Memoria Regional 2011

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Debido a las posibles repercusiones y represalias hacia las personas afectadas, los nombres y referencias fundamentales de los testimonios incluidos en esta publicación han sido sustituidos por otros para impedir su identificación. Los hechos relatados corresponden a casos reales y cuentan con la autorización de sus protagonistas para su utilización.

Es una organización fundada por la Compañía de Jesús (Jesuitas) en 1980, con la misión de “acompañar, servir y defender” a las personas en situación de desplazamiento y refugio (PSDR).

Directora SJR LAC Merlys Mosquera Chamat

EditoraMinerva Vitti

DiseñadorGorka Ortega

Colaboradores Wooldy Edson Louidor- SJR LACLuis Fernando Gómez- SJR LACTania Orea- SJR LACAndrea Villaseñor- SJR LACJuan Felipe Carrillo- SJR LACAlfredo Infante SJ- SJR LACMagda López- SJR ColombiaPaola Maldonado-SJR ColombiaKarina Villacís- SJR EcuadorMaría Belén Ayala- SJR EcuadorAna Lorena Alfaro- SJR PanamáEduvigis Sánchez- SJR VenezuelaAna María Palacios- SJR Venezuela

Foto portada archivo SJR Venezuela, foto contraportada Gorka Ortega/SJR, foto pag 3 Sergi Cámara, foto pag 4 Luis Fernando/SJR

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4 Editorial

contenido

44 Informe administrativo

45 Contactos

6 Contexto Regional

Haití: Un año de transición política marcada por sucesivas crisis Colombia y países fronterizos

24 Colombia

29 Venezuela

34 Ecuador

38 Panamá

42 Haití

16 El SJR en Latinoámerica y El Caribe

Migración forzada haitiana Colombia y países fronterizos

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editoRiAL

En América Latina un significativo número de personas salen de sus territorios, dejan su tierra para huir de la guerra, la violencia social u otras formas de persecución.

No es nuevo afirmar, que Colombia es el principal país expulsor de personas por razones de la violencia. Según datos oficiales, existen más de 3.5 millones de personas que han sido forzosamente desplazadas y de acuerdo al ACNUR, otras 450 mil permanecen en los países fronterizos como refugiados o en búsqueda de protección internacional.

Pero la violencia no es la única causa de migración forzada en América Latina. Recientemente hemos visto como los haitianos, víctimas del terremoto de 2010 y afectados por la profunda crisis política e institucional que azota al país, también deberían ser declarados migrantes forzados por causa de desastres naturales. Algunos de ellos aún permanecen como desplazados en los cam-pamentos de Puerto Príncipe; otros son atrapados por las redes de tráfico que los ruletean por el continente, hasta abandonarlos a su suerte en países como Chile, Ecuador o Brasil.

Muchos de los que hacen parte de este ingente grupo de migrantes forzados, sean refugiados o víctimas de desastres naturales, viven en el abismo de la extrema vulnerabilidad porque a la incertidumbre de su estatus legal, se suman las precarias condiciones de vida que enfrentan, la falta de acceso a alimentación, salud, educación, trabajo, y en muchos casos el prejuicio de la discriminación.

Contrariamente a la situación que viven los migrantes forzados y refugiados, América Latina es un continente en transformación y crecimiento; según el PNUD, entre los años 2002 y 2008 los países del continente han experimentado un crecimiento constante en su PIB. A esto se suma que las dotes de biodiversidad y recursos naturales que posee la región, hacen que sea un continente atractivo para la inversión de capital extranjero en extracción, explotación y comercio de recursos naturales como el petróleo, los minerales y la expansión agroindustrial.

La novedad en este punto es la paradoja que supone la vulnerabilidad de las poblaciones des-plazadas, refugiados y migrantes forzados. Aunque gran parte de estas poblaciones no se en-cuentran en situaciones clásicas de emergencia, continúan atrapadas en el desplazamiento pro-longado, sin oportunidad y muchas veces sin deseos de volver a sus territorios, a pesar de que

esperanza crítica: el clamor de los migrantes forzados, refugiados y desplazados

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Merlys Mosquera Chamat Directora Regional SJR-LAC

estos son fuente abundante de unos recursos, que lamentablemente no se traducen en bienes comunitarios y ambientes de paz.

Además, ya se empieza a ver cómo la explotación de recursos traspasa los límites del buen vivir y desarrolla estrategias de manipulación de comunidades o utiliza la violencia de los grupos armados para obligar a campesinos, pescadores y pequeños agricultores a dejar sus lugares de origen. Por ejemplo en Colombia, las complejidades metamórficas del conflicto armado colombiano hacen que la coacción de grupos armados y paramilitares se utilice como estrategia para despojar territo-rios de interés económico o comercial, constituyéndose este fenómeno como una nueva variable del desplazamiento.

Por estas razones, el panorama para los migrantes forzados en América Latina, presenta desafíos que hacen imperante la creación o actualización de un marco de protección más amplio que priorice en el principio de la dignidad y reviva la doctrina de los derechos humanos.

En el marco de la misión de acompañar, servir y defender a los refugiados y migrantes forzados, nos encontramos con personas que aunque se sienten vulneradas, claman por su dignidad y están dispuestas a aportar a la promoción de ambientes fraternos, pacíficos y productivos.

En esta memoria regional de 2011 queremos hacer homenaje a la esperanza crítica y exigente que mantienen los casi 14 mil refugiados y desplazados que durante ese año fueron acompañados por los equipos del SJR.

Con el objeto de animar la reflexión sobre la cuestión de los refugiados, desplazados y migrantes forzados en nuestro continente, César y Mercedes en Colombia, Juan y José en Ecuador, Carlos y David en Panamá, y finalmente, Catalina en Venezuela, nos contarán su experiencia y con más detalle el contexto local que los acoge.

“A pesar del drama que represen-ta la experiencia de haber sido desarraigos y de intentar reiniciar una nueva vida en contextos a veces hostiles, los migrantes for-zados, refugiados y desplazados mantienen firme la esperanza y claman por su dignidad”


contexto RegionAL

Durante 2011 Haití vivió un turbulento periodo de transición política que culminó con la elección en abril del mismo año de su nuevo presidente, Joseph Michel Martelly, y con la ratificación en octubre del Jefe de Gobierno, Gary Conille.

Inmediatamente después de la conformación del nuevo Gobierno, se generaron diferentes conflic-tos entre el Jefe de Estado y su primer ministro, y entre el Ejecutivo y el Parlamento; lo que no permitió el tránsito hacia la estabilidad política, de la que tanto necesita el débil Estado haitiano para consensuar las prioridades de la reconstrucción del país y las políticas públicas susceptibles de mejorar las condiciones de vida de un pueblo damnificado por un mortal terremoto el 12 de enero de 2010.

A las sucesivas crisis políticas que enfrentó Haití en 2011 y a la incapacidad de los actores políticos haitianos para superarlas, se sumó el desinterés progresivo de la comunidad internacional por ayudar al país a reconstruirse desde un enfoque de respeto a la soberanía del pueblo haitiano y de fortalecimiento de su Estado.

Intensificación de las relaciones entre el Gobierno haitiano y América Latina Siguiendo la política exterior del anterior Gobierno, la nueva administración haitiana Martelly-Conille intensificó las relaciones con los países de América Latina y con diferentes organismos re-gionales como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Alianza Bolivariana para los Pue-blos de Nuestra América (ALBA) etc., con los que estableció varios acuerdos de cooperación sobre distintos temas y en vistas a la reconstrucción del país caribeño.

Sin embargo, el tema de la protección de los migrantes haitianos ha sido el gran ausente en estos acuerdos bilaterales y multilaterales, pese al crecimiento exponencial del flujo haitiano hacia la región, principalmente Ecuador, Brasil, Chile, y a su gran vulnerabilidad dentro de esos países y en sus fronteras con Perú, Bolivia y Colombia.

Lentitud de la relocalización de los desplazadosEn el contexto del Haití post-sismo vale subrayar la lentitud del proceso de relocalización de medio millón de personas desplazadas en la capital Puerto Príncipe y en sus alrededores. De enero a febrero de 2012, el número de desplazados ha disminuido de 515.960 a 490.545, así como la cantidad de campos ha reducido de 707 a 660, según la Organización Internacional para las migraciones (OIM). Pese a esta reducción, la OIM teme que a finales del año más de 310.000 personas sigan

Haití: Un año de transición política marcada por sucesivas crisis

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malviviendo en los campos, si “no se les ofrece ninguna solución de vivienda”.

Las autoridades haitianas y las organizaciones internacionales, con el apoyo financiero de donantes internacionales, han anunciado varios proyectos de relocalización que no siempre han tenido los impactos planteados por falta de coordinación o de fondos. La principal causa del fracaso radica en la falta de un plan coherente para abordar la urgente problemática de la vivienda y la relocalización de las personas desplazadas.

Parado el proceso de reconstrucción del paísEl proceso de reconstrucción de Haití tampoco tuvo un mejor destino, ya que los donantes interna-cionales entregaron para finales del 2011 sólo 43% de los 4.600 millones prometidos. Los grandes proyectos de reconstrucción están en un punto muerto, mientras que la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití (CIRH) ha sido el blanco de críticas del Parlamento y de la sociedad civil haitiana que ven en ella un instrumento utilizado por las grandes naciones del Norte para defender sus propios intereses financieros en el “negocio de la reconstrucción”.

Mientras tanto, el Gobierno haitiano, que depende en un 70% de los fondos internacionales para ejecutar su presupuesto, no puede cumplir con sus compromisos para con el país.

Un contexto de migración forzada en HaitíLas consecuencias de ello han sido fatales. El cólera sigue haciendo estragos en el país: más de 7.000 muertos y 520.000 infectados. Los especialistas pronostican que “el cólera permanecerá en-démico en el país durante décadas”.

Otras consecuencias: la agravación de la pobreza, el desempleo, la mortalidad infantil, la falta de acceso a los servicios sociales de base. El programa gubernamental de educación gratuita sigue siendo más un eslogan de campaña que una realidad.La desigualdad social crece cada año: 2% de los haitianos detienen el 69% de las riquezas nacionales. Los diferentes proyectos de lucha contra la pobreza no han tenido un impacto sustancial porque han sido impuestos por los organismos financieros internacionales y no han sido acompañados por políticas sociales encaminadas hacia la justicia social.

Las continuas crisis políticas por razones intrascendentes, como la actual entre el presidente Michel Martelly y el Parlamento en torno a la presunta múltiple nacionalidad del Jefe de Estado haitiano y de miembros de su Gobierno, arrebatan al pueblo haitiano toda esperanza en un futuro mejor.

La agravación de las condiciones de vida y de la situación humanitaria en Haití, las violaciones sistemáti-cas contra los derechos socio-económicos del pueblo haitiano, la ausencia de marcos institucionales y de voluntad política para dirimir los conflictos entre los diferentes actores mediante el diálogo, y la falta de una visión común entre los actores de la comunidad internacional en torno a las prioridades de Haití en-sombrecen el panorama de la reconstrucción del país, forzando a los haitianos a huir de su país de origen.

Migrantes haitianos varados en Roraima. Roraima, Brasil. (Gorka Ortega/SJR)

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La migración como única alternativaSalir del país se ha presentado como la única alternativa para la gran mayoría de los haitianos. República Dominicana, las Islas anglohablantes del Caribe y Sur América y Brasil, han sido los principales lugares de destino. Suramérica se ha convertido en un polo de migración cada vez más importante principal-mente para los jóvenes haitianos que buscan oportunidades de estudio, de trabajo y de un futuro mejor. Redes de traficantes promueven el tráfico ilegal hacia la región con falsas promesas de trabajo y estudio, aprovechándose de la desesperación de los haitianos que aceptan vender todo lo que tienen (e incluso se endeudan) para pagar a los delincuentes con tal de huir del país. Los países de destino, del Norte al Sur del continente, adoptan políticas cada vez más duras y restrictivas, mediante la repatriación, el cierre de fronteras y obstáculos para su ingreso, para contener la inmigración de los haitianos. Así decenas de miles de haitianos han quedado desprotegidos en las fronteras terrestres y marítimas, y dentro de los países caribeños y latinoamericanos.

En algunas ocasiones, los migrantes forzados haitianos han enfrentado crisis humanitarias, por ejemplo, en Tabatinga (Amazonía brasileña) y en Iñapari, localidad peruana fronteriza con Brasil y Bolivia.

Migrante haitiano asistente a los cursos de portugués iniciados por el Servicio Voluntario Pro-Haití. Manaos, Brasil. (Gorka Ortega/SJR)

Enfocamos nuestro acompañamiento en varios ámbitos particulares: la región fronteriza Venezue-la-Colombia, la región fronteriza Ecuador-Colombia, el litoral Pacífico (Costas pacíficas de Ecuador, Colombia y Panamá), y la situación de los refugiados en contextos urbanos.

Entendemos que estas subregiones implican realidades específicas en cuanto al entorno de las personas en situación de refugio y desplazamiento forzado, no obstante podemos afirmar que existen ciertos denominadores comunes en todas estas regiones fronterizas.

Agudización y extensión del conflicto armado colombianoLa acción del Ejército colombiano ha presionado a los actores armados a moverse hacia las regiones fronterizas, generando situaciones complejas en estas áreas.

Es preocupante el traspaso de parte de las estructuras de grupos paramilitares y guerrilleros a te-rritorios fuera de Colombia buscando el control sobre los corredores estratégicos para actividades ilegales. Como consecuencia son habituales las disputas por parte de estos grupos con las mafias locales ya establecidas.

Un elemento que ha sido poco señalado, y que genera riesgo sobre la vida de los pobladores, tiene que ver con la recomposición de los territorios donde actuaron durante más de una década los grupos paramilitares como estructuras sólidas, con mandos unificados y con amplias relaciones con los poderes económicos y políticos de las regiones. Se ha pretendido inducir a la idea que con el proceso de desmo-vilización de las estructuras de bloques y frentes de los paramilitares, también se borraron los efectos de su presencia continuada en los departamentos y municipios. El caso de las guerrillas en especial las FARC genera tensiones dentro y fuera de Colombia, puesto que han entrado en una situación contrastante: ataques selectivos en distintas regiones de Colombia y por otro lado, una intensa comunicación pública en perspectiva de buscar escenarios de diálogo con el Gobierno colombiano.

Zonas de tránsito ilegalLas regiones fronterizas se han convertido en lugares perfectos para el desarrollo de una economía ilegal, con una intensa actividad de contrabando: gasolina, víveres, armas, drogas de uso ilícito, insumos químicos y, de una manera muy alarmante, personas.

Las guerrillas de izquierda, las estructuras heredadas del paramilitarismo, carteles de narcotraficantes, grupos sociales que se lucran del contrabando y los que viven de extorsionar a la población, que en muchos casos son las mismas estructuras, han logrado implementar una economía regional transfronteriza, que por su presencia y acción violenta, afecta la vida de las y los ciudadanos en ambos lados.

Son las personas “de a pie” las que más se ven afectadas por las estrategias de los grupos armados, su

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relación con la economía, los encuentros y distanciamientos políticos entre Gobiernos.

tipo de presencia de los Estados: militarización de la vida cotidianaDada la importancia de las regiones fronterizas y las crisis políticas que se han desatado por la pre-sencia de los grupos armados ilegales en ellas, se presenta una fuerte presencia militar que contrasta paradójicamente con la falta de instituciones civiles de los Estados que cuenten con recursos para re-conocer y atender la situación de crisis humanitaria de las poblaciones forzadas a dejar sus territorios, provocando una mayor inseguridad y vulnerabilidad para la población desplazada y refugiada.

Es común la ecuación en la cual la ausencia de inversión social de calidad en los sectores populares de los departamentos, provincias y estados de frontera favorece la proliferación de las economías “irregu-lares” e igualmente la vulnerabilidad de las poblaciones que allí habitan. El análisis tiene que ser mucho más comprensivo, puesto que parecería ser intencional dicho abandono por parte de los Estados para que florezcan en estos sectores las condiciones necesarias para el establecimiento de procesos “irregu-lares”: en lo económico-legal, por ejemplo, las maquilas que existen en municipios como Pedro María Ureña (Venezuela); o la agroindustria en regiones como Tumaco y San Lorenzo (Colombia y Ecuador). En el ámbito de la economía ilegal encontramos las ya citadas experiencias de contrabando de variedad de productos y bienes; y en el ámbito social la proliferación de poderes armados ilegales y la problemá-tica vinculación de jóvenes y adolescentes en sus estructuras armadas ilegales.

En este sentido seguir nombrando la región como una “frontera” favorece aquella relación entre legalidad e ilegalidad que es funcional a algunos grupos económicos. Lo complejo de esta reflexión es que aparentemente en el corto plazo, las economías ilegales también favorecen a las comunidades que subsisten en la precariedad.

causas actuales del desplazamiento forzadoLa principal causa de desplazamiento forzado son los combates entre grupos insurgentes y los nuevos grupos paramilitares, principalmente por el control de corredores estratégicos donde se desarrollan actividades ilícitas, especialmente ligadas al narcotráfico. Las acciones dirigidas a erradicar los cultivos de uso ilícito (fumigaciones y erradicación manual), también son generadoras de desplazamiento forzado, solo que este no es reconocido por las autoridades.

También lo son las amenazas de reclutamiento forzado de algún miembro de la familia, especialmente niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ); el asesinato de algún miembro de la familia, amenazas y presencia de munición sin explotar y minas antipersona.

Igualmente el control y apoyo de los grupos armados ilegales en la explotación de minerales como el oro, donde es posible establecer relaciones entre violaciones de Derechos Humanos y control de actores ilegales en la explotación con graves consecuencias sobre el medio ambiente, situación que viene siendo denunciada por las organizaciones de la sociedad civil y de la Iglesia Católica en particular.

Bolívar 16.458�norte Santader 18�.996Soacha 35.179Valle del cauca 57.596nariño 72.293Antioquia 74.718�

Principales departamentos receptores de desplazados (2009-2011)

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Un elemento fundamental para comprender la lucha por los territorios en las regiones fronterizas tiene que ver con la nueva configuración de las relaciones multilaterales, donde Brasil y China juegan un papel fundamental, la zona andina quedará en función de las dinámicas que planteen dichos Gobiernos. Los megaproyectos desarrollados a lo largo de Suramérica tienen claramente la intencionalidad de integrar a través de vías terrestres y fluviales las distintas economías regionales mirando hacia el océano Pacífico. En este sentido la lucha por el control de los territorios en las regiones fronterizas tiene en cuenta que se trata de corredores estratégicos de comunicación.

Podríamos afirmar que en esa mirada de largo plazo que parecieran tener quienes controlan las redes de grupos armados ilegales, actores que se han especializado en identificar y desarrollar las rutas más rentables para negocios como el narcotráfico, han valorado con antelación la importancia de dominar territorialmente y establecer un control social que permita legitimarlos en una región particular.

La pregunta que queda planteada, es de qué modo están los actores políticos y empresariales regionales alineándose con dichos actores de la guerra para controlar el territorio y mantener su poder político y económico. La propiedad de tierras y la incidencia en la economía local es la que les garantizará su participación en los proyectos de desarrollo que se vienen gestando, y esta es la línea que puede guiar la indagación sobre la pregunta formulada.

Es fundamental comprender qué es lo que se está jugando en estos territorios (Llanos colombo-venezolanos, región Pacífico, región fronteriza de Ecuador y Colombia, la Amazonía). Si somos ingenuos ante estas realidades estaremos animando a las personas a permanecer, resistir e integrarse en un territorio que no será de ellos o en el cual tendrán que negociar con estos intereses que los superan. Es muy importante hacer una lectura de esta planeación amplia del desarrollo a la luz de los flujos migratorios en la región, para entender mejor las relaciones que allí se establecen.

Problemas en el reconocimiento de los migrantes forzados por parte de los GobiernosLos bajos porcentajes de reconocimiento en Venezuela, Ecuador y Panamá, ausencia y distancia de oficinas de atención en los lugares donde llegan las personas, los procedimientos discrecionales de admisibilidad en donde en casi todos los países se están realizando filtros que niegan la posibilidad de apelar las decisiones de las autoridades encargadas, la revisión de casos emblemáticos por parte de la Fiscalía colombiana con el aparente propósito de deslegitimar una condición ya reconocida de víctimas del conflicto armado y sembrar un manto de duda sobre las demás víctimas, los porcen-tajes altísimos de sub-registros del desplazamiento interno y en particular de los desplazamientos intra-urbanos o entre municipios.

Existe una tendencia regional en desconocer la necesidad de protección (interna e internacional) de las personas víctimas del desplazamiento forzado, basados en argumentos como que la violencia generalizada no es una causa suficiente.

Flujo de personas en situación de refugio y desplazamiento en la región Colombia y países fronterizos

Fe y Alegria colabora junto al SJR en programas escolares destinados a la sensibilización sobre la realidad del desplazamiento en Colombia. Soacha, Colombia. (Gorka Ortega/SJR)

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El no reconocimiento de la condición de refugiados y desplazados crea una especial situación de vulnerabilidad, pues las personas no logran acceder a derechos básicos (salud, educación, vivienda y trabajo), son permanentemente perseguidos y acosados por las autoridades y están inmersos en una economía informal donde frecuentemente son explotados laboralmente. Dicha situación está abriendo puertas para la explotación laboral y sexual.

Esta realidad nos genera un reto en el sentido de profundizar las acciones tendientes a mostrar las ca-racterísticas actuales de la migración forzada, buscar casos particulares que puedan generar una opinión favorable y/o jurisprudencia. Se trata de una respuesta que comprenda que la violencia generalizada y las violaciones masivas de derechos humanos ocasionan desplazamiento, de la misma forma que lo hace el despojo y la pérdida de los arraigos tradicionales. En este sentido, la adopción por parte de los Gobiernos de la definición ampliada de refugio contenida en la Declaración de Cartagena de 1984, se constituye en el primer paso.

Equipo del SJR Ecuador haciendo acompañamiento en la comunidad de San Lorenzo. (Alejandro Cisneros/ SJR)

Equipo del SJR Ecuador haciendo acompañamiento en Esmeraldas. (Christian Fuchs/ SJR-USA)

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EL SJR LAC tiene el rol de coordinar, apoyar y articular a las oficinas nacionales en el desarrollo de sus programas, que surgen desde las necesidades de la población que acompaña en cada ámbito local.

En este sentido existen dos proyectos muy importantes. El primero es el proyecto para la “Prevención de violencia y restitución de derechos de personas desplazadas y refugiadas en la frontera colombo-venezolana”, donde se promueve esta acción desde una estrategia binacional.

Este proyecto permitió ofrecer un acompañamiento integral que logró que las personas acom-pañadas conocieran cuáles son sus derechos y cuáles los distintos mecanismos para exigir su cumplimiento; también desarrollaron procesos de reflexión sobre sus capacidades personales, familiares, comunitarias; en la perspectiva de fortalecer al sujeto en sus distintas dimensiones y materializado en el mejoramiento de sus condiciones de vida.

El trabajo de visibilidad y comunicación facilitó que las comunidades receptoras conocieran un poco más los efectos del desplazamiento en personas concretas y en consecuencia se propiciaron procesos de integración. Sin embargo, esto sigue siendo un reto, en cuanto que la población receptora también vive en condiciones precarias de vida y la llegada de los migrantes forzados aumenta la competencia para acceder a bienes y servicios del Estado.

El trabajo permanente de monitoreo y seguimiento a los vacíos de protección y necesidades de la población, permitió contar con información para la incidencia, para aumentar las capacidades de las autoridades competentes para atender a las víctimas se contribuye a superar los impactos del conflicto armado.

El segundo proyecto desarrollado fue el “Programa para la integración local de la población en situación de desplazamiento y refugio en las comunidades receptoras del componente Colombia”, cuyo propósito es ofrecer una respuesta regional y articulada a este fenómeno de desplazamiento y refugio en Colombia y sus tres países fronterizos, mediante acciones de atención psicosocial y jurídica, incidencia y fortalecimiento de las capacidades de los equipos locales.

En el año 2010 y 2011 el SJR ha atendido, en los cuatro países donde tiene presencia, a más de 32.000 personas en situación de desplazamiento y refugio. El 75% de estas personas, vinculadas a las actividades de atención, fueron beneficiarios de este proyecto.

La intervención desarrollada ha permitido incrementar la actuación conjunta de los SJR nacionales y ampliar el abanico de oportunidades en el diseño de programas regionales, proyectos nacionales y binacionales para el fortalecimiento de la misión del SJR y la respuesta a las situaciones de los refugiados y desplazados.


El SJR en Latinoámerica y El CaribeProyectos

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A lo largo de 2011, las actividades realizadas en el componente Haití del SJR LAC se concentraron en la investigación sobre los flujos migratorios haitianos hacia Sur América, así como en la difusión de los resultados de dicho estudio en diferentes círculos: obras e instancias de la Compañía de Jesús, medios de comunicación, espacios académicos y de incidencia ante algunos gobiernos.

La realización del estudio llevó a efectuar visitas de terreno en varios países suramericanos tales como Ecuador, Brasil, Chile, Perú y Venezuela, donde se entrevistó a diversas categorías de migran-tes haitianos, entre ellas mujeres, niños y otros segmentos poblacionales con necesidad de protec-ción internacional, así como a organizaciones que trabajan con ellos, a grupos de la sociedad civil y a autoridades de dichos países.

En un segundo momento, el arrojo de los primeros resultados fue compartido con las instancias y obras de la Compañía de Jesús tales como la CPAL, las diferentes redes del SJR-SJM en el Caribe y en el Cono Sur y la oficina regional del SJR en Roma. También esos primeros resultados fueron debatidos en espacios académicos regionales, por ejemplo la red de investigadores de CLACSO especializados en la migración, y en otros ámbitos universitarios tales como: la Facultad de Antropología de la Universidad Javeriana-Bogotá, expertos en migración de la Universidad Santo Tomás-Bogotá y académicos de la Universidad Pedagógica en Bogotá y otras universidades en México y Brasil.

En un tercer momento, se realizaron varias actividades de difusión de los resultados con los medios de comunicación: desde la publicación de artículos y textos especializados en medios francófonos e hispanófonos, textos que fueron traducidos al inglés y portugués en su gran mayoría hasta la reali-zación de ruedas de prensa en Haití y en Ecuador, pasando por intervenciones puntuales en medios de Venezuela, Ecuador y Colombia.

En un cuarto momento, se articularon una serie de labores de incidencia, en base a los resultados de este estudio, enfocadas a:

a) sensibilizar a diferentes actores de la sociedad civil latinoamericana sobre la necesidad de montar una red regional de protección de los flujos haitianos en la región; existe en la actualidad un embrión de dicha red donde compartimos informaciones y nos apoyamos en labores de incidencia y comunicación;

b) incidir directa e indirectamente sobre las diferentes autoridades de Ecuador, Chile, Perú, Bolivia y Brasil y también sobre diversas oficinas del ACNUR, para que estén bien informadas de la situación de los migrantes haitianos en la región y, así, tomar decisiones políticas y legales tendientes a asistir y proteger a esta población vulnerable y a plantear la problemática en su dimensión esencialmente regional ante instancias regionales tales como la UNASUR y la OEA.

Migración forzada haitiana

Migrante haitiano buscando ofertas laborales en la oficina del Servicio Voluntario Pro-Haití. Manaos, Brasil. (Gorka Ortega/SJR)

Comunicación e incidencia

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Finalmente, servimos de puente entre América Latina y Haití, al dar a conocer en Haití la situación de los flujos haitianos en América Latina y, en la región, la realidad y el contexto de Haití, luego del terremoto del 12 de enero de 2010, mediante la elaboración de noticias breves y artículos de análisis de contexto.

Todas nuestras actividades de comunicación e incidencia en 2011 se dirigieron a generar en América latina una mayor solidaridad con Haití y los migrantes haitianos mediante hechos reales, así como una protección efectiva de los flujos haitianos a través de mecanismos concretos. Dichas actividades lograron visibilizar la vulnerabilidad de los migrantes en los medios de comunicación, en diferentes espacios académicos, gubernamentales, de la sociedad civil e incluso de la Compañía de Jesús. Se observa un interés creciente de estos diferentes actores por contribuir a disminuir el sufrimiento de los migrante haitianos a través de la atención humanitaria, el acompañamiento psicosocial y la búsqueda de mecanismos eficientes (basados en principios de la hospitalidad y el respeto a la dignidad y los derechos humanos) para la regularización de su situación legal y su posterior integración digna y humana en la región.

Un miembro del SJRLAC charla con migrantes haitianos. Roraima, Brasil. (Gorka Ortega/SJR)

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Colombia y sus países fronterizos:incidencia En esta región las labores adelantadas desde el área de incidencia estuvieron orientadas por ocho estrategias: recopilación de información de terreno, coordinación de actividades en el plano regional, participación en redes y coaliciones, producción y difusión de información, formación y capacitación permanente, gestión interinstitucional, intercambio constante de información, y planeación segui-miento y evaluación.

En cuanto a la recopilación de información en el terreno, se realizaron visitas a los proyectos del SJR en Lago Agrio, San Lorenzo, Quito, Ciudad de Panamá, Puerto Piña, Jaqué, Táchira, El Nula, Guasdualito, Buenaventura, Soacha y Cúcuta, donde se recopiló información de fuentes primarias (acompañamiento) y secundarias (informes, publicaciones), que sirvieron como insumo para la elaboración de informes.

Gracias a la coordinación de actividades en el plano regional fue posible la participación del SJR-Colegios de Colombia en el Preforo Infantil Juvenil en Quito. Además se llevaron a cabo las gestiones necesarias para coordinar la visita del Refugee Council y el JRS-USA a Panamá y Ecuador, cuyo resultado final fue la publicación de un informe y su ulterior publicación en medios y en espacios de incidencia en Estados Unidos; y se realizaron labores de apoyo para coordinar las acciones del SJR-Venezuela en el marco de la Conferencia Regional Humanitaria (Quito); donde el SJR LAC participó de manera directa.

Desde inicios de 2011, fue posible llevar a cabo reuniones periódicas de inducción y asesoría a los y las nuevos-as encargados de incidencia en todos los países del componente Colombia.

En marzo de 2011 se llevó a cabo el Encuentro Regional de Incidencia y Comunicación de la región LAC, espacio donde se realizaron las siguientes actividades: análisis de contexto, presentación de buenas prácticas, revisión de documentos institucionales, capacitaciones en materia de incidencia y definición de escenarios de colaboración conjunta.

También se realizó la reunión de coordinación del trabajo binacional en la frontera colombo-venezolana en Pamplona, Colombia, 2011, donde se definió el sistema de monitoreo binacional.

De la misma manera, durante julio tuvo lugar en Bogotá un taller de capacitación para la vinculación de las oficinas de frontera de los SJR del componente al mecanismo de monitoreo, presentación de informes y respuesta (Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas) sobre la situa-ción de la infancia inmersa en conflictos armados. Este taller fue auspiciado por la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado colombiano, y participaron representantes de todas las oficinas que conforman el componente. Para propiciar la participación en redes y coaliciones, se elaboraron y remitieron documentos institucionales para la red de incidencia de la CPAL, se participó

El SJR Venezuela trabaja con toda la comunidad educativa y promueve en todo momento la resolución pacífica de conflictos. (archivo SJR Venezuela)

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en el taller de Bogotá y se elaboró una presentación sobre el estilo de incidencia del SJR para este taller.

En este tiempo se han realizado interlocuciones con el CINEP para la vinculación al banco de datos, la visita del Consejo Canadiense de Refugiados a Bogotá y para asuntos varios, algunos enmarcados en la red de incidencia de la CPAL.

También se participó en distintos encuentros como: reunión sobre la frontera norte de la Defensoría del Pueblo en Maicao, donde se presentó el trabajo del SJR en frontera y se establecieron contactos con organizaciones de la zona; reunión sobre la red internacional de migración forzada en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con la presentación de la situación de los solicitantes y personas con necesidad de protección internacional (PNPI) en la frontera colombo-venezolana; participación en el Preforo Jesuita y en el Foro Social Mundial de Migraciones.

Para ejecutar la estrategia de producción y difusión de información, se elaboró un informe sobre la situación de solicitantes y de derechos humanos en Panamá que fue compartido con el SJR-USA y el Refugee Council. También se realizó un informe de la visita a Venezuela para retroalimentar al equipo y ampliar la producción de información en el marco del proyecto binacional.

Otros productos han sido la elaboración de ponencias a partir de la información recolectada en las visitas para ser presentadas en: Universidad Javeriana de Cali (situación de los refugiados colombianos); mesa redonda de fronteras del SJM en Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM) (situación de las zonas de frontera de Colombia, Venezuela y Ecuador), panel SJR-LAC en FSMM (situación de los refugiados colombianos en Ecuador, Panamá y Venezuela), Red Internacional de Migración Forzada (situación de los refugiados colombianos en Venezuela), y para la conmemoración del día internacional del refugiado (panorama mundial del refugio y el desplazamiento). Con motivo del día mundial del refugiado también se atendieron entrevistas con medios locales, es el caso de la emisora Vox Dei de Cúcuta.

A partir del monitoreo de prensa y la información recolectada en las visitas se redactó el informe de contexto latinoamericano 2010 que actualmente se encuentra en proceso de revisión final. También se escribió el contexto regional para Memoria Regional 2009 SJR-LAC y se desarrolló la sección de incidencia de la Memoria Internacional 2009.

La formación y capacitación permanente estuvo enmarcada en tres actividades: elaboración de la propuesta de cátedra y observatorio de refugio y desplazamiento en la región pacífica para la Universidad Javeriana de Cali; la revisión y compilación de la normativa (internacional, regional, nacional) en materia de protección de manera constante y socialización a encargados nacional de incidencia; y se llevaron a cabo gestiones con diversas organizaciones para la implementación del curso de formación a distancia sobre protección de PNPI que viene desarrollando la UCAB de Venezuela.

La gestión interinstitucional se desarrolló mediante el convenio de prácticas con Javeriana de Bogotá

A través del acompañamiento las personas logran conocer cuáles son sus derechos y los mecanismos para exigirlos. (archivo SJR Venezuela)

El curso de peluquería forma parte del proyecto Apoyo al empoderamiento de las mujeres en situación de refugio en la frontera colombo venezolana desde una perspectiva de DDHH, la idea es que aprendan actividades que les permitan generar ingresos. (Sergi Camara/SJR)

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a tres años, los primeros practicantes estuvieron en Cúcuta; y las pasantías se enmarcaron en un proyecto de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales.

También se realizaron prácticas de inmersión profesional de dos estudiantes de SJR-Colegios con SJR-LAC, gestiones para vinculación de los SJR del componente (países vecinos a Colombia) al Observatorio de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO), y reuniones con aliados estratégicos y agencias de Naciones Unidas en los países de presencia del SJR (ACNUR, UNICEF, CONSEJO NORUEGO, entre otros).

En el mismo sentido se mantuvieron conversaciones con la Pontificia Universidad Javeriana de Cali para extender la experiencia de trabajo de memoria en el Valle del Cauca a Latinoamérica.

El intercambio constante de información se dio a través del envío de materiales provenientes de la red internacional a las oficinas nacionales; y las consultas permanentes sobre propuestas, iniciativas y cambios en el contexto.

Finalmente la planeación, seguimiento y evaluación fue materializada por la interlocución cons-tante con la red internacional de advocacy del SJR, la elaboración del plan regional de incidencia 2010-2011 y 2011-2012, la elaboración de cronogramas de trabajo para el desarrollo del proyecto binacional, el establecimiento de acuerdos de trabajo conjunto en la reunión regional, y el segui-miento permanente a las actividades del área de comunicación.

Comunicación En el periodo 2011 el área de comunicación se ha constituido en una sola área junto a la coordinación de Incidencia, esto se evidencia en el POA 2011. El objetivo de esta decisión es fortalecer las comu-nicaciones para que siempre tengan fines de incidencia, y que realmente estén articuladas con las prioridades de acompañamiento (voz de los excluidos y su realidad cercana) y las recomendaciones sobre acciones de incidencia cuando aplique.

Todas las actividades desarrolladas giraron en torno a la articulación de labores y la creación de un lenguaje común con los coordinadores de comunicación de cada uno de los países de la región; la publicación de productos, informaciones y actividades realizadas por los equipos SJR y el SJR LAC sobre temas específicos que afectan a la población acompañada; el apoyo en actividades puntuales a los equipos nacionales; la actualización constante de las distintas redes sociales como Facebook, Twitter, página web del SJR LAC, blog Voces de la Migración Forzada; y la publicación de la Memoria Regional Anual 2010 (con avances 2011), el video institucional, y coordinación del rediseño de la página web.

Durante todo 2011 existió comunicación constante y apoyo a los equipos de comunicación, concre-tamente con la participación en conversatorios. También se ha brindado apoyo en la parte técnica.

El SJR Panamá brinda atención a poblaciones indígenas de la etnia embera, ubicadas en la región del Darién (Jaqué y Puerto Piña). (Archivo SJR Panamá)

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En el Encuentro Regional de Incidencia y Comunicación 2011, los encargados de comunicación tuvieron la oportunidad de socializar aspectos relacionados con la identidad de la comunicación del SJR y cómo esta tenía algunas particularidades en la región América Latina y El Caribe. Además se presentaron las buenas prácticas por país y se brindó una capacitación en herramientas de comunicación. Se realizaron sesiones conjuntas con los encargados de incidencia que permitieron compartir análisis de contexto, revisión conjunta de documentos de trabajo y socialización de aportes, definición de prioridades temáticas de incidencia y comunicación en la región, y elabora-ción de documentos de trabajo a partir de las prioridades identificadas.

Otro aspecto importante es el envío de información a través de nuestra base de datos de contactos claves y su publicación a través de las redes sociales Twitter y Facebook, con mención a los SJR nacionales para que aparezcan en las redes que estos manejan y así llegar a la mayor cantidad de lectores posibles.

El equipo del SJR Venezuela trabaja con niños, niñas y adolescentes para promover la resolución pacífica de conflictos y el buen trato. (archivo SJR Venezuela)

Miembros del equipo de Soacha hablan con una líder comunitaria antigua beneficiaria del SJR Colombia. Soacha, Colombia. (Gorka Ortega/SJR)

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coLombiA

Ley 35 de 1961 por la cual se adopta la Convención sobre el estatuto de los Refugiados

Ley 65 de 1979 por la cual se adopta el Protocolo sobre Refu-giados de 1967

Definición ampliada de refugiado (Declaración de Cartagena de 198�4): Sí

Ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954: no

Ratificación de la Convención para la reducción de los casos de apatridia de 1961: no

Ley 387 de 1997 que crea el marco jurídico para la atención al desplazamiento interno

Decreto 2569 de 2000, que organizó el sistema de registro de población desplazada y entregó funciones coordinadoras de la atención para esta a la Red de Solidaridad Social –ahora Agencia de Acción Social

Población en situación de desplazamiento: 5.195.620 (Boletín 77 de la Consultoría para los Derechos Humanos y el desplaza-miento, Codhes. Febrero de 2011) 3.573.132 (Agencia Presiden-cial pata la Acción Social y la Cooperación Internacional)

Para llegar a la población rural del Coco, justo en el límite entre Valle del Cauca y Chocó, se necesitan casi cinco horas de recorrido. Primero desde Buenaventura, por una carretera de espesa vegetación. Y luego atravesando el río, en un Jonhson (lancha rápida).

En ese lugar la defensa de derechos y el cumplimiento de deberes está liderado por los propios habitantes. Cesar y Mercedes tenían más de 32 años viviendo en el Coco, pero una mañana empezó para ellos un capítulo que cambiaría sus vidas para siempre: El desplazamiento forzado.

“Serían como las ocho. Yo estaba atrás dándole comida a unos pollos, cuando oigo que sube el hijo mío desesperado y me dice que están unos tipos aquí detrás de la casa armados. Nos dio miedo. Salimos de las casas porque nosotros habíamos oído que por la otra parte ellos salen y hacen muchas atrocidades con las comunidades, entonces nosotros nos desplazamos: unos a Buenaventura, otros a Cali porque nosotros tenemos a las hijas allá”, cuenta Mercedes.

De enero a septiembre de 2011, según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coor-dinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), se registraron más de 60 desplazamientos masivos y multifamiliares en Colombia que afectaron por lo menos a 17.500 personas. La principal causa de estos desplazamientos siguen siendo los enfrentamientos y combates entre actores armados, tanto del Estado como ilegales.

La agudización de esta situación se refleja en el reconocimiento por parte del Gobierno colombiano, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, acerca de la existencia del conflicto armado, el cual había sido negado por la anterior administración.

Por otra parte durante 2011, el 4 de noviembre, se dio uno de los golpes más fuertes a la guerrilla de las FARC con la muerte de alias “Alfonso Cano” en un operación conjunta de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea. La caída de Cano quien era el máximo comandante de la organización subversiva, ha generado desde ese mes agresivas retaliaciones traducidas en atentados terroristas que han dejado muchas víctimas civiles y la comisión de graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

El contexto actual se caracteriza por el incremento de las acciones violentas de todos los actores armados. Por una parte se observa la fallida desmovilización de estructuras paramilitares, su reor-ganización y continuidad de acciones con los mismos modus operandi, fenómeno que no ha sido reconocido por el Gobierno pues son denominadas por éste como Bandas criminales emergentes (Bacrim), lo cual dificulta la diferenciación entre acciones propias del conflicto y las delincuenciales, generando efectos perversos para casos de verdad, justicia y reparación de las víctimas.

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Por otra parte, se ha incrementado el control y apoyo de los grupos armados ilegales para la explotación de minerales como el oro; el asesinato sistemático de líderes y lideresas reclamantes de tierras; desplazamientos masivos; el reclutamiento y vinculación de niños y niñas a dinámicas del conflicto y los efectos negativos de las zonas militarizadas o de consolidación en la seguridad y la integridad de la población civil.

Sobre el terrenoYa en Cali, Cesar y Mercedes deben adaptarse a las nuevas condiciones de vida, entre estas la falta de alimentación y las restricciones de movilidad. El impacto del cambio afectó más a Mercedes quién no logró acostumbrarse, especialmente al encierro de la ciudad.

Con la ayuda de sus hijas, ambos regresaron a Buenaventura, allí una familiar los albergó. Sin embargo en ese lugar convivían con otras 25 personas y ni Mercedes ni César tenían empleo para seguir en este lugar. Luego de incansables intentos y varios trámites para poder ser incluidos en la declaración que exige el Estado, para la restitución de sus derechos fundamentales y recibir alguna ayuda humanitaria, finalmente fue posible recibir atención estatal. Pero las condiciones de vida no mejoraron para ellos.

Un problema que detecta el SJR Colombia es que existen serias dificultades de articulación con la oferta institucional del Estado en temas de Asistencia Humanitaria de Emergencia. Así como la falta de capital humano para esta labor, y los espacios privados y propicios para que la víctima se sienta cómoda de contar su historia.

El Estado tampoco tiene una ruta de atención efectiva para atender a la población víctima del des-plazamiento en el ámbito de la salud. Quienes se encuentran afiliados al Plan de Salud Subsidiada (SISBEN) tienen acceso a servicios de mala calidad, incompletos y sin las medicinas que normalmente requieren. La atención especializada es deficiente y tarda mucho tiempo en hacerse.

Hay un descuido grande en la atención psicológica (clínica) y psiquiátrica a la población víctima del desplazamiento. Estas deficiencias impiden a las víctimas entrar rápidamente en fase de restableci-miento, pues física y mentalmente se pueden ver imposibilitadas para hacerlo.

En el caso de Cesar y Mercedes algunas instituciones gubernamentales y no gubernamentales les consultaron sobre la posibilidad de retorno. Pero ellos cuentan que al volver todo estaba solo y la creciente del río había acabado con lo poco que había quedado, incluso con los animales.

Desde el SJR se ha encontrado que el fortalecimiento interior y espiritual de la población víctima del desplazamiento les ayuda a mejorar sus capacidades resilientes al momento de iniciar su proceso de restablecimiento para adaptarse a nuevas situaciones, contextos y personas. A petición de las comu-nidades se desarrollan acciones pastorales de carácter sacramental, vivencia de tiempos litúrgicos fuertes como la Semana Santa y atención pastoral personalizada como consejería.

Acompañamiento a comunidades rurales vulnerables en Barrancabermeja, Colombia. (Andrea Torres/SJR)

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Las personas acompañadas también han transitado de unas relaciones sociales construidas a partir de favores, a unas relaciones basadas en el respeto a sus derechos como personas y colectivos, lo cual, ha facilitado la gestión de procesos para acceder a sus derechos por parte de los mismos ante las entidades gubernamentales que forman el Estado.

Algunos equipos como el de Cúcuta reconocen una apatía por parte de algunos sectores de la ciudadanía y de las instituciones estatales frente al tema de derechos humanos. Sin embargo, es necesario reconocer que persisten en muchos casos acompañados en las regiones de Valle del Cauca y Cúcuta, la idea de un asistencialismo sistemático por parte de la población en situación de desplazamiento.

En cuanto al acompañamiento psicosocial, en todas las zonas donde hace presencia el SJR Colombia se observa con preocupación la constante estigmatización hacia la población joven y la falta de reconocimiento y valor hacia las actividades que emprenden.

Asimismo, se identifica una creciente tendencia en la opinión pública que mimetiza las consecuencias del desplazamiento forzado y siempre se orienta la información de los medios de comunicación hacia la estigmatización de este grupo poblacional.

Otro elemento que persiste es el desempleo, desde el SJR con preocupación la dificultad para incorporar a toda la población económicamente activa en las industrias y negocios de los municipios, lo que incentiva a que se autogestionen proyectos para la sostenibilidad económica de estos grupos, especialmente las mujeres.

En el ámbito educativo, el encuentro de grupos de niños, niñas y jóvenes en espacios formales e informales de educación les ha permitido expresarse artísticamente, emplear su tiempo libre en el desarrollo de habilidades y comprobar que la educación es el camino más adecuado para propiciar diálogos, transformar conflictos y preparar hombres y mujeres para el desarrollo.

Poco después del retorno de César y Mercedes, el SJR Colombia llegó a el Coco, allí de la mano de la comunidad fue posible realizar algunas actividades, entre ellas el mejoramiento del restaurante escolar donde son atendidos los niños de la comunidad que van a la escuela.

Con las organizaciones de personas en situación de desplazamiento el SJR trabaja el tema de incidencia comunitaria. Otras actividades son las acciones de empoderamiento con las personas en situación de desplazamiento, para que éstas conozcan los derechos que les confieren las leyes nacionales e inter-nacionales, con el propósito de valorar más su condición como sujetos de derechos y para el ejercicio pleno de su ciudadanía.

El Coco es ahora una comunidad organizada, donde el tejido social y los vínculos comunitarios se han fortalecido.

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Acompañamiento a familia en actividad de Memoria Histórica, Cúcuta, Colombia (Holmes Villegas/SJR)

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incidir para generar cambiosEl actual Gobierno de Juan Manuel Santos ha priorizado en su agenda política el tema humanitario, lo cual se expresó en la radicación y aprobación por parte del Congreso de la Ley 1448 de víctimas y restitución de tierras, la cual intenta establecer medidas de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado.

La Ley de Víctimas se presenta como un desafío para avanzar en el acceso y goce efectivo de los derechos de las víctimas que observa retos importantes en las garantías para avanzar en temas neurálgicos como la restitución de tierras, pues precisamente en el periodo reciente han sido asesinados 53 líderes y lideresas vinculados a procesos de reclamación de tierras despojadas.

En este sentido el SJR ha participado permanentemente en el Comité Municipal de Atención a Población Desplazada (los cuales serán reemplazados por los Comités Municipales de Justicia Transicional a partir de 2012 según la Ley 1448/2011 de víctimas y restitución de tierras).

Durante el 2011, el SJR también realizó procesos de coordinación con el Ministerio Público (persone-rías, procuradurías y defensorías) con el fin de adelantar y fortalecer acciones de visibilización de la situación de derechos, prevención, atención y asistencia a las víctimas de desplazamiento forzado.

La participación cualificada del equipo en escenarios de incidencia se evidenció en las alianzas inte-rinstitucionales, para posicionar temas y prioridades de las víctimas de desplazamiento forzado en los programas de Gobierno de los-as candidatos a las alcaldías municipales, donde hace presencia el SJR Colombia, y así abrir un espacio en la agenda de los planes de desarrollo.

Por otro lado, la presencia en la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y adolescentes al conflicto armado en Colombia (Coalico) permitió mantener y cualificar en la agenda de incidencia, investigación y formación de esta plataforma, el tema de desplazamiento forzado.

Algunas de las actividades realizadas en cuanto a análisis y construcción de información fueron: diseño de protocolo y difusión del resumen semanal de noticias, construcción de la Propuesta de Sistema de Información para el SJR Colombia, mayor valoración y aprovechamiento de la información de terreno que construye y a la que tiene acceso el SJR Colombia, capacitación e instalación del software Martus como sistema de información en niñez y conflicto en regionales de Soacha, Magdalena Medio, Valle, Cúcuta y los SJR de Panamá, Venezuela y Ecuador, como parte de una apuesta conjunta con SJR LAC.

En cuanto a la estrategia de fortalecimiento de capacidades locales, el SJR realizó distintas capacitaciones para fortalecer en los equipos de campo el enfoque de incidencia del SJR Colombia.

Acompañamiento Psicológico: 142A

Personas atendidas por área SJR Colombia

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Alida emprendió un negocio de talla de madera y realiza, en conjunto con su marido, distintas figuras para la venta. Los refugiados tienen mucho que aportar en las sociedades de acogida. (Sergi Camara/SJR)

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VeneZUeLACuadros, jarrones, cajas, bolsas. Son algunas de las cosas que hacen Catalina y las mujeres de Ciudad Sucre en el Alto Apure. Y lo mejor es que todo es de material reciclable.

Catalina, recientemente reconocida con el estatus de refugio, es beneficiaria y facilitadora de los talleres que el SJR Venezuela realiza en el marco del proyecto: Apoyo al empoderamiento de las mujeres en situación de refugio en la frontera colombo venezolana desde una perspectiva de Derechos Humanos.

Los talleres están orientados al fortalecimiento de habilidades y destrezas en las mujeres solicitantes de refugio, inmigrantes y venezolanas que hacen vida en las comunidades fronterizas de Táchira y Alto Apure; con el fin de que ellas puedan aprender y posteriormente desarrollar una actividad generadora de ingresos, que les sirva como herramienta para superar la pobreza, así como hacerlas conocedoras y defensoras de sus derechos, por ser ellas agentes efectivas de cambio social.

Con un universo de 15.859 solicitudes de refugio, 2734 personas reconocidas y 200.000 personas que no han formalizado una solicitud de la condición de refugiado o no han sido registrados en el país de refugio, este tipo de actividades son más que necesarias.

Solo en 2011 el ACNUR en Venezuela reportó un total de 915 casos de solicitud de refugio, que se desagrega en 2130 personas que han iniciado el trámite ante el Estado venezolano.

Catalina ya ha trabajado en tres talleres y dice que este último la motivó más por el hecho de que la mayoría de las participantes fueron mujeres que realmente lo necesitaban, además expresa que cada vez se vinculan más: “las chicas que realmente he visto sienten pasión por esto, no solamente para adquirir una entrada económica, sino también para compartir y ayudar a otras personas, que me parece es la parte que se descuida mucho. Hace falta reforzar el sentido humano de las cosas”. Todo esto se da en un contexto fronterizo que en 2011 estuvo determinado por las relaciones de alto nivel entre los actuales Gobiernos de Colombia y Venezuela.

En tal sentido, se ha desarrollado un proceso de militarización a través de operativos especiales ejecutados por diversos cuerpos de seguridad del Estado venezolano, para hacer frente a las actividades de contrabando y a los enfrentamientos, en territorio venezolano, contra los llamados por el Gobierno venezolano, grupos ilegales.

En algunos de estos operativos ocurren violaciones de derechos humanos, como un caso atendido en El Nula (Apure) donde se identificó que hubo violación y tortura por parte de efectivos militares en un punto de control y otras cuatro retenciones en otros puntos custodiados por militares.

Ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugia-dos de 1951: no

Ratificación del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967: 6 mayo 198�6

Definición ampliada de refugiado (Declaración de Cartagena de 198�4): no

Ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los Apátri-das de 1954: no

Ratificación de la Convención para la reducción de los casos de apátrida de 1961: no

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Garan-tiza el derecho al asilo

Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas: 3 Octubre 2001

Personas con necesidad de protección internacional: 200.000 (AcnUR)

Solicitantes de refugio: 15.8�59 (AcnUR)

Refugiados reconocidos: 2734 (Julio- 2011 Comisión Nacional para Los Refugiados y AcnUR)

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Como se evidencia, la situación en Venezuela tampoco es fácil. Por ello el SJR realiza actividades para sensibilizar sobre temas como derechos humanos, derecho al refugio, derechos de la mujer, y derechos del niño, niña y adolescente (NNA). Del mismo modo, organiza talleres de formación a autoridades del sistema de protección; visitas a los puestos de control militar y policial, para informar y entregar materiales sobre el derecho al refugio.

La presencia del SJR en las zonas fronterizas del país, requiere un trabajo en conjunto con la Iglesia, como una forma de crear redes para el monitoreo de las diferentes comunidades, que permite la ubicación de nuevos casos de personas en situación de refugio, incluso el acompañamiento de los mismos, en los lugares alejados y de difícil acceso.

El contexto de trabajo del SJR en Venezuela, también requiere fomentar espacios binacionales para la socialización y sensibilización sobre dinámicas fronterizas, impacto del conflicto armado colombiano y los flujos migratorios, por ello el SJR trabaja en alianza con el equipo SJR en Cúcuta, la Defensoría del Pueblo de Norte de Santander y la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico).

estatus de refugio: respuestas negativasMientras las personas en situación de refugio (PSR) se tratan de integrar, al mismo tiempo enfrentan nuevos obstáculos en cuanto al proceso de solicitud de refugio. Dos identificados en 2011 fueron: el fenómeno de denegación sistemática que responde a la ausencia parcial de los estándares venezolanos en materia de Derecho Administrativo y la no inclusión de la violencia generalizada como causal de refugio, como lo prevé la Declaración de Cartagena.

El SJR recibió 70 decisiones negativas, de las cuales 40 se circunscriben a la ausencia de motivos de ley y 24 a la causa de violencia generalizada. Las bajas tasas de reconocimiento han traído como consecuencia que la población sea invisible, lo que limita sus posibilidades de supervivencia, integración en las comunidades, y en definitiva impulsa el tránsito restringido, casi clandestino, por el territorio.

Mientras se espera también se corre peligro. El hijo de Catalina, por falta de documentos y a pesar de haber manifestado que era solicitante de refugio para aquel momento, fue obligado por el Ejército venezolano a regresar a Colombia y allá fue asesinado: “El Ejército lo asesinó, digo asesinado porque está comprobado que fue un falso positivo… lo más terrible es que esto le pasa a uno por no tener documento”, advierte Catalina.

Es importante resaltar la nueva perspectiva de la Comisión Nacional para los Refugiados (CNR) desde 2010: se redactó el reglamento interno para el funcionamiento de la CNR y el procesamiento de las solicitudes; se procesaron 972 expedientes, siendo 90% casos de años anteriores; se fortalecieron los equipos de trabajo y se estableció un canal de comunicación con las organizaciones civiles.

A partir de marzo de 2011 los refugiados y refugiadas deberán realizar la solicitud de un visado,

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Esta mujer es una de las beneficiarias de las actividades de apoyo económico a los refugiados a través de microcréditos de “Apoyo laboral, familiar y comunitario”. Tiene un pequeño negocio de corte y confección de ropa infantil. (Sergi Camara/ SJR)

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en la oficina central del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) y posteriormente se les entregará (no de forma inmediata) el documento identidad, modalidad transeúnte, la cual tiene vigencia por un año y puede ser renovada cada año.

Para la obtención de la visa uno de los requisitos fundamentales es la tenencia de un pasaporte vigente, pero en los casos acompañados por el SJR Venezuela la mayoría de las personas refu-giadas no han podido renovar ni solicitar la cédula de transeúnte porque no tienen pasaporte. Ante esto el SJR procura empoderar a las personas en situación de refugio para que ellos sean agentes activos de su procedimiento ante la CNR y así poder propiciar, a largo plazo, la integración local.

Acceso a derechosPor otro lado, el SJR brinda un acompañamiento psicológico que se centra en guiar procesos de recuperación psico-afectiva y reintegración comunitaria, fundamentalmente a NNA, así como también a sus madres y padres en situación de refugio.

En cuanto al derecho al acceso efectivo a la educación, actualmente los solicitantes de refugio y su grupo familiar no obtienen sus certificados académicos por no contar con cédula de identidad.

El equipo trabaja con NNA, y con toda la comunidad educativa; por medio de actividades de forma-ción para madres, padres, representantes y responsables, con la finalidad de contribuir a fortalecer procesos intra-familiares, que favorezcan el restablecimiento de las PSR, mejorar la comunicación, reestructurar los roles sin que se produzcan mayores daños, promoviendo en todo momento la resolución pacífica de conflictos y el buen trato.

Cabe destacar la participación del SJR en las mesas de trabajo sobre el derecho a la educación de NNA refugiados y solicitantes de la condición de refugiado en Venezuela, realizadas en Guasdualito para abordar las dificultades de certificación de estudios con las autoridades educativas del municipio y otros actores estatales vinculados a la protección de derechos humanos. Y también la priorización en el diseño y ejecución de actividades de formación-sensibilización para miembros del Sistema Rector para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, de los municipios fronterizos.

Por ejemplo, en Táchira alarmó el caso de dos niños solicitantes de refugio (hermanos) a quienes se les negó el ingreso a un plantel educativo porque existía alta demanda. El SJR comunicó esta situación, mediante oficio en dos oportunidades, al jefe del municipio escolar de Pedro María Ureña. Finalmente, iniciado el año escolar 2011- 2012, en octubre, se dio curso a la inscripción; uno para cuarto grado y el otro para primer año de bachillerato.

A todo esto se suma la ausencia de políticas públicas en el ámbito laboral que respondan de forma diferenciada a la situación de las PSR, obstaculiza la inserción al mercado laboral formal y genera situaciones de explotación y servidumbre, inserción exclusiva al trabajo informal, desempleo y situaciones de vida precarias.

Personas atendidas por área SJR Venezuela

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En medio de esta situación, el SJR realiza actividades de generación de ingresos y se otorgan micro-créditos para realizar proyectos agrícolas (huertas caseras), trabajos en manicura, pedicura y reali-zación de adornos navideños, entre otros.

En el ámbito de la salud, las dificultades están más relacionadas con la precariedad del servicio hospitalario propio de las zonas rurales y urbanas en Venezuela. En general, los NNA se benefician de las campañas de vacunación; y las PSR son atendidas normalmente en el ambulatorio rural de El Nula y en el hospital de Guasdualito.

A pesar de estar en Venezuela las heridas de esta gente no se borran y sus derechos se siguen vulnerando. Catalina perdió a su marido, hijo y hermano en medio de la violencia. Los tres en distintos momentos, los tres a manos de distintos actores: paramilitares, Ejército colombiano y grupos guerrilleros. También debió esperar 4 años para obtener el estatus de refugiados cuando la Ley Orgánica de Refugiados y Refugiadas Asilados y Asiladas estipula que son 90 días. Su poder de resiliencia ha sido mayor que todo esto. Ella continúa trabajando con “sus mujeres”, como ella las llama. Porque ya no solo es aquella mujer o la otra. Todas son una familia y “la vida debe continuar”.

Visitas domiciliarias en San Lorenzo, Ecuador. (Gandy Gamboa/SJR)

En los talleres participan solicitantes de refugio y población local, lo que incentiva la integración y evita situaciones de xenofobia. (Sergi Camara/SJR)

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ecUAdoREcuador acoge la mayor cantidad de personas en situación de refugio (PSR) en América Latina. Al-rededor de 98% de estas personas son de nacionalidad colombiana. Según datos oficiales de la Dirección de Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, hasta diciembre de 2011, 150.543 personas han solicitado la visa de refugio en el país y 55.092 personas han sido reconocidas como refugiadas.

José y Juan son hermanos y forman parte de estas estadísticas. Salieron de Colombia hace ocho años porque la guerrilla iba a utilizar su casa como campamento. Al llegar a Ecuador la situación fue difícil, ellos cuentan que pasaron hambre y que tampoco encontraban trabajo porque la comunidad a donde llegaron, al ver que eran colombianos los relacionaban con la delincuencia y el narcotráfico.

Y es que las personas refugiadas y colombianas también han sido afectadas por la opinión pública que las acusa de ser responsables de los problemas de seguridad del país. El acceso a sus derechos se vuelve aún más restringido por esta deslegitimación del refugio o de quienes deben gozar de este derecho. Por esta razón muchos de ellos han optado por acceder a las visas de amparo, que se obtienen por lazos de consanguineidad con ecuatorianos-as.

Otros, en cambio, no acceden al proceso de solicitud de este estatus por no contar con recursos para trasladarse a las oficinas de la Dirección de Refugio; por el temor que tienen de ser detenidas por no portar documentos; y por las restricciones que se han aplicado al proceso de solicitud de refugio desde inicios de 2012 en el proceso de admisibilidad.

Uno de los problemas que José y su hermano tenían era que no podían acceder a un crédito para trabajar en la agricultura. José comenta que la discriminación se siente desde que entran al banco: “una vez quise cambiar un cheque y la señorita de la ventanilla me dijo que no puedo porque soy colombiano refugiado, ese rato llame a la policía de migración y arme un relajo exigiendo mis dere-chos. El policía tuvo que hablar con la jefa, diciéndole que yo tenía todos los papeles en regla y ahí ella firmó una autorización para que yo pueda cambiar el cheque”.

En este sentido el SJR, considera necesario promover la legitimación social del estatus de refugio puesto que en la actualidad es una de las causales que dificulta la integración de las PSR. Para llevar a cabo esta acción, el equipo del SJR en Ecuador realizó diversas campañas internacionales y nacionales, como la campaña de Convivir en Solidaridad contra la Discriminación y la Xenofobia, con una serie de actividades orientadas a la población ecuatoriana en Esmeraldas, Nueva Loja y Quito; y la campaña de Educación por la Paz promovida junto con Fe y Alegría en todo el país.

También se brindó asesoría legal desde las oficinas de Quito, San Lorenzo, Nueva Loja y Esmeraldas; y

Ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugia-dos de 1951: 17 agosto 1955.

Ratificación del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967: 6 marzo 1969.

Normativa nacional sobre refugiados: Decreto No. 3301 (mayo 1992)

Definición ampliada de refugiado (Declaración de Cartagena de 198�4): Si

Ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los Apátri-das de 1954: 2 octubre 1970.

Ratificación de la Convención para la reducción de los casos de apátrida de 1961: no ratificada.

Solicitantes de refugio a diciembre de 2011: 150.543 (Dirección de Refugio del ministerio de Relaciones exteriores de ecuador)

Número de refugiados reconocidos a diciembre de 2011: 55.092 (Dirección de Refugio del Ministerio de Relaciones exteriores de ecuador)

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acompañamiento legal individual desde la oficina Tulcán y las anteriores. El objetivo es que las personas se empoderen en sus derechos: “Sé que tengo casi los mismos derechos que un ecuatoriano, pero eso no se cumple. Por eso acudimos al Servicio Jesuita a Refugiados y nos brindaron asesoría para encontrar un banco que sí me pudo dar el crédito”, comparte José.

El SJR ha participado activamente en la organización y ejecución de espacios estratégicos interins-titucionales e internacionales sobre movilidad humana, como la Conferencia Regional Humanitaria. También se iniciaron conversaciones con el asambleísta Washington Cruz con el propósito de discutir la elaboración de la Ley de Movilidad Humana (LMH). En este contexto, se realizó un análisis del proyecto de la Ley Orgánica de Protección e Igualdad de Derechos de los Migrantes Ecuatorianos Residentes en el Exterior y sus Familiares, con el fin de impulsar una definitiva LMH.

Haitianos en ecuadorOtro factor que también forma parte de la realidad de Ecuador, es que es la puerta de entrada a Suramérica y país de tránsito para migrantes forzados haitianos que van a Brasil y que siguen otras rutas migratorias hacia Europa, debido a que no les exige visa. En 2011, la cantidad de haitianos que llegaron a Ecuador como país de destino no ha sido significativa, no obstante, hay una gran cantidad que han venido en años anteriores y que tienen grandes dificultades para regularizar su condición en el país.

El SJR considera necesario revisar el proceso que permite a los migrantes forzados haitianos conseguir su regularización, tomando en cuenta no solo su situación económica sino la verdadera problemática que se encuentra detrás como la falta de institucionalidad y vulnerabilidad a los desastres naturales en Haití.

Complementariamente, el SJR ha llevado a cabo varias reuniones con representantes de instituciones estatales. En estas ha sido posible ubicar soluciones para problemáticas concretas de los migrantes forzados haitianos en el país, el acceso a servicios públicos, las deportaciones o el tratamiento de víc-timas de trata y/o tráfico. También se han evaluado los procesos migratorios vigentes: admisibilidad, elegibilidad, revisión del registro ampliado, y respuestas a distintas demandas de la PSR.

Acoger con dignidadEn cuanto a la educación, este derecho no es restringido para personas en situación de movilidad humana que no cuenten con documentación (Acuerdo Ministerial 337), pero el acceso al sistema educativo no está totalmente garantizado; principalmente por la discriminación que sufren los niños, niñas y adolescentes de nacionalidad colombiana, así como por el desconocimiento del Acuerdo y la inefectiva aplicación del mismo.

Algunas actividades realizadas en el campo de la educación no formal fueron: Escuela de ciudadanía en derechos humanos y economía popular II, para representantes de Organizaciones Sociales de Base; encuentros de mujeres (Red de Veedoras de DDHH) con el fin de realizar el seguimiento a la Agenda Política de la Mujer en Contextos de Movilidad Humana; acompañamiento y capacitación a miembros

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de organizaciones de base; escuela de español para población no hispano hablante (92% de las personas que recibieron las clases fue población haitiana y el resto es de origen africano); Escuela de jóvenes en DDHH y movilidad humana, entre otras.

Adicionalmente, el equipo participó en un espacio convocado por el Ministerio de Educación para discutir y formular una propuesta de reglamento para la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que incluyen temáticas de movilidad humana concernientes a la educación. También se trabaja en conjunto con ACNUR, en el tema de protección temporal para casos de reasentamiento, en el cual los refugiados son transferidos a un tercer país que está dispuesto a admitirles de forma permanente.

Sin duda, las personas en situación de refugio quieren continuar con sus vidas. Y esto requiere muchas veces de orientación psicológica para poder lograr su inserción. Es por ello que el SJR también realiza actividades de asistencia social, intervención en crisis, procesos terapéuticos, bienestar femenino (especialmente en lo que se refiere a violencia basada en género), visitas a centros de detención, acompañamiento, y orientaciones para el desenvolvimiento en la ciudad.

Del mismo modo se generaron estrategias y actividades de empleo para mujeres; y se realizó la Escuela de ciudadanía en derechos humanos y economía popular, que les permite a las organizaciones y sus miembros fortalecer las iniciativas micro empresariales que actualmente poseen.

En resumen Ecuador debe convertirse en un país que brinde acogida con dignidad a estas personas que huyeron para salvar sus vidas.

“Llevamos 8 años en Ecuador y lo único que queremos es salir adelante, darle una mejor vida a la familia y vivir tranquilamente porque en Colombia uno no puede tener ni un solo día de tranquilidad, uno sale de la casa pero no sabe si volverá”.

José, desplazado colombiano en Ecuador

Muchos de los colombianos que vivían confinados en la región del Darién en Panamá bajo el estatus de Protección Temporal Humanitaria son indígenas de la etnia emberá y afrodescendientes. (Laurent Labrique/SJR)

Ecuador es una de las puertas de entrada a Suramérica para los migrantes forzados haitianos. (archivo SJR Ecuador)

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PAnAmáLamentablemente, el Estado panameño no está preparado para atender adecuadamente a la población que llega solicitando refugio. En diversas ocasiones el tema de refugio y protección humanitaria ha sido manejado como un problema de seguridad nacional, obviando en muchos casos, el compromiso de este país en la protección de quienes dejan su lugar de origen por los motivos claramente establecidos en los convenios internacionales sobre protección humanitaria y en el principio de seguridad humana, consagrado en los Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad.

El Servicio Nacional de Migración en Panamá, ha indicado que entre 2004 y 2010 un total de 285.393 personas que entraron al país no registraron salida del mismo. Diversos estudios y expertos en el tema de la migración colombiana en Panamá, hacen estimaciones: aproximadamente entre 20% y 25% de los colombianos que ingresan al país, permanecen en el país sin documentación.

Por su parte, la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR) señala que hasta 2011 se han contabilizado 1500 refugiados en territorio panameño, en un universo de 15.000 personas con necesidad de protección internacionalii, que son aquellas que no han acudido al proceso regular de solicitud de refugio.

Dentro de estas cifras también existe un grupo de 899 personas que buscaron refugio en Panamá, entre 1996 y 2004, y que el Gobierno de este país categorizó como protegidos temporal humanitario (PTH). Carlos es una de esas personas que permanece bajo el estatus de PTH. Él relata por qué tuvo que huir de Colombia: “Salimos por la inseguridad que se vivía. Esta la generaban los grupos irregulares, guerrilla y paramilitares. Había abuso de autoridad. Obligaban a prestar el servicio y si uno se negaba tenía problemas con ellos. Si prestabas servicio en un grupo tenías problemas con el otro. Te mataban. Nos encontrábamos en medio, pagando justo sin ser pecadores. Un día la guerrilla se metió y tomó todo, se llevaron toda la comida y el combustible. En vista de eso toda la población abandonó el lugar, y entonces decidimos venirnos para Panamá que era la parte más cerca que teníamos”.

Durante mucho tiempo estos colombianos, entre los que cuentan indígenas de la etnia Emberá y afrodescendientes, vieron vulnerados sus derechos a la educación, salud, trabajo y libre circulación. Vivían confinados en la región de Darién, en Panamá.

Ahora, casi 17 años después, está realidad pudiese cambiar, ya que en marzo de 2012 entró en vi-gencia la Ley N° 81 sobre el régimen de Protección Temporal Humanitaria, oficializada en la Gaceta el 13 de diciembre de 2011, que establece con carácter excepcional, los requisitos para que los extranjeros, bajo este estatus, apliquen para la categoría migratoria de residente permanente. Con

Ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugia-dos de 1951: 2 agosto, 1978�

Ratificación del Protocolo sobre el estatuto de los Refugiados de 1967: 2 de agosto, 1978�

Normativa nacional sobre refugiados:

Ley No. 5 del 26 de octubre de 1977 Decreto Ejecutivo No. 23 de 10 de febrero de 1998 Ley 25/2008� Decreto 7/2010 Tribunal Electoral

Definición ampliada de refugiado (Declaración de Cartagena de 198�4): no

Ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los Apátri-das de 1954: 2 de junio 2011

Ratificación de la Convención para la reducción de los casos de apatridia de 1961: 2 de junio 2011

Total de personas con necesidad de protección internacional: 15.000 (AcnUR)

Solicitantes de refugio: 479 (AcnUR-2010)

Refugiados reconocidos: 1210 (AcnUR-2010)

Personas bajo el estatuto humanitario provisional de protec-ción (PTH): 863 (ACNUR-2010)

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esta Ley, estas 899 personas podrán acceder a la residencia extranjera permanente y a permisos de trabajo. Para lograr esto, las labores de incidencia del SJR Panamá han sido de relevancia. Durante todos estos años, se mantuvo contacto permanente con la ONPAR para conocer la celeridad con que se llevaba el tema en la Asamblea Nacional de Diputados y el orden del día de la discusión de los proyectos de ley. Igualmente el SJR participó en el primer debate de la aprobación y aplicación de esta Ley.

caminando al lado de los refugiadosAnte el panorama de migración forzada existente en Panamá, el SJR dirige sus proyectos y programas al acompañamiento de los procesos de integración y a la defensa de los derechos humanos de la población en situación de refugio, refugiados y PTH.

Porque si bien es cierto que ahora se garantizará el derecho al trabajo de las personas que el Estado panameño denominó PTH, también es cierto que para los que tienen el estatus de refugiado, a pesar de que legalmente tienen la oportunidad de contar con un permiso de trabajo, existen dificultades por la duración de estos permisos (renovable cada año).

Peor es la situación de los solicitantes de refugio, a los que ni siquiera se les reconoce el derecho al trabajo hasta tanto no tengan un decisión formal.

Con la presencia del SJR Panamá en la Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados (Menamire), se coordinan acciones entre los diferentes interventores en la atención de la problemática de refugio y migración, como actividades de sensibilización a funcionarios del sector público y realización de comunicados, conjuntamente con la Menamire, sobre distintas situaciones violatorias de derechos humanos y deportaciones forzosas.

También el SJR ha realizado reuniones informativas y de asesoramiento legal/jurídico de manera continua en cuatro centros de salud de la ciudad de Panamá (Santa Ana, Pueblo Nuevo, Calidonia y San Felipe); consultorios legales móviles, donde asisten mujeres migrantes y en situación de refugio y desplazamiento dedicadas al trabajo sexual. También se atiende población local.

Otro aliado en la labor del SJR es la Iglesia Católica, que hace parte de la comunidad en las principales comunidades receptoras de la población en situación de refugio (PSR). Sin embargo, existe un gran reto para motivar y colaborar muy de cerca con sus representantes, y así estimular la conformación de una estructura base que garantice los espacios de atención y acompañamiento de estas personas.

El trabajo pastoral también se hace difícil para la Parroquia, ya que el Vicariato de Darién no cuenta con suficientes recursos para llevar a cabo las actividades pastorales de la misión.

En este sentido, el SJR hizo un acercamiento con el nuevo Párroco de Jaqué y con las hermanas reli-giosas, para ofrecer un apoyo pastoral y realizar actividades. El fuerte de estas acciones se refleja en

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El SJR Panamá apoya el emprendimiento económico de las mujeres en situación de refugio a través de programas de microcréditos como “Capital Semilla”. (Minerva Vitti/SJR)

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el trabajo con los jóvenes y la necesidad de crear espacios donde esta población pueda compartir de manera sana y soñar el futuro.

En el ámbito educativo, durante 2011 el equipo realizó el Taller de Intervención Comunitaria en la comunidad de Piña. El objetivo fue fortalecer a la comunidad con herramientas y formación en temas como: liderazgo, mapeo comunitario, género, participación y redes sociales, mitos y ritos comunitarios, e instrumentos para recolección de datos.

Otras actividades fueron los talleres de reforzamiento académico a través de la lúdica en Puerto Piña y Jaqué (matemáticas y gramática principalmente). En el área de Yaviza se capacitó a mujeres con herramientas básicas de contabilidad, para que mejoren la administración de sus pequeños negocios. Uno de los compromisos es hacer un seguimiento a cada uno de los negocios que ya tienen implementados.

En cuanto a los proyectos de investigación, el SJR realizó un breve diagnóstico de la situación de las mujeres migrantes dedicadas al trabajo sexual; y un censo socioeconómico a la población migrante y PSR en las zonas de frontera y en la Provincia de Colón.

Actualmente niños y niñas son acompañados mediante las atenciones psicosociales en las comu-nidades de Piña y Jaqué. La atención psicosocial dirigida a los niños y niñas se ofreció a través del rincón infantil, con juegos, dibujo, pintura, manipulación de plastilina, cuenta cuentos, entre otros.

En el acompañamiento a las PSR, también se realizaron talleres, en conjunto con otras organizaciones, sobre crecimiento personal y atenciones individuales, con el propósito de facilitar el manejo de las emociones.

Otro factor importante para la integración son las actividades de generación de ingresos, ya que representan una oportunidad para que la población acompañada de Puerto Piña y Jaqué pueda me-jorar sus necesidades económicas. No obstante, a pesar de las capacidades instaladas, la población requiere una capacitación sobre el tema para que esta inversión sea realmente sostenible.

Cuenta David, solicitante de refugio, que cuando el SJR Panamá, por medio de estos proyectos, le otorgó un microcrédito urbano, logró establecer un pequeño negocio para vender alimentos y otros artículos.

La Policía Nacional, al notar que tenía acento colombiano y no contaba con el permiso de trabajo, le decomisó toda la mercancía dejándolo en la ruina. David se deprimió mucho y a raíz de esto enfermó de la tensión y se aceleró su diabetes.

Una familia que estaba integrándose vio truncada su posibilidad. Ante esta situación mucha gente se pregunta ¿de qué me sirve un estatus sino tengo acceso al trabajo? Es importante que la Ley N° 81 se traduzca en prácticas que hagan realidad el derecho al trabajo digno.

Personas atendidas por área SJR Panamá

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El terremoto de Haití y la inestabilidad política de este país sigue azotando a sus habitantes quienes se ven forzados a salir a otros países para poder sobrevivir. (Sergi Camara/SJR)

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Prevención de la violencia juvenil en siete campamentos de Puerto Príncipe, mediante actividades de formación para la vida.La meta general de este proyecto es crear condiciones de dignidad para los jóvenes que sobrevivie-ron al terremoto, que viven en siete campamentos para personas desplazadas en Puerto Príncipe, mediante diversas actividades de formación integral tales como: capacitación formal e informal, promoción del deporte, y la formación humana para un total de 2100 jóvenes.

Recordemos que los jóvenes son una de las poblaciones desplazadas más vulnerables. La mayoría de ellos no tienen acceso a la educación superior o al mercado de trabajo, no tienen ocupación y están en alto riesgo de exclusión social e incluso se dividen en grupos de bandidos y bandas armadas los cuales se infiltran en los campos de desplazados.

El proyecto se extiende desde septiembre de 2011 hasta septiembre de 2012. Y algunos de los objeti-vos son: disminuir la delincuencia juvenil y la vinculación a grupos delictivos presentes en los campos de desplazados a través del uso del tiempo libre en actividades culturales y artísticas; fortalecer la identidad e integración social de los jóvenes a través de actividades para promover el crecimiento personal y humano; y prevenir la delincuencia juvenil mediante la proporción de actividades y disciplinas deportivas que favorezcan la sana integración y el intercambio entre los campamentos.

Un conjunto de eventos marcaron el primer semestre de aplicación de este proyecto. En primer lugar, se identificaron los riesgos de desalojos a los desplazados en los campamentos, el clima de ansiedad y la tensión creada por esta política pública afectó la realización de actividades.

Posteriormente comenzaron los períodos de vacaciones: las fiestas de fin de año 2011, el carnaval de 2012, Pascua de 2012, que movilizaron a un gran segmento de la población haitiana, incluidos los jóvenes desplazados, que son el objetivo de las actividades del proyecto. Esta situación hizo más lento el ritmo de ejecución de las actividades del proyecto.

Finalmente, cabe señalar que el final de la primera mitad del proyecto estuvo retrasado por el principio de la temporada de lluvias en Haití.

mejoramiento de las condiciones de vida y dignidad de 2040 mujeres desplazadas en Puerto Príncipe, mediante estrategias de auto-sostenibilidad económica y pro-moción sociocultural con enfoque productivo.Las mujeres representan 52% de la población haitiana y juegan un papel fundamental en la sociedad del país. En Puerto Príncipe 85% de la economía informal, especialmente venta ambulante de alimentos, son gestionados por mujeres, cuya labor económica sustenta la educación de sus hijos.

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Convención sobre el Estatuto del Refugiado: ratificado el 24-9-1984

Protocolo de Nueva York sobre el Estatuto de Refugiados de 1967: ratificadoel 25-9-1984.

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La mujer desplazada enfrenta serias dificultades en el ámbito laboral. A menudo carece de recursos económicos y no tienen garantías para sobrevivir a las condiciones precarias de los campamentos. Se trata de una población expuesta a vulnerabilidad económica y un bajo nivel de protección social, por estas razones necesitan apoyo para fortalecer sus capacidades personales, sociales y así hacer frente a su situación con mayores y mejores herramientas.

Además, la mujer desplazada sufre un problema añadido vinculado a la inseguridad en los campa-mentos por las agresiones sexuales que son el resultado de la cantidad de criminales deambulando por todos lados. Los casos de agresiones sexuales a mujeres y niñas han alcanzado niveles muy graves en los campamentos de Puerto Príncipe, pero estos no son denunciados por las mujeres por temor o desconocimiento

Teniendo en cuenta esta situación, el SJR ha desarrollado una estrategia para ofrecer una formación integral que mejorará las habilidades personales y sociales de las mujeres y por lo tanto ayudará a tener mejores condiciones de vida.

El objetivo es ayudar a crear condiciones para que se respete la dignidad de la mujer y que puedan participar en la vida de la comunidad con un pleno ejercicio de sus derechos.

La meta general del proyecto, cuya duración es de septiembre de 2011 a agosto de 2012, es contribuir a la mejora de las condiciones de vida y dignidad de 2040 mujeres desplazadas que viven en siete campamentos en Puerto Príncipe, mediante actividades para desarrollar la auto-sostenibilidad económica y promoción sociocultural con enfoque productivo.

Refuerzo cognitivo y nutricional para 200 niños y niñas en cuatro (4) campamen-tos (Automeca, La grotte, Haut georges y bas georges) de Puerto Príncipe, me-diante un programa de educación inicial y un comedor escolar.El terremoto de enero 2010 causó graves daños al ya frágil sistema educativo en Haití. Cerca de 4.000 escuelas fueron afectadas, cientos de profesores perdieron sus puestos de trabajo, miles de niños/as han interrumpido su educación debido al desplome de la infraestructura.

La situación de los niños/as desplazados es aún más difícil; después de un año siguen viviendo en campamentos en condiciones precarias y sin posibilidad de ir a la escuela.

Tras esta situación, el SJR desarrolla un proyecto educativo de emergencia en cuatro campos en los que no hay escuelas, estos son: Automeca, La Grotte, Haut Georges y Bas Georges; como una respuesta a la grave situación en la que se encuentran una gran parte de los niños/as desplazados.

El proyecto ofrece servicios educativos para 200 niños/as cuya base académica fortalece el nivel cognitivo de aquellos que han visto sus estudios interrumpidos después del terremoto, además se proporciona educación inicial mediante la instalación de un pre-escolar con estructura móvil, y un comedor escolar que atiende a los más pequeños y vulnerables.

Mercado binacional realizado en la frontera de Haití y República Dominicana. (archivo Solidarite Fwontalye)

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Total invertidoen USD

SJR-COL1.240.439,65

SJR-ECU532.963,70

SJR-VEN276.656,10

SJR-PAN256.164,18

SJR-LAC119.311,53

Alboan/Gobierno VascoAcnurEntreculturas/InditexAECID/Save the ChildrenMinistry of ForeignAffairs Department for International Development Consejo Noruego para RefugiadosCaritas AlemaniaOrganización Internacional para las MigracionesKoch FoundationTrocaireAcción Social ColombiaOCHAAlcaldía de Barrancabermeja Amar y ServirCordaidLoyola Foundation Grant Victoria GòmezConferencia Episcopal ItalianaGeneralitat Valenciana

Donantes

FOSICAM

PROSICAM

Procura Alemana

SJR-USA

SJR-Internacional

Jesuitas Austria

Jesuitas Alemania

Donantes

SJR-HAI227.418,77

2.652.953,93

Emprendimiento económico35.470,10

Comunicación e incidencia146.272,34

Acompañamiento(jurídico y psicosocial)402.377,48

Integración sociocultural 501.387,91

Atención humanitaria389.004,76

Educación y formación159.271,01

Fortalecimiento institucional241.618,35

Mejoramiento de vivienda33.000,00

Empoderamiento de mujeres 129.164,84

Sensibilización 19.240,40

Promoción de derechos 553.679,42

Pastoral 42.467,32

inFoRme AdminiStRAtiVoinFoRme AdminiStRAtiVo

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Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica y El Caribe

Carrera 25 No. 39-79. Barrio La Soledad, Bogotá.

+571 3681466 extensión 109

www.sjrlac.org

Servicio Jesuita a Refugiados ColombiaCarrera 5, N° 33b-08, Of. 205, Ed. CINEP. Bogotá.

+57 (1) 245 61 81

www.sjrcol.com

Servicio Jesuita a Refugiados EcuadorCalle Eustorgio Salgado, N° 19-83 y avenida Universitaria, Quito, Ecuador.

+593 2 255 9876/254 3985

www.sjrmecuador.org.ec

Servicio Jesuita a Refugiados PanamáEdificio Arcia, N° 3/01, avenida Justo Arosemena y calle Ecuador, Caledonia, Ciudad de Panamá.

+507 225 4604/05

Servicio Jesuita a Refugiados VenezuelaEdificio Centro Valores, Local 2, esquina La Luneta, Parroquia Altagracia, Caracas, Venezuela.

+58 212 563 1018

www.sjrvenezuela.org.ve

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