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JA-0925/2015-I 1 JUICIO ADMINISTRATIVO: JA- 0925/2015-I. ACTOR: **********. AUTORIDADES DEMANDADAS: COORDINADOR DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE MICHOACÁN. MAGISTRADO PONENTE: CONSUELO MURO URISTA SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA: LIC. SILVIA BERENICE NAVARRETE HORTA. Morelia, Michoacán, a cuatro de agosto de dos mil dieciséis. VISTOS para dictar sentencia definitiva dentro del juicio administrativo número JA-0925/2015-I; y RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el siete de octubre de dos mil quince, en la Oficialía de Partes del Tribunal
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JA-0925/2015-I 1
JUICIO ADMINISTRATIVO: JA-
0925/2015-I.
ACTOR: **********.
AUTORIDADES DEMANDADAS:
COORDINADOR DE CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
MAGISTRADO PONENTE: CONSUELO
MURO URISTA
SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA:
LIC. SILVIA BERENICE NAVARRETE
HORTA.
Morelia, Michoacán, a cuatro de agosto de dos mil
dieciséis.
VISTOS para dictar sentencia definitiva dentro del juicio
administrativo número JA-0925/2015-I; y
RESULTANDO
PRIMERO. Mediante escrito presentado el siete de
octubre de dos mil quince, en la Oficialía de Partes del Tribunal
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de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán,
compareció ********** por su propio derecho a formular
demanda administrativa en contra del Coordinador de
Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán y del
Director de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la
misma coordinación, señalando como actos impugnados y
acción intentada:
I. ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA.- La
resolución administrativa de fecha 22 veintidós de junio del
año 2015, dos mil quince, la cual fue emitida por el C.P.
Carlos González Velázquez, Coordinador de Contraloría
asistido por el Lic. Doroteo Baltazar Chávez, Director de
Responsabilidades y Situación Patrimonial, la cual fue
debidamente notificada en data 17 diecisiete de Julio del año
en cuero, bajo protesta de decir verdad.
…
IV.- LA ACCIÓN INTENTADA.- La Nulidad del Acto
Administrativo que se hace consistir en la Resolución
Administrativa de fecha 22 veintidós de junio del año 2015,
dos mil quince…
SEGUNDO. Por razón de turno, el entonces Magistrado
Instructor de la Primera Ponencia se avocó al conocimiento del
asunto y con acuerdo del nueve de octubre de dos mil quince,
admitió a trámite en la vía ordinaria administrativa la demanda
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presentada, ordenando correr traslado a las autoridades
demandadas con el escrito de demanda y sus anexos, a efecto
de que en el término de ley dieran contestación a la misma y
se acordó lo procedente en relación a los medios de prueba
ofertados por el demandante.
TERCERO. Con proveído del veinte de noviembre de
dos mil quince, se tuvo Ernesto Ramírez Ochoa, en cuanto
Director de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la
Coordinación de Contraloría del Estado y Apoderado Jurídico
del titular de dicha Coordinador, por contestando la demanda
planteada en contra de tales autoridades y se acordó lo
conducente en relación a las pruebas ofrecidas.
CUARTO. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil
dieciséis, se celebró la audiencia de ley, en la que se hizo
constar la inasistencia de la partes, se desahogaron las
pruebas ofrecidas; concluido que fue el período de pruebas, se
declaró abierto el de alegatos, derecho que fue ejercido
únicamente por las autoridades demandadas.
Concluida la audiencia se ordenó turnar las actuaciones
para proyecto de resolución en el término de ley.
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CONSIDERANDO
PRIMERO. Fundamentación de la competencia del
órgano jurisdiccional. El Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Michoacán de Ocampo, es competente para
conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo
dispuesto por los artículos 143, 144, 154 fracción XII, 157, 158,
159 fracción I y 163 fracción I del Código de Justicia
Administrativa de esta Entidad Federativa.
SEGUNDO. Acreditación del acto impugnado. La
parte actora hizo consistir el acto impugnado en la resolución
administrativa de fecha veintidós de junio de dos mil quince,
emitida por el Coordinador de Contraloría del Estado de
Michoacán, asistido por el Director de Responsabilidades y
Situación Patrimonial de la misma Coordinación en el
expediente administrativo de responsabilidades número
**********, adjuntando a su escrito de demanda dicha
resolución; documental que obra a fojas de la 27 a la 52 del
expediente en que se actúa y que goza de pleno valor
probatorio al tenor de lo establecido en los artículos 424,
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fracción III y 530, del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, de aplicación supletoria al Código de Justicia
Administrativa del Estado y con la cual se tiene por acreditada
la existencia del acto combatido.
TERCERO. Determinación de las causales de
improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en el
último párrafo del artículo 205 del Código de Justicia
Administrativa del Estado de Michoacán, una vez realizado el
examen de las constancias que integran el presente juicio, esta
Sala Colegiada advierte la actualización de la causal de
improcedencia contemplada en el artículo 205, fracción VIII1
del Código de Justicia Administrativa del Estado, en relación a
la autoridad demandada Director de Responsabilidades y
Situación Patrimonial de la Coordinación de Contraloría del
Estado de Michoacán, en razón de lo siguiente:
La parte actora comparece a juicio a demandar la
nulidad lisa y llana de la resolución administrativa de fecha
veintidós de junio de dos mil quince, emitida dentro del
1Artículo 205. El juicio ante el Tribunal es improcedente contra actos o resoluciones:
… VIII. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto o resolución impugnado;
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expediente administrativo de responsabilidades número
**********, misma que en cuya parte final señala:
Así y con fundamento en los artículos 42 fracciones III, IV, V,
IX, XVI, XVIII, XIX y XXII y SÉPTIMO Y OCTAVO
TRANSITORIOS de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado; ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE
CELEBRAN EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL EJECUTIVO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE
OCAMPO, QUE TIENE POR OBJETO LA REALIZACIÓN DE
UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL
DENOMINADO “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
PUBLICA, Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN”, de
fecha 8 DE JULIO DE 2005, ACUERDO DE
COORDINACIÓN QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO
FEDERAL Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, QUE TIENE
POR OBJETO LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE
COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO
“FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE
CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA, Y
COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN”, 47 y 53 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado…
198, 202, fracción XVI del Reglamento Interior de la
Administración Pública Centralizada del Estado de
Michoacán; lo resolvió y firma CARLOS GONZÁLEZ
VELÁZQUEZ, COORDINADOR DE CONTRALORÍA DEL
ESTADO, asistido en este acto por el LICENCIADO
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DOROTEO BALTAZAR CHÁVEZ, DIRECTOR DE
RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL.-
Conste.
En relación a lo transcrito, conviene señalar que de
conformidad con el artículo 202 fracciones XVI y XVII, del
Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada
del Estado, el Director de Responsabilidades y Situación
Patrimonial de la Coordinación de Contraloría del Estado, sólo
tiene la facultad de proponer al titular de dicha coordinación las
resoluciones que en derecho procedan en relación con los
procedimientos administrativos de responsabilidades y
recursos de revocación de los que conozca la coordinación y
será éste último quien imponga sanciones a través de las
resoluciones correspondientes y ordene el cumplimento de las
mismas, por lo que en el presente caso el mencionado director,
no cuenta legalmente con imperio y facultad decisoria para por
sí y motu propio dictar las resoluciones combatidas o emitir
ordenes tendentes a su ejecución, esto es, la actuación del
mencionado titular de la unidad general de asuntos jurídicos,
interviene únicamente validando la actuación del titular de la
unidad a la que se encuentra adscrito, dando fe de lo resuelto
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por éste, de allí que el acto combatido en el presente juicio de
nulidad no le sea imputable.
Por lo señalado y acorde a lo establecido en el artículo
206, fracción II del Código de Justicia Administrativa del
Estado2, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio por
lo que ve a la autoridad demandada Director de
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Coordinación
de Contraloría del Estado, al no ser atribuible a dicha autoridad
la resolución impugnada.
Establecido lo anterior y al no actualizarse ninguna otra
causal de improcedencia o sobreseimiento que impida el
conocimiento del presente asunto, esta Sala Coaligada
procede al estudio de fondo del mismo.
CUARTO. Fijación de la litis. Previo al análisis del
planteamiento de fondo formulado por la parte actora, es
preciso señalar que ha sido criterio reiterado por la Sala de
este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado que los
conceptos de violación aducidos por los enjuiciantes pueden
2Artículo 206. Procede el sobreseimiento en el juicio cuando:
… II. Durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;
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encontrarse o desprenderse de cualquier parte del escrito
inicial de demanda y no necesariamente del capítulo particular
de conceptos de violación, siempre y cuando en éstos se
expresen con claridad las violaciones que se consideran
fueron cometidas por la autoridad demandada.
Tiene aplicación la jurisprudencia3 sustentada por el
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican:
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SU CONTENIDO Y
FINALIDAD EN RELACIÓN CON LA PRETENSIÓN
DEDUCIDA. Del contexto de los artículos 237 y 238 del
Código Fiscal de la Federación, se desprende que las Salas
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al
dictar sus fallos, resolverán "sobre la pretensión del actor que
se deduzca de su demanda, en relación con una resolución
impugnada", lo que determina el contenido y finalidad de las
sentencias e implica considerar: a) el petitum en relación con
un bien jurídico; y, b) la razón de la pretensión o título que es
la causa petendi. Es así que el juzgador, sobre la base no
formalista de un fundamento de hecho, debe evaluar si la
esencia y relevancia de lo planteado es conforme con el
ordenamiento, todo ello de una manera razonable, integral y
no rigorista, sin desvincularlo de los efectos o consecuencias
de la esencia de la pretensión, privilegiando una respuesta
3Registro No. 184755. Localización: Novena Época. Instancia: TCC. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XVII, Febrero de 2003. Página: 944. Tesis: I.4º.A. J/20. Materia(s): Administrativa.
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basada en la verdad fáctica y real por encima de lo procesal.
Ello implicará un pronunciamiento completo y amplio de la
litis propuesta atendiendo a la solución de fondo, al problema
jurídico y de la controversia, tal y como lo ordena el artículo
17 constitucional. En abono a lo anterior, se tiene que el
Código Fiscal de la Federación -especialmente en su artículo
237 y demás relativos-, así como criterios jurisprudenciales
relativos a su reforma, facultan y conminan a las Salas del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a
pronunciarse sobre aspectos tales como: a) una litis abierta,
b) eventual sustitución en lo que deban resolver las
autoridades demandadas, c) invocar hechos notorios, d)
resolver el tema de fondo con preferencia a las violaciones
formales, e) corrección de errores en la cita de preceptos y
suplencia de agravios, en el caso de ciertas causas de
ilegalidad, f) examen conjunto de los agravios, causales de
ilegalidad y argumentaciones, g) constatar el derecho que en
realidad asista a las partes y, h) aplicar los criterios y
principios jurisprudenciales dictados y reconocidos por los
tribunales del Poder Judicial de la Federación.
De ahí que si el promovente plantea conceptos de
violación en contra de un determinado acto o expresa hechos
a partir de los cuales es factible deducir claramente aquéllos o
la causa generadora de los mismos, debe reputarse el acto de
referencia como impugnado, al ser la consecuencia lógica y
necesaria de expresar algún tipo de disenso en contra del
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actuar de la autoridad demandada, que presumiblemente
ocasiona algún tipo de perjuicio contra la parte actora.
En esa tesitura, atendiendo al desarrollo del proceso
contencioso administrativo y a lo planteado por las partes se
tiene que la litis de la presente controversia se circunscribe a:
a) Determinar la legalidad o ilegalidad de la resolución
administrativa de fecha veintidós de junio de dos mil
quince emitida por el Coordinador de Contraloría del
Estado de Michoacán, dentro del expediente
administrativo de responsabilidades número **********;
b) Determinar los efectos de la presente sentencia.
QUINTO. Fijación del cuadro procedimental. A fin de
estar en condiciones de exponer las consideraciones y
fundamentos legales necesarios para justificar lo determinado
por esta autoridad, es oportuno en primer término, establecer
el cuadro procedimental desarrollado en sede administrativa,
relacionado con la litis formada dentro del presente juicio
administrativo, el cual se desprende de las constancias que
acompañaron las partes a sus diversos escritos, a las cuales
se les otorga pleno valor probatorio al ser documentales
públicas, en términos de los artículos 424, fracción III, y 530
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del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación
supletoria al Código de Justicia Administrativa del Estado; así
se tiene:
V.I. Con fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece,
el Director de Responsabilidades y Situación Patrimonial de
la Coordinación de Contraloría del Estado, emitió acuerdo
de instauración del procedimiento administrativo de
responsabilidades número **********, en contra de **********,
señalando como faltas imputables a éste:
PRIMERA. No compló con eficiencia, legalidad y honradez el
servicio que tenía encomendado como servidor público,
específicamente en su desempeño como EX SECRETARIO
DE SALUD Y EX DIRECTOR GENERAL DE LOS
SERVICIOS DE SALUD, toda vez que durante su gestión
autorizó indebidamente la comisión sindical de personal
adscrito a los servicios de salud sin contar con la autorización
expresa de la Subsecretaría de Administración y Finanzas
por un importe de $8’903,205.14 (OCHO MILLONES
NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS
14/100 M.N.), dando como consecuencia que se tuviera que
efectuar el monto señalado más los intereses generados por
$290,014.11 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL CATORCE
PESOS 11/100 M.N.) desde el momento en que se dispuso
de los mismos hasta que se hizo la devolución
correspondiente a la cuenta bancaria del FONDO DE
APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, lo
que originó que no se destinara el recurso del FONDO DE
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APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD a los
rubros a los que estaba destinado causándose un perjuicio
social y deficiencia en la prestación de los servicios de salud
en el Estado.
SEGUNDA. No compló con eficiencia, legalidad y honradez
el servicio que tenía encomendado como servidor público,
específicamente en su desempeño como EX SECRETARIO
DE SALUD Y EX DIRECTOR GENERAL DE LOS
SERVICIOS DE SALUD, toda vez que durante su gestión
autorizó pagos indebidos por concepto de complemento de
sueldos (BONOS) a 104 servidores públicos sin autorización
de la JUNTA DE GOBIERNO o sustento normativo que lo
justificara por $17,664,419.97 (DIECISIETE MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 97/100) dando
como consecuencia que se tuviera que efectuar el reintegro
monto señalado más los intereses generados por
$575,403.02 QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS TRES PESOS 02/100 M.N. desde el
momento en que se dispuso de los mismos hasta que se hizo
la devolución correspondiente a la cuenta bancaria del
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE
SALUD, lo que originó que no se destinara el recurso del
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE
SALUD a los rubros a los que estaba destinado causándose
un p ajuicio social y deficiencia en la prestación de los
servicios de salud en el Estado.
TERCERA. No compló con eficiencia, legalidad y honradez
el servicio que tenía encomendado como servidor público,
específicamente en su desempeño como EX SECRETARIO
DE SALUD Y EX DIRECTOR GENERAL DE LOS
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SERVICIOS DE SALUD, toda vez que durante su gestión se
autorizaron pagos a 143 servidores públicos por concepto de
compensación garantizada al aguinaldo, sin autorización de
la JUNTA DE GOBIERNO ni sustento normativo que lo
justifique dando consecuencia que se tuviera que efectuar el
reintegro de los recursos por $5,419,585.91 CINCO MIL
CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. más los in
generados por $176,538.27 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL
QUNIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N, el
momento en que se dispuso de los mismos hasta que se hizo
la devolución correspondiente a la cuenta bancaria del
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE
SALUD, lo que originó que no se destinara el recuso del
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE
SALUD a los rubros a los que estaba destinado causándose
un perjuicio social y deficiencia en la prestación de los
servicios de salud en el Estado.
CUARTA, durante su gestión se otorgó indebidamente pago
en efectivo a dos servidores públicos de ********** superior
por concepto de vates de despensa por $17,800.00
DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/1W ningún
sustento legal ya que dicho concepto no les corresponde a
los funcionarios de mando, el otorgamiento de la medida de
fin de año sólo les corresponde al personal operativo en
activo, dando como consecuencia que se tuviera que efectuar
el reintegro de dicho importe más los intereses generados por
el monto de $579.82 QUINIENTOS SETENTA PESOS
82/100 M.N. desde el momento en que se dispuso de los
mismos hasta que se hizo la devolución correspondiente a la
cuenta bancaria del FONDO DE APORTACIONES PARA
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LOS SERVICIOS DE SALUD, lo que originó que no se
destinara el recurso del FONDO DE APORTACIONES PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD a los rubros a los que estaba
destinado causándose un perjuicio social y deficiencia en la
prestación de los servicios de salud en el Estado.
QUINTA. No compló con eficiencia, legalidad y honradez el
servicio que tenía encomendado como servidor público,
específicamente en su desempeño como EX SECRETARIO
DE SALUD Y EX DIRECTOR GENERAL DE LOS
SERVICIOS DE SALUD, toda vez que durante su gestión
autorizó indebidamente pagos superiores a los establecidos
en contratos de personal de prestación de servicios
profesionales debido a que en la revisión de las nóminas de
personal eventual y una muestra de 50 contratos individuales,
se determinaron diferencias por $241,450.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
PESOS 00/100 M.N.) entre los pagos establecidos en el
contrato y los efectivamente realizados, dando como
consecuencia que se tuviera que efectuar el reintegro de
dicho importe más los intereses por $7,865.02 (SIETE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N.),
lo que originó que no se destinara el recurso del FONDO DE
APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD a los
rubros a los que estaba destinado causándose un perjuicio
social y deficiencia en la prestación de los servicios de salud
en el Estado.
SEXTA. No compló con eficiencia, legalidad y honradez el
servicio que tenía encomendado como servidor público,
específicamente en su desempeño como EX SECRETARIO
DE SALUD Y EX DIRECTOR GENERAL DE LOS
SERVICIOS DE SALUD, toda vez que durante su gestión no
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vigiló ni coordinó que los recursos públicos fueran ejercidos
conforme a las disposiciones legales aplicables, lo que derivó
en que no se realizaran a tiempo y forma los trámites para el
entero de los pagos institucionales a terceros (ISSSTE)
dando como consecuencia pagos adicionales por concepto
de actualizaciones e intereses por $1,815,744.48 (UN
MILLÓN OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.) más el pago
de los Intereses generados por la cantidad de $49,444.56
(CUARENTA Y NU-VE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.), dichos importes fueron
reintegrados a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones
para los Servicios de Salud, lo que originó que no se
destinara el recurso de FONDO DE APORTACIONES PARA
LOS SERVICIOS DE SALUD a los rubros a los que estaba
destinado causándose un perjuicio social y deficiencia en la
prestación de los servicios de salud en el Estado.
V.2. El veinticuatro de enero de dos mil catorce, en la
Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la
Coordinación de Contraloría del Estado, se llevó a cabo
audiencia de pruebas y alegatos a cargo de **********,
haciéndose constar la asistencia de éste.
V.3. El día veintidós de junio de dos mil quince, el
Coordinador de Contraloría del Estado de Michoacán, asistido
por el Director de Responsabilidades y Situación Patrimonial
de la misma Coordinación, emitió resolución administrativa en
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la que tiene por acreditadas las faltas administrativas
imputadas a ********** y determina procedente imponerle la
sanción administrativa consistente en inhabilitación por el
término de un año para el ejercicio de empleos, cargos
o comisiones en la administración pública.
SEXTO. Estudio de la Litis fijada. En términos del artículo
273 del Código de Justicia Administrativa del Estado, esta Sala
Administrativa procede al estudio de las personas, acciones,
excepciones y defensa que fueron materia del juicio, a fin de
establecer la legalidad o ilegalidad de la resolución administrativa
del veintidós de junio de dos mil quince, emitida por el Coordinador
de Contraloría del Estado dentro del procedimiento administrativo
de responsabilidades número **********.
Ahora bien, este órgano jurisdiccional considera innecesario
transcribir los conceptos de violación y su contestación4, por lo que
4 Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010. Página: 830, cuyo rubro y texto dicen: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego
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de conformidad con el segundo párrafo del artículo 274, del Código
de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, que dispone
que cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la
sentencia deberá examinar primero aquellas que puedan llevar a
declarar la nulidad lisa y llana, esta Sala Colegiada estima
procedente entrar al Estudio de los argumentos establecidos en el
concepto de violación cuarto del escrito de demanda, en donde el
actor refiere medularmente que la resolución impugnada se
encuentra viciada de nulidad, ya que se encuentra prescrita en
términos del artículo 59, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Michoacán, por lo que la
autoridad demanda contraviene en su perjuicio los principios de
legalidad y seguridad jurídica, ya que la resolución se emitió de
manera posterior a dicho término.
Concepto de violación en relación al cual la demandada,
Coordinador de Contraloría del Estado, señaló en escrito de
contestación que es infundado el argumento del actor, pues no se
violaron en su perjuicio los principios de legalidad y seguridad
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.
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jurídica, ya que fue mediante acuerdo del catorce de enero de dos
mil quince, al no quedar pruebas pendientes de admisión y
desahogo dentro del procedimiento administrativo, en que se
declaró cerrada la audiencia y se pusieron los autos en estado de
resolución, por lo que es a partir del quince de enero de dos mil
quince, en que empieza a correr el plazo de quince días con que
contaba la autoridad para el dictado de la resolución
correspondiente, feneciendo dicho plazo el cinco de febrero del
mismo año, por lo que entre esta fecha y la emisión de la resolución
impugnada aún no había transcurrido el plazo de seis meses que
contempla el artículo 59, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.
El estudio del concepto de violación señalado con antelación
resulta preferente, toda vez que de encontrarse fundado conduciría
a declarar la ilegalidad de la resolución combatida en términos del
artículo 275, fracción IV, del Código de Justicia Administrativa del
Estado5, y en consecuencia se decretaría su nulidad lisa y llana,
acorde a lo señalado en el numeral 278, fracción II6 del mismo
ordenamiento.
5 Artículo 275. Se declarará que un acto administrativo es ilegal, cuando se demuestre alguna de las
siguientes causales: … IV. Si los hechos que lo motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien se dictó en contravención de las normas aplicadas, dejando de aplicar las debidas; 6 Artículo 278. Los efectos de la sentencia serán:
…
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Tiene aplicación a lo expuesto, la tesis7 sustentada por el
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo
de Décimo Sexto Circuito, que a la letra establece:
CONCEPTOS DE ANULACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE
AQUELLOS QUE CONDUZCAN A DECLARAR LA NULIDAD
LISA Y LLANA DEL ACTO IMPUGNADO POR REPRESENTAR
UN MAYOR BENEFICIO PARA EL ACTOR (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE GUANAJUATO). El artículo 17 constitucional
consagra la garantía de acceso a la impartición de justicia, la cual
se encuentra encaminada a asegurar que las autoridades -
órganos judiciales o materialmente jurisdiccionales- lo hagan de
manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por lo que uno de
los principios que consagra dicha garantía es el de exhaustividad,
entendiéndose por tal la obligación de los tribunales de resolver
todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, sin que les sea
lícito dejar de pronunciarse sobre alguna. Por su parte, los
numerales 87 y 89, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Guanajuato, establecen la existencia de dos
requisitos que deben observarse en el dictado de las
resoluciones: el de congruencia y el de exhaustividad. Ahora, si
bien es cierto que en la citada ley no existe una disposición
expresa que establezca el orden en que deben analizarse los
conceptos de anulación, también lo es que el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado se encuentra constreñido
a ocuparse de todos los motivos de impugnación en que descansa
la pretensión anulatoria del actor, y preferentemente de los
II. Decretar, total o parcialmente, la nulidad del acto o de la resolución combatida y las consecuencias que de éstos se deriven; debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad deba cumplir; 7 Registro No. 172806. Localización: Novena Época. Instancia: TCC. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. XXV, Abril de 2007. Página: 1675. Tesis: XVI.1º.A.T.14.A. Materia(s): Administrativa y de Trabajo.
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orientados a declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado,
ya que de resultar fundados se producirá un mayor beneficio
jurídico para el actor, pues se eliminarán en su totalidad los
efectos del acto administrativo, con lo que se respeta la garantía
de acceso efectivo a la justicia y, en particular, el principio de
completitud que ésta encierra.
Respecto a la preferencia del estudio de la prescripción
resulta aplicable, por analogía, la tesis número I.9o.A.102 A, de la
Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta XXVII, Mayo de 2008, página 1114,
materia Administrativa, del rubro y texto siguientes:
PRESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. ES UN TEMA DE
ESTUDIO PREFERENTE EN EL JUICIO DE NULIDAD
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE
2005). Del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, vigente
hasta el 31 de diciembre de 2005, se advierte que en materia fiscal
el principio de exhaustividad de las sentencias obliga a las Salas
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa a examinar
preferentemente aquellos conceptos de impugnación en los que
se hagan valer causas de legalidad relacionadas con el fondo del
asunto, que lleven a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución
controvertida, y sólo en el supuesto de considerarlos infundados,
deben estudiar los argumentos relacionados con la omisión de
requisitos formales o vicios del procedimiento, que puedan dar
origen a una nulidad para efectos. De manera que el tema de la
prescripción del crédito fiscal controvertido es de estudio
preferente al dictar la sentencia definitiva, porque de resultar
fundado, haría innecesario y ocioso el análisis de otras cuestiones
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de fondo que se planteen, e inclusive, de ciertas violaciones
procesales que haga valer el actor, toda vez que si aquél
prescribió, será suficiente para declarar la nulidad solicitada,
favoreciéndolo así en forma total y definitiva.
Como resultado del estudio de las manifestaciones vertidas
por las partes, en relación con las constancias que integran el
expediente en que se actúa, esta Sala Colegiada determina que es
FUNDADO el concepto de violación esgrimido por ********** e
infundadas las defensas planteadas por la autoridad demandada,
aun cuando el cómputo del plazo de prescripción realizado por la
actora sea diverso al que aquí se considerará, sin que ello implique
suplir la deficiencia de la queja, dado que el accionante hizo valer
la prescripción de las facultades de la autoridad demandada para
sancionarlo, este tribunal se encuentra obligado a examinar si en
el caso se actualiza o no dicha figura jurídica, toda vez que del
escrito de demanda se desprende la pretensión que se deduce en
contra del acto impugnado, así como la descripción de los hechos,
por lo que debe atenderse a la causa de pedir a efecto de otorgar
una justicia completa a la parte actora en términos del artículo 17,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda
vez que del escrito de demanda se desprende la pretensión que se
deduce en contra del acto impugnado, así como la descripción de
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los hechos, es decir, el actor sustenta debidamente su causa de
pedir.
Lo señalado es así, en virtud de que corresponde al órgano
jurisdiccional, como resultado del estudio de las constancias que
obran en autos y de las manifestaciones de la parte demandante,
determinar qué acción es la realmente deducida, sin atender a la
denominación dada por el actor, sino a la naturaleza de las
prestaciones reclamadas y a la ya mencionada causa de pedir.
En consecuencia, si la parte actora hizo una narración de
hechos que no deja lugar a duda de cuál es la clase de prestación
que se exige y aclara también cuál es la causa o título de la acción,
debe considerarse que es al juzgador a quien compete aplicar el
derecho.
Es orientador el criterio sostenido en la jurisprudencia 152,
de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la
Nación, registrada con el número 1012751 del rubro y contenido
siguiente:
ACCIÓN, PROCEDENCIA DE LA. Las disposiciones legales que
establecen la procedencia de la acción, aun cuando no se exprese
su nombre, con tal que se determine con claridad la clase de
prestación que se exija del demandado y el título o causa de la
acción, deben interpretarse en el sentido de que el Juez, al
resolver la controversia, atenderá a la naturaleza de la acción
ejercitada, según se desprenda de los hechos narrados, sin variar
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la prestación exigida, ni el título o causa de pedir, sin perjuicio de
la facultad del Juez para aplicar las disposiciones legales
procedentes y no las que equivocadamente hubiera invocado el
actor, pues a las partes corresponde alegar y probar los hechos y
al Juez aplicar el derecho.
Asimismo, orienta lo señalado, el criterio sostenido en la tesis
en materia común por la misma Tercera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, registrada bajo el número 270743, que
señala:
DEMANDA, CITA DE PRECEPTOS EQUIVOCADOS EN LA. Si
el actor al formular su demanda hace una selección equivocada
de los artículos en que la funda, toca al juzgador, de acuerdo con
el principio jurídico "jus novit curia", aplicar la ley correspondiente,
descubriéndola mediante la identificación de las acciones
deducidas, atendiendo para ello a los hechos expuestos y a la
causa de pedir.
Establecido lo anterior se tiene que la institución jurídica de
la prescripción debe entenderse como la extinción, en virtud del
paso del tiempo, de la facultad que tiene la autoridad administrativa
para sancionar a los servidores públicos que realizaron conductas
ilícitas; la prescripción se presenta como un presupuesto temporal
habilitante del ejercicio de la potestad sancionadora del Estado,
cuya inobservancia, derivada de la inactividad por parte de la
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autoridad, que trae como consecuencia la imposibilidad de su
posterior realización y, por ende, la extinción de la responsabilidad
administrativa.
La figura de la prescripción se refiere al establecimiento de
una condición objetiva necesaria para el ejercicio de la facultad
sancionadora de la autoridad administrativa, concretamente la
sujeción al plazo fijado por la ley; el transcurso de ese plazo sin
que se ejerza la facultad sancionadora determina la imposibilidad
legal de efectuarlo con posterioridad.
Ahora bien, es de resaltar que las normas que regulan la
institución jurídica de la prescripción, por ser de orden público, son
de aplicación estricta y, por ende, no admiten una interpretación
extensiva, de tal suerte que su estudio es en lo expresamente
previsto en la ley y la emisión de los actos no queda al arbitrio de
las autoridades administrativas.
Sentado lo anterior, en cuanto al análisis de la prescripción
de la responsabilidad administrativa, se tiene que la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado prevé la
responsabilidad administrativa de los servidores públicos
enunciados en el artículo 2° de dicha la ley, con la intención de
evitar y, en su caso, sancionar a aquellos que incumplan con los
deberes inherentes a su cargo, o incurran en una falta
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administrativa en detrimento de la función pública y de la sociedad,
para lo cual otorgó a la Coordinación de Contraloría del Gobierno
del Estado en términos de las fracciones XVIII y XIX del artículo 42
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, la
facultad de sancionar tales conductas en términos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En tanto que los artículos 48, 49 y 50, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Michoacán de Ocampo, establecen que las sanciones que se
pueden imponer a los servidores públicos que incurran en faltas
administrativas, consisten en apercibimiento, amonestación,
suspensión, sanción económica y destitución del cargo, las que se
impondrán atendiendo a la naturaleza de la obligación incumplida
o de la falta cometida, así como a las circunstancias personales del
servidor público de que se trate, así como a lo que establece la Ley
de los Trabajadores al Servicios del Estado de Michoacán de
Ocampo y sus Municipios, los Reglamentos y las Condiciones
Generales de Trabajo en vigor.
Sin embargo, conforme al artículo 59, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, vigente
el momento de la instauración y sustanciación del procedimiento
administrativo de responsabilidades, las facultades de la
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Contraloría para imponer sanciones administrativas que esta Ley
prevé, prescribirán en seis meses, contados a partir de la fecha en
que sea determinada la responsabilidad del servidor público, con
lo que establece un límite temporal para el ejercicio de esa facultad
sancionadora, de tal suerte que la Coordinación de Contraloría del
Gobierno del Estado cuenta con un plazo de seis meses, a partir
del fenecimiento de los quince días hábiles posteriores a la
celebración de la audiencia de pruebas y alegatos prevista por el
artículo 53 del mismo ordenamiento, para resolver sobre la
existencia de la responsabilidad administrativa del servidor público
y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes, por lo que si
en dicho lapso no ejerce su facultad sancionadora, se considerará
que ésta ha prescrito.
No obstante lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación a través de la Segunda Sala, ha establecido que tratándose
de conductas consideradas como graves el término de la
prescripción no debe ser menor al establecido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto, que a las no
graves se debe atender al establecido en la legislación estatal,
siempre y cuando en ésta última no regule los términos de
prescripción para conductas graves y no graves, hipótesis que se
encuadra dentro de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
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Públicos del Estado conforme a la cual se sustanció el
procedimiento administrativo de responsabilidades y se emitió la
resolución impugnada en el presente juicio.
Además, la calificación de la gravedad de la conducta
quedará a la consideración de las autoridades administrativas, lo
que determinará al momento de calificar la responsabilidad
administrativa e individualizar la sanción, que atendiendo a las
circunstancias del caso, corresponda al servidor público; sanción
que debe ser proporcional a la falta.
Tiene aplicación en lo conducente la jurisprudencia8 de la
citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
que establece:
PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD
PARA SANCIONAR RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
GUERRERO). En relación con la prescripción de las facultades
de la autoridad para sancionar responsabilidades administrativas
de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de
Guerrero, tratándose de actos u omisiones graves que afecten la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de
observar en el desempeño de sus funciones, debe aplicarse el
plazo de tres años que, como mínimo, establece el último párrafo
del artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y
8 Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII,
Noviembre de 2010. Página: 146. Tesis: 2a./J. 132/2010. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa.
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Soberano de Guerrero, sin que sea aplicable el de un año
contenido en la fracción II del artículo 75 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos local, ya que dicho
plazo está determinado por el beneficio o daño causado, o por la
naturaleza de la responsabilidad, pero no por la levedad o
gravedad de la conducta infractora, sin que este último elemento
pueda calificarse con base en la magnitud del tiempo previsto
para la prescripción en las fracciones I y II del artículo 75 citado,
debido a que el Legislador no lo consideró así. Además, si bien
es cierto que en la legislación local aplicable no existe disposición
alguna que establezca cuáles son los actos u omisiones de los
servidores públicos del Poder Judicial de la entidad que deban
calificarse como graves, lo cierto es que esto no significa que el
órgano administrativo correspondiente no pueda realizar dicha
calificación, tomando en cuenta la naturaleza y las consecuencias
que pudieran causarse con las conductas infractoras.
Para considerar lo anterior, es pertinente señalar que por lo
que respecta a las responsabilidades de los servidores públicos,
en el artículo 113, primer párrafo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, vigente en la temporalidad que se
sustanció el procedimiento disciplinario al actor establecía lo
siguiente:
Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas
de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y
eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y
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comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en
que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para
aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las
leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así
como en sanciones económicas, y deberán establecerse de
acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el
responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados
por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del
artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los
beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados…
Mientras que, el artículo y 114, último párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala:
Artículo 114. ...
La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad
administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia
de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del
artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los
plazos de prescripción no serán inferiores a tres años.
Las porciones normativas citadas, precisan que las
Constituciones de los Estados señalaran la aplicación de
sanciones administrativas que deban ser impuestas a los
servidores públicos, por la comisión de actos u omisiones que
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia
que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o
comisiones.
JA-0925/2015-I 31
Esto es, en el Estado el legislador está obligado a expedir
leyes en materia de responsabilidad de los servidores públicos -la
cual se ha denominado Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado- en la que, entre otras cuestiones,
se establezcan los actos u omisiones que puedan dar lugar a la
responsabilidad administrativa; los plazos de prescripción de la
facultad sancionadora, así como la naturaleza de los actos u
omisiones mencionados (graves o no graves), y que tratándose de
actos u omisiones graves, el plazo de la prescripción no podrá ser
menor a tres años.
En ese mismo sentido, la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano del Estado de Michoacán de Ocampo, en sus
artículos 109 y 110, establece lo siguiente:
Artículo 109. Las leyes sobre responsabilidades administrativas
de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y
eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y
comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en
que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para
aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las
leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así
como en sanciones económicas, y deberán establecerse de
acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el
responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados
por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del
JA-0925/2015-I 32
artículo 107, pero que no podrán exceder de tres tantos de los
beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de
su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o
derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los
particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las
bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.
Artículo 110…
La Ley sobre Responsabilidades de los Servidores Públicos
determinará sus obligaciones, a fin de salvaguardar la legalidad,
honradez, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus
funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones
aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los
procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas
sanciones, además de las que señalan las leyes, consistirán en
suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones
económicas, las que deberán establecerse de acuerdo con los
beneficios económicos obtenidos por el responsable y con la
daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u
omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 107 pero no
podrá exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los
daños y perjuicios causados.
…
La Ley de Responsabilidades señalará los casos de prescripción
de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la
naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace
referencia la fracción III del artículo 107. Cuando dichos actos u
omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán
inferiores a tres años…
JA-0925/2015-I 33
En tanto, que el artículo 59, de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado vigente durante la
sustanciación el procedimiento disciplinario a cargo del actor,
señalaba:
Artículo 59. Las facultades de la Contraloría General, de la
Oficialía Mayor de los Poderes Legislativo y Judicial, del superior
jerárquico, del Director o su equivalente o de las Presidencias
Municipales, para imponer sanciones administrativas que esta
Ley prevé (sic), prescribirán en seis meses, contados a partir de
la fecha en que sea determinada la responsabilidad del servidor
público.
Ello autoriza a concluir que ni la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano del Estado de Michoacán de Ocampo, ni
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
y ningún otro ordenamiento aplicable, establecen cuáles son los
actos u omisiones de los servidores públicos que deban calificarse
como graves; pero, esto no significa que el órgano administrativo
correspondiente no pueda realizar dicha calificación, tomando en
cuenta la naturaleza y las consecuencias que pudiera causarse
con las conductas infractoras.
De ahí, que si el órgano administrativo facultado para
sancionar los actos u omisiones que afecten la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar
JA-0925/2015-I 34
en el desempeño de sus funciones los servidores públicos,
califican de graves tales conductas, luego, el término de la
prescripción debe considerarse de tres años (dependiendo de la
legalidad o ilegalidad que pueda declararse de esa calificación por
el órgano jurisdiccional); esto es, para efectos de la prescripción de
la responsabilidad administrativa, debe aplicarse el plazo mínimo
de tres años, establecido en el último párrafo del artículo 110 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo, en el cual se establece el plazo para la prescripción de
las responsabilidades administrativas de los servidores públicos
del Estado, tratándose de actos u omisiones graves, sin que deba
aplicarse el plazo de seis meses, previsto en el artículo 59, de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado,
dado que no se sujeta a la aplicación de los plazos de prescripción
a la levedad o gravedad de los actos u omisiones que lleva a cabo
el infractor, sino a un término común que sólo puede aplicarse a
aquellas conductas que no se consideren como graves; por lo cual,
el plazo de los seis meses para la prescripción es únicamente para
aquellas conductas u omisiones que no se catalogan como graves.
Explicada la figura de la prescripción, corresponde en
segundo término, considerar la calificación de gravedad que la
autoridad administrativa le determinó a la conducta imputada a
JA-0925/2015-I 35
**********, que en los términos citados con anterioridad, se realizara
en base a lo determinado por el órgano administrativo en su
resolución del veintidós de junio de dos mil quince, emitida dentro
del procedimiento administrativo de responsabilidades número
**********.
Así se tiene que en la resolución combatida, la Coordinación
de Contraloría del Estado determinó que quedaron plenamente
acreditadas la falta administrativas atribuidas a ********** y a fin de
determinar la sanción aplicable al caso concreto, en el
considerando quinto de la resolución combatida, el órgano de
control efectuó el análisis de los elementos establecidos en el
artículo 49, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, precisando en relación a la gravedad de las
faltas imputadas, lo siguiente:
QUINTO.
…
I. GRAVEDAD DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE SE
INCURRA. La conducta observada por ********** es de gravedad
merced a que se separó de los principios de legalidad, eficiencia
y honradez que rigen el servicio público…
Y por virtud de lo anterior, la Coordinación de Contraloría
impuso al hoy actor la sanción prevista en el artículo 48, fracción
VI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
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Estado, consistente en inhabilitación por el término de un año para
el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Así, de las consideraciones vertidas por la autoridad
demandada en la resolución recurrida, se advierte que la autoridad
calificó como graves las faltas atribuidas a ********** y le impuso la
sanción que estimó acorde a dicha gravedad, como es la
inhabilitación por el término de un año para el ejercicio de empleos,
cargos o comisiones en el servicio público; sanción que tiene como
finalidad el impedir que el servidor público pueda desempeñar
cualquier otro empleo, cargo o comisión en la administración
pública, durante un periodo determinado por considerar que no es
apto para ello, ya que tiende tanto a corregir al infractor, como a
prevenir incluso la deficiente o inadecuada prestación de toda
función en la administración pública, de manera temporal.
Consecuentemente, al haber ejercido la Coordinación de
Contraloría del Estado su facultad discrecional de calificar la
gravedad de las faltas atribuidas a **********, catalogándolas como
graves, corresponde en el caso atender al término de la
prescripción de tres años establecido en los artículos 114 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 110 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo antes transcritos; ya que se advierte que existen
JA-0925/2015-I 37
suficientes elementos para analizar la procedencia de la figura
extintiva de prescripción.
En ese orden de ideas, se tiene que de autos se desprende
que con fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece, la autoridad
demandada emitió acuerdo de instauración del procedimiento
administrativo de responsabilidades número ********** frente a
**********, emitiendo el citatorio número ********** de la misma
fecha, el cual fue notificado al actor el día diecinueve siguiente,
llevando a cabo la audiencia de pruebas y alegatos prevista por el
artículo 53, de la entonces vigente Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado, dictándose la resolución
administrativa el veintidós de junio de dos mil quince, y notificada
ésta al demandante el diecisiete de julio del mismo año.
De lo hasta aquí analizado, se advierte que el plazo
constitucional de prescripción de la responsabilidad administrativa
derivada de conductas o faltas graves, se debe contar a partir del
día siguiente a aquél en que se hubiera incurrido en la
responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado el
acto, si fuere de carácter continuo; sin embargo, en el presente
caso resulta suficiente tomar como base para el cómputo de los
tres años, a partir de la conclusión del ejercicio fiscal revisado de
dos mil diez, habida cuenta que las conductas imputadas
JA-0925/2015-I 38
ocurrieron, como se advierte de la propia resolución, dentro de
dicho periodo, tal como se advierte del acuerdo de instauración del
procedimiento administrativo de responsabilidades –foja 1 del
legado de copias certificadas del mencionado procedimiento que
obra en el tomo I de pruebas del expediente en que se actúa-, en
donde se da cuenta con el acuerdo de radicación de veintiséis de
abril de dos mil trece, formado con motivo de la recepción del oficio
número ********** suscrito por la Directora de Auditoría del Sector
Paraestatal, de la Coordinación de Contraloría del Estado, a través
del cual remitió a la Dirección de Responsabilidades y Situación
Patrimonial de la misma Coordinación, los dictámenes y
expedientes de responsabilidad administrativa, derivados de las
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria del
ejercicio 2010, remitidas por la Auditoría Superior de la Federación,
atribuible a servidores y ex servidores púbicos adscritos a los
Servicios de Salud de Michoacán, entre los que se contiene el
relativo a la Auditoría practicada al ejercicio fiscal 2010 dos mil
diez, por la AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN al
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD
(FASSA).
Por tanto, con independencia de la fecha en que la parte
actora hubiese exteriorizado las conductas imputadas por el
JA-0925/2015-I 39
Órgano de Control Estatal y si ésta fueron continuas o consumadas
en un solo momento, lo cierto es que a partir de la conclusión del
ejercicio fiscal revisado de dos mil diez, a la fecha en que se notificó
al actor la resolución administrativa impugnada, las facultades del
autoridad demandada para sancionarlo habían prescrito.
En tales condiciones, una vez señalado que el plazo de
prescripción de la responsabilidad administrativa debe computarse
a partir del día en que concluyó el ejercicio fiscal revisado de dos
mil diez, ello en virtud de que como ya se señaló, prescripción es
una institución de orden público, por cuanto la colectividad está
interesada en conservar la firmeza de las situaciones jurídicas y
evitar la incertidumbre, poniendo un límite en el tiempo al ejercicio
de los derechos o facultades, de modo que su apreciación no debe
quedar al arbitrio administrativo o judicial, ya que existe la
posibilidad de que las autoridades encargadas de decidir si la
aplican o no, lleguen a una conclusión con base en deducciones o
inferencias, y de esa manera conculquen las garantías de legalidad
y seguridad jurídica, consagradas en los artículos 14 y 16
Constitucionales.
Al respecto de lo anterior, es orientador el contenido de la
tesis VI.1o.A.68 A (10a.), de la Décima Época, de los Tribunales
Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario
JA-0925/2015-I 40
Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, página
2122, que dispone:
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL
PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES DEL ESTADO DE PUEBLA
PARA SANCIONAR LAS CONDUCTAS INFRACTORAS
CONTINUADAS QUE SE COMETEN DURANTE LA
EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DEBE COMPUTARSE A
PARTIR DEL DÍA EN QUE SE REALIZÓ LA ÚLTIMA
CONDUCTA DEL SERVIDOR PÚBLICO Y NO HASTA EL
FINIQUITO DE LA OBRA. El artículo 80 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla, al prever que el plazo de prescripción de las facultades
de las autoridades para imponer sanciones es de uno o tres años
dependiendo del monto del beneficio obtenido o del daño
causado, lleva a considerar que éste se contará a partir del día
siguiente a aquel en que se hubiera incurrido en la
responsabilidad o a partir del momento en que hubiera cesado, si
fue de carácter continuo, pues únicamente contempla cómo debe
computarse ese plazo cuando se trate de conductas infractoras
instantáneas o continuas, por lo que cuando se esté ante la
repetición de una misma conducta infractora en un periodo
determinado que, con unidad de propósito, infringe la misma
norma administrativa, la clasificación y el cómputo respectivo no
deben realizarse conforme a dicho artículo, sino que es necesario
acudir en forma supletoria al Código de Defensa Social (actual
Código Penal) para el Estado de Puebla, cuyos artículos 18 y 19
establecen que el delito también puede ser continuado cuando se
está ante una unidad de propósito delictivo, pluralidad de
conductas y unidad de sujeto pasivo, caso en el cual el plazo
JA-0925/2015-I 41
para la prescripción debe contarse desde el día en que se
realizó la última conducta, en virtud de que tiene el carácter
de continuada en los términos precisados por dicho código,
y no hasta el finiquito de la obra pública, en virtud de que esto
último lo único que evidencia es que las partes han entregado
y recibido satisfactoriamente la conclusión de los trabajos de
obra, pero no que las conductas infractoras se prolongaran
hasta ese momento.
Asimismo, es orientadora la diversa tesis I.4o.A.601 A,
Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de
2007, página 2641, del rubro y texto siguientes:
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
TRATÁNDOSE DE CONDUCTAS INFRACTORAS
CONTINUADAS, EL PLAZO PARA QUE OPERE LA
PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES DE LAS
AUTORIDADES PARA IMPONER SANCIONES DEBE
COMPUTARSE CONFORME AL ARTÍCULO 102, FRACCIÓN
III, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE APLICACIÓN
SUPLETORIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL ÁMBITO
FEDERAL HASTA EL 13 DE MARZO DE 2002). El artículo 78 de
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
vigente en el ámbito federal hasta el 13 de marzo de 2002, al
prever que el plazo de prescripción de las facultades de las
autoridades para imponer sanciones -uno o tres años,
dependiendo del monto del beneficio obtenido o del daño
causado- se contará a partir del día siguiente a aquel en que se
hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en
JA-0925/2015-I 42
que hubiese cesado, si fue de carácter continuo, únicamente
contempla cómo debe computarse ese plazo cuando se trate de
conductas infractoras instantáneas o continuas, por lo que
cuando se esté ante la repetición de una misma conducta
infractora en un periodo determinado que, con unidad de
propósito, infringe la misma norma administrativa, la
clasificación y el cómputo respectivo no deben realizarse
conforme a dicho artículo, sino que debe acudirse en forma
supletoria al Código Penal Federal -que en su artículo 7o.
además de expresar cuándo un delito es instantáneo y
continuo o permanente, en su fracción III establece que el
delito también puede ser continuado cuando con unidad de
propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de
sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal y en el diverso
precepto 102, fracción III, dispone que, en este caso, el plazo
para la prescripción debe contarse desde el día en que se
realizó la última conducta- en virtud de que tiene el carácter
de continuada en los términos precisados por dicho código
y, por tanto, el cómputo debe realizarse de acuerdo al artículo
últimamente aludido.
En ese tenor, y al ser las normas que regulan la institución
jurídica de la prescripción, de orden público, por tanto de aplicación
estricta y no admiten una interpretación alguna, se tiene que la
interrupción del plazo para que opere dicha figura debe
encontrarse expresamente previstos en la ley, lo que no acontece
en el caso que nos ocupa, en que la Ley de Responsabilidades de
JA-0925/2015-I 43
los Servidores Públicos del Estado de Michoacán de Ocampo, no
prevé casos de interrupción de la prescripción de las
responsabilidades administrativas.
Al respecto, resulta ilustrativa la tesis con registro número
270435 de la Sexta Época, emitida por la otrora Tercera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación, Volumen LXXIII, Cuarta Parte, de
materia Común, en la página 49, del rubro y texto siguientes:
PRESCRIPCIÓN. La prescripción se establece por razones de
interés público, para no dejar indefinido en el tiempo el ejercicio
de los derechos, y sería peligroso que se dejara al arbitrio judicial
interpretar las diversas hipótesis que pueden externar la voluntad
de abandonarlos, por lo que los preceptos que enumeran los
casos de prescripción deben interpretarse restrictivamente, de
donde se deriva que la prescripción sólo puede estimarse
interrumpida por actos que la ley expresamente prevea,
realizados durante el curso del tiempo, para que ella pueda tener
lugar, ya que si se aplicaran con interpretación o criterio extensivo,
redundarían en la inseguridad de la existencia y virtualidad del
derecho mismo.
Por consiguiente, al no ser susceptible de interrupción la
prescripción de las faltas cometidas por los servidores públicos del
Estado de Michoacán, por no estar así previsto en la ley de la
materia, es inconcuso que es hasta al resolver sobre la existencia
de la responsabilidad administrativa del servidor público dentro del
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procedimiento disciplinario correspondiente, en que las
autoridades sancionadoras ejercen sus facultades para que no
opere la prescripción.
En adición a lo anterior, debe enfatizarse que a partir de las
reformas al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos9 del diez de junio de dos mil once, es obligación
de éste Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, velar no sólo
por los derechos humanos contenidos en la constitución federal y
en los instrumentos internacionales firmados por el Estado
mexicano, sino también por los derechos humanos contenidos en
cualquier orden secundario que de la primera deriven, lo que
implica, adoptar en favor de los justiciables la interpretación más
favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en
la doctrina como principio pro persona, en virtud del cual se debe
acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva,
cuando se trata de reconocer derechos protegidos al particular, e
inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida
9 Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
JA-0925/2015-I 45
cuando se trata de establecer restricciones permanentes al
ejercicio de los derechos.
Al respecto, es orientadora la tesis10 del Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indica:
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN
MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.
De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las
autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se
encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos
contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos
contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el
Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al
derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina
como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el
artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben
interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para
determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de
convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a
cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de
control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la
función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del
artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en
donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos
contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales,
10 Registro No. 160589. Localización: Décima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011. Página: 535. Tesis: P. LXVII/2011(9a.). Tesis Aislada. Materia(s): Constitucional.
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aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren
en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer
una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden
jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos
humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí
sucede en las vías de control directas establecidas expresamente
en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están
obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando
preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados
en la materia.
Lo anterior implica la posibilidad de los órganos
jurisdiccionales como éste, de interpretar el orden jurídico a la luz
y conforme a los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado
Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo, la protección
más amplia. En ese sentido, el juzgador válidamente puede
realizar una interpretación conforme en sentido estricto, lo que
significa, que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente
válidas, el juzgador puede preferir aquella que hace la ley acorde
a los derechos humanos establecidos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales
de los que México sea parte para evitar incidir o vulnerar el
contenido esencial de estos derechos.
JA-0925/2015-I 47
La interpretación más amplia en favor de las personas se
reitera, no es otra cosa que la aplicación del conocido principio pro
homine o pro personae, que consiste en un criterio hermenéutico
que informa todo el derecho internacional de los derechos
humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia,
o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer
derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la
interpretación más restringida cuando se trata de establecer
restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria.
Atendiendo a lo anterior, como ya ha quedado establecido,
de las constancias exhibidas por las partes, se desprende que con
fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece, la autoridad
demandada emitió acuerdo de instauración del procedimiento
administrativo de responsabilidades número ********** frente a
**********, emitiendo el citatorio número ********** de la misma
fecha, el cual fue notificado al actor el día diecinueve siguiente, con
lo cual se dio inicio al procedimiento administrativo, en los términos
previstos por el artículo 53, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado11.
11 ARTICULO 53. Para la aplicación de las sanciones administrativas se seguirá el siguiente procedimiento:
I. La Contraloría General, la Oficialía Mayor de los Poderes Legislativo o Judicial, el superior jerárquico o el Presidente Municipal, citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, el día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y sus
JA-0925/2015-I 48
Asimismo, de autos se desprende que fue hasta el veintidós
de junio de dos mil quince, que la autoridad demandada dictó
resolución administrativa dentro del Procedimiento Administrativo
de Responsabilidades número **********, en la que se determinó
que quedaron acreditadas las seis faltas administrativas atribuidas
a **********, y se impuso a éste la sanción administrativa
consistente en inhabilitación por el término de un año para el
ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público;
resolución que fue notificada al servidor público mediante acta de
notificación, el diecisiete de julio dos mil quince, adquiriendo así
eficacia la misma, en términos de lo dispuesto en el artículo 16 del
Código de Justicia Administrativa del Estado12.
Lo anterior, en virtud de que la obligación de la autoridad
administrativa no concluye con la emisión de la resolución, pues
para ello es menester que ésta hubiera sido notificada al
derechos a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho e intereses convenga, por si o por medio de su defensor. Si el servidor público es de base, podrá estar presente el representante sindical. También se citará a la audiencia al representante de la dependencia o entidad que para tal efecto se designe. Entre la fecha de la citación y la audiencia, deberá mediar un plazo no menor de cinco días ni mayor de quince días hábiles. II. Al concluir la audiencia o dentro de los quince días hábiles siguientes, la Contraloría General y la Oficialía Mayor de los Poderes Legislativo o Judicial, el superior jerárquico o el Presidente Municipal, resolverán sobre la existencia o no, de responsabilidades, en caso de que existan éstas, impondrá al infractor las sanciones administrativas correspondientes y notificará la resolución al interesado, a su jefe inmediato y al representante sindical en caso de servidores públicos con base. III. Si en la audiencia la autoridad correspondiente encontrara que no cuenta con elementos suficientes para resolver, o advierte elementos que impliquen nuevas responsabilidades administrativas a cargo del presunto responsable o de otros servidores o personas, podrá disponer la práctica de investigaciones y citar para otra u otras audiencias. 12 Artículo 16. El acto administrativo válido será eficaz, desde el momento en que surta sus efectos la
notificación realizada, de conformidad con las disposiciones de este Código, o de que se configure en el caso de ser negativa ficta. Será ejecutivo y exigible, cuando el afectado lo consienta de manera tácita o expresa, o bien cuando no se interponga en su contra, ningún medio de defensa dentro del término legal.
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interesado, ya que este acto procesal da certeza de la fecha de
emisión de la misma, la cual será existente en términos jurídicos
cuando las partes la conozcan y se encuentren en aptitud de
determinar si ésta incidirá o no en su esfera jurídica, esto es, si su
conducta ha sido o no constitutiva de una infracción y, en caso de
que así suceda, se enterará de la sanción que se le impone; en
consecuencia, el plazo para que opere la prescripción no será
interrumpido con la emisión de la resolución sino con la notificación
que de ésta se realice.
Por tanto, se tiene que en el caso operó la prescripción de
la responsabilidad administrativa atribuidas a **********, toda
vez que a la fecha en que adquirió eficacia la resolución dictada
por el Coordinador de Contraloría del Estado en el Procedimiento
Administrativo de Responsabilidades número ********** (con su
notificación al servidor público sancionado), a través de la cual
considera acreditadas las faltas administrativas imputadas y
determina la sanción a imponerle, habían transcurrido ya más de
tres años desde la fecha de comisión de los actos sancionados,
pues si las conductas atribuidas corresponden al ejercicio fiscal de
dos mil diez, entonces el plazo de prescripción comenzó a partir
del uno de enero de dos mil once, feneciendo el día uno de
JA-0925/2015-I 50
enero de dos mil dos mil catorce, de forma tal que atendiendo a
lo anterior, las conductas realizadas se encuentran prescritas.
Lo anterior, tomando en consideración que en el caso –como
ya se precisó- no está prevista en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos ni en normatividad local de la materia
–Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Michoacán de Ocampo- la interrupción de la prescripción de las
responsabilidades administrativas, como impedimento para que
opere ésta, por lo que es aplicable el principio general de derecho
que reza: “Donde la ley no distingue, al intérprete no le es permitido
distinguir”, conforme al cual no podría establecerse la interrupción
por interpretación al no estar expresamente prevista en la norma.
Tiene aplicación a lo anterior, el contenido de la tesis6 del
Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en materia
Administrativa13, cuyo rubro y texto son:
SERVIDORES PÚBLICOS. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE
SUS FALTAS ADMINISTRATIVAS NO ES SUSCEPTIBLE DE
INTERRUPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).
Del artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Chiapas, se desprende que la
prescripción de las faltas que éstos cometan, entendida como
la extinción, en virtud del paso del tiempo, de la facultad
13 Tesis número XX.2o.34 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en
materia Administrativa, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XXV, del mes de enero de dos mil siete, en la página 2355.
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sancionadora que tienen la Contraloría General y el superior
jerárquico de aquéllos, no es susceptible de interrupción, toda
vez que no existe disposición legal en la citada ley que así lo
prevea, sin que pueda considerarse como una omisión que
dé lugar a la aplicación supletoria de algún otro
ordenamiento legal, porque lejos de integrar una norma
deficientemente reglamentada o de subsanarse algún vacío
legislativo, se estaría creando una figura jurídica que el
legislador no tuvo la intención de establecer. En
consecuencia, la única hipótesis que da lugar a que la
facultad sancionadora de la autoridad administrativa no
prescriba, es que emita la resolución administrativa y la
notifique, dentro de los plazos que establece el numeral en cita.
Así, la interrupción debe entenderse como el fenómeno que
elimina el tiempo transcurrido, determinando que para que opere
la prescripción, a partir de él o con posterioridad al mismo, deba
iniciarse un nuevo plazo sin tomar en cuenta para nada al
interrumpido; de modo que queda sin efecto el tiempo transcurrido
antes de la interrupción, y por consiguiente, comienza a correr un
nuevo plazo a partir de que cese el fenómeno interruptor. Debiendo
enfatizarse que la regulación de la prescripción es de aplicación
estricta, sin que exista margen de discrecionalidad para el titular de
la facultad disciplinaria, por tanto, no pueden establecerse causas
de interrupción no previstas en la ley.
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No pasa inadvertido que la ley especial de la materia –Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado- en el
artículo 42, dispone: “En lo relativo a las cuestiones de
procedimientos no previstas en esta Ley, así como la apreciación
de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código
Procesal Penal del Estado de Michoacán.”. Sin embargo, la
inexistencia de causas de interrupción de la prescripción de las
responsabilidades administrativas en dicha ley, no puede
considerarse como una omisión que dé lugar a la aplicación
supletoria del Código Procesal Penal del Estado, porque lejos de
integrar una norma deficientemente reglamentada o de
subsanarse algún vacío legislativo, se estaría creando una figura
jurídica que el legislador no tuvo la intención de establecer.
Aunado esto a que, el Código Procesal Penal del Estado
tampoco prevé la interrupción de la prescripción, ya que en materia
penal, dicha figura se encuentra regulada en el Código Penal del
Estado de Michoacán de Ocampo.
Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia7 por
contradicción de tesis, número 2a./J. 73/2005, correspondiente a
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la Novena Época, y emitida por la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación14, que señala lo siguiente:
SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE GUANAJUATO. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN
DE SUS FALTAS ADMINISTRATIVAS NO ES SUSCEPTIBLE
DE INTERRUPCIÓN. De los artículos que integran el capítulo
único del título noveno de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Guanajuato, se advierte que la prescripción de las
faltas cometidas por los servidores públicos de ese poder,
entendida como la extinción, en virtud del paso del tiempo,
de la facultad sancionadora que tienen el Consejo del Poder
Judicial y el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en esa
entidad, no es susceptible de interrupción, toda vez que no
existe disposición legal en la citada ley que así lo prevea, sin
que pueda considerarse como una omisión que dé lugar a la
aplicación supletoria del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, porque lejos de integrar una norma
deficientemente reglamentada o de subsanarse algún vacío
legislativo, se estaría creando una figura jurídica que el
legislador no tuvo la intención de establecer, dado que tal
aplicación sólo se previó para la tramitación del recurso
administrativo de revisión. Lo anterior no implica que la resolución
relativa a dicho recurso deba dictarse dentro de los plazos
previstos en el artículo 157 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado de Guanajuato, pues es inconcuso que al resolver
sobre la existencia de la responsabilidad administrativa del
servidor público dentro del procedimiento disciplinario
correspondiente, las autoridades sancionadoras ya
14 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Junio de 2005. Materia(s):
Administrativa. Página: 183.
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ejercieron sus facultades y, por ende, no puede operar la
prescripción.
De igual forma, tiene aplicación la tesis XXI.2o.P.A.100 A de
la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Febrero de 2010, materia
Administrativa en la página 2922, del rubro y texto siguientes:
SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE GUERRERO. EL PLAZO PARA LA
PRESCRIPCIÓN DE SUS FALTAS ADMINISTRATIVAS NO SE
INTERRUMPE. El plazo para la prescripción de las faltas
administrativas cometidas por los servidores públicos del Poder
Judicial del Estado de Guerrero no se interrumpe, porque no
existe disposición en la ley orgánica respectiva ni en la de
responsabilidades de los servidores públicos de la entidad que así
lo prevea, pues aun cuando a la sociedad le interesa que se
sancionen las conductas infractoras de éstos, es inaceptable que
las autoridades lo hagan en cualquier tiempo, porque darían lugar
a la incertidumbre jurídica de los servidores públicos respecto de
la posibilidad de sanción por supuestos actos realizados en el
desempeño de sus cargos. En consecuencia, la única actividad
procedimental que ofrece certeza en el procedimiento
sancionador sin que exista el riesgo de su prolongación indefinida,
es la resolución que determina si existe o no responsabilidad
administrativa y, en su caso, impone al infractor las sanciones
correspondientes, la cual debe notificarse conforme al artículo
136, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado
de Guerrero, dentro de los plazos previstos en el artículo 75 de la
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citada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la
entidad.
Conforme a lo expuesto, es de concluirse que operó a favor
del accionante **********, la prescripción de las responsabilidades
administrativas que le fueron atribuidas por la Coordinación de
Contraloría del Gobierno del Estado, ya que ésta autoridad ejerció
sus facultades para determinar la responsabilidad y sancionarlo,
mediante la emisión de la resolución impugnada, cuando ya no
tenía facultades para ello, toda vez que su derecho a ejercerlas se
perdió por el transcurso del tiempo como se ha señalado en
párrafos que anteceden.
Por lo anterior, en términos del numeral 275, fracción IV, del
Código de Justicia Administrativa del Estado, se declara la
ilegalidad de la resolución administrativa dictada el veintidós de
junio de dos mil quince, en el procedimiento administrativo de
responsabilidades número ********** por el Coordinador de
Contraloría del Estado.
SÉPTIMO. Declaración de nulidad y sus efectos.
Argumentado jurídicamente lo anterior, este Tribunal de
Justicia Administrativa procede con fundamento en lo
JA-0925/2015-I 56
dispuesto en el artículo 278, fracción II, del Código de Justicia
Administrativa de la Entidad, a declarar la nulidad lisa y llana
de la resolución dictada el veintidós de junio de dos mil quince,
por el Coordinador de Contraloría del Estado dentro el
procedimiento administrativo de responsabilidades **********.
Se precisa que cesan los efectos de la medida cautelar
otorgada al actor mediante proveído del nueve de octubre de
dos mil quince, y al constar en autos a foja 68, el acuerdo del
veintinueve de octubre de dos mil quince, mediante el cual el
Director de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la
Coordinación de Contraloría del Estado da cumplimiento a la
medida cautelar otorgada por el entonces Magistrado
Instructor de la Primera Ponencia de este Tribunal en favor de
**********, se ordena a la autoridad demandada dejar firme lo
mandatado en el mismo, para quedar con carácter de definitivo
al ser efecto de la propia sentencia, con lo cual se satisfacen
las pretensiones del accionante, esto es, deberá abstenerse
de:
a) Remitir copia cotejada de la resolución impugnada a la
Secretaría de Salud del Estado y Servicios de Salud del
Estado, para que fuera aplicada la sanción impuesta a la
parte actora;
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b) Remitir copia cotejada de la resolución a la Secretaría de
la Función Pública, para la inscripción en el padrón de
sancionados, de la sanción impuesta a **********;
c) Realizar las anotaciones de la sanción determinada en
perjuicio de actor en el Libro de Procedimientos
Administrativos de Responsabilidades que se lleva en la
propia Coordinación de Contraloría del Estado de
Michoacán; y,
d) Emitir cualquier tipo de informe derivado del juicio y que
tenga relación directa con **********.
De igual manera, se ordena a la autoridad demandada
agregue copias de la presente sentencia al expediente
administrativo de responsabilidades **********, e informen en
su oportunidad a este órgano jurisdiccional sobre el
cumplimiento que se dé a esta sentencia, enviando copia
certificada de la respuesta pronunciada en acatamiento a la
misma.
El cumplimiento a la resuelto por este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado, lo deberá hacer la demandada
dentro del término de diez días hábiles siguientes a que surta
efectos la notificación de la presente sentencia, con
JA-0925/2015-I 58
apercibimiento legal que, en caso de no hacerlo dentro del
término señalado, serán sujetas a los medios de apremio
establecidos en el artículo 285, del Código de Justicia
Administrativa del Estado.
Por lo señalado y al haberse declarado la nulidad de la
resolución combatida a través del presente juicio de nulidad, el
estudio de los demás argumentos hechos valer en los
conceptos de violación por la parte actora, así como las
defensas y excepciones que en relación a los mismos vierte la
autoridad demandada resulta innecesario, ya que en nada
variaría el sentido de esta resolución, tomando en
consideración que con el presente fallo se satisface su
pretensión.
Tiene aplicación en lo conducente, la jurisprudencia,15
sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, que en su rubro y texto
indica:
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. SI UNO DE ELLOS
RESULTA FUNDADO Y SUFICIENTE PARA DEJAR SIN
EFECTOS EL FALLO IMPUGNADO, ES INNECESARIO EL
ESTUDIO DE LOS RESTANTES. Si al analizar los agravios
15 Registro No. 169379. Localización: Novena Época. Instancia: TCC. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVIII, Julio de 2008. Página: 1671. Tesis: I.7o.A. J/47. Materia(s): Administrativa.
JA-0925/2015-I 59
invocados en el recurso de revisión fiscal previsto en el
artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo (correlativo del precepto 248 del Código Fiscal
de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005),
uno de ellos resulta fundado y suficiente para dejar sin
efectos el fallo impugnado, es innecesario el estudio de los
restantes motivos de queja, pues con ellos no se obtendría
algún otro efecto diverso al ya determinado.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 272, 273, 274, 275, fracción IV, 276,
278, fracción II del Código de Justicia Administrativa del
Estado, se RESUELVE:
PRIMERO. Este órgano jurisdiccional es competente
para conocer y resolver el presente juicio administrativo.
SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio en
relación a la autoridad demandada Director de
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Coordinación
de Contraloría del Estado, en términos del considerando
tercero de esta sentencia.
JA-0925/2015-I 60
TERCERO. Resultaron fundados los argumentos
vertidos por ********** y estudiados en el considerando sexto
de la presente sentencia.
CUARTO. Se declara la nulidad lisa y llana de la
resolución administrativa de fecha veintidós de junio de dos mil
quince, emitida por el Coordinador de Contraloría del Estado,
en el expediente **********, así como de la sanción contenida
en la misma y determinada en perjuicio de **********, de
conformidad con los razonamientos vertidos en los
considerandos sexto y séptimo de esta sentencia.
QUINTO. Se ordena a la autoridad demandada
Coordinador de Contraloría del Estado, informe a este
Tribunal, dentro de los diez días hábiles siguientes a la
notificación de la presente sentencia, del cumplimiento que
hayan dado a la misma.
SEXTO. Notifíquese personalmente a la parte actora y
por oficio a las autoridades demandadas.
JA-0925/2015-I 61
Así lo resolvió la Sala del Tribunal de Justicia
Administrativa de Michoacán de Ocampo, en sesión del
día cuatro de agosto de dos mil dieciséis, por unanimidad
de votos de los Magistrados ARTURO BUCIO IBARRA,
Presidente, GRISELDA LAGUNAS VÁZQUEZ y
CONSUELO MURO URISTA, Instructora, ante la
Licenciada Araceli Pineda Salazar, Secretaria General de
Acuerdos, quien da fe.-
MAGISTRADO PRESIDENTE ARTURO BUCIO IBARRA
MAGISTRADA
GRISELDA LAGUNAS VÁZQUEZ.
MAGISTRADA INSTRUCTORA
CONSUELO MURO URISTA.
JA-0925/2015-I 62
LIC. ARACELI PINEDA SALAZAR SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS.
La suscrita Licenciada Araceli Pineda Salazar, Secretaria General de Acuerdos, hace constar que la presente foja forma parte íntegra de la Resolución pronunciada en el expediente del Juicio Administrativo número JA-0925/2015-I, aprobada en sesión del día cuatro de agosto de dos mil dieciséis, por unanimidad de votos de los Magistrados ARTURO BUCIO IBARRA, Presidente, GRISELDA LAGUNAS VÁZQUEZ y CONSUELO MURO URISTA, instructora; fallo que consta de treinta y dos fojas y es del siguiente tenor: “PRIMERO. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio administrativo. SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio en relación a la autoridad demandada Director de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Coordinación de Contraloría del Estado, en términos del considerando tercero de esta sentencia. TERCERO. Resultaron fundados los argumentos vertidos por ********** y estudiados en el considerando sexto de la presente sentencia. CUARTO. Se declara la nulidad lisa y llana de la resolución administrativa de fecha veintidós de junio de dos mil quince, emitida por el Coordinador de Contraloría del Estado, en el expediente **********, así como de la sanción contenida en la misma y determinada en perjuicio de **********, de conformidad con los razonamientos vertidos en los considerandos sexto y séptimo de esta sentencia. QUINTO. Se ordena a la autoridad demandada Coordinador de Contraloría del Estado, informe a este Tribunal, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la presente sentencia, del cumplimiento que hayan dado a la misma. SEXTO. Notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio a las autoridades demandadas.” Conste.-
“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 97, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia el nombre de la actora, de su apoderado, de los terceros interesados, los números, tipo de signos distintivos en controversia, su denominación, diseño y los servicios que protegen; información considerada legalmente como reservada, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente.”
