TEMA DEL MES

18 de mayo 2013 • Número 68

Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver

Suplemento informativo de La Jornada

Lasarmas

delpueblo

18 de mayo de 20132

La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Me-dios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300.Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 5355-6702. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo número 04-2008-121817381700-107.

Suplemento informativo de La Jornada 18 de mayo de 2013 • Número 68 • Año VI

Armados–¿Y las leyes?

–¿Cuáles leyes Fulgor? La ley de ahora en adelante la vamos a hacer nosotros.

Juan Rulfo. Pedro Páramo

México está enfermo de violencia, dolencia que se agravó en la dé-cada reciente, cuando el gobierno quiso hacer frente al narco con es-

trategias de guerra y provocó una interminable masacre que entre 2006 y 2012 dejó más de 60 mil muertos y cerca de 300 mil desplazados. Y si a los caídos en la “guerra contra el crimen or-ganizado” se añaden las víctimas de homicidios dolosos, la cifra aumenta a cerca de 90 mil. Así en algo más de un lustro los afectados indirectos fueron del orden de 360 mil, entre ellos unas 24 mil viudas y cerca de 50 mil huérfanos.

“Regiones enteras de México están controladas por actores no estatales, como son las organiza-ciones multicriminales que han mutado de car-teles de la droga a motor de sociedades y econo-mías alternativas”, sostiene Howard Campbell. Esto ha llevado a expertos como John P. Sullivan a sostener que México es un “Estado fracasado”, que en muchas zonas ha sido sustituido por un “Estado criminal liberado” que ha establecido “soberanías paralelas”.

Pero en nuestro país el imperio de la violencia en un orden donde no rigen las leyes sino la fuerza sustentada en la combinación de poder econó-mico y dominación política formal e informal, son males antiguos. Con referencia a Guerrero, estado rijoso por excelencia, escribí hace 13 años:

“Guerrero bronco: despliegue de poderes discre-cionales que chocan entre sí y se ejercen median-te la violencia. Guerrero es una entidad violenta. No tanto porque allí falle la ley, sino porque una de las normas no escritas de su cultura política es que no importa contar con la razón o el derecho sino con la fuerza. En Guerrero los que mandan por la fuerza, por la fuerza se disputan el poder, y cuando los bocabajeados deciden sacudirse ese torpe mandato, casi siempre terminan apelando también a la fuerza, llave social por excelencia en un orden sustentado en el temor y el zarpazo. Demasiados guerrerenses mueren de pie. De-masiadas muertes airadas en un estado donde la muerte por punta filo o bala es muerte natural. Si es verdad que los matados no descansan, Gue-rrero es una inmensa congregación de muertos insomnes”.

En México el Estado de derecho no impera o impera bajo la forma de su interrupción, diría Giorgio Agamben. Es la nuestra una sociedad donde no por excepción sino por regla el orden se preserva o modifica mediante acciones desa-rrolladas al margen de la Ley por fuerzas extra-legales que sin embargo tienen imperio de ley. Esto incluye la añeja prepotencia caciquil y el terror impuesto por los carteles del narco, pero también la arbitrariedad con que el gobierno em-plea tanto su poder burocrático como la fuerza pública y el enriquecimiento ilícito consustan-cial a la cleptoburguesía mexicana. Prácticas metajurídicas que con frecuencia son violentas.

Y no se trata de anomia y violencia residuales, progresivamente sustituidas por el imperio de la legalidad. Al contrario, la violencia es creciente y en un asunto nodal como el narcotráfico tanto delincuentes como “autoridad” actúan al mar-gen de la Ley pues ni unos ni otros tratan a sus contrarios como ciudadanos con derechos sino como enemigos a exterminar.

La proliferación de autodefensas comunitarias armadas es la expresión más reciente de que entre nosotros no rifa el monopolio del Estado

sobre el sistema de justicia y sobre el uso legítimo de la violencia. O quizá que el Estado incluye –si no de jure, sí de hecho– instancias de autogobier-no local que en otra perspectiva aparecen como sociedad civil.

Desde 1994 en las zonas que estaban bajo control del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), después en los municipios autónomos y más tarde en las amplias regiones gobernadas por las Juntas de Buen Gobierno, los neozapatistas de Chiapas atienden por su cuenta las cuestiones de seguridad y justicia de decenas de miles de personas.

Un año después, el 15 de octubre de 1995, inte-grada por varios pueblos de la Montaña de Gue-rrero, se formó una Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que obede-ce a la Asamblea Regional, y de la que depende el Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria. Hoy con más de mil 200 policías que son electos públicamente por cada comuni-dad, procura seguridad a alrededor de 108 pue-blos, en los que se ha reducido la criminalidad hasta en un 95 por ciento.

A raíz del asesinado por el narco de Benjamín LeBarón y Luis Widmar Stubbs, en 2009 la co-munidad mormona de chihuahua decidió for-mar una autodefensa armada.

En mayo de 2011 en Tetela del Volcán se inte-gró el llamado Grupo Relámpago, formado por 200 personas, entre las que hay campesinos, comerciantes y profesionistas que protegen una región de Morelos, Puebla, Tlaxcala y Estado de México. Ese mismo año, también en Morelos, las comunidades de Ocoxaltepec, Jumiltepec y Zacualpan formaron grupos de autodefensa. Y lo mismo sucedió en Cherán, Michoacán, donde la comunidad se armó para defenderse de los tala-montes vinculados al narco; en el mismo estado hay experiencias semejantes entre nahuas de la costa, purépechas y mazahuas. En 2012, en la zona de Tantoyuca, Veracruz, se integró la Guar-dia Civil Huasteca.

A principios de enero de 2013, en la región de Costa Chica, cuatro comunidades agrupadas en la Unión de Pueblos y Organizaciones del Esta-do de Guerrero decidieron tomar las armas para defenderse del narco; en unos cuantos días de-tuvieron a 54 personas acusadas de delincuencia organizada, y para juzgarlas decidieron consti-tuirse en “tribunal popular”, aunque a la postre los entregaron a las autoridades del estado.

En Ayotitlán, Jalisco, se está tratando de confor-mar una vigilancia comunitaria, como parte de la Organización de la Policía Comunitaria de todo el estado.

Por otra parte, en las comunidades indígenas donde se mantiene el sistema de cargos, los topi-les o polecías sirven a su pueblo en funciones de seguridad y en algunas operan jueces indígenas.

Con base en una revisión periodística, José Gil Olmos calcula que en el país “hay más de 36 gru-pos de autodefensa ciudadana en ocho estados: 20 en Guerrero, cuatro en Michoacán, tres en Morelos, dos en Oaxaca, dos en Veracruz, dos en Chihuahua, dos en el Estado de México y uno en Jalisco”.

El asunto tiene historia. Excluyendo alzamien-tos programáticos, que sin embargo casi siempre tienen un elemento defensivo, las acciones de au-todefensa armada comunitaria fueron constantes durante la pasada centuria.

El gobierno de Díaz logró controlar la “anar-quía” decimonónica, y para el arranque del siglo XX Ejército federal, policías y Guardia Rural concentraban el armamento sofisticado. Pero la

Revolución rompió el monopolio: en una déca-da se armaron Madero, Zapata, Villa, Orozco, Carranza, Obregón… y también rebeldes regio-nales de diverso signo como Peláez en las Huas-tecas, Cedillo en San Luis Potosí, Fernández y Pineda en Chiapas…

De 1917 a 1923, Amaro buscó licenciar o incor-porar al Ejército Federal a decenas de miles de combatientes indeseables, pero forzado por el al-zamiento de De la Huerta, el presidente Obregón llamó a formar “grupos regionales armados” para enfrentar a los infidentes. Paralelamente los cam-pesinos se armaban por la libre para enfrentar a las guardias blancas, como sucedió en Guerrero, con los grupos de Valente de la Cruz, en Tecpan, y de Silvestre Castro, El Cirgüelo, en Atoyac, que entre 1926 y 1929 se unieron al Movimiento Li-bertario de Reintegración Económica Mexicana, encabezado por los hermanos Vidales.

La Cristiada fue un movimiento programático, pero antes de que la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa le declarara la guerra a Calles, las comunidades se armaban para de-fender sus iglesias de los presuntos “inventarios” federales. Para 1929 había unos 50 mil cristeros armados y se había pertrechado de nuevo a cerca de 30 mil agraristas.

Entre 1930 y 1933, el gobierno trató de desarmar defensas campesinas, defensas sociales y otros irregulares, que sin embargo se mantuvieron, sobre todo en Veracruz y San Luis Potosí. Ame-nazado por un “maximato” que no quería ceder, a partir de 1935 el presidente Cárdenas formó nuevas milicias campesinas.

Veinte años después de la Revolución, el mexi-cano era un pueblo armado que en los años si-guientes continuó practicando la autodefensa al margen o en contra del gobierno.

A partir de 1942, cuando México le declaró la guerra al “eje”, los jóvenes campesinos se remon-taron armados al cerro para evadir la leva. En 1947 la gente impidió con las armas en la mano que el “rifle sanitario” de la campaña contra la aftosa matara a sus vacas y bueyes. Resultaron paradigmáticos los alzamientos defensivos de Rubén Jaramillo en 1943 contra el gerente del in-genio de Zacatepec, en 1946 por fraude electoral y acoso político, y por las mismas causas en 1952. Desde 1962, en Chihuahua, grupos campesinos armados resistieron al cacicazgo, lo que culminó en 1965 con el alzamiento programático encabe-zado por Arturo Gámiz y Salvador Gaitán. Y de ahí las dos guerrillas guerrerenses de los 60s y 70s, que al comienzo fueron defensivas pues Ge-naro y Lucio se remontaron después de ser perse-guidos o encarcelados. Insurgencia que resucitó en 1999 cuando un año después de la masacre de Aguas Blancas se presentó en público el Ejército Popular Revolucionario…

*

Defenderse de la agresión es un derecho, pero no siempre la gente armada tiene legitimidad comu-nitaria y hay riesgo de que la violencia se vuelva contra el pueblo.

A principios de los 70s, en Guerrero, La onza acabó con todos los caciques de su rancho y se remontó. Pensando que era un justiciero rústico susceptible de ser politizado, un camarada y yo fuimos a buscarlo. Desaprensivos como éramos, nos subimos a un vochito, bajamos a Ciudad Alta-mirano y de ahí agarramos rumbo hacia la sierra. No lo encontramos. Pero sí a uno que lo conocía y nos dijo que La onza se había ido a la Costa donde trabaja de matón cuidándole las espaldas a alguno de los patrones lugareños…

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Red de Comunicadores Boca de Polen –Eugenio Bermejillo (eugeberme@gmail.com) y Adriana Aguilar (raliugarias1@gmail.com)– fue coeditor en este número del suplemento

Edmundo ValadésSobre el estrado los ingenieros conversan. El tema de su char-la son esos ejidatarios congregados en asamblea y que están frente a ellos. Los de abajo se sientan con solemnidad, con el recogimiento del campesino que penetra en un recinto cerra-do: la asamblea o el templo.

El presidente los invita a exponer sus asuntos.

–A ver ése que pidió la palabra…

–Quiero hablar por los de San Juan de las Manza-nas. Traimos una queja contra el presidente

municipal que nos hace mucha guerra y ya no lo aguantamos. Primero les

quitó sus tierritas a Felipe Pérez y Juan Hernández, porque co-lindaban con las suyas. Tele-grafiamos a México y ni nos contestaron. Pensamos que era bueno ir al Agrario, pa’ la restitución. Pos de nada valieron las vueltas y los papeles. Y como nos vio con rencor, nos acusó quesque por revoltosos. Parecía que nosotros le habíamos quitado sus tierras.

“Se nos vino entonces con eso de las cuen-

tas; lo de los préstamos, señor, que dizque andábamos atra-sados. Y el agente era de su mal parecer que teníamos que pagar hartos intereses. Crecencio, el que vive por la loma, y que le intelige a eso de los números hizo las cuentas. Y no era verdad: nos querían cobrar de más. Pero el presidente muni-cipal trajo unos señores de México, que con muchos poderes y que si no pagábamos, nos quitaban las tierras. Como quien dice, nos cobró a fuerza lo que no debíamos.

“Pos luego, lo de m´ijo, señor. Se encorajinó el muchacho. Viera usted que a mí me dio mala idea. Yo lo quise detener. Había tomado y se le enturbió la cabeza. De nada me valió mi respeto. Se fue a buscar al presidente municipal pa’ recla-marle… Lo mataron a la mala, que dizque se andaba robando una vaca. Me lo devolvieron difunto con la cara destrozada…

“Después lo del agua. Como hay poca, porque hubo malas lluvias, el presidente municipal cerró el canal. Y como se iban a secar las milpas y la congregación iba a pasar un mal rato, fuimos a buscarlo; que nos diera tantita agua, señor, para nuestras siembras. Y nos atendió con malas razones, que por nada se amuina con nosotros. No se bajó de su mula pa’ per-judicarnos…

“Por si todo esto fuera poco, está lo del sábado. Salió el pre-sidente municipal con los suyos, que son gente mala y nos robaron dos muchachas: a la Lupita, la que se iba a casar con Herminio, y a la hija de Crecencio. Como nos tomaron desa-prevenidos, que andábamos en la faena, no pudimos evitarlo. Se las llevaron a fuerza al monte y ahí las dejaron tiradas. Cuando llegaron las muchachas, en muy malas condiciones, porque hasta golpes les dieron, ni siquiera tuvimos que pre-guntar nada. Y se alborotó la gente de a de veras, que ya nos cansamos de estar a merced de tan mala autoridad…

“Y como nadie nos hace caso, que a todas las autoridades he-mos visto y pos no sabemos por dónde andará la justicia, que-remos tomar aquí providencias. A ustedes que nos prometen ayudarnos, les pedimos su gracia para castigar al presidente municipal de San Juan de las Manzanas… Solicitamos su ve-nia para hacernos justicia por nuestra propia mano…”

El presidente y los ingenieros, mudos, se miran entre sí. Dis-cuten.

–Es absurdo, no podemos sancionar esta inconcebible peti-ción Somos civilizados, tenemos instituciones… Sería justifi-car la barbarie…

–¿Y qué peores actos fuera de la ley que los que ellos denun-cian?… Yo exijo que se someta a votación la propuesta.

–Será la asamblea la que decida… Se pone a votación la pro-posición de los compañeros de San Juan de las Manzanas. Los que estén de acuerdo en que se les dé permiso para ma-tar al presidente municipal, que levanten la mano…

Todos los brazos tienden a lo alto. También los de los inge-nieros.

–La asamblea de permiso a los de San Juan de las Manzanas para lo que solicitan.

–Pos muchas gracias por el permiso, porque como nadie nos hacía caso, dese ayer el presidente municipal de San Juan de las Manzanas está difunto.

Tomado del libro La muerte tiene permiso, Fondo de Cultura Económica, 1959. Adaptación de La Jornada del Campo.

JONOTLAEsa familia tenía dominado al pueblo. Se adueñaba de todo: de terreno, de ganado y hasta de mujeres. Nombraba autoridades y las mangoneaba a su anto-jo. Y mataba a la gente que no se le sometía.

A las siete de la noche se cerraban las puertas de las casas y no volvían a abrirse. La gente tenía mie-do. Los jóvenes no eran libres de salir a platicar por-que los espantaban tirando balazos al aire.

Si al cacique le gustaba un terreno, decía: “Me gus-ta tu tierrita. ¿Cuánto quieres?”. O, si no, él mismo le ponía precio. Y si la persona no quería vender, la hacía desterrarse. Le decía: “Tienes tantas ho-ras para irte”. Y la gente se iba por miedo a que la mataran.

Así era la ley de ellos: que todo el mundo se les hin-cara. No había respeto, la gente vivía amenazada. Estaban muy seguros y nadie les tomaba el punto. Porque tenían pistoleros, armas de alto poder… Por ellos hubo en Jonotla muchas muertes y por su cau-sa familias completas abandonaron el pueblo.

Una vez, cuando el candidato del PRI a gobernador andaba en campaña, visitó Jonotla. Y como estába-mos seguros que iba a ser gobernador, pensamos que sería bueno que supiera lo que pasaba en el pueblo… Así llegó el día y mientras unos gritábamos:

“¿Qué quiere Jonotla…?”, otros contestábamos: “¡Quiere paz! ¡Queremos Paz!”.

–¿Por qué están tan desesperados pidiendo paz? Quiso saber el candidato.

Entonces aprovechamos para decirle de los López.

–¿Pues qué, aquí no hay hombres? Preguntó.

Días después se formó el grupo que debía salvar a Jonotla. Y empezaron las muertes del lado de los López. Primero cayó quien era el cerebro de ellos. Después mataron al padre. Uno de los pistoleros también cayó y los demás mejor huyeron.

Eso pasó.

Quienes ajusticiaron a la familia López son los nue-vos caciques de Jonotla. Como hicieron los ajus-ticiamientos, creen que toda la gente se les debe rendir. Agarraron el poder para ellos…

En Jonotla las cosas no han cambiado mucho de cómo eran con los López. Lo bueno es que los nue-vos caciques ya están muy ancianos. Capaz y un día se mueren solos.

Transcripción de Armando Bartra, Rosario Cobo y Lorena Paz Paredes.

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LA MUERTE TIENE PERMISO (Extracto)

18 de mayo de 20134 Las armas del pueblo

POLICÍAS COMUNITARIAS Y GRUPOS DE AUTODEFENSA: MUY DIFERENTESJuan Salgado Profesor, División de Estudios Jurídicos, CIDE juan.salgado@cide.edu

La incrementada presen-cia territorial y la mayor visibilidad mediática de los llamados “grupos de

autodefensa” en Guerrero y Mi-choacán han llevado a la atención de mexicanos y extranjeros un fenómeno que no es nuevo en nuestro país: la organización de grupos comunitarios para buscar soluciones a problemas de inse-guridad que no son debidamente atendidos por autoridades locales.

A lo largo de la historia de México han surgido grupos espontáneos en distintas comunidades remotas para responder a las crisis locales de inseguridad, o para proteger los intereses de grupos específicos. Las guardias blancas en el sureste mexi-cano y los casos de ajusticiamientos y linchamientos en la Huasteca son ejemplos de esta tendencia.

Sin embargo, la peculiaridad del fenómeno que actualmente se observa en Guerrero y Michoacán es que se trata de iniciativas prin-cipalmente organizadas por víc-timas del delito y la violencia: ciudadanos que han decidido pa-trullar (y en muchos casos cercar) sus comunidades para detener la exacerbada incidencia de secues-tros y distintas modalidades de extorsión que inhiben la actividad regular de comercios e incluso ins-tituciones públicas.

Estos “grupos de autodefensa” son irregulares (es decir, no fun-damentan su actuación en princi-pios constitucionales, legales o de usos y costumbres), no tienen en-trenamiento policial, operan en-mascarados, están fuertemente ar-mados (usan en varios casos armas de alto poder, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas) y coinciden en obstruir la libertad de tránsito hacia y desde sus comunidades.

En algunos municipios de la re-gión de Tierra Caliente de Mi-choacán, los integrantes de estos grupos han sido detenidos y son actualmente investigados por su relación con la delincuencia or-ganizada. De hecho, tan sólo la posesión de armas largas de alto poder ya es un fenómeno irregu-lar que en algún punto tuvo que poner a estos grupos en contacto con delincuentes organizados.

Lamentablemente en la discusión mediática de los meses recientes

se ha llamado “policías comunita-rias” a los “grupos de autodefensa” y esto genera una confusión que es necesario aclarar. Las policías comunitarias de Guerrero son instituciones sociales indígenas, basadas en los usos y costumbres de los pueblos originarios de la región de la Montaña y la Costa Chica del estado. En las dos déca-das pasadas las policías comunita-rias en esta región han crecido en términos organizativos, de opera-ción táctica e infraestructura. El desarrollo de estas instituciones

ha sido orgánico y ha respondido tanto a las necesidades locales de seguridad como a las capacida-des organizativas de la población local. Su relación con las autori-dades estatales siempre ha sido tensa, pero a lo largo de los años han logrado reconocimiento legal y político.

Los elementos de las policías comunitarias no usan máscaras ni pasamontañas. La legitimidad de su actuación se deriva de su nombramiento por la comunidad. Dependiendo de las capacidades de cada comunidad, en algunos casos su actuación es volunta-ria y en otros reciben un sueldo. Tienen entrenamiento básico en desempeño policial, en varias co-munidades están uniformados, sus armas (cuando las tienen) cuentan con registro en la Secre-taría de la Defensa Nacional. Los más de 700 policías comunitarios de Guerrero protegen a una pobla-ción de aproximadamente 300 mil personas en 12 municipios.

El crecimiento orgánico de las po-licías comunitarias en esta región llevó al eventual establecimiento de un Comité Ejecutivo, que su-pervisa su actuación. En 1998 se creó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con sede en San Luis Acatlán, que ha desarrollado un

eficaz –pero controvertido– siste-ma de justicia indígena que acom-paña la función policial con tareas de procuración y administración de justicia en el ámbito local.

Si bien las policías comunitarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero no coinciden con el modelo anglosajón de policía co-munitaria que se reproduce en el ámbito urbano mexicano bajo dis-tintos nombres (policía de barrio o policía de proximidad), la legali-dad de su actuación como coadyu-vantes de las autoridades estatales se basa en la normatividad vigente en materia de usos y costumbres.

Los “grupos de autodefensa” que han surgido recientemente son tan diversos como las comunida-des y ciudadanos que defienden. Si bien en algunas comunidades de Michoacán se ha detenido a los miembros de estos grupos por presunta colaboración con delincuentes organizados, en la mayoría de los casos se trata de ciudadanos, víctimas recurrentes de delitos de alto impacto, que tratan de hacer algo por defender a sus comunidades. Pero son gru-pos espontáneos, mestizos, y es importante señalar que no forman parte de un sistema de seguridad y justicia indígena que tiene otra tradición, racionalidad, legalidad y legitimidad.

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18 de mayo de 2013 5Las armas del puebloEntrevista con Jaime Martínez Veloz

ACUERDOS DE SAN ANDRÉS: RUTA PARA LA SEGURIDADEugenio Bermejillo

Para Jaime Martínez Ve-loz, comisionado para el Diálogo con los Pue-blos Indígenas de Mé-

xico, el reconocimiento de los Acuerdos de San Andrés consti-tuye una posibilidad de evitar los conflictos que se han generado entre el gobierno y las policías comunitarias.

Estos acuerdos, declara a La Jor-nada del Campo, “significan una ruta para el deshago de muchos conflictos y para la posibilidad de que este tipo de asuntos que hoy tienen entrampada a la sociedad y al Estado mexicanos puedan resolverse adecuadamente en el marco de la Constitución y de las leyes reglamentarias”.

Martínez Veloz ha realizado constantes visitas a comunida-des indígenas en las que se han establecido rondas de defensa comunitaria, particularmen-te en el estado de Guerrero. El comisionado ha marcado que el uso de armas puede ser una li-mitación al diálogo: “cuando veo armas largas o armamento de uso exclusivo del ejército guardo mi distancia. Ahí no entramos a dialogar, porque siento que esa no es la forma que las comuni-dades se organizan”.

Nombrado cuando ya estaba con-formado el equipo gubernamen-tal que atenderá el área social e indígena durante el sexenio de Peña Nieto, y después de la sor-presiva aparición de cerca de 40 mil neo-zapatistas en varios mu-nicipios de Chiapas, Martínez Veloz afirma sobre las policías comunitarias que son “una ex-periencia que tiene que ser revi-sada sin prejuicios, sin ataduras. No es correcto descalificarlas en bloque. No podemos decir que todos los grupos de autodefensa son ilegales, pero tampoco que todos son legítimos y representan una actitud positiva”.

En contraste con declaraciones reprobatorias de funcionarios, empresarios, jerarcas de la Iglesia católica, e incluso, del ombuds-man nacional, Martínez Veloz sostiene: “Son policías que tienen la convicción que el pueblo es el que los respalda y por lo tanto le deben responder. Mucha diferen-cia con otros policías instituciona-les donde la mordida, la acción ile-gal es característica. Cuando caen bandas del crimen organizado, es frecuente que en ellas participen policías y agentes ministeriales. Para mí es más preocupante lo que pasa en las policías formales”.

Sobre el contexto legal en el que se desarrollan las policías comu-nitarias, el dos veces integrante de la Comisión de Concordia y Pacifi-cación (Cocopa) señala: “El Estado tiene que reconocer que hay un va-cío y que tenemos que llenarlo con actitudes responsables”. Se trata de un vacío legal y político derivado del insuficiente reconocimiento de los derechos de los pueblos in-dígenas. La iniciativa Cocopa “era contundente en el reconocimien-to de los sistemas normativos y su convalidación por parte del sistema tradicional mexicano. Sin embar-go, el actual artículo segundo hace un galimatías que termina por confundir más a la población. Se habla de los sistemas normativos y se remite a una ley reglamentaria que no ha sido expedida”.

El resultado de este vacío es que “hay muy pocos jueces in-dígenas, no hay ministerios pú-blicos indígenas, no hay traduc-tores legales suficientes”.

De la misma manera, de acuerdo con el comisionado, el contex-to de la aparición de las policías comunitarias está marcado por el estatus subordinado que tienen las comunidades en la estructura del Estado: “Los lugares en los que han aparecido estos grupos de defensa comunitaria son comuni-

dades dispersas, no las cabeceras municipales. Las comunidades no han sido atendidas a cabali-dad por los diferentes órdenes de gobierno. He visto que el grueso de las comunidades, que por sus características contribuyen a que el municipio tenga acceso a re-cursos públicos (del ramo 33 por ejemplo), no reciben atención. El ayuntamiento no aplica en reciprocidad los recursos, invier-te más en las cabeceras, dejando de lado a las comunidades que contribuyeron a que el municipio tenga ese tipo de recursos.

“Esto genera un problema por-que la gente se siente excluida, siente que sus demandas no son atendidas, ni en educación, ni en salud ni en otros aspectos. Así las comunidades se están organi-zando en el tema de la seguridad y en otros”.

Precisamente el papel fundamen-tal de las comunidades fue uno de los puntos centrales que pactó el gobierno con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y con los pueblos indígenas de todo México y que está contenido en los Acuerdos de San Andrés. “Hoy dentro en el Pacto por México se propone que las comunidades in-dígenas sean reconocidas como entidades de derecho público, esto es fundamental porque de ahí se deriva el que las comunidades no sólo tendrán derecho a los recursos que por ley le corresponden, sino también la posibilidad de desarro-llarse para unirse con otras comu-nidades y municipios y desarrollar otro tipo de proyectos”.

Durante la discusión de finales de los 90’s y principios de siglo, uno de los argumentos en contra de incorporar los Acuerdos de San Andrés a la Constitución era que no se podía añadir un cuarto piso a la estructura del gobier-no. Al respecto, el comisionado comentó: “Hoy con la reforma al artículo primero de la Cons-titución de 2011 se le da rango constitucional al Convenio 169 de la Organización Internacio-nal del Trabajo (OIT); pone ya dentro del Constitución el reco-nocimiento de las tierras y terri-torios de los pueblos indígenas y sus sistemas normativos. Los que impulsaron esta reforma estaban pensando en los derechos huma-nos como algo abstracto y ajeno a la realidad material de los pue-blos, sin embargo, los términos en que está redactado, implican en la práctica la inclusión de mu-chos de los asuntos de los Acuer-dos de San Andrés”.

Refl exiones

JESÚS GONZÁLEZ SCHMAL, ABOGADO Y POLÍTICO

Este fenómeno de irrup-ción de la organización ciudadana ocurre en un acto de legítima defensa

frente a la insuficiencia del Estado para cumplir con uno o el principal cometido que constitucionalmente tiene asignado el poder público, que es el de preservar la seguridad de los ciudadanos en sus distintas activida-des y en las distintas regiones don-de realizan sus actividades o están domiciliados. Es un fenómeno que debemos explicarnos en el contexto de una realidad nacional perturba-da por una creciente insuficiencia de servicios públicos de seguridad.

Hecho este razonamiento, podría-mos entonces invocar incluso el principio universal de la legítima defensa. Nadie puede estar expuesto a ser agredido impunemente y frente a la ausencia de una autoridad que lo impida. Tiene uno un derecho primario a defenderse de la agresión de quien fuere. También es cierto, y en esto tenemos que ser realistas, que mecanismos de autodefensa co-lectivos pueden contaminarse con otras intenciones de quienes defor-men, desvíen o hasta prostituyan la acción de legítima defensa popular y lleven esta posición a la defensa de conductas delictivas o antisociales de muchos y muy diversos tipos. Pero en todo caso la responsabilidad prima-ria de que tengan que surgir estas ex-presiones, estos fenómenos, respues-tas populares, es de un Estado que no ha cumplido su deber esencial.

Estos grupos tal vez no se justifi-quen plenamente, pero sí son expli-cables en el contexto de la realidad nacional, por lo que señalábamos de un Estado atrofiado, porque es evidente que el gobierno no tiene la capacidad ni la destreza ni la dis-posición para acabar con la violen-cia que amenaza la convivencia de los 112 millones de mexicanos.

Tenemos un Estado que no ha cumplido con su cometido, no ha rectificado su yerros, no ha asumido la autoridad en su sentido pleno, no sólo de ejercicio de la fuerza, sino mucho más de la autoridad moral de quien predica con el ejemplo, es decir de una autoridad que es res-petada y respetable porque aplica la justicia sin distingos; esto es, que no sólo persiguiera a los delincuen-

tes que juzga y clasifica como tales, sino a los delincuentes incrustados en un ejercicio de poder desviado al beneficio de un grupo, de una oligarquía. De modo que nos en-contramos en un escenario inédito y muy difícil donde lo menos que podemos esperar es que los Poderes constituidos rectifiquen las desvia-ciones crónicas con las que suelen ejercer el poder y claramente lo ejerzan en función del interés públi-co general y no de los particulares que integran el poder o los grupos que momentánea o permanente-mente dominan las decisiones pú-blicas más importantes de México.

Es un lugar muy común siempre de-cir que faltan leyes. No faltan leyes sino falta la aplicación de la ley con un sentido jurídico, con un sentido elemental de respeto al orden jurídi-co, de la autoridad y de los ciudada-nos, porque siempre el poder tiende a aplicar la ley sesgada, es decir sólo a los ciudadanos pero no a la pro-pia autoridad que con frecuencia se desvía de sus responsabilidades. Quiero señalar que incluso en estas condiciones –pues se ha dicho que estamos ante la realidad de un Es-tado fallido– el que la impunidad prevalezca sobre la aplicación del derecho, el que el Estado incumpla sus deberes fundamentales nos está hablando de un rompimiento del or-den constitucional. En este caso el pueblo frente a esos trastornos deber recobrar en el momento que tenga su libertad, el restablecimiento del orden constitucional, del orden jurí-dico ¿Cómo lo puede hacer? Por la vía de la democracia, es decir utili-zando un recurso del que carecemos los mexicanos que es el de la revoca-ción del mandato, el decir si no has cumplido, yo te revoco el mandato para hacer una nueva elección. Aun cuando sí hay en nuestra Constitu-ción, en el artículo 10, la posibilidad de someter a juicio político al propio titular del Poder Ejecutivo por parte del Congreso para que éste respon-da de cualquier estado de ataque sis-temático a la Constitución. Si bien parece un caso extremo, no estamos tan lejos de ello; precisamente estas manifestaciones de las policías co-munitarias nos prueban que hay un malestar que está efervescente, una condición de preocupación, inco-modidad, inseguridad crónica que el Estado no ha atendido.

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18 de mayo de 20136 Las armas del puebloRefl exiones

EDGAR CORTÉS MORALES, DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS

Es indispensable ha-cer una distinción. Por una lado está la “policía comunitaria”

–cuyo ejemplo claro es la Coor-dinadora Regional de Autorida-des Comunitarias (CRAC), de la zona indígena de Guerrero–, que es una policía con 15 años de trabajo, que viene de un proceso organizativo y está construida sobre las instituciones indíge-nas: la participación, el trabajo comunitario y el servicio. Esas condiciones implican mecanis-mos de participación bajo los que se elige a los policías, y que éstos prestan un servicio y la co-munidad vigila. Sin duda esto tiene toda la legitimidad. Algo parecido a policía comunitaria es el movimiento de Cherán, Michoacán, donde hay un pro-ceso participativo, de muchas estructuras de las comunidades.

Frente a ello hay otro fenómeno, lo que se ha llamado “grupos de autodefensa” o algún otro nom-bre, y a todos, por igual, se les está denominando erróneamen-te policía comunitaria. Creo que no debe ser así. Entre estas últimas hay experiencias más espontáneas, donde no hay un proceso organizativo detrás, mu-chas están construidas en una situación donde no hay una rea-lidad indígena, donde ya no hay las instituciones indígenas de la participación, el servicio, etcéte-ra, y entonces me parece que son fenómenos distintos. No se trata de descalificar a priori, pero sí es importante distinguir. Lo que están tratando de enfrentar los dos fenómenos es la violencia y la falta de respuesta efectiva del Estado, la ausencia del Estado, donde no hay posibilidades de obtener justicia, de denunciar un delito y saber que va a haber una acción efectiva de las insti-tuciones del Estado.

Creo que aquí los dos fenómenos tienen justificaciones, pero son distintos; destacan los grupos de autodefensa, sé que en algunos

casos en Guerrero vienen de pro-cesos organizativos pero no nece-sariamente tienen tanta raíz, tanto fundamento, dentro de las comu-nidades, y eso siempre encierra un riesgo: que no sea un proceso de veras comunitario el que designe a los policías y que genere una vigilancia sobre los mismos. Hay un riesgo de que estos grupos no estén supeditados a la comuni-dad, que tengan cierto grado de autonomía y que puedan llegar a responder a intereses ajenos a la comunidad (de grupos caciquiles, económicos o criminales).

Es un hecho la crisis y la debili-dad de las instituciones del Es-tado, porque no hay que olvidar que una obligación y responsabi-lidad del Estado es dar garantía de seguridad a los ciudadanos, pues un derecho de la población es el vivir seguros y tranquilos. Y parte de la crisis es que el tema de la seguridad siempre ha que-dado como tema exclusivo de la autoridad, y los ciudadanos no hemos tenido participación ni influencia. Entonces ese es el problema: que los ciudadanos ahora tenemos que intervenir en el tema de seguridad para exigir que ésta se vaya construyendo con participación y para benefi-cio de los ciudadanos.

Por otro lado, está el hecho de que en algunos lugares hay un

déficit de regulación, aunque no en todos. Por ejemplo, en Guerrero desde hace un par de años hay una ley sobre derechos de pueblos indígenas y allí se reconoce la posibilidad de las policías comunitarias. Sí hay una regulación que desafortuna-damente no es muy conocida en el actual gobierno de Guerrero. No se ha supeditado y no ha ajus-tado su actuación a esa ley. Es importante prevenir el riesgo de que en esa nueva regulación se metan por igual procesos de mu-cha historia junto con otro tipo de experiencias, y sobre todo que se ponga atención al riesgo de in-filtración de la delincuencia or-ganizada u otro tipo de intereses que pueden llegar a usar a estos grupos en beneficio particular.

El Estado se muestra hoy inca-paz de garantizar la seguridad de la ciudadanía y esto es parte de la crisis de un modelo de se-guridad pública que es Estato-céntrico, que está pensado para proteger y cuidar a las institucio-nes del Estado, a las autoridades, y no a las personas. En ese mo-delo algo que también ha pasa-do es la complicidad que se ha construido entre la delincuencia organizada y muchos niveles de autoridad y sobre todo de policía. Esto ha alcanzado tal grado que algunas de las instituciones res-ponsables de la seguridad ya no responden a los intereses públi-cos sino a los de la delincuencia organizada o a algunos otros.

Subrayo la necesidad de distin-guir entre los diferentes fenóme-nos, donde la policía comunita-ria tiene absoluta legitimidad e incluso reconocimiento legal. Y a eso tendría que ajustarse el gobierno, el de Guerrero en este caso, y me parece que ese mo-delo podría ser inspirador para otras regiones del país. Y hacer la distinción respecto de otros fe-nómenos más espontáneos que hay que mirar con atención y que creo que requerirían un tra-tamiento diferente.

Refl exiones

FRANCISCO LÓPEZ BÁRCENAS, ABOGADO MIXTECO

No es que (las policías comunitarias) estén sur-giendo hoy día, sino que se están visibilizando.

La pregunta que debemos hacernos es por qué se están visibilizando, y la respuesta que encuentro es que el Estado no está cumpliendo con su obligación de brindar seguridad a los pueblos, básicamente.

El concepto policía comunitaria puede encerrar muchas formas de organización de los pueblos, pero coincidiría en que todas ellas es-tán para dar seguridad, desde las estructuras militares de los pue-blos que en el siglo XIX enfrenta-ron mucho al Estado, como serían los seris y los yaquis en el norte, los purépechas en el centro y los mayas en la Península de Yucatán. Y coinciden en que tienen una es-tructura muy particular, militar.

En general el Estado ha fallado en dar seguridad. Lo que estamos viendo es que los pueblos sí tienen su estruc-tura y se está visi-bilizando. Lo que vemos en otros lu-gares, por ejemplo en las ciudades y sobre todo en zonas urbanas desarrolla-das, es que están creando sus cuer-pos de seguridad. En las zonas rura-les, los ganaderos, los grandes agricul-tores están creando sus propias policías, pero eso no tiene nada que ver con las policías comunitarias de los pueblos que son históricas, que obedecen a su estructura propia.

Son centenarias estas esructuras, y contrario a lo que muchas auto-ridades piensan, resuelven proble-mas de todo tipo. No andan nada más viendo que no se roben una gallina, ven que el pueblo tenga seguridad. En 2004 me tocó ver pueblos de la región triqui alta, enfrentando al ejército porque estaba cometiendo muchas arbi-trariedades sin tener órdenes, de-teniendo gente sin justificación. En mi pueblo mismo he visto a la policía comunitaria encarcelando a los militares cuando se han ex-cedido con la gente; entonces allí están las policías que cumplen la función de brindar seguridad al pueblo y en este sentido enfrentan cualquier peligro que existe.

Hay un fenómeno fuerte actual-mente del desarrollo capitalista en México cuya característica es el despojo de los bienes comunes, y no me refiero sólo a los recursos naturales, sino al despojo del de-recho de los pueblos a ser pueblos,

a mantener su cultura. Junto con otros problemas que afectan la vida de las comunidades (la in-filtración del narco, por ejemplo) esto es importante también para entender por qué las policías co-munitarias se están visibilizando.

Hay que observar que la declara-ción de la policía comunitaria de Guerrero cuando surgen las auto-defensas dice que no tiene absolu-tamente nada en contra del narco-tráfico. O sea que no es su función combatir a los narcotraficantes, pero que si se meten con los pue-blos los van a enfrentar. Lo que quiero enfatizar es que las policías comunitarias están para proteger a los pueblos. Es serio que no es-tán contra el narcotráfico, y lo que están diciendo es “mientras no te metas con mis pueblos, no tene-mos bronca, pero si te metes vamos a tener problema”. Allí el objetivo es la protección del pueblo.

Resulta peligroso que se confun-da a las policías comunitarias con otros grupos armados. El crimi-nalizarlas tiene sentido político, ideológico; meter en el mismo saco a las policías comunitarias y a otro tipo de grupos armados porque nunca vas a saber quién es quién. Pero debemos entender que una policía comunitaria no existe por sí misma, se debe a un pueblo, se debe a un nombramien-to, incluso a la pertenencia de un sistema de cargos que los pueblos controlan. Un grupo armado que no es policía comunitaria pues evidentemente podrá depender de otro grupo pero no del pueblo.

Junto con el asunto de la inseguri-dad, tenemos el problema de que nuestro derecho es insuficiente ya como forma de organizar la con-vivencia social y las instituciones estatales han sido rebasadas. Te-nemos que pensar un nuevo redi-seño de Estado. Esto que nos han dicho de que somos una nación multicultural terminó en discurso y más bien en forma de control. Tenemos que tomarnos en serio la realidad para buscar una estruc-tura que sí obedezca a ella y que funcione.

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18 de mayo de 2013 7Las armas del pueblo

Secretaría de GobernaciónEn Guadalajara, en abril pasado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que las autoridades federales mantienen diálogo con los gru-pos comunitarios en Guerrero basados en el respeto a la Ley. “Vamos muy avanzados con ellos para que si quieren participar en el tema de seguridad lo hagan bajo las normas del Estado mexi-cano”, reportó una nota publicada el 9 de abril por Excélsior. Previa-mente, el 25 de febrero Manuel Mondragón y Kalb afirmó ante senadores (durante el proceso de su ratificación como titular de la Comisión Nacional de Seguridad, CNS) que la Secretaría de Gober-nación realiza un diagnóstico so-bre los grupos de autodefensa en el país para establecer “medidas de solución”. Expuso que debe diferenciarse entre policías comu-nitarias y grupos de autodefensa, y que todas tienen una razón de ser y son motivo de un análisis cuidadoso. El 24 de febrero La Jornada reportó que el goberna-dor de Guerrero, Ángel Aguirre, con el aval de Osorio Chong, está negociando con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) “cobertura legal, equipamiento y entrenamiento a los integrantes

de las brigadas de autodefensa y apoyos para el desarrollo de las comunidades que la integran”. Y la UPOEG, que había venido realizando acciones armadas con-tra la delincuencia con hombres encapuchados en la región de la Costa Chica, ordenó, como parte de los acuerdos con Gobernación, despojarse de sus pasamontañas, paliacates y guardar sus escopetas y pistolas, además de entregar a las autoridades competentes a los “54 resguardados” que presuntamente tienen vínculos con la delincuen-cia organizada. Un día antes, el 23, La Jornada misma expuso ad-vertencias de Osorio Chong en el sentido de que los llamados gru-pos de seguridad o de autodefensa que recientemente han surgido en diversas entidades del país son ilegales y deben desaparecer. El funcionario dijo entonces que en nuestro país no existe esa figura de grupos de autodefensa, por lo que sólo se da el aval a aquellos grupos que funcionan desde hace 15 o 17 años, particularmente en Gue-rrero y otros seis estados, que son coadyuvantes de la fuerza pública establecida. Afirmó que la actitud del gobierno federal ante estas ac-ciones será el diálogo, para pedir-les que se conduzcan en el marco de la ley. Subrayó que las únicas instancias con carácter legal –for-jadas en los ayuntamientos– son las policías comunitarias que des-de hace más de 15 años coadyu-

van a las tareas de seguridad, en especial en los municipios regidos por usos y costumbres. Por tanto carecen de legitimidad los grupos que toman decisiones unilaterales acerca de la detención o senten-cias de aquellos que señalan como delincuentes.

Grupos empresarialesPara el sector empresarial de Mé-xico, es un hecho que el Estado ha fallado en su responsabilidad pri-maria de proteger y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. De allí que los propios empresarios deban recurrir a la contratación de guardias o policías privadas.

Sin embargo, el grado de com-prensión y aceptación de parte de las instancias empresariales res-pecto de las policías comunitarias y grupos de autodefensa difiere.

Por un lado, en entrevista, Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal Mexi-cana (Coparmex), comentó que “ante la ausencia de (una suficien-te salvaguarda de la seguridad de parte del Estado) los particulares tienen que subsanar esa carencia. Como en el caso de las comunida-des muy alejadas, de acuerdo con sus usos y costumbres, han tenido que tener policías comunitarias para lograr cierto grado de segu-ridad, y los policías comunitarios fueron aprobados ante la necesi-dad de que tuvieran un orden en sus comunidades que no lo podía proveer el Estado. De la misma forma los particulares, cuando no se sienten seguros tienen que recu-rrir a policías particulares, priva-dos. Pero la idea de cualquier par-ticular, de cualquier ciudadano es que el Estado se lo provea, eso es un principio fundamental de la convivencia en una democracia y en cualquier orden de Estado”.

Señaló que en efecto la autodefen-sa presenta riesgos: “ya hemos vis-to estos fenómenos en otros países como Colombia, donde las poli-cías comunitarias fueron coopta-das y subvencionadas por grupos delictivos, que al acercárseles para proveerles armas lograron pene-trar y luego manipular estas ins-tituciones, y finalmente quiebran el Estado de derecho, lo rompen y atentan contra de la paz y el orden y la seguridad nacional”. Esto “es un peligro latente que se combate con un Estado fuerte, seguro, un Estado con instituciones, un Esta-do con los recursos suficientes, y una cobertura completa de todo el territorio nacional”, señaló al reconocer que el problema de in-

seguridad en el país se agrava en algunas zonas, muy alejadas, muy fuera de los centros urbanos más grandes.

Subrayó: “siempre que los parti-culares tomen la seguridad por su cuenta y orden y no haya un registro, control y rectoría del Estado, existe el riesgo latente de que existan armas no controladas, elementos no controlados, infiltra-ción de elementos que pertenecen a bandas delictivas y que con el pretexto de incorporarse a insti-tuciones privadas de seguridad se insertan en la sociedad y causan problemas (…) El registro de los elementos, de las armas en las distintas regiones, tiene que darse para llevar un orden, no podemos caer en la anarquía y esa es nues-tra recomendación”.

Por otro lado, el Consejo Coor-dinador Empresarial (CCE), en voz de su presidente Gerardo Gutiérrez Candiani, señaló en un mensaje semanal a fines de febre-ro que la multiplicación de grupos de autodefensa “es producto de la desesperación, ante autoridades rebasadas, ausentes, cooptadas o socias de los criminales. Pero el remedio no puede ser un Estado en repliegue, que claudique en su obligación de velar por la seguri-dad de los ciudadanos, ni siquiera como alternativa provisional”.

Hizo un llamado para que “los gobiernos de los estados y muni-cipios donde se ha presentado el fenómeno (el surgimiento recien-te de grupos de autodefensa), así como el gobierno federal, unan fuerzas para poner un alto a esta situación en lo inmediato, brin-dando protección efectiva a la población”.

Jorge Dávila Flores, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Con-canaco), señaló por su lado que “todo lo que esté fuera del marco legal no es bien visto”, al referirse a grupos de autodefensa.

En entrevista reconoció que el empresariado mexicano recurre a la contratación de seguridad privada –la cual “está en el marco legal”– pues, si bien hay avances de parte de la autoridad en esta materia, existen problemas de in-seguridad en los cuales declinó precisar pues, dijo, son diferen-ciados regionalmente. “Lo que puedo decir es que en Estados Unidos, que es el país más pode-roso y rico del mundo, hay mu-chísimas empresas de seguridad privada, igual que en México, en muchas de las ciudades. Pero eso no quiere decir que el gobierno de Estados Unidos esté fallando en esa materia. Simplemente es que hay lugares donde se requiere tener mayor seguridad, hay perso-nas que requieren tener mayor seguridad”.

Castañón profundizó sobre la preocupación de los agremiados de Coparmex: “Tenemos constan-te contacto con los empresarios de las distintas regiones, hemos visto que algunas regiones han sido vul-neradas y su seguridad personal y la de sus trabajadores también (…) Los datos que recientemente publico el INEGI sobre los daños que ha hecho el clima de violen-cia hacia las entidades económi-cas nos da que durante 2012 sumó un monto de 75 mil millones de pesos, y el 37 por ciento de las empresas han sido vulneradas de alguna forma, con robo con o sin violencia de las mercancías, ata-que a sus trabajadores, atentado en contra de las personas, cohe-cho o solicitudes de piso, chanta-jes… Necesitamos insistir en que nuestras instituciones deben ser siempre bien coordinadas. Por eso vemos con muy buenos ojos la instalación de los mandos úni-cos en los estados para que exista la coordinación y la canalización de los recursos suficientes, no sólo en armas sino también en técnicas y equipamientos de inteligencia para que prevalezca la fuerza del Estado y brinde seguridad en to-das las regiones”.

Actores claves toman posición ante autodefensas y policías comunitarios

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18 de mayo de 20138 Las armas del pueblo

Actores claves toman posición ante autodefensas y policías comunitarios

Comisión Nacional de Derechos HumanosEl presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, afirmó el 12 de marzo pasado que el aban-dono e indolencia que imperan en el país son un “caldo de cultivo” propicio para el surgimiento de grupos de autodefensa o policías comunitarias, como los de Guerre-ro y Michoacán. Dijo que este tipo de agrupaciones seguirán reprodu-ciéndose en la medida en que la injusticia y la impunidad persistan y no se cuente con cuerpos de seguridad profesionalizados y un Estado que se haga responsable de sus obligaciones. Los grupos de autodefensa, subrayó, “son una advertencia que debe alertar a las

autoridades para cumplir con su obligación de proveer seguridad pública, y evitar que estas accio-nes se reproduzcan” y rebasen a las instituciones del Estado mexi-cano. El ombudsman nacional ad-virtió además que el surgimiento de grupos de autodefensa “nos ale-jan del objetivo de recobrar la paz y la tranquilidad, en aquellos lu-gares en donde grupos criminales tienen presencia y actividad”. Al rendir su informe de actividades ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Plascencia dijo que, en el caso particular del estado de Guerrero, el abandono de la autoridad en el ámbito de la seguridad ha genera-do la aparición de los grupos de autodefensa, y ello lo pudo cons-tatar en una visita que hizo sema-nas atrás a ese estado. “(…) pude corroborar que es el abandono y la impunidad lo que ha generado un caldo de cultivo para que surjan estos grupos de autodefensa, por

eso es muy importante que el es-tado asuma de manera adecuada su deber de brindar seguridad pú-blica, de otra manera seguirán ex-tendiéndose de desesperadamente este tipo de fenómenos”. (Proceso, 12 de marzo)

Iglesia católicaDe acuerdo con la Arquidiócesis Primada de México (APM), la in-capacidad del gobierno mexicano para garantizar la seguridad de sus habitantes es responsable, en par-te, de que surjan policías comuni-tarias. Por medio del editorial de la edición del 5 de mayo del periódi-co Desde la Fe de la Arquidiócesis, la Iglesia católica dijo que debido a los “titubeos” del Estado y vulne-rabilidad de las instituciones para garantizar seguridad, la ciudada-nía está conformando policías co-munitarias, y dicha reacción “de no atenderse a tiempo, llevará a un caos social”. Como ejemplo de la debilidad institucional, la APM re-firió el cierre de las vías primarias de comunicación, la destrucción de edificios públicos o el “secues-tro de la producción agrícola de quienes no tienen nada que ver con el crimen organizado”, pero no especificó a quiénes o a qué grupos sociales aludía.

La APM asentó que la prudencia, la mesura y el diálogo “no pueden ponerse en práctica con quien de-linque, pues la ley fue hecha para aplicarse, no para negociarse a costa de los derechos de miles de ciudadanos que ven afectada su vida diaria, seguridad y patrimo-nio”. (La Jornada, Quadratín, El Universal, 6 de mayo)

Cárteles de la droga y otrosEl 24 de abril aparecieron mantas en puentes de Nuevo Laredo, Ta-maulipas, que anunciaron el surgi-miento de la primera policía comu-nitaria en esta entidad. Las mantas, dirigidas al presidente Enrique Peña Nieto y al pueblo de Nuevo Laredo señalan que “Habitantes y ciudadanos de bien, enormemente lastimados por la plaga Zeta en esta ciudad (…) hemos decido confor-mar la primera policía comunitaria en esta frontera, ante la colusión e incapacidad del mediocre gober-nador (…) además del poco o nulo esfuerzo federal por protegernos”.

Argumentan que “nos hemos constituido en autodefensas si-guiendo el ejemplo (de las poli-cías comunitarias) porque hemos visto el grado de aceptación de la

población y el mismo gobierno. Entendemos y sabemos que la seguridad no se podrá consolidar sin nuestra activa participación y el compromiso con quienes tienen la obligación legal de preservar el orden (…)”

Y concluyen: “que les quede claro a los criminales, lucharemos por lo que es nuestro, en las calles y en las brechas, por un México sin Zetas, sin complicidad oficial por un México en Paz y en orden”.

En Michoacán, el 29 de abril apa-recieron diversas mantas en con-tra de las policías comunitarias de los municipios de Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec. Esta-ban firmadas supuestamente por “La sociedad michoacana” e in-vitaban a la población a integrar un frente contra estos grupos, a la vez que piden el respaldo de los gobiernos federal y estatal para combatirlos, según reportó una nota de La Jornada.

El corresponsal de este periódico en Morelia, Ernesto Martínez, Elorria-ga reportó en una nota publicada el propio 29 de abril que “integrantes de la organización criminal Los Ca-balleros Templarios se enfrentaron la madrugada de este domingo con-tra guardias comunitarios de Tepal-catepec y de la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, municipio de Bue-navista Tomatlán. El combate dejó como saldo al menos diez muertos y siete lesionados”.

Asimismo, la revista Proceso re-portó que mantas presuntamente firmadas por limoneros de Apa-tzingán se acusa a las guardias co-munitarias de Buenavista Tomat-lán y Tepaltepec de ser el brazo armado del Cártel de Jalisco Nue-va Generación (CJNG).

En dichas mantas dirigidas al Ejército Mexicano y a las Fuerzas Armadas se leía lo siguiente:

“¿Por qué tanto apoyo a los Guar-dias Comunitarios de la Ruana y Tepeque, Qué no saben que son el brazo armado del CJNG? Por qué soldados mexicanos se visten de policías comunitarios y permiten secuestros, extorsiones y crímenes contra michoacanos. ¿Por qué no desarman a los comunitarios y toma el Ejercito las riendas de la seguridad en Tepeque, Buenavista y la Ruana? Usted tiene la palabra general Miguel Ángel Patiño Can-chola, Atte. Limoneros Unidos del Valle de Apatzingán”.

En un video aparecido en el canal de videos Youtube, Dionisio Loya Plancarte, más conocido como El Tío, de los Caballeros Tem-plarios, reta a un duelo a muerte a las policías comunitarias que están establecidas en La Ruana, Buena Vista y Tepalcatepec, en Michoacán. .

http://youtu.be/B1srdzwAO-U

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18 de mayo de 2013 9Las armas del pueblo

Puebla

DERECHO INDÍGENA Y REFORMAS CULTURALES EN CUETZALANAdriana Terven Salinas

En el marco de las reformas legislativas en materia in-dígena en México, el Po-der Judicial del estado de

Puebla creó los primeros juzgados indígenas en 2002, representando un importante avance en cuanto al reconocimiento de la diversidad cultural; sin embargo, es necesario advertir respecto de cómo estas po-líticas se relacionan con las prácti-cas culturales indígenas.

El primer juzgado indígena se abrió en 2002 en Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, Alrededor de 80 por ciento de la población del municipio es indígena nahua. Este lugar se ha caracterizado des-de 1980 por la presencia de movi-mientos organizativos indígenas centrados en la defensa de los de-rechos humanos y culturales. Es relevante la apropiación que del juzgado indígena han realizado tres organizaciones, las cuales de-sarrollan un proceso que busca for-talecer las instituciones indígenas

de justicia, ante los cambios suce-didos en el campo jurídico regio-nal. La apertura de este juzgado ha traído diversas implicaciones para la práctica de la justicia indígena, como el incremento de la burocra-cia por la inserción y mayor depen-dencia hacia el Poder Judicial; la definición de las competencias en los códigos, que poco tienen que ver con la oralidad que caracteriza al derecho indígena, y las nuevas relaciones interinstitucionales con las instancias de justicia del Esta-do, con las cuales ahora disputan jurisdicción, entre otras.

En este sentido, interesa retomar las implicaciones generadas entre jueces comunitarios y el nuevo juez Indígena. Los jueces comunitarios, quienes han sido los encargados de la impartición de justicia entre la población nahua, han estado articulados a prácticas culturales locales, como el sistema de cargos, el cual conforma el sistema de or-ganización en las comunidades. La

reforma judicial, por su parte, no consideró este antecedente, y por tanto no se articula con las prácti-cas vigentes de justicia indígena.

Dada esta situación, las organi-zaciones decidieron conformar un Consejo del juzgado. Entre sus intereses ha estado el legitimar al juez indígena ante la población nahua, ya que este nuevo funcio-nario se aleja de las prácticas de prestigio locales, para lo cual han llevado a cabo acciones que, se podría decir, actualizan prácticas tradicionales. En las comunidades indígenas de Cuetzalan, los pues-tos de autoridad forman parte del sistema de cargos de servicio; de manera general, se organizan esca-lonadamente: el primero puede ser el de topil, cuya función es prestar servicio de mensajero para los car-gos de los siguientes escalafones. La persona que inicia en el siste-ma de cargos va subiendo por cada uno de ellos; no existe un orden de sucesión estricto, pero a los cargos

de mayor rango se accede cuando se tiene una trayectoria de ejerci-cio en distintos cargos de servicio.

La importancia de los cargos ra-dica en que otorgan experiencia, respeto y legitimidad a las personas que han participado en ellos. Por ejemplo, la autoridad indígena en-cargada de impartir justicia, que es un cargo de mayor rango, va a ser reconocida por los habitantes de la comunidad por su trayectoria en los cargos. Por otra parte, dada la cer-canía que implica vivir en una co-munidad, los habitantes saben si la participación de una persona en el cargo fue buena o no, es decir, exis-te “cierta vigilancia” del trabajo de las autoridades por la colectividad.

El juzgado indígena, tal como se creó, no tenía relación con el sis-tema de organización comunitaria esbozado. se instaló en la cabece-ra municipal de Cuetzalan, que se caracteriza por tener una mayoría de pobladores no indígenas, quie-

nes ocupan los puestos judiciales y político-administrativos y los ejer-cen con una lógica distinta a la de las comunidades.

El Consejo ha vinculado al juz-gado indígena con prácticas tra-dicionales, que si bien han sido ajustadas para atender las necesi-dades actuales, recogen elementos que son esenciales para su identi-dad. El Consejo ha traído la repre-sentación de la población nahua al juzgado: está integrado por unos 12 hombres y mujeres provenientes de varias comunidades, quienes además son reconocidos en sus localidades por haber ejercido car-gos de servicio. En este sentido, en el Consejo se asumieron dos res-ponsabilidades centrales: elegir al juez indígena, tomando en cuenta su perfil de servicio comunitario y “vigilar” el trabajo del juez indíge-na, como lo haría la colectividad en ambos casos, consiguiendo una importante asistencia por parte de la población nahua.

Sonora

LA GUARDIA TRADICIONAL COMCAÁCMisael de la Rosa y Gabriel Hernández García ENAH / INAH

Las guardias comunita-rias entre los pueblos indígenas y campesinos son consideradas por di-

versos “especialistas” como un “fe-nómeno reciente” que ha tomado a muchos por sorpresa, sobre todo a partir de su aparición mediática. Sin embargo, su invisibilidad rela-tiva no significa que en el pasado no existieran. Consideradas como instituciones sociales al margen de la legalidad, es para muchos desconocido que las guardias co-munitarias tradicionales son una realidad histórica, presentes en di-versos procesos de resistencia indí-gena frente a instituciones y élites dominante, desde la Colonia has-ta el México posrevolucionario.

Al respecto, existen ejemplos como la Guardia Tradicional Maya de Chan Santa Cruz, en Carillo Puerto, la cual resguar-da la Cruz Parlante, considerada artífice de la estrategia indígena durante la Guerra de Castas. Otro ejemplo emblemático es la Guar-dia Tradicional Yaqui, que provie-ne de las instituciones heredadas por los jesuitas y de la estructura de defensa que ha persistido des-pués de la guerra emprendida por el gobierno contra este pueblo en los siglos XIX e inicios del XX.

En el noroeste del país, además del caso yaqui, otro digno ejemplo de defensa comunitaria del territorio

es la Guardia Tradicional Seri o Comcaác, ubicada en la costa cen-tral de Sonora, en los poblados de Punta Chueca y el Desemboque, pertenecientes a los municipios de Hermosillo y Pitiquito, respectiva-mente. Esta institución fue creada hace 28 años para coordinar con el Gobierno Tradicional y el Con-sejo de Ancianos la salvaguarda del espacio fundamental para la reproducción social y cultural de esta nación, como se reconocen a sí mismos los comcaác: “Todo el territorio es sagrado porque en él está derramada la sangre de nuestros antepasados que lo defen-dieron y los cuerpos de nuestros ancestros. Pero también hant, la tierra, es parte del cuerpo de cada cmiique (seri), de cada persona que navega el mar y habita el ári-do desierto de la costa central de Sonora. Xepe coosot¸ el Canal del

Infiernillo, es la sangre del territo-rio, pues es la conexión del cuerpo, nuestro cuerpo, con el corazón, la Isla del Tiburón (taheöj), que es lo más sagrado que tenemos”.

Esto nos los revelan los descen-dientes de siete grandes bandas nómadas, que moldearon y le dan vida a la cultura y nación Comcaác. Estos grupos habitaron en el pasa-do un vasto territorio que iba de norte a sur, del Delta del Rio Co-lorado hasta el límite del estado de Sonora con el de Sinaloa, así como casi todas las islas del Golfo de Ca-lifornia. Este territorio ancestral aún persiste en la memoria colec-tiva y es recordado y recreado en cantos, historias, mitos y rituales.

El mandato de la Guardia Tradi-cional consiste precisamente en resguardar el territorio que ha sido

heredado por los ancestros y que ya sea mediante la dotación o la restitución, ha sido recuperado en las últimas décadas. En primer lugar, el ejido ubicado en la par-te continental del territorio, con una superficie de 91 mil 322 hec-táreas. De igual manera, Taheöj, restituida por el gobierno en 1975, además del Canal del Infiernillo, que es la porción del territorio ma-rino que ha sido reconocida por el Estado como zona de exclusividad pesquera para los Comcaác.

Una de las principales actividades de la Guardia Tradicional consis-te en prevenir y evitar la pesca y la cacería furtivas, así como la tala ilegal del palofierro, que es utilizado por los Comcaác para la elaboración de artesanías. La guardia marina realiza recorridos en el Canal del Infiernillo, así como las inmediaciones de la Isla Tiburón, con el objetivo de evitar la entrada de pescadores y barcos sin autorización.

A pesar de los intentos que desde diferentes sectores se han puesto en marcha para desprestigiar a la Guardia Tradicional, es importante señalar que esta institución social goza de una importante legitimi-dad y legalidad al interior del pue-blo comcaác, reconocida además por las figuras de autoridad como el Consejo de Ancianos y el Gobier-no Tradicional. Es también funda-

mental reconocer que de acuerdo con instrumentos jurídicos interna-cionales de los cuales México es sig-natario, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como el artículo segundo constitucional, la Guardia Tradicional es una institución legal que no se contrapone con el orden social vigente, sino que por el con-trario, le es complementario.

La defensa comcaác del territorio es la defensa de la vida humana y no humana, de los recursos na-turales, de los espacios sagrados, de los geosímbolos fundamenta-les para la memoria colectiva, de la dignidad de un pueblo que ha sabido sobrevivir a una historia de despojo y exterminio, anteponien-do el principio esperanza como recurso fundamental para afir-marse ante la adversidad. Como señala un miembro de la guardia: “Pero no lo perdimos todo, porque nuestros antepasados, además de ser pescadores, cazadores y reco-lectores, también eran guerreros. Eso también nos cuentan los an-cianos cuando entonan los cantos de guerra. En los cantos de guerra se nos cuenta un poco del pasado de nuestra tribu. En ellos se nos recuerda que en el territorio está derramada la sangre de los nues-tros antepasados que lucharon por defender a nuestro pueblo. Por eso nos pertenece y siempre vamos a protegerlo y defenderlo.”

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18 de mayo de 201310 Las armas del pueblo

POLICÍAS COMUNITARIOS, GRUPOS DE AUTODEFENSA Y PARAMILITARESJesús Ramírez Cuevas

La reciente proliferación de grupos civiles de auto-defensa y policías comu-nitarias ha sido provoca-

da por la incapacidad del Estado para responder a la crisis de vio-lencia y de inseguridad que azota diversas regiones del país.

En un recuento en medios locales y nacionales, se contabilizan más de 36 grupos (cuerpos de seguri-dad comunitarios, policías rura-les, guardias blancas, de autode-fensa civil y grupos paramilitares) en 16 estados del país (Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Estado de México, So-nora, Oaxaca, Veracruz, Tamau-lipas, Chihuahua, Tabasco, San Luis Potosí, Puebla Quintana Roo y Tlaxcala).

Sin embargo, hay diferencias im-portantes entre ellos. No es lo mis-mo La Comunitaria de Guerrero –surgida y armada por decisión colectiva de las comunidades– que los grupos de autodefensa de ciudadanos hartos de la insegu-ridad, que las guardias blancas, policías rurales o paramilitares entrenados por el Ejército.

La tradición indígena. En Méxi-co existe una tradición histórica de autodefensa entre los pueblos indígenas y las comunidades ru-rales. Como ha recordado el inte-lectual indígena Francisco López Bárcenas, algunas experiencias so-breviven desde el siglo XIX, como los guardias tradicionales seris y yaquis en el noroeste, que cuentan una estructura militar, producto de las largas guerras que libraron contra el gobierno mexicano y en defensa de su territorio en el siglo XIX.

En el sureste sobrevive la guardia tradicional maya que resguarda a Chan Santa Cruz, en el munici-pio de Carrillo Puerto, Quintana Roo, y proviene de la lucha de los mayas contra el colonialismo y la esclavitud.

Entre los pueblos indígenas, casi siempre, la autodefensa ha sido el último recurso al que acuden para defenderse de amenazas de la delincuencia, caciques locales, gobierno o megaproyectos.

A partir de 1994, con el levanta-miento indígena del EZLN, en Chiapas, se detonaron procesos de autonomía indígena en muchos lugares del país, sobre todo en Guerrero y Oaxaca.

En Guerrero, la grave crisis de in-seguridad y el abandono del Esta-do obligó a los pueblos a protegerse a sí mismos. En 1995 nació la Po-licía Comunitaria de la Montaña de Guerrero, que hoy se extiende a 104 comunidades de 13 municipios del estado. La Coordinadora Re-gional de Autoridades Comunita-rias (CRAC), nombrada en asam-bleas regionales, tiene a su cargo las funciones de procuración y administración de justicia. Asimis-mo, coordina el proceso de reedu-cación al que son sometidos quie-nes son encontrados culpables de delitos, el cual consiste en trabajo social a favor de las comunidades.

Otras comunidades indígenas na-huas, purépechas, chatinas, zapo-tecas, mazahuas y otomíes de 22 municipios de Michoacán, Gue-rrero, Chiapas, Jalisco, Estado de México, Quintana Roo, Sonora, Oaxaca, Morelos y Veracruz han seguido el ejemplo de armarse para hacer valer sus derechos.

En el municipio de Cherán, Mi-choacán, los indígenas se suble-varon contra la violencia del nar-cotráfico y en defensa del bosque. Desde abril de 2011, la asamblea

del pueblo se hizo cargo de la se-guridad y del gobierno local.

Los nahuas de Manantlán, Jalis-co, defienden su territorio de com-pañías mineras chinas y grupos de talamontes. Los indígenas de Alvaro Obregón en San Dionisio del Mar, Oaxaca, organizaron la autodefensa contra las empresas extranjeras que buscan instalar molinos para generar electricidad en sus tierras, sin considerar sus derechos. Demandan la consulta a los pueblos acerca de los proyec-tos de desarrollo en sus tierras.

Los grupos de autodefensa. A la autodefensa recurren ciudadanos que buscan defenderse de la delin-cuencia, aunque algunos también protegen a sus pueblos de agresio-nes oficiales o de proyectos empre-sariales; estos grupos se rigen por sus propias normas y no rinden cuentas a nadie.

Estas reacciones sociales han sido consecuencia directa de la absur-da guerra contra el narco, decla-rada por Felipe Calderón, que dis-paró la violencia y los asesinatos. Con el PRI en el poder, la crisis de seguridad ha empeorado.

Este año han aparecido nuevas expresiones de autodefensa. En

enero de 2013, pobladores de Ayut-la, Tecoanapa y San Marcos, en la Costa Chica de Guerrero, ins-talaron retenes en las carreteras y detuvieron a 52 presuntos delin-cuentes. Pertenecen a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), aunque al principio se presentaron como parte de la CRAC.

La Unión de Pueblos y Comunida-des, de 11 municipios de la Sierra Madre de Chiapas, conformó Bata-llones de Autodefensa Civil para im-pedir que las mineras canadienses realicen extracción de minerales.

Los productores de limón de Bue-navista Tomatlán, Michoacán, constituyeron autodefensas para enfrentar las extorsiones, cobro de cuotas y asesinatos.

En el sur del Estado de México, ve-cinos de 30 comunidades de Tlat-laya y 25 de Amatepec, así como en la cabecera municipal Tejupilco, se armaron contra la inseguridad.

La otra tradición. Existe otra vieja costumbre de caciques, ha-cendados, finqueros y empresas extranjeras que recurren a guar-dias blancas, ejércitos privados o paramilitares para imponer su do-minio y sus intereses.

“El ar culo 39 de la Cons -tución lo dice muy clarito: que el poder emana del pueblo, y el pueblo ene el derecho de modifi car o al-terar su gobierno cuando esto sea necesario. Quien diga que no, desconoce la ley. También nos ampara el ar culo 169 de la Or-ganización Internacional del Trabajo. La Ley 701 del estado de Guerrero indica que cualquier municipio que tenga el 40 por ciento más uno de población in-dígena originaria ene el derecho de implementar su gobierno por usos y cos-tumbres y por la consulta, y la consulta no es otra cosa que la Asamblea. Te-nemos más de 40 por cien-to de población indígena y eso nos faculta en la ley y eso es lo que estamos ha-ciendo. Las armas son ar-mas de cacería que enen los campesinos y que les sirven para resguardar sus hogares y sus parcelas.”

Gonzalo Torres, comandante de la UPOEG. (Tomado del video Vigilantes mexicanos se levantan contra la delincuencia, producido por VICE)

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18 de mayo de 2013 11Las armas del pueblo

Los grupos paramilitares han sido creados por el Ejército para actuar en la guerra irre-gular contra las guerrillas y los movimientos sociales. Hacen el trabajo sucio que el gobierno no hace abiertamente para no rendir cuentas de las violaciones a derechos humanos. Chiapas fue el laboratorio contemporá-neo de los grupos paramilitares (sumaron más de 30). La matan-za de Acteal, Chenalhó, Chia-pas, en 1997, fue el caso más emblemático.

Actualmente, hay una estrategia del Ejército mexicano para cons-tituir fuerzas rurales irregulares. Por ejemplo, en febrero de 2013, en el municipio de Mapastepec se integró un pelotón de policías rurales con ganaderos, capacitado, coordinado y presentado a los me-dios por el mando militar regional.

En el norte de Veracruz, en sep-tiembre de 2012, apareció el Comando Civil de Defensa de Tantoyuca, creado por caciques y petroleras en la región.

Hay el riesgo de que la multipli-cidad de grupos de autodefensa auspiciados por poderes locales y de guardias rurales creadas por las fuerzas armadas derive en el ho-rror que fueron las Autodefensas Colombianas que se salieron del control oficial y sembraron terror y muerte en el país sudamerica-no. Esto es relevante si el Plan Mérida está inspirado en el Plan Colombia.

De la legítima defensa y a la co-lombianización. Si las autorida-

des actúan en la ilegalidad, violan derechos y despojan a los pueblos, los ciudadanos están facultados para ejercer su soberanía y hacer cumplir la Constitución.

El derecho a la autonomía de los pueblos indios les permite asumir la seguridad y justicia. Las policías y las guardias comunitarias están dentro del Estado de derecho y responden a una decisión y con-trol colectivo y democrático de sus comunidades.

En cambio, los grupos de auto-defensa armados son expresiones de hartazgo que podrían ser en-marcadas en actos de legítima de-fensa ciudadana, pero no rinden cuentas a nadie y actúan bajo su propia lógica.

Las guardias blancas, rurales y pa-ramilitares están fuera de la ley y de la Constitución. Son protegidos por autoridades civiles y militares que sirven al narco, a empresas, a caciques o a partidos políticos.

El principal riesgo de una co-lombianización de México no proviene de las reacciones deses-peradas de la sociedad, sino de las decisiones del gobierno mexicano de continuar con políticas contra-insurgentes y con el despojo a los pueblos, mediante grupos arma-dos con vínculos institucionales y con el crimen organizado, cuya acción podría desencadenar una conflagración armada de propor-ciones nacionales. Ese es el verda-dero peligro.

ENTIDADES FEDERATIVAS CON GUARDIAS COMUNITARIOS/GRUPOS DE AUTODEFENSA/PARAMILITARES:SONORA–Guardia tradicional seri en Punta Chueca, 30 km de bahía de Kino, protege sus aguas de barcos camaroneros.–Guardia Tradicional Yaqui en cuatro municipios del Valle del Yaqui, se opone al acueducto Independencia.JALISCO–Ayo tlán. En Manatlán, pide el reconocimiento de su policía comunitaria.MICHOACÁN–Cherán. Autodefensa para proteger el bosque.–Buenavista. Autodefensa de productores de limón.–Irapichu (integrado por ocho comunidades Purépechas).–Zitácuaro (guardias comunales).–Nurío (policía comunitaria).–Tepalcatepec (se trasladan en autos de lujo y usan armas de alto poder).

CHIAPAS–En la Sierra y la Selva. Grupos de autodefensa.–Los Altos, Norte, Sierra, Soconusco, Valles Centrales y Costa. Autodefensa coordinadas por el Ejército y paramilitares.ESTADO DE MÉXICO–Amatepec.–Tlataya.–Tejupilco.–Zacualpan.–Almoloya de Alquisiras.–Luvianos.–Tlatlaya.–Amatepec.MORELOSCiudad Ayala. En Tenextepango surgió autodefensa en febrero del 2013–Cuautla. Autodefensa en Telelcingo

GUERRERO–Iguala (Autodefensa en 30 comunidades).–Tixtla (CRAC).–Olinala (Retenes civiles de octubre a diciembre del 2012).–Cualac (Creó su policía comunitaria en 2013).–Teloloapan (Autodefensa).–Marquelia (Policías comunitarios).–La Montaña. CRAC ene presencia en 13 municipios.–Ayutla de los Libres, Teconapa, Florencio Villarreal y Copala (Policías de la UPOEG surgidos en 2012, reciben dinero del gobierno).OAXACA–Juchitán. Policía comunitaria que en Alvaro Obregón se opone a proyecto eólico.–Santos Reyes Nopala. Autodefensa, su líder es acusado de porro

de Ulises Ruíz.VERACRUZ –Tantoyuca. Paramilitares.QUINTANA ROO–Guardia tradicional Maya creada en el siglo XIX.CHIHUAHUA –Dos grupos de autodefensa.TABASCO –Cárdenas. Grupo paramilitar.SAN LUIS POTOSÍ –Huasteca Potosina. Autodefensas y paramilitares.PUEBLA –San Mar n Texmelucan. Autodefensa.–Amozoc. Autodefensa.–Tehuacán, Autodefensa coordinada por las autoridades.

(Fuentes: La Jornada, El Universal, Milenio, MVS, Proceso, Desinformémonos).

“Los policías comunita-rios de la CRAC enen que ser nombrados en una asamblea, no usamos ca-puchas, el armamento lo adquiere la comunidad. En cambio los grupos de autodefensa son espontá-neos, no enen la capaci-tación que ene la policía comunitaria. Habría que darles cauce, dirección, reglamentación, norma -vidad. Se han inspirado en la policía comunitaria y se han ves do como tales y se han llamado igual, poli-cías comunitarios, aunque nosotros diríamos que su nombre correcto sería grupos de autodefensa popular. Que sean nom-brados en la Asamblea de su comunidad para con-jurar todo peligro de que estos grupos devengan en grupos paramilitares al servicio del gobierno, al servicio de par dos polí -cos, de narcotrafi cantes, de guerrilleros, de grupos religiosos, de caciques o de familias.”

Pablo Guzmán, ex coordinador y actual asesor de la CRAC-PC. (Tomado del video Vigilantes mexicanos se levantan contra la delincuencia, producido por VICE)

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18 de mayo de 201312 Las armas del puebloGuerrero

LA UPOEG Y LA AUTODEFENSA CIUDADANARamón Gracida González y Julio Leocadio Castro Promotores de la UPOEG

En el municipio de Ayutla de los Libres, de la Costa Chica de Guerrero, el pa-sado 6 de enero detonó un

proceso de organización comunita-ria que se tradujo inicialmente en un movimiento de autodefensa para convertirse luego en un sistema de seguridad y justicia ciudadana.

Los antecedentes se ubican a me-diados de 2011, cuando, impulsadas por un conjunto de líderes comuni-tarios de las zonas mestiza y mixteca del sureste de Ayutla, se realizaron consultas en las comunidades para discutir y aprobar la formación de una policía comunitaria que fuera parte de la Coordinadora Regio-nal de Autoridades Comunitarias (CRAC), que en la región de la Montaña ya había demostrado des-de sus inicios gran eficiencia y efi-cacia para combatir la delincuencia.

Estos esfuerzos comunitarios es-taban enmarcados en el colapso de la seguridad pública, que a ni-vel nacional se había deteriorado sobre todo a partir de la guerra emprendida por el gobierno fede-ral contra el narcotráfico, y por la ausencia de un mínimo de condi-ciones que salvaguardaran la vida, la integridad física y el patrimonio de la ciudadanía, ante el incre-mento de la violencia que ejerce el crimen organizado desde que en 2009 se asentó en esta región.

Las balaceras, levantones, ejecu-ciones, cadáveres desperdigados en los basureros, persecuciones en las calles, robo de vehículos y toques de queda, constituyeron el paisaje brutal de la omnipresencia y poderío de esos criminales, que se magnificó en la ciudad y en las comunidades rurales, al grado de que además de ser dueños absolu-

tos de las noches, se daban el lujo de implementar operativos para la detención de delincuentes comu-nes que luego entregaban a los po-licías municipales o ministeriales.

En este contexto, al iniciarse la promoción de la policía comuni-taria en las asambleas de las comu-nidades de esta región se hicieron notorios el entusiasmo y la parti-cipación ciudadana. En la buena disposición de la gente también influyó la posibilidad de que la or-ganización sirviera para conseguir obras de infraestructura producti-va y de servicios, algo que desde antes se venía buscando.

En estas reuniones, después de comentarse la gravedad de la inse-guridad y el control que del nar-cotráfico sobre las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia, se ex-plicaba la experiencia de la CRAC y los alcances de la figura de la comunidad indígena como sujeto de derecho para ser gestora de su seguridad y su desarrollo.

Así, se fue gestando un mensaje y un espacio de unidad entre los pueblos que tenían en las Asam-bleas de Autoridades Comunitarias de Ayutla y en la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) a sus principa-les promotores. Sin este anteceden-te, no podría explicarse la irrup-ción de un movimiento ciudadano que además de plantearse la auto-defensa también lucha contra la marginación, el abandono oficial y la falta oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.

En agosto-septiembre de 2012, se suscribieron los primeros acuerdos para incorporarse a la CRAC, y

después de discutirse y aceptarse sus estatutos y hacerse los nombra-mientos de policías y comandantes comunitarios, se programó para el 22 de diciembre, en la comunidad de Tonalá, del municipio de Ayut-la, la instalación de la Asamblea General de Consejeros para la pro-testa de estos nombramientos y la elección de los comandantes regio-nales. Sin embargo, en esta etapa se hicieron manifiestas diferencias de un sector de la dirigencia, que súbitamente decidió cambiar la sede acordada y trasladar la reu-nión a la comunidad na’savi de La Concordia, lo cual fue interpreta-do por la otra parte de los líderes como un golpe de mano y un vira-je sorpresivo en la estrategia inclu-yente que se venía construyendo.

Puede colegirse que estas diver-gencias tienen de trasfondo alguna agenda oculta, que se simula con el celo rancio de una disputa ét-nica entre na’savis y mestizos y la pretensión del control territorial.

El 6 de enero, sin el procesamien-to adecuado de estas diferencias, irrumpió el movimiento ciuda-dano de autodefensa liderado por la UPOEG, como respuesta a la onda expansiva de secuestros, le-vantones, cobro de cuotas a gana-deros, comerciantes y campesinos, que incluyó a varios de sus mili-tantes en Plan de Gatica, Ahuca-chahue y Rancho Nuevo.

La aprehensión de 54 presuntos de-lincuentes del crimen organizado, y el hecho de haberse desmantela-do la red operativa de los jefes de plaza de Ayutla Tecoanapa y Las Mesas, fueron el resultado inme-diato que demostró la eficacia del movimiento. Nos preguntábamos ¿por qué hasta ahora?, ¿cómo per-mitimos tanto atropello durante tanto tiempo?

La onda expansiva del movi-miento de autodefensa generó tales expectativas y simpatías que pronto se extendió al territorio inmediato de la Costa Chica y a las regiones del Centro, Montaña Alta y Acapulco. Pero al mismo tiempo, se fueron cerrando los ca-minos para el juicio popular que se les haría a los delincuentes y que había sido acordado por las comunidades el 31 de diciembre en la comunidad de El Mezón, municipio de Ayutla.

Aparentemente, de manera incom-prensible, la CRAC se deslindó de las acciones de autodefensa promo-vidas por la UPOEG: “no estamos en contra de que los pueblos se levanten en contra del crimen or-ganizado, pero tampoco estamos participando; nosotros no podemos salir fuera de nuestro territorio”, declaró Arturo Campos de la Casa de Justicia El Paraíso de la CRAC.

Por otro lado, las presiones de la parte más conservadora de la opi-nión pública, de los organismos de derechos humanos, del Ejecutivo

estatal, de los jefes de las fraccio-nes parlamentarias del Legislativo federal, de todo el aparato de se-guridad del estado y del Ejército, se dejaron venir como avalancha en la alineación de un bloque de fuerzas contenedoras.

Hubo toda una ofensiva mediática cuyo objetivo era frenar el juicio a los delincuentes mediante usos y costumbres –los cuales se sus-tentan y amparan en el reconoci-miento jurídico de la figura de la comunidad indígena– y forzar la vía de la negociación para entre-gar estos reos a la PGR.

Era claro de que no había op-ción. Lo fundamental era blindar al movimiento y la negociación era el único camino transitable.

En lo fundamental, el propósito de resguardar el proceso de orga-nización comunitaria se ha man-tenido, y de ser un movimiento de autodefensa ciudadana se ha con-vertido en un Sistema de Seguri-dad y Justicia Ciudadana (SSJC), fortaleciéndose organizacional y territorialmente, además de am-pliar su presencia hacia el Munici-pio Juan R. Escudero y el corredor Oriente de Acapulco rural; zonas que se en fechas recientes se han declarado formalmente como te-rritorios comunitarios.

En síntesis, el proceso de organi-zación que está en marcha ha sido antes que nada una acción políti-ca, una acción de fuerza de y para la legítima autodefensa comunita-ria, una construcción de paz me-diante el control territorial comu-nitario y regional para liberarse de la brutalidad criminal, un foro de diálogo y discusión con organiza-ciones sociales e instituciones del estado y una construcción progra-mática para la incorporación de la figura de la comunidad en el desarrollo nacional con justicia y dignidad.

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18 de mayo de 2013 13Las armas del puebloGuerrero

PENSAR LA SEGURIDAD Y JUSTICIA DESDE LOS PUEBLOSMariana Mora Bayo* y Jaime García Leyva** *Profesora investigadora del CIESAS y de Fundar, Centro de Análisis e Investigación; **Indígena na’savi, profesor investigador del Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Universidad Autónoma de Guerrer mariana_mora@yahoo.com, jaime.jaguar@yahoo.com.mx

Los pobladores de una co-munidad nahua reflexio-nan en asamblea sobre la inseguridad que atravie-

sa la Montaña de Guerrero, sobre el papel de las instituciones y la construcción de alternativas. El debate profundo refleja cómo los pueblos indígenas de la región lu-chan, en un entorno sumamente adverso, por condiciones mínimas de seguridad y justicia.

Los habitantes inician evaluan-do el papel de las fuerzas de se-guridad. Un señor asegura que lo único que ha logrado el retén del ejército, que opera desde hace un

año, es redirigir el problema del narcotráfico hacia su comunidad, por donde ahora pasan los “ma-leantes” sembrando temor entre la gente. La policía ministerial, ni decir, “ellos sólo buscan cómo exprimir el dinero de los campe-sinos” con extorsiones que van de tres mil a cinco mil pesos, aunque pueden llegar hasta 20 mil. Y los policías municipales a veces “se portan como sicarios, entran a la comunidad encapuchados, con sus armas en alto, y detienen al que encuentren en la calle”.

En contraste, los participantes en-fatizan la confianza que tienen en

sus autoridades tradicionales. Un anciano señala que la solución es regresar a las actividades que des-empeñaba anteriormente la comi-sión de seguridad del pueblo junto con el comisario y los principales. Un hombre responde que antes el problema era el robo de ganado y ahora son los policías y los narco-traficantes. Dice: “tenemos que fortalecer el papel de nuestras au-toridades. ¿Pero qué pueden hacer ellos contra esa gente que anda con su cuerno de chivo?”.

Debates igual de complejos se están realizando en otras comu-nidades na’savi, me’phaa y nahua en la Montaña y Costa Chica de Guerrero como parte de la reac-tivación de estrategias de protec-ción y de justicia comunitaria indígena. Estas reflexiones se vienen dando desde 1990, cuando la inseguridad se incrementó en la región. Los acuerdos se toman en asambleas con base en las for-mas de organización social propia y en el cumplimiento de cargos, así como en la apropiación de ele-mentos jurídicos que garantizan su seguridad y el respeto cultural a sus maneras de hacer justicia.

Dichas propuestas apelan a la ree-ducación, a los consejos, a las san-

ciones, al trabajo comunitario y a la dignificación del sujeto para que sea “hombre de bien” y “de honor y rostro”. Estas prácticas tienen un sustento en la organización comu-nitaria. Para los na’savi existe el cambio de mano entre hermanos (sama nda´a na ta´an yo), que re-presenta el intercambio de apoyo mutuo y que se traduce también en el cumplimiento de trabajo por y para el pueblo. Entre los nahuas existe el tlamacoaxtli y el tequio; para los me’phaa se encuentra la faena y el servicio comunitario. Ambas formas parten de los nú-cleos familiares y en un segundo momento se correlacionan con el servicio a la población general. Así, quienes integran los sistemas de seguridad que se han organizado han crecido y se han formado con una identidad basada en el servicio y en los valores colectivos.

Dentro de los pueblos también se están gestando debates entre generaciones y entre hombres y mujeres para renovar los usos y costumbres, lo que incluye ana-lizar la incorporación de nuevas prácticas y pensamientos. En particular, la modificación de los cargos de seguridad y de justicia para responder a las violencias que sufren las mujeres, y al crecien-

te problema de la alienación de los jóvenes, quienes encuentran pocas vías para expresar sus frus-traciones ante la falta de acceso a una educación intercultural de calidad, ante las pocas opciones de un empleo que no requiera migrar y ante los impactos del deterioro ambiental regional que afecta la productividad de la tierra.

La búsqueda de soluciones de cara a la violencia desatada por la delin-cuencia organizada y por la impuni-dad con que actúan las instituciones es un desafío mayor. Sin embargo, reivindicar sus sistemas de seguridad y justicia es una parte necesaria de sus luchas por una vida digna y por el resguardo de sus espacios sociales y materi ales, su lengua y territorio.

Evento: Coloquio internacional Antropología de la Alimentación. Organizan: Varias organizaciones e instituciones académicas. Lugar y fecha: Auditorios Francisco Javier Mina y Vicente Guerrero, Edifi cio Central (A) Planta Baja de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, 22 y 23 de mayo de 2013. Informes: http://www.xoc.uam.mx/Coloquio/registro.htm

Evento: ¡Jaramillo Vive! Honremos la Memoria de Rubén Jaramillo y su Familia. Organiza: Varias organizaciones. Lugar y fecha: 23 y 26 de mayo. Diversas actividades.

Evento: CaravanadelMaíz #FueraMonsanto. Lugar y fecha: 25 de mayo a las 14:00 horas en Bellas Artes, Ciudad de México. Informes: Facebook: CarnavalDelMaiz / carnavaldelmaiz@gmail.com / Twitter: CarnavaldelMaiz

Video: Vigilantes mexicanos se levantan contra la delincuenciahttps://www.youtube.com/watch?v=8XiSnCt9fDcProducido por: VICE.

Guerrero

ABRIENDO BRECHA: MUJERES DE LA POLICÍA COMUNITARIAMaría Teresa Sierra Profesora-Investigadora del CIESAS-DF

Por primera vez en la his-toria de la Policía Comu-nitaria, el 23 de febrero de este año una mujer fue

electa comandanta regional, en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán: Paula Silva Florentino, na’savi, de 34 años. Junto con otros tres comandantes regiona-les, Paula está ahora al frente de los grupos de policías comunita-rios que garantizan la seguridad de las comunidades en un amplio territorio.

Para Paula tal situación es un ho-nor: “Nosotras las mujeres hemos soñado y hemos luchado hasta llegar donde estamos ahorita, lo acepto compañeros y con mucho orgullo llevaré este cargo” (pala-bras dichas ante la Asamblea Re-gional de cambio de autoridades).

De esta manera, las mujeres se encuentran presentes en las dos principales estructuras del Sis-tema Comunitario, la Coordi-nadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que se encarga de impartir justicia, y la

Comandancia Regional de la Poli-cía Comunitaria. El hecho revela los nuevos tiempos que marcan a la institución y su capacidad para abrir los espacios a la participa-ción de las mujeres, lo cual forta-lece el proyecto autonómico de la Comunitaria.

No ha sido fácil para ellas ganar un lugar en las instancias de la justicia y la seguridad comunitaria regional, ante las arraigadas ideo-logías patriarcales que reproducen su subordinación y tienden a ex-cluirlas de la toma de decisiones familiares y colectivas; más aún en contextos donde la opresión de género no puede desligarse de las múltiples subordinaciones y violencias estructurales y políticas que marcan la vida de las comuni-dades y su relación con el Estado. Si bien las mujeres han partici-pado activamente en el proceso comunitario desde sus inicios en 1995, fue apenas en 2006 cuan-do la Asamblea Regional eligió a Felícitas Martínez como coordi-nadora regional de la CRAC para realizar tareas de justicia; desde

entonces varias mujeres han ocu-pado el cargo. Lo distintivo de su participación ha sido promover un debido proceso sensible a la con-dición de género de las mujeres que contemple sus derechos, en el marco mismo de sus costumbres.

En palabras de Carmen Ramírez, ex coordinadora de la CRAC: “no es lo mismo tratar a una mujer que a un hombre, no se tiene la misma confianza”. Falta mucho para conseguir una justicia con equidad de género; sin embargo, hay avances muy importantes como el hecho que las mujeres puedan plantear sus problemáti-cas, en su propia lengua, a otras mujeres, y si es necesario sean ellas quienes las revisen, sobre todo cuando son víctimas de vio-lencia. Asimismo las mujeres han dado las salidas adecuadas en el proceso de reeducación –fase úl-tima de la justicia comunitaria para casos graves-, cuidando que las detenidas realicen un trabajo propio a su condición de mujer, y garantizando al mismo tiempo su seguridad personal al estar en un

espacio masculino, como lo es la oficina de la CRAC.

El proceso de las mujeres en la policía comunitaria cobra espe-cial relevancia en el contexto de una institución que ha garantiza-do la paz social y la justicia en un amplio territorio a lo largo de 17 años, ejerciendo una autonomía de facto. Por lo mismo, a lo largo de su historia ha sido vigilada y acosada por el Estado, que sin em-bargo ha terminado por tolerarla. Las presiones hacia la institución no han impedido que los Comuni-tarios modifiquen su modelo bus-cando una justicia y una seguri-dad más adecuada, para hombres y mujeres. Es en este sentido que deben valorarse los aportes de las mujeres al sistema comunitario y su potencial emancipatorio.

Como otras mujeres indígenas en México y en América Latina, las de la Policía Comunitaria están abriendo brecha y apostando por fortalecer su lugar en una institu-ción que ha traído la dignidad a sus pueblos y a ellas como mujeres.

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18 de mayo de 201314 Las armas del puebloGuerrero

LOS COMUNITARIOS: ESTIRPE SABIA Y GUERRERA DE LA COSTA-MONTAÑAAbel Barrera Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

En la comunidad me’phaa de El Rincón, junto a las faldas del cerro Tezonte-llo, donde Genaro Váz-

quez instaló su primer campamen-to guerrillero, el 15 de octubre de 1995 nació la policía comunitaria, en el seno de una asamblea regio-nal donde participaron 28 comuni-dades me’phaa, na’savi y mestizas de los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec y Azoyú.

Ante el atraco vil a los maestros indígenas y a los pequeños pro-ductores de café, los robos de ani-males, las violaciones sexuales de niñas, y los secuestros y asesinatos por parte de bandas de forajidos, las organizaciones cafetaleras, como La Luz de la Montaña, la Unión Regional Campesina y la SSS Café y Maíz, así como el Consejo Guerrerense 500 Años, los consejos comunitarios de abas-to y la Iglesia católica de la parro-quia de El Rincón, compartían la misma preocupación: cómo con-tener el avance de la delincuencia en la región. En las reuniones se

imponía la idea de “tronar” a los delincuentes o de ir a sus madri-gueras para colgarlos junto con sus secuaces, la policía ministerial.

Las asambleas regionales se erigie-ron en espacios de reflexión colecti-va que ayudaron a recuperar la me-moria histórica y a reivindicar los derechos del pueblo para enfrentar los embates de la delincuencia y los actos impunes de los gobiernos caciquiles. ¿Cómo atacar de raíz estos males?, era la pregunta que consumía varias horas de los asam-bleístas en acaloradas discusiones. El reencuentro con sus saberes milenarios y el rescate de sus ins-tituciones comunitarias ayudaron a reencausar la fuerza alebrestada de los pueblos de la Costa-Montaña. Se esfumó el fantasma de la justi-cia por propia mano y se optó por el camino de la justicia y la seguridad comunitarias.

En aquella fecha, los comisarios sellaron las actas de la asamblea y las registraron ante el notario público para darle fuerza legal al

acuerdo comunitario. Para su co-nocimiento, entregaron copias al gobernador, al procurador de jus-ticia, al presidente del tribunal, al congreso del estado, al director de la policía ministerial y al mismo

ejército. La respuesta de las auto-ridades fue unánime: desarmar y encarcelar a los policías comu-nitarios por transgredir la ley. La sinrazón del poder autoritario dio paso a la persecución y la confron-

tación permanentes.

Por su parte, los pueblos indígenas constituyeron de manera autónoma una estructura normativa y operativa acorde con el sistema de justi-

Guerrero

MARCHANDO POR CAMINOS ESCARPADOS: LA LUCHA POR LA JUSTICIA COMUNITARIAVidulfo Rosales Sierra Coordinador del Área Jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Guerrero

En 1995 los pueblos me´phaa, na’savi y mestizos de la Costa-Montaña de Guerrero,

cansados de ser víctimas de la de-lincuencia y de la omisión de las autoridades encargadas de la segu-ridad, procuración e impartición de justicia, conformaron la Policía Comunitaria y posteriormente su Sistema de Justicia.

La Coordinadora Regional de Au-toridades Comunitarias-Policía Co-munitaria (CRAC-PC) a la fecha tiene cuatro casas de justicia, opera en 12 municipios y realiza las acti-vidades concernientes a la preven-ción del delito, procuración e im-partición de justicia y reeducación.

Antes de la conformación del Es-tado Nacional los pueblos indíge-nas contaban con una forma de organización política y social. En el periodo poscolonial, y al con-formarse lo que hoy conocemos como el Estado mexicano, a los pueblos indígenas se les trató de incorporar a una forma de vida que no les corresponde. Se les sometió a un sistema de justicia

que les es ajeno. Así perdieron su libertad, tierras y todo su patrimo-nio. Sin embargo, muchos pue-blos resisten. Conservan su forma de organización política y social. Los comisarios y los policías se nombran en Asamblea general, escogiendo a las personas más honestas y comprometidas con la colectividad. Los primeros admi-nistran justicia y los segundos se encargan de la seguridad pública.

En este modelo de seguridad y justicia se inspiró la CRAC-PC. Hoy día han logrado abatir la de-lincuencia en 90 por ciento en la Costa-Montaña de Guerrero.

Actualmente existe un cuerpo de le-yes que da sustento legal a esta orga-nización comunitaria: el convenio 169 de la Organización Internacio-nal del Trabajo (OIT) sobre Pueblos indígenas y Tribales; la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indíge-nas; el artículo 2 de la Constitución Política de México, y la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cul-tura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, establecen que los pueblos indíge-

nas tienen autonomía para decidir sus propias formas de organización social y para castigar los delitos co-metidos en su territorio.

Concretamente la Ley 701 del Es-tado de Guerrero reconoce que los pueblos indígenas tienen la

facultad de realizar tareas de pre-vención del delito, administración de justicia y readaptación social de los transgresores. En tal virtud la actividad de las CRAC-PC dista mucho de ser ilegal como muchos afirman; por el contrario, es el reconocimiento a la diversidad ju-

rídica en una sociedad pluralista, multicultural y democrática.

Pese a lo anterior, desde su fun-dación la CRAC-PC ha sido objeto de hostigamiento, perse-cución y represión por parte de las autoridades federales y esta-

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18 de mayo de 2013 15Las armas del pueblo Guerrero

EL SISTEMA DE JUSTICIA Y LA REEDUCACIÓN DE INFRACTORES EN LA CRACPablo Guzmán Hernández Consejero de la CRAC

En la Coordinadora Re-gional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-

PC) de Guerrero, la primera instancia del Sistema de Justicia Comunitaria es el comisario, de-legado o encargado municipal, autoridad que es nombrada cada año por la comunidad y que el ayuntamiento reconoce como autoridad constitucional y le dota de un sello como autoridad oficial.

Además de cumplir ciertas obli-gaciones como autoridad ante el ayuntamiento, el comisario, delegado o encargado municipal también tiene obligaciones ante el Sistema Comunitario de Se-guridad, Justicia y Reeducación y sus Comités principales, que son Comité de Autoridades y el Comité Ejecutivo (comandantes regionales).

El comisario tiene facultad de resolver y sancionar asun-tos menores y para ello puede auxiliarse de los principales de su comunidad, e inclusive de la Asamblea Comunitaria. Si no se resuelve el asunto o hay incon-formidad por la parte acusada, se puede recurrir a la Segunda Instancia.

La Segunda instancia es inte-grada por los coordinadores de cada una de las cuatro casas de justicia (San Luis Acatlán cabe-cera municipal; Zitlaltepec, mu-nicipio de Metlatonoc; Espino Blanco, municipio de Malinalte-pec, y El Paraíso, municipio de Ayutla) y se encarga de atender asuntos graves señalados en el Reglamento Interno; para resol-ver asuntos muy complicados, se pueden auxiliar de los consejeros regionales y/o de la Asamblea de la mayoría de los comisarios de las aproximadamente 25 comu-nidades que coordina cada casa.

La Tercera Instancia y última, como máxima autoridad del Sis-tema Comunitario, está integra-da por la Asamblea Regional o Asamblea General de la mayoría de las comunidades participan-tes en el Sistema Comunitario, además de los consejeros, comi-sarios, principales entre otros. Ante esta instancia se llevan los asuntos de mayor gravedad y se resuelven en definitiva.

Cuando la CRAC recibe una demanda, reúne elementos su-ficientes que le den sustento

y en seguida envía un primer y hasta un segundo citatorio. Si és-tos no son atendidos, se manda a la policía con una orden de pre-sentación. Puesta a disposición la persona, se toman las declaracio-nes correspondientes, se investi-ga y se define la culpabilidad. Se inicia la búsqueda de arreglos y acuerdos conciliatorios. Esta eta-pa es la que más se trabaja: ante la presencia de las autoridades, las partes dialogan las veces que sean necesarias a fin de lograr un buen arreglo. La gran mayo-ría de los asuntos se resuelven en esta etapa. Cuando el asunto no tiene reparación del daño, como violación u homicidio, o cuando después de buscar el arreglo y la conciliación, ésta no es posible, entonces se interviene como au-toridad (todo siempre plasman-do en actas) para determinar la sanción correspondiente aunque alguna de las partes o ambas no compartieran la decisión.

Actualmente los usos y costum-bres no están sistematizados y varían de una comunidad a otra por ser mixtecas, tlapanecas o de un sincretismo entre esas etnias y mestizos. Siempre se eligen a los coordinadores (entiéndase: jueces tradicionales) por lengua, para que en caso de que el acu-sado no hable bien el castellano siempre haya un coordinador que hable su lengua.

Si existen elementos que indi-quen culpabilidad, se detiene a la persona en tanto se concluye la investigación. Una vez corro-borada su responsabilidad se de-termina su sanción y se manda a reeducación.

La primera educación se reci-be en la escuela, el hogar y la comunidad y cuando se juzga

al infractor no se soslaya la res-ponsabilidad de los padres y la comunidad en dicha educación. La segunda educación es en cau-tiverio donde aprenderá a traba-jar si no lo sabía hacer.

La filosofía reeducativa del Sis-tema Comunitario concibe que no es la tortura, la venganza, la pena o el castigo lo que puede hacer cambiar al individuo; por ello, las personas que deben pa-gar por un delito no permanecen encarcelados: no deben ser una carga para la sociedad y más bien tienen que ser productivos. Cuando se les manda a reedu-cación, tienen que permanecer 15 días en cada una de las co-munidades del Sistema Comu-nitario: durante el día no están en la celda, sino trabando en ta-reas de beneficio común, como arreglo de la comisaría, abriendo zanjas para meter agua potable, haciendo pozos, arreglando bre-chas o calles, entre otras; por la tarde, se les lleva a bañar o a lavar su ropa y después a recibir consejos y pláticas de los señores principales que les retransmiten su experiencia de vida y les dan abundantes consejos.

La reeducación es una propues-ta en construcción y se prevé que en el futuro se convierta en una universidad del apren-dizaje con orientación familiar, primeros auxilios, protección civil, capacitación para elaborar abonos orgánicos, producción de hongos setas, y en lo general ofi-cios, habilidades y destrezas que los infractores puedan compartir con los ciudadanos de cada co-munidad mientras están en ree-ducación, y una vez al salir de ella, sean catalizadores del desa-rrollo integral sustentable de su región.

tales. A menudo se le ha des-calificado, señalándola de ilegal y de ser un grupo de hordas que clama venganza. Los cuerpos po-liciacos trataron de desarmar a los policías comunitarios. Otras veces se abrieron expedientes en los que se judicializa a las autoridades co-munitarias, acusándolas de privar de la libertad a las personas. A la fecha existen 50 acciones penales contra igual número de autorida-des y consejeros de la CRAC-PC. Ejemplo de lo anterior es cuando en 2002 fue detenido el párroco Mario Campos, fundador de la organización comunitaria, un año después el gobierno del esta-do dio un ultimátum de 30 días a la CRAC-PC para que dejara de operar so pena de desarmarla con el Ejército Mexicano. En 2005 la Policía Ministerial entró a la Casa de Justicia de la CRAC-PC en San Luis Acatlán y detuvo a todos los coordinadores. En 2012 elementos de la Policía Ministerial detuvie-ron al coordinador Máximo Tran-quilino Santiago y el 7 de mayo de este 2013 el Ejército Mexicano de-tuvo a dos coordinadores y cuatro policías de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias es una organización comunitaria que se forjó con la fuerza decidida de los pueblos indígenas, independiente de los partidos políticos y del go-bierno. Hoy en día este proyecto

de seguridad y justicia comunita-ria se ha consolidado.

Ante el fracaso gubernamental en su estrategia de seguridad, la CRAC-PC es un modelo de segu-ridad y justicia que evidencia que la delincuencia no es invencible y que construir una sociedad en la que impere la justicia es posible.

Por lo demás los pueblos y comu-nidades que integran el Sistema de Justicia Comunitaria de la CRAC-PC han mostrado la importancia de articularse con otras luchas para evitar el aislamiento, el despojo y la represión. En 2006, junto con otras organizaciones, construyó la Agen-da para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con el objetivo de que las propuestas ahí establecidas se inclu-yeran en el Plan de Desarrollo del Gobierno del Estado, cosa que nun-ca ocurrió. En 2006 participó en la Otra Campaña Zapatista. En este año 2013 se vinculó con el magisterio democrático de Guerrero para con otras organizaciones conformar el Movimiento Popular Guerrerense.

Los pueblos y comunidades de Gue-rrero, de México y el mundo tene-mos confianza en que la Policía Co-munitaria de la CRAC continuará en la lucha inclaudicable por la seguridad y la justicia comunitaria, para que al mismo tiempo en que inspira otras luchas muestre con acciones concretas que la construc-ción de Otro Mundo es posible.

cia y seguridad comunitarias, teniendo como base la asamblea general de autoridades comunitarias y como órganos operativos la Coor-dinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el comité ejecutivo, los comandantes y los cuerpos de la policía comunitaria.

Para los gobiernos regidos por el ca-non cultural occidental, este sistema de seguridad y justicia comunitarias, en lugar de ser reconocido como parte esencial en la vida de las co-munidades, representa una amena-za al sistema jurídico eurocéntrico.

A pesar del denuesto traducido en amedrentamientos y detencio-nes injustas, la policía comunita-ria, a sus 18 años, es el bastión de los pueblos de la Costa-Montaña; ha abatido la delincuencia co-mún, y ante la ineficacia del ope-rativo Guerrero seguro, ahora se enfrenta a los grupos del crimen organizado. La confianza lograda con sudor y sangre ha rebasado los confines de la Montaña y se ha extendido a otras regiones del Estado. Es fuente inagotable de nuevas experiencias de seguridad y justicia comunitarias. Es la raíz que da vida a formas inéditas de seguridad ciudadana, forjadas des-de la matriz comunitaria.

Para las autoridades, no hay otra fórmula más efectiva para so-

cavar la fuerza indómita de los comunitarios que criminalizar su trabajo. A pesar de que a nivel estatal existe la L ey 701, que reco-noce la personalidad jurídica de la CRAC, el ejército y la marina con-tinúan fustigándolos. Los exhiben como delincuentes peligrosos, los desarman para restregarles en la cara quién tiene el poder. Por su parte, el gobernador se obstina en confinarlos y aislarlos en lo agreste de la Montaña. Los ve como remi-niscencias del pasado.

Los policías comunitarios son los Xiña de la seguridad del pueblo. Son las mujeres y los hombres sa-bios, que dedican su vida a velar por el bienestar de todos y todas. Son los caballeros tigre, los que ofrendan su sangre a las potencias sagradas para que no falte lo nece-sario para vivir dignamente. Son como el rayo que descarga su fu-ria contra quienes atentan contra los bienes de la colectividad. Por eso no es casual que en la reciente detención de dos autoridades co-munitarias y cuatro policías, por parte de la marina y el ejército, la asamblea regional haya decidido detener a seis funcionarios del gobierno, para exigir la entrega de las armas y las camionetas deco-misadas. Para los pueblos las au-toridades comunitarias merecen respeto, porque son la estirpe sa-grada de sus sabios y guerreros.

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18 de mayo de 201316 Las armas del pueblo

Mixtecos

TEE ISO TIÑU ÑUÚ SIKIFrancisco López Bárcenas

Los mixtecos y la región de donde son originarios, tal como existe en el imagi-nario gubernamental y

en la mayoría de los mexicanos, son una invención. Los pueblos denominados mixtecos se nom-bran a ellos mismo ñuú savi o na savi, según las variantes lingüís-ticas más conocidas, y a su lugar de origen lo llaman nuhu savi. El ñuú es el pueblo y el ñuhu el terri-torio, dos conceptos alrededor de los cuales gira su vida comunita-ria, tan importantes e interdepen-dientes que la existencia de uno es impensable sin la del otro y la transformación del primero tam-bién alcanza al segundo.

La base del ñuú es el tan’a, cuyo significado se asemeja a familia ampliada, marcada por el sa’a, trabajo que entre sus integrantes se prestan para la solución de sus

problemas. En el tan’a también descansa el trabajo comunitario –tiñu ñuú– y las fiestas –viko–, dos actividades muy presentes entre los pueblos, que representan el sa-crificio y el goce entre ellos.

Todas estas prácticas comunita-rias persisten gracias a las formas propias de organización de los pue-blos, los sistemas de cargos, que entre los ñuú savi se conocen como tiñu ñuú. A quienes forman parte

de ellos se les nombra tee iso tiñu ñuú siki o yoso tiñu ñuu siki, hom-bres de cargo o tee to’o, hombres que se encuentran investidos de autoridad. Entre los cargos tradi-cionales de carácter civil resalta los Tatun (el que hace los mandados), que equivale a Topil; Mayu, como se nombra a los policías; Mayu ya´a un (policía grande), el comandan-te de policía; Tatun ne’enu (el que carga las varas de mando), el Mayor de varas; To’o tee tute o To’o tu’uva (autoridad que lleva los papeles, o autoridad que sabe), conocido como Secretario; To’o ntito xu’u (autoridad que cuida o guarda el dinero), el Tesorero; To’o sa’a nto cuechi (autoridad que soluciona los problemas), el Alcalde, y To’o ne’enu (autoridad grande, de mayor jerarquía), el agente municipal.

Los cargos de Tatun, Mayu, Mayu ya a un y Tatun ne’enu son la base

de los tee iso tiñu ñuú siki, por don-de se empieza a servir al pueblo, por eso no son To’o, vocablo que designa autoridad y por lo mismo responsabilidad para la toma de decisiones. Pero no por eso pueden considerarse cargos menores. A los topiles corresponde realizar todas las diligencias que las autoridades superiores les ordenan; puede de-cirse que son autoridades ejecuto-ras de las decisiones de las demás y por lo mismo de ellos depende que las decisiones de las autorida-des lleguen a su destino, sean los miembros del pueblo u otras autori-dades. Sobre las policías comunita-rias descansa la paz y seguridad de los pueblos. Para lograrlo realizan rondines por todo el territorio del pueblo, incluyendo el destinado a la siembra y los bosques, y detienen a las personas que alteran el orden o cometen algún delito; las entregan al Alcalde, que determinará

Michoacán

GUARDIAS DE LA COSTA, LA MESETA, EL ORIENTE…Eugenio Bermejillo

Detrás del escándalo del los choques entre narcos que se hacen llamar policías comu-

nitarias en Tepalcatepec y Bue-navista Tomatlán, en Michoacán, hay un proceso de organización comunitaria para generar meca-nismos de seguridad frente al cri-men. Con menos notas periodísti-cas, pero más policías, los nahuas de la costa, los purépechas de la Meseta y los mazahuas y hñahñú del oriente del estado están bus-cando en la tradición centenaria de las rondas bases para institucio-nes de autodefensa propias.

Algunos hablan de entre 20 y 30 comunidades indígenas con or-ganizaciones policiales. En los recuentos se menciona a Ostula en la costa; Chilchota, Cherán, Nahuatzen, Paracho, Urapicho, Ocumicho, Turícuaro, Coma-chuén, Capácuaro Pamatácuaro y Charapan en la Meseta; se dice de Cherato, Cheratillo, Oruzca-to y 18 de Marzo, en Los Reyes, y de once comunidades de la zona mazahua-hñahñú, que se han coaligado bajo un esquema coordinado.

Cada una con antigüedad, estilo, fuente de financiamiento y arrai-go comunitario diferente, pero todas con una base, a veces más cercana, a veces más lejana con la tradición comunal de origen pre-hispánico. Ni siquiera tienen al mismo nombre, pueden llamarse rondas, guardias o policías. Son

organizaciones recientes y arma-das. Quizá la fecha que abre esta nueva camada sea el 2009 con Ostula, aunque ahí, dice Abundio Marcos Prado, dirigente del Movi-miento Indígena Nacional (MIN) y de la Nación Purépecha, “no se habló de policía comunitaria, sino simplemente de comunidad organizada para la defensa de sus recursos”.

Está, por supuesto, la organiza-ción que surgió de las barricadas que como retenes improvisaron las valientes mujeres de Cherán. Y que ahora, después de las sen-tencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sancionó su autodetermina-ción en la forma de elegir a sus autoridades, ha equipado e insti-tucionalizado sus rondas. El caso

de Cherán sirvió de ejemplo para muchas comunidades de la Mese-ta Purépecha, pero es atípico. Al ser cabecera municipal, recibe los recursos de ley que le correspon-den como ayuntamiento, que han servido para equipar y mantener su seguridad. Este elemento es suficiente, según Alejandro Avilés Reyes, de la Secretaría de Pueblos Indígenas michoacana, para dejar

de catalogarla como policía indí-gena y comunitaria y considerarla una “policía municipal”.

Sin embargo, el salario de los guardias de Cherán no impidió que esta comunidad fuera inclui-da en la comisión de pueblos indí-genas que surgió de la reunión de policías comunitarias, que se cele-bró el 16 de marzo en la comuni-dad de Urapicho del municipio de Paracho. Quizá el elemento que más se repite entre las comunida-des asistentes es el hartazgo ante el descarado robo de madera y la percepción de que las policías ins-titucionales eran cómplices del sa-queo. A esta reunión asistieron 32 autoridades comunitarias, además de representantes y organizacio-nes campesinas e indígenas. En este encuentro se creó un órgano indígena responsable de dar segui-miento a la creación de policías comunitarias y apoyar a las que ya existen.

“Todas las comunidades indí-genas de la Meseta Purépecha están armadas, todas incluyendo mi comunidad”, dice Marcos Pra-do; “eso se creó desde que la Re-forma Agraria empezó a medir las tierras, cuando nos confrontó con otras comunidades” Y bromea: “yo las únicas armas que conozco son las de siete milímetros, yo no sé si es uso exclusivo de los indígenas”. El dirigente del MIN afirma que los calibres han crecido. Recuerda el ejemplo de una comunidad que tenía un corral especial para

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si el caso se resuelve entre los miembros de la autoridad co-munal o lo remiten a las autorida-des municipales mestizas.

Sus responsabilidades aumentan cuando el pueblo tiene proble-mas, como la presencia de agentes externos a los pueblos de dudosa reputación o los conflictos que a veces tienen con sus vecinos. En estos casos, cuando lo consideran necesario, los policías pueden pe-dir al pueblo que les aumente el número de miembros o, inclusive,

que el mismo pueblo los ayude en acciones concretas. En el ejercicio de este cargo muchas veces tienen que enfrentar a las autoridades civi-les o militares de los mestizos, que insensibles de la forma de mirar los problemas de los pueblos, quieren imponer su voluntad o la ley esta-tal; en otras ocasiones son deteni-dos bajo el señalamiento de estar usurpando funciones o abusando de su autoridad, por no tener reco-nocimiento legal; los remiten a la cárcel para someterlos a proceso judicial. Cuando esto sucede, las

autoridades del pueblo o el pueblo mismo se movilizan para liberarlos.

La existencia, pues, de las po-licías comunitarias entre los pueblos indígenas de México, no debería sorprender a nadie, menos a las autoridades guber-namentales, porque forman parte de los gobiernos indíge-nas, que ellos dicen reconocer. Pero se sorprenden porque en la ideología que se formaron el monopolio de la fuerza estatal la tienen ellos y no están dis-puestos a compartirla con los pueblos indígenas, aunque ya no puedan con los problemas. Más les valdría rectificar y ver la rea-lidad, porque los pueblos no van a dejar de mantener sus policías comunitarias y en la medida que la inseguridad aumente, segu-ro las van a fortalecer. Porque mientras los gobiernos inventan la realidad de los pueblos para ajustarla a sus moldes organiza-tivos, éstos la recrean para seguir siendo pueblos, con un pasado y un horizonte distinto al que les quieren imponer.

guardar el ganado robado a las vecinas. “Imagínate un abi-geo no trae cualquier arma, no es una 22, las armas de policías municipales quedan chicas”.

Abundio Marcos destaca un caso michoacano que no aparece en la prensa nacional, el de la zona mazahua y hñahñú en el oriente del estado: “Ahí son 11 comuni-dades, cada una aportó su núme-ro de guardias. Son pagados por su propia comunidad. Nadie, ni

federales ni estatales entran y yo creo que no se animan porque las comunidades pueden aga-rrar a la ciudad de México por los cuernos, le pueden cortar el agua del Sistema Cutzamala”. Marcos Prado añade que fue el robo de la madera y la afectación de las ricas huertas aguacateras lo que motivó las guardias. ”En una sola noche no aparecía un fruto en toda la huerta, imagí-nate de toda una temporada de trabajo, y la inversión que hay”.

Ya se realizó un encuentro mi-choacano de policías comuni-tarias, ya se han reunido con representares de la Coordinado-ra Regional de Autoridades Co-munitarias (CRAC). Está en la agenda de las guardias michoa-canas un evento nacional antes del 30 junio. “Tenemos pensado invitar a por lo menos experien-cias de San Luis Potosí, Tlaxca-la, Chiapas, Oaxaca, Jalisco y, por supuesto, Guerrero”, conclu-yó Abundio Marcos.

TRES RAZONESEl 16 de marzo en la comunidad de Urapicho, Abundio Marcos leyó un texto en el que apunta tres razones que respaldan la existencia de las ron-das michoacanas. Como parte de la razón jurídica citó los ar culos 1 y 2 de la Cons tución mexicana, el tercero de la Cons tución michoacana, el Con-venio 169 de la Organización Internacional del Tra-bajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Polí cos.

Trascribimos las otras dos razones.

La razón histórica: Antes de la llegada de los espa-ñoles, el Pueblo P’urhépecha, como todos los pue-blos indígenas, tenía su ejército para la defensa de su territorio y de su gente. Su base militar eran los K’ata’piriicha (policía comunal, comúnmente llamado ronda). Esta base militar era para resguardar el orden de un núcleo poblacional o de una comunidad; sus integrantes obligadamente eran de la propia comu-nidad. Eran nombrados para cada fi esta o ac vidad que implicara riesgo de alteración social, eran rota -vos. El número de miembros de una ronda, variaba, según el número de habitantes de una comunidad.

De esta base militar se seleccionaban los miem-bros que integraban el ejército del pueblo, es de-cir, el ejército p’urhépecha. Los jefes militares de

esta policía indígena eran los que hacían los repor-tes de las conductas de los comuneros para su pre-miación o sanción, según ameritaran.

La razón cultural: No cualquier comunero podía ser K’ata’piri (policía). Se observaban algunos cri-terios, entre ellos la fortaleza sica, ser honora-ble y observar una buena conducta. Esto era para el caso de los K’ata’piri Patsari (policía de vigilan-cia); para el caso de los Kéri K’ata’piri (jueces o juzgadores), los criterios eran diferentes: haber sido K’ata’piri, ser honorables y haber ocupado otros puestos de la comunidad. Éstos eran los que juzgaban a los que come an delitos dentro o fue-ra de la comunidad, además de sentenciar a los infractores con las sanciones correspondientes.

Los K’eri K’ata’piriicha, eran los jueces para la premiación y sanción en los Años Nuevos P’urhépechas. Además, deberían llevar a sus ca-sas a los infractores para inculcar una nueva reeducación y ser buenos comuneros. Los K’eri Káta’piriicha, tenían dos K’ataperakueecha (cár-celes y juzgados), uno en Tzintzuntzan y otro en Tsakapindu (Zacapu). En estos juzgados, ya no solo eran K’eri K’ata’piriicha, ya se integraban los Peta-mu icha (los señores mayores), para deliberar los delitos que se les imputaban los detenidos y s an-cionar con jus cia.

Hidalgo

GUARDIANES COMUNITARIOS HUASTECOS: PROTEGER Y SER PROTEGIDOMauricio González González y Sofía I. Medellín Urquiaga Cedicar/ENAH

En la Nueva España los pueblos de indios, a di-ferencia de los pueblos sujetos, se caracteriza-

ban por tener un cabildo indíge-na independiente y electivo, un consejo que representaba a la co-lectividad ante autoridades colo-niales. Su jerarquía estaba encabe-zada por un gobernador, alcaldes, regidores y un escribano, además de algunos cargos menores que trascendieron la normatividad co-lonial, como el de topil, tekitlato, kalpixke y chinampixque, forman-do híbridos que incluían también nombramientos religiosos como mayordomías y fiscales de iglesia.

Hoy en día, en las comunidades nahuas de la Huasteca hidal-guense y veracruzana se pueden encontrar diversos tipos de autori-dades (totekiuaj, totekichiuanimej o totekiuijmej), cuyo número varía en función de los cargos y barrios de cada comunidad (aunque 25 o 30 es la media). Estas autori-dades tienen la característica de mantenerse en dos esferas, lo que impone constante tensión: por un lado participan de las decisiones colectivas propias del máximo ór-gano de decisión comunitario, la Asamblea General; por el otro, se les delegan responsabilidades mu-nicipales como la impartición de justicia y vinculación con ayun-tamientos, donde la donación de trabajo y dinero no es excepción.

La estructura de las autoridades co-munitarias en Hidalgo está consti-tuida por un Jues Primero o Dele-gado primero y un Jues segundo, un Mayor (suplente del Delegado pri-mero) y un Mayor segundo (suplen-te del Delegado segundo), además de un número variable de policías (topilmej o pitsatekuijmej), dentro de los cuales suele contarse con un Comandante y un Comandante se-gundo. Su periodo comprende un año y les es asignado por medio de la Asamblea General. En el muni-cipio de Xochiatipan, Hidalgo, ésta se efectúa cerca de Xantolo o To-dos Santos, pues la norma impide que exista autoridad que no cuente con la aprobación de todos los in-tegrantes de la comunidad, inclu-yendo a los pasados, con cuerpo o sólo en tonalij (sombra), que en ese tiempo rondan las comunidades, lo que explica por qué anteriormente muchas Asambleas se efectuaban en campo santo, ocurriendo aún en poblados como Ohuatipa. En otras comunidades, como Tenex-hueyac, la elección de autoridades se realiza por Asamblea de “Dele-gados Pasados” (Ueuetlakamej), la cual se hace después de un convi-

vio que organiza el Jues en turno. Al finalizar el evento sólo quedan los ex Delegados, quienes en la ma-drugada deciden quiénes llevarán los cargos.

Las funciones de los topilmejcomprenden resguardar el orden en la comunidad, protegerla y asis-tir a las autoridades en los trabajos comunitarios, como “ranchear” para dar notificaciones y convocar a Asambleas. En materia de im-partición de justicia, el marco de decisión es la tradición, caso por caso, aunque recientemente se han incluido contenidos sobre derechos humanos con el fin de evitar exce-sos. Las principales acciones puni-tivas son multas y cárcel por un día en delitos como el escándalo pú-blico, riñas, agresiones a mujeres y brujería. Las multas económicas en delitos como robo son para resarcir daños, reponiendo el bien usurpa-do. Cuando el delito lo amerita se da parte al municipio, que canaliza al presunto responsable a la policía estatal si así se requiere, sea por le-siones graves, asesinato o violación.

La cualidad de la decisión colec-tiva de estas comunidades hizo que la recuperación de tierras por mano campesina en los años 70s y 80s fuera asamblearia, lo que hacía que muchos de los comisionados se convirtieran en topiles que res-guardaban los terrenos tomados, ejerciendo la multifuncionalidad característica de la producción rural en beneficio de la reforma agraria maseual, recuperación que de inmediato participaba de la siembra en faena de frijol y maíz después de haberse cumplido el correspondiente protocolo ritual a la Tierra. Y este aspecto no ha de obviarse, pues si se presta oídos a la mitología regional, se constata en la cosmogonía que después de la anulación de la humanidad ante-rior por un diluvio, se efectuó una Asamblea de los “Patrones”, donde se asignaron Comisiones que hoy día dan la principales cualidades a las potencias, dentro de las que destacan los tlamokuitlauijketl, Testigos o Guardianes cuyos recor-tes antropomorfos de papel suelen colocarse tanto en las ofrendas al Viento, como en el xochimekatl, cordón de flores por donde llegan las deidades al altar de todo ritual vernáculo. Pero el guardián princi-pal del pueblo es, además del Santo Patrón, el Cerro Patrón, quien fun-ge a la manera de un municipio en el cuidado comunitario. Proteger es ser protegido en la Huasteca, función que resguarda en su hacer la costumbre y condición de posi-bilidad de su existencia. FO

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18 de mayo de 201318 Las armas del puebloPerú

LA RONDA CAMPESINALeif Korsbaek Investigador tiempo completo Antropología Social ENAH

El mundo neoliberal es raro. En su pensamien-to aparecen nada más el individuo y el mercado;

precariamente existe el Estado, y sólo como criado del mercado.

El neoliberalismo nos prometió felicidad y riqueza, pero antes que nada acabar con la pobreza. Sin embargo, para la mayoría la situa-ción está peor que nunca: junto con una desenfrenada produc-ción de riqueza en pocas manos, el neoliberalismo ha producido una pobreza mucho más amplia. Y a pesar de la dominación del mundo moderno, donde todos los derechos y todas las obligaciones son individuales, existe un mundo tradicional, habitado por campe-sinos e indígenas, donde los de-rechos y las obligaciones no son tan individuales, cuyo marco es la comunidad.

En el caso del Perú podemos citar las 69 mil víctimas de los 20 años de violencia, del 1980 al 2000. Un poco antes de ese período, en 1976, nació la ronda campesina en una asamblea de la organización de padres de familia de la escuela primaria en el pue-blo de Cuyumalca, en Chota, en la región norteña de Cajamarca, originalmente bajo el nombre de “ronda nocturna”, con la tarea de rondar y proteger a los habitantes de la comunidad contra las cre-cientes incursiones de abigeatos.

Desde ese momento, la ronda campesina desbordó su propio espacio y se difundió por todo el país. Las rondas se multiplicaron con sorprendente rapidez.

Al principio de los años 90s leía-mos que “actualmente se calcula que en la sierra norte, en Caja-marca y Piura, existen más de tres mil 500 rondas que aglutinan alre-dedor de 280 mil ronderos”. Y ci-fras posteriores no son menos im-pactantes: en pocos años llegó la ronda campesina a cubrir todas las 24 regiones del Perú y se estimaba que en 2003 existían entre 200 mil y 250 mil ronderos agrupados en unos ocho mil comités de rondas.

La ronda existía, y sigue exis-tiendo, en todas las regiones del Perú, pero con el paso del tiempo

han surgido diversos tipos de ron-das, con muy diferentes dinámi-cas y perspectivas. En el norte del Perú podemos observar las rondas “tradicionales” que existen en re-giones como Cajamarca, donde la reforma agraria que llevó a cabo el general Velazco Alvarado hacia fines de los 60s ha sido efectiva y donde las unidades de producción son pequeñas granjas de propiedad privada. Allí la ronda llega a cons-tituir un sistema de derecho y una estructura social de la comunidad en manos de los campesinos. En muchas partes del centro del país, donde existe la tenencia colectiva

de la tierra, la ronda puede consti-tuir un sistema de derecho comu-nitario, pero nunca una estructura de la comunidad, pues ya existe en la tenencia comunal de la tierra.

En partes de la Selva Amazónica, con 300 mil habitantes de “indí-genas en aislamiento voluntario” organizados en 50 grupos étnicos, la mayoría de ellos muy pequeños, que habitan en comunidades chi-cas y siempre cerca de un río, han surgido rondas campesinas que tie-nen una dinámica muy diferente.

Hay un cuarto tipo de rondas cam-pesinas, que tienen una historia diferente a las demás pues nacie-ron como “comités de autodefen-sa” durante los años de violencia, bajo la tutela del ejército peruano. Estas rondas fueron creadas por el gobierno en su lucha contra los mo-vimientos campesinos de izquierda Sendero Luminoso y Tupac Amaru. Nacieron claramente como un ins-trumento de opresión, pero contri-buyeron de manera muy importan-te a acabar con el “terrorismo” de la izquierda. Lo interesante de estos “comités de autodefensa” es que, luego de un proceso histórico muy enredado, en muchas comunidades han llegado a ser auténticas institu-ciones de defensa de los derechos de los campesinos e indígenas, y cuen-tan con la confianza de éstos.

Ha habido un conflicto perma-nente entre la justicia comuni-taria por la ronda campesina y la justicia constitucional, que definitivamente no defiende ni a los campesinos ni a los indígenas, y ha habido diversos intentos por crear una legislación que combine

lo comunitario con lo constitucio-nal, lo cual a veces resulta exitoso, pero también se confronta.

Por supuesto, se ha discutido mu-cho acerca de las perspectivas de la ronda. Para unos, es evidente que un movimiento contra el Es-tado no se puede mantener; para otros, es igualmente evidente que el Estado se encuentra en crisis y tal vez no se puede mantener.

En diciembre del año pasado partici-pé como observador y amigo de los ronderos en el Tercer Congreso Na-cional de la Ronda Campesina, rea-lizado en San Juan Lurigancho, un suburbio de Lima, con la presencia de delegaciones de prácticamente todas las 24 regiones del Perú. Este congreso nacional, el tercero que se celebra, es testimonio del nivel de organización de la ronda campesina; es realmente la única organización netamente comunitaria que ha lle-gado a manifestarse a nivel nacional.

Por investigaciones y pláticas con ronderos y líderes de la ronda en diversas partes del Perú, puedo afirmar que hay dos millones de ronderos en ese país, cuya pobla-ción total suma 28 millones de personas. De alguna manera es una fuerza política que es más grande que cualquiera de los par-tidos que dan cauce al proceso político en el mundo moderno, y en cierto sentido es el centro de lo que podemos llamar la lucha en-tre dos mundos, el moderno, que domina, y el tradicional, que se niega a morir y que en casi todos aspectos es más coherente que el mundo moderno que nos ofrece el neoliberalismo.

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18 de mayo de 2013 19Las armas del puebloGuatemala

SEGURIDAD Y JUSTICIA COMUNITARIAS DESPUÉS DE LA GUERRAPablo Sigüenza Ramírez Colectivo de Estudios Rurales IXIM

A inicios del siglo XXI tuve la oportunidad de vivir 14 meses en el municipio de Chinique de las Flores,

en el altiplano indígena de Guate-mala. El país estaba saliendo de 36 años de guerra interna, en los cua-les la población rural, indígena y no indígena sufrió políticas estata-les de represión. Llegué para tra-bajar con la agrupación Médicos Descalzos Chinique, un grupo de terapeutas tradicionales, indí-genas maya kiches, que recién se estaban buscando y reencontran-do para practicar la espiritualidad maya en comunidad y en los luga-res sagrados al aire libre. Durante la guerra lo hicieron escondidos, dentro de las casas, en voz baja, pues ser un guía espiritual signi-ficaba y significa también ser un líder y autoridad en la comunidad y eso era causa de acusación por parte del ejército al vincular cual-quier liderazgo con los movimien-tos guerrilleros.

Asistí en aquellos días a más de 30 ceremonias alrededor del fue-go sagrado en diversos cerros de la región, también fui invitado a talleres en los que, en idioma k’iche’, se discutía sobre los signi-ficados de los actos ceremoniales, sobre el trabajo terapéutico, las enfermedades y sus curas, sobre el desarrollo de la comunidad y so-bre procesos sociales de la región y el país. Un compañero, promotor agrícola, hacía el favor de traducir, del k’iche’ al español, las conver-saciones de los ancianos y ancia-nas, de sus familias y autoridades. Gran parte del trabajo de curación de enfermedades físicas, mentales y sociales en esos años era alrede-dor de las secuelas que la guerra había dejado en los hombres y mu-jeres individualmente, pero tam-bién en las comunidades como espacios de creación y recreación de la vida colectiva, golpeada fuer-temente por las prácticas de repre-sión estatal.

Una de estas prácticas estatales enmarcadas dentro de la política contrainsurgente del Estado fue la creación de las llamadas Patru-llas de Autodefensa Civil (PAC). Como lo documentó la Comisión del Esclarecimiento Histórico, las PAC fueron “grupos de hombres civiles organizados coercitivamen-te por la institución armada como fuerza paramilitar complemen-taria, que pretendía aislar al mo-vimiento guerrillero y controlar a sus comunidades”. Fueron grupos comunitarios a los que el ejército les dio armas y les asignó tareas de control civil; esto provocó la militarización de las comunidades mayas, el enfrentamiento entre ellas y la violación de derechos hu-manos por las PAC.

A raíz de ese proceso, las relacio-nes sociales dentro de la comuni-dad se fueron fragmentando. En la actualidad en una misma co-munidad viven víctimas y victi-marios de violaciones a derechos humanos: una característica de las sociedades de postguerra in-terna. La labor de los terapeutas tradicionales es fundamental en la reconstrucción del tejido so-cial comunitario. Estos terapeu-tas son autoridad comunitaria dentro de una dinámica social en la que las mismas comunidades han ido construyendo, durante generaciones, sus propios siste-mas de administración de justi-cia y seguridad.

Según el antropólogo Fernando Alonzo, una autoridad comuni-taria importante en los temas de justicia y seguridad son las alcal-días auxiliares, que cuentan con alguaciles, y que tiene por función resguardar bienes comunitarios, mantener la cordialidad en las re-laciones comunitarias y establecer sistemas de alerta ante amenazas contra la comunidad. También aparecen figuras como el comité agrícola y de recursos naturales que establece y verifica el cumpli-miento de normas respecto al uso del agua, el suelo y los bosques, garantizando las sostenibilidad en su uso.

El sistema de justicia nacional oficial se apoya en la adminis-tración de justicia comunitaria, pues el método del diálogo, la prevención y el castigo social prac-ticados en el ámbito local evita la saturación de los juzgados estata-les. En Guatemala existe un largo

y profundo debate sobre la nece-sidad de reconocer constitucio-nalmente la práctica del derecho consuetudinario maya, que de he-cho convive con el ordenamiento legal occidental, pero que no es reconocido como legítimo en tan-to no es legal. Esta contradicción se sustenta en una lógica de dis-criminación y racismo contra los pueblos indígenas, muy arraigada en las élites sociales y políticas del país. Sin embargo, no hay nada más legítimo en la práctica social local que el ejercicio de la autori-dad comunitaria y su función de administrar justicia y seguridad.

Algunos elementos que susten-tan esta legitimidad local son: a) la autoridad comunitaria nació y creció en el lugar por lo que co-noce sus lógicas; b) la elección y designación de la autoridad son un ejercicio interno y no una im-posición externa; c) la autoridad local es uno más de la comunidad y es igual que todos, compañero de trabajo, agricultor, artesano, constructor; d) la autoridad comu-nitaria goza de la confianza de la comunidad; e) por los anteriores elementos, la justicia comunitaria generalmente funciona y favorece el bienestar comunitario.

Guatemala tiene por delante fuertes retos para construirse como un país democrático, uno fundamental es el reconoci-miento y respaldo a las prácticas comunitarias de administrar justicia y seguridad. Eso pasa también por el respeto a las decisiones que se tomen local-mente sobre el uso de los recur-sos naturales que hoy, frente a grandes proyectos mineros que están llegando a los territorios, han sido categóricas en anun-ciar su oposición al saqueo ma-terial y espiritual de las comu-nidades.

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18 de mayo de 201320

TRANSGÉNICOS Y CONTAMINACIÓN DEL MAÍZ NATIVOAntonio Turrent Fernández* y Alejandro Espinosa Calderón** *Investigador nacional emérito, Unión de Científi cos Comprometidos con la Sociedad, AC (UCCS) **Investigador Nacional III, UCCS aturrent37@yahoo.com.mx, espinoale@yahoo.com.mx

México es el centro de origen del maíz y a la vez mayordomo de la mayor riqueza

en diversidad genética del maíz y de sus parientes silvestres en el mundo.

En los bancos de germoplasma mundiales se resguarda a tempera-turas de menos 18 grados Celsius o menores, un billón (o bien 1012) se-millas de maíz genéticamente dife-rentes entre sí, que apenas son una pequeña fracción de la biodiversi-dad del maíz en el mundo. En com-paración, los campesinos mexica-nos siembran anualmente unos cien millardos de semillas genéticamen-te diferentes (o bien 1011) de 59 razas nativas. La cosecha es de unos 20 billones de granos de maíz nativo (o bien 20x1012), que fueron expuestos a tensiones ambientales durante su cultivo. De ellos, las mujeres cam-pesinas seleccionan cien millardos como semilla para la siembra y el resto es consumido como alimento.

Se maneja cada año 20 veces la bio-diversidad que hay en los bancos de semilla del mundo, sobre la que se ejerce gran presión de selección (una semilla de cada cien) para fa-vorecer aquellas que, por sus rasgos morfológicos, representan el ideal para su consumo pluricultural.

Los productores intercambian su semilla dentro de la comunidad, ha-biendo también productores que ven-den semilla local o regionalmente. Todo esto conforma un mega expe-rimento de “mejoramiento genético autóctono” sin paralelo en el mundo, dinámico, y realizado por el habitan-te de Mesoamérica sin pausa desde hace más de seis mil años, que diver-sificó y sigue diversificando al maíz.

Temprano, después de su domesti-cación, el maíz fue llevado a Amé-

rica del Sur, donde también sigue siendo diversificado. El conquista-dor llevó el maíz al viejo continen-te que de ahí se dispersó al resto del mundo, siendo en la actualidad el primer cereal por su monto de producción. Durante los cien años pasados, el “mejoramiento gené-tico mendeliano” ha extraído del reservorio genético mundial del maíz todos los caracteres que de-finen a todos los híbridos no trans-génicos bajo cultivo en el mundo y también de los transgénicos, ex-cepto por unos cuantos caracteres insertos. La ciencia como tal, no ha creado esos caracteres; son los 62 grupos étnicos de México y sus ancestros los creadores legítimos del maíz, de su biodiversidad fun-cional, y sus mayordomos en Méxi-co. La mitad de la semilla de maíz sembrada en México corresponde a sus más de 59 razas nativas. En-tre 25 y 30 por ciento corresponde a híbridos modernos vendidos por un puñado de empresas multina-cionales y por más de 70 medianas y pequeñas empresas de semilla de capital nacional. El resto de la semilla corresponde a materiales “acriollados” producto de la inte-racción genética entre los maíces mejorados y las razas nativas.

En el entramado legal que rige a la propiedad intelectual en Mé-xico destaca la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV), promulgada en 1996, compatible con el Acta de la UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) de 1978. Esta Acta protege los derechos del obtentor, destacando el “privilegio del campesino” y el “derecho del fitomejorador”. En cambio, las le-yes homólogas de los países indus-trializados son compatibles con el Acta posterior de UPOV de 1991, que valida patentar a los seres vivos,

por lo que la industria de los culti-vos transgénicos los patenta, adqui-riendo el derecho legal al cobro de regalías. Quienes las pagan en estos países son a) los productores que vo-luntariamente establecen contratos

con la industria para el uso de su tecnología, y b) los productores de granos o de semillas, bajo mandato judicial, cuando la o las variedades que siembran o comercializan ha-yan sido voluntaria o involuntaria-mente contaminadas con los trans-genes patentados, y sujetos a juicio. México y otros países que son cen-tros de origen y/o de diversificación de especies cultivadas experimen-tan presiones exógenas para adoptar el Acta UPOV 1991. Como efecto de ese cabildeo, el Senado mexica-no aprobó en 2012 la modificación de la LFVV para, entre otras dis-posiciones, permitir patentar a los seres vivos, y con esto, el cambio de posición de México, ahora al Acta UPOV 1991. No es necesario ir muy lejos para encontrar “la mano que meció la cuna”. Afortunadamente, la modificación fue suspendida por la LXI legislatura de la Cámara de Diputados, gracias a la protesta y ar-gumentación contundente de orga-nizaciones científicas, campesinas, de derechos humanos y ambienta-les, aunque no fue rechazada de manera definitiva. Por el momento, no funcionó la artimaña colonialis-ta de quien mece la cuna.

La aprobación eventual de la mo-dificación a la LFVV, así como el permiso para la siembra de maíz transgénico a escala comercial en el norte del país, tendrían profun-das implicaciones en el cultivo de maíz en México, que no serían para el bien de la nación. En el corto plazo, desaparecerían las medianas y pequeñas empresas productoras y comercializadoras de maíces mejo-rados no transgénicos �en su inmen-sa mayoría híbridos y variedades públicas� en esa región. La razón es que será imposible impedir la contaminación no deseada de sus líneas parentales, al convivir en el campo, con las siembras comercia-

les de maíz transgénico. Ante la ley, su semilla sería considerada “pira-ta”. El pago de regalías a la industria las haría quebrar. Desaparecería el maíz mejorado no transgénico de esa región de México, porque el pu-ñado de empresas multinacionales de semilla es el mismo que busca introducir el maíz transgénico. La contaminación transgénica consu-maría el monopolio de la industria en el mercado de semilla, sin ga-nancia alguna para la seguridad ali-mentaria nacional. Ver http://www.ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/12 -03TurrentMexMaizeSpan.pdf

En el largo plazo, el reservorio ge-nético de maíz nativo mexicano sería afectado de dos maneras por lo menos: 1) por la acumulación progresiva e irreversible de ADN transgénico en las razas nativas, cuyo estudio ha sido propuesto desde 2009, sin conseguirse fi-nanciamiento público (ver http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=30211225005). Tal contaminación podría reducir la biodiversidad genética del maíz nativo y de sus parientes silvestres, y 2) cualquier semilla contamina-da, nativa o no, sería considerada semilla pirata. Esto equivaldría a despojar, mediante la ley, a los 62 grupos étnicos de México de su mayordomía del principal reservo-rio genético de maíz del mundo. Mientras más rápido avanzara la contaminación de las razas nati-vas de maíz, más rápido ocurriría el despojo. No se puede negar que la contaminación de los maíces nativos de México le conviene a la industria de los transgénicos, por-que favorecería su capitalización y la consolidación irreversible de su monopolio. Tampoco se puede ne-gar que esta contaminación pon-dría en riesgo a la cruzada contra el hambre.

ES INOCUO EL MAÍZ MON NK 603?El creciente défi cit de maíz de México ha sido iden fi cado por los consorcios mul na-cionales de transgénicos y por sus allegados de México como la gran oportunidad para extender su oligopolio al mercado nacional de semilla de maíz, que les promete un jugo-so negocio de 200 mil toneladas de semilla al año y un valor potencial de ventas (semillas y herbicidas) del orden de mil 200 millones de dólares anuales.

Están en espera de la autorización del go-bierno para la venta de semillas de maíz transgénico hasta alcanzar un millón de hectáreas de riego en Sinaloa y Tamaulipas. Entre los híbridos transgénicos que planean vender sobresale el evento MON NK 603, que será usado para consumo humano por los habitantes urbanos en el período mayo-octubre, cuando escasea el grano de nuestra cosecha principal de maíz.

Con la autorización del gobierno, las mul na-cionales sus tuirán a sus híbridos normales por híbridos transgénicos de manera acele-rada. Desplazarán del mercado de semillas a todas las pequeñas y medianas empresas de capital nacional que manejan maíz mejorado normal, en la medida de que sus líneas paren-tales vayan contaminándose en el campo. En pocos años desaparecerá la oferta de semillas de maíz no transgénico en el norte del país y con ella la oferta de grano de maíz normal.

Hay varios alegatos que las mul nacionales difunden en la prensa, como obuses de pre-desarme de la opinión pública. El de la ino-cuidad se apoya en dos argumentos: 1) un pretendido despres gio de la metodología experimental del grupo de Séralini de Francia, en el que se alimentó con el evento MON NK 603 a ratas con predisposición al cáncer y 2) la falta de evidencia en el sector salud sobre da-ños a la salud de los mexicanos que ya habría-mos estado expuestos al consumo de maíz transgénico en gran escala, durante años.

Hemos discu do el primer argumento en este espacio (Antonio Turrent, La Jornada, 22/12/2012) y no lo abordaremos de nuevo. Respecto del segundo veamos datos duros: 1) el campo mexicano produce maíz normal por un monto de 22 millones de toneladas anua-les, que casi duplica el consumo directo como grano, de 12 millones de toneladas anuales; 2) casi todo el grano de maíz importado (diez millones de toneladas anuales) se usa como forraje o como insumo industrial, comple-mentando a otro tanto de grano normal pro-ducido en México; 3) el contenido de grano transgénico de la mezcla de grano de maíz importado de Estados Unidos sería propor-cional a la fracción de la superfi cie sembra-da con maíz transgénico en esa nación, que lo liberó comercialmente a mediados de los años 90s; las fracciones de esa superfi cie han avanzado paula namente: 40 por ciento en el quinquenio 2001-2005, 77 en 2006-2010 y 88 por ciento en adelante; 4) las importa-ciones de maíz desde Estados Unidos prome-diaron en esos mismos quinquenios menos

de cinco millones de toneladas anuales, 7.8 millones y diez millones respec vamente. Un ejercicio aritmé co con estos números y con el supuesto de que el 75 por ciento del maíz importado se usa como forraje o como insu-mo industrial, sugiere que las toneladas de maíz transgénico consumidas como alimento directo en los tres quinquenios son 0.5, 1.5 y 2.2 millones respec vamente, dentro de los consumos totales de 10, 11.5 y 12 millones de toneladas ¡No ha habido tal exposición masiva!, y 5) la ausencia de e quetado del alimento transgénico consumido en México debilita cualquier aseveración de inocuidad, y 6) la evidencia cien fi ca muestra que el daño a la salud causado por el consumo di-recto con grano de maíz transgénico (MON NK 603) sería del po crónico subclínico, como el daño causado por el tabaco; por lo tanto, ese daño a la salud de los mexicanos estaría, por su corto empo, aún en etapa de incubación. Estos hechos no apoyan la pro-paganda de las mul nacionales y sobre todo, la posición de sus allegados de México.