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La degradación del medio ambiente y la transformación productiva en México: las
contradicciones del manejo de la crisis
David Barkin*
En marzo de 1988, entró en vigor la nueva Ley Ecológica en México. Elevó la larga historia de declaraciones oficiales de buenas intenciones a un nivel de compromiso formal de afrontar los problemas del deterioro del medio ambiente. Según las palabras de uno de los más astutos periodistas del país, esta iniciativa reflejó una “preocupación colectiva y un compromiso político de enfrentar los problemas resultado del asalto histórico del aparato productivo sobre el ambiente natural”. Celebró el hecho al notar que “Por primera vez, ambos, la cabeza y el corazón, saben que la defensa de los re cursos naturales es también la defensa de nuestro desarrollo.” Pero advirtió que “las leyes no son más que las armas que la sociedad puede utilizar” para avanzar hacia su bienestar común.1
Esta ley es el logro más reciente de la Subsecretaría del Medio Ambiente, una rama de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). Establece una base legal para llevar a cabo su mandato de combatir el proceso sistemático de la degradación del medio ambiente que ha devastado al país en las últimas décadas. Sus esfuerzos anteriores han abarcado la eliminación de las fuentes más escandalosas de la contaminación industrial, incluso varias fábricas de papel
♦ El autor fue profesor visitante en el Centro de Estudios Rurales de El Colegiode Michoacán. Es profesor titular de Economía de la Universidad AutónomaMetropolitana.
y una planta procesadora de cromo en el valle de México. Además, ha tenido que enfrentar graves accidentes industriales y la mala administración (por ejemplo, la explosión de la planta procesadora de gas en el norte de la ciudad de México y la disposición de desperdicios tóxicos y radioactivos a lo largo del país). Pero, según ella misma lo reconoce, la SEDUE no ha podido responder a todas las demandas. Mientras tanto, la creciente preocupación social respecto a estos problemas ha creado una conciencia mayor de la falta de remedios actuales para poner fin al deterioro del medio ambiente.
En este artículo, propongo examinar la problemática del medio ambiente en el contexto de las estrategias mexicanas del desarrollo económico. Está muy claro que los esfuerzos de las autoridades para afrontar la crisis económica dejan poco lugar para resolver los demás problemas sociales y del medio ambiente. Entonces, en cuanto se agrava la crisis, y con ella una conciencia popular mayor de su profundidad, se impulsan nuevas iniciativas productivas sin tomar en cuenta sus repercusiones en el medio ambiente. Al mismo tiempo, los programas encaminados a resolver los problemas de largo plazo como la potabilización del agua y la disposición de desechos sólidos y aguas negras se han visto re ducidos o frenados por falta de recursos presupuéstales y por la arraigada oposición política de grupos encargados del manejo de estos problemas.
El papel del estado en la promoción de una conciencia arnbientalista
El estado mexicano, anticipando el surgimiento de movimientos sociales defensores del medio ambiente, fomentó la creación de grupos de interés especial. Estos crearon la base popular del Estado para respaldar la respuesta gubernamental a la problemática del medio ambiente. No por casualidad, estas nuevas organizaciones ayudaron al gobierno
a formular una política coherente sobre el medio ambiente; esta política, de hecho, respondió a los requisitos impuestos por la banca internacional y las agencias que ofrecían recursos financieros para el desarrollo. Como era de predecir, muchos de estos grupos luego asumieron una vida propia y desbordaron los estrechos cauces que les dieron origen. Ahora, aquellos grupos representan una presencia política independiente, y frecuentemente entran en contradicción con los intereses de sus fundadores originarios.3
Aunque el estado jugó un papel importante para fomentar el naciente movimiento, la independencia de los activistas ambientalistas no debe subestimarse. Sus iniciativas dieron como resultado la creación de parques nacionales, reservas para animales salvajes y otras instalaciones que promovieron el turismo y ofrecieron alguna protección permanente para un número limitado de zonas. En muchos casos, el ingreso potencial del turismo fue decisivo para lograr el apoyo local necesario para responder a las demandas internacionales de colaboración para el mejoramiento del medio ambiente. Esto ocurrió en el caso de la reserva para la caza de patos en Tamaulipas y en el de las Lagunas de Montebello en Chiapas. Otros esfuerzos para proteger el patrimonio natural e histórico -como las ruinas arqueológicas, las cuevas naturales, los lagos y la costa- han fallado en parte por la administración inadecuada, la falta de recursos financieros y de entrenamiento de los empleados.
Pero el Distrito Federal sigue siendo el problema más grave, lo cual es la prueba ácida de la determinación oficial de resolver los problemas del medio ambiente. Aunque por lo general se sabe que la mayor parte de los contaminantes del aire vienen de los motores de combustión interna, la variedad y el volumen de contaminantes son tan grandes que constituyen un obstáculo profundo a cualquier solución del problema. Además, hasta hace poco, el fomento de una conciencia y participación popular para enfrentar el problema ha sido dejado en manos de los grupos ecologistas. Estos
grupos han llevado a cabo algunas campañas específicas, sobre todo con respecto al uso de los automóviles privados, pero no se ha hecho ningún programa sistemático de participación popular para el acercamiento a una solución. Históricamente, la política oficial se ha preocupado por el abastecimiento de servicios básicos para la ciudad: agua, recolección de basura, disposición de aguas de desecho, etc. Han sido esporádicos los intentos de enfrentar problemas fundamentales como la extracción desmesurada de agua del manto fréatico o la contaminación de las chinampas de Xo- chimilco, por no hablar de la del aire. El rescate parcial del lago de Texcoco fue resultado del reconocimiento, por fin, del impacto de las tolvaneras sobre la calidad del aire. Además, algunos investigadores han mostrado los efectos graves de la acumulación de plomo (de los combustibles y las pinturas) para el desarrollo de los niños.4 Estos hechos, así como algunos esfuerzos de planificación a largo plazo, encaminaron a la creación de un sistema organizado de transporte colectivo con el metro, el tren ligero y los trolebu- ses y a una reformulación de la gasolina y el diesel vendidos en el valle de México para reducir las emisiones de plomo y azufre. Pero, como suele suceder, algunas de estas mismas soluciones crearon problemas tan graves -o aun m ás- que los que debieron haber resuelto.5
Desafortunadamente, estas medidas no han sido adecuadas. De hecho, su impacto mayor ha sido el de fomentar una conciencia popular acerca de los riesgos profundos causados por el deterioro del medio ambiente. La intervención del estado con el fin de corregir los problemas no ha sido efectiva; y los intentos de los grupos interesados no han logrado corregir la situación. El deterioro del medio ambiente ha obligado al nuevo presidente a ubicar los problemas ambientales de la Ciudad de México entre los problemas sociales de mayor prioridad que tiene que enfrentar durante su mandato.
El conflicto entre los imperativos de la producción y del medio ambiente
México ha demostrado una incapacidad básica para afrontar los desequilibrios ecológicos cuando entran en contradicción con los demás problemas surgidos del modelo de desarrollo nacional. Estos problemas son el resultado de una larga historia de competencia por los limitados recursos financieros públicos -recursos que se destinan a financiar la infraestructura que hace más rentable a la inversión privada. Históricamente, las empresas privadas han captado el apoyo gubernamental a costa de los grupos populares con sus demandas para el mejoramiento de la calidad de su vida. Las actividades con fines de lucro siempre han sido prioritarias, y no los programas para el cuidado de la naturaleza ni para la reducción de las desigualdades sociales. En algunos casos, la resolución del conflicto fue particularmente cínica; por ejemplo, después de la segunda guerra m undial, cuando se aplazó el proyecto para mejorar el agua potable en el campo a favor de subsidiar los refrescos mediante la venta del azúcar barata a las embotelladoras.6 Pero en la mayoría de los casos fue un simple olvido de estas ‘externa- lidades’ (como los economistas las suelen llamar).
El conflicto entre lo económico y lo ambiental es más aparente cuando se evalúan los mismos programas ‘ambientalistas’. El punto de discordia más destacado tiene que ver con la planta nucleoeléctrica en Laguna Verde, Veracruz. Construida con una tecnología obsoleta de “agua pesada” y con una planta física que deja de ser aceptable (en términos políticos y económicos) en la mayor parte del mundo, la planta fue puesta en operación en 1988. El movimiento an- ti-nuclear provocó una fuerte oposición a la planta; su éxito anterior en lograr cancelar la construcción de un reactor para investigación en el Lago de Pátzcuaro es todavía patente. Como respuesta a esta movilización popular, el gobierno desató una campaña publicitaria para justificar la seguridad de
la planta a la nación, y ha dejado a un lado la cuestión de la rentabilidad de la producción y de la disposición de los desechos radioactivos. Las opciones alternativas -como la utilización de gas natural, actualmente quemado como subproducto en la explotación petrolera, para hacer funcionar a las turbinas -están rechazadas de antemano. De hecho, algunos portavoces del gobierno advierten que siguen en pie los planes para la construcción de varias plantas adicionales antes del fin del siglo; éstos parecen más sueños que planes reales, dada la condición económica del país.
El “Plan de las 100 Acciones”, anunciado en 1986, fue dirigido prioritariamente al Distrito Federal.7 El programa planteaba la descentralización de algunas de las industrias más contaminantes y la participación voluntaria de la gente y la industria para reducir la contaminación en el valle de México. Se propuso corregir varias docenas de problemas relacionados con la contaminación del suelo y del agua. Nombró once programas como parte del esfuerzo para crear santuarios y reservas para la protección de los recursos naturales y las especies animales en peligro de desaparición. Además, ello comprometió al gobierno a controlar el uso de los agroquímicos y regular la formulación de los detergentes así como a em prender un ambicioso programa para establecer las normas para evaluar el impacto de estos programas.
La experiencia del Distrito Federal en el invierno de 1988-1989 demuestra la limitada eficacia del plan. El gobierno no logró reducir las actividades industriales ni el uso del transporte privado, a pesar de que la ciudad sufría los más altos niveles de contaminación de cualquier centro urbano en la historia. Según sus propios estándares muy laxos, la ciudad fue declarada una zona de emergencia en un núm ero alarmante de ocasiones. Uno de los esfuerzos más cuestionados fue la repentina cancelación de clases en las escuelas primarias y secundarias en enero, el periodo de mayor gravedad de las inversiones térmicas, y la prolongación del
año escolar, así como un intento para cambiar la hora de entrada en muchas oficinas de trabajo. Tampoco se ha podido modificar el diseño de los motores importados de los autobuses para reducir sus emisiones. Los nuevos reglamentos para la inspección de las emisiones de los automóviles todavía son bastante inadecuados.
Otra de las políticas anunciadas para mejorar el medio ambiente del valle de México ha sido la descentralización de la burocracia gubernamental. Sin embargo, hasta ahora sólo 30,000 puestos de un total de dos millones han sido transferidos fuera. Esto representa mucho menos que la eliminación de 50,000 puestos (en toda la nación), lograda como re sultado de las políticas de austeridad.
Estos esfuerzos programáticos para corregir los daños ecológicos han tropezado con la austeridad fiscal. Se han postergado los esfuerzos para enfrentar la contaminación del aire y del suelo a medida que se profundiza la crisis. Sin embargo, algunas fuentes de contaminantes también se fueron reduciendo a medida que se minó la capacidad de compra de las mayorías; pero la mayor parte sigue aumentando y la contaminación del medio ambiente del valle de México ha crecido a una tasa mucho mayor que la del aumento de la población. Pero el problema no se limita al valle central y es evidente el deterioro de la calidad de la vida en todas partes.
Mucho más efectivo que estos esfuerzos oficiales, es el proceso importante de descentralización realizado en los ochenta. El plan de desarrollo fronterizo, sustentado en los programas de maquila que reflejan cambios en la política macroeonómica, y la migración de agricultores y agroindus- trias de California (EUA) han creado nuevos polos de desarrollo en el norte de México. En el interior, algunas nuevas industrias, produciendo para la exportación, se han ubicado en varias ciudades secundarias -p o r ejemplo, en San Luis Potosí, Aguascalientes, Hermosillo y Ramos Arizpe- en respuesta a la creación de “parques industriales” y otras facili
dades. Es evidente que la iniciativa privada es capaz de contribuir a un reordenamiento geográfico de la actividad económica en el país cuando se le otorgan incentivos financieros suficientes. Pero esta descentralización no enfrenta el problema subyacente de que muchas industrias son contaminantes; simplemente transfiere el problema a nuevas zonas y a nuevos grupos sociales.
El impacto ambiental del desarrollo industrial
Apenas se empieza a reconocer que muchas soluciones para los problemas del medio ambiente entran en conflicto con el patrón prevaleciente de desarrollo centralizado y orientado a la exportación. Es difícil dar solución a estos problemas del medio ambiente cuando requieren de inversiones adicionales por los empresarios o cuando requieren de una inversión pública por la falta de recursos fiscales. Se inician nuevos proyectos industriales o se expanden otros sin tomar en cuenta sus consecuencias en cuanto al medio ambiente. Aún ahora, se dejan establecer nuevas industrias en el valle de México, atrayendo más población y aumentando la demanda sobre los ya inadecuados servicios públicos. En otras partes del país, se observa una gran variedad de proyectos industriales con efectos corrosivos sobre el medio ambiente que profundizan el impacto de la crisis sobre los niveles de vida, reduciendo la calidad de la vida en muchos de los polos de desarrollo a lo largo del país. Un ejemplo es el complejo industrial de la Ciudad Lázaro Cárdenas, cerca de la costa del pacífico en el estado de Michoacán; está en su segunda fase de expansión para abastecer al país y sus mercados externos con acero y fertilizantes, y se preve la puesta en marcha de una fábrica de bienes de capital en poco tiempo. Aunque el daño al medio ambiente hecho por este complejo está bien documentado, se está expandiendo.8 Se financia la expansión con inversiones extranjeras directas y con préstamos de instituciones multilaterales. Nuevos puer
tos industriales también están provocando otros focos de deterioro urbano a la vez que destruyen los ambientes costeros donde se crian numerosas variedades de productos pesqueros.
A lo largo del país, las investigaciones han documentado los conflictos entre las demandas productivas de los em presarios, la ecología de las comunidades en que se encuentran y la salud de los trabajadores y sus vecinos. Un estudio reciente demostró el impacto negativo de la industria maquiladora en Nogales sobre la salud de los trabajadores a través del crecimiento de sus niños.9 Otros estudios sobre accidentes industriales han notado la falta de atención a la seguridad de los obreros. Algunos sostienen que una de las motivaciones principales para las maquiladoras es la facilidad con que pueden ignorar cualquier reglamentación respecto al impacto del trabajo sobre la salud de sus obreros.10 Investigaciones recientes sobre los accidentes industriales en México sugieren un descuido similar del problema en una escala que trasciende con mucho las plantas de maquila.11 Tam bién el descuido en el uso de pesticidas y otros insumos químicos en el campo ha sido bien documentado.12
El conflicto entre la explotación de los recursos naturales y la necesidad de proteger su herencia natural es un tema común a los diversos grupos ecologistas. Uno de los ejemplos más trágicos del conflicto entre la explotación comercial y la protección de los recursos naturales está en la destrucción forestal. México tiene la sexta reserva forestal más grande del mundo, pero se están talando los bosques sin ninguna explótación racional.13 Como consecuencia, el país está importando cuantiosos volúmenes de productos silvícolas para diversos usos, incluyendo la fabricación de papel. Problemas parecidos han surgido con los recursos hidráulicos, que son fuente de energía eléctrica y riego en partes importantes del país. Se están agotando y deteriorando en calidad con tal intensidad que las actividades productivas mismas ahora están amenazadas en algunas regiones.
La incapacidad y/o la falta de voluntad del gobierno pa- ra afrontar estos problemas no es más evidente que en el área del tratamiento de basura y desperdicios. Los ejemplos en esta área van desde lo explosivo a lo mundano. Existe el caso dramático del robo de un contenedor con cobalto-60 de un aparato médico en Ciudad Juárez que no estaba custodiado con algún sistema de seguridad; sus restos se encontraron en varilla, procesada en una planta local y vendida como material de construcción para proyectos en lugares muy apartados, incluyendo aldeas a miles de kilómetros en los Estado Unidos. Cuando se descubrió, ninguna acción correctiva o preventiva fue emprendida hasta que el escándalo internacional lo convirtió en problema diplomático.14 La avaricia y la incompetencia se han conjugado con la indiferencia burocrática para convertir este incidente en una ocurrencia demasiado común: la disposición de desechos tóxicos en México por compañías norteamericanas es muy frecuente a pesar de ser ilegal; recurren a documentos falsificados, mordidas y viajes clandestinos para evitar cumplir con las estrictas disposiciones norteamericanas o las menos exigentes del lado mexicano.
Aun dentro del país, la participación de la ciudadanía y de las empresas en la resolución del problema de la basura parece ser un tema prohibido. Cuando el Centro de Ecode- sarrollo realizó una exposición en el Museo Tecnológico de los resultados de su investigación sobre el contenido de la basura y su disposición en el Distrito Federal, la Secretaría de Educación Pública la convirtió en visita obligatoria para estudiantes de secundaria, pero aun así los esfuerzos para traducir la investigación en una discusión profunda para enfrentar el problema a nivel popular se toparon con resistencias insuperables.15 La discusión pública de innovaciones re cientes como la comercialización de refrescos y cerveza en envases de aluminio y vidrio no retornable parecen constituir otro tema prohibido para el debate abierto, y más dentro del recinto de la SEDUE, reflejando las profundas dificul
tades que la administración pública enfrenta cuando trata de encontrar soluciones a estos problemas. Esta experiencia da una idea de la fuerza de los intereses creados en el área del procesamiento de desechos sólidos, aguas negras y el re ciclaje en general.
Los esfuerzos populares frente a los problemas locales
La conciencia popular relativa al deterioro del medio ambiente no está bien desarrollada. Existe la actitud de considerar cuanto sucede fuera de casa como responsabilidad del gobierno. La disposición para enfrentar problemas tan sencillos como la limpieza de las calles, los sanitarios públicos y el manejo de alimentos está frustrada no tanto por la ignorancia como por la falta de recursos y, sobre todo, por la indiferencia colectiva. Botes adecuados para la basura callejera brillan por su ausencia, pero su colocación jamás será adecuada mientras los sistemas formales de recolección sean inadecuados. La ausencia de conductos para las aguas negras agudiza el problema del aseo público. Frente a la apatía, incompetencia y pobreza de las autoridades municipales, no sorprende la ausencia de la discusión abierta de estos pro blemas candentes.
Un movimiento ecologista ha surgido en algunas zonas urbanas para promover la solución de algunos de estos pro blemas. Como se mencionó al principio, algunas de estas campañas fueron iniciadas por las mismas autoridades. Se concentran en la capital, enfocadas hacia el plantío de árboles y la creación y limpieza de espacios verdes por los vecinos y hacia el uso y mantenimiento del automóvil. Se han experimentado éxitos muy limitados y no han gozado de re percusión alguna en otras partes del país. El esfuerzo más significativo ha sido la campaña de resistencia masiva a la implantación de la planta nuclear. Aunque lograron postergar la puesta en marcha de la planta nucleoeléctrica, el movimiento se paralizó por no programar una serie de activi
dades alternativas, cuando se tomó la decisión inevitable de que la planta iniciara sus operaciones.
Los proyectos populares más efectivos han avanzado en colaboración con grupos extranjeros. Los más famosos son los que crearon las reservas de la biósfera para la protección de especies migratorias (de carácter internacional): la ballena gris de Baja California y la mariposa monarca de Mi- choacán. Al proteger a las especies migratorias, las reservas han captado un creciente comercio turístico. Pero la riqueza de los visitantes contrasta fuertemente con la pobreza de la gente que detenta las reservas. En Michoacán, la comunidad local ha recibido agua potable y servicio eléctrico. Pero no tienen ni la experiencia ni los recursos necesarios para crear establecimientos turísticos -lo que podría mejorar la calidad de los servicios para el turista, generar empleo y captar una proporción un poco mayor de las ganancias. Como consecuencia persisten dudas sobre la viabilidad a largo plazo de estas reservas.
Un esfuerzo parecido está avanzando en torno a la tortuga marina en la costa del pacífico de Michoacán.16 Los grupos involucrados en este esfuerzo comprenden expertos bien capacitados para enfrentar los problemas técnicos. Están conscientes de la necesidad de aumentar la viabilidad del proyecto encontrando mecanismos para integrar a la población local. Desarrollan actividades productivas que generarían empleos e ingresos que puedan sustituir a la tradicional venta de los huevos y otros derivados de la tortuga e incentivan a estas comunidades para que soliciten la participación oficial para proteger a esta especie amenazada. Sus iniciativas van desde un estudio para la creación de granjas de engorda de iguanas hasta el diseño de un proyecto de turismo ecológico que complementarían los esfuerzos por hacer viable la reserva. Este proyecto, todavía en su fase conceptual y piloto, ilustra las posibilidades para tales desarrollos, pero también las dificultades con que se topan cuan
do se pretende crear alternativas dentro del marco de la organización prevaleciente de la producción.
La SEDUE tiene una larga lista de proyectos para mejorar el medio ambiente con el apoyo de grupos locales.17 In cluye a 150 empresas que se han comprometido a reducir su impacto negativo sobre el medio ambiente. Además menciona un número de iniciativas en colaboración con otros grupos, autoridades locales y organismos internacionales para proteger a las especies en peligro de extinción, para crear parques nacionales y tomar acciones directas para resolver problemas de salud pública. Un esfuerzo ampliamente difundido se refiere al apoyo que la Secretaría brindó a un grupo local para filtrar el arsénico y otros minerales nocivos del agua contaminada por actividades agrícolas; el p ro yecto creó algunos empleos permanentes y garantiza una corriente permanente de agua potable para la región. Pero, aun con la lista exhaustiva de sus actividades, la SEDUE no da evidencia de un programa sistemático para contrarrestar el patrón de destrucción resultante del desarrollo económico. Sus programas no enfrentan el problema del diseño y rediseño de las mismas instalaciones productivas.
De hecho, la SEDUE ni siquiera menciona varios proyectos locales. Incluye la reforestación y otros proyectos que pretenden aprovechar recursos con fines productivos que contribuyen a detener el deterioro ecológico. Aun cuando los problemas serios son ampliamente reconocidos, los esfuerzos correctivos son inadecuados. Este es el caso del amplio programa de PEMEX para enfrentar la devastación que sus equipos de trabajo dejaron en el trópico húmedo y en el Golfo de México.18 Su bien financiada “campaña verde” parece tan inapropiada y con una falta de sensibilidad frente a la sociedad como los anuncios ambulantes que circulan en las sobresaturadas arterias viales de la capital vendiendo productos, declamando el compromiso del productor a mejo rar el medio ambiente y solicitando a la población que maneje con cuidado. En Tijuana y otras ciudades fronterizas,
los problemas locales han adquirido una dimensión internacional: grupos de trabajo de ambos países se enfrentan a la contaminación de aguas.19 Sin embargo, los problemas re lacionados con desechos sólidos reciben menos atención porque los basureros mismos no cruzan la línea internacional.
Alrededor del Lago de Pátzcuaro hay una alta conciencia de su contaminación con agua de desecho y de las grandes cantidades del suelo que llenan el lago por la erosión. Los programas correctivos incluyeron uno para construir terrazas y plantar árboles frutales, con ayuda financiera internacional. Pero las críticas originales del diseño del proyecto tenían razón: los árboles no fueron apropiados para la re gión (la fruta no maduraba correctamente) y las terrazas no pudieron contrarrestar la magnitud del problema. Resulta que el fracaso del proyecto ha desanimado a los grupos locales. Además, se ha retrasado la instalación de una planta para el tratamiento primario de las aguas negras de la ciudad de Pátzcuaro.
La negra perspectiva para el medio ambiente en el futuro
En medio de la crisis, es poco probable que la larga historia de inactividad para combatir el deterioro del medio ambiente sea modificada. Las declaraciones de buenas intenciones muy raramente han sido reforzadas con recursos financieros para llevarlas a cabo. Y ahora, se aprueban las nuevas actividades productivas sin considerar su impacto sobre el medio ambiente. Los problemas candentes del momento siguen desplazando a los de medio ambiente de la lista de prioridades.
Hay algunas excepciones a la regla general. Existen casos de grupos locales, por ejemplo, determinados a movilizar los recursos necesarios para avanzar, a pesar de la falta de acción por parte de las autoridades. De hecho, la ausencia de programas oficiales crea oportunidades que se pue
den aprovechar como fue el caso de la planta tratadora de aguas negras en Tijuana. Asimismo, la iniciativa para el pro grama de la tortuga marina vino a llenar un vacío oficial. En estas circunstancias el gobierno facilita el programa, imponiendo menos obstáculos a las actividades locales. Pero, como se ve en el caso del grupo de Pátzcuaro, la falta de conocimientos y de soluciones adecuadas pueden complicar aún más los problemas creados por la corrupción oficial y la avaricia.
La lista de asuntos por resolver es larga y va a crecer con la profundidad de la crisis. Los problemas mundanos como los de la disposición de desperdicios y aguas negras son las primeras víctimas de las reducciones presupuéstales. La solución de terminar con un problema redefiniéndolo -como el caso de dar por muerta a la Ciénaga de Cuitzeo- refuerza la tentación de muchos funcionarios de declararse incapaces de enfrentarlos. En las instancias superiores las restricciones presupuéstales sirven como pretexto fácil para lavarse las manos y no seguir. Las autoridades no han podido hacer cumplir la reglamentación sobre el uso de los agro- químicos en el campo por falta de financiamiento. No se han tomado medidas efectivas para eliminar los daños mortales de los desperdicios de la cría de puercos -así que el cisticer- co está invadiendo los cultivos de frutas y legumbres a través de los sistemas de irrigación. Tampoco se ha avanzado para eliminar el uso de latas de plomo para los alimentos, ni siquiera los destinados a los niños. Mientras tanto, las latas de cerveza y refresco quedan tiradas a lo largo de los caminos y no se avanza en la definición de los límites territoriales de los tiraderos municipales en muchas partes del país.
Sin embargo, las contradicciones del modelo de desarrollo de México van mucho más allá de estas cicatrices visibles. El daño permanente hecho por la contaminación en los lugares de trabajo y en la comunidad apenas se empiezan a comprender. La conexión íntima entre los intereses económicos y las autoridades opuestos a la solución de estos pro
blemas se esclarece cuando se reflexiona acerca del problema del alcoholismo; a pesar de tener un nivel de consumo de alcohol por persona menor que otros países (como Francia y España), México tiene un nivel mucho más alto de muertes por alcoholismo, aun sin considerar los provocados por la violencia derivada del alcoholismo.20
El modelo actual de desarrollo económico ofrece pocas vías para revertir el deterioro ambiental. Privilegia la creación de empresas industriales grandes a expensas de todo lo demás y ellas no pueden integrar una conciencia social con su ambición de ganancias sin que sean obligadas por el gobierno. Algunos observan que la pequeña industria y los pequeños productores agrícolas podrían desempeñar sus actividades de una manera más congruente con las necesidades del medio ambiente y de la sociedad, pero tales reflexiones parecen poco relevantes cuando la política macroeconómi- ca está destruyendo estas pequeñas y medianas unidades de producción, convirtiendo al país en importador de alimentos, y dejando vastas áreas de tierra agrícola sin cultivar en aras de la integración internacional.21 Además, en México el gobierno ha demostrado ser incapaz de imponer a los pro ductores los costos de los controles para defender el medio ambiente. La política oficial no ofrece remedio: en vez de una serie de programas concretos para combatir la crisis del medio ambiente, el candidato presidencial del partido dominante pide que se eleve la conciencia colectiva de la “sociedad civil”. ¿Y qué debemos pedir a los productores?
NOTAS
1. Juan María Alponte, “La Ley Ecológica”, LaJomada, 11 de diciembre de 1987, p. 5. ,
2. Una de las características notables del manejo de la crisis en México ha sido la capacidad del gobierno para convencer al pueblo durante mucho tiempo de que puede reencam inar la economía hacia una senda de recuperación. Así, a pesar de la fuerte compresión de ingresos personales -m ayor a la ocurrida durante las dictaduras militares en los países del cono su r- el pueblo mexica-
no no parecía haber perdido su confianza en esta capacidad. Pero el referen- do nacional sobre el tema -en la forma de las elecciones presidenciales de ju lio de 1988- representó un darò cuesdonamiento popular del Pacto de Solidaridad Económica y de la capacidad del gobierno para sortear los problemas actuales.
3. Para mayores detalles sobre la naturaleza de estos grupos y su interacción con el Estado, véase S. Mumme, et al., “Politicai development and Mexican Envi- ronm ental Policy”, Latin American Research Review, Voi. 23, No. 1, (1988), pp. 7-34.
4. Es irónico que exista más información sobre las investigaciones que se ocupan de este asunto fuera de México que dentro del país. William Brani gin del Washington Post (28 de noviembre de 1988) informó sobre este problema en un extenso artículo que incluía un análisis de los principales investigadores que examinan el problema. En México, esta información está al alcance sólo de los grupos más especializados en la materia.
5. Por ejemplo, las nuevas gasolinas contribuyeron a crear otro contaminante, el ozono, que actualmente es el que predom ina en el aire capitalino.
6. Esta afirmación, del otorgamiento de un subsidio para las embotelladoras en vez de mejorar los sistemas de agua potable, se basa en conversaciones con políticos en las secretarías pertinentes. No existe documentación para respaldarla.
7. El program a está resumido en una publicación de la Comisión Nacional de Ecología, Ecología: 100 Acciones Necesarias, México: SEDUE, enero 1987.
8. Para una discusión del daño ecológico y socio-económico ocasionado por el complejo Lázaro Cárdenas, véase Iván Restrepo (ed.) Las Truchas: ¿Inversión para la desigualdad?, México: Centro de Ecodesarrollo y Editorial Océano, 1984.
9. Los niños en el estudio tuvieron una incidencia de bajo peso al nacer tres veces superior a la del grupo de control; una medida aceptada mundialmente como indicador de la salud de la madre. Esta desigualdad no se puede atribuir a diferencias en el estado nutricional de la madre, ya que el bajo peso del grupo de estudio se debe fundamentalmente a nacimientos prem aturos. Catalina Denman (El Colegio de Sonora), “La salud de las obreras en las maquiladoras: el caso de Nogales”, trabajo presentado en el Coloquio “Estrategias de sobrevivencia, satisfacción de demandas de movimientos sociales en el m edio urbano”. Las memorias aparecerán próximamente editadas por la Universidad de Guadalajara, El Colegio de Jalisco y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
10. Este es el punto central de la multi-premiada película The Global Assembly Line, co-producida por María Patricia Fernández-Kelly y Lorraine Grey (distribuida por New Days Films, Wayne, N.J.). Esta película está basada en in vestigaciones realizadas por un grupo de sociólogos y antropólogos en México y Filipinas. Véase también su libro, For we are sold: I and my people - Wornen and mdustry in Mexico's frontier, Albany: SUNY Press, 1983.
11. Véanse las investigaciones en proceso de los participantes en la maestría en medicina sodal de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochi- milco.
12. Para un examen del uso de los plaguicidas en México, véase Iván Restrepo y Susana Franco, Naturaleza Muerta, México: Centro de Ecodesarrollo, 1988, y Angus Wright, “Rethinking the árele of poison: The poliücs of pesticide poi-
soning among Mexican farm workers” Latín American Perspectives, Vol. 13:4 (1986), pp. 26-59.
13. Una evaluación del recurso y de este problema puede encontrarse en la tesis de maestría de Vanessa Halhead, The Forests o f México: The resource and thepo- litics o f utilization, (University o f Edinburgh, 1984).
14. El incidente fue descubierto meses después cuando la camioneta que se usó para transportar la varilla viajaba en la zona militar de White Sands, Arizona, y los detectores la señalaron como una fuente de radioactividad.
15. Véase Iván Restrepo y David Phillips, Consumo y Desperdicio en el Distrito Federal, México: Centro de Ecodesarrollo e Instituto Nacional del Consumidor, 1982.
16. Javier Alvarado y Adolfo Figueroa, “The ecological recovery o f the sea turtles of Michoacan, México”, Informe entregado al US Fish and Wildlife Service Endangered Spedes, y el World Wildlife Fund, octubre 1988, mencionado en Marine Turtles Newsletter disponible de J . Woody, US Fish and Wildlife Service, Box 1306, Albuquerque, NM 87103. Otro proyecto relacionado, “El cultivo del Iguana Verde en la costa de Michoacán: utilización racional y conservación de un recurso renovable”, está financiado por el mismo organismo norteamericano y la Universidad Michoacana.
17. SEDUE, Ecología: Concertación de voluntades, México: Talleres Gráficos de la Nación, diciembre de 1987.
18. Para un análisis del impacto del petróleo y otras actividades desarrollistas en el trópico húm edo del sureste de México véanse los estudios de Alejandro Toledo (en colaboración con Arturo N úñez y Héctor Ferreira), Cómo destruir el paraíso: el desastre ecológico del sureste, México: Centro de Ecodesarrollo y Editorial Océano, 1983; José Eduardo Beltrán, Petróleo y desarrollo: La política petrolera en Tabasco, Villahermosa: Centro de Estudios e Investigación del Sureste, 1985; y David Barkin (en colaboración con Adriana Zavala), Desarrollo regional y reorganización campesina: La Chontalpa como reflejo del problema agropecuario mexicano, México: Centro de Ecodesarrollo y Editorial Nueva Imagen, 1978. El libro de Toledo señala que el impacto negativo del petróleo no podría haberse evitado porque: 1) se disasoció la producción de su impacto en la re gión; 2) se basó en el supuesto de una oferta ilimitada de recursos naturales; y 3) no pretendió com prender o medir sus costos ecológicos.
19. Un program a a largo plazo para desarrollar una nueva tecnología para el tra tamiento de aguas negras está avanzando en Tijuana con ayuda de la Comisión Costera de California y la World Wildlife Foundation. Para mayores detalles al respecto, consúltese el trabajo del Ing. Carlos de la Parra y sus colegas en El Colegio de la Frontera Norte.
20. Estudios recientes m uestran que las enfermedades drróticas en México son más frecuentes que en otros países con mayores niveles de consumo, lo cual indica un mayor consumo individual entre grupos más limitados de la población. Se estima que también es sustancial el costo social y privado en México (medido en términos de daños a la propiedad, ausentismo, baja productivad, accidentes y enfermedades). Véase el trabajo de Eduardo M enéndezdel CIE- SAS sobre La “Problemática de la salud urbana” presentado en el mismo seminario que el trabajo de Denman (nota 9).
21. Para una discusión amplia del impacto de esta internacionalización de la economía mexicana, véase David Barkin y Blanca Suárez, El fin de la autosuficiencia alimentaria, México: Centro de Ecodesarrollo y Editorial Océano, 1985. Los
defensores de estrategias alternativas de desarrollo basado en la satisfacción de necesidades básicas de las mayorías ahora empiezan a ser escuchados a m edida que se profundiza la crisis y se admite la necesidad de encontrar enfoques alternativos para sortear los problemas actuales.