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Ponencia al III WORKSHOP DE RIDOT

Políticas, territorios y actores locales: la construcción de territorios analizada a través

de estudios de casos.

Dr. Roberto González Sousa

rgsousa@geo.uh.cu

Dra. Angelina herrera Sorzano

aherrera@geo.uh.cu

Dr. Ricardo Remond Noa

remond@geo.uh.cu

Estudiante: Elsa Morejón

Facultad de Geografía

Universidad de La Habana

Introducción

La preocupación por alcanzar un enfoque para estudiar y comprender la

reorganización del espacio en Cuba a partir del triunfo revolucionario de enero

de 1959, e intervenir en su transformación con un profundo sentido prospectivo

y humanista, despojado del conjunto heterogéneo de técnicas que con

demasiada frecuencia llegan a convertirse en sujeto y no en herramientas para

un análisis, situación que no permite comprender que sucede realmente en el

territorio y hacia donde marchamos, es la única alternativa posible para los

investigadores que en el país estudian los procesos territoriales, y que tienen

en los lineamientos de la política económica y social del Partido y el Gobierno

aprobados en abril de 2011, uno de sus principales retos.

Ante el hecho real de disponer de métodos cada vez más elaborados para

comprender la realidad cubana, interpretarla con mayor grado de objetividad,

reconocer la aparición de desigualdades socio-espaciales, y la emergencia de

inequidades, y proponer acciones que la transformen con una intencionalidad

dirigida a la creación de nuevas oportunidades, surge la preocupación de que

ello no ha permitido revertir los procesos de desarrollo desigual que hoy se

observan en su territorio. De ahí que sea necesario llamar la atención en

cuanto a las limitaciones que en el diseño de políticas públicas se introducen, al

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no tener una clara comprensión de la naturaleza y complejidad del territorio, del

alcance y significado de este concepto.

Todo proceso de transformación política, económica, social, tecnológica, e

institucional requiere materializarse en una organización territorial de la

sociedad y la economía dada, y en permanente cambio. Hoy el territorio debe

ser utilizado como concepto central en el diseño y ejecución de las políticas

públicas, tanto en espacios urbanos como rurales, en los diferentes modelos de

desarrollo en el planeta (Fernandes, B., 2008). Su construcción en Cuba no

está exenta de conflictos, dado los intereses que promueven estas políticas,

sea producto de la inversión estatal, mixta o asociadas al rápido crecimiento del

sector emergente, donde se incluye el trabajador por cuenta propia (privado),

cuya aparición en la vida económica nacional no puede ser comprendida al

margen de la grave crisis económica que se desata en al país en la década de

los años 90, con la desintegración de la comunidad de países socialistas. No

obstante, como señala Iñiguez. L. (2002:176):

“En la recuperación económica, la eficiente localización de inversiones o las reanimaciones productivas tienden a debilitar la equidad de los anteriores procesos, que actuaban sobre los desequilibrios espaciales y regionales heredados. Las «asignaciones» o las «nuevas oportunidades» repercuten favorablemente en espacios-familias concretos y regulan la desigualdad inter e intraterritorial… Es comprensible que las oportunidades de acoger los nuevos actores económicos y la incorporación de individuos-familias al sector emergente de ventajas de ingresos, tiene una condicionalidad o determinación espacial… Es por ello que se sitúan en ventaja aquellos donde ambos factores coincidan, como el caso del turismo en Varadero…”.

Cuando el territorio se estudia en su multidimensionalidad, y se analiza en su

totalidad durante el diseño de las políticas públicas, es entonces posible

comprender que sus distintas dimensiones son formadas por las condiciones

construidas por los sujetos, en sus prácticas sociales en relación con la

naturaleza y entre sí. Las múltiples dimensiones del territorio son producidas

por las relaciones sociales, económicas, políticas, ambientales y culturales, y

reflejan la intencionalidad de los actores, sean públicos o privados. Este

principio no puede ser obviado en momentos que se exige una mayor

productividad espacial en la localización de las inversiones, se mantiene una

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verticalidad en la toma de decisiones y las desigualdades socio-espaciales se

acrecientan.

1. El territorio en los antecedentes de la planificación física desde el

triunfo revolucionario de enero de 1959 hasta 1989

Al triunfo de la Revolución1, cuando aún no existían estudios territoriales

sistematizados y menos todavía se hablaba de planificación territorial, se

observa que las decisiones relativas al territorio se tomaron esencialmente a

partir de principios políticos y de política económica, aunque sus

consecuencias territoriales no pudieran preverse con precisión (Baroni, S.,

1989). Sus acciones y resultados no pueden ser analizadas sin considerar que

se desarrollaron en un contexto político económico donde dominaba, entre

otros aspectos, la planificación centralizada de la producción y las inversiones

(Rodríguez, G., 1980). En lo externo, la imposición del bloqueo comercial,

financiero y político por el gobierno de los EEUU, su política agresiva que tiene

como colofón la invasión de Girón en 1961, el estímulo a los grupos opuestos

al avance del proceso revolucionario, entre otras acciones desestabilizadoras

orientadas a su destrucción, no pueden ser obviadas como condicionantes de

las transformaciones territoriales acaecidas desde los inicios de la década de

los años 60.

Estos cambios abarcan a todas las esferas de la sociedad y su economía y, por

supuesto, están presentes en todo el territorio nacional. Entre las principales

acciones emprendidas se encuentran aquellas de carácter legal que

promueven importantes cambios en la agricultura, su organización territorial y

en los espacios rurales cubanos. Entre 1959 y 1963 se producen las dos leyes

de Reforma Agraria (1959 y 1963) y la nacionalización de las propiedades,

tanto extranjeras como nacionales (1961-1968). Se comienza la diversificación

1 En marzo de 1960 se creó la Junta Central de Planificación (JUCEPLAN) y, al siguiente año la Junta de

Coordinación e Inspección (JUCEI) cuya fundamental actividad debía ser la de coordinar los trabajos de

los organismos administrativos, políticos y sociales. Con las JUCEI se dieron los primeros intentos de

descentralización. En 1966 estas fueron sustituidas por lo que se denominó Poder Local (PL); con lo que

se pretendió poner en marcha un proyecto de descentralización administrativa de mayor amplitud, pero en

la práctica no les fue posible jugar el rol que se esperaba de ellos

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agrícola y un plan de industrialización como base de la estrategia de desarrollo

del estado.

El proyecto revolucionario se basa desde sus inicios en la creación de

condiciones de justicia y equidad social y territorial, y sus principales objetivos

llevan aparejados propósitos socio-ambientales, entre los que se pueden

destacar el aumento del nivel educacional, comenzando por un proceso de

alfabetización, y la ejecución de diferentes medidas para implantar un sistema

de salud de calidad y accesible a toda la población. Paralelamente se

promueve el incremento y diversificación de la producción, el surgimiento de

nuevos conjuntos industriales, la redistribución del ingreso por grupos sociales

y áreas geográficas, el desarrollo de la infraestructura (viales, líneas férreas,

puertos, aeropuertos, líneas eléctricas, de comunicación, presas y canales,

etc.), la reorganización de la vida política, la difusión de nuevos valores

culturales y éticos, como algunos de los elementos que en el contexto de las

transformaciones revolucionarias le comunican a la dimensión territorial un

nuevo contenido y sientan las bases de lo que podría denominarse política de

desarrollo regional o, simplemente, política regional. No obstante, señala

Baroni, S. (1998), la experiencia cubana en la planificación física en algunos

momentos ha identificado desarrollo de las fuerzas productivas con programas

de inversiones, donde a los hombres se le asignaba una función pasiva como

abastecedores de fuerza de trabajo, subestimando su potencial creativo de

participación en la conducción de los procesos productivos.

A partir de 1962 se instituye la planificación centralizada en Cuba. El modelo

implantado respondía al esquema existente en la ex Unión Soviética y los

países socialistas europeos de planificación centralizada, basada en los

balances materiales de la economía. En este contexto programático, el

desarrollo económico en el socialismo era concebido no como un proceso

espontáneo, sino consciente, requiriéndose a los efectos de la dirección de la

sociedad, la necesidad de conocer sus leyes objetivas y, en el plano territorial,

sus regularidades. Esto, por supuesto, fundamentaba el carácter objetivo que

manifestaban las relaciones territoriales de la actividad económica, lo cual se

debía tener en cuenta a la hora de acometer los análisis territoriales, así como

le proporcionaría el fundamento teórico y metodológico a la actividad de la

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planificación física en el país, muchos de sus principales características

estarían vigentes hasta los primeros años de la década de los años 90. Ello

queda plasmado en el Decreto 21 de 19782 , donde se afirma que la

planificación física es la actividad estatal que:

“…procura el ordenamiento territorial (…) mediante la determinación del destino de la tierra para los diferentes fines”. En su concepto queda establecido que: “La planificación física es la actividad que, en concordancia con los objetivos, tareas y directrices del Plan Único de Desarrollo Económico y Social y mediante la investigación de las condiciones naturales, demográficas, económicas y técnicas del país, procura el ordenamiento territorial en sus diferentes niveles, con el fin de lograr la más correcta distribución territorial de las fuerzas productivas”.

En sus mecanismos de actuación según consta en el mencionado Decreto se

establece que:

“La planificación física, a través de los planes y proyectos físicos, expresa la adecuada localización de las actividades de producción y servicios mediante la determinación del destino de la tierra para los distintos fines, teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras de la sociedad y, al mismo tiempo, garantiza que el proceso de urbanización en el país sea dirigido a largo plazo de un modo planificado, así como el desarrollo planificado y ordenado de ciudades y pueblos”.

En este contexto técnico, organizativo, administrativo y político se desarrollan

inventarios, diagnósticos y proyectos de notable calidad técnica, donde

consideramos domina un enfoque de carácter sectorial, tecnócrata y limitado

en su validación social, todo lo cual conspira para restar más que su

aplicabilidad, la cual se justifica por un plan de inversiones que normalmente le

acompaña y garantiza su materialización, la eficiencia en sus resultados por su

distanciamiento del entorno social de validación. Los resultados de estos

estudios, en gran medida caracterizados por su condición de documentos

técnicos muy bien concebidos y elaborados, pero sin basarse en la

2 En la gaceta oficial de la República de Cuba de fecha 9 de marzo de 1978 se publica el acuerdo del

Consejo de Ministros no. 21/78, donde se define el reglamento de la Planificación Física en el país. En el

mismo se recoge el concepto, sus mecanismos de actuación y expresión, entre otros aspectos de

significativa relevancia para una actividad que desde 1960 se dedicaba a ordenar el territorio.

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participación comunitaria y el aprendizaje social que el espacio como

construcción social requiere para su funcionamiento sostenible, hoy transitan

en búsqueda de una justificación que los haga perdurable en el tiempo en las

nuevas condiciones en que avanza el proyecto social revolucionario.

A ello contribuyó también la ausencia de un punto de contacto o una franja de

permanente interacción entre la planificación física y la económica. A esta

situación tributa el enfoque que prevalecía al estudiar el desarrollo del territorio,

donde primaba el concepto de que la estructuración territorial estaba

determinada por la distribución de las fuerzas productivas y, por tanto, el

problema se debía centrar en el manejo del proceso de localización de las

inversiones (Baroni, S.,1989).

A su vez, esta organización territorial hecha por y para especialistas aunque

destinada a mejorar las condiciones de vida y trabajo de la población, carecía

del marco jurídico para hacer efectivo los estudios técnicos propuestos y, al

mismo tiempo, crear las condiciones necesarias para una efectiva participación

de la sociedad en las labores de construcción de los programas de

ordenamiento territorial. Todas estas acciones en el planeamiento tenían como

objetivo principal promover el desarrollo regional (Roig, M., 1995). Los

procesos que se suceden a esta etapa del desarrollo económico y social del

país mostrarán la precariedad de las estructuras espaciales que se crean,

conformadas en el marco de una política económica altamente centralizada y

de escasa visión prospectiva.

Los errores cometidos durante estos años en la planificación económica y

territorial enfatizaron la actuación de los organismos en sus funciones

sectoriales, haciendo particularmente difícil la compatibilización ramal –

territorial. Esta tendencia se reflejará en la propia actuación de las direcciones

de planificación física que a escala provincial tenían bajo su responsabilidad la

elaboración de los planes directores de todos los municipios de sus respectivas

provincias (Baroni, S., 1989). Ya era evidente a finales de este período que

solo uniendo las funciones de la investigación, planeamiento, gestión y control

en el municipio es que se podría alcanzar una planificación realmente

descentralizada, y se haría posible una participación popular en su elaboración

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y, con ello, se lograría un desarrollo efectivamente integral del territorio (García,

C., 1989).

Las observaciones críticas realizadas en párrafos anteriores, donde no se

descarta la influencia de una visión sesgada por la academia, no soslayan la

responsabilidad de los investigadores en el destaque de algunos de los logros

importantes del planeamiento físico en Cuba hasta finales de la década de los

años 80. Pueden ser mencionados entre sus más significativos:

La reestructuración del espacio rural a tenor con las transformaciones

sociales, técnicas, tecnológicas y organizativas que en él se introducen y

de las condicionantes que las relaciones establecidas durante casi tres

décadas, en el seno de la Comunidad de Países Socialistas y del CAME

(Consejo de Ayuda Mutua Económica), imponen al uso del suelo.

La transformación del espacio urbano, que dada la prioridad otorgada al

modelo urbano-industrial de desarrollo y sustentada en un amplio plan

de inversiones en los sectores de la industria, los servicios y la

infraestructura, favorece el crecimiento de las ciudades intermedias y

pequeñas, frena el de la Capital y ofrece una amplia gama de opciones

de empleo en sectores no vinculados a la agricultura, lo que estimula el

éxodo rural.

La creación territorial de los grandes sistemas de servicios

fundamentales a la población, que si bien no respondían de forma

mecánica al desarrollo de los restantes sectores de la economía, son

una respuesta a los ideales de justicia social que ha estado en la base

del programa revolucionario desde la lucha insurreccional (Baroni,

1998).

Se contiene el crecimiento de la ciudad de La Habana y sobre todo se

disminuye sensiblemente su peso en muchas actividades económicas y

sociales, favoreciendo una “relativa” equidad espacial. Si bien no se

logra la desaparición de la herencia de una capital macrocefálica, las

diferencias entre occidente y el oriente del país, y entre el campo y la

ciudad, que se expresan - según Roig, M. (1995) - en desproporciones

entre el desarrollo económico, el crecimiento poblacional y la capacidad

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de su infraestructura técnica producto de procesos migratorios y de

concentración de población, las mismas disminuyen.

Los resultados de los proyectos de desarrollo económico y social en este

período evidencian que disminuye la desigual distribución de las fuerzas

productivas en el país, aunque ésta aún se encuentra marcada por los

rasgos heredados de la etapa capitalista (ver Cuadro 1).

Cuadro 1. Análisis comparativo de la distribución territorial de la producción

industrial no azucarera (en %)

Concepto 1958 1988

Producción

industrial

Población Producción

industrial

Población

Cuba 100.0 100.0 100.0 100.0

Provincias habaneras 75.0 25.0 46.0 26.0

Provincias orientales 12.0 32.0 23.0 35.0

Resto del país 13.0 42.0 31.0 39.0

Fuente: Problemas actuales de la distribución de las fuerzas productivas. IPF. La Habana, 1989.

Desde el punto de vista medioambiental se puede afirmar que las

transformaciones han sido significativas, lo que permitió ya en los años

ochenta eliminar en Cuba la mayoría de los principales problemas

socioambientales que existen en otros países subdesarrollados como

son la pobreza, el desempleo y la insalubridad.

2. El territorio en la planificación física durante la crisis económica de

los años 90

La desintegración del campo socialista y, en particular, de la URSS, la

desaparición del CAME pone fin a varios lustros de crecimiento económico, con

un marcado signo de equidad territorial y social, y sumen a la economía cubana

en una profunda crisis, cuyos efectos se manifiestan con inusitada rapidez en el

surgimiento de diferencias sociales, económicas y territoriales, donde no se

niega su existencia previa a esta fecha, pero que la política económica y social

del gobierno minimizaba sus efectos. .

En el nivel micro, la crisis se deja ver en los bajos e incluso nulos

aprovechamientos de las capacidades disponibles en empresas con diferentes

formas de propiedad y, en lo territorial, en la ruptura del entramado de

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relaciones productivas así como en los desequilibrios urbano - rurales y centro -

periferia que comienzan a adquirir una nueva dimensión, testigo en cierta

medida de la crisis del modelo de desarrollo de crecimiento extensivo que

caracterizó a la economía cubana hasta la desaparición del campo socialista.

De economía abierta, fuertemente dependiente de la comunidad de antiguos

países socialistas y, en especial, de la ex URSS, con un mercado seguro para

todo tipo de producciones y un trato preferencial, se pasa a una economía

abierta que pierde la mayoría de sus mercados, su capacidad de importación

en casi un 75%, el trato preferencial y que necesita, como requisito

indispensable para la supervivencia y desarrollo, de la introducción de reformas

en lo económico, político y social, en un contexto donde además, se endurecen

las condiciones del bloqueo y de acceso al crédito internacional.

Desde el punto de vista económico, la posibilidad dada por los vínculos con la

comunidad socialista de alcanzar el desarrollo económico tomando como punto

de partida la industria azucarera, el cultivo e industrialización del cítrico, la

expansión de la industria niquelífera, el desarrollo de la producción de

maquinaria, etc., y que constituyó uno de los pilares de la equidad espacial,

entra en una etapa de crisis y cuestionamiento. La reflexión conduce a la

reorientación de los perfiles de especialización de la economía cubana hacia

sectores tales como el turismo, la biotecnología y la industria médico-

farmacéutica. Por otra parte, se valora la inversión extranjera como una de las

vías para la reactivación de la economía (Ferradáz, M., 1998).

En otras palabras, para Cuba la década de los años noventa marca la entrada

en una nueva fase de su desarrollo que demanda una minuciosa evaluación de

todos los recursos disponibles (naturales, humanos, económicos, etc.) y

necesarios para la continuación de su proyecto social en las nuevas

condiciones internacionales. Se impone, por tanto, una variación sustancial de

los esquemas de planificación y gestión del territorio ante una evidente realidad

dada por el incremento y diversidad de los actores en la producción del

espacio, la escasez de recursos económicos que se refleja en la pérdida de

capacidad de intervención del Estado para la solución de los desequilibrios

territoriales presentes y las especificidades ecológicas y ambientales de cada

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unidad socioespacial, aspecto éste no contemplado anteriormente en todo su

significado.

Se pueden mencionar tres elementos que han modificado radicalmente el

escenario nacional con fuerte incidencia en los aspectos territoriales3:

Creciente diversificación de los agentes económicos y sociales, ya sea

por procesos de descentralización empresarial, de la gestión de

gobierno, aparición de nuevos actores no estatales como las UBPC4, los

trabajadores por cuenta propia y otros.

La apertura al capital extranjero, que se refleja en las inversiones en

numerosas áreas de la economía (turismo, inmobiliarias, zonas francas,

parques industriales, minería, etc.) y que requiere modificaciones al

régimen jurídico y urbanístico del suelo, la actualización de los registros,

de las normas y procedimientos para su valoración.

Reorganización de la administración pública, de la economía estatal y la

reforma de los métodos de planificación. Estos procesos han marchado

asociados al redimensionamiento de la administración y de la economía

estatal, lo que ha demandado la búsqueda de nuevos enfoques y

desarrollos en los instrumentos y procedimientos del planeamiento y la

gestión territorial.

El planeamiento físico dominante hasta ese momento y caracterizado por un

profundo contenido ético y de justicia social, debe hacer frente a la

reorientación de los perfiles de especialización de la economía en las nuevas

condiciones económicas nacionales e internacionales, así como al hecho de no

haber existido una política explícita e instrumentada en estrategias concretas,

que indujera una distribución territorial de la población acorde con los objetivos

económicos y sociales del país, particularmente notable en el espacio rural.

Con ello, las acciones para dirigir con prioridad los recursos hacia la

transformación y elevación del nivel de vida en el espacio rural y hacia el

3 Véase: Instituto de Planificación Física. Fundamentación y comentarios al proyecto de ley del suelo, el ordenamiento territorial y el urbanismo. La Habana, octubre, 1996 (s/a). 4 Carranza (1995) al referirse a la creación de las Unidades Básicas de Producción Agropecuaria (UBPC) señala: “en el sector agropecuario se ha dado lo que constituye probablemente la transformación estructural de mayor alcance realizada en la economía cubana (…), que deben convertirse en la forma fundamental de propiedad y organización de la producción en este sector”.

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desarrollo de los asentamientos intermedios y de base, con pérdida de peso de

la capital, se tornan cada día más difíciles de mantener.

En este nuevo contexto se produce un acelerado crecimiento del sector

cuentapropista (privado) y, con ello, la actuación de nuevos actores en la

construcción del territorio, que hasta ese momento era responsabilidad y

función casi absoluta del sector estatal (público) de la economía, como actor

principal y prácticamente único en el acontecer de los territorios. La estructura

socioeconómica en su dimensión territorial acelera su transformación, al mismo

ritmo que se perfila la formación de tres tipos de economía con manifestaciones

y rasgos espaciales distintos, aunque con una cierta tendencia a establecer

vínculos entre sí, en particular, a partir de las políticas que se ponen en marcha

a partir de abril de 2011. Se destacan:

Economía tradicional, que continúa su marcha con un limitado

aprovechamiento de las capacidades existentes, sus relaciones

intersectoriales se caracterizan por una participación creciente del peso

cubano convertible en las transacciones comerciales y de servicio y, en

lo espacial, presentan un conjunto de relaciones pobremente

estructuradas y de signo cambiante.

Economía emergente, constituida por las empresas mixtas, sociedades

mercantiles de intereses cubanos, representaciones de firmas

extranjeras y otras entidades y asociaciones que operan en pesos

cubanos convertibles y en divisas.

Economía cuentapropista o privada, con una masa creciente de

trabajadores que realizan sus actividades fuera de las economías estatal

y de las empresas emergentes, resultado de la política de promoción de

esta actividad ante la incapacidad del sector tradicional de dar empleo y

la selectividad que aplica el sector emergente en búsqueda de eficiencia.

Pueden operar en ambas monedas, lo que en gran medida depende del

interés de las personas que intervienen en la compra-venta de

mercancías o servicios Su comportamiento espacial refleja las

diferencias centro-periferia y occidente-oriente.

Por otra parte, la demanda de un nuevo enfoque en lo concerniente a la

dimensión territorial tiene sus raíces en la crisis que experimenta el principio

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rector que ha servido de base para el desarrollo socioeconómico del país: la

equidad socio - territorial. Como algunas de las formas en que se manifiesta, en

la actualidad, esta crisis puede mencionarse:

La distribución de la población no se corresponde con los requerimientos

del desarrollo económico y social, hecho que en la actualidad se

agudiza. Las áreas agrícolas y pecuarias sufren un déficit permanente

de fuerza de trabajo.

La tendencia del crecimiento demográfico con un marcado

envejecimiento de la población señala hacia una reducción en

perspectiva de la disponibilidad de recursos laborales, que en las

condiciones existentes en las zonas rurales demandarán procesos poco

frecuentes y de muy escasas posibilidades de llevarse a la práctica,

como migraciones urbano-rurales y ciudad grande-ciudad pequeña, con

la demanda de la ampliación de los servicios en las zonas receptoras.

La estructura urbana de la Capital resulta insuficiente para acoger la

expansión de la inversión extranjera en su territorio, hecho que

promueve la adaptación de áreas residenciales para tales fines,

modificando la función de los municipios, la dirección e intensidad de sus

relaciones, la estética y la estructura de sus redes de servicio.

La capacidad de creación de empleo en general y por territorios es

insuficiente, lo que agudiza un problema que se viene arrastrando desde

la pasada década, en particular, en las provincias orientales: el

desempleo. El estudio como fuente de empleo y un amplio movimiento

de formación de trabajadores sociales serán algunas de las acciones

que se promuevan para combatir el flagelo del desempleo en el país.

En el sistema urbano regional se destaca la necesidad apremiante de formular

e instrumentar una política integral de distribución espacial de la población y de

estructuración del sistema de asentamientos humanos en las nuevas

condiciones económicas. Este hecho parte del reconocimiento de que en Cuba

las transformaciones revolucionarias en el campo socioeconómico

determinaron sensibles modificaciones en las tendencias y procesos de

distribución territorial de la población, acelerando la integración del sistema de

asentamientos sin la existencia de una base económica y una política integral

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de desarrollo del sistema que tuviera esta en cuenta. La crisis económica

según Roig, M. (1995), pone de manifiesto la vulnerabilidad de la base

económica de las ciudades, en cuya construcción influyeron concepciones

económicas y urbanísticas, donde primaron criterios sectoriales y de enfoque

extensivo, sobre lo integral e intensivo, la decisión central sobre la local, y el de

la nueva creación sobre la renovación y revalorización de los valores urbanos

pretéritos.

Todo parece indicar que se avanza en la superación de las contradicciones e

insuficiencias apuntadas en párrafos anteriores y, con ello, se reafirma que

Cuba no ha abandonado el criterio de contar con una economía planificada,

reguladora de los aspectos esenciales del desarrollo y en profunda búsqueda

de soluciones ante el nuevo escenario mundial e interno, donde los problemas

ambientales ocupan un lugar destacado. Se busca la transformación de la

planificación de balances materiales y de servicios en una actividad de la

prospectiva estratégica, donde los planes se consoliden como mecanismos de

gestión de las transformaciones espaciales y el proceso inversionista, y donde

la participación supere el limite tradicional de los organismos e instituciones del

estado, y se amplíe a amplios sectores de la población.

3. Los cambios sociodemográficos, el territorio y los actores locales

privados en la nueva política económica

Desde 1978 la población de Cuba se ha venido reproduciendo por debajo de

los niveles de reemplazo, lo que unido a índices de mortalidad infantil que

rondan el valor de 5 por mil nacidos vivos y una esperanza de vida que supera

los 77 años, provoca cambios en la estructura y distribución de la población. A

esta situación también contribuye la política aplicada por los EEUU a la isla y

conocida comúnmente como “ley de ajuste cubano”, instrumento dirigido a

destruir el proceso revolucionario, y mediante el cual todo cubano que entre al

territorio de ese país obtiene el permiso de residencia y de trabajo. Nos

encontramos ante un proceso de envejecimiento de la población, donde según

Martín, J. L., Molina, J. (2010.80) “más dela mitad de los que trabajamos en

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Cuba pasamos de los 40 años. El grupo envejecido duplica en su crecimiento

el ritmo de la población trabajadora del país”.

Esta situación genera un aumento de la población no activa económicamente

según la edad, en relación a la población activa, y una fuerte demanda sobre

los servicios especializados y asistenciales en general por estos grupos etarios

de población del país, entre otras situaciones de interés en el acontecer

sociodemográfico cubano. En el 2008 se estimaba la población de 60 años y

más en un 17% de la población total. Entre las medidas que se han puesto en

práctica en países que presentan esta situación demográfica, y que se señala

como de las más recurrentes ha sido, la prolongación de la edad de jubilación,

y Cuba no es una excepción en este sentido, y la Ley de Seguridad Social, en

uno de sus acápites, se pronuncia a respecto, e incrementa la edad de

jubilación a los hombres a los 65 años y a las mujeres a los 60 años.

Los efectos de estos cambios en la población también se manifiestan en la

estructura y distribución territorial, por categoría ocupacional y tipo de actividad

de la fuerza de trabajo. Según la proyección realizada al 2015 por Martín, J. L.,

Molina, J. (ob. cit.:79) “…el mayor porcentaje de senescentes dentro de la

fuerza de trabajo se concentrará en las provincias de Ciudad de La Habana (La

Habana es la denominación actual de la provincia) y Santiago de Cuba, ambas

con algo más del 26% del total”. En cuanto al tipo de actividad según la edad,

el autor de referencia señala, a modo de ejemplo, que la edad promedio de los

trabajadores del sector del turismo es inferior al promedio de edad de los

trabajadores empleados en otros sectores de la economía nacional, lo que

puede ser un indicativo de que los empleos más ventajosos son

“particularmente esquivos para los trabajadores de más edad” Martín, J. L.,

Molina, J. (ob. cit.:82). Datos referidos al censo de 2002 (no se han publicado

aún los datos desagregados del censo del 2010), “coinciden en la percepción

de que los cambios en el terreno económico han impactado las migraciones y

éstas últimas la distribución de la población, en los reacomodos de sus

efectivos en torno a núcleos poblacionales con presencia en ellos de

actividades económicas emergentes o beneficiadas con la política

inversionista…” (Martín J. l., 2012: 38).

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Sobre las consecuencias en el mediano y largo plazo de este proceso de

envejecimiento en sus múltiples dimensiones no nos tendremos, pues quedan

fueran del objeto de esta investigación, no así en lo referido a los nuevos

actores locales privados como parte de la fuerza de trabajo y del proceso de

desarrollo territorial en la actual dinámica sociodemográfica que presenta el

país.

La crisis económica de los años 90, aún latente y con diversidad de impactos

en lo social, económico, tecnológico, cultural y territorial, las reformas que se

aplican para paliar sus efectos y emprender el camino al desarrollo desde esa

década y, más recientemente, los lineamientos de la política económica y

social que se aprueban en abril del 2011, y que marcan nuevos rumbos de

actuación en la política económica, donde se reconoce y promueve, además de

la empresa estatal socialista, forma principal de la economía, las modalidades

de la inversión extranjera, las cooperativas, los agricultores pequeños, los

usufructuarios, los arrendatarios, los trabajadores por cuenta propia5

(privados), entre otras, apuntan aun tímidamente, hacia una necesaria e

impostergable descentralización, condición ineludible para la construcción de

un territorio que se presenta en la actualidad como un espacio heterogéneo en

lo social, y de desigualdades crecientes en lo económico, y donde los actores

locales privados contribuyen paulatinamente a su diversificación socio-

estructural y económica territorial.

Es necesario señalar que la actividad privada en Cuba entre 1959 y 1990 se

redujo prácticamente hasta casi desaparecer, limitada a ciertos sectores

económicos como campesinos individuales y transportistas principalmente. A

partir de 1993, con la promulgación del Decreto-Ley 141, la cantidad de

personas incorporadas a esta modalidad de trabajo comienza paulatinamente a

crecer aunque bajo la denominación de Trabajo Cuenta Propia y limitada en

esos primeros momentos su ejercicio a 55 actividades, posteriormente en el

5 La persona que practica esta actividad según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) es

aquel trabajador que siendo o no propietarios de los medios y objetos de trabajo, no están sujetos a un contrato laboral con una persona jurídica, no reciben una remuneración salarial, elaboran su producción o prestan sus servicios de una forma individual o colectiva, mediante el empleo según procede, de ayuda familiar y se encarga directamente de la comercialización, o a través de otra persona o entidad que los represente legalmente a estos efectos.

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año 1995 se amplía a 117, en 2003 a 157, magnitud que continua en ascenso,

unido al estímulo al desarrollo de formas organizativas de tipo cooperativo en

varios sectores de la economía. Su origen y función no puede ser valorada al

margen de la crisis económica de los años 90, cuando el sector estatal de la

economía que controlaba casi la totalidad de los sectores, sufre una fuerte

contracción, lo que la transforma en una importante fuente de empleo, tanto

directos como indirectos, de ingresos a la población y como complemento de

una actividad estatal incapaz de satisfacer la oferta de bienes y servicios.

En este nuevo contexto social, económico y político, los actores locales, tanto

vinculados a formas organizativas estatales de producción como cooperativas y

privadas, aparecen como una alternativa necesaria e inaplazable en el proceso

de desarrollo de la economía y la sociedad cubana. En la “concepción del

desarrollo local se incluyen necesariamente los actores del desarrollo y de las

dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales en un territorio

determinado” (Iglesias, M., 2001:114). Pero, los actores locales del desarrollo son

el producto de la construcción de una historia colectiva en un territorio

determinado, de una identidad local que se transforma en fuerza motriz del

desarrollo.

Echar andar un proceso de desarrollo basado en las iniciativas locales exige un cambio paradigmático, de ajuste de estructuras sociales, mentales y culturales, pues implica nuevos conceptos de organización en lo económico, político y social, implica le manejo de la diferencia, de lo múltiple, revisar formas de racionalidad y de aprehender el mundo (Iglesias, M., 2001:114),

Por ello, Martín, J.L. (ob. cit.: 39; 41) señala de forma nítida y sin ambages

cuando hace referencia a la actualidad laboral cubana la “evidencia (de)

disfunciones tales en la producción y en los servicios que coloca en un plano

de absoluta perentoriedad el alcance de un nuevo estado de cosas en el

mundo laboral cubano“. Esta disfuncionalidad hace que en el desempeño del

trabajo a escala local no se cree un sistema de relaciones socio-territoriales, no

se construya un territorio, sino se esté en presencia de “una extraña suma

vectorial de lo que se ha hecho bien y mal, lo que no se ha hecho y lo que se

ha deshecho”.

17

No obstante, los estudios realizados muestran que los nuevos actores

asociados al sector de la economía cuentapropista (privada) mantienen un

papel poco relevante, a pesar de su número, en la construcción territorial, dado

que no logran insertarse en las cadenas productivas organizadas y gestionadas

por las empresas estatales, y cuando lo logran, este encadenamiento es de

carácter marginal. Sus resultados .más importantes se encuentran en la

creación y oferta de empleos que puede ser importante a escala local, así

como de servicios de alojamiento, transporte y preparación y venta de

alimentos y productos agrícolas obtenidos de la agricultura urbana. Tales son

los casos que se reportan en las zonas donde domina la actividad turística y la

producción agrícola, por ejemplo. Ello demanda un análisis del alcance y

efectividad de las políticas públicas con fuerte incidencia en las dinámicas

territoriales, y las características que asumen los territorios que en este

contexto se construyen.

Si bien los nuevos actores locales estatales, cooperativos y privados forman

parte de un conjunto multidimensional de actores que hoy está presente en

todos los municipios de la nación, aunque en magnitud variable en su

estructura de participación, no obstante, el tejido de las relaciones con otras

organizaciones económicas es casi inexistente, al igual que las relaciones

entre las micro y pequeñas empresas y con las empresas estatales (de

subordinación supramunicipal en su mayoría), lo que demuestra la presencia

de intereses contrapuestos que, por una parte, dificulta el avance de la

cooperación entre establecimientos económicos de diferentes formas de

propiedad, uno de los pilares en los cuales se asienta el desarrollo local y, por

otra, frena la construcción de nuevos territorios. Por último, se observa que no

en todas las estrategias de desarrollo territorial se le otorga el mismo papel al

sector cuentapropista o privado, a pesar de la importancia que se le confiere en

los lineamientos establecidos en la nueva política económica como

dinamizadora de la actividad económica del territorio.

Es posible hablar de una ruptura entre el discurso teórico y la práctica en

ejercicio, aunque se observa que a pequeña escala, estas microempresas

impactan económica y socialmente en las localidades donde se encuentran

enclavadas, crean redes de relaciones que van más allá de su territorio de

18

asiento y de lo legal, en muchos casos, contribuyen a la creación de empleos,

al incremento de la calidad de vida de sus trabajadores, diversifican la oferta de

productos y promueven el rescate de tradiciones locales.

4. Políticas públicas, territorio y la transformación del espacio: la

construcción de nuevos territorios rural-urbanos

La necesidad de confrontar visiones y aunar esfuerzos acerca de la relación

que está presente entre políticas públicas y las transformaciones territoriales

que acontecen en el espacio rural-urbano, a partir de la década de los años 90,

en el marco de la compleja e inestable trayectoria seguida por el sector

agropecuario en Cuba, alcanza su momento de mayor relevancia

socioterritorial a partir de los esfuerzos emprendidos para la actualización del

modelo de desarrollo económico vigente. Por una parte, el paso desde una

agricultura de grandes empresas centralizadas en función del mercado externo,

hacia una agricultura campesina y cooperativa descentralizada y, por otra, un

movimiento de agricultura urbana que surge de forma espontánea frente a la

escasez de alimentos, culmina con más de tres décadas de una organización

territorial de los espacios rurales artificial y donde el único actor era el Estado y

sus empresas.

El proceso, que en la actualidad se acomete en el país, dirigido a la entrega de

tierra a toda persona jurídica y natural en condiciones de hacerla producir, el

reconocimiento otorgado por el Estado a las formas cooperativas en la

producción de alimentos, a la pequeña propiedad, a las modalidades de

agricultura urbana y suburbana en el abasto alimentario a la población de las

ciudades y pueblos, nos sitúa frente a un hecho a todas luces trascendental, la

construcción de nuevos territorios, territorios de los distintos tipos de actores

locales con cierto poder de decisión en sus actividades.

Varios son los instrumentos legales que paulatinamente provocan esta

transformación6. Uno de los más recientes y de mayor impacto socioterritorial,

se promulga en el año 2008, cuando se dicta el Decreto Ley 259 Esta norma

6 Ver: Herrera, A, González, R., Mármol, E., 2013. Cuba: Modificaciones en la tenencia de la tierra y el desarrollo de la agricultura urbana; avances en seguridad alimentaria.

19

jurídica permite la entrega de hasta 13,42 ha a las personas naturales. En el

caso de las personas naturales que poseen tierras, en propiedad o en

usufructo, podrán ampliar sus tierras hasta 40,26 ha. Su aplicación provoca una

diversificación de actores en el espacio rural y estimula el regreso al campo de

muchos campesinos y trabajadores, que en décadas anteriores sustituyeron el

trabajo en el campo por el empleo urbano, y el modo de vida rural por el

urbano. A ello también contribuye el Decreto Ley No. 304 (año 2012), que

permite la construcción de viviendas y otras construcciones consideradas

bienhechurías que pueden servir para estimular el proceso de regreso al

campo de la población que había emigrado.

Estos instrumentos legales tienden a favorecer la construcción de territorios de

los campesinos y productores que regresan al campo. Para el año 2012, se

estimaba en un total de 172 mil nuevos usufructuarios (de ellos, el 35% son

jóvenes de menos de 35 años y el 10% son mujeres) que trabajan 1 538 000

ha (Herrera, A., González, R., Mármol, E., 2012). Antes de la aplicación del

Decreto Ley 259/2008, el número de pequeños agricultores era de unos 300

mil, en el año 2012 la cifra de agricultores pequeños había ascendido a unos

426 mil. De estos datos se puede inferir la importancia que ha tenido la

aplicación de este decreto en la proliferación de la pequeña propiedad (MINAG,

2012).

No obstante, varios son los factores que atemperan la marcha de este proceso.

Pueden mencionarse: el envejecimiento de la población rural y la falta de relevo

de la fuerza de trabajo campesina; el escaso interés en retornar al campo de la

población joven y en edad laboral; falta de recursos financieros para adquirir

medios de trabajo e insumos, a lo que se suma que muchas de las tierras

ociosas disponibles para su cultivo se encuentran muy distantes de los núcleos

poblados o de los centros urbanos, y lo más probable es que esas tierras

distantes no se lleguen a ocupar por nuevos productores.

En una apretada síntesis es válido destacar que la pequeña propiedad,

poseedora de una menor superficie de tierras, se ha transformado en un actor

local de significativa importancia, produce la mayoría de los alimentos básicos

que consume la población, aunque estos son vendidos en su mayor parte en

los mercados agropecuarios por las empresas estatales, debido a los

20

mecanismos de acopio y venta de productos alimenticios establecidos por el

Estado. Muchos de los nuevos productores que se benefician con la entrega de

tierras en estas dos últimas décadas (1990-2010), junto con los más

experimentados, llegan a producir en la actualidad casi el 70% del valor de la

producción agropecuaria del país (Murillo, M., 2010).

a) La agricultura urbana y periurbana, los nuevos actores locales y la

transformación de los espacios urbanos y suburbanos.

La agricultura urbana es otra de las vías que se promueve a inicios de 1990 en

el país para impulsar la producción de alimentos, con un profundo impacto en

los territorios y el surgimiento de un creciente número de actores locales. Esta

modalidad tiene su comienzo con la entrega de tierra en usufructo gratuito

realizadas entre 1991 y 1995, forma parte de iniciativas y esfuerzos locales

espontáneos, aprovechando los terrenos libres dentro de la ciudad. Esta

práctica puede ser considerada como una de las primeras reacciones de la

población para contrarrestar el déficit de alimentos a inicios del período

especial, a la cual marcha unida la construcción de nuevos territorios rural-

urbanos, pues el cultivo se realiza dentro del perímetro urbano. Solares

yermos, patios y azoteas de las casas se transforman en áreas de cultivo.

Paulatinamente se convierte en una actividad comercial que llevan adelante los

actores locales y se generaliza en la provincia de La Habana y en las 13

cabeceras municipales y la ciudad de Manzanillo en un radio de hasta 10km.

Entre los meses de septiembre 1994 y octubre 1995, se habían constituido 485

clubes de horticultores que agrupaban a unos 10 mil miembros en estos

espacios urbanizados ocupados en la producción de alimentos, que a su vez se

organizaban en más de mil organopónicos (canteros conformados con distintos

materiales que se rellenaban con sustrato orgánico), unos 400 huertos

intensivos y una cantidad superior de huertos comunitarios. El paisaje de las

ciudades adquirió algunas características propias de los espacios rurales y sus

habitantes se transformaron en productores de sus alimentos. En el año 2012

la superficie total dedicada a la agricultura urbana era de 3 087,61 ha en el país

(MINAG, 2012). La descentralización de la comercialización asociada a esta

práctica da lugar a la aparición de puntos de venta directa a la población,

mercados agropecuarios estatales, mercados agropecuarios de oferta y

21

demanda, etc., al interior de los espacios urbanos, lo que unido a la

.descentralización del sistema de aseguramiento técnico material de esta

modalidad agrícola causa un profundo impacto en la imagen urbana (fotos 1 y

2).

Fotos 1 y 2. Agricultura en la ciudad

Esta modalidad de agricultura también ha ejercido un impacto muy favorable

como fuente de empleo de la población y en la diversidad biológica, por la

propagación y uso de plantas medicinales. En el año 2000 estaban empleados

201 000 trabajadores (periódico Granma, 2001); en el 2002 la cifra ascendió a

326 000 (periódico Granma 2003); en 2005, a once años de comenzar esta

modalidad agrícola, estaban empleados en la agricultura urbana casi 400 mil

trabajadores, convirtiéndose esta actividad en un elemento muy dinámico y

activo en la ocupación laboral. Durante el 2012 se mantenían vinculados a la

agricultura urbana unos 70 mil jóvenes, muchos de ellos beneficiados con la

entrega de tierras a partir del Decreto Ley 259 (Gómez, J., 2012).

b) La agricultura suburbana y os actores locales

Se desarrolla en áreas localizadas en el ámbito suburbano7 y crece en

importancia sobre todo a partir de las entregas de tierra en usufructo con el

7 El área de la agricultura suburbana es el territorio localizado a 10km de las cabeceras provinciales,

hasta 5km de las 147 ciudades y cabeceras municipales que no son capitales provinciales ni se encuentran en La Habana y a 2km de los poblados con más de 1000 habitantes y que no son cabeceras municipales, y por último el área aledaña a asentamientos poblacionales menores de 1000 habitantes

22

Decreto Ley 259 del 2008. La agricultura suburbana persigue como objetivo el

autoabastecimiento alimentario del municipio, lo cual la convierte en una

actividad de alcance local, a partir del máximo aprovechamiento de sus

potencialidades naturales, humano, financiero, e infraestructurales sobre bases

sostenibles, contribuyendo, entre otros aspectos, a la formación de redes de

actores locales.

El Programa de Agricultura urbana y suburbana de Cuba para el 2012

reportaba una superficie de 10 431ha para ambas modalidades agrícolas, sin

contar los patios de las casas dedicados a la producción de alimentos, una

parte de cuyas producciones pasa a la redes locales de comercialización formal

e informal (Rodríguez, A., 2012). La importancia de este proceso de

reorganización agraria asociado al Programa, en la actual etapa y en el futuro,

radica en que no solo será un factor relevante en los resultados económicos del

sector, sino también, una condición de la sostenibilidad económica, social y

ecológica, un proceso que contribuye a la construcción de nuevos territorios

campesinos y de distintos tipos de productores.

5. Turismo, territorio y desarrollo local en Varadero y su área de

influencia

El turismo internacional en su relación con la economía cubana ha pasado de

ser una actividad coyuntural a manifestarse como un factor estructural de

significativo peso en su desempeño y de decisiva influencia en aquellos

territorios donde ella domina o influye de manera decisiva en su economía. De

hecho, es posible valorarla como el principal factor del dinamismo económico

en territorios como Varadero, los municipios vinculados al auge de esta

actividad en los cayos que rodean la Isla, Trinidad, Viñales, norte de las

provincias de Ciego de Ávila y Holguín, entre otros.

En los distintos escenarios concebidos para estos territorios y otros que se

puedan sumar en el devenir de los próximos años, el turismo mantendrá similar

condición, girando cada vez más la economía y la vida social explícitamente

alrededor del papel que este desempeña en su crecimiento demográfico,

hasta un mínimo de 15 viviendas (Rodríguez, 2012). Estos son los límites entre la agricultura urbana y la suburbana, a veces son un poco difíciles de determinar y en ocasiones es posible que se solapen.

23

económico (captación de inversión extranjera, generador de empleo y factor de

estímulo al desarrollo de otros sectores de la economía del territorio) y de

ampliación de la infraestructura.

Su diversificación como actividad económica, mediante la incorporación de

nuevas modalidades turísticas a la ya tradicional explotación de los recursos de

sol y playa, relacionando la misma con otros potenciales, tanto del turismo de

naturaleza como histórico arquitectónico y cultural, no solo permitirán que Cuba

continúe siendo un destino competitivo en el contexto regional e internacional

del turismo de la modalidad de sol y playa, sino que su diversificación reforzaría

su relación con el territorio y las comunidades. Esto significa un importante

estímulo a las economías de los municipios que se han visto escasamente

beneficiados por el crecimiento del turismo de sol y playa, un freno importante a

las migraciones hacia los territorios costeros donde domina tal modalidad de

turismo, el fortalecimiento de su identidad, el crecimiento del empleo, la

diversificación de las economías locales y la disminución de la diferenciación

socio-territorial.

Sin embargo, de mantenerse el actual esquema de desarrollo turístico donde

se privilegia en la práctica de manera incuestionable el turismo de sol y playa,

poco contribuirá a la dinámica económica y social de la población y los

territorios que se encuentran fuera del radio de actuación de esta modalidad

de turismo, exacerbando sus problemas a la par que se profundizan las

inequidades sociales y territoriales, incluso al interior de estos territorios que se

ven directamente beneficiados por la actividad, como por ejemplo, Varadero,

influyendo en los modelos de crecimiento urbano, donde el territorio se

fragmenta en partes, separadas por su dinamismo económico, arquitectura,

nivel del planeamiento y población que les habita. El resultado de este proceso

urbanístico ligado al turismo es la construcción de asentamientos (ciudad,

pueblos y poblados) desiguales y polarizados en su estructura

sociodemográfica y económica.

Varadero, como otros destinos turísticos de Cuba de especial relevancia para

su economía, a partir de la crisis de los años 90 se ha convertido en foco de

atracción de población (en este caso regulada su cantidad por el Estado), de

empresas mixtas, asociaciones económicas internacionales, entre otras formas

24

que asume la actividad económica hoy en Cuba. La influencia de la actividad

turística en el interior de estos espacios de residencia se identifica

fundamentalmente, a partir de la existencia de casas que son reformadas

gracias a la renta de los trabajadores que laboran en el sector, la proliferación

de actividades estatales y por cuenta propia que operan en moneda

convertible, frente a aquellas otras que permanecen al margen de la actividad

turística y, consecuentemente, de tal renovación. El diferencial de renta entre

los trabajadores del turismo y el resto explica la dualidad del paisaje urbano en

el hinterland de Varadero.

¿Cuáles son los principales cambios que se observan en el territorio donde el

auge turístico de Varadero ejerce su influencia de manera directa?

Cambios en la estructura del uso de la tierra y en la distribución de los

cultivos. Se produce un abandono de los cultivos tradicionales de caña de

azúcar y henequén, por cultivos alimenticos destinados a los mercados locales

y el acercamiento de estos últimos a las áreas urbanas en expansión.

Figura 1. Densidad de zonas agrícolas, 1990 Figura 2. Densidad de zonas agrícolas 2012

Fuente: Morejón, E. (2013)

Crecimiento de los asentamientos en área urbanizada. La dinámica

espacial del sistema de asentamientos que se encuentra bajo la influencia del

desarrollo turístico de Varadero experimenta cambios en el período de 1990 a

2012, los cuales se pueden resumir en: crecimiento del área ocupada por los

núcleos poblacionales; en el año 1990 el área urbanizada era de 9,86 km2. De

este total 9,86 km2 (Cárdenas- 8,68, Santa Marta-0,88 km2, Boca de

Camarioca-0,16 km2, Cantel-0,11 km2 y Camarioca-0,04 km2). En 2012, el área

total asciende a 21,33 km2; (Cárdenas-11,23 km2, Santa Marta 6,61 km2, Boca

de Camarioca-2,51 km2, Cantel-0,55 km2 a y Camarioca-43 km2) (ver mapa 1).

25

Auge del sector cuentapropista (privado) y diversificación de la estructura del

empleo. A partir de la investigación de campo en uno de los asentamientos del

área de influencia directa de Varadero, Santa Marta, se detecta el crecimiento

acelerado de la cantidad de instalaciones de servicios y comercio, a raíz de la

promulgación de los instrumentos jurídicos que autorizan el trabajo por cuenta

propia en determinadas actividades.

Las instalaciones relacionadas con los servicios, que representan casi el 70 %

del total de las inventariadas (118 establecimientos), son: las cafeterías y

restaurantes, la mayor parte de ellas relacionadas con la actividad por cuenta

propia, le siguen los talleres para el arreglo de celulares, los estudios

fotográficos, el alquiler de viviendas o cuartos y las poncheras, todas estas

últimas actividades de carácter privado, una parte mayoritaria de ellas

funcionan en moneda convertible o en las dos monedas. Ello evidencia que

una parte población de Santa Marta recibe ingresos de manera directa o

indirecta provenientes del turismo, lo cual les permite tener accesos a estos

servicios que operan en moneda convertible. La población que no labora en el

turismo o tampoco es cuentapropista, ve limitada sus posibilidades de acceso a

estos servicios y comercios.

Foto 1. Taller de reparación de celulares. Foto 2. Restaurante La terracita de Quebec

Fuente: realizadas por los autores de la investigación.

Las instalaciones de comercio representan el 30,46 % del total de

establecimientos visitados, dentro de ellas la mayor parte están relacionadas

con la venta de ropa, y se detecta un número elevado de tiendas de las

Cadenas TRD y Tiendas Panamericanas que funcionan solo en pesos

convertibles cubanos. En general se observa un predominio de los

26

establecimientos de propiedad no estatal (por cuenta propia) con más del 60 %

del total.

La presencia de estas actividades y sus resultados económicos influyen en la

imagen urbana del asentamiento. Aparecen números kioscos de venta en

lugares improvisados y se utilizan los portales de las casas para las actividades

privadas. De los 118 establecimientos visitados, 74 realizan sus actividades en

adaptaciones realizadas en las casas o en lugares improvisados, 24 en

portales de vivienda (ver fotos 1-5).

Foto 3. Kiosco de venta de ropa Foto 4. Venta de ropa en portal de vivienda

Foto 5. Cafetería invadiendo aceras

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