Análisis económico y sociAlcoyUnTURA mAyo - JUnio 2009

Año 5 número 24

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¿Conflictos sociales tierra de nadie o tierra de muchos?

El desempeño del Estado y la conflictividad social

Concepciones de participación ciudadana en la minería peruana

Algunas reflexiones sobre la reciente concesión del terminal portuario de Paita

Valores y metas de vida en Yauyos: revisitados

Prioridades ausentes: el marco para gestionar políticas nacionales de juventudes

IndICAdorEs dE oPInIón PúblICA

AnálIsIs EConómICo Y soCIAl

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ISSN: 1818-1996

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DirectorJosé oscátegui Arteta

AnalistaHumberto ortiz Ruiz

Comité EditorialPedro Francke

Farid Kahhatnelson manrique

Editoramaría isabel merino

Diseñomargarita Ramírez Jefferson

Corrección de estiloRocío Reátegui

Producción editorial centro de estudios y

Publicaciones. camilo carrillo 479, Jesús maría,

lima �� – Perú.

Impresión Gráfica Ava s.A.c

Pasaje Adán mejía �03, of. 23 Jesús maría, lima �� - Perú

Coyuntura Análisis económico y social de Actualidad

es una publicación bimestral del centro de investigaciones

sociológicas, económicas, Políticas y Antropológicas

(cisePA-PUcP)

MAYO - JUNIO 2009

Derechos reservados, prohibida la reproducción total o parcial de esta

revista por cualquier medio sin la autorización expresa de los editores.

issn: �8�8-�996Hecho el Depósito legal

en la Biblioteca nacional del Perú nº: 2005-5935

situación económica nacional

sector real indicadores indirectos del niVel de actiVidad empleo sector monetario y bancario mercado de renta FiJa y renta Variable

sector público

sector externo

indice

página 37

Análisis económico y sociAl

página 2

eDiToRiAl

¿conFlictos sociales tierra de nadie o tierra de mucHos?rosa alayza

el desempeño del estado y la conFlictiVidad social

Fernando braVo

concepciones de participación ciudadana en la minería peruana

gerardo castillo

algunas reFlexiones sobre la reciente concesión del terminal portuario de paita

Julio cesar aguirre y Jorge li ning

Valores y metas de Vida en yauyos: reVisitados

Jeanine anderson

prioridades ausentes: el marco para gestionar políticas nacionales de JuVentudes

nicolás zeVallos trigoso

página 5

TemAs De Análisis

página 31

inDicADoRes De oPinión PÚBlicAindicadores de opinión pública

arturo maldonado

los determinantes políticos y económicos de la aprobación del presidente alan garcía

arturo maldonado, Josedomingo pimentel

Fotografíaslas fotografías utilizadas en este número son parte del Portafolio fotográfico de alumnos de la Facultad de ciencias y Artes de la comunicación o del Archivo fotográfico del cisePA.

FotograFía: Jorge morales

FotograFía: daVid Hermoza

FotograFía: arcHiVo proyectos cisepa

FotograFía: eunice riVa

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el cisePA-PUcP, creado en �966, es el centro de investigaciones de los departamentos

académicos de ciencias sociales y de economía, y de la Facultad de ciencias sociales de la

Pontificia Universidad católica del Perú.

Consejo Directivo CISEPA-PUCP

Augusto castro carpio Director

catalina Romero cevallos Decana de la Facultad de ciencias sociales

Aldo Panfichi HuamánJefe del Departamento de ciencias sociales

Waldo mendoza BellidoJefe del Departamento de economía

Alejandro Diez Hurtado Departamento de ciencias sociales

Alan Fairlie Reinoso Departamento de economía

José oscátegui ArtetaDepartamento de economía

el contenido de Coyuntura no expresa necesariamente la opinión del cisePA ni

compromete la posición institucional de la Pontificia Universidad católica del Perú.

Comentarios y/o sugerencias:coyuntura@pucp.edu.pe

http://www.pucp.edu.pe/cisepa/

ContactoAv Universitaria �80� san miguel, lima-Perú

005�-�-6262000 anexo 4350, 4339

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eDiToRiAl

la crisis internacional y sus consecuencias sobre nuestro país, se siguen manifestando en la forma de lo que parece ser un incremento del des-contento de más sectores de la población. sin embargo, es posible pensar que, en esta actitud, podemos encontrar elementos de una insatisfac-ción más generalizada, que estaría relacionada con aspectos de fondo. el caso de la paralización de las comunidades nativas de la selva, que ha afectado significativamente a esa región, podría ser un elemento que respalda esta apreciación. la dificultad para resolver este problema se encuen-tra en que, el reclamo de los comuneros, cuestio-na elementos centrales de la visión de desarrollo del gobierno, resumida en los artículos periodís-ticos del Presidente García sobre el “perro del hortelano”.

el Primer ministro y algunos analistas se han pronunciado en el sentido del “papelón” que significaría que Perú no cumpla con los acuerdos firmados en el llamado Tlc con eeUU. sin embar-go, otra mirada nos haría preguntarnos más bien, cómo fue posible que en la negociación de esos acuerdos no se haya tomado en cuenta, debida-mente, los intereses de esa población tan peruana como cualquier otra, pero más desprotegida que ninguna.

nunca ha podido demostrarse que la relación entre crisis económica y crisis política es lineal y directa. Hay aspectos sociales e instituciona-les que medían dicha relación y hacen que en muchos países con crisis económica, no haya crisis política sino, tal vez, sólo algunos conflictos aisla-dos, incremento de la anomia social y nada más. esperemos que este sea el caso nuestro, aunque las fallas casi tectónicas en nuestro sistema político y en nuestras instituciones dan lugar para algún pesimismo.

Por otro lado, el análisis económico en nuestro país ha sufrido debido a la desconfianza de muchos analistas con respecto a la imparcialidad con que el organismo encargado de la medición

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de la actividad económica y de su publicación (inei), produce las cifras. el problema, aunque fue detectado por especialistas, tiene una impor-tancia mayor, pues el inei produce la informa-ción que utiliza todo el aparato del estado para la planificación de sus actividades. la acusación seria es que este organismo del estado esta-ría sobreestimando, intencionalmente, los datos sobre el nivel de actividad. la base de la suspica-cia es la aparente coincidencia de la modificación de la manera en que dichos datos se estiman, con el inicio de los efectos de la crisis interna-cional sobre nuestra economía. el Presidente del inei no ha querido presentar los datos que se obtendría si se siguiera utilizando la anterior metodología.

este es un caso en el que la autonomía de una institución fundamental del estado respecto del Gobierno está en duda, lo que muestra una de esas fallas en nuestra institucionalidad de las que hablábamos líneas arriba.

en este número presentamos el cuidadoso análisis de Rosa Alayza en el que se muestra las dificulta-des que la estructura socio-política peruana pre-senta a la construcción de la nación como orga-nización de ciudadanos con derechos, pero sobre todo con una visión conjunta compartida de lo que constituye lo público, lo que es de interés de todos. el artículo de Fernando Bravo muestra que, pese al incremento del número de conflictos, el estado no tiene o los mecanismos o la capacidad o la imparcialidad para prevenirlos y/o resolverlos. Gerardo castillo, a partir de la constatación de la inexistencia de mecanismos formales de comu-nicación a través de los que la población pueda influir sobre los conflictos que involucran a empre-sas mineras, presenta las diferentes concepciones sobre participación ciudadana, que los actores de los conflictos manejan. Julio Aguirre y Jorge li ning consideran que, dada las limitaciones del estado, la concesión de la operación y desarrollo de los puertos es la mejor alternativa que, además,

sería necesaria para enfrentar la competencia de otros puertos y complementar la integración con el Brasil vía iiRsA. Jeanine Anderson documenta el trabajo realizado en yauyos por un equipo del cisePA, como un esfuerzo en el camino de hacer un trabajo que, al mismo tiempo que identifica los elementos de larga duración, también abar-ca los efectos locales, regionales, nacionales e internacionales, pues el volver a visitar un lugar estudiado y al hacer uso de lo investigado sobre él es posible “revisitar” lo que se hizo y hacer comparaciones.

nicolás Zevallos, indirectamente, muestra las limi-taciones del estado pues, pese a que son nece-sarias políticas específicas para la juventud, no existen ni los canales ni los recursos para que estás puedan implementarse.

Al cierre de esta edición nos enteramos de que las acciones llevadas adelante tanto por el ejército y la policía como por las poblaciones indígenas y pobladores de Bagua, han resultado en un ele-vado número de muertos del lado de la policía y también del de la población civil. Aunque nos llegan noticias sobre mayor número de muer-tos e incluso de la existencia de fosas comunes, estas son, hasta este momento, rumores no con-firmados. lo que ha ocurrido, es la “crónica de una muerte anunciada”. Todos recordarán, en particular quienes lo celebraron, el artículo del Presidente García sobre “el síndrome del Perro del Hortelano”:

“Para que haya inversión se necesita propiedad segura, pero hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir...este es un caso que se encuentra en todo el Perú, tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económi-cos, por tanto su propiedad es aparente. esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero, pero la telaraña ideológica del siglo XiX subsiste como un impedimento”.�

el eDiToR

� García Pérez, Alan. ”el síndrome del perro del hortelano”. en el comercio, 28 oct. 2007, p. A4.

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ConFlICtoS SoCIAlES: ¿tIErrA DE nADIE o tIErrA DE mUChoS?

no deja de asombrarme el número, la intensidad y la permanencia de los conflictos sociales y, al mismo tiempo, cómo, la mayoría si no la totalidad de ellos, se mantienen mes a mes sin resolverse. contamos con un registro continuo a cargo del equipo de la Defensoría del Pueblo, y también recibimos información a través de diversas redes u organizaciones vinculadas a las distintas problemáticas.

Un efecto positivo de recibir toda esta información ha sido que ella nos abre un poco los ojos, dándonos una perspectiva compleja de los conflictos sociales, lo que completa el panorama de la sociedad peruana. caso contrario, nos quedamos con nuestra mirada exclusiva-mente limeña, muy marcada por lo que recogen y colo-can como importante los medios de comunicación de alcance nacional. sin dejar de valorar lo anterior, perci-bo que esta llamada «mirada nacional» resulta fragmen-tada, dispersa y superficial; difícilmente contamos con los elementos suficientes para responder con seriedad a preguntas básicas. A partir de varias experiencias, he llegado a la conclusión de que para entender la lógica de los conflictos sociales que ocurren en muchas regiones del país hay que vincularse con informantes locales que puedan recoger y explicar las coordenadas, trayectorias, sentires y formas que manejan los actores involucrados localmente.

A pesar de la presencia de tantos provincianos en lima, es claro que la dinámica de la capital no puede ser asi-milada, como le ocurre a un montón de citadinos que siguen creyendo que lima es el Perú. si bien sabemos que hay otras formas de vida, muy propias y densas, en el resto del país, no siempre incorporamos estas nocio-nes en nuestros análisis; porque implican un cambio de dirección de nuestra propia lógica para entrar en otra a la que no estamos acostumbrados y que pertenece a grupos o actores de otras regiones. esto es así porque nuestra cotidianeidad está inmersa en lima. y aunque lima ofrezca todavía muchos atractivos a pobladores de distintas localidades, para muchos de ellos es claro que dejar su terruño no es una disyuntiva. su vida y el futuro de los suyos lo asocian a sus lugares; los que desde lima, otros los vemos ajenos, anecdóticos y atra-sados probablemente.

esto trae a colación un problema de fondo. los con-flictos sociales evidencian que no solamente el estado nacional no cuenta con suficientes canales institucio-nales de relación con las regiones o localidades que permitan canalizar las demandas antes de que se con-viertan en conflictos o que, cuando ocurren, se encami-nen a una solución. También los ciudadanos citadinos compartimos de uno u otro modo la enajenación que implica nuestra vida en la lima ciudad, en la capital. es

Rosa alayzaProfesora de ciencia Política del Departamento de ciencias sociales de la PUcP

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así como desde una mirada de la vida política nacional también constatamos los abismos de separación entre peruanos y peruanas. Pero más allá de esta verificación concreta, esta realidad trae serias implicancias para la reflexión y el uso de ciertas categorías del análisis político.

¿Hablar de conflictos sociales es lo mismo que hablar de sociedad civil? ¿Qué dimensiones de la ciudadanía están implicadas en estos conflictos sociales? ¿en qué espacios se mueve la sociedad civil o sus grupos organi-zados y en cuáles las de los conflictos? ¿cómo se expre-sa la dimensión público política en estos conflictos? ¿Qué imagen de la vida pública se puede establecer a partir del mapa de conflictos sociales?

ConfliCtos soCiales y soCiedad Civil

no pretendo responder a todas estas preguntas, pero sí me gustaría empezar una reflexión mirando la relación entre lo que llamamos «conflictos sociales» y «grupos de la sociedad civil». ¿estamos hablando de lo mismo? ¿o se trata de fenómenos distintos? y cómo desde cada uno de ellos hay que mirar la construcción de lo público como esa dimensión que nos debiera concernir a todos.

la idea de sociedad civil implica la existencia de grupos de ciudadanos activos que se movilizan por sus deman-das, que pueden ser diversas, y que buscan influir en el estado para que incorporen sus puntos de vista en la resolución del problema que se enfrenta. se entiende que los grupos organizados tienen por experiencia un manejo de problemáticas parciales o sectoriales, y pue-den muchas veces contar con expertos en los asuntos que los conciernen. Para estos grupos es clave ver los canales de conexión con el estado, puesto que por allí saben que pueden hacer llegar sus planteos incluso cuando no se han movilizado aún. estos grupos organi-zados que funcionan en lima y en las regiones incluyen redes, organizaciones no gubernamentales (onG), gru-pos populares y personas independientes.

De acuerdo con varios autores, entre ellos Habermas, la movilización de los grupos de la sociedad civil implica una combinación exigente por parte de sus miembros que consiste en el manejo de la demanda parcial en la que ellos son especialistas y, al mismo tiempo, un sen-tido más de conjunto de la vida pública. es decir, una conciencia de ciudadanía no solo puede referirse a la defensa de mis derechos parciales, sino que implica una noción de lo público entendida como una dimensión

compartida de preocupación o apuesta por asuntos que nos atañen a todos los que compartimos con otros grupos que pueden estar movidos por otros intereses muy distintos a los de ellos.

si no se construye este sentido de lo público, como la preocupación por los asuntos comunes que nos atañen a todos, resulta muy difícil hablar de política en un sentido constructivo o de agregación de intereses o de concertación de grupos. la política se volvería un intercambio de demandas o un agregado de estas sin un sentido de apuesta común. la tendencia y tentación constante de todos los grupos consiste en privilegiar su demanda grupal, lo que representa una fuerte presión que ciertamente es necesaria para activar la moviliza-ción por sus intereses. Pero cuando ella no cuenta con un mínimo sentido de lo público, dificulta enormemen-te que los involucrados puedan hacer alianzas, dialogar con otros grupos fortaleciendo su propia acción y la realización de sus objetivos.

en el desarrollo de las democracias, los grupos movili-zados tienden a poner sobre el tapete sus demandas, sin estar en gran capacidad de dialogar bajo la premisa de la construcción pública, esto último es un sentido común que se consigue con procesos acumulativos, donde el estado, como la sociedad, adopta la realiza-ción de los acuerdos tomados. Así lo público se hace realidad en políticas o instituciones o servicios, y en las propias conciencias de las personas. lo público en estas circunstancias es el resultado de procesos donde se gana ciudadanía. Por tanto, no estamos hablando de un hecho completamente nuevo. esta relación entre la demanda grupal o parcial y la construcción en común es una vieja tensión de la política que por muchos años se ha expresado en la conquista de los derechos ciu-dadanos. Justamente, la existencia de estos derechos muestra una forma exitosa de esta relación porque el estado termina por hacerse cargo de la demanda social al saber que tiene que garantizar ciertos estándares de vida a los miembros de la sociedad, que se sienten res-petados y reconocidos cuando esto ocurre.

Por lo general, cuando en el Perú nos referimos a los grupos de la sociedad civil estamos hablando de redes o colectivos con identidades claras que se identifican con banderas vinculadas al género, los derechos huma-nos, el medio ambiente, la lucha contra la pobreza, por el Tratado de libre comercio (Tlc) realizado con equidad y transparencia, etcétera. estos son grupos que han logrado articular no solo demandas, sino el análisis de las problemáticas que manejan y sus accio-nes se mueven entre el estado y la sociedad. es decir,

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constantemente se relacionan con representantes o funcionarios para reformular leyes, o proponer nuevas, y opinan sobre los casos que se presentan. su trabajo transcurre entre el estado y la sociedad; por lo general, al contar con profesionales especializados sobre deter-minados temas, ellos se ganan el respeto de funciona-rios y representantes. muchos de estos grupos están contactados con sectores populares involucrados en estas problemáticas; pero, claramente, su trabajo está muy orientado; en primer lugar, al sector del estado y; en segundo lugar, a influir en la sociedad.

el mercado como categoría y como realidad se ha hecho presente de muchas formas y de modo especial desde fines de los ochenta y la década de los noventa. ni el estado ni los miembros de la sociedad civil escapan de esta influencia. Un signo de ello ha sido el uso de los criterios de eficiencia, del vocabulario y las categorías empresariales de gestión aplicadas a las organizaciones de la sociedad y del estado. A esto hay que añadir que la lógica del mercado entró a formar parte de la coope-ración internacional, especialmente, a través de las con-diciones impuestas por los estados cuando entregan su dinero para la cooperación al desarrollo. los individuos tampoco escapamos a esta lógica del mercado que ha impregnado nuestras relaciones y modus vivendi.

es muy fuerte la competencia de organizaciones no gubernamentales por los fondos de la cooperación internacional pública o privada. y, justamente, dicha competencia ocurre muchas veces al aplicar los criterios del mercado, donde compiten y ganan los mejores. esto ha obligado a un proceso de diferenciación de las onG respecto de otras organizaciones sociales. es decir, ellas, las onG, han tenido que especializarse en determinados campos, utilizar mecanismos de efi-ciencia y eficacia en la gestión de sus organizaciones y demarcar con toda claridad su campo de intervención para sobrevivir bajo relaciones de competencia. esto ha traído también un proceso interno de diferenciación entre las grandes onG, las conocidas y el resto. Desde hace varios años, la vinculación con los sectores popula-res ha pasado a un segundo plano, especialmente, si lo comparamos con las décadas de los ochenta y setenta. Así, la tendencia ha sido apuntar a sostener un trabajo más especializado y enfocado en la incidencia política en el estado, volviéndolo el foco principal, encargado de recibir sus propuestas.

la lógica de funcionamiento mencionada antes ha llevado a que se privilegie una lógica de la acción de las onG distinta a la del movimiento social o los grupos populares movilizados que aparecen en los conflictos

sociales. Hace ya varios años que la poca relación entre estos grupos es palpable. y, ante la imagen pública, los grupos identificados como pertenecientes a la sociedad civil aparecen como grupos especializados que tienen un discurso técnico político consistente, pero que no siempre está articulado a demandas populares. Al mismo tiempo, muchos representantes políticos y fun-cionarios cuestionan a estos grupos o personas por su condición de representación y los tratan como si fueran advenedizos en la política, lo que responde a una ima-gen bastante tradicional, donde solo los representantes de partidos políticos tienen justificación para ejercer la acción y opinión política.

Para que la sociedad civil sea vital, necesita de la actividad de los grupos movilizados porque ellos cons-tantemente ponen en tensión la forma como se dan las relaciones entre el estado y la sociedad, sacando a relucir las deficiencias de la vida ciudadana. Aunque estos grupos no tengan tanto impacto o no estén tan bien organizados o que sus vínculos con las onG no sean muy sólidos, traen consigo la vitalidad que implica su movilización y, de esa manera, al incomodar al resto, recuerdan la necesidad de contrarrestar los obstáculos que la sociedad o el estado ponen al ejer-cicio ciudadano.

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ConfliCtos soCiales

cuando nos referimos a los conflictos sociales, habla-mos por lo general de grupos movilizados socialmente por reivindicaciones o porque enfrentan a una autori-dad local o nacional. en verdad hay muchos conflictos dispersos en el país. Por lo general, estos grupos locales incluyen distintos tipos de actores entre los lugareños, me refiero a los afectados por el problema en cuestión, sus dirigencias, otras organizaciones locales que los apoyan, etcétera. en muchos de los casos encontramos que las movilizaciones implican acciones de bloqueos para llamar la atención a las autoridades o la demanda de la presencia del ministro del ramo.

el gobierno y muchas veces los medios de comunica-ción se encargan de mostrarnos que tras estos grupos hay instigadores que buscan el caos. Buscar quitarle legitimidad a la demanda social implica quitarle piso a los actores sociales mostrándolos precarios, primitivos o irracionales. Por tanto, hay que concluir que todo está caminando sobre ruedas y que ellos están fuera de lugar. Al mismo tiempo, se ve claramente que en muchos de los casos hay demandas que no se han resuelto y que resurgen con fuerza, debido a que el estado no ha cumplido su parte o que ha propuesto una ley que afecta a estos grupos.

en el otro extremo, están los que asumen sin criticidad los comportamientos de los activistas de los conflictos sociales, porque en lo fundamental están políticamente en lo correcto y con ello tampoco se molestan en ver formas de solución de conjunto.

Pero, al mismo tiempo, en los conflictos sociales no solo intervienen dos partes, sino una tercera que tiene que ver con la imagen que transmiten los medios de comunicación. su interpretación implica una manera de presentar los actores sociales y el conflicto. esto constituye otra parte de la discusión, es decir, el resto de la sociedad que no participa directamente del conflicto, discute también en qué consiste el conflicto y qué le toca a cada parte involucrada y cómo debería actuar el gobierno.

Desde lima, se miran y se discuten algunos de los conflictos sociales que se desarrollan en otros lugares del país; claro, esto es así cuando estos han sido reco-gidos por los medios nacionales o cuando la fuerza del conflicto ha tenido repercusión nacional a pesar del silencio de los medios. es importante anotar que, en la capital, la interpretación del devenir del conflic-to social forma parte del proceso de legitimación o

deslegitimación de los conflictos sociales. Así, presencia-mos cómo algunas personas reconocidas públicamente opinan a favor o en contra de ellos, a la par que pueden estar ocurriendo algunos procesos de negociación entre las partes.

el sentido de lo públiCo en Cuestión

la descripción hecha aquí no pretende agotar todo lo que implican los conflictos sociales, pero sí mostrar; primero, que se mueven en distintos planos del escena-rio político nacional y; segundo, que su tratamiento se refiere a actores que no necesariamente incluye a los que se identifican como parte de la sociedad civil.

sobre lo primero, me parece importante subrayar que aunque algunos de los conflictos que ocurren en luga-res remotos del país, su envergadura y la reproducción que de estos hacen los medios de comunicación lleva a que participemos de ellos haciendo parte de las corrien-tes de opinión que se forman y que ciertamente influ-yen en la manera y propuesta que el gobierno plantee para lograr encontrar una solución. Dicho lo cual, aún desde lejos y con regulares conexiones, terminamos siendo parte de las fuerzas que entran a tallar cuando los conflictos se nacionalizan. luego, hay que ver que los conflictos sociales, en la medida que tocan proble-máticas que afectan a grupos de ciudadanos peruanos, contribuyen a democratizar el ejercicio ciudadano, porque obligan al estado a aceptar la diversidad que somos. esto es así, incluso aunque los propios actores no sean tan democráticos en sus formas de proceder; porque, en definitiva, la democratización ocurre con la formación de las normas o políticas que contemplan sus demandas.

Al mismo tiempo, constatamos la distancia y dificultad que tenemos de comprender la complejidad de un escenario local o regional cuyas coordenadas, así como las mentalidades de los lugareños, funcionan con otros razonamientos distintos de los nuestros, los que obede-cen, no solamente a cuestiones culturales, sino al hecho de que existe una historia particular y concreta que les confirma o niega sus formas de actuar, así como sus mentalidades. Dicho de otro modo, existe una razona-bilidad en la forma de acción local más allá de que nos parezca adecuada o no para las circunstancias.

Quizá esto último representa una de las mayores barreras para comprender y arribar a propuestas que sean soluciones reales donde las partes se sienten aten-didas y entendidas en lo fundamental. me refiero a lo

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particular y concreto de cada situación; en el caso de los conflictos sociales, muchas veces eso está negado o ausente porque se impone la fuerza de la mentalidad y modus operandi de lima. A lo dicho se suma la premu-ra de las autoridades por desvanecer el conflicto que de por sí les resulta incómodo, porque para el funcionario o representante lo importante es la estabilidad política por aquello del riesgo país. Así, la lógica del poder central incluye los medios de comunicación nacionales, basados en ideas que comparten tanto en el estado, como en los grupos de poder económico y en sus círculos sociales allegados. Por eso, en varios de los conflictos se hace inocultable un peso autoritario, que no es otra cosa que el uso de su poder para resolver haciendo manifiesto un desprecio por lo provinciano, como si no tuviera vida propia o razones para esgrimir un punto de vista distinto.

los grupos que se sienten parte de la sociedad civil muchas veces no están al tanto de la problemática de los grupos que encarnan los conflictos sociales. estos últimos se mueven con sus demandas ciudadanas sobre todo en el campo local o regional, movilizando o buscando el apoyo de la población local y enfrentan al poder regional o central. Hay un manejo político en estos grupos que no siempre parece democrático, más todavía sus acciones de impacto recurren a la violencia o a hechos extremos para llamar la atención. en varios conflictos locales que han tendido a nacionalizarse ha ocurrido que algún vocero de una institución nacional, o una red de instituciones, o personalidades se pronun-cian y colaboran en visibilizar el conflicto. en definitiva, la lógica del reclamo sumada a la desconfianza en las autoridades nacionales marca una atmósfera de desconfianza que hace muy difícil arribar a acuerdos. sucede muchas veces que el poder central aparece bajo distintas vocerías que no siempre están de acuer-do en lo mismo. esto crea confusión en unos casos y abre rendijas de nuevas negociaciones en otros.

lo que queda en claro es que en los conflictos sociales se expresa la marginalidad político social de los involu-crados, es decir, los actores centrales no solamente son pobres o con pocos recursos, también se saben, histó-ricamente hablando, discriminados o poco escucha-dos, por lo cual les sobran razones para mantener su desconfianza ante las autoridades. en suma, el piso no está parejo cuando se trata de los conflictos sociales, no solamente por su condición social o cultural, sino por su historia de discriminación que se activa junto con sus demandas y presencias. se constata una gran distancia entre los actores movidos en los conflictos sociales y los miembros de grupos de la sociedad civil, mayormente

instalados en el centro del país, y con relativo acceso a las instituciones claves del estado.

Pero la distancia no existe solamente entre representan-tes o funcionarios del estado y líderes de los conflictos sociales. otro problema es la distancia entre quienes activan la sociedad civil y los actores de los conflictos sociales, porque los primeros como los segundos apa-recen ante el resto como parcializados por su propia demanda. en esta lógica pareciera que los actores de la sociedad civil forman parte de la sociedad demo-crática, mientras quienes activan los conflictos sociales simplemente son grupos movilizados en pos de una demanda. con estas divisiones vemos que lo público, como espacio o imaginario común, resulta mermado y pocos son los que de verdad se ubican allí a partir de sus demandas particulares.

la pregunta que me preocupa, a todo esto, es ¿cómo cada uno de los actores mencionados está contribu-yendo a construir lo público?, tanto desde los grupos o miembros de la sociedad civil, como desde los actores de los conflictos sociales, como desde los representantes del estado. ¿Qué papel le toca a los representantes del estado, cuál a la opinión pública y cuál a los grupos organizados? lo público debiera emerger como un imaginario común de preocupación, como espacios interrelacionados que implican el reconocimiento de distintas problemáticas particulares enlazadas por compromisos y apuestas ciu-dadanas comunes. Pero, justamente, constatamos que una buena parte del problema para la construcción de lo público es no aceptar la condición de los actores que par-ticipan, por el contrario, se trata de descalificarlos y con ellos a sus demandas. en otros casos, se piensa que solo al estado le corresponde ocuparse de lo público, mientras como ciudadanos nos ocupamos de nuestros asuntos privados; o también hay quienes se creen «dueño de lo público» por el hecho de poseer una perspectiva demo-crática, sea en el caso de los representantes políticos o de los miembros parte de la sociedad civil.

Por el contrario, hoy día, la construcción de lo público implica que las partes actualmente poco conectadas, muchas veces encontradas entre sí, son piezas de un mismo rompecabezas; y que junto, con el resto, espec-tadores o partícipes activos tenemos la responsabilidad política de hacer que fluya el diálogo entre partes, lo que nos permitirá avanzar en formarnos un imaginario público común, sin dejar nuestras parcialidades, pero sabiendo ponerlas a nivel del resto y no por encima como ocurre hasta ahora. en definitiva, este espejo de lo público será el derrotero que permite medir nuestro talante democrático.

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FeRnando BRavosociólogo. Profesor del Departamento de ciencias sociales de la PUcP

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El DESEmPEño DEl EStADo y lA ConFlICtIvIDAD SoCIAl

A fines de la presente década, y en medio de la reciente crisis mundial, convergen en el Perú la etapa más pro-longada de crecimiento económico, el segundo intento por consolidar la democracia representativa, así como un inédito proceso de intensificación de la conflicti-vidad social. Todo ello en un contexto de persistente desconfianza en los encargados de formular y ejecutar las políticas públicas y en las capacidades operativas de las instituciones y reglas formales, que no funcionan igual para todos.

Tan curioso panorama desliza la sospecha de que las seguridades promovidas por los discursos tecnocráticos no se han materializado en la extensión y la profundi-dad previstas, a pesar de la eficacia de las que supues-tamente venían premunidas. la desigual distribución económica, la exclusión social, la discriminación étnica, el irrespeto de los derechos de peruanos vistos como ciudadanos de segunda categoría, todo ello se engarza con un fuerte desprecio hacia «el otro», hacia aquellos que, se dice, insisten en nutrirse de la «utopía arcaica», de lo mágico religioso, de su relación ancestral con sus territorios. es decir, aquellos peruanos de quienes solo se habla cuando deciden protagonizar graves medidas de fuerza. Tras varias semanas de haber sido ignoradas por el «Perú oficial», las movilizaciones de grupos étnicos amazónicos configuraron una coyuntura que logró abrirse paso en medio de la inicial indiferencia de los estamentos oficiales y sectores de la sociedad que aún piensan que la selva amazónica es un espacio despo-

blado e inagotable, que precisa ponerse en valor a como dé lugar.

Al momento de redactar este artículo, dicho conflicto aún no se había transformado en términos favorables para las partes involucradas. sin embargo, esta coyun-tura presenta algunos elementos que señalan que la conflictividad social no es la especialidad de un discurso oficial que sostiene haber blindado al país de los cho-ques externos de la actual crisis.

¿ConfliCtos sin alertas tempranas?

la ya clásica trayectoria de los conflictos sociales en el Perú destaca que son las propias políticas de estado las que los desencadenan. más todavía cuando esas deci-siones se adoptan sin tomar en cuenta el parecer de aquellos que se verán afectados por sus consecuencias, sean estas buenas o malas, como en el caso del paro amazónico mencionado.

Fue a fines de junio de 2008 cuando el gobierno cul-minó su frenesí de �02 decretos legislativos emitidos al amparo del Tratado de libre comercio con estados Unidos, entre los cuales existían más de una decena con innegables efectos en los espacios amazónicos. Además de no haber pasado por el Parlamento, lo que pudo haber generado un debate público previo, tales decretos no fueron consultados con la población afectada, pese a que el derecho a la consulta es recono-cido por el estado peruano, en su calidad de suscriptor

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del convenio �69 sobre Pueblos indígenas y Tribales en Países independientes, cuya falta de reglamenta-ción no autoriza a tomar decisiones a espaldas de los involucrados.

el resultado: miles de personas movilizadas, bloqueos de ríos y carreteras, paralización del oleoducto nor Peruano, retención de embarcaciones de empresas petroleras, toma de un aeropuerto, todo esto en amplias zonas de la selva, tales como cenepa, morona Pastaza, Atalaya, moyabamba, el valle de Pichis, Puerto maldonado, Urubamba Alto y Bajo, así como en el río corrientes (loreto).

como ha ocurrido con otros conflictos, el estado, sus agencias especializadas y la prensa capitalina recién se ocuparon del conflicto amazónico cuando este ya había alcanzado su fase de escalamiento. y repitiendo un clásico patrón, aparecieron las insistentes tesis sobre el papel de dirigencias extremistas, la descalificación de las demandas de los movilizados y la falta de informa-ción, bajo la idea de que las cosas están bien hechas y que los manifestantes están mal informados, quienes por añadidura «no saben lo que quieren».

Pero ¿cuál era la situación de las agencias guberna-mentales frente a conflictos de esta magnitud? ¿Basta que un dirigente hable de «insurgencia» para focalizar los esfuerzos de neutralización únicamente en ese des-medido gesto?

la estruCtura gubernamental y ConfliCtividad soCial1

la experiencia del estado peruano ante los conflictos internos estuvo marcada históricamente por la repre-sión abierta, la cooptación y la indiferencia. Pero los conflictos evolucionan al calor de las transformaciones sociales y económicas, por lo que en años recientes estos comenzaron a nutrirse de nuevas sensibilidades e intereses, como, por ejemplo, los relacionados con la preservación de recursos naturales, impactos ambienta-les, salud pública, acceso a los ingresos generados por actividades extractivas, etcétera.

la frecuencia de los conflictos sociales y ambientales se incrementó hacia finales de los años noventa y fueron los gobernantes posteriores quienes debieron enfren-

tarlos. el gobierno de Alejandro Toledo activó oficinas gubernamentales orientadas a prevenirlos. en el 2004, el estado peruano disponía de la oficina General de inteligencia en el ministerio del interior y de la Unidad de Análisis estratégico y Prevención de conflictos en la Presidencia del consejo de ministros (Pcm).2

estas dependencias no lograron cumplir su labor, en tanto la conflictividad social se incrementó, pese a la estabilidad económica y las expectantes cifras de cre-cimiento. Dispuesto a evitar la misma experiencia, la nueva gestión de Alan García decide crear la comisión multisectorial de Prevención de conflictos sociales en octubre de 2006. luego, la anterior unidad de preven-ción creada por Toledo se reconvierte en la Unidad de Análisis y Prevención de conflictos sociales.3

en este mismo gobierno, a instancias de las exigencias del Tratado de libre comercio (Tlc), en mayo de 2008, se crea el ministerio del Ambiente (minAm), el cual también dispondría de su respectiva unidad de conflic-tos. no está de más añadir que el ministerio de energía y minas posee una oficina General de Gestión social, diseñada para promover relaciones armoniosas entre las empresas minero energéticas y la sociedad. se tiene, pues, toda una gama de agencias del estado orienta-das al análisis y la prevención de los conflictos.

el desempeño del estado frente a los ConfliCtos

De acuerdo con Walter Albán, anterior encargado de la Defensoría del Pueblo (DP), desde que esta institución comenzó a emitir informes sobre los conflictos sociales (2004), estos han aumentado inconteniblemente.4 y, en el último año, la tendencia se conserva, tal como se observa en el siguiente gráfico.

� no se considera aquí a la Defensoría del Pueblo porque su misión no se enmarca en el plano ejecutivo del gobierno central.

2 Véase <http://www.pcm.gob.pe/Prensa/ActividadesPcm/2004/noviembre2004/�0.��.04-�9�-DP.htm>. consulta hecha el 22/5/09.

3 nótese cómo en el estado peruano, de gobierno a gobierno, se recrea y redefine una misma instancia gubernamental de acuerdo con la visión de cada gobernante de turno. esto es indicativo de aquel rasgo de la cultura política local de comenzar todo de nuevo, deshaciendo lo que hizo el anterior gobierno y poniendo en riesgo la continuidad de las políticas de estado.

4 Véase <http://www.larepublica.com.pe/content/view/247295/ 483/>. consulta hecha el 2�/5/09.

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Fuente: Defensoría del Pueblo, mayo 2009.

este incremento indica que, pese la existencia de agen-cias gubernamentales supuestamente especializadas, algo no está funcionando en ellas. ¿con qué actitud y estrategias ha respondido la institucionalidad para revertir esta tendencia?

Algunos constatan que las estrategias o han sido inade-cuadas o no han existido:

la Presidencia del consejo de ministros, a través de su Unidad de conflictos y la comisión multisectorial de Prevención de conflictos, así como la oficina General de Gestión social del ministerio de energía y minas, los órganos de inteligencia y el consejo nacional de seguridad ciudadana, entre otros, exhiben resultados limitados, cuando no inefectivos. Por el contrario, la res-puesta inadecuada o la ausencia de respuesta facilita su incremento progresivo.5

otros son más categóricos en diagnosticar incompe-tencia, en razón de que las instancias especializadas en conflictos están dirigidas por gente no calificada para ese encargo:

[la Unidad de Prevención de conflictos] está dirigida por un incompetente, que es el señor [Juan manuel] Figueroa, un aprista al que le han dado el trabajo porque tiene carné. eso es parte del copamiento aprista. lamentablemente, el primer ministro Jorge Del castillo sacrificó el tener gente eficiente, que maneje adecuadamente los conflictos, por la necesidad de darle trabajo a sus ‘compañeros’. esa área no sirve para nada.6

De hecho, hay razones para sindicar niveles de incom-petencia en dichos cargos de responsabilidad. sin embargo, este factor puede entretejerse con aquellos relacionados con la actitud con que se procesan los conflictos y con la ausencia de cuadros especializados en los cargos intermedios que son, por lo general, aquellos que se «ensucian los zapatos» y enfrentan vis-à-vis los acontecimientos.

en palabras de la DP, se advierte una «insuficiente capacidad de respuesta del estado, que se expresa generalmente en displicencia en la etapa temprana del conflicto, represión en el escalamiento y la crisis e incumplimiento de los acuerdos contenidos en las actas suscritas con ocasión de la solución del conflicto. la institucionalidad intermedia, especialmente, no cuenta con recursos personales para manejar y transformar los conflictos».7

la tesis de la manipulaCión

sin embargo, a la incompetencia de las cabezas de las unidades de conflictos, a la respuesta tardía que se les da y a la debilidad de los recursos humanos disponibles para tratarlos, hay que añadir un elemento del que participan los gobernantes actuales, varios partidos políticos, la mayoría de empresarios y un sector del periodismo.

este elemento consiste en considerar que las poblacio-nes que asumen medidas de fuerza como reacción ante decisiones que afectan sus intereses lo hacen porque ellas se encuentran digitadas por grupos políticos extre-mistas, organizaciones no gubernamentales (onG), sacerdotes «comunistas» o medios de comunicación locales.

esta falaz tesis se sustenta en un conjunto de prejuicios sobre las comunidades andinas y amazónicas: están conformadas por gente poco instruida, cuando no analfabeta, y por tanto manipulable. son personas que desconocen totalmente sus derechos; pues al vivir inco-municadas ignoran las experiencias de otras regiones, dado que son indígenas están inhabilitadas para enten-der las bondades del mercado y del capital. en suma, se trata de personas que no son capaces de pensar por sí

Frecuencia de los conFlictos socialesabril 2008-abril 2009

5 <http://www.generaccion.com/usuarios/opinion/articulos/?codarticulocliente=�7�>. consulta hecha el 22/5/09.

6 Aseveración del sociólogo y ex ministro del interior Fernando Rospigliosi en <http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/html/2008-08-20/unidad-prevencion-conflictos-pcm-dirigida-incompetentes.html>. consulta hecha el 20/5/09.

7 Defensoría del Pueblo. informe extraordinario sobre los conflictos socio-ambientales por actividades extractivas en el Perú. lima: Defensoría del Pueblo, 2007, p. �5.

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8 se trata de variantes que comparten una matriz racista, proveniente de la «herencia colonial», que ve a la población indígena como «menores de edad», ignorantes y, en algunos casos, gente resenti-da. no es casualidad que, en otra coyuntura, políticos como Pedro Pablo Kuczynski minusvaloraran las capacidades de la población andina, porque se asienta en «lugares donde la altura impide que el oxígeno llegue al cerebro». o que Antero Flores-Aráoz, frente a la propuesta de ratificar el Tlc por referendo, respondiera «¿le vas a ir a preguntar a las llamas y vicuñas sobre el Tlc?».

mismas, por lo que se requiere de un actor externo que las direccione a su antojo.8

Pues bien, esta tesis, que tiñe la forma de entender los conflictos, resulta peligrosa tanto por sus contenidos políticos ideológicos cuanto por impedir un abordaje adecuado y responsable de los conflictos. Aparte de dejar de lado las cosmovisiones de las poblaciones, las maneras en que esta se relaciona con la naturaleza y el territorio, con tan estrecha mirada, se pierden de vista los reales factores subyacentes, se malinterpretan los eventos desencadenantes y se manejan mal los con-flictos. el resultado: conflictos inmanejables, difíciles de transformar, situaciones de desborde social, sensación de ingobernabilidad. casi se ha llegado a eso con las movilizaciones amazónicas comentadas en párrafos anteriores.

esa es la gran debilidad de insistir en un manejo no preventivo de los conflictos, que no toma en cuenta su multidimensionalidad y la necesidad de disponer de estructuras gubernamentales competentes, además de las herramientas conceptuales que incidan en su mane-jo responsable. Tan improvisada posición se hace más riesgosa cuando ella se contamina de desprecio hacia las poblaciones afectadas, de descalificación a priori y de la táctica de enfrentar los derechos de un sector étnico o social con los derechos de otros segmentos poblacionales.

Por otro lado, si bien los operadores del estado han recurrido muchas veces a las mesas de diálogo, estos acercamientos han venido perdiendo eficacia porque no siempre logran continuidad y no se suelen cumplir los acuerdos obtenidos, en lo que tienen responsa-bilidad también las propias dirigencias sociales. en el caso del paro amazónico, por ejemplo, no hay mucha seguridad de que, logrado un acuerdo, las dirigencias garanticen en el tiempo que sus representados lo respeten. esto produce pérdida de confianza en los

mecanismos institucionales en la resolución de las con-troversias, reforzando la percepción de que el diálogo es improductivo y solo sirve para que la otra parte «gane tiempo».

perspeCtivas

si el estado insiste en mantener la institucionalidad que sigue los procesos sociales dentro de esquemas menta-les signados por el prejuicio y la ideología, con escaso presupuesto y personal políticamente reclutado, y con una actitud que descalifica cualquier protesta social, no se prevé un futuro auspicioso en el manejo de estos desencuentros.

Dado que las propias políticas de estado originan los conflictos, se requieren modificaciones importantes en los mecanismos que las formulan y ejecutan, debién-dose incorporar efectivas herramientas de consulta o validación previa.

Al mismo tiempo, en vista de que no todo se puede dejar en manos del estado en el plano de los conflictos, ha de buscarse una mayor capacidad preventiva mediante el esfuerzo combinado del estado y las organizaciones de la sociedad civil, de manera que se disponga de infor-mación más fina, marcos de intervención más sensibles y estrategias de acercamiento validadas.

Por último, en cuanto a las movilizaciones amazónicas comentadas, ha de tomarse en cuenta que el histórico abandono de parte del estado, la agresión sistemáti-ca sufrida de parte de la colonización de antaño y la experiencia pasada de grandes pasivos ambientales, también cuentan en la controversia. Dejar de lado estos antecedentes será un feble favor a los esfuerzos que, a última hora, se están haciendo hoy. De no ser así, estaremos frente a otra de esas grandes lecciones mal aprendidas.

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GeRaRdo CastilloAntropólogo. Profesor del Departamento de ciencias sociales de la PUcP

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ConCEPCIonES DE PArtICIPACIón CIUDADAnA

En lA mInEríA PErUAnAel Perú es uno de los países con mayor crecimiento en la actividad minera en el mundo. los buenos indicado-res en el sector han sido el fruto tanto de una bonanza de precios de los principales metales y minerales como de políticas estatales que han favorecido la inversión.

sin embargo, se ha de reconocer que no existen avan-ces significativos en el establecimiento de marcos regu-latorios que generen las condiciones sociales, ambien-tales y económicas para que las industrias extractivas sean parte de un desarrollo sostenible de la sociedad.

el rápido desarrollo de la minería ha venido acompaña-do de una fuerte oposición de las poblaciones vecinas a los proyectos. Tal es así que, en su informe de abril de 2009, la Defensoría del Pueblo� identificó 99 conflictos activos de origen socioambiental de un total de �96 en el país.

Una característica central en estos conflictos es la inexis-tencia de canales formales de comunicación a través de los cuales la población pueda expresarse e influir

en las decisiones con respecto a los proyectos mineros propuestos.

como forma de contrarrestar esta carencia, poblaciones locales, en alianza con organismos de la sociedad civil y los gobiernos locales, han venido creando y ensayando mecanismos para manifestar sus opiniones y decisiones sobre la actividad minera. Por otro lado, tanto el estado como las propias empresas han elaborado marcos que procuran promover y canalizar la participación de la población afectada en las diferentes fases del proceso minero.

sin embargo, lo que se espera por participación son prácticas definidas de manera particular por la pobla-ción local, el estado, las organizaciones medioam-bientalistas o las empresas mineras.2 en lo que sigue, presentamos una breve descripción de las diferentes concepciones de participación ciudadana que los acto-res involucrados manejan.3

� Defensoría del Pueblo. Unidad de conflictos sociales. Reporte de conflictos sociales, n.o 62, abril, 2009.

2 Véase castillo, Gerardo. «se vende oro: la creación de espacios con-testados en la promoción de la minería peruana». en Gisela cánepa y maría eugenia Ulfe (eds.). mirando la esfera pública desde la cultura en el Perú. lima: concyTec, 2006, pp. 95-�06.

3 estas concepciones se basan en la investigación realizada por el autor junto con lucía ávila para oxfam América, Participación

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partiCipaCión Ciudadana en los proCesos mineros

De manera general, es posible reconocer cuatro categorías.

1) entReGa y ReCepCión de inFoRmaCión

Tanto las normas legales elaboradas por el gobier-no central como la posición de una buena parte de empresas tienden a entender la participación como un proceso informativo. la participación estaría limitada a que se difunda información a la población y que esta información sea pertinente, física y culturalmente acce-sible, oportuna y continua.

Vale resaltar que los mayores avances de la participa-ción se han logrado en esta esfera, tanto en la amplia-ción de los instrumentos a disposición de las empresas y el estado como en la regulación de los mecanismos informativos.

Aun cuando se reconoce el derecho de la población a la información, parece menos clara la responsabilidad porque dicha información cumpla con ser accesible y oportuna. Representantes de organizaciones de base inciden en la necesidad de utilizar mensajes más próxi-mos para que sean mejor comprendidos por la pobla-ción. Al respecto, existen diversas sugerencias: folletos didácticos sobre los contenidos del estudio de impacto Ambiental (eiA), características de los proyectos, planes de manejo, etcétera, el desarrollo de presentaciones que utilicen imágenes cotidianas para la población, con ejemplos cercanos a sus labores cotidianas, o la contra-tación de facilitadores especializados para la transmi-sión de información (como en los talleres informativos de los eiA), entre otras.

Además, actores de la sociedad civil reclaman por mayor independencia en la elaboración de la infor-mación. este reclamo resulta especialmente pertinente para el caso de los estudios de impacto ambiental. Para muchos es una práctica poco transparente que sea la empresa minera la responsable de contratar una consultora.

Ante esta situación, se alzan dos propuestas. Primero, que sea el estado (con fondos provenientes de la propia

empresa minera) y en acuerdo con la población involu-crada y la empresa quien asuma la responsabilidad de presentar los eiA. segundo, la empresa contrataría estudios complementarios a solicitud de la población y con acuerdo de esta para la contratación del consultor. en este segundo caso, existe una experiencia como la de minera yanacocha.

esta demanda por independencia ha sido recogida por el nuevo reglamento de participación del sector mine-ro (Ds 028-008-em) que regula la creación de fondos privados para este rubro. sin embargo, el reglamento considera que estos fondos son una posibilidad abierta a la disposición de la empresa.

Por último, existe la necesidad de procesos continuos de información que no estén únicamente centrados en la evaluación de los eiA. la nueva reglamentación de participación ciudadana del ministerio de energía y minas (minem) ha incidido en regular los proce-sos informativos a lo largo de todas las fases de los proyectos.

2) Consulta paRa la toma de deCisiones

según esta concepción, se entiende la participación como un proceso de consulta o recepción de opinión: el derecho de la población de brindar una opinión sobre un proyecto y la responsabilidad de la empresa de recabar dicha opinión. en esta acepción destaca el proceso bidireccional de la comunicación: la población se informa pero también da forma a los proyectos que la afectan.

en esta perspectiva, hay tres aristas en debate: a) a quiénes se debe consultar, b) en qué medida puede la población influir en la toma decisiones y c) quién debe ser el tomador de decisiones.

a) ¿A quién se debe consultar?

Uno de los primeros problemas de las empresas es la definición de los límites de la población con la cual debe entablar procesos de consulta y/o negociación.4

ciudadana en la minería peruana: concepciones y mecanismos, 2008. en dicha investigación se realizaron más de cincuenta entre-vistas a diversos actores involucrados en el tema minero.

4 conviene indicar que algunos de los conflictos surgidos alrededor de operaciones mineras tienen como telón de fondo la definición del área de influencia directa (AiD). en el caso del proyecto Tintaya, fueron varios actores que se consideraban fuera del marco de la mesa de diálogo —que incluía a seis comunidades del entorno del proyecto— los que se opusieron a las operaciones de este. en el caso del proyecto la Granja, algunos grupos pertenecientes al distrito de Querocoto protestaron para lograr ser incluidos dentro del AiD y así ser parte de los beneficios de los programas de empleo temporal.

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existe consenso en que el núcleo fundamental de todo proceso de consulta debe involucrar a aquellos agentes que son o podrían ser directamente afectados por las actividades del proyecto.

b) ¿en qué medida puede la población influir en la toma decisiones?

existe un amplio acuerdo en que es en los casos de impacto directo donde resulta indispensable que la población se involucre en el manejo que hace la empre-sa de dichos impactos. ello sería el mínimo necesario de todo proceso de consulta.

conviene destacar que se han desarrollado con mayor claridad mecanismos de entrega y recepción de infor-mación antes que mecanismos para incorporar la opi-nión de la población en el diseño y la gestión.

c) ¿Quién debe ser el tomador de decisiones?

no existe duda acerca de la competencia exclusiva de las empresas en la toma de decisiones, pero ello no des-dice el hecho de que las empresas puedan considerar la opinión de la población.

Actualmente, esta posibilidad de participación de la población es totalmente voluntaria, los procesos de consulta generados por la empresa Anglo American, tanto en el caso de michiquillay como de Quellaveco, son un ejemplo.

Distintos resultan los casos referidos al manejo público de la actividad minera (otorgamiento de permisos, regulación y fiscalización), donde la toma de decisiones es competencia del estado y no de la empresa.en primer lugar, son mayoritarias las opiniones que apuntan a que en esta toma de decisiones estén con-siderados los gobiernos regionales. estos tendrían así una participación más activa tanto en la concesión de permisos como en la fiscalización de la actividad de gran y mediana minería.5 en segundo lugar, se destaca positivamente la suerte de un tomador de decisiones plural (conformado por representantes de la sociedad civil, el empresariado minero y el estado) en la defini-ción de la regulación.

Vale la pena mencionar que para varios entrevistados provenientes del sector empresarial, el recojo y el proce-samiento de la información debe implicar que la pobla-ción comprenda las características, las necesidades y las expectativas de la empresa. Por último, aun cuando esta concepción de participa-ción no supone el logro de acuerdos, supone ciertos niveles de representatividad de aquellos que participan en los procesos de consulta y de confianza en la trans-parencia de estos procesos.

3) Consenso soCial

esta concepción de la participación recae en el derecho de la población a estar de acuerdo con los proyectos y en la necesidad de mantener dicha opinión favorable en el tiempo.

es común vincular esta concepción de participación al término «licencia social». sin embargo, en este estudio se prefiere usar «consenso social», ya que la parti-cipación como consenso supone convencimiento y negociación.

esta forma de entender la participación ciudadana es la que se encuentra a la base de las posiciones «ganadora-ganadora» por la que abogan diversos actores, especial-mente del empresariado y del estado.6 Pero también a la que aluden algunas de las regulaciones internaciona-les, como las normas de Desempeño de la corporación Financiera internacional (iFc) y el convenio �69 de la organización internacional del Trabajo (oiT).

conviene destacar tres temas centrales para el logro del consenso social: a) con quiénes se debe llegar a un acuerdo, b) cómo se deben lograr los acuerdos, y c) sobre qué puntos se debe acordar.

a) ¿con quiénes se debe llegar a un acuerdo?

A pesar de estas dificultades, es justamente la población del área de influencia directa la llamada a ser protago-nista en el logro de acuerdos con la empresa; lo que no excluye la posibilidad de ampliar dicho alcance.

5 Algunas empresas, que enfrentan una historia de relación conflicti-va con los gobiernos locales en que se localizan sus operaciones, se muestran contrarias a esta incorporación.

6 Para una amplia revisión de los temas vinculados a la responsabili-dad social corporativa, véase carter, Assheton. «mining companies as Agents of Development?: corporate social Responsibility, Participation and local community at mining Projects». Tesis de Ph.D. Bath: University of Bath, �999.

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sin embargo, algunos representantes de organizacio-nes de base han destacado la necesidad de acuerdos iniciales a un mayor nivel, entre empresas y gobiernos locales, donde se indique la forma y los mecanismos a través de los cuales la empresa puede aportar en el desarrollo local.

b) ¿cómo se deben lograr los acuerdos?

los actores destacan diversas condiciones que no solo posibiliten el logro de acuerdos, sino que los tornen duraderos: transparencia e información desde las fases iniciales, respeto de los acuerdos logrados, y coherencia y principios de equidad en las políticas de la empresa (especialmente en la negociación y compra de tierras).

sin embargo, en este tema hay dos retos mayores. el primero se relaciona con la legitimidad de los acuer-dos, más allá de su legalidad. este es un reto para los contextos locales, donde predomina una democracia representativa débil. el segundo es la necesidad de conciliar dos lógicas distintas: la del proyecto y la de la comunidad. esta distinción se manifiesta no solo en intereses y expectativas, sino también en modos y tiem-pos diferentes para la toma de decisiones.

c) consentimiento

en el extremo maximalista de la manera de entender la participación ciudadana se encuentran las distintas formas de consentimiento: el derecho a decidir y a otor-gar permiso. esta concepción se refleja en el derecho al «consentimiento previo, libre e informado (cPli)» que detentan las poblaciones indígenas ante el desarrollo de proyectos, en particular los de naturaleza extractiva.

sin embargo, el punto crucial radica en que el cPli —ante una oposición de las poblaciones indígenas a un proyecto o actividad minera a desarrollarse en su territorio— incluiría el derecho a veto.

el convenio oiT �69 es la referencia más citada en este aspecto, en tanto establecería de manera legal el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sobre los proyectos que pueden operar o no en sus territorios:7

en caso de que pertenezca al estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en su tierras.8

en este sentido, según la organización Forest Peoples Programme, el cPli conforma:

[…] una parte integral del requerimiento expreso del sec-tor industrial, de obtener una ‘licencia social’ para poder operar. la obtención de dicha licencia social no es posible sin el acuerdo mayoritario de las personas afectadas, comunidades y pueblos indígenas, y por lo tanto, de no conseguir este ‘permiso’, la industria estaría operando en contravención de sus propios principios.

en el Perú, la aplicación del cPli ha sido interpretada mediante el reglamento 028-2008 del minem. sin embargo, establecer parámetros de interpretación del cPli escapa a los alcances de este artículo.9

el «consentimiento previo», como señala la mayoría de actores entrevistados, no implica un carácter vinculan-te (derecho a veto). ello es así por cuanto en el actual diseño de estado, solo él tiene la potestad de decisión sobre los recursos públicos. la posibilidad de una con-sulta vecinal o referéndum vinculante supondría un cambio en los mecanismos del minem, la ley y en la constitución Política.

la propia oiT, en un documento presentado a la Defensoría del Pueblo del Perú indica que:

[…] el convenio �69 no se refiere al derecho a veto. la consulta sobre recursos naturales prevista por el artículo �5.2 del convenio tiene por objeto determinar si los inte-reses de los pueblos indígenas serían perjudicados y en qué medida.�0

en este sentido, supone que el estado establezca no solo mecanismos de información y consulta con la población; sino también que garantice procedimientos previos de evaluación de potenciales impactos.

7 A través de otros documentos, la oiT ha detallado el alcance del convenio �69, indicando el carácter no vinculante de este, y enfa-tizando la participación bajo la noción de licencia social.

8 convenio oiT �69, artículo �5.9 Al respecto, véase Alayza, Alejandra. no pero sí: comunidades y

minería. consulta y consentimiento previo, libre e informado en el Perú. lima: cooperación, 2007.

�0 Respuesta de la oiT a la consulta formulada por la Defensoría del Pueblo (julio de 2007). Tomado de la presentación: la participa-ción ciudadana en la gestión ambiental. Doctor Rasul camborda Vejarano. octubre de 2008.

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Así, los procesos de consentimiento previo solo pueden entenderse como una alternativa para intervenir en la decisión pública o privada, en tanto sus resultados sean asumidos por el estado y/o las empresas; es decir, participación como consenso social. los casos Tambogrande y majaz son ejemplos de esta situación, en la cual se intenta cambiar una decisión pública res-pecto a la viabilidad de determinados proyectos; mien-tras que en el caso de michiquillay es la propia empresa quien se apropia y promueve este mecanismo.

Así, ante la ausencia de otros espacios de consulta sobre la pertinencia o no de la actividad minera, los referéndums se han convertido en una posibilidad en situaciones extremas.

reflexiones finales

A pesar de las diferencias, estas concepciones de participación suponen un mínimo de consenso. Una definición mínima considera que la participación es el

derecho y el ejercicio que permite incrementar el poder de los ciudadanos en la toma de decisiones del estado y la sociedad de los que forman parte en los temas que los afectan.

Asimismo, las concepciones arriba descritas no son excluyentes. Antes bien, ellas suponen un proceso de menor a mayor amplitud en la manera de entender las formas de participación de la ciudadanía en las activi-dades mineras. Así, hablaríamos de un continuo que va desde una participación receptora —en tanto entrega y recepción de información— hasta decisoria, en el caso del consentimiento.

este continuo, sin embargo, no es una realidad dada que aparece disponible a los diferentes actores. Él representa un proceso que debe construirse. Para ello es necesario la mejora de capacidades en todos los actores, el impulso de espacios de diálogo y generación de confianza y; finalmente, pero no menos importante, el activo involucramiento del estado para la regulación de mecanismos y espacios efectivos de participación.

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AlgUnAS rEFlExIonES SobrE lA rECIEntE ConCESIón DEl

tErmInAl PortUArIo DE PAItA*

A pesar de los efectos reales de la crisis financiera en todo el mundo, el Perú viene capeando el mal tempo-ral de manera más que aceptable. en efecto, no des-viarse de la senda de crecimiento que mostró nuestra economía durante el 2008 (9,8%) es la consigna; y, afortunadamente, el gobierno de turno ha desplegado una serie de medidas en materia de infraestructura de transporte que trata de sostener dicho crecimiento.

Al respecto, existe diversa literatura sobre economía que muestra la relación positiva entre inversión en infraestructura de transporte y crecimiento económico. A saber: levine y Renelt;� ozbay y otros;2 Jensen-Butler

y madsen;3 Berechman;4 Rietveld y nijkamp;5 y Fujita y otros6 determinan que las mejoras de las infraestruc-turas de transporte presentan efectos positivos en el crecimiento económico: a) efectos temporales, deriva-dos de la construcción, que pueden ser directos (como el aumento de la ocupación laboral) e indirectos, pues benefician a otros sectores; y, b) efectos permanentes directos (como ahorro de tiempo, reducción de acci-dentes, entre otros) que pueden medirse por medio del excedente del consumidor o del producto; y los efectos indirectos (o inducidos por el proyecto) adicionales a los anteriores. en general, dichos efectos se derivan de una inversión en infraestructura que mejora el acceso

Julio aGuiRReJefe de estudios económicos de la

Gerencia de Regulación del osiTRAn

JoRGe li ninGAnalista de estudios económicos de la Gerencia de Regulación del osiTRAn

* lo vertido en este artículo se realiza a título personal de los autores y no compromete la posición del organismo supervisor de la inversión en infraestructura de Transporte de Uso Público (osiTRAn).

� leVine, R. y D. RenelT, D. «A sensitivity Analysis of cross-country Growht Regressions». American economic Review, vol. 82, �992, pp. 942-963.

2 oZBAy, K. y otros. «contribution of Transportation investments to county output». Transport Policy, vol. �4, 2007, pp. 3�7-329.

3 Jensen-BUTleR, c. y B. mADsen. «Transport and Regional Growth». en K. Button y D. Hensher (eds.). Handbook of Transport, strategy, Policy and institutions. ámsterdam: elsevier, 2005.

4 BeRecHmAn, J. «Transport investment and economic Development: is There a link?». Transport and economic Development. París: ecmT, Round Table ��9, oecD, 2002, pp. �03-�38.

5 RieTVelD, P. y P. niJKAmP. «Transport infrastructure and Regional Development». en J. B. Polak y A. Heertje (eds.). Analytical Transport economics. chentelman: edward elgar, 2000, pp. 208-232.

6 FUJiTA, m. y otros. «economía espacial: las ciudades, las regiones y el comercio internacional». Barcelona: Ariel economía, 2000.

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en áreas específicas y que pueden dar lugar a cambios en la interacción de los agentes económicos.7

Dado lo anterior, dar prioridad a los procesos de con-cesiones de proyectos de infraestructura portuaria se constituye en una acertada línea de acción, puesto que en materia de competitividad y de calidad de infraestructura portuaria, el Perú no se encuentra en una buena posición si lo comparamos con otros países (cuadro �). la situación se torna preocupante si la polí-tica comercial del estado de abrir nuestros mercados y acceder a otros, mediante la firma de Tratados de libre comercio, no va de la mano con una adecuada dotación de condiciones a los puertos que permitan atender y atraer mayor tráfico de naves, eliminar sobre-costos y propiciar una competencia más intensa, que se traduzca en menores tarifas y mejoras en nuestra competitividad.

cuadro 1ubicación de perú y cHile según índice global de competitiVidad (igc), índice global de competitiVidad en inFraestructura (igc-i) y calidad de inFraestructura portuaria (cip)

PaísIgC

2008-2009

IgC 2007-2008

IgC-I 2008-2009

CIP 2008-2009

ranking Score* ranking ranking Score** Score***

chile 28 4,72 26 30 4,59 4,9

Perú 83 3,95 86 ��0 2,53 2,3

* score máximo (5,74; estados Unidos); score mínimo (2,85; chad)** score máximo (6,65; Alemania); score mínimo (�,65; chad)***Valores de � (subdesarrollada) a 7 (eficiente). score máximo (6,8; singapur); score mínimo (�,5; Bosnia y Herzegovina)Fuente: WoRlD economic FoRUm. «The Global competitiveness Report 2008-2009». Ginebra, 2008.

la reciente concesión del Terminal Portuario de Paita (TPP) eleva a tres el número de puertos concesionados en el Perú,8 lo que representa una oportunidad de inyección de capital, principalmente privado, que per-mite dotar de la infraestructura y tecnología portuaria adecuada para afrontar en mejores condiciones los retos comerciales venideros. en ese sentido, brindar algunas reflexiones sobre los impactos económico-regulatorios de esta concesión es el objetivo del pre-sente artículo.

el TPP se localiza en la zona norte del Perú, en la pro-vincia de Paita, región Piura. Fue construido en �966 y rehabilitado en �999, cuenta con un único muelle tipo espigón de 365 metros de largo y 36 metros de ancho, y tiene 4 amarraderos.9 Asimismo, posee equipos flo-tantes y de manipuleo. cabe mencionar que el TPP no cuenta con ningún tipo de grúa de muelle para la mani-pulación de la carga, por lo que en este puerto solo pueden operar naves que cuenten con grúas propias.

su área de influencia comprende la zona norte del Perú (Tumbes, Piura, lambayeque y la libertad), parte de la zona oriental (cajamarca y Amazonas) y parte del sur del ecuador. Una característica importante del TPP es que forma parte del eje multimodal del Amazonas,�0 denominado iniciativa para la integración de la infraestructura Regional suramericana (iiRsA) norte (eje vial Paita - olmos - corral Quemado - Tarapoto - yurimaguas). en ese sentido, el TPP se conecta con el sistema fluvial de la Amazonía a través de los 955,� km del eje vial iiRsA norte (concesionado a concesionaria iiRsA norte s. A. en junio de 2005) y del Terminal Portuario de yurimaguas. Asimismo, este eje vial atra-viesa seis departamentos del Perú (Piura, lambayeque, cajamarca, Amazonas, san martín y loreto), teniendo como principales centros urbanos a Paita, yurimaguas, sarameriza, nauta e iquitos.

Debido al creciente tráfico de exportación que ha venido atendiendo el TPP (Gráfico �), a la presencia del denominado «efecto contenerización» (Gráfico 2) y al potencial que ofrece el ser parte del eje multimodal del Amazonas, el estado, con la intención de mejorar la actual infraestructura y equipamiento portuario, entregó en concesión el puerto, el 3� de marzo de 2009, al consorcio Terminales Portuarios euroandinos (en adelante, el concesionario) por un plazo de treinta años, al presentar una propuesta tarifaria por los servi-cios portuarios de Us$ �20 por contenedor de 20 pies y de Us$ �5�,43 por contenedor de 40 pies. Asimismo, ofreció invertir Us$ 228,6 millones en actividades que comprenden el diseño, construcción, operación, man-tenimiento, y financiamiento de remodelaciones, mejo-ras y equipamiento.

7 GARcÍA, J. «¿existe una relación entre inversión en infraestructura de transporte y crecimiento económico». ecos de economía, n.o 25, 2007, pp. 6�-77. medellín.

8 los otros dos puertos concesionados son: del Terminal Portuario de matarani (TPm) y el nuevo Terminal de contenedores en el Terminal Portuario del callao-Zona sur (nTc).

9 Parte de la infraestructura portuaria utilizada para amarrar las naves que atracan al costado del muelle.

�0 el eje del Amazonas cubre un área aproximada de 4,4 millones de km2 (25% de la superficie de sudamérica), el cual incluye aproxi-madamente el 36,6% de Brasil; el 27,�% de colombia; el 69,8% del ecuador; y el 6�,8% del Perú.

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2�

Fuente: enAPU

A diferencia del esquema de puerto multioperador, anterior a la concesión, bajo el cual se permitía que usuarios intermedios tengan acceso a la infraestructura portuaria para prestar servicios en un contexto de com-petencia intraportuaria�� (empresas de estiba y desesti-ba,�2 por ejemplo), en adelante, el TPP operará bajo el esquema de puerto monooperador, siendo la empresa concesionaria la única que podrá prestar los servicios portuarios regulados dentro del recinto portuario.

en primera instancia, si bien es cierto que dicho esque-ma monooperador otorga poder de mercado al conce-sionario, los efectos en términos de eficiencia se super-ponen. en efecto, una de las características propias de la actividad portuaria es la presencia de fuertes economías de escala en la provisión de servicios de movilización de carga. con ello, la participación de varias empresas en

la movilización de carga no solo es más cara en térmi-nos de costos de producción, sino también en términos de costos de operación de las naves, pues aumentan los tiempos de estadía en el puerto (generándose conges-tión). en ese sentido, una de las mayores limitaciones del sistema multioperador es que la participación de mercado que una empresa (de estiba y desestiba, por ejemplo) conseguiría puede no justificar las inversiones que se requieren para lograr la modernización del TPP. Por lo tanto, un sistema monooperador aprovecha las economías de escala propias de la actividad portuaria y minimiza los costos de transacción, beneficiando a todos los usuarios portuarios.

Ahora bien, el poder de mercado que adquiere esta entidad monooperadora se neutraliza por el régimen regulatorio contemplado en el contrato de concesión. en línea con la tendencia regulatoria internacional y nacional, el mecanismo de regulación considerado para el TPP es uno de incentivos, a través del mecanis-mo RPi-X (o Price cap), mediante el cual las tarifas se ajustan periódicamente de acuerdo con la variación de un índice de precios menos un factor de producti-vidad (este último calculado por el osiTRAn).�3 como se puede ver, las tarifas están disociadas de los costos en los que incurra el puerto para brindar los servicios, incentivándolo a reducirlos para poder apropiarse del excedente derivado del ahorro en dichos costos, com-portamiento que posteriormente permite trasladar a los usuarios finales de los servicios portuarios las ganancias en productividad a través de menores tarifas.

Por otro lado, al analizar la zona de influencia del TPP puede observarse con mayor detalle los efectos direc-tos e indirectos a favor de los agentes económicos. Al respecto, hay tres aspectos que se deben tener en cuenta. el primero de ellos es la tendencia creciente en materia de exportaciones, la cual es de esperar que sea sostenible a medida que el TPP sea más eficiente, a través de una mejor infraestructura, tecnología y administración del puerto. con ello, los costos asumidos por las empresas exportadoras de la zona a lo largo de sus respectivas cadenas logísticas se verán reducidos, sobretodo considerando que el efecto conteneriza-ción, mencionado anteriormente, implica un cambio tecnológico portuario que permite el incremento en el rendimiento promedio de descarga y embarque de la carga contenerizada.

gráFico 1Tráfico en el TPP por tipo de operación

gráFico 2Tráfico en el TPP por tipo de carga

�� se entiende por competencia intraportuaria aquella que desarro-llan las empresas que prestan servicios dentro de un puerto.

�2 es decir, el embarque y desembarque de mercancías de la nave al muelle, respectivamente.

�3 el mecanismo consiste en aplicar la siguiente fórmula: Tt+�

=•[�+(RPi – X)], donde Tt es la tarifa en el período t; T

t+� es la tarifa en el perío-

do t+�; RPi es la variación del índice de precios; y X es el factor de productividad.

* incluye cabotaje, trasbordo, tránsito y actividad pesquera.Fuente: enAPU

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el segundo aspecto que considerar recae en el con-texto de la competencia interportuaria, puesto que las ganancias en eficiencia que adquiera el TPP le per-mitirán competir con otros puertos alternativos de la costa peruana como el Puerto de salaverry, del callao (empresa nacional de Puertos del Perú, enAPU), y en un futuro, el nTc (a cargo de la empresa DP World). Factores como el costo origen-destino de una determi-nada carga (que depende de la distancia entre la zona de producción/consumo y el puerto de embarque/des-embarque, los costos de transporte, el tipo de carga, entre otros factores), la sustituibilidad tecnológica nave-carga-puerto (que depende de la infraestructura y equi-pamiento portuario requerido para atender los diferen-tes tipos de carga), y el desempeño portuario (eficiencia en la movilización de la carga), son los que determinan el nivel de competencia real o potencial que enfrenta el TPP, el cual se constituye en un eslabón en la cadena logística que utilizarán los exportadores/importadores para realizar sus operaciones, y cuyo costo es un insu-mo que es internalizado en el precio de los productos comercializados. De esta forma, la eficiencia del TPP hará que sea escogido en contraposición con otro

puerto alternativo o modalidad de transporte, ya sea terrestre o aérea.

el tercer y último aspecto está relacionado con el efecto multiplicador que se genera, en materia geográfica, en varios departamentos del norte y nororiente perua-no, los cuales pueden ver dinamizadas sus exportacio-nes e incrementar el desarrollo productivo agrícola, ganadero y forestal de la región. ello se debe a la exter-nalidad positiva identificada y derivada de la conexión multimodal, carretera (iiRsA norte) —puerto (TPP)—, puesto que sus productos pueden acceder a nuevos mercados de exportación, en mayores volúmenes y con menores costos de operación vehicular y tiempo de viaje. Dicho efecto multiplicador puede ser aún mayor si se tiene en consideración el impacto que tendrá la concesión de la carretera Buenos Aires-canchaque, cuya área de influencia abarca, directamente, las ciuda-des de Piura, morropón, chulucanas, el salitral, Buenos Aires, canchaque, e indirectamente las ciudades de san miguel del Faique, Huancabamba, entre otras, en la sie-rra de Piura; ya que, una vez terminada la construcción de esta carretera, el transporte de diversos productos agrícolas (cacao y café, por ejemplo) puede incentivar en menor tiempo al uso del TPP como opción de una mayor diversificación hacia mercados externos, por parte de productores locales.

en conclusión, puede decirse que el Terminal Portuario de Paita adquirirá importancia por la virtud del comer-cio que pueda atraer, y que en la medida que sea efi-ciente incrementará la productividad de factores como el capital y el trabajo. lo desarrollado en los párrafos anteriores sugiere que en un país en desarrollo como el nuestro, el rol del TPP puede constituirse en un instrumento de política para la mayor movilidad de productos y bajos costos de transacción a lo largo de las cadenas logísticas de los diversos productos que transitarán por él.

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Jeanine andeRsonProfesora de Antropología del Departamento de ciencias sociales de la PUcP

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vAlorES y mEtAS DE vIDA En yAUyoS: rEvISItADoS

la pretensión de las ciencias sociales es poder construir teorías que expliquen los procesos largos en los asuntos humanos. Pese a ello, la mayoría de nuestras investiga-ciones constituyen una fotografía instantánea. captan la situación del momento, a lo mejor considerando una gran cantidad de variables que están en juego en ese instante. muchas de ellas tienen raíces profundas en tiempos pasados, mientras que otras ubican a los acto-res en escenarios de futuros posibles. ciertas técnicas nos ayudan a ampliar el lente: se pide a los actores las razones de sus actos (basadas en su historia personal y proyecciones a futuro), se indaga acerca de la memo-ria o de otro modo se intenta reconstruir cadenas de eventos.

en procura de mayor exactitud, hacemos uso de diseños longitudinales, estudios de panel y estudios que implican el seguimiento de los procesos en plena evolución. Tales estrategias suelen ser costosas y no siempre se dan las condiciones que requieren. Una alternativa utilizada en la antropología es la revisita. el individuo o equipo original de investigación vuelve al lugar después de un tiempo; u otros investigadores lo hacen, bajo otras condiciones y con otros intereses y supuestos teóricos. los resultados suelen ser suma-mente iluminadores, sobre todo cuando se introducen variaciones de este tipo.

Una condición necesaria para que den sus frutos las revisitas, como esfuerzos similares de rastrear procesos

largos en el tiempo, es que se realicen los cotejos de los resultados obtenidos en diferentes momentos. Parece elemental pero no siempre ocurre. Además, las investigaciones que sirven para hacer el cotejo deben haber observado rigurosamente las reglas de la audita-bilidad. el modo de conducción del estudio, incluida la estrategia de análisis de los datos; la conservación de los materiales y las medidas tomadas para proteger las identidades de los sujetos: todas estas acciones tienen que darse de un modo que permita a investigadores posteriores establecer comparaciones firmes con sus antecesores.

las provincias alrededor de lima se prestan para una reflexión acerca de la acumulación en la investigación social y la visión del país que tendríamos, de aumentar nuestra capacidad de trabajar en marcos dinámicos y de poner en diálogo sucesivas investigaciones reali-zadas con propósitos diferentes. el valle de chancay, Huaral, Huarochirí y la provincia de yauyos han servido para probar hipótesis de diferente índole. su cercanía a las principales universidades del país hace que sean destinos frecuentes para prácticas y tesis.

las mismas provincias reciben y expulsan población migrante y mantienen un vínculo activo con la capital como con las ciudades regionales del entorno: cañete, Huancayo, Huaraz, chimbote. la variedad poblacional, económica y ambiental las convierte en laboratorios abiertos a los procesos que se viven en otras zonas

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del país. Fue por eso que un grupo de investigadores del centro de investigación sociológica, económica, Política y Antropológica de la Pontificia Universidad católica del Perú (cisePA-PUcP) emprendió, por encar-go del ministerio de educación, un estudio sobre la educación, los valores, las aspiraciones y proyectos de vida en la provincia de yauyos en �998-�999.� el contexto del estudio fue dado por el reconocimiento de los agudos problemas de la educación rural y el ofrecimiento de préstamos para diseñar y aplicar refor-mas. estuvieron sobre el tapete medidas como la con-solidación de las escuelas rurales, el cierre de muchas de ellas, la insistencia en modalidades vocacionales que pretendieran reforzar las capacidades productivas de las zonas rurales y el uso de nuevas tecnologías de educación a distancia.

Desde entonces, debe haber habido muchas investiga-ciones realizadas en unas y otras de más de cincuenta localidades que contiene la provincia de yauyos. Dos que me involucraron personalmente son un estudio del trabajo doméstico infantil, realizado en el 20062, y un estudio sobre la niñez yauyina, realizado en el 2008.3 en el primer caso, yauyos era interesante por la función que cumple de proveer trabajadoras y trabajadores domésticos para la ciudad de lima durante las vacacio-nes escolares. se sospechaba que podía servir además como ruta de transporte de niñas y adolescentes para el comercio sexual. el estudio se enfocaba en los puntos de vulnerabilidad y los mecanismos de protección fren-te a los riesgos de estas y otras formas de trabajo infantil indebido. en el caso del segundo estudio, el enfoque en la niñez ofrecía la puerta de entrada a la reconstruc-ción en forma comprensiva del sistema de cuidado y su organización social, económica, política y cultural.

esta nota, entonces, explora algunos de los aprendi-zajes de esta secuencia de visitas y revisitas a yauyos. el caso nos habla sobre procesos locales, regionales, nacionales e internacionales. nos habla también sobre nuestros modos de conocimiento de dichos procesos.

las biografías personales fueron una herramienta bási-ca que se usó para abordar los diferentes temas bajo estudio en yauyos. las historias de vida de personas de 70 y 80 años de edad reflejan configuraciones de posibilidades y limitantes que, superficialmente, difieren en forma dramática de las mismas configuraciones para personas de 20 y 30 años. sin embargo, los mayores recuerdan a excelentes alcaldes y líderes que fueron «primariosos» (solo habían completado la educación primaria); mientras que, hoy, terminar la escuela prima-ria no asegura competencia alguna. Vale mencionar que en el estudio más reciente, se construyeron biogra-fías de niños y niñas de 3 y 4 años de edad como de adolescentes. en todos los casos, y en todas las genera-ciones, impacta la variedad de experiencias que trans-curren en pueblos que, para el imaginario nacional, suelen figurar como monótonos, poco diferenciados y, alternativamente, bucólicos y aburridos.

A lo largo de la década que recorren estas investiga-ciones, permanece como nota fuerte la exigencia que se impone a todas las familias y a todos los individuos —incluso niños y niñas pequeñas— de actuar en múlti-ples frentes para lograr sus fines, especialmente fines relacionados con la supervivencia material. las familias combinan sus chacras y ganado con actividades de comercio, servicios y el desempeño de uno u otra de sus integrantes como profesionales y empleados. el armazón teórico para el estudio de valores de metas de vida se construyó sobre conceptos de estrategias,

� Participaron los profesores Juan Ansión, Alejandro Diez, catalina Romero y David sulmont, además de Jeanine Anderson. Para la parte específicamente relacionada con el servicio educativo, se contó con la colaboración de la coordinadora de innovaciones educativas (cie) y la participación de madeleine Zúñiga y manuel iguiñiz. Véase: Anderson, Jeanine. coordinadora. 200� yauyos: estudio sobre valores y metas de vida. lima: ministerio de educación del Perú.

2 Anderson, Jeanine. 2007 invertir en las familias. estudio sobre facto-res preventivos y de vulnerabilidad al trabajo infantil doméstico en familias rurales y urbanas: el caso del Perú. lima: oficina Regional de la organización internacional del Trabajo.

3 el estudio del 2006 fue encargado por el Programa internacional para erradicación del Trabajo infantil iPec de la oficina internacional del Trabajo. el estudio sobre la niñez en yauyos fue compartido con Jessaca leinaweaver, de Brown University (estados Unidos) y contó con el financiamiento de la Wenner-Gren Foundation. están en preparación dos documentos, producto de este trabajo: una guía metodológica para el estudio de la niñez y el informe acadé-mico respectivo.

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dominios donde las diferentes estrategias se aplican, y los intereses diversificados de los actores.

en el mismo estudio se recogía bastante información de los demandantes de la educación y, en particular, los participantes del sistema escolar. Al final del año escolar de �998, se aplicó una encuesta a �62 alumnos y alumnas de 4.o y 5.o año de los colegios en siete localidades.4 estudiantes varones y mujeres menciona-ron trabajos que hacían o habían hecho, oficios que conocían y competencias laborales que poseían. Tenían claro que necesitaban continuar su búsqueda de una eventual ubicación laboral, recorriendo universidades, institutos, puestos como asistentes y aprendices, cursos por correspondencia y la autodidáctica en sus diversas formas. se trata de una nueva versión de la «verticali-dad andina» y la explotación de diversos nichos econó-micos y sociales. las migraciones de verano hacia lima, cañete y Huancayo tienen un contenido explícito de ampliar la red personal de niños y adolescentes y per-mitirles el acceso a conocimientos y contactos útiles a futuro, además de poder comprar los útiles y uniformes escolares para el próximo año lectivo.

como rasgo que perdura en el tiempo, y que marca profundamente las vidas de todos y todas los yauyinos, está la pésima provisión de servicios de transporte, educación, salud y saneamiento básico. los accidentes en los caminos de la provincia ocurren con la suficiente frecuencia como para crear una sensación permanente de riesgo. Durante el trabajo de campo en �998-�999, cada domingo en la tarde aparecían por los cerros y caminos los profesores y profesoras que se trasladaban a pie desde sus lugares de residencia hasta los lugares donde, al día siguiente, iniciarían la semana de trabajo. en las indagaciones con los yauyinos más pequeños en el 2008, se constataron los efectos de un sistema escolar rural organizado sobre un magisterio privado de la posibilidad de llevar una vida familiar regular. Asimismo, se constató la situación de maestros y maes-tras rurales obligados a complementar sus ingresos con jornadas agobiantes en otras líneas de actividad, que, pese a la pobreza de las familias que servían, habían desarrollado un repertorio de mecanismos de extorsión que aumentaban las desigualdades en el acceso al conocimiento y mermaban la confianza de la población en el sistema.

A pesar de su cercanía a la sede del gobierno nacional, permanece la marginación de yauyos, la provincia más pobre de la región lima. las emergencias y los desastres no hallan respuestas eficaces. la población se defiende con sus pocos recursos y asume como hecho dado la indiferencia del resto del país. Así, para la pri-mera visita en �998-�999, los recuerdos de la violencia política eran frescos. limitaban la posibilidad de tocar, en entrevistas y conversaciones informales, las historias de cómo la población se replegaba, vivía bajo amenaza y sufría asesinatos y represalias. Diez años más tarde se dio el terremoto de agosto de 2008. Hubo la caída de casas, escuelas e iglesias en yauyos; mientras que la atención del país se dirigía a los lugares más conocidos de la costa. Hallamos a madres de familia que dedica-ban la mayor parte de su tiempo a mover tierra y cernir arena, haciendo puntos a fin de conseguir un puesto en un programa de reconstrucción de casas. las case-tas de triplay enviadas por la Agencia de los estados Unidos para el Desarrollo internacional (UsAiD, por sus siglas en inglés) y la Unión europea salpican el paisaje.

Aunque suene contradictorio, permanente es también la movilidad de la población yauyina. en la encuesta a colegiales, se vio claramente la tendencia a iniciar los recorridos desde épocas escolares. solo el �6% de ellos había pasado sus últimas vacaciones en sus pueblos; casi el 44% las había pasado en lima. las adolescentes mujeres son aun más móviles que los varones, hecho que puede relacionarse con el trabajo doméstico que les ocupa fuertemente en sus propias casas y les ofrece una inserción laboral fuera. en el estudio más reciente, que indagaba a detalle por los horarios y actividades de niñas y niños menores, se detectó lo que parece ser una nueva presión sobre los hermanitos cuando los adoles-centes y jóvenes migran, cada vez más temprano, más seguido y para quedarse más tiempo fuera. las tareas de ayudar en la chacra, el pastoreo, la atención en el negocio familiar y la economía doméstica de cuidado, recaen con peso sobre los que se quedan, cada vez de más corta edad.

Permanece también la desigualdad de género. la encuesta de Valores puso énfasis en este tema y com-probó no solamente las consecuencias dañinas del sistema patriarcal sobre las mujeres, sino también la pér-dida de calidad de vida que esto implicaba para la socie-dad en su conjunto. Así, las mujeres en general tenían puntajes inferiores en las escalas de tolerancia y recep-tividad a las innovaciones, situación que se relacionaba directamente con su menor exposición a experiencias diversas y el ejercicio de agencia y control. las tareas

4 el profesor David sulmont realizó la mayor parte del análisis de la encuesta en los colegios de yauyos, así como la encuesta de Valores aplicada a los adultos.

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que realizan las niñas y mujeres adolescentes de pasto-reo («ir tras la vaca») —solitarias, monótonas y al mismo tiempo riesgosas— eran, y siguen siendo, signo de su bajo estatus en la familia. en los tres estudios se recogió abundante evidencia del asedio sexual por parte de maestros, policías, comerciantes y transportistas y la vulnerabilidad de niñas y mujeres adolescentes que no veían posibilidades de desarrollarse en el pueblo. las jóvenes que vienen a lima para pasar el verano como domésticas discuten sus decisiones y opciones con sus madres, tías y hermanas. los padres permanecen al margen; incluso, su arbitrariedad, violencia y las prác-ticas masculinas de consumo de alcohol (el «chamis» local) expulsan a las hijas. la encuesta aplicada en los colegios confirma la visión de los adolescentes, varones y mujeres, a sus padres como figuras remotas ubicadas en el rol de proveedor y represor. no están al alcance de las familias los instrumentos que necesitarían para percibir estas situaciones, mucho menos responder positivamente.

¿Qué decir, entonces, sobre los valores en la provincia de yauyos y su estabilidad o no en el tiempo? Hubo discusión en el equipo de investigación sobre la mejor manera de teorizar los valores: ¿expresan los consensos fundamentales de una sociedad? ¿o reflejan más bien los asuntos cuya importancia es de tal magnitud que se convierten en motivos de conflicto y discrepancia? la encuesta que fue respondida por 383 personas adultas en �999 reconoce ambas posibilidades. muchas de las preguntas fueron formuladas como diálogos entre ami-gas (amigos, si el entrevistado era varón) que difieren en la posición que toman frente a una afirmación. Así, para conocer las actitudes hacia la innovación, se citaba a maría (o Juan) que piensa que «las ideas que se han mantenido con el paso de los años casi siempre son las mejores» y a Juana (o José) que piensa que «las ideas nuevas son casi siempre mejores que las viejas». Usando esa estrategia, y adaptando algunos de los ítems de la encuesta mundial de Valores,5 se exploraban cuestio-nes como la tolerancia a la diversidad, la democracia, la equidad social y de género, el individualismo, la vida rural y el desarrollo local.

los estudios posteriores, que indagaron con mayor detalle acerca de la vida familiar y los proyectos de vida de los actores, revelan, en comparación con el estudio realizado diez años atrás, abanicos aun más

diversos de situaciones, preocupaciones, limitaciones, ambiciones y recursos. Además, en una década, han surgido nuevos ejes de conflicto en yauyos y en el país. en �998-�999 no estaban en el horizonte, por ejemplo, factores como la actividad minera en zonas y de modos antes desconocidos, una enorme planta hidroeléctrica que exportará la mayor parte de su producción, o la construcción que se planea de una carretera al borde del río cañete con miras a descongestionar la carretera central. es probable, entonces, que las discrepancias que se registraron inicialmente hayan aumentado. los valores serían, en efecto, las más de las veces, «las cosas por las que peleamos» en una sociedad, no los puntos de fácil convergencia.

la secuencia de tres estudios en la provincia de yauyos comprueba la utilidad de las «revisitas» para conocer ciertos procesos. el reto es seleccionar inteligente-mente los ejes para la comparación y saber interpretar correctamente los hechos que confluyen en procesos de longue durée. más aún, el enfoque de los investi-gadores puede o no coincidir con las prioridades de la población bajo estudio y puede o no reconocer la medida real de su agencia y capacidad de conducir los procesos. el marco empleado en el primer estudio en yauyos, indudablemente, dejó de lado innumerables cuestiones de importancia para la población que esca-paban a una investigación enfocada en la educación y su proyecto humanista. los riesgos de la selectividad de los investigadores y de sus teorías—riesgos que emer-gen con excepcional claridad en los estudios de revisi-ta— son el tema de un magnífico análisis por parte de un antropólogo que no solamente revisitó un campo muchas veces estudiado, sino que lo revisitó como uno de los actores que había sido objeto de algunos de esos estudios anteriores.6

es así que una mayor atención a los procesos en el tiempo, y un mayor uso de diseños metodológicos que apuntan a captarlos, probablemente, nos obligaría a cambiar muchas de nuestras prácticas de investigación social. evidentemente, nos obligaría a involucrarnos por etapas más largas con los sujetos y los lugares de nues-tras investigaciones. con implicancias aun mayores, nos obligaría a prestar más atención a las demandas de autoconocimiento y dar más cabida a la participación de los actores en la elección de temas y enfoques de investigación.

5 la profesora catalina Romero participa en el grupo internacional que impulsa la encuesta mundial de Valores; ha puesto en práctica preguntas, temas y propuestas de dicha encuesta en varias ocasio-nes en el Perú.

6 Véase Foley, Douglas e. The Heartland chronicles. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, �995.

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enmarCando la gestión de polítiCas

¿A qué se debe el divorcio entre la oferta y las necesida-des? Algunas evidencias señalan que, en el marco para la gestión de políticas de juventud, existen limitaciones en el proceso de definición de las prioridades, así como en la vinculación de estas a la oferta desplegada por el estado.

en el marco de gestión de políticas confluyen actores, recursos y reglas que, relacionados entre sí, permiten

desarrollar una estrategia para resolver un proble-ma público. Para que esta estrategia sea efectiva, se

PrIorIDADES AUSEntES:

El mArCo PArA gEStIonAr PolítICAS nACIonAlES DE

jUvEntUDESla situación juvenil demanda una oferta pública que genere oportunidades: el 70,39% de los jóvenes no cuenta con cober-tura de seguro;� el 52,0�% solo ha culminado secundaria;2 el 66,�2% de las madres jóvenes no integra la PeA;3 el 83,39% de los jóvenes ocupados trabaja sin un contrato formal;4 el 42,83% de la población penal tiene entre �8 y 29 años.5

Aun así, el ministerio del interior ha presentado ante el congreso un Proyecto de ley para asignar responsabilidad penal a menores de edad desde los �6 años. Argumentan que el 44,6% de los pandilleros tiene entre �2 y �8 años. ¿es esta una manera eficaz de atender las necesidades de los jóvenes? ¿cómo se encuentra el marco para definir las prioridades de la oferta pública dirigida a las juventudes?

� insTiTUTo nAcionAl De esTADÍsTicA e inFoRmáTicA (inei). sistema de consulta de Resultados censales. censos nacionales 2007: Xi de Población y Vi de Vivienda. <http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/>

2 ib.3 ib.4 encuesta nacional de Hogares (enAHo), 2007.5 insTiTUTo nAcionAl PeniTenciARio - UniDAD De esTADÍsTicA.

informe estadístico mensual diciembre. 2008.

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niColás zevallosAbogado, investigador del Proyecto “Ampliación de capacidades en Políticas de Juventud, cisePA-PUcP

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necesita que los objetivos de las acciones correspondan a necesidades que evidencia el problema. lograr esta correspondencia no es sencillo, menos aun cuando los recursos son limitados. si bien mediante la coordi-nación6 se pueden maximizar los recursos, se requiere empatar los intereses distintos y contrapuestos de los actores que intervienen en esta resolución. entonces, estos deben negociar para priorizar qué necesidades serán resueltas.

la priorización es un ejercicio político.7 Por ello, el marco debe integrar reglas que mantengan el equilibrio de poderes en las relaciones. Pero aun cuando estas reglas funcionen, los actores deben afrontar la negociación. De lo contrario, aunque existan reglas adecuadas y recursos suficientes, habrá un desbalance ya que no integrarán sus necesidades, dejando abierta la posibili-dad de un desfase entre la oferta y el problema público. Además, las reglas deben asegurar que las prioridades sean vinculantes para la oferta pública. De otro modo, aunque todo lo anterior funcione, los objetivos pueden seguir alejados de las necesidades priorizadas.

siguiendo estas definiciones, al menos dos razones explican por qué el marco de gestión de políticas nacionales de juventud no promueve adecuadamente el recojo de prioridades, afectándose así la eficacia de la oferta pública. la primera de estas refiere a la escasa presencia de la sociedad civil en la negociación de las prioridades. la segunda está referida a la ausencia de mecanismos institucionales que permitan insertar estas prioridades en implementación final de la oferta pública.

las organizaCiones en la negoCiaCión y prioridades

el 42,6% de los limeños considera que el principal pro-blema en la capital es la falta de seguridad ciudadana.8 A esto debe sumarse que el 67,4% de los peruanos señala que, en esta gestión presidencial, el pandillaje y la delincuencia es lo que más ha empeorado.9 como

para el estado parece prioritario atender estas percep-ciones, el ministerio del interior propone aplicar la ley penal a menores de �6 años pues, según argumenta, el 44,6% de los pandilleros tiene entre �2 y �8 años.

si bien hay quienes se oponen a iniciativas como esta debido a que no van al fondo del problema, no han tenido mayor presencia en el debate. es poca la fuerza que acumulan las organizaciones de la sociedad civil para integrar grupos de presión�0 en la materia para lograr incidir en el desempeño del estado. cuando el estado no establece mecanismos formales para asimilar la participación, una vía legítima, dentro del respeto a la estabilidad democrática, es la presencia de grupos de presión que planteen temas de agenda para incluirlos en la gestión.

¿Qué dificultad existe para que un grupo de presión en juventud plantee prioridades? entre otras razones, la debilidad de los propios movimientos juveniles. Hasta el momento, se ha hecho complejo constituir redes de organizaciones juveniles que tengan la capacidad de mantener el debate político de manera activa y sostenida.

Uno de los principales motivos es la transitoriedad de la condición juvenil que afecta la conformación de organizaciones sostenidas en el tiempo. A excepción de las organizaciones apoyadas por una institución (los movimientos vinculados a la iglesia como la Juventud obrera cristiana con 80 años), son pocas las que sobreviven cuando sus dirigentes consiguen trabajo y forman una familia. A esto hay que sumarle que, con total justicia, los jóvenes están más preocupados por sostener su vida cotidiana que por integrar una orga-nización política.

existen iniciativas esporádicas centradas en exigencias inmediatas. Por ejemplo, la campaña Propuesta Joven se centró en el proceso electoral y las redes construidas, si bien posteriormente pudieron alimentar dinámicas regionales, no consolidaron mecanismos para mante-ner el diálogo con el estado sobre políticas nacionales. otras redes han defendido cuestiones muy puntuales como la cuota joven en las listas electorales y la reposi-ción del consejo nacional de la Juventud, por parte de la internacional Juvenil y del Frente de Defensa por los Derechos de los Jóvenes, respectivamente.

6 Véase RePeTTo, Fabián. la dimensión política de la coordinación de programas y políticas sociales. s. l.: Biblioteca Virtual ToP sobre Gestión Pública, 2004.

7 Véase GARnieR, leonardo. Función de coordinación de planes y política. santiago de chile: instituto interamericano y del caribe de Planificación económica y social (ilPes), 2000.

8 Véase GRUPo De oPinión PÚBlicA UniVeRsiDAD De limA. V encuesta Anual sobre lima metropolitana. lima: s. n., 2007.

9 Véase comPAÑÍA PeRUAnA De oPinión PÚBlicA y esTUDios De meRcADo. evaluación nacional de opinión Pública. 2008.

�0 Véase RicHARDs, David. «Pressure Groups and Policy networks». en Dennis Kavanagh y otros. British Politics. oxford.: oxford University Press, 2006.

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A esto hay que sumarle que la agenda de las institu-ciones, quienes pueden dar el soporte a las organiza-ciones juveniles, prioriza válidamente el desarrollo local y regional, optando por la creación e implementación de consejos y planes de juventud por varios motivos: por un lado, la cercanía entre este nivel de gobierno y los ciudadanos; por otro, que aquí existen mecanismos de participación como los presupuestos participativos. Finalmente, porque no existen incentivos para inte-ractuar con la dependencia responsable en la materia, pues es percibida como incapaz de incidir en la gestión de políticas de juventudes.��

como consecuencia, es poca la presión que puede hacer la sociedad civil. Por ello, se hace difícil lograr que la gestión de políticas nacionales de juventudes integre prioridades que realmente respondan a nece-sidades más allá de las percepciones inmediatas de los ciudadanos.

inCapaCidad para vinCular la gestión

el proceso de creación de la secretaría nacional de la Juventud alimentó una percepción poco positiva por parte de la sociedad civil sobre su capacidad para arti-cular intersectorialmente políticas que atiendan a este sector etáreo.

con el cambio de gobierno, la nueva gestión de la comisión nacional de la Juventud�2 ordenó revisar el Plan nacional de Políticas de Juventudes.�3 A la par, el ejecutivo promulgaba políticas de obligatorio cumpli-miento, que incluían políticas de juventudes diferentes a las del Plan.�4 Posteriormente, se cerraron las mesas de trabajo con otras dependencias del estado, con especialistas y con instituciones de la sociedad civil. También se desactivó el consejo de Participación de la Juventud.�5

luego de este proceso, la comisión fue absorbida por el ministerio de educación�6 como Dirección nacional de la Juventud, y luego reconocida como secretaría nacional de la Juventud (snJ).�7 Desde esta ubicación, le corresponde ejercer el rol rector en la materia.

ser el ente rector de una política implica tener auto-ridad sobre las iniciativas derivadas de ella. Para ello, las funciones deben incluir capacidades para incidir en la priorización, coordinación, asignación de recursos, control y evaluación de la implementación de esta polí-tica.�8 Aun cuando la snJ es la entidad «[…] encargada de formular y proponer políticas de estado en materia de Juventud […]»,�9 no concentra plenamente estas capacidades.

el artículo 25-A del Reglamento de organizaciones y Funciones del ministerio de educación20 reconoce que la snJ tiene como función coordinar y evaluar la implementación de políticas. Pero aun cuando cumpla estas funciones, sirven poco para vincular la oferta pública a prioridades, ya que no puede incidir en la asignación de recursos ni controlar la implementación de las iniciativas. Tampoco puede decirse que tiene un rol decisivo en la priorización, pues, como se observa, está limitado a «[…] formular y proponer [,,,]»2� políticas en la materia.

A esto hay que sumar una limitación jerárquica. Por el peso de las funciones, principalmente, la asignación de recursos y el control de la implementación, se requiere que la dependencia rectora tenga un rango mayor o al menos semejante al de las instancias que procura controlar. Para el caso concreto, es inviable que una secretaría, al estar inserta en un ministerio, pueda incidir en la alta dirección (ministro y viceministros) de algún otro sector, incluso, del suyo propio.22

en esa línea, la snJ es una entidad limitada a proponer y hacer seguimiento de las políticas de juventudes. en el caso de que logre formular un Plan nacional de

�� Véase ZeVAllos, nicolas. no sé si puedas: percepciones en la for-mación de políticas de juventud en el Perú. en vías de publicación por la Facultad latinoamericana de ciencias sociales (FlAcso).

�2 Véase la ley 27802, ley de creación del consejo nacional de la Juventud, 200�.

�3 Véase la resolución presidencial 095-P/cnJ-conAJU-2006. «Dispone conformar comisión de Reforma de los lineamientos de Política nacional de Juventudes», 2006; y el decreto supremo 036-2006-Pcm. «Plan nacional de la Juventud», 2006.

�4 Véase el decreto supremo 027-2007-Pcm. «Define y establece las Políticas nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno nacional», 2007.

�5 Véase la ley 27802, ley de creación del consejo nacional de la Juventud, 200�.

�6 Véase el decreto supremo 0�0-2007-eD. «Fusión por Absorción de la comisión nacional de la Juventud», 2007.

�7 Véase el decreto supremo 00�-2008-eD. «modifican Reglamento de organización y Funciones de ministerio de educación», 2008.

�8 Véase FRAnco, Rolando. institucionalidad de las políticas socia-les. modificaciones para lograr su efectividad. santiago de chile: Facultad latinoamericana de ciencias sociales (FlAcso), 2004.

�9 Decreto supremo 00�-2008-eD. «modifican Reglamento de organización y Funciones de ministerio de educación», 2008.

20 Véase el decreto supremo 00�-2008-eD. «modifican Reglamento de organización y Funciones de ministerio de educación», 2008.

2� ib.22 Véase la ley 29�58, ley orgánica del Poder ejecutivo.

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Juventudes como el que se encuentra en revisión, debe esperar a que lo promulgue una entidad jerárquica-mente superior. Además, no cuenta con mecanismos formales para condicionar a los sectores a que su oferta pública corresponda a objetivos determinados. Por ejemplo, aunque existiese un Plan nacional, no tiene capacidad para exigir que el ministerio del interior ajus-te su propuesta de ley a estos objetivos. Tan solo puede dar opinión al respecto, aun cuando ella no esté acorde con los objetivos priorizados.

en términos de inversión, formalmente, tampoco puede hacer que el ministerio de economía asuma criterios concretos para aprobar la inversión en materia de juventud. normativamente, su labor se limita a sugerir prioridades, mas no puede condicionar la asignación de recursos a que estas sean asumidas.

un marCo para el divorCio

existen también otros factores que afectan la eficacia de la gestión en juventud. Uno mencionado líneas antes fue la desactivación de los mecanismos no formales en que se materializaba tanto la coordinación intersecto-rial, y los formales en que tenía lugar la participación juvenil frente a la dependencia rectora en la materia.

sin embargo, esta revisión ya da algunas luces preli-minares sobre el divorcio entre la oferta pública y las necesidades juveniles. Por un lado, las opciones que tienen las organizaciones de la sociedad civil para inser-tarse en la negociación de las prioridades de políticas nacionales no contienen fuerza suficiente. esto debido a que su presencia es débil y que prefieren atender otros caminos que brindan mejores resultados. en esa línea, tienen poca presencia en la definición de las prio-ridades en la agenda nacional de políticas.

Pero aun cuando estuvieran presentes activamente en esa definición, la secretaría nacional de la Juventud, ente rector en la materia y quien debería canalizarlas, carece de los medios para lograr que la implementa-ción final de la oferta pública responda a estas. según la norma, es un órgano meramente propositivo, y aun-que no lo fuera, su ubicación le dificulta tener poder suficiente para controlar los sectores. en consecuencia, el estado no cuenta con insumos ni mecanismos que le permitan orientar su esfuerzo a la solución de necesida-des reales. el camino está abierto al trabajo desarticula-do, poco eficaz y primariamente vinculado a iniciativas que, aunque responden a percepciones ciudadanas, no atacan problemas de fondo.

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INdIcAdOres de OpINIóN pUblIcA

En esta sección, continuamos con el seguimiento de algunos indicadores básicos de opinión pública en Lima Metropolitana sobre la situación política y económica del país. Estos indicadores son medidos por el Instituto de Opinión Pública (IOP) de la Pontificia Universidad Católica del Perú a través de sus encuestas mensuales realizadas en Lima Metropolitana y el Callao.

esta sección de coyuntura, es un aporte del instituto de opinión pública (iop) de la pontiFicia uniVersidad católica del perú. teléFono: 626-2000, anexo; iop@pucp.edu.pe

colaboran en esta sección: arturo maldonado, sociólogo, coordinador de campo del ioP; y Josedomingo pimentel, asistente del ioP y alumno de la especialidad de ciencia Política.

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1. PercePcióndelasituaciónPolíticayeconómica

apRoBaCión pResidenCial

gráFico 1aprobación presidencial en lima metropolitanaen porcentaJes

Desde inicios de este año, observamos una relativa estabilidad de la aprobación presidencial, la que actual-mente se ubica en 40 puntos.

luego de un período de caída de este indicador entre el 2007 y el 2008, al parecer esta tendencia se ha revertido en este año, lo cual coincide con la mitad del período del actual presidente. este año, como mencio-namos, la estabilidad es el signo de la opinión pública con respecto al actual presidente.

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luego de un período con altibajos tendientes a la baja, en este año este indicador se ha estabilizado; aunque, en la zona negativa, por debajo de los 50 puntos.

sin embargo, hay que señalar que la percepción actual de la situación política ha experimentado un ligero aumento en mayo de este año. Habría que observar en los próximos meses si esta tendencia se sostiene.

3. PercePcióndelasituacióneconómica

gráFico 3índice de percepción de la situación económica (ipse)en porcentaJes

Desde inicios de este año, este indicador también man-tiene una expectante estabilidad, con una aparente tendencia a la baja; aunque con una situación mejor que el indicador referente a la situación política. en la evaluación ciudadana, la economía resulta mejor evaluada que la política. esta última es observada nega-tivamente y; la primera, con cierto escepticismo, lo cual hace que se ubique en el límite entre el extremo positi-vo y negativo. Aunque, al parecer, la evaluación de la economía tiende a caer; mientras que la de la política a mantenerse.

4. análisiscomParadodelosindicadoresdeoPiniónPública

en el gráfico 4, ponemos en perspectiva los indicadores de percepción de la política y la economía con el nivel de aprobación presidencial.

gráFico 4comparación de los indicadores de opinión públicaen porcentaJes

2. PercePcióndelasituaciónPolítica

gráFico 2índice de percepción de la situación política (ipsp)en porcentaJes

en el gráfico anterior vemos que los tres índices, en este año, reportan una relativa estabilidad. sin embargo, hay que anotar que los ciudadanos evalúan estos indi-cadores en la zona negativa. Además, vemos que desde inicios de este año estos indicadores corren en paralelo, a diferencia del 2008, donde la aprobación sufrió caí-das, ahora esta se ha recuperado, estabilizándose los tres entre los 40 y 50 puntos, como fue la situación a mediados del 2007.

Análisis económico y sociAlcoyUnTURA mAyo - JUnio 2009

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introducción

el presente artículo intenta hallar los determinantes políticos y económicos de la aprobación del presidente Alan García en lo que va de su actual período presiden-cial.� Analizaremos, a través de modelos estadísticos, los factores que determinan que la ciudadanía tenga más probabilidades de aprobar la gestión de García. Hay que señalar que estos factores se mueven, por supues-to, en un marco general de debilidad institucional, presidencialismo, tentación populista, multipartidismos polarizados, desafección por la democracia y desapro-bación generalizada de las instituciones políticas y de los políticos, todas estas, características de los regíme-nes políticos de la región.

las variables económicas que componen el primer modelo explicativo de la aprobación de Alan García, en lo que va de su gobierno, son: la inflación, el empleo,

el producto bruto interno, y dos variables «subjetivas» como son los índices de percepción de la situación económica actual y futura. Ambos índices, propues-tos por el instituto de opinión Pública de la Pontificia Universidad católica del Perú (ioP), están basados en la percepción de la situación económica tanto a nivel sociotrópico (de todo el país), como a nivel egotrópico (del individuo). Por otro lado, las variables políticas que componen el modelo son: el número de huelgas, tra-bajadores involucrados en huelgas, conflictos sociales activos y conflictos sociales latentes, y variables políticas «subjetivas» como el índice de percepción de la situa-ción política actual y futura, además de la aprobación presidencial retrasada en un mes.

análisisdelPeríodoPresidencial

la tabla � muestra los resultados para tres modelos pro-puestos: el primero incluye todas las variables que nos parecen relevantes; el segundo incluye solo las variables económicas; y el tercero, solo las variables políticas. nos pareció conveniente hacer estas distinciones debido a que el modelo general podía ocultar algunas relaciones que podían ser relevantes de analizar en modelos más específicos a cada grupo de variables.

loS DEtErmInAntES PolítICoS y EConómICoS DE lA AProbACIón

DEl PrESIDEntE AlAn gArCíA

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aRtuRo maldonadosociólogo, coordinador de campo del instituto de opinión Pública de la PUcP

JosedominGo pimentel Asistente del instituto de opinión Pública y alumno de la especialidad de ciencia Política

�. este artículo es una versión basada en la ponencia: «los deter-minantes políticos y económicos de la aprobación presidencial durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García» de Arturo maldonado y Josedomingo Pimentel, presentada en el segundo congreso latinoamericano de opinión Pública de la World Association for Public opinion - WAPoR lima -, realizado los días 22, 23 y 24 de abril de 2009. (WAPoR). Realizado en lima los días 22, 23 y 24 de abril de 2009.

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tabla 1modelo de regresión lineal para las Variables determinantes de la aprobación de la gestión de alan garcíacoeFicientes de los determinantes de la aprobación presidencial de alan garcía

modelo 1 modelo 2 modelo 3

variable var. económicas var. políticas

constante �3�,96� 86,348 -�,389

Aprobación presiden-cial (retrasada)

-0,206

inflación -�,333 -6,048

Huelgas 0,�90 0,0�7

Trabajadores involu-crados en huelgas

-0,65e-4

empleo -�,543* -�,007*

PBi 0,2 0,�08

conflictos activos 0,038 -0,093*

conflictos latentes 0,�04 -0,059

iPse actual �,023 �,263*

iPse futura -0,836 -0,005

iPsP actual 0,426 -0,437

iPsP futura 0,825 �,4�8*

R2 ajustada 0,9�2 0,869 0,867

n 27 28 27

F 23,462* 36,779* 34,845*

nota: los valores son coeficientes de regresión no estandarizados. *p 0,05 ¿entre la p y la cifra va un signo?

De los resultados, observamos que la variable de apro-bación retrasada no aparece como significativa.2 esto daría alguna pista de que, para este segundo período de García, la evaluación que hace la opinión pública no es acumulativa; es decir, que hechos que pudieron haber impactado en meses pasados se esfuman y no tienen «efectos permanentes» en los meses siguientes. lo que podría sugerirnos cierto manejo acertado de estos por parte del gobierno.

Respecto al conjunto de variables económicas, vemos en primer lugar que la variable inflación aparece como no significativa. A pesar de que el signo del coeficiente nos indicaría que aumentos en la inflación ocasionarían una erosión de la aprobación, al ser no significativa, nos revela que estos cambios no son sustantivos en la varia-ción de la variable dependiente. esta afirmación iría de la mano de la constatación de la relativa estabilidad de

la inflación, evidenciado en su permanencia por debajo del 0,4% en promedio. Hay que indicar que la inflación venía siendo un tema de agenda debido al desastre económico del primer gobierno de García.

la variable económica que sí aparece como significativa es el empleo, aunque el signo que presenta el coeficien-te es negativo. Debería interpretarse que aumentos en los índices de empleo acarrean descensos significativos en la aprobación presidencial. Una posible explicación de este fenómeno tendría que ver con las expectativas de la población respecto al desempeño del presidente. es decir, al comienzo del período presidencial, la pobla-ción tuvo altas expectativas que se manifestaron en la necesidad de resultados o medidas de gran impacto para satisfacerlas. sin embargo, tanto el gobierno de García (como el de Toledo), respecto al empleo, mantuvieron la tendencia ascendente, pero sin lograr aumentar la pendiente, de tal manera que se lograra un impacto espectacular en la población acorde con sus altas expectativas. Una vez que las expectativas res-pecto al desempeño presidencial menguan, variaciones positivas en el empleo sí se consideran. la pregunta es si esta misma tendencia aparecerá en la segunda mitad del período de García.

Hay que indicar que, en este modelo general, las varia-bles de percepción de la situación económica actual y futura aparecen como no significativas. en resumen, se podría decir que actualmente la aprobación presiden-cial se sostiene en variables económicas macro, y que las variables micro no son significativas. Podríamos afir-mar que si bien la situación económica es aún estable, y así es valorada, esto no es suficiente para la población, que haría falta otro tipo de medidas para que la pobla-ción sienta la estabilidad e incluso bonanza económica en sus bolsillos, y este sea un factor de aprobación de la gestión gubernamental.

Respecto al grupo de variables políticas selecciona-das, vemos que ninguna es significativa en el modelo general, ni los indicadores objetivos como número de huelgas, número de trabajadores involucrados en las huelgas o conflictos, ni los subjetivos como la percep-ción de la situación política actual y futura.

Una vez que enfocamos nuestra mirada en cada paque-te de variables por separado, vemos que aparecen nuevos indicadores significativos y que son sugerentes para el análisis. en el caso de las variables económicas, vemos que además del empleo, aparece como signifi-cativa la percepción de la situación económica actual, y esta aparece con signo positivo; es decir, que a medida

2 en un trabajo de Kurt Weyland se indica que «al retrasar la variable dependiente este modelo toma en cuenta los efectos finales de valores previos de las variables independientes (transformación Koyck). en esta forma los estimados de los parámetros para las variables independientes miden solamente el impacto de estas variables en cada punto del tiempo, mientras que los efectos permanentes de estas variables en periodos subsecuentes son captados a través de la variable dependiente retrasada». Falta la referencia, es una cita textual.

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que esta percepción va mejorando, entonces esto ten-dría un impacto positivo en la aprobación presidencial.

en el caso de las variables políticas encontramos que la percepción de la situación política futura y los con-flictos activos aparecen como significativos; aunque estos últimos con un impacto mínimo. la percepción de la situación política futura se comporta directamente relacionada. más allá del signo positivo, esperado, de los coeficientes de ambos indicadores, es resaltable la selección, el hecho que sea la percepción económica actual y la política futura. es decir, la aprobación presi-dencial se estaría basando en una evaluación que los ciudadanos hacen con un ojo en el bolsillo, y el otro mirando el futuro político.

ConClusión

las curvas de aprobación presidencial de los gobiernos que han precedido al de García han descrito una forma curvilínea, es decir, el gobierno empieza con una apro-bación considerable (período comúnmente llamado «luna de miel», en donde la evaluación se basa más en las expectativas que en el desempeño), luego su popu-laridad decae hacia la mitad del período de gobierno para, después, repuntar hacia el final del mandato. en lo que va del gobierno de García, la forma que la apro-bación presidencial viene describiendo es una forma curvilínea, semejante a una parábola. sin embargo, la pendiente con la que ha ido cayendo su popularidad es moderada, si se la compara con la de Alejandro Toledo, por ejemplo. estas caídas, intuimos, tienen que ver con la rebaja progresiva en las expectativas que tiene la población con respecto a la gestión presidencial.

como hemos mencionado, nos parece que las expec-tativas que tiene la población respecto al desempeño presidencial juegan un rol importante. es así que, en lo que va del período del gobierno de García (y también en el de Toledo), algunos indicadores macroeconómi-cos, como la evolución del producto bruto interno (PBi) y la evolución del índice de empleo, aumentan sosteni-damente; sin embargo, la población no aprecia estas mejoras, y a medida que estos indicadores mejoraban, esto no se traducía necesariamente en un aumento en la popularidad del presidente. en los primeros meses de la gestión, a pesar de la mejora de estos indicadores, las expectativas son más altas, resultando en un saldo negativo en contra de la aprobación presidencial. A medida que pasan los meses, como hemos menciona-do, intuimos que las expectativas caen o se redireccio-nan, llegando a un punto de equilibrio y de inflexión, a

partir del cual podríamos decir que el resultado de esta evaluación de mejoría de estos indicadores frente a las expectativas, deja un saldo a favor, evidenciándose en la mejora de la aprobación presidencial en la segunda parte de los períodos presidenciales.

entonces, la aprobación presidencial se estaría explican-do por factores que comparten una mirada «actualista» de la economía, y prospectiva de la política. los factores económicos más relevantes para explicar la aprobación presidencial son aquellos que evalúan el aquí y ahora. Por el contrario, aquellos factores que preguntaban por el futuro de la situación económica (de las familias o del Perú) no aparecieron como relevantes. Actualmente, existe mayor expectativa respecto al futuro económico debido al contexto de crisis mundial en que nos encon-tramos. sin embargo, este contexto aún no es un factor en la evaluación presidencial, en parte debido a que la crisis no ha afectado tan gravemente la economía peruana hasta el momento. no obstante, hay que indicar además que esta mirada de la economía es una mirada aún positiva, aunque este optimismo sea frágil. la ciudadanía es consciente de las mejoras económicas, y de que esto es un motivo para apoyar al presidente, especialmente, en los sectores más integrados de la sociedad. sin embargo, no es un optimismo desborda-do; por el contrario, es un optimismo que linda con el escepticismo, que ante el menor signo de deterioro de las condiciones se tornaría pesimista.

en cuanto a los factores políticos vemos que, de la misma manera, se toma en cuenta el presente, lo que pasa en la política cotidiana. Pero además aparece como significativa la mirada prospectiva, es decir, la evaluación presidencial está dependiendo de cómo la gente se imagina el futuro político del país. Ante este resultado, podemos examinar dos posibles motivacio-nes. la primera es que esta mirada prospectiva reflejaría esperanza en que las cosas vayan mejor. son aquellos que creen que la situación política del país irá mejor o mucho mejor los que tienen más probabilidades de apoyar la gestión de García, y a medida que la percep-ción de la situación política mejora, también mejora la aprobación presidencial. otra mirada es aquella que sugiere que además de esperanza, es el temor lo que mueve a las personas a mirar el futuro político para evaluar la gestión actual del presidente, más aún cuan-do se toman en cuenta los antecedentes del presidente García.

si tomamos como imagen una metáfora del fútbol peruano, este fenómeno sería traducido como el temor a que a la selección peruana le hagan un gol o le

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volteen el partido en los últimos minutos del encuen-tro, «Perú jugó como nunca y perdió como siempre». en el ámbito político, donde nos puede estar yendo bien económicamente y podemos estar viviendo un período de estabilidad política, siempre existe el temor de que un gobernante «malogre» lo avanzado en el período final de su mandato, temor que además es fundado y se basa en la experiencia de gobiernos anteriores, como el de Fujimori y el de García en su primer período.

A partir de los resultados que hemos obtenido para el período de García, vemos que la relación inversa entre conflictividad social e imagen presidencial no se sostie-ne. los conflictos sociales activos no explican grande-mente las variaciones de la aprobación presidencial; en este caso, el número de conflictos activos es un factor insignificante. sin embargo, hay que precisar que la metodología de la Defensoría del Pueblo recoge solo el número de conflictos, donde haría falta precisar la magnitud de estos.

Para el período de Toledo no se cuenta con la infor-mación de la Defensoría del Pueblo; sin embargo, era común escuchar la afirmación de que los conflictos sociales se convirtieron en un problema que hacía

peligrar la gobernabilidad del país. Una posible explica-ción podría apuntar a la magnitud de los conflictos. si bien es cierto que en el período actual existen más con-flictos, estos pueden ser de menos intensidad (por ejem-plo, ser más locales que nacionales, tener menos impacto mediático, ser menos politizados). Por el contrario, para el período de Toledo, los conflictos habrían sido más organizados, habrían abarcado un reclamo de escala regional o nacional, habrían tenido mayor presencia en los medios, y habrían involucrado a dirigentes con más experiencia y el know-how de la forma de protestar.

otra explicación complementaria es que el actual presidente cuenta con un partido de larga data que lo respalda, el APRA; a diferencia de Toledo, que solo con-taba con un partido joven, con dirigentes nuevos en la política y con escasa presencia nacional. esto habría hecho de Toledo una figura política más frágil y vulne-rable a las protestas; mientras que un partido como el APRA blindaría la figura presidencial.

Para resolver este punto queda pendiente cómo medir la intensidad de los conflictos y ampliar el período de medición de la Defensoría del Pueblo, de tal forma que incluya el período de Alejandro Toledo, y así poder comparar ambos períodos sobre las mismas bases.

Análisis económico y sociAlcoyUnTURA mAyo - JUnio 2009

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ANálIsIs ecONóMIcO Y sOcIAl

1. situacióneconómicanacional

sector real indicadores indirectos del nivel de actividadempleo sector monetario y bancariomercado de renta fija y renta variable

2. sectorPúblico

3. sectoreXterno

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AnáLIsIs ECOnóMICO y sOCIALCOyUnTURA MAyO - JUnIO 2009

Año 5 número 24

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cooRDinAción: Humberto ortiz ruiz

colaboradores: lady sarita baltazar, Henry campos, milagros deza, maría cecilia deza, José luis montalVo, pablo naVarrete,irina Valenzuela, giannina Vaccaro, raquel yamuJar

1. situacióneconómicanacional

sectorreal

según el instituto nacional de estadística e informática (inei), en el primer trimestre del 2009, la producción nacional creció en 2,02% por el dinamismo de la mayo-ría de sectores, a excepción del sector pesca (-�9,8%) y manufactura (-5,�%).

cuadro 1 producto bruto interno (pbi)en Variaciones porcentuales

mensual 1/ Acumulada 2/ Anualizada 3/

enero 09 3,� 3,� 9,2

Febrero 0,2 �,7 8,2

marzo 3,1 2,0 7,8

Fuente: inei�/ Respecto a similar mes del año anterior.2/ Respecto a similar período del año anterior.3/ Últimos �2 meses respecto a similar período del año anterior.nota: estimación basada en el índice mensual de la producción nacional.

los sectores que más aportaron al crecimiento del pri-mer trimestre fueron otros servicios (2%), construcción (0,3%), agropecuario (0,3%) y minería e hidrocarburos (0,2%), los cuales contrarrestaron el aporte negativo de los sectores manufactura (-0,8%) y pesca (-0,�%).

cuadro 2pbi por sectores en Variaciones porcentuales

2009-2008

Sectores Ene Feb mar Ene-mar

Agropecuario -�,5 4,0 7,3 3,9

Pesca -2�,� -�7,6 -23,5 -�9,8

minería e hidrocarburos �0,7 -2,0 2,5 3,6

manufactura -2,7 -7,5 -5,4 -5,�

electricidad y agua 3,5 -�,7 �,6 �,2

construcción 4,5 4,7 6,3 5,2

comercio 2,5 -0,7 0,3 0,4

otros servicios�/ 6,0 3,5 7,0 5,2

Derechos a la importación y otros impuestos

2,3 -�,9 2,8 �,0

PbI 3,1 0,2 3,1 2,0

Fuente: inei�/ incluye servicios gubernamentales y otros servicios.

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según el inei, en el primer trimestre del año, la activi-dad pesquera registró una contracción de �9,8% con respecto a similar período del año anterior. este resul-tado se explicó por el menor desembarque de especies destinadas tanto a consumo directo (-�8,�%) como a consumo industrial (-65,0%). el menor desembarque de especies marinas se debió a las anomalías clima-tológicas. la captura de anchoveta, destinada al uso industrial, decreció 65,0%, lo cual se explica por la veda iniciada desde el �3 de diciembre de 2008 para la zona norte y centro (desde Tumbes hasta Arequipa), y la veda zonal en el sur. Por otro lado, la mayor parte de la pesca continental (3,6%) se debió a la mayor extracción de especies para consumo fresco.

mineRía e hidRoCaRBuRos

cuadro 5producción del sector minería e Hidrocarburosen Variaciones porcentuales

2009-2008

Ene Feb mar Ene-mar

minería e hidrocarburos 10,7 -2,0 2,5 3,6

minería 7,9 -3,8 -1,2 0,8

cobre 27,6 -2,8 -�,7 6,4

Zinc 5,2 -4,9 -9,7 -3,�

oro -4,0 -4,7 8,8 0,0

Plata 9,0 �3,6 9,8 �0,8

Hierro -�4,� -�2,6 -34,5 -22,�

Plomo -4,3 -7,5 -7,7 -6,5

hidrocarburos 36,5 15,0 40,2 30,4

Petróleo crudo 38,� �9,5 5�,7 35,9

Gas natural 30,2 -0,5 8,� ��,8

Fuente: inei

De acuerdo con el inei, en el primer trimestre, la producción minera e hidrocarburos se incrementó en 3,6%. Por subsectores, la actividad minero metálica cre-ció en 0,8%, lo cual se explica por la mayor extracción de cobre (6,4%) y plata (�0,8%). en contraste, la pro-ducción de zinc (-3,�%), plomo (-6,5%) y oro (-0,02%) tuvieron resultados negativos. Por otro lado, la extrac-ción de hidrocarburos se incrementó en 30,4% debido a la mayor producción de petróleo crudo y líquidos de gas natural (35,9%), y de gas natural (��,8%), lo cual se explica principalmente por la contribución del lote 56 y camisea, respectivamente, ambas de Pluspetrol Perú corporation. el crecimiento en la extracción de gas natural se sustentó en la mayor demanda indus-trial, residencial, automotriz y de generación de electricidad.

aGRopeCuaRio

cuadro 3producción del sector agropecuarioen Variaciones porcentuales

2009-2008

Ene Feb mar Ene-mar

Agropecuario -1,5 4,0 7,3 3,9

Agrícola -6,3 1,9 8,2 2,2

caña de azúcar �0,2 38,5 36,5 27,3

café -29,0 -32,9 5,9 -6,3

Arroz cáscara -20,0 37,2 �6,7 6,0

Papa -�8,3 -�2,6 4,9 -6,8

espárrago -��,2 -�3,0 -20,7 -�4,�

maíz amarillo duro 5,8 �3,8 48,3 24,3

Algodón -6�,7 -24,3 -3,0 -3�,0

Pecuario 4,5 6,6 5,9 6,1

Aves 8,� �3,0 9,6 �0,4

leche fresca 5,3 4,8 6,8 6,3

Fuente: inei

según el inei, en el primer trimestre del año, la actividad agropecuaria creció en 3,9% debido a la mayor produc-ción agrícola (2,2%) y pecuaria (6,�%). el crecimiento de la producción agrícola se debió al mayor cultivo de caña de azúcar (27,3%,), maíz amarillo duro (24,3%), arroz cáscara (6%), entre otros; contrarrestada en parte por la menor producción de algodón en rama (-3�%), espárrago (-�4,�%), café (-6,3%), entre otros. Por otro lado, el dinamismo del sector pecuario se sustentó en el crecimiento de la producción de aves (�0,4%), leche fresca (6,3%), vacuno (�,5%) y huevos (�,2%).

pesCa

cuadro 4producción del sector pescaen Variaciones porcentuales

2009-2008

Ene Feb mar Ene-mar

Consumo directo -20,9 -16,9 -19,6 -18,1

congelado -35,5 -23,4 -24,5 -26,4

enlatado -34,4 -53,3 -27,7 -36,3

Fresco 3,5 7,0 -6,6 �,3

curado�/ -42,7 -63,� -57,4 -56,�

Consumo indirecto -37,2 -62,5 -90,0 -65,0

Anchoveta -37,0 -63,� -90,0 -65,0

otras especies - -40,7 - -

Pesca continental -0,3 2,7 8,0 3,6

total -21,1 -17,6 -23,5 -19,8

Fuente: inei�/ el curado hace referencia a los procesos para preservar o dar sabor a la carne de pescado aña-diendo una combinación de sal, azúcar y nitrato o nitrito. ejemplo: pescado salado.

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Año 5 número 24

39

Fuente: ministerio de la Producción

según el inei, en el primer trimestre, la actividad manu-facturera decreció en 5,�% debido a la menor produc-ción fabril no primaria (-6,4%), contrarrestada en parte por la mayor producción primaria (�,6%).

la menor producción de bienes de consumo (-5,9%), bienes intermedios (-6,7%) y bienes de capital (-22,6%) incidieron en la reducción de la manufactura no prima-ria. los bienes de consumo que tuvieron la mayor caída fueron los relacionados con la industria textil como los tejidos y artículos de punto y ganchillo (-33,6%), prendas de vestir, excepto prendas de piel (-26,2%), y productos como elaborados de frutas, legumbres y hortalizas (-�2,5%), entre otros. en el caso de los bienes de intermedios destaca la reducción de la industria de sustancias químicas básicas (-30,6%), industrias básicas de hierro y acero (-38,7%), otros productos elaborados de metal (-�7,4%), hilatura de fibras textiles y tejidos (-23,2%), entre otros. mientras que las ramas de bienes de capital que más se contrajeron fueron los aparatos de distribución y control de energía eléctrica (-53,�%); motores, generadores y transformadores eléctricos (-3�,�%); maquinaria para minas, canteras y construc-ción (-3�,6%); y bombas, compresoras, grifos y válvulas (-20,5%).

el incremento en la actividad fabril primaria se sustentó en la mayor producción de carne y productos cárnicos (7,2%), refinación de petróleo (34,7%), y refinación de azúcar (�9,5%), contrarrestado por la menor pro-ducción de harina y conserva de pescados, y metales preciosos no ferrosos que se redujeron 33,�% y 6,7%, respectivamente.

indicadoresindirectosdelniVeldeactiVidad

venta de Cemento

según la Asociación de Productores de cemento (Asocem), en los primeros cuatro meses del 2009, el despacho total de cemento registró un incremento de 4,5% con respecto al mismo período del 2008 debido a la mayor demanda del sector construcción.

gráFico 2Ventas totales de cementoen miles de tm

manuFaCtuRa

gráFico 1eVolución de la producción manuFactureraVariaciones porcentuales anualizadas

Fuente: Asocem

pRoduCCión de eneRGía

De acuerdo con el comité económico del sistema interconectado nacional (coes-sinAc), durante los meses de enero a abril de 2009, la producción total acumulada de energía aumentó en 0,9% con respecto al año anterior, destacando la mayor producción de la generadora eDeGel (9,4%).

cuadro 6producción de energía por empresa

Enero - abril var. %

Participa- ción (%)Empresa 2008 2009

eDeGel s. A. A. 2.8��,7 3.074,6 9,4 3�,3

elecTRoPeRÚ s. A. 2.442,7 2.393,0 -2,0 24,4

energía del sur s. A. �.357,4 �.324,� -2,4 �3,5

eGenoR 965,8 873,2 -9,6 8,9

otros 2.�57,� 2.�59,5 0,� 22,0

Producción total gWh 9.734,6 9.824,4 0,9 100,0

Fuente: coes y sinAc

en abril, la producción de energía aumentó en 0,28% con respecto a abril de 2008. Dicho aumento se debió a la mayor producción hidráulica (�,2%), que compensó la menor producción térmica (�,8%).

40

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emPleo

según la encuesta nacional de Variación mensual de empleo en empresas de �0 y más Trabajadores del sector privado (enVme), durante los dos primeros meses del 2009, el empleo urbano a nivel nacional se incrementó en 4,�% con respecto al mismo período del 2008. en lima metropolitana, el empleo creció en 5,�%, mientras que en el resto de ciudades urbanas creció en �,8%.

gráFico 3tasa de ocupación y de desempleo en lima metropolitanapea ocupada y desocupada sobre pea total

empleo poR seCtoRes

según la enVme, durante enero de 2009, el empleo urbano se incrementó en los sectores de comercio (9,4%) y servicios (9,6%) contrarrestando así la caída del empleo en la industria manufacturera (-2,4%).

gráFico 4empleo por sector económicopea ocupada. Variaciones porcentuales anualizadas1/

� número de personas que laboran un número de horas a la semana igual o mayor a 35 y que tienen un ingreso por encima del mínimo referencial, y personas que laboran menos de 35 pero que no desean trabajar más horas.

2 compuesta por subempleo por ingresos, que vienen a ser las perso-nas que trabajan 35 horas o más y perciben un ingreso por debajo del mínimo referencial; y subempleo por horas, que son las perso-nas que trabajan menos de 35 horas por causas involuntarias.

Fuente: ePe e inei

según la encuesta Permanente de empleo (ePe), en abril de 2009, la población económicamente activa (PeA) —ocupada de �4 y más años de edad— en lima metropolitana alcanzó los 4.598,4 millones de per-sonas, con lo cual se registró una tasa de ocupación —ratio entre PeA ocupada y PeA total— de 9�,3%, cifra inferior en 0,2% con respecto a la registrada en abril de 2008. se observó un retroceso en la calidad del empleo, ya que la tasa de empleo adecuado —adecuadamente empleados� entre PeA— cayó en -2,2% y la tasa de subempleo —personas subempleadas2 entre PeA— cre-ció en �,6%.

Fuente: ePe e inei�/ el sector servicios incluye actividades como restaurantes y hoteles, transportes y comunicaciones, sector público, etcétera.

según la ePe, en abril, el empleo en lima metropolitana se incrementó en la mayoría de sectores destacando manufactura (�7,2%) y construcción (3,9%), los cuales contrarrestaron la caída en el sector comercio (-3,�%).

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Año 5 número 24

4�

Fuentes: inei y BcRP

sectormonetarioybancario

tasa de inteRés

según el Banco central de Reserva del Perú (BcRP), el �2 de mayo, el promedio de la tasa de interés inter-bancaria se ubicó en 4,67%, nivel inferior al promedio registrado en abril (5,33%).

gráFico 5corredor de tasas de interés reFerencialpuntos porcentuales

3 según el BcRP, el sistema financiero peruano está compuesto por las sociedades de depósitos y otras sociedades financieras. las sociedades de depósito se definen más adelante. las otras sociedades financieras están compuestas por los fondos mutuos, la corporación Financiera de Desarrollo s. A. (coFiDe), las compañías de seguros, las empresas de arrendamiento financiero, los fondos de pensiones, las entidades de desarrollo de la pequeña y microe-mpresa (edpymes) y el Fondo miViVienDA (a partir de enero de 2006).

Fuente: BcRP

el 7 de mayo, el BcRP, por cuarto mes consecutivo en el año, recortó la tasa de interés de referencia de la política monetaria de 5,0% a 4,0% ante las menores expectativas de inflación. Además, las tasas de regula-ción monetaria y overnight se ubicaron en 4,8% y 3,2%, respectivamente.

liquidez y emisión pRimaRia

según el BcRP, al �5 de abril, la liquidez total del siste-ma financiero3 alcanzó un saldo de �68.545 millones de nuevos soles registrando un crecimiento de �,9% con respecto a marzo. Asimismo, la liquidez en mone-da nacional alcanzó un saldo de 54.450 millones de nuevos soles, lo que equivale a una reducción mensual de �,9% y un crecimiento anual de 3,7%. Por otro lado, la liquidez en moneda extranjera aumentó ligeramen-te en 0,�% con respecto al mes anterior y en 26,6%

Fuente: BcRP

Al �5 de abril, el saldo de la emisión primaria fue de 20.46� millones de nuevos soles, registrándose una disminución mensual de 3,0% y una variación anual de -5,�%.

inFlaCión

según el inei, en abril de 2009, el índice de precios al consumidor (iPc) de lima metropolitana fue de 0,02%, siendo menor al observado en marzo (0,36%). la variación acumulada en los primeros cuatro meses del año fue de 0,4�%, con una tasa promedio de 0,�0%. Finalmente, la inflación acumulada de los últimos �2 meses fue de 4,64%.

gráFico 7inFlación e inFlación subyacenteVariaciones porcentuales de los últimos 12 meses

con respecto al año anterior, registrando un saldo de �5.954 millones de dólares.

gráFico 6eVolución de la liquidez del sistema FinancieroVariaciones porcentuales anualizadas

42

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oko

Fuente: BcRP

según el BcRP, al 5 de mayo de 2009, las reservas inter-nacionales netas (Rin) alcanzaron los 3�.�32 millones de dólares, monto equivalente a �4 meses de importa-ciones, 4,8 veces la emisión primaria y �,6 veces la emi-sión primaria. Dicho monto fue superior en 53 millones de dólares al registrado en el cierre de abril. Por otro lado, la posición de cambio de las Rin fue de 20.36� millones de dólares, monto superior en �04 millones de dólares al del cierre del mes anterior.

De acuerdo con el inei, en el resultado de abril destaca el comportamiento de tres grandes grupos de con-sumo que presentaron las mayores alzas de precios: muebles y enseres (0,38%), influenciado por el dinamis-mo de precios que se presentaron en los artículos para cuidado del hogar (0,8%); enseñanza y cultura (0,29%); y otros bienes y servicios (0,29%), debido al aumento de los precios en giras turísticas en 0,5% (semana santa) y por el incremento de los artículos de cuidado personal en 0,4%.

la inflación subyacente —que excluye los rubros más volátiles de la canasta de consumo y representa la tendencia de la inflación— presentó una variación de 0,�5% en abril, registrando una inflación acumulada de �2 meses de 5,42%. Por otro lado, la inflación no subyacente —que se halla sujeta a variaciones estacio-nales— presentó una variación de -0,�5% en abril y una inflación acumulada de �2 meses de 3,62%. la inflación importada del mes —que comprende bienes cuyos precios dependen principalmente de las cotizaciones internacionales— fue de -0,25%, con lo cual se presenta una inflación acumulada de �2 meses de -6,45%.

tipo de CamBio

De acuerdo con el BcRP, al �2 de mayo, el tipo de cambio promedio bancario se ubicó en 2.992 nuevos soles por dólar, apreciándose en 3,02% con respecto al mes anterior. en mayo, el BcRP ha intervenido en el mercado cambiario en tres ocasiones comprando 77 millones de dólares.

gráFico 8tasa de apreciación del nueVo solVariación porcentual del tipo de cambio nominal bancario (promedio compra-Venta)

Fuente: BcRP

en abril, el tipo de cambio real bilateral —que consi-dera la inflación de estados Unidos— ha presentado una reducción de 2,6% en relación con marzo. Por otro lado, el tipo de cambio real multilateral —que toma como referencia la evolución de las monedas de nuestros principales socios comerciales— cayó en �,�% respecto al mes anterior.

ReseRvas inteRnaCionales

gráFico 9reserVas internacionales netas y posición de cambioen millones de dólares

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43

Fuente: BcRP

según el BcRP, al 5 de mayo, se produjo un aumento tanto del índice general (iG) como del índice selectivo (is) de la Bolsa de Valores de lima (BVl). en el caso del iG, aumentó en 5,0% respecto al cierre de abril, mientras que el is —el cual mide las cotizaciones de las �5 acciones más representativas de la BVl— lo hizo en 6,0%. Asimismo, el iG aumentó en 8,0% en abril, mien-tras que el is se incrementó en �2,5%. en lo que va del año, el iG y el is acumulan ganancias de 48,7% y 50,0%, respectivamente.

Por otro lado, al 5 de mayo, se han negociado �02 millones de nuevos soles, lo cual representa un 90% menos del monto negociado a fin del mes anterior.

oFeRta púBliCa pRimaRia

según la comisión nacional supervisora de empresas y Valores (conasev), la inscripción de emisiones por oferta pública primaria (oPP) en el Registro Público del mercado de Valores (RPmV) alcanzó los 808,2 millones de dólares en abril de 2009. De esta manera, el monto inscrito entre enero y abril representó un incremento de 39,8% respecto a similar período del año pasado.

Fuente: sBs

según la superintendencia de Banca y seguros (sBs), el crédito directo se redujo �,5 millones de nuevos soles entre marzo y febrero de 2009. esta reducción se debió, principalmente, a las menores colocaciones en créditos comerciales (�,3 millones) seguidos de los créditos hipo-tecarios y de consumo. Por otro lado, solo los créditos a las microempresas aumentaron ligeramente en 0,5 millones de nuevos soles.

CRéditos

gráFico 10eVolución del crédito del sistema Financiero al sector priVado1/

Variaciones porcentuales anualizadas

Fuente: BcRP�/ Ajustado. se descuentan las inversiones en acciones y las primas por cobrar de inversionistas institucionales al crédito total al sector privado.según el BcRP, al 3� de marzo de 2009, el crédito del sector financiero al sector privado —que com-prende financiamiento a través de préstamos y emisión de títulos de renta fija— en moneda nacional aumentó en �,8% respecto al mes anterior, registrando un saldo de 58.935 millones de nuevos soles. Por otro lado, el crédito al sector privado en moneda extranjera se redujo en �,�%, alcanzando un saldo de �8.542 millones de dólares.

gráFico 11eVolución del crédito directo por tipo de créditomillones de nueVos soles

mercadoderentaFiJayrentaVariable

índiCes BuRsátiles

gráFico 12indicadores bursátiles

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cuadro 7inscripciones y colocaciones de oFerta pública primariamillones de dólares

Emisiones inscritas Emisiones colocadas

2008 Ene - Abr 2009

Part. % 2009

2008 Ene - Abr 2009

Part. % 2009

Acciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

B. arrendamiento financiero 799,5 34,0 �,7 283,7 33,8 7,8

B. corporativos 3.�39,0 �.428,9 69,7 730,7 �90,8 44,2

B. hipotecarios ��0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

B. de titulización 70,5 �9,0 0,9 32,9 0,0 0,0

B. subordinados 268,5 �50,0 7,3 �29,� 80,0 �8,5

instrumentos de corto plazo 222,5 263,0 �2,8 �50,� 86,2 20,0

certific. depósito negoc. �0�,8 �53,8 7,5 85,� 40,9 9,5

i.c.P: titulizado �00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

total 4.811,8 2.048,7 100,0 1.411,5 431,7 100,0

Proporción 2009/2008 42,6

Programas de emisión 2.428,3 830,7

Fuente: Reporte mensual del mercado de Valores, abril de 2009 elaboración: Gerencia de investigación y Desarrollo de la conAseV

según la conasev, entre las emisiones inscritas durante abril, destacaron el primer programa de bonos corpo-rativos de crediscotia s. A. por 300 millones de nuevos soles y el 4.o programa de emisión de bonos corporati-vos de edegel s. A. A. por �00 millones de dólares.

2. sectorPúblico

oPeracionesdelgobiernocentral

cuadro 8operaciones del gobierno centralmillones de nueVos soles

2008 2009 Acumulado al mes de marzo

variación real 2009/2008

Dic Ene Feb mar 2008 2009 mes Acum.

a. ingresos corrientes 5.234 5.406 4.297 4.925 �5.742 �4.628 -8,9 -�2,0

b. Gastos no financieros 6.7�6 3.85� 4.048 4.334 �0.0�5 �2.233 2�,� �5,7

c. ingresos de capital 2� 59 6 5 94 70 -79,9 -29,8

I. resultado primario (a-b+c) -1.460 1.613 256 595 5.821 2.464

d. intereses 290 333 9�7 238 �.626 �.488 -20,3 -�3,4

II. resultado económico (I.-d) -1.750 1.280 -661 357 4.194 976 Fuente: meF

según el ministerio de economía y Finanzas (meF), en el primer trimestre del 2009, el gobierno central obtuvo un resultado económico positivo de 976 millones de nuevos soles, inferior en 3,2�8 millones a similar perío-do del 2008, debido a la mayor ejecución del gasto no financiero y a un menor nivel de ingresos corrientes, principalmente tributarios. en marzo de 2009, el gobier-no central obtuvo un resultado económico positivo; sin embargo, los ingresos corrientes tuvieron una caída real de 8,9% —principalmente por los menores ingresos provenientes de la minería—, mientras que el gasto no financiero presentó un crecimiento de 2�,�%.

Gasto FisCal

cuadro 9Gastos fiscalesmillones de nueVos soles

2008 2009 Acumulado al mes de marzo

variación real 2009/2008

Dic Ene Feb mar 2008 2009 mes Acum.

gastos no financieros 6.716 3.851 4.048 4.334 10.015 12.233 21,1 15,7

Corrientes 4.599 3.692 3.532 3.371 9.088 10.595 11,6 10,4

Remuneraciones �.4�5 �.�05 �.353 �.�46 3.465 3.604 7,5 -�,5

Bienes y servicios �.63� 588 830 �.0�0 �.9�4 2.428 33,9 20,2

Transferencias�/ �.552 �.998 �.349 �.2�5 3.709 4.562 �,2 �6,5

gastos de capital 2.117 159 516 963 927 1.639 72,4 67,5

Formación bruta de capital

�.666 ��8 322 672 7�2 �.��2 70,4 47,9

otros 45� 42 �94 292 2�5 527 77,3 �32,4

Fuente: meF�/ incluye pensiones, onP, Fonahpu, Foncomun, canon y otros.

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gráFico 13exportaciones e importaciones totalesmillones de dólares

los menores ingresos por isc (-23,5%) refleja el efecto de la modificación de la forma de pago de este (de pagos a cuenta semanales a un solo pago mensual a partir de enero de 2009, lo que afectó el resultado de dicho mes), aplicable tanto para los combustibles como para los otros productos sujetos a este tributo; mientras que la contracción por recaudación de otros ingresos (-3,6%) se explicó por los menores ingresos de la sUnAT por concepto de aplicación del impuesto temporal a los activos netos (iTAn), impuesto a las transacciones financieras (iTF), fraccionamientos y otros.

3. sectoreXterno

balanzacomercial

según el BcRP y la sUnAT, en el primer trimestre del 2009, la balanza comercial registró un superávit de 446 millones de dólares. Dicho resultado se sustentó en la caída del valor de las importaciones (-22,3%) y de las exportaciones totales (-3�,6%).

Fuentes: BcRP y sUnAT

cuadro 10ingresos tributarios del gobierno centralen millones de nueVos soles

2008 2009Acumulado al mes de marzo

variación real 2009/2008

Dic Ene Feb mar 2008 2009 mes Acum.

impuesto a la renta �.608 �.932 �.386 2.082 5.890 5.40� -��,7 -�3,2

impuesto general a las ventas

2.620 2.894 2.293 2.266 7.�34 7.453 -2,7 -�,�

interno �.366 �.774 �.308 �.28� 3.82� 4.363 6,4 8,0

externo �.254 �.�20 985 985 3.3�3 3.090 -�2,5 -��,7

impuesto selectivo al consumo

453 �77 29� 35� �.0�3 820 �4,6 -23,5

otros ingresos tri-butarios

406 2�� 2�5 208 628 635 -3,5 -3,6

impuesto a la impor-tación

�84 �40 �39 �3� 423 4�0 -8,5 -8,2

Devoluciones -645 -484 -594 -6�7 -�.562 -�.695 5,� 2,8

Ingresos tributarios 4.627 4.872 3.730 4.422 13.527 13.024 -7,1 -8,9 Fuente: sUnAT

el dinamismo de los gastos no financieros del gobierno central se sustentó en los mayores gastos corrientes (�0,4%) y de capital (67,5%). en cuanto a los gastos corrientes, se destacan las mayores transferencias resal-tando los mayores recursos asignados al fondo de esta-bilización fiscal. Adicionalmente, el gasto en formación bruta de capital (inversión pública) se incrementó en 47,9% debido a la mayor ejecución del sector trasportes y comunicaciones y de los gobiernos regionales.

ingresoscorrientesyrecaudacióntributaria

según la superintendencia nacional de Administración Tributaria (sUnAT), los ingresos tributarios del gobier-no central en el primer trimestre del año ascendieron a �3.024 millones de nuevos soles, lo que significó una caída real de 8,9% con respecto a similar período del 2008. este comportamiento estuvo determinado por la disminución de la recaudación por impuesto selectivo al consumo (isc), impuesto a la renta (iR) e impuesto general a las ventas (iGV) externo, contrarrestado parcialmente por el incremento de la recaudación del iGV interno.

la caída en recaudación por iR fue resultado de la menor recaudación de pagos por primera (-29,3%) y tercera categorías (-27,3%), contrarrestado por la mayor regularización de personas naturales (22,8%) y jurídicas (20,�%). el menor ingreso por iGV se debió a la menor recaudación por iGV externo (-��,7%), producto del menor dinamismo de las importaciones de bienes intermedios y de consumo; y que fue contrarrestado en parte por la mayor recaudación de iGV interno (8,0%).

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riesgoPaís

gráFico 14eVolución del riesgo país

riesgo país medido por el spread embig

Fuente: Reuters

según Reuters, el riesgo país, medido a través del spread emerging markets Bond index (emBG) Perú, al �2 de mayo de 2009, se situó en 29� puntos básicos (p. b.), siendo menor en 69 p. b. con respecto a abril y el más bajo de la región.

eXPortacioneseimPortaciones

según el BcRP y la sUnAT, en el primer trimestre la caída del valor de las exportaciones totales se sustentó en los menores precios y la caída del volumen exporta-do. las exportaciones tradicionales y no tradicionales se contrajeron en 35% y 2�%, respectivamente. sin embargo, en los últimos meses, las exportaciones han seguido una tendencia creciente debido al mayor valor exportado de productos mineros (�,7%), pesqueros (2�,3%), textiles (�7,2%), entre otros.

en el primer trimestre, el menor valor de las importacio-nes se debió a las menores importaciones de insumos (-40,2%) y bienes de consumo (-4,7%), el cual fue con-trarrestado en parte por las mayores importaciones de bienes de capital (�,5%).

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