Las privatizaciones de la dictadura

 

La privatización de empresas durante la dictadura de Augusto Pinochet provocó al Estado chileno

una pérdida de 6.000 millones de dólares según el informe final de una Comisión Investigadora de

la Cámara de Diputados, a partir de datos aportados por la Contraloría General de la República

La comisión no investigó las privatizaciones realizadas por los gobiernos de la Concertación que

incluyen las empresas de agua potable y un sinnúmero de otras actividades económicas y sobre

todo la privatización o extranjerización de la empresa estatal ENDESA por la que el grupo estatal

ENDESA español pagó 500 millones de dólares por el control de un patrimonio equivalente a unos

10 mil millones durante el gobierno de Ricardo Lagos. Ni la entrega del control y propiedad con

contratos leoninos de Emos; ESSBIO y otras empresas de suministro de agua potable; ni la semi

privatización de los ferrocarriles; las carreteras; las cárceles y otras realizadas en los distintos

gobiernos de la Concertación.

También el informe no señala que dichas „privatizaciones“ son simples órdenes del FMI que en

Chile ha podido actuar con amplia libertad, mientras sus políticas „privatizadoras“ fracasaban

escandalosamente en Argentina y en Europa.

Es decir, el informe no pone en duda la eficacia y el valor económico social de dichas

„privatizaciones“ sino que acentúa el „robo“ realizado por la dictadura al dañar el patrimonio estatal

directo en 6.000 millones de dólares.

El daño causado por las „privatizaciones“ concertacionistas en costo social, en traslado de los

costos a la población por las „privatizaciones“ de las comunicaciones, el agua; y la electricidad no

es mencionado por la Comisión ad hoc del parlamento chileno.

Tampoco se habla del daño que alcanza a unos 20 mil millones de dólares anuales causado por la

“privatización” de la gran y la mediana minería nacional.

La Comisión tiene por objeto evidente „posicionar a la Concertación como un referente aceptable

para la izquierda“, como señaló un diputado en Valparaíso.

El documento concluyó que el fisco entregó 15.888 inmuebles pertenecientes a Bienes Nacionales,

de los cuales 11.000 fueron traspasados directamente a manos privadas durante el régimen militar.

Apenas el 20 por ciento de las tierras expropiadas durante la Reforma Agraria se mantuvo en

poder de campesinos. La superficie perdida por el Estado a manos de funcionarios y terratenientes

pinochetistas equivale a la suma de las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Maule y Metropolitana.

La investigación parlamentaria estableció que 725 empresas, que estaban en manos del Estado en

septiembre de 1973, fueron vendidas a un precio irrisorio, para ser controladas por grupos

económicos que surgieron y se consolidaron durante la dictadura. El informe determinó que por la

venta de sólo 30 empresas públicas entre 1978 y 1990, el Estado perdió más de 2.200 millones de

dólares.

La Compañía de Acero del Pacifico (CAP) fue vendida en 105,5 millones de dólares, cuando su

valor real ascendía a 811,5 millones de dólares, y la pérdida patrimonial en el caso de la Sociedad

Química y Minera de Chile (Soquimich), alcanzó a 261,9 millones de dólares.

Julio Ponce Lerou, yerno de Augusto Pinochet, asumió la presidencia de Soquimich en 1980, con

la misión de sanearla. Veinticinco años después, la empresa, que ahora se llama SQM, y que aún

preside Ponce, aparece como líder mundial en los negocios de fertilizantes de especialidad, yodo y

litio, con 20 filiales en diferentes países y utilidades por 184,9 millones de dólares en 2004. El

negocio ha sido muy ’sano’ para él.

El Estado dejó de percibir también 184 millones de dólares por la venta de la azucarera estatal

Iansa, a la que está vinculado el senador independiente relacionado al partido derechista Unión

Demócrata Independiente (UDI), Marco Cariola. La UDI, el partido del candidato presidencial

Joaquín Lavín, está conformado por cuadros civiles del régimen militar, que hoy pretenden

distanciarse del anciano dictador.

En octubre de 1982, José Yuraszeck, hoy connotado dirigente de la UDI, ocupó la gerencia general

de Chilectra. La empresa ya había sido dividida en las filiales Chilmetro, Chilgener y Chilquinta.

Luego de privatizarla y con sólo 2% de la propiedad de Chilectra, Yuraszeck consiguió un crédito

de 65 millones de dólares en el Banco del Estado, con el que compró a Corfo un 20% de la

empresa que el dirigía en nombre de todos los chilenos. El Estado le dio empleo y poder, le prestó

dinero y le vendió las acciones. Negocio redondo.

La enajenación de Endesa representó una pérdida de 895,6 millones de dólares, la de Chilgener

171,1 millones de dólares, la de Chilectra de 96,4 millones de dólares y la del Banco de Chile 66,9

millones de dólares.

En los años 80, la propiedad del diario ‘La Tercera’ era del Banco del Estado, por una deuda de la

familia Picó Cañas. Días antes de la salida de Pinochet, el gerente general del Banco, Álvaro

Bardón, entregó la propiedad de la empresa periodística a Álvaro Saieh y los hermanos Abumohor

a cambio de un crédito blando del Banco Osorno. El grupo Copesa hoy controla los diarios ‘La

Tercera’, ‘La Cuarta’ y ‘Diario Siete’, la revista ‘Qué Pasa’ y las radios ‘Duna’ y Zero. El actual

presidente del Banco del Estado, Javier Etcheverry afirma que la operación significó un perjuicio de

273 mil UF para el patrimonio del Banco.

El informe de los diputados dice que: ‘Fue legal vender sin licitación. Fue legal que los mismos que

diseñaban las privatizaciones y fijaban los precios de las acciones pudieran posteriormente

comprarlas. Fue legal que no se pagaran los préstamos al Estado o que se renegociarán cuando

se necesitaba. Por lo tanto, se debe concluir que todo el proceso privatizador se desarrolló en Chile

con normas legales decretadas ad-hoc por una dictadura’.

Lo que no dicen los diputados en su informe es que si bien esos manejos fueron „legales“, no

fueron legítimos y por lo tanto carecen de validez realmente legal.

¿Cómo p8ede ser „legal“ un traspaso de propiedad sancionado por un gobierno que en si es

ilegítimo e ilegal?.

La Comisión concluyó que: los nombres de los controladores de los grupos económicos que

surgieron durante las privatizaciones corresponden en gran medida a los tecnócratas que las

planearon desde la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) o fueron interventores de

empresas estatales; como Julio Ponce Lerou, con el grupo Soquimich; Roberto de Andraca, con el

holding CAP; José Yuraszeck, que dio origen al grupo Endesa, Chilectra, Enersis y Pehuenche; los

grupos de Hurtado Vicuña y Fernández León, o el grupo Penta de Carlos Alberto Délano, que hizo

su fortuna luego que se crearan las AFP.

Las conclusiones de la Comisión se enviaron al Consejo de Defensa del Estado para que

determine responsabilidades penales y se oficie a Corfo para que solicite a la Corte Suprema el

nombramiento de un ministro en visita. La Comisión sugiere al Contralor de la República el inicio de

sumarios y pedir al ministro Vicepresidente de la Corfo que exija indemnizaciones.

Este proceso privatizador fue posible sólo por la existencia de una dictadura que tuvo su propia

legalidad y que ‘no consideró éticamente reprochable que funcionarios de Corfo, pasaran a ser

dueños o directores de las empresas privatizadas’. Las consecuencias de este saqueo de la

propiedad pública acarrea hasta hoy graves consecuencias para todos los chilenos. La aparición

de ciertos grupos empresariales originados en el proceso de privatizaciones se ha convertido en

factor principal de la actual concentración del poder económico y político y de la mala distribución

de ingresos existente en el país, que tiene a millones en trabajadores percibiendo salarios

miserables, jubilaciones indignas o simplemente sufriendo una humillante cesantía.

El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, resumió muy acertadamente el carácter de estos

cambios de propiedad.

“La privatización -escribió- es una realidad sencilla: todo lo que hay que hacer es regalar los activos

a los amigos, y esperar favores a cambio

http://elchileno.cl/world/nacional/841-las-privatizaciones-de-la-dictadura.html

FISCO PERDIÓ AL MENOS US$ 6.000 MILLONES POR PRIVATIZACIONES EN DICTADURAComisión que investigó las privatizaciones de empresas del Estado bajo el régimen de Pinochet concluyó que la pérdida fiscal en la época fue de al menos 2.500 millones de dólares por la enajenación de las 30 compañías más grandes, cifra que actualizada de acuerdo al PIB equivale hoy a 6.000 millones de dólares.Miércoles 20 de julio de 2005 + Sigue a La Nación en Facebook y Twitter

Fueron 725 empresas las que durante la dictadura dejaron de pertenecer a todos los chilenos

para quedar en manos de un pequeño grupo económico que surgió y se consolidó en los años del

régimen de Augusto Pinochet, de acuerdo a la investigación que hoy evacuó la comisión

investigadora de las privatizaciones de empresas del Estado entre 1973 y 1990.

El informe elaborado por los siete integrantes de la Concertación -dado que en la comisión no

participaron los diputados de derecha nombrados para efectuar este trabajo- demuestra que al

menos se perdieron 2.500 millones de dólares en cifras de la época por la transferencia de las 30

empresas más grandes, lo que de acuerdo al PIB correspondería hoy a un total de 6.000 millones

de dólares.

La cifra podría ser incluso más abultada. Carlos Montes, presidente de la comisión, explicó que

los números resultan de la cifra de pérdidas que entregó la Contraloría, considerando una

treintena de empresas privatizadas entre 1978 y 1990, y que constituye una disminución de

2.223 millones de dólares al erario nacional de la época. Los diputados redondean la cifra en

2.500 millones de dólares de entonces y 6.000 de hoy por efecto de la gran cantidad de

empresas que no fue considerada en el informe del órgano contralor.

Todas la compañías fueron vendidas en un valor mucho menor al real cuando fueron

enajenadas. Así, la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP) fue vendida en 105,5

millones de dólares, cuando su valor real ascendía a 811,5 millones de dólares, lo que

en definitiva representó un tercio de la pérdida total del patrimonio de CORFO.

La pérdida patrimonial de Soquimich implicó 261,9 millones de dólares menos que el

valor real. CORFO dejó de percibir 184 millones de dólares, por la venta de la

azucarera estatal IANSA. Endesa representó una pérdida de 895,6 millones de

dólares, Chilgener (hoy Gener) 171,1 millones de dólares, Chilectra 96,4 millones de

dólares y Banco de Chile 66,9 millones de dólares.

Asimismo, se perdieron 15.000 terrenos de bienes nacionales, de los cuales 11.000 fueron a

parar directamente a manos de privados. "Estamos hablando de cerca de 8 millones de

hectáreas que estaban en manos del Estado, cerca de 20 % se mantuvo en poder de

campesinos, pero el resto fue transferido a otros privados", explicó Montes.

El valor esencial del informe, más allá de los números, es según Montes "jugar el rol de una

especie de informe Rettig o informe Valech, o sea entregar una visión global del tema

y esperamos que a partir de esto haya otras comisiones que trabajen".

En este sentido, el informe pide que se entregue copia al Consejo de Defensa del Estado para

que se analicen las irregularidades y se decida, si aún no están prescritas, las acciones que debe

emprender el Estado de Chile para evitar que un proceso así se repita.

Los favorecidos

El presidente de la comisión destacó la magnitud del fenómeno de transferencia de patrimonio

público, la vinculación de estos traspasos a la concentración de propiedad actual y la irrupción

de "ciertos grupos económicos que se configuraron a partir de ese proceso y cómo esto afecta

hoy a la mala distribución de ingresos que existe en Chile".

Durante los 17 años del régimen dictatorial, el PIB creció sólo un 2,9%, período en que el quintil

más bajo de la población chilena redujo su gasto en los hogares desde 7,6% a 4,4%, mientras

que el 20% más alto de la sociedad lo elevó entre 44,5% a 54,9%.

Montes dijo que si bien "ha habido grupos económicos previos, que se vieron fortalecidos,

especialmente destacamos un grupo de tecnócratas de una clara orientación política, que en

definitiva estaban vinculados a las empresas o a instancias públicas de decisión y que

terminaron teniendo una fuerte influencia en el manejo de estos recursos".

La comisión determinó que se usaron mecanismos formales, creados previamente por

funcionarios de gobierno, los mismos que luego utilizaron la información privilegiada que

manejaban para apropiarse de las empresas a un costo muy depreciado. Fue así como no se

consideró legal ni éticamente reprobable que funcionarios de CORFO pasaran a ser dueños o

directores de las empresas privatizadas.

CORFO fue un organismo esencial para las privatizaciones irregulares. El 30% de los recursos

obtenidos en el proceso privatizador de las compañías se usó para otorgar créditos para la

adquisición de acciones de otras empresas que estaban en manos del Estado.

El 70% restante fue destinado a Fondos de la Nación sin individualización, lo que implica que

fueron utilizados como cualquier ingreso del Fisco, para gasto corriente.

Los ingresos no se destinaron a nuevas colocaciones ni a reducciones de endeudamiento, lo que

también significó pérdida patrimonial, sino que fueron destinados básicamente a reducir el

déficit fiscal que venía del período anterior y, posteriormente, a compensar la pérdida de

ingresos fiscales que generó la reforma tributaria que disminuyó los ingresos, además de la

creación de las AFP, que también fue financiada por el Estado.

http://www.lanacion.cl/noticias/pais/fisco-perdio-al-menos-us-6-000-millones-por-privatizaciones-en-dictadura/2005-07-20/201902.html

De hecho, se señala que gran parte de las empresas enajenadas -se habla de por lo menos 725- fueron vendidas a un precio inferior a su valor real, lo que le provocó al Estado chileno una pérdida de aproximadamente 6.000 millones de dólares.

En ese sentido, el informe detalla que por la venta de sólo treinta empresas públicas entre 1978 y 1990, el Estado perdió más de 2.200 millones de dólares: la Compañía de Acero del Pacifico (CAP) fue vendida en 105,5 millones de dólares, cuando su valor real ascendía a 811,5 millones de dólares, y la pérdida patrimonial en el caso de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich) alcanzó a 261,9 millones de dólares.

También se señala, por sólo poner algunos ejemplos, que la venta de la azucarera estatal Iansa significó que el Estado dejara de percibir más de 184 millones de dólares. Lo mismo sucedió con la enajenación de Endesa, con una pérdida de 895,6 millones de dólares; la de Chilgener, de 171,1 millones de dólares; la de Chilectra, de 96,4 millones de dólares. Las operaciones realizadas a favor del Banco de Chile alcanzaron a 66,9 millones de dólares.

Además de “regalar” todas estas empresas a los amigos más íntimos e incluso a familiares del dictador, el gobierno decidió subsidiar al sector privado con el objetivo de “crear una clase empresarial dinámica y competitiva que pudiera hacerse cargo del modelo económico”.

En este intento, no sólo hubo subsidios a través del precio de venta de las empresas, sino a través de créditos blandos, de rebajas de tributación, de castigos a préstamos, de donaciones, incentivos y comodatos urbanos. Entre las donaciones se destaca la entrega de Inacap al sector privado, que implicó una pérdida patrimonial fiscal de 4.000 millones en moneda de 1988.

El documento de los parlamentarios concluye además que durante el régimen militar el Fisco entregó 15.888 inmuebles pertenecientes a Bienes Nacionales, de los cuales 11.000 fueron traspasados directamente a manos privadas. Respecto a los terrenos públicos, se determinó que la superficie perdida por el Estado a manos de funcionarios y terratenientes pinochetistas equivale a la suma de las regiones de Valparaíso, O`Higgins, Maule y Metropolitana.

A estas alturas, podemos indicar algunos de los responsables ideológicos de este “saqueo”, recayendo la principal responsabilidad en los economistas neoliberales educados en la Universidad de Chicago, bajo la dirección de los estadounidenses Milton Friedman y Arnold Harberger, quienes desde comienzos de los 70 regresan

a Chile y empiezan a urdir estos planes privatizadores.

Así, entre los civiles decisivos en estos planes figuran los ex ministros de Hacienda, Sergio de Castro, Hernán Büchi y Carlos Cáceres, quien al final del gobierno ocupó la cartera de Interior. También destacan entre los artífices de las estrategias privatizadoras el ex asesor de Hernán Büchi, Bruno Philippi, así como el ex ministro de Minería y Trabajo, José Piñera Echenique, hermano del actual mandatario.

Este último ocupó un rol fundamental, por ser impulsor y diseñador de la reforma previsional y la creación de las Administradoras de Fondos Previsionales (AFP), proceso que fue de la mano con las privatizaciones, ya que las nuevas AFP necesitaban invertir los recursos que comenzaban a ingresar a sus arcas.

La deteriorada economía privada, intervenida en alta proporción después de la crisis de 1982, no era suficiente para hacer interesante el negocio previsional. Para hacer viable la privatización en el tiempo y fortalecer el control de las empresas con recursos ajenos, requerían que las AFP, a su vez, pudieran invertir parte de sus fondos en estas empresas. Por eso es que hasta el día de hoy figuran en las listas de sus principales accionistas. 

¿Quiénes se beneficiaron con este millonario fraude?

Sin duda alguna, podemos afirmar que gran parte de los grupos económicos más importantes que existen hoy surgieron, o fueron apoyados, por los fraudulentos procesos privatizadores implementados en el período 1973-1990, procesos de una envergadura tal que sólo fueron posibles de realizarse con el respaldo y el poder militar de una dictadura como la de Pinochet.

El Grupo Luksic, por ejemplo, que ostenta la mayor fortuna en nuestro país (17.800 millones de dólares al año 2012), se vio favorecido por la reprivatización de la Compañía de Cervecerías Unidas en 1986.

Su control permitió al holding iniciar su inserción en el Banco de Santiago, que era uno de los ejemplos de “capitalismo popular”, mecanismo que en teoría pretendía la distribución de la propiedad de las empresas públicas a través de la venta de sus acciones entre el mayor número posible de ciudadanos, pero que en rigor era una fórmula sublimada de privatización, ya que pronto esas acciones eran adquiridas y monopolizadas por los grupos económicos más poderosos.

De este mecanismo también se beneficiaron, por supuesto, los grupos Matte y Angelini, éste último principalmente a través de la adquisición de Copec entre los años 85 y 86, y luego a través de la compra de Celulosa Arauco y Constitución (Celco) y Forestal Arauco, que también habían sido propiedad del Estado hasta 1979.

Sin embargo, el informe de los diputados señala que las privatizaciones, con la

venta de acciones a través de venta directa, la compra de éstas por funcionarios públicos y los diferentes tipos de subsidios, fueron entregados dentro de la legalidad vigente:

“Fue legal vender sin licitación. Fue legal que los mismos que diseñaban las privatizaciones y fijaban los precios de las acciones pudieran posteriormente comprarlas. Fue legal que no se pagaran los préstamos al Estado o que se renegociaran cuando se necesitaba. Por lo tanto, se debe concluir que todo el proceso privatizador se desarrolló en Chile con normas legales decretadas ad-hoc por una dictadura”.

Esto significa que en aquella época no se consideró éticamente reprobable que funcionarios de la Corfo pasaran a ser dueños o directores de las empresas privatizadas, como el yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, Roberto De Andraca, Bruno Phillipi, José Yuraszeck, entre otros.

Entre estos personajes ocupa un lugar destacado Julio Ponce Lerou, quien asumió la presidencia de Soquimich en 1980, con la misión de sanear sus problemas económicos. Veinticinco años después, la empresa, que ahora se llama SQM, y que aún preside Ponce, aparece como líder mundial en los negocios de fertilizantes de especialidad, yodo y litio, con 20 filiales en diferentes países y utilidades por 184,9 millones de dólares en 2004, quien además posee otros cuantiosos bienes en el sector forestal y ganadero.

También destaca José Yuraszeck, hoy presidente de Azul Azul, quien en octubre de 1982 ocupó la gerencia general de Chilectra, empresa que ya había sido dividida en las filiales Chilmetro, Chilgener y Chilquinta.

Luego de privatizarla y con sólo 2% de la propiedad de Chilectra, Yuraszeck consiguió un crédito de 65 millones de dólares en el Banco del Estado, con el que compró a Corfo un 20% de la empresa que él dirigía.

O sea, el Estado le dio empleo y poder, le prestó dinero y le vendió las acciones, lo que sin duda es un negocio redondo y que, aunque haya sido legal, no es para nada legítimo.

Sólo por nombrar un par de casos beneficiados con las privatizaciones, podemos mencionar a Roberto de Andraca, que se hizo de la CAP; los grupos Hurtado Vicuña (ligado al presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín) y Fernández León, o el grupo Penta de Carlos Alberto Délano, que hizo su fortuna luego que se crearan las AFP y que es amigo íntimo de Sebastián Piñera.

Otro caso es el de Álvaro Saieh, quien financió su imperio financiero gracias a la privatización del diario La Tercera, que en los años 80 era propiedad del Banco Estado por una deuda de la familia Picó Cañas. Días antes de la salida de Pinochet, el gerente general del Banco, Álvaro Bardón, entregó la propiedad de la empresa

periodística a Álvaro Saieh y los hermanos Abumohor a cambio de un crédito blando del Banco Osorno.

Hoy Saieh preside el grupo Copesa, que controla los diarios La Tercera, La Cuarta, la revista Qué Pasa, entre otros medios. El ex presidente del Banco del Estado Javier Etcheverry afirmó que esa operación significó un perjuicio de 273.000 UF al patrimonio del banco.

No obstante la magnitud de estas cifras, que no han traído mayor beneficio al país salvo que unos cuantos empresarios locales hayan podido alcanzar su lugar de honor en la lista de los multimillonarios que publica Forbes, la derecha ha logrado convencer a muchos, incluso dentro de la Concertación, de que la mejor manera de desarrollar el país es privatizando todo, incluso Codelco, la principal empresa del país y la que más recursos entrega al erario nacional.

Por no corresponder al período de la dictadura, la comisión parlamentaria no investigó las privatizaciones realizadas después de 1990, que incluyen las empresas de agua potable y un sinnúmero de otras actividades económicas, y sobre todo de la empresa estatal Endesa, que pasó a manos españolas por un pago de 500 millones de dólares por el control de un patrimonio que, según algunas denuncias, equivalía a más del doble.

En el mismo sentido, valdría la pena revisar la entrega de Emos, Essbio, y otras empresas de suministro de agua potable, así como la semi privatización de ferrocarriles, carreteras, cárceles y otros servicios.

No cabe duda: las privatizaciones de las empresas del Estado con que la dictadura de Pinochet favoreció a grupos económicos y personeros derechistas, no sólo es el fraude más grande de nuestra historia, sino un verdadero saqueo a los bienes de todos los chilenos.

http://www.victorjara.se/articulo.php?art=6742

EL BOTIN DE GUERRALa privatización de la economía constituyó uno de los procesos más oscuros de la dictadura, sin Congreso Nacional ni fiscalización alguna, con falta de independencia de la Contraloría General de la República y de los tribunales de justicia. En su desarrollo, según el economista Gustavo Marín, se distinguen cuatro etapas:La primera (1973-75) comenzó con la devolución de fundos y empresas ocupadas por los campesinos y obreros o intervenidos y requisados por el

gobierno popular para impedir la paralización y el boicot de sus dueños, en su campaña por derrocar a Allende. En esta fase, se restituyeron 258 empresas antes de diciembre de 1973 y se privatizaron otras 350. En esta etapa se pagaron también cuantiosas indemnizaciones a los consorcios norteamericanos, a los cuales se les había expropiado (gran minería del cobre, ITT y otras). Las indemnizaciones alcanzaron a 1.315,2 millones de dólares (moneda de 1988) desde 1974 a 1988. Por razones desconocidas, se les pagó cantidades superiores a las que estas compañías reclamaban al gobierno de Allende, particularmente en el caso de las empresas del cobre y de la ITT. Ello sin considerar que la expropiación de la gran minería del cobre se había hecho de acuerdo a la reforma constitucional aprobada unánimemente por el Congreso Nacional.Bajo la conducción de la Corporación de Fomento de la Producción se vendieron empresas que ella administraba, en licitaciones abiertas y decisiones reservadas a su vicepresidente ejecutivo. Las devoluciones fueron discrecionales y sólo en algunos casos rechazadas por sus primitivos dueños, encargándose entonces la misma Corfo de su liquidación o venta. Esta entidad, una vez concluida la transferencia de sus empresas, redefinió sus funciones sólo como banco de fomento con los recursos originados en dichas enajenaciones, abandonando las amplias funciones de planificación y gestión de las empresas del área social que tuvo en el gobierno presidido por Salvador Allende.La Empresa Nacional de Minería empleó procedimientos similares a los definidos por Corfo. Las ventas comprendieron pequeñas y medianas empresas de explotación y procesamiento de minerales. Sólo conservó un porcentaje de la planta de procesamiento (fundición y refinería de cobre) de Las Ventanas, con lo que la mencionada empresa nacional volvió a constituirse en un poder de compra sin operaciones de explotación directa. La Compañía de Aceros del Pacífico vendió sociedades o participaciones en ellas, de acuerdo a la idea de centrar sus operaciones en la fabricación de acero y no en su procesamiento.La Corporación de la Reforma Agraria (Cora)) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) transfirieron el dominio de todas las propiedades agrícolas bajo su control. En este caso se utilizaron también diferentes modalidades, como restituciones parciales, que consistieron en devoluciones o formaciones de reservas dentro de predios expropiados; revocaciones, expresadas en devoluciones totales de terrenos expropiados; asignaciones de unidades reformadas (cooperativas y parcelas individuales) y ventas de activos de la Cora, la que terminó por disolverse. El Indap se mantuvo, pero con una considerable reducción de sus actividades.Con este desmantelamiento de los activos públicos, la dictadura se propuso que el Estado no interfiriera en las actividades económicas a no ser que se considerara necesario desde el punto de vista estratégico. Sobre esta base, la privatización de

la economía derivó, por sobre todas las cosas, en la centralización del poder económico de ciertos grupos y en el consiguiente oligopolio de algunas industrias. Más que en la extensión y expansión del sector empresarial, esta centralización del poder económico se tradujo en el desplazamiento de sectores pequeños y de medianos empresarios. Las operaciones de transferencia se hicieron con sigilo, sin fiscalización pública y en un ambiente de irregularidades, algunas de las cuales salieron a la luz pública. Al revés de la expropiación de las empresas de la gran minería por el gobierno de Allende, que se hizo al valor libros, con la crítica de la derecha, ahora ella vendió las empresas públicas por lo general por debajo de dicho valor.La extensión y acentuación extrema del proceso centralizador y concentrador de la economía aparece demostrada por la evidencia del control sobre sociedades anónimas y demás empresas. El simple cruzamiento de información de las empresas licitadas con las empresas controladas por los principales grupos, sugiere que el desmantelamiento del Estado, la privatización de la economía y la acentuación extraordinaria del poder oligopólico son facetas de un mismo proceso. Las interrelaciones entre estas tres facetas se convirtieron, a partir de entonces, en elementos centrales de todo análisis de la economía nacional.(2)

NUEVAS ENAJENACIONESLa segunda etapa (1975-1982) comprende el lapso entre la recesión del primero de estos años y la crisis del segundo, período en el cual la Corfo vendió a través de subasta o propuesta pública sus acciones y derechos en 135 sociedades, de las cuales en 91 de ellas era socio mayoritario. De la misma manera, transfirió al sector privado su participación en 16 bancos comerciales. Además la dictadura realizó más de 600 operaciones por ventas de plantas agroindustriales, pertenencias mineras, bienes raíces así como más de tres mil operaciones por ventas de bienes inmuebles. Las privatizaciones continuaron extendiéndose hasta abarcar diversos sectores de la vida económica y social. La legislación minera, la reorganización de las municipalidades, la modificación de los sistemas de educación, de salud, de previsión social y el plan laboral abrieron paso a la más generalizada privatización de la sociedad.(3) La crisis de 1982 paralizó este proceso de enajenación total, en medio de la bancarrota de algunos de los más voraces grupos económicos, que más habían aprovechado el remate o liquidación de este pequeño país.La tercera etapa (1983-1985) comprende los reacomodos al interior de la clase dominante, remecida por la crisis de 1982. Como señala Gustavo Marín, durante esta crisis se sucedieron hechos de tanta importancia como la intervención estatal en el sistema financiero, el derrumbe de los más destacados grupos económicos, la oposición de algunos empresarios a las políticas impuestas por la dictadura, el

desplazamiento transitorio de los Chicago boys del gabinete, la devaluación de la moneda nacional, el ingreso de un hombre del grupo de Javier Vial, Rolf Lüders, como biministro de Hacienda y Economía -y luego la prisión de ambos por sus “irregularidades”- la constitución de la Comisión Fiscalizadora de las empresas y bancos del grupo Cruzat-Larraín, etc. La crisis desarticuló el sistema generado en las dos etapas anteriores, desencadenando un triple proceso: a) combinación de nueva estatización y posterior privatización de las actividades económicas, intervención del sistema financiero quebrado por su endeudamiento, estatización de la deuda externa privada, mediante el aval del Estado, al proceder a su negociación, administración de bancos y empresas; b) nueva privatización y transnacionalización del sistema financiero cambiando los bancos de dueños, con incorporación de inversionistas extranjeros y, c) privatización de las fuentes externas e internas de ahorro e inversión.

LAS PRESAS MAYORESLa cuarta etapa (1985-1989) marca la reanudación de las privatizaciones y la conversión de deudas en enajenación de activos nacionales, de acuerdo a “recomendaciones” del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Comité de Bancos Acreedores, trayendo consigo una mayor desnacionalización económica y política. Superado el lapso de administración de la crisis de 1982 y resuelto el conflicto al interior de las clases dominantes, los neoliberales volvieron a tomar el control de la política económica y se realizó el último reparto del botín de guerra entre los grupos existentes y nuevos grupos emergentes en el interior del gobierno. En esta cuarta etapa, según Gustavo Marín, se emplearon diversos mecanismos:1. La privatización del área denominada por los técnicos de la dictadura como “rara”. Las empresas productivas, servicios y bancos mantenidos en esta área después de la crisis en referencia fueron reprivatizados a partir de la Comisión Progresa y del equipo interventor de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, pudiéndose distinguir las siguientes situaciones: a) Grandes empresas industriales (Copec y sus filiales, CCU y sus filiales, Inforsa, Indus, CTI, Compañía General de Electricidad Industrial, etc.) Ellas pasaron a manos de grupos económicos locales, que habían sobrevivido a la crisis, y de consorcios transnacionales a través de la asociación del grupo Angelini con el grupo neozelandés Carter Holt Harvey (Copec); de la asociación del grupo Luksic son el consorcio cervecero alemán Paulaner (CCU) y de la asociación del grupo Matte con Fletcher Challenger de Nueva Zelandia (en el sector de la celulosa y el papel) optando el primero por controlar Inforsa. Otros consorcios transnacionales controlaron, sin asociación, importantes empresas como Hucke, MacKay, Nestlé, Victric Vidrios y Aluminios Lirquén, etc. b) Las principales sociedades de servicios, como las AFP y las compañías de

seguros de vida fueron controladas por consorcios financieros norteamericanos, como Bankers Trust, Aetna y American International Group. c) Las grandes instituciones de crédito como el Banco de Chile y el Banco de Santiago, intervenidos en 1983, fueron a su vez reprivatizados, diseminándose su propiedad.2. La privatización de grandes empresas públicas. En 1985 se privatizaron la Sociedad Química Minera de Chile (Soquimich); Industria Azucarera Nacional (Iansa); Empresa Nacional de Explosivos (Enaex); Compañía de Aceros del Pacífico (Cap); Laboratorios Chile; empresas elécticas Metropolitana, Quinta Región, Chilectra Generación, de Melipilla y de Coquimbo; Empresa Nacional de Electricidad (Endesa); Compañía de Teléfonos de Chile (CTC); Telex Chile. Además, Empresa Nacional de Comunicaciones (Ecom); empresas eléctricas de Tarapacá, del Norte, de Aysén, de Magallanes; hidroeléctricas de Pilmaiquén, Pullinque, Colbún-Machicura, Pehuenche; Línea Aérea Nacional (Lan Chile); Instituto de Seguros del Estado; Empresa Nacional del Carbón (Enacar); Carbonífera Schwager; Chile Films; Sociedad Chilena del Libro.3. Las privatizaciones posteriores al plebiscito de 1988. Los mecanismos utilizados para el traspaso fueron, en general, los mismos que se aplicaron anteriormente, aunque en algunos casos se disfrazaron con la modalidad de “capitalismo popular”, con la cual se privatizaron algunas empresas energéticas en las regiones u otras en que participó personal de las Fuerzas Armadas, como la Compañía de Teléfonos de Chile y Endesa. En agosto de 1989, un balance de la progresión de este proceso referido a las 29 empresas públicas “privatizables” a mediados de 1985, expresaba: a) al 30 de septiembre de 1988, trece de ellas estaban totalmente enajenadas, ocho se encontraban parcialmente privatizadas y ocho comenzaban su privatización; b) después del plebiscito de octubre de 1988 se completó la privatización de las ocho parcialmente enajenadas y se privatizaron otras tres (Chile Films, Sociedad Chilena del Libro y Edelnor); c) en agosto de 1989, cuando se le acababa el tiempo a la dictadura, 24 de aquellas empresas se habían traspasado al sector privado. Respecto a las otras empresas fueron desmanteladas, como Ferrocarriles del Estado -privatizada por partes (carga)- y otras que los asaltantes del poder no alcanzaron a vender, como Codelco o el Banco del Estado. Sin embargo, metieron mano en sus recursos financieros para favorecer a grupos y personas del régimen, tanto en aquéllas como Enap, Correos, TVN y las que dependen del Ministerio de Defensa.

EL SAQUEO DEFINITIVOMaría Olivia Monckeberg investigó un grupo de las últimas empresas privatizadas y tuvo el valor de desenmascarar esta operación en su libro El

saqueo de los grupos económicos al Estado chileno. Ella expresa: “El último gabinete de Pinochet que asumió a fines de octubre de ese histórico año 1988, después del triunfo del ‘No’ en el plebiscito, tuvo un carácter marcadamente economicista. Junto a Hernán Büchi, como jefe del equipo económico, a Sergio Melnick en Odeplan y a Juan Antonio Guzmán en Educación, se sumaron otros hombres de la alianza Chicago-militares como Carlos Cáceres en Interior, Pablo Barahona en Economía y Hernán Felipe Errázuriz en Relaciones Exteriores. El objetivo estratégico de ese equipo estaba a la vista: asegurar la proyección de la ‘obra del régimen’. Trasladar las empresas a manos de quienes habían detentado el poder en esos años fue su norte. Y para eso aplicaron el acelerador a fondo”.(4) Este último gabinete del “padrino” completó el programa de privatizaciones iniciado en la década anterior, aunque no alcanzó a extenderlo a otras presas mayores, como Codelco, Empresa Nacional de Petróleo, Banco del Estado y TVN. Por lo general, el control definitivo de las empresas privatizadas lo obtuvieron los mismos ejecutivos nombrados por la dictadura, mediante “sociedades de papel” como Pampa Calichera, en Soquimich y las Chispitas 1 y 2, de Chilectra. Para impedir la oposición de los sindicatos, se les vendió a los trabajadores de cada empresa una pequeña cantidad de acciones, operación calificada de “capitalismo popular”. Extraña paradoja: las empresas públicas las compraron, por lo general, los mismos vendedores.La Cap fue fundada por Corfo en la década de los cuarenta. Aunque el Estado tuvo una determinación decisiva tanto en la formulación del proyecto como en el financiamiento, se le concedió mayoría al sector privado (53% contra 47%). Pero en 1968 el Estado pasó a ser accionista mayoritario y en 1973, el 97,6% de su capital pertenecía a él, a través de Corfo. En el proceso de privatización se transfirió primero el 47% de la empresa al sector privado en 1986, por un valor de venta de 40 millones de dólares en circunstancias que su valor real era de no menos de 200 millones de dólares, subsidiando de esta manera a los compradores en 160 millones en dicha moneda, es decir, se despojó de esa enorme proporción al Estado. Estudios posteriores, entre otros del Programa de Economía del Trabajo (PET), del Chase Manhattan Bank y el Appraisant Company, calcularon una pérdida de 99 a 223 millones de dólares. Como fue habitual en otros casos de privatizaciones de las grandes empresas del Estado, la de Cap favoreció a grupos de ejecutivos que usaron información privilegiada y se privatizaron a sí mismos con la empresa. El caso más destacado en esta privatización fue el de Roberto de Andraca, gerente general desde 1983, apoyado por los ministros de Hacienda Jorge Cauas, Sergio de Castro y Hernán Büchi. La privatización se completó en 1987.(5)La Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich) fue creada en 1968 sobre la base de la industria del salitre, cuya propiedad era compartida por la Corfo y la

Compañía Salitrera Anglo Lautaro, S.A. En el gobierno de Salvador Allende esa sociedad se incorporó al área social y en la dictadura de Pinochet pasó a manos de su yerno, Julio Ponce Lerou, un ingeniero forestal que no tenía capital alguno pero sí una audacia increíble. El proceso fue similar al de Cap. El suegro lo nombró presidente en 1980, después de ejercer otros cargos tanto en Corfo como en diversos organismos públicos, desempeñándose como vicepresidente ejecutivo su socio, de igual profesión, Patricio Contesse. El mismo Ponce Lerou formó “sociedades de papel” como Pampa Calichera y otras, que empezaron a comprar acciones de Soquimich hasta 1988, año en que estaba privatizada, siendo su principal accionista Pampa Calichera S.A. Como en el caso de Cap, la Contraloría emitió un informe sobre la enajenación de aquella empresa química y minera, en el que establece las pérdidas de Corfo, la que “obtuvo un precio por acción inferior a los valores estimados ya que sólo registró ingresos equivalentes al 29%, 53% y 59% de la proyección de los años 1986, 1987 y 1988 respectivamente”. Este despojo del patrimonio público fue espectacular. Así lo sostiene María Olivia Monckeberg: “La Contraloría agregó que Corfo vendió en los años 1983 a 1988 el total de su inversión en esta empresa (123.490.000 acciones) en un monto de 119.982.594 dólares”. Y señaló que “de mantenerse las utilidades de la sociedad en el nivel del último año, obtendría por concepto de dividendos en 2,5 períodos aproximadamente ese valor”. El subsidio público para Ponce Lerou y su grupo fue de 76,4% apoderándose además de la totalidad de las reservas de nitrato, yodo y litio del país y del mundo.

SUMA Y SIGUELa Industria Azucarera Nacional (Iansa) fue creada por la Corfo en 1952, con plantas en Los Angeles, Llanquihue, Linares, Temuco, Chillán, Rapaco y Curicó. la privatización adolece de irregularidades similares al caso anterior. En 1986 se vendieron acciones sin licitación pública, a un precio 21% inferior al valor de la Bolsa. En 1988 se acordó vender en dicho organismo el 90% de las acciones que todavía poseía la Corfo y en seguida, directamente, el saldo de 12,67%. Monckeberg afirma: “De acuerdo a un informe realizado posteriormente por la Contraloría General de la República, las ventas directas de acciones de Iansa sumaron 33.659.106 dólares, lo que significó pérdidas netas que alcanzaron a un monto de 47.628.514 dólares”. La misma autora agrega que, según un estudio de un grupo de profesionales, realizado en 1988, entre 1986 y 1988, se vendieron 2.606.947 acciones, es decir, el 80,6% de la empresa, con un enorme subsidio implícito en favor de quienes se quedaron con la empresa.(6)La Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) fue fundada por la Corfo en 1943, para impulsar la producción de energía, tan necesaria para el desarrollo del país. Esta era una de las empresas que escapaba a la voracidad de los privados hasta la

derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988. En el año siguiente comenzó el saqueo. “Al momento de su privatización, Endesa controlaba el 60% de la generación eléctrica del país, el 55% de la distribución y la casi totalidad de las mercedes de aguas aprovechables para el sector hidroeléctrico. Su privatización implicó, además, el traspaso a los nuevos dueños de los derechos de agua que pertenecían a la empresa estatal”. ¿Cuánto significó este robo? “Un informe de la Contraloría General de la República, que se conoció en 1991, señaló que la privatización de la más importante empresa eléctrica del país le habría significado al Estado alrededor de mil millones de dólares de pérdidas”.(7) Pero otro estudio ha representado que esta operación significó un subsidio implícito de 44.089.544 en pesos del año 2000, el que benefició directamente a los nuevos dueños, con Yuraszeck y su grupo a la cabeza. Un negocio parecido fue el de las filiales (Pullinque, Pilmaiquén y Pehuenche).La Compañía Chilena de Electricidad (Chilectra) fue creada en 1921 y nacionalizada por el gobierno de Salvador Allende en 1970. Tenía como función distribuir y comercializar la energía eléctrica en la Región Metropolitana y en Valparaíso. En el año 1981, la dictadura la dividió en Chilectra Metropolitana o Chilmetro (después denominada Enersis), Chilectra Generación o Chilgener (hoy Gener) y Chilectra Quinta Región o Chilquinta, para ser privatizadas después de 1985. Los administradores de estas empresas estatales se encargaron de las privatizaciones, encabezados por José Yuraszeck. Para eso, 19 ejecutivos de Chilmetro formaron dos sociedades de “inversiones”: Inversiones Civiles Chispitas Uno e Inversiones Civiles Chispitas Dos, correspondiendo el uso de la razón social a seis de los socios, con plenos poderes de administración. Con este control, dichos ejecutivos invitaron a otros accionistas a incorporarse. Este fue el “Plan Chispazos”. Si irregulares habían sido las anteriores privatizaciones, ésta batió todos los récords. Con un capital equivalente al 2% de las acciones de Chilmetro, representado por los aportes de los fundadores de las Chispitas más las acciones de los trabajadores, obtuvieron un préstamo en el Banco del Estado por un monto de diez veces la garantía y compraron el 20% de las acciones de la misma empresa a un precio inferior al valor de la Bolsa. Así, por un juego de artilugio, se apoderaron de grandes inversiones del Estado en materia de electricidad. Con la misma plata del Estado, recibida en préstamo, le pagaron al Estado las acciones de aquella empresa.La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) fue fundada por la Corfo en los comienzos de la década de los sesenta. Como las eléctricas ya mencionadas, Entel era considerada como una empresa estratégica que debía ser controlada por el Estado. No obstante, los privatizadores la enajenaron como en los otros casos, a un precio absolutamente inferior a su valor real, a tal punto que un estudio posterior determinó que se había concedido un subsidio inmenso para los “compradores”. Entre estos, el ejército adquirió el 10%, a través de Famae. El

resto pasó a manos del Grupo Telefónica España y otros privatizadores chilenos que después vendieron, pasando su control al grupo de Hurtado Vicuña y Eduardo Fernández León.

ENRIQUECIMIENTOS INEXPLICABLESEn todas estas privatizaciones, como lo prueba María Olivia Monckeberg, se enriquecieron conjuntamente con el “gran dictador” los ministros y altos ejecutivos, civiles y militares, y los “compradores”. Entre los ministros que se proyectaron al mundo de los negocios a través de las privatizaciones destacan Jorge Cauas, Sergio de Castro, Pablo Barahona, Hernán Büchi, Carlos Cáceres, Juan Antonio Guzmán, José Piñera, Miguel Angel Poduje, Sergio Melnick, Máximo Silva Bafaluy, Alvaro Donoso, Luis Larraín y otros. No menciono a los generales que se quedaron en los directorio de las empresas privatizadas. Entre los que aprovecharon la “piñata” no puede olvidarse a Bruno Phillippi, Juan Hurtado Vicuña, Julio Ponce Lerou, el yernísimo del dictador seguramente casado bajo el régimen de sociedad conyugal, Alvaro Saieh, José Yuraszeck, Patricio Contesse, Guillermo Arthur, Carlos Alberto Délano, el inefable Alvaro Bardón y otros. Para penetrar en esa “corte de los milagros” hay que leer el libro citado.Estos privatizadores convirtieron además en negocios rentables los servicios de utilidad pública como la electricidad, el gas, el agua potable, los teléfonos, los bancos y financieras que se han multiplicado y fusionado, que logrando grandes utilidades alimentan la ilusión de la inmensa mayoría de la población que compra toda clase de productos superfluos y de fantasía, perdidos posteriormente en embargos y remates. Es la vida al “fiado”, con deudas que nunca se terminan de pagar y llenan las páginas de Dicom. No sólo eso. Los nuevos “inversionistas” controlan también la educación con la proliferación de las escuelas de enseñanza básica y media subvencionadas. Fundaron una cincuentena de universidades y centenares de centros e institutos superiores, que se compran y se venden en el mercado financiero. Igual cosa sucede con la salud, con la multiplicación y concentración de las Isapres, seguros médicos, clínicas y hospitales, laboratorios, farmacias y cementerios, es decir, controlan a los chilenos desde que nacen hasta que mueren. Lo peor de todo, suprimieron la previsión social financiada con aportes de los empleadores y los trabajadores, para establecer el ahorro obligatorio de estos últimos, liberando a los patrones o empresarios de aportes al fondo de jubilación, pero monopolizando la administración de estos fondos en sus manos, a través de las AFP. Los ahorrantes pueden perder con las inversiones de sus fondos, pero las AFP, en cuanto instituciones privadas, siempre ganan, tanto en la colocación de sus acciones que sus administradores eligen libremente, como en las comisiones que cobran.

Estos nuevos dueños de Chile obtienen ingresos siderales, que rompen todas las tablas para contar y medir la distribución del ingreso. No habría que agruparlos en el 10% más rico, sino quizás en el 1% (o menos) y se tendría un ingreso asimilable a los jeques petroleros de Arabia, tanto por participación en las utilidades de sus empresas como por las dietas, indemnizaciones y otras regalías que perciben en los directorios en que participan, tanto ellos como sus familiares, mientras a sus trabajadores les pagan salarios mensuales equivalentes al valor de los puros que fuman gratuitamente en las sesiones de directorio. Este “éxito” económico no es sólo el producto del conocimiento y el talento, que no se podría negar, sino que influye decisivamente a lo menos en su origen, el “valor agregado” del golpe militar y la dictadura.En realidad, ninguno de los hombres decisivos en las privatizaciones, de los ejecutivos y “consultores”, tenía una fortuna significativa, comenzando por Pinochet, Ponce Lerou, Büchi, Cáceres, Saieh, Piñera y otros cabecillas del saqueo al Estado, pero ahora son multimillonarios. Alguna vez se dijo que el camino más corto para hacerse rico era la lotería, pero ahora resultó que, durante la dictadura, fue la privatización de las empresas públicas, la mayoría de las cuales se han transnacionalizado posteriormente. Los privatizadores han vendido todo o parte de su botín a los inversores extranjeros. El caso más escandaloso es el de Yuraszeck que vendió a Endesa España en 500 millones de dólares las “Chispitas” y ahora ha invertido en otras empresas.

¿DONDE ESTA LA PLATA?Entre las múltiples irregularidades en estos negocios, cabe mencionar la multa aplicada por la Superintendencia de Valores y Seguros a los directores de Enersis, Carlos Cáceres, Sergio Gutiérrez, Felipe Montt, Leonidas Vial, Rodrigo Errázuriz y Pedro Smith, por haber incumplido un requerimiento del organismo respecto a que el directorio de esa empresa se debía pronunciar sobre la esencialidad de las cláusulas de la alianza estratégica suscrita con Endesa España. La Corte Suprema rechazó los recursos de casación que presentaron los condenados, ratificando las resoluciones de los tribunales y organismos de las instancias anteriores. La sentencia de la Corte Suprema no está relacionada con la legalidad o ilegalidad de la negociación que realizó José Yuraszeck con Endesa España. Esta materia se está discutiendo en otros procesos. Tampoco se refiere a otras multas aplicadas por la mencionada Superintendencia a ex ejecutivos de Enersis por conflictos de intereses, las que suman 50 millones de dólares.(8)Aparte de los enriquecimientos inexplicables de los hombres de la dictadura, tampoco se sabe en qué se invirtieron los recursos obtenidos de la enajenación de las empresas y servicios públicos, aparte del gasto corriente del Estado, si se tiene en cuenta el enorme endeudamiento público en que se incurrió durante los 16 años de gobierno dictatorial. En efecto, al término de la dictadura la deuda

externa pública era de 9.600 millones de dólares. ¿Cuánto percibió la dictadura por las privatizaciones? Este es un balance que tampoco se conoce, pero sí se sabe que se disminuyeron los impuestos a las grandes empresas, a tal punto que en los 10 últimos años se han recuperado por ley más de diez mil millones de dólares anuales, sin que hasta ahora se haya corregido la disminución de los impuestos a las grandes herencias. De esta corrupción es de la que hay que hablar. ¡Piense en grande! No se distraiga con los pequeños roedores de las “coimas”, sino que concentre su atención en los grandes dinosaurios de la derecha, que se tragaron la riqueza de todos los chilenos. Fue la “grande de la derecha”. Con Lavín esperan la privatización de Codelco, Enap, BancoEstado, Televisión Nacional y otras presas menores, si Lagos no se las entrega antes

http://www.puntofinal.cl/545/elloco.htm