Injurias Cirielli Schiavi Sentencia 1 Ra Inst 29.12.11

8/3/2019 Injurias Cirielli Schiavi Sentencia 1 Ra Inst 29.12.11

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Poder Judicial de la Nacin

//nos Aires, 29 de diciembre de 2011.AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en la presente causa n 15.217/11, caratulada Cirielli

Ricardo s/calumnias que se origin en la querella presentada por el Secretario de

Transporte de la Nacin, Juan Pablo Schiavi contra el Secretario General de la

Asociacin del Personal Tcnico Aeronutico (APTA), Ricardo Cirielli , del registro

de esta Secretara n 8.

Y CONSIDERANDO:

I. Los hechos atribuidos en el escrito promotor de la querella

El Secretario de Transporte de la Nacin, Juan Pablo Schiavi, con el

patrocinio de los Dres. Urtubey y Aguilar, promovi querella por el delito de calumnias

e injurias contra Ricardo Cirielli, Secretario General de la Asociacin del Personal

Aeronutico.

Sobre los hechos, el funcionario refiri que el da 25 de noviembre

pasado, en el sitio web denominado La Poltica Online se publicaron declaraciones

efectuadas a ese portal informativo realizadas por el propio Cirielli que configuraron, a

su criterio, afirmaciones calumniantes e injuriantes hacia su persona. Explic Schiavi

que en el contexto de un conflicto existente entre la empresa Aerolneas Argentinas y el

gremio que aquel representa, Cirielli expres en el ltimo encuentro se escap por la

puerta de atrs para ir al programa 6, 7, 8. Es un impresentable.

Dijo que el imputado tambin lo acus de incumplir sus deberes comofuncionario pblico afirmando que es el principal culpable de todos los problemas

que hay en el transporte aeronutico. Es un ignorante. Funcionario de Grosso,

devenido en machista y mentiroso.

Finalmente, sostuvo el querellante que Cirielli refiri que el jueves 10

nos juntamos para dialogar sobre los conflictos en el sector. En medio de esa reunin,

mientras le planteaba toda la problemtica que hay en los distintos aeropuertos del

pas, se escap por la puerta de atrs. Despus me enter que se haba ido a buscar a

Abal Medina a la Casa Rosada y de ah fueron juntos al programa 6, 7, 8. Ese es el

compromiso del secretario de transporte.

Ante ello, Schiavi refiri que el imputado le endilg responsabilidad, de

manera evidentemente exclusiva, en lo que l llama todos los problemas que hay en el
http://www.cij.gov.ar/


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transporte aeronutico. Agreg que son de pblico conocimiento las situaciones

conflictivas que se produjeron en los ltimos das y que involucran al sector que

representa el querellado. Y que por ello, le atribuye con sus dichos alguna conducta que

por accin o inaccin lo coloca, segn su parecer, en el terreno del incumplimiento de

los deberes de funcionario pblico.

Schiavi refiri adems que con total desparpajo y de manera infundada y

temeraria me cataloga de irresponsable, mentiroso e ignorante. Expuso que la

circunstancia de que Cirielli haya divulgado tales expresiones en un medio de prensa

trastoca toda la situacin ya que coloca las expresiones agraviantes a la vista de un

incalculable nmero de personas.Para el querellante, no caben dudas acerca del carcter lesivo que

presentan los calificativos utilizados por Cirielli. Seal que dems esta decir que

ninguna persona que se precie desear, o ver con despreocupacin, que se arraigue

en el prjimo, y menos en forma masiva, la idea de que tiene por costumbre referirse

faltando a la verdad (mentiroso), o conducirse de manera imprudente, irreflexiva y sin

medir las consecuencias (irresponsable) o que se trata de una persona poco preparada

y que poco se interesa profundizar acerca de los asuntos en los que le toca intervenir

(ignorante).

Entendi el funcionario que todos estos calificativos, adems de lesivos,

resultan perjudiciales porque, al propagarse, tienen la aptitud de interferir negativamente

en las relaciones sociales, laborales, econmicas y de las ms diversas ndoles de la vida

de un ser humano sobre todo en la confianza de los ciudadanos en la gestin pblica que

se encuentra llevando a cabo, la que se ha visto, a su criterio, afectada por aquellas

declaraciones pblicas.

Por lo tanto, entendi que las afirmaciones ultrajantes y mendaces

vertidas en el medio periodstica en cuestin ocasionaron un dao cierto y concreto en

mi honor y reputacin, lo que a las claras configura la tipicidad objetiva y subjetiva de

los delitos de calumnias e injurias previstos por los artculos 109 y 110 del Cdigo

Penal de la Nacin

Finalmente el nombrado adjunt una impresin del sitio web denominadoLa Poltica Online en la que surgen las declaraciones referidas por el querellante (ver

fs. 1/6).

II. Presentacin de la defensa

Por su parte, el querellado realiz, a travs de su defensa, una

presentacin invocando, por los argumentos all expuestos, la excepcin de falta de


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accin por inexistencia de delito fs. 7/16.III. El amicus curiae interpuesto por el Centro de Estudios Legales y

Sociales (C.E.L.S.)

A su vez, el Centro de Estudios Legales y Sociales present argumentos

de derecho, de relevancia para la resolucin de la cuestin planteada en este expediente,

solicitando, en base a tales fundamentaciones -a las que me remito- que se declare in

lmine la inadmisibilidad de la accin tentada por encontrarse en debate expresiones

referidas a asuntos de inters pblico (ver fs. 20/31).

IV. Anlisis del caso

Definidos los hechos me expedir en torno a la valoracin jurdica que

tales hechos merecen. En esta tarea, advierto cuestiones de derecho, fundamentalmente,

de derecho constitucional que han sido desarrolladas en la jurisprudencia de la Corte

Suprema de Justicia de la Nacin y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en

forma sistemtica, correspondiendo su reconocimiento por parte de los tribunales

inferiores. Ello, sin afectar el derecho de defensa en juicio previsto por el artculo 18 de

la Constitucin Nacional y artculo 8.2 de la Convencin Americana de Derechos

Humanos.

Es funcin de los jueces, como integrantes del Poder Judicial de la Nacin

-intrprete ltimo de la Constitucin-, a la hora de interpretar y decidir el derecho

aplicable a una cuestin, efectuar una lectura de dichas normas que resulte acorde con la

Constitucin Nacional. Lo contrario implicara desor los lmites objetivos que elconstituyente fij para la imposicin de sanciones penales a sus ciudadanos, entre los

que se destacan el principio de legalidad y de lesividad (artculos 18 y 19 de la

Constitucin Nacional), o bien, menoscabar el goce de un derecho reconocido por la

Constitucin Nacional en base a un imperativo legislativo sin sustento en el bloque de

constitucionalidad.

El hecho que conforma el objeto del juicio enfrenta dos derechos

reconocidos en el plano constitucional. Por un lado el derecho a la honra de Juan Pablo

Schiavi -bien jurdico protegido por los delitos de calumnias e injurias- y el derecho a la

libre expresin de las ideas y a peticionar ante las autoridades del querellado Ricardo

Cirielli.

El derecho al honor est reconocido explcitamente en el artculo 11 de la

Convencin Americana de Derechos Humanos, y el derecho a la dignidad humana es


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considerado uno de los derechos implcitos de la Constitucin Nacional, reconocidos en

su artculo 33.

En el plano legislativo, la tipificacin de los delitos de calumnias e

injurias en los artculos 109 a 117 del Cdigo Penal brindan una proteccin contra

aquellas conductas que produzcan una lesin al honor o al crdito de las personas. Por

su parte el derecho a la libre expresin de las ideas est reconocido en el artculo 14 de

la Constitucin Nacional y en el artculo 13 de la Convencin Americana de Derechos

Humanos. El derecho a peticionar ante las autoridades tambin est contemplado en el

artculo 14 de la Constitucin Nacional, el que debe ser considerado para este

supuesto- en forma combinada con las libertades sindicales previstas en su artculo 14bis, al enumerar los derechos sociales.

A diferencia del derecho a la honra que es un derecho individual, el

derecho a la libre expresin tiene una dimensin social que ha sido reconocida tanto por

la Corte Suprema de Justicia de la Nacin as como por Tribunales Internacionales de

Derechos Humanos como ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (ver en este sentido, CSJN caso Patit, Jos

ngel c/ Diario La Nacin del 24 de junio de 2008 y sus citas; Corte IDH caso

Herrera Ulloa c. Costa Rica del 2/7/2004, caso Ivcher Bronstein sentencia del

6/02/2001; caso Olmedo Bustos -La ltima tentacin de Cristo- del 5/02/2001; caso

Kimel v. Argentina sentencia del 2 de mayo de 2008; TEDH, caso Perna v. Italy,

sentencia del 6 de mayo de 2003 y sus citas, entre muchos otros).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la

libertad de expresin es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de

una sociedad democrtica. Es indispensable para la formacin de la opinin pblica, es

tambin conditio sine qua non para que los partidos polticos, los sindicatos, las

sociedades cientficas y culturales y, en general, quienes desean influir sobre la

colectividad puedan desarrollarse plenamente; es, en fin, condicin para que la

comunidad a la hora de ejercer sus opciones est suficientemente informada. Por ende,

es posible afirmar que una sociedad que no est bien informada no es plenamente libre

(En tal sentido, ver Corte IDH, 2/7/2004 caso Herrera Ulloa v. Costa Rica; y del13/11/1985 caso La Colegiacin Obligatoria de Periodistas, Opinin Consultiva

OC5/85, Serie A 5).

Cierto es que el derecho a la libre expresin de las ideas no es un derecho

absoluto y que encuentra un lmite legtimo en la afectacin al honor de los terceros.

Para en el caso particular ser necesario efectuar una ponderacin de los derechos en


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juego a fin de determinar si los hechos planteados en el escrito de querella que dioorigen al proceso penal se adecua a los tipos penales contenidos en el artculo 109 y 110

del Cdigo Penal

Si bien las premisas del anlisis jurdico son de raigambre constitucional,

lo cierto es que los alcances de la conclusin a la que se arribar se reducen a la

resolucin del conflicto planteado en sede penal. Ello es as, por cuanto la naturaleza

coercitiva del procedimiento penal as como de las sanciones y otras consecuencias que

prev el Derecho Penal, por imposicin del principio de razonabilidad previsto por el

artculo 28 de la Constitucin Nacional, no permiten trasladar sin ms sus conclusiones

al derecho civil.

Ntese que si bien los delitos contra el honor son de accin privada segn

lo dispone el artculo 73 del Cdigo Penal, lo cierto es que el enjuiciamiento, la

aplicacin y la ejecucin de la eventual condena no dejan de ser pblicas, por lo que

corresponde al Estado garantizarlo.

De esta forma, la Corte Suprema de Justicia de la Nacin ha sealado que

si bien los excesos cometidos en el ejercicio de la libertad de expresin no gozan de

impunidad en el ordenamiento jurdico argentino, se requiere particular cautela cuando

se trata de imputar responsabilidades por su desenvolvimiento (CSJN, Fallos: 318:2056

Kogan y 319:2741 Morales Sol, entre otros).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el precedente Kimel v.

Argentina refiri sobre este tema que El ejercicio de cada derecho fundamental tieneque hacerse con respeto y salvaguarda de los dems derechos fundamentales. En ese

proceso de armonizacin le cabe un papel medular al Estado buscando establecer las

responsabilidades y sanciones que fueren necesarias para obtener tal propsito [...] La

Corte ha sealado que el Derecho Penal es el medio ms restrictivo y severo para

establecer responsabilidades respecto de una conducta ilcita. La tipificacin amplia de

delitos de calumnia e injurias puede resultar contraria al principio de intervencin

mnima y de ltima ratio del derecho penal. En una sociedad democrtica el poder

punitivo slo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes

jurdicos fundamentales de los ataques ms graves que los daen o pongan en peligro.

Lo contrario conducira al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado. (Corte

IDH, caso Kimel v. Argentina sentencia del 2 de mayo de 2008).

Precisamente a raz del alcance normativo que, a nivel nacional, ha tenido


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el pronunciamiento de la C.I.D.H en el fallo antes citado (en virtud de la sancin de la

ley 26.551, publicada en el boletn oficial el 27 de noviembre de 2009), considero que el

caso bajo estudio se encuadra en aquello que ha introducido el legislador como

modificacin de los tipos penales de los artculos 109 y 110 del C.P en cuanto a que en

ningn caso configurarn delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de

inters pblico o tampoco configurarn delito de injurias los calificativos lesivos

del honor cuando guardasen relacin con un asunto de inters pblico.

Los dichos por el cual se siente agraviado el querellante se ajustan al

concepto que el legislador se encarg de denominar inters pblico. El propio

Secretario de Transporte fue quien admiti que los dichos invocados por el querelladofueron motivados por el conflicto entre la empresa estatal de Aerolneas Argentinas y

uno de los gremios conformados en esa lnea area presididos por Cirielli.

En primer trmino, es ilustrativo lo expuesto por la C.I.D.H en el fallo

Herrera Ulloa haciendo alusin a aquel extremo. En el fallo se consider que las

tareas de gobierno y ms ampliamente, las actividades del Estado, a travs de sus

diversos rganos- no son indiferentes y mucho menos debieran se inaccesibles al

conocimiento de los ciudadanos comunes. La democracia se construye a partir de la

opinin pblica, debidamente informada, que con base en esa informacin orienta su

juicio y toma sus decisiones Sin embargo el ejercicio de una democracia participativa

por medio de la libertad de expresin- requiere de un espacio de debate libre y

abierto, el cual, por su naturaleza, no puede estar exento absolutamente de errores e

inexactitudes.

Remrquese, a su vez, tambin advirtase lo manifestado en el Informe

Anual de Relatora Especial para la Libertad de Expresin (2002) en donde se entendi

que cualquier calificativo previo que se le imponga a la informacin limitara la

cantidad de informacin protegida por ese derechoPor lo tanto, toda aquella

informacin que pueda ser considerada errneano estara protegida por ese derecho.

Sin embargo, una interpretacin correcta de las normas internacionales, especialmente

del artculo 13 de la Convencin nos obliga a concluir que el derecho a la informacin

abarca toda la informacin, inclusive aquella que denominados errnea.Otro punto a tener en cuenta, dentro del contexto al que vengo haciendo

referencia, es que el ofendido, en el caso particular, resulta ser funcionario pblico.

Tambin la C.I.D.H se ha pronunciado sobre ese tpico, al entender en el fallo Canese

que las restricciones que pudieran imponerse deben ser sopesadas con la necesidad de

que las expresiones concernientes a la labor de los funcionarios pblicos o de otras


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ello. Sus acciones salen de la esfera privada porque existe un inters pblico por las

actividades que realizan. Cuando se debate sobre cuestiones de inters pblico se

protegen tambin las expresiones que chocan o irritan o inquietan a los funcionarios

pblicos o a un sector cualquiera de la poblacin..Como tal la opinin no puede ser

objeto de sancin, ms an cuando se trata de un juicio de valor sobre un acto oficial

de un funcionario pblico en el desempeo de su cargo. En principio la verdad o

falsedad se predica slo respecto a hechos (ver Dalessio Cdigo Procesal Penal de laNacin -comentado y anotado-, Ed. La Ley, Tomo II, pg. 160).

Como se mencion a un comienzo, en el caso bajo estudio cobran vigor

las apreciaciones efectuadas en cuanto a la colisin de derechos que se presentan en el

caso. El imperativo de justicia impedira a los magistrados someter a los ciudadanos al

cumplimiento de mandatos imposibles o bien a la prohibicin de acciones cuya omisin

tambin le es imputable. De all la necesidad de establecer un doble control, en este

segundo caso negativo, con el fin de evitar decisiones contrarias al sentido de justicia

as como a la razonabilidad de los actos de gobierno (artculo 28 de la Constitucin

Nacional).

Al respecto, Gregorio Badeni sostuvo que La libertad de prensa, al igual

que las restantes libertades constitucionales, no reviste el carcter absoluto en orden a

las consecuencias que depara su ejercicio. Sin embargo cuando ella se manifiesta en

una dimensin institucional o estratgica, el criterio para ponderar la responsabilidad

jurdica consecuente impone la aplicacin de reglas especiales y diferentes a las

aceptables en una dimensin individual. No para otorgar un privilegio a quien ejerce

esa libertad, sino para preservar la subsistencia de un sistema democrtico

constitucional (Badeni, Gregorio Libertad de Prensa, ed. Abeledo Perrot, 2 edicin,

Buenos Aires 1997, pg. 385 y siguientes).

El tenor de las manifestaciones vertidas se encuentra protegido por el

derecho a la libre expresin por cuanto forman parte del ardoroso debate que debeexistir en la rbita de las cuestiones pblicas en una nutrida democracia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nacin sostuvo en el precedente del

caso Patit que no puede haber responsabilidad alguna por la crtica o la

disidencia, an cuando sean expresadas ardorosamente, ya que toda sociedad plural y

diversa necesita del debate democrtico, el que se nutre de las opiniones teniendo como


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meta la paz social. En este sentido se ha dicho que la principal importancia de la

libertad de prensa, desde un punto de vista constitucional, est en que permite al

ciudadano llamar a toda persona que inviste autoridad, a toda corporacin o

reparticin pblica, y al gobierno mismo en todos sus departamentos, al tribunal de la

opinin pblica, y compelerlos a un anlisis y crtica de su conducta, procedimientos y

propsitos, a la faz del mundo, con el fin de corregir o evitar errores o desastres; y

tambin para someter a los que pretenden posiciones pblicas a la misma crtica con

los mismos fines... (CSJN, caso Patit, Jos ngel c/ Diario La Nacin, sentencia del

24 de junio de 2008, Considerando 11, con cita de Joaqun V. Gonzlez, Manual de la

Constitucin Argentina, N 158, pg. 167, Buenos Aires, 1897).

En ese lineamiento, en el fallo Pandolfi de la Corte Suprema de Justicia

de la Nacin, el Juez Belluscio seal que ante las expresiones constitucionalmente

protegidas juicio de valor u opiniones sobre la gestin pblica, crticas sobre materias

de inters pblico, informaciones y noticias sobre la administracin de la cosa pblica,

etc.-, los criterios judiciales deben ser particularmente estrictos para decidir si ha

existido un delito de derecho comn. En Fallos, 269:200 esta Corte hizo suyos los

argumentos dados por el Procurador General de la Nacin y sostuvo que, por imperio

de la Ley Fundamental, las crticas efectuadas por medio de la prensa al desempeo de

las funciones pblicas, aun cuando se encuentren formuladas en tono agresivo, con

vehemencia excesiva, con dureza o causticidad, apelando a expresiones irritantes,

speras u hostiles, y siempre que se mantengan dentro de los lmites de la buena fe

aunque puedan originar desprestigio y menoscabo para el funcionario de cuyo

desempeo se trate, no deben ser sancionadas penalmente como injurias, excepto que

resulte de los propios trminos de la publicacin, o se pruebe de otro modo, la

existencia del propsito primario de lesionar el honor o causar dao, como ocurre

cuando se utilizan contra la persona eptetos groseros o denigrantes, o se invade el

mbito de la vida privada del ofendido (CSJN, Fallos 320:1272, Pandolfi, Oscar c/Rajneri, Julio s/ injurias, Considerando 7 voto del Dr. Belluscio).

Por su parte, la Sala Primera de la Excma. Cmara del Fuero ha dicho que

La atribucin del carcter injurioso o calumnioso de expresiones pblicas supone una

evaluacin jurisdiccional con puntos de anclaje objetivos, ms all de la mayor o

menor tolerancia de quien es objeto de una crtica meditica, mxime si, como en el


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caso, la opinin periodstica es relativa al desempeo de funcionarios que administran

bienes pblicos, y precisamente se halla encuadrada dentro de los lmites que

constituyen los actos de gobierno de los agentes pblicos (CFed Crim y Correc; sala I,

6/9/01, Mitre, B s/ excepcin de falta de accin, causa 33.145, Secretara de

Jurisprudencia).

En el fallo Kimel se dijo que Respecto al derecho a la honra, las

expresiones concernientes a la idoneidad de una persona para el desempeo de uncargo pblico o a los actos realizados por funcionarios pblicos en el desempeo de sus

labores goza de mayor proteccin, de manera tal que se propicie el debate

democrtico. La Corte ha sealado que en una sociedad democrtica los funcionarios

pblicos estn ms expuestos al escrutinio y la crtica del pblico. Este diferente

umbral de proteccin se explica por se han expuesto voluntariamente a un escrutinio

ms exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en

la esfera del debate pblico. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en

el inters pblico de las actividades que realiza... (Corte IDH, caso Kimel c.

Argentina, sentencia del 2 de mayo de 2008).

La Corte Suprema Argentina recept favorablemente tales argumentos y

seal que La crtica al desempeo de un funcionario pblico no debe ser sancionada

penalmente como injurias aunque las expresiones se encuentren formuladas en tono

agresivo o apelando a expresiones irritantes, speras y hostiles, a excepcin de que se

pruebe de algn modo la existencia del propsito primario de injuriar al funcionario.

(CSJN, Fallos 321:2558 Amarilla, Juan H.).

En aquel caso en el que se trataba de una publicacin en la prensa

impresa, dijo la Corte que La responsabilidad penal atribuida al director de una

publicacin constituye una restriccin inaceptable a la libertad de prensa, por efectuar

un examen aislado de los elementos tipificantes del delito de injurias sin valorar la

circunstancia de que aqullas fueron proferidas en ejercicio del derecho de

informacin y de crtica a la labor del funcionario pblico y omitiendo considerar si

existan pruebas incorporadas al proceso que permitiesen demostrar el dolo en la

conducta del director. El principio constitucional de culpabilidad exige como

presupuesto de la aplicacin de una pena que la accin ilcita pueda ser atribuida al

procesado, tanto objetiva como subjetivamente (art. 18, Const. Nacional). (CSJN,


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Fallo cit. Amarilla).

En el caso concreto, lo que debe analizarse es si las expresiones de Cirielli

pueden adecuarse al marco de prohibicin establecido en las normas estipuladas en los

artculos 109 y 110 del C.P dentro del contexto en el que fueron enunciadas. Y la

respuesta a ello, es que no. En efecto, las circunstancias de tiempo, modo y lugar,

conjugadas con el tenor de las manifestaciones vertidas por Ricardo Cirielli el pasado

25 de noviembre en el sitio web denominado La Poltica Online se encuentraprotegida, al menos en la rbita penal que es lo que aqu se analiza, por el ejercicio del

derecho a la libre expresin de las ideas.

Es decir, manifestaciones tales como en el ltimo encuentro se escap

por la puerta de atrs para ir al programa 6, 7, 8. Es un impresentable o es el

principal culpable de todos los problemas que hay en el transporte aeronutico. Es un

ignorante. Funcionario de Grosso, devenido en machista y mentiroso, como tambin

el jueves 10 nos juntamos para dialogar sobre los conflictos en el sector. En medio

de esa reunin, mientras le planteaba toda la problemtica que hay en los distintos

aeropuertos del pas, se escap por la puerta de atrs. Despus me enter que se haba

ido a buscar a Abal Medina a la Casa Rosada y de ah fueron juntos al programa 6, 7,

8.Ese es el compromiso del secretario de transporte deben valorarse en el marco de

anlisis del que vengo dando cuenta.

Quien decide cumplir la funcin pblica acepta que su ejercicio sea

sometido a la crtica, an cuando su honor pueda verse lesionado; ms an en casos

como el presente en el cual quien realiza la crtica se siente perjudicado directo por el

modo en el que se cumpli el rol de funcionario pblico. Ello, siempre y cuando, como

sucedi en este caso, las expresiones se enmarquen estrictamente en cuestiones que

hagan al inters pblico. Este marco de anlisis del mbito de lo prohibido tiene

fundamento en el necesario debate democrtico de las ideas, as como en el control

ciudadano de los actos de gobierno.Corresponde entonces resolver la situacin de Ricardo Cirielli en los

trminos del artculo 336, inc. 3 del C.P.P.N. Por lo expuesto, corresponde y as;

RESUELVO:

SOBRESEER A RICARDO CIRIELLI, de las dems condiciones

obrantes en autos, y por los hechos materia de querella, haciendo expresa mencin de


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que la formacin del presente sumario en nada afecta el buen nombre y honor de que el

nombrado pudiere gozar (art. 336, inc. 3, del C.P.P.N.).

Regstrese, notifquese a las partes mediante cdulas a diligenciar en el da

y, firme que sea, comunquese y archvese.

FIRMADO: ARIEL LIJO, JUEZ FEDERAL

ANTE MI: JUAN TOMS RODRGUEZ PONTE, SECRETARIO.

En la misma fecha se libraron cdulas. Conste.-

En se archiv. Conste.-

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