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Investigación: marcos, conceptos y herramientas | cátedra Vidal
LECTURAS DE UNA PROFESIONALIDAD DIFERENTE
EL ROL DEL ARQUITECTO EN LAS COOPERATIVAS
DE VIVIENDA DE LA C.A.B.A DESDE LOS 2000
HASTA LA ACTUALIDAD
Estudiante: Jennifer Ailén Choi
Docente: Arq. Gabriela Sorda
2do cuatrimestre, 2017 – FADU-UBA
Materia Investigación, FADU – UBA | 2017
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Lecturas de una profesionalidad diferente: el rol del arquitecto
en las cooperativas de vivienda de la CABA desde los 2000
hasta la actualidad
Jennifer Ailén Choi, FADU-UBA
Resumen
Durante el periodo neoliberal en la ciudad de Buenos Aires, una alternativa ante la
disputa por el derecho a la ciudad la constituyeron las organizaciones sociales. La lucha
conjunta de los mismos permitió concretar una serie de instrumentos legales como la
ley 341/00, ejecutada en el año 2003 por el GCBA, dedicada a la organización colectiva
para la producción del hábitat. De esta forma se entiende a las cooperativas de
vivienda como una forma de poner en tela de juicio a los modos de habitar
naturalizados dentro del ámbito de la ciudad, sujetos a los lineamientos de la
propiedad privada o de las viviendas sociales de “llave en mano”.
En este marco se indagará sobre el rol del profesional arquitecto que participa en la
producción de viviendas a través de cooperativas teniendo en cuenta los diferentes
espacios de acción junto a una variedad de actores sociales. Siendo que la actividad
profesional está muy arraigada al mercado inmobiliario, esta especificidad del rol
profesional deviene desde la casa académica de formación hasta las dinámicas de
flujos de capitales, cuando en realidad el abanico de posibilidades tanto jurídicas como
ejecutivas es mucho más diverso. Asimismo, se analizará cómo este rol del arquitecto
de la gestión participativa influye en los criterios de diseño y en la espacialidad.
Entonces se pone en cuestionamiento ¿qué rol cumple el profesional arquitecto en las
cooperativas de vivienda? ¿En qué se diferencia del arquitecto “tradicional”? ¿Cómo la
producción social en torno a las organizaciones cooperativas influye en la formación
profesional del arquitecto? ¿Cómo se relaciona con los otros actores del proceso
autogestivo y qué relevancia tiene dentro de las instancias participativas? ¿Qué
criterios de diseño surgen a partir de esta dinámica alternativa?
A partir de una selección de casos de estudio se realizarán relevamientos in-situ con
observaciones no-participante en instancias de decisión colectiva así como entrevistas
a los diversos actores insertos en esta dinámica particular de producción de vivienda
social.
Palabras clave:
cooperativas de vivienda, autogestión, vivienda social, rol del arquitecto
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Objeto de estudio
El rol del arquitecto en la producción de viviendas sociales a través de cooperativas
dentro del marco de la ley 341/00 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Campo problemático
¿Qué rol cumple el profesional arquitecto en las cooperativas de vivienda?
¿En qué se diferencia del arquitecto “tradicional”?
¿Cómo la producción social en torno a las organizaciones cooperativas influye en la
formación profesional del arquitecto?
¿Cuál es su relación con los otros actores del proceso autogestivo y qué relevancia
tiene dentro de las instancias participativas?
¿Qué criterios de diseño surgen a partir de esta dinámica alternativa?
Estado de la cuestión
La acción popular, formada a través de diversas agrupaciones sociales y barriales, ante
el déficit agravante del acceso a la vivienda en la CABA durante los años 90 y en la
crisis 2001 ha dado lugar a la ley 341. Una herramienta dictaminada por el Gobierno de
la ciudad de Buenos Aires y presentada en la legislatura en el año 2000 pero recién
decretada en el 2003 que, ante la ausencia del poder ejecutivo nacional en promover
políticas de acceso a la misma, el Gobierno de la ciudad actúa como órgano financiero
a través del Instituto de la vivienda (IVC) para invertir en programas de autogestión de
viviendas. A partir de la creación de este instrumento legal, surgieron numerosos
estudios en torno a la dinámica de producción de vivienda a través de cooperativas.
El arquitecto Néstor Jeifetz, dirigente del equipo técnico interdisciplinario del
Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) y referente de la organización, centra sus
estudios en la importancia del poder popular para la construcción de ciudadanía y en
los aportes de las organizaciones sociales frente a las crisis habitacionales basándose
sobre la autogestión, la propiedad colectiva y la ayuda mutua.
“(...) la noción de autogestión es, centralmente, una noción de construcción de poder
popular o de construcción de poder de los que hoy no lo detentan. (...) Es una noción de
construcción de colectivos; de desarrollo organizacional en la perspectiva de ser parte
de procesos unitarios del campo popular, para transformar la actual realidad
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socioeconómica y cultural y construir una nueva realidad, donde el ser humano
recupere su capacidad de ser plenamente”. (Jeifetz, 2004: 12)
La doctora en ciencias sociales e investigadora del CONICET Carla Rodríguez realiza un
análisis exhaustivo de la ley 341 en sus diferentes planos ya sea dentro de su contexto
sociopolítico, sus antecedentes, su carácter y alcances y en su ejecución en diversos
casos de estudio.
Un aporte significante para el desarrollo del presente trabajo es la caracterización del
rol de las organizaciones cooperativas en el proceso autogestivo de producción de
social del hábitat ya que implica una transferencia de recursos públicos a las
organizaciones sociales, quienes participan activamente tanto en la administración
como en la ejecución de sus proyectos tomando decisiones en el diseño, planificación,
seguimiento, evaluación y redireccionamiento de programas y políticas (Rodríguez,
2009: 30). Sin embargo, sostiene que el IVC definió a las cooperativas “como figuras
transitorias destinadas sólo a la ejecución de las obras, promoviendo el dominio
individual una vez finalizadas las mismas, lo cual se asocia con la posibilidad de
transferir la cartera hipotecaria a sectores financieros privados“ (Rodríguez, 2009: 40).
Entonces se pone en tela de juicio si realmente estas organizaciones logran los
alcances de las políticas autogestivas frente a las restricciones burocráticas planteadas
en la misma ley 341/964, con parámetros que las limitan y potencian la figura de los
estudios de arquitectura con cierta capacidad logística, quienes tienen el mayor peso
en la toma de decisiones en cuestiones del proyecto. Se relegan a las cooperativas
meramente los movimientos administrativos limitando el concepto de autogestión a
gestión administrativa.
“En esta operación político-ideológica, las cooperativas autogestionarias de vivienda se
transformaron en un objeto de la gestión, intentando vaciar su carácter de sujetos
sociopolíticos.” (Rodríguez, 2009: 27)
La doctora en ciencias sociales e investigadora del CONICET Cecilia Zapata plantea en
su tesis de doctorado un análisis comparativo entre dos modos de producción de
vivienda social: la autogestiva y la de entrega “llave en mano”. Algunos de los hallazgos
a partir de su investigación fueron que los complejos desarrollados por el Programa de
Autogestión para la Vivienda tienen una mejor inserción en el entorno urbano por sus
posicionamientos no rupturistas con la trama, tipologías y escalas existentes, y que hay
una mayor apropiación por parte de los habitantes por haber sido partícipes directos
en la toma de decisiones del proceso de producción.
“(…) el impacto urbanístico de los complejos construidos fue bajo y favoreció la
renovación del tejido degradado de la ciudad. Incluso los proyectos cuya tipología
fueron edificios se insertaron en entornos barriales similares, habilitando una mixtura
de estas viviendas sociales con el resto de la trama urbana. Las escalas y características
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de estos complejos favorecieron, en consecuencia, la integración social de sus
adjudicatarios al entorno en el que se insertaron, habilitando un aprovechamiento
igualitario de las ventajas comunitarias y urbanas que posibilitó una buena localización
territorial (…) pero además, evitando o mitigando procesos de estigmatización social
por parte de los habitantes de los alrededores por el simple hecho de ser edificios de
vivienda social.” (Zapata, 2016:71)
En marco de la disciplina de la arquitectura, la Arq. Renée Dunowicz y el Arq. Fernando
Villaverán realizan un análisis de los antecedentes del cooperativismo (con focalización
en la cooperativa El Hogar Obrero) con una mirada que va más allá del análisis
historiográfico en términos cronológicos, focalizando la mirada en la manifestación
arquitectónica de la producción de viviendas. (Dunowicz y Villaverán, 2013).
Por otro lado, el Arq. Ariel Jacuvobich en la arquitectura de las organizaciones (2009)
analiza ciertas cuestiones de diseño arquitectónico en marco de las viviendas por
cooperativas. Introduce el concepto de umbral expandido como el definitorio de este
espacio de quiebre entre los límites prefigurados del espacio y cita a Simmel en cuanto
este se refiere a dos conceptos contrapuestos: el de puente y puerta. El puente como
herramienta reconciliadora de polaridades en conflicto que establecen las partes
intermedias y donde el umbral estaría representado por las cooperativas que son las
generadoras de este puente. “El puente da a los ojos la misma ocasión de ligar partes
del paisaje, como se la da a la realidad práctica de los cuerpos (…)” mientras que la
puerta “representa de forma decisiva como el separar y el lugar son sólo las dos caras
de uno y el mismo acto.” (Simmel, 1903) Esta polaridad muestra las diferentes clases
de apropiación de los seres humanos con respecto al paisaje circundante. Por un lado,
el espacio privado se presenta como límite definitorio cuya representatividad visual es
la puerta mientras que el puente, como articulación de paisajes diferenciados y sin
conectividad.
El autor debate el umbral expandido como una herramienta, dentro del marco de la
arquitectura, para resolver el problema de la construcción de viviendas no solo como
la resolución de una necesidad individual sino como la oportunidad de generar un
puente con lo público. “Ligar la arquitectura con la ciudad de esta forma, permite que
la arquitectura se vuelva no sólo un medio sino también una condición para el
surgimiento de la cosa pública.” (Jacubovich, 2009) Esta traducción del umbral
expandido a la producción del espacio formado por las cooperativas es sumamente
distinguido de la relación bivalente espacio dominante y espacio dominado. Este
espacio genera una especie de acuerdo con lo que rodea ya que invita a la población
circundante a hacer parte de la vida comunitaria que se genera.
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Relevancia
La elaboración del estado de la cuestión da cuenta de que abundan los estudios acerca
de la ley 341 enfocados desde una mirada sociológica, abarcando cuestiones de
autogestión, cooperativismo, efectos sociales en los participantes del proceso
cooperativo y del rol de las organizaciones sociales en el marco de la producción del
hábitat.
Sin embargo, es considerablemente menor la cantidad de estudios de las cooperativas
de viviendas actuales realizados desde la mirada de la disciplina arquitectónica. Por ese
motivo, se busca profundizar sobre la temática de la autogestión en marco de la ley
341 desde el rol del arquitecto y sus implicancias en la espacialidad para ampliar el
conocimiento de esta dinámica particular de acceso a la vivienda.
Marco teórico
Para el abordaje del estudio del rol del arquitecto dentro de las cooperativas de
vivienda, la noción de autogestión debe considerarse más allá de su definición como
mera forma de organización social que participa activamente en la totalidad de los
estratos de un proyecto (Antxon y Anjel, 2008; 11). En los análisis de la problemática
habitacional en la ciudad es necesario concebirlo desde la dimensión urbana y por lo
tanto su comprensión como instrumento de transformación de la realidad basado en
decisiones colectivas, logrando la construcción de ciudadanía y poder popular por
parte de los mismos habitantes para la consolidación de una nueva realidad
socioeconómica y cultural (Jeifetz, 2004: 12).
En el caso de la autogestión para la producción social del hábitat, implica una
transferencia de recursos públicos a las organizaciones sociales, quienes participan
activamente tanto en la administración como en la ejecución de sus proyectos
tomando decisiones en el diseño, planificación, seguimiento, evaluación y
redireccionamiento de programas y políticas (Rodríguez, 2009: 30). En la C.A.B.A, la
inscripción de las organizaciones como agentes activos en el desarrollo de las
soluciones habitacionales se desarrolla en el marco de la Ley 341/964, promulgada en
el año 2000 en base a lo desarrollado por las mesas de trabajo en las que participaron
ámbitos del gobierno (IVC) y organizaciones sociales cooperativas de hábitat.
La Ley 341 instrumenta políticas de acceso a la vivienda a hogares de escasos recursos
que estén estructurados en cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de
lucro. En ella se establecen los principales lineamientos del otorgamiento de créditos
con garantía hipotecaria a favor del IVC, que estarán destinados a financiar total o
parcialmente la compra o construcción de viviendas económicas unifamiliares o
multifamiliares, las obras para la ampliación o refacción, o la compra de edificio y
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obras destinadas a su rehabilitación. También condiciona los requisitos para acceder a
este beneficio y determina prioridades para el otorgamiento, entre otras formalidades
(BOBCA, 2000). A partir de una modificación de dicha normativa por la Ley 964 se fijan
los montos adjudicados, las cuotas arancelarias y se establece que las organizaciones
solicitantes deberán acreditar la contratación de los equipos profesionales y/o técnicos
interdisciplinarios de las áreas social, contable, jurídica, de la construcción y de
cualquier otra área que haga a los fines de la Ley (BOBCA, 2003). Entonces, se detectan
tres actores principales en la implementación del programa: el Estado, el equipo
técnico de profesionales y las organizaciones sociales.
La Comisión de Control, Evaluación y seguimiento (CCES), órgano del IVC creado a
partir de la Ley 341, es quien implementa el Programa de Autogestión para la Vivienda
(PAV) mediante el cual el Estado ejerce la autoridad de la aplicación de la operatoria
como también en la adjudicación del crédito para la organización social que lo solicita.
A su vez adquiere el rol de supervisor articulando la interacción entre las
organizaciones sociales con el equipo técnico interdisciplinario, con un seguimiento
constante del proyecto.
Por otra parte, el equipo técnico interdisciplinario es contratado por la organización y
tiene como función principal asistirla para la concepción del proyecto habitacional, así
también como asesorarla en el diseño, la programación de costos, la utilización del
monto del crédito y la obra. Este equipo debe ser aprobado por la CCES y debe estar
inscripto en el Registro de profesionales y equipos técnicos que lleva el IVC (Brutto,
2009).
Finalmente, las cooperativas son las beneficiarias del programa, quienes se presentan
en comunidad para participar activamente mediante la autogestión en el
cumplimiento de su derecho a una vivienda digna, propia y de calidad. El término
“cooperativa” se entiende como una “asociación de adhesión libre y voluntaria, entre
personas que teniendo necesidades comunes (...) se unen para satisfacerlas a través de
la ayuda mutua y el esfuerzo propio. Presta servicios a sus asociados y a la comunidad,
sin fines de lucro y es gobernada democráticamente. Como entidad de bien público,
debe coordinar la defensa de los intereses de los asociados con la promoción del
desarrollo económico, social y cultural en su área de actuación” (Idelcoop, 1998).
Sin embargo, los medios de gestación de los proyectos realizados por este tipo de
producción social del hábitat aún tienen un carácter vinculado dentro de las lógicas del
mercado en los momentos previos a su realización ya que todo el vínculo comitente
como persona jurídica y profesional se mantiene a base de contrato profesional y en
este mismo están reglamentados todos los acuerdos establecidos por los diferentes
códigos (tanto el de edificación como el de ética). (Torres, 2016: 355)
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De esta manera, queda legitimado en la academia y en la institucionalidad como rol del
arquitecto “tradicional” a aquel inserto dentro de la tríada de relaciones entre el
comitente, la empresa constructora y el desarrollador intelectual de la obra; ya sea
cumpliendo el papel de jefe de obra, director de obra, conductor de obra,
representante técnico, inspector de obra, entre otros. La producción de viviendas en
este marco no se realiza a través de un trabajo de cooperación y de autogestión sino
que predominan los vínculos contractuales y las comunicaciones a través de notas de
pedido y órdenes de servicio.
Objetivo general
Analizar el rol del arquitecto profesional en el proceso de producción de viviendas
autogestivas a través de las cooperativas de la ley 341.
Objetivos particulares
Diferenciar los roles del arquitecto “tradicional” y el arquitecto de la dinámica
cooperativa.
Analizar la relación entre el arquitecto y los diversos actores participantes en el
proceso autogestivo según lo establecido en la ley 341/946.
Indagar sobre los criterios de diseño y espacialidad en los que se basa el arquitecto en
la producción de viviendas sociales a través de cooperativas.
Hipótesis
El rol del arquitecto dentro de la dinámica de producción de viviendas a través de las
cooperativas tiene un nivel de complejidad diferente al rol del arquitecto de formación
profesional “tradicional” al enmarcarse dentro de un proceso de participación
colectiva junto a los futuros habitantes, adquiriendo el papel de “traductor” más que
de “creador”.
Al no estar sometidas bajo las necesidades impuestas exclusivamente por el mercado,
las viviendas por cooperativas devienen en cualidades arquitectónicas y espaciales
fuera de lo convencional dentro del marco de las viviendas colectivas, generando una
real apropiación por parte de los usuarios.
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Metodología de trabajo
Se realizará un estudio y selección de tres casos de cooperativas de vivienda como
mínimo para poder realizar un análisis comparativo entre las mismas. Una vez
definidos, se llevarán a cabo las siguientes metodologías de trabajo:
1) Entrevistas a informantes claves
Se realizarán entrevistas a diversos actores sociales dentro de las diferentes
dinámicas de producción de viviendas para poder distinguir los roles del
arquitecto existentes.
También se entrevistarán a los actores de los casos de cooperativas
seleccionadas enfocando sobre la temática de proceso de producción
autogestiva, la toma de decisiones colectivas una vez terminada la obra,
nociones espaciales y cuestiones vivenciales.
2) Observación no-participante en instancias de decisión colectiva
La observación presencial sin voz ni voto en asambleas, reuniones y/o cualquier
otra instancia de decisión colectiva permitirá el conocimiento de cómo se
relaciona el arquitecto con los otros actores de la cooperativa sin influir en la
dinámica de trabajo auténtica.
3) Relevamiento in situ de los edificios
El relevamiento in situ de los casos de estudio definidos se realizará en base a
tres ejes de análisis: constructividad, espacialidad y operaciones de diseño. Se
utilizará el relevamiento fotográfico como medio para constatar dicho análisis.
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Cronograma
Tareas a realizar Meses del 1er año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Revisión y profundización de la bibliografía
Evaluación, selección, definición y justificación de los casos de estudio
Entrevistas a actores sociales dentro de las dinámicas de producción de vivienda (mercantil y autogestiva)
Observación presencial en asambleas y reuniones de los casos de estudio (instancias de decisión colectiva)
Elaboración de informes parciales de avance de la investigación
Elaboración del informe final del 1er año
Tareas a realizar Meses del 2do año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Relevamiento in situ de los casos de estudio
Relevamiento fotográfico de los casos de estudio
Entrevistas a los actores de los casos de estudio específicos
Análisis morfológico-espacial de los casos de estudio
Procesamiento de datos hallados y conclusiones de cada caso en particular
Puesta en común de los resultados obtenidos en los casos
Elaboración de informes parciales de avance de la investigación
Elaboración de informe final del trabajo y difusión de los resultados
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Fuentes primarias
BOCBA. (Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires). 2000. Ley N° 341, sancionada el 24/2/2000 y promulgada el 16/3/2000. Publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad N° 928 el 24/4/2000.
BOCBA (Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires). 2003. Ley N° 964, sancionada el 5/12/2002, promulgada el 30/12/2002. Publicada en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires N° 1606 el 10/1/2003.
Entrevistas a los diversos actores sociales participantes tanto en la producción
autogestiva del habitar como en la mercantil.
Documentación gráfica de los casos de estudio a analizar.
Trabajo de campo: observación in situ y relevamiento fotográfico de los casos de
estudio.
Observación presencial de asambleas y reuniones de las cooperativas de vivienda
seleccionadas.
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