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PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL TRABAJO
QUE AQUÍ PRESENTAMOS
El análisis del Acuerdo Nación-Provincias, el examen del cierre fiscal que los Estados
Provinciales presentan para 1999, su comparación con las previsiones que el Ministerio de
Economía exhibe para cada jurisdicción en el 2000, y las pautas convenidas en la Carta de
Intención, permiten afirmar lo siguiente:
a) Los montos a transferir por todo concepto desde la Nación a las Provincias durante el año 2000
serán inferiores en $ 33,4 millones. a los transferidos en el año 1999. Asimismo serán
inferiores en $ 326 millones. a los efectuados en 1998.
b) Tomando en cuenta la proyección que en materia tributaria realiza el Ministerio de Economía,
la principal consecuencia del Acuerdo es dejar fuera a los Estados Provinciales de los
incrementos de recaudación esperados. Por este concepto y de cumplirse las estimaciones,
las Provincias perderían aproximadamente $ 1.995 millones.
c) De no cumplirse las estimaciones, los mecanismos vigentes también permiten que la Nación
transfiera a las Provincias el costo de dicho proceso. Así, frente a los rezagos que exhibe la
recaudación tributaria en el reciente mes de febrero la Nación transfirió $ 200 millones
menos que los comprometidos según el Acuerdo que aquí analizamos.
d) La pauta de ajuste convenida con el FMI para el presente año impone una reducción del déficit
de $ 1.489 millones en los Estados Provinciales.
e) En tanto se impone en el marco de lo afirmado en el punto a), dicho objetivo debería lograrse
plenamente en base al esfuerzo que los Estados Provinciales realicen sobre su nivel de gasto
y sobre sus propios recursos.
f) En tanto el gasto en personal representa más de la mitad de las erogaciones provinciales y
considerando que luego de la transferencia de los servicios sociales a las provincias las
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prestaciones básicas tales como salud, educación o asistencia comunitaria están en manos de
dichas Administraciones, todo recorte de gasto suele afectar la prestación de servicios a la
comunidad expresándose, en muchas ocasiones, en términos de reducciones salariales o
nuevos despidos. En lo relativo al incremento de los recursos propios, esta posibilidad
aparece hoy limitada por la situación de crisis productiva que viven varias economías
regionales.
g) El monto de endeudamiento total que exhiben los Estados Provinciales asciende (al 31/12/99) a
$ 20.041,5 millones. En términos globales, el pago de los servicios de dicha deuda
compromete el 29,8% del total de recursos coparticipables. (Ver Cuadro Nº 4).
h) El cierre fiscal de 1999 exhibe un déficit acumulado en 19 Jurisdicciones que asciende a los $
3.079,7 millones (Ver Cuadro Nº 5). Asimismo los cinco distritos restantes muestran un
cierre superavitario. Cuatro de ellos estaban políticamente alineados con el gobierno de
Menem (San Luis, La Pampa, Santiago del Estero y La Rioja). El quinto muestra un cierre
superavitario como resultado de condiciones expresas de autonomía presupuestaria (Ciudad
de Buenos Aires) (Ver Cuadro Nº 6).
i) El ajuste exigido a los Estados Provinciales para el año 2000 representa en promedio una cifra
que equivale al 3% del total de recursos corrientes que tienen las provincias. Sin embargo,
considerando lo expuesto respecto al comportamiento de los recursos de origen nacional (se
reducen), la comparación multiplica los recursos propios por tres (8,6%) el significado del
ajuste.
j) No obstante, el análisis de la situación particular de los Estados Provinciales indica que estas
tendencias globales se expresan con modificaciones en cada una de las jurisdicciones. El
nivel de endeudamiento y la situación institucional y política que se observa en cada una de
ellas afecta el modo en que el Acuerdo General impacta en cada distrito(Ver Cuadro Nº 8).
k) De las 24 provincias hay 17 que participan del proceso de ajuste correspondiente al año 2000 y
12 en las cuales este se concentra significativamente. Mientras el promedio nacional nos
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decía que el ajuste implicaba una magnitud equivalente al 8,6% de los recursos propios, las
provincias que detallaremos a continuación exhiben casos donde la magnitud del ajuste
previsto oscila en porcentajes que van entre el 34% y el 387% respecto al total de recursos
propios. Son estas: Formosa, Corrientes, Tierra del Fuego, Catamarca, Chubut, Neuquén,
Chaco, Jujuy, Mendoza, Tucumán, Río Negro y Misiones (Ver Cuadros Nº 9 y 10).
l) Hay cuatro casos donde la magnitud del ajuste es inferior al promedio nacional. Son estos:
Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Salta.
ll) Mientras Provincia de Buenos Aires representa el 40,5% del déficit global registrado en 1999
(Ver Cuadro Nº 5), su aporte en materia de ajuste durante el año 2000 es nulo. Más aún, el
déficit de dicha provincia se expande durante el corriente año.
m) Córdoba y Santa Fe que representan más del 10% del déficit global ajustan por debajo del
promedio nacional.
n) Hay siete casos que durante el 2000 observarían una situación de holgura fiscal. Provincia de
Buenos Aires, San Juan, La Pampa y La Rioja expanden su déficit. Ciudad de Buenos Aires,
Santiago del Estero y San Luis reducen su superávit.
1. ñ) En un contexto de reducción de las transferencias nacionales a las provincias, Ciudad de
Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Córdoba muestran un incremento de casi $ 60
millones. en los recursos que reciben de la Nación (Ver Cuadro Nº 11).
o) De los 17 Estados que en los Cuadros 9 y 10 se presentan como sujetos a ajuste, en 13 de ellos
predomina la estrategia de reducción del gasto. Las excepciones las constituyen Mendoza,
Misiones, Córdoba y Santa Cruz. En la primera, si bien hay reducción de las erogaciones, el
ajuste se concentra en una mayor recaudación. En los tres Estados restantes, la mayor
recaudación esperada financiaría incluso una expansión del Gasto Público.
p) Casi el 70% del incremento de recursos esperados se concentra en Córdoba, Ciudad de Buenos
Aires y Mendoza.
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q) La decisión de concentrar el ajuste sobre los Estados periféricos a los principales centros
urbanos, implica privilegiar como modalidad principal un tipo de intervención fiscal donde
lo dominante radica en la reducción del gasto más que en el incremento de los niveles de
recaudación. Cuestión limitada en mayor medida en los Estados Periféricos por la situación
de crisis productiva que atraviesan las economías regionales y potenciada por la ausencia de
estrategias conjuntas en materia tributaria (o de regímenes de incentivos) entre la Nación y
las Provincias que permitan gravar la actividad de Grupos Económicos que operan a escala
provincial pero que tienen una lógica de carácter transnacional. A título de ejemplo respecto
al escaso papel que se le asigna a los centros urbanos mas importantes baste con observar el
caso de la Provincia de Buenos Aires donde se prevé una merma en la recaudación, cuando
se trata de un distrito en capacidad de elevar su nivel de recursos propios.
r) Doce de los trece Estados que concentran el mayor peso del ajuste tienen una elevada
proporción de sus recursos coparticipados afectados por el endeudamiento (Ver Cuadro Nº
12).
s) La Provincia de Neuquén constituye una excepción, ya que pese a no tener un endeudamiento
significativo y disponer de recursos por regalías, realiza un ajuste importante.
t) Sin embargo, Salta, La Rioja y Santiago del Estero, todas ellas con elevada carga financiera,
realizan escaso ajuste o ninguno.
u) Parece evidente que el carácter que adoptan las transferencias Nación-Provincias, reconocen las
necesidades electorales del oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires y se ajustan al peso
institucional que exhibe el justicialismo a nivel nacional. Situación ésta que parece explicar
el incremento en las transferencias nacionales a distritos como provincia de Buenos Aires o
Córdoba.
v) Asimismo es claro también que logran saltar el cerco del ajuste, provincias con alto nivel de
endeudamiento y elevada dependencia de recursos nacionales (La Rioja y Santiago del
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Estero). Situación que parece inconsistente desde el punto de vista económico pero que
adquiere consistencia al observar que la condición de viabilidad del Acuerdo Nación-
Provincias ha sido la suscripción de un esquema de coexistencia entre el Gobierno Nacional
y el Partido Justicialista. Esquema que incluye, también, provincias y gestiones de claro
signo menemista.
w) De manera menos explícita entonces, el Acuerdo Nación-Provincias reconoce un sustento
político de base donde las alianzas establecidas por el Gobierno Nacional no se diferencian
demasiado de la coalición conservadora que se plasmara (hasta fotográficamente) en ocasión
de la Reforma Laboral.
Corresponde precisar que en este trabajo al aludir al concepto de ajuste nos referimos a las
tendencias que describen los ingresos y egresos de los Estados Provinciales con el objetivo de
arribar a un menor déficit global. No nos referimos a otros aspectos de suma relevancia y que
configuran cuadros de ajuste estructural asociados al remate de activos públicos (bancos y
empresas). En este aspecto corresponde destacar dos casos bien distintos. Por un lado, el de aquellos
procesos de ajuste estructural que son inducidos por el gobierno nacional sobre jurisdicciones que
carecen completamente de autonomía presupuestaria y financiera, y que por tanto dependen de los
recursos nacionales. Situación esta que permite el establecimiento de condicionalidades. Otro caso
es el que refiere a Estados que mantienen niveles de autonomía y donde la decisión de encarar
estrategias de carácter estructural radica en la opción de política económica que adoptan ciertos
gobernadores de cara a posicionarse frente al bloque dominante abriendo espacios para la
realización de nuevas rentas por parte del capital concentrado local y extranjero (Ej.: Córdoba).
Por último, parece conveniente destacar que el panorama de ajuste que describe el material
que aquí presentamos plantea condiciones que seguramente acelerarán la conflictividad social, sobre
todo en las provincias más postergadas. Este hecho parece haber tenido especial importancia en el
trámite que tuviera el último artículo de la reforma laboral que debatiera recientemente la Cámara de
Diputados. Este artículo refería, específicamente, a la regulación de los conflictos colectivos en los
servicios esenciales. En el debate se barajaron distintas opciones: desde el mantenimiento de las
restricciones menemistas al derecho de huelga, al intento de restitución del arbitraje obligatorio de
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Onganía, para, por último, terminar en una nueva redacción que (si bien es mejorativa respecto a la
opción anterior) sigue indicando que al interior del gobierno hay sectores preocupados por mantener
criterios represivos que permitan restringir la capacidad de respuesta comunitaria que pudiera surgir
frente a la estrategia de los ajustes provinciales y el impacto que estos pueden tener en la prestación
de servicios básicos.
I. CONTENIDO GENERAL DEL ACUERDO
Una de las claves del reordenamiento presupuestario realizado por el nuevo gobierno está
asociada al denominado acuerdo Nación-Provincias. En este se establecen los criterios para
determinar los montos que la Nación debe transferir a los Estados Provinciales durante el año 2000
y 2001. Intentaremos precisar, en base a la información disponible, cuál es la situación que en
materia fiscal vivirán las provincias en el marco del corriente año. Señalaremos también, la
relevancia que adquiere en el presente contexto el endeudamiento provincial como mecanismo
inductor de las modalidades que el ajuste adoptará en los próximos meses.
Especificaremos primero los conceptos según los cuales la Nación debe transferir fondos a
las Provincias. Son estos:
a) Recursos Coparticipados: No merecen mayor especificación.
b) Fondos Afectados y Leyes Especiales: Estos incluyen las siguientes transferencias:
–ATN (Aportes del Tesoro Nacional)
–Fondo del Conurbano Bonaerense
–Ganancias directo a las Provincias salvo Bs. As.
–FONAVI (Fondo Nacional de Viviendas)
–FET (Fondo Especial del Tabaco)
–FNEE (Fondo Nacional de Energía Eléctrica)
–Energía de Santa Cruz
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–FEDEI (Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior)
–Juegos de Azar
–Adicional Cigarrillos
–Consejo Vial Federal
c) Otras Transferencias: En este rubro se incluyen
–Ley Federal de Educación
–Programas de la Secretaría de Desarrollo Social
–Programa de Atención Primaria de la Salud
–Programa de Vigilancia y Control de Enfermedades Contagiosas.
Especificados los conceptos que definen las distintas transferencias intentaremos precisar el
monto total que las Provincias recibieron de la Nación en 1999. Para esto trabajaremos con la
información que provee el Cuadro Nº 1 donde se presenta el consolidado de Ingresos y Egresos de
las 24 jurisdicciones del país. Surge así que en 1999 los montos transferidos a las Provincias fueron:
EN MILLONES DE PESOS
Recursos Tributarios de Origen Nacional
–Distribución Secundaria (Coparticipados) $ 10.676,9
–Otros Origen Nacional $ 5.962,3
Transferencias Corrientes
–Aportes No Reintegrables $ 458,5
–ATN $ 549,7
–Resto $ 101,3
Total Transferido durante 1999 $ 17.748,4
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Cuadro Nº 1: Consolidado 24 jurisdicciones
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El Acuerdo Nación-Provincias establece como eje principal un tope a las transferencias por
recursos Coparticipados. Teóricamente éstas tienen un carácter automático. Es decir, dada la
recaudación obtenida en aquellos impuestos que comparten la Nación y los Estados Provinciales, a
estos últimos les corresponde el 56% del total recaudado. Justificando la decisión en el desmanejo
fiscal heredado, el nuevo equipo económico planteó establecer un promedio entre los fondos
transferidos en los dos últimos años (1998-1999) y fijar las transferencias para el año 2000 en ese
nivel. De este modo, las previsiones para este año -en lo relativo a transferencias- serían las
siguientes:
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en millones de pesos
Recursos Tributarios de Origen Nacional
Distribución Secundaria (Coparticipados) $ 10.762,2
Otros de Origen Nacional $ 6.025
Transferencias Corrientes
Aportes No Reintegrables $ 481,8
ATN $ 346
Resto $ 100
Total de Transferencias previstas año 2000 $ 17.714,8
Como puede observarse, los recursos totales que las provincias percibirán serán $ 33,4
millones menos que los transferidos en 1999 (año este de caída en la actividad económica y
consecuentemente, descenso en la recaudación). La comparación es mucho peor si se observa que
durante 1998 las provincias percibieron de la Nación fondos totales por $ 18.040,6 millones. Es
decir, $ 326 millones más que los que percibirán durante este año. No obstante, más allá de lo hasta
aquí expuesto, debe consignarse que al transformar la Coparticipación en un sueldo con tope
establecido, el objetivo del Acuerdo Nación-Provincias fue evitar que los Estados Provinciales se
beneficiaran de los incrementos esperados en la recaudación tributaria a partir de la reforma
impositiva que impulsaron las nuevas autoridades. Corresponde considerar entonces, cómo se
alteran luego de la reforma tributaria los recursos procedentes de impuestos que se coparticipan. De
acuerdo a las proyecciones que para el corriente año maneja el Ministerio de Economía, la cuenta es
la siguiente:
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en millones de pesos
Total de recursos que se coparticiparon en 1999 $ 30.530
Total de recursos que se deberían coparticipar año 2000 $ 34.093
Total del incremento esperado en razón de la reforma $ 3.563
Lo expuesto indica que los recursos coparticipables crecerían un 11.7%. Consecuentemente
las provincias pierden, en razón del acuerdo establecido, el 56% del incremento señalado. En
concreto, pierden $ 1.995 millones.
Definidas estas cuestiones queda por consignar que en el marco de lo expuesto (ingresos
inferiores al año 1999 y pérdida de recursos coparticipables por $ 1.995 millones.), las metas
indicativas que respecto al comportamiento de las provincias se establecen en la carta de intención
con el FMI son las siguientes:
en millones de pesos
Déficit global consolidado 24 Jurisdicciones 1999 $ 3.689,6
Déficit global consolidado 24 Jurisdicciones 2000 $ 2.200,0
Ajuste esperado $ 1.489,6
En tanto la Nación transferirá menos recursos que el año pasado y al mismo tiempo demanda
una reducción del déficit cercana a los $ 1.500 millones., la obvia conclusión es que todo el esfuerzo
del ajuste esperado descansa en la gestión de los recursos y los gastos provinciales.
Este señalamiento no es menor ya que luego del proceso de transferencia de servicios
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sociales a las provincias, el efecto de todo recorte de gasto en los Estados Provinciales suele tener
impacto directo sobre prestaciones básicas tales como educación, salud, asistencia social, etc.
Asimismo, habida cuenta de la elevada participación del gasto en personal sobre el total de las
erogaciones provinciales (51% del gasto para el consolidado de las 24 jurisdicciones), los recortes
en materia de gasto se suelen expresar en términos de rebaja salarial o nuevos despidos. En este
sentido adjuntamos los Cuadros Nros. 2 y 3 donde se exhibe la dotación de personal –distrito por
distrito– y la distribución de esta planta de acuerdo a sus funciones.
Cuadro Nº 2
CONSOLIDADO 24 JURISDICCIONES
SECTOR PUBLICO PROVINCIAL
AÑO 1999
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Cuadro Nº 3
PLANTA DE PERSONAL OCUPADO CONSOLIDADO 24 JURISDICCIONES
SECTOR PUBLICO PROVINCIAL - En número de agentes
Por último el Cuadro Nº 4 completa la situación financiera de los Estados Provinciales al
presentarnos el monto total del endeudamiento que estos exhiben al 30.12.99. Puede observarse que
el endeudamiento total asciende a $ 20.041,5 millones y que el grado de afectación de los recursos
de la Coparticipación Federal en razón de atender los servicios que la deuda impone asciende al
29.8% de la misma.
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Cuadro Nº 4
SERIE DE DEUDA PROVINCIAL
EN MILLONES DE PESOS
II. EL ACUERDO Y SUS EFECTOS
EN CADA UNO DE LOS ESTADOS PROVINCIALES
Hecha la caracterización general, intentaremos precisar el modo en que se presenta el cuadro
de ajuste descripto según la diferente realidad que exhiben fiscal y financieramente los distintos
Estados Provinciales.
En primer lugar presentaremos el déficit global que en 1999 tuvieron los distintos Estados
Provinciales. La información se consigna en el Cuadro Nº 5.
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Cuadro Nº 5
DEficit global de los Estados Provinciales. 1999
Pueden extraerse algunas conclusiones importantes. A saber:
• El 40% del déficit de los Estados Provinciales corresponde a la Provincia de Buenos Aires.
• El cuadro sólo incluye a 19 jurisdicciones. Es decir, faltan provincias en las cuales no hubo
déficit sino superávit.
• El déficit acumulado por las 19 jurisdicciones que exhibe el cuadro es inferior al que presentó el
gobierno en la Carta de Intención al FMI. Más precisamente $609 millones menos que los
declarados ante el organismo internacional.
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Las provincias no incluidas en el Cuadro Nº 5 se exhiben en el Cuadro Nº 6.
Cuadro Nº 6
Provincias con superavit en 1999
La información consignada indica:
• El superávit acumulado por los cinco Estados Provinciales presentados asciende a $207
millones.
• San Luis obtiene su superávit –por demás importante ya que equivale al 20% de sus recursos
totales– en base a una composición de sus recursos donde el 69% de los mismos son de origen
nacional y donde el 36% de estos no corresponden a la Coparticipación.
• Santiago del Estero alcanza el superávit expuesto a partir de una composición de sus recursos
donde el 87% de los mismos son de origen nacional y donde al interior de estos últimos el 37%
de los recursos no están ligados a sus ingresos por coparticipación. Se trata de aportes realizados
por la Nación en razón de otros conceptos. Por ende, el resultado superavitario de esta provincia
no se sustenta en la autonomía de su propia gestión. Más bien, todo lo contrario. Su dependencia
de los recursos nacionales es absoluta. Cuestión esta que resulta consistente con el cuadro
financiero que exhibe la provincia y donde prácticamente el 48.6% de los recursos de la
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Coparticipación están afectados por el endeudamiento que ésta presenta.
• La Rioja alcanza su superávit en base a una composición de los recursos donde el 90% son de
origen nacional. Pero, a su vez, el 63% de esos recursos nacionales no están ligados a ingresos
por coparticipación. Por tanto, su dependencia fiscal de la Nación es absoluta y esto se asocia
con un cuadro financiero donde el 61% de la Coparticipación Federal está afectada al pago de
deuda.
• El G.C.B.A. arriba a un resultado superavitario en base a un total de ingresos donde el 92.9% de
los mismos son de origen local. Es decir, con una muy baja incidencia de recursos de origen
nacional. Asimismo, alcanza el superávit luego de haber pagado más de $ 100 millones de
intereses por deuda y habiendo recuperado la inversión real en un 32% respecto al promedio que
la misma exhibe para los cinco años anteriores. Por otra parte, el endeudamiento de la ciudad no
afecta los recursos que percibe. En suma, el superávit de la ciudad de Buenos Aires es resultado
de una gestión que mantiene una razonable cuota de autonomía en materia fiscal y financiera.
• La Pampa obtiene superávit en base a recursos que en un 66% son de origen nacional.
Asimismo, el 43% de estos últimos no corresponden a la Coparticipación. La provincia exhibe
también una situación no comprometida en materia financiera.
En suma, lo expuesto indica que las razones para el superávit de las provincias que menciona
el Cuadro Nº 6 son variadas. Tenemos un caso donde la autonomía presupuestaria es la característica
(Ciudad de Buenos Aires). Dos situaciones de carácter intermedio (San Luis y La Pampa) donde los
recursos de origen nacional, si bien son centrales, no llegan al extremo de ser prácticamente únicos.
Y por último, dos casos donde el superávit es resultado casi exclusivo de las transferencias que
efectúa la Nación. En términos políticos, el superávit con autonomía se observa en un distrito que en
1999 exhibía un color político diferente al oficial.
El resto de los casos (donde las transferencias nacionales ocupan un papel creciente) exhibe
situaciones de fuerte alineamiento político con el gobierno menemista.
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Si combinamos los resultados de los cuadros 5 y 6 surge que en 1999:
en millones de pesos
Déficit Global 19 jurisdicciones $ 3.079,7
Superávit Global 5 jurisdicciones $ 207,0
Déficit Global 24 jurisdicciones $ 2.872,7
Este resultado es $ 817 millones inferior al consignado en el acuerdo con el FMI. Dicha
diferencia puede reconocer dos explicaciones. Una, cubrirse frente a eventuales imprevistos y, dos,
mejorar la posibilidad de cumplir la meta con el FMI. Obsérvese que si se toma como cierta la
hipótesis de un déficit global de $ 2.872,7 millones, el ajuste a realizar durante el año 2000 se reduce
a $ 672,7 millones.
Expuesta la situación correspondiente al año 1999, presentaremos los objetivos fiscales
previstos oficialmente –provincia por provincia– para el año 2000 (Ver Cuadro Nº 7). En base a esta
información puede construirse el Cuadro Nº 8 que permitirá percibir el tipo de esfuerzo que en el
logro de la pauta acordada con el FMI se le requiere a cada estado provincial.
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Cuadro Nº 8
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Los datos intentan presentar la magnitud del ajuste fiscal que se le plantea a cada provincia.
Entendemos como expresivas de una situación de ajuste aquellas previsiones que indican que
durante el año 2000 se producirá una reducción del déficit o bien un incremento del superávit
respecto al año anterior. Esto se expresa (con signo positivo) en la columna 4. Asimismo, y a los
efectos de indicar la relevancia que este ajuste supone para cada Estado Provincial, se lo expresa –en
las dos últimas columnas– como porcentaje del total de los recursos propios y corrientes de cada
jurisdicción.
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Así, el Cuadro Nº 8 nos informa que el ajuste a realizar asciende $ 957,6 millones. La cifra
consignada involucra el proceso de ajuste en el que están envueltos 17 Estados Provinciales.
Asimismo, por la vía del incremento del déficit o de la reducción del superávit esperado se observa
una situación de mayor oxígeno fiscal en los siete estados restantes. Oxígeno que asciende a $253.4
millones. y que se presenta con signo negativo en la columna 5.
En base a los datos hasta aquí vertidos, el cierre fiscal previsto para el año 2000 en las 24
jurisdicciones supone en términos globales lo siguiente:
• Cierre fiscal 1999 acumulado para las 24 jurisdicciones (resultado de 19 Estados en situación de
déficit y 5 Estados
con superávit): $ 2872.7 millones
• Ajuste fiscal previsto sobre 17 estados en base areducción del déficit o incremento del superávit:
$ 957.6 millones
• Oxígeno fiscal previsto para siete Estados Provinciales en base a expansión del déficit y/o
reducción del superávit
esperado: $ 253.3 millones
Lo expuesto puede sintetizarse así:
en millones de pesos
Déficit fiscal consolidado 1999 $ 2.872,7
- ajuste fiscal 2000 $ 957,6
+oxígeno fiscal 2000 $ 253,3
Déficit fiscal consolidado previsto para el 2000 $ 2.168,4
El Cuadro Nº 8 informa también sobre la magnitud que implica el ajuste fiscal en porcentaje
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respecto a los recursos corrientes de los Estados Provinciales –3%– y en relación a sus recursos
propios –8.6%–. Obsérvese que de acuerdo a lo analizado precedentemente la relación más
relevante es la que compara con los recursos propios ya que el Acuerdo Nación-Provincias define
que las transferencias que los Estados Provinciales percibirán este año serán inferiores a las
recibidas en 1999. Es decir, que el peso del ajuste pautado descansa completamente sobre la gestión
de los recursos propios. En este sentido, corresponde observar entonces que el promedio consignado
como magnitud del ajuste fiscal sobre los recursos propios triplica el que expresa la relación entre
ajuste y recursos corrientes.
A continuación el Cuadro Nº 9, exhibe un primer ordenamiento de las 17 provincias que
ajustan.
Cuadro Nº 9
Magnitud del ajuste fiscal sobre los
recursos corrientes
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El Cuadro Nº 10 presenta la misma realidad pero considerando el significado que tiene el
ajuste fiscal de estos 17 Estados en relación con los recursos propios.
Cuadro Nº 10
Magnitud del ajuste fiscal sobre
recursos propios
De la comparación de los cuadros 9 y 10 con lo expresado en el Cuadro Nº 5 respecto a la
participación de los distintos Estados Provinciales en el déficit global, surge lo siguiente:
1. Mientras Provincia de Buenos Aires representa el 40.5% del déficit global correspondiente a
1999, dicha jurisdicción no figura en las previsiones del Ministerio de Economía sobre el ajuste
presupuestario del 2000. Más aún, y de acuerdo a lo expuesto, la autoridad económica nacional
convalidaría una expansión del déficit en dicha provincia.
2. Mientras Córdoba y Santa Fe representan el 10% del déficit global, el ajuste fiscal que realizan
está por debajo del promedio nacional.
3. Los cuadros 9 y 10 indican que el ajuste se concentra en Formosa, Corrientes, Tierra del Fuego,
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Catamarca, Chubut, Neuquén, Chaco, Jujuy, Mendoza, Tucumán, Río Negro y Misiones.
4. La diferente ubicación que algunas provincias tienen al comparar el cuadro 10 con el 9 responde
al hecho de que el esfuerzo adquiere mayor dimensión en los casos donde los recursos tributarios
propios son muy bajos. Asimismo, esto se altera en aquellas situaciones donde las provincias
además de recursos tributarios poseen regalías. No obstante, la única modificación de lugar
significativa corresponde al caso de Santa Cruz. En esta provincia cuando la comparación se
hace con el total de sus recursos, la magnitud del ajuste se mantiene prácticamente en línea con
el promedio nacional (3.2% vs. 3.0%), en tanto que al considerar sólo los recursos tributarios
propios la provincia pasa a estar muy por encima de dicho promedio (33.6% vs. 8.6%).
5. Además de los 17 casos de ajuste que se exponen en los cuadros Nros. 9 y 10, deben
considerarse siete estados más que, según exhibe el cuadro 8 observan durante el año 2000 una
situación de mayor holgura fiscal en base a la expansión de su déficit (Pcia. de Buenos Aires,
San Juan, La Pampa y La Rioja) o la reducción del superávit (Gob. de la Ciudad de Buenos
Aires, Santiago del Estero y San Luis).
III. MODALIDADES DEL AJUSTE
EVOLUCION DEL GASTO Y LOS INGRESOS
EN CADA ESTADO PROVINCIAL
Una mayor precisión respecto a lo que ocurre en cada estado provincial se alcanza en el
Cuadro Nº 11 donde comparamos la evolución 99-2000 de las transferencias nacionales, el total de
recursos y el recorte de gastos.
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Cuadro Nº 11
En lo relativo a la transferencia global de recursos nacionales se observan incrementos en:
Chubut, Jujuy, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, San Luis y Pcia. de Buenos Aires. En todos los
demás casos estas transferencias se reducen con la sola excepción de Santa Fe donde se mantienen
constantes. Esta aseveración es por demás importante ya que frente a una reducción de $ 33 millones
respecto a 1999 en el monto total de transferencias correspondientes al 2000, las transferencias
nacionales por todo concepto a la Ciudad de Buenos Aires, Pcia. de Bs. As. y Córdoba crecen en $
59.8 millones.
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Si consideramos los 17 Estados que presentamos como sujetos a ajuste en los cuadros 9 y 10,
puede observarse que con diferentes proporciones en la mayoría de los casos (13 provincias)
predomina la estrategia de reducción del gasto. Las excepciones en este aspecto las constituyen
Mendoza, Misiones, Córdoba y Santa Cruz. En el primero, si bien hay reducción del gasto, el ajuste
se concentra en una mayor recaudación. En los tres restantes la mayor recaudación esperada
financiaría una expansión del gasto público.
Considerando luego aquellos siete estados que en apariencia exhibían situaciones de holgura
fiscal, corresponde precisar lo siguiente:
• La Rioja: Se observa una proyección presupuestaria donde se reduce la transferencia de recursos
nacionales pero se expande el nivel de gasto provincial. En consecuencia, el superávit del año
1999 logrado en base a las transferencias nacionales, se transforma en un déficit para el año
2000 que en apariencia es convalidado por las nuevas autoridades de la Nación.
• Cdad. de Buenos Aires: La expansión de los recursos –nacionales y totales– y la obtención de un
menor superávit respecto a 1999, financia la expansión del gasto público. Situación
comprensible a la luz de la coyuntura electoral que atraviesa la primera metrópolis del país.
• Stgo. del Estero: La reducción de las transferencias nacionales y de sus recursos totales es
acompañada por una menor caída del gasto que permite mantener el superávit provincial aunque
en menor nivel que en 1999.
• San Luis: La expansión de las transferencias nacionales y de los recursos totales esperados es
acompañado por una importante expansión del gasto que reduce el nivel de superávit respecto al
obtenido el año pasado.
• La Pampa: Hay una caída de recursos nacionales y totales y una significativa expansión del
gasto que transforma el superávit del 99 en un déficit para el año 2000.
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• San Juan: Una menor expectativa de recursos acompañada por una expansión del gasto,
incrementa el déficit.
• Provincia de Buenos Aires: Se incrementan las transferencias nacionales, caen los recursos
totales de la Provincia y se reduce el gasto en una cifra similar (aunque menor) a dicha caída.
Consecuencia, el déficit se expande. No obstante, debe consignarse que la reducción del gasto
público en provincia de Bs. As. no excede el 2% del gasto total provincial.
De la información vertida surge que por detrás de las tendencias globales que exhibe el
Acuerdo Nación-Provincias y que fueron comentadas al comienzo del trabajo, se observan algunas
situaciones particulares. A saber:
a) Las transferencias globales de Nación a Provincias crecen en los siguientes casos y en el
siguiente orden: Córdoba +31.5 millones., Pcia. de Bs. As. + 19 millones., Cdad. de Bs. As.
+ 9.3 millones, Jujuy + 2.4 millones y Chubut + 0.9 millones. Por cierto, parece insólito que
habiéndose decidido fijar las transferencias a las provincias en un nivel determinado,
aparezcan incrementos en los tres principales distritos del país. Jurisdicciones estas que,
indudablemente, son las que cuentan con mayores posibilidades para aumentar sus propios
recursos.
b) Sobre una reducción total del gasto (en las provincias que lo reducen) de $ 875.3 millones, Pcia.
de Bs. As. (con sólo reducir su gasto un 2%) aporta un 32% de la reducción. El 68% restante
lo realizan las siguientes provincias en el siguiente orden: Formosa, Neuquén, Río Negro,
Tucumán, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Catamarca, Mendoza, Entre Ríos, Chubut, T. del
Fuego, Jujuy, Sgo. del Estero y Salta.
c) Sobre una expansión de los recursos totales que alcanza los $ 696.9 millones, el incremento
esperado en Córdoba, Ciudad de Bs. As. y Mendoza representa el 66.6% del total. Si bien
hay otros 12 Estados Provinciales que esperan incrementar su recaudación, su significado es
evidentemente menor. La decisión de concentrar el ajuste sobre los estados periféricos a los
principales centros urbanos define que el tipo de intervención fiscal elegida privilegia la
28
reducción del gasto por encima del logro de una mayor recaudación. Obsérvese además que
en el caso de Pcia. de Bs. As. el aumento de los recursos transferidos por la Nación es
acompañado por una merma en la recaudación total de la provincia.
d) Las provincias en las que el gasto sube respecto a los niveles de 1999 son: Córdoba, Misiones,
Santa Cruz, La Rioja, Ciudad de Bs. As., San Luis, La Pampa y San Juan.
IV. LA SITUACIÓN FINANCIERA
DE LOS ESTADOS PROVINCIALES
Presentaremos a continuación el Cuadro Nº 12 que sintetiza el estado financiero que observa
cada provincia y la afectación que el endeudamiento efectúa de los recursos coparticipables. Este
último indicador servirá para ordenar (de mayor a menor afectación) al conjunto de las
jurisdicciones.
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Cuadro Nº 12
Endeudamiento y porcentaje de afectación
de los recursos de coparticipación al 31.12.99
• Bs. As., Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Cdad. de Bs. As. representan el 40% del total de la
deuda de los Estados Provinciales.
• De las cinco jurisdicciones mencionadas sólo Mendoza tiene afectados sus recursos de
coparticipación por encima del promedio nacional. Las restantes se encuentran claramente por
debajo o directamente no tienen afectación alguna.
30
• Comparando la situación en materia de endeudamiento y afectación de recursos de la
Coparticipación, resulta claro que con la sola excepción de Neuquén, los 12 Estados Provinciales
donde el ajuste supera en magnitud al promedio nacional (cuadros 9 y 10) tienen una afectación
de sus recursos coparticipados superior al promedio. Podría afirmarse entonces que a mayor
estrangulamiento financiero y mayor dependencia de los recursos nacionales, corresponde mayor
ajuste. Sin embargo, además del caso Neuquén donde hay un importante ajuste pese al bajo nivel
de endeudamiento y la disponibilidad de regalías, aparecen otras excepciones al observar los
casos de las provincias cuyo ajuste está por debajo del promedio nacional o que, directamente,
no realizan ajuste alguno durante el año 2000. En este sentido, la primer pregunta que surge es
por qué razón una provincia como Salta que exhibe un alto grado de afectación de sus recursos
coparticipados (65.8%), es la que menos ajuste efectúa de los 17 casos de ajuste presentados. Por
otra parte, resulta poco comprensible que La Rioja y Santiago del Estero que tienen una
significativa parte de sus recursos afectados por el endeudamiento y que son fuertemente
dependientes de las transferencias nacionales, no realicen ajuste alguno. Si esto pudimos
explicarlo en 1999 por la afinidad política que estas provincias tenían con el gobierno nacional,
la situación para el 2000 resulta por lo menos de difícil explicación.
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ANEXO
• Información fiscal y financiera de cada provincia
• Proyección global para el 2000 de las 24
jurisdicciones trimestralizada
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