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Participación Ciudadana y Democracia Participativa: Buscando Alternativas para la Medición del
Empoderamiento Ciudadano en México
Dr. Arturo Flores* [email protected]
*El autor es doctor en política por la Universidad de York, Reino Unido y actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
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Introducción
El tema de la participación ciudadana ha adquirido en fechas recientes una
gran relevancia tanto en el entorno político internacional como también en nuestro
país. Cada vez es más común hablar de mecanismos de participación ciudadana o
de prácticas innovadoras de vinculación (ver Ramírez Saiz 2000). En el caso
particular de México, principalmente organizaciones de la sociedad civil y partidos
políticos han tomado a los mecanismos de participación ciudadana como una
especie de bandera de desarrollo y democracia que - al menos en teoría - otorga a
los ciudadanos poder en procesos de toma de decisiones, es decir que empodera
a la ciudadanía. Sin embargo, a raíz del análisis de diversas prácticas
participativas que se han implementado en nuestro país, ha sido evidente que en
algunos casos las autoridades y los ciudadanos tienen perspectivas muy
diferentes de lo que dichos mecanismos implican y sobretodo de lo que se
entiende por empoderar a la gente.
El objetivo de este trabajo es primeramente, presentar diferentes aspectos
de la democracia participativa que abarcan desde sus definiciones hasta sus
principales ventajas y desventajas. El documento continúa con la introducción del
tema del empoderamiento, un asunto vigente en las agendas de los actores del
espectro político mexicano. Aunado a esto, se realiza un análisis de diversas
metodologías que se han desarrollado para medir el empoderamiento; sin
embargo, la contribución más importante de este trabajo es presentar una
tipología que busca contribuir a la medición de los niveles de empoderamiento que
se alcanzan al tomar parte en diferentes mecanismos de participación en México.
Es un esfuerzo que va encaminado a realizar un análisis más profundo de lo que
ofrecen los mecanismos de participación ciudadana en términos reales a los
ciudadanos que se involucran en este tipo de procesos. La parte final del
documento incluye una serie de puntos a considerar cuando se implementan
prácticas participativas en un entorno como el prevaleciente en nuestro país.
Democracia Participativa
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Antecedentes1 La democracia participativa tiene una larga historia que data de la Grecia antigua,
donde cualquier ciudadano libre tomaba parte en las decisiones públicas (ver Held
1997). Fue de dichos principios que autores como Rousseau tomaron su fuente de
inspiración.
Mientras que varios hombres participen en una asamblea y se vean
como un solo cuerpo el bien común prevalecerá… cuando grupos de campesinos son vistos discutiendo asuntos de estado bajo la sombra de un árbol, y siempre actuando acertadamente entonces dicho estado necesita menos leyes y cuando se requieran nuevas regulaciones no habrá ningún problema para acceder a las mismas (Rousseau 1968).
La percepción de democracia participativa de Rousseau esta basada en la idea
del “asambleísmo político,” en el cual los individuos se involucran en la creación
de las leyes que regulan sus vidas. Además, Rousseau incluye el concepto de
equidad, definido como “un sistema en el cual ningún ciudadano deberá de tener
la suficiente riqueza para comprar a otros o bien ningún individuo deberá de ser
tan pobre como para venderse” (Rousseau 1968:96). Podemos afirmar que la
posición de Rousseau se centra en la igualdad política y económica para que con
estas dos premisas se consiga el bien común (Held 1997:61).2 Desde la
perspectiva de Rousseau, la democracia participativa jugaría un papel primordial
para el desarrollo de cada individuo, tal y como Pateman lo hace notar, “la teoría
política de Rousseau le da una importancia preponderante al desarrollo de otras
cualidades además de los relacionados a los participación de cada ciudadano en
procesos de desarrollo comunitario, Rousseau argumenta que habrá a su vez un
efecto psicológico en los participantes” (Pateman 1970:22).
En la misma línea de pensamiento, Mill muestra una inclinación por promover a la
democracia participativa, ya que ésta promoverá diversos valores entre los 1 Algunas secciones de este trabajo han sido adaptadas de Flores, A. Local Democracy in Modern Mexico, Arena Books UK (2005). 2 Ver Gastil (1993). 3 Ver Sartori (1962). 4 Ver Goodman (1969). 5 Ver Greaves (1976), Fromm (1963), Weil (1958) y Crick (1970).
2 Ver Gastil (1993).
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ciudadanos. De acuerdo a Mill, “sólo en un contexto en el cual prevalezcan
instituciones participativas se desarrollará un ‘espíritu público’ activo” (ver Mill
1963). Para Mill los efectos de participar en procesos de toma de decisiones
tendrán inevitablemente un efecto positivo en el desarrollo de los individuos. Mill
expresa en su visión, “cuando un individuo se encuentra solamente preocupado
por sus cuestiones personales, sus ‘virtudes internas’ sufren y la capacidad para
involucrarse en procesos de bienestar comunitario permanecerá sin desarrollarse”
(Mill 1910:217).
En este breve recuento de dos de los autores más importantes de la democracia
participativa, podemos evidenciar su entusiasmo por promover prácticas que
inevitablemente tendrán un efecto positivo en los individuos que tomen parte en
dichos procesos. Sin embargo, lo interesante sería determinar si lo establecido por
ellos podría llevarse a la práctica en tiempos más recientes.
Principios de la Democracia Participativa Contemporánea Durante los años 1960s y 1970s las democracias liberales enfrentaron una serie
de problemas políticos y económicos que incrementaron el interés por establecer
prácticas de democracia participativa adaptadas a sociedades modernas. El
modelo liberal representativo fue cuestionado principalmente en dos frentes. El
primero atacaba los principios de “libertad e igualdad” y el segundo la efectividad
de la democracia representativa. El período de 1968-69 representa un parte aguas
(Hall et al 1978). El movimiento estudiantil, las demostraciones contra la guerra de
Vietnam, y un vasto número de organizaciones asociadas a movimientos de la
“nueva-izquierda” irrumpieron en este periodo (ver Pierson 1986). Todos estos
grupos demandaban mayor equidad, paz, mejores condiciones laborales, la
emancipación de la mujer y poner un fin al racismo prevaleciente. Los
movimientos de protesta sacudieron los cimientos de las democracias liberales
representativas, abriendo nuevos canales de pensamiento político.
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Podemos afirmar que dicho “despertar ciudadano” causó un efecto en la ideología
de diversos autores, por ejemplo, Dahl reconoce que el principal reto de la libertad
se deriva de las desigualdades producidas por el poder corporativo producido por
el capitalismo; principalmente reflejado en la manera en que la economía de
mercado se ha encargado en desarrollar múltiples iniquidades.
La propiedad y el control contribuyen a la creación de disparidades
en términos de riqueza, ingreso, estatus, habilidades, control sobre la información, y acceso a espacios políticos… en resumen, podemos afirmar que las oportunidades a las que aspiren adultos, jóvenes, niños e inclusive los que no han nacido se vuelven predecibles. Todas estas diferencias contribuirán a generar desigualdades marginales que se traducirán en iniquidades políticas, especialmente iniquidades para participar en las decisiones que tome el estado (Dahl 1985:55).
Lo expresado por Dahl lo podemos relacionar a lo comentado por Rousseau, en el
sentido de que las iniquidades socioeconómicas prevendrían que prevaleciera la
equidad en términos de derechos políticos (Sorensen 1998:8). Un término que los
ideólogos de la nueva-izquierda quieren probar tiene que ver con determinar hasta
qué grado el concepto del individuo “libre e igual” que tanto pregona la teoría de la
democracia liberal realmente existe. Para Pateman, el individuo “libre e igual” es
una persona mucho más difícil de encontrar que lo que la teoría de la democracia
liberal pregona (Pateman 1985:171). El problema del liberalismo es que promueve
una “democracia endeble” basada en intereses particulares, que no
necesariamente promoverán el bien de la mayoría (Barber 1984). Los liberales
dan por hecho una serie de relaciones entre hombres y mujeres, blancos y negros,
y miembros de las clases bajas, medias y altas en el sentido de que todos tendrán
los mismos derechos políticos, sin embrago la realidad se ha encargado de
desmentir este principio (Hart 1972). Held se manifiesta por intentar medir la tan
pregonada igualdad en términos que sean tangibles, es decir que puedan ser
apreciados por el estado y por la sociedad civil.
Bajo las circunstancias en las cuales las democracias liberales
operan, no es difícil de descubrir que números masivos de individuos son sistemáticamente restringidos de participar activamente en la vida civil y política. Las iniquidades prevalecientes de clase, género y raza impiden que
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todos los ciudadanos sean considerados como “libres e iguales” (Held 1997:265).
La importancia por establecer mecanismos de participación en los cuales los
ciudadanos tuvieran injerencia en las decisiones que les afectaban sus vidas fue
identificada por algunos escritores como una manera viable de reducir las
iniquidades prevalecientes. Por ejemplo, Stoker afirma, “las oportunidades de
participación política son importantes porque ayudan a reducir las iniquidades y a
que ocurra una redistribución de poder, además de que estarán directamente
ligadas a dar respuesta a las necesidades individuales y colectivas de los
ciudadanos” (Stoker 1996:188). A su vez, escritores de la nueva-izquierda han
resaltado la importancia de un proceso de dos vías que involucra a gobiernos,
partidos políticos y ciudadanos. En la perspectiva de dichos autores, el estado
deberá de democratizarse para hacerse más abierto y rendir cuentas, mientras
que los ciudadanos (a través de diversas organizaciones) deberán de asegurarse
que la sociedad y el estado estén sujetos a procesos que garanticen dicha
rendición de cuentas (Held 1997:266).
La segunda preocupación de los promotores de la democracia participativa esta
ligada a determinar hasta qué grado las democracias representativas en realidad
representan los intereses de los votantes. Los participacionistas rechazan la
perspectiva elitista de Schumpeter, para quien la ciudadanía sólo debería de
involucrarse en procesos de elecciones para mantener a la “maquinaria electoral”
funcionando. Schumpeter se muestra convencido de que el aspecto más
importante de la democracia representativa tiene que ver con elegir a aquellos que
decidirán a nombre de las masas (Schumpeter 1943: 383).3
Desde los tiempos de Rousseau el aspecto de la “representatividad” se puso bajo
escrutinio. Rousseau afirma que “una vez que el derecho a gobernarse a sí mismo
es transferido a alguien más, aunque ésta persona asuma las responsabilidades
que representar a alguien conlleva, entonces el ciudadano perderá su libertad”
3 Ver Sartori (1962).
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(ver Rousseau 1968). Más recientemente, Arblaster establece que al analizar los
resultados de la democracia representativa se puede confirmar que, aparte de los
procesos electorales, la gente en realidad tiene muy poco, o casi ningún control
sobre los actos que sus representantes llevan a cabo en su nombre. Arblaster
establece que es difícil de rechazar la afirmación de que existe una confusión
generalizada entre lo que es un representante y un delegado. Un verdadero
representante es alguien quien está autorizado a hablar y a actuar en nombre de
todos aquellos a quienes represente, es alguien que ha sido autorizado por la
gente para realizar dicha función. De acuerdo a la perspectiva de Arblaster, un
representante verdadero es un delegado que sólo realiza las acciones que le
fueron dadas como instrucción por parte de sus representantes (Arblaster
1987:84). Bevan también comenta,
Un representante es una persona que actúa en determinada
situación de una manera muy similar a la que actuarían sus representados. El proceso electoral pasa a ser sólo el principio de la representación. Sólo podrá ser considerada una representación “completa” cuando la persona electa habla en relación directa con la voluntad de aquellos que lo eligieron…la labor del representante es estar en la misma frecuencia que en la de sus representados (Bevan 1978:35).
Desde un ángulo diferente pero en la misma línea crítica, Phillips argumenta que
con el modelo representativo los políticos mantienen considerables poderes de
manipulación relacionados a los tiempos en los cuales aplican las políticas más
impopulares, con el fin de que la rendición de cuentas no ocurra (Phillips 1996:29).
Como una solución a los problemas arriba expuestos, Benello y Roussopoulos
proponen que la ciudadanía participe en un proceso de toma de decisiones
definido como “el proceso por el cual la ciudadanía propone, discute, decide,
planea e implementa aquellas decisiones que afectan sus vidas. Este proceso
requiere que los procesos de toma de decisiones sean continuos y significativos,
directos en lugar de realizarlos a través de representantes y organizados alrededor
de asuntos y no de personalidades” (Benello y Roussopoulos 1971:3). Es por esto
que Sorensen cree que la participación ciudadana tendría un efecto positivo en el
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hombre común, “más preparado para calificar el desempeño de sus
representantes a nivel nacional, mejor equipado para tomar decisiones a nivel
nacional, cuando exista una oportunidad, y mejor equipado para ponderar las
decisiones que se tomen a nivel nacional y que afecten sus vidas (Sorensen
1998:8).
Las dos críticas arriba vertidas – el problema de iniquidad y representatividad- son
los pilares sobre los cuales los participacionistas centran su plataforma teórica. El
argumento principal es que quizá la única manera en la cual los ciudadanos van a
tener el control sobre aquellas decisiones que afecten sus vidas será cuando
participen en procesos de toma de decisiones directamente.
Perspectivas de la Democracia Participativa Etimológicamente hablando, el término “democracia participativa” proviene del
Latín partis (parte) y capere (tomar), y del Griego demos (gente) y kratien
(gobernar) los cuales juntos sugieren que se toma parte donde la gente gobierna
(Cook y Morgan 1971:2). Entre los trabajos más influyentes de los teóricos de la
democracia participativa podemos destacar las aportaciones de Macpherson y
Pateman. Ambos trabajos resaltan la posibilidad de implementar las ideas
desarrolladas por Rousseau en sociedades modernas y que la democracia
representativa puede ser combinada con elementos de democracia directa.
Primeramente, Pateman establece que “la teoría de la democracia participativa
recae en la función educativa de la participación” (Pateman 1970:44). Por otra
parte Macpherson menciona que la democracia participativa es la llave a un futuro
más democrático. Para Machpherson la libertad y el desarrollo individual sólo se
pueden realizar mediante el involucramiento directo de los ciudadanos en
actividades encaminadas a regular la sociedad y el estado (ver Macpherson 1977).
Las teorías de democracia participativa han sido construidas alrededor de la
premisa de que los individuos como las instituciones no pueden considerarse
aislados unos de los otros (Pateman 1970:42). Pateman considera que el
establecimiento de diversos canales de interacción (entre ciudadanos y
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autoridades) es esencial para incrementar la “conciencia ciudadana” acerca de la
importancia de los asuntos participativos. Puesto de una manera distinta, en la
teoría participativa se percibe que los ciudadanos se rigen a ellos mismos y que no
son gobernados por otros (Graham 1986:152). Pateman establece que en la teoría
participativa “participación” se refiere a participación equitativa en procesos de
toma de decisiones y equidad política se refiere a igualdad de poder para
determinar los resultados de las decisiones que se tomen (Pateman 1970:43). De
acuerdo a Pateman, “la existencia de instituciones representativas a nivel nacional
no es suficiente. Para incrementar el número de participantes en procesos de
toma de decisiones es necesario establecer espacios de menor tamaño en los
cuales se daría un proceso de ‘entrenamiento social;’ En dicho espacio no sólo se
desarrollarían las aptitudes participativas de los ciudadanos sino también tendrían
un efecto en sus cualidades psicológicas” (Pateman 1970:42). De ésta forma, la
participación ciudadana se convertiría más en una expresión periódica de
preferencias, la cual involucraría una interacción continua entre los participantes y
su medio ambiente (Keim 1975:16).
Macpherson reconoce que habrá complicaciones al momento de implementar
modelos participativos en los cuales se realicen discusiones constantemente,
sobretodo en sociedades complejas como las prevalecientes actualmente. Debido
a dicha dificultad, Macpherson se manifiesta por una transformación política que
involucre –al mismo tiempo de establecer mecanismos de participación ciudadana-
una reforma al sistema de partidos. De acuerdo a dicha perspectiva, los sistemas
de partidos deben de ser reorganizados partiendo de una base menos jerárquica y
más accesible a la rendición de cuentas; a su vez, los partidos deben involucrarse
en el establecimiento de foros de participación en espacios laborales y vecinales.
Con estas acciones el sistema político estaría más consiente de la importancia de
los valores democráticos y de la importancia de la igualdad y la equidad (ver
Macpherson 1977).
Una vez que las ideas de los autores contemporáneos de la democracia
participativa comenzaron a propagarse, surgieron diferentes líneas de
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pensamiento. Por ejemplo, a la interacción de instituciones y ciudadanos en
espacios de participación se le define como la perspectiva liberal de la teoría de la
democracia participativa. De acuerdo a Hain (1980), la visión liberal está
primeramente relacionada con la realización de una reforma a las estructuras de la
democracia participativa, haciéndola más responsiva a cada individuo, por lo tanto
mejorando la calidad de la democracia. Dichos teóricos buscan tener un gobierno
más abierto en el cual la información y las decisiones gubernamentales sean
compartidas y sobretodo, donde la información gubernamental sea manejada
abiertamente. Una reducción en el número de trabas burocráticas a la
participación deberá de ocurrir, mientras que el gobierno deberá de promover
mecanismos mediante los cuales el público pueda dar y recibir retroalimentación
de las autoridades (Hain 1980:18).
En contraste, la perspectiva radical de la democracia participativa incluye a
aquellos teóricos y activistas que buscan confrontar y reemplazar a la democracia
representativa (ver Lynd 1972 y Cowley 1977). Esta vertiente teórica, resalta la
trascendencia de establecer pequeñas estructuras gubernamentales y afirma que
los ciudadanos deben de jugar un rol muy activo. La interpretación radical de la
participación le otorga una vital importancia al concepto de “control comunitario,”
el cual implica una redistribución del poder y que dicho proceso se localiza a nivel
vecinal (Hain 1980:19, Green 1970 y Altshuler 1970). Los simpatizantes de la
vertiente radical creen que los ciudadanos viviendo en pobreza y las minorías
constituyen una clase olvidada que ha sido privada de los beneficios del sistema
capitalista, por lo tanto dichos grupos representan una fuente de un cambio radical
(ver Kotler 1969, Gitlin 1970 y Cloward 1971). Dicho enfoque resalta la manera en
que las comunidades modernas interactúan y como el establecimiento de los
canales apropiados de comunicación (por ejemplo foros vecinales) puede
contribuir a la promoción de valores democráticos y al desarrollo comunitario. Tal y
como lo menciona Kotler:
… los problemas que enfrentan las grandes ciudades pueden ser resueltos si se organizan a los ciudadanos para buscar una respuesta a
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dichas problemáticas. Está comprobado que las organizaciones de ciudadanos pueden dar mejores resultados que las establecidas por el sistema (Kotler 1969).4
Para los teóricos radicales de la democracia participativa, la participación
ciudadana es un proceso que satisface las necesidades personales de la
ciudadanía ya que provee una alternativa a una sociedad que se encuentra
mecanizada, burocratizada y deshumanizada (Lasch 1970:180). La idea toral
sobre la cual gira el pensamiento de los radicales de la democracia participativa es
la de reestablecer comunidades que se gobiernen a sí mismas, es decir
comunidades que se identifiquen con su entorno, un aspecto que es no es
trascendental para las sociedades contemporáneas.5 Mediante la promoción de
políticas de acción directa, los teóricos radicales perciben como un elemento vital
el involucramiento de minorías o grupos ignorados de la sociedad, para de ésta
manera adquirir una especie de “control comunitario” que pueda -a la larga-
transformar el sistema capitalista.6
Ventajas de la Democracia Participativa y su relación con el Gobierno Local Las ventajas de participar a nivel local no son nuevas y han sido identificadas
desde hace mucho tiempo por teóricos de la democracia participativa. Por ejemplo
Mill establece que de nada sirve elegir a nuestros gobernantes a nivel nacional, si
el ciudadano no se prepara participando a nivel local, ya que es en este nivel de
gobierno donde el individuo debe de capacitarse continuamente para tomar las
decisiones importantes. Mill argumenta que votar es sólo un acto que se lleva a
cabo cada determinado numero de años y que no tiene nada que ver con los
problemas que cualquier ciudadano enfrenta día a día y que es precisamente por
esto que la participación ciudadana ofrece la oportunidad de una interacción
constante (Mill 1963). Para Mill, la participación ciudadana a nivel local es crucial
para “educar” al individuo en cuestiones participativas, de acuerdo a Mill: “es a
nivel local donde ocurre un efecto educativo, ya que el individuo aprende a 4 Ver Goodman (1969). 5 Ver Greaves (1976), Fromm (1963), Weil (1958) y Crick (1970). 6 Ver Gitlin (1970).
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participar en las decisiones que le afectan, además de que podría prepararse para
en un futuro, él mismo servir a su comunidad ocupando un puesto de elección
popular” (Mill 1910:347-348). Esta “preparación de participación” que el individuo
recibiría es apoyada también por la visión de Pateman, quien establece que, “sólo
si el individuo tiene la oportunidad de participar directamente en las decisiones que
le afectan a nivel local – viviendo en las condiciones actuales – éste pudiera
ejercer algún tipo de control sobre la manera en que su vida se desarrolla”
(Pateman 1970:100).
Barber también establece que el involucramiento ciudadano en asambleas
regionales o en foros de participación a nivel local transformaría la manera en que
la gente piensa y se comporta con sus conciudadanos (Barber 1984). Las
principales ventajas de la participación ciudadana a nivel local tienen que ver con
la utilización del conocimiento local aportado por los ciudadanos que toman parte
en los procesos participativos que ahí se desarrollen (Phillips 1996:21).
De acuerdo a Font:
…el gobierno local se ha considerado siempre como el escenario
privilegiado desde el cual pueden desarrollarse experiencias de participación ciudadana y se ha convertido realmente en el nivel de gobierno donde más se ha avanzado en esta línea. A pesar de que también a nivel estatal, regional o europeo puedan identificarse instrumentos de diálogo con los ciudadanos o con los interlocutores sociales, la revisión de mecanismos existentes se basará sobre todo en el nivel local y dejará de lado realidades más conocidas y a la vez más alejadas del ciudadano común, como son todo el conjunto de instrumentos corporativos que existen desde el nivel regional hasta el europeo (Font 2004:29).
Una cuestión que hay que considerar en circunstancias como las imperantes en
México, donde generalmente los programas de asistencia social o de combate a la
pobreza se planean en oficinas en la ciudad de México. Otro argumento a favor de
la promoción de los mecanismos de participación ciudadana a nivel local tiene que
ver con el hecho de que es precisamente a nivel local donde la gente esta más
inclinada a tomar parte en dichos procesos o a involucrarse en cuestiones de tipo
político en México (ver Cabrero 1996 y Ramírez Saiz 2000).
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Otras virtudes de los mecanismos de participación ciudadana a nivel local tienen
que ver con procesos de descentralización y una distribución más equitativa del
poder, el cual en teoría pasaría a las manos de los ciudadanos en cada localidad
(Stoker 1996:188). Podemos añadir a su vez, el hecho de que los miembros de las
comunidades que tomen parte en estos encuentros se capacitarán en cuestiones
deliberativas, además de aprender a funcionar como grupos que buscan un fin
común en beneficio de sus comunidades y de desarrollar un sentimiento de apoyo
mutuo para con sus conciudadanos (Wolman 1995:137).
Los teóricos de la democracia participativa le otorgan a involucrarse en
mecanismos de participación ciudadana la ventaja de que los individuos
acrecentarían un sentimiento comunitario con sus conciudadanos; un elemento
que juega un papel primordial dadas las circunstancias actuales donde parece
haberse perdido todo el sentimiento colectivo y donde lo que parece prevalecer el
individualismo (Bachrach 1975:40).
La ventaja más importante encontrada por los teóricos de la participación
ciudadana tiene que ver con el proceso educativo que ocurre cuando los
ciudadanos interactúan en dichos foros. Cook y Morgan establecen que las
actividades participativas pueden ser comparadas con ir a la escuela y aprender
matemáticas o historia, sólo que cuando los ciudadanos toman parte en procesos
participativos aprenden a ser mejores ciudadanos (Cook y Morgan 1971:7). El
proceso participativo aquí referido daría como resultado un ciudadano informado,
con habilidades de negociación, capaz de identificar los problemas más
importantes que le aquejan, además de tener la capacidad de actuar
conjuntamente con otros ciudadanos para resolverlos (Graham 1986:150).
Los Límites de la Democracia Participativa Keim establece que, “uno de los mayores problemas cuando se quieren
implementar mecanismos de participación ciudadana es la ambigüedad del
termino ‘participación ciudadana;’ ya que para algunos significa la elección de
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líderes y para otros tomar parte en decisiones políticas” (Keim 1975:2). Por
ejemplo, de acuerdo a Parry: “participación ciudadana se puede definir como
tomar parte en el proceso de formalización, discusión, e implementación de
políticas públicas” (Parry y otros 1992). Por otra parte Graham establece que,
“cuando se habla de mecanismos de participación ciudadana se infiere que éstos
estarán ligados al involucramiento de ciudadanos en procesos de toma de
decisiones a nivel local, sin embargo nunca se especifica hasta que grado será
dicho involucramiento” (Graham 1986:160).
Gould es más contundente, al criticar la manera en que los mecanismos de
participación ciudadana son implementados, ya que desde su punto de vista
ocasionan un vacío de poder y son contradictorios; ya que se oponen a un
principio básico de autoridad. De acuerdo a esta visión, los mecanismos de
participación ciudadana van en contra de los principios de las democracias
representativas, ya que le otorgan a los ciudadanos poderes que solo les
competen a las autoridades que los ciudadanos eligieron en procesos
democráticos (Gould 1988:215). Lo que parece olvidársele a los promotores de los
mecanismos de participación ciudadana – especialmente a los que promueven
este tipo de iniciativas en México – es que dichos esquemas dependen
enormemente del apoyo de las autoridades locales, estatales o federales. Tal y
como lo hace notar Graham:
Generalmente cuando se establecen mecanismos de participación
ciudadana, éstos tendrán que contar con el apoyo de las autoridades. Inclusive, se ha comprobado en infinidad de casos que a nivel local, la mayoría de las decisiones que emanan de estos foros provienen de afuera, no de los ciudadanos que toman parte en las discusiones internas. Es decir, las autoridades serán quienes impondrán sus ideas o propuestas antes que las que pudiera proponer la comunidad, aun sin tener un conocimiento pleno de las problemáticas más importantes referidas en las reuniones que se estén llevando a cabo (Graham 1986:151).
Sartori comenta que los teóricos de la democracia participativa de los años 1960s
y 1970s están más preocupados por establecer asambleas para atraer a los “sin
poder” a participar de alguna manera en la solución de sus problemas, sin
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embargo dichos esquemas no tenían bien definidos los roles que los ciudadanos y
las autoridades deberían de tomar (Sartori 1997:75). Dicho problema, el de “definir
los límites,” fue identificado también por Eckstein, quien proclama que la
implementación de mecanismos de participación ciudadana requiere de establecer
claramente los límites de interacción entre ciudadanos y autoridades, ya que se
pueden llevar a cabo conflictos que pueden afectar de manera negativa a dichas
políticas (Eckstein 1966:234, 255-256).
Otra crítica vertida hacía los participacionistas estriba en el exagerado optimismo
con el que perciben a los mecanismos de participación, ya que es aventurado
afirmar que el problema de distribución de la riqueza menguara con el
establecimiento de foros ciudadanos (Held 1997:272). A su vez, se critica el hecho
que los participacionistas asumen que los ciudadanos siempre estarán interesados
en tomar parte en los diferentes mecanismos de participación ciudadana que se
establezcan. Sartori se pregunta, si el ciudadano promedio no está interesado en
la política, entonces, ¿por qué los participacionistas esperan que la ciudadanía
siempre tome parte en dichos procesos de toma de decisiones (Sartori 1997:77)?
Especialmente en sociedades donde los individuos trabajan largas jornadas para
obtener el sustento familiar, luce difícil que los ciudadanos siempre tengan deseos
de tomar parte en procesos de toma de decisiones. Sería muy presuntuoso asumir
que los ciudadanos siempre tendrán tiempo para tomar parte en las discusiones
que se lleven a cabo en estos foros participativos. Quizá habrá cosas más
interesantes que hacer o simplemente dedicarle tiempo a cuestiones familiares
(ver Graham 1986). De hecho Macpherson (1983) percibe que factores
relacionados a la motivación de los ciudadanos deben de ser tomados en cuenta
siempre que se quieran implementar mecanismos de participación ciudadana. Por
otra parte Lipset, establece que uno de los síntomas de una democracia saludable
es precisamente aquella en la cual la gente no esta interesada en tomar parte en
procesos participativos (Lipset 1963:32). Font (2001) señala que suele existir un
limitado y desigual tiempo ciudadano para dedicarlo a participar en las decisiones
públicas, sobre todo cuando se evalúa que esto no reditúa en mejoras en la
calidad de vida y que un rasgo de la participación ciudadana es que su intensidad
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es muy desigual, es decir que unos ciudadanos son muy activos y otros poco o
nada (citado en Ziccardi 248:2004).
A pesar de las críticas arriba expuestas, es innegable que actualmente los
mecanismos de participación ciudadana ocupan un lugar importante en las
agendas de muchos gobiernos, además de haberse convertido en elementos
torales para organizaciones multinacionales como el Banco Mundial o la ONU. Sin
embargo, las dudas acerca de la redistribución teórica de poder que propician se
mantienen. Como un intento por medir el impacto de los mecanismos de
participación han surgido diferentes tipologías que buscan contribuir en este
sentido, a continuación presentamos dos.
¿Participación es igual a empoderamiento?
Cuando analizamos el tema de la participación ciudadana surge
inevitablemente la pregunta por determinar si dicho involucramiento o participación
significará necesariamente que los individuos reciben el poder o el
empoderamiento prometido. Para Sydney Verba (1998) la participación política es
el mecanismo mediante el cual los individuos pueden transferir información sobre
sus intereses, preferencias y necesidades y al mismo tiempo generar presión para
obtener respuestas. Martínez-Assad profundiza en el tema estableciendo que la
ciudadanía buscará no sólo participar sino ser tomada en cuenta por las
autoridades.
La ciudadanía busca participar y ser tomada en cuenta por las
diferentes esferas de la autoridad y de la representación política que en los países democráticos llega a esas posiciones precisamente por medio del voto, por la confianza depositada de los ciudadanos para la mejor orientación de las políticas sociales (Martínez-Assad 2004:135).
Esto daría como resultado que la participación política es una actividad que
tiene como consecuencia afectar directamente o indirectamente la acción
gubernamental (citado en Arzaluz Solano 2004). Ziccardi define a la participación
ciudadana no sólo como a un proceso informativo, sino que para ella significa que
los intereses particulares de los ciudadanos se incluyan en los procesos
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decisorios. Establece que la participación ciudadana constituye un componente
fundamental de la gobernabilidad democrática (Ziccardi 1998). Por su parte
Solano define a la participación ciudadana institucionalizada como aquella donde
los individuos organizados a través de las instancias existentes en los
instrumentos legales y normativos, intervienen en los procesos de decisión
referidos a acciones que afectan su calidad de vida (Arzaluz Solano 169:2004). La
siguiente cita nos da un panorama más amplio acerca de los roles que autoridades
y ciudadanos adquieren cuando se involucran en procesos participativos.
Se trata de que la ciudadanía no sólo ejerza sus derechos políticos a
través del voto y luego delegue en los representantes de los partidos políticos la toma de decisiones, sino que se involucre en diferentes grados y etapas en el ejercicio de gobierno, a fin de otorgar mayor eficacia a las decisiones públicas. En este sentido la participación ciudadana es la inclusión de la ciudadanía en los procesos decisorios incorporando intereses particulares (no individuales), pero para que esto sea posible se deben de abrir espacios de participación con reglas claras las cuales deben regir las relaciones de los actores involucrados en estos procesos. Es decir, la participación ciudadana genera compromisos institucionales y exige crear un clima de trabajo comunitario en el que exista el convencimiento de que la deliberación pública, la interacción social y el respeto por el pluralismo son valores y prácticas positivos y esenciales de la democracia (Cfr. Cunill 1991; Ziccardi 1998).
De acuerdo a lo arriba expuesto se percibe a una ciudadanía activa que no
sólo vota, por el contrario se involucra en diferentes pasos del ejercicio de
gobierno y de acuerdo a la cita lo hará más eficiente, aunque cabe destacar que
quizá algunos críticos de la democracia participativa no estén de acuerdo con esta
visión. Otro punto a resaltar de esta perspectiva tiene que ver con las reglas del
juego de la participación. Debido a la “moda” reciente que ha invadido a muchas
administraciones por incorporar dentro de sus agendas procesos participativos,
éstos muchas veces han sido mal implementados, ó más bien implementados con
fines partidistas muy particulares dando al traste con la esencia democrática de los
mismos. De ninguna manera se puede afirmar que la participación ciudadana (o
participación política) dará automáticamente como resultado a una ciudadanía
empoderada, ya que como lo veremos más adelante existen una serie de
obstáculos que inevitablemente se enfrentarán al implementar cualquier
18
mecanismo de participación. Es precisamente debido a la disyuntiva creada por
las diferencias entre participación política y empoderamiento que es importante
definir lo que para este proyecto de investigación significa lo segundo.
¿Qué es el empoderamiento?
El término empowerment acuñado durante la década de los 60s y 70s ha
sido asociado a procesos necesariamente ligados a la adquisición de poder por
parte de grupos despotegidos de la sociedad. El empoderamiento ha sido un
concepto compartido por diversas disciplinas, por ejemplo el desarrollo
comunitario, la psicología, la educación, la economía, los estudios de género y por
supuesto los ligados a los movimientos sociales. Rappaport (1984) establece que
a pesar de que en apariencia se percibe fácil definir lo que se entiende por
empoderamiento, existen dificultades derivadas del contexto y de las personas
entre las cuales dicho concepto sea difundido. Zimmerman, (1984) a su vez,
afirma que intentar proveer una sola definición del término daría como resultado el
acuñar una descripción que resultaría más como una especie de formula,
contradiciendo de esta manera el principio del empoderamiento mismo. Para evitar
este tipo de conflictos, Bailey (1992) propone que la definición de empoderamiento
que utilicemos estará ligada a los proyectos, a los programas, y sobretodo a las
personas y al contexto en el cual sea implementado. Page y Czuba (1999)
proponen que una definición de empoderamiento deberá de ser identificada como,
“un procesos multidimensional que ayuda a las personas a obtener el control de
sus propias vidas. Es decir, un proceso mediante el cual los ciudadanos actuarán
sobre aquellos temas que ellos consideren importantes.” La multidimensionalidad
del concepto estriba en que afectará de alguna manera aspectos sociológicos,
psicológicos, económicos y otros de los individuos, además de que afectará los
niveles individual, grupal y comunitario de los ciudadanos. Similarmente a lo
expresado por Bailey, (1992) el Banco Mundial afirma que habrá grandes
diferencias entre lo que se entienda por empoderamiento en diversas partes del
mundo.
19
De acuerdo al Banco Mundial:
el empoderamiento es un proceso mediante el cual los individuos incrementan sus capacidades individuales o de grupo para realizar determinadas selecciones, y procesos que se transformarán en acciones que darán a su vez determinados resultados. Una parte toral de dichos procesos es que las acciones que se lleven a cabo construirán activos individuales o colectivos que mejorarán la eficiencia y la equidad del contexto organizacional e institucional en el cual se realicen (Banco Mundial 2004).
Por ejemplo en la India una mujer de una casta inferior se siente
empoderada al participar en una audiencia pública en la cual participan sujetos de
castas superiores a la de ella. En Brasil, (Porto Alegre) hombres y mujeres se
sienten empoderados por participar en las decisiones concernientes a la manera
en que se manejará el presupuesto asignado para sus respectivas comunidades; y
en Etiopía, ciudadanos y grupos de la sociedad civil se sienten empoderados al
participar en consultas realizadas para implementar programas de reducción de
pobreza. En esencia, establece el Banco Mundial, el empoderamiento se refiere a
un proceso de cambio determinado por los ciudadanos mismos con el objetivo de
mejorar su calidad de vida.
Para Rowlands (2000) el empoderamiento debe consistir en introducir
dentro del proceso de la toma de decisiones a las personas que se encuentran
fuera del mismo. Ello pone un fuerte énfasis en el acceso a las estructuras
políticas y a los procesos formalizados de toma de decisiones y, en el ámbito
económico, en el acceso a los mercados y a los ingresos que les permitan
participar en la toma de decisiones económicas. De acuerdo a Rowlands dicha
perspectiva cubre principalmente tres dimensiones:
Personal: aquí el empoderamiento supone desarrollar el sentido del yo y de la confianza y la capacidad individual, y deshacer los efectos de la opresión interiorizada. Relaciones próximas: aquí el empoderamiento se refiere al desarrollo de la capacidad de negociar e influir en la naturaleza de la relación y de las decisiones que se toman dentro de ella. Colectiva: cuando los individuos trabajan conjuntamente para lograr un impacto más amplio del que podrían haber alcanzado cada uno de ellos por
20
separado. Esto incluye la participación en las estructuras políticas, aunque debería abarcar también la acción colectiva basada en la cooperación y no en la competencia. La acción colectiva puede estar centrada tanto en el nivel local por ejemplo, en el ámbito del pueblo o del barrio como en el nivel institucional, sea en redes nacionales o en las Naciones Unidas.
Un elemento que diferencia a la definición de Rowlands de las mencionadas
anteriormente es que hace énfasis en la intervención de los ciudadanos en la toma
de decisiones de carácter económico. Para Rowlands es crucial que los
ciudadanos intervengan en decisiones que les atañen no sólo en su entorno más
próximo (entiéndase barrio, colonia etc.) sino en las decisiones económicas que
afectan a colectividades mayores e inclusive a países.
Pero, ¿cómo ha sido definido el empowerment en nuestro país? En la
siguiente cita (larga pero bastante útil) presentamos la definición de Daniel Cazés.
“proceso en el que los sujetos desposeídos, dependientes,
inferiorizados, discriminados, excluidos, marginados, oprimidos, como las mujeres (y los niños) adquieren, desarrollan, acumulan, y ejercen habilidades, formas de expresión, destrezas, tecnologías y sabidurías de signo positivo necesarias para generar o incrementar su autonomía y su independencia.
A través de acciones de muy diversa índole, los sujetos oprimidos se empoderan, es decir crean, reúnen y practican poderes no opresivos de los que carecían, para reducir e ir eliminando las posibilidades de que sus opresores sigan controlando sus vidas, subordinándolos, oprimiéndolos.
El empoderamiento consiste en la adquisición y el ejercicio de esas habilidades y poderes afirmativos no encaminados al dominio ni a la expropiación (de bienes y recursos que debieran ser patrimonio humano y no de unos cuantos privilegiados). Supone la modificación de las situaciones genéricas de los sujetos, se encamina hacia la transformación de las condiciones de jerarquización de la relaciones, e implica el mejoramiento de la calidad de la vida y la construcción del bienvivir en la democracia genérica, cotidiana y vital.
Quienes ostentan los poderes del dominio no se empoderan: el empoderamiento es la resistencia ante esos poderes y el propósito de eliminarlos de la vida social.
Quienes por su condición o por su situación […] ejercen el dominio […], lo desarrollan e incrementan para reforzar y aumentar sus privilegios y sus posibilidades reales de control, dirección, expropiación, subordinación y opresión a otros. El empoderamiento […] es la vía para resistir a ese dominio, para combatirlo y eliminarlo (Cazés 1998: 126-127).
21
Lo expuesto por Cazés supone que el empoderamiento es un proceso que
sólo pueden obtener los ciudadanos por ellos mismos y que siempre habrá
instituciones o personas que se opongan a este proceso. A pesar de que lo
expresado por Cazés suena lógico, también es cierto que recientemente dicha
relación de poder ha intentado ser invertida, o al menos en determinados casos es
lo que se nos ha hecho creer. Con la proliferación de cada vez más mecanismos
de participación ciudadana, lo que hemos estado atestiguando recientemente es el
empoderamiento (al menos en teoría) ciudadano a través de instituciones
gubernamentales, entiéndase por parte de las tres instancias de gobierno (federal,
estatal y municipal), que están cediendo algo de su poder en determinadas
decisiones para compartirlo con ciudadanos comunes y corrientes. Cada vez
existen más legislaciones que promueven la intervención de ciudadanos u
organizaciones no-gubernamentales en procesos de toma de decisiones que
aparentemente buscan “empoderar” a la gente.
Aunado a eso, Cazés menciona que la gente se ha empoderado a través de
movimientos sociales y también menciona a los medios de comunicación como
instrumentos utilizados para estos fines. Sin embargo, nunca habla de
empoderamiento otorgado por instancias oficiales a los ciudadanos; más bien se
percibe a las estructuras gubernamentales como un obstáculo para lograr dichos
fines. Es por lo mencionado por Cazés que nos extraña que un gobierno con una
vocación autoritaria como el mexicano de repente decida “abrir sus puertas” a la
ciudadanía y la invite a participar. Algunos cuestionamientos que surgen de la
aparente actitud democrática mostrada por las autoridades son, por ejemplo:
determinar hasta qué grado la ciudadanía esta siendo empoderada y qué gana al
tomar parte en dichos procesos de toma de decisiones. Algo que resulta
interesante saber es determinar hasta que grado las prácticas de empoderamiento
ciudadano independiente (entiéndase grupos operando al margen de legislaciones
participativas) han sido más eficaces que los incluidos en legislaciones
participativas. Si bien es cierto que los ciudadanos pueden empoderarse por ellos
mismos, también es cierto que al exterior de sus organizaciones dicho poder
22
estará siempre limitado por la actitud que tomen las autoridades hacia
determinadas acciones tomadas por esos grupos.
Diferencia entre participar y empoderar
Tal y como lo establecimos anteriormente, es importante realizar una
diferencia entre los procesos de participación y el empoderamiento “real” que
reciben los ciudadanos al tomar parte en procesos de toma de decisiones. Debido
a que generalmente cuando se promueve cualquier mecanismo de participación
ciudadana se piensa que automáticamente la ciudadanía será empoderada por el
sólo hecho de participar. Si bien es cierto que la esencia de los mecanismos de
participación ciudadana es compartir el poder de decisión con la ciudadanía, la
realidad de diversas investigaciones (ver Flores 2005) nos demuestra que este no
será necesariamente el caso. Existen diferencias entre un proceso en el cual los
ciudadanos efectivamente toman parte, pero donde la decisión final recae en las
autoridades; y un mecanismo de participación en el cual lo que la comunidad
decide es adoptado por las autoridades como lo que se implementará. Dos
cuestiones resultan interesantes, primero saber hasta que grado es factible medir
la participación en términos cuantitativos (lógicamente aunado a la calidad del
proceso) y el nivel de poder recibido por los ciudadanos después de dicho
proceso.
Actualmente se percibe que las autoridades, de cualquiera de los tres
niveles de gobierno prevalecientes en nuestro país ven a los mecanismos de
participación como instrumentos que pueden contribuir a legitimar las acciones de
sus respectivas administraciones; sin embargo, existen también visiones que
indican que la participación ciudadana es algo que aún no es visto como algo
necesariamente positivo por los diferentes actores del espectro político. De
acuerdo a Ziccardi “la participación no es aún valorada positivamente por los
partidos políticos como un componente que puede otorgarle mayor calidad a la
democracia local, y más aún no se realizan esfuerzos por distinguir claramente
entre los espacios de participación ciudadana y los de participación política”
(Ziccardi 2004:248). Sin embargo, el número de iniciativas participativas que se
23
implementan actualmente es una muestra de que sí existe “conciencia de
participación” por llamarle de alguna manera, de parte de los partidos políticos; es
más, se puede inferir que existe un alto grado de aceptación hacía la conveniencia
por implementar acciones participativas. En muchos casos las agendas
participativas han pasado a formar parte de procesos “legitimarios” más que
realmente empoderadores, algo que contradice la “no-conciencia” de los partidos
políticos resaltada por Ziccardi. Para ser más claros, podemos inferir que los
partidos políticos conocen la importancia de implementar acciones participativas,
sin embargo el uso que le dan a dichos procesos dista, en la mayoría de los
casos, de los fines que enarbola la democracia participativa.
¿Es posible medir el empoderamiento?
El tema de la medición del empoderamiento resulta por demás interesante
en una era en la cual el término ha adquirido múltiples matices. Tal y como se ha
constatado en diferentes trabajos (ver Zermeño 2004) existen un sin fin de
perspectivas referentes al empoderamiento; comenzando por las que van desde el
punto de vista feminista, buscando la equidad de género, hasta las tipologías para
medir el empoderamiento otorgado al participar en procesos participativos
relacionados con políticas públicas. Ciertamente luce difícil medir, sobre todo con
exactitud, una cuestión como el empoderamiento que adquiere la ciudadanía al
participar en cualquier mecanismo de participación ciudadana. Especialmente en
países como México, percibimos que no existen tantos tipos de poder a los cuales
la ciudadanía puede tener acceso. Sin embargo, tenemos el referente de otros
países en los cuales se han realizado esfuerzos en esa dirección. Como veremos
en la siguiente sección, en el caso de Inglaterra en el cual se han desarrollado
diferentes esquemas que buscan aportar al tema de la medición “empoderadora.”
La escalera de Sherry Arnstein Fue a partir de la proliferación de un mayor número de mecanismos de
participación ciudadana que comenzaron a surgir intentos por medir los niveles
reales de poder recibidos por los ciudadanos cuando tomaban parte en procesos
24
de decisiones. Lo más importante para la teoría participativa es la idea del
ciudadano ordinario tomando parte en decisiones políticas. Sin embargo, hasta el
momento han sido pocos los intentos por determinar el grado verdadero de poder
que reciben los ciudadanos al participar en procesos participativos. A pesar de la
dificultad para realizar una medición que sea fehaciente a lo que sucede cuando
los ciudadanos participan, a finales de los años 60s surgió en los Estados Unidos
un intento por medir los niveles de poder recibidos por los ciudadanos (ver Figura
1).
Figura 1 Escalera de Participación de Sherry Arnstein
El “boom” participativo de finales de los 1960s motivó a Sherry Arnstein a
desarrollar su escalera de empoderamiento. El objetivo primordial de la escalera
de Arnstein es determinar si los ciudadanos reciben el poder prometido o sí sólo
las autoridades utilizan estos mecanismos como meros legitimadores de
decisiones tomadas con anterioridad. En palabras de Arnstein, “existe una gran
diferencia entre tomar parte en el ritual de la participación y realmente influenciar
la decisión final tomada por las autoridades” (Arnstein 1971:76). La escalera
Control Ciudadano
Poder Delegado
Consorcio
Conciliar
Consultar
Informar
Terapia
Manipulación 1
2
3
4
5
6
7
8 Grados
de Poder Ciudadano
Grados de
Tokenism
No-Participación
25
imaginaria de Arnstein se compone de ocho peldaños y tres áreas: a) un área de
no-participación, b) un área de grados de tokenism7y c) un área de poder
ciudadano. La zona de no-participación de la escalera está compuesta de los
primeros dos peldaños. El primero es el de la manipulación y el segundo el de lo
que Arnstein llama la “terapia”. Es en esta zona de la escalera donde el público
será “educado” para participar en comités o bien en consejos ciudadanos. En la
zona de no-participación hay poco espacio para que los ciudadanos ejerzan cierta
influencia sobre las decisiones tomadas por las autoridades. De acuerdo a
Arnstein, “en esta zona los ciudadanos son utilizados como meros legitimadores
de decisiones que ya fueron tomadas” (1971:77). El área de no-participación se
caracteriza principalmente por la ausencia de canales de comunicación entre las
autoridades y los ciudadanos.
La segunda área de la escalera comprende los grados de tokenism y está
compuesta por los peldaños 3) informar, 4) consultar y 5) conciliar. Dicho espacio
se caracteriza por índices de interacción mayor entre autoridades y ciudadanos.
Algunos ejemplos de mecanismos que operan en esta área son foros vecinales o
bien audiencias públicas. La zona más alta de la escalera la componen el peldaño
6) consorcio, 7) poder delegado y 8) control ciudadano. La zona de poder
ciudadano se convierte en un área en la cual los ciudadanos adquieren la
capacidad necesaria para manejar ciertas iniciativas vecinales. De acuerdo a
Arnstein, “la gente requiere ese grado de poder (control), el cual les garantice que
los participantes o residentes puedan gobernar un programa, estar totalmente a
cargo del mismo” (Arnstein 1969:371). A pesar de lo simple que el esquema pueda
parecer, su impacto dentro de la literatura del empoderamiento fue determinante
para que, como veremos a continuación, años más tarde surgieran nuevas
versiones de medición similares a la desarrollada por Arnstein.
7 De acuerdo al diccionario Simon and Shuster (2000), Tokenism se define como la admisión nominal y en número muy limitado de una minoría religiosa o racial, especialmente negros, en puestos de trabajo, escuelas, asociaciones etcétera, para cumplir aparentemente con la ley o aplacar a la opinión pública.
26
Más escaleras, Burns, Hambleton y Hoggett Burns, Hambleton y Hoggett desarrollaron una nueva versión de la escalera de
Arnstein. Fue a mediados de los 90s cuando surgió el interés por parte de estos
teóricos por establecer nuevos parámetros para la medición del empoderamiento
ciudadano en Gran Bretaña. La escalera desarrollada por Burns, Hambleton y
Hoggett se divide en 12 peldaños, y similarmente a la escalera de Arnstein tiene 3
sectores o zonas: a) una zona de no-participación, b) una de participación y c) una
de control ciudadano. Los primeros cuatro peldaños de la escalera comprenden: 1)
inyección cívica, 2) consultación cínica, 3) mala información, 4) cuidado al cliente.
Dentro de lo denominado como “inyección cívica” se engloban acciones tales
como grandes campañas de publicidad para distraer a los ciudadanos de cualquier
intento real por participar.
Figura 2 Escalera de Empoderamiento de Burns, Hambleton y Hoggett.
Control Independiente
Control Compartido
Control Delegado
Consorcio
Descentralización Limitada
Grupos de Asesoría
Efectivos
Consulta Genuina
Información de Alta Calidad
Cuidado al Cliente
Mala Información Consulta Cínica
Inyección Cívica
1
2 3
4
5
6
7
8
9 10 11
12 Control Ciudadano
Participación Ciudadana
No-Participación Ciudadana
27
La consulta cínica puede ser definida como el establecimiento de pseudo-
mecanismos de participación, principalmente con el objetivo de legitimar
decisiones tomadas con anterioridad por las autoridades locales. Mala información
constituye uno de los mayores problemas que enfrentan los ciudadanos, ya que es
en este renglón cuando las autoridades proveen información errónea o poco clara;
dando como consecuencia que el involucramiento ciudadano sea mínimo y por lo
tanto en detrimento de sus derechos participativos. Cuidado al cliente (peldaño 4)
comprende agresivas campañas de publicidad lanzadas por las autoridades para
no perder la confianza de sus gobernados, sin embargo el poder recibido por los
ciudadanos o más bien el otorgado por las autoridades es nulo. La sección de
participación de la escalera es la más larga, cuenta con seis peldaños: 5)
información de alta calidad, 6) consulta genuina, 7) grupos de asesoría efectivos,
8) descentralización limitada, 9) consorcio y 10) control delegado.
Cuando las autoridades proveen información de alta calidad les da la posibilidad
de discutir e interactuar con sus representantes, dando como resultado que la
interacción entre ciudadanos y autoridades sea más profunda y que un proceso
real de consulta se lleve a cabo. Burns, Hambleton y Hoggett establecieron una
serie de pasos que se siguen para introducir a los siguientes dos peldaños de la
escalera 7) grupos de asesoría efectivos y 8) descentralización limitada.
1) Convocar a los ciudadanos a unirse en torno a determinada causa. 2) Ponerse de acuerdo referente a como debe de operar la política o proyecto en
discusión. 3) Analizar como opera la política o el proyecto actualmente. 4) Escoger algo que pueda o deba de ser mejorado. 5) Discutir un plan de acción. 6) Evaluar como han avanzado las cosas y decidir que hacer después. De acuerdo a Burns, Hambleton y Hoggett existe una diferencia importante entre
la manera en que los grupos de asesoría ciudadanos y estructuras tales como los
comités vecinales operan.
La operación de los grupos de asesoría contrasta con las
organizaciones vecinales, las cuales pierden miembros rápidamente porque
28
no permiten a la gente interactuar y conocerse. En muchas ocasiones, a la gente que acude a reuniones vecinales no se le permite tener una visión de lo que quieren en realidad. Los ciudadanos por lo general son “bombardeados” con información y se espera mucho de ellos (Burns, Hambleton y Hoggett 1994:170).
Consorcio (el peldaño número 9) se refiere a esfuerzos realizados entre
autoridades y ciudadanos. A pesar de que en dichos esquemas los ciudadanos
adquieren responsabilidades mayores en la operación de los proyectos, su
responsabilidad sigue estando limitada por lo que determinen las autoridades. El
control delegado es una etapa en la cual el público actúa con la venia de las
autoridades. De acuerdo a Burns, Hambleton y Hoggett:
Aquí el gobierno puede ser visto como una especie de “director-técnico” de fútbol. Ya que si bien a los jugadores se les puede permitir alguna iniciativa, sin embargo, siempre estarán bajo el mando del director-técnico quien posee el control (Burns, Hambleton y Hoggett 1994:178).
En el Reino Unido los consejos parroquiales pueden ser un buen ejemplo de
control delegado. Estas organizaciones poseen ciertas atribuciones para llevar a
cabo las acciones que realiza el gobierno local. Los miembros de estos consejos
son gente que fue electa mediante el voto ciudadano y que poseen el poder
necesario para implementar mecanismos de participación ciudadana como un
referéndum.
El área del control ciudadano es la más pequeña de la escalera y esta
representada por los peldaños 11 y 12. Aquí podemos identificar a organizaciones
que involucran de manera constante a los ciudadanos y que poseen en poder
necesario para implementar programas o bien para realizar las funciones de una
institución gubernamental. Uno de los ejemplos más comunes que puede ilustrar
este tipo de prácticas es la manera como se implementan los presupuestos
participativos en Brasil, donde los ciudadanos efectivamente deciden como se
aplicará el presupuesto asignado para sus respectivas comunidades. La mayor
contribución de las tipologías arriba expuestas es que proveen algunas bases para
medir los niveles de poder recibidos por los ciudadanos cuando toman parte en
29
procesos de toma de decisiones a nivel local. Es importante mencionar que ambas
tipologías han sido utilizadas para medir grados de empoderamiento ciudadano en
varios países. Por ejemplo, durante 1997 y 1998 el Instituto de Políticas Públicas
de Holanda utilizó una adaptación de la escalera de participación de Arnstein para
medir el impacto del proyecto denominado Testing Grounds of Democracy, el cual
incluyó cinco casos. Una de las conclusiones principales del proyecto fue que la
ciudadanía tenderá más a participar si ven un impacto inmediato en la decisión
tomada por las autoridades después de la consulta (ver Monnikhof 2001).
Zonas de Empoderamiento, a la Mexicana En esta sección delimitaremos cuáles son las zonas, en las que se podría dividir el
proceso de participación ciudadana y empoderamiento mexicano. A diferencia de
los esquemas de Arnstein (1971) y de Burns, Hambleton y Hoggett, (1994)
percibimos que el esquema mexicano no tendría escalones, sino más bien que
estaría dividido en zonas de empoderamiento. Si bien es cierto que existen
muchos tipos de esquemas participativos realizándose en el país, también es
cierto que la gran mayoría son implementados sin que un proceso de
empoderamiento necesariamente se lleve a cabo. Percibimos que en el caso
mexicano existen tres zonas de empoderamiento: una zona de empoderamiento
cero, una de auto-empoderamiento y una de empoderamiento institucionalizado.
Al realizar esta identificación de zonas de empoderamiento mexicano no
percibimos la necesidad de establecer peldaños, tal y como sucede con los
esquemas presentados anteriormente. En México, más bien identificamos zonas
que se han ido conformando con las diferentes políticas de participación
implementadas y donde existen tres tipos de poder, el otorgado por las
autoridades, el negado por las autoridades y el ganado por los ciudadanos.
30
Figura 3 Zonas de Empoderamiento a la Mexicana
Zona de Empoderamiento Cero
Como podemos apreciar en la Figura 3 arriba, la zona de empoderamiento
cero se ubica abajo, lejos de las zonas de poder institucional, de empoderamiento
institucionalizado y de autoempoderamiento. Está representada por una sombra
debido a que simboliza el señuelo de una consulta que en teoría debería de tener
un impacto en la decisión gubernamental, pero que en la realidad no la impactará.
Dicha zona se identifica como el área en la cual las autoridades invitan a participar
a la ciudadanía en procesos en los cuales las decisiones ya fueron tomadas con
anterioridad o bien en decisiones que por su mínima importancia no empoderaran
Zona de Empoderamiento Institucionalizado
Poder Institucional
Zona de Auto-Empoderamiento
Zona de Empoderamiento Cero
31
a los ciudadanos participantes. Se define prácticamente como una “zona de
consulta cínica” debido a que aunque los ciudadanos tomen parte en procesos
participativos, las discusiones o los procesos de consulta en los que participen no
resultarán en beneficios tangibles para sus respectivas comunidades. A diferencia
de la tipología de Burns, Hambleton y Hoggett, (1994) la cual coloca en los niveles
más bajos de la escalera una zona de “no-participación”, en el caso mexicano, por
irónico que parezca, la zona de empoderamiento cero puede estar marcada por
altos índices de participación ciudadana. Es más bien un área en la cual se invita a
la gente a que participe, pero de antemano se sabe que la decisión que de ahí
emane no tendrá nada que ver con la decisión tomada por las autoridades.
Un ejemplo que podemos mencionar es el de la consulta organizada por la
Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en enero del 2001. El propósito
de la consulta era determinar el sentir de la ciudadanía con respecto a la creación
de una legislación que regulara las marchas que se realizan en la capital. Si bien
es cierto que normar las marchas resulta importante, también es cierto que existe
un ramillete de temas que lucen como prioritarios y que al parecer no formaron
parte de la agenda discutida en ese momento. La consulta fue un proceso que
duró cinco días y contó con la participación de 56,000 personas de las cuales el 90
por ciento se manifestó por el “sí” a la regulación de las marchas en la capital (La
Jornada 01/02/2001). Podríamos deducir que el bajo número de participantes se
debió a que el tema en la agenda no era en realidad tan trascendental en la vida
de los capitalinos. A su vez, lucía lógico el resultado de apoyo a la moción, con lo
cual se intentaba elaborar una legislación que diera pie una solución para
organizar la manera caótica como se efectúan las marchas en la capital.
El ejemplo mencionado anteriormente lo ubicamos en la zona de
empoderamiento cero, principalmente debido a que en realidad la función de la
gente fue legitimar un proceso que parecía natural. No se necesita ser un experto
en cuestiones participativas para saber que esa consulta en realidad no parecía
necesaria, bastaba con que el jefe de gobierno enviara la iniciativa a la asamblea
de representantes para que ahí fuera discutida. En resumen, la ciudadanía es
32
invitada a participar en un proceso en el cual la decisión final no se encontrará en
manos de los promotores de la consulta, sino que debe de pasar por el congreso
para que ahí sea discutida y después aprobada para que se comience a ser
implementada. Es decir, el proceso sería largo, y el ciudadano que haya
participado muy probablemente ni siquiera se acordará que fue su participación
mediante una consulta la que autorizó la legislación que se implementó mucho
tiempo después. Una de las principales premisas que promueven los
simpatizantes de la participación ciudadana, es que cuando se lleva a cabo una
consulta, los efectos de la misma deben de verse inmediatamente después que se
realizó el proceso (ver Pateman 1970, Phillips 1990 y Stewart 1996).
Las consultas innecesarias no son privativas de la zona de empoderamiento
cero, como veremos más adelante la simulación de compartir el poder con la
ciudadanía es un proceso que parece gustarle mucho a los gobernantes y que se
encuentra legitimado por muchas legislaciones o reglamentos de participación en
muchas partes del país. Tal y como vimos en esta sección, este ejemplo está
respaldado por la ley de participación ciudadana del DF, y se supone que
empodera de manera considerable a la ciudadanía. Sin embargo, lo que parece
haber prevalecido es una especie de “espejismo de empoderamiento” que en
realidad no contribuyo de ninguna manera a que la gente tuviera en sus manos la
decisión que se toma referente a los asuntos que hipotéticamente les afectan. El
caso presentado anteriormente refleja algunas de las problemáticas principales
enfrentadas por las autoridades al implementar mecanismos de participación
ciudadana, sobretodo lo concerniente a la falta de información por parte de las
autoridades para llevar a cabo agendas participativas, además de a la creación de
altas expectativas. Es evidente que si en realidad se quisiera consolidar una
agenda participativa, entonces se buscaría que las decisiones que emanen de un
proceso participativo tuvieran un impacto inmediato en la vida de los participantes.
33
Zona de Auto-Empoderamiento
Podemos afirmar que es la zona más dinámica de las zonas de
empoderamiento, ya que aquí encontramos diferentes tipos de auto-
empoderamiento. Como se aprecia en la Figura 3 es una zona de mucha actividad
en la cual las flechas representan la interacción que se da entre ciudadanos o
asociaciones que se encuentran fuera de la zona de empoderamiento institucional.
En ciertas ocasiones, la ciudadanía o alguna organización se ven en la necesidad
de exigir a sus autoridades la solución de determinado problema y aunque operen
al margen del cuadro institucional de empoderamiento estipulado, las autoridades
comúnmente tendrán que recibirlos; ya que de otra manera se percibiría que los
gobernantes no están interesados en resolver la problemática enfrentada por sus
gobernados, además de que se evitan problemas de inestabilidad política en su
zona de injerencia. Es por eso que en la Figura 3 se aprecia como la zona de
autoempoderamiento toca también a la zona de poder institucional y a la zona de
empoderamiento institucionalizado. Es decir, es una zona de flujo constante tanto
como de peticiones así como de respuestas (ya sean positivas o negativas) por
parte de las zonas de poder institucional o de empoderamiento institucionalizado
del esquema de empoderamiento. Aquí encontramos a grupos de ciudadanos que
con sus acciones se “auto-empoderan” al margen de lo que opinen las
autoridades. En la mayoría de los casos la intervención oficial es vista como un
estorbo que no les permitirá alcanzar las metas que se hayan trazado. El hartazgo
y la ineficacia de las autoridades son dos de las principales motivaciones que
hacen que la ciudadanía pretenda auto-empoderarse. La constitución de comités
ciudadanos o bien de grupos de personas que busquen cambiar las condiciones
de su entorno son dos de las formas típicas de asociativismo que se han
convertido en las más características del proceso que aquí hemos denominado de
auto-empoderamiento.
Un segundo tipo de auto-empoderamiento está relacionado con la manera
en que grupos de ciudadanos a través de líderes comunitarios o caciques busquen
soluciones a sus necesidades. Este tipo de empoderamiento no-institucionalizado,
34
en muchas ocasiones, ha probado ser más efectivo que la mayoría de las
prácticas llevadas a cabo mediante el empoderamiento ofrecido por los esquemas
operando institucionalmente. Debido a la cercanía existente entre muchos líderes
informales que siguen operando al margen de legislaciones participativas las
autoridades muchas veces consciente o inconscientemente les otorgan una mayor
importancia a líderes informales.
Uno de los ejercicios de auto-empoderamiento más fascinantes que han
surgido recientemente es el emprendido por los municipios regidos bajo usos y
costumbres en la zona zapatista de Chiapas. Después del abrupto proceso de
negociación mediante el cual fracasa la firma de los acuerdos de San Andrés, el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció la creación de las Juntas
de Buen Gobierno en los cinco Caracoles (antes llamados Aguascalientes) como
una forma de consolidar el proceso de autonomía y auto-organización
comunitaria. Esta manera de organización ha representado un verdadero reto para
todas las comunidades involucradas en dicho proceso. Principalmente debido a
que han tenido que salir adelante sin ningún presupuesto oficial, a la vez de
enfrentar una constante presión gubernamental, militar y paramilitar.
En este ejemplo las comunidades han jugado un rol participativo
preponderante, ya que son ellas mismas mediante asambleas las que se discuten
y deciden la conveniencia de adherirse al movimiento o no. Además de acuerdo a
los usos y costumbres de cada comunidad, se elige a los representantes que
formarán parte del concejo municipal autónomo, organismo que funge como
autoridad colegiada del ayuntamiento rebelde. Cada concejo autónomo está
integrado por un presidente, un secretario, ministros de justicia, de asuntos
agrarios, del comité de salud, de educación y el responsable del registro civil. Sus
funciones son la impartición de justicia, la salud comunitaria, la educación, la
vivienda, la tierra, el trabajo, la alimentación, el comercio, la información, la cultura
y el tránsito local. Para mostrar un poco más acerca de las funciones que son
desempeñadas por este tipo de organizaciones que se han auto-empoderado
introduciremos lo realizado por el caracol de Oventic.
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El Caracol de Oventic abarca la zona de los Altos de Chiapas que incluye a
los municipios de San Andres Sacamch”en de Los Pobres, San Juan de la
Libertad, San Pedro Polho, Santa Catarina, Magdalena de La Paz y San Juan
Apóstol Cancuc. Oventeic, es el más grande de los cinco caracoles tanto en
población como en infraestructura; cuenta con las oficinas del municipio autónomo
y de la junta de buen gobierno, una secundaria, la clínica de salud, un auditorio y
dormitorios para los visitantes. En este caracol existen dos cooperativas
cafetaleras; las cuales se dedican principalmente a la producción de café orgánico
y a exportarlo a países como Francia, España, Suiza e Italia. A su vez, el caracol
de Oventic es el único de los cinco que cuenta con la posibilidad de brindar una
formación escolar a nivel secundaria. De hecho se puede afirmar que se le ha
dado un papel preponderante a la educación, ya que existen aproximadamente
100 promotores educativos que imparten cátedra en las comunidades integrantes.
Las autoridades de la junta manejan también la provisión de servicios
médicos. Donde una vez existió una clínica antes del levantamiento, hoy se
encuentra una clínica autónoma con un anfiteatro, un cuarto odontológico, un
laboratorio para análisis clínicos, una clínica oftalmológica, una clínica
ginecológica, un laboratorio de herbolaria, una farmacia y camas para cuidar a los
enfermos. Cerca de 200 promotores de salud han sido capacitados y actualmente
atienden en todas las comunidades. Sin embargo, a pesar de esta aparente buena
cobertura médica, subsisten las enfermedades relacionadas con la pobreza. Existe
la tuberculosis, los problemas respiratorios, la tifoidea, la malaria, el reumatismo y
las infecciones de la piel, además del alto índice de abortos espontáneos entre las
mujeres debido a la mala nutrición y a la falta de cuidados prenatales.
El ejercicio zapatista representa una forma de organización comunitaria con
el único fin de mejorar sus condiciones de vida sin contar con la intervención de
actores oficiales; es por esto que los caracoles pueden ser vistos como un digno
ejemplo de auto-empoderamiento. Operando desde fines de 1994 los zapatistas
han logrado continuar sus vidas en base a los usos y costumbres prevalecientes
en la zona. Es indudable que el movimiento se ha asentado y que manifiesta su
36
“auto-empoderamiento” constantemente, no sólo con la ocupación de los espacios
que antes eran ocupados por las autoridades oficiales, sino que también mediante
la prestación de los servicios que antes brindaban las instancias gubernamentales.
Sin embargo, a pesar de este acto, que puede ser considerado como uno de
rebeldía, los zapatistas buscan el reconocimiento oficial de sus formas de vida por
parte del congreso federal. En la Figura 3 este proceso estaría representado por el
movimiento de las flechas de la zona de autoempoderamiento hacia las zonas de
poder institucional y de empoderamiento institucionalizado. A pesar del esfuerzo
hecho por los zapatistas para que su movimiento fuera reconocido, las múltiples
vicisitudes políticas que surgen en el transcurso de las negociaciones dan al traste
con cualquier esfuerzo de reconocimiento oficial y la firma de los acuerdos de San
Andrés fracasa. Los caracoles han logrado mantenerse en pie de lucha gracias al
gran apoyo (principalmente al proveniente de instancias internacionales) moral
pero principalmente económico que han recibido. Dicho ejemplo de asociativismo
nos demuestra que existen comunidades en las que es posible auto-empoderarse
sin la presencia oficial.
Zona de Empoderamiento Institucionalizado Como podemos apreciar en la Figura 3 la zona de empoderamiento
institucionalizado se encuentra justo por debajo del poder institucional. La zona
luce rodeada de dos flechas que pueden ser vistas como unas “manos” que
otorgan el empoderamiento operante bajo las instancias del poder institucional. Es
en esta zona donde a través de esquemas establecidos en legislaciones
participativas buscarán empoderar “legitimamente” a los ciudadanos participantes.
Aunque cabe mencionar que en la mayoría de los casos los esquemas de la
participación institucionalizada no tendrán un impacto directo en la manera en que
se ejecuten las políticas públicas o los programas consultados. Dicha relación de
poder estará determinada por una palabra que incluyen las legislaciones
participativas y sin la cual todo esquema de participación ciudadana parece
carecer de fundamento, “vinculatorio”. La palabra vinculatorio se convierte en la
palabra clave para determinar si una legislación participativa realmente empodera
37
o no a la ciudadanía. Por ejemplo, mientras que la ley de participación ciudadana
del DF ofrece más de una docena de esquemas participativos, sólo dos de ellos
son de carácter vinculatorio, el plebiscito y el referéndum. Es decir, la
institucionalidad y formalidad de las legislaciones participativas no será
necesariamente reflejo de una intención por empoderar a la ciudadanía; a su vez
existirán casos en los cuales se otorga a la ciudadanía el poder de intervenir en
determinadas decisiones, sin embargo dichas decisiones no serán
necesariamente las más controversiales o las más importantes para determinada
comunidad, tal y como lo vimos anteriormente en el ejemplo presentado en la
sección de empoderamiento cero.
En Agosto de 1998 se realizó en el municipio de San Pedro, Garza García
Nuevo León una de las consultas ciudadanas más publicitadas en dicha localidad.
La alcaldesa Teresa García de Madero decide llevar a consulta la hora de cierre
de las discotecas en el municipio que ella gobierna. De acuerdo al reglamento de
participación ciudadana del municipio, se pueden desarrollar consultas cuando se
tengan que discutir temas controversiales que afecten a la comunidad.8 Mientras
que las discotecas tenían establecida una hora de cierre de las 3:00 am, la
consulta buscaba determinar hasta qué grado era conveniente que permanecieran
abiertas una hora más. En un sondeo realizado antes de la consulta, 77 por ciento
de padres de familia, 66 por ciento de los jóvenes, y 72 por ciento del público en
general se manifestó a favor de la extensión de una hora. Además, 77 por ciento
de padres de familia, 66 por ciento de los jóvenes y 72 por ciento del público en
general se comprometieron a participar en la consulta.
La consulta fue altamente publicitada en los diarios más importantes y por
las autoridades mismas en sus actividades cotidianas. De acuerdo a la alcaldesa
García de Madero, “es muy importante que la sociedad emita una opinión a este
respecto, principalmente porque todos juntos debemos decidir acerca de los
8Ver artículo 36 del Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de San Pedro, Nuevo León.
38
asuntos controversiales que nos afectan” (El Norte 6/9/1998). Según la alcaldesa,
“las consultas ciudadanas son la mejor manera de resolver los conflictos entre
autoridades y ciudadanos; este es un proceso democrático que veremos repetirse
más seguido, no sólo en San Pedro, pero en diversas partes del país. Los
ciudadanos tendrán muchas decisiones en sus manos” (El Norte 6/9/1998).
El día de la consulta las casillas permanecieron abiertas de 8:00 am a 7:00
pm, sin embargo, la participación resultó por debajo de lo esperado. Sólo 9.9 por
ciento de los 25,000 ciudadanos empadronados tomaron parte en la consulta. Con
un 77 por ciento en contra de la extensión de una hora en el horario de las
discotecas, los jóvenes vieron frustrados sus deseos de “parrandear” hasta más
tarde. El número total de votos emitidos fue de 2,481, de los cuales sólo 556 se
manifestaron a favor de la extensión del horario. A pesar de los bajos índices de
participación las autoridades percibieron al ejercicio como algo digno de
admirarse, debido a que una decisión unilateral no fue impuesta sobre la
comunidad. La Alcaldesa García comentó, “la ciudadanía debe de aprender a
participar cuando las autoridades le otorguen esa posibilidad, es una excelente
oportunidad para nosotros saber que es lo que los ciudadanos quieren (El Norte
7/9/1998).
El ejemplo arriba presentado encaja perfectamente en la zona de
empoderamiento institucionalizado representado en la Figura 3. Primeramente,
porque la autoridad considera que determinar si se expande o no el horario de
cierre de las discotecas es un asunto de “vital” importancia para el municipio y es
por esto que propone que la consulta se realice. En segundo lugar, porque la
autoridad respeta la decisión emitida por mayoría de los participantes y hace que
se cumpla; es decir, le otorga un carácter de vinculatorio. Un tercer aspecto a
considerar es que este tipo de consulta forma parte de uno de los tres tipos de
mecanismos de participación abierta enumerados en el reglamento de
participación ciudadana del municipio de San Pedro. A pesar de esta aparente
apertura democrática, a continuación presentamos un ejemplo que sucedió en el
39
mismo municipio y en el cual la autoridad, aparentemente buscando el beneficio
de la comunidad no concede el espacio para que una consulta se realice.
Nuevamente en San Pedro, Garza García, Nuevo León, a finales del 2001
surge una controversia a raíz de la construcción del denominado puente de la
unidad. Dicho puente cumpliría con el fin de unir a los municipios de Monterrey y
San Pedro (ambos gobernados por el PAN en ese momento, cabe aclarar). La
realización de la obra tendría un costo de 550 millones de pesos que serían
cubiertos de la siguiente manera: 120 millones provenientes del municipio de
Monterrey, 60 millones del municipio de San Pedro y los restantes 370 millones
por parte del gobierno del estado. Debido a los altos costos que el proyecto
representaba y a que a la comunidad nunca se le solicito su opinión referente a la
realización de la obra, pronto surgieron voces en contra de su construcción. Cesar
Garza Livas representante de Alianza por San Pedro, organización que aglutina a
varias asociaciones vecinales comenta: “tenemos el derecho de expresar nuestras
opiniones relacionadas a este proyecto, ya que será financiado con recursos
públicos. A través de una consulta ciudadana podríamos llegar a un arreglo que
pueda ser benéfico para todos; es decir que contribuya a solucionar el problema
de vialidad a un costo menor al propuesto, invito a las autoridades locales y
estatales a que involucren a la ciudadanía para tomar la decisión que más
beneficie a la comunidad (El Norte 21/12/2001).
Las autoridades estatales solicitaron dos cotizaciones para realizar la obra;
una fue presentada por la Universidad Regiomontana y la otra por la empresa
CEMEX. Con un costo de 420 millones de pesos el proyecto de la Universidad
Regiomontana proponía la construcción de un puente de seis carriles y la
posibilidad de expandirlos a dos más una vez que la demanda vehicular lo
requiriera. Por otra parte, la iniciativa de CEMEX proponía un puente de sólo
cuatro carriles a un costo de 550 millones de pesos y sin posibilidad de expandirse
en un futuro. De acuerdo al experto vial De Zamacona Escandon, “el gobierno sólo
está viendo una solución parcial, el puente de CEMEX tendrá una vida de 25 años,
40
mientras que la opción de la Universidad Regiomontana puede durar hasta 75 (De
Zamacona Escandon citado en El Norte 20/1/2002).
A pesar de que aparentemente la solución propuesta por la Universidad
Regiomontana representaba una mejor respuesta para el problema de vialidad, el
gobierno estatal favoreció la propuesta más cara y de menos capacidad vehicular;
además de que las autoridades estatales y locales ignoraron la demanda
ciudadana por participar en la decisión de qué proyecto sería mejor para toda la
comunidad. En un encuentro que sostuvo Oscar Bulnes, secretario de obras
públicas, con miembros de diversas organizaciones vecinales les informó,
“nosotros tenemos la obligación de buscar las mejores decisiones para la
ciudadanía; el hecho de que exista un proyecto más barato no quiere decir que
sea mejor. A largo plazo pensamos que este proyecto será más barato que la otra
alternativa, ya que será construido siguiendo las normas internacionales de
construcción” (El Norte 15/1/2002). De acuerdo a Bulnes, la demanda de
información solicitada por Cesar Garza Livas representante de Alianza por San
Pedro fue ilegal. En palabras de Bulnes, “no sabemos por qué está tan interesado
en conocer del proyecto, quizá porque él se dedica a la construcción y tenga
intereses ocultos” (El Norte 15/1/2002).
El 31 de enero del 2002 los trabajos para la construcción del “puente de la
unidad” comenzaron simbólicamente con el banderazo del gobernador Canales.
Canales defendió la realización del proyecto estableciendo, “siempre que hay un
proyecto de estas características habrá controversias; nosotros analizamos las
alternativas y si bien es cierto que existen propuestas más económicas, elegimos
la mejor propuesta arquitecturalmente hablando” (El Norte 1/2/2002).
En el ejemplo presentado anteriormente podemos apreciar que la voz de la
ciudadanía es ignorada en un caso que sí tiene que ver con algo trascendental
para la comunidad y no con dar el sí o no referente al horario de cierre de las
discotecas. En el caso del puente, la autoridad no quiere ceder su poder
41
institucional y decide que la opinión de la gente no es necesaria, ya que según las
autoridades ellos tomaron la mejor decisión. Este tipo de comportamiento
discrecional es el que ha puesto en entredicho la factibilidad de implementar
mecanismos de participación ciudadana, ya que en la mayoría de los casos la
implementación de los mismos se basa en lo que las autoridades interpreten como
lo mejor para la ciudadanía. Decisiones como la presentada en el caso del puente
se prestan a malas interpretaciones, principalmente debido a que se favorecen
proyectos que son caros y que no solucionarán la problemática en cuestión.
Lógicamente en estos casos el empoderamiento es nulo y la ciudadanía no tiene
acceso a mecanismos para buscar “defenderse” de las decisiones tomadas por
autoridades.
Un tipo de empoderamiento institucionalizado que últimamente ha tomado
mucho auge está relacionado a la manera en que Organizaciones de la Sociedad
Civil ya sean nacionales o extranjeras, trabajan para apoyar a distintos sectores de
la población. A raíz de una serie de iniciativas, principalmente provenientes de
organizaciones internacionales tales como el FMI, Banco Mundial, OCDE o las
Naciones Unidas, es cada vez más común que se hable del “rol empoderador”
brindado por las organizaciones no-gubernamentales (ver Clarke 1991 y Galjart
1995). En un entorno en el cual los gobiernos parecen haber llegado a la
conclusión de que no han sido capaces de satisfacer las demandas de los
sectores más necesitados de la población, es donde las OSCs surgen como una
solución para involucrar a la gente en procesos de participación y a su vez para
“emopderar” desde su trinchera a la ciudadanía. La fórmula ha sido vista como
una alternativa de trabajar en muchas comunidades en las cuales las acciones
emprendidas por este tipo de instituciones son vistas positivamente por la
población, que definitivamente confía, en la mayoría de los casos, más en estas
instituciones que en actores gubernamentales. Se ha dado una asociación natural
entre las prácticas participativas que se desarrollan en muchas partes de México y
las OSCs, principales promotoras de las mismas. A nivel global, está demostrado
que las OSCs han ido ganado cada vez mayor importancia, tal y como quedó
demostrado en la cumbre de desarrollo realizada por la ONU en Monterrey en
42
2002, donde por primera vez se invito a este tipo de organizaciones a tomar parte
en las discusiones (ver Reforma 22/03/2002).
Se ubica a las OSCs en la zona de empoderamiento institucional,
principalmente debido a que es precisamente de instancias gubernamentales de
donde la mayoría de las organizaciones operando en México obtienen sus
recursos. A pesar de que también existen un sin fin de casos en los cuales dichas
instancias obtienen recursos de otras instituciones; sin embargo, es pertinente
aclarar que en muchos casos y aunque funcionen con presupuestos que no
provengan del ámbito gubernamental al trabajar en la comunidades se requerirá
de la aprobación y en muchos casos de la participación directa de las autoridades
para legitimar procesos en los cuales las organizaciones intervengan. Luego
entonces, mientras que por un lado las OSCs pueden producir procesos
empoderadores entre la sociedad al brindar algún taller, o bien al involucrar a la
gente en cualquier proceso de participación ciudadana, también es cierto que sin
el apoyo económico por parte de las autoridades la labor de la OSCs no podría
continuar llevándose a cabo. Las operaciones de este tipo de organizaciones en
nuestro país presentan un crecimiento acelerado a partir del trágico terremoto que
sacudió la ciudad de México en 1985. Las dramáticas imágenes del temblor del
85 vieron surgir de los escombros a la sociedad civil, quien tuvo que salir a tomar
las calles ante la inoperancia mostrada por los actores institucionales.9 Fue de
esta manera como comenzaron a establecerse organizaciones con diferentes
fines, desde las que surgen demandando limpieza electoral como Alianza Cívica,
hasta las que emergieron de movimientos sociales como el Comité de Defensa
Popular para después convertirse en el partido político conocido como el Partido
del Trabajo (ver Haber 1997). Actualmente el rol de las organizaciones no-
gubernamentales en nuestro país ha sido visto como necesario para coadyuvar los
esfuerzos de los gobiernos (en los tres niveles) principalmente para apuntalar la
capacitación de la población en temas como ecología, desarrollo local o
educación, entre muchos otros. Sería difícil englobar en una sola experiencia toda
9 Dos organizaciones que surgieron a partir del Terremoto del 85 y que son muy representativas son Asamblea de Barrios y la Coordinadora Unica de Damnificados (ver Nuñez Gonzáles 1990 y Tavera-Fenallosa 1999).
43
la labor que las OSCs han realizado recientemente, sin embargo en el ejemplo
que presentaremos a continuación podremos apreciar como dichas
organizaciones operan y participan en procesos de empoderamiento.
En el proyecto denominado al agua lo que es del agua, al suelo lo que es
del suelo intervienen el Centro de Innovación en Tecnología Alternativa A.C., la
Swedish International Development Cooperation Agency, Espacio de Salud A.C.,
SARAR Transformación S.C. y el Centro de Investigaciones Biológicas
Universidad Autónoma del Estado de Morelos; todos ellos con el firme objetivo de
evitar que los residuos líquidos (provenientes de las descargas caseras)
contaminen las barrancas de Cuernavaca. Tal y como sucede en muchas
localidades de México, en Cuernavaca muchas barrancas han sido destruidas por
los drenajes, y se estima que los efectos sobre los acuíferos subterráneos por
infiltraciones de aguas negras son por demás alarmantes. En principio, el Centro
de Innovación en Tecnología Alternativa A.C. dirigido por César Añorve emerge
como el actor principal que busca establecer alternativas que cumplan con los
siguientes objetivos:
• no usen agua • no contaminen • sean baratas • puedan construirse autónomamente • sean higiénicas • no dependan de servicios centralizados • generen recursos (abono y fertilizante)
Para crear conciencia de la importancia que la iniciativa representa se
imparten pláticas y talleres en barrios populares, en las ciudades, pueblos
campesinos, universidades, y ayuntamientos. Además, se experimenta con la
construcción de diversos tipos de sanitario seco, de cisternas para captar aguas
pluviales, o de filtros de aguas jabonosas; todo esto con la esperanza de generar
una movilización ciudadana en torno a los predicamentos ecológicos que
amenazan la calidad del agua.
44
Es importante mencionar que antes de que se permitiera la construcción del
primer baño seco en Cuernavaca existen algunos antecedentes que son
importantes de señalar. Entre 1987 y 1992 en Tetecala Morelos “Don Benito
Gutiérrez” consigue apoyo financiero de una pequeña organización de los Estados
Unidos para construir ocho sanitarios secos, que sirven de modelo para un
programa que más adelante impulsa el presidente municipal con recursos del
ayuntamiento. Después en San Luis Beltrán Oaxaca “Don Jerónimo” instala en el
patio de su casa un taller para fabricar las tazas separadoras diseñadas por
Añorve. La pequeña organización Espacios Culturales de Innovación Tecnológica
consigue financiamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para
instalar el taller. El gobierno estatal financia la construcción de 125 sanitarios en
esa colonia. Entre 1992 y 1994 los talleres locales de fabricación de tazas
impulsados por el Centro de Innovación en Tecnología Alternativa A.C. se
convierten en pieza fundamental del proyecto. Los modelos desarrollados se
promueven por varias partes del territorio nacional e internacionalmente; inclusive
llaman la atención de la Coalición Internacional para el Hábitat en su programa de
agua potable y saneamiento y el Programa LIFE Local Initiative Facility for Urban
Enviroment del PNUD. En el estado de Morelos entre 1994 y 2000 finalmente se
consigue que la Dirección de Obras Públicas de Cuernavaca autorice la
construcción de una vivienda con sanitario seco, filtro de aguas jabonosas y
captación de agua de lluvia, aún cuando el reglamento vigente solo prescribe el
tratamiento y desalojo de excrementos por medio de agua. A partir de esto
construye viviendas de adobe en Cuernavaca con sistemas secos. El éxito de la
iniciativa es tal que se construyen prototipos actualmente en El Salvador, Ecuador,
Sudáfrica, Uganda, Etiopía y recientemente en Filipinas y Mozambique. Algunos
de los resultados del proyecto los enumeramos en el Cuadro 1 abajo.
Si bien es cierto que todos los actores que tomaron parte en la iniciativa
presentada anteriormente pusieron su granito de arena ya fuera financieramente o
con capacitación, lo cierto es que las ONGs ya forman parte de la institucionalidad
que caracteriza a muchas organizaciones funcionando en México. Algo parecido a
45
lo que sucedió con muchos movimientos sociales. Tal y como lo afirma Foweraker,
“los movimientos sociales en México buscaron el reconocimiento institucional para
acceder a las mejoras materiales que sus organizaciones requerían; por más
revolucionario que fuera el discurso, las organizaciones buscaban intercambios
para que gradualmente sus organizaciones recibieran los beneficios del sistema
político” (Foweraker 1990:11). A pesar de que sería difícil generalizar lo señalado
por Foweraker, el “rol legitimador” de las instituciones situadas en la zona de
poder institucional se hace presente en muchas ocasiones, sobretodo cuando se
trata de OSCs. En la Figura 3 las OSCs se situarían dentro de la zona de
empoderamiento institucional, principalmente debido a que la mayoría de dichas
organizaciones reciben fondos de instituciones gubernamentales. Si bien es cierto
que las OSCs actúan como un instrumento de empoderamiento institucional,
también es cierto que dicho proceso luce difícil de consolidar a largo plazo si no se
le da un seguimiento a los programas y sobretodo si los recursos para mantener
los proyectos dejan de fluir.
Cuadro 1 Principales logros del proyecto al agua lo que es del agua, al suelo lo que es del suelo
Quizá el mayor logro sea haber demostrado que una iniciativa local puede ser retomada e impulsada por un sector importante de la sociedad civil mexicana.
Que los objetivos enunciados han sido cumplidos, y que debido al éxito del mismo el proyecto continúa. Las solicitudes recibidas para formar equipos técnicos competentes que apoyen iniciativas populares en varias partes del país reflejan los resultados de esta propuesta.
El proyecto ha interesado a investigadores de México, de Suecia y de España; se han realizado estudios de laboratorio para determinar la calidad del producto de los sanitarios secos, en su aspecto bacteriológico (excremento) y como nutriente del suelo (orina).
El proyecto ha mejorado las condiciones de vida de muchas familias (principalmente debido a la generación de empleos que se ha desprendido del proyecto); al ahorrar agua y evitar su contaminación también mejoran las condiciones ambientales y por consecuencia de vida.
Gracias a los ejemplos, el sanitario ecológico seco es promocionado por instancias gubernamentales del sector salud tales como el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de su Programa de Acción Comunitaria, la Secretaría de Salud en su plan de Municipios Saludables y la Comisión Nacional del Agua.
46
Muchas organizaciones de la sociedad civil de México han introducido en sus programas de ecología el tema del sanitario ecológico, y han conseguido financiamientos para implementar programas de instalación y capacitación.
Resulta particularmente relevante que en el estado de Morelos hayan crecido los presupuestos públicos para instalar sanitarios secos y disminuido sustancialmente los presupuestos destinados a la construcción de drenajes.
Los usuarios de sanitarios secos han cambiado radicalmente su relación con el agua. Adaptado de www.habitat.aq.upm.es/dubai/00/
Una de las principales controversias del empoderamiento otorgado a la
ciudadanía a través de OSCs estriba en que la mayoría de estas organizaciones
dependen de fondos externos para subsistir. La pregunta que surge es, ¿hasta
que grado pueden las OSCs brindar una alternativa de empoderamiento real que
no termine al mismo tiempo que los fondos que les fueron otorgados se agoten? Si
bien es cierto que, en teoría, las funciones que realizan las OSCs deben de
aportar una perspectiva imparcial acerca de temas como educación o desarrollo,
también es cierto que en países como México muchas de estas organizaciones
operan con recursos públicos los cuales son otorgados a través de convocatorias
expedidas por instancias gubernamentales.
La presencia de las autoridades ¿necesaria para legitimar los procesos participativos?
Una de las principales controversias que surgen a raíz del modelo de
empoderamiento presentado anteriormente tiene que ver con el rol que juegan las
autoridades para legitimar los procesos, sobretodo los de auto-empoderamiento.
Mientras que la mayoría de los mecanismos de participación lucen amparados
bajo legislaciones que delimitan las responsabilidades y las capacidades de
autoridades y ciudadanos, los esquemas de auto-empoderamiento no se
instrumentan en un entorno claro que delimite sus alcances. Cuando se dan casos
como algunos de los presentados en este capitulo, especialmente los relacionados
a la manera en que organizaciones vecinales informales o bien a que los
caracoles en Chiapas buscan su legitimación, surge la pregunta de determinar
hasta que grado es necesaria una intervención gubernamental en cualquier
47
mecanismo de participación ciudadana que se implemente; principalmente debido
a que siendo realistas luce difícil que mecanismos de participación ciudadana
alcancen altos niveles de empoderamiento sin la participación de las autoridades.
Es decir, aunque las organizaciones gocen de altos niveles de empoderamiento
interno, (como en apariencia lo son las organizaciones zapatistas) esto de ninguna
manera garantizará que dicho empoderamiento se manifieste hacía afuera de las
mismas.
¿Es posible empoderar desde afuera?
A raíz de lo antes mencionado aparece la duda por determinar si el
“empoderamiento externo” que pretenden otorgar muchas organizaciones,
operando al margen de aparatos institucionales, será funcional desde esa
posición. Si bien es cierto que presentamos ejemplos en los cuales los
ciudadanos aparecen aparentemente empoderados por sus acciones desde
afuera del poder institucional también tenemos que tomar en cuenta que los
procesos de empoderamiento abarcan una serie de pasos en los cuales
aparentemente la institucionalidad será una cuestión muy importante a considerar.
Pongamos el ejemplo de una OSC que no opere con recursos oficiales, llega a un
poblado, imparte talleres y se va de la comunidad. Si bien es cierto que otorga
herramientas a la comunidad en la que se encontraba trabajando para que la
misma se supere, también es cierto que el rol de las autoridades será clave para
determinar el éxito o fracaso del mismo. Ya que las autoridades pueden
obstaculizar la labor de cualquier proyecto que venga “de afuera” a tratar de
cambiar las condiciones prevalecientes en determinada comunidad.
¿Mientras más mejor?
Se tiene la percepción de que los mecanismos de participación deben de
estar siempre saturados, es decir, con altos niveles de participación. Sin embrago,
hay que ser realistas y estar consientes que la mayoría de los mecanismos de
participación no estarán así debido a que la gente, generalmente, sólo participa
cuando determinadas decisiones le afectan. Los ejemplos presentados
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anteriormente nos demuestran que un ejercicio de participación ciudadana no
requiere de grandes cantidades de ciudadanos para llevarse a cabo. Si bien es
cierto que las autoridades siempre buscarán que mucha gente participe en dichos
mecanismos, con el objetivo de darle más legitimidad a los procesos que
organizan; también es innegable que las decisiones que de ahí emanen no
tendrán un impacto en las políticas que ellos implementen, o por lo menos los
casos presentados anteriormente es lo que demuestran. Percibimos que la función
de los mecanismos de participación debe ser la de convertirse en instancias a las
cuales los ciudadanos puedan acudir cuando tengan algún problema que les
afecte y se deben de transformar en foros que sí tengan un efecto en la manera en
que las políticas públicas se llevan a cabo.
Perspectivas a futuro
El modelo aquí desarrollado demuestra que es difícil establecer una
medición exacta o única del empoderamiento otorgado cuando la gente participa
en mecanismos de participación ciudadana en nuestro país. A pesar de que
intentamos delimitar tres zonas de empoderamiento, la realidad de los casos nos
dice que habrá una constante fluctuación de acciones que se traducirá en el paso
de una zona a otra. En los ejemplos presentados comprobamos que mecanismos
aparentemente empoedradores resultaron en un empoderamiento ciudadano nulo,
esto aún y cuando formaban parte de legislaciones de partición en los cuales se
presentan como empoderadores. El empoderamiento en México parece ser
controlado celosamente por las autoridades y sólo otorgado cuando no afecta a
los intereses de los gobernantes; a su vez ha sido utilizado para decidir cuestiones
que tienen un impacto menor en el entorno en el cual se instrumentan.
Aparentemente la implementación de mecanismos de participación ciudadana los
ha convertido en meros “legitimadores” en procesos donde se utiliza a los
ciudadanos como meros “sujetos de legitimación” para asuntos que la mayoría de
las veces son intrascendentes. De ninguna manera pretendemos decir que el
modelo aquí presentado está concluido, tendrá que irse adecuando a los
49
diferentes cambios de legislaciones participativas o bien de prácticas de
participación que se vaya realizando en el espectro democrático mexicano.
Siete puntos a considerar para la implementación de mecanismos de participación ciudadana.
Con base en lo discutido anteriormente, en esta sección presentaremos
siete puntos que, a juicio del autor, deben de ser tomados en cuenta - y
perfeccionados - al momento que se pretendan implementar mecanismos de
participación ciudadana (permanentes o no-permanentes) a nivel local. La
propuesta abarca cuestiones que van desde lo que entienden los ciudadanos y las
autoridades por mecanismos de participación ciudadana hasta otras que hacen
énfasis en la importancia por tener sesiones deliberativas verdaderamente
democráticas.
A raíz del análisis de diversas prácticas participativas, hemos identificado
que la realidad de la participación ciudadana no será necesariamente como
algunos teóricos de la democracia participativa nos pretenden hacer. Es decir, que
la participación a nivel local sólo tiene aspectos positivos que contribuyen a una
mejor formación de los individuos y sobretodo a un proceso educativo que dará
como resultado mejores ciudadanos (ver Mill 1963, Rousseau 1968, Barber 1984 y
Phillips 1996). Más bien, lo que hemos identificado, es que al momento de querer
implementar prácticas participativas no todo es tan color de rosa como parece. Ya
que existen una serie de limitaciones que debemos de tomar en cuenta. Son
situaciones que van desde determinar si la gente va a querer participar o no, hasta
encontrar la definición de participación que deberá de prevalecer (ver Keim 1975,
Graham 1986, Gould 1988, Sartori 1997, Eckstein 1969 y Held 1997). Las
cuestiones que se presentarán a continuación son los problemas más comunes
identificados a la hora de llevar a la práctica cuestiones participativas.
50
a) ¿Qué entienden las autoridades por Participación Ciudadana?
Este es uno de los problemas principales encontrado en diversas
investigaciones, ya que al parecer las diferencias entre lo que piensan los
ciudadanos y las autoridades, referente a los alcances y limitaciones de las
políticas participativas, son abismales. Mientras que para muchas autoridades
cualquier mecanismo de participación ciudadana –ya sea un comité vecinal o
implementar un referéndum– es visto como algo democrático y positivo para el
desarrollo de los ciudadanos, en muchas ocasiones ha quedado comprobado que
dichas prácticas no operarán necesariamente como mecanismos de participación
ciudadana, sino que perseguirán otros fines (ver Zermeño 2004). Podemos
establecer que las confusiones comienzan desde el significado que cada
administración le otorga al término participación ciudadana; el cual puede versar
desde asistir a una reunión, hasta ser tomado en cuenta para una decisión de
índole gubernamental. Es decir, no existe un criterio único que prevalezca entre
toda la gama de mecanismos de participación ciudadana que se implementan en
nuestro país.
Otros puntos importantes a considerar tienen que ver con el
desconocimiento de las leyes o reglamentos de participación ciudadana, o bien
con la creación de legislaciones que sean ventajosas para las autoridades y que
en realidad no le otorguen poder de decisión a los ciudadanos. Sobretodo al
momento de realizar consultas ciudadanas, la gente deberá de estar muy al
pendiente de la manera en la cual se haya organizado la consulta. A veces los
gobernantes creen que con un determinado número de participantes (aunque no
sea necesariamente la mayoría), quedará justificada la decisión que ellos crean
que les favorecerá más a sus gobernados. Muchas veces la determinación de un
gobernante por realizar una consulta puede estar sustentada en el hecho de
querer legitimar una decisión que ya fue tomada con anterioridad, pero que sin
embargo requiere un supuesto sustento popular que ratifique determinado
proceder. Habiendo analizado diferentes mecanismos de participación en varios
estados del país, pareciera que lo único que importa para las autoridades es que
51
se sepa que ellos son muy democráticos, independientemente de la manera en la
cual dichas prácticas se lleven a cabo, y sobretodo, sin tomar en cuenta si los
ciudadanos se beneficiaron o no.
b) Actitud de las Autoridades
La actitud que tomen las autoridades durante la implementación de
cualquier mecanismo de participación ciudadana puede ser crucial para
determinar el éxito o el fracaso de los mismos. Por ejemplo, en Barcelona, la
participación ciudadana a lo largo de los años ha tendido a decrecer debido a la
actitud tomada por las autoridades a cargo de la agenda participativa (Berkeley
2002). Tres son las causas atribuidas a este fenómeno:
1) Debido a que la mayoría de los proyectos discutidos en dichos foros provienen de arriba (es decir de las autoridades).
2) Debido al protagonismo mostrado por los grupos al frente de estos consejos.
3) Debido a relación de los partidos políticos con asociaciones y movimientos de la sociedad civil.
Si la autoridad asume un papel arrogante ante sus gobernados, es muy
probable que como se dice comúnmente se eche encima a la gente. Comenzando
por la manera en que la agenda sea fijada, la duración de las sesiones, la manera
en que se lleven al cabo las deliberaciones, los procesos de debates y finalmente
las votaciones; el rol de las autoridades y sobretodo la actitud con la que lleven al
cabo dichos procesos contribuirá para atraer o ahuyentar al publico en general y a
las organizaciones de la sociedad civil que tomen parte en estos foros.
Un punto que no hay que olvidar es que inevitablemente surgirá gente de
diversos sectores que buscara como se dice comúnmente jalar agua para su
molino e influenciar determinadas decisiones que se tomen al interior de las
herramientas participativas implementadas por esa administración. Empresarios,
líderes de partidos políticos, líderes de organizaciones sociales, caciques locales y
muchos otros actores intervendrán en estos procesos buscando beneficiarse de
las decisiones de ahí emanadas (ver Flores 2002). Es aquí donde las autoridades
52
jugarán un papel primordial, ya que dependiendo de la manera en que manejen
estos conflictos, surgirán instituciones participativas fortalecidas o bien se
mantendrán operando instituciones de participación sin un respaldo ciudadano
explícito. De acuerdo a Fishkin (1991) es recomendable que las autoridades que
coordinen estos mecanismos asuman un rol conciliador más que protagónico de
las deliberaciones. Ya que como en Barcelona, el favoritismo hacia ciertas
organizaciones o personas, puede ser perjudicial para alcanzar los objetivos
fijados en la agenda, y a su vez, la función de estos instrumentos de debate
ciudadano se desvirtuaría.
Finalmente, una cuestión que se tiene que tomar en cuenta es el hecho que
si el espacio de participación no cuenta con un apoyo explicito de las autoridades,
entonces será muy probable que se convierta meramente en un espacio
informativo más que verdaderamente participativo, y aun más, empoderador. Si
bien es cierto que se pueden desarrollar prácticas participativas lideradas
solamente por ciudadanos y sin el apoyo especifico de las autoridades, ha
quedado demostrado que en muchas ocasiones, estos foros sólo funcionaran
como meros mecanismos de participación hacia adentro, es decir que su impacto
hacia el exterior será mínimo, ya que estará inevitablemente acotado por lo que
las autoridades decidan. Sobretodo en entornos como el mexicano, esto ha
probado ser una realidad, ya que la manera jerárquica en la que operan las
autoridades locales no permite que exista cualquier otro tipo de práctica
participativa que pudiera representar una amenaza para el control ejercido por la
autoridad formal.
c) Líderes informales -vs- organizaciones que operan bajo la ley
Uno de los mayores problemas encontrado cuando se han implementado
mecanismos de participación ciudadana, especialmente en entornos como el
mexicano, tiene que ver con el peso que líderes informales juegan en la política
local. A pesar de que el principio de la mayoría de los mecanismos de
participación ciudadana ha sido el de terminar con prácticas de tipo clientelar, la
realidad nos dice que en muchas situaciones los gobernantes prefieren tratar con
53
este tipo de organizaciones informales en lugar de buscar soluciones con las
organizaciones operantes bajo un marco legal participativo (Flores 2005). Este
punto está ligado al punto b) expuesto anteriormente, ya que la actitud de las
autoridades se convierte en un factor determinante para otorgarle legitimidad a las
nacientes organizaciones (ej. comités vecinales) operando bajo un marco legal
que irónicamente las mismas autoridades han establecido.
Las disputas entre líderes informales y organizaciones que operan bajo el
marco legal imperante es un elemento a considerar especialmente en barrios,
vecindarios o zonas donde se mezclan poblaciones con características rurales y
urbanas que no cuentan con servicios básicos como agua, drenaje o electricidad y
donde la necesidad de un gestor parecería ser determinante. La triste realidad de
la política local mexicana nos permite validar que actualmente continúan operando
a nivel local un buen número de líderes informales que, sin importar el partido en
el poder, continúan haciendo de las suyas a cambio de favores políticos u otro tipo
de retribuciones (ver Flores 2005). Este tipo de arreglos ha puesto en entredicho la
viabilidad de continuar difundiendo leyes de participación o prácticas participativas
que al intentar ser impulsadas en un entorno como el mexicano lucen
completamente fuera de todo contexto.
d) Crear expectativas muy altas
Está comprobado que al inicio de cualquier programa de participación, la
gente tomará parte de manera entusiasta y que sus propuestas serán abundantes
(ver Phillips 1996). Sin embargo, si lo que la gente aporta en dichos foros no es
tomado en cuenta por la autoridad, entonces vendrá el descontento, la desilusión y
la apatía a participar (ver Barkeley 2002). En varios casos se ha comprobado que
si los ciudadanos que toman parte en cualquier mecanismo de participación
ciudadana ven que lo que ellos discuten en estos foros no es tomado en cuenta
para futuras decisiones de gobierno, o bien que el impacto de sus discusiones no
es inmediato, entonces la población le reclamará al gobernante en turno el
54
incumplimiento de lo prometido. Un resultado más triste, sería el de comprobar
que la gente, principalmente por el incumplimiento de innumerables promesas, ya
no se interese más por participar en las cuestiones que afecten su entorno. Tal y
como sucedió en el DF cuando se instrumentó la Ley de Participación Ciudadana
de 1998 y con la cual se pensaba que todos las prácticas clientelares iban a
finalizar con la primera administración de oposición democráticamente electa. Sin
embargo, este deseo quedó en meros buenos propósitos, ya que la mayoría de los
líderes operando a nivel local sólo se cambiaron de camiseta para continuar con
las prácticas de antaño. Las expectativas creadas en torno a la legislación fueron
desproporcionadas, sobretodo tomando en cuenta que la mayoría de las prácticas
de participación incluidas en la misma no se les otorgaba el carácter vinculatorio,
algo determinante cuando se implementan mecanismos de participación
ciudadana. Podemos decir que la mayoría de las prácticas de participación
llevadas a cabo dentro de los espacios contemplados en la Ley de Participación
Ciudadana del DF se transformaron en espacios meramente informativos, sin
ningún poder real en los procesos de toma de decisiones a nivel local.
e) Falta de Información
Este es uno de los mayores problemas que las autoridades enfrentan
cuando buscan implementar mecanismos de participación ciudadana. Si los
ciudadanos desconocen lo que es un foro participativo, cuáles son sus principales
funciones dentro de este foro, la periodicidad de las reuniones y los temas a tratar,
entonces se percibe difícil que la agenda participativa y que los mecanismos de
participación ciudadana per se adquieran la relevancia otorgada en papel. Es
responsabilidad de las autoridades encargadas de la agenda participativa
comunicar a la población los reglamentos (o leyes) internos de cada mecanismo
de participación ciudadana, sus alcances hacía afuera, la periodicidad de las
reuniones, y sobretodo los temas a tratar. Se recomienda que la población sea
informada de cada reunión al menos con 7 días de anticipación de cada reunión o
consulta. La distribución de panfletos a domicilio o bien vía correo electrónico se
55
ha convertido en una importante herramienta para informar a la comunidad de las
fechas de cada encuentro ciudadano.
En diversas experiencias participativas se ha recomendado que para tener
un contacto constante con la ciudadanía, se desarrolle un portal participativo de
internet donde la ciudadanía podría revisar los temas a discutir en cualquier foro
participativo, además de las fechas y lugares de cada reunión. Inclusive aquí
también se podrían publicar fotos digitales para revisar el estado actual de las
diversas obras que hayan sido deliberadas en los foros participativos.
f) Problemas prácticos de los Mecanismos de Participación Ciudadana 1) La partidización de las estructuras de participación
A pesar de que en principio los mecanismos de participación ciudadana
estarán compuestos por organizaciones apartidistas o por ciudadanos sin algún fin
en particular, en experiencias anteriores se ha comprobado que muchos de estos
foros se han convertido en lugares de debate donde organizaciones neutrales han
terminado expresando su simpatía por algún partido u organización política (ver
Flores 2005). La politización o partidización de herramientas participativas es algo
a lo que muchas autoridades le temen; sin embargo, y basado en lo sucedido en
otros países, quizá a veces es mejor aceptar que habrá organizaciones que
tengan preferencias partidistas y que esto no impedirá que dichos grupos puedan
aportar propuestas que puedan beneficiar a el resto de sus conciudadanos.
2) La cantidad de participantes
Un segundo problema identificado es la falta de participación en algunos
espacios de participación (valga la redundancia). De acuerdo a Goertzel, “es más
fácil solicitar la participación de los ciudadanos en casos de emergencia que para
discutir problemas cotidianos” (Goertzel 2002). A pesar de que las autoridades
busquen que la ciudadanía tenga una voz en determinadas decisiones de
56
gobierno, es evidente que los mecanismos de participación ciudadana creados por
cualquier administración no siempre estarán saturados de participantes. Se puede
decir que las herramientas de participación ciudadana se convierten en foros
donde la ciudadanía solo hará uso de ellos cuando algún problema que ahí se
discuta les afecte de manera directa. Los foros participativos, en muchos casos, se
convierten en una especie de mecanismo de defensa ante decisiones unilaterales
tomadas por cualquier administración.
3) Objetividad en prácticas no permanentes de participación
En tercer lugar tenemos a la objetividad que se debe de buscar cuando se
le solicita a la gente su participación para un plebiscito o un referéndum. Este
punto se liga directamente a la manera en la cual muchas autoridades piden la
intervención de expertos en determinado tema para que participen en foros
previos a la consulta. La objetividad a la que se hace referencia se relaciona a la
manera en que los puntos a favor o en contra de determinada cuestión sean
presentados ante la opinión pública; ya que en muchas ocasiones estos procesos
han estado cargados para favorecer una decisión, que en la mayoría de los casos
es la que luce como la más lógica para beneficiar los intereses de la
administración en cuestión.
4) Igualdad en la deliberación
Finalmente, habrá que estar muy pendientes de la forma en la cual se
lleven a cabo las deliberaciones dentro de las estructuras de participación creadas
para dichos fines. Debido a que ha quedado demostrado (ver Davies 2006) que en
muchas ocasiones estas deliberaciones no son del todo democráticas e
incluyentes. Partiendo de la manera en que la convocatoria para las reuniones sea
realizada y continuando con la participación de grupos dominantes que pudieran
apoderarse de la manera en la cual se realicen las discusiones. Se percibe que el
papel de las autoridades, o bien los facilitadores, es crucial para garantizar
57
espacios de participación en los cuales todos los copartícipes tengan las mismas
oportunidades de participar e incidir en las decisiones que emanen de los espacios
de interacción ciudadana.
g) Los Costos de la Participación Ciudadana
Ligado al tema de los costos de la participación ciudadana, se identifican
tres principales: los costos medidos en tiempo, los costos en términos económicos
y los costos políticos.
1) Costos medidos en tiempo Relacionado al tiempo existen dos grandes problemas que pueden afectar
directamente la manera en que los mecanismos de participación ciudadana se
implementen. Primeramente el tiempo que duren las deliberaciones. Hay que
tomar en cuenta que las personas que participen en dichos foros tienen otras
preocupaciones en mente y que participar en estas sesiones es un extra de sus
actividades cotidianas. La fluidez con la que los debates se lleven al cabo será
determinante para atraer o ahuyentar a organizaciones y ciudadanos. El segundo
aspecto tiene que ver con el tiempo que tarden las autoridades en llevar al cabo
las decisiones que se tomen en dichos foros. Si la gente se da cuenta que lo que
se discute en estos foros es ignorado por las autoridades, o bien, pasa mucho
tiempo entre lo discutido y las acciones emprendidas, entonces, el costo medido
en tiempo que la ciudadanía espere se puede convertir en costo político para las
autoridades.
2) Costos en términos Económicos
Adicional a los costos en tiempo, también hay que considerar los costos
económicos que la implementacion de mecanismos de participación ciudadana
acarrea. Por ejemplo, la consulta implementada por el Jefe de Gobierno del DF
para determinar si se construía o no un segundo piso en el periférico de la capital
de la República tuvo un costo de 48 millones de pesos. Para ser más precisos,
costó 114 pesos por cada uno de los 420,522 ciudadanos que participaron en la
consulta (ver La Jornada 24/9/2002). Medidas como esta pueden ser criticadas por
58
los partidos de oposición, (así como por los ciudadanos) principalmente debido a
los montos que se manejan para una decisión que quizá, muy probablemente,
haya sido tomada con anterioridad. Es decir, que se organizó una consulta de 48
millones para aparentar ser una autoridad abierta a la participación ciudadana.
Quizá se pueda justificar el hecho que se consultara una cuestión que iba a
afectar, sobretodo el tráfico vehicular y las rutas de muchos ciudadanos, pero
teniendo un poco de sentido común sería fácil buscar alternativas para no ejercer
semejante suma de recursos. Sin embargo, habrá quien diga que se justifica el
gasto al momento que la obra no encuentra oposición por parte de la población y
que a la larga sale más barato consultar que comenzar una obra y después tenerla
que cancelar o posponer.
3) Costos Políticos
Los costos políticos de la implementación de mecanismos de participación
ciudadana pueden llegar a ser muy elevados para las autoridades cuando estas
no siguen ciertos parámetros. Es vital para cualquier gobierno el sensibilizarse
para saber cuales son los temas que le afectan más directamente a la ciudadanía
y no solo consultar por consultar. Cuando un gobierno hace mal uso de los
mecanismos de participación ciudadana lo más probable que suceda es que la
ciudadanía pierda todo el interés por participar en estos foros. Por otra parte, si la
ciudadanía percibe que cada vez que participa en estos mecanismos hay una
respuesta inmediata de lo que se discutió, entonces estos mecanismos se
fortalecerán y por lógica el gobernante en turno también.
Los siete puntos aquí enunciados, sin pretender ser enteramente normativos, sí
buscan contribuir a la reflexión – y porqué no al perfeccionamiento- de la manera
en la cual se implementan los mecanismos de participación actualmente. De
ninguna manera podemos afirmar que los aspectos introducidos son los únicos
que deben de ser tomados en cuenta, más bien lo que se pretende es continuar
analizando y desarrollando parámetros que nos permitan enriquecer las
59
discusiones relacionadas con la instrumentación de las prácticas participativas a
nivel local.
Conclusión Cada una de las secciones introducidas en este documento busca despertar el
interés por analizar el tema de la participación ciudadana y sus diferentes
vertientes a mayor profundidad. Son aspectos que cobran relevancia en una
época en la cada vez se promueve más insistentemente una interacción entre
ciudadanos y gobernantes. Las cuestiones de democracia participativa aquí
presentadas funcionan como las “bases teóricas” en las que se han fundamentado
diferentes esquemas de participación y es por eso que en este documento
quisimos resaltar sus principales fortalezas y debilidades. La parte medular del
trabajo es la que tiene que ver con el empoderamiento. Un concepto que ha ido
adquiriendo adeptos en nuestro país, pero que en muchas ocasiones no
necesariamente es interpretado de manera adecuada por aquellos que se
vanaglorian de participar o promover procesos de este tipo. El empoderamiento se
convierte entonces en un elemento que inevitablemente estará ligado de manera
permanente a cualquier mecanismo de participación ciudadana; ya que la
realización de cruces entre el empoderamiento prometido y el poder real
alcanzado por aquellos ciudadanos que intervinieron en dichos procesos será una
constante a considerar. Las tres zonas de empoderamiento (zero,
autoempoderamiento e institucionalizado) introducidas aquí le dan una percepción
más tangible a los procesos de participación y contribuyen a facilitar la medición
del empoderamiento adquirido por los ciudadanos. Es importante recalcar que la
tipología introducida aquí - para medir el empoderamiento ciudadano - de ninguna
manera se puede decir que está concluida, es un instrumento que deberá de irse
adecuando a los cambios que vayan sufriendo las estructuras participativas y las
prácticas de participación ciudadana de nuestro país.
Otra contribución de este trabajo esta relacionada a la búsqueda por una mejor
implementación de los mecanismos de participación llevados a cabo en el entorno
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mexicano. Si bien es cierto que los siete elementos introducidos no son los únicos
a considerar, si nos dan una idea de las principales dificultades que se pueden
enfrentar al momento de llevar a cabo agendas participativas.
Los temas cubiertos en este ensayo buscan contribuir al debate de la participación
ciudadana que actualmente se lleva a cabo en nuestro país. El contenido aquí
enunciado no sólo está dirigido para aquellos encargados de implementar las
políticas de participación, sino también para todos aquellos miembros del tercer
sector o académicos interesados en dicho tema.
61
Referencias
Alonso, J. (2004) Caracoles y Buen Gobierno: Nueva Etapa del Zapatismo Revista Envío No. 260 Noviembre del 2003. Antillón, X. (2004) Caracoles y Juntas de Buen Gobierno ¡Feliz Cumpleaños! en Revista Envío No. 270 Septiembre del 2004. Altshuler, (1970) Community Control New York Bobbs Merrill. Arblaster, A (1986) Democracy Open University Press. Arnstein, S. (1971) ‘A Ladder of Citizen Participation in the USA’ Journal of Town Planning Institute Vol. 57 No. 4 pp. 176-182. Arzaluz Solano, S (2004) Experiencias de Participación ciudadana en municipios metropolitanos del Estado de México y Nuevo León en Ziccardi A. (Coord) Participación Ciudadana y Políticas Sociales en el Ambito Local UNAM Instituto de Investigaciones Sociales México, DF. Bachrach, P. (1975) ‘Interest, participation and democracy’ in Pennock and Chapman (eds) Participation in Politics Lieber Atherton NY. Barber, B. (1984) Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age Berkeley Ca. University of California Press. Bailey, D. (1992). Using participatory research in community consortia development and evaluation: lessons from the beginning of a story. American Sociologist, 23 (4), 71-82. Benello, C. and Roussopoulos, D. (1971) The Case for Participatory Democracy The Viking Press NY. Bevan, A. (1978) In Place of Fear London Quertet Books. Blakeley, G. (2002) ‘Decentralization and Citizen Participation in Barcelona’ in Mclaverty (ed) Public Participation and Innovations in Community Governance Ashgate Publishing Limited UK. Cabrero E. (1996) La Nueva Gestión Municipal en México. Análisis de experiencias innovadoras en gobiernos locales Miguel Angel Porrúa CIDE México. Cazés, D. (1998) La Perspectiva de Género. Guía para diseñar, poner en marcha, dar seguimiento y evaluar proyectos de investigación y acciones públicas y civiles. Consejo Nacional de Población México, DF. Clarke, J. (1991) Democratising Development: The Role of Voluntary Organisations Earthscan London. Cook, T. and Morgan, P. (1971) Participatory Democracy Canfield Press. Cowley, J. (1977) Community or Class Struggle Stage I. Crick, B. (1970) ‘Foreword’ in Hampton (ed) Democracy and Community Oxford Community Press. Cunill, N. (1991) Participación Ciudadana Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) Caracas.
62
Dahl, R. (1985) A preface to Economic Democracy Cambridge Polity Press. Davies, J. (2006) ‘The limits of partnership: an exit-action strategy for local democratic inclusion’ Paper presented at the XXXVI Annual Meeting of the Urban Affairs Association Montreal, Canada. Eckstein, H. (1966) A Theory of Stable Democracy Princeton University Press. Fishkin, J. (1991) Democracy and Deliberation: New Directions for Democratic Reform Yale University Press. Flores, A. (2002) ‘Tlalpan Neighbourhood Committees: A True Participatory Option?’ In Mclaverty (ed) Public Participation and Innovations in Community Governance Ashgate Publishing Limited UK. Flores, A. (2005) Local Democracy in Modern Mexico: A study in Participatory Methods Arena Books, UK. Font, J. (2001) Local Participation. Beyond Associative Democracy Paper Presented at the Conference entitled Developments in Public Participation and Innovations in Community Governance Autonomous University of Barcelona June 2001. Font, J. (2004) Participación Ciudadana y Decisiones Públicas: Conceptos, Experiencias y Metodologías en Ziccardi A. (Coord) Participación Ciudadana y Políticas Sociales en el Ambito Local UNAM Instituto de Investigaciones Sociales México, DF. Foweraker, J. (1990) ‘Popular Organisation and Institutional Change’ in Foweraker, J and Craig A. (Eds) Popular Movements and Political Change in México Lynne Rienner Publishers US pp. 43-59. Fromm, E. (1963) The Sane Society Routledge and Kegan Paul. Galjart, B. (1995) ‘Counter-development: Possibilities and Constraints’ in Mayo, M. and Craig, G. (eds) Community Empowerment Zed Books LTD London. Gastil, J. (1993) Democracy in Small Groups New Society Publishers Philadelphia, PA. Gitlin, T. (1970) ‘The Radical Potential of the Poor’ In Teodori M. (ed) The New Left CAPE. Goertzel, T. (2002) Fernando Enrique Cardoso e a reconstruçāo da democracia no Brasil São Paulo: Saraiva Goodman, E. (1969) The Impact of Size Action Society Trust. Gould, C. (1988) Rethinking Democracy Cambridge University Press. Graham, K. (1986) The Battle of Democracy Wheatshef Books LTD. Greaves, B. (1976) ‘Communities in Power’ in Hain (ed) Community Politics JOHN CALDER. Green, P. (1970) ‘Decentralisation, Community Control and Revolution: Reflections on Ocean-Brownsville’ in Green and Levinson (eds) Power and Community New York Random House. Haber, P. (1997) Vamos por la Dignidad de Durango! Un estudio del Poder Sociopolítico in Sergio Zermeño (ed) Movimientos Sociales e Identidades Colectivas Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades de la UNAM México. Hain, P. (1980) Neighbourhood Participation Temple Smith London.
63
Hall, S., Critcher, C., Jefferson, T., Clarke, J. Roberts, B. (1978) Policing the Crisis London Macmillan. Hart, D. (1972) Theories of Government Related to Decentralization and Citizen Participation Public Administration Review, Vol. 32, Special Issue: Curriculum Essays on Citizens, Politics, and Administration in Urban Neighborhoods pp. 603-621 Held, D (1997) Models of Democracy Polity Press. Keim, D. (1975) ‘Participation in Contemporary Democratic Theories’ in Pennock and Chapman (eds) Participation in Politics Lieber Atherton NY. Kotler, M. (1969) Neighbourhood Government The Bobbs Merrill Company Inc.. Lasch, C. (1970) The Agony of the American Left Deutsch. Lipset, S. M. (1963) Political Man New York Doubleday. Lind, S. (1972) ‘The New Radicals and Participatory Democracy’ in Teodori (ed) The New Left CAPE. Macpherson, C.B. (1977) The Life in Times of Liberal Democracy Oxford University Press. Martínez-Assad, C. (2004) La Participación Ciudadana en Ziccardi A. (Coord) Participación Ciudadana y Políticas Sociales en el Ambito Local UNAM Instituto de Investigaciones Sociales México, DF. Mill, J.S. (1910) Representative Government Everyman. Mill, J.S. (1963) Essays on Politics and Culture Himmelfarb G. (Ed) NY. Monnikhof, R. (2001) Experiences with local public participation in the Netherlands: the IPP approach Paper Presented at the Conference entitled Developments in Public Participation and Innovations in Community Governance Autonomous University of Barcelona June 2001. Núñez González, O. (1990) Innovaciones democrático-culturales del movimiento urbano popular UAM-México. Page, N. and Czuba, C. (1999) ‘Empowerment: What is it?’ Journal of Extension Volume 37 No. 5 Parry, G., Moyser, G. and Day, N. (1992) Political Participation and Democracy in Britain Cambridge University Press. Pateman, C. (1970) Participation and Democratic Theory Cambridge University Press. Pateman, C. (1985) The Problem of Political Obligation, A Critique of Liberal Theory Cambridge Polity. Phillips, A. (1996) ‘Why does local democracy matters?’ in Local Democracy and Local Government Pratchett, L. and Wilson, D. (eds) Macmillan Press LTD. Pierson, C. (1986) Marxist Theory and Democratic Politics Cambridge Polity Press. Piven, F. and Cloward, R. (1971) Regulating the Poor New York Patheon.
64
Putnam, R. (1993) Making Democracy Work Princeton University Press. Ramírez Saiz, J. (2000) ‘Instituido e Instituyente: Los Actores de la Innovación Política en México’ en Ramírez Saiz, J. and Regalado, J. (eds) Cambio Poíitico y Participación Ciudadana en México Universidad de Guadalajara México.
Rapport, J. (1984). Studies in empowerment: Introduction to the issue. Prevention in Human Services, 3, 1-7.
Rousseau, J. (1968) The Social Contract Harmondsworth Penguin.
Rowlands, J. et al (2000) Women and Power: Fighting Pariarchy and Poverty. Zed Books Sartori, G. (1962) Democratic Theory Wayne University Press, Detroit. Sartori, G. (1997) Que es la Democracia? Editorial Patria México. Schumpeter, J. (1943) Capitalism, Socialism and Democracy Geo. Allen and Unwin London. Sorensen, G. (1998) Democracy and Democratisation Westview Press. Stoker, G. (1996) ‘Redefining Local Democracy’ in (Eds) Pratchett, L. and Wilson, D. Local Democracy and Local Government Macmillan Press LTD. Sydney, V. et al (1988) Voice and Equality, Civic voluntarism in American Politics Harvard University Press Cambridge Massachusetts Tavera-Fenollosa, L (1999) ‘The Movimiento de Damnificados: Democratic Transformation of Citizenry and Government in México City’ in Cornelius, W; Eisenstadt, T and Hindley, J. (eds) Sub-national Politics and Democratisation in México Centre for US-Mexican Studies University of California, San Diego. Weil, S. (1958) Oppression and Liberty Routledge and Kegan Paul. Wolman, H. (1995) ‘Local Government Institutions and Democratic Governance’ in Judge D., Stoker, G. and Wolman, H. (eds) Theories of Urban Politics London Sage Zermeño, S. (2004) La Desmodernidad Mexicana Editorial Océano México, D.F. Ziccardi, A. (2004) Espacios e Instrumentos de Participación Ciudadana para las Políticas Sociales en el Ambito Local en Ziccardi A. (Coord) Participación Ciudadana y Políticas Sociales en el Ambito Local UNAM Instituto de Investigaciones Sociales México, DF. Ziccardi, A. (1998) Gobernabilidad y Participación Ciudadana en la Ciudad Capital UNAM Instituto de Investigaciones Sociales México, DF.
Zimmerman, M.A. (1984). Taking aim on empowerment research: On the distinction between individual and psychological conceptions. American Journal of Community Psychology, 18(1), 169-177. Periódicos El Norte 6/9/1998. El Norte 7/9/1998.
65
El Norte 1/1/2002. El Norte 20/1/2002. El Norte 15/1/2002. El Norte 20/1/2002. La Jornada 1/2/2001. La Jornada 24/09/2002. Reforma 22/03/2002. . Websites World Bank (2004) The World Bank www.worldbank.org. www.habitat.aq.upm.es/dubai/00/