de un nuevo trabajo de observacioacuten y reflexioacuten que ha de realizarse con la colaboracioacuten de disshytintos profesionales no puede en ninguacuten caso autorizar que mediante una mera resolucioacuten se obvie la aplicacioacuten de previsiones de la ley proshycedimental vigente ya citadas en anterior comunicacioacuten de esta Instishytucioacuten de 30 de noviembre de 1998 sobre subsanacioacuten y mejora de las solicitudes de iniciacioacuten de los procedimientos administrativos

Maacutes bien en los supuestos en que ello sea asiacute es decir cuando se adviertan las citadas deficiencias la peculiaridad apuntada en su informe

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deberiacutea dar lugar de acuerdo con la legislacioacuten procedimental vigente a la ampliacioacuten del plazo de subsanacioacuten en teacuterminos que atiendan a las especiales dificultades que seguacuten se deduce de su informe podriacutea revertir la aportacioacuten de los documentos requeridos

De otra parte considera el Defensor del Pueblo que ni el caraacutecter excepcional con que se contempla la aplicacioacuten de medidas de flexibishylizacioacuten del periacuteodo de escolarizacioacuten de los alumnos con condiciones de sobredotacioacuten intelectual ni la necesidad de establecer un cauce proshycedimental para su autorizacioacuten que garantice que dicha medida es adeshycuada para el mejor desarrollo personal y escolar de los alumnos justifica que la posible autorizacioacuten de medidas de flexibilizacioacuten resulte autoshymaacuteticamente pospuesta y condicionada a la eventual reiteracioacuten de la solicitud en un curso posterior a aquel para el que se solicite y ello simshyplemente porque la solicitud no se hubiera documentado en la forma sentildeashylada o cuando el contenido de los documentos aportados no responde a lo previsto en las resoluciones de esa Secretariacutea General que definen las condiciones y el procedimiento a seguir para flexibilizar la duracioacuten del periacuteodo de escolarizacioacuten de determinados alumnos

Se trata en efecto de supuestos en que las medidas cuya aplicacioacuten se pospone han sido juzgadas como maacutes adecuadas para la atencioacuten edushycativa de determinados alumnos y por ello han sido propuestas para su aplicacioacuten en supuestos determinados por los equipos docentes y tutores de los alumnos

De otra parte tanto el caraacutecter excepcional de las medidas de flexishybilizacioacuten como el objetivo de garantizar al maacuteximo la procedencia de dichas medidas en cada supuesto concreto estaacuten siendo a juicio de esta Institucioacuten indebidamente esgrimidas como argumentos para ralentizar y en definitiva para restringir la aplicacioacuten de un sistema de adaptacioacuten de las ensentildeanzas a las necesidades educativas especiales de los alumnos superdotados previsto en la normativa reglamentaria vigente ya que seguacuten entiende esta Institucioacuten la preservacioacuten del caraacutecter excepcional de la medida o la garantiacutea del acierto uacuteltimo de las decisiones no son objetivos que guarden la relacioacuten que pretende establecerse con la neceshysidad de que la formulacioacuten de las solicitudes de flexibilizacioacuten se produzca dentro de los plazos preestablecidos que se contemplan en la Resolucioacuten de 20 de marzo de 1997 mencionada o con la previsioacuten sobre devolucioacuten de las solicitudes que no reuacutenen las condiciones previstas sin concesioacuten de plazo alguno para su posible subsanacioacuten y sobre remisioacuten temporal de una posible nueva solicitud al curso inmediatamente siguiente

Esta Institucioacuten en consecuencia han considerado oportuno sobre la base de los argumentos expuestos en el cuerpo de este escrito y en uso de las facultades que le atribuye el artiacuteculo 301 de la Ley Orgaacuteshy

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nica 31981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo formular a V I la siguiente recomendacioacuten laquoQue por esa Secretariacutea General se proceda a modificar los contenidos de la Resolucioacuten de 20 de noviembre de 1997 mencionada en la presente comunicacioacuten en los teacuterminos necesarios para que esteacuten permanentemente abiertos los plazos de formulacioacuten de solishycitudes de flexibilizacioacuten y para que los interesados puedan proceder a la subsanacioacuten de los defectos eventualmente existentes en las mismas en la forma que se establece en la legislacioacuten procedimental vigenteraquo


Recomendacioacuten dirigida al Secretario General de Educacioacuten y Formacioacuten Profesional

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Recomendacioacuten 641999 de 16 de noviembre sobre la constancia documental en los atestados del ofrecimiento de los derechos del artiacuteshyculo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal


Agradecemos su atento escrito de fecha 28 de junio del presente antildeo en el que nos contesta a la queja registrada con el nuacutemero arriba indicado

En dicho informe se afirma que en el momento de la detencioacuten se leyeron al detenido sus derechos de conformidad con lo exigido en el artiacuteculo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal si bien esta lectura no consta en el atestado

La asistencia letrada al detenido durante la tramitacioacuten de las dilishygencias policiales es un derecho reconocido en el artiacuteculo 173 de la Consshytitucioacuten Por ello en los atestados policiales debe constar la realizacioacuten de la lectura de derechos y cuaacuteles son los que el detenido quiere ejercer

En los supuestos en los que la ley preveacute la posibilidad de renuncia del derecho no basta con la renuncia verbal El principio de seguridad juriacutedica exige que la renuncia conste expresamente unida al atestado como uacutenico modo de saber que se ha realizado el ofrecimiento exigido en el artiacuteculo 173 de la Constitucioacuten y el 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Esta elemental exigencia ha sido obviada en la detencioacuten del interesado lo que hace surgir dudas razonables sobre su posible situacioacuten de indefensioacuten

Asimismo se afirma que existe la posibilidad de que esta lectura de derechos no sea recordada por el interesado laquoa causa del estado psishycofiacutesico en que en esos momentos se hallabaraquo Resulta contradictorio a juicio de esta Institucioacuten que se tomara declaracioacuten sin asistencia letrada a una persona cuyo estado psicofiacutesico le impide entender la trascendencia de su situacioacuten y las consecuencias de sus manifestaciones

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En consecuencia esta Institucioacuten considera que en el atestado debioacute constar el ofrecimiento del ejercicio de los derechos que exige el artiacuteshyculo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en consecuencia debioacute constar de forma expresa la renuncia a la asistencia letrada

Asimismo dado el estado de embriaguez que seguacuten se desprende de su informe posiblemente le impediriacutea recordar lo ocurrido durante la detencioacuten estima esta Institucioacuten que no debioacute procederse a la toma de declaracioacuten dada su disminuida capacidad de comprensioacuten en ese momento

Por todo cuanto antecede esta Institucioacuten ha considerado necesario dirigir a V E la siguiente recomendacioacuten al amparo de lo dispuesto en el artiacuteculo 30 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril laquoQue por esa Direccioacuten General se impartan las instrucciones oportunas para que en los atestados instruidos por supuesto delito contra la seguridad del traacutefico conste documentalmente en el atestado el ofrecimiento de los dereshychos del artiacuteculo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en su caso la renuncia a la asistencia letradaraquo



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Recomendacioacuten 651999 de 17 de noviembre sobre sustraccioacuten y secuestro internacional de menores por uno de sus progenitores


Con alguna frecuencia diferentes ciudadanos acuden a esta Institushycioacuten poniendo en conocimiento de la misma las dificultades que atraviesan al tratar de recuperar a su hijo que sustraiacutedo por el otro progenitor ha sido trasladado en la mayoriacutea de las ocasiones a otro paiacutes

Ademaacutes de los ciudadanos que a tiacutetulo individual se han dirigido a esta Institucioacuten tambieacuten lo han hecho abogados o asociaciones como la Asociacioacuten para la recuperacioacuten de nintildeos sacados de su paiacutes A traveacutes de la informacioacuten facilitada por todos ellos asiacute como de la recabada de las distintas administraciones con alguna competencia en esta materia el Defensor del Pueblo ha podido conocer coacutemo el traslado o la retencioacuten en otro paiacutes de un menor por uno de sus progenitores sin el consenshytimiento del otro constituye un acto de violencia que afecta de forma especial al nintildeo el cual es utilizado como objeto de presioacuten entre sus padres enfrentaacutendolo a cambios bruscos de tipo social y familiar prishyvaacutendole del afecto y de la relacioacuten de la familia con la que conviviacutea

Las alteraciones psiacutequicas y afectivas del nintildeo su necesidad de adapshytarse al nuevo entorno y la buacutesqueda de una seguridad que le evite un nuevo cambio le llevan con frecuencia cuando la restitucioacuten no es inmeshydiata a expresar su rechazo haciacutea el progenitor con el que conviviacutea

La globalizacioacuten que en todos los sentidos se vive a nivel mundial las corrientes migratorias y la mayor facilidad para trasladarse de un paiacutes a otro han generado que cada vez sea maacutes frecuente la convivencia entre personas de distintas culturas y paiacuteses Estamos por tanto ante un problema que con el tiempo iraacute acrecentaacutendose y todo ello teniendo en cuenta ademaacutes que en la resolucioacuten de este tipo de conflictos intershyvienen sistemas juriacutedicos diferentes incluso a veces sensiblemente difeshy

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rentes lo que dificulta enormemente la garantiacutea de los derechos del menor y la proteccioacuten de su bienestar

Para hacer frente a este tipo de problemas el Consejo de Europa y la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado someshytieron a la firma de los Estados en 1980 los Convenios Internacionales de reconocimiento y ejecucioacuten de decisiones en materia de custodia de menores y restablecimiento de dicha custodia (Luxemburgo 20 de mayo de 1980) y el convenio sobre los aspectos civiles de la sustraccioacuten intershynacional de menores (La Haya 25 de octubre de 1980) ambos han sido ratificados por Espantildea (Boletiacuten Oficial del Estado de 1 de septiembre de 1984 y 24 de julio de 1987 respectivamente)

Estos convenios multilaterales son de aacutembito esencialmente europeo por ello es necesario celebrar en relacioacuten con esta materia convenios bilashyterales con aquellos paiacuteses que estando fuera de Europa presentan un mayor nuacutemero de casos de lo que se ha venido a denominar como laquoseshycuestro parentalraquo Este tipo de acuerdos bilaterales fueron expresamente solicitados en el artiacuteculo 11 de la Convencioacuten de Naciones Unidas sobre los Derechos del Nintildeo En el caso concreto de Espantildea se firmoacute el 30 de mayo de 1997 (Boletiacuten Oficial del Estado de 24 de junio de 1997) con Marruecos un Convenio sobre asistencia judicial reconocimiento y ejecucioacuten de resoluciones judiciales en materia de derecho de custodia y derecho de visita y devolucioacuten de menores

Ademaacutes de los Convenios mencionados existen las Resoluciones A3-005193 y B4-086996 del Parlamento Europeo en las que tambieacuten se hizo frente al problema de los secuestros de nintildeos por alguno de sus progenitores

En el caso concreto de los paiacuteses islaacutemicos y seguacuten la informacioacuten recibida en esta Institucioacuten existen en la mayoriacutea de ellos un marco juriacuteshydico tan protector hacia el ciudadano nativo de esos paiacuteses que en muchos casos resulta imposible para el progenitor que reclama la devolucioacuten de su hijo que eacuteste vuelva al paiacutes del que fue ilegiacutetimamente sacado

El Defensor del Pueblo ante la situacioacuten descrita y como consecuencia de las quejas planteadas valoroacute la conveniencia de iniciar una investishygacioacuten con caraacutecter general encaminada a conocer la realidad de este problema y queacute previsiones existen en cuanto a las posibles soluciones Para ello se ha solicitado informacioacuten a los diferentes departamentos ministeriales que tienen alguna competencia en esta materia

En este sentido se dirigioacute a ese Ministerio de Asuntos Exteriores en solicitud de informacioacuten respecto a seis puntos concretos a saber

1o Nuacutemero de este tipo de acciones que durante los tres uacuteltimos antildeos tuvo noticia ese Ministerio indicando no soacutelo aquellos casos en los

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que el Estado espantildeol actuacutea como Autoridad requirente sino tambieacuten en aquellos otros en que es Autoridad requerida

2o Nuacutemero de casos a los que fue posible aplicar el Convenio conshycertado con el Reino de Marruecos de 30 de mayo de 1997 y queacute efecshytividad ha presentado tal Convenio

3o Nuacutemero de casos con indicacioacuten de los paiacuteses a los que se aplicoacute el Convenio Europeo de Luxemburgo de 20 de mayo de 1980 y el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 haciendo constar aquellos supuestos en los que ha sido posible recuperar al menor

4o Nuacutemero de casos en los tres uacuteltimos antildeos en los que fuera del marco convencional antes indicado en los dos puntos anteriores se reashylizaron actuaciones para recuperar a alguacuten menor al amparo del principio de reciprocidad asiacute como el grado de eficacia de dichas actuaciones

5o Mecanismos de ayuda e informacioacuten que habitualmente se ofreshycen a los progenitores o familiares de eacutestos que padecen un hecho de esta naturaleza

6o Cualquier otro dato o circunstancia que a juicio de V E resulte relevante acerca del problema expuesto indicando en su caso queacute reforshymas normativas podriacutean ser necesarias para que este tipo de hechos pudieran ser resueltos de forma maacutes raacutepida y eficaz

En la contestacioacuten remitida se poniacutea de manifiesto que en principio el Ministerio careciacutea de datos en relacioacuten con casos que se producen en paiacuteses con los que existe alguacuten convenio dado que en todos ellos la autoshyridad central en Espantildea es la Secretariacutea General Teacutecnica del Ministerio de Justicia

Igualmente la Direccioacuten Teacutecnica de Asuntos Juriacutedicos y Consulares oacutergano competente en la materia dentro del Ministerio dispone de datos sobre diez casos de los cuales uno se ha resuelto

El grado de eficacia de las gestiones llevadas a cabo desde el Deparshytamento asiacute como desde Embajadas y Consulados seguacuten la informacioacuten recibida es variable entre otras razones debido a que en estos asuntos entra en juego la soberaniacutea nacional del Estado donde se halle el pro-genitor-sustractor

Se continuoacute indicaacutendonos que por parte de la Direccioacuten General de Asuntos Juriacutedico y Consulares se han impartido las oportunas instrucshyciones a las Embajadas para que realicen las gestiones diplomaacuteticas ante las autoridades locales en apoyo de las resoluciones judiciales espantildeolas en las que la custodia se atribuye al progenitor espantildeol

A la vista de lo expuesto esta Institucioacuten al amparo del artiacuteculo 30 de su Ley Orgaacutenica reguladora y en la medida en que la cuestioacuten expuesta

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afecta a derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos ha valorado la conveniencia de dar traslado a V E de las siguientes recoshymendaciones

laquo1o Que por parte de ese Ministerio se estudie la posibilidad de crear en coordinacioacuten con los demaacutes departamentos con alguna comshypetencia en esta materia un Centro Nacional de Desaparecidos similar al que existe en algunos paiacuteses (Canadaacute y Estados Unidos) con objeto de que desde ese Centro se coordine a todas las administraciones y se simplifiquen los complejos traacutemites de gestioacuten que actualmente se ven obligados a hacer los ciudadanos que quieren recuperar a su hijo Al mismo tiempo tal Centro permitiraacute elaborar unas estadiacutesticas que den a conocer de forma real cuaacutel es la magnitud de este problema En la actualidad ni desde la Fiscaliacutea General del Estado ni desde el Consejo General del Poder Judicial se ha podido facilitar datos sobre el nuacutemero de casos civiles y penales que conocen los Tribunales ya que este tipo de supuestos no estaacuten estadiacutesticamente tratados

Este Centro tambieacuten posibilitariacutea que las distintas administraciones que intervienen pudieran conocer las diferentes actuaciones que practican cada una de ellas evitando la situacioacuten actual en la que el Ministerio del Interior reconoce que desconoce cuaacuteles son las decisiones que adoptan los oacuterganos judiciales respecto de aquellos casos en los que existieron actuaciones policiales

2o Que desde ese Ministerio se lleven a cabo las gestiones oportunas para la firma de nuevos tratados bilaterales de colaboracioacuten sobre esta materia especialmente con aquellos paiacuteses islaacutemicos a los que suelen trasshyladarse con mayor frecuencia a los nintildeos secuestrados

3o Que se impartan las instrucciones oportunas a todas las Embashyjadas y Oficinas Consulares espantildeolas a fin de facilitar el maacuteximo aseshysoramiento apoyo e informacioacuten a los progenitores afectados

4o Que en los casos en que se localice al menor la Oficina Diploshymaacutetica correspondiente realice un seguimiento del mismo para que no se violen sus derechos ni su seguridad hasta la solucioacuten de la situacioacuten planteada

5o Que por parte de ese Ministerio se adopten las medidas oporshytunas para que existan el suficiente nuacutemero de traductores jurados de tal forma que los ciudadanos puedan solicitar sin ninguacuten tipo de espera la traduccioacuten de sus documentos para presentarlos en los paiacuteses donde tramitan la recuperacioacuten de sus hijosraquo


Recomendacioacuten dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores

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En este sentido se solicitoacute la colaboracioacuten de ese Ministerio para conocer los siguientes datos


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4o Nuacutemero de casos en los tres uacuteltimos antildeos en los que se reashylizaron fuera del marco convencional antes indicado en los dos puntos anteriores actuaciones para recuperar a alguacuten menor al amparo del prinshycipio de reciprocidad asiacute como el grado de eficacia de dichas actuaciones

5o Cualquier otro dato o circunstancia que a juicio de ese Deparshytamento resultara relevante acerca del problema expuesto indicando en su caso queacute reformas normativas podriacutean ser necesarias para que este tipo de hechos pudieran ser resueltos de forma maacutes raacutepida y eficaz

En su contestacioacuten nos sentildeala respecto de la 1a y la 3a cuestioacuten que Espantildea como paiacutes requerido recibioacute en el antildeo 1996 55 solicitudes 48 en el antildeo 1997 y en el antildeo 1998 35 Como paiacutes requeriente envioacute en base al Convenio XXVIII de La Haya 24 solicitudes 16 en 1997 y 22 en 1998

Respecto de la segunda de las preguntas que esta Institucioacuten forshymulaba se nos indica en el informe de referencia que hasta la fecha y al amparo del Convenio entre el Reino de Espantildea y el Reino de Marrueshycos sobre asistencia judicial reconocimiento y ejecucioacuten de resoluciones judiciales en materia de derecho de custodia y derecho de visita y devoshylucioacuten de menores se han tramitado tres solicitudes de restitucioacuten

Indica igualmente que la colaboracioacuten con el Ministerio de Justicia de Marruecos es satisfactoria pero que existe un grave problema en cuanshyto a la localizacioacuten del menor y que de hecho esta circunstancia estaacute impidiendo que las decisiones judiciales sean respetadas

Del mismo modo apunta que otro problema antildeadido para poder facishylitar la buacutesqueda del menor y del progenitor que lo ha sustraiacutedo radica en que este tipo de conductas no estaacuten tipificadas Tambieacuten pone de manishyfiesto que los plazos establecidos en los artiacuteculos 1901 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil (relativos a procedimiento que en base a los convenios internacionales suscritos por Espantildea se inicia ante los juzgados espantildeoles) se superan con frecuencia y un procedimiento que dada su naturaleza deberiacutea ser urgente requiere por el contrario un

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largo periacuteodo de tiempo Debe ademaacutes tenerse en cuenta que en estos casos el factor tiempo resulta esencial para el regreso del menor ya que conforme se alarga el plazo para que retorne resulta cada vez maacutes perjudicial para su intereacutes y al llegar a los dieciseacuteis antildeos el Convenio de La Haya no es de aplicacioacuten

Finalmente sentildeala en el mencionado informe que desde la Secretariacutea General Teacutecnica del Ministerio de Justicia se procura dar informacioacuten al padre o la madre que desea recuperar a su hijo y facilitar las trashyducciones de la documentacioacuten que deben ser aportadas por los inteshyresados en el procedimiento

En lo que respecta a procedimientos penales relacionados con el delito de sustraccioacuten de menores es preciso hacer constar que desde la Fiscaliacutea General del Estado se ha sentildealado que solamente existen datos estashydiacutesticos correspondientes al antildeo 1996 La razoacuten por la que se ha dejado de contabilizar estadiacutesticamente el delito de sustracciones de menores se encuentra en que el tipo especiacutefico recogido en el Coacutedigo Penal deroshygado ha desaparecido en el vigente Coacutedigo Penal

A partir de la entrada en vigor del Coacutedigo Penal de 1995 la conducta descrita deja de ser un delito autoacutenomo y la conducta del progenitor que saca al nintildeo del territorio nacional sin consentimiento del otro padre o en contra de la decisioacuten judicial se encaja en el tipo de detencioacuten ilegal (art 163 del Coacutedigo Penal) en su modalidad agravada del artiacuteculo 165 del Coacutedigo Penal o bien como delito de desobediencia a la autoridad en los teacuterminos del artiacuteculo 556 de dicha norma

Esta Institucioacuten estima que aunque efectivamente el Coacutedigo Penal aprobado por Ley Orgaacutenica 101995 de 23 de noviembre ha otorgado con caraacutecter general una gran cobertura juriacutedica al menor no obstante ha observado que en la praacutectica la sustraccioacuten de menores por sus propios progenitores en situacioacuten de crisis familiar y tambieacuten a veces en contra de las decisiones judiciales no ha encontrado una respuesta adecuada en la aplicacioacuten de dicha norma y maacutes concretamente de su artiacuteculo 163 mdashrelativo a las detenciones ilegales y secuestromdash toda vez que en la mayoriacutea de las ocasiones los oacuterganos judiciales no estaacuten aplicando este precepto para castigar este tipo de conductas

Se estima por tanto que es necesario un tratamiento especiacutefico para lo que la doctrina viene denominando laquosecuestro parentalraquo y no soacutelo por lo atentatorio que resultan este tipo de conductas para la libertad del menor sino tambieacuten para poder contar con un delito autoacutenomo que pershymita iniciar los mecanismos internacionales de cooperacioacuten y asiacute dar una respuesta maacutes eficaz a la solucioacuten de estos conflictos

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En este sentido el pasado 5 de julio de 1999 el Congreso de los Dipushytados ha admitido a traacutemite la Proposicioacuten de Ley de modificacioacuten del Coacutedigo Penal en materia de secuestro familiar de menores e induccioacuten del progenitor a que el menor abandone el domicilio familiar presentada el 17 de junio de este mismo antildeo

A la vista de lo expuesto esta Institucioacuten al amparo del artiacuteculo 30 de su Ley Orgaacutenica reguladora y en la medida en que la cuestioacuten expuesta afecta a derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos ha valorado la conveniencia de dar traslado a V E de las siguientes recoshymendaciones



2o Que se promueva la inclusioacuten en el Coacutedigo Penal de un nuevo tipo penal que castigue de forma autoacutenoma las conductas de los proshygenitores que sustraen a sus hijos y los trasladan a terceros paiacuteses sin el consentimiento del otro lo que facilitariacutea notablemente la expedicioacuten de oacuterdenes de detencioacuten internacional y las peticiones de extradicioacuten Al tiempo que tal reforma permita conocer con mayor certeza el nuacutemero de casos que se producen

3o Que se promuevan las reformas legislativas precisas para que en la normativa que regula las relaciones paternofiliales y la tutela (Tiacuteshytulos VII y X Libro I del Coacutedigo Civil) se incluya que en los casos en los que alguacuten menor tenga que desplazarse fuera del territorio nacional seraacute necesario que queden constancia de forma fehaciente de que ambos progenitores conocen y consienten tal desplazamiento

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4o Que se estudie la conveniencia de crear un registro de guardas y custodias de menores para los supuestos de parejas con crisis de conshyvivencia de tal forma que todos aquellos progenitores que lo soliciten puedan incluir en tal registro a sus hijos Teniendo acceso directo a esa informacioacuten los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estadoraquo



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Ademaacutes de los ciudadanos que a tiacutetulo individual se han dirigido a esta Institucioacuten tambieacuten lo han hecho abogados o asociaciones como la Asociacioacuten para la recuperacioacuten de nintildeos sacados de su paiacutes A traveacutes de la informacioacuten facilitada por todos ellos asiacute como de la recabada de las distintas administraciones con alguna competencia en esta mateshyria el Defensor del Pueblo ha podido conocer coacutemo el traslado o la retencioacuten en otro paiacutes de un menor por uno de sus progenitores sin el consentimiento del otro constituye un acto de violencia que afecta de forma especial al nintildeo el cual es utilizado como objeto de presioacuten entre sus padres enfrentaacutendolo a cambios bruscos de tipo social y famishyliar privaacutendole del afecto y de la relacioacuten de la familia con la que conviviacutea


La globalizacioacuten que en todos los sentidos se vive a nivel mundial las corrientes migratorias y la mayor facilidad para trasladarse de un paiacutes a otro han generado que cada vez sea maacutes frecuente la convivencia entre personas de distintas culturas y paiacuteses Estamos por tanto ante un problema que con el tiempo iraacute acrecentaacutendose y todo ello teniendo en cuenta ademaacutes que en la resolucioacuten de este tipo de conflictos intershy

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vienen sistemas juriacutedicos diferentes incluso a veces sensiblemente difeshyrentes lo que dificulta enormemente la garantiacutea de los derechos del menor y la proteccioacuten de su bienestar






En este sentido se dirigioacute a ese Ministerio solicitando su colaboracioacuten en orden a conocer los siguientes datos

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1o Nuacutemero de nintildeos que residiendo en territorio espantildeol en los uacuteltimos tres antildeos fueron buscados por Interpol como consecuencia del traslado por uno de sus progenitores de un paiacutes a otro sin consentimiento el otro progenitor

2o Nuacutemero de casos en los que tras ser localizados ese Ministerio tuvo noticias de que el nintildeo haya podido regresar al territorio espantildeol

3o Paiacutes al que con mayor frecuencia son trasladados estos nintildeos

4o Nuacutemero de casos en los que el Estado espantildeol fue el paiacutes en el que el progenitor con su hijo han fijado su residencia

5o Cualquier dato o circunstancia que a juicio de ese Ministerio fuera relevante en relacioacuten con el problema antes citado indicando en su caso queacute tipo de reformas normativas seriacutean precisas a juicio de esa Administracioacuten para evitar que se produzcan esos secuestros

En su contestacioacuten nos sentildeala que los datos solicitados no figuran por los conceptos que se interesan en el Plan Estadiacutestico de Seguridad del Ministerio del Interior y que tampoco es posible hacer una refundicioacuten de las cifras aportadas por las Direcciones Generales de la Guardia Civil y de la Policiacutea dada la disparidad de criterios adoptados en la confeccioacuten de los mismos

No obstante pone de manifiesto que en el aacutembito de competencias de la Guardia Civil en los uacuteltimos tres antildeos el Servicio de Policiacutea Judicial ha tramitado ocho expedientes a traveacutes del servicio de Interpol de los cuales cinco se refieren a casos en los que uno de los padres es espantildeol o residente en Espantildea que denuncia al coacutenyuge extranjero por haberse llevado a los hijos fuera del paiacutes Ademaacutes se tiene conocimiento de otros casos similares en los que no se han requerido gestiones a traveacutes del citado servicio Los datos registrados que nos hace llegar ese departashymento son los siguientes

mdash Nuacutemero de nintildeos residentes en Espantildea sobre los que se ha denunshyciado su traslado por alguno de los progenitores fuera del paiacutes sin conoshycimiento del otro 17

mdash Nuacutemero de casos en los que tras ser localizados los nintildeos han podido regresar a territorio espantildeol 4

mdash Paiacuteses a los que son trasladados a Italia 1 Holanda 1 Francia 3 Argelia 3 Reino Unido (Gibraltar) 2 Estados Unidos 3 Alemania 1 Pendientes de confirmar Siria 2 y Suiza 1

mdash Nuacutemero de casos en los que ha sido el Estado espantildeol el paiacutes en el que el progenitor denunciado y su hijo han fijado su residencia 11

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Ademaacutes se antildeade desde ese Ministerio que la falta de comunicacioacuten a las dependencias policiales del regreso al hogar familiar de algunas personas desaparecidas modifica significativamente a la baja las cifras dadas a pesar de los esfuerzos de las Fuerzas de Seguridad por actualizar estos datos Igualmente pone de manifiesto en su informe que en la mayoshyriacutea de los casos el Ministerio del Interior no conoce las decisiones que las autoridades judiciales adoptan al respecto una vez finalizadas todas las gestiones policiales




2o Que en ese Ministerio se disponga de una laquoLista de Control de Pasaportesraquo donde puedan incluirse los nombres de los menores que se teme pueden ser sustraiacutedos por uno de los padres a los efectos de que cuando se solicite un pasaporte a su nombre pueda comunicarse esta circunstancia al otro padre o al oacutergano judicial que solicitoacute la inclusioacuten del nintildeo en dicha lista

3o Que se estrechen los controles fronterizos adoptando las medidas de coordinacioacuten que sean necesarias entre los diferentes Cuerpos y Fuershyzas de la Seguridad del Estado con el fin de evitar que no se cumplan

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las oacuterdenes judiciales de cierre de fronteras y que se deacute la adecuada formacioacuten a los funcionarios policiales destacados en puestos fronterizos para que sean capaces de detectar situaciones de sustraccioacuten de menores y de adoptar en estos casos las actuaciones oportunasraquo



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2o Tipo de ayudas que se ofrecen desde ese Ministerio a las viacutectimas de este tipo de hechos

3o Casos en los que desde ese Ministerio se ha prestado alguna ayuda a personas que se han visto afectadas por alguacuten secuestro de esta naturaleza


En su contestacioacuten entre otras cuestiones se manifiesta que el Minisshyterio de Justicia es el que dispone de los datos sobre el nuacutemero de este tipo de acciones durante los uacuteltimos tres antildeos

Respecto al tipo de ayudas la intervencioacuten de ese Departamento en casos particulares se desarrolla a traveacutes del Servicio Social Internacional que es el oacutergano que hace posible la coordinacioacuten y colaboracioacuten entre los servicios sociales de los distintos niveles administrativos maacutes allaacute de nuestras fronteras

La intervencioacuten de este servicio tiene como finalidad informar sobre las condiciones de vida del menor en su nuevo entorno al progenitor con quien conviviacutea antes del traslado Asimismo se informa al progenitor-susshytractor que el acto realizado incide de forma negativa en el menor pudieacutenshydose iniciar contra eacutel los procesos previstos para la restitucioacuten mediando entre ambos progenitores para posibilitar una solucioacuten asiacute como coopeshyrando con la Administracioacuten de Justicia para la aplicacioacuten del convenio correspondiente

A lo largo de 1997 se abrieron once casos que se refieren a problemas de sustraccioacuten de menores trabajaacutendose en la divulgacioacuten de la probleshymaacutetica planteada a traveacutes de seminarios y difusioacuten de documentos en los que se aborda esta materia


laquo1o Que por parte de ese Ministerio se estudie la posibilidad de crear en coordinacioacuten con los demaacutes departamentos con alguna comshypetencia en esta materia un Centro Nacional de Desaparecidos similar

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al que existe en algunos paiacuteses (Canadaacute y Estados Unidos) con objeto de que desde ese Centro se coordine a todas las administraciones y se simplifiquen los complejos traacutemites de gestioacuten que actualmente se ven obligados a hacer los ciudadanos que quieren recuperar a su hijo Al mismo tiempo tal Centro permitiraacute elaborar unas estadiacutesticas que den a conocer de forma real cuaacutel es la magnitud de este problema En la actualidad ni desde la Fiscaliacutea General del Estado ni desde el Consejo General del Poder Judicial se ha podido facilitar datos sobre el nuacutemero de casos civiles y penales que conocen los Tribunales ya que este tipo de supuestos no estaacuten estadiacutesticamente tratados


2o Que se estudie la posibilidad de constituir un laquoFondo de Coste o Gastosraquo para que se pudiera hacer frente a traveacutes de ayudas a todos aquellos gastos (desplazamientos honorarios etc) que se ven obligados a soportar los ciudadanos afectados por este tipo de problemas Espeshycialmente en los supuestos en los que el progenitor reclamante acredite carecer de bienes propios con los que satisfacer tales gastos

3o Que al margen de las ayudas de tipo econoacutemico desde el citado Servicio Social Internacional se ampliacuteen las prestaciones que se vienen ofreciendo y de esa forma se ofrezca un completo asesoramiento juriacutedico y asistencial asiacute como ayuda y orientacioacuten psicoloacutegica para hacer frente a este tipo de secuestrosraquo



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Recomendacioacuten 691999 de 17 de noviembre sobre regularizacioacuten de la cobertura de puestos de trabajo ocupados provisionalmente por el procedimiento de comisioacuten de servicios


Es de referencia el escrito de V I de fecha 5 de julio del presente antildeo nuacutemero de salida 88 remitiendo informacioacuten relativa a la queja preshysentada ante esta Institucioacuten por dontildea () y registrada con el nuacutemero de expediente arriba resentildeado

Del contenido de su referido informe se desprende que en los cuatro casos a que se contrae la queja se han incumplido las previsiones conshytenidas al efecto en el artiacuteculo 64 del Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administracioacuten General del Estado y de provisioacuten de puestos de trabajo y promocioacuten de la Administracioacuten Geneshyral del Estado aprobado por Real Decreto 3641995 de 10 de marzo tanto en lo relativo a la duracioacuten maacutexima de los nombramientos en comisioacuten de servicios como en lo atinente a la inclusioacuten de los puestos de trabajo cubiertos por dicho sistema en el oportuno concurso de traslados

Especialmente significativo resulta el caso de la funcionaria que lleva ocupando en comisioacuten de servicios el puesto de Auxiliar de Informaacutetica N12 desde el 1 de marzo de 1998 y que con anterioridad ha desempentildeado otros puestos tambieacuten en comisioacuten de servicios ininterrumpidamente desshyde el 7 de marzo de 1994

Los hechos anteriores vienen a desvirtuar la afirmacioacuten con la que se inicia su informe seguacuten la cual los nombramientos en cuestioacuten se jusshytifican por la urgente e inaplazable necesidad del servicio avalando en cambio la tesis mantenida por la promovente seguacuten la cual se estariacutea utilizando esta forma extraordinaria de cobertura de puestos de trabajo para asignar determinados destinos a funcionarios concretos en detrishy

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mento de los principios de igualdad meacuterito y capacidad y por tanto al margen de la finalidad concreta para la que estaacute prevista

Al respecto ha de significarse que la aplicacioacuten del principio de eficacia al que debe centildeir su actuacioacuten toda Administracioacuten puacuteblica obliga a elegir el funcionario maacutes adecuado para el desempentildeo de cada puesto de trabajo incluso en el caso de los cubiertos en comisioacuten de servicios Bien es cierto que la urgencia inherente a este tipo de nombramientos no hace posible un sistema selectivo que garantice absolutamente dicho objetivo pero no es menos cierto que aunque con limitaciones derivadas precisamente de su urgencia siempre es posible un cierto margen de seleccioacuten y para ello es preciso una determinada publicidad que no parece haberse proshyducido en los casos a que se refiere la presente queja

En base a cuanto antecede esta Institucioacuten en el ejercicio de la resshyponsabilidad que le confiere el artiacuteculo 54 de la Constitucioacuten y al amparo del artiacuteculo 30 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo viene a formular a V I la siguiente recomendacioacuten laquoQue se adopten las medidas oportunas para regularizar la cobertura de las plazas a que se refiere la queja de conformidad con lo previsto al efecto en el artiacuteculo 64 del Reglamento General de ingreso del personal al sershyvicio de la Administracioacuten General del Estado y de provisioacuten de puestos de trabajo y promocioacuten de la Administracioacuten General del Estado aprobado por Real Decreto 3641995 de 10 de marzo a que se ha hecho alusioacuten en el cuerpo de este escritoraquo


Recomendacioacuten dirigida al Subsecretario del Ministerio de las Administraciones Puacuteblicas

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Recomendacioacuten 701999 de 17 de noviembre sobre denegacioacuten taacutecita de licencias deportivas de tiro oliacutempico


Es de referencia el escrito de V E de fecha 23 de junio de 1999 registro de salida 99223322 remitiendo informacioacuten relativa a la queja presentada ante esta Institucioacuten por don () Presidente de la AD laquoCanshytabria Club de Tiroraquo y registrada con el nuacutemero de expediente arriba resentildeado

Del contenido de su referido informe y del de la documentacioacuten que lo acompantildea se desprenden los siguientes hechos

Primero El 12 de noviembre de 1998 el Presidente de la Asociacioacuten Deportiva laquoCantabria Club de Tiroraquo presentoacute una reclamacioacuten ante la Direccioacuten General de Deportes frente a la denegacioacuten por parte de la Federacioacuten Caacutentabra de Tiro Oliacutempico de las licencias de determinados miembros de la Asociacioacuten

A dicha reclamacioacuten se adjunta copia del escrito que con esa misma fecha se remitiacutea a la citada Federacioacuten solicitando la reconsideracioacuten de su negativa a expedir una concreta licencia de uno de los socios del Club

Segundo Esta reclamacioacuten tras sendos requerimientos formulados al promovente fue archivada por el Comiteacute Caacutentabro de Disciplina Deporshytiva dependiente de esa Consejeriacutea en base a la falta de aportacioacuten de la resolucioacuten recurrida

A la vista de los hechos expuestos y con independencia de la jusshytificacioacuten o no de la denegacioacuten de las licencias solicitadas ha de cuesshytionarse la decisioacuten de decretar el archivo de las actuaciones en base a la falta de aportacioacuten de la resolucioacuten recurrida cuando del contenido de la reclamacioacuten se desprende claramente que dicha resolucioacuten no es otra que la denegacioacuten taacutecita de determinadas licencias toda vez que con dicha decisioacuten se deja a los interesados en situacioacuten de indefensioacuten

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En base a cuanto antecede esta Institucioacuten en el ejercicio de la resshyponsabilidad que le confiere el artiacuteculo 54 de la Constitucioacuten y al amparo del artiacuteculo 30 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo viene a formular a V E la siguiente recomendacioacuten laquoQue por los oacuterganos competentes de esa Consejeriacutea y en cumplimiento del deber de fiscalizacioacuten de los actos de las Federaciones Deportivas ejeshycutados en el ejercicio de las funciones puacuteblicas que tienen delegadas se proceda a revisar la decisioacuten de la Federacioacuten Caacutentabra de Tiro Oliacutemshypico de denegar taacutecitamente las licencias a que se refiere el promovente y se dicte en consecuencia una resolucioacuten en el sentido que proceda frente a la reclamacioacuten presentada por la Asociacioacuten Deportiva ldquoCantabria Club de Tirordquo cuyo archivo dio lugar a la tramitacioacuten de esta quejaraquo


Recomendacioacuten dirigida al Consejero de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria

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Recomendacioacuten 711999 de 17 de noviembre sobre investigacioacuten de presuntas irregularidades en las pruebas selectivas para acceso al cuerpo de bomberos de Santander


Es de referencia el escrito de V I de fecha 30 de junio del presente antildeo remitiendo informacioacuten relativa a la queja presentada ante esta Insshytitucioacuten por don () y registrada con el nuacutemero de expediente arriba resentildeado

A la vista del contenido de su referido informe esta Institucioacuten se ve en la obligacioacuten de someter a V I las siguientes consideraciones como fundamento de la Resolucioacuten con la que se concluye esta comunicacioacuten

Primera La presente queja se admitioacute a traacutemite ante las alegaciones del promovente sobre la concurrencia de diversas presuntas irregulashyridades que podriacutean haber desvirtuado el resultado de las pruebas selecshytivas para el acceso al Cuerpo de Bomberos de ese Ayuntamiento cuyas bases fueron publicadas en el Boletiacuten Oficial de Cantabria de 31 de diciembre de 1996

Dichas irregularidades se concretaban asiacute

11 La intervencioacuten de uno de los miembros del tribunal incumshypliendo su deber de abstencioacuten Este vocal fue recusado tras haberse celebrado el tercer ejercicio siendo admitida la recusacioacuten pero sin que dicha decisioacuten llevase aparejada medida alguna ni en relacioacuten con la posishyble depuracioacuten de las responsabilidades en que pudiera haber incurrido por incumplir su deber de abstencioacuten ni en cuanto a la validez de los actos en los que el vocal recusado hubiere intervenido

12 La existencia de indicios de filtracioacuten del cuestionario del tercer ejercicio a los opositores que trabajan ya como interinos indicios de tal

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entidad que incluso llevaron a uno de los miembros del tribunal a dejar constancia de ellos en el acta correspondiente a la sesioacuten de correccioacuten del citado ejercicio

Segunda En relacioacuten con la primera irregularidad el informe recishybido de esa Alcaldiacutea se limita a aceptar los hechos alegados por el proshymovente en base a los cuales se admitioacute la recusacioacuten del miembro del tribunal cuestionado por estar incurso en el supuesto del artiacuteculo 132 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admishynistracioacuten General del Estado aprobado por Real Decreto 3641995 de 10 de marzo es decir por haber realizado tareas de preparacioacuten de aspishyrantes a las pruebas selectivas en cuestioacuten

Tercera Esta decisioacuten de admitir la recusacioacuten de un miembro del tribunal calificador no ha llevado aparejada no obstante ni exigencia de responsabilidad alguna por no haber cumplido su deber de abstencioacuten aspecto este que se obvia en su informe ni la revisioacuten de los actos en que el vocal recusado habiacutea intervenido aspecto de la queja que se trata asimismo de eludir al considerarse que no se produce la invalidez dado que dicho vocal figuraba como suplente y sin derecho a voto

Cuarta En cuanto a la segunda irregularidad denunciada en la queshyja esto es la posible filtracioacuten del cuestionario del tercer ejercicio a los opositores que trabajan ya como interinos el informe de esa Alcaldiacutea se limita a calificar tal irregularidad como laquosospechasraquo e laquoindiciosraquo que al no haber sido probados no pueden dar lugar a revisioacuten alguna

Quinta Al respecto debe significarse en primer lugar que del conshytenido del informe recibido de esa Alcaldiacutea no se desprende que se haya realizado la maacutes miacutenima actuacioacuten tendente a comprobar la veracidad de la denuncia y ello a pesar de que la misma se basaba en indicios de tal entidad que incluso llevaron a uno de los miembros del tribunal a incluir en el acta nuacutemero 19 correspondiente a la sesioacuten de correccioacuten del citado ejercicio las siguientes apreciaciones que por su trascendencia conviene reproducir literalmente

laquo() tras coger una serie de exaacutemenes hizo ver al tribunal la rdquocuriosa coincidenciardquo como eacutel mismo denominoacute de que las diez mejores y maacutes destacadas notas coincidieron en fallar todas en una misma pregunta la nuacutemero 36 considerando tambieacuten rdquocuriosordquo que el fallo ademaacutes era en la misma opcioacuten la rdquoardquo que contestaba a la pregunta de lo primero que hacer ante un quemado respondiendo que arrancarle la piel conshytestacioacuten que erroacuteneamente se habiacutea considerado como la correcta y que justo antes de iniciar la correccioacuten se decidioacute por parte del tribunal (a indicacioacuten de los expertos) cambiar la plantilla dejando como opcioacuten vaacutelida la rdquocrdquo

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() interpretoacute que esto soacutelo teniacutea una explicacioacuten las contestaciones del examen han sido previamente filtradas a algunos opositores aunque reconocioacute no tener maacutes pruebasraquo

Sexta Al margen de lo anterior si se observa la distribucioacuten de puntuaciones obtenidas en la prueba en cuestioacuten mdash121 aspirantes obtushyvieron entre 0 y 5 de nota y por tanto suspendieron 16 obtuvieron entre 5 y 8 de nota y 9 fueron puntuados entre 8 y 10mdash resulta ciertamente destacable que los ocho aspirantes que ostentan la condicioacuten de interinos se encontrasen todos ellos entre los nueve que obtuvieron la maacutexima nota y que todos ellos incurrieran en el mismo error de bulto a que antes se ha aludido

Seacuteptima Pero es que ademaacutes si se analizan las actas de las reushyniones del tribunal calificador se puede comprobar (veacutease acta nuacutemero 17) que fue precisamente el miembro del tribunal de quien posteriormente se admitioacute su recusacioacuten uno de los que se encargaron de realizar el cuestionario final de la tercera prueba que por los indicios existentes parece haber sido filtrado a determinados opositores hecho este que por otra parte viene a dejar sin fundamento la decisioacuten de no revisar los actos en que el vocal recusado habiacutea intervenido por tratarse de un vocal sin derecho a voto cuando los hechos parecen indicar lo contrario es decir que la actuacioacuten del vocal recusado tuvo una decisiva importancia en la celebracioacuten del ejercicio cuestionado

En base a cuantas consideraciones quedan expuestas esta Institucioacuten en el ejercicio de la responsabilidad que le confiere el artiacuteculo 54 de la Constitucioacuten y al amparo del artiacuteculo 30 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo viene a formular a V I la siguiente recomendacioacuten laquoQue se lleven a cabo las actuaciones necesarias para la comprobacioacuten de los hechos puestos de manifiesto en el cuerpo de este escrito y en su caso se proceda a la anulacioacuten de la prueba en cuestioacuten y a la depuracioacuten de las responsabilidades en que hubieran podishydo incurrir los miembros del tribunal calificador implicados en las irreshygularidades denunciadasraquo


Recomendacioacuten dirigida al Alcalde del Ayuntamiento de Santander

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Recomendacioacuten 721999 de 18 de noviembre sobre las condiciones de los locales en los que se aloja a los inmigrantes en las Islas Canashyrias


Los pasados diacuteas 11 y 12 de noviembre de 1999 Asesores de esta Institucioacuten visitaron los centros y locales donde estaacuten siendo acogidos los inmigrantes en Fuerteventura y Gran Canaria

En relacioacuten a Fuerteventura de la inspeccioacuten realizada esta Instishytucioacuten pudo constatar que las condiciones existentes no son las maacutes adeshycuadas para dar respuesta a la situacioacuten de los inmigrantes irregulares en la isla El local donde estaacuten alojados que es la antigua terminal del aeropuerto de Fuerteventura carece de ventilacioacuten de aseos con duchas de camas (pues se encuentran los inmigrantes durmiendo en colchones tirados en el suelo) y de teleacutefonos Por otra parte algunos de los inmishygrantes que se encontraban en aquellos momentos internados en esta terminal expresaron su preocupacioacuten por los problemas que seguacuten ellos podriacutea ocasionarles su origen saharaui en Marruecos

Asimismo en la Jefatura de Policiacutea de Fuerteventura donde los Aseshysores se entrevistaron con el Comisario de la misma una de las habishytaciones utilizadas para tener internos a los inmigrantes en esos momenshytos siete u ocho mujeres carece de una ventilacioacuten suficiente Los propios Asesores pidieron al Comisario que al menos la mitad de las mujeres que se encontraban alliacute alojadas fueran cambiadas a otra dependencia lo que fue inmediatamente atendido por el mismo

De la entrevista que tuvieron los Asesores de esta Institucioacuten con el Presidente de la Cruz Roja Espantildeola en Fuerteventura debe desshytacarse que es esta Organizacioacuten la que estaacute soportando casi con exclushysividad los costes econoacutemicos de medicinas y de productos higieacutenico-sanitarios de los inmigrantes irregulares en la isla Manifestoacute tambieacuten

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que a su juicio el antiguo campamento de la Legioacuten seriacutea maacutes adecuado que la terminal del aeropuerto para alojar la inmigracioacuten irregular

En cuanto al Centro de Internamiento de Extranjeros de Las Palmas tanto su funcionamiento como sus instalaciones son en liacuteneas generales aceptables No obstante se interesoacute del Director del Centro que se retishyraran del saloacuten de televisioacuten unos hierros de sillones rotos que podriacutean causar dantildeos fiacutesicos a los internos o ser utilizados por eacutestos de forma peligrosa Debe tambieacuten destacarse la falta de locutorios para que los internos puedan entrevistarse con sus familiares letrados y demaacutes pershysonas que vayan a visitarles

Asimismo le transmito a peticioacuten suya algunas reflexiones del Dipushytado del Comuacuten de Canarias sin duda de relevante intereacutes El Diputado del Comuacuten manifiesta que deben tenerse en cuenta en la nueva Ley de Extranjeriacutea las fraternales relaciones de los paiacuteses iberoamericanos con Canarias derivadas de la emigracioacuten de estas islas hacia aquellos paiacuteses Por esta razoacuten considera que los expedientes para la obtencioacuten de la nacionalidad espantildeola deben gozar de mayor agilidad y que se debe dotar de documentacioacuten provisional a aquellas personas que se encuentren indoshycumentadas hasta tanto se aclare la situacioacuten de cada una de ellas espeshycialmente cuando se trate de mujeres que son objeto de explotacioacuten por bandas mafiosas Tambieacuten aboga porque a personas procedentes de los paiacuteses iberoamericanos no se les exija que tengan que solicitar los visados en sus paiacuteses de origen dado el inmenso trastorno personal y econoacutemico que ello les ocasiona sobre todo cuando llevan muchos antildeos de estancia en nuestro paiacutes

En relacioacuten al resto de la inmigracioacuten especialmente la de procedencia africana el Diputado del Comuacuten destaca la incidencia que la misma proshyduce cuando afecta a poblaciones reducidas como es la de Fuerteventura Por ello entiende necesario una especial sensibilidad y una adecuada coordinacioacuten entre las Administraciones con competencias sobre el proshyblema Tambieacuten destaca la existencia de personas procedentes del Sahara Occidental que se les estaacute tratando como inmigrantes irregulares cuando posiblemente reuacutenen las condiciones legales para que se les conceda el asilo Incide asimismo en la necesidad de personal especializado para tomar decisiones adecuadas y raacutepidas sobre cada inmigrante irregular dentro del plazo que sentildealan las leyes y que se habiliten los presupuestos necesarios para atenciones sobre medicamentos alimentacioacuten y alojashymiento Todas estas medidas no soacutelo tendriacutean por objeto la ayuda al inmishygrante que se encuentra en nuestro paiacutes sino evitar tambieacuten cualquier brote de xenofobia


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valorado la conveniencia de formular a V E la siguiente recomendacioacuten laquoQue por ese Ministerio del Interior se tomen las medidas oportunas al objeto de subsanar las deficiencias que se han expresado en este escrito impartieacutendose las instrucciones al efecto asiacute como se tengan en cuenta las consideraciones hechas por el Diputado del Comuacuten de Canariasraquo



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Recomendacioacuten 731999 de 23 de noviembre sobre el centro de internamiento de extranjeros de Maacutelaga


El pasado 29 de octubre de 1999 un Asesor de esta Institucioacuten visitoacute el Centro de Internamiento de Extranjeros de Maacutelaga (Capuchinos) Fue recibido por el Director del Centro quien de forma muy atenta le ensentildeoacute las dependencias del mismo

Del examen de las instalaciones realizado debe destacarse la situacioacuten de abandono en que se encuentran las mismas y que soacutelo una parte del edificio estaacute habilitada para poder albergar a personas ya sean los propios trabajadores del Centro o los extranjeros alliacute internados Esta zona habishylitada denota precariedad y hace ostensible la necesidad de realizar importantes inversiones econoacutemicas en ella Asimismo seriacutea conveniente que se procediera a habilitar una parte del edificio abandonado para un mejor acogimiento tanto del personal trabajador como de los ciudadanos extranjeros

Las ciudadanas extranjeras no tienen patio propio lo que implica que se encuentran permanentemente dentro del edificio El uacutenico patio exisshytente lo ocupan siempre los varones Ademaacutes parece aconsejable una mayor separacioacuten entre las zonas de hombres y mujeres

A pesar de los evidentes esfuerzos de la direccioacuten del centro y de su personal para tenerlo limpio y en buenas condiciones la precariedad del edificio de los medios y de una ventilacioacuten adecuada impide eliminar un evidente olor a cerrado y a sucio producieacutendose una clara sensacioacuten de humedad

En escrito que tuvo entrada en esta Institucioacuten el 14 de octubre de 1999 del Excmo Sr Ministro del Interior se afirma que existe para el Centro de Maacutelaga laquouna previsioacuten presupuestaria de 70 millones de pesetas para la ejecucioacuten de las obras de mejora de las instalacionesraquo

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lo que constata que hace ya tiempo que se tiene conocimiento en este Ministerio de esta situacioacuten

En virtud de lo dispuesto en el artiacuteculo 301 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo se formula a V E la siguiente recomendacioacuten laquoQue se tomen a la mayor brevedad posible las medidas oportunas al objeto de subsanar las deficiencias del Centro de Intershynamiento de Maacutelaga (Capuchinos) impartieacutendose las instrucciones al efecto por las autoridades competentesraquo



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Recomendacioacuten 741999 de 23 de noviembre sobre la situacioacuten de los ciudadanos extranjeros en huelga de hambre en Melilla


Los diacuteas 16 y 17 de noviembre de 1999 Asesores de esta Institucioacuten han visitado los locales donde un grupo de unos treinta ciudadanos extranshyjeros en su mayoriacutea argelinos se han concentrado voluntariamente con la finalidad de conseguir de las autoridades espantildeolas el permiso pershytinente para su traslado a la Peniacutensula donde seguacuten sus propias manishyfestaciones esperan encontrar trabajo Estos emigrantes procediacutean del campamento conocido como laquoLa Granjaraquo donde eran atendidos con comishyda y alojamiento

Seguacuten criterio de esta Institucioacuten el lugar donde se encuentran actualmente ubicadas estas personas que son unos locales parroquiales no reuacutene las condiciones miacutenimas necesarias para albergarlas Un eleshymental servicio y dos habitaciones grandes constituyen todo el entorno donde habitan Ademaacutes varias de ellas manifestaron encontrarse en huelshyga de hambre de tal forma que soacutelo estaacuten tomando agua con azuacutecar Esta Institucioacuten entiende que lo anterior aconseja que por las autorishydades competentes se tomen las medidas pertinentes que con arreglo a la ley resuelvan esta anoacutemala situacioacuten

En virtud de lo dispuesto en el artiacuteculo 301 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo se ha valorado la conveniencia de formular a V E la siguiente recomendacioacuten laquoQue la Delegacioacuten del Gobierno en Melilla tome las medidas oportunas al objeto de facilitar las necesidades baacutesicas y de subsanar las deficiencias de alojamiento de esos ciudadanos impartieacutendose las instrucciones al efecto sin perjuicio de las resoluciones que conforme a Derecho pueda asimismo adoptar esa Delegacioacutenraquo


Recomendacioacuten dirigida al Delegado del Gobierno en Melilla

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Recomendacioacuten 751999 de 25 de noviembre sobre retrasos de vueshylos y peacuterdida de equipajes en el aeropuerto de Madrid-Barajas


Se ha recibido escrito de V E de 20 de mayo de 1999 referente a la queja F9800093 iniciada de oficio por esta Institucioacuten

El informe evacuado justifica la necesidad de proceder a los cambios de software y equipamiento en la Gestioacuten del Traacutefico Aeacutereo para increshymentar la capacidad de operacioacuten del aeropuerto de Madrid-Barajas y las fechas elegidas de modo que el impacto sobre el desenvolvimiento en las operaciones de traacutefico fuese el menor posible De este modo la capacidad operativa en el momento de mayor intensidad de traacutefico entre el 20 y 25 de junio se redujo un 20 por 100

Ahora bien seguacuten el informe evacuado la capacidad de regulacioacuten a partir del 29 de junio osciloacute entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de las operaciones Esta nueva situacioacuten que se puede considerar de norshymalidad hace que resalten auacuten maacutes las cancelaciones y retrasos en los vuelos y las peacuterdidas de equipajes que se producen ocasionalmente anoshymaliacuteas frente a las cuales no parece suficiente invocar como hace la Direccioacuten General de Aeropuertos Espantildeoles y Navegacioacuten Aeacuterea la posibilidad para el usuario de recurrir al procedimiento de responsashybilidad patrimonial de la Administracioacuten regulado en la Ley 301992 de 26 de noviembre de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblishycas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten para los casos de retrashysos o cancelaciones de vuelos o el previsto en la Ley 401960 de 21 de julio de Navegacioacuten Aeacuterea para las peacuterdidas de equipajes

En el primer caso demoras y cancelaciones de vuelos no es suficiente la regulacioacuten ofrecida del procedimiento de responsabilidad patrimonial establecido en el Tiacutetulo X de la Ley 301992 anteriormente citada porque el mecanismo de exigencia de responsabilidad administrativa establecido

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en esta Ley sin duda de los maacutes avanzados en Europa desde su introshyduccioacuten en la Ley de Expropiacioacuten Forzosa de 1954 no parece desde el punto de vista procedimental el maacutes adecuado para una actividad mdashel transporte aeacutereomdash que se caracteriza por la contratacioacuten en masa con sujetos que en un enorme porcentaje tienen su residencia lejos del lugar en el que la responsabilidad puede ser exigida

En efecto un sencillo examen de los artiacuteculos 141 a 143 de la Ley 301992 y maacutes especiacuteficamente del Real Decreto 4291993 de 23 de marshyzo por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Puacuteblicas en materia de responsabilidad patrimonial exige tanto en el procedimiento general como en el abreviado actos de iniciacioacuten de instruccioacuten audiencia dictamen de la Comisioacuten Permanente del Consejo de Estado y resolucioacuten por el Ministro

Parece claro que este iter procedimental intachable en casos de lesioshynes singulares de bienes y derechos no es el maacutes adecuado para la repashyracioacuten de dantildeos producidos por demoras y cancelaciones de vuelos

La generalizada impresioacuten de indefensioacuten o desamparo del usuario del servicio de transporte aeacutereo ante cancelaciones y retrasos de vuelos debe a juicio de esta Institucioacuten ser combatida por otros procedimientos muchos maacutes aacutegiles y con tendencia a la objetivacioacuten de la responsabilidad salvo en los casos de fuerza mayor que generen mayor confianza en los usuarios y establezcan el estaacutendar de eficacia al que un servicio puacuteblico debe aspirar

Ejemplo de cuanto se sugiere es el servicio de AVE-RENFE pershyfectamente conocido por el Ministerio de Fomento que al menos desde 1994 viene reintegrando a los usuarios el importe del billete cuando se producen demoras superiores a los cinco minutos (sobre el particular circulares 201994 y 201994 bis del Director Comercial de AVE)

Por supuesto el ejemplo expuesto no estaacute dirigido a producir una emulacioacuten mimeacutetica entre servicios cuya problemaacutetica puede ser difeshyrente sino maacutes bien a resaltar coacutemo otros servicios de transporte han alcanzado compromisos de calidad cuyo incumplimiento tiene un efecto de reparacioacuten inmediata en el usuario

Las reflexiones precedentes son trasladables casi en los mismos teacutershyminos al problema de peacuterdida de equipajes siempre que se tengan en cuenta ademaacutes otros datos a saber

1 El artiacuteculo 118 de la Ley 481960 de Navegacioacuten aeacuterea que estashyblece la indemnizacioacuten a cargo del transportista responsable del dantildeo o perjuicio causado por peacuterdida averiacutea o demora en la entrega del equishypaje facturado o de mano y que se enmarca del Capiacutetulo XIII de la Ley

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sobre laquoresponsabilidad en caso de accidenteraquo no responde seguramente en la actualidad a la necesidad de resolver con agilidad los problemas generados al usuario por la demora en la entrega o la peacuterdida del equipaje

Mantener de ser todaviacutea vigente un techo indemnizatorio de diez mil pesetas por unidad extraviada salvo manifestacioacuten previa y aceptacioacuten de valor es algo que faacutecilmente se comprende se aleja sensiblemente de la realidad de las cosas Ni es razonable pensar que cada unidad transshyportada vale como media diez mil pesetas ni la declaracioacuten previa de valor y aceptacioacuten por el transportista parece un procedimiento operativo del traacutefico aeacutereo en masa

Pero lo fundamental sobre todo es la resolucioacuten de los problemas de equipamiento e intendencia que se generan al pasajero cuando su equipaje se extraviacutea o su entrega se demora diacuteas incluso

No es difiacutecil entender que en un inmenso nuacutemero de casos la indemshynizacioacuten cuyo maacuteximo es el precio del transporte difiacutecilmente daraacute una satisfaccioacuten razonable a tales problemas

2 Sobre los problemas de concepcioacuten del sistema indemnizatorio resentildeados anteriormente debe antildeadirse ahora la cuestioacuten de la efectishyvidad de la indemnizacioacuten

Sentildeala la Direccioacuten General de AENA en el informe remitido que la exigencia de laquoresponsabilidades de las peacuterdidas de equipajes puede exigirse seguacuten el procedimiento previsto por el artiacuteculo 118 de la vigente Ley de Navegacioacuten Aeacuterearaquo y que tal reclamacioacuten laquodeberaacute dirigirse a la compantildeiacutea responsable de los servicios de handling (empresa conceshysionaria) que ocasionoacute el problemaraquo

Pues bien forzoso es conocer que el meritado artiacuteculo 118 no establece procedimiento indemnizatorio alguno (se limita a establecer las cantidashydes indemnizables) y menos auacuten sentildeala al responsable del pago

Parece claro que el responsable del equipaje debe ser quien se obliga con el pasajero a transportarlo y que la imputacioacuten del dantildeo a una conshycesionaria o contratista de la empresa de transporte no exime a eacutesta de su responsabilidad sin perjuicio de que la primera pueda repetir conshytra la segunda lo que sea procedente

En definitiva el panorama ofrecido en el informe evacuado dibuja una situacioacuten en la que el pasajero ante la peacuterdida o demora en la entrega de su equipaje desconoce quieacuten es el comitente del dantildeo y el sujeto resshyponsable el procedimiento por el que puede solicitar una indemnizacioacuten en la mayoriacutea de los casos insuficiente cuaacutendo y si se haraacute efectiva y si habraacute respuesta a los problemas que genera la peacuterdida o demora en la entrega de equipajes

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Por lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en los artiacuteculos 28 y 30 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril reguladora del Defensor del Pueblo he resuelto formular la siguiente recomendacioacuten laquoQue por el Ministerio de Fomento se adopten las medidas conducentes a la modishyficacioacuten de las condiciones actuales del transporte aeacutereo de viajeros de modo que se establezcan mecanismos de indemnizacioacuten automaacutetica al pasajero salvo en los casos de fuerza mayor en los casos de demoras significativas en el transporte y asimismo que se proceda a la indemshynizacioacuten automaacutetica al pasajero en los casos de peacuterdida averiacutea o demora en la entrega de equipajes con atencioacuten a los problemas de equipamiento e intendencia que se generenraquo


Recomendacioacuten dirigida al Ministro de Fomento

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Recomendacioacuten 761999 de 25 de noviembre sobre notificaciones de resoluciones que afectan a los objetores de conciencia



En dicho escrito se manifiesta que la fotocopia de los acuses de recibo registrados por el servicio de correos los diacuteas 7 de junio y 23 de agosto de 1991 acredita que se intentoacute la notificacioacuten de la resolucioacuten de la Oficina para la Prestacioacuten Social de los Objetores de Conciencia de 21 de mayo de 1991 que ordena la incorporacioacuten del interesado

En relacioacuten con el cuestionamiento que esta Institucioacuten hizo de dichos acuses de recibo se sentildeala que efectivamente no consta en los mismos la fecha el sello de la oficina y la firma del empleado desconocieacutendose los motivos por los que estos requisitos no fueron cumplimentados

Tras analizar detenidamente el contenido de dicho informe esta Insshytitucioacuten ha valorado la conveniencia de poner en su conocimiento las siguientes consideraciones

La notificacioacuten por medio de anuncios en el tabloacuten de edictos en el Ayuntamiento del uacuteltimo domicilio y en el Boletiacuten Oficial del Estado o de la provincia prevista en el artiacuteculo 803 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 entonces vigente al igual que la prevista en el artiacuteculo 594 de la vigente Ley 301992 de 26 de noviemshybre es un remedio excepcional que ha de quedar sujeto a condiciones rigurosas ya que la recepcioacuten por el destinatario es una ficcioacuten juriacutedica lo que hace necesario haber intentado antes la notificacioacuten por alguno de los medios que garantizan que la resolucioacuten ha llegado realmente a conocimiento de su destinatario

Seguacuten se manifiesta en los informes de esa Secretariacutea de Estado de 12 de enero y de 2 de agosto de 1999 la notificacioacuten fue intentada dos

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veces el 7 de junio y el 23 de agosto de 1991 pero en los acuses de recibo que deberiacutean acreditar que dicha notificacioacuten se habiacutea intentado sin eacutexito no consta ni fecha ni sello de la oficina de correos ni la firma del empleado de dicha oficina

En consecuencia teniendo en cuenta que la garantiacutea de los derechos de los ciudadanos exige para que el recurso excepcional a la notificacioacuten por medio de anuncios sea vaacutelido que exista constancia formal de haberse intentado la praacutectica de las modalidades ordinarias de notificacioacuten debeshyriacutea modificarse el criterio seguido por la Oficina para la Prestacioacuten Social de los Objetores de Conciencia en materia de notificaciones

Por todo cuanto antecede y al amparo de lo dispuesto en el artiacuteshyculo 301 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril hemos considerado conveniente recomendar a V E que imparta las instrucciones oportunas para que la Oficina para la Prestacioacuten Social de los Objetores de Conshyciencia no considere que se ha intentado la notificacioacuten de una resolucioacuten por el servicio de correos a los efectos de su posterior praacutectica por medio de anuncios cuando los acuses de recibo que consten en el expediente no reuacutenan los requisitos necesarios para su validez



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Recomendacioacuten 771999 de 25 de noviembre sobre autorizacioacuten de la presencia del interno durante los registros en su celda y sobre el deber de entrega a los reclusos de una copia de los informes meacutedishycos realizados


Se ha recibido su uacuteltimo escrito (sref P-992) relativo a la queja que se tramita en esta Institucioacuten con el nuacutemero de referencia arriba indicado relativa a la situacioacuten de los internos destinados en el departamento de reacutegimen especial del centro penitenciario de Soto del Real

1 En su escrito no indica si efectivamente los internos en el citado centro penitenciario recibieron contestacioacuten a la carta que ellos enviaron al gabinete del Ministro del Interior con fecha 25 de octubre de 1998 En consecuencia debemos resaltar la negativa impresioacuten que supone para esta Institucioacuten que los presos que sufren un reacutegimen de vida maacutes resshytrictivo no reciban las oportunas contestaciones a los escritos de queja que remiten a esa Administracioacuten cuyo contenido a continuacioacuten aborshydamos

Se referiacutean los presos del departamento de reacutegimen especial en primer lugar y asiacute se le transmitioacute a esa Administracioacuten a la praacutectica de los registros de las celdas se quejaban de que los registros son efectuados de modo irrespetuoso con sus personas y con sus pertenencias Asimismo afirmaban de forma taxativa que nunca se les permitiacutea estar presentes durante la realizacioacuten de estos registros

En su escrito informa que la no presencia del interno mientras se registra su celda no constituye un principio general e inamovible ya que en determinadas circunstancias siacute se le permite estar presente Dada la contradiccioacuten tan evidente entre la informacioacuten solicitada y la afirshymacioacuten de los comparecientes rogamos a V I nos informe de los conshycretos casos en los que en los meses de septiembre de 1998 y septiembre

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de 1999 se haya procedido en el departamento de reacutegimen especial a efectuar este tipo de registros estando presente el preso con expresioacuten del total de registros efectuados en dichos departamentos en ambos meses de este modo podremos tambieacuten confirmar las manifestaciones vertidas en un reciente escrito de un recluso de aquel centro en el que se nos reitera que nada ha cambiado en el departamento de reacutegimen especial desde nuestra uacuteltima visita al centro penitenciario Madrid V (27 de abril de 1999)

En nuestro anterior escrito se realizaron una serie de consideraciones relativas a la naturaleza de los registros en las celdas esa Administracioacuten por su parte manifiesta que se ha de ponderar si resulta aconsejable en base a factores entendemos que de seguridad aunque no se explicitan que el recluso esteacute presente en el momento del registro de su celda Esta Institucioacuten considera que en una materia de la trascendencia del registro de la celda no han de descuidarse factores de seguridad obviashymente pero que no han de ser uacutenicamente eacutestos los que se tengan en cuenta todo ello en base a los argumentos que le fueron expuestos y a los que no se hace ninguacuten tipo de referencia en su escrito

En esencia y con caraacutecter general se sentildealaba como V I recordaraacute que si bien ninguacuten precepto legal ni reglamentario regula el modo en que se han de efectuar los registros de las celdas no obstante si se previene en el artiacuteculo 3 de la Ley Orgaacutenica General Penitenciaria que la actividad penitenciaria se ejerceraacute respetando en todo caso la pershysonalidad humana de los recluidos y los derechos e intereses juriacutedicos de los miembros no afectados por la condena El Reglamento Penitenshyciario en su artiacuteculo 71 establece que las medidas de seguridad entre las que se incluyen loacutegicamente los registros de celda se efectuaraacuten resshypetando la dignidad de las personas y los derechos fundamentales espeshycialmente (pero no soacutelo) cuando se efectuacuteen directamente sobre las pershysonas

Si bien ninguacuten precepto obliga a que esteacute presente el preso en el momento del registro de su celda tambieacuten es cierto que ninguacuten precepto lo prohiacutebe Por esta razoacuten seriacutea deseable efectuar una interpretacioacuten no restrictiva de la aplicacioacuten de los derechos fundamentales Entendiendo como hace esta Institucioacuten creemos que en coincidencia con esa Admishynistracioacuten que la celda y su contenido pertenecen al reducto de la intishymidad de la persona y que eacutesta posee caraacutecter de derecho fundamental De este modo y a falta de regulacioacuten especiacutefica la autorizacioacuten de la presencia del interno al momento de efectuar el registro de su celda y pertenencias como norma general resultariacutea maacutes acorde con el respeto de sus derechos que su denegacioacuten

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2 Por lo que respecta a la atencioacuten sanitaria en su informe se nos expresa que al realizar la consulta diaria laquose establece una comunicacioacuten previa con el interno mediante el sistema de media apertura aunque no es eacuteste el modo de efectuar los reconocimientos sanitariosraquo Los comshyparecientes en su escrito no diferencian entre los distintos modos de atenshycioacuten sanitaria a los que hace referencia V I en su escrito y entendemos que tampoco es necesario hacerla ellos centran su queja en que entienden que es poco digno que la mayor parte de las veces que son atendidos por el meacutedico con independencia de que tal atencioacuten sea meramente comunicativa (aunque no por ello desprovista de caraacutecter asistencial en sentido amplio) se haga a traveacutes de una rendija de la puerta de su celda

Entendemos que no puede estimarse dejando a salvo las imprescinshydibles medidas de seguridad que sea una actuacioacuten correcta de esa Admishynistracioacuten que como norma general determinados actos de los facultativos que atienden a las personas privadas de libertad y destinadas en un deparshytamento de reacutegimen especial se efectuacuteen por una rendija de la puerta de la celda

Por lo que respecta a la entrega de la copia del informe meacutedico efecshytuado tras la aplicacioacuten de medios coercitivos y a la entrega de copia de los resultados de la analiacuteticas que se realizan a los internos se efecshytuaron ciertas consideraciones a las que no se hace referencia en su escrishyto pese al intereacutes que tiene tal cuestioacuten toda vez que el desarrollo praacutecshytico del artiacuteculo reglamentario que desarrolla este aspecto y que se cita en su escrito presenta problemas de aplicacioacuten praacutectica como esa Direcshycioacuten General ha informado en otras ocasiones

3 En relacioacuten a la dotacioacuten de mobiliario se nos informa que esa Administracioacuten tiene previsto instalar en los patios de aislamiento unos bancos Rogamos a V I confirme su instalacioacuten toda vez que en una comunicacioacuten del mes de agosto del presente antildeo un recluso destinado en este departamento nos informaba que tales bancos no habiacutean sido instalados permaneciendo la situacioacuten tal y como fue puesta de manifiesto en nuestro anterior escrito Tambieacuten se nos expresaba que los patios carecen de toda proteccioacuten contra la intemperie circunstancia que preoshycupa a los reclusos de cara a la llegada del proacuteximo invierno

Por lo que atantildee a las actividades deportivas ocupacionales y recreashytivas el recluso compareciente antes referido nos sentildeala que tras la visita que los Asesores de esta Institucioacuten realizaron al centro ellos acordaron participar en las actividades que se les ofreciera No obstante continuacutea calificaacutendolas de insuficientes Asiacute sentildeala que la denominacioacuten de polishydeportivo atribuida al patio habilitado para su uso deportivo es excesivo ya que las actividades que se pueden realizar son muy escasas y el mateshyrial claramente insuficiente Asimismo se nos sentildeala que la sala de uso

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comuacuten tiene muy pocos elementos luacutedicos que les permita ocupar su ocio Tambieacuten se hace alusioacuten a que durante un periacuteodo del pasado mes de agosto no se les permitioacute salir ni al patio deportivo ni a la sala de uso comuacuten (al parecer el educador olvidoacute programar sus salidas a estas actishyvidades)

Seguacuten nos expresa las uacutenicas actividades ocupacionales que se pershymiten en la celda son escribir cartas ver la televisioacuten y leer libros actishyvidad esta uacuteltima que seguacuten nos expone cada vez encuentra mayores dificultades pues en ocasiones pasan semanas sin que se les permita acceder al preacutestamo de nuevos libros

Reconoce el compareciente que un aspecto ha mejorado desde nuestra anterior visita se sentildeala que la comida llega caliente con mayor frecuenshycia

4 Por uacuteltimo se nos informa que el diacutea 10 de mayo de 1999 el titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nuacutemero 1 de Madrid dictoacute un auto relativo a las condiciones de vida del departamento de reacutegimen espeshycial cuyo contenido seguacuten nos manifiesta no estaacute siendo acatado por esa Administracioacuten En consecuencia rogamos informe al respecto y remishyta copia de la citada resolucioacuten judicial

5 Por lo que respecta a la queja de don () es preciso conocer las razones por las que existiendo dos centros penitenciarios en la Comunidad Autoacutenoma de Galicia con instalaciones adecuadas y en uso para internos en primer grado no se ha procedido al traslado del compareciente vincushylando su traslado a una eventual progresioacuten de grado

A la vista de lo expuesto esta Institucioacuten al amparo del artiacuteculo 30 de su Ley Orgaacutenica reguladora y en medida en que la cuestioacuten expuesta afecta a derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos ha valorado la conveniencia de dar traslado a V I de la siguiente recoshymendacioacuten laquoPara que se dicten normas internas que posibiliten la autoshyrizacioacuten de la presencia del interno al momento de efectuar el registro de su celda y pertenencias Asimismo se recomienda que se dicten normas internas para que salvo que concurran especiacuteficos y justificados motivos de seguridad se evite que cualquiera de los actos de los facultativos que atienden a las personas privadas de libertad destinadas en un deparshytamento de reacutegimen especial se efectuacuteen por una rendija de la celda Tambieacuten se insta en la presente recomendacioacuten a que a la mayor brevedad posible se proceda con caraacutecter general y con independencia de la solishycitud del interno a la entrega de copia de los informes meacutedicos efectuados tras la aplicacioacuten de medios coercitivos que hayan supuesto la existencia de lesiones de cualesquiera consideracioacuten y a la entrega de copia de las analiacuteticas que se les efectuacuteen en el seguimiento de las enfermedades que padezcanraquo

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En otro orden de cosas solicitamos se nos informe de la definitiva instalacioacuten del mobiliario referido en el apartado 3 del presente escrito y demaacutes cuestiones puestas de manifiesto en el mismo Tambieacuten se solicita que informe respecto del presunto incumplimiento de la resolucioacuten judishycial aludida en el paacuterrafo 4 interesando ademaacutes se remita copia de la misma

Por uacuteltimo se solicita informe del motivo por el que don () no ha sido trasladado a un centro de la Comunidad Autoacutenoma de Galicia



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Recomendacioacuten 781999 de 26 de noviembre sobre plazo de admishysioacuten de solicitudes de determinados programas de becas


Ha comparecido a traveacutes del Diputado del Comuacuten don () con domishycilio en Las Palmas de Gran Canaria presentando queja que ha quedado registrada con el nuacutemero arriba indicado

El firmante de la queja ha finalizado en el curso acadeacutemico 1998-1999 los estudios de Turismo en la Facultad de Ciencias Econoacutemicas y Empreshysariales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria habiendo presentado el 8 de julio de 1999 el Proyecto de Fin de Carrera

El sentildeor () se dirige a esta Institucioacuten manifestando su disconforshymidad ante la imposibilidad de concurrir a la convocatoria de las becas laquoTurismo de Espantildearaquo 1999 para espantildeoles para realizar estudios de postshygrado en universidades o centros de reconocido prestigio espantildeoles y extranjeros hecha puacuteblica por Resolucioacuten de 4 de junio de 1999 de esa Secretariacutea de Estado (Boletiacuten Oficial del Estado de 11 de junio de 1999) teniendo en cuenta que el plazo de presentacioacuten de solicitudes finalizaba antes de la fecha en la que previsiblemente la propia Universidad estariacutea en disposicioacuten de facilitarle la documentacioacuten imprescindible para poder participar en la convocatoria

La convocatoria a la que se refiere esta queja estaacute dirigida a posibilitar la realizacioacuten de estudios de postgrado en el curso 1999-2000 a titulados superiores universitarios y teacutecnicos de empresas y actividades turiacutesticas

Sin embargo y pese al deseable caraacutecter de continuidad e inmediatez que deben tener los estudios de postgrado respecto de los estudios de 1er y 2do ciclo que los preceden la convocatoria no permite acceder a las becas a los alumnos que finalizaron estudios en el curso acadeacutemico 1998-1999 dado que seguacuten se especifica en sus bases el aspirante debe aportar laquofotocopia compulsada del tiacutetulo acadeacutemico o del resguardo de

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haber abonado los derechos para su expedicioacuten y de la certificacioacuten acashydeacutemica de las calificaciones obtenidas en los cursos realizados para la obtencioacuten del citado tiacutetuloraquo (base seacuteptima apartado 22) documentos que de acuerdo al habitual calendario acadeacutemico difiacutecilmente estaraacuten disshyponibles para el solicitante en la fecha sentildealada en la convocatoria

En consecuencia y al amparo de lo dispuesto en el artiacuteculo 301 de la Ley Orgaacutenica 31981 reguladora de la Institucioacuten del Defensor del Pueblo se procede a formular a V E la siguiente recomendacioacuten laquoQue se valore la posibilidad de que en sucesivas convocatorias el plazo de admisioacuten de solicitudes posibilite la participacioacuten en el concurso de los alumnos que finalicen los estudios en el curso acadeacutemico inmediatamente anterior a aquel para el que se convocan estas becasraquo


Recomendacioacuten dirigida a la Secretaria de Estado de Comercio Turismo y de las Pequentildeas y Medianas Empresas

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Recomendacioacuten 791999 de 26 de noviembre sobre prioridad en la adjudicacioacuten de plazas universitarias a alumnos imposibilitados de participar en las pruebas de acceso de la convocatoria del mes de julio


Con motivo de la tramitacioacuten de la queja Q9619282 presentada en nombre de su hijo por dontildea () dirigimos a esa Direccioacuten General con fecha 27 de noviembre de 1996 una recomendacioacuten en orden a que las modificaciones en curso de las normas reguladoras de las pruebas de aptitud para el acceso a la universidad incluyeran las previsiones relativas a la posibilidad de efectuar un segundo llamamiento en la convocatoria de junio para aquellos alumnos que por causa debidamente justificada no puedan presentarse al primero (se adjunta una copia mdashDoc nuacutem 1mdash)

En respuesta a lo anterior se remitioacute una comunicacioacuten de ese orgashynismo en la que al margen de significar que se dariacutea cuenta del contenido de la recomendacioacuten al grupo de trabajo constituido en el seno del Consejo de Universidades para que fuera tenida en cuenta en el Proyecto ya en marcha de modificacioacuten del Real Decreto 10051991 de 14 de junio por el que se regulaban los procedimientos de ingreso en Centros Univershysitarios se sentildealaba que el Real Decreto 4061988 de 29 de abril modishyficado por el Real Decreto 801993 de 28 de mayo sobre organizacioacuten de las pruebas de aptitud para el acceso a la universidad se contemplaba en su artiacuteculo 3 la posibilidad excepcional de realizar maacutes de una conshyvocatoria en tales pruebas (se adjunta una copia mdashDoc nuacutem 2mdash)

El precitado artiacuteculo 3 dicta cuanto sigue

laquoUno Las Universidades organizaraacuten las pruebas de forma que denshytro de cada convocatoria de junio y septiembre exista un uacutenico llamamiento por materia para todos los alumnos

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Dos No obstante lo dispuesto en el apartado anterior en los supuesshytos de imposibilidad material se realizaraacuten el menor nuacutemero de llamashymientos posibles y se procuraraacute la uniformidad entre las pruebas de forma que eacutestas sean similares en su contenido y equivalentes en su nivel de exigenciaraquo

Analizado el referido precepto debe concluirse que su contenido texshytual si bien autoriza excepcionalmente a las universidades en supuestos de imposibilidad material a establecer maacutes de un llamamiento por conshyvocatoria mdashlimitando eacutestas a la de junio y la de septiembremdash sin embargo en la praacutectica las universidades siguiendo la norma general que preceptuacutea el apartado uno de este artiacuteculo establecen un calendario de celebracioacuten de exaacutemenes que contempla un solo llamamiento por convocatoria mdashfishyjaacutendose en algunos supuestos posteriormente y para casos aislados a lo sumo un segundo llamamiento con pocos diacuteas de diferencia entre ambosmdash y dos convocatorias por curso acadeacutemico

Esta situacioacuten ha continuado motivando quejas ante esta Institucioacuten como la queja nuacutemero Q9908267 planteada por una alumna de una unishyversidad de Madrid que no pudo concurrir a los llamamientos de la conshyvocatoria de junio por estar ingresada en los diacuteas en los que quedoacute estashyblecido el calendario para la realizacioacuten de las pruebas de acceso en las universidades puacuteblicas de Madrid fijado para los diacuteas 22 y 23 de junio por la Comisioacuten Interuniversitaria de Madrid ni el proporcionado excepshycionalmente para su caso concreto establecido para el diacutea 23 de junio perdiendo asiacute la oportunidad de que su solicitud de ingreso fuera valorada en primer lugar en el orden de prelacioacuten dado que se vio obligada a presentarse en la convocatoria del mes de septiembre del mismo curso

Debe sentildealarse por otra parte que el Real Decreto 7041999 de 30 de abril por el que se regulan los procedimientos de seleccioacuten para el ingreso en los centros universitarios de los estudiantes que reuacutenan los requisitos legales necesarios para el acceso a la universidad si bien introshyduce diversas innovaciones que no procede valorar en este momento sin embargo no ha establecido novedad alguna al respecto toda vez que entre las solicitudes de los alumnos que finalizan los estudios previos en el mismo curso acadeacutemico y que solicitan acceder a la universidad continuacutean teniendo prioridad las de aquellos que superaron las pruebas de acceso en la uacutenica convocatoria ordinaria que contempla que es la de junio del antildeo en curso sin que se prevea a lo largo de su articulado ninguna foacutermula para posibilitar el disfrute de tal prioridad a los alumnos que por imposhysibilidad material fehacientemente justificada no pudieran concurrir a la misma

Dada la relevancia que la normativa actual confiere a la superacioacuten de las pruebas en la convocatoria de junio del antildeo en curso a efectos

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de conseguir el primer lugar en el orden de prelacioacuten para la adjudicacioacuten de plazas respecto a la de septiembre del mismo curso deberiacutea existir alguacuten sistema que impidiera que los alumnos que se encuentren desde un punto de vista acadeacutemico en disposicioacuten de concurrir a las mismas pero que por imposibilidad material debidamente acreditada no pueden realizarlas en las fechas establecidas se vean imposibilitados para optar a una plaza en igualdad de condiciones que el resto de alumnos

Entiende esta Institucioacuten que para tales supuestos y con los requishysitos que se consideren oportunos exigir resultariacutea conveniente estableshycer alguna foacutermula que permitiera que las solicitudes de acceso de estos alumnos con independencia de la convocatoria en la que realizaron las pruebas fueran consideradas en el mismo lugar en el orden de prelacioacuten que las de los alumnos que concurrieron al llamamiento de la convocatoria del mes de junio del antildeo en curso

En consecuencia en base a ideacutenticos fundamentos que se recogen en la resolucioacuten del Defensor del Pueblo que se sentildeala al comienzo de este escrito y al amparo de lo dispuesto en el artiacuteculo 301 de la Ley Orgaacutenica 31981 reguladora de esta Institucioacuten se procede a formular a V E la siguiente recomendacioacuten laquoQue se modifique la vigente norshymativa sobre organizacioacuten de las pruebas de aptitud para el acceso a la Universidad de forma que incluya la foacutermula de confeccioacuten del calenshydario de las pruebas que se estime maacutes conveniente para que a la hora de establecer las prioridades en la adjudicacioacuten de plazas las univershysidades puedan considerar que el alumno superoacute las pruebas en la conshyvocatoria de junio del antildeo en curso cuando lo hizo posteriormente a causa de una imposibilidad material fehacientemente justificadaraquo


Recomendacioacuten dirigida al Director General de Ensentildeanza Supeshyrior e Investigacioacuten Cientiacutefica

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Recomendacioacuten 801999 de 26 de noviembre sobre respeto a los principios de proporcionalidad y seguridad juriacutedica en el ejercicio de la potestad sancionadora


Se ha recibido escrito de V E en el que contesta a la queja formulada por don () que fue registrada en esta Institucioacuten con el nuacutemero arriba indicado al que se acompantildea un informe de la Seccioacuten de Asuntos Geneshyrales de la Junta Municipal de Villa de Vallecas en el que se propone a esa Alcaldiacutea la desestimacioacuten de la Sugerencia formulada por esta Insshytitucioacuten en fecha 29 de abril de 1999 en relacioacuten con varias sanciones impuestas al interesado por la realizacioacuten de unas obras en la terraza de su vivienda sin solicitar la preceptiva licencia

En el mencionado informe se argumenta que laquono se impusieron multas sancionadoras maacutes que en una ocasioacuten previo procedimiento adecuado por haberse efectuado las obras sin disponerse de licencia municipal y que por existir otro iliacutecito distinto la desobediencia se impusieron con caraacutecter coercitivo en un periacuteodo de antildeos uacutenicamente tres sanciones cuando en aplicacioacuten de la legislacioacuten vigente en aquellas fechas y criterios jurisprudenciales de general conocimiento hubiera sido posible la imposhysicioacuten de este tipo de sanciones diariasraquo

Igualmente en relacioacuten con lo anterior la citada seccioacuten manifiesta que la legalidad de reiterar multas coercitivas se fundamenta en la faculshytad conferida a esa Administracioacuten para obligar al interesado a que cumshypla sus obligaciones por los artiacuteculos 95 y 961c) de la Ley 301992 de 26 de noviembre Asimismo se sentildeala que dichas multas pueden ser impuestas repetidamente con el fin de que el obligado cumpla lo ordenado y que la Ley Especial de Madrid de 11 de julio de 1963 todaviacutea vigente dispone que las multas que se impongan por desobediencia podraacuten llegar a 10000 pesetas

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Tras analizar detenidamente el contenido de dicho informe procede efectuar las siguientes consideraciones

1 El artiacuteculo 96 de la Ley 301992 de 26 de noviembre cuando regula los medios de ejecucioacuten forzosa entre los que se encuentra la multa coercitiva establece que debe respetarse siempre el principio de proporcionalidad lo que podriacutea resultar contradictorio con la afirmacioacuten de que las multas coercitivas pueden ser impuestas repetidamente sin estar sujetas a liacutemite alguno hasta el punto de considerar ajustada a Derecho la posibilidad de reiterar diariamente una sancioacuten de esta natushyraleza durante antildeos En efecto las multas coercitivas como sentildeala el Tribunal Supremo en su Sentencia de 20 de octubre de 1992 laquodeben adecuarse a la gravedad de la infraccioacuten y trascendencia negativa que al intereacutes puacuteblico represente el cumplimiento de una obligacioacutenraquo

2 En el escrito de esta Institucioacuten de 29 de abril de 1999 se poniacutea de manifiesto que el expediente sancionador por infraccioacuten urbaniacutestica cuya resolucioacuten dio lugar a una sancioacuten de 7500 pesetas se referiacutea a los mismos hechos que habiacutean fundamentado las tres multas coercitivas impuestas al interesado

En el informe remitido por esa Alcaldiacutea se subraya la distincioacuten entre el caraacutecter coercitivo de las multas impuestas por desobediencia y el caraacutecter sancionador de la multa de 7500 pesetas lo que permitiriacutea comshypatibilizar las distintas sanciones al tratarse de iliacutecitos distintos

Debe recordarse en este sentido que el artiacuteculo 83 de la Ley Especial de Madrid de 11 de julio de 1963 no soacutelo establece que las multas que imponga el Alcalde por desobediencia a su autoridad podraacuten llegar a 10000 pesetas sino que tambieacuten dispone que en el caso de que en Ordeshynanzas Reglamentos o Bandos fuera sentildealada cuantiacutea para las multas por infraccioacuten de sus preceptos se aplicaraacute la sancioacuten que alliacute se fije

Dicho artiacuteculo por tanto excluye la imposicioacuten de multas por desoshybediencia en el caso de que esteacuten previstas sanciones por infraccioacuten de los preceptos de otros textos o normas legales lo que a juicio de esta Institucioacuten ocurririacutea en el presente caso dado que la normativa urbashyniacutestica en vigor contempla la imposicioacuten de sanciones por infraccioacuten urbashyniacutestica como se evidencia en la posterior actuacioacuten de ese Ayuntamiento al imponer una multa de 7500 pesetas En consecuencia la imposicioacuten de multas coercitivas resultariacutea improcedente al no estar amparada en el artiacuteculo 8 de la Ley Especial de Madrid

3 En el mismo informe se indica que la sancioacuten por infraccioacuten urbashyniacutestica se impone por haber efectuado las obras sin disponer de licencia municipal y que las multas coercitivas se imponen por desobediencia aunque no se precisa el mandato que se desobedecioacute

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Sin embargo la procedencia de una multa coercitiva exige que se haya determinado con claridad la obligacioacuten cuyo cumplimiento se requieshyre y el lapso de tiempo en que ha de cumplirse con el apercibimiento de que se impondraacute la sancioacuten pecuniaria en caso de incumplimiento por lo que loacutegicamente no podraacute establecerse la obligacioacuten de forma ambigua ni sancionar por el incumplimiento de una obligacioacuten distinta a aquella que dio origen al apercibimiento

En caso aquiacute planteado el Jefe de la Oficina Municipal de la Junta Municipal de Vallecas requiere al denunciado mediante escrito de 1 de febrero de 1989 para que laquoproceda a solicitar en el plazo de dos meses la oportuna licencia que ampare dichas obras conforme a lo dispuesto en el artiacuteculo 185 de la Ley del Suelo y artiacuteculo 21 de la Ley 41984 de la Comunidad Autoacutenoma de Madrid sobre Medidas de Disciplina Urbashyniacutesticaraquo lo que cumplimentoacute el interesado el 15 de marzo de 1989 por lo que en principio no cabe la imposicioacuten de ninguna multa por el incumshyplimiento de esta obligacioacuten

Por otra parte en dicho escrito no se incluye el apercibimiento de que en el caso de incumplimiento se impondriacutean multas coercitivas al amparo de lo dispuesto en el artiacuteculo 83 de la Ley Especial de Madrid sino que se limita a advertir que podraacuten disponerse las medidas que se detallan en el propio escrito

A pesar de ello las multas coercitivas fueron impuestas por no dar cumplimiento a la orden de legalizacioacuten de obras de 1 de febrero de 1989 que como se menciona maacutes arriba siacute fue cumplimentada al solicitar el interesado la licencia en el plazo otorgado al efecto

Dicha licencia por otra parte no se otorgoacute al no aportar el mismo la documentacioacuten complementaria que le requirioacute la Junta Municipal un proyecto de conjunto de los cerramientos de terrazas de la fachada reashylizado y aprobado por la Comunidad de Propietarios En este punto es necesario sentildealar que dicho proyecto no podiacutea ser aportado dado que el promovente habiacutea sido denunciado precisamente por la Comunidad de Propietarios al no haber realizado el cerramiento de su terraza en la forma acordada por la Comunidad en su diacutea por lo que no resultaba posible evidentemente que la Comunidad denunciante aprobase un proshyyecto autorizando aquello que habiacutea denunciado

En consecuencia las multas coercitivas fueron impuestas por el incumplimiento de la obligacioacuten de aportar determinada documentacioacuten que parece que era de imposible cumplimiento y que ademaacutes era distinta a la obligacioacuten por cuyo incumplimiento se apercibioacute al interesado el 1 de febrero de 1989 lo que supondriacutea una vulneracioacuten del principio de seguridad juriacutedica

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Por lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en los artiacuteculos 28 y 30 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril reguladora del Defensor del Pueblo se ha considerado procedente formular la siguiente recomenshydacioacuten laquoQue por parte de ese Ayuntamiento se den las oacuterdenes oportunas para que en el ejercicio de la potestad sancionadora se respeten los prinshycipios de proporcionalidad y de seguridad juriacutedica asiacute como liacutemites y condiciones que la propia norma sancionadora establece en este caso el artiacuteculo 83 de la Ley Especial de Madridraquo



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Recomendacioacuten 811999 de 26 de noviembre sobre los liacutemites de horarios para las actividades en los locales incluidos en la zona acuacutesshyticamente contaminada


Se ha recibido escrito de V I de 21 de julio de 1999 (Salida nuacutem 82) referente a la queja Q9906742 formulada por dontildea () Presidenta de la Federacioacuten de Asociaciones de Vecinos de Palma de Mallorca

Esta Institucioacuten ha estudiado detenidamente el contenido del informe remitido en el que se detallan las actuaciones de control de ruidos reashylizadas en los establecimientos de ocio ubicados en el barrio de La Lonja

No obstante lo anterior y con posterioridad a la recepcioacuten del escrito de V I se ha recibido nueva comunicacioacuten de los promoventes junto a la cual aporta copia de la Sentencia nuacutemero 5411999 del Tribunal Superior de las Islas Baleares dictada en el recurso contencioso admishynistrativo planteado por la Asociacioacuten de Vecinos del Puig de San Pere contra ese Ayuntamiento

Como esa Administracioacuten conoce los Fundamentos de Derecho de la indicada Sentencia clarifican el conflicto existente entre los vecinos residentes en dicho barrio y el funcionamiento de las actividades de los establecimientos puacuteblicos de ocio y en definitiva afronta el grave proshyblema de la contaminacioacuten acuacutestica que padece la zona en cuestioacuten

Esta Institucioacuten como no puede ser de otro modo debe examinar el problema planteado a la luz de la jurisprudencia dictada por los Trishybunales de justicia y en este caso concreto como es loacutegico teniendo en cuenta la argumentacioacuten juriacutedica contenida en la Sentencia citada

Tal como se establece en el Fundamento Juriacutedico 3o de la expresada resolucioacuten judicial parece que no debe ser objeto de discusioacuten el que las molestias por ruidos que afectan al barrio de la Lonja y que han

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derivado en la declaracioacuten ZAC a parte de dicho barrio proceden de la aglomeracioacuten de personas en la calle y fuera de los locales (bares cafeacutes restaurantes cafeacutes-concierto y similares) en horario nocturno Es decir el problema de la contaminacioacuten acuacutestica de la zona no deriva tanto de la muacutesica del interior de los locales como del ruido que genera la afluencia de puacuteblico en el exterior de los mismos y a causa de la acushymulacioacuten de usuarios en unas estrechas calles con una alta concentracioacuten de locales de ocio nocturno

Por ello el Tribunal considera que no cabe sino concluir que las medishydas adoptadas por el Ayuntamiento y que han llevado a la Declaracioacuten de Zona Acuacutesticamente Contaminada son insuficientes para corregir el problema de la contaminacioacuten acuacutestica de la zona luego debe entenderse que las medidas adoptadas no son congruentes con las situaciones a correshygir por la simple razoacuten de que no la corrigen lo que inevitablemente obliga a que se adopte la otra solucioacuten prevista y no adoptada laquoimponer liacutemites de horarios de funcionamiento o de apertura al puacuteblico tanto para las actividades existentes como para las que se puedan autorizarraquo

Es significativa la tesis sentada en dicha Sentencia sobre la prevashylencia de los intereses en juego que contempla que en definitiva es prioritario el derecho a la intimidad e integridad fiacutesica de los ciudadanos asiacute como el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y de ver protegida su salud sobre los intereses econoacutemicos de los empresarios que ejercitan una actividad que de manera directa o indirecta genera molestias a terceros

El contenido del Fallo estima parcialmente el recurso en lo que aquiacute interesa que es declarar el derecho de los recurrentes a que por ese Ayuntamiento se proceda a la imposicioacuten de liacutemites de horarios de funshycionamiento o apertura al puacuteblico tanto para las actividades existentes como para las que puedan autorizarse en los locales afectados por la Declaracioacuten de Zona Acuacutesticamente Contaminada de una zona del barrio de La Lonja de esa ciudad

Como esa Administracioacuten conoce corresponde al Defensor del Pueblo la defensa de los derechos contemplados en el Tiacutetulo I de la Constitucioacuten entre los cuales se encuentra el derecho a la intimidad personal y familiar (art 181) el derecho a la vida y a la integridad fiacutesica y moral (art 15) el derecho a la proteccioacuten de la salud (art 43) y el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado (art 45) asiacute como el conseguir que las Administraciones Puacuteblicas adecuen su actuacioacuten hacia un respeto y defenshysa de tales derechos


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del Pueblo he resuelto formular la siguiente recomendacioacuten laquoQue esa Administracioacuten proceda a la imposicioacuten de liacutemites de horario de funcioshynamiento o apertura al puacuteblico de las actividades incluidas dentro de la Zona Acuacutesticamente Contaminada con el fin de preservar los derechos de los ciudadanos y de hacer prevalente el derecho al descanso a la salud y a la inviolabilidad del domicilio por encima de otros y en definitiva para corregir el grave problema de contaminacioacuten acuacutestica que padecen determinados barrios de ese municipioraquo


Recomendacioacuten dirigida al Alcalde del Ayuntamiento de Palma de Mallorca

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Recomendacioacuten 821999 de 29 de noviembre sobre la atencioacuten sociosanitaria y aspectos conexos


A lo largo de los antildeos de funcionamiento de la Institucioacuten del Defensor del Pueblo se ha puesto de manifiesto en un nuacutemero significativo de quejas la situacioacuten de aquellas personas que por no precisar un trashytamiento exclusivamente sanitario ni requerir soacutelo una atencioacuten social encuentran dificultades para solucionar sus problemas al no ser cabalshymente atendidos ni por el sistema nacional de salud ni por los sistemas de accioacuten social

La persistencia de la indicada situacioacuten parece aconsejar la constishytucioacuten de un espacio sociosanitario o cuando menos el establecimiento de los adecuados cauces de coordinacioacuten que permitan dar una respuesta coherente a aquellas personas que presentan problemas a los que no es posible dar una solucioacuten mediante la aplicacioacuten de medidas exclusishyvamente sanitarias o sociales

Es muy cierto sin embargo que las distintas administraciones puacuteblishycas no han permanecido impasibles ante la indicada cuestioacuten Asiacute en el antildeo 1993 el Ministerio de Sanidad y Consumo y el entonces Ministerio de Asuntos Sociales celebraron un acuerdo marco de coordinacioacuten socio-sanitaria cuya primera aplicacioacuten fue un convenio de colaboracioacuten para la atencioacuten sociosanitaria de las personas mayores Por su parte en el aacutembito autonoacutemico tambieacuten se han implantado instrumentos destinados a la constitucioacuten de un espacio sociosanitario siendo el maacutes destacado de todos ellos el programa desarrollado en Cataluntildea a partir de 1986

Las presentes recomendaciones se extraen de un informe monograacutefico realizado con la inapreciable colaboracioacuten de la Sociedad Espantildeola de Geriatriacutea y Gerontologiacutea y de la Asociacioacuten Multidisciplinaria de Gerontologiacutea Su texto completo incluyendo los estudios previos puede consultarse en Informes estudios y documentos La atencioacuten sociosanitaria en Espantildea persshypectiva gerontoloacutegica y otros aspectos conexos Madrid Defensor del Pueblo 2000

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al que han seguido maacutes tarde los establecidos por otras comunidades como es a tiacutetulo de ejemplo el caso de la Comunidad Valenciana donde en el antildeo 1995 se implantoacute el programa especial para la atencioacuten a pacienshytes ancianos a pacientes de larga evolucioacuten y a pacientes en situacioacuten terminal (PALET) y se suscribioacute un acuerdo de coordinacioacuten sociosashynitaria por las Consejeriacuteas de Sanidad y Consumo y de Trabajo y Asuntos Sociales Por su parte en Castilla y Leoacuten se aproboacute en el antildeo 1998 un plan de atencioacuten sociosanitaria En otras comunidades se han previsto asimismo algunas medidas para la coordinacioacuten de los servicios sanitarios y de los servicios sociales

Asiacute las cosas parece llegado el momento de disponer de un marco coherente y generalizado respecto de la atencioacuten sociosanitaria En efecto el previsible incremento de determinados segmentos de la poblacioacuten que precisan este tipo de atencioacuten y en especial las personas dependientes aconseja que se estudie la posible implantacioacuten de las medidas necesarias para establecer un espacio sociosanitario

Precisamente con objeto de conocer la situacioacuten actual de la atencioacuten sociosanitaria en Espantildea y cuaacuteles podriacutean ser las posibles liacuteneas para perfeccionarla el Defensor del Pueblo consideroacute oportuno encargar senshydos estudios a sociedades cientiacuteficas de reconocido prestigio en un aacutembito en el que las medidas de iacutendole sociosanitaria resultan maacutes necesarias el de las personas mayores Maacutes en concreto en fecha 16 de julio de 1998 se suscribieron convenios con la Sociedad Espantildeola de Geriatriacutea y Gerontologiacutea y con la Asociacioacuten Multidisciplinaria de Gerontologiacutea El primero de ellos teniacutea por objeto analizar la legislacioacuten en la materia estudiar los instrumentos de coordinacioacuten establecidos entre las admishynistraciones sanitaria y social analizar los recursos sanitarios y los recurshysos sociales y examinar los aspectos financieros Por su parte el segundo de estos informes se dirigiacutea a obtener un anaacutelisis cualitativo mediante el cual se aportara el criterio de los profesionales de la sanidad y de los servicios sociales sobre los problemas de la situacioacuten actual de la atencioacuten geriaacutetrica y gerontoloacutegica en aspectos tales como la coordinashycioacuten la interrelacioacuten y la provisioacuten asiacute como las perspectivas de futuro sobre los mismos

Los estudios elaborados por ambas sociedades cientiacuteficas se acomshypantildean a esta recomendacioacuten Uno de estos informes ha sido confeccionado por la Sociedad Espantildeola de Geriatriacutea y Gerontologiacutea y estaacute dividido en cinco capiacutetulos En el primero de ellos se analiza la proteccioacuten juriacutedica de las personas mayores en aspectos sociosanitarios en el segundo se examinan los servicios sociales en el marco de la atencioacuten sociosanitaria el tercero versa sobre la asistencia sanitaria a las personas mayores el cuarto atantildee a la atencioacuten social a estas personas y por fin el quinto

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y uacuteltimo capiacutetulo se refiere a los costes y a la financiacioacuten de la atencioacuten sociosanitaria El estudio recoge ademaacutes como apeacutendice un capiacutetulo relativo a la inclusioacuten de la dependencia como situacioacuten o contingencia especiacuteficamente cubierta por el sistema de Seguridad Social asiacute como una extensa bibliografiacutea

Los textos base de cada uno de estos capiacutetulos han sido elaborados respectivamente por Antonio Martiacutenez Maroto Pilar Rodriacuteguez Rodriacuteshyguez Antonio Carbonell Collar y Juan Ignacio Gonzaacutelez Montalvo Mariacutea Teresa Sancho Castiello y Gregorio Rodriacuteguez Cabrero habiendo asushymido la coordinacioacuten general Juan Ignacio Gonzaacutelez Montalvo Ademaacutes de los autores de los textos base han sido asimismo autores del informe Gonzalo Bravo F de Araoz Francisco Guilleacuten Llera y Joseacute Manuel Ribera Casado presidente de la Sociedad Espantildeola de Geriatriacutea y Gerontologiacutea

Por su parte en el segundo de estos estudios realizado en el marco del convenio celebrado con la Asociacioacuten Multidisciplinaria de Gerontoshylogiacutea se analizan las necesidades sociosanitarias de la poblacioacuten depenshydiente recogieacutendose para ello mediante la intervencioacuten de profesionales del espacio sociosanitario los ejes del debate teoacuterico que se desarrolla en los campos profesionales de la sanidad y de los servicios sociales con especial incidencia en las perspectivas futuras Aparte de una serie de conclusiones y propuestas tambieacuten se incluyen como anexos una ficha resumen de los grupos de discusioacuten la composicioacuten de estos grupos y la documentacioacuten y bibliografiacutea consultada La autoriacutea del estudio corresshyponde a Gregorio Rodriacuteguez Cabrero

Conviene advertir que la elaboracioacuten de ambos informes no se ha llevado a cabo aisladamente muy al contrario se ha puesto un especial cuidado en la coordinacioacuten de ambos trabajos para buscar asiacute la comshyplementariedad de los enfoques baacutesicos con los que ambos estaacuten conshycebidos

Los estudios realizados por ambas sociedades cientiacuteficas contienen en consecuencia valiosas propuestas dignas de ser tomadas en consishyderacioacuten a la hora de reflexionar acerca de las pautas a seguir para consshytituir un marco coherente y armoacutenico para la prestacioacuten de la atencioacuten sociosanitaria a los sectores de la poblacioacuten que la precisan y de modo especial a las personas mayores La Institucioacuten del Defensor del Pueblo debe dejar por tanto expresa constancia de su agradecimiento a ambas sociedades por el esfuerzo realizado al elaborar los estudios encargados y por los resultados obtenidos reconocimiento que ha de extenderse a su disposicioacuten a sufragar una parte de los costes de aqueacutellos

Estos estudios recogen una serie de propuestas de caraacutecter teacutecnico en los distintos aspectos que han sido analizados por lo que no parece

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procedente reiterarlos formalmente a la hora de concretar el contenido de la presente recomendacioacuten Su inclusioacuten como anexos de la misma persigue precisamente la finalidad de poner a disposicioacuten de las admishynistraciones con competencia en la materia las medidas que en el criterio de estas dos sociedades cientiacuteficas seriacutean necesarias para conseguir una atencioacuten sociosanitaria que respondiese a las notas de la eficacia y de la eficiencia

Es necesario advertir por uacuteltimo que en concordancia con el conshytenido de los repetidos estudios esta recomendacioacuten junto a los aspectos que atantildeen propiamente a la atencioacuten sociosanitaria a las personas mayoshyres se extiende a algunos aspectos conexos que guardan una iacutentima relashycioacuten con dicha atencioacuten y que quedan enmarcados en ramas del Derecho tales como la legislacioacuten civil penal y laboral

En consideracioacuten a lo expuesto y en uso de las facultades que le confiere el artiacuteculo 54 de la Constitucioacuten y el artiacuteculo 30 de la Ley Orgaacuteshynica 31981 de 6 de abril esta institucioacuten formula las siguientes

RECOMENDACIONES

1 Al Ministerio de Sanidad y Consumo

Primera Que se valore la oportunidad y conveniencia de estudiar las medidas necesarias para perfeccionar la asistencia sanitaria prestada por el sistema nacional de salud en el aacutembito de la geriatriacutea teniendo para ello en cuenta en su caso las propuestas recogidas en los informes que se acompantildean a esta recomendacioacuten

Segunda Que tomando como precedente el acuerdo marco de coordinacioacuten sociosanitaria asiacute como el convenio de colaboracioacuten para la atencioacuten sociosanitaria de las personas mayores suscritos con el entonces Ministerio de Asuntos Sociales en el antildeo 1993 se estudien conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales las medidas a adoptar para conseguir la dispensacioacuten coordinada de servicios sanitarios y de sershyvicios sociales a las personas que precisen ambos tipos de prestaciones

Tercera Que se estudie la conveniencia de plantear en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la posible adopshycioacuten de acuerdos dentro de las funciones de coordinacioacuten planificacioacuten comunicacioacuten e informacioacuten que tiene encomendadas en torno a las pautas a seguir para la implantacioacuten generalizada en coordinacioacuten con las admishynistraciones competentes en el aacutembito de los servicios sociales de un espacio sociosanitario para dar respuesta a las necesidades de los segmentos de la poblacioacuten que precisan la prestacioacuten integral de medidas sanitarias y sociales con consideracioacuten especial de las personas mayores dependientes

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2 Al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Primera Que se valore la oportunidad y conveniencia de estudiar en coordinacioacuten si fuera necesario con el Ministerio de Sanidad y Conshysumo la implantacioacuten de las medidas necesarias para dar a la situacioacuten de dependencia una regulacioacuten coherente eficaz y eficiente en el marco del sistema de Seguridad Social

Segunda Que se estudie la posible implantacioacuten de nuevas medishydas en el aacutembito de legislacioacuten laboral a fin de favorecer la compatibilidad del desarrollo de la actividad laboral con la prestacioacuten de cuidados a las personas dependientes siguiendo la liacutenea iniciada por la Ley 391999 de 5 de noviembre para promover la conciliacioacuten de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras

Tercera Que se incluyan en el Plan Gerontoloacutegico las medidas necesarias para perfeccionar la prestacioacuten de servicios sociales a personas mayores y disponer al efecto de recursos sociales en nuacutemero suficiente teniendo en cuenta en su caso las propuestas recogidas en los informes que se acompantildean a esta recomendacioacuten

Cuarta Que tomando como precedente el acuerdo marco de coorshydinacioacuten sociosanitaria asiacute como el convenio de colaboracioacuten para la atenshycioacuten sociosanitaria de las personas mayores suscritos con el Ministerio de Sanidad y Consumo en el antildeo 1993 se estudien conjuntamente con este ministerio las medidas a adoptar para conseguir la prestacioacuten coorshydinada de servicios sanitarios y servicios sociales a las personas que preshycisen ambos tipos de servicios

Quinta Que se estudie la conveniencia de plantear en el marco de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales la posible adopcioacuten de acuerdos dentro de las funciones de coordinacioacuten y cooperacioacuten que le estaacuten encomendadas en torno a las pautas a seguir para la implantacioacuten generalizada en coordinacioacuten con las administraciones competentes en el aacutembito de la sanidad de un espacio sociosanitario para dar respuesta a las necesidades de los segmentos de la poblacioacuten que precisan la prestacioacuten integral de medidas sanitarias y sociales con consideracioacuten especial de las personas mayores dependientes

3 Al Ministerio de Justicia

Primera Que se valore la oportunidad y conveniencia de elaborar los correspondientes proyectos legislativos para regular de manera armoacuteshynica en el marco de la legislacioacuten civil todos los aspectos que atantildeen a las personas mayores como son los internamientos involuntarios en centros geriaacutetricos los derechos de las personas internadas en los mismos y su limitacioacuten cuando eacutesta sea precisa para proteger su vida salud o integridad fiacutesica o las de terceras personas

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Asimismo que se considere la conveniencia de regular expresamenshyte la posibilidad de que antes de la declaracioacuten de incapacidad la persona interesada pueda preconstituir el reacutegimen de tutela que le debe ser aplicado en caso de ser declarado incapaz tomando para ello el precedente estashyblecido por la legislacioacuten civil de Cataluntildea

Segunda Que se estudie la posible modificacioacuten de la legislacioacuten penal al objeto de dar una mayor proteccioacuten a las personas mayores depenshydientes cuando son viacutectimas de hechos delictivos en especial a traveacutes de la consideracioacuten que debe darse a la vejez en el marco de la regulacioacuten de la agravacioacuten de la responsabilidad penal

4 Al Ministerio de Educacioacuten y Cultura

Primera Que se estudien las medidas a adoptar para que se impartan los conocimientos necesarios en geriatriacutea en el marco de los estushydios de medicina enfermeriacutea fisioterapia terapia ocupacional y trabajo social asiacute como en las ensentildeanzas de cuantas otras profesiones guarden conexioacuten con la atencioacuten a las personas mayores

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Recomendacioacuten 831999 de 29 de noviembre sobre libertad relishygiosa en las Fuerzas Armadas


Agradecemos su atento escrito (referencia 40101004 1680) en el que nos contesta a la queja planteada por don () Secretario General de la Federacioacuten de Comunidades Israelitas de Espantildea registrada con el nuacutemero arriba indicado

A dicho escrito se acompantildean dos informes uno del Arzobispado Casshytrense de Espantildea y otro de la Asesoriacutea Juriacutedica General del Ministerio de Defensa que pasamos a analizar a continuacioacuten

En el segundo de dichos informes se manifiesta entre otras cosas que la disposicioacuten cuarta de la Orden Ministerial 1001994 de 14 de octushybre sobre regulacioacuten de los actos religiosos en ceremonias solemnes milishytares establece que en los actos de homenaje a los que dieron su vida por Espantildea se pronunciaraacute una oracioacuten en memoria y homenaje a cuantos a lo largo de la historia entregaron su vida por la patria sin precisar la confesioacuten religiosa en que dicha oracioacuten debe realizarse el ministro de culto que debe llevarla a cabo ni la foacutermula de la misma debieacutendose pues atemperar la puesta en praacutectica de la misma a la circunstancias en cada momento concurrentes asiacute como tambieacuten a los criterios tradishycionales que rijan el acto en cuestioacuten

En el informe del Arzobispado Castrense de Espantildea se manifiesta en relacioacuten con el acto de homenaje a la bandera celebrado el 12 de octubre de 1998 que fue el capellaacuten de la Guardia Real la cual teniacutea el protagonismo del acto el que recitoacute la oracioacuten por los difuntos en la forma y modo tradicionales

Asimismo se sentildeala laquoque si el que hace la oracioacuten es un sacerdote catoacutelico en cuanto tal no puede impediacutersele que lo haga como cristiano Lo que no impide el que en algunos casos el capellaacuten catoacutelico haya hecho

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y pueda hacer alguacuten otro tipo de oracioacuten ecumeacutenica cuando entre los asistentes se da una cierta paridad entre miembros de distintas religiones lo que no sucediacutea en este caso No obstante se considera que resultariacutea muy difiacutecil de entender el que por respetar a una exigua minoriacutea se impishydiese el ejercicio de su libertad religiosa a la inmensa mayoriacutearaquo

Por uacuteltimo se manifiesta laquoEs sorprendente que haya que justificar una tradicioacuten religiosa castrense que responde a las convicciones de tan gran mayoriacutea de los espantildeoles frente a una minoriacutea religiosa tan exigua en nuacutemero de miembros presentes en las Fuerzas Armadas si es que existen fuera de Melilla y Ceuta Y que se rige por unas normas tan peculiares sobre libertad religiosa allaacute donde ellos pueden imponerlasraquo

Una vez analizados detenidamente los mencionados informes hemos considerado procedente someter a la consideracioacuten de V E las siguientes cuestiones

La libertad religiosa es un derecho fundamental y su ejercicio estaacute garantizado a todos los ciudadanos por la Constitucioacuten sin que dicho ejercicio pueda condicionarse por ninguna de las razones a las que hace referencia el informe del Arzobispado Castrense En efecto a juicio de esta Institucioacuten basado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ni la supuesta falta de libertad religiosa que pudiera darse en otros paiacuteses ni las diferencias cuantitativas que se subrayan en el informe del Arzoshybispado Castrense pueden justificar ninguna restriccioacuten a la libertad relishygiosa Por otra parte esta Institucioacuten no comparte el criterio del menshycionado informe seguacuten el cual el respeto a la libertad religiosa de una minoriacutea es incompatible con el ejercicio de dicha libertad por la mayoriacutea

En segundo lugar como V E conoce perfectamente la Orden Minisshyterial 1001994 de 14 de octubre establece el caraacutecter voluntario de la asistencia a la celebracioacuten de los actos religiosos asociados a ceremonias militares y a las celebraciones religiosas con participacioacuten castrense resshypetando asiacute el ejercicio del derecho a la libertad religiosa En dicha norma tambieacuten se preveacute la participacioacuten de un capellaacuten en determinados actos militares en algunos con caraacutecter potestativo precisando en queacute conshysistiraacute dicha intervencioacuten en cada caso

No obstante en los actos de homenaje a los que dieron su vida por Espantildea no estaacute prevista ni siquiera con caraacutecter potestativo la intershyvencioacuten de ninguacuten capellaacuten razoacuten por la cual en nuestro escrito de 26 de marzo de 1999 se solicitaba que nos informase sobre el criterio que se sigue en la aplicacioacuten de la orden ministerial que regula los actos religiosos en ceremonias solemnes militares cuando se trate de actos cuya asistencia no es voluntaria y estando previsto que se pronuncie una orashycioacuten no se precisa la persona que ha de pronunciarla ni la confesioacuten

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religiosa a la que ha de pertenecer dicha oracioacuten Esta solicitud se reashylizaba porque en principio pareciacutea que no se teniacutea en cuenta ninguna distincioacuten entre los distintos tipos de actos y estuviese o no prevista la intervencioacuten de un capellaacuten eacuteste interveniacutea

De lo manifestado en los informes que nos ha remitido se deduce que los actos en los que no estaacute prevista la intervencioacuten de un capellaacuten eacuteste interviene al amparo de la tradicioacuten tanto religiosa como castrense lo que en principio a juicio de esta Institucioacuten contraviene lo previsto en la citada orden ministerial y puede vulnerar el principio de neutralidad de los poderes puacuteblicos en materia religiosa garantizado por la norma suprema

El principio de libertad religiosa en tanto que reconoce el derecho de los ciudadanos a actuar en este campo con plena inmunidad de coaccioacuten del Estado y de cualesquiera grupos sociales supone la prohibicioacuten al Estado de concurrir junto a los ciudadanos en calidad de sujeto de actos o de actitudes de signo religioso Por ello el Tribunal Constitucional ha sentildealado reiteradamente que el artiacuteculo 163 de la norma suprema veda cualquier tipo de confusioacuten entre funciones religiosas y estatales Asiacute la Sentencia 1771996 de 11 de noviembre de dicho tribunal establece lo siguiente

laquoEl derecho a la libertad religiosa del artiacuteculo 161 de la Constitucioacuten espantildeola garantiza la existencia de un claustro iacutentimo de creencias y por tanto un espacio de autodeterminacioacuten intelectual ante el fenoacutemeno religioso vinculado a la propia personalidad y dignidad individual Pero junto a esta dimensioacuten interna esta libertad al igual que la ideoloacutegica del propio artiacuteculo 161 de la Constitucioacuten incluye tambieacuten una dimensioacuten externa de agere licere que faculta a los ciudadanos para actuar con arreshyglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros

Por su parte el artiacuteculo 163 CE al disponer que ninguna confesioacuten tendraacute caraacutecter estatal establece un principio de neutralidad de los podeshyres puacuteblicos en materia religiosa que como se declaroacute en las Sentencias del Tribunal Constitucional 241982 y 3401993 veda cualquier tipo de confusioacuten entre funciones religiosas y estatales Consecuencia directa de este mandato constitucional es que los ciudadanos en el ejercicio de su derecho de libertad religiosa cuentan con un derecho a actuar en este campo con plena inmunidad de actuacioacuten del Estado cuya neutralidad en materia religiosa se convierte de este modo en presupuesto para la convivencia paciacutefica entre las distintas convicciones religiosas existentes en una sociedad plural y democraacuteticaraquo

En relacioacuten con la participacioacuten de los militares en ceremonias relishygiosas la misma Sentencia sentildeala que laquoel derecho de libertad religiosa

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en su vertiente negativa garantiza la libertad de cada persona para decishydir en conciencia si desea o no tomar parte en actos de esa naturaleza Decisioacuten personal a la que no se pueden oponer las Fuerzas Armadas que como los demaacutes poderes puacuteblicos siacute estaacuten en tales casos vinculadas negativamente por el mandato de neutralidad en materia religiosa del artiacuteculo 163 CE En consecuencia aun cuando se considere que la parshyticipacioacuten del actor en la parada militar obedeciacutea a razones de represhysentacioacuten institucional de las Fuerzas Armadas en un acto religioso debioacute respetarse el principio de voluntariedad en la asistencia y por tanto atenderse a la solicitud del actor de ser relevado del servicio en tanto que expresioacuten legiacutetima de su derecho de libertad religiosaraquo

Justamente la Orden Ministerial 1001994 de 14 de octubre tantas veces mencionada tiene como finalidad adecuar las tradiciones castrenses de participar en celebraciones de caraacutecter religioso y de incluir actos religiosos en celebraciones militares a las exigencias que se derivan del principio de neutralidad de los poderes puacuteblicos en materia religiosa Por tanto su aplicacioacuten deberaacute realizarse en consonancia con este principio y evitando realizar interpretaciones que supongan una restriccioacuten de la libertad religiosa en favor de las tradiciones castrenses

Por todo cuanto antecede y al amparo de lo dispuesto en el artiacuteshyculo 301 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril hemos considerado conveniente recomendar a V E que adopte las medidas oportunas para que se interprete la Orden Ministerial 1001994 de 14 de octubre sobre regulacioacuten de los actos religiosos en ceremonias solemnes militares en el sentido maacutes favorable a la libertad religiosa y para que en los actos militares en los que esteacute prevista la intervencioacuten de un capellaacuten eacutesta sea conforme al principio de neutralidad de los poderes puacuteblicos en mateshyria religiosa



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Recomendacioacuten 841999 de 29 de noviembre sobre la gestioacuten de los residuos urbanos o municipales


De la situacioacuten descrita se deriva la necesidad de plantear determishynadas recomendaciones a las administraciones competentes que se han dividido en dos grupos

61 RECOMENDACIONES DE CARAacuteCTER GENERAL

Primera Es necesario coordinar planes y actuaciones La compleshyjidad competencial y normativa hacen necesaria una estricta coordinacioacuten entre las distintas administraciones para no dar pasos en falso y mejorar la eficiencia de sus respectivas actuaciones Parece cada vez maacutes claro que el aacutembito de gestioacuten de los residuos debe ser supramunicipal y que los sistemas de gestioacuten integral requieren niveles de planificacioacuten supeshyriores

Segunda Es urgente la publicacioacuten del Plan Nacional de Residuos Urbanos previsto en la Ley 101998 de Residuos

Tercera Es urgente que se regule el sistema de devolucioacuten depoacutesito y retorno para las pilas usadas previsto en la Ley 101998 de Residuos

Estas recomendaciones se derivan de un informe monograacutefico sobre laquoLa gestioacuten de los residuos urbanos en Espantildearaquo realizado por el Defensor del Pueblo con la colaboracioacuten de la Universidad Politeacutecnica de Madrid

Para la elaboracioacuten de este estudio se contoacute con todas las Comunidades Autoacutenomas y las ciudades autoacutenomas de Ceuta y Melilla asiacute como un nuacutemero importante de municipios que enviaron los datos que se les solicitaron

La informacioacuten remitida se contrastoacute y completoacute mediante un trabajo de campo en el que se visitaron una serie de municipios para comprobar sobre el terreno el estado de las insshytalaciones y en algunos casos los problemas medioambientales que producen

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Cuarta Es urgente que se publique la regulacioacuten del reacutegimen fiscal para los aceites industriales y lubricantes tal y como preveacute la citada Ley de Residuos

Quinta Es urgente que se publique la normativa reguladora de la utilizacioacuten de los residuos agroganaderos como fertilizante agriacutecola preshyvista en la Ley 101998

Sexta Es urgente que las Comunidades Autoacutenomas que cuentan con un plan de residuos aprobado con anterioridad a la Ley 101998 lo modifiquen adaptando su contenido a las previsiones de la citada norma

Igualmente es urgente que las Comunidades Autoacutenomas que no hubieran aprobado el correspondiente plan autonoacutemico de residuos lo publiquen en el plazo maacutes breve posible

Seacuteptima Se impone la necesidad de investigacioacuten de nuevos proshycedimientos y tecnologiacuteas para todas las fases de gestioacuten de los residuos

Octava Se considera necesario que se promueva el intercambio de experiencias entre los municipios para que se difundan raacutepidamente las buenas soluciones Seriacutea interesante la creacioacuten de un foro de intercambio y debate en el que pudieran estar presentes hasta los maacutes pequentildeos municipios Seriacutea deseable la creacioacuten de un instrumento efectivo de difushysioacuten de experiencias y conocimientos en este terreno

Novena Es necesario potenciar la concienciacioacuten ciudadana sobre los problemas que generan los residuos y las ventajas de la recogida selectiva y la reutilizacioacuten a fin de evitar los vertidos ilegales y los conshysecuentes efectos dantildeinos para el medio ambiente y la salud de las pershysonas

Deacutecima Conviene medir la eficacia de las campantildeas de concienciashycioacuten no soacutelo limitarse a realizarlas Asimismo conviene reforzarlas cada cierto tiempo

Undeacutecima Es necesario que se informe a los ciudadanos sobre los detalles de la recogida de residuos y sobre coacutemo colaborar con ella el tipo de basura que corresponde a cada contenedor o bolsa en el caso de recogida selectiva los horarios en que debe depositarse etc

Duodeacutecima Resulta necesario que se intensifique y generalice el funcionamiento de la recogida selectiva Es preciso igualmente fomentar la comercializacioacuten de los materiales procedentes de la seleccioacuten de los residuos evitando recogidas selectivas inuacutetiles que se depositan finalshymente en el vertedero

Decimotercera La tradicional filosofiacutea de contratar una empresa para que se encargue de los residuos y olvidarse de ellos debe perder

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fuerza El residuo ha de minimizarse en origen Es el ciudadano (a estos efectos equivalente a un productor de residuos) el que tiene que preoshycuparse de la seleccioacuten Esto a su vez impone una mayor implicacioacuten de los entes locales en particular de los ayuntamientos

Decimocuarta Los municipios deben ser conscientes de a doacutende van sus residuos y no olvidarse de ellos porque tengan empresas contratadas a estos efectos

Decimoquinta Los vertederos deben estar vigilados comprobando su estado los drenes de lixiviados si se vuela la basura si se tapa con la frecuencia debida etc

Decimosexta Se deben fomentar los sistemas de gestioacuten municipales y las auditoriacuteas Estas y otras son buenas foacutermulas para efectuar un seguimiento maacutes correcto de los residuos y de su incidencia ambiental

Decimoseacuteptima La separacioacuten de residuos en origen genera dudas al ciudadano no siempre faacuteciles de resolver por ello el sistema debe estar bien organizado y las instrucciones deben ser sencillas y claras

Decimoctava Es necesario mejorar el funcionamiento de los camioshynes de recogida para que el ruido sea menor impulsando el cambio paushylatino de los mismos a fin de evitar que aumente la contaminacioacuten acuacutestica

Decimonovena Hay que procurar que en aras de la eficiencia en la recogida no se generen problemas de riesgos para los operarios y en general de higiene

Vigeacutesima Hay que buscar soluciones alternativas a la de que pershymanezcan los contenedores todo el diacutea en la calle asiacute como al aumento de los existentes

Vigeacutesimo primera La prevencioacuten de la contaminacioacuten la reduccioacuten de los residuos la valorizacioacuten el reciclaje y las condiciones de la elishyminacioacuten final deben ser las prioridades de las administraciones comshypetentes en la gestioacuten de los residuos

Vigeacutesimo segunda Es urgente que las administraciones competenshytes busquen soluciones adecuadas para el vertido almacenamiento y posshyterior tratamiento del cada vez mayor volumen de escombros y otros residuos generados por la construccioacuten y por las obras puacuteblicas

62 RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

Sin perjuicio de las recomendaciones de caraacutecter general incluidas en el apartado anterior las administraciones afectadas deberiacutean proceder

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a subsanar las deficiencias maacutes graves detectadas en el presente estudio y de modo especial las siguientes

1 El Ayuntamiento de Adanero (Avila) si no lo hubiera hecho con anterioridad debe vigilar los vertidos incontrolados en el antiguo vershytedero evitaacutendolos sellando eacuteste y recuperando los terrenos para otros usos

2 El Ayuntamiento de Alcantarilla (Murcia) si no lo hubiera hecho con anterioridad debe mejorar la limpieza de los contenedores asiacute como tomar medidas para evitar que se llenen aumentando la dotacioacuten de los contenedores y la concienciacioacuten de la poblacioacuten sobre los horarios en que deben ser depositadas las basuras

3 El Ayuntamiento de Alfacar (Granada) si no lo hubiera hecho con anterioridad debe adoptar medidas a fin de evitar los vertidos ilegales de escombros en los maacutergenes de la carretera de subida hasta la sierra aumentando la vigilancia Es preciso que se mejore la limpieza de los contenedores asiacute como adoptar medidas para evitar que se llenen aumenshytando la dotacioacuten de los contenedores y concienciando a los ciudadanos sobre los horarios en que deben ser depositadas las basuras

4 El Ayuntamiento de Algeciras (Caacutediz) si no lo hubiera hecho con anterioridad debe mejorar la limpieza de los contenedores buscando una solucioacuten para el gasto de agua en eacutepoca de sequiacutea Igualmente se conshysidera necesario que se adopten medidas para evitar que se llenen los contenedores aumentando la dotacioacuten de los mismos y concienciando a los ciudadanos sobre los horarios en que deben ser depositadas las basushyras

5 El Ayuntamiento de Altea (Alicante) si no lo hubiera hecho con anterioridad debe adoptar medidas para evitar los vertidos ilegales de escombros y otros materiales voluminosos aumentando la vigilancia especialmente en las maacutergenes del riacuteo

6 El Ayuntamiento de Bermeo (Vizcaya) si no lo hubiera hecho con anterioridad debe buscar una solucioacuten para sus residuos y evitar utilizar el horno en el que actualmente se incinera la basura dado que sus caracteriacutesticas incumplen la normativa

7 El Ayuntamiento de Burgos si no lo hubiera hecho con anteshyrioridad debe corregir la situacioacuten de ilegalidad de la ampliacioacuten del actual vertedero y buscar una solucioacuten a corto plazo para la disposicioacuten final de los residuos dado que el citado vertedero se halla en la fase final de su vida uacutetil

8 El Ayuntamiento de Caacuteceres si no lo hubiera hecho con anteshyrioridad debe buscar gestores para los materiales reciclados y adoptar

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medidas para evitar el mal uso de los contenedores aumentando la conshycienciacioacuten de los ciudadanos para este fin

9 El Ayuntamiento de Calviaacute (Baleares) si no lo hubiera hecho con anterioridad dada la situacioacuten de su vertedero debe buscar una solucioacuten para la disposicioacuten final de sus residuos

10 El Ayuntamiento de Camarintildeas (La Coruntildea) si no lo hubiera hecho con anterioridad debe mejorar el control del vertedero cerrando el vallado cubrieacutendolo con tierra de vez en cuando y recogiendo los lixishyviados En especial debe vigilar la combustioacuten que puede dar lugar a incendios Es preciso tambieacuten que adopte medidas para recoger la basura con mayor frecuencia a fin de lograr que no se acumule en los conshytenedores y que eacutestos se mantengan limpios Igualmente resulta neceshysario que se conciencie a la poblacioacuten para que se eviten los vertidos ilegales de escombros voluminosos y otros materiales protegiendo espeshycialmente la laguna que se ha formado en la antigua cantera y su entorno como aacuterea de posible nidificacioacuten del halcoacuten peregrino

11 El Ayuntamiento de Castelloacuten de la Plana si no lo hubiera hecho con anterioridad debe adoptar medidas para concienciar a la poblacioacuten y evitar los vertidos ilegales de escombros en la carretera a Bomiol aumentando tambieacuten la vigilancia

12 El Ayuntamiento de Ceuta si no lo hubiera hecho con anterioshyridad debe buscar con urgencia solucioacuten a la localizacioacuten de la planta de tratamiento de los residuos y en general poner en marcha el plan estrateacutegico de residuos Ademaacutes se deberiacutean adoptar medidas para conshycienciar a la poblacioacuten a fin de evitar los vertidos ilegales y conseguir que no se deposite la basura en los contenedores fuera de las horas estishypuladas para ello asiacute como mejorar la limpieza de los mismos

13 El Ayuntamiento de Coacuterdoba si no lo hubiera hecho con anteshyrioridad debe incrementar la vigilancia para que no se produzcan vertidos ilegales en la falda de la sierra y junto al riacuteo

14 El Ayuntamiento de Fortuna (Murcia) si no lo hubiera hecho con anterioridad debe adoptar medidas para mantener limpios los conshytenedores y para la concienciacioacuten de la poblacioacuten a fin de que se deposite la basura en los horarios estipulados para ello y se eviten los vertidos ilegales Ademaacutes deben adoptarse medidas para el control del vertedero tanto en lo que se refiere al vallado como a la impermeabilizacioacuten control del lixiviado y cubrimiento con tierra Igualmente debe adoptar medidas para evitar los vertidos ilegales en las cercaniacuteas del vertedero increshymentando la vigilancia

15 El Ayuntamiento de Fuengirola (Maacutelaga) si no lo hubiera hecho con anterioridad debe mantener limpios los contenedores y adoptar medishy

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das para la concienciacioacuten de la poblacioacuten a fin de que se deposite la basura en los horarios estipulados para ello y se eviten los vertidos incorrectos Se debe hacer especial hincapieacute en la concienciacioacuten de los trabajadores de bares y restaurantes Se considera oportuno que se reashylice un estudio del impacto ambiental del vertedero que se encuentra en el cauce del riacuteo para comprobar la suficiencia de las medidas de canashylizacioacuten y para evitar la degradacioacuten del mismo

16 El Ayuntamiento de Hospitalet (Barcelona) si no lo hubiera hecho con anterioridad debe impulsar acuerdos con las asociaciones de comerciantes de la localidad que permitan reducir el nuacutemero de conshytenedores

17 El Ayuntamiento de Huete (Cuenca) si no lo hubiera hecho con anterioridad debe buscar un gestor para los materiales procedentes de la recogida selectiva de vidrio y papel Ademaacutes debe adoptar las medidas oportunas para el control del vertedero tanto en lo que se refiere al vallado como a la impermeabilizacioacuten control del lixiviado y cubrimiento con tierra Igualmente se deben adoptar medidas para evitar los vertidos ilegales en las cercaniacuteas del vertedero incrementando la vigilancia Asishymismo se deben tomar medidas para la concienciacioacuten de la poblacioacuten

18 El Ayuntamiento de Jaca (Huesca) si no lo hubiera hecho con anterioridad debe buscar la ubicacioacuten adecuada para un nuevo vertedero o un tratamiento para sus residuos urbanos dada la situacioacuten de colshymatacioacuten del vertedero actual

19 El Ayuntamiento de Logrontildeo (La Rioja) si no lo hubiera hecho con anterioridad debe instar a la empresa gestora a que recoja maacutes freshycuentemente los contenedores de papel

20 El Ayuntamiento de Lugo si no lo hubiera hecho con anterioshyridad debe procurar el aumento de la dotacioacuten de contenedores para las basuras domiciliarias a fin de que no se depositen sobre la acera Asimismo debe tomar medidas para concienciar a la poblacioacuten espeshycialmente respecto al depoacutesito de la basura en los horarios establecidos y mejorar el control del vertedero tanto en lo que respecta a los periacuteodos de cubrimiento y a la vigilancia de autocombustiones como al control de olores y a la presencia de personas ajenas al mismo

21 El Ayuntamiento de Melilla si no lo hubiera hecho con anteshyrioridad debe adoptar medidas para concienciar a la poblacioacuten espeshycialmente respecto al depoacutesito de la basura en los horarios establecidos a fin de evitar los vertidos ilegales y la buacutesqueda de elementos aproshyvechables en el vertedero del Real Asimismo se considera que se debe dar una solucioacuten urgente a las chatarras

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22 El Ayuntamiento de Naacutejera (La Rioja) si no lo hubiera hecho con anterioridad debe ejercer un mayor control sobre los responsables de la recogida selectiva

23 El Ayuntamiento de Pedro Muntildeoz (Ciudad Real) si no lo hubiera hecho con anterioridad debe adoptar medidas para que la recogida en determinadas zonas del municipio se realice a horas maacutes adecuadas a fin de que los contenedores no permanezcan llenos durante el diacutea Adeshymaacutes se considera que se deben adoptar medidas para concienciar a la poblacioacuten a fin de erradicar los vertidos ilegales y para evitar que el vertedero de chatarra se utilice incontrolada e ilegalmente como vershytedero de basuras

24 El Ayuntamiento de Porrintildeo (Pontevedra) debe buscar si no lo hubiera hecho con anterioridad con caraacutecter urgente una solucioacuten para los residuos dada la situacioacuten de casi llenado del actual vertedero

25 El Ayuntamiento de Ribadavia (Ourense) si no lo hubiera hecho con anterioridad debe adoptar medidas para que los contenedores pershymanezcan limpios y no provoquen molestias y olores asiacute como evitar los vertidos incontrolados de escombros coches y enseres Se deben reashylizar campantildeas intensivas de concienciacioacuten de la poblacioacuten para evitar los vertidos ilegales y lograr la colaboracioacuten de los ciudadanos en deposhysitar las basuras en los horarios y lugares establecidos para ello Se debe aumentar la frecuencia de la recogida de los contenedores de recogida selectiva

26 Con independencia de las competencias asignadas al Cabildo Insular de Tenerife el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife si no lo hubiera hecho con anterioridad debe aumentar la dotacioacuten de conshytenedores que se llenan a primeras horas de la mantildeana y adoptar medishydas para concienciar a la poblacioacuten a fin de que los ciudadanos colaboren en depositar la basura en los horarios y lugares establecidos

27 Con independencia de las competencias asignadas al Cabildo Insular de La Palma el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma si no lo hubiera hecho con anterioridad debe acelerar en la medida de lo posible la aprobacioacuten del plan de residuos en elaboracioacuten y buscar una solucioacuten adecuada para la disposicioacuten final de los residuos y el tratamiento y sellado del antiguo vertedero del Barranco Seco para evitar el desshylizamiento de la basura al mar

28 El Ayuntamiento de Sepuacutelveda (Segovia) si no lo hubiera hecho con anterioridad debe adoptar las medidas oportunas para la puesta en funcionamiento de la planta de transferencia desde la que se trasladaraacute la basura fuera del teacutermino municipal Igualmente deberaacute sellarse de forma adecuada el actual vertedero incontrolado

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29 El Ayuntamiento de Sort (Lleida) si no lo hubiera hecho con anterioridad debe buscar una nueva ubicacioacuten para el vertedero o realizar un plan de reduccioacuten de la basura que requiera depoacutesito final

30 El Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid) si no lo hubiera hecho con anterioridad debe adoptar medidas para mejorar la limpieza de los contenedores

31 El Ayuntamiento de Valencia si no lo hubiera hecho con anteshyrioridad debe intentar reducir el nuacutemero de contenedores

32 El Ayuntamiento de Zamora si no lo hubiera hecho con anteshyrioridad debe urgir la finalizacioacuten de la construccioacuten del nuevo vertedero y el sellado adecuado del antiguo estudiando la reutilizacioacuten de los terreshynos Ademaacutes debe valorar la dotacioacuten de contenedores en la ciudad para evitar la acumulacioacuten de basuras fuera de ellos

33 El Ayuntamiento de Zaragoza si no lo hubiera hecho con anteshyrioridad debe ejercer un mayor control sobre la recogida selectiva de residuos

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Recomendacioacuten 851999 de 29 de noviembre sobre cumplimiento de la normativa vigente en el otorgamiento de becas correspondientes al programa Cicerone


Presentada queja ante esta Institucioacuten por don () y registrada con el nuacutemero Q9812798 se dio por admitida al estimar que reuniacutea los requishysitos legalmente establecidos y se promovioacute la investigacioacuten sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos en que se basaba dando cuenta de ello a V E mediante comunicacioacuten del diacutea 26 de junio de 1998 a los efectos que preveacute el artiacuteculo 18 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril reguladora de nuestra Institucioacuten

El sentildeor () cuestionaba en su queja especiacuteficamente el proceso selecshytivo en el que participoacute convocado el 2 de octubre de 1997 por esa Unishyversidad para la adjudicacioacuten de laquoBecas Colaboracioacuten Programa Ciceshyrone curso 1997-1998raquo

Manifestaba el formulante de la queja que en dicho proceso se habiacutea incumplido el contenido del artiacuteculo 173 del Reacutegimen General de Becas de esa Universidad aprobado por Junta de Gobierno en sesioacuten celebrada el 27 de octubre de 1994 que sentildeala que laquoel conocimiento de euskara solamente seraacute valorado en aquellas plazas en las que el mismo sea exigido como requisitoraquo toda vez que a pesar de ello siacute fue valorado tal conoshycimiento para la adjudicacioacuten de becas cuya concesioacuten seguacuten se advertiacutea expresamente en las correspondientes bases de convocatoria no exigiacutea el conocimiento de esta lengua

Los datos contenidos en el oficio de V E confirman tales supuestos Sin embargo se pretende justificar la inobservancia del repetido artiacuteshyculo 173 en la aparente contradiccioacuten de su contenido y en la necesidad de considerar el conocimiento del euskara como un meacuterito de conforshymidad con la praacutectica habitual en las convocatorias a cualquier plaza de

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la Fundacioacuten Puacuteblica Vasca en virtud de lo dispuesto en los artiacuteculos 972 y 984 de la Ley de la Funcioacuten Puacuteblica Vasca

En este sentido se sentildeala en el penuacuteltimo paacuterrafo del oficio de V E que laquoconsiderando que las Becas Cicerone se conceden para realizar un trabajo determinado que no puede pertenecer a ninguacuten curriculum de estudios universitarios parece oportuno y justo que el conocimiento del euskara sea considerado como meacuterito para acceder a su disfrute siguiendo en todo la filosofiacutea que marca y establece la Ley de la Funcioacuten Puacuteblica Vasca en su artiacuteculo 984 de obligatorio cumplimiento en la UPVEHVraquo

Sin embargo esta Institucioacuten ha tenido acceso al contenido del Acuershydo de la Junta de Gobierno de esa Universidad de 18 de enero de 1995 por el que se procede a la aprobacioacuten de la propuesta de adecuacioacuten al Reglamento de Becas de las convocatorias de bolsas y ayudas al estudio de caraacutecter general y del que se desprende que las bolsas para llevar a cabo el laquoPrograma Ciceroneraquo deben ser consideradas como bolsas y ayudas al estudio de caraacutecter general esto es becas pertenecientes a la segunda de las modalidades que se relacionan en el artiacuteculo 2 del Reglashymento General de Becas aprobado por la Junta de Gobierno en sesioacuten de 27 de octubre de 1994

A mayor abundamiento y seguacuten documentacioacuten que obra en el expeshydiente de quejas nuacutemero Q9711538 tramitado ante ese Rectorado en el antildeo 1997 este criterio quedoacute recogido en la resolucioacuten de V E de 17 de noviembre de 1997 dictada con motivo del recurso interpuesto por el sentildeor () en relacioacuten con la seleccioacuten y concesioacuten de las becas del Programa Cicerone convocadas para el curso 1996-1997

Por todo ello no resulta posible aceptar el argumento en virtud del cual trata V E de desvincular las becas del Programa Cicerone del sisshytema general de becas y ayudas al estudio aplicable en esa Universidad consideraacutendola como unas becas que se conceden laquopara realizar un trashybajo determinadoraquo y por ello susceptibles de ser reguladas por los prinshycipios reguladores de la Ley de la Funcioacuten Puacuteblica Vasca seguacuten los cuales cuando no se exige el conocimiento del euskara en las pruebas selectivas seraacute en todo caso considerado como meacuterito

Cabe concluir de cuanto antecede que en el proceso selectivo convocado el 2 de octubre de 1997 para la adjudicacioacuten de laquoBecas Colaboracioacuten Proshygrama Cicerone curso 1997-1998raquo se produjo un incumplimiento del artiacuteshyculo 173 del Reacutegimen General de Becas de esa Universidad aprobado por Junta de Gobierno en sesioacuten celebrada el 27 de octubre de 1994

Por tanto si bien por el tiempo transcurrido desde la finalizacioacuten del procedimiento al que nos referimos no parece procedente sugerir

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desde esta Institucioacuten constitucional una revisioacuten del mismo sin embargo y al amparo de las facultades conferidas en el artiacuteculo 301 de la Ley Orgaacutenica 31981 reguladora de la Institucioacuten del Defensor del Pueblo procedemos a formular a V E la siguiente recomendacioacuten laquoQue en los sucesivos procesos selectivos que se celebren en esa Universidad para la adjudicacioacuten de becas del Programa Cicerone se observen rigurosashymente los preceptos que resulten de aplicacioacutenraquo

Asimismo ruego a V E que la respuesta que se nos remita incluya una copia de la resolucioacuten que haya recaiacutedo sobre la solicitud formulada por el sentildeor () el 19 de noviembre de 1997 al Director del Instituto de Ciencias de la Educacioacuten dependiente de esa Universidad asiacute como sobre la reclamacioacuten dirigida por el mismo interesado a V E el 24 de noviembre del mismo antildeo


Recomendacioacuten dirigida al Rector de la Universidad del Paiacutes Vasco

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Recomendacioacuten 861999 de 29 de noviembre sobre agilizacioacuten de traacutemites en la Universidad Rovira i Virgili para la expedicioacuten de tiacutetulos


Es de referencia su escrito (nuacutemero de registro de salida 18630) sobre la queja presentada ante esta Institucioacuten por don () registrada con el nuacutemero arriba indicado

Analizados los datos que contiene su referido oficio respecto a la trashymitacioacuten de la solicitud formulada por el sentildeor () cabe concluir que resulta habitual que en esa Universidad se precise de un plazo cercano al antildeo y medio de tramitacioacuten desde que un alumno realiza formal solicitud de expedicioacuten de su tiacutetulo a la Secretariacutea del centro respectivo hasta que se finaliza por el Servicio de Gestioacuten Acadeacutemica las labores de comshyprobacioacuten grabacioacuten y codificacioacuten del mismo y se dispone su remisioacuten al Ministerio de Educacioacuten y Cultura para su autorizacioacuten

Esta Institucioacuten ha realizado en los uacuteltimos antildeos un detenido seguishymiento de las dificultades que tanto en el aspecto normativo como en el informaacutetico han venido sucedieacutendose tras la publicacioacuten del Real Decreto 14961987 de 6 de noviembre sobre obtencioacuten expedicioacuten y homologacioacuten de tiacutetulos universitarios mdashen el que se modificaba proshyfundamente el sistema de expedicioacutenmdash toda vez que fue preciso que el Ministerio de Educacioacuten y Cultura sobre quien hasta entonces recaiacutea la competencia para la expedicioacuten de los mismos revisara y sistematizara toda la normativa existente hasta entonces debiendo a su vez realizar la confeccioacuten de las tablas la codificacioacuten de planes de estudios la detershyminacioacuten de todo el proceso informaacutetico para la expedicioacuten de tiacutetulos por las Universidades y la conformacioacuten de los Registros Nacional y Unishyversitario de tiacutetulos

Todo ello demoroacute en su momento inevitablemente la puesta en funshycionamiento del procedimiento de expedicioacuten de tiacutetulos que el referido

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Real Decreto estableciacutea agravaacutendose por el hecho de que ademaacutes y de forma simultaacutenea tanto determinadas Unidades del referido Departashymento Ministerial como de las Universidades debieron proveerse de los equipos y programas adecuados y formar al personal que debiacutea realizar las tareas que tal normativa contemplaba

Es cierto que en virtud de lo previsto en el propio Real Decreto en su disposicioacuten final cuarta las certificaciones de pago de los derechos de un tiacutetulo ha venido funcionando provisionalmente como documento sustitutorio del mismo en tanto eacuteste no es expedido habiendo sido estashyblecido por dicho Departamento incluso un modelo uacutenico de certificacioacuten con objeto de favorecer su eficacia (disposicioacuten adicional Orden de 8 de julio de 1988 e instruccioacuten novena de la Resolucioacuten de 26 de junio de 1989 de la Secretariacutea de Estado de Universidades e Investigacioacuten)

Sin embargo los problemas de gestioacuten ajenos a las dificultades inishyciales de organizacioacuten no pueden justificar la utilizacioacuten continuada de aquella solucioacuten provisional ideada para paliar los perjuicios que para los solicitantes de un tiacutetulo pudieran provocar las demoras en la expeshydicioacuten de su tiacutetulo

Por el contrario una vez superadas aquellas dificultades iniciales desshyde cualquier punto de vista parece excesivo que la gestioacuten administrativa interna que en esa Universidad se realiza para la expedicioacuten de tiacutetulos precise con caraacutecter ordinario un espacio de tiempo tan dilatado como el que se relata en el oficio de V E sin que pueda en ninguacuten modo considerarse justificativas las razones que se aducen en el mismo para disculpar la necesidad de impulsar el traacutemite soacutelo cuando se dispone de un nuacutemero significativo de solicitudes o de tiacutetulos para comprobar y grabar

Parece evidente que el cumplimiento del principio constitucional de eficacia exige que los oacuterganos correspondientes de esa Universidad actuacuteen con la maacutexima diligencia impulsando el procedimiento en todos los traacutemites que deben preceder a la expedicioacuten de tiacutetulos universitarios y ello no soacutelo porque lo exijan las normas vigentes sino porque en el cumplimiento del imperativo de eficacia radica en buena medida la legishytimacioacuten de cualquier oacutergano de la administracioacuten al servicio de los ciushydadanos

Por consiguiente y al amparo de lo dispuesto en el artiacuteculo 301 de la Ley Orgaacutenica 31981 reguladora de la Institucioacuten del Defensor del Pueblo recomendamos a V E como maacutexima autoridad acadeacutemica de esa Universidad que se adopten las medidas oportunas en orden a que sean agilizados los actuales sistemas de tramitacioacuten de las solicitudes de expedicioacuten de tiacutetulos

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Por otra parte y en lo que afecta al supuesto concreto que ha dado lugar a la presente queja ruego a V E que la respuesta que se dirija a esta Institucioacuten incluya informacioacuten concreta de la fecha en la que se ha remitido al Ministerio de Educacioacuten y Cultura el tiacutetulo del sentildeor () y previsiones respecto de su expedicioacuten

Finalmente le significamos que con esta misma fecha se solicita del oacutergano correspondiente del Ministerio de Educacioacuten y Cultura diversa informacioacuten al objeto de evaluar convenientemente el dato que se facilita en el apartado 6 del informe de V E


Recomendacioacuten dirigida al Rector de la Universidad Rovira i Virshygili de Tarragona

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Recomendacioacuten 871999 de 29 de noviembre sobre precios puacuteblishycos en la Universidad de Cantabria para matriacutecula de materias sin docencia


Presentada queja ante esta Institucioacuten por dontildea () y registrada con el nuacutemero Q9809533 se dio por admitida al estimar que reuniacutea los requisitos legalmente establecidos y se promovioacute la investigacioacuten sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos en que se basaba dando cuenta de ello a V I mediante comunicacioacuten del diacutea 16 de noviemshybre de 1998 a los efectos que preveacute el artiacuteculo 18 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril reguladora de nuestra Institucioacuten

Cuestionaba en su queja la reclamante el caacutelculo de los precios efecshytuado por la Universidad de Cantabria sobre los estudios en los que se matriculoacute en el curso 1997-1998

La alumna se matriculoacute en el mencionado curso acadeacutemico de cuatro asignaturas correspondientes al curso de adaptacioacuten de los estudios de Ingenieriacutea Industrial resultando de aplicacioacuten para el caacutelculo del importe la Orden de la Consejeriacutea de Educacioacuten y Juventud de 5 de agosto de 1997 (Boletiacuten Oficial de Cantabria de 12 de agosto)

Asignado el valor de creacutedito en segunda matriacutecula del grado de expeshyrimentalidad que le correspondiacutea el importe resultante era de 65660 pesetas Al tratarse de materias sin docencia se aplicoacute lo dispuesto en el artiacuteculo 10 de la citada Orden mdashque sentildeala que debe abonarse soacutelo el 25 por 100 de los precios de la tarifa ordinariamdash resultando un importe de 16408 pesetas

Sin embargo al tratarse de un nuacutemero de asignaturas que no comshyponen un curso completo la Universidad de Cantabria resolvioacute aplicar a este supuesto la uacutenica previsioacuten que la repetida Orden hace para calcular

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la cuantiacutea miacutenima a abonar cuando se trata de asignaturas sueltas fijado en 30000 pesetas

El supuesto analizado no implicaba una actuacioacuten irregular de la citashyda Universidad en la aplicacioacuten de tarifas para el caacutelculo del precio de la matriacutecula de la alumna reclamante toda vez que en efecto se trataba de asignaturas sueltas y para el caacutelculo del precio de las mismas la Orden citada soacutelo estableciacutea el miacutenimo asignable a las asignaturas ordinarias sin recoger previsioacuten alguna para los supuestos en los que las asignaturas sueltas fueran materias sin docencia

No obstante tras un estudio inicial de este supuesto esta Institucioacuten consideroacute que deberiacutea establecerse una foacutermula especiacutefica para fijar el importe miacutenimo a abonar por el alumno que se matricula exclusivamente de asignaturas sueltas que corresponden a materias sin docencia y ello de conformidad con los mismos motivos que justificaran en su momento el establecimiento de una tarifa especial para las materias sin docencia considerando como tales todas aquellas que asignen creacuteditos que se conshysigan tras la superacioacuten de una prueba o de asignaturas de planes extinshyguidos de las que no se impartan las correspondientes ensentildeanzas

De esta consideracioacuten se dio oportuno traslado a V I mediante oficio de 16 de abril de 1999 con el objeto de conocer el criterio de ese organismo acerca de la oportunidad de introducir la mencionada foacutermula especiacutefica en la proacutexima norma por la que se fijen los precios por servicios acashydeacutemicos universitarios todo ello al amparo de lo previsto en la Ley Orgaacuteshynica 31981 de 6 de abril reguladora del Defensor del Pueblo

En respuesta de tal consulta tuvo entrada en esta Institucioacuten una comunicacioacuten de V I (nuacutem archivo 99194653) de cuyo contenido no se desprenden fundamentos que desvirtuacuteen la necesidad apuntada por el Defensor del Pueblo de establecer distintas foacutermulas en virtud de si correspondiacutean o no a materias sin docencia

Por el contrario en el segundo paacuterrafo del oficio de V I se sentildeala que la situacioacuten analizada afectaraacute cada vez a un mayor nuacutemero de alumshynos al estar prevista la modificacioacuten de la praacutectica totalidad de los actuashyles planes de estudios en los proacuteximos cursos lo que provocaraacute a medio plazo un sensible incremento de matriacuteculas de materias sin docencia a medida que los antiguos planes de estudio vayan extinguieacutendose

Pese a ello la Orden de esa Consejeriacutea de Educacioacuten y Juventud de 9 de julio de 1999 por la que se fijan los precios a satisfacer por la prestacioacuten de servicios acadeacutemicos universitarios en el antildeo acadeacutemico 1999-2000 tampoco recoge una foacutermula especiacutefica para aplicar una tarifa especial en los supuestos analizados

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En consecuencia y al amparo de lo dispuesto en el artiacuteculo 301 de la Ley Orgaacutenica 31981 reguladora de la Institucioacuten del Defensor del Pueblo se procede a formular a V I la siguiente recomendacioacuten laquoQue en uso de las competencias que corresponden a esa Consejeriacutea para la fijacioacuten de los precios a satisfacer por los alumnos en los proacuteximos cursos acadeacutemicos por la prestacioacuten del servicio puacuteblico de la educacioacuten superior en la Universidad de Cantabria se establezca una tarifa especial para efectuar el caacutelculo del precio que deben abonar los alumnos que formashylicen matriacutecula de materias sin docencia que no constituyan un curso completoraquo


Recomendacioacuten dirigida al Director General de Educacioacuten de la Consejeriacutea de Educacioacuten y Juventud del Gobierno de Cantabria

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Recomendacioacuten 881999 de 22 de diciembre sobre el contenido de las resoluciones dictadas por los Tribunales Econoacutemico-Adminisshytrativos


Se ha recibido escrito de V I registro de salida nuacutemero 21795 de fecha 22 de noviembre de 1999 referente a la queja Q9911947 formulada por don ()

En relacioacuten con la cuestioacuten planteada resulta preciso recordar a ese Tribunal que el artiacuteculo 893 de la Ley 301992 de 26 de noviembre de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimienshyto Administrativo Comuacuten dispone que las resoluciones expresaraacuten los recursos que contra la misma procedan oacutergano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos sin pershyjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno

De acuerdo con lo previsto en el artiacuteculo 119 del Reglamento de Proshycedimiento en las Reclamaciones Econoacutemico-Administrativas las resoshyluciones dictadas por los TEAR sobre el fondo del asunto asiacute como las de declaracioacuten de competencia los de traacutemite que decidan directa o indishyrectamente aqueacutel de modo que pongan teacutermino a la reclamacioacuten hagan imposible o suspendan su continuacioacuten seraacuten susceptibles de recurso de alzada excepto las relativas a los asuntos cuya cuantiacutea no exceda de la sentildealada en el apartado dos del artiacuteculo 10 del Reglamento y las resoshyluciones de cuestiones incidentales

En cuanto a las resoluciones dictadas en uacutenica instancia por los Trishybunales Econoacutemico-Administrativos Regionales o Tribunales Econoacutemishyco-Administrativos Locales seraacuten directamente recurribles en viacutea conshytencioso-administrativa

De todo ello se deduce que son recurribles en alzada las resoluciones del TEAR dictadas en primera instancia siempre que se cumpla el requisito

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de cuantiacutea que exige el artiacuteculo 102 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Econoacutemico-Administrativas En cambio en el caso de uacutenica instancia el recurso procedente es la viacutea contencioso-administrativa

Si como entiende ese Tribunal en el caso concreto la reclamacioacuten era de uacutenica instancia como quedoacute recogido en el fallo el recurso procedente era la viacutea contencioso-administrativa y no el recurso de alzada y por tanto es aquella viacutea la que debiacutea ofrecerse al interesado indicando el Organo judicial ante la que debiacutea presentarse plazo etc

Sin embargo fue el ofrecimiento por parte del TEAR del recurso de alzada claramente improcedente el que indujo al interesado a conshyfusioacuten interponiendo este recurso

Por uacuteltimo hay que sentildealar que aunque efectivamente el interesado podriacutea haber formulado recurso contencioso-administrativo contra la resolucioacuten dictada por el Tribunal Econoacutemico-Administrativo Central este recurso no estudiariacutea la cuestioacuten de fondo sino uacutenicamente la adeshycuacioacuten o no a derecho de la citada resolucioacuten

Sin embargo si como resulta procedente ese Tribunal retrotrajera las actuaciones para notificar nuevamente la resolucioacuten abriendo al inteshyresado el plazo para recurrir en viacutea jurisdiccional el Tribunal podriacutea estudiar el fondo del asunto

En consecuencia constatado el error y de conformidad con lo disshypuesto en los artiacuteculos 28 y 30 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril reguladora del Defensor del Pueblo he resuelto formular a V I la siguiente sugerencia laquoQue se anule la notificacioacuten practicada vulnerando el artiacuteculo 893 de la Ley de Procedimiento Administrativo y se repongan las actuaciones practicando una nueva notificacioacuten legal de la resolucioacuten y abriendo al interesado nuevamente el plazo para recurrir en viacutea conshytencioso-administrativa que es la uacutenica procedenteraquo

Por otra parte esta Institucioacuten considera preciso realizar a V I la siguiente recomendacioacuten laquoQue se modifique el contenido de las notifishycaciones de las resoluciones dictadas por ese Tribunal y en concreto el ofrecimiento de los recursos procedentes de forma que eacutestos sean los adecuados a derecho en virtud de lo previsto en el artiacuteculo 119 del Reglamento de Procedimiento Econoacutemico y ademaacutes contengan cuando proceda las limitaciones que recoge el artiacuteculo 10 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Econoacutemico-Administrativasraquo

Madrid 22 de diciembre de 1999

Recomendacioacuten dirigida a la Presidenta del Tribunal Econoacutemishyco-Administrativo Regional de Castilla-La Mancha

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Recomendacioacuten 891999 de 23 de diciembre sobre la funcioacuten de los vigilantes de seguridad en el aeropuerto de Madrid-Barajas


Nos dirigimos nuevamente a usted como continuacioacuten a su escrito de fecha 29 de junio de 1999 en relacioacuten con la comparecencia ante esta Institucioacuten de dontildea ()

En el escrito remitido por esa Secretariacutea de Estado se informa acerca de las funciones que la Ley de Seguridad Privada permite desempentildear a los vigilantes de seguridad

Entre ellas evidentemente no se encuadra la conduccioacuten forzosa en aquellos casos en que como el que nos ocupa un ciudadano extranjero que ha sido inadmitido en frontera opone resistencia a la hora de ser conducido para embarcar en el avioacuten de la compantildeiacutea aeacuterea que lo trasladoacute a Espantildea

En el caso concreto de la sentildeora () de nacionalidad nigeriana que fue devuelta definitivamente a su lugar de origen el diacutea 6 de enero de 1999 se ha tenido conocimiento de los presuntos malos tratos inferidos a la misma por parte de vigilantes de seguridad de la empresa que teniacutea contratada en ese momento la Compantildeiacutea Iberia

Habida cuenta las pruebas y testimonios que obran en poder de esta Institucioacuten y que parecen avalar que en dos ocasiones la sentildeora () fue agredida tanto fiacutesica como verbalmente por vigilantes jurados esta Institucioacuten va a poner los hechos en conocimiento de la Direccioacuten General de la Policiacutea por las responsabilidades en las que pudieran haber incurrido tanto los vigilantes de seguridad como funcionarios del Cuerpo Nacional de Policiacutea que presenciaron los hechos sin que al parecer intervinieran al respecto

Los hechos que nos han sido descritos avalan de una forma contunshydente el contenido de nuestro escrito de fecha 22 de marzo de 1999 dirishy

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gido a esa Secretariacutea de Estado en el que se manifestaba que las uacutenicas personas legitimadas para efectuar los traslados a los aviones eran los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en cualshyquier caso cualquier medida de inmovilizacioacuten para el traslado forzoso de aquellos ciudadanos extranjeros que se resisten a ser embarcados deberiacutea ser puesta en conocimiento de la autoridad judicial

Por otra parte en una reciente visita que Asesores de esta Institucioacuten efectuaron a las dependencias de la comisariacutea del aeropuerto de Madrid-Barajas se pudo observar que en las dependencias destinadas a aquellos ciudadanos extranjeros que han sido objeto de rechazo en fronshytera en concreto en una habitacioacuten que existe a la entrada de la misma dos vigilantes de seguridad un hombre y una mujer se encontraban registrando las pertenencias de una mujer y procediendo a un cacheo de la misma intervinieacutendose los objetos que a su juicio no podiacutea introshyducir en las dependencias donde iba a permanecer hasta ser finalmente devuelta a su paiacutes de origen

Ambos hechos suponen una atribucioacuten de funciones que no se encuenshytra recogida en la Ley 231992 de 30 de junio de Seguridad Privada maacutexime cuando son funcionarios del Cuerpo Nacional de Policiacutea los que custodian a estas personas

Situacioacuten distinta es aquella en la que el ciudadano extranjero una vez embarcado es custodiado dentro de la aeronave por vigilantes de seguridad contratados por las distintas compantildeiacuteas aeacutereas obligadas a efectuar el traslado

Por todo lo anterior esta Institucioacuten en virtud de lo dispuesto en el artiacuteculo 301 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo ha valorado la conveniencia de formular a V E la siguiente recoshymendacioacuten laquoQue por parte de esa Secretariacutea de Estado se dicten las insshytrucciones oportunas para que la custodia registro de efectos personales cacheos y traslado hasta la aeronave de aquellos ciudadanos extranjeros que han sido inadmitidos en territorio nacional se efectuacutee por parte de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado


Recomendacioacuten dirigida al Secretario de Estado de Seguridad

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Recomendacioacuten 901999 de 23 de noviembre sobre comunicacioacuten de alta meacutedica de menores bajo la tutela de la Administracioacuten al oacutergano administrativo competente


En su diacutea esta Institucioacuten tuvo conocimiento de las dificultades surshygidas con ocasioacuten de la retirada de un menor del domicilio de su guarshydadora de hecho debido a la oposicioacuten de eacutesta y de sus familiares y vecinos En relacioacuten con este asunto se solicitoacute informe a la Consejeriacutea de Bienestar Social de esa Generalidad Valenciana del que se desprendiacutea que el menor nacido el 28 de noviembre de 1997 fue declarado en situashycioacuten legal de desamparo daacutendose traslado de la pertinente resolucioacuten en fecha 7 de julio de 1998 al Hospital General Universitario de Elche donde se encontraba ingresado el referido menor

La finalidad de poner en conocimiento del hospital la resolucioacuten adopshytada era permitir que los servicios de proteccioacuten al menor dependientes de la Consejeriacutea de Bienestar Social pudieran recoger al nintildeo del citado centro una vez que se produjera el alta hospitalaria No obstante de acuerdo con la informacioacuten que nos fue trasladada el menor fue dado de alta el 24 de julio siendo entregado a la guardadora de hecho y sin que la Direccioacuten Territorial de Bienestar Social tuviera conocimiento de ello

En consideracioacuten a estos antecedentes se solicitoacute informe a fin de conocer las circunstancias que habiacutean concurrido en el caso expuesto asiacute como en general a la coordinacioacuten existente entre los servicios sanishytarios y los servicios sociales ante la deteccioacuten de posibles situaciones de riesgo de menores de edad

En el informe remitido por esa Consejeriacutea se pone de manifiesto que la referida resolucioacuten de la Direccioacuten Territorial de la Consejeriacutea de Bieshynestar Social fue comunicada al hospital a traveacutes del Servicio de Atencioacuten

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al Usuario en fecha 7 de julio de 1998 indicaacutendose que se diera conoshycimiento del alta hospitalaria del nintildeo para trasladarlo a un centro depenshydiente de aqueacutella

No obstante lo anterior se deja constancia de que aun cuando la resolucioacuten fue enviada al Servicio de Pediatriacutea donde se encontraba ingresado el menor para su conocimiento por el personal sanitario y su incorporacioacuten a la historia cliacutenica de aqueacutel el nintildeo fue dado de alta sin que tal circunstancia se comunicara a la Direccioacuten Territorial de Bienestar Social

Asiacute en fecha 24 de julio de 1998 el menor es dado de alta hospitalaria hacieacutendose cargo del mismo la persona que en la historia cliacutenica figura como su abuela al parecer porque el meacutedico de planta creyoacute que la citada persona seriacutea la encargada de poner al nintildeo a disposicioacuten de la Direccioacuten Territorial de Bienestar Social

Posteriormente a solicitud de esta Direccioacuten Territorial fue remitida informacioacuten sobre los datos del menor y su informe meacutedico en el que se concluiacutea la necesidad de continuos y mantenidos controles por las disshytintas aacutereas de atencioacuten

Por cuanto antecede en meacuterito a lo expuesto y en uso de las atrishybuciones que le vienen conferidas por el artiacuteculo 54 de la Constitucioacuten y el artiacuteculo 30 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril esta Institucioacuten dirige a esa Consejeriacutea de Sanidad la siguiente recomendacioacuten laquoQue se impartan las instrucciones oportunas a fin de garantizar que en todos los centros sanitarios y en especial en los servicios de pediatriacutea se tenga conocimiento de las implicaciones que una medida legal de declaracioacuten de desamparo y de asuncioacuten de la tutela de un menor por parte de la entidad puacuteblica competente de proteccioacuten de menores efectuada conshyforme a lo previsto en el Coacutedigo Civil y la Ley 71994 de 5 de diciembre de la Infancia de la Comunidad Valenciana tiene respecto a dicho menor y en consecuencia de la forma de proceder con caraacutecter previo al alta hospitalaria de aqueacutelraquo


Recomendacioacuten dirigida al Consejero de Sanidad de la Generashylidad Valenciana

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Recomendacioacuten 911999 de 23 de diciembre sobre el control judishycial de las medidas restrictivas de los derechos fundamentales de los enfermos mentales impedidos para aceptarlas


El 13 de enero de 1998 tuvo entrada en esta Institucioacuten escrito de queja de dontildea () En ella exponiacutea que su padre don () enfermo de psicosis maniaco-depresiva padeciacutea graves trastornos conductuales y era tratado en el Hospital Psiquiaacutetrico de Madrid Su comportamiento anoacuteshymalo le llevoacute primero a arrojar liacutequido inflamable a la puerta de su vivienshyda causando la muerte de su hermana y lesiones considerables en eacutel maacutes tarde al parecer como consecuencia del fallo judicial decretando su internamiento en unidad psiquiaacutetrica penitenciaria se suicidoacute dentro del mencionado hospital Manifestaba la promotora de la queja que habiacutea existido desatencioacuten e incompetencia con respecto a su padre de los profesionales del Hospital Psiquiaacutetrico

Seis meses despueacutes el 6 de marzo de 1998 don () formulaba queja ante esta Institucioacuten exponiendo la actuacioacuten negligente del servicio de control y vigilancia asiacute como la desconsiderada actuacioacuten de la Direccioacuten del referido Hospital Psiquiaacutetrico El hecho concreto que serviacutea de funshydamento a su queja era la muerte en el arceacuten de la autoviacutea Madrid-Colshymenar Viejo de su hijo () el cual internado en el Hospital Psiquiaacutetrico Provincial por padecer esquizofrenia paranoide croacutenica se habiacutea fugado del mismo

Admitidas ambas quejas a traacutemite de conformidad con lo establecido en los artiacuteculos 9 y 17 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril y en el artiacuteculo 121b) del Reglamento de Organizacioacuten y Funcionamiento de esta Institucioacuten de 6 de abril de 1983 se remitioacute escrito a V E solicitando el preceptivo informe a los efectos previstos en el artiacuteculo 181 de la citada Ley Orgaacutenica

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Se solicitoacute informe sobre los problemas generales planteados en las quejas presentadas en concreto sobre las condiciones de vigilancia y cusshytodia del personal internado dado que esta Institucioacuten no podiacutea entrar en el examen individualizado de la primera de las quejas mencionadas y presumiblemente tampoco de la segunda al tener constancia de que el asunto planteado estaba siendo objeto de investigacioacuten por el Juzgado de Instruccioacuten nuacutemero 36 de Madrid Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el nuacutemero 2 del artiacuteculo 18 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril

Se recibioacute un primer informe de la Direccioacuten General de Sanidad de la Consejeriacutea que V E dirige en el que se manifiesta que el Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiaacutetrico no podiacutea ser considerado como un centro disciplinario cerrado y no integrado en la sociedad antes al conshytrario se procuraba integrar socialmente a los pacientes fomentando la convivencia entre ellos y con terceros Se deciacutea tambieacuten que los medios de contencioacuten utilizados con pacientes teniacutean la naturaleza de intervenshyciones terapeacuteuticas y que se haciacutea uso de ellos previa indicacioacuten del faculshytativo responsable de cada enfermo valorando la relacioacuten riesgo-beneficio y su repercusioacuten en la relacioacuten meacutedico-paciente Se describiacutean los distintos niveles de contencioacuten (sujecioacuten completa en habitacioacuten cerrada sujecioacuten parcial en habitacioacuten cerrada estancia en habitacioacuten cerrada) cuyo conshytrol correspondiacutea al personal asistencial de la unidad correspondiente En el caso concreto de don () se llegoacute a la conclusioacuten despueacutes de reashylizada la correspondiente investigacioacuten de que el acto que originoacute su fallecimiento respondioacute a una conducta deliberada e intencionalmente oculta sin que hubiese mostrado signos previsibles que aconsejaran la adopcioacuten de medidas preventivas

Se solicitoacute nuevo informe de la Consejeriacutea de Sanidad y Servicios Sociales recabando esta vez en queacute supuestos se daba conocimiento a la autoridad judicial del aislamiento o contencioacuten de un paciente en cuanto actos que pudieran anular o limitar su libertad personal Se respondioacute al mismo por escrito de V E recibido el 16 de junio de 1999

En este segundo informe se insiste en el caraacutecter terapeacuteutico de las medidas de contencioacuten y aislamiento y en cuanto a su adopcioacuten se disshytingue entre dos situaciones cuando son solicitadas por el paciente o acordadas con eacutel y cuando son indicadas por el facultativo (se supone que sin aceptacioacuten del enfermo) En el segundo supuesto se diferencia ademaacutes entre el caraacutecter voluntario o involuntario del ingreso en el centro sanitario Se dice que en la primera de las situaciones no hay anulacioacuten ni limitacioacuten de la libertad personal Trataacutendose de la segunda y cuando el ingreso ha sido voluntario se da traslado de las medidas al juez comshypetente y entran en juego las medidas previstas en el artiacuteculo 211 del

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Coacutedigo Civil se ponen en conocimiento del juez no soacutelo las medidas de aislamiento o contencioacuten sino cualquier otra medida terapeacuteutica no acepshytada por el paciente y que pueda restringir sus libertades Cuando la medida de contencioacuten o aislamiento es indicada por el facultativo y el paciente ha ingresado en el centro de forma involuntaria se dice que siguiendo el criterio del Juzgado de Primera Instancia nuacutemero 30 de Madrid entiende el hospital que laquola autorizacioacuten para el internamiento acordada al amparo del artiacuteculo 211 del Coacutedigo Civil conlleva impliacutecita la autorizacioacuten para poner en praacutectica las medidas terapeacuteuticas (se entienshyde que han de referirse a las de contencioacuten y aislamiento) necesarias para el tratamiento del enfermo ya que la razoacuten por la que se autoriza el ingreso es la de proporcionar al enfermo el tratamiento necesario para su cuadro cliacutenicoraquo Como apoyo a esta tesis se afirma que en otras situashyciones cliacutenicas distintas a la enfermedad mental tratadas por especialistas meacutedicos y quiruacutergicos se adoptan decisiones diagnoacutesticas y terapeacuteuticas cuando el enfermo no tiene capacidad para decidir Se dice asimismo que el juez competente acompantildeado del Meacutedico Forense y del Secretario Judicial acude un diacutea a la semana para confirmar o revocar la decisioacuten tomada por los facultativos

A la vista de los informes recibidos y especialmente en relacioacuten con las medidas de contencioacuten y aislamiento aplicadas individual o conjunshytamente en el Hospital Psiquiaacutetrico Provincial esta Institucioacuten desea hacer a V E las siguientes consideraciones

1) Ha de manifestarse con caraacutecter previo y en referencia al conshytenido del primer informe que esta Institucioacuten comparte el criterio de orientar los tratamientos psiquiaacutetricos que se dispensan en el Hospital de Cantoblanco hacia la dimensioacuten comunitaria y de integracioacuten social plena del enfermo mental Ese es el criterio legal establecido expresashymente en el artiacuteculo 25 de la Ley General de Sanidad y asiacute fue recogido en el Estudio del Defensor del Pueblo sobre la situacioacuten juriacutedica y asisshytencial del enfermo mental en Espantildea (1991) y en los informes anuales presentados a las Cortes Generales lo cual no obsta para que deba presshytarse especial cuidado y esmero en la vigilancia de las personas intershynadas Hechos como los descritos en las quejas de referencia son lo sufishycientemente relevantes como para hacer la anterior afirmacioacuten No se entra sin embargo en su consideracioacuten concreta por haber sido objeto de investigacioacuten judicial

2) Cuando dichas medidas son solicitadas por el propio paciente o existe acuerdo entre eacutel y su meacutedico para que sean adoptadas siempre que en funcioacuten de su estado cognitivo y volitivo el enfermo mental conozshyca el alcance del aislamiento y de la contencioacuten mecaacutenica y se encuentre en condiciones de decidir por siacute mismo se considera ajustada a Derecho

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la actuacioacuten asistencial seguida en el referido hospital pues no vulnera la esfera del derecho fundamental a la libertad individual reconocido en el artiacuteculo 171 de la Constitucioacuten Ahora bien en virtud del mismo prinshycipio de voluntariedad inherente a la solicitud del paciente o al acuerdo con el facultativo se le debe informar del alcance y duracioacuten de las medishydas que solicite o acuerdos que se tomen con eacutel Este uacuteltimo aspecto es por otra parte la aplicacioacuten praacutectica del derecho a la informacioacuten completa y continuada del proceso de tratamiento establecido en el artiacuteshyculo 105 de la Ley General de Sanidad

3) Estima esta Institucioacuten que con caraacutecter general las medidas de aislamiento y de contencioacuten no son propiamente en siacute mismas medishydas terapeacuteuticas como tampoco lo es el internamiento Aislamiento conshytencioacuten mecaacutenica e internamiento son en principio medidas instrumenshytales o a lo sumo auxiliares para la aplicacioacuten o consecucioacuten de un trashytamiento sanitario adecuado para evitar dantildeos a la persona del paciente o a terceros lo cual no les priva de su caraacutecter sustantivo de medidas restrictivas de la libertad individual Ello no obsta para que al realizarse con enfermos mentales deba ser el facultativo quien deba indicarlos dado que han de estar subordinados al fin uacuteltimo de la curacioacuten del paciente Ni impide tampoco que determinadas medidas especialmente las de contencioacuten en determinados supuestos muy concretos puedan constituir tratamiento terapeacuteutico para la persona con patologiacutea mental en cuanto sirvan para un mayor sosiego y eliminacioacuten de su agresividad o ansiedad por otra parte siempre son de difiacutecil delimitacioacuten las fronshyteras entre conceptos que funcionalmente guardan alguna conexioacuten entre siacute

4) Lo expresado en el paacuterrafo precedente no tiene soacutelo valor conshyceptual Aplicado en la praacutectica significa que en los supuestos de medishydas de aislamiento y contencioacuten indicadas por los meacutedicos sin aceptacioacuten o acuerdo con el paciente la primera diferenciacioacuten que ha de hacerse es entre medidas restrictivas de la libertad individual y tratamientos terapeacuteuticos con preferencia al criterio sostenido en el informe remitido de distinguir entre internamientos voluntarios e involuntarios dando por hecho que las medidas de aislamiento y contencioacuten tienen caraacutecter terapeacuteutico En la primera diferenciacioacuten radica entre otras causas la exigibilidad de autorizacioacuten judicial para el internamiento de personas con trastorno psiacutequico que no esteacuten en condiciones de decirlo por siacute porque es el internamiento involuntario y no la aplicacioacuten de un trashytamiento sanitario el que puede conculcar el derecho fundamental a la libertad personal si no se realiza en los casos y en la forma previstos en la ley

5) Aun con absoluto respeto al criterio mantenido por el Juzgado citado en el informe entiende esta Institucioacuten que la autorizacioacuten judicial

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de internamiento no lleva impliacutecita la restriccioacuten del derecho a la libertad individual que comporta el sometimiento del paciente a medidas de aisshylamiento y de contencioacuten mecaacutenica decididas por los facultativos sin la aceptacioacuten de aqueacutel Ciertamente seguacuten se manifiesta en el informe hay un seguimiento judicial semanal de la actuacioacuten de los facultativos Pero en cuanto internamiento aislamiento y medidas de contencioacuten son medishydas que tienen el denominador comuacuten de privacioacuten de libertad cuando no son consentidas por el interesado parece maacutes propio aplicar el artiacuteshyculo 211 del Coacutedigo Civil a los supuestos de aislamiento y contencioacuten mecaacutenica no consentidos por el paciente y solicitar sea la corresponshydiente autorizacioacuten judicial cuando dichas medidas no vayan a tomarse de inmediato (supuesto quizaacute poco frecuente) o bien cuando por razones de urgencia hayan debido ser adoptadas informar al Juez en los teacuterminos previstos en el citado artiacuteculo 211 del Coacutedigo Civil En efecto el control judicial previsto en el paacuterrafo tercero de dicho artiacuteculo a la luz de detershyminada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Euroshypeo de Derechos Humanos referido a aspectos relacionados con la prishyvacioacuten de libertad no soacutelo implica la adopcioacuten de medidas restrictivas de la libertad individual previas al internamiento sino la aplicacioacuten de las mismas mientras subsiste la privacioacuten o restriccioacuten de esa libertad Conforme a ello el control judicial se extenderiacutea tambieacuten a las condiciones del internamiento en cuanto puedan afectar a los derechos fundamentales debiendo tenerse en cuenta singularmente el papel atribuido al juez como garante de estos derechos

6) El criterio expuesto en el apartado anterior sin embargo y siguiendo la misma liacutenea argumental de asimilar por analogiacutea los supuesshytos de aislamiento y contencioacuten mecaacutenica al de internamiento debe aplishycarse cuando aqueacutellos tengan caraacutecter de permanencia (al igual que es permanente el internamiento) es decir cuando ambas medidas presenten connotaciones comunes con la del internamiento Ello significa que si las referidas medidas se toman con caraacutecter puntal y meramente transhysitorio o son de duracioacuten muy breve a causa precisamente de su caraacutecter episoacutedico no les seriacutea de aplicacioacuten lo dispuesto en el artiacuteculo 211 del Coacutedigo Civil

7) Si las tan citadas medidas tuvieran caraacutecter terapeacuteutico tesis censhytral de los dos informes recibidos habriacutea de aplicarse en todos los supuesshytos incluido el de internamiento no voluntario autorizado por el Juez lo dispuesto en el artiacuteculo 10 de la Ley General de Sanidad sobre derechos de los ciudadanos con respecto a las distintas Administraciones Puacuteblicas sanitarias en concreto el derecho al previo consentimiento escrito para la realizacioacuten de cualquier intervencioacuten (apartado 6 del citado artiacuteculo) que soacutelo puede exceptuarse en tres supuestos tasados cuando la no intershyvencioacuten suponga un riesgo para la salud puacuteblica cuando el enfermo no

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esteacute capacitado para tomar decisiones en cuyo caso el ejercicio del dereshycho corresponde a sus familiares o personas a eacutel allegadas y cuando la urgencia no permita demoras por poderse ocasionar lesiones irrevershysibles o existir peligro de fallecimiento

De seguir esta hermeneacuteutica las medidas (conceptuadas como terashypeacuteuticas) de aislamiento y contencioacuten soacutelo podriacutean aplicarse al enfermo mental sin su consentimiento en situaciones de urgencia por posibles dantildeos a su persona o muerte cuando exista riesgo para la salud de tershyceros y cuando se encuentre en periacuteodos de incapacidad decisoria Pero en este uacuteltimo supuesto quizaacutes el maacutes frecuente trataacutendose de enfermos mentales sus familiares o personas allegadas deben suplir su incapacidad y prestar el consentimiento escrito por eacutel

8) Tampoco se estima vaacutelida la afirmacioacuten contenida en el segundo de los informes como apoyo a su tesis central de que existen otros cuashydros cliacutenicos distintos a los de naturaleza psiquiaacutetrica en los que se adopshytan decisiones diagnoacutesticas y terapeacuteuticas con pacientes que no estaacuten en condiciones de aceptar o rechazar dichas decisiones En estos supuesshytos es necesario siempre el consentimiento escrito de sus familiares o allegados en los teacuterminos expuestos en el apartado anterior

9) Finalmente y por el valor de referencia que siempre tiene la legislacioacuten comparada en este caso la de una Comunidad Autoacutenoma ha de mencionarse la Ley 11999 de 31 de marzo de Atencioacuten a las Personas con Discapacidad en Andaluciacutea Su artiacuteculo 34 referido a los derechos de los usuarios de centros residenciales y de diacutea establece expresamente que laquoen los supuestos en que dichas decisiones o medidas supongan aislamiento restricciones de libertades u otras de caraacutecter extraordinario deberaacuten ser aprobadas por la autoridad judicial salvo que por razones de urgencia hiciesen necesaria la inmediata adopcioacuten de la medida en cuyo caso se pondraacute en conocimiento de aqueacutella cuanto antesraquo

Por cuanto antecede esta Institucioacuten en uso de las facultades que le confiere el artiacuteculo 30 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo formula a esa Consejeriacutea la siguiente recomendashycioacuten laquoQue se valore la oportunidad y conveniencia de solicitar autorishyzacioacuten judicial o en casos de urgencia de comunicar al juez competente en los teacuterminos establecidos en el artiacuteculo 211 del Coacutedigo Civil cuando el proceso sanitario aconseje la adopcioacuten de medidas de aislamiento de contencioacuten mecaacutenica u otras restrictivas de la libertad individual o de otros derechos fundamentales en los supuestos de enfermos mentales

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que no esteacuten en condiciones de decidir por siacute mismos la aceptacioacuten o acuerdo con las mencionadas medidasraquo


Recomendacioacuten dirigida al Consejero de Sanidad de la Comunidad Autoacutenoma de Madrid

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Recomendacioacuten 921999 de 30 de diciembre sobre acomodacioacuten de los procesos selectivos de personal laboral a los principios consshytitucionales de igualdad meacuterito y capacidad no excluyendo a quienes acrediten una titulacioacuten superior a la requerida


En su diacutea se formuloacute la queja en la que las interesadas exponiacutean las presuntas irregularidades en el proceso selectivo para cubrir diez plazas de teacutecnicos medios diplomados en trabajo social del Ayuntamiento de Maacutelaga incorporadas a la oferta de empleo puacuteblico para el antildeo 1996 como consecuencia de no haber sido incluidas en la convocatoria al no ser enviada su candidatura por el Instituto Nacional de Empleo aun contando con la antiguumledad suficiente

Admitida la queja a traacutemite se solicitaron informes al Ayuntamiento de Maacutelaga y a ese Instituto manifestaacutendose en el remitido por el primero de ellos la nula intervencioacuten de esa entidad local en la preseleccioacuten de los candidatos conforme al perfil establecido al ser una labor realizada por el Instituto Nacional de Empleo

Por parte de ese Instituto se haciacutean constar los requerimientos teacutecshynicos de la oferta de empleo y el protocolo de actuacioacuten a seguir en el proceso selectivo Conforme a los mismos seguacuten se expone en la inforshymacioacuten facilitada se realizoacute la preseleccioacuten mediante un sondeo por medios informaacuteticos daacutendose noticia del resultado del mismo

No obstante se haciacutea notar que la prospeccioacuten realizada por nivel acadeacutemico medio que era el requerido no reflejaba aquellos demandantes de empleo que ademaacutes de esa titulacioacuten tuvieran otra inferior como era el caso de las interesadas en este expediente Con relacioacuten a una de las reclamantes se sentildealaba que al figurar en alguna clase de alta en la Seguridad Social tampoco podiacutea reflejarse en el sondeo realizado

En este sentido se ha de indicar que no puede compartirse el criterio mantenido respecto a la exclusioacuten de aquellos candidatos que acreditada

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la titulacioacuten de diplomado en trabajo social estaban en posesioacuten de una titulacioacuten acadeacutemica superior

En efecto seguacuten esta Institucioacuten en la preseleccioacuten realizada no se garantizoacute el respeto a los principios constitucionales que deben regir el acceso al empleo puacuteblico por cuanto la prospeccioacuten realizada mediante medios informaacuteticos excluiacutea a los candidatos que ademaacutes de reunir uno de los requisitos exigidos la titulacioacuten de teacutecnico medio Diplomado en Trabajo Social estaban en posesioacuten de una titulacioacuten acadeacutemica superior circunstancia que no deviene en demeacuterito de los candidatos que la posean Por otra parte su existencia no puede dar origen a la exclusioacuten de eacutestos de una preseleccioacuten a realizar por ese Instituto conforme a unos requeshyrimientos teacutecnicos determinados que no imponiacutean esta condicioacuten como motivo de exclusioacuten maacutexime cuando con posterioridad a la seleccioacuten habriacutea de realizarse una posterior en la que se deberiacutean de tener en cuenta no soacutelo la titulacioacuten sino tambieacuten otros criterios dirigidos a la contratacioacuten del desempleado con mayor meacuterito y capacidad

En consecuencia no puede compartirse la alegacioacuten efectuada en el informe remitido sobre la conformidad del sondeo realizado con los requerimientos teacutecnicos recogidos en la oferta de empleo presentada puesto que aquiacute con razoacuten puede decirse que en aquella preseleccioacuten no estuvieron todos los que ostentaban la titulacioacuten acadeacutemica adecuada

Por todo ello esta Institucioacuten considera que la preseleccioacuten efectuada mediante medios informaacuteticos no se ha ajustado a los principios consshytitucionales de acceso al empleo puacuteblico que deben seguir las Adminisshytraciones Puacuteblicas en virtud del mandato constitucional recogido en el artiacuteculo 1033 de la Constitucioacuten Espantildeola

Por cuanto antecede en uso de las atribuciones que le vienen conshyferidas por el artiacuteculo 30 de la Ley Orgaacutenica 31981 de 6 de abril esta Institucioacuten formula a esa Direccioacuten General la siguiente recomendacioacuten laquoQue en virtud de los principios constitucionales de igualdad meacuterito y capacidad no excluya de las preselecciones que lleve a cabo ese Instituto a quienes acrediten ademaacutes de la titulacioacuten requerida en la oferta corresshypondiente otra titulacioacuten superiorraquo


Recomendacioacuten dirigida al Director General del Instituto Nacioshynal de Empleo

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Recomendacioacuten 931999 reflejada en el informe a las Cortes Geneshyrales correspondiente a 1999 sobre reforma del reacutegimen fiscal de la discapacidad


El conjunto de reformas propuesto afecta seguacuten se ha podido apreshyciar a diversos sectores del ordenamiento fundamentalmente el estatal pero tambieacuten al menos potencialmente el de las Comunidades Autoacuteshynomas y el Reacutegimen local reformas que inciden a su vez en diversos oacuterdenes como el civil el procesal y el tributario

Por esta razoacuten y por su volumen este uacuteltimo epiacutegrafe tiene por objeto sistematizar una serie de recomendaciones que en su esencia apelan a todos los poderes puacuteblicos responsables seguacuten el artiacuteculo 49 de la Consshytitucioacuten del amparo especial que merecen los discapacitados en el efectivo disfrute de los derechos del Tiacutetulo I

A este llamamiento constitucional se sienten ligados los partiacutecipes en la elaboracioacuten de este estudio y desde luego el Defensor del Pueblo

Desde hace varios antildeos la realizacioacuten de una poliacutetica de previsioacuten tratamiento rehashybilitacioacuten e integracioacuten de los discapacitados fiacutesicos psiacutequicos y sensoriales que el artiacuteculo 49 de la Constitucioacuten exige a todos los poderes puacuteblicos viene siendo un asunto al que de modo preferente ha prestado atencioacuten el Defensor del Pueblo Prueba de ello son varios estudios monograacuteficos entre los que destaca laquoLa atencioacuten residencial a personas con discapacidad y otros aspectos conexosraquo

Con estos antecedentes se consideroacute necesario dar un nuevo paso para remover los obsshytaacuteculos que dificultan el disfrute de los derechos que el Tiacutetulo I de la Constitucioacuten reconoce a todos los ciudadanos

Las presentes recomendaciones proceden de un estudio monograacutefico En ellas se proponen varias modificaciones de caraacutecter legal con el fin de que se reconozcan una serie de bonificaciones y deducciones fiscales a las personas afectadas por una minusvaliacutea igual o superior al 65 por 100 Su texto completo incluyendo el estudio previo puede consultarse en Informes estudios y documentos Presente y futuro de la fiscalidad del discapacitado Madrid Defensor del Pueshyblo 2000

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Las recomendaciones que a continuacioacuten se exponen se ordenan en liacutenea con la exposicioacuten efectuada en dos grupos las referidas a lo que se ha denominado Estatuto Patrimonial del Discapacitado encuadrado en una nueva visioacuten maacutes amplia y elaacutestica de la familia y las que con-ciernen al aacutembito de regulacioacuten de las concretas figuras tributarias

A) SOBRE EL ESTATUTO PATRIMONIAL DEL DISCAPACITADO

1a Que se considere la modificacioacuten de la legislacioacuten civil en materia de gestioacuten de patrimonio del discapacitado y en materia de donaciones y sucesiones de modo que se instrumenten mecanismos aacutegiles de gestioacuten del patrimonio del discapacitado a traveacutes de fideicomisarios constituidos por personas fiacutesicas y juriacutedicas se flexibilice el reacutegimen de donaciones y sucesorio incrementando en este caso dos tercios de mejora y libre disposicioacuten cuando entre los causahabientes se encuentren uno o maacutes discapacitados y se excluya la posibilidad de suceder ab intestato al hereshydero que no se ocupoacute del causante discapacitado

2a Que se considere una nueva regulacioacuten del instituto civil de la tutela de modo que se pueda ordenar la propia tutela futura que deacute respuesta a los problemas causados por enfermedades seniles o por accishydentes que provoquen minusvaliacutea

3a Que se considere la reforma de la legislacioacuten procesal en cuanto a los procedimientos de declaracioacuten de incapacidad mediante el desarrollo de juzgados especializados y la actuacioacuten de oficio del Ministerio Fiscal o a peticioacuten de los padres o representantes legales

4a Que se promueva la creacioacuten de un especiacutefico estatutos tributario para el discapacitado beneficiando fiscalmente la generacioacuten de un patrishymonio de destino y la adscripcioacuten de rentas perioacutedicas por sus familiares que permita subvenir sus necesidades presentes y futuras

B) SOBRE LAS DISTINTAS FIGURAS IMPOSITIVAS

a) IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FIacuteSICAS

1a Que a los efectos del IRPF se asimile la figura del declarado judicialmente incapaz a la de los discapacitados con minusvaliacutea igual o superior al 65 por 100

2a Que en la definicioacuten de unidad familiar a efectos de tributacioacuten conjunta sean incluidos los hijos mayores de edad con minusvaliacutea igual

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o superior al 65 por 100 en los mismos teacuterminos que los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada

3a Que en la definicioacuten de unidad familiar a efectos de tributacioacuten conjunta sean incluidos los tutores respecto de su tutelado minusvaacutelido y quienes por acogimiento legal dictado por resolucioacuten administrativa o judicial tengan encomendada la guarda de los igualmente minusvaacutelidos salvo que en ambos casos tal funcioacuten se realice por razoacuten de cargo proshyfesional o administrativo

4a Que en la regulacioacuten de planes de pensiones y mutualidades de previsioacuten social constituidos a favor de personas con minusvaliacuteas se conshysidere desde la entrada en vigor de la Ley 401998 de 9 de diciembre del IRPF

mdash La inclusioacuten del coacutenyuge tutores y cuidadores de minusvaacutelidos entre los sujetos habilitados para realizar aportaciones

mdash La inclusioacuten de un mecanismo de reduccioacuten especiacutefico para las prestaciones recibidas en forma de capital cuando el beneficiario sea minusvaacutelido de modo paralelo a las establecidas en los casos de presshytaciones percibidas en forma de renta

mdash La inclusioacuten de cualesquiera foacutermulas de articulacioacuten de planes y fondos de pensiones incluidos los planes de empleo que se ajusten a su Ley reguladora siempre que las aportaciones se efectuacuteen singushylarmente en beneficio de personas con un grado de minusvaliacutea igual o superior al 65 por 100

5a Que para la aplicacioacuten del miacutenimo familiar por ascendientes o descendientes del contribuyente se excluya el requisito de convivencia efectiva cuando los ascendientes o descendientes que dependan del conshytribuyente sean personas discapacitadas con el grado de minusvaliacutea que la propia norma reguladora de los miacutenimos establece

6a Que entre los beneficiarios de la deduccioacuten por inversioacuten en vivienda habitual se incluya desde la entrada en vigor del nuevo Impuesto sobre la Renta a los contribuyentes que no siendo minusvaacutelidos tengan derecho a la reduccioacuten del miacutenimo familiar por ascendientes o descenshydientes minusvaacutelidos siempre que convivan con ellos y sufragen los gastos de las obras e instalaciones llevadas a cabo para la adaptacioacuten de la vivienshyda a sus necesidades

7a Que para los rendimientos de actividades econoacutemicas de personas discapacitadas en reacutegimen de estimacioacuten directa se establezca alguna bonificacioacuten en sintoniacutea con el reacutegimen fiscal favorable de las coopeshyrativas de trabajo asociado que integran socios minusvaacutelidos

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8a Que para los rendimientos de actividades econoacutemicas de personas discapacitadas en reacutegimen de estimacioacuten objetiva se establezca una deduccioacuten por creacioacuten de empleo para trabajadores minusvaacutelidos y una reduccioacuten en el moacutedulo de personal asalariado o no asalariado fundashymentada en su menor capacidad productiva

9a Que se considere la exencioacuten total de las cantidades percibidas como prestaciones por desempleo en su modalidad de pago uacutenico cuando el perceptor de la prestacioacuten sea una persona minusvaacutelida fundamentado en las dificultades de los minusvaacutelidos para obtener un trabajo depenshydiente y como fomento de su iniciativa empresarial

10a Que se considere un porcentaje de deduccioacuten del impuesto de los gastos de enfermedad generados por razoacuten de la minusvaliacutea en la parte que excedan a los ya reducidos en la base por miacutenimo personal o familiar

b) IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANtildeADIDO

1a Que se considere la aplicacioacuten del tipo superreducido o al menos el reducido del impuesto para las entregas de todos aquellos bienes y la prestacioacuten de todos los servicios que bien por su propia naturaleza bien por acreditacioacuten suficiente del adquirente estaacuten dirigidos a suplir las deficiencias de las personas con discapacidad

2a Que en el marco de la Sexta Directiva 77388CEE del Consejo de 17 de mayo de 1977 se considere la aplicacioacuten del tipo superreducido del impuesto para las adquisiciones de vehiacuteculos a nombre de minusshyvaacutelidos destinados a su uso preferente

c) IMPUESTO SOBRE VEHIacuteCULOS DE TRACCIOacuteN MECAacuteNICA

Que se considere para los vehiacuteculos adquiridos a nombre y para uso de minusvaacutelidos con independencia de la necesidad de adaptacioacuten y potencia fiscal el mismo beneficio fiscal de exencioacuten establecido para tales vehiacuteculos en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte

d) IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOacuteMICAS

Que se considere para las personas discapacitadas que inician su actishyvidad un beneficio fiscal antildeadido al que disfrutan el resto de los conshy

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tribuyentes fundamentado en las dificultades especiacuteficas que tienen para llevar a cabo las actividades sujetas al impuesto

e) IMPUESTO DE SOCIEDADES

1a Que se considere una bonificacioacuten en la cuota del Impuesto de Sociedades del mismo tenor que la establecida para las cooperativas para aquellas sociedades mercantiles que estando participadas al menos en el 50 por 100 del capital social por entidades sin aacutenimo de lucro con derecho al reacutegimen fiscal del Tiacutetulo II de la Ley 301994 de 24 de noviemshybre de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participacioacuten Privada de Actividades de Intereacutes General empleen al menos un 50 por 100 de trabajadores minusvaacutelidos en tanto se mantenga dicha proporcioacuten y su giro o traacutefico esteacute constituido por la produccioacuten de bienes o la prestacioacuten de servicios especiacuteficamente destinados a personas con discapacidad

2a Que se considere una deduccioacuten especiacutefica en la cuota iacutentegra del impuesto por inversiones en obras e instalaciones para trabajadores minusvaacutelidos

3a Que se considere un incremento de la deduccioacuten establecida en la Ley del impuesto por creacioacuten de empleo para personas minusvaacutelidas

f) IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES

Que en la base del Impuesto de Sucesiones y Donaciones se considere una reduccioacuten cualificada cuando el donatario o causahabiente sea una persona con minusvaliacutea igual o superior al 65 por 100

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Recomendacioacuten 941999 reflejada en el informe a las Cortes Geneshyrales correspondiente a 1999 sobre pautas de actuacioacuten en materia de violencia escolar


Las conclusiones expuestas en el apartado anterior y cualesquiera otras que se extraigan de la investigacioacuten efectuada y de los datos que la misma ha proporcionado deben servir para orientar las actuaciones preventivas y correctoras tendentes a erradicar la violencia entre alumnos en el aacutembito escolar Deberaacuten ser pues las administraciones y autoshyridades educativas los profesionales de la educacioacuten los pedagogos los psicoacutelogos las madres y padres y las asociaciones que los representan los equipos directivos de los centros docentes los que cada uno en su aacutembito propio acuerden las poliacuteticas a seguir las actuaciones a realizar las intervenciones a proponer y practicar sobre la base objetiva del conoshycimiento real del problema que proporciona la investigacioacuten epidemioshyloacutegica efectuada

El Defensor del Pueblo de acuerdo con su ley orgaacutenica reguladora (Ley 31981 de 6 de abril) puede con ocasioacuten de sus investigaciones formular a las autoridades y funcionarios de las administraciones puacuteblicas advertencias recomendaciones recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopcioacuten de nuevas medidas En todos los casos las autoridades y los funcionarios vendraacuten obligados a responder por escrito en teacutermino no superior al de un mes (art 301) En el presente caso y aun cuando en un momento dado (diciembre 1998) se solicitoacute la

Las presentes recomendaciones se extraen de un informe monograacutefico sobre laquoViolencia escolarraquo en la Educacioacuten Secundaria Obligatoria que realizoacute esta Institucioacuten tras un detallado estudio de la situacioacuten existente en los centros educativos espantildeoles Para una mejor comshyprensioacuten de las mismas se recomienda la lectura del mencionado informe mdashrealizado con la inapreciable colaboracioacuten de UNICEFmdash que aporta exhaustiva y detallada informacioacuten sobre este asunto y justifica las recomendaciones aquiacute reproducidas

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colaboracioacuten de las autoridades entonces competentes en materia edushycativa para confeccionar el apartado incluido en los antecedentes que acompantildean a este informe relativo a la respuesta que hasta el presente vienen dando dichas administraciones a los fenoacutemenos de violencia escoshylar lo cierto es que lo investigado no ha sido el comportamiento de la Administracioacuten y sus agentes sino las conductas y actitudes de los alumshynos Por este motivo no se ha querido dar a las recomendaciones que a continuacioacuten se formulan el caraacutecter propio de aquellas a las que se refiere la Ley Orgaacutenica del Defensor del Pueblo ni los efectos juriacutedicos mdashen cuanto a la obligacioacuten de aceptacioacuten o rechazo expreso por parte de sus destinatarios y plazo para hacerlo entre otrosmdash que las mismas tienen Se trata maacutes bien de impulsar iniciativas de animar intervenshyciones y actuaciones especiacuteficas de los distintos agentes que participan en el sistema y en el proceso educativo en la liacutenea de lo que parece ser maacutes apremiante o urgente o simplemente maacutes efectivo en funcioacuten de los resultados que arroja la investigacioacuten central de este informe

Precisamente por estas razones las recomendaciones que se formulan no tienen destinatarios concretos maacutes allaacute de lo que las competencias y atribuciones de cada cual permitan concretar por eso mismo tambieacuten estas recomendaciones no se fundamentan en la previa constatacioacuten de carencias insuficiencias o incumplimientos administrativos o normativos que deban corregirse aunque en algunos supuestos eacutestos puedan existir y finalmente y por las mismas razones el contenido de las recomenshydaciones se liga yendo de lo general a lo particular a las conclusiones del estudio las cuales seriacutean en uacuteltimo teacutermino su origen y su justishyficacioacuten

En definitiva lo que la Institucioacuten pretende a la hora de formular estas recomendaciones generales es animar ciertas liacuteneas de intervencioacuten que parecen particularmente oportunas bien sea por su conexioacuten maacutes o menos directa con la investigacioacuten efectuada o bien por la eficacia acreshyditada en la experiencia de las intervenciones ya puestas en praacutectica en paiacuteses de nuestro entorno Obviamente muchas de las liacuteneas de actuacioacuten que a continuacioacuten se proponen ya estaacuten iniciadas o incluso gozan de una cierta tradicioacuten en el aacutembito de competencias de las distintas autoshyridades educativas Cuando esto es asiacute con la correspondiente recomenshydacioacuten se pretende respaldar la orientacioacuten preexistente y cuando ello no suceda lo que se pretende es alentar la accioacuten administrativa y el ejercicio de las propias competencias en la direccioacuten que se juzga maacutes adecuada

Asiacute pues y fundamentadas en las razones que sucintamente se expreshysan en los paacuterrafos que las anteceden se formulan a continuacioacuten diversas recomendaciones que deben ser tomadas en consideracioacuten dentro de los

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liacutemites ya manifestados y con las finalidades a las que se ha hecho mencioacuten expresa

I Sin una toma de conciencia general sobre la importancia del proshyblema y un adecuado conocimiento del alcance del mismo de sus manishyfestaciones maacutes relevantes y de sus caracteriacutesticas especiacuteficas difiacutecilmenshyte se puede abordar la prevencioacuten y erradicacioacuten de cualquier tipo de violencia en el medio escolar En consecuencia todas aquellas actuaciones que permitan un mejor conocimiento y comprensioacuten de dicho fenoacutemeno en general y de los abusos entre iguales en particular deben ser proshymovidas y favorecidas De especial intereacutes podriacutea resultar ademaacutes que las investigaciones futuras que pudieren promoverse utilizaran metodoshylogiacuteas compatibles con la usada en el estudio epidemioloacutegico incluido en este informe de manera que se posibilitaran anaacutelisis conjuntos compashyraciones entre periacuteodos temporales concretos y evaluaciones de las intershyvenciones que se estuvieran llevando a cabo Asimismo la realizacioacuten de investigaciones en poblaciones escolares concretas cuando existan razones que las aconsejen tambieacuten son de intereacutes

En razoacuten de todo ello se recomienda

1 Las administraciones con competencias o responsabilidades edushycativas deberiacutean promover perioacutedicamente en sus respectivos aacutembitos estudios epidemioloacutegicos que permitan conocer la situacioacuten real y la evoshylucioacuten de las conductas agresivas y las actitudes violentas en los centros educativos espantildeoles

2 Seriacutea aconsejable que los estudios e investigaciones se realizasen con metodologiacuteas y sistemas de anaacutelisis compatibles entre siacute para posishybilitar una mejor comprensioacuten del fenoacutemeno y la evaluacioacuten de las poliacuteshyticas e intervenciones practicadas para su prevencioacuten y erradicacioacuten

3 Deberiacutea incluirse en el campo de los estudios epidemioloacutegicos a los alumnos de los cursos inmediatamente anteriores a los del primer ciclo de la educacioacuten secundaria obligatoria ya que siendo este ciclo donde se produce la mayor incidencia de abusos entre iguales en el contexto escolar tiene intereacutes determinar el estado de la cuestioacuten en el uacuteltimo ciclo de la educacioacuten primaria

4 Las administraciones educativas deberiacutean fomentar de mutuo acuerdo entre ellas la celebracioacuten de congresos jornadas o seminarios de caraacutecter cientiacutefico en los que se debatiese el problema de la violencia escolar y se intercambiasen experiencias y conocimientos al respecto

5 Seriacutea aconsejable la creacioacuten de un Observatorio del maltrato entre iguales o una institucioacuten similar de aacutembito estatal que sirviese de lugar de encuentro para experiencias comunes de intercambio de inishy

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ciativas y de difusioacuten de estudios y en el que pudiesen participar no soacutelo las administraciones educativas sino tambieacuten aquellas otras con responshysabilidades conexas y las organizaciones sociales propias del sector

II Los abusos entre iguales y en general la violencia escolar des-borda en ocasiones el aacutembito puramente educativo y exige para su correcshyta comprensioacuten y adecuada resolucioacuten el conocimiento de circunstancias y situaciones ajenas a las escolares y la intervencioacuten de autoridades o administraciones diferentes de las educativas Es imprescindible por tanshyto que las autoridades educativas y las restantes cuyas competencias incidan en el tratamiento de los problemas distintos de los educativos o que acontezcan fuera del contexto escolar coordinen sus actuaciones y los planes o programas de intervencioacuten que desarrollen para dotar a todos ellos de la maacutexima eficacia posible


1 Deberiacutea potenciarse la faceta de oacutergano de encuentro del Consejo Escolar del centro para que en dicha sede la Administracioacuten local la Administracioacuten educativa correspondiente la representacioacuten del profeshysorado y la de los padres y alumnos en su caso concierten liacuteneas de intervencioacuten derivadas del conocimiento de la situacioacuten del propio centro y aporten a sus respectivas administraciones informacioacuten detallada que permita la planificacioacuten de las poliacuteticas que a cada una corresponda

2 Las administraciones locales deberiacutean coordinar sus poliacuteticas de familia de juventud de cultura y en general sus poliacuteticas sociales tomanshydo en consideracioacuten los datos obtenidos en su participacioacuten en los oacuterganos de gobierno de los centros docentes y los que la Administracioacuten educativa pueda proporcionar para contribuir a la solucioacuten del problema de la vioshylencia escolar en los aacutembitos ajenos a los estrictamente educativos

3 La seguridad y la vigilancia del entorno de los centros educativos deberiacutea planificarse y adecuarse a las caracteriacutesticas de cada uno de ellos a traveacutes de la coordinacioacuten sistemaacutetica entre las fuerzas de seguridad locales y los responsables educativos de dicho aacutembito territorial

4 La elaboracioacuten y aplicacioacuten de planes y programas de intervencioacuten conjuntos por parte de las autoridades educativas y las locales parece sumamente aconsejable para coordinar adecuadamente el ejercicio de las respectivas competencias y optimizar el uso de los recursos disponibles frente a la violencia escolar La frecuente evaluacioacuten y revisioacuten de dichos planes y programas es tambieacuten aconsejable

5 La evidente relacioacuten entre muchos supuestos de violencia escolar y las circunstancias familiares y socioeconoacutemicas de los alumnos apunta hacia la imprescindible coordinacioacuten de las intervenciones educativas y

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sociales de las administraciones competentes y las actuaciones de las famishylias en su propio aacutembito Facilitar a eacutestas apoyo profesional adecuado y orientacioacuten psicoloacutegica y pedagoacutegica es labor prioritaria

III Una adecuada formacioacuten de los agentes que han de intervenir en las labores de prevencioacuten y erradicacioacuten de los abusos entre iguales es sin duda alguna imprescindible Los resultados de la investigacioacuten apuntan hacia que los profesores no siempre detectan los supuestos de abusos entre iguales que se producen en su centro y ademaacutes mdashen este caso seguacuten la opinioacuten que manifiestan los alumnosmdash con frecuencia no prestan la ayuda que de ellos cabriacutea esperar Parece necesario por tanto asegurar que el profesorado disponga de una formacioacuten constante en la materia de manera que conozca las destrezas necesarias para prevenir los conflictos y enfrentarse a ellos en cuanto se producen Maacutes espeshyciacuteficamente deben disponer de esta formacioacuten los integrantes de los equishypos directivos de los centros docentes y el personal de los servicios de inspeccioacuten educativa cuya intervencioacuten en la resolucioacuten de los conflictos tiene una particular importancia Por otro lado la adquisicioacuten de desshytrezas y habilidades necesarias para la deteccioacuten y resolucioacuten de conflictos podriacutea extenderse tambieacuten a las familias y a los propios alumnos de manera que la prevencioacuten y la intervencioacuten abarcase la totalidad del aacutembishyto social de desarrollo de quienes producen o sufren maltratos


1 Entre los contenidos curriculares de las ensentildeanzas incluidas en los planes de estudio de las Escuelas Universitarias de Formacioacuten del Profesorado (en lo que se refiere a los docentes de Educacioacuten Primaria y Primer Ciclo de Secundaria) y en los contenidos del Curso de Cuashylificacioacuten Pedagoacutegica para la obtencioacuten del tiacutetulo profesional de espeshycializacioacuten didaacutectica (en lo que hace al profesorado de Secundaria) debieshyran incluirse los relativos a la prevencioacuten deteccioacuten y resolucioacuten de conshyflictos de violencia escolar a fin de garantizar la formacioacuten inicial en este campo para todos los docentes

2 Las administraciones educativas en sus respectivos aacutembitos deberiacutean garantizar la formacioacuten permanente y continua de todo el pershysonal docente complementando y actualizando la formacioacuten inicial de la que dicho personal disponga

3 En particular seriacutea de intereacutes garantizar en todos los casos la adecuada formacioacuten en esta materia del personal docente que integra en cada momento los equipos directivos de los centros docentes y del que realiza los servicios de inspeccioacuten educativa

4 En la medida de lo posible (y siempre que lo aconsejase la conshyflictividad de centros docentes determinados) deberiacutea aproximarse el

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proceso formativo al propio centro y desarrollaacutendose en eacutel posibilitar la inmediata puesta en praacutectica de estrategias de intervencioacuten y de preshyvencioacuten adecuadas a las caracteriacutesticas especiacuteficas de cada uno de los centros docentes

5 Deberiacutean estudiarse foacutermulas cooperativas con el sector privado de la educacioacuten para extender la formacioacuten del profesorado a quienes la ejercen en el sector privado sea eacuteste concertado o no

6 De igual modo los procesos formativos deberiacutean facilitar la inclushysioacuten de las familias y sobre todo de los propios alumnos para posibilitar la adquisicioacuten por parte de eacutestos de habilidades y teacutecnicas de resolucioacuten de conflictos que completen la funcioacuten desempentildeada por los docentes en el aacutembito educativo

IV Cualquier organizacioacuten para resultar miacutenimamente eficaz debe disponer de la dotacioacuten de medios personales mdash ademaacutes de materialesmdash adecuada a los fines que debe cumplir En la educacioacuten existe una directa relacioacuten entre la dotacioacuten de medios personales y la calidad del servicio que se presta Miope ahorro es el que proporciona la restriccioacuten de medios personales a la educacioacuten cuando el coste futuro de un mal servicio edushycativo seraacute siempre infinitamente mayor que el exiguo ahorro que ahora pueda lograrse En este sentido aun cuando el profesorado tiene un papel fundamental no hay que limitar la adecuada dotacioacuten de recursos humashynos al personal docente sino incluir tambieacuten a otro tipo de personal con labores de apoyo de orientacioacuten de vigilancia o de control que tiene una decisiva importancia en el oacuteptimo funcionamiento de los centros docentes


1 Las administraciones educativas deben garantizar la plena dotashycioacuten de los equipos de orientacioacuten psicopedagoacutegica de los centros cumshypliendo asiacute el mandato de la LOGSE que incluye la orientacioacuten y la tutoriacutea en el capiacutetulo correspondiente a la calidad de la ensentildeanza y como parte integrante de la funcioacuten docente

2 Las administraciones educativas deberiacutean valorar la posibilidad de incorporar a los equipos o servicios de orientacioacuten de los centros a trabajadores sociales que pudieran extender la labor de estos equipos o servicios de orientacioacuten a aacutembitos y a contextos ajenos al centro en los que se desenvuelvan los alumnos especialmente la familia

3 Las administraciones educativas deberiacutean garantizar la dotacioacuten de recursos humanos suficientes complementarios de los docentes y de orientacioacuten que posibilitasen una adecuada supervisioacuten y vigilancia del centro docente y de los diferentes espacios fiacutesicos existentes en el mismo

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tanto para evitar la entrada de personas ajenas al mismo que pudieran originar conflictos como la produccioacuten de episodios violentos entre los propios alumnos del centro

V Una planificacioacuten global y a largo plazo evaluable perioacutedicamente en cuanto a sus resultados y flexible en su forma para adecuarse a las necesidades de cada momento garantiza siempre mejores resultados que las intervenciones puntuales decididas al hilo de los sucesos violentos y de los episodios de maltrato que sea preciso atajar Ahora bien la planificacioacuten necesariamente apoyada y promovida por las administrashyciones educativas debe surgir de los propios centros docentes que a su vez deben implicar en su elaboracioacuten y puesta en praacutectica a toda la comunidad educativa y singularmente a los alumnos A traveacutes de esta planificacioacuten global debe lograrse una escuela segura exenta de comshyportamientos violentos articulada en torno a la conviccioacuten asumida por la comunidad del valor supremo de la dignidad de la persona el respeto a sus derechos y la tolerancia como modo ideal de convivencia

Los proyectos educativos de los centros en los que se incluyen preshyvisiones pedagoacutegicas y organizativas y se definen y articulan las viacuteas de colaboracioacuten de los distintos sectores de la comunidad educativa y la cooperacioacuten y coordinacioacuten con los servicios sociales y educativos locashyles son vehiacuteculo idoacuteneo para concretar y trasladar a la vida cotidiana de los centros docentes las liacuteneas de prevencioacuten e intervencioacuten frente a la violencia escolar que se hayan previsto en la planificacioacuten global En particular los reglamentos de reacutegimen interior parte integrante del proyecto educativo pueden ser instrumentos adecuados para canalizar la participacioacuten y responsabilizacioacuten del alumnado y el personal docente en la prevencioacuten y erradicacioacuten de la violencia y el establecimiento de medidas de caraacutecter educativo adicionales a las de caraacutecter sancionador a traveacutes de las cuales se traten los episodios de maltrato que se produzcan


1 Las autoridades educativas en sus respectivos aacutembitos de comshypetencia deberiacutean impulsar y promover la elaboracioacuten de planes o proshyyectos globales de prevencioacuten de la violencia escolar por parte de los centros educativos de su responsabilidad

2 Los centros docentes en la elaboracioacuten aprobacioacuten y aplicacioacuten de los planes o proyectos globales de prevencioacuten deberiacutean articular la participacioacuten de los distintos sectores de la comunidad educativa y espeshycialmente de los alumnos en lo que haga a las foacutermulas que se prevean para la resolucioacuten de conflictos generados por la violencia entre iguales

3 Los planes o programas globales de prevencioacuten orientados a crear en los centros una cultura que favorezca el desarrollo de formas adeshy

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cuadas de relacioacuten entre los integrantes de la comunidad educativa debeshyriacutean prever procesos o sistemas de evaluacioacuten y de reforma que permitan contrastar su eficacia y en su caso introducir las reformas pertinentes

4 Los proyectos educativos y curriculares de los centros docentes al abordar los distintos contenidos que les son propios deberiacutean conshytemplar previsiones organizativas pedagoacutegicas de coordinacioacuten con otras administraciones y de colaboracioacuten entre los sectores de la comunidad educativa que definan un marco adecuado para enfrentar la violencia escolar

5 Ademaacutes de las previsiones estrictamente sancionadoras que tamshybieacuten les son propias los reglamentos de reacutegimen interior de los centros deben incorporar previsiones que contribuyan a definir la organizacioacuten y funcionamiento de los centros a establecer la atribucioacuten de responshysabilidades especiacuteficas a alumnos y a otros integrantes de la comunidad educativa y a precisar normas de uso de las instalaciones y servicios escolares en teacuterminos que contribuyan a la prevencioacuten y erradicacioacuten de la violencia entre iguales

6 Los alumnos deben tomar parte activa en la definicioacuten del reglashymento de reacutegimen interior de sus centros de manera que tengan la oporshytunidad de expresar su punto de vista en relacioacuten con las normas que vayan a presidir la convivencia en los mismos las medidas que se prevean en caso de conflicto y las sanciones que eventualmente vayan a aplicarse para su correccioacuten

7 Asimismo en el reglamento de reacutegimen interior deberiacutea persoshynalizarse en alguacuten miembro de la comunidad educativa la responsabilidad especiacutefica del seguimiento y garantiacutea de aplicacioacuten de las previsiones vigentes en relacioacuten con la violencia escolar y la adecuada convivencia en el centro

VI La colaboracioacuten de las familias con los centros docentes para la prevencioacuten y el tratamiento de la violencia escolar resulta ser un eleshymento clave para la eficacia de cualquier sistema de intervencioacuten Esta idea hacia la que apuntan las tendencias maacutes recientes seguacuten se ha sentildealado entre los antecedentes de este informe viene avalada por datos concretos deducidos del estudio empiacuterico realizado que revela que las familias tienen un mayor conocimiento de situaciones de maltrato entre iguales que los profesores y los equipos de gobierno de los centros

Tambieacuten la adopcioacuten de estructuras cooperativas y el empleo de teacutecshynicas participativas en el aula son rasgos metodoloacutegicos que seguacuten apunta la experiencia obtenida en otros paiacuteses contribuyen a que los alumnos aprendan a autovalorarse y a valorar a sus compantildeeros y en consecuenshycia a erradicar la violencia en las relaciones entre iguales

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La ensentildeanza de los valores de tolerancia respeto a la diversidad y a la dignidad humana asiacute como el trabajo dirigido al desarrollo de la autoestima y de las destrezas sociales constituyen foacutermulas igualmente efectivas para el desarrollo de conductas prosociales y la erradicacioacuten de la violencia escolar

Por uacuteltimo la experiencia que se deriva de los programas de intershyvencioacuten puestos en praacutectica y los resultados del estudio empiacuterico realizado apuntan a la necesidad de que a traveacutes de la accioacuten tutorial se realice una labor de seguimiento y de atencioacuten a los problemas personales de los alumnos y la orientacioacuten de los alumnos en su dimensioacuten personal y social

Los centros docentes en uso de la autonomiacutea que les confiere la LOGSE que se concreta en los distintos instrumentos organizativos antes mencionados vienen facultados para definir su propio modelo de gestioacuten organizativa y pedagoacutegica y disponen en consecuencia de facultades para establecer a traveacutes de los citados instrumentos previsiones que en las liacuteneas que quedan apuntadas contribuyan al establecimiento en los censhytros de un marco organizativo y pedagoacutegico adecuado para la prevencioacuten y erradicacioacuten de la violencia escolar


1 Los centros docentes a traveacutes de los diferentes instrumentos en los que se plasma la autonomiacutea organizativa y pedagoacutegica que les confiere la LOGSE deberiacutean definir

mdash Las viacuteas especiacuteficas de colaboracioacuten de los centros con las familias de los alumnos dirigidas a lograr su implicacioacuten en la prevencioacuten y trashytamiento de la violencia escolar y a la obtencioacuten de un mejor conocimiento de las causas y la incidencia del fenoacutemeno en los centros

mdash Las decisiones sobre metodologiacutea didaacutectica necesarias para que los profesores adopten en el aula las estructuras cooperativas y meacutetodos participativos que han demostrado su eficacia en orden a la prevencioacuten de la violencia escolar

mdash Las directrices a que deban ajustarse los profesores para que a traveacutes de las distintas aacutereas que integran el curriacuteculo de la educacioacuten secundaria obligatoria se aborde la ensentildeanza de los valores de toleshyrancia respeto a la diversidad y a la dignidad humana asiacute como el trabajo dirigido al desarrollo de la autoestima y de las destrezas sociales igualshymente imprescindibles para la creacioacuten de un clima de convivencia adeshycuado en los centros

mdash La necesidad de que como parte de la accioacuten tutorial los proshyfesores realicen el necesario seguimiento personal de los alumnos que

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permita prevenir posibles conflictos y obtener el conocimiento necesario de los supuestos que se produzcan para su adecuado tratamiento asiacute como la planificacioacuten de dichas actividades en forma tal que los profesores dispongan de los medios y el tiempo necesarios para la realizacioacuten de dicho seguimiento

VII Detectados episodios de violencia en los centros escolares y en particular si eacutestos revisten la forma de abusos entre iguales es precisa una intervencioacuten inmediata y efectiva que detenga el proceso de victishymizacioacuten Las actuaciones no deben centrarse exclusivamente en los proshytagonistas mdashactores y viacutectimasmdash de tales sucesos sino que deben abarcar al grupo o curso de los que eacutestos formen parte con el doble objetivo al menos de lograr que los testigos de estos episodios se sensibilicen frente a ellos y los rechacen y asimismo que sepan el tipo de ayuda que deben prestar a quienes los padecen En este sentido debe tenerse en cuenta que los resultados del estudio realizado acreditan que en porshycentajes muy elevados las agresiones se producen entre miembros del mismo grupo o curso y a menudo en la propia aula

Por otro lado de los resultados del estudio realizado y de la expeshyriencia en otros paiacuteses de nuestro entorno se deduce que entre otras posibles la edad o el curso de los alumnos y su sexo son variables detershyminantes de diferencias significativas bien en la incidencia global de supuestos de maltrato o bien en la realizacioacuten de conductas agresivas o antisociales concretas En este sentido es aconsejable prestar una atenshycioacuten preferente a los alumnos de los primeros cursos de la ESO fomentar entre los alumnos varones conductas y valores ajenos a la fuerza fiacutesica y la violencia y entre las alumnas una mayor sensibilizacioacuten frente a determinadas conductas de agresioacuten verbal y de exclusioacuten social

Asimismo las actuaciones realizadas con los alumnos directamente implicados en episodios de maltrato tanto las de caraacutecter propiamente sancionador como las que correspondan a otros planteamientos deben tener una finalidad educativa a traveacutes de la cual dichos alumnos sean plenamente conscientes del conflicto que ha generado su comportamiento conozcan sus consecuencias negativas y sepan las viacuteas alternativas a que hubieran debido acudir en lugar del uso indebido de la violencia Ademaacutes estos alumnos implicados en episodios de maltrato deben ver reforzada la labor que con caraacutecter general se desarrolle entre sus compantildeeros para fomentar el incremento de sus habilidades sociales y el conocimiento de teacutecnicas de resolucioacuten de conflictos


1 Las actuaciones que se realicen en los centros ante episodios de violencia escolar deben dirigirse al conjunto de los grupos a los que pershytenezcan los alumnos que los hayan protagonizado

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2 En el aacutembito de las actividades de tutoriacutea o a traveacutes de teacutecnicas especiacuteficas desarrolladas en el aula a este fin deben favorecerse los espashycios de reflexioacuten conjunta en los que puedan participar libremente los alumnos y en los que entre otros temas conexos se aborde la probleshymaacutetica de las actitudes y comportamientos violentos

3 Las administraciones educativas y los centros docentes deberiacutean promover y facilitar la participacioacuten activa de los alumnos en la prevencioacuten y resolucioacuten de los conflictos a traveacutes de estructuras como los denomishynados laquocomiteacutes de convivenciaraquo o figuras como las de laquoalumnos mediashydoresraquo o cualesquiera otras que se juzguen adecuadas en funcioacuten de las circunstancias particulares de cada centro docente

4 Los centros docentes al definir las actuaciones de que deban ser objeto determinados alumnos o sectores concretos de eacutestos deben prestar atencioacuten especiacutefica a los alumnos incorporados a los dos primeros cursos de la educacioacuten secundaria obligatoria que seguacuten se ha detectado son especialmente proclives a la aparicioacuten de conductas de maltrato y ampliar esta atencioacuten especiacutefica a los alumnos del uacuteltimo curso de educacioacuten prishymaria con una finalidad puramente preventiva

5 Los centros docentes en la concrecioacuten de las actuaciones a desarrollar deberiacutean tener en cuenta las diferencias que en funcioacuten del geacutenero de los alumnos revelan los distintos estudios realizados en cuanto a los tipos de agresioacuten o de maltrato de los que con mayor frecuencia son autores o viacutectimas para intervenir preventivamente al respecto

6 Las actuaciones que realicen los centros especiacuteficamente dirigidas a los alumnos agresores deberiacutean procurar finalidades prioritariamente educativas a traveacutes de las cuales eacutestos adquieran plena consciencia de las consecuencias de sus acciones y las posibles viacuteas no violentas de resoshylucioacuten de conflictos

7 Los centros docentes deben poner en marcha programas espeshyciacuteficamente dirigidos a agresores y viacutectimas dirigidos a la obtencioacuten por eacutestos de habilidades sociales

VIII Determinadas conductas como las de exclusioacuten social tanto activa (no dejar participar) como pasiva (ignorar) los insultos los motes o el hablar mal de un tercero gozan injustificadamente de un cierto grado de permisividad social que se refleja en los centros docentes hasta el extremo de que a menudo no se valoran como constitutivas de maltrato entre iguales Sin embargo al definir estrategias de prevencioacuten y errashydicacioacuten de la violencia entre iguales deberiacutea prestarse una atencioacuten muy especial a este tipo de conductas las maacutes frecuentes ademaacutes tanto por su gran repercusioacuten en el clima de convivencia de los centros como por el sufrimiento con frecuencia intenso que provocan a los alumnos que

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las padecen y las repercusiones negativas que tiene en el proceso edushycativo de las viacutectimas los agresores y los testigos

Otras agresiones como el acoso sexual aunque no se presentan con una frecuencia que pueda calificarse de alarmante exigen que se les presshyte tambieacuten atencioacuten especiacutefica por la gravedad que revisten profundishyzando en contenidos dirigidos a la educacioacuten sexual de los alumnos y puesto que dichas conductas se producen en un porcentaje importante en el aula a lograr la implicacioacuten del profesorado en su deteccioacuten y erradicacioacuten


1 Los centros educativos y el personal docente deberiacutean prestar una particular atencioacuten a la erradicacioacuten de las conductas de exclusioacuten social y a algunas conductas de maltrato verbal que por la frecuencia con que se producen inciden muy negativamente en el clima general de convivencia de los centros y repercuten ademaacutes en el adecuado desarrollo del proceso educativo de los alumnos que las padecen

2 Los centros deberiacutean asimismo definir estrategias especialmente dirigidas a erradicar el acoso sexual a traveacutes de medidas tendentes a reforzar los aprendizajes relacionados con la educacioacuten sexual y a obtener la implicacioacuten del profesorado en su deteccioacuten y erradicacioacuten

IX El estudio empiacuterico realizado pone de manifiesto la variedad de escenarios en los que se producen las situaciones de maltrato entre iguales en los centros docentes por lo que parece necesario que los censhytros al disentildear sus sistemas de prevencioacuten e intervencioacuten consideren el conjunto del recinto escolar

En cualquier caso parecen existir espacios como los patios de recreo especialmente proclives a las manifestaciones de violencia entre iguales y otros que como los aseos constituyen escenario preferente de formas de agresioacuten determinadas Por otra parte las aulas previsiblemente ajeshynas a los actos violentos por la supervisioacuten efectiva que debe suponer la presencia de los profesores son con una frecuencia inadmisible esceshynario habitual de malos tratos entre compantildeeros

Los centros docentes deberiacutean favorecer el desarrollo en los patios escolares de actividades que permitan relaciones sociales positivas entre los alumnos y en todos los casos asegurar la vigilancia necesaria en teacuterminos adecuados al distinto caraacutecter de unas y otras instalaciones La adecuada supervisioacuten de las aulas no soacutelo es deseable sino exigible


1 Las administraciones educativas en el establecimiento de los requisitos miacutenimos que deben cumplir los centros docentes debieran

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tomar en consideracioacuten los aspectos relativos a la prevencioacuten de la vioshylencia escolar evitando la existencia de espacios de difiacutecil vigilancia o supervisioacuten proclives a la comisioacuten de dichos actos

2 Los centros docentes en la determinacioacuten de las actuaciones a llevar a cabo deben considerar el conjunto del recinto escolar y sus disshytintas instalaciones como espacio educativo y planificar las intervenciones especiacuteficas que cada lugar requiera para evitar o en su caso afrontar la violencia escolar

3 Los centros docentes deben favorecer el desarrollo en los patios escolares de actividades planificadas supervisadas por personal con la preparacioacuten adecuada que favorezcan la participacioacuten de todos los alumshynos y permitan el establecimiento de relaciones sociales positivas entre los mismos

4 Los centros deberiacutean asegurar la vigilancia de todos sus espacios e instalaciones y muy especialmente de aquellos en los que se producen con mayor frecuencia episodios de violencia entre iguales y ello de forma adecuada al caraacutecter de las distintas instalaciones escolares y al tipo de agresiones que se producen preferentemente en las mismas

5 Las administraciones educativas mediante la imparticioacuten de las instrucciones precisas o de la actuacioacuten de los servicios de inspeccioacuten deberiacutean garantizar la plena supervisioacuten de las aulas por parte del pershysonal docente tanto a lo largo de las sesiones lectivas como en los intershymedios entre ellas y asimismo la adecuada colaboracioacuten de todo el pershysonal de cada centro educativo a efectos de garantizar la seguridad de los alumnos en el recinto escolar durante el tiempo de permanencia en eacuteste

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INDICE ANALITICO DE RECOMENDACIONES


Administracioacuten de Justicia Conservatorios muacutesica 21 Dotacioacuten cliacutenicas meacutedico-forenses Maltrato entre iguales 94

59 Extranjeros Armas Alojamiento 74

Licencias 22 Detencioacuten 30 Asistencia sanitaria Entradas 23

Acceso a la historia cliacutenica 45 Expulsioacuten 3 9 23 Asistencia psiquiaacutetrica hospitalaria Inscripcioacuten matrimonios 62

Control judicial 91 Internamiento 41 72 73 Circulacioacuten Residencia 8

Ordenanza municipal 37 Visados 16 Consulados Fuerzas Armadas

Visados 16 Asistencia sanitaria 61 Deportes Libertad religiosa 83

Ajedrez 38 39 Proteccioacuten social 33 Fuacutetbol 13 Medio ambiente Equipamientos deportivos 44 Contaminacioacuten acuacutestica 35 81 Tiro oliacutempico 70 Liacuteneas alta tensioacuten 11 27 28 50 52

Diarios oficiales 4 5 6 7 54 Residuos urbanos 84 Discapacitados Vertidos 34

Reacutegimen fiscal 93 Menores Discriminacioacuten Informes meacutedico-forenses 59

Por razoacuten de sexo 13 38 39 Sanciones administrativas 10 Educacioacuten infantil y primaria Sustraccioacuten y secuestro 65 66 67 68

Admisioacuten 17 Tutela administrativa 47 90 Alumnos superdotados 63 V Parques infantiles Conservatorios muacutesica 21 Ordenacioacuten urbaniacutestica 26 Higiene 29 Padroacuten municipal de habitantes

Educacioacuten secundaria Privacidad de los datos 40 Alumnos superdotados 63 Parques infantiles Becas 12 Equipamientos 57

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Pensiones Jubilacioacuten cleacuterigos y religiosos 49

Personal al servicio de las administrashyciones puacuteblicas Comisioacuten de servicios 69 Docente 51 Formacioacuten 15 Permiso maternidad 19 20 Relacioacuten puestos de trabajo 2 Retribuciones 43 Seleccioacuten 71 92

Pesca Subvenciones 18

Prisiones Cacheo y registro 48 77 Desplazamiento de familiares 56 Informes meacutedicos 77 Traslados 48

Registro Civil Inscripcioacuten nacimientos 55

Seguridad privada Aeropuerto de Madrid-Barajas 89

Servicio militar Objecioacuten de conciencia 31 76 Reconocimientos meacutedicos 32 Sanciones 58

Telefoniacutea Facturacioacuten nuevos servicios 1

Tercera edad Atencioacuten sociosanitaria 82

Traacutefico Asistencia letrada en atestados 64 Notificaciones 14 Retirada de vehiacuteculos 42 60

Transporte aeacutereo Retrasos 75 Peacuterdida equipajes 75

Tributos Notificaciones 88 V Discapacitados

Universidades Acceso 79 Becas 78 85 Matriacutecula 87 Tiacutetulos 86

Vehiacuteculos Inspeccioacuten teacutecnica 46

Violencia escolar V Educacioacuten secundaria

Vivienda Amortizacioacuten anticipada 36 Infracciones urbaniacutesticas 80 Licencias edificacioacuten 24 25 Licencia obras 53

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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

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DEFENSOR DEL PUEBLO

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Recomendaciones y Sugerencias 1999

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