MISIÓN INTERNACIONAL DE VERIFICACIÓN

SOBRE EL DERECHO A LA VIVIENDA GUAYAQUIL - ECUADOR

Septiembre 24 al 26 del 2013

MARCO CONCEPTUAL

a) ANTECEDENTES El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) recibió de parte de varios grupos de pobladores testimonios y pruebas documentales sobre desalojos en el sector de Monte Sinaí, Nueva Prosperina, al norte de la ciudad, e Isla Trinitaria, al sur de la ciudad, por parte del Gobierno Nacional. Además, ha recogido información oficial de instituciones públicas, organizaciones sociales, universidades y declaraciones de funcionarios gubernamentales sobre esta situación. Los desalojos no son una problemática nueva en la urbe, son hechos que se han presentado desde la década de los años cincuenta, aproximadamente. Se transformaron en un conflicto social de los sectores más populares de Guayaquil en los setenta, es decir, este problema social existe mucho antes que este Gobierno haya llegado al poder. Los enfrentamientos entre pobladores y autoridades se deben a que los primeros levantan precarias “viviendas” en sitios baldíos y los segundos los “desalojan” aplicando la ley que determina que todo asentamiento informal debe ser reprimido con los denominados “desalojos” basados, según declaraciones realizadas por funcionarios de la Gobernación del Guayas -y el único documento citado y disponible sobre las invasiones en el sector de Monte Sinaí-, en el Decreto Ejecutivo Nº 607, emitido el 28 de diciembre del 2010. Durante la década de los 80 se producen asentamientos espontáneos y también crece la ocupación informal basada en el mercado ilegal administrado por los traficantes de tierras. El desarrollo urbano de Guayaquil es la historia de las “tomas de tierras” y los desalojos forzosos ya que alrededor del 80% de los barrios en Guayaquil son producto de asentamientos no regulados. Un estudio realizado por Patricia Sánchez Gallegos, titulado “Mercado de suelo informal y economía social y solidaria: El caso de Ciudad Victoria”, señala que la informalidad urbana en Guayaquil es un fenómeno que compromete al 65.47% de la población, que comprende cerca de 1.450.000 hectáreas y 7 de cada 10 viviendas construidas. El CDH coincide con expresiones de los funcionarios del actual Gobierno sobre la vinculación de las invasiones con la acción de traficantes de tierras y bandas armadas que han gozado históricamente de la tolerancia del Estado, manipulando el derecho a la vivienda de los más pobres. Desde hace mucho, el CDH ha denunciado documentadamente la acción de los traficantes de tierras en zonas marginales de la ciudad donde se constituyeron “mini reinos” custodiados por violentas bandas armadas. Es menester recordar que como resultado de la acción contra la impunidad en este campo, el 12 de septiembre de 1992, la oficina del CDH fue violentada y destruida como medio de intimidación. Hay esfuerzos que realizan los gobiernos central y seccional por atenuar el déficit habitacional en Guayaquil con sus programas de viviendas: Socio Vivienda, Ciudad Victoria; y, Mucho Lote 1 y 2, respectivamente. Sin embargo, dichos programas habitacionales no son suficientes para la demanda creciente de las familias jóvenes y adultas que viven en esta ciudad. La razón es simple, en Socio Vivienda “el proyecto ha sido diseñado para atender a 12.621 familias durante el periodo 2012-2016, en la actualidad habitan 2.273 familias y 544 en 17 departamentos multifamiliares” y en ciudad Victoria “8.000 viviendas dúplex deberán estar lista a finales del 2014, de las cuales 3.600 viviendas serán utilizadas para reubicar a las familias del área de reserva y de seguridad” (MIDUVI).

Estos programas del Gobierno ofrecen posesionar a las familias que viven bordeando el Estero Salado y que está advertida su reubicación, a las familias que hoy se encuentran habitando los sitios en donde se producen los desalojos, a las familias que quieren solucionar su escasez de vivienda y efectúan los trámites para su adjudicación y, por último, a quienes en tiempo de campaña les ofrecieron viviendas. Mientras que el Municipio de Guayaquil a través del Plan Mucho Lote 1 construyó desde el año 2002 “14.000 soluciones habitacionales entre casas y terrenos, en la actualidad todo está copado”. También se encuentra ejecutando el Plan Mucho Lote 2, obra que “tendrá 9 etapas con una cobertura de 9.408 unidades de viviendas”. La adjudicación en los programas habitacionales del Municipio es selectiva. En el estudio realizado por la Fundación Hogar de Cristo, titulado “Monte Sinaí: La herencia de los vulnerados” se indica que en relación a la cifra de trabajadores por hogar es elocuente el predominio de un trabajador por núcleo familiar, en el 48% del total. Concluyente es el porcentaje de familias en los que ningún miembro trabaja, un 16% del total. Además el ingreso per cápita principal se encuentra entre 0 y 120 dólares del 85% de familias que participaron en el estudio, conformado por 8.012 socias de Hogar de Cristo que incluye también a 26.807 personas que conforman el núcleo familiar de cada socio. El 64% de las mujeres encuestadas no tiene un trabajo remunerado, frente al 36% de hombres que se encuentran en la misma situación. Existe un 48% de familias que cuentan con un solo trabajador. De las 8.012 mujeres de la muestra 4.288 trabaja, del total de familias registradas un 89.6% depende del trabajo femenino, que constituye la principal fuente de ingresos de dichos hogares. Casi el 30% de la población percibe un ingreso menor a los 40 dólares per cápita. El plan habitacional Ciudad Victoria exige, en la menor modalidad de pago, disponer de 56 dólares mensuales. En conclusión, son insuficientes las ofertas de vivienda en Guayaquil porque no abastecen las demandas y no están dirigidas a las familias de estrato social pobre. HECHOS Monte Sinaí El día 28 de diciembre del 2010, el presidente Rafael Correa Delgado, promulga el Decreto Ejecutivo Nº 607, a través del cual declara “Zona de Seguridad” a 9.300 hectáreas de tierra, sobre las cuales se encontraban 444 hectáreas correspondientes a asentamientos informales habitadas por 3.622 familias a las que el Presidente garantizó su reubicación en un proyecto en construcción ofertado por la empresa privada denominado Ciudad Victoria, al cual se podía acceder con el subsidio habitacional. Monte Sinaí, es un asentamiento que se encuentra aledaño a la zona declarada de seguridad y que el Gobierno consideró como zona consolidada (se habían comprado los terrenos y construido las viviendas antes de diciembre del 2008), sobre la cual se harían inversiones en infraestructura básica y legalización. Con fecha junio del 2012, se crea la Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares, cuyo fin es el “control de invasiones”. Desde esta instancia el Gobierno Nacional está impulsando una campaña generalizada de desalojos en toda el área. En la zona declarada de seguridad y reserva, y en las cooperativas y barrios aledaños que están incluidos en el sector de Monte Sinaí y que comprenden 54 cooperativas de vivienda con una población de 274.000 habitantes, de acuerdo al último censo del 2010. El 10 de mayo del 2013, 1500 policías, 500 militares, 200 agentes de tránsito, 50 caballos, 200 motos, 30 perros, 5 retroexcavadoras y un equipo antimotines arremetieron desde las 07h00, en el sector de Monte Sinaí, en las Cooperativas Talía I y Talía II, ubicadas fuera de la zona de reserva y

seguridad contemplada en el Decreto Ejecutivo Nº 607 -que originalmente se la consideró consolidada y la cual sería atendida con mejoras de servicios-. Se destruyeron 420 viviendas, ocupadas por 1.700 personas, con población presente dentro de las viviendas en el momento del desalojo, impidiendo a las familias salvaguardar sus enseres, prohibiendo a la prensa registrar con imágenes los incidentes, atentando contra personas de la tercera edad, niños, personas con discapacidades, mujeres y 30 extranjeros que están en calidad de refugiados en Ecuador. Muchas de estas familias se han quedado dentro de la zona, viviendo bajo los escombros, en carpas improvisadas y otras han ido a vivir en hacinamiento en los patios de sus familias o de vecinos del sector. Sólo el 10% de personas habían sido notificadas de los desalojos por parte del Comisario de Policía Nacional UBC del Cuartel Modelo, Ab. Robinson Arias Mora, a órdenes de la Secretaría Técnica de Asentamientos Irregulares, dirigida por el Ab. Julio César Quiñónez, y de la Gobernación del Guayas, cuya titular es la Ab. Viviana Bonilla. Las familias permanecían en las viviendas puesto que no tenían dónde ir, ya que no se ha cumplido ningún plan de reubicación. El 28 de mayo del 2013 en varias cooperativas consolidadas del sector de Monte Sinaí que se encuentran fuera de la zona de reserva, según el Decreto Ejecutivo mencionado, se recibieron nuevas notificaciones para otro desalojo programado para el 4 de junio del 2013. Este anuncio no se ejecutó por la resistencia de los moradores que realizaron movilizaciones y vigilias. Posteriormente, se distribuyeron nuevas notificaciones de desalojos en los sectores Tres Hermanos y Las Marías de Monte Sinaí, en este último se ejecutó el desalojo el 19 de junio del 2013, con la intervención desproporcionada de 2000 agentes, entre policías y militares que usaron tractores, camiones, caballos, motocicletas y un helicóptero para desalojar a 93 familias.

Nueva Prosperina En el sector de Nueva Prosperina a inicios de junio la Secretaría Nacional de Riesgos ordenó el desalojo de 65 familias, debido a que se encontraban asentadas en zonas de riesgo por deslizamiento de tierras. La señora Verónica Aracely Reyes Alvarado, moradora del sector desde hace 20 años y propietaria reconocida por el Municipio desde hace cinco años, denunció al CDH que no se encuentra en el listado para reubicación, pero que funcionarias le han advertido que debe salir del lugar. La funcionaria le habría dicho que “si no aceptábamos ser reubicados en Socio Vivienda -plan habitacional del Gobierno- nos cortarían el servicio de agua y luz”. Los moradores del sector no reciben notificación singularizada por escrito. Según moradores, no existen espacios oficiales de diálogo promovidos por dicha Secretaría Nacional para consensuar el proceso de reubicación en las casas del Plan Socio Vivienda. Las casas ofrecidas por la entidad gubernamental poseen menores condiciones materiales que las alcanzadas por las familias.

Isla Trinitaria Moradores del sector se enteran a través de medios de comunicación sobre los planes que el Gobierno Nacional programa ejecutar y que incluyen desalojos de aproximadamente 8.200 familias que viven a orillas del Estero Salado, sin recibir información directa ni promover consultas. Estos desalojos se van a producir debido a un proyecto denominado “Guayaquil Ecológico”, que lo lidera el Ministerio del Ambiente y que espera recuperar el estero como parte de la regeneración urbana de esta ciudad, donde existe un componente de recreación y “espacios verdes”. b) NORMAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES La acción de desalojos forzosos afecta a varias normas y estándares internacionales de derechos humanos, entre ellas: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño (Art. 27, Nº 1, 2, 3), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Art. 14) y la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación

Racial (Art. 4, literal e). Además, contradice lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 11, literal 1) y en su Protocolo Facultativo ratificado por Ecuador y vigente desde el 5 de mayo del 2013. Los desalojos que se produjeron o que se van a llevar a cabo en algunos barrios de la ciudad de Guayaquil no contemplan la Observación General Nº 4, adoptada en el sexto período de sesiones (1991) por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; sobre todo, cuando hace referencia a los aspectos del derecho a la vivienda que deben ser considerados como elementos significativos que permiten su cumplimiento como son: la seguridad jurídica; la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; la habitabilidad de la vivienda, su asequibilidad, el lugar donde se encuentra que debe proporcionar facilidad en el acceso a servicios y una adecuación cultural. Tampoco toma en cuenta la Observación General Nº 7, adoptada en el décimo sexto período de sesiones (1997), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que indica que cuando se producen desalojos que afectan a un gran número de personas, especialmente mujeres (quienes son más vulnerables a la propiedad y acceso de viviendas) “los Estados Partes deberían velar por que se estudien en consulta con los interesados todas las demás posibilidades que permitan evitar o, cuando menos, minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza. Deberían establecerse recursos o procedimientos legales para los afectados por las órdenes de desalojo”. Asimismo, es necesario precisar que los desalojos forzosos que se han efectuado en la ciudad de Guayaquil no tomaron en cuenta los elementos básicos que establece la “Guía Práctica sobre Derechos Humanos, Proyectos de Desarrollo y Desalojos” elaborada en el 2009 por el Relator Especial de la ONU sobre la vivienda adecuada que contemplan los siguientes aspectos: a) Un aviso apropiado a las personas afectadas, b) Difusión de la información correspondiente a planes de reasentamiento, sobre todo, tomando en cuenta a los grupos vulnerables, c) Un plazo razonable para recibir las objeciones al plan de desalojo, d) Asesoramiento jurídico y técnico para las personas afectadas, y d) Audiencias públicas que permitan a las personas afectadas impugnar los desalojos y presentar medidas alternativas. c) OBJETIVOS

• Recoger información directa y contrastada sobre la protección del Derecho Humano a la

Vivienda en la ciudad de Guayaquil.

• Promover el respeto a las normas y los estándares internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) que estarían afectados en la ciudad de Guayaquil por operaciones de desalojos masivos.

• Conmemorar el Día Mundial del Hábitat que se celebra el lunes 7 de octubre, en virtud de la resolución 40/202, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en 1985.

d) RESULTADO PREVISTO Elaboración de un informe preliminar con conclusiones y recomendaciones para el Estado ecuatoriano, los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil, luego de la visita “in situ” de la Misión Internacional de Verificación sobre el Derecho a la Vivienda, en Guayaquil, durante el 2013. El informe incluirá un soporte audiovisual. e) COMPOSICIÓN E ITINERARIO DE LA MIV Comisionados:

- Norma Enríquez, Representante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)

- Elsie Monge, Vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) - Lorena Zárate, Presidenta de Habitat International Coalition (HIC) / Coalición Internacional

para el Hábitat - Pablo A. de la Vega M., Coordinador Regional de la Plataforma Interamericana de Derechos

Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) Coordinador: - Coordinador General de la Misión: Billy Navarrete Benavides, Secretario Ejecutivo del CDH, y

Coordinador del Capítulo ecuatoriano de la PIDHDD. Correo-e: bnavarrete@cdh.org.ec - Celular: (09) 9 829 7723

f) MECANISMOS DE SEGUIMIENTO

- Constitución de una Mesa Interinstitucional e Intersectorial de Monitoreo del Derecho a la Vivienda.

- Envío del Informe de la MIV a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Vivienda, a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) y al Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat).

Guayaquil, septiembre 16 del 2013