I Congreso de Transparencia y Gobierno Abierto

ÍNDICE

Presentación Mauricio Macri

Prólogo Álvaro González

Introducción

Conferencia de Apertura“Independencia del Poder Judicial y Acceso Libre y Plurala la Información” Antonio Di Pietro

PANEL IAcciones Globales sobre Transparencia y Accesoa la Información“Acceso a la Información Pública en América” Moisés Sánchez

“La Red de Transparencia y Acceso a la Información:Esfuerzos de Cooperación Internacional desde el Ámbitode los Organismos Públicos” Raúl Ferrada Carrasco

“Trabajos entorno al Gobierno Abierto y la Transparencia:Algunas Problematizaciones” Jesús Sánchez Lambás

PANEL IIEl Rol de los Organismos de Control“La Defensoría del Pueblo y el Control de la Vigenciade los Derechos Ciudadanos” Alicia Pierini

“Ley N° 24.156 de Administración Financieray de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional” José Luis Giusti

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“El Control como Límite que Garantiza la Democracia” Hugo Buisel Quintana

Panel IIIExperiencias Regionales sobre Políticas de Accesoa la Información Pública“La Ley de Transparencia en Chile” Jorge Jaraquemada

“El Caso Mexicano: Las Leyes de Transparencia y el InstitutoFederal de Acceso a la Información y Protección de Datos” María Elena Pérez-Jaén

Panel IVBuenos Aires: Ciudad Moderna y Transparente“Experiencias de gestión en la Ciudad de Buenos Aires” Marcos Peña

“Buenos Aires, Ciudad Inteligente” Andrés Ibarra

Panel VGobierno Abierto: Experiencias Latinoamericanas“Transparencia Hora Cero” Fabrizio Scrollini

“El Laboratorio para la Ciudad de México” Pablo Collada

“Abre Latam: Primera Desconferenciapara América Latina sobre Datos Abiertos” Mariana Mas

“Poderopedia: Quien es Quien en los Negociosy la Política en Chile” Miguel Paz

Conferencia de Cierre“Promoción Internacional de la Bandera de GobiernoTransparente y Abierto de Estados Unidos” Álvaro Vargas Llosa

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I Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto

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PRESENTACIÓN

MAURICIO MACRI

Jefe de Gobierno

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Es un verdadero honor estar en esta apertura del primer Congreso de Transparencia y Gobierno Abierto y, más aun, compartiéndolo

con el Doctor Di Pietro, un hombre que, en su tiempo, marcó historia por su coraje y su decisión contra la impunidad del poder estableci-do. Y creo que su presencia en este congreso es más oportuna que nunca, porque, justo en este momento, en la Argentina estamos debatiendo qué tipo de sociedad queremos y en qué tipo de demo-cracia creemos.

Y no como un valor abstracto sino entendiendo que la calidad de vida de los argentinos está íntimamente relacionada con la calidad de la democracia que seamos capaces de construir. Y nosotros es-tamos en ese debate sosteniendo claramente que queremos vivir en una democracia en la que cada uno pueda decir lo que piensa y expresarlo con absoluta libertad. Donde nadie se sienta el dueño de la verdad ni concentre el poder y, en este equilibrio, todos nos desarrollemos sin miedos.

Estamos discutiendo en nuestro país la independencia de los po-deres, especialmente del Poder Judicial. Eso marca la calidad insti-tucional de la que hablamos y que necesitamos. La semana pasada, leí un libro en el que se discute si los países son ricos o pobres por su lugar geográfico, por sus riquezas o por su cultura. En este libro, el autor plantea la tesis de que no pasa por estas cuestiones sino por


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la calidad o el tipo de instituciones que tienen los países. Los que han sabido construir instituciones extractivas son los que reiterada-mente rechazan el desarrollo y la revolución tecnológica. Basados en un conjunto de instituciones cerradas, manejadas en la concen-tración absoluta del poder, que están coligadas con instituciones económicas que no permiten la destrucción creativa que significa el avance tecnológico. Y están los otros, los que tienen instituciones inclusivas, que, en ese equilibrio de poder, hacen imposible evitar la destrucción creativa permanente.

El avance tecnológico se llega a compartir por la totalidad de la población y esto permite que en esas sociedades el crecimiento sea permanente. Estas son, justamente, las sociedades ricas. La verdad es que adhiero en un cien por ciento a este tipo de defini-ción, porque, cuando existe ese equilibrio de poderes, nadie puede evitar que los paradigmas tecnológicos, que se van superando conti-nuamente, permitan que se desarrollen nuevas actividades, nuevos empleos, nuevos servicios de calidad para la gente. Y, justamente, éste es el desafío que tenemos nosotros como sociedad: construir ese equilibrio de poderes, para que nadie crea que es más que un servidor público. Porque, precisamente si uno entiende que es un servidor público, entiende que está acá por un tiempo, y que des-pués tiene que dejarle paso a otro, para que continúe esta tarea de intentar mejorar la calidad de vida de aquellos que confiaron en uno para gobernar, para conducir algún nivel institucional del país. Pero de la mano de la tecnología, que nos da una enorme oportunidad, está la vocación de volver transparente, de transformar en gobierno abierto lo que uno conduce. Y si uno cree que gobernar es estar cerca, es cuidar, es ayudar, es escuchar, es dialogar, no tiene que tener miedo a la transparencia. No tiene que tener miedo a que la información esté en manos de toda la población. Si uno confía en la gente, confía en sí mismo y tiene claro para qué vino a la política, que es para ayudar a que las cosas funcionen mejor, no tiene que tener ningún tipo, insisto, de pavura, como sería en italiano, porque la información sea algo compartido.

En este camino, estamos muy contentos porque, queriendo pertenecer al siglo XXI, estamos utilizando los instrumentos y las herramientas del siglo XXI, desde el expediente electrónico hasta


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transparentar, en algunos casos, lo que pasa en la agencia guberna-mental de control, donde prácticamente todas las habilitaciones se están llegando a efectuar por Internet. Y habrá millones de ejemplos que dará, seguramente, el ministro Ibarra a lo largo de su exposi-ción, que nos marcan un camino claro de cercanía, de transparencia, aquel en el que creemos. Me parece que las oportunidades están abiertas, que tenemos realmente una suerte gigantesca, porque es-tos instrumentos de tecnología no existían en otros tiempos y nos van a permitir dar un salto de calidad institucional fenomenal. Espero que, en unos años, el ejemplo de lo que hemos comenzado a hacer en la ciudad de Buenos Aires haya sido el primero pero no el único. Que la Argentina entera, desde sus distintas reparticiones, entienda la oportunidad histórica que tenemos, con un gobierno abierto y con estas tecnologías, de acercarnos realmente a aquellos que han con-fiado en nosotros. Y espero realmente que las distintas experiencias de quienes nos visitan para este congreso y que han avanzado en distintos caminos hacia la transparencia de un gobierno abierto nos enriquezcan. Muchas gracias y felicitaciones.


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Ingreso a la Legislatura de la Ciudad del Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, el Subsecretario de Asuntos Públicos, Álvaro González y el exfiscal italiano Antonio Di Pietro

Álvaro González junto a Antonio Di Pietro


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PRÓLOGO

ÁLVARO G. GONZÁLEZ

Subsecretario de Asuntos Públicos

Jefatura de Gabinete de Ministros

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Publicamos este libro para compartir con ustedes las ponencias del “I Congreso de Transparencia y Gobierno Abierto”, organizado por

la Subsecretaria de Asuntos Públicos el 1º de agosto del 2013. Rea-lizamos esta actividad movidos por una fuerte convicción: el diseño de las políticas públicas debe incluir a diversos sectores que nos enri-quezcan con sus experiencias, trascendentales a los gobiernos.

Por eso, planeamos un congreso colaborativo y multidisciplinario. Participaron organismos extranjeros como el Consejo para la Trans-parencia de Chile y el Instituto Federal de Acceso a la Información de Datos Personales de México. Transparencia España y la Alianza Regional por la Libertad de Expresión sumaron un interesante aporte desde su perspectiva de organizaciones de la sociedad civil. Conta-mos con la presencia de la Red de Transparencia y Acceso a la Infor-mación, un espacio de intercambio de experiencias en la materia, a la cual la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se incorporó en abril de este año. También se expusieron alternativas exitosas para completar una visión integral de Gobierno Abierto y Organismos de Control, un tema fundamental en el transcurso de la jornada.

Para esclarecer el asunto, tuvimos el honor de escuchar las con-clusiones del ex fiscal Antonio Di Pietro y del reconocido pensador Álvaro Vargas Llosa.

Estas visiones complementarias nos permitieron observar los


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procesos, las demandas y los obstáculos que atraviesan las accio-nes que buscan un mayor nivel de Transparencia Institucional. Se trata de un desafío que desde el Gobierno de la Ciudad asumimos con convicción y seriedad. Entendemos que la Transparencia es una herramienta indispensable para generar legitimidad y confianza en el ciudadano. Ese será el puente, entre el vecino y su adminis-tración, que sostenga una sociedad comprometida.

Los invito a disfrutar de la presente publicación.


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INTRODUCCIÓN

A lo largo de la presente publicación, se presentan las ponencias de los expositores del Congreso de Transparencia y Gobierno Abier-

to, llevado a cabo en nuestra ciudad el 1° de Agosto de 2013. La trans-parencia y el Gobierno abierto son abordados desde distintas ópticas y criterios, según las instituciones que la ejercen o promueven.

En primer lugar, desde la óptica político-institucional se presentan los casos de dos órganos garantes del acceso a la información públi-ca: el Instituto Federal de Acceso a la Información de México (IFAI), a través de la comisionada María Elena Pérez Jaen y el Consejo para la Transparencia de Chile (CPLT), a través de su Presidente Jorge Jara-quemada. Se presentan ambos casos exitosos y que se han converti-do en un faro de referencia en América Latina en lo que respecta a la transparencia y el acceso a la información.

Asimismo se hace la presentación de las acciones llevadas a cabo por la Red de Transparencia y Acceso a la Información, a través de la exposición de Raúl Ferrada Carrasco, que está presidida por el IFAI de México y cuya secretaria ejecutiva está a cargo del Consejo para la Transparencia de Chile. La Red, compuesta por Chile, México, Bolivia, Perú, Uruguay y que tiene a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia de Santa Fe como miembros asociados, básicamente, es una organi-zación que pretende intercambiar buenas prácticas y conocimientos entre organismos que desempeñan un mismo rol en los distintos paí-ses de América Latina. A través de esta Red se construye una comu-nidad de aprendizaje, de diálogo, de cooperación, de intercambio de conocimiento y de experiencia, cuyo objetivo fundamental es fortale-cer la política de acceso a la información en los distintos países donde esta función se desarrolla.

Otra iniciativa de intercambio de prácticas y conocimiento es abor-dada por Álvaro Vargas Llosa, quien relata sobre la Alianza para el Gobierno Abierto y el papel de Estados Unidos en la promoción de la transparencia. Asimismo hace referencia a la importancia de los rankings para la construcción de una cultura política transparente:


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rankings internacionales de corrupción, de competitividad, de liber-tad económica. En particular el expositor afirma que un instrumento internacional de esa naturaleza tiene la capacidad para fortalecer a quienes hacen las cosas bien y debilitar a quienes las hacen mal. Este mecanismo entonces utiliza como instrumento de combate político a la vergüenza.

Por otro lado, Pablo Collada relata la experiencia local del Laborato-rio Para la Ciudad de México, que es una agencia de innovación cívica y de creatividad urbana que se ha transformado en un ejemplo de ac-ciones gubernamentales en la promoción de vínculos con la sociedad civil. En este sentido, resalta la importancia de la realización de accio-nes concretas, a través de las cuales se convoque a la ciudadanía a par-ticipar de la generación de innovación que apunte a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

En lo que respecta a nuestra experiencia local, se presentan los avances de gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a tra-vés de las exposiciones del Ministro de Modernización, Andrés Iba-rra, y del Secretario General, Marcos Peña. En particular, analizan el impacto de la tecnología en el desarrollo de una ciudad moderna y transparente y la necesidad de generar canales de diálogo e interac-ción permanentes entre los ciudadanos y los gobiernos. Para ello se hace referencia a los procesos de innovación tecnológica que permiten mejorar la calidad de vida de la gente, ejemplificándose con la iniciativa de gobierno abierto denominada “Buenos Aires DATA”. Asimismo, en ambas exposiciones, se da cuenta de la necesidad de contar con un sistema de información de gobierno disponible para que los gobernan-tes puedan tomar decisiones fundadas y se eliminen los márgenes de improvisación. Por último se hace especial hincapié en la necesidad de fomentar mecanismos de participación ciudadana para que de una ma-nera activa los ciudadanos participen de la toma de decisiones. De esta manera, en palabras de Marcos Peña y retomando a Gilberto Gil, se busca derribar los muros del Estado para que se inunde de ciudadanía.

Por último, y en otro orden de ideas, se analiza el rol de los Or-ganismos de Control de la República Argentina y su funcionamiento institucional. Los expositores Alicia Pierini (Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires), Hugo Buisel Quintana (Secretario General de la Asociación del Personal de los Organismos de Control) y José Luis


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Giusti (ex Auditor General de la Ciudad de buenos Aires), analizan y problematizan sobre el funcionamiento de los organismos de control, con sus deficiencias y fortalezas, en la democracia argentina. En parti-cular, Alicia Pierini expone sobre de la necesidad de regular el acceso a la información y el grado de confidencialidad, según la ley de protec-ción de datos personales, para garantizar la seguridad de la identidad de las personas, de su privacidad y de la seguridad respecto de las políticas delictivas que existen a nivel de crimen organizado.

En lo que respecta al campo de acción y óptica del Poder Judicial y su relación con la transparencia de las instituciones públicas, se pre-senta el famoso caso italiano del “mani pulite”, a cargo del ex–fiscal Antonio Di Pietro. En esta ponencia se denota la importancia de contar con un poder judicial independiente, y la necesidad de contar con el acceso libre y plural a la información pública.

Por otro lado se aborda la problemática de la transparencia y el go-bierno abierto desde la óptica de la sociedad civil organizada. Desde los distintos ámbitos que representan a los expositores, se promueven los valores colaborativos, la innovación y la participación ciudadana.

En este sentido, Moisés Sánchez, secretario ejecutivo de la Alian-za Regional por la Libre Expresión e Información, expone respecto a los mecanismos de promoción de la transparencia y el acceso a la información desde la ciudadanía organizada y la importancia de la Ley Modelo Interamericana como referencia regional que genera estánda-res de regulación del acceso a la información pública. En este sentido, resalta la importancia de que más allá de las leyes de información existentes, se establezcan fuertes lazos de colaboración e intercam-bio entre los gobiernos, los órganos garantes y la sociedad civil. Estos lazos de colaboración permiten generar una mayor homogeneidad en los estándares que rigen todas estas leyes y también generar un ade-cuado proceso de cambio cultural en nuestra región.

Asimismo desde DATA Uruguay, Fabrizio Scrollini relata las impli-cancias de la apertura de información y la necesidad de regular los cambios tan veloces que permite la tecnología y la innovación. Según el disertante, participación, innovación y libertad de expresión son los pilares de las políticas de transparencia y apertura de datos.

En esta misma línea, Mariana Mas, coordinadora de DATA Uru-guay, expone sobre la experiencia de Abre Latam, que fue la primera


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desconferencia para América Latina, y cuyo objetivo fue constituirse como espacio regional alternativo para el encuentro, debate y la cons-trucción de comunidad.

Por su parte, también desde la sociedad civil, Miguel Paz relata la experiencia de Poderopedia, que es un sitio web que utiliza informa-ción de bases de datos públicas, información que tienen que proveer las empresas a las entidades regulatorias y el archivo de prensa, para mapear las relaciones entre las personas, empresas e instituciones más influyentes, facilitando el acceso rápido a meta-datos.

Por último, se aborda el tema de la Transparencia de las institucio-nes públicas y su impacto directo en la economía de mercado. Para ello, Jesús Sánchez Lambás hace un análisis del impacto de la falta de transparencia en la competencia económica desigual entre empresas privadas para el acceso a las licitaciones públicas. Afirma que la falta de transparencia corrompe el elemento central de la democracia que es el mercado competitivo. Por lo tanto, la existencia de reglas de mercado eficientes es uno de los mecanismos más funcionales para la transparencia y para la lucha contra la corrupción. Según el exposi-tor, donde no hay mercado, no hay democracia.


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INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL Y ACCESO LIBREY PLURAL A LA INFORMACIÓN

ANTONIO DI PIETRO(1)

Algunos aportes de “Mani Pulite”, elproceso italiano que develó los vínculos entre las empresas, los políticos y lamafia en un entramado de corrupción

Muchas gracias a las autoridades, a los organizadores y a todos ustedes. Es un gran honor para mí estar aquí. Saber que las

autoridades de este país y todos ustedes quieren escucharme con respecto a lo que pasó en mi país, a lo que está sucediendo en Italia y cuáles son mis sugerencias o mis comentarios con referencia al tema de este congreso, repito, es un honor para mí. Y me siento también con una gran responsabilidad.

Yendo al tema del congreso, quisiera rápidamente explicar que no estoy acá para relatar mi historia personal o la historia de una inves-tigación judicial. Esto se puede hacer en un documental o a través de la lectura de algunos libros. Estoy acá, entonces, para probar, su-gerir, indicar, a través de la experiencia que yo tuve, cuáles son los recorridos posibles para garantizar lo que este congreso se propone presentar, identificar la gestión adecuada, correcta, de la cosa pública. A mí me parece que éste es el tema fundamental de este congreso tan importante, en el cual, precisamente, se habla de la necesidad de garantizar la máxima transparencia y la más amplia información para la opinión pública. Quienes me precedieron en el uso de la palabra dijeron, justamente, que es la herramienta para una mejor democra-cia. La transparencia en la gestión de la cosa pública consiste en dar la máxima información sobre la manera en la que se la está


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administrando y acerca de cómo cumple con su deber el que está ejerciendo esa gestión. Esta es la expresión máxima de la demo-cracia. Seguramente ustedes están de acuerdo conmigo en que una cosa es la democracia y otra cosa la anarquía. La anarquía es la au-sencia de reglas. La democracia es el respeto por las normas, por las reglas. Y si, para que haya democracia, es necesario respetar las normas, entonces, en mi opinión, hay que entender tres co-sas fundamentales: ¿cuáles son las reglas que hay que respetar? ¿Quién hace las reglas que tienen que ser respetadas? ¿Y quién aplica estas reglas para que sean respetadas? Estas son las he-rramientas. Nosotros podemos hablar de los máximos y más impor-tantes sistemas, pero, si en el ejercicio concreto de todos los días el que tiene que redactar las reglas lo hace a su gusto o el que tiene que hacerlas respetar y cumplir se conduce según sus propios intere-ses personales, no podemos hablar de democracia sino de monarquía moderna, de un absolutismo del Estado. Yo digo esto porque valoro mucho lo que dijo el Jefe de Gobierno, cuando habló de la tecnología como un instrumento moderno para transferir la información y a la vez garantizar la democracia. Pero hay que tener cuidado, porque también puede ser un instrumento moderno para un nuevo Estado absolutista. Depende de cómo se utilicen las tecnologías modernas, de quién las utilice y de si se monopolizan estas herramientas o se destinan a la libre información, a la pluralidad. La información es libre en el sentido de que cada uno puede decir lo que considere oportuno, pero tam-bién tiene que ser plural, porque, si es uno solo el que puede decir lo que le parece, porque controla los medios de información, él sí puede pronunciarse, pero los demás evalúan la situación en base a la infor-mación que reciben. Entonces, ustedes me podrán preguntar: “¿Pero esto qué tiene que ver con la historia de “Mani Pulite”?”. Sí tiene que ver porque ésta es la historia de mi país en los últimos años, por lo que sucedió en ese fenómeno que nosotros llamamos tangentopoli (tan-gente significa soborno en italiano). También quería hablarles sobre lo que fue el proceso de “Mani Pulite” y la situación actual en Italia. Es la segunda vez que vengo a Argentina y las dos veces, para hablar de esta experiencia. Pero yo los invitaría a escuchar lo que dije hace mu-chos años. Era un discurso de esperanza para el después del proceso de “Mani Pulite”. Hoy es un discurso de desesperanza, desesperado,


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como resultado de lo que descubrieron las investigaciones de “Mani Pulite”. O sea que la fotografía que yo pretendo hacer de mi país es una fotografía que les pido que miren en perspectiva, con respecto a lo que puede suceder, incluso en su país.

Rápidamente, vamos a decir qué fue lo que pasó en mi país. Yo no quiero juzgar lo que sucede en los otros países. Creo que cada uno de los otros expositores presentes, de España, de Perú y de otras partes, puede hacer su propia evaluación. En todos los lugares se cuecen habas y más o menos la situación es igual ¿Qué pasó en mi país? Lo que sucedió es que la gestión de la cosa pública no respetaba un prin-cipio fundamental de la economía, que es la libre competencia de las empresas para ganar licitaciones destinadas a obras o prestaciones del ámbito de la administración pública. Es decir que la reconstrucción del país, durante la post-guerra y hasta fines de los años noventa, no se hizo sobre la base de la norma principal que nosotros estudiamos en el primer año de la universidad y que sostiene el mejor producto y el mejor servicio al menor precio, el principio de la competitividad. Esas prestaciones se hacían en base a otra regla. El sistema de las empresas excluyó a las que querían cumplir con esta norma. Se creó un cartel de empresas y las que ganaban eran siempre las mismas, en base a un acuerdo preestablecido de carácter criminal. A principio de cada año y como resultado del balance que se hacía del presupuesto estatal, se distribuían los trabajos. O sea que, si uno formaba parte de ese cartel de empresas, podía acceder a estos encargos públicos, a los trabajos del Estado. Pero si uno no formaba parte de ese grupo, no accedía, porque el sistema de controles, el sistema político y el sis-tema institucional siempre imponían una condición que impedía ese acceso. ¿Por qué hacía esto el sistema político y el sistema interna-cional? Porque, como compensación, se había garantizado un porcen-taje, no de las ganancias sino del contrato mismo que se establecía con el particular. Si uno formaba parte de ese cartel de empresas, anualmente, con respecto a la totalidad del valor de las licitaciones ganadas, se pagaba el 3%, el 5%, el 7%, el 10% y hasta el 12% al sis-tema político ¿Por qué esta diferencia en los porcentajes? Porque, en el cartel de empresas, las normas estas estaban escritas. ¿Es nece-sario que las reglas estén escritas? Depende de cuáles sean. Estaba escrito que el sistema de empresas de construcción pagaba el 3%, el


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de las empresas de construcciones hidráulicas, el 5%, las eléctricas, el 7%. Hasta las empresas electrónicas, que poco entendían de los controles, prácticamente inexistentes, pagaban hasta el 12%.

Entonces, el sistema de la política creó un modelo para auto-finan-ciarse y controlar la opinión pública a través de los instrumentos de in-formación, a los que podía acceder gracias al dinero que recibía de las licitaciones ganadas siempre por las mismas empresas. Es decir que había un círculo vicioso que no sólo estaba en contra de los principios de la economía sino también de la democracia. Veamos un ejemplo en relación con los trenes de alta velocidad (TAV). Es un sistema que se desarrolló en toda Europa. Ahora bien, en promedio, un kilómetro de red ferroviaria en Alemania costó más o menos nueve millones de euros. En Francia, doce millones de euros. Pero en Italia, costó treinta y ocho millones de euros. El concepto está claro, ¿no? ¿Por qué les presento este ejemplo? Para explicarles hasta qué punto este acuerdo terminó pagándolo el ciudadano italiano, lo pagó la economía italiana. ¿Por qué Italia se encuentra en este momento en graves difi-cultades? ¿Por qué tiene una gran deuda pública? Porque faltaron los controles. Porque el sistema de empresas no trabajó sobre el princi-pio fundamental de la libre competencia. Y porque el sistema político no produjo un mejor funcionario que respondiera a los intereses de la comunidad sino uno más pícaro y más rápido para recibir de las em-presas estos soportes y distribuir el trabajo entre empresas amigas. Con un agravante más en nuestro país. Yo repito, insisto, hablo de mi país. Que cada uno mire dentro de su casa, pero, en nuestro país, el sistema de la economía se regía y todavía se rige, en su evolución, no solamente por la relación entre negocio y empresa sino por una rela-ción entre negocio y empresa mediada muchas veces por los vínculos con la mafia ¿Qué es la mafia moderna? La mafia de hace unos años era la que conocieron nuestros abuelos. Había que rendir cuentas en su momento. Ahora, la mafia ya no está más en el sur de Italia. Está globalmente, está en las bolsas de comercio, está en el sistema de economía, en el sistema de negocios. Ya no utiliza una escopeta. La mafia moderna usa internet, que es lo que garantiza este sistema de malos negocios. En el caso al que me estoy refiriendo, garantizaba un conjunto de cosas. Por un lado, garantizaba lo más banal, el hecho de que las obras funcionaran regularmente, porque el trabajo funciona-


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ba perfectamente, todos llegaban en horario. Todo funcionaba como establecían las reglas. Y por otro lado, establecía y garantizaba que el que tenía que pagar a un político el porcentaje sobre la licitación efectivamente lo hiciera, porque si no, terminaba mal. Por último, le garantizaba al político que se prestaba a tener relaciones con la mafia que iba a tener los votos necesarios para ser elegido. Ustedes ob-serven cómo cierra este círculo. Entonces, ¿qué sucedió con lo que nosotros llamamos tangentopoli? Esta palabra que inventé junto con un periodista indica, de una manera simbólica, una ciudad no virtual sino real, en la cual se vivía en un sistema basado en la violación de las reglas. Peor todavía, se vivía en base a la creación de reglas que sí se respetaban. Pero estas reglas dejaban de lado a las personas honestas. Esta fue la enfermedad de la primera república en nuestro país. A mí me invitaron a relatarles, a contarles esta historia. Pero también los quiero invitar a reflexionar sobre este drama de la falta de respeto a las normas. Es la creación de otras especiales, para hacer creer que las normas se cumplen. Es un grave peligro hacer creer que el que crea las reglas está por encima de cualquier sospecha y que los ciudadanos pueden elegir personas que están más allá de cualquier sospecha. Y la otra clave de la democracia, que es el otro problema, es la información. Porque, claramente, si el ciudadano está informado de una manera equivocada, las decisiones que tome van a ser equivocadas.

Entonces, ¿cuál es el primer análisis que podemos hacer? El pri-mer análisis es sobre cómo fue posible luchar contra este fenómeno. Porque nosotros, en Italia, peleamos, combatimos en aquella prima-vera de los años noventa. A tal punto que yo ya vine acá a relatarles de qué manera habíamos peleado contra este fenómeno y que lo ha-bíamos vencido. Sí, es cierto, habíamos ganado. Dicha investigación judicial produjo algunos efectos importantes. Uno de ellos fue, princi-palmente, el recambio generacional de la clase política. Esto les dije la última vez que vine. Ahora tengo que agregarles algo más. Porque la nueva clase política que llegó es peor que la anterior. Porque, lamen-tablemente, como siempre le digo a Darío Ventimiglia: “Nosotros, que luchamos contra ese sistema, nos comportamos como los médicos que en un hospital descubren la enfermedad social que afectaba a nuestro país”. El problema es que el médico no puede curar a quien


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se enfermó previamente. Interviene el cirujano cuando el mal ya está hecho. Pero, para evitarlo, es la política la que tiene que poseer el coraje, la responsabilidad de cambiar su comportamiento. Nuestro sistema, en cambio, durante estos años creó un modelo por el cual le respondió al antivirus con un virus nuevo. Entonces, respondió de tal manera que, al final, la culpa de lo que sucedió es de quien descubrió los delitos y no de quien los cometió.

Les quiero decir por qué fue posible combatir aquel cartel de em-presas, aquel cartel político. Hay que tener en cuenta que el sistema político italiano era un sistema en el cual esos porcentajes eran reci-bidos por un representante que después los distribuía a los tesore-ros de todos los partidos, de la mayoría y de la oposición. Es decir, públicamente se hacía ver que uno pertenecía a un grupo o a otro. Pero detrás de la sacristía, lamentablemente, se repartía según la in-cidencia y el peso políticos de cada partido. Y entonces este dinero se lo dividían entre ellos. Es así que la investigación “Mani Pulite” llamó a los secretarios administrativos y tesoreros de todos los partidos y a los secretarios políticos. Todos fueron investigados. Si no se investigó a alguno de ellos, es porque, como saben, la carga de la prueba le corresponde a quien acusa y, en algunos casos, no fue posible pro-bar. Pero, por lógica consecuencia, se puede entender dónde y cómo tenía que intervenir la política. Preguntaba, entonces, y aquí vamos al tema fundamental del encuentro, ¿qué fue lo que permitió en un cierto período en Italia que se descubriera esta enfermedad social, este cáncer, este tumor social, económico y también que se pudiera combatir? Fueron una serie de circunstancias no deseadas, no bus-cadas, sino que se generaron por el hecho de que el sistema político se encontraba a tal punto por fuera y por encima de la situación que creó una serie de leyes para hacer ver a la opinión pública que estaba haciendo algo. Pero no se dio cuenta de que el conjunto de esas leyes podía ser utilizado para agredir el sistema.

La primera razón por la que fue posible intervenir está contemplada en nuestra Constitución y es la total independencia de la magistratura, del poder judicial y, en primer lugar y sobre todo, del fiscal. El fiscal italiano forma parte del sistema judicial, pero no es nombrado, elegido ni controlado por ningún órgano administrativo-político. Quien gana el concurso puede elegir si quiere ser juez o si quiere ser fiscal. Durante


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la carrera, también puede cambiar el rol. Puede hacer un año de juez y un año de fiscal. Naturalmente, no para un mismo proceso, para una misma causa. Pero, dado que forma parte del sistema judicial, cuyos miembros acceden a través de un concurso público que se realiza y se controla a través del Consejo Superior de la Magistratura, elegido a su vez sólo por los magistrados y, en su mayoría, compuesto por magis-trados, se asegura una total independencia, cuando así se lo quiere, de cualquier otro poder con respecto a la Magistratura. Yo no quiero decir con esto que los jueces sean todos santos. Son hombres, así como hay algunos carniceros que utilizan el cuchillo para cortar la car-ne y otros lo usan para matar a la esposa. Pero depende de cada uno si se utilizan el rol y la función de la manera adecuada. Yo me refiero a la función propia del magistrado. El fiscal italiano puede quedar fuera, si es que quiere, de los juegos de poder, pero sólo si quiere. El primer motivo por el cual fue posible hacer esta investigación, “Mani Pulite”, manos limpias, como la llamamos nosotros para emplear un término comunicativo, es que fue llevada adelante por un grupo de jueces, de magistrados, que sintieron que no tenían que responder a nadie. Y lo pudieron hacer porque tenían otras herramientas a disposición.

En primer lugar, algunas herramientas de tipo procedimental. Na-die prestó atención y en Italia pocos se dieron cuenta de que en 1991 nuestro país ratificó (después yo quiero saber qué pasó en otros paí-ses) la asistencia judicial de Estrasburgo, un tratado. Ustedes discul-pen si voy un poco a la parte técnica, pero se necesita esto para acla-rar el tema. La norma, la regla, en nuestro país, era que, cuando había que solicitar asistencia judicial internacional, se debía hacer a través del Ministerio de Justicia y con los recursos del Ministerio de Relacio-nes Exteriores. Cada vez que uno pedía asistencia judicial a otro país era necesario pasar a través de un filtro. Ahora bien, si el magistrado le pedía a la autoridad judicial suiza, como nos pasaba a nosotros, “por favor infórmenme a quién pertenece la cuenta corriente número XX y cuánto dinero hay”, cuando llegaba al Ministerio de Justicia y des-pués tenía que pasar por el Ministerio de Relaciones Exteriores, si la cuenta era de un desconocido, rápidamente le daban los datos, pero si le pertenecía a un tipo que a ellos les interesaba, les daba el tiempo necesario para cambiar de cuenta. Entonces, ¿qué permitió el Tratado Internacional de Asistencia Judicial de Estrasburgo? Permitió a las au-


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toridades judiciales hablar directamente entre ellas y sólo remitir para conocimiento la información al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando yo llevaba adelante estas causas y estos oficios, de los cuales hice alrededor de mil seiscientos pidiendo asistencia judicial, cada pedido tenía decenas y decenas de códigos y cuentas corrientes, códigos de codificación, etc. Lo mandaba por fax a mi colega de Suiza y después se lo mandaba al Ministerio. Entonces, una de las herramientas posibles fue, además de la independencia de la Magistratura, una legislación internacional que permitió ir más allá de la frontera, en lo que era y todavía sigue siendo, me parece, un acto de hipocresía de las democracias modernas. Ustedes detén-ganme si hablo mucho porque esta historia trata de mi vida, o sea que puedo hablar media hora o cincuenta años. ¿Cuál es uno de los actos de mayor hipocresía de las modernas democracias? El de hacer fuera de casa lo que no podemos hacer adentro, diciendo que en mi casa todo es perfecto y transparente. Yo lo dije incluso en algunas exposi-ciones que he dado en las Naciones Unidas: “bendito sea el Señor, no está tan lejos las Bahamas”. Es inútil que ustedes me digan que usan la ley de Estados Unidos, puesto que esa ley prevé que el que es descubierto tres veces por corrupción, debe pasar veintiún años en la cárcel. Muy bien, entonces, ¿qué hacen? Van a las Bahamas, abren una cuenta en Bahamas, crean una sociedad y hacen afuera lo que no se puede dentro de su país. Esta es una primera indicación. Hasta que no resolvamos el problema de las relaciones que hay que tener con los países que tienen sociedades offshore, o sea paraísos fiscales, no vamos a resolver el problema de la transparencia en las modernas democracias. ¿Qué podemos hacer? Una indicación que yo daría es que no podemos hacer actividades comerciales con empresas que directa o indirectamente tienen sede en paraísos fiscales. Hay que establecer una regla porque, si no, ¿qué pasa? Alguno se va a enojar quizás pero hace unos años tuve una gran discusión en una conferen-cia como ésta en Hong Kong. No es que Hong Kong sea demasiado transparente, esto es una fantasía, obviamente, ahí también. Pero ahí se había hecho un listado de los países más transparentes y de los países menos transparentes. El resultado era que Italia, con la inves-tigación de “Mani Pulite”, era uno de los países menos transparentes, cuando, en realidad, éramos el país que había avanzado más en este


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sentido. Mientras que uno de los más transparentes era Luxembur-go, donde yo tenía como ochenta rogatorias para pedir captura por actividades empresarias ilícitas. Entonces, digamos las cosas claras. Yo no estoy hablando solamente de la historia de “Mani Pulite”. Estoy tratando de dar indicaciones sobre cuál puede ser a mi manera de ver una legislación útil. Cuando yo era político, presenté varios diseños de ley o proyectos de ley. Hay que establecer una regla que impida la posibilidad de tener empresas en países que sean paraísos fiscales. No lo puede hacer solamente Italia, sólo Perú o Argentina. O lo hace-mos todos juntos o si no, ese país va a ser aún más penalizado. Esta es una realidad que hay que presentarle a la comunidad internacional.

Pero volvamos a nuestra situación: cómo pudimos hacer nuestra investigación. Lo hicimos mediante el empleo fuerte de ese Tratado Internacional de Asistencia Judicial de Estrasburgo, ratificado por Italia sin comprender las consecuencias, por suerte. Y luego, por una modi-ficación que se hizo en la Constitución con respecto a la investigación de “Mani Pulite”. La diferencia que hay entre los italianos de los años noventa, al comienzo de “Mani Pulite” y los italianos de 2012 y 2013 es que, cuando se inició aquel proceso, hubo una reacción pública. Esa investigación sirvió para algo. Hoy, desgraciadamente, después de lo que pasó en la segunda república, la sociedad italiana está resig-nada. Sostiene o piensa que no va a cambiar nada. Éste es el drama. Por eso yo invito a la colectividad argentina a que vigile y reaccione. O, como decíamos antes, resistir, resistir y resistir. ¿Cómo resistir? Como hicimos entonces. La opinión pública se indignó tanto que le empezó a tirar monedas en la cara a los líderes de los partidos, porque la mitad de ellos era delincuente. A tal punto que el parlamento, em-pujado por la opinión pública, modificó completamente un artículo de la Constitución. Ustedes saben cuál es la calidad de cada parlamen-tario. Pero en nuestra Constitución estaba previsto, en el artículo 68, que, en relación con el parlamentario, se podía proceder solamente con previa autorización de la Cámara de Pertenencia. Este el primer punto. El segundo punto es que la Cámara de Pertenencia podía dar autorización solamente si había suficientes indicios de la gravedad del delito cometido. Pero entonces, es el perro que se muerde la cola. Si yo no puedo investigar, ¿cómo voy a descubrir si mató o no a la mujer? Si ni siquiera puedo abrir la puerta para encontrar el cuerpo del deli-


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to. Entonces, era imposible ir más allá del umbral de los ejecutores materiales del delito. No podíamos pasar, llegar a los mandantes, los promotores del delito, los beneficiarios del delito. Con la onda emoti-va de la opinión pública, gracias a la transparente comunicación que hubo, plural e independiente (esto es lo que nosotros tenemos que tratar de defender), fue posible presionar a las instituciones hasta que tuvieron que cambiar la norma. Hoy, en Italia, se puede investigar un parlamentario como si fuera un ciudadano cualquiera. No lo podemos encarcelar pero sí podemos verificar todos los datos económicos de sus cuentas. Este fue un tercer elemento que permitió avanzar en la investigación. ¿Por qué les cuento todo esto? Para indicarles algunos instrumentos que tenemos a disposición. Al comienzo, les dije que tenemos que tener buenas leyes y que hay que aplicarlas. Pero tienen que ser leyes buenas porque, si son malas, es mejor no aplicarlas.

¿Qué otras razones, qué otras causas, hicieron posible “Mani Pu-lite”? No es que nosotros hayamos sido unos campeones. Muchas veces me colocan como héroe, yo solamente fui un funcionario del Estado que aplicó la ley. Ni más ni menos. Cumplí con mi deber. No hice más que esto, como mis colegas. ¿Cuál fue el otro instrumento que usamos? El otro instrumento fue la modificación del código de procedimiento penal. La subdivisión, no sé cómo es acá, del órgano de policía. Los órganos de policía pueden ser muchos, los carabineros, los policías de Estado. Pero se establecieron dos sectores fundamen-tales, la policía de seguridad y la policía judicial. Todo el sistema de la policía judicial fue puesto bajo las órdenes del fiscal, el Procurador de la República. Este fue un instrumento importantísimo, porque nos permitió a nosotros dirigirnos directamente a nuestros colaboradores de la policía judicial para que pudieran hacer la investigación sin pedir ninguna orden a sus superiores. Este mecanismo fue fundamental. Para no equivocarme, tomé algo de los carabineros, un poco de la policía, un poco de cada uno. Y no le decía a uno lo que hacía con el otro, incluso para evitar las posibles filtraciones. Este fue otro ins-trumento que hizo posible nuestra investigación. ¿Cómo lo pudimos hacer? Y se lo digo para que evalúen si a ustedes también les puede servir este instrumento. De qué estamos hablando cuando hablamos de tangentopoli, de la coima, de que la gestión de la cosa pública debe ser reglada. Se habla de no cometer determinados delitos.


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Cuando yo les hablaba, les conté recién de los porcentajes que cada empresa debía pagar para poder participar en el cartel de la licita-ción. Eso se llama corrupción o concusión, como término público. La diferencia es que, si tú y yo nos ponemos de acuerdo, eso es corrup-ción, porque los dos, en el mismo plano, acordamos la violación de la ley. Si no, yo te obligo. Bueno, en Italia había pasado lo siguiente: ya no había necesidad de que yo te obligara, ni hacía falta que tú me lo propusieras. Era algo que estaba en el ambiente, formaba parte del sistema al cual uno automáticamente accedía. Yo recuerdo dos ejem-plos de actas que tuve que elaborar, de causas que tuve que abrir. Un combatiente de la resistencia del año cuarenta y siete se hizo empre-sario. Yo lo interrogué durante ocho horas. Estaba por confesar yo, de tanto que estaba tratando de conseguir algo. Pero cuando terminé el acta él me dijo: “Yo tengo la impresión, jovencito -él me decía a mí jo-vencito- que usted quiere actuar en serio. Entonces, mire, yo le voy a explicar cómo es la cosa”. Entonces, me empezó a tratar con dignidad: “Yo voy a tomar la licitación de los últimos cinco años, mire, yo le voy a decir dónde pagué yo la coima. El precio de la corrupción”. “Quédese sentado jovencito”, me decía él. “Yo, desde el año cuarenta y siete, hago este trabajo y los únicos tres casos que no pagué son estos”. Y me los mostró. Es decir que era un sistema que funcionaba por sí mismo. Otro día, interrogué a un joven de veintinueve años, que era empresario también. Ocho segundos después, ya había confesado todo. Éste no había sido combatiente, entonces yo le pregunté: “¿Por qué diste la coima?”. Le preguntaba: “¿Te lo pidió?”, “No, no me lo pi-dió”. “¿Y por qué lo hiciste?”, “Porque mi papá actuaba igual”. Esto es lo que nosotros llamamos la corrupción ambiental. En términos técnicos y jurídicos, no sé si la forma de delito existe aquí, se llama concu-sión por inducción. Es un delito previsto en el segundo artículo de la Constitución. Brevemente, voy a terminar mi exposición contándoles cómo este sistema debe ser descubierto y aclarando cuáles son los delitos. Primero, la conformación de un balance falso que debe prever la posibilidad de hacer el trabajo. Porque, si no, no tienes que pagar la coima. La segunda es la previsión de la financiación de los partidos, cualquiera sea su forma. Esto debe ser considerado delito. Tercero, la previsión de un delito que no es ni corrupción ni concusión y es este sistema ambiental que nosotros llamamos concusión por inducción


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o instigación a la corrupción, por el cual hay que ser castigado. Pero, sobre todo, debemos prever otra cosa, que es la imposibilidad de que quien comete estos delitos pueda seguir participando en licitaciones públicas. Y otra cosa más, la imposibilidad, para el político que se man-cha con éstos delitos, de volver a presentarse como candidato. Que pueda ser separado el oficial público que haya cometido estos delitos. Es decir, generar las condiciones para que no sea conveniente para nadie comportarse de esta manera. Porque en Italia, “Mani Pulite” no produjo la revolución cultural que debía, porque, en vez de luchar con-tra esto, lucharon contra los que descubrieron este delito, contra los jueces, en el plano legislativo. En Italia, después de que descubrimos lo que descubrimos, eliminaron el delito de falsificación de balance. De manera que no hay modo de poder descubrir al empresario que cometió el delito. Se eliminó la concusión, no existe más este de-lito. Entonces, no tenemos más la posibilidad de combatir contra el ministerio público. Y ahora, mientras estamos hablando, están propo-niendo la eliminación del delito de financiar partidos. De manera que los instrumentos normativos están cayendo uno tras otro, y, aún más, se hicieron leyes nuevas ad hoc. Es decir, puntualmente, para que las pruebas usadas en un delito o en una causa no se puedan usar en otra causa. Es decir, hicieron leyes directamente para cada persona. Una es la ley de Sistema de Información. En Italia, el que tiene la informa-ción no desempeña una actividad empresarial de la información, sino que desempeña una actividad empresarial donde la información es un instrumento para magnificar algunas actividades. El que tiene el poder de la información tiene, además, actividades de empresario y actúa, informa a los ciudadanos según sus propias necesidades y sus exigencias. Cuenta a los ciudadanos una verdad diferente de la real y lo que le conviene a él.

Por eso es importante la transparencia de la información. No hay que hablar solamente de libertad de información sino de plurali-dad de medios de información porque es la única manera de que exista la transparencia. Por eso, estoy aquí para suplicarles que se pueda desarrollar un mecanismo que dé independencia al Poder Judicial, pero, por otra parte, que se asegure la total independen-cia del sistema de los medios, porque la propiedad de los medios no puede jamás defender sus propios intereses. Deben ser dos


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cosas diferentes. Por eso, yo les digo que es necesario en este momento asegurar reglas claras donde haya conflicto de intere-ses. No puedes, al mismo tiempo, ser parlamentario y desempeñarte como empresario, porque vas a poder incidir en leyes que te van a servir a ti solo. Debe haber, por lo tanto, una temporalidad o un cam-bio de los políticos, para que la actividad política no sea una actividad que se repite siempre y que permite los acuerdos personales.

En efecto, ¿qué es lo que pasó en Italia? Y con esto termino. En Italia, cuando descubrimos lo que descubrimos, nos detuvieron. Por eso estoy contando ésta, que fue la derrota de “Mani Pulite”. ¿Cómo nos detuvieron? Como se suele hacer en estos casos. Primero, te sa-can, te matan, como a Falcone y a Borsellino, que fueron asesinados. Es decir, de ese Cartel compuesto por tres entidades, el sistema de las empresas, el de la política y el de la mafia, el último resolvió el pro-blema de esta manera. En otros casos, ¿qué se hace? Simplemente legitiman el trabajo del Poder Judicial. Es decir, crean un sistema de causas para que lo que tú hayas hecho parezca motivado no por el cumplimiento de tu deber sino por fines políticos. Es decir, el sistema de información en estos años, en las manos de quien tenía un interés directo en que la opinión pública no estuviera al corriente de lo que pasaba, implementó un mecanismo mediante el cual el ciudadano ita-liano ya no puede entender más qué es lo que pasa. El ciudadano, cuando escucha hablar de política o de justicia, piensa que son dos partes que están en guerra entre sí. En realidad, no son bandas sino que están oradores de un lado y la policía del otro. Ellos creen que la policía y los oradores no se ponen de acuerdo. La mafia en el interior del poder, pero también hubo otros Aldo Moro, que fueron asesina-dos por defender las instituciones. Por eso, no se puede decir, que la primera república estaba toda podrida, pero tampoco se puede decir que en la segunda todo está bien. También en la segunda república, desgraciadamente, están los delincuentes de un lado y del otro. El principio esencial de la democracia, ¿cuál es? Es la libertad de infor-mación, y la información plural. Hoy hemos visto que el ciudadano, cuando debe elegir a quien va a dirigir las instituciones, debe hacerlo y lo hace hoy en base a informaciones equivocadas. Porque, si a mí me cuentan que ese señor va a resolver mis problemas, entonces yo lo voy a votar. En el sistema italiano, en este momento, muchas


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personas ven a quien ha sido condenado en segundo grado por fraude fiscal, por ejemplo, que es el mayor daño que hay y lo ven como punto de referencia, como una víctima. ¿Por qué? porque muchos ciudada-nos italianos piensan: “A lo mejor, el día de mañana, yo también me puedo beneficiar con esto”. Este no es el país que yo quiero. Esta es una nueva tiranía. Esta es una anarquía total. Yo concluyo ante uste-des. Al pueblo argentino, le digo que evite creer en las informaciones piloteadas o parciales. Infórmense bien. Incluso, escuchen a aquellas voces que están de costado pero cuentan la verdad”.

1- El Doctor Antonio Di Pietro, de nacionalidad italiana, se ha licenciado en derecho

por la Universidad de Milán y es Doctor Honoris Causa en la Facultad de Derecho de

la Universidad Demócrito de Tracia en Grecia. Como fiscal se ha destacado por llevar

a cabo una investigación conocida como “Mani Pulite” o Manos Limpias, junto con un

equipo que sentenció a cientos de políticos y mafiosos por casos de corrupción. Asimis-

mo, Antonio Di Pietro ha sido un destacado magistrado y consultor de información del

Ministerio de Justicia italiano. Por otro lado ha fundado su propio movimiento, Italia dei

valori, cuyo tema principal es la lucha contra la corrupción política en Italia. En la función

pública, ha sido ministro de Obras Públicas, ministro de Infraestructura, además de

haber sido electo Senador, Diputado y Europarlamentario.


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ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN AMÉRICA

MOISÉS SÁNCHEZ (2)

Una mirada de conjunto sobre el desarrollo de su regulación e implementación a nivel regional: límites y desafíos

Buenos días. Antes que todo quiero agradecer la invitación del go-bierno de la Ciudad a este evento, que es una iniciativa importante

para poder reflexionar sobre los alcances de la transparencia en nues-tros respectivos países. Represento una red regional de organizacio-nes de la sociedad civil, compuesta por veintitrés organizaciones en diecinueve países de las Américas, que han estado trabajando desde el año 2005 en la promoción de las leyes de acceso a la información, en la defensa de los estándares internaciones generados en la región, en la ayuda a los países en procesos de implementación y, cuando corresponde, también en labores de crítica, si los países que ya han avanzado algo o han dado un par de pasos, inician procesos de refor-ma regresivos con respecto a los estándares de información pública. En Argentina, nuestra organización local se llama Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Es una organización sin fines de lucro, aparti-daría, que ha desarrollado un trabajo muy importante en esta materia desde hace muchos años y que seguramente conocen.

Yo quisiera comenzar la presentación simplemente haciendo una suerte de memoria histórica de cuál ha sido la evolución del acceso a la información en las Américas, donde hay un par de hitos que me interesa comentarles. Si uno hace una revisión de las normas de infor-mación pública en las Américas, se va a dar cuenta de que el primer antecedente internacional que existe es del año 1985 en Colombia. Es


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un país que en ese momento generó normas constitucionales que, de alguna manera, garantizaban el acceso a la información. Sin embargo, tuvo que pasar mucho tiempo para llegar al año 2002, donde se gene-ró otro proceso de reflexión en el que países como Panamá, Perú y, especialmente, México dijeron: “Tenemos que generar normas espe-cíficas de acceso a la información que vayan más allá de las reflexio-nes constitucionales”. Y fue así como se generó en México un grupo de trabajo (Grupo Oaxaca), cuyo resultado fue el impulso de la ley de acceso a la información pública que rige hasta el día de hoy en ese país. Más tarde, hubo países, como Ecuador y Perú, que se sumaron a la tarea de generar normativas de acceso a la información.

En esa primera etapa, éstas normas no tenían el mismo nivel de unidad conceptual en torno a los estándares. Y eso se debía a que no había una concepción uniforme de qué era el derecho de acceso a la información en la región. ¿Qué significaba el derecho de acceso a la información pública? ¿De dónde provenía? ¿Cuál era su contenido y cuáles eran sus alcances? Entonces, pasa algo importante, que es el primer hecho que quería comentarles. En el año 2006, la Corte In-teramericana de Derechos Humanos dicta una importante sentencia en el caso Claude Reyes versus Chile, donde sienta por primera vez una definición conceptual del acceso a la información, reconociéndolo como un derecho humano, y además establece cuáles son sus conte-nidos específicos. Esa sentencia del año 2006 marca un cambio fun-damental en nuestra región, en las Américas, no sólo porque viene a homogeneizar los estándares de acceso a la información, sino porque también generó un precedente con ciertos niveles de obligatoriedad que comenzó a ser seguido por las leyes que vinieron posteriormente.

En este proceso que comenzó en el año 2006, los países comen-zaron a avanzar en normas con unidades conceptuales más claras, que provenían de los estándares sentados por este fallo internacional. Y ahí tenemos los casos de Chile, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Más recientemente, Brasil y finalmente, Co-lombia ¿Se acuerdan que les comenté que Colombia había comen-zado con normas constitucionales? Bueno, Colombia este año acaba de aprobar finalmente su ley de acceso a la información porque se dio cuenta de que tenía la necesidad de tener una ley que regula-ra también el procedimiento para hacer solicitudes de información,


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pues las normas constitucionales no eran suficientes por sí solas si no había adecuadas regulaciones de los procedimientos. Les cuento esta historia para que ustedes vean que la evolución del acceso a la información ha sido por etapas y gradual. La última etapa de esta evolución tiene lugar en el año 2010, cuando se aprueba la ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, iniciativa que fue coordinada desde el Departamento de Derecho Internacional de la OEA y aprobada por todos los países, y que viene a regular los contenidos que ya se habían expresado en el caso Claude Reyes por la Corte Interamericana. Los sistematiza, los ordena y, por último, ge-nera una Guía de Implementación. Esa Guía de Implementación y esa ley Modelo Interamericana están contribuyendo fuertemente a generar estándares mucho más unificados para aquellos países que están implementando sus leyes o que están en proceso de regulación legislativa.

En toda esta historia, ha existido un diálogo entre la sociedad civil y muchas entidades públicas que han querido avanzar en transparencia. Esta relación a veces ha sido de cooperación, en otras de tensión, de discusión pública, de debate. No siempre ha existido el mismo nivel de consenso en los países respecto de la necesidad de contar con leyes de información. Hay países, como por ejemplo El Salvador, don-de en una primera etapa se pensaba que no era necesario contar con leyes de este tipo. Y fue un trabajo arduo hacer entender que eso no era así. Hoy, el Salvador cuenta con una ley de acceso a la información pública y con un órgano garante de información, y tiene una clara con-vicción de avanzar hacia el futuro en estas materias. En tal proceso, la sociedad civil local ha hecho un trabajo sostenido y muy fuerte para impulsar estos cambios con la colaboración con la Alianza Regional.

Sin embargo, todos estos escenarios no son uniformes. En nues-tra región, aún existen países que están en una posición secundaria, que no han logrado avanzar y no cuentan con una ley de acceso a la información pública, lo que representa el desafío basal en las Améri-cas. Son los países que requieren mayor apoyo de parte de la socie-dad civil, de parte de los órganos garantes de información, y de las organizaciones y redes que velan por este derecho. En esta categoría tenemos a países como Venezuela, Bolivia, Paraguay y Argentina. Al desarrollarse este evento y otros encuentros en Argentina, también


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surge la pregunta y la necesidad de plantearse de qué manera se va a favorecer una discusión que realmente contribuya a construir una ley de acceso a la información pública. Pero una que cumpla con todos los estándares contenidos en la ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información. Este es un desafío pendiente.

Una cosa que me interesa destacar es que la ley Modelo Intera-mericana contiene parámetros objetivos y claros para poder evaluar si una ley es, realmente, una ley de acceso a la información pública. Entre estos estándares, vemos, por ejemplo, que tiene que conte-ner reglas claras sobre las excepciones de acceso a la información. Las excepciones deben estar contenidas en las leyes, no pueden ser generadas por normas administrativas. Deben existir adecuados es-quemas de publicación de información. Los costos de la información que se solicita no deben sobrepasar ciertos estándares mínimos ra-zonables. La carga de probar que una información es reservada co-rresponde al sector público, no al ciudadano. Es el órgano público el encargado de acreditar que la información es reservada. Y por último, la ley Modelo también se refiere en detalle al rol que cumplen los órganos garantes de información. Tenemos casos como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de El Salvador, el de México (IFAI), el Consejo para la Transparencia (CPT) de Chile entre otras. Son los “perros guardianes”, por decirlo así, de que las normas del acceso a la información realmente se cumplan.

Otro elemento importante que yo quiero destacar en esta presen-tación es que las leyes de acceso a la información son parte de un blo-que normativo, en el cual es clave avanzar también en transparencia política. No se puede afirmar que se es transparente si no se avan-za en ciertos contenidos mínimos de transparencia en la política. Las leyes de acceso a la información son un muy buen primer paso, un paso fundamental para que los vecinos puedan tener acceso a los datos claves que necesitan para su vida cotidiana, para tomar decisiones en materia de educación, seguridad, salud, vivienda. Sin embargo, si eso se da en un contexto donde no hay adecuada regulación de la transparencia en la política, también se generan niveles de incertidumbre y, de pronto, les pedimos a las leyes de información que cumplan roles para los cuales no es-tán preparadas. En este sentido, un piso imprescindible para lograr


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que las leyes de información realmente sean efectivas es tener una mínima regulación de la transparencia en los partidos políticos, en los procesos electorales y, por supuesto, en el uso de la publicidad oficial durante los mismos. Los gobiernos tienen muchos recursos públicos disponibles y uno de los principios internacionales que en materia de transparencia se ha puesto muy de relieve es que en los procesos de elecciones tienen que existir niveles de equidad en la contienda electoral. Esta equidad sólo se logra en la medida en que los recursos públicos son utilizados sin intervención en los procesos electorales. Esta es una de las condiciones que requiere una ley de acceso a la información pública para realmente ser efectiva dentro de un contexto político-electoral de un país.

Cuando me he referido a las leyes de información pública que exis-ten en Las Américas, no he querido decir con eso que basta con las leyes para que los países cambien. Si uno hace una mirada de cómo están los países hoy en día, a partir de la generación de leyes, nos va-mos a encontrar con que existen países que, pese a tener leyes de in-formación, prácticamente tienen niveles de implementación cero. Es muy importante que exista un énfasis de la sociedad civil y la coopera-ción internacional para que eso avance. Y también hay países que, te-niendo leyes de información y adecuados niveles de implementación, comienzan a ver procesos de contrarreforma, que intentan modificar esas leyes de información para adaptarlas a otro tipo de intereses. Aquí, quiero mencionar el caso de México, donde existe un debate de reforma legal similar y el caso de Uruguay, donde en este momento se está debatiendo una reforma de todo el sistema de causales de re-serva. Por eso, va a ser muy importante que, además de las leyes, se establezcan fuertes lazos de colaboración e intercambio entre los gobiernos, los órganos garantes y la sociedad civil. Porque estos lazos de colaboración van a permitir generar una mayor homogeneidad en los estándares que rigen todas estas leyes, así como lograr mantenerlos en el tiempo, para que se genere un adecuado proceso de cambio cultural en nuestra región. Tenemos que hacernos cargo que en las Américas, a partir del caso Claude Reyes, existe el más alto estándar de acceso a la información del mundo. Y por lo tanto, no nos podemos comparar siempre con la experiencia de otras regiones porque los estándares contenidos en


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el caso de la ley Modelo –que sistematiza los señalados por la Corte Interamericana- son los más altos que existen hoy en día. ¿Cómo nos hacemos cargo para crear un sentido compartido?

Quiero terminar mi presentación agradeciendo al gobierno de la Ciudad por la oportunidad de poder estar presente y también a las or-ganizaciones de la sociedad civil que están en esta actividad, a los ór-ganos garantes y a los representantes de las distintas entidades públi-cas y legisladores, puesto que es muy importante que en este proceso todos trabajemos en una íntima y profunda unidad. Muchas gracias.

2- El doctor Moisés Sánchez es de nacionalidad chilena y es el actual secretario ejecuti-

vo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información. Es abogado y fue profe-

sor de la Cátedra Interamericana de Acceso a la Información Pública, en el Diplomado

en Transparencia y Acceso a la Información realizado por la Universidad Centroamerica-

na de El Salvador y es un exponente en materia de libertad de expresión y acceso a la

información a lo largo del continente.


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LA RED DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: ESFUERZOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DESDE EL

ÁMBITO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS

RAÚL FERRADA CARRASCO(3)

Diferentes realidades nacionalese institucionales, mismos desafíos

Muchísimas gracias. Las primeras palabras son de agradecimien-to por esta invitación y celebramos también que ésta sea la

primera actividad que desarrollamos en la Ciudad de Buenos Aires, estrenando nuestra alianza con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se ha integrado y forma parte de la red que hoy día les vengo a presentar. Quiero mostrar cuáles son los esfuerzos de cooperación internacional que estamos desarrollando desde el ámbito de las funciones de los organismos públicos, los orga-nismos estatales a los cuales se nos ha encomendado la tarea de promover la transparencia y el acceso a la información pú-blica en nuestros países. Para ello, hemos formado una red. La Red de Transparencia y Acceso a la Información, que es una red reciente, pero, afortunadamente, ya hemos podido desarrollar bastantes actividades que yo les voy a ir reseñando. Primero veamos de qué se trata esta iniciativa. La Red, básicamente, es una organización que pretende intercambiar buenas prácticas y conocimientos entre organismos que desempeñan un mismo rol. No se trata de una organización de representación. Nosotros no generamos opiniones colectivas respecto de un determinado tema. Naturalmente, nos mantenemos al margen de las contingencias po-


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líticas. Simplemente, entre distintos organismos que tienen una misma labor y los mismos desafíos, a pesar de las diferencias institucionales entre los distintos países, lo que queremos ge-nerar es un ambiente en el que, así lo declara su misión institu-cional, se construya una comunidad de aprendizaje, de diálogo, de cooperación, de intercambio de conocimiento y de experien-cia, cuyo objetivo fundamental es fortalecer la política de acce-so a la información en los distintos países donde esta función se desarrolla. Pretendemos, a la larga, transformarnos en un referente desde el ámbito de la gestión pública, con el objetivo de que todos los interesados en esta política, todos aquellos que quieran aprender desde distintas posiciones, desde la sociedad civil, desde los pro-pios estados, los funcionarios públicos, la ciudadanía, naturalmente, puedan encontrar en nosotros todo el conocimiento que logremos sistematizar y poner a disposición de la comunidad, de modo de ir generando desarrollo y promoción de buenas prácticas. Nosotros construimos esta Red sobre la base de un trabajo que se inició con un diagnóstico, que es un documento muy interesante (a los intere-sados en estudiar y profundizar con respecto a este tema, los invito a consultar en nuestro sitio electrónico, porque es una radiografía bastante completa de la situación del acceso a la información en ya más de diez países). En este diagnóstico, nosotros quisimos detec-tar las necesidades de los distintos países, qué es lo que deman-daban de una red internacional de organismos públicos, para que la incorporación a esta red fuera, efectivamente, algo atractivo y les generara valor. La respuesta que encontramos, consultando las dis-tintas realidades, es que lo que se esperaba de nosotros era cierta metodología de trabajo, de manera que la experiencia agregada del ejercicio, de la función práctica, de promover, de fiscalizar, de con-trolar en la implementación y profundización de estas políticas de los distintos países, no se perdiera y estuviese sujeta a una forma de trabajo que permitiera ir agregando valor sobre la base del cono-cimiento explicitado y desarrollado por estos distintos órganos. Les decía también que los desafíos son equivalentes y, cuando intenta-mos identificar cuáles eran los temas prioritarios que a cada país le interesaba abordar, nos encontramos con la grata sorpresa de que, a pesar de las diferencias institucionales, a pesar de los distintos nive-


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les de desarrollo de la política, a pesar de las distintas características de los organismos públicos que están involucrados en esta iniciativa, finalmente pudimos identificar cuatro temas a los cuales les hemos dado cierta prioridad en nuestra labor. Básicamente, esos temas se refieren al trabajo sobre la base de la jurisprudencia, vale decir, sobre la resolución de casos concretos, que en este tipo de legislación es muy importante. Señala causales de secreto o reserva, que son más bien genéricas, mediante el ejercicio permanente de la función de resolver casos, lo que en definitiva le va dando contenido a esta política. Entonces, un primer requerimiento de trabajo colectivo fue trabajar y profundizar en esa jurisprudencia, con el objetivo de ir ge-nerando criterios transversales, aplicables a las distintas realidades.

También se nos planteó el tema de la capacitación como una ne-cesidad apremiante en la implementación de esta política, la necesi-dad de avanzar en materia de registro documental, tanto registro do-cumental histórico como registro documental futuro, aprovechando hoy en día las tecnologías de la información. Y trabajar en algo muy interesante que tiene que ver con la evaluación de esta política públi-ca para generar instrumentos que permitan a la región evaluar bajo los mismos parámetros, comparativamente, cuáles son los avances o eventuales riesgos de retroceso en la implementación de estas po-líticas. Los miembros fundadores, los pioneros de esta organización, fuimos Chile, Bolivia, Perú, México y Uruguay, pero hoy, con mucha alegría, podemos decir que ya son más de catorce organizaciones públicas las que están trabajando en esta Red representativa en más de diez países. En la Argentina, estamos trabajando con la Ciudad de Buenos Aires y también con el gobierno de Santa Fe. En Santa Fe, ya hemos hecho una actividad similar a ésta hace algún tiempo, en esta lógica de acompañarnos, de estar en estas instancias internacionales promoviendo el principio de la transparencia. Nosotros hemos desa-rrollado cinco encuentros internacionales. Son jornadas de trabajo, de arduo trabajo, en realidad, sobre la base de estos temas que les anun-ciaba. Nuestro próximo encuentro oficial es en la ciudad de México, la primera semana de octubre. ¿Sobre qué temas estamos trabajando concretamente? Les adelantaba que, finalmente, a pesar de las dife-rencias, a pesar de los distintos grados de implementación de la po-lítica, son cuatro los ámbitos donde nosotros hemos focalizado pre-


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ferentemente nuestra acción. En el ámbito de la jurisprudencia, que es un proyecto que coordina México, lo que estamos construyendo y poniendo a disponibilidad de toda la comunidad que estudia estos temas es un canal permanente de consulta de criterios jurispruden-ciales en estos diez países. De modo que, frente a un tema que es global y que se regula, básicamente, por los mismos principios, a pe-sar de las diferencias de las legislaciones nacionales, finalmente acu-mulamos un sustrato de conocimiento que ilumina la resolución de problemas concretos en cada uno de los países. Ya hemos montado esta base de jurisprudencia que permite a los países integrantes de la red acceder a la información en términos muy simples. A un click de distancia, se puede obtener información útil para resolver determi-nada materia, determinado antecedente o documento, determinada fuente de información, que ha sido declarada reservada o pública de acuerdo a la jurisprudencia del resto de los países. Ustedes compren-derán que esto también favorece la fundamentación de un caso parti-cular, porque le da, finalmente, toda la legitimidad y todo el respaldo de que hay detrás de ello el razonamiento, no sólo de un organismo sino también de otros organismos que están en la misma función. Un segundo desafío que hemos abordado es el tema de la capacita-ción. Este trabajo lo está liderando Uruguay. Y lo que queremos acá es construir un modelo de capacitación sobre la base de que la ins-talación de una política de transparencia supone un cambio cultural. Un cambio cultural del Estado, de los funcionarios, de la propia ciudadanía y un tránsito, desde una cultura en la que se entiende que la información es más bien propiedad de las autoridades, de los organismos públicos, hacia una cultura en la que se materia-lice el derecho ciudadano de acceder a información pública, de exigir la entrega de información. Lo que supone en términos, si me permiten, computacionales, resetear muchas mentes. Particularmen-te, en el ámbito de la función pública, demanda derribar ciertos para-digmas y profundizar ciertos criterios, que pueden ser para muchos funcionarios, particularmente, aquellos que llevamos mucho tiempo en la función pública, extraordinariamente contra-intuitivos. Sólo por dar un ejemplo, es contra-intuitivo que la remuneración de una perso-na esté publicada en un sitio electrónico. Eso ya es natural en Chile y en otros países, pero no es fácil implementar este tipo de política.


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En Chile, hoy en día, ustedes pueden acceder a la remuneración del presidente de la República, de los ministros, de los subsecretarios, a nuestras remuneraciones. Y eso ya es parte del paisaje, pero no es fácil. No es fácil y esto requiere capacitar, entregar herramientas, su-pone la puesta en valor de la transparencia ante los funcionarios. Por eso, este modelo de capacitación tiene como uno de sus focos fun-damentales la formación de los funcionarios del Estado. Es necesario capacitar también a los grupos de funcionarios que se desempeñan en los órganos garantes. Y, naturalmente, propagar y difundir la exis-tencia de este derecho en la propia ciudadanía, porque esta política se alimenta, se nutre del ejercicio del derecho del ciudadano de ac-ceder a la información pública. Si no hay ciudadanos empoderados, si no hay ciudadanos que entiendan que puedan exigir rendición de cuentas a través de ejercicios de derechos, la verdad es que esta po-lítica no va a generar los efectos y los impactos que perseguimos. No hay ambiente aquí sin conocimiento del derecho. No hay ambiente de control ciudadano. No hay ambiente de escrutinio. No hay incentivos para que se controlen los actos de corrupción y se gestione mejor lo público. Tenemos también un trabajo en el ámbito de los archivos, que es un gran déficit de todos los países, en el sentido de que, si bien hay declaraciones teóricas, legales, respecto de cuáles son las causales de una entrega de información, hay una causal no declarada en la ley, que tiene que ver simplemente con que no hay prácticas de archivo, y muchas veces el pretexto para no entregar determinado plan, programa, estudio es que, finalmente, no es posible encontrar esta información en los registros de los organismos obligados. Fi-nalmente, hemos abordado el tema de los indicadores, que es un tema clave. Es un tema muy importante, porque lo que queremos es instalar y ya hemos avanzado bastante en esto, es un sistema de evaluación permanente de la transparencia en los diez países. Un sis-tema que sea además comparable, de tal manera que la Red pueda, ocupando este rol de referente regional, ir dando permanentemente señales, a nivel regional y a nivel nacional, acerca de cuáles son los avances y de cómo están estos países en relación con los demás, en lo que se refiere a la implementación de la política. Este es un punto central, respecto del cual el avance que nos tiene más contentos es una iniciativa coordinada por Perú con miras a desarrollar un ejercicio


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de clientes o usuarios simulados, que ya se ha desarrollado en cinco países de forma simultánea. El simulacro consiste en que funciona-rios de nuestros organismos viven la experiencia de solicitar infor-mación ante organismos del Estado y evalúan esa experiencia. Esto es como la práctica de las empresas privadas que ponen un cliente oculto dentro de un hotel o dentro de una línea aérea y se evalúa la experiencia de tratar de obtener información. Con lo cual, hay dos señales que queremos dar acá. La primera es que esta política se evalúa en lógica ciudadana, no en lógica funcionaria. Son los ciudadanos los que le deben poner nota al acceso a la informa-ción pública. Y la segunda señal es que lo que queremos evaluar son las experiencias concretas, aquello que no aparece en la ley. Es lo que llamamos barreras de acceso a la información, que tienen que ver con cuestiones tan prácticas como, por ejemplo, un funcionario displicente o que obstaculiza el ejercicio del derecho. Es interesante este ejercicio y ya hemos desarrollado uno. Esto es parte de un pro-yecto mayor que tiene que ver con la construcción de un indicador de transparencia para la región, pero esto lo quería mostrar porque, finalmente, es lo que refleja, desde nuestro punto de vista, de mejor manera cuál es la lógica y cuál es el espíritu de estas evaluaciones.

Para terminar, ¿cuáles son los desafíos de la Red? Estamos empe-ñados en tener un rol muy activo en la Alianza para el Gobierno Abier-to. El próximo encuentro de la Alianza para el Gobierno Abierto es en Londres y lo que vamos a proponer es que esta Alianza, que reúne muchos países, que es capaz de levantar muchos recursos para el desarrollo de estas políticas, contemple grupos de trabajo que invo-lucren a los órganos garantes. Hasta hoy, hay grupos de trabajo en el ámbito de la organización de la sociedad civil y en el ámbito de los gobiernos. Nosotros queremos avanzar hacia grupos de trabajo en el ámbito del órgano garante, básicamente. ¿Por qué? Porque vemos en esta Alianza una enorme oportunidad para revalorizar, para re-poten-ciar la agenda de acceso a información pública en la región. No que-remos que la agenda de gobiernos abiertos, que es una lógica más de compromisos gubernamentales, invisibilice la agenda de acceso a la información, por una cuestión muy simple. Los gobiernos pasan y lo que es relevante aquí es lo que queda de estos compromisos. Y en esto los órganos garantes podemos cumplir un rol muy relevante,


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desde el punto de vista de la institucionalización de estos acuerdos gubernamentales, de modo que no queden en el compromiso de un gobierno, sino que pasen a ser un compromiso del Estado. Y final-mente, también en la evaluación, de modo que lo que aquí se haga no sea publicidad sino un avance sincero y profundo en políticas de acceso a la información. Para ello, hemos encargado, junto con el Banco Mundial, una consultoría, en la que vamos a identificar en la re-gión, en todos los planes de gobierno abierto, aquellas materias que son propias del acceso a la información. Vamos, además, a proponer cómo deberían ser reforzados estos planes de gobierno. Estamos preparando nuestro usuario simulado, que hemos denominado dos punto cero, porque supone la incorporación de más países, de más estándares. Estamos implementando este modelo de evaluación regional y, naturalmente, estamos convocando a nuevos miembros para que se incorporen al trabajo en la Red. Esta es una invitación lo suficientemente amplia como para contarles que el día de ayer firma-mos con la Alianza Regional un convenio, un acuerdo para incorporar el trabajo de la sociedad civil también en esta Red, para que en esta Red estemos todos los que tenemos que estar: los organismos ga-rantes, los sujetos obligados, la sociedad civil y aquellos de ustedes que quieran aprender, conocer esta experiencia, nuestros aciertos y nuestros errores. Es para mí un agrado mostrar estos avances en tan corto tiempo y esperamos, desde el Consejo para la Transparencia de Chile, que ésta sea una instancia que cumpla su misión, que ayu-de a promover la política descrita, particularmente en este país tan cercano en el que hemos empezado a trabajar con gran entusiasmo. Muchísimas gracias.

3- El doctor Raúl Ferrada Carrasco, es de nacionalidad chilena y es el actual director gene-

ral del Consejo para la Transparencia de Chile. Es abogado y tiene una amplia trayectoria

profesional en el sector público, incluyendo asesorías jurídicas y diversos cargos directivos.


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Discurso de apertura del Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto a cargo del Jefe de Gobierno Mauricio Macri, junto al Vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo, el Ministro de Modernización, Andrés Ibarra, el Subsecretario de Asuntos Públicos Álvaro González y el exfiscal italiano Antonio Di Pietro

Álvaro González, junto a los expositores Raúl Ferrada Carrasco y Jorge Jaraquemada del Con-sejo para la Transparencia de Chile, María Elena Pérez-Jaén, del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos de México, Jesús Sanchez Lambás de Transparencia España y el pensador peruano Álvaro Vargas Llosa


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TRABAJOS ENTORNO AL GOBIERNO ABIERTOY LA TRANSPARENCIA: ALGUNAS PROBLEMATIZACIONES

JESÚS SÁNCHEZ LAMBÁS (4)

La importancia de los soportes de la infor-mación pública, la relación entre mercado competitivo y democracia, el flujo de infor-mación y los derechos fundamentales

Buenos días. Muchas gracias. Es una oportunidad para nosotros, tras cruzar el Atlántico y encontrarnos aquí, para decir una frase de

Ortega y Gasset. Una frase que no siempre se terminó de entender bien y es aquella de “Argentinos, a las cosas”. Hoy las cosas son la corrupción y el elemento que combate la corrupción, que es la trans-parencia. Por lo tanto, es un momento feliz para esta ciudad. Fueron las ciudades las que desarrollaron la construcción de la burguesía y de los grandes avances de la democracia. Las ciudades italianas: Floren-cia, Venecia, Ferrara, Padua. Y hoy vemos cómo en un país central y esencial para la cultura americana y su proyección hacia el resto del mundo, como es Argentina, se empieza a proyectar, desde la Ciudad de Buenos Aires, desde la cultura porteña, una preocupación, un de-sarrollo sobre esta cuestión del gobierno abierto y la transparencia.

En particular, me toca referirme a aspectos globales de trabajos en torno a la transparencia y el gobierno abierto. Debería hablar, en primer lugar, de la experiencia de Transparencia Internacional, que es una ONG que se inicia en Alemania, hace ya quince años y se va desarrollando, con presencia también en Argentina, en Chile y a lo largo de casi doscientos países. Llevar la organización Transparencia Internacional en Alemania o en Suecia es una cosa y llevarla en Haití, en Irak o en otros países africanos es otra muy distinta. Y siempre uno


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se conmueve por el esfuerzo de aquellos colegas, de aquellos ami-gos, que están comprometidos en la lucha de este movimiento. ¿Qué hace Transparencia Internacional? La corrupción, luego hablaremos de los principios filosóficos y de las bases de estas ideas, solamente se produce cuando se demuestra que ha habido una actuación contra la ley por la cual un funcionario ha intervenido en el ejercicio de su poder de manera torcida o ha pedido una prima o un soborno. Pero, natu-ralmente, los ciudadanos tienen una percepción de la corrupción y lo que hace Transparencia Internacional, junto con un grupo de centros universitarios europeos y americanos, es desarrollar una metodología para medir la percepción de la corrupción en todo el mundo. Ya se eva-lúa en ciento ochenta países y publicamos todos los años el IPC. Que suena como el Índice de Precios al Consumo, pero no es así. Es el Índice de Percepción de la Corrupción. Es un mecanismo para medir cómo en los distintos países se percibe la corrupción y establecer una tabla y clasificar los países. Es un trabajo ímprobo. Se utilizan deter-minadas capas sociales, de las personas que están más próximas al Estado, más próximas a la administración, para hacer estas medicio-nes, para hacer estas comprobaciones. Y tiene éxito. Pero también se hace el elemento contrario. Cómo se mide en los treinta países ricos la percepción de la corrupción en terceros países. Claro, la corrupción se exporta, no sirve decir, en una perspectiva global, que es el tema del que nosotros estamos hablando, que los terceros países, estos países con una baja estructura, con un bajo Estado, con un sistema de administración pública muy débil, se corrompen. Alguien los co-rrompe. Los maletines no salen de esos países. Los maletines llegan a esos países. La corrupción se hace desde los países ricos hacia los países pobres. Los países pobres carecen de estructuras políticas e institucionales con los que defenderse. Pero la corrupción viene. Y Transparencia Internacional también mide cómo se percibe si los países ricos desarrollan políticas, desarrollan acciones que producen corrupción. La corrupción es sistémica y la corrupción, además, no vende. La transparencia vende. Hoy, la transparencia es un factor positivo, es un factor enriquecedor y la corrupción es el elemento que produce la pobreza, produce la miseria, porque combate dos partes fundamentales del desarrollo humano. Uno es la salud, las in-fraestructuras y la otra es el conocimiento, la educación. Es con lo que


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las sociedades y el mundo progresan. Eso creemos algunos, creemos gran parte de los que estamos aquí, seguramente. Y estas son las acciones de Transparencia Internacional

¿Qué cosas nuevas hemos implementado en España, singular-mente? Nosotros no quisimos poner el acento en la corrupción sino en la transparencia y creamos premios de transparencia a los ayun-tamientos, que serían el símil o la institución más próxima a los ciu-dadanos, como ocurre en este organismo autónomo de la Ciudad de Buenos Aires. Los expertos definieron noventa parámetros con los que se identifica si una institución desarrolla una política transparente respecto de los ciudadanos, que es accesible a través de las redes. A quien los cumpla objetivamente, le damos el primer premio. Eso nos supuso graves tormentas, nos denunciaron en los tribunales. Dijeron que no teníamos derecho a medir el grado de transparencia de las instituciones. Bueno, han pasado diez años y hoy, de aquellos pro-blemas, nadie se acuerda y solamente celebramos con un trocito de madera o con una chapita que le damos a un ayuntamiento como pri-mer premio a la transparencia. Es un programa muy consolidado y lo hemos extendido también a otros órganos de carácter provincial, las diputaciones o las comunidades autónomas de gobiernos regionales. Y también lo hacemos de una forma muy especial respecto de los organismos que gestionan el agua. El agua es el gran problema de la humanidad en una proyección no muy lejana. No es, contra lo que se piensa generalmente, la energía u otros elementos o el suelo. El gran problema es el agua. Que la gestión del agua sea transparente, aun-que sea un poco redundante la expresión, es un factor muy importan-te. Pero, escuchando a Antonio Di Pietro y sujetándonos al trabajo que se nos ha encomendado, realmente el movimiento más importante, como han referido mis compañeros chilenos, es la Alianza para el Go-bierno Abierto, definida por las siglas AGA. Es un movimiento que tie-ne desarrollo en, prácticamente, sesenta países. Ha constituido uno de los pilares fundamentales en este desarrollo. Y hoy, sobre el pilar de la mejora de los servicios públicos, incrementa la actividad pública, la gestión efectiva de los recursos públicos, para crear comunidades seguras con mayor responsabilidad corporativa y accountability, este concepto que a los latinos nos cuesta tanto traducir. No es solamente la rendición de cuentas, no es solamente, como se dice en el ambien-


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te económico y bursátil, cumplir las normas o explicar por qué no se cumplen. Es un concepto complejo.

Naturalmente, los sistemas de gobierno abierto se inician en los últimos años, o mediados, de los años sesenta, cuando algunas agen-cias norteamericanas los empiezan a hacer públicos, por distintos pro-cedimientos, en papel. Esta información da un gran salto a la cultura inglesa cuando se publican todos los temas. Entonces, se pide a las organizaciones agrícolas que faciliten información sobre estos proce-sos, para oír a los afectados por las regulaciones e implementar sus ideas y sus opciones. Pero, el gran salto es, sin duda, la política del presidente Obama, cuando desarrolla las obligaciones y las actas que exigen a las agencias que den una información pública, pero una información que, además, sea en soportes inteligibles, es decir, soportes re-utilizables. Si el tiempo me lo permite, conta-ré la anécdota de que hace poco, en España, el Tribunal de Cuentas nos entrega un dossier sobre la contabilidad de los partidos políticos españoles. Nos lo da en papel. Pero nosotros hemos utilizado la herra-mienta e, inmediatamente, colgamos el material en PDF en internet, con muchos voluntarios. Una persona picaba, traducía al lenguaje in-formático cinco páginas, otro lo hacía con veinte, otro, con cien. Un señor estaba enfermo en la cama y dedicaba su tiempo a eso. Hemos re-utilizado la red, hemos encontrados esas complicidades y hoy ya está el soporte. Le hemos dicho al Tribunal de Cuentas “muchas gra-cias”. En apenas dos semanas, hemos conseguido que esas tres mil páginas se convirtieran en algo inteligible, re-utilizable y funcional. So-lamente así el gobierno abierto cobra sentido. Porque además surgen las oportunidades de negocio. Suena un poco incómodo, ¿no?, cuan-do estamos hablando de transparencia, hablar de negocios. Pero ése es otro de los factores de la globalización o de la internacionalización de los sistemas de gobierno abierto y de transparencia. Miren, donde no hay mercado, no hay democracia. Ustedes pueden construir los sistemas políticos que quieran, pueden tener democracias formales, pero con el tiempo, si no hay mercado, si no hay liber-tad de mercado, no hay democracia. Ya sabemos que las libertades de mercado absoluto determinan quiebras sistémicas y que la falta de marcos regulatorios, la falta de Estado o la ausencia de un Estado weberiano, que además sea el legítimo ejerciente de la violencia, es


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un fracaso de los países con débiles institucionalidades. Pero donde hay mucho Estado tampoco hay libertad y tampoco hay democracia. Decía Antonio Di Pietro que el problema no es que corrompan a los partidos políticos y les entreguen sobornos. Eso, bueno, puede ge-nerar desventajas en un proceso electoral. Este tiene mucho dinero, éste tiene poco dinero, eso puede ser un problema, pero no es lo más grave. Lo más grave es la quiebra del principio del mercado. Y el princi-pio del mercado no es otro que la competencia. Si yo entrego los so-bornos a los políticos y entonces me adjudico los contratos, hay otro efecto latente, un efecto mortífero. Y es que se corrompe el partido político, pero se corrompen también los cargos políticos. Los cargos políticos tienen que corromper, finalmente, a los funcionarios. Para que esos concursos, esas adjudicaciones, esos contratos, produzcan determinado resultado en función de esa coima que se ha entrega-do, esa cadena, esa secuencia, corrompe el elemento central de la democracia y es que exista un mercado competitivo. Por eso, la libre competencia, una de las grandes obsesiones de la cultura norteame-ricana en los años sesenta, en las leyes anti-trust, como ocurre en la Unión Europea, que se fundamenta en la constitución europea, si se puede llamar así. Tanto los tratados de Lisboa como los principios constitucionales de Roma del año cincuenta y seis y cincuenta y siete se fundamentan sólo en la idea de que las empresas puedan competir con igualdad de armas. Y todo eso se consigue con los sistemas abier-tos, con los sistemas transparentes. Por lo tanto, que haya reglas de mercado eficientes, es uno de los mecanismos más funcio-nales para la transparencia y para la lucha contra la corrupción, para que se genere un gobierno abierto. Se dice que parece una vulgaridad que se favorezca el mercado. Con sus regulaciones, con sus necesarias regulaciones, con sus necesarios mecanismos. Todos estos son factores fundamentales.

Nosotros, tanto en Transparencia Internacional como en la Funda-ción, el Instituto Ortega y Gasset, ahora, en España, Ortega-Marañón -aquí sigue siendo Ortega y Gasset, felizmente-, hemos realizado dos importantes trabajos y voy a tener el honor de presentarlos. La primera publicación que se hace, El gobierno abierto y los desafíos tecnológicos en América Latina, es este libro que presentamos en el primer congreso que realiza la Ciudad de Buenos Aires. Hemos con-


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tado con la ayuda de instituciones privadas, con la ayuda de institucio-nes públicas y con el aporte del tercer sector, en la investigación y la docencia. Esta obra recopila todos los trabajos que existen ahora mis-mo, sobre gobierno abierto, en todos los países de América Latina. No les dejaré de contar que me produce un poco de tristeza que un país tan importante como éste en el que estamos no tenga un reflejo proporcional en este elenco de países. Es una tarea por hacer, pero, probablemente, aquí ya hemos comenzado a hacerla. Naturalmente, está no sólo en papel sino también en la red. Tuvimos la ocasión de producir una obra colectiva, Gobierno Abierto, que publicó la editorial Algón Editores, que también se puede descargar en internet y que es de acceso gratuito porque la fundación Ortega financió la obra de modo que, dada su función pedagógica, fuera de acceso general para gobiernos, administraciones y funcionarios. Y permítanme que termi-ne, pues, también con una referencia del propio Ortega. En 1923, Ortega publicó la Revista de Occidente y quería que allí se hablara de las cosas de nuestro tiempo, una frase muy del mundo orteguiano. Hoy la revista se sigue publicando, algunas veces, con dificultades económicas, no lo ocultaré. Pues, el número de julio-agosto de 2013, en homenaje a este Congreso Internacional, está dedicado a la trans-parencia. La Revista de Occidente no entra en cuestiones políticas, pero aquí encontrarán una reflexión desde los textos de Aristóteles y Heródoto hasta los propios de Ortega y Gasset, Walter Benjamín, Ítalo Calvino, Thomas Mann y Gianni Vattimo. Son textos verdaderamente atractivos sobre el pensamiento, sobre los principios que subyacen a la transparencia.

Y, por último, una advertencia. En el siglo XVIII, se puso de moda en Europa la homeopatía. Es decir, con un poco de veneno adminis-trado en pequeñas dosis, se puede curar una enfermedad. Y en esta historia de la transparencia, del gobierno abierto y de la información, es un camino de doble sentido. Miren, nosotros estamos pidiendo a los gobiernos, como sociedad civil, que nos facilite la información para que el gobierno sea participativo y democrático y tenga una plena legitimidad. Ya no hay que ir a votarles una vez cada cuatro años sino que, además, todos los días tenemos que saber qué hacen, porque, si compran este bolígrafo, yo no sé cuánto vale, pero habrá alguien en la red que lo sepa y, si lo compran a un precio disparatado, se sabrá


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que ahí hay corrupción. Pero ya no vale solamente eso. Los gobiernos también tienen toda nuestra información. Y hemos hablado, los co-legas se han explayado sobre el ejercicio de esta tercera generación de derechos fundamentales que es el habeas data. Algunas consti-tuciones, como la dominicana, lo han incorporado como un derecho fundamental en su texto constitucional. Pero venimos comprobando, WikiLeaks, en los últimos acontecimientos, que también los estados nos escuchan con cierta función y acumulan una información sobre todos y cada uno de nosotros. Los Estados y, lo que puede ser un poco más preocupante, también los mercados. Saben qué gustos te-nemos, en qué páginas entramos, con quién hablamos, qué decimos, nos escuchan. Nosotros queremos escuchar. Me da la impresión de que, en esta carrera entre los estados y las grandes corporaciones, los ciudadanos vamos un poquito atrasados. Ellos tienen una capaci-dad muy grande para escucharnos a nosotros, para almacenar esa in-formación y la capacidad de los ciudadanos y de los movimientos civi-les para escuchar y obtener información de lo que hacen dentro de los estados es un poco más reducida, no olviden eso. Estamos pidiendo información, estamos pidiendo gobierno abierto, pero esto encie-rra algunos problemas y tenemos que re-pensar toda la estruc-tura de los derechos fundamentales, porque hay otros intereses, naturalmente. El de la seguridad es un interés relevante, a todos nos preocupa la seguridad. Construir un estado seguro es un factor esen-cial. Pero en esa unidad, en ese mundo globalizado, existen peligros, existen problemas, existen dificultades. Tendremos que construir otra idea de derechos fundamentales. ¿Para qué sirve hoy el derecho del secreto de la correspondencia, si nadie escribe una carta? Pero sí es-cribimos muchas cosas en internet. Es decir, hace falta construir algu-nas regulaciones. Los países de cultura latina, los que pensamos en español, que no somos españoles –de los que pensamos en español, en realidad, ya la mayoría está aquí, en este lado del Atlántico-, tene-mos que pensar por qué tenemos un hándicap en todas estas cosas. Tenemos sistemas normativos cerrados, donde todo lo regulamos en base a leyes, decretos, reglamentos, disposiciones, textos cerra-dos. El mundo anglosajón tiene la gran flexibilidad de tener sistemas abiertos, sistemas de precedentes, sistemas más adaptables a los medios. Tenemos que aprender, tenemos que construirlos, pero el fin


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es el sistema de gobierno abierto y la transparencia. Es como cuando íbamos a Oxford y le preguntábamos al jardinero por qué tenían las praderas tan verdes y, en realidad, queríamos saber por qué tenían universidades tan buenas los ingleses. El jardinero dio una respuesta sencilla: “Para esto, sólo hace falta cortar la hierba una vez a la sema-na” e hizo una pausa. “Durante 500 años”. Esta es una cultura que tenemos que construir y tenemos que seguir haciéndolo por muchos años. Creo que este paso es fundamental. Es un honor haber podido acompañarles aquí, haber podido estar, aprovechar esta oportunidad y seguir unidos en esta vocación común, que es luchar todos por el interés general, por el bien común. Muchas gracias.

4- El Doctor Jesús Sánchez Lambás, de nacionalidad española, es actualmente vice-presi-

dente de la Fundación Ortega y Gasset. Es abogado y profesor de Derecho Civil en la Uni-

versidad de Valladolid y es asesor jurídico responsable del grupo de empresas de la Direc-

ción General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Economía y Hacienda. Asimismo,

el doctor es un destacado jurista en el área administrativa, civil y mercantil, además de uno

de los miembros fundadores y secretario de la Comisión Ejecutiva de Transparencia Inter-

nacional, organismo independiente cuya labor se centra en la lucha contra la corrupción.


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LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y EL CONTROL DE LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS CIUDADANOS

ALICIA PIERINI (5)

Libertad de acceso a la información veraz y protección de datos personales

Muchas gracias a todos. Quisiera arrancar aclarando que los te-mas de transparencia, gobierno abierto y acceso a la informa-

ción deben concebirse desde cierto marco, desde cierto contexto. Y ese contexto incluye a muchos intereses que no son precisamente los intereses de la ciudadanía común. Intereses relacionados con los mercados.

Dado que me toca trabajar muchas veces en los temas penales, voy a aclarar que también el crimen organizado es un excelente na-vegador de internet y alcanza a tener información que muchas veces no tiene el ciudadano común. Por otra parte, voy a aclarar también cuáles son las competencias y el rol de la Defensoría del Pueblo, que está enmarcada dentro de los organismos de control, pero cuyo control es, fundamentalmente, el de la vigencia de los derechos. No-sotros no controlamos funcionarios, no controlamos licitaciones. Sí controlamos los resultados de la acción de esos funcionarios, de las políticas públicas, cómo se expresan a través de los resultados, que hablan de la vigencia o no de los derechos en toda su amplitud. Por-que la Constitución nos da ese marco amplio para el control de la vigencia de derechos humanos y de todos los demás derechos que existen en el sistema constitucional y nacional. Y la misión que tiene la Defensoría del Pueblo, en este sentido, es, particularmente,


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defender, proteger, prevenir y difundir los derechos de los ciu-dadanos, los derechos de las personas. Por eso, a nosotros nos parece importante, en el marco de los derechos de las personas, agregar la cuestión del acceso a la información. Es parte de los derechos, pero tiene también otros derechos que lo cruzan y que marcan algunos límites respecto de su manejo por parte tanto del Estado y de los operadores del Estado como de los ciudada-nos. Como nosotros trabajamos con la mirada puesta en la vigencia real de los derechos humanos, nos toca, igual que le toca a cualquier defensoría de cualquier ciudad o de cualquier país, evaluar la diferen-cia, la distancia que hay entre la realidad, la normativa y la vigencia plena de la misma. Medir, de alguna manera, la distancia que hay entre la realidad y lo ideal, lo teórico, lo doctrinario. Poder explicitarlo, recomendando o creando herramientas para que esa distancia sea cada vez menor y para que la vigencia de los derechos sea realmente plena, sin exclusiones, en la mayor medida posible. Esto nos lleva a la necesidad de conocer no sólo cuáles son las políticas públicas y en qué se fundamentan sino también todos los circuitos de la cadena de efectores de las mismas, ya que éstos a veces respetan absolu-tamente los principios de la política que se ha diseñado, pero, otras veces, en la cadena de derivaciones, los van distorsionando. Una po-lítica pública buena puede no llegar a tener buenos resultados porque ha habido una distorsión en la cadena de los efectores. Podría quizás ejemplificar con un suceso de hace muy poco tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. Se trataba de una política pública acertada en su diseño, que consistía en trasladar el centro cívico a un predio de la zona sur, para que revitalizara la zona sur. Era una política correcta, mayoritariamente aceptada. Y sin embargo, la gestión, que derivó fi-nalmente en una, yo diría, catástrofe política y mediática, sobre todo, mostró que hubo pasos que no se realizaron, como la zonificación o las mesas de diálogo. Y terminamos teniendo que intervenir, como Defensoría del Pueblo, en el último tramo, que era el tramo de las vulneraciones de derechos, cuando, en verdad, la política principal no era para cuestionar desde la Defensoría del Pueblo. Esto, como ejemplo de que muchas veces lo que está faltando es la información suficiente en toda la cadena, en todos los eslabones de los efectores, para que la política que se diseña concluya con éxito real. De aquí,


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entonces, a nosotros nos toca, como Defensoría –y, precisamente, porque tenemos que trabajar sobre la vigencia de los derechos-, tra-bajar, a veces, sobre el conflicto. Sobre el conflicto social, que forma parte de la lógica social. El conflicto no es una patología sino que forma parte de la vida en comunidad. Trabajar sobre el conflicto, por una parte y, muchas otras veces, nos toca trabajar sobre una patolo-gía. Y ver cómo se diagnostica y qué decisión, qué recomendación, qué tratamiento es el que se plantea. En este sentido, la búsqueda de la información es también la herramienta imprescindible para no errar en los diagnósticos, porque cada conflicto se da en un contexto y porque cada patología no solamente se da en un contexto sino que también tiene raíces y tiene actores. Por esta razón, la información no es solamente tener los datos. La información significa tener los datos veraces. Es necesario poder hacer las comparaciones y las mediciones sobre datos ciertos. Yo creo que, cuando habla-mos de derecho de información, tenemos que insistir en que la información tiene que ser información veraz. Cuando digo infor-mación veraz, la contrapartida, la contracara, sería el INDEC. A mí, no me da ninguna información veraz, entonces, no podemos reproducir los modelos INDEC, ni en la ciudad ni en ningún lado, porque, cuando la información no es cierta, terminamos haciendo análisis erróneos.

Otro elemento en la búsqueda de la información es que hay que saber cómo se la recolectó, qué fuente tiene. Nos pasa en la ciudad, por ejemplo. Tenemos, en relación con la gente en situación de calle, informaciones contrapuestas. Una información oficial que habla de ochocientas, novecientas, poco menos de mil personas y una infor-mación que proporciona una organización internacional y se refiere a dieciséis mil. Cuando yo reviso cómo recolectó esos datos la or-ganización internacional, me doy cuenta de que el sistema de reco-lección no se refiere exclusivamente a la gente en situación de calle sino también a otra cosa diferente. Al catalogarlo como situación de calle, queda como emparejado. A tal punto es necesario conocer la veracidad de la información que, si ustedes leen recientes publica-ciones mediáticas, van a ver que en algún medio se ha dicho que la Ciudad de Buenos Aires tiene un porcentaje de mortalidad infantil mayor que el de las provincias del NEA. Lo cual, todos sabemos que no es cierto.


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Quiero decir que, si se cuenta de una manera en un lado y se cuen-ta de otra manera en el otro, la comparación de la información no sirve para la investigación y el acceso a la información se ve frustrado, preci-samente, porque no hay homologación en los sistemas. No voy a decir que es intencional, porque todos lo sabemos. En la Ciudad, tenemos una oficina de censos y de estadísticas que es excelente y que es la contracara del INDEC. Pero claro, no estamos solos en la galaxia. So-mos una ciudad en el medio de un país que no tiene una información veraz. Nos interesa también dejar constancia de que el acceso a la in-formación tiene algunos límites que es importante que destaquemos. Particularmente, ponemos el acento en una norma que también es pionera en la Ciudad y es la de protección de datos personales, cuyo autor intelectual fue el ex legislador Marcos Peña y marca también límites fundamentales para que los datos personales no sean publica-dos sin consentimiento o, en el caso de los datos sensibles, ni siquiera con consentimiento. Yo lo escuchaba recién al disertante anterior, que decía que en la web están todos los nombres, salarios y domicilios y la verdad es que, mirado desde la transparencia de la información, es po-sible que esté muy bien, pero, desde la seguridad de la identidad de las personas, de su privacidad y de la seguridad respecto de las políticas delictivas que existen a nivel de crimen organizado, internacionalizado, me parece que hay que repensarlo. No hay que regalar información que luego pueda ser usada, no para las investigaciones y para todo lo que tiene que ver con la buena política, sino para otros fines. De la misma manera, creemos que todo aquel que trabaja en sistemas de información y de registro –lo mejor que puede tener el Estado es un excelente sistema de registro-, al menos nosotros le exigimos a nues-tro personal en la Defensoría del Pueblo, donde recibimos muchas de-nuncias de los ciudadanos, firmar un compromiso de confidencialidad con la institución. Ustedes lo podrán haber observado, porque hace muchos años que estamos conduciendo la Defensoría del Pueblo, no manejamos ninguna información que involucre nombre, apellido o domicilio de un denunciante. El cuidado que tenemos nos produ-ce muchas veces problemas con el sistema mediático, que quiere el nombre, el apellido, para entrevistar a la persona que hizo la denuncia. Nosotros creemos que la confidencialidad de la institución está dada precisamente por el sistema de confidencialidad de los datos y quien


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pide datos a la Defensoría del Pueblo tiene que acreditar para qué los pide, quién es -si es un funcionario no hay problema, si es un juez, se le entregan los datos- y trabajamos con la protección estricta de los datos sensibles. La Defensoría ha hecho, incluso, otro aporte.

Antes, cuando se publicaban en el boletín oficial fallos judiciales o determinados secretos que involucraban a personas en razón de un subsidio, quizás por razones de extrema pobreza o de enfermedad, aparecía el nombre y el apellido del subsidiado. Hemos logrado que fi-nalmente se comprendiera que no pueden aparecer esos secretos ni esos fallos con el nombre completo de las personas sino que deben aparecer con las iniciales, especialmente si involucran a menores. Y, por último, quiero decir que nosotros somos cuidadosos y tratamos de que todas las personas y las instituciones con las que nos relacio-namos también tengan esa prudencia en el manejo de los datos per-sonales, porque la cuestión de la transparencia tiene que tener esos límites. Esos límites los puso la ley de protección de datos persona-les N° 1.845, que incluye el derecho de habeas data, para rectificar o modificar datos, así como varios otros principios. Los principios de protección de datos personales, que hoy son principios de derechos humanos, no solamente involucran la rectificación de los datos sino también la necesidad de consentimiento para que puedan ser manejados, la exigencia de que los datos esenciales, lo que serían los datos civiles, tengan perduración, pero que algunos da-tos que se piden para hechos puntuales no la requieran sino que, por el contrario, caduquen. Y, por supuesto, el inmenso cuidado relativo a los datos llamados sensibles, que, como todos saben, son los datos que hacen a las convicciones, las afiliaciones políticas, religiosas o sindicales, los relativos a las opciones sexuales o a las enfermedades. Estos son datos sensibles respecto de los cuales se cuenta con un sistema de reserva, para poder trabajarlos en las distintas dependen-cias del Estado, donde están los datos en un sobre cerrado que se marca y los papeles que circulan solamente circulan con iniciales o con un número de referencia.

Quiero cerrar diciendo que, para nosotros, es importante compar-tir este evento, que nos parece realmente valioso. Pero también que no somos ingenuos y que no podemos ignorar que, en la apertura de registros de información en contextos tan difíciles, no todos son


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santos y buenos sino que también estamos teniendo hackers de toda índole, servicios de inteligencia de todas las razas y colores. Me pare-ce que no podemos ignorarlo y que hay un quantum de prudencia que tiene que estar también incluido en los análisis que hagamos y en las tareas que llevemos adelante. Muchas gracias.

5- Alicia Pierini es la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Es abogada, fue

docente y asesora jurídica de diferentes ONG y comisiones parlamentarias nacionales.

Directora del Programa Social de Servicios Jurídicos de la Nación durante los años 1989

y 1991. Fue convencional constituyente de la Ciudad en 1996, subsecretaria de Derechos

Humanos de la Nación y diputada por la Ciudad de Buenos Aires por dos períodos.


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LEY N° 24.156 DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE LOSSISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL

JOSE LUIS GIUSTI (6)

Las deficiencias del sistema de controlen Argentina

Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Y la idea es, más que exponer sobre los organismos de control en la Argen-

tina, tratar de analizar un poco el sistema de control que rige en la Argentina desde el año 1992, a través de la ley N° 24.156. Hay un ca-pítulo entero que articula el control en el sector público en la Argentina y hablamos de sistema porque nos parece mucho más importante analizar el sistema en su conjunto que analizar cómo funciona cada uno de los organismos. Y la conclusión a la que, lamentablemente, llegamos es que en nuestro país el sistema de control en el sector público no funciona. No funciona porque no cumple con los obje-tivos que determina la ley N° 24.156.

Haciendo un análisis de esta ley, que atribuye al sistema de control tres objetivos básicos, uno puede entender que lo primero que tiene que hacer el sistema es producir información, para el público en gene-ral, acerca de qué es lo que está pasando en el sector público, acerca de cómo funcionan los distintos programas del gobierno, qué es lo que está ocurriendo con las políticas públicas, cuáles son sus resulta-dos. El segundo objetivo del sistema tiene que ser perseguir la corrup-ción, tratar de evitar que se lapiden recursos públicos en cuestiones que no tienen que ver con las políticas públicas. Y, una vez detectada esa situación, hacer lo imposible para castigar a los culpables.


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El tercer objetivo tiene que ser, está determinado por la ley, evaluar la política pública, hacer un análisis global, un análisis comparativo de qué pasó con cada una de esas políticas públicas. Para esto, la ley le tiene que dar herramientas al sistema, a los distintos organismos que conforman el sistema de control. Y les tiene que dar herramientas que tienen que ver con la capacidad de investigar, de recabar información, de publicar esa información. Les tiene que dar herramientas para que los funcionarios estén obligados no solamente a brindar información veraz sino también a proporcionarla en el tiempo oportuno, en el tiem-po que le permita a quienes trabajan en el control hacer un trabajo concreto, eficiente, eficaz. Nosotros vemos que la ley no da esas he-rramientas y, entonces, no se cumplen los objetivos. Porque, si anali-zamos el objetivo de brindar información al público en general, vemos que los organismos de control no brindan información oportuna de qué es lo que está pasando con las políticas públicas. Estoy hablando en términos generales y no estoy hablando de publicar un informe en la página web. Estoy hablando de que la sociedad, la ciudadanía, esté informada acerca de qué pasa con cada una de las políticas públi-cas en el Estado nacional. Quizás, el objetivo que más lejano está de cumplir el sistema de control tiene que ver con perseguir los ilícitos. La ley N° 24.156 rompe, quiebra de cuajo la tradición que había en la Argentina desde el año 1870, en la que existía la posibilidad de, ante un acto administrativo que podía tener consecuencias perjudiciales para el sector público, a través de distintos organismos de control fa-cultados para hacerlo, primero, la Contaduría General, luego, el Tribu-nal de Cuentas, frenar ese acto administrativo o, por lo menos, alertar sobre el mismo. La ley N° 24.156 elimina esa posibilidad y hoy, los or-ganismos de control no tienen absolutamente ninguna capacidad de prevenir o de frenar un acto administrativo ilícito. Otro quiebre impor-tante que estableció esta ley se refiere a la capacidad que tenían los organismos de control para sancionar a los responsables de políticas públicas que no cumplían sus objetivos o de actos ilegales. Les quitó a los organismos de control la facultad que tenía el Tribunal de Cuen-tas, tanto el juicio de cuentas como el juicio de responsabilidad, que permitían que fuera el mismo organismo de control el que efectuaba investigaciones acerca de la conducta de los funcionarios públicos. Y, por último, los organismos de control tampoco están evaluando de


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manera eficaz, estoy hablando en términos generales, los distintos programas de gobierno y las distintas políticas públicas. Primero, por-que hay una tradición que cuesta romper. Es más fácil hacer auditorias legales, hacer auditorias financieras que hacer auditorías de gestión. Y, más allá de los esfuerzos de capacitación de los distintos organis-mos, hay una tendencia innata en el auditor a revisar más papeles que políticas públicas. Además de este problema, que, a lo mejor, es mucho más fácil de resolver, hay un problema que está en la misma ley. Hay un problema que es intrínseco al funcionamiento del sistema de control. La ley establece que el sistema de control es posterior, lo que se llama ex post. Y ninguna evaluación de política pública puede realizarse si no se hace desde el momento en que esta política pública se planifica. Ninguna evaluación seria, ninguna metodología de evalua-ción se puede realizar una vez que la política pública finalizó, una vez que la ejecución presupuestaria de esa política pública finalizó. Enton-ces, tenemos que la ley N° 24.156, esta ley que, en otros aspectos, significó muchísimos avances en el manejo de las cuentas públicas en la Argentina, en el manejo de los sistemas de información de la administración financiera de la Argentina, en términos de organismos de control, en términos de control del sector público, no cumple con sus objetivos. Cuando uno revisa el debate parlamentario, uno se da cuenta que la discusión fue la típica discusión que se daba, sobre todo, a principios de la década del noventa, en la cual parecía que los organismos de control entorpecían la función pública.

El control previo era una de las causas de que los expedientes no salieran rápidamente, de que las políticas públicas no lograran sus objetivos. El funcionamiento del Tribunal de Cuentas parecía ser el único responsable de que las políticas públicas no fueran eficaces. Y, a cambio de eso, se les dio, sí, a los organismos de control la posibi-lidad, valedera, importante, de evaluar las políticas públicas, de hacer una evaluación que fuera más allá de lo contable, de lo legal. Pero la ley no les dio a los organismos de control las herramientas nece-sarias. Y, cuando en una democracia los organismos de control no funcionan, cuando los funcionarios no están obligados a rendir cuentas de manera constante, concreta y, sobre todo, de manera que supere una entrevista periodística, que es un mero informe, cuando los organismos de control no tienen facultades para exi-


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gir información veraz y en tiempo oportuno a los funcionarios, la democracia está renga. Esta obligación que tienen o que tenemos, mejor dicho, todos los funcionarios públicos, de responder por nues-tros actos, toma cuerpo y, efectivamente, genera seriedad, evidencia, con los organismos de control. No con el periodismo, no con un pedi-do de informes sino cuando los organismos de control tienen plenas facultades para trabajar, para recabar información y para investigar. Por eso, resulta muy extraño y es una deuda pendiente de toda la clase política, que, tantos años después, ya más de veinte, de sancionada la ley N° 24.156, en lo que tiene que ver con los organismos de control, todavía no se haya modificado. Y, dejando ya tan atrás las políticas llevadas a cabo por la década del noventa, todavía ninguna de las ma-yorías parlamentarias que siguieron a la mayoría parlamentaria de la década del noventa se propuso modificar la ley N° 24.156. Nada más. Muchas gracias.

6- José Luis Giusti es licenciado en Economía. Fue Auditor General de la Ciudad de Bue-

nos Aires, subsecretario de la Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos del Gobier-

no de la Ciudad, y, actualmente, secretario de Hacienda y Administración de la Universidad

de Buenos Aires.


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EL CONTROL COMO LÍMITE QUE GARANTIZA LA DEMOCRACIA

HUGO BUISEL QUINTANA (7)

Transparencia, confianza políticay responsabilidades del Estado

Que mis primeras palabras sean de reconocimiento al Gobierno de la Ciudad. Sin pertenecer a este espacio político, debo reconocer

que se han esforzado por organizar este evento, detrás del cual hay mucho trabajo, mucha organización, para hablar de un tema del que se habla mucho y por el que se hace poco, que es la transparencia y la lucha contra la corrupción. Así que, Mariana, en representación del Gobierno de la Ciudad, los felicito. Hace muchos pero muchos años que la organización que yo represento transita los pasillos del poder casi como una profecía, diciéndoles a los dirigentes políticos: “Muchachos, cambien”. El control no es oposición, el control es un límite. Sin límites, no hay democracia, sin democracia, no hay república. Empezamos en la Nación, recorrimos las provincias, reco-rrimos las municipalidades. Salimos a Latinoamérica, organizamos un gremio latinoamericano al que todos los países latinoamerica-nos que tienen organizaciones gremiales pertenecen. Viajamos a Europa, viajamos a África y seguimos bregando porque el control ocupe un lugar distinto, ante la gente y ante la política. Si no logramos cambiar el estatus del control, la cosa no viene bien. Hemos hecho, desde nuestra organización, montones de cosas, que, con luces y sombras, han servido: programas de radio, programas de televisión, publicaciones. Con el doctor Bruno, diseñamos un sistema para medir la calidad institucio-


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nal de provincias, municipios y organismos. Hemos tratado de corregir y para algo ha servido nuestro proyecto. Pero no al-canza. No alcanza, sobre todo, para un país de nuestras carac-terísticas. Las consecuencias de la corrupción no son iguales en un país rico que en un país pobre. Quizás, desde el punto de vista axiológico, desde el punto de vista del derecho, es un delito. Pero las consecuencias son diferentes. Nuestro país siempre busca soluciones mágicas para problemas que no tienen ninguna solución mágica, si no es a partir del traba-jo y del cambio de la cultura. Los argentinos no creemos en el control. Los argentinos queremos el control para los demás. Cuando nos toca a nosotros, tratamos de esquivar el bulto ¿Qué hay que hacer para revertir esto, que para nosotros es casi un motivo de pelea existencial, para cambiar la cultura del control? Y ahí surge, nuevamente, un Estado tonto. Un Es-tado que se deja robar por los de afuera y castiga a los de aden-tro. Un Estado que no es capaz de incorporar en la educación un elemento esencial, que los chicos se eduquen con valores. Que la axiología, lo bueno y lo malo, sea parte fundante en la educación de los jóvenes. Creo que, si no empezamos por ahí, no nos va a ir bien. En nuestros viajes, el año pasado estuvi-mos en Sudáfrica, en Durban, en un congreso con un público variopinto. Había un ruso, un palestino, un israelí, un boliviano, un peruano. Y, cuando nosotros hablábamos de la metodología para combatir la corrupción, en un momento, me vi en la nece-sidad de decirles: “Esperen, esto no es lo que pasa en la Ar-gentina. Estas son las técnicas que nosotros, desde las teorías, tenemos para combatir la corrupción”. Hoy, cuando venía en el taxi, estaba leyendo este libro, La alternativa de la izquierda, de Mangabeira, un filósofo contemporáneo maravilloso, que em-pieza así: “El mundo está bajo el yugo de la dictadura de la falta de alternativas”. Se refiere a las alternativas ideológicas. En el siglo XXI, no existen esas ideologías transversales, como fue-ron el socialismo, el liberalismo. Y sentimos crujir un sistema que termina. Sentimos los crujidos de un sistema que termina, por injusto. De un sistema en el que los pobres son más pobres y los ricos, más ricos. Y dice también que: “El mundo se quedó


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sin utopías”, sin construcciones intelectuales que le permitan a la gente tener esperanza. Y yo me pregunto: ¿no será el control de la transparencia uno de los elementos que sean capaces de amalgamar un proyecto diferente? Porque la gente, lejos de la política, deja sin alternativas a los países. Cuando la gente deja de creer que la política es el mecanismo para solucio-nar sus problemas y piensa que es solamente una solución a los problemas de los políticos, no hay alternativas. ¿Y no será que la gente está esperando ver un gobierno transpa-rente para poder volver a creer en la política? ¿No tendre-mos, los que trabajamos en el control, los que tenemos las responsabilidades del caso, que empezar a obrar para que la gente vuelva a creer en la política y funcionemos de manera diferente? ¿No somos parte de una utopía capaz de modificar un mundo injusto y sin ideas? Nosotros pensamos que sí. Y no se requieren ni grandes inversiones, ni grandes obras. Se requiere decisión política y convicción para terminar con la pobreza. Basta de maquillar la pobreza, hay que erradi-carla y combatirla. Y, para eso, necesitamos dirigentes capaces de hablar de los temas de los que no nos animamos a hablar en la Argentina. Los planes sociales, la pobreza, la reconversión y la producción. Creo que, desde el control, tenemos muchísimo para aportar. No es tarea del sindicato del control ni de los fun-cionarios. Es tarea del Estado. Nosotros, como representan-tes de los trabajadores, queremos que recuperen la mística y la dignidad de pertenecer a organismos que sean socialmente útiles y que acerquen a la gente a la política y a la transparen-cia. No nos va muy bien, pero es posible. Tampoco crean en las mágicas soluciones, en que cambiamos el gobierno y cam-bia todo. Sería muy fácil, cambiamos un gobierno y viene otro bueno. Esto no es así. Los procesos de cambio son culturales y profundos y son tarea de todos. Termino con un ejemplo, un ejemplo reciente. El Gobierno Nacional firma con Chevron, una empresa que va a explotar petróleo. En el año 1955, el gene-ral Perón, con la suma del poder público, por su coherencia y por su implicancia en los sectores más pobres, presenta un proyecto similar de explotación petrolífera con una empresa


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internacional. La Cámara de Diputados no lo trató, durante seis meses lo demoró porque no se coincidía, empezando por John William Cooke, con esa filosofía. Posteriormente, lo hace Fron-dizi. Y giraba los contratos al Tribunal de Cuentas, que se los devolvía con enmiendas. Hoy, habiendo corrido todas las fron-teras, hay un decreto que nadie controla. YPF, la empresa más importante de la Argentina, no tiene control público. Cuándo era privada, tenía control público y, ahora, que es pública, tiene control privado. Podríamos dar cientos de ejemplos al respec-to. Yo termino diciendo que se puede, que esto no se modifica con una norma. Esto se modifica con un Estado que entienda que el control no es oposición sino límite y que, sin límites, no hay democracia. Muchísimas gracias.

7- El Doctor Hugo Buisel Quintana es abogado y actualmente secretario general de la

Asociación del Personal de Organismos de Control. Desde 2005, es secretario general de

la Unión Latinoamericana de Trabajadores de Organismos de Control y presidente de la

Fundación EFORO.


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LA LEY DE TRANSPARENCIA EN CHILE

JORGE JARAQUEMADA (8)

Las resistencias a su instalación,la autonomía del órgano garante comoun eje del modelo chileno. Los desafíosy los beneficios de la transparencia

Muy buenas tardes a todos ustedes. Quiero agradecer al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, particularmente, al señor Mauricio

Macri, por la preocupación que denota la organización de este impor-tante seminario. Voy a ilustrar con una presentación lo que les quiero comentar hoy y la voy a dividir, básicamente, en tres partes. Primero, quiero enfatizar algunas características del modelo chileno que me parecen relevantes a propósito de la instalación de la política pública de transparencia. En segundo lugar, les quiero mostrar algunos datos que dan cuenta de la implementación de la política de transparencia. Y tercero, terminar redondeando con algunos desafíos y beneficios que nos trae la instalación de esta política pública. Entonces, en primer lugar, ¿cuáles son los hitos de instalación de esta política pública? Es una política pública que no ha estado exenta de dificultades en su instalación. Fíjense ustedes que, a partir del año 1994, es decir, ya hace casi veinte años, tuvimos un primer intento, un primer esbozo, insta-lando una comisión de ética pública que generó un primer proyecto de ley sobre el tema de transparencia y acceso a la información pública. Sin embargo, finalmente, este esfuerzo legislativo se truncó. Posterior-mente, en 1999, ya en otro gobierno, se adelantó algo, incorporando en diversos cuerpos normativos los principios de pluralidad, transparencia y publicidad de los actos de la administración del estado. Ese mismo año, se dicta además un instructivo presidencial. No una norma, no una


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ley sino un instructivo presidencial que obligaba a todos los ministerios y a todos los servicios públicos a dar transparencia a una serie de actos y decisiones administrativas. Por ejemplo, las remuneraciones de los fun-cionarios públicos. Pero, al mismo tiempo, ese instructivo presidencial cometió el error de señalar que, por una resolución fundada, cualquier ministerio o servicio podía declarar reservado alguno de esos actos ¿Qué creen ustedes que sucedió? Bueno, que lo que se había escrito recientemente con la mano en el instructivo presidencial fue borrado con el codo, por el dictado multitudinario de resoluciones que decla-raban actos administrativos secretos. Eso nos habla de que había una fuerte resistencia a instalar esta política pública. Posteriormente, en el año 2001, se dicta nuevamente un reglamento sobre temas que debían ser secretos, reservados, en fin. Y llegamos así al año 2005, cuando, finalmente, tenemos una moción parlamentaria de dos senadores de distinta orientación ideológica, que, en conjunto, consensuan y propo-nen a trámite legislativo un proyecto de acceso a la información pública. Ese mismo año, el año 2005, se dicta además una reforma constitucio-nal que, incorpora en la ley fundamental de Chile, en la Constitución, el principio de probidad y el principio de publicidad de los actos de la admi-nistración del Estado. Posteriormente, en el año 2006, hubo un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue muy importante en términos de agilizar el avance, desde la instauración del principio cons-titucional de publicidad de los actos, hacia una regulación legal. Se crea una comisión asesora presidencial en temas de probidad y de trans-parencia y se dicta un nuevo instructivo presidencial. Y ya el gobierno de Michelle Bachelet, en el año 2007, presenta una indicación de un proyecto de ley, que, finalmente, se termina fundiendo con la moción parlamentaria a la que les aludía recientemente. En el año 2008 se aprueba y se promulga la ley de Transparencia, que empezó a regir en el año 2009. Es decir, fue una tramitación larga, lenta, desde el año 1994 hasta el año 2009. Fueron 15 años. Quiero reflejar con esto que la instalación de la transparencia como tema de política pública es un tema pedregoso, difícil de desarrollar, que requiere aunar muchas voluntades y que provoca, ciertamente, mucha resisten-cia. La transparencia es una cuestión incómoda. Particularmente, para los sujetos obligados, que son los gobiernos centrales, los poderes públicos.


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Vamos ahora a ver cuáles son los ejes que a mí me parecen centra-les del modelo chileno. En qué creo yo que nuestra propia experiencia ha sido beneficiosa para la instalación de esta política pública. En pri-mer lugar, me parece que la consagración del principio de publicidad de los actos de administración a nivel constitucional en el año 2005, como les señalaba, fue un hito fundamental. Me parece que ahí, diga-mos, se produce finalmente el consenso de voluntades de distintos partidos, de orientaciones ideológicas diversas. Para avanzar en esto, que era una política pública que se estimaba relevante y beneficiosa para profundizar nuestra democracia. Segundo elemento, fundamental, es que se establece un reconocimiento legal del derecho de acceso a la información pública. Recuerden ustedes que les mencioné que en el año 1999 se había dictado un instructivo presidencial, que no tuvo ningún efecto práctico, porque resoluciones de los diversos ministerios fueron borrando lo que se había instruido por la vía de ese instructivo. El reconocimiento legal le da entonces el peso, la sustancia, la densi-dad normativa que requiere un derecho tan importante como es el de acceso a la información pública. El tercer elemento central del mode-lo chileno tiene que ver con que se estableció, precisamente en ese cuerpo normativo, en la ley de Transparencia, un procedimiento regla-do, específico, con plazos definidos. Con traslados a terceros interesa-dos, con un debido proceso y con la posibilidad de que el Consejo para la Transparencia impusiera sanciones a los órganos que incumplieran los estándares que la misma ley les fijaba. Cuarto elemento que me parece central, la existencia de un órgano garante, el Consejo para la Transparencia. Hay países que han optado por dictar leyes de acceso a la información pública, pero que no han establecido un órgano garante que impulse la instalación del derecho como política pública. Pero que además lo garantice frente al ejercicio que haga la ciudadanía de éste derecho. Y quinto y último, me parece relevante también que sea un órgano autónomo. Autónomo de los demás poderes públicos. Vamos a ir viendo muy brevemente cada una de éstas cuestiones.

Primero, quiero señalar que el derecho de acceso a la información, nosotros lo hemos caracterizado muy en la lógica de lo que se habló sobre la ley Modelo, que es posterior, del año 2010, como un derecho fundamental que permite el control social y, por esa vía, una mayor par-ticipación de la ciudadanía en el control de los actos y de las decisiones


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de sus autoridades. Es decir, en el fondo hace o estimula una partici-pación en los procesos políticos democráticos. Es un derecho-deber, obviamente, porque implica la acción positiva del Estado de reconocer este derecho y de hacer disponible la información. Tiene una legitima-ción activa amplia, es decir, cualquier persona es sujeto del derecho de acceso. No se necesita ser ciudadano. Por ejemplo, nosotros hemos tenido casos de niños menores de dieciocho años que han ejercido este derecho de acceso. No requieren expresar causa alguna respecto de por qué están pidiendo esa información o en qué la van a usar. Ése es un principio muy relevante de no discriminación que establece nues-tra legislación. Los órganos obligados, al menos respecto del principio de publicidad, son todos los poderes del Estado. Se aplica de diversas formas respecto de los órganos del gobierno central, que son sujetos pasivos tanto de la transparencia activa como de la transparencia pa-siva o derecho de acceso. Hay otros órganos o poderes autónomos, como el Poder Judicial, la Contraloría, que tienen un estatus especial, están obligados a transparentar, pero bajo sus propias normas. No rige respecto de ellos el derecho de acceso. Y las excepciones al derecho de acceso deben estar establecidas por leyes de quórum calificado, es decir, un quórum mayor a la simple mayoría.

Digamos en qué consiste el procedimiento de derecho de acceso a la información. Tal vez señalar que, presentada una solicitud por cual-quier ciudadano, el órgano obligado tiene un plazo específico de veinte días para dar respuesta. Si el ciudadano no queda satisfecho, tiene, a su vez, quince días hábiles para recurrir ante el Consejo de Transpa-rencia con una acción específica que se llama amparo. Y el Consejo actúa como un órgano que ejerce jurisdicción, sin ser un tribunal. Es un proceso, entonces, regulado por una ley especial. Las decisiones del Consejo son obligatorias, pero son apelables ante las cortes de apelaciones respectivas. Y, como les decía, contempla la posibilidad, el Consejo, de aplicar sanciones respecto a las obligaciones de transpa-rencia, se aplica cierto estatuto para los órganos del gobierno central. Y para las municipalidades, un estatuto más restringido. En cuanto a las empresas públicas, se eliminan algunos elementos que, eventual-mente, de ser conocidos, podrían restarle competitividad en los res-pectivos mercados. Y hay un tercer grupo de órganos, como les decía, autónomos de los poderes del Estado, como la Contraloría, el Banco


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Central, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, los Tribunales y el Congreso Nacional, que tienen un estatuto similar pero que debe ser auto-regulado. El Consejo ahí no tiene la posibilidad de ejercer compe-tencia y, eventualmente, sancionar, como es obvio, dada la naturaleza de esos órganos. ¿Qué es entonces este Consejo para la Transparencia del que yo les he hablado? Es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y tenemos patrimonio propio, con atribuciones para fiscalizar y para sancionar el cumplimiento de la ley de Transparencia. Y tenemos el objetivo preciso y claro de promover la transparencia de la función pública y de fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre publicidad de la información que pesan sobre los diversos órganos de la administración del Estado. Y, obviamente, de garantizar a los ciudadanos el derecho de acceso, cuando estos lo ejer-cen. ¿Cuál es su importancia? Yo decía al principio que uno de los ejes del modelo chileno era la autonomía. ¿Por qué es importan-te la autonomía? Bueno, precisamente porque le otorga, primero, credibilidad y legitimidad a esta instalación. A la instalación del proceso de política pública por el que estamos preocupados en este congreso. Segundo, para garantizar el derecho o el ejercicio del derecho de acceso a la información, resolver imparcialmente las controversias que se pueden suscitar entre los ciudadanos y los órga-nos obligados a entregar la información. Eventualmente, el Consejo, conociendo estos amparos de los que yo les hablaba, esta acción que tienen los ciudadanos para reclamar, puede imponer sanciones y los sancionados serán funcionarios públicos. Por lo tanto, la autonomía es un elemento central de esta cuestión. Y por último, me parece que la autonomía es funcional para evitar una creciente judicia-lización del derecho o de los casos, digamos, que se reclaman. Y además, permite ir generando una jurisprudencia especializada, porque, si bien nosotros no somos un tribunal especial (están, hoy en día, muy de moda en mi país, se crean tribunales tributarios, aduane-ros, en fin, de una serie de materias), somos un órgano administrativo que ejerce jurisdicción.

Hay un par de temas que han sido menos pacíficos, un poco más polémicos. Entonces, el Consejo, para sintetizar, tiene facultades nor-mativas. Podemos dictar instrucciones generales, por ejemplo, para regular los procedimientos de acceso a la información de los órganos


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obligados. Tenemos facultades de promoción. Estamos, de hecho, en este momento, haciendo una campaña de difusión a nivel nacional, para difundir, precisamente, este derecho. Tenemos facultades fiscali-zadoras respecto de aquellos órganos que están obligados, para escru-tar sus páginas web y verificar si están cumpliendo con los estándares de transparencia activa a los que están obligados. Tenemos facultades para resolver los casos en los que ejercemos jurisdicción. Y finalmen-te, tenemos facultades también sancionadoras. ¿Cuál es el gobierno corporativo del Consejo? Yo creo que esto es muy importante. Somos cuatro consejeros que somos propuestos por el presidente de la Repú-blica y debemos ser aprobados por los dos tercios del Senado. Es decir, es un quórum bastante alto, el más alto que se exige en Chile para la designación de alguna autoridad pública. Permanecemos seis años en el ejercicio de nuestros cargos y nos vamos renovando por parcialida-des. Y el presidente, en este caso, yo, que estoy ejerciendo transitoria-mente este cargo, lo es por dieciocho meses de estos seis años. Hay un año y medio que nos toca ejercer la presidencia. Es una presidencia que se ejerce por medio de la rotación y el orden se determina por vo-tación de los propios consejeros. El gobierno es corporativo. Entonces, las decisiones más relevantes están radicadas no en el presidente, que es más bien un vocero, un encargado de implementar las decisiones. El gobierno corporativo real está radicado en el Consejo Directivo, es decir, en estos cuatro consejeros sesionando en sala. Tenemos la pre-sidencia y tenemos un director general. Y luego, tenemos una serie de direcciones que son las encargadas de implementar estos temas.

Vamos, ahora, a algunos datos que quería mostrarles. ¿Cuáles son las áreas de mayor demanda de información pública? Son, precisamen-te, las áreas de salud y de educación. Y un poco más abajo las áreas de vivienda. Son los temas sociales, aquellos donde la ciudadanía, en estos cuatro años de vigencia de la ley, ha demostrado un mayor inte-rés por conocer la información pública. Con respecto a la evolución que han tenido las solicitudes de información, en el primer semestre de este año, 2013, tenemos, por ejemplo, un ingreso en torno a las treinta y un mil solicitudes de información. Si lo vemos de forma agregada desde la vigencia de esta ley, digamos desde 2009 hasta ahora, lleva-mos ciento veinte mil. Si ustedes consideran que solamente en este primer semestre de este año tenemos un 25%, lo que está eviden-


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ciando es que hay una curva ascendente notoria del interés ciudadano por solicitar información. ¿Y quiénes son los que solicitan información? Son mujeres de edad media, con educación media, completa o incluso menor, dueñas de casa y con ingresos en torno a los trescientos dóla-res. O sea que estamos hablando de un perfil de un ciudadano de clase media- baja, por así decirlo. Si vamos, ahora, en cambio, a los amparos de información, es decir, la gente que solicita información, queda des-contenta y, por lo tanto, recurre ante el Consejo reclamando a través de esta acción que se denomina amparo. Ustedes verán que, desde que comenzó el trabajo del Consejo, desde el 2009 hasta ahora, nosotros acumulamos seis mil amparos. Si consideramos que hay ciento veinte mil solicitudes de información, los seis mil amparos son cerca de un 5%. ¿Y quiénes son los que se amparan? Es un hombre de mayor edad, con educación universitaria completa y con un ingreso que va de los dos mil a los cuatro mil dólares. Estamos hablando de una persona o de un ciudadano que se ampara y que es de los segmentos más altos de la población. Y esto representa, entre otras cosas, un riesgo para el derecho de acceso. Porque nos está hablando de que quienes se am-paran son personas más ilustradas y de mayor poder adquisitivo. Eso nos habla de una cierta elitización del ejercicio del derecho de acceso a la información. En lo que respecta a la fiscalización de transparencia activa, es decir, lo que los órganos del Estado están obligados a colocar de motu proprio en su banner de transparencia, en su sitio electrónico, tenemos estándares de cumplimiento sobre el 90% en los órganos del gobierno central. Estándares de cumplimiento en las universidades es-tatales en torno al mismo promedio, un poco menor al anterior. Pero donde tenemos un problema fuerte es en las municipalidades, en los gobiernos locales, donde el estándar de transparencia, en promedio, es de un 47%. Y eso es muy malo. Porque, precisamente, los municipios, los cuatrocientos treinta y cinco municipios que hay en Chile, son la pri-mera ventana. La primera cara del Estado a donde el ciudadano recurre para solicitar información, pero también para ejercer múltiples derechos.

Terminando ya, algunos desafíos institucionales. Por lo que les co-mentaba acerca de que se corre el riesgo de hacer elitista el derecho, nos parece que uno de los desafíos más relevantes que tiene el Con-sejo para la Transparencia, a cuatros años de su creación, es el posi-cionamiento de la ley, del derecho y del Consejo. Hay muy poca gente


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en Chile, nuestras encuestas y estudios lo revelan así, que conoce la ley de Transparencia. Pero hay aún menos personas que saben que, pudiendo ejercer el derecho de acceso a la información, si les va mal, si se les niega la información, se les entrega incompleta o con falta de integridad, ellos pueden reclamar y que hay un órgano garante al cual pueden recurrir. Por lo tanto, nuestro desafío es la masificación de ese derecho. Para ello, hemos estando implementando lo que denomina-mos “Portal de Transparencia del Estado de Chile”, lo cual es bastante pretencioso, porque queremos subir no solamente a los órganos del gobierno central sino también a aquellos poderes públicos autónomos, como el Congreso y el Poder Judicial, de manera que también se in-tegren y dejen disponible a la ciudadanía, en una plataforma única, la información. Queremos compartir, además, el modelo de gestión de transparencia. En fin, queremos dar capacitación a aquellos sectores en los que hemos visto, a través de nuestros estudios, que la ciudada-nía está más interesada en contar con información, que, si ustedes re-cuerdan, eran educación, salud y vivienda. ¿Qué otro desafío? El tema de la gestión documental. Creo que ninguno de nuestros países, parti-cularmente, aquellos que partimos de golpe y porrazo, digamos, con la vigencia de la ley, esperó como en el caso de países anglosajones que dieron un plazo, desde que se dictó la ley hasta que entró en vigencia, para que los órganos adecuaran su información de modo tal de hacerla disponible a la ciudadanía. Nosotros luchamos rápidamente por este tema, no dimos ningún plazo de adecuación. Y eso ha significado que nos diéramos cuenta sobre la marcha de que nuestras prácticas de registro de la información eran bastante precarias. Así que ahí tenemos un desafío relevante. Lo otro es avanzar en los temas de fiscalización activa. El Consejo está realizando permanentemente fiscalización a ni-chos de sujetos obligados, órganos del gobierno central. Acabamos de hacer un estudio sobre las municipalidades, tenemos uno pendiente sobre empresas públicas, sobre corporaciones municipales, que, en Chile, son unas corporaciones que crean las municipalidades para que se hagan cargo de los temas de educación y salud. Recuerden ustedes que nosotros tenemos un modelo de Estado subsidiario en Chile, dón-de hay una fuerte participación de los privados en la producción de este tipo de servicios. Otro desafío es elevar los estándares de transparen-cia activa. Nosotros nos hemos dado cuenta de que los niveles que el


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legislador colocó hace cuatro años en la ley fueron niveles muy básicos. Han quedado, rápidamente, muy desactualizados. Y lo que estamos tra-tando de proponer es elevar esos estándares y, ojalá, avanzar también en lo que se denominan datos abiertos. Es decir, que, por ejemplo, los órganos de la administración central puedan hacer disponibles bases de datos con aquellos datos que no implican datos personales, que están protegidos en nuestro país con la reserva, pero sí datos esta-dísticos respecto al ejercicio de sus propias competencias, de manera tal que los propios ciudadanos puedan ejercer un control social. Y es importante presentar estos datos abiertos de una manera que per-mita la usabilidad. Porque si ponemos un PDF, es muy difícil de usar. Este es un tema que, como tenemos facultades propositivas, hemos planteado al Poder Ejecutivo y éste ha encontrado razonable nuestro planteamiento. Es probable que esto se establezca para perfeccionar nuestra ley de Transparencia.

Y termino con los beneficios de la transparencia, aunque me pa-recen un poco obvios. Tal vez sea bueno enfatizar que la transparen-cia le otorga, creo yo, una mayor legitimidad y credibilidad a la función pública. Me parece que la transparencia es una gran constructora de confianza institucional. Y nosotros, digo nosotros refiriéndome a Améri-ca Latina, tenemos un déficit de confianza institucional muy relevante. Chile, hace algunos años, era un poco ajeno a este tema de debilita-miento institucional. Pero, lamentablemente, dados acontecimientos que han ido sucediéndose en los últimos años, pienso que Chile tam-bién está compartiendo, hoy en día, este diagnóstico con el resto de los países de América Latina, en el sentido de que los niveles de confianza institucional se han deteriorado. Y la transparencia, precisamente, es una eficaz constructora de confianza institucional. Por lo tanto, es bueno para los poderes públicos invertir en transparencia. Obvia-mente, genera mayor participación, un mayor control activo de los ciudadanos respecto de lo que deciden sus autoridades, de por qué lo deciden y cómo lo deciden. Es decir, favorece un escrutinio público. Y esto estimula fuertemente la rendición de cuentas. Una rendición de cuentas en términos, por ejemplo, de medir y evaluar el impacto de las obras públicas, que es otra cosa bastante precaria en todos nuestros países, incluyendo a Chile. Y, finalmente, me parece que genera también una mejor inserción. Actualmente, la transparencia es


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algo a lo que tiene que atenderse. Hoy, prácticamente cualquier au-toridad pública habla de transparencia, venga o no venga al caso. Me parece que también contribuye a la reputación y, en el sentido amplio en que lo he estado señalando, me parece que la transparencia nos ayuda a profundizar la democracia. Sin duda, no es algo que se dé en forma aislada. Me parece que tiene que ser acompañada por otro tipo de políticas públicas complementarias En nuestro país, por ejemplo, estamos, en este momento, en una discusión legislativa para profun-dizar ciertos cuerpos normativos complementarios, que, en conjunto, me parece que van a colaborar para elevar los estándares de transpa-rencia del país. Tienen que ver con los temas de probidad, regulación de los conflictos de intereses de las autoridades públicas, el ejercicio del lobby. Y voy a terminar solamente diciendo que la instalación de esta política pública, para que, efectivamente cristalice, por así decirlo, para que penetre en los intersticios más recónditos de una sociedad, requiere mucho tiempo. Esto implica un cambio cultural. Los cambios culturales son lentos, muchas veces son aciagos y se requiere mucha voluntad y mucho empuje. Fíjense ustedes, tengo una anécdota que siempre cuento. Nosotros, como les decía, instauramos en el año 2005 el principio de publicidad de los actos de la administración. En el año 2005 lo consagramos a nivel constitucional. Suecia tiene leyes funda-mentales. En una de esas leyes fundamentales, la ley de prensa sueca, se establece un principio muy similar al que nosotros establecimos en Chile en el año 2005. Pero, ¿saben ustedes cuándo lo hicieron? En el año 1776, es decir nos llevan doscientos veintinueve años de ventaja. A eso me refiero con que éstas son políticas públicas que requieren cambios culturales profundos. Y, por eso, son tan importantes iniciati-vas como la que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tenido hoy. Muchas gracias.

8- El doctor Jorge Jaraquemada es chileno. Es el actual presidente del Consejo para la Trans-

parencia de Chile. Es abogado, y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile.

Ocupó varios cargos en el Consejo Nacional de Televisión, fue consultor externo del Instituto

de Libertad y Desarrollo. Es autor de diversos libros, estudios y artículos doctrinarios. Es do-

cente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Desarrollo, en la Universidad Diego

Portales y en la Universidad Mayor.


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EL CASO MEXICANO: LAS LEYES DE TRANSPARENCIAY EL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Y PROTECCIÓN DE DATOS

MARÍA ELENA PÉREZ-JAÉN (9)

La regulación homogénea del accesoa la información y el sistema electrónico Infomex

Muchas gracias por esta invitación. Pertenezco al Instituto Federal de Acceso a la Información y, ahora también, de Protección de

Datos, el IFAI, del cual soy una de los cinco comisionados del país. Presidimos la Red de transparencia en América Latina, cuya Secretaria Técnica está a cargo del Consejo para la Transparencia de Chile. Esta-mos cumpliendo una década de poder ejercer el derecho de acceso a la información pública. No ha sido fácil, ya lo decía, creo que todos he-mos vivido un proceso, Chile también. Durante casi todo el siglo XX, México se encontró inmerso en un sistema de partido hegemónico donde ganaba el gobierno. El gobierno estaba predeterminado para ganar las elecciones. Recordarán ustedes, tuvimos más de setenta años del Partido Revolucionario Institucional. Pero esta circunstancia fue decisiva para que predominara la opacidad en las estructuras de gobierno, al amparo de lo cual había una inexistencia o verdaderamen-te una ineficacia de los derechos en México. Y no fue hasta la década del ochenta que la transparencia gubernamental comenzó a resultar ya una demanda implícita. La gente quería elecciones limpias, trans-parentes. Quería saber cómo se usaban los recursos para apoyar a ciertos candidatos. Todo esto derivó en la creación de los órganos au-tónomos ciudadanizados. Pero la bandera siempre fue la transparen-


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cia. En 1977 se hizo una pequeña reforma constitucional y se añadió el artículo sexto. Lo saben nuestros colegas, siempre hablamos, los mexicanos, del sexto artículo constitucional. Así como los chilenos hablan del caso Claude Reyes, nosotros hablamos del artículo sexto constitucional. Y se había añadido una frase que decía: “El Estado ga-rantizará el derecho a la información”. Ahí se quedó. Pero, en realidad, no había ni una ley reglamentaria. En los años ochenta, se empieza a hacer este proceso, en parte, ya de la ciudadanía, demandando la transparencia en el tema de las elecciones. Entonces, surge en este contexto de consolidación de la democratización política. Después, se da una alternancia pacífica. El PRI pierde las elecciones y llega Vicente Fox. A Vicente Fox le gustaba mucho la palabra transparencia, pero creo que no sabía, realmente, qué significaba. Es un poco lo que le pasa a Tony Blair. Les gustaba el tema de la transparencia y, polí-ticamente, a todos les resulta rentable, porque siempre uno quiere que haya transparencia, pero no en mi administración sino en la del otro. ¿O me equivoco? Ya me dirán aquí dónde hay más transparen-cia. Este reclamo social por la transparencia implicó la extensión de los derechos políticos, para abarcar, no solamente el derecho a elegir a los gobernantes, sino también el de hacer un seguimiento puntual de sus actuaciones. No solamente del dinero público sino también de sus decisiones. Entonces, esto se logró, sobre todo, con la parti-cipación ciudadana. Aquí voy a buscar un poco el paralelismo. Como ustedes saben, la organización territorial de México esta definida por la Constitución, al igual que en su caso. La nuestra es de 1917. Y este documento define al país como una república, un Estado federal que se gobierna bajo la forma de una república. A diferencia de Chile, nosotros, en este aspecto, nos parecemos a Argentina. En México, el territorio está dividido en treinta y un entidades federativas, dos mil cuatrocientos cuarenta municipios o intendencias y algunos otros que se rigen por usos y costumbres. Y tenemos un Distrito Federal, la Ciudad de México, que sería la capital autónoma, como Buenos Aires. Hoy en día, México cuenta con treinta y tres leyes de transpa-rencia. Una es la ley Federal, hay treinta y un leyes de las entidades federativas y una del Distrito Federal. Cada jurisdicción tiene su pro-pia ley. La primera ley en México fue la ley Federal, que se aprobó el 12 de junio de 2002. Entonces, se creó el Instituto Federal de Acceso


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a la Información Pública, ese órgano garante para tutelar el derecho de acceso a la información pública. Y es en junio de 2003 cuando el ejercicio del derecho de acceso a la información pública se empezó a hacer efectivo. ¿Qué pasó durante el periodo que va desde el 2002, cuando se pública la ley, a 2007? Se fueron aprobando las leyes en los Estados. Estas treinta y un entidades empezaron a aprobar sus leyes. ¿Pero qué sucedió? Había una heterogenei-dad. Cada quien hizo lo que quiso en su Estado. No sé si saben, pero yo les voy a contar que en México tenemos unos gobernadores que son los virreyes del país, no hay quien los toque. Ya veo, cuando asienten, que encontramos similitudes, ¿verdad? Bueno, entonces, había treinta y un leyes con asimetrías. Por ejemplo, ¿quién ha es-tado en Cancún? ¿Playa del Carmen? ¿Riviera Maya? Ese Estado, Quintana Roo, era restrictivo en el tema del derecho de acceso a la información, porque, para poder hacer un pedido de información, una solicitud, era necesario haber nacido en el Estado, ni siquiera vivir ahí. Se tenía que ser nativo para poder hacer una solicitud en ese Estado. Y, de la misma forma, había asimetrías en todo el país. Lo que ocurre es que se lleva a cabo una reforma al artículo sexto constitucional, que inicia algo muy importante, el principio de máxima publicidad. Entonces, en esta reforma, los legisladores dijeron: “Que se acaben estas asimetrías, vamos a reformar el artículo sexto. Que en el artículo quede específicamente el piso mínimo que tiene que tener cada Estado del país, que obligue también a los municipios y que, si todos tenemos un derecho, pues no se puede ejercer de ma-nera desigual”. En este tema de la máxima publicidad, no se requiere interés legítimo, ya se dijo, ni justificar la utilización de la información ni la gratuidad. Además, en México, Mickey Mouse hace solicitudes de información. O sea, cualquier persona. No se requiere acreditar nacionalidad mexicana. Ustedes pueden estar haciendo una solici-tud de información a México desde Mar del Plata. En fin ¿Qué pasa ahorita en México? Bueno, el tema del acceso a la información ya está en los mismos términos en todo el país, gracias a esta reforma que obligó a todos los Estados y a los congresos de cada Estado del país a tener una ley. Por esta reforma constitucional, primero, no hay necesidad de acreditar intereses legítimos, no se necesita ser mexicano. Pero además, algo muy importante, en


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México, las solicitudes de información se pueden hacer vía inter-net. Los órganos que están bajo la ley son los del Poder Ejecutivo. El IFAI solamente tiene jurisdicción sobre el Poder Ejecutivo, que está compuesto por doscientas cuarenta y seis entidades públicas, desde el presidente de la República. Es decir que, si le decimos al presidente que entregue información, somos la autoridad. ¿Y qué creen? La en-trega. Además, nuestras resoluciones son definitivas. O sea, el sujeto obligado, el ente público, no puede ir a quejarse a ningún tribunal o a la Suprema Corte. Cuando el IFAI resuelve y ordena entregar una información, desde el presidente de la República a cualquiera de las doscientas entidades públicas federales, la entregan. Y bueno, hemos tenido algunos casos de rebeldía, pero no sancionamos. No sanciona-mos, simplemente resolvemos que lo entregues y lo entregas. Ayer le ordenamos nuevamente al presidente de la República, en un caso que creo que hoy está en los periódicos, que entregara todas las pau-tas publicitarias, los contratos. Ellos decían que era algo inexistente. Creemos que fueron torpes al responder esto. Pero, en una investiga-ción, encontramos que había muchos contratos de publicidad que se habían otorgado, con mensajes de difusión que son públicos. Bueno, ayer lo ordenamos nuevamente.

Este es el Instituto. Es un órgano de la administración pública, independiente, descentralizado, no sectorizado. Y estas son las atri-buciones que tiene. En el plano del IFAI, somos cinco comisionados. Todos los órganos colegiados en México son impares, por el tema de los empates. Y, en el caso de que no esté alguno de ellos, el voto de calidad lo da el presidente. A nosotros, nos elige el presidente, pero nos tiene que aprobar el Senado de la República y puede rechazar el nombramiento. Es un término de siete años escalonados. El presi-dente es elegido entre los pares. Es la máxima autoridad del Institu-to. Y las resoluciones se obtienen por mayoría de votos. Las sesiones son, a veces, muy ríspidas, nos ganan las pasiones, porque cada uno de los comisionados presenta los casos. Cuando alguien hace una solicitud de información o un pedido y se inconforma, entonces todo es automático. En este sistema, Infomex, que es lo que México ha aportado a la comunidad de acceso a la información, se hace el pedi-do de información, se esperan los veinte días que marca la ley y si no se está conforme con la respuesta, en este mismo sistema se puede


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hacer todo esto vía internet. Pero, y también es una diferencia con Chile, nosotros tenemos el control de todo lo que se le está solici-tando a la administración pública federal. Nosotros administramos el sistema. Entonces sabemos qué le piden al Ministerio del Interior, al Ministerio de Educación Pública, etc. Y además, cuando se inconfor-man, es cuando nos turnan los casos a los comisionados del IFAI. No hay especialidades, yo puedo estar resolviendo casos de seguridad nacional, como del sector de salud, como del sector de telecomuni-caciones. Siempre he dicho que podemos pasar de la hormona soma-tropina bovina y andar buscando en el Ministerio de Agricultura cómo la estarán administrando, por el tema del clembuterol y todas esas cuestiones, hasta el espectro radioeléctrico. Los cinco comisionados tenemos un equipo conformado por unos catorce abogados que nos respaldan. Se trata de lo que llamamos las ponencias. Actuamos un poco como en los plenos de la Suprema Corte. Son sesiones públi-cas, los miércoles y cualquiera puede asistir. Las discusiones son en público, las votaciones son públicas. Y esto es muy importante, porque así se ven las posiciones y las posturas de cada comisionado con respecto a los casos que se resuelven. Este es el pleno, estos son los mecanismos de la ley. Hay una unidad de enlace en cada unidad pública gubernamental. Se recibe la solicitud y hay un comité de información que delibera si es información clasificada, si es inexis-tente, etc. Entonces, cuando estos le responden al particular y él se inconforma, al llegar al sistema, es cuando nosotros conocemos esta circunstancia, sustanciamos lo que se llama el recurso de revisión, que es esta queja administrativa y resolvemos en cincuenta días. Pero, déjenme decirles, no se van después de cincuenta días. Creo que aquí ocurre, también hay una gran rapidez, ¿verdad? ¿No? ¿No hay rapidez? Es que necesitamos que haya una ley nacional. Bueno, yo traigo ahí unas ideas también, pero creo que mejor se las comen-taré después, acerca de cómo mejorar algunas cuestiones en trans-parencia en Argentina.

Retomando, se envía la solicitud de información, hay veinte días hábiles, se responde y, en el caso, por ejemplo, de datos persona-les, son diez días. Los costos son casi mínimos, en muchos casos es gratuito. Si alguien quiere la copia de un documento, uno puede obtener los contratos completos, íntegros, quitando, salvando nada


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más datos personales, por ejemplo, de Petróleos Mexicanos. Esta empresa enorme que tenemos y que tiene cuatro organismos sub-sidiarios. Hay otra cuestión que es la transparencia proactiva, que es por obligación. Todos los sueldos, por ejemplo. Si yo quiero tener la copia del recibo del presidente de México, de lo que él gana, me lo tienen que entregar. El año pasado se lo pidieron al ministro de De-fensa y me tocó el caso. Entonces dijo: “No, cómo lo voy a entregar”. Entonces le llamé y le dije: “mire ministro, si el presidente de la Repú-blica lo entrega y usted no la va entregar, imagínese qué pena cuando salga mañana publicado en los periódicos que le ordenamos revocar...”. “No comisionada, en este momento entrego la copia”. Copia del reci-bo. Además se sabe perfectamente cuánto gana, las prestaciones, si pide préstamos. Toda esa información es pública ¿Cuántos recursos de revisión hemos tenido? En estos diez años, casi cincuenta mil. Yo les dejo la presentación. Le puedo pedir a Buenos Aires, a la Ciudad, si lo puede poner en su página, si alguno lo desea, porque es bien interesante cuáles son las dependencias y entidades. En el caso de institutos, el primero es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el que da la seguridad a los trabajadores en cuestiones médicas. Pues ha tenido casi doscientas mil solicitudes. Y tiene tantas porque muchas de estas solicitudes son datos personales ¿Qué quiere decir? Que la gente quiere que le entreguen sus constancias de semanas cotizadas para poder jubilarse. Bueno, el perfil de los solicitantes. En México, en un inicio, fueron periodistas los que empezaron. Creo que Jorge Lanata estaría en su medio, ¿no? Jorge Lanata, con una ley de transparencia, imagínese. Si los domingos los tiene pegados al televi-sor, no les quiero contar si hubiera una ley de transparencia en la Ar-gentina, ¿no? ¿O me equivoco? Porque él, me decía esta mañana un compañero de avión, hace periodismo de investigación. Bueno, con una ley de transparencia, Jorge Lanata, estaría encantado, ¿verdad? ¿Estaría sin trabajo? No, al contrario. Los temas requeridos: contra-tos, concesiones y permisos. Registros sanitarios, asuntos de medio ambiente, multas y sanciones aplicadas a empresas. Pero todo esto es información pública. Si quiero averiguaciones previas, esto es el tema de investigaciones judiciales, telecomunicaciones, información estadística, sanciones a servidores públicos, todo esto es información pública. El día que entregaran todo esto en México, pues ya no tendría


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razón de ser que fuéramos comisionados. Ese sería el estado ideal, ¿no? Que no tuviéramos que intervenir para obligar a las autoridades a entregarlo. El Infomex es el sistema electrónico que hemos apor-tado y que se ha distinguido en el mundo. Es un sistema que, tal como funciona en México, no lo tiene ningún país. Incluso la India nos invitó a que los asesoráramos, pero, cuando vieron cómo funcio-naba, entraron en pánico. Porque tienen ellos una ley de transparencia que es muy activa. Entonces tienen un atraso como de tres o cuatro años para responder, para resolver las quejas administrativas en la In-dia. Entonces se asustaron con este sistema y nos dijeron que mejor los esperáramos. Por cierto, en octubre, el país invitado a México en la Semana Internacional de Transparencia será la India. Bueno, este sistema es una maravilla. Muchos me han comentado que en Argen-tina lo han hecho. También del periódico La Nación nos han dicho que han hecho solicitudes, pedidos de información a México. Cualquiera puede, es muy sencillo, es muy amigable. Yo les pido que hagan una prueba: entren a www.infomex.mx. Ustedes ponen un número de usuario y contraseña. Se despliegan las doscientas cuarenta y seis entidades públicas federales. A mí me encantaría que probaran este sistema, que hagan cualquier pedido de información que no sea en inglés. Porque si no, entonces, no tendríamos la capacidad incluso de traducir. Las solicitudes también se pueden hacer vía material escrito. Pueden ir a las unidades de enlace y ahí mismo tienen que ingresarlas y entregarles el número de folio. Se dan todas las facilidades para que la gente ejerza este derecho. Y lo que es obligatorio para la estructura administrativa: directores, servidores públicos, percepciones mensua-les. Cuando yo expuse esta información en Australia el año pasado, me invitaron mis colegas, estaban sorprendidos los australianos. Así como decía Jorge Jaraquemada que los suecos fueron los primeros en 1776, bueno, uno pensaría que los australianos van más avanzados que en México. Pues fíjense que no. Imposible encontrar un directo-rio, imposible encontrar las percepciones que tienen los servidores públicos. Ellos van a implementar un sistema como este en Australia, porque es muy difícil encontrar la información. Cuando entró la ley, ya para terminar, cada quien ponía en el portal estas obligaciones. El artículo siete también es muy conocido, sobre todo entre los servido-res públicos, porque son los que tienen que tener forzosamente su


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página de Internet. Entonces, como nos dimos cuenta que cada quien hacía lo que quería y tenía diferentes modelos. Entonces, el IFAI hizo algo que se llama el Portal de Obligaciones de Transparencia. Se les dijo: “No, todos ustedes van a homologar y van a tener exactamente esta información para que la gente, cuando entre a alguna depen-dencia, a alguna entidad, pueda identificar exactamente”. Entonces, es igual el portal de obligaciones. Yo cuando les explico en inglés les digo: “Les voy a hablar del POT” (POT significa Portal de Obligaciones de Transparencia). Y les explico cómo esto hizo homologar todos los portales con las obligaciones de transparencia, lo que significó casi noventa millones, vamos, más de ochenta y seis millones de consul-tas. O sea, una cosa son el millón de solicitudes de información, pero esto es una maravilla. Porque entonces la gente consulta, no necesita hacer un pedido de información, porque como todo está en internet, entonces estas son las consultas. Fui antes comisionada de la Ciudad de México, durante seis años. Tengo el honor de ser todavía, hasta ahorita, la única comisionada en el país que ha sido parte de un órgano local, como fue el de la ciudad de México. Y ahora, en el federal. O sea, tengo ya diez años en estos temas. Bueno, pues muchas gracias. Yo les quiero decir que les agradezco enormemente la invitación, que hagan solicitudes, pedidos de información y que nos vemos la próxi-ma, cuando ya se haya aprobado, sancionado, una ley de transparen-cia aquí, en la Argentina. Muchas gracias.

9- María Elena Pérez-Jaén Zermeño es mexicana, licenciada en Ciencias Políticas y Adminis-

tración Pública y también tiene una maestría en Políticas Públicas. Actualmente, es comisio-

nada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de

México. Tiene una larga trayectoria en el área de la comunicación social. Es comentarista polí-

tica en programas de radio y televisión en su país. Ha sido expositora y participante de varias

jornadas, seminarios nacionales e internacionales como referente en materia de acceso a la

información y políticas públicas.


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EXPERIENCIAS DE GESTIÓN EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MARCOS PEÑA (10)

Transparencia, acceso a la informacióny tecnología, al servicio de una ciudadmoderna con participación ciudadana

Buenas tardes. Un placer estar acá en la casa, con las señoras dipu-tadas, amigos, colegas de distintas partes del gobierno, de Améri-

ca Latina y de otros lugares, que han venido a este seminario. Quería comentar dos o tres grandes ideas sobre el desafío que encaramos con Mauricio Macri, con Andrés Ibarra, con todo el equipo de gobierno cuando llegamos, hace cinco años y medio, casi seis años, a la ges-tión de la Ciudad, en todo lo que tiene que ver con la transparencia y el acceso a la información, la tecnología y cómo se gobierna una ciudad moderna hoy en día. Creo que hubo distintas etapas y es interesante poder analizarlas porque tiene mucho que ver con una cuestión más conceptual y más temporal de los cambios tecnológicos que fuimos viviendo desde el 2007 y que todos los días se van profundizando. Creo que, primero, hay un argumento político muy importante para un gobierno transparente, un gobierno abierto, que tiene que ver con la concepción que uno tiene del rol del gobernante hoy en día, más en un gobierno local. Esto también se aplica, por supuesto, a un gobierno nacional. Sin duda, en un gobierno local uno tiene una posibilidad mucho más fuerte de generar un diálogo y una interacción permanentes con los ciudadanos que uno está gobernando. Esto es así desde el primer día que en que nosotros creamos nuestro partido político, el PRO, primero, acá, en la Ciudad de Buenos Aires y después, en otros lugares del país. El


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jefe de gobierno siempre nos dio un mensaje muy claro. Esta idea de romper la lógica de la política vertical, muy característica del siglo XX, una política donde el político, justamente, habla y escucha poco. En todo caso, donde tiene que transmitir o convencer al electorado que su ideología es la correcta, de que su paquete de ideas es el correcto y, en todo caso, compite con otros sistemas cerrados de ideas para tratar de lograr la adhesión del electorado. Un electorado que en el si-glo XX era más estático, era más duradero en el tiempo y tenía menor capacidad de diálogo con el gobernante o con el dirigente político, en este caso. Cuando vemos cómo se lleva eso a la práctica, hay varias discusiones. Y creo que esto va al corazón de la discusión, hoy en día, sobre la legitimidad de los sistemas políticos, no sólo en Argentina sino también en otros lugares de América Latina. En general, en los sistemas democráticos cada vez hay menos tolerancia a un gobierno vertical, un político verticalista, cerrado, que hace monólogos, que no permite una interacción y que no aprende ni se retroalimenta a través de los ciudadanos a los que quiere representar. Y creo que este fue el primer desafío político. Esta concepción política que tratamos de llevar adelante, que no siempre es fácil, porque gran parte del diseño institucional de la política sigue representando, sigue reflejando las realidades de la comunicación del siglo XIX y, en algunos casos, del si-glo XX. Algunos esfuerzos institucionales se construyen para tratar de mejorar la conexión, pero el diseño de esas instituciones y lo hemos vivido siempre acá, en la Legislatura, genera el desafío permanente de tratar de acercar el vínculo entre representantes y ciudadanos. Pero, claramente, hay un debate pendiente en el mundo en general, en las democracias en general, sobre cómo repensar la cuestión de la re-presentación política en los tiempos de la comunicación que vivimos. Pero bueno, eso será en todo caso para otras discusiones. Cuando llegamos al gobierno, dos etapas distintas o dos planos distintos so-bre los cuales tuvimos que trabajar son la cuestión de la información, la transparencia y la modernidad en general. El primero es uno muy práctico. Me acuerdo, cuando llegamos al gobierno, pocos días antes de asumir, un colega del gobierno anterior me decía: “Ustedes van a asumir sin instrumento de navegación. O sea, nosotros estamos go-bernando y estamos entregándoles un gobierno donde no sabemos qué es lo que pasa. No sabemos cuál es el presupuesto, no sabemos


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cuáles son los recursos humanos, no sabemos dónde están, no sabe-mos dónde están los edificios, no sabemos qué es lo que pasa en el día a día”. Y esto que parecía, por ahí, una exageración, por más que lo veíamos desde la oposición, en el control parlamentario, cuando se llegó al gobierno y Andrés Ibarra también puede dar fe de eso, en su experiencia de ese momento en el Ministerio de Educación, realmente era así. O sea, el nivel de atraso en la información era tan grande que era imposible gobernar así. Imposible gestionar y producir resultados concretos de mejora de la vida de los ciudadanos. En el fondo, al igual que el primer concepto más político, también tiene una razón de ser muy profunda en la cual se justifican o se legitiman los gobiernos. Al margen de las cuestiones conceptuales, ideológicas o políticas, un gobierno y, especialmente, un gobierno local, tiene que producir transformaciones concretas a través de la gestión. Y esa gestión, creo que siempre pero, hoy en día, más aún, es ab-solutamente imposible de resolver si uno no tiene información. Esa información no tiene que ser solamente del área específica, tiene que fluir y tiene que ser lo más abierta posible para que las otras áreas puedan acceder a esa información. Permanentemente, se están tomando decisiones de una manera fundamentada, básica-mente, en la información que un área transmite. Dice: “Bueno, tene-mos tantas personas en tal lugar, hay que tomar tal decisión. Tenemos tantos recursos abocados a tal cosa. Esta obra costó tanta plata. Esto hicimos de tal manera.”. Y la confianza necesaria para poder saber si eso efectivamente es así o si hay problemas con la información es clave para poder liderar, para poder gobernar y para poder tomar deci-siones correctas. Entonces, como decía, el proceso, cuando llegamos al gobierno, de empezar a ordenar y a generar esa información, los sistemas de recursos humanos, los sistemas de información presu-puestaria, los sistemas de compra, de todo lo que tenía que ver con aquellas cosas que hacen funcionar un gobierno, era clave para poder cumplir nuestro mandato de ir generando transformaciones concretas en la ciudad. Después, se agrega un segundo plano, obviamente, que tiene que ver con la relación de esa información con el resto de esa ciudadanía, para que ésta pueda generar un control sobre el gobierno. La ciudadanía, la oposición o los medios de comunicación, todos los formatos posibles de control. Y el primer requisito para poder compar-


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tir o abrir esa información es tenerla. Pero el segundo paso es tener la decisión de hacerlo. La ciudad tiene la ley de Acceso a la Informa-ción Pública desde hace bastantes años. Cuando llegamos, también el enorme porcentaje de las solicitudes no se cumplimentaban, se llegaba a instancias judiciales, amparos. Finalmente, muchas veces, ni siquiera con amparos judiciales se cumplían. Esto fue fluyendo mucho más ágilmente. Pero el desafío de verdad en la cuestión de la informa-ción también era generarla de una forma voluntaria y accesible de por sí. Ese era el primer paso para poder decir, realmente, que la decisión de transparentar era una decisión política y no una imposición insti-tucional de otros actores. Y se fue avanzando mucho en todo lo que era el desarrollo del gobierno electrónico y la transparencia, a través de internet. También fuimos desarrollando más ideas viendo qué cosas estaban ocurriendo en el mundo y ahí pudimos avanzar en un camino mucho más audaz e innovador, que cambiaba un poco la concepción del acceso a la información pública. Lo interesante del gobierno abierto, al margen de cualquier otra cosa, es que ya no se habla tanto de la trans-parencia sino de lo colaborativo. O sea, un gobierno inteligente, un gobierno transparente no es solamente el que toma todas las deci-siones y las comunica de una manera transparente, sin corrupción ni nada que ocultar. Es también aquel que busca de una manera activa que los ciudadanos participen de la toma de decisiones.

En diez o veinte años, van a quedar prácticamente obsoletas mu-chas de las cosas que hoy vemos en materia de transparencia. Por-que, justamente, lo que se tiene que hacer, una vez Gilberto Gil, el gran artista brasileño que fue ministro de Cultura, lo planteó, es de-rribar los muros del Estado para que se inunde de ciudadanía. Y esa concepción une las tres perspectivas, la mirada más política, la mirada más específica de la gestión, y la mirada más general de lo colabora-tivo. La importancia de innovar, de tratar de estar pensando qué es lo que viene, qué es lo que podemos hacer para generar mejores servi-cios y mejores formas de vida para la gente, mejores resultados con-cretos para que la ciudadanía pueda vivir mejor, es el gran desafío del futuro, de la cuestión de la transparencia y de un gobierno moderno, en general. Todavía estamos en pañales, creo, en términos de los que se puede hacer. Y es una aventura muy interesante estar generando permanentemente nuevos caminos y nuevos experimentos, romper


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nuevos límites. En eso, Mauricio Macri es el que, como cabeza de nuestro gobierno, más nos impulsa a innovar y a avanzar en ese sen-tido. Sabemos que, a nivel nacional, como bien decía nuestra colega mexicana, hay mucho atraso todavía y es un planteo y una agenda que hemos empujado mucho desde el Congreso, particularmente, Laura Alonso, que ha trabajado mucho en ese sentido, pero creo que también y como desafío a otros países de América Latina, cosa que venimos trabajando, es interesante poder plantear el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires. No necesitamos que nos pidan los recibos de sueldo porque está todo online, en bases de datos públicas, per-manentes, para que se pueda trabajar. Y en ese sentido, al margen, obviamente, también tenemos el acceso a la información pública y la podemos entregar en los recibos, pero es más audaz aún, creo, poder exhibir directamente la información cruda y mostrar que uno no tiene nada que ocultar. En ese sentido, celebro este seminario. Creo que es muy positivo poder seguir construyendo comunidad y aprendiendo de experiencias comparadas.

10- Marcos Peña es el actual secretario general del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Es licenciado en Ciencias políticas y Gobierno por la Universidad Torcuato di Tella. Ha presidido

la comisión de educación, ciencia y tecnología de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Fue diputado por la Ciudad de Buenos Aires. Es vocal y miembro fundador del PRO y también

integra su consejo nacional. Asimismo, Marcos Peña ha trabajado en diversas ONG, como

Poder Ciudadano, en las áreas de reforma y transparencia.


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Discurso del Subsecretario de Asuntos Públicos Álvaro González, junto al Vicepresidente 1° de la Legislatura, Cristian Ritondo, el Ministro de Modernización, Andrés Ibarra y el exfiscal italiano Antonio Di Pietro

Exposición de Álvaro Vargas Llosa


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BUENOS AIRES, CIUDAD INTELIGENTE

ANDRES IBARRA (11)

Los proyectos impulsados por elMinisterio de Modernización del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una ciudad inclusiva, participativae integrada

En primer lugar, quiero agradecerle a Marcos Peña, que es una de las primeras personas en el gobierno con las que a mí me tocó

compartir y que nos inspiró con este tema del gobierno abierto. Fue una de las primeras personas que empezó a hablar hace años del tema y realmente lo hemos tomado desde la gestión para cristalizarlo en proyectos. Es por eso que le debemos un reconocimiento. Gracias, Álvaro González, que es el ideólogo y el organizador del congreso. Y nosotros, bueno, apoyamos desde el Ministerio para compartir con todos ustedes algunas de las cosas que hacemos. Gracias a las legis-ladoras amigas que están acá, legisladores y compañeros del gobier-no y funcionarios y demás personas que están aquí presentes. Antes de entrar en la presentación que me gustaría compartir con ustedes, quería comentarles que, cuando llegamos a la administración del go-bierno, me tocó en una primera etapa estar en el Ministerio de Educa-ción y, realmente, la construcción que hubo que hacer en estos años, desde cosas básicas como la organización de carreras, organigrama, estructuras, ordenamiento en general, la infraestructura escolar, hos-pitalaria, ha sido fenomenal. Se ha hecho muchísima inversión, se han hecho muchísimas obras, muchísimas acciones. Y digo esto porque la creación de Ministerio tiene que ver con tratar de darle más im-pulso al concepto de ciudad moderna dentro del gobierno. Y para que la ciudadanía pueda visualizar en cosas concretas que Buenos Ai-


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res es, cada vez más, una ciudad moderna. Por supuesto, tiene que ver con conceptos básicos, con que sea una ciudad más amiga-ble, una ciudad que le facilite la vida al ciudadano, que mejore la calidad de vida desde las distintas acciones que se hacen. Y, por supuesto, cuando pensamos todo esto, hoy no podemos disociar el concepto de ciudad moderna o ciudad inteligente. En el mundo, muchas veces se las denomina Smart cities o ciudades inteligentes, asociado al concepto de transparencia y gobierno abierto. Porque el mundo ha cambiado tanto en los últimos años, desde la información y las posibilidades de conectarse, hasta que no existen más los Esta-dos cerrados. Como decía Marcos: derribar muros y hacer que más ciudadanía entre al Estado. Es absolutamente indispensable y prio-ritario para poder llevar adelante la gestión. Porque el gran desafío de hoy es aprovechar las capacidades que puede tener el Estado y potenciarlas con la enorme productividad, ideas, iniciativas y creatividad que tiene el ciudadano común. Y si logramos hacer que el Estado colabore con la ciudadanía, claramente el producto que va-mos a construir es mucho mejor y se va a ver en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Así que yo diría que ese es un primer resumen y reflexión de lo que nosotros creemos que debe ser un Estado mo-derno dentro de una ciudad moderna. Yo voy a compartir con ustedes algunos datos, algunos temas de gestión, para profundizar un poco más en lo que estamos haciendo. Obviamente, como este es un se-minario internacional y nos acompañan oradores y gente de afuera, es importante compartir con ellos lo que es la Ciudad de Buenos Ai-res en cifras. Nosotros tenemos casi tres millones de habitantes, con una densidad de poco más de catorce mil habitantes por kilómetro cuadrado. De cada diez personas, cuatro son residentes y seis no lo son. Esto es muy importante a la hora de entender los servicios que tenemos que dar, desde el tránsito, los hospitales, las escuelas. En una estructura poblacional segmentada, el 54% son adultos y des-pués los rangos son muy parecidos entre adultos mayores, niños y adolescentes. Hay un millón y medio de empleados. Hay una baja desocupación, del orden del 6%. En términos generales, la Ciudad de Buenos Aires se presenta y esa es la ciudad que queremos construir, cada día más como ciudad moderna. Tenemos una visión de lo que es una ciudad moderna, que es una ciudad integrada con su entorno.


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Nos importa muchísimo el entorno, el medio ambiente, por eso uno de los ejes del gobierno es el de ciudad verde, utilizar la tecnología como puente para acercarse a quienes la habitan o visitan, ge-nerando nuevos espacios que promuevan una ciudad participa-tiva, integradora e inclusiva, en el marco de un gobierno abierto. Este es el concepto de ciudad moderna que tenemos. Hay una serie de conceptos con los que trabajamos diariamente, que tienen que ver con la agilidad, la innovación, la creatividad, la palabra próxima, la participación. Y es muy importante entender que trabajamos desde un modelo de ciudad moderna que contempla distintas dimensiones. Dimensiones que tienen que ver con la calidad de vida, con su propio gobierno, con los temas de movilidad y transporte, con la educación y con la salud. Y cada uno de esos ejes tiene, a su vez, un desarrollo en el que estamos trabajando todos los días. Nosotros, desde el Minis-terio, apoyamos muchos proyectos que tienen que ver con la moder-nización. Los apoyamos desde la tecnología, los recursos humanos o los procesos de gestión. Y algunos proyectos específicos también se desarrollan en un cien por ciento desde el Ministerio. Es un ministerio transversal. Y está apoyado en tres ejes, les diría yo, que son la tecno-logía, el desarrollo de procesos y la formación y la generación de sus recursos humanos. Es imposible que trabajemos desde el concepto de ciudad moderna si no tenemos tecnología, pero, si no trabajamos en procesos, la tecnología sola no alcanza. Y al mismo tiempo, si no tenemos personal capacitado, orientado hacia la calidad del servicio y hacia el ciudadano, tampoco son suficientes la tecnología o los pro-cesos. Así que, inevitablemente, apoyamos nuestra gestión en estos tres conceptos: tecnología, procesos de gestión y recursos humanos.

Yo voy a revisar algunos de los proyectos en los que estamos tra-bajando, para que tengan una idea integradora de lo que se está ha-ciendo. Estamos trabajando en todo lo que son plataformas y disposi-tivos de modernización. Ustedes van a ver en las distintas estaciones del Metrobus, en las distintas estaciones de subtes y en lo que es el área central, que es el microcentro, terminales con tecnología para consultar y para interactuar. Van a ver displays de información con sensores, que muestran distintos indicadores. Van a ver WI-FI en la ciudad. Estamos trabajando muy fuerte en este concepto de conecti-vidad a lo largo de toda la ciudad y en las distintas estaciones de


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subte, Metrobus y área central. Estamos en un roll out de todo el tema de conectividad y las estaciones de Metrobus, se van a implan-tar estos nuevos dispositivos con tecnología. Están marcadas allí las pantallas, las terminales o los sensores que van a tener las estaciones de subte. Lo mismo en el área central, en donde también vamos a ir incorporando pantallas y cámaras de seguridad. También, a través de los conceptos de QR, de realidad ampliada, van a ir viendo edificios históricos, por ejemplo, o distintos lugares donde vamos a mostrar desde videos hasta información que explique el lugar que ustedes pueden visitar o pueden ver. En definitiva, es el uso de la tecnología para que la gente tenga más información o mejore de algún modo su calidad de vida. Van a ir viendo también algunas terminales que hay para discapacitados. Estamos incorporando también una plataforma, un buscador, que va a permitirles a aquellas personas con una disca-pacidad navegar en las páginas del gobierno. Entonces, por ejemplo, a partir de una instrucción, van a ir navegando en la página y van a llegar a hacer un trámite. Bueno, sobre lo que les decía del WI-FI en Buenos Aires, tenemos en este momento alrededor de ciento treinta espacios de distinto tipo: once museos, dieciocho bibliotecas, hospi-tales. La idea es tener espacios de conectividad porque nos permite, algo que claramente queremos desde la gestión, desconcentrar los centros de gestión y que la gente puede hacer tramitaciones o consul-tas por vía electrónica. Desde ya, el WI-FI es un mecanismo funda-mental, es claramente un ejemplo de tecnología aplicada para reducir la brecha. Hoy, con la tecnología, se pueden hacer muchas cosas al alcance de la gente. Y eso permite evitar que el trámite, por ejemplo, tenga que ser físico. Nosotros estamos desarrollando todo el proceso de expediente electrónico para la ciudad. Vamos a tener más del 90% de todos los trámites y los expedientes por vía electrónica. Vamos a eliminar el expediente tradicional de la carpeta de papel por la vía elec-trónica y eso, a su vez, nos va a permitir la localización o consulta del expediente por internet. O sea que la gente no va a tener que venir físicamente a presentar el expediente o a hacer la consulta, sino que lo va a efectuar también por vía electrónica. Además, hay todo un de-sarrollo de trámites y pagos a distancia. Estamos incorporando, con la Secretaría de Atención Ciudadana, más trámites y pagos que se pue-den hacer por vía electrónica. Hay ejemplos de distintos trámites que


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en 2013 vamos a ir lanzando, como el pedido de información pública, las denuncias de defensa del consumidor, el módulo de localización de expediente, el registro civil, trámites de pedido de partidas de na-cimiento en el registro civil, que van a ser también por internet. Esta-mos trabajando en un servicio que llamamos de alerta o información, con una plataforma para que el gobierno, proactivamente, a través del sistema de SMS, mande información a determinados universos que lo soliciten o que nosotros lo hagamos para informarles, por ejemplo, calendarios de vacunación. Lo estamos trabajando en piloto con algu-nos hospitales. Y por supuesto que hay otros proyectos que no son del Ministerio. El Ministerio ha trabajado parcialmente en el aporte de conectividad, de tecnología, pero vale la pena compartirlo con ustedes porque son ejemplos de una ciudad moderna. El centro único de coor-dinación y control que tiene la ciudad es un ejemplo. Tengo una anéc-dota. El ante-año pasado vino gente de IBM para mostrarnos que tie-nen un centro en Río muy importante, muy interesante, en donde se consolida todo el sistema de información para emergencias. Y, más allá de que eso es una realidad, los llevamos a visitar el nuestro y la conclusión fue que era del mismo nivel. Simplemente, de pronto hay desarrollos para hacer, temas de procedimientos, de procesos admi-nistrativos. Pero, desde el punto de vista de la tecnología, lo que he-mos desarrollado es un ejemplo internacional. El plan Sarmiento, que desarrolló el Ministerio de Educación, es otro ejemplo, en el que cien-to setenta mil computadoras son para chicos de primaria. Hoy ya está funcionando de una manera espectacular. Significa un cambio muy significativo en la concepción académica y pedagógica. Y se va a se-guir avanzando en las escuelas medias. Es otro ejemplo de hacia dón-de queremos apuntar con el uso de la tecnología, con televisación, con programas de capacitación específica dentro de las áreas de re-cursos humanos, formando jóvenes que se capaciten en los campos que necesitamos. En cuanto a la plataforma digital, también estamos con el desarrollo de una cantidad de aplicaciones, sobre todo para móviles. Hoy nosotros tenemos más de cincuenta millones de líneas activas de telefonía móvil y diez millones de telefonía fija. Y hay alre-dedor de ocho mil millones de mensajes de texto por mes y seis mil millones de llamadas. Entonces, hoy el celular es clave para cualquier concepto de comunicación y de interacción con el ciudadano. Esta-


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mos trabajando mucho con las aplicaciones para celulares. Ya tene-mos una serie de iniciativas que tienen que ver con el “Cómo Llego”, para optimizar recorridos. Se informa todo el circuito de bici-sendas, de lugares de alquiler de bicicletas, el Buenos Aires Móvil o mapa de cortes, donde se ven todos los temas de tránsito. Ahora estamos desarrollando el “Dónde Voto”, una aplicación con toda la información sobre el subte y es un buen ejemplo respecto a lo que les decía al principio. Este año, ya lanzamos el primer concurso de aplicaciones en el que participa la ciudadanía que quiere llevar a cabo alguna inicia-tiva. La premiamos y esas iniciativas y aplicaciones hoy están disponi-bles y se pueden usar. Eso significa que no sólo es el Estado el que usa esos recursos para desarrollar este tipo de cosas, sino que favo-recemos la participación. Esto es también gobierno abierto. En esa lí-nea, dentro del concepto de gobierno abierto, los hackathons son ta-lleres para elaborar distintas aplicaciones o recursos que después pueden ser utilizados o continuados por nosotros. Hicimos un hac-kathon importante el año pasado y otro este año. Estamos haciendo hackathons, talleres específicos, para trabajar y desarrollar aplicacio-nes que tienen que ver con distintas actividades en el área de cultura, en el área de transito, en salud. Todo esto que tiene que ver con la participación que le queremos dar tanto a la gente de nuestro gobier-no como al ciudadano. Obviamente, con mecanismos lo más ordena-dos posible para obtener un resultado concreto. También lanzamos un laboratorio de innovación. Estamos trabajando transversalmente en el gobierno con el concepto de innovación, porque hay muchísimo mate-rial y muchísima creatividad contenida, diría yo, en las distintas áreas de gobierno. Tenemos muchas ideas y queremos canalizarlas para fa-vorecer el desarrollo de distintos servicios. Del mismo modo, en el Ministerio de Desarrollo Económico, en las áreas de emprendedores, el concepto de innovación también es muy importante. En el marco del gobierno abierto, el año pasado lanzamos el “Buenos Aires DATA”. Tenemos casi setenta grupos de datos, de información diversa que tiene el gobierno sobre sueldos de funcionarios, ubicación de escue-las, obras que se llevan a cabo, ubicación de bici-sendas, hospitales, presupuestos, compras. Estamos abriendo todo eso para que el ciu-dadano pueda disponer de la información, la pueda reutilizar con el fin de desarrollar una aplicación o estadísticas y, en definitiva, para que


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pueda conocer más de cerca la gestión del gobierno. Bueno, esto fue un pantallazo general que yo he tratado de darles para estar de algún modo más cerca de ustedes respecto de qué es lo que estamos ha-ciendo. Como habrán visto, tiene que ver con lo que nosotros enten-demos que tiene que ser la filosofía de un gobierno abierto y partici-pativo. Es verdad que se está migrando un poco desde el concepto de transparencia al concepto de participación. Pero, de alguna manera, se engloba, porque, si uno abre datos, muestra la gestión y muestra infor-mación, es un gobierno transparente. Entonces, éste ha sido el plan, compartir con ustedes lo que estamos llevando adelante, en las distin-tas áreas de gobierno, en las distintas dimensiones de la ciudad, para tener una ciudad más moderna y transparente. Muchas gracias.

11- Andrés Ibarra es licenciado en Economía en la Universidad Católica Argentina, con un pos-

grado en el Executive Program in Strategy and Organization de la Universidad de Stanford en

Estados Unidos. Como ministro, ha implementado diversas medidas, tales como la iniciativa

del gobierno abierto, la implementación del Programa Jóvenes Profesionales y la implementa-

ción del sistema de expediente electrónico. Anteriormente, se desempeñó como secretario

de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, subsecretario de Gestión Económico-fi-

nanciera y Administración de Recursos y secretario del Ministerio de Educación. En el ámbito

privado, se ha destacado como gerente general del Club Atlético Boca Juniors, como director

comercial corporativo y director de Marketing de Correo Argentino Sociedad Anónima. Tam-

bién ha sido director financiero, comercial y de Recursos Humanos de Autopistas del Sol.


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TRANSPARENCIA HORA CERO

FABRIZIO SCROLLINI (12)

Revisión de la historia del concepto de transparencia. Los cambios operados en la era de internet y el gobierno electrónico

Buenas tardes para todos. Antes que nada, el agradecimiento a la Ciudad de Buenos Aires por esta invitación, por tener también el

coraje de discutir estos temas y de hacerlo de una forma plural. Creo que eso es positivo. Titulé lo que vine a presentar hoy Transparencia hora cero, que me parecía algo bien porteño y acorde al lugar y la his-toria del tango. Lo primero que existe en esta historia de la transpa-rencia es lo que yo denomino la transparencia de los antiguos. Ahí, ustedes ven al famoso sueco, del cual todo el mundo habló, que es el reverendo Anders Chydenius. Fue el impulsor de la primera ley de acceso a la información en Suecia. La primera regulación fue en 1766 y, ya en 1812, dijeron: “Esto de tener una ley sin que alguien la regule es algo complicado”. Entonces fundaron la institución del Ombudsman y, desde ese entonces, la ley de acceso a la información sueca es acompañada por el Ombudsman como órgano garante. No es que la historia del acceso a la información se inicie en Suecia, pero es como si naciera ahí. Posteriormente, es acompañado por los movimientos constitucionalistas en nuestro continente. El caso más típico son las discusiones que se encuentran en El Federalista, que es básicamente donde los padres fundadores, así los denominan los norteamericanos, diseñaban la constitución de ese país. Y esta cita es interesante para rescatar un poco de dónde viene toda esta historia de la transparen-cia, cual es su sustrato. “Un gobierno popular, sin información popular,


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es el prólogo de una tragedia o de una farsa, o de las dos cosas”. La rai-gambre, digamos, el presupuesto de que la información sirve para el pueblo, para la participación, es uno de los presupuestos esenciales de esta agenda de la transparencia. Otro de los presupuestos esen-ciales, de alguna manera, es también la promesa, si se quiere, del racionalismo. La promesa del conocimiento como instrumento de poder para la gente. En el fondo, esto también tiene una versión muy cristiana, muy conocida, en la frase: “La verdad os hará libres”. El tercer supuesto es el de la libertad de expresión, es el supuesto de que sin información yo no me puedo expresar libremente porque no sé de lo que hablo. Un poco ése es el sustrato, de ahí viene. Y, básicamente, la expansión de esta regulación a lo largo del mundo estuvo como dormi-da durante el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. A partir de su apa-rición en Estados Unidos en los años sesenta, ha tenido una expansión muy fuerte en nuestro continente, notoriamente, donde el último en aprobar la ley de acceso a la información ha sido Brasil, en un esfuerzo bastante importante y un experimento interesante, sobre todo por las dimensiones de Brasil. Y este continente ha sido también el hogar de al-gunos de los casos más resonados en materia de acceso de la informa-ción, como el caso de Claude Reyes contra Chile, que establece, básica-mente, la idea de que el acceso de la información es un derecho independiente. En el fondo, yo siempre hablo de esto como una regla de juego, es la idea de que la información pública nos pertenece a todos y sobre eso es que nosotros orientamos nuestro accionar político y social. Y de alguna manera eso ha ido cristalizando en el continente, al menos normativamente. Es decir, la norma está y el estándar es alto. Que eso se cumpla o no es otra discusión. Pero, hoy por hoy yo, diría que hay consenso sobre eso. Este breve racconto sobre la historia de la transpa-rencia era para llegar a hoy, porque, generalmente, la historia y la filosofía son muy interesantes pero al final uno vive en el día a día. Y hoy, la trans-parencia presenta otra faceta, la transparencia entendida como el flujo de la información desde el Estado hacia la ciudadanía en general. Tiene hoy otra faceta, básicamente, porque ese flujo de información está mediado. Hoy, cuando hablamos de transparencia, el que no se imagina una página web, no está viviendo en el mundo de la mediación que hoy tenemos. Todos nuestros aparatos median nuestra comunicación. El Twitter, el Fa-cebook, la computadora, lo que fuere. Digamos, esta cuestión hace que,


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en el fondo, vivamos una época de transparencia que es consecuencia de una serie de cambios mucho más estructurales. La llegada de inter-net, las políticas de gobierno electrónico que se han venido siguien-do en América Latina, en el mundo en general, no suman treinta años. Esto es bastante fuerte como mensaje. Esta no es la transparencia de la que hablaban los suecos en un pequeño pueblito del norte de Sue-cia, aproximadamente con quince grados bajo cero en una noche inver-nal. Esto, claramente, ha cambiado. El volumen, las dimensiones y las formas han cambiado de una manera dramática. Pero también habla de la situación como de una regla de juego que nunca termina de cerrar. Esta idea de que el acceso a la información es algo sacrosanto, y que, en el fondo, todos deberíamos respetar, está siempre en disputa. Aun en los lugares donde realmente existe un gran avance en este tema. Lo decían aquí hoy dos representantes de los órganos garantes de Chile y México. Ésta no es una discusión cerrada. Es decir, constantemente, de alguna manera, se desafía el valor de la información pública. Esto implica, bási-camente, que la transparencia ha cambiado y ha permitido el desarrollo de pequeñas cosas, como esos portales, que son formas en las que la ciudadanía puede pedirles a los servidores públicos y a los políticos que les rindan cuentas. Hacer un pedido de acceso a la información hoy es muy sencillo en muchos países. Simplemente, loguéese usted en el por-tal y haga el pedido. Claro, implementar esos portales y hacer esa clase de cosas es mucho más complicado. Y en el medio, en esto creo que vale la aclaración, hay mucha gente que está en ese proceso. Es decir, desde el ciudadano hasta el servidor público que recibe esto, hasta el político que toma la decisión. Y, generalmente, hay una tendencia a matar al men-sajero, que es o el portal o el servidor público que está del otro lado de la mesa. Y, realmente, no debería ser así. Es decir, la demanda ciudadana por estos temas se ha incrementado, la tecnología ha empoderado a ciudadanos inquietos para que hagan esta clase de cosas. Los ejemplos que tienen ahí son, en este caso, un portal chileno, “Acceso Inteligente”, el portal uruguayo, que es “Sabés” y el portal británico, “What do they know?”. Son portales de software libre que, en determinado momento, un grupo de activistas pone en línea. No le pidieron permiso a nadie. Posteriormente, los gobiernos, en algunos casos, reaccionaron, diciendo: “Sería útil que los correos electrónicos fueran también validados para hacer pedidos de acceso a la información”. Y ésta es la realidad. O sea,


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quien está en el gobierno y no entiende esto se está perdiendo una parte importante de la historia. En el desarrollo de esta historia de la transpa-rencia, del acceso a la información, hemos llegado al tema de hoy, que es el que nos convoca, de gobierno abierto. El gobierno abierto es una de esas frases famosas que además no es tan nueva. La serie “Yes Minis-ter” comienza en el año 1982, con un político que llega muy entusiasma-do a la oficina y dice: “Muchachos, tenemos que fundar un gobierno abierto”. Entonces, el servidor público, que ha estado ahí por veinte años, le dice: “Mire, usted puede ser abierto o tener un gobierno. Pero esas dos cosas no se juntan”. De alguna manera, esa visión de Sir Humphrey Appleby ha cambiado. Los servidores públicos ya han tenido que dejar esa actitud de cerrazón, porque la realidad también les ha pasado por encima, porque, en el fondo, la propia burocracia, en muchos casos para regular lo que quiere regular, necesita conocer. Ese es el cambio que ha vivido la burocracia de forma sana. La burocracia es una parte esencial de nuestro sistema social. Si no hay burocracia, básicamente, no hay certe-za. Es decir, ustedes no podrían esperar que se emitiera el certificado que valida determinada cosa. Ese cambio ha ocurrido y es un cambio que es un camino a transitar. El tema con la transparencia es que el gobierno abierto, como concepto nuevo, como concepto moderno, trae consigo muchas ambigüedades. Obviamente, se basa en la transparencia, la par-ticipación y la colaboración. Y la transparencia, como veníamos diciendo, es una transparencia hoy. ¿Qué ha cambiado en el mundo sobre la trans-parencia? Han cambiado muchas cosas. O sea, en el fondo las revela-ciones actuales de los casos más resonados, evidentemente, hablan no sólo del Estado como poseedor de información que es esencial para nuestras vidas sino también de las corporaciones privadas. Es decir, es probable que hoy Facebook tenga más información sobre uste-des que el Estado nacional argentino. Es muy probable. Y obviamente, esa cuestión lleva a replantearse un poco cuál es el ámbito de la transpa-rencia. La página se llama “OpenCorporates” y, básicamente, lo que tie-ne es una gran base de datos de todas las personas jurídicas, principal-mente empresas, pero todas las personas jurídicas, a nivel mundial, de una serie de jurisdicciones. ¿Para qué querría saber eso usted de una persona jurídica? Bueno, yo, porque quisiera saber a quién contrato y porque a veces realmente sospecho que algunas de ellas son complejas estructuras jurídicas para fines que por ahí no son los que se supone que


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tienen que cumplir. En el fondo, de alguna manera, también la evolu-ción de la complejidad de la sociedad en la que vivimos, implica que hoy por hoy los privados también deberían ser transparentes. Este es un debate que obviamente está emergiendo, se da también en el contexto de esta historia del gobierno abierto, pero creo que es algo que vamos a ver en un futuro próximo. La otra proposición que quería contar-les acerca de este mundo del gobierno abierto es con respecto al acceso a la información pero, más específicamente, sobre la temática de datos abiertos a la que voy a tratar de llegar ahora. Es un poco acerca de los riesgos y virtudes que tiene la agenda. La liberación de datos hacia la esfera pública tiene un montón de beneficios, de los cuales ustedes han escuchado algunos aquí y creo que es muy difícil rebatirlos. Pero por otro lado, también contiene riesgos inherentes a la privacidad de los ciudada-nos. Es decir, si yo libero información pública, por ejemplo, como ha pa-sado en Gran Bretaña, acerca de los estados e ingresos de ciertos ciuda-danos, es muy fácil para una agencia que evalúa el crédito saber exactamente cuál es mi posición fiscal y, de alguna manera, perseguirme o no darme crédito por el resto de mi vida. Simplemente, esa información le permite, de algún modo, tener una ventaja sobre la persona en cues-tión. La persona comienza a ser un objeto de regulación, en función de un gran tramado que no puede manejar. Ese es un riesgo cierto de esta agenda que habría que tener también presente a la hora de evaluarla. La parte más divertida de todo esto es aquella en la que yo tengo más espe-ranza de que pasen cosas. Es lo que un colega norteamericano llama the actionable transparency, la transparencia que se puede usar, que se pue-de hacer, que se puede accionar. Y en ese rumbo, los datos abiertos sí proveen, dada cierta combinación de habilidades tecnológicas y entendi-miento de la sociedad en la que uno vive, una capacidad impresionante para, potencialmente, alterar y modificar para bien el medio social. Aquí, en Buenos Aires, hay ejemplos muy válidos que nacen desde la ciudad de Buenos Aires. Hay ejemplos muy válidos que nacen desde la comuni-dad. Son prototipos, son cosas que se están probando. Es muy injusto pedirles que, al año de ser probados, ya tengan que demostrar un éxito rotundo. Yo le preguntaría a cualquiera, por ejemplo, al departamento de IBM, ¿después de cuánta inversión y de cuánto tiempo le dieron éxito? Es decir, esto es innovación. Son cosas que están pasando en la región y que son sumamente importantes. Y trascienden un poco la voluntad de


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controlar el poder, que es sumamente importante. También implican la voluntad de hacer cosas con los datos, de hacer cosas con la transparen-cia. De ahí que sea tan crucial la idea de regla de juego de la transparen-cia. Si ustedes me van a dar datos que después me van a quitar y yo no voy a poder saber qué hago con ellos, bueno, ¿de qué estamos hablan-do? Y esto pasa. Y pasa en las mejores familias también. La certeza sobre los datos es algo que quienes los usan, quienes están trabajando con ellos, requieren. Y es bueno discutir con ellos las formas de regulación que requiere este nuevo mundo. Esto es como la historia del aprendiz de brujo. Es decir, uno está, de alguna manera, tratando de buscar cuáles son los primeros indicios de éxito de esta agenda y también va a haber equivocaciones. Esperemos que no termine tan mal como lo del aprendiz de brujo. La idea, justamente, es ir teniendo el espíritu crítico para enten-der que ésta es una agenda nueva, que también esto es una apuesta fuerte a la transformación y, consecuentemente, también entender que, como en sociedades maduras, también tiene riesgos y hay que balan-cearlos. Esto es algo muy importante. Para terminar, ¿qué es transparen-cia hora cero? Yo traté, en mis breves siete, ocho minutos, de llevarlos en un recorrido amplio acerca de desde dónde se inicia esto hasta dónde está terminando ahora. Y un poco como en las fichas de dominó, esta-mos viendo nuevamente dar el juego de vuelta. Es decir, los datos abier-tos están permitiendo de alguna manera dar de vuelta el juego. Pero siempre enraizados en este principio fundamental de que la información pública tiene que estar disponible para todos. Y que sí puede llegar a ser molesto para el gobierno tener que liberar esta información. Pero, tam-bién en el momento en que es liberada, genera una nueva dinámica so-cial, en la que, con más madurez, la gente también lidia con las cosas. Nada más, muchísimas gracias por su atención.

12- Fabrizio Scrollini es uruguayo, investigador de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas

de Londres, en el departamento de gobierno, donde realiza su doctorado en temas de acceso

a la información pública, transparencia y rendición de cuentas. Ha trabajado como investiga-

dor en temas de acceso a la información en Chile, Serbia, Uruguay, Reino Unido y el sudeste

asiático. A su vez, Fabrizio ha investigado sobre el uso de datos abiertos para mejorar la vida

de las ciudades. Es cofundador de DATA Uruguay, una iniciativa que busca usar la tecnología

de la información y los datos abiertos para el desarrollo humano.


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EL LABORATORIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

PABLO COLLADA (13)

Innovación cívica y creatividad urbana para un gobierno abierto

Muchas gracias por la invitación. En nombre del gobierno de la ciudad de México, es un honor estar aquí, platicando un poco de

esta experiencia bastante nueva. Es una experiencia que tiene apenas unos meses de haber sido gestada. Y me gustaría introducirla con una breve historia. Hace un año, una serie de organizaciones vinculadas a temas de movilidad estuvieron apoyando y tratando de generar que, en una avenida muy importante, que se llama Reforma, de la ciudad de México, siempre con mucho tráfico, se creara un carril especifico para los autobuses y las bicicletas. Después de un largo proceso de negociaciones, de trabajo y de presentar estudios acerca de por qué sería relevante, al final, el gobierno, por la vía de la Secretaría de Trans-porte, dijo: “Órale, hacemos este carril bus-bici, a ver cómo nos va. Así, de un día para otro, amanecimos con que en Reforma estaba este carril bus-bici. Obviamente, los que van en autobús estaban muy con-tentos, porque se redujo a la mitad el tiempo de su trayecto. Los de las bicicletas se sintieron más seguros. Pero, evidentemente, los au-tomovilistas se sintieron totalmente ultrajados, como si les hubieran quitado un espacio vital. Empezaron a movilizarse terriblemente, utili-zaron una serie de vías, Twitter, las redes sociales, etc. Y, al final, lo que acabó haciendo el gobierno, pasada una semana o dos, fue decir, “Mejor lo quitamos”. Al día siguiente, nos encontramos con que ya no había carril bus-bici. Y eso fue terrible. Porque acabaron enojados los


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ciclistas, los de los autobuses, los del gobierno, porque había sido un riesgo que tomaron y no funcionó, los de las organizaciones que lo habían estado generando y los automovilistas, en el fondo, también, ya como parte de ese enojo generalizado. Fue una situación terrible. Esa circunstancia se produce en muchos temas. Creo que el tema de gobierno abierto no es una excepción. Aquí existe una cantidad de personas que sabe que el gobierno abierto y la transparencia son muy importantes. Hace un momento, mi compatriota, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, nos contó brevemente la historia de los procesos de transparencia en México, que han sido muy complejos. Y han brinda-do ahora, cada día, mejores resultados. Y se empieza a generar esta cultura y este ecosistema. Pero todavía nos falta mucho por recorrer. En muchos países, todavía existe un atraso importante en términos de empezar a abrir información y otros se enfrentan a la pregunta de, ya con la información abierta, qué hacer con ella. En ese contexto, nace el Laboratorio Para la Ciudad. Bueno, el Laboratorio, es una iniciativa ciudadana que se le presentó al jefe de gobierno. Le gustó y dijo: “Vamos a entrarle”. Se crea como la Dirección de Creatividad del gobierno de la Ciudad de México. Básicamente, se hizo una investigación de laboratorios parecidos en diferentes partes del mundo y se dio cuenta de que se trata de áreas que se dedican a experimentar sobre proyectos urbanos o proyectos de diferentes características de las ciudades. Tienen un elemento fundamental, que es que son los que absorben el riesgo. Para el funcionario, para el político, ustedes saben que el riesgo es, creo, lo que genera mayor aversión de todo. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes una entidad que se dedica, si hay un proyecto que suena interesante, a experimentar con él? Si funciona y si da resultado, si se puede evaluar, entonces se lo damos al funcionario para que se cubra de gloria y lo pueda mostrar, ya, entonces, libre de riesgo. Esa es un poco la característica del labo-ratorio. Y, básicamente, tiene dos áreas importantes. La primera es la de innovación cívica y la segunda, la de creatividad urbana. La parte de innovación cívica está enfocada en temas, justamente, del ejercicio ciudadano: ¿qué pasa en el ejercicio ciudadano desde el go-bierno, desde la sociedad civil y en la relación entre ambos? De eso se trata la innovación cívica. La parte de creatividad urbana tiene que ver más con el ejercicio de la ciudad, de cómo vivimos el espacio pú-


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blico en la ciudad, qué se puede experimentar en ese espacio público. Entonces esas son las dos grandes áreas del laboratorio para la ciu-dad, la parte de innovación cívica y la parte de creatividad urbana. Y hay, principalmente, tres líneas estratégicas importantes, que son: Ciudad Digital, Ciudad Creativa y Ciudad Participativa. Creemos que todos los proyectos del laboratorio tienen que tener estos tres ele-mentos, estos tres componentes. Nosotros nos enfocamos muy es-pecíficamente en temas de gobierno innovador. En estos términos, las caracterizaciones que tenemos de gobierno innovador son las siguientes: un gobierno que es abierto, que es eficiente, que es ágil y que tiene un gran componente digital responsivo. Final-mente, les voy a contar cómo concebimos el gobierno abierto, el gobierno innovador, como un tripié con tres grandes patas que hacen que funcione. La primera tiene que ver con un sistema de reconocimiento al interior del gobierno, la segunda, con las plata-formas ciudadanas y la tercera, con los modelos de integración. En primer lugar, entonces, el sistema de reconocimiento. Hay gran-des cosas que se están haciendo desde el gobierno del distrito Fede-ral y en cualquier gobierno y muchas veces no tienen el reconocimien-to adecuado. Nos hemos topado con grandes proyectos del gobierno de la ciudad que están por ahí escondidos, con gente que tiene una capacidad innovadora muy fuerte y, por evitarse el riesgo, no se pre-sentan. Entonces, nosotros estamos generando todo un sistema de reconocimiento para estos funcionarios públicos. Se llama Digital DF. Es un programa que vamos a lanzar muy pronto y que, justamente, lo que busca es reconocer y premiar las iniciativas innovadoras desde el gobierno del Distrito Federal. Por otra parte, tiene que ver con crear, en este sistema de reconocimiento, redes de intercambio. ¿Qué pasa? Bueno, que la dependencia que se dedica a temas de salud desarrolló un programa muy interesante de temas de expedientes di-gitales y, por otra parte, la Secretaría de Medio Ambiente tiene otro proyecto. Ellos no se conocen, no se contactan y no tienen la capaci-dad de dialogar entre ellos. Entonces, uno de los ejercicios importan-tes es, justamente, crear estas plataformas en las que diferentes áreas de tecnología o de innovación de las dependencias puedan dia-logar, puedan reconocerse mutuamente y formar parte de un club en el que la innovación sea algo en lo que vale la pena invertir y que me-


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rece ser reconocido. En otros términos, está el ámbito de las platafor-mas participativas. Es imposible de ignorar que hay multitudes de ciu-dadanos dispuestos e inquietos, deseosos de decir lo que piensan y de decirlo de muchas maneras. A veces, de maneras violentas, a ve-ces, de maneras muy pacíficas, a veces, muy constructivas, a veces, muy críticas. Pero es necesario que existan esas plataformas de parti-cipación. En estos términos, nosotros hemos diseñado varios siste-mas. Uno tiene que ver con nuestra plataforma, que es http://www.labplc.mx. Ahí tenemos un espacio para la recepción de ideas ciuda-danas. Pueden ser ideas de cualquier tipo, pueden ser ideas en etapa de gestación o proyectos que ya se estén probando. La idea es, jus-tamente, tener ahí un flujo de proyectos ciudadanos que poda-mos apoyar, que podamos facilitar con diferentes dependencias y a los que les podamos dar visibilidad. Esto, evidentemente, requie-re el ejercicio de ser claros en términos de las expectativas, del segui-miento, etc. Obviamente, también hay pequeños ejercicios como de termómetro, en los que instalamos unas plataformas para que la gen-te ponga qué ideas, qué cosas le parecen críticas de la ciudad. Y ahí surgen muchos comentarios. Y son, a fin de cuentas, espacios en los que la gente tiene un medio para decir lo que piensa y sabe que hay alguien del gobierno que la está escuchando y que está haciendo algo con ello. Por eso, es muy importante que sea claro para el ciudadano que quiere participar qué está pasando con esas ideas y con esas ini-ciativas que tiene. Finalmente, está también la parte de aplicaciones. También el gobierno sigue esta moda de generar muchas aplicacio-nes, pero a veces no todas las aplicaciones sirven. Es importante ser muy claro en qué aplicaciones son relevantes. Desde el Laboratorio, estamos haciendo una serie de evaluaciones en las diferentes depen-dencias sobre qué aplicaciones son relevantes y de verdad podrían facilitar los servicios públicos. En estos términos, es un ejercicio muy importante, porque todo el mundo quiere su aplicación y no todas las aplicaciones sirven. Finalmente, quiero entrar en un proyecto muy es-pecífico, que, justo hoy, celebro mucho. Ya hablamos de la parte de innovación, desde el gobierno, de generar estos sistemas de recono-cimiento. De la parte de la ciudadanía, de generar estos ámbitos de participación, que sea claro, que sea constante. Y finalmente, de los espacios en los que se integran ambos. En este caso, lanzamos, hace


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como un mes y medio, un proyecto que se llama Código Ciudad de México, que está inspirado en Code for America, que es un proyecto en Estados Unidos en el que, básicamente, se invita a ciudadanos que tienen herramientas de programación, de diseño, de urbanismo, a que colaboren con una ciudad en ese país durante once meses, para generar aplicaciones web y móviles que mejoren, en términos de efi-ciencia, de apertura y de capacidad de respuesta, a los gobiernos. En este caso, nosotros estamos implementando este proyecto actual-mente, a través de una alianza entre Laboratorio Para la Ciudad y Code for America. Y lanzamos la convocatoria a seis programadores ciuda-danos, gente que es muy capaz, muy talentosa, que hace programa-ción, que hace código, a doce universitarios que apoyen en este pro-ceso y a cinco dependencias del DF. Estamos trabajando con las dependencias de Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Salud, Transporte y Turismo. Estas son las dependencias que desde el inicio dijeron: “Órale, yo estoy dispuesto a que entre un programador ciuda-dano, un joven buenísimo para hacer programación, en la dependen-cia. Nosotros les abrimos los datos, les abrimos todo el sistema ope-rativo, que lo conozcan y que hagan algo con eso. Que identifiquen cuáles son las áreas de oportunidad de esta dependencia y que vean qué se les ocurre desde un ámbito no político, desde un ámbito ciuda-dano.” Lanzamos la convocatoria hace un mes y medio. Cerró ayer y tuvimos ciento cincuenta y un aplicaciones de programadores de la Ciudad de México. Prácticamente, la mayoría son de la Ciudad de México, hay algunos de otras ciudades del país, que dijeron: “Yo estoy dispuesto a dedicar mi talento y nueve meses”. Obviamente, existe una remuneración. El proyecto se trata de entrar a una dependencia, conocer cómo funciona y plantear una idea, desarrollarla e implemen-tarla. Iniciamos el primero de septiembre. Va a haber un mes con ta-lleres, con introducción en las dependencias, para que las conozcan y aprendan cómo funcionan. Y luego va a haber ocho meses más en los que estos jóvenes van a tener que desarrollar una aplicación que bus-que mejorar la relación entre esta dependencia y la ciudadanía ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. En principio, lo relevante es que las de-pendencias estuvieron dispuestas a abrirse a que un ciudadano co-mún y corriente con capacidades técnicas entrara a ver en detalle cómo funciona la dependencia y a hacer una propuesta. ¿Qué va a


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pasar? En ocho meses nos reuniremos y veremos cuáles fueron las aplicaciones que surgieron. Pero, en principio, estamos muy contentos con este esfuerzo. Creemos que ya eso en sí mismo es de lo que se trata el gobierno abierto. De decir: “Aquí está la información. Yo sé que de la relación entre ustedes y nosotros van a surgir aplicaciones que sigan mejorando esta relación. Que mejoren la capacidad que yo tengo para servirte a ti y que mejoren tu capacidad para formar parte y enri-quecer lo que yo estoy haciendo”. De eso se trata el gobierno abierto para nosotros. De eso se trata el Laboratorio Para la Ciudad. Estamos muy contentos de la posibilidad de interactuar con las iniciativas que existen aquí, en Buenos Aires y en otras ciudades de América Latina. También quería contarles, por último, que tenemos un hackathon, que es parte de una estrategia de apertura de datos y de inversión en pro-yectos cívicos ciudadanos. Y, finalmente, tenemos un espacio en nuestras oficinas, en el que generamos una comunidad. Estamos constantemente haciendo pláticas, discusiones sobre participación, sobre ciudadanía, sobre transparencia. Muchas gracias.

13- Pablo Collada es sociólogo y durante más de diez años se ha dedicado al desarrollo social

desde diferentes aproximaciones, tanto en el sector público como en diversas organizaciones

de la sociedad civil. Ha participado en el diseño e implementación de programas ambientales

de alimentación, seguridad, género y organización comunitaria, entre otros. Actualmente, es

el director de Metodologías e Investigación del Laboratorio Para la Ciudad, la nueva agencia de

innovación cívica y creatividad urbana del gobierno del Distrito Federal mexicano.


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ABRE LATAM: PRIMERA DESCONFERENCIA PARA AMÉRICA LATINA SOBRE DATOS ABIERTOS

MARIANA MAS (14)

Organizada en Montevideo por DATA(Datos Abiertos, Transparencia y Accesoa la Información) de Uruguay y FundaciónCiudadano Inteligente de Chile, constituyó un espacio regional alternativo para elencuentro, el debate y la construcciónde comunidad

Bueno, muchas gracias a todos y a todas, especialmente al gobier-no de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que yo les voy a contar se

refiere a un evento que tuvo lugar hace poco, el 24 y el 25 de junio, en la ciudad de Montevideo, un evento regional que se llamó Abre La-tam. ¿Qué es Abre Latam? Abre Latam fue la primera desconferencia para América Latina sobre datos abiertos. Esta desconferencia fue organizada por Data de Uruguay y la Fundación Ciudadano Inteligente de Chile. Ya voy a pasar a explicar que es una desconferencia, pero, primero, ¿cómo surge esta idea de hacer Abre Latam? La prime-ra necesidad que nosotros trabajamos y conversamos (tenemos debates con grupos en distintos países de América Latina) era la necesidad de que hubiera un espacio propio de la región. Muchas veces, encontramos algunas iniciativas en común. Y, muchas veces, pasaba algo increíble, que era que nos encontrábamos en eventos en otras partes del mundo. Decíamos: “Bueno, la realidad latinoame-ricana...”. ¿Pero cuándo nos sentamos a hablar entre nosotros de la realidad latinoamericana en torno a esta temática? Al final, hablamos en otro lado, pero la realidad es que no tenemos un espacio nues-tro. Entonces, bueno, hay una necesidad de ese espacio. También, la necesidad de un espacio alternativo. Vamos cada tanto a conferen-


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cias o se arman mesas de trabajo, comités, etc. Esto ya existe y es útil, es importante para intercambiar, para aprender, para encontrar-se con otras personas. Pero necesitamos un espacio un poco más flexible, un espacio pensado desde otro lugar. ¿Qué se nos ocurrió como un espacio alternativo? Una desconferencia. Nos inspiramos en el Transparency Camp, que organiza la Sunlight Foundation y el Open Knowledge Festival. Y tuvimos una gran ayuda de Aspiration Tech, que es una organización americana, que nos dio, incluso, una capacitación. Viene haciendo desconferencias hace diez años y, con toda la onda del mundo, dijeron: “No tenemos problema en facilitarles la capacitación, la idea es que esto se reproduzca, así que, vamos”. Entonces, ¿cómo funcionó? Una de las características de una descon-ferencia es que no existe una agenda previa. La construimos entre los participantes que estábamos ahí. Cada uno de los participantes fue anotando en papelitos temáticas que para ellos era relevante ha-blar en ese espacio. Después de que todos escribimos los papelitos, los fuimos pegando en dos paredes y, entre todos, definimos tracks de temáticas que era importante hablar en ese espacio. O sea, que los organizadores no traíamos ya nuestros intereses ni tampoco los participantes. Realmente, fue un espacio de construcción en el mo-mento. Otra característica de una desconferencia es que no funciona en base a charlas, como en este caso, en el que yo estoy hablándoles a ustedes, sino en un espacio de grupos. Siete u ocho grupos, que funcionaban al mismo tiempo, tomando las temáticas que elegimos en esa agenda, con una persona que hiciera la facilitación, tratando de que todo el mundo dentro del grupo pudiera hablar y de que no hubiera tímidos o personas que acapararan la palabra. Y, así, se fue-ron desarrollando varios slots de charlas. Cada grupo estaba confor-mado por cinco, seis, siete personas y, después de que terminaban, teníamos cuarenta minutos para hablar. Se hacía una plenaria donde todos compartíamos en pocos minutos lo que se había hablado. Las temáticas que se hablaron fueron sumamente diversas. Algunas las van a encontrar en el wiki que se hizo, que está abierto para todo el mundo, que puede seguir aportando. Sumamente diversas, desde cómo evaluar políticas de gobierno abierto, temáticas técnicas, como los estándares, experiencias que ya existen o algunas preguntas que todavía hay sobre ciudades y datos abiertos. O algunos desafíos,


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como la relación entre ONG y desarrolladores. Estas son solamente algunas. Si entran al wiki de Abre Latam van a encontrarlas todas. Y aparte pueden seguir aportando ¿Qué pasó, entonces, en Abre La-tam? Para empezar, hubo una representatividad muy diversa. Hubo personas de América Latina. Por supuesto, América Central estaba representada. Hombres y mujeres. De distintos sectores, también. De la sociedad civil, periodistas, desarrolladores, gobiernos. Estaban todos en un mismo espacio y teniendo todos la misma oportunidad de hablar. Todas las personas estaban sumamente entusiasmadas, lo que realmente hizo que esto fuera un éxito. Había una necesidad, esto se repitió muchas veces, de un espacio como éste. Un espacio en el que pudiéramos hablar, compartir, entender qué era lo que es-taba haciendo el otro, entender las preguntas. Quizás, yo tenía una pregunta cuya respuesta tenía la persona que estaba trabajando a po-cos kilómetros de mí y a la que nunca había tenido la oportunidad de encontrarme cara a cara. En definitiva, en ese espacio se construyó una comunidad que estaba latente, porque, de todas las personas que estaban ahí, algunos ya nos conocíamos. Pero ahí se creó un espacio en el que realmente estaban las condiciones dadas para que hubiera una comunidad. Y hay algo que nos llena, de alguna manera, de orgu-llo, pero no me refiero, en este caso, como organizadora sino como participante del evento. A veces se habla de que hay datos abiertos en América Latina hay algunas iniciativas, hay algunos datos. Bueno, ¿pero quiénes son las personas que están atrás de eso? Existe una comunidad latinoamericana que está trabajando temas de datos abier-tos. Entonces, explotémosla, porque está ahí.

Les voy a pasar a relatar, rápidamente, algunos puntos en común y algunos desafíos que encontramos entre quienes estábamos allí. Una variedad increíble de iniciativas y, muchas veces, no sabíamos que estábamos haciendo exactamente lo mismo y que, tal vez, nos podíamos ayudar. De nuevo, fortalezcamos la comunidad, de mane-ra de potenciar nuestro trabajo. Hay personas que trabajan los datos abiertos desde los más diversos ámbitos, universitarios, de gobierno. Hay varios activistas, desarrolladores, algunos emprendedores que también lo hacen. Esto es sumamente interesante, porque nos da una visión intersectorial de cómo trabajar los datos abiertos. Existen capacidades en América Latina para trabajar los datos abiertos. Apro-


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vechemos eso, porque también hay, a veces, algunos mitos. Es ver-dad que todavía falta demanda. ¿Qué hacemos con esto? Pero exis-ten potencialidades y hay capacidades instaladas acá, en esta parte del mundo. Y algo con lo que también fue sumamente interesante encontrarnos, a través de distintas charlas, es que, por lo menos entre las personas que estábamos allí, en ese espacio, se veía la importan-cia de trabajar en torno a los datos abiertos sobre ciertas problemá-ticas, sobre todo, las sociales, de generar participación a través de los datos abiertos, de exigir rendición de cuentas y de monitorear. Y nos pareció sumamente interesante que tuviera ese cariz. También encontramos muchos desafíos comunes, pero está bueno, porque ya tenemos una línea de base y, seguramente, habrá algunos que tengan desafíos distintos y con los que podamos ayudarnos, ¿no? Quizás en Buenos Aires estén más adelantados en algunos elementos y des-de Montevideo podamos aprender o puede pasar en otros sentidos. Uno de los que surgió con fuerza es la falta de espacios comunes. Y espacios abiertos en el sentido más amplio, que sean espacios parti-cipativos, donde los distintos sectores puedan intervenir en el deba-te, que no sean espacios estancos, siempre con las mismas caras. Vamos a ser realistas, no somos una cantidad gigante de gente, pero está bueno que cada vez seamos más y no siempre vernos las mis-mas caras. Hay una falta de espacios no tradicionales. El tema de los datos abiertos, por supuesto, va con el tema innovación, entonces, a veces, es difícil. En la toma de decisión en torno a los datos abiertos, a veces, los espacios más tradicionales son fundamentales, porque son los que, finalmente, van a tomar las decisiones y aprobar. Pero, a veces, también hay algunos espacios no tradicionales que tenemos que explorar, porque es lo que permite avanzar y seguir dando pasos hacia el futuro. Como les decía, no somos muchos los que usamos datos abiertos, así que tenemos el desafío de sumar personas a tra-bajar con estos datos. Hay una falta, todavía, de capacidad de incidir en políticas públicas de datos abiertos. Hay todo un debate en torno a la supuesta panacea de los espacios abiertos, si vamos a cambiar el mundo con esto. Ya pasó con la transparencia, con el e-government. Lo escuchamos muchas veces con el gobierno abierto. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo podemos llegar a incidir, efectivamente, usando los datos abiertos como una herramienta? No sé, no tengo


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la respuesta. Si alguien la tiene, charlamos, porque sería genial. Exis-ten un montón de datos, sobre todo, datos simpáticos. Por ejemplo, transporte, temas de ciudades, hay varios. Pero hay un montón de da-tos que son antipáticos, podríamos decir, presupuestos, por ejemplo y es a veces más difícil disponer de ellos. Y no me refiero a los sueldos, que en general están. Pero no es fácil llegar a un nivel de desglose importante para que yo pueda producir la información y que no me la den ya hecha, llegar a programas y en qué se gasta en cada progra-ma. Llegar a los datos y poder interpretarlos, de manera de producir información. Datos de salud también, ya que, en muchos casos, los niveles de atención no están disponibles. Datos de compras que hace el Estado. En algunos países o ciudades, esos datos todavía no están disponibles. A nivel técnico, es notoria la falta de estándares, sobre cómo publicar, sobre la calidad de los datos publicados, los lenguajes en los que se publica, etc. Existe una necesidad de trabajo con orga-nizaciones de base. Esto tiene que ver mucho con que más personas empiecen a usarlos. Y también está directamente relacionado con el próximo punto, que es la sostenibilidad de las iniciativas. Muchas ve-ces, pasa que hay iniciativas que son espectaculares. Salen, explotan a un montón de usuarios y, a los pocos meses, mueren. En algunos casos, tiene sentido. El año que viene es año electoral en Uruguay, se-guramente va a haber seguimientos de campañas, dónde votar, etc. Eso va a tener su período de vida y, evidentemente, no tiene sentido que vaya más allá de eso. Hay otro montón de iniciativas sumamente interesantes, pero que tienen ese gran desafío de sostenerse en el tiempo. Ya paso a las conclusiones, perdonen si repito, pero quiero ser justa con muchas de las cosas que se recogieron en este espacio y poder representar esas voces que estuvieron ahí. Dada esta necesi-dad de espacios alternativos para el debate y la construcción de comunidad, proponemos desconferencias, un ejemplo, para nada el único, que no sean propietarias. Esta desconferencia no es de DATA, de la Fundación Ciudadano Inteligente, sino de los partici-pantes, que le siguen dando vida a esta comunidad. Son abiertas, para que se sumen, cambien los temas, estén completamente en desacuerdo con esos temas. No hay reglas, son flexibles. Una idea es empezar a hacer pequeñas desconferencias en ciudades, en localidades, para recoger, no solamente en el tema de datos


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abiertos sino también en otras temáticas, los pensamientos y las iniciativas que se están trabajando en el ámbito que quieran. Hay información sobre la metodología de trabajo en el Wiki de Abre Latam. Existe una comunidad de latinoamericanos que trabaja en torno a los datos abiertos, así que hay que fortalecerla. Se creó, todavía no está funcionando al cien por ciento, un espacio de debate en torno a temá-ticas o iniciativas que estén planteándose o que se estén desarrollan-do, problemas que se estén teniendo o, todo lo contrario, soluciones que se hayan encontrado. Es charla.abrelatam.org, un espacio para compartir. Otro proyecto que estamos trabajando, cuya idea surgió en Abre Latam, es hacer un logo de datos abiertos, por una cuestión de homologar. Hacer un logo y ponérselo a todas las iniciativas basadas en datos abiertos. De esa manera, podemos mapear, podemos inter-cambiar y tener una guía de todo lo que se está haciendo de datos abiertos. Sea de la magnitud que sea, sea de dónde sea, sea desde el sector que sea. Lo último es la importancia del trabajo intersectorial, entre distintos sectores. Pero también en un trabajo conjunto, desde el gobierno, desde la sociedad civil organizada y desde el sector pri-vado, que es fundamental también. Esto nos va a permitir la suma de capacidades, de recursos, la extensión del uso de los datos abiertos y la sostenibilidad de los mismos. Muchas gracias.

14- Mariana Mas es politóloga, activista, investigadora y consultora en el área de par-

ticipación, derechos humanos, acceso a la información y datos abiertos. Ha trabajado

en dichas áreas, principalmente, desde la sociedad civil. Actualmente es una de las

coordinadoras de Data Uruguay.


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PODEROPEDIA: QUIÉN ES QUIÉN EN LOS NEGOCIOSY LA POLÍTICA EN CHILE

MIGUEL PAZ (15)

Un sitio web que mapea relacionesentre personas, empresas e instituciones, facilitando el acceso rápido a meta-datos

Buenas tardes a todos. Voy a empezar contándoles que, básicamente, el trabajo que nosotros hacemos, independientemente de las plata-

formas y proyectos que estamos desarrollando a nivel online y también offline, es promover una cultura de innovación en el ecosistema informa-tivo y, particularmente, en los medios. Porque, así como en el gobierno necesitamos disrupción, en los medios también. Porque, generalmente somos los primeros en hablar de ella y los últimos en aplicarla. Uno pue-de comparar cómo ha cambiado el auto Ford T, hasta llegar al Camaro actual, de 1908 hasta hoy y también comparar la portada del New York Times desde 1908 hasta hoy y ver que las diferencias son abismales. Bueno, mi negocio particular siempre ha sido el periodismo y creo en esto, creo en la meta-data. Una palabra que hemos escuchado en las úl-timas semanas a partir del espionaje, ya público, aunque lo sabíamos hace mucho tiempo, pero con bastante más detalle ahora, de la NSA. Todos los meta-datos, todos los datos que hay en su e-mail, todos los datos que hay en su celular, “all your data belong to us”, como dicen en Estados Unidos. Así como una canción es un dato, por ejemplo, el nom-bre de la canción, el título del álbum en el que está la canción, la fecha en la que fue compuesta, por quién fue compuesta, de qué género es, todo eso es meta-data. Lo que, a nivel periodístico, cuando nosotros vamos a hacer una historia, buscamos es esa meta-data. Y, para contar cualquier


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historia periodística, particularmente, en países como el nuestro y, qué decir, Argentina, saber quién es el personaje, cuál es el conflicto y cuál es el poder que está involucrado nos permite entender por qué las cosas pasan de una forma y no de otra. Entonces, a partir de esto, nosotros decidimos desarrollar el proyecto Poderopedia, quién es quien en la política y los negocios en Chile, que es un sitio web que utiliza infor-mación de bases de datos públicas y también de la que tienen que proveer las empresas a las entidades regulatorias, más todo lo que es archivo de prensa, para mapear las relaciones entre las personas, empresas e instituciones más influyentes del país. ¿Por qué? Porque los medios no lo están haciendo. Esto surgió como idea cuando yo era subdirector de un diario electrónico en Chile, que se llama El Mostrador. Y uno de los problemas centrales que estamos teniendo los diarios es que estamos despreciando nuestros archivos. Una cosa loquísima, porque, si hay algo que es la sangre de un medio de comunicación, es su archivo, la capacidad de poder comparar información y de tener antece-dentes de manera ordenada, desde hoy hacia atrás ¿Por qué? Porque una noticia está compuesta por un evento gatillador nuevo, un contexto y un archivo. Y un medio de comunicación, que tiene todo ese archivo hacia atrás, puede entender y explicar de mejor forma las cosas y tener una trazabilidad de la microhistoria que después utiliza a nivel de la historia. El problema es que ahora lo está haciendo Wikipedia y los periodistas ni si-quiera le ponen veinte dólares de donación anual a Wikipedia, cosa que deberían hacer, considerando todos los datos que sacan y chequean ahí. ¿Por qué no se tiene eso? Bueno, porque estamos en un espacio disrup-tivo, en el que no conocemos lo que significa la meta-data, lo que es la web semántica, los vocabularios controlados, una serie de cosas que tienen que ver con logística y con cosas muy poco periodísticas. Enton-ces, la idea de Poderopedia surgió porque yo podía, de pronto, seguir al presidente Piñera en su campaña durante seis meses en el caso Banco de Talca, un caso por el cual estuvo cuestionada su gestión. Y seis meses después, dedicarme a otras cosas y seis meses después, el tema volvía a aparecer en la agenda. Y resulta que, para encontrar ese artículo que yo ya no tenía en la computadora porque me la habían robado o el dato de la fecha exacta en que el presidente había estado o no en algún lugar, me tomaba entre cuatro y seis horas. Un detalle que podía ser muy pequeño pero súper relevante para contar la historia. Entonces, Poderopedia sur-


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gió con la idea de que sería ideal tener un sitio web que nos permita ahorrarnos un 30 o 40% de tiempo en el pre-chequeo de información. “Pero existe Wikipedia”. Sí, pero Wikipedia tiene una lógica enciclopédica, no necesariamente enfocada a las noticias. Para Wikipedia, las noticias buenas son noticias. Yo, como periodista, sigo la regla de “good news are not news”. Es decir, que las buenas noticias no son solamente lo que ando buscando. Entonces, por esta razón, se armó este proyecto, que busca mostrar quién es quién. ¿Por qué mostramos quién es quién? Bue-no, porque, en países como el mío, yo creo que en Argentina también, pero, particularmente en Chile, la estructura social de la elite es muchísi-mo más endogámica y además tiene, incluso, arquetipos de color. De hecho, ser rubio en Chile es un hándicap positivo, altísimamente positivo. Y, si uno le dice a cualquier chileno el apellido Larraín, por ejemplo, inme-diatamente ocurre un mapeo mental. Y esos mapeos no son solamente mentales sino también geográficos. Hasta hace un tiempo atrás, por ejemplo, cualquier persona que incluía en su currículum que vivía en un block, pasaje o villa, o que tenía un teléfono que empezaba con el 55, uno en seguida podía hacer exactamente el mapa completo de esa persona. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un sistema de educación pública que está muriendo, tenemos un sistema de educación privada que no nece-sariamente es el mejor, pero donde uno va a adquirir redes sociales, y un sistema mixto, que lo que hace es quitarle la plata a uno y tampoco resol-ver del otro lado. Quiero poner un ejemplo. Revisemos las conexiones del presidente Piñera. El señor que va al lado del helicóptero, porque al presidente Piñera le gusta andar en helicóptero, es Andrés Navarro. Es co-dueño del helicóptero con el presidente y, además, gran amigo suyo. Financista de un startup horrible que hizo Cristóbal Piñera, que está fun-cionando todavía. Proveedor de tecnología, probablemente, uno de los principales proveedores de tecnología del gobierno chileno y de varios gobiernos a nivel latinoamericano. Estudió con Polo Piñera, que es her-mano del presidente, que además era presidente y gerente del Banco del Estado. El señor de al lado es el ex presidente Frey, de cuya campaña Navarro fue uno de los financistas y ambos estudiaron en la Universidad Católica. Igual que Piñera y dieciséis de sus veintidós ministros origina-les. Hay muchísimos ministros, empresarios, sacerdotes, que estudiaron ahí. Bueno, como el primo de Germán Chadwick, que fue designado por Piñera, presidente del Consejo Nacional de Televisión. Ahí, hay un detalle,


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por ejemplo. En los últimos treinta y cinco años, siempre ha habido un Chadwick en el gobierno. Un dato súper clave, cinco colegios de Chile, que representan el 0,03% de todo el sistema de educación, representan el 50% de nuestros directivos, empresarios, etc. Entonces, obviamente, es importante saber a qué colegio fue tal persona. Si yo le digo, yo fui al Liceo Ignacio Carrera Pinto, no significa nada, en términos de redes. Pero si yo digo que yo estuve en el Santiago College, en el Grange, que estudié en el Verbo Divino, ahora la Universidad Católica es la Universidad de los Andes, que pertenece al Opus Dei, que además yo estudio Derecho, Medicina, en la Universidad de los Andes o, en su momento, que estudié en el Colegio San Ignacio de los Jesuitas, representa todo en términos de redes. Y eso no es menor, porque Chile tiene a varios billonarios en la lista y, además, en áreas que son bastante atractivas en términos de mapeo. Si bien el principal ingreso económico de Chile es el cobre, lo que principalmente exportamos es industria financiera y retail. Y no somos muy conocidos por tener mucha responsabilidad social empresarial. Cuando llegaron a Argentina las eléctricas chilenas y funcionaron cómo funcionaban allá, quedaron anonadadas cuando la gente les hizo una pro-testa masiva y les pusieron un montón de multas. Sigamos. Entonces, Poderopedia lo que busca es ocupar el periodismo. Poderopedia no es un sitio web periodístico, no en el sentido de que busque competir con los medios de comunicación sino que busca ser una herramien-ta o un meta-medio o meta-periodismo, que ayuda a los medios de comunicación a tener información de contexto de manera rápida. Por ejemplo, cuando se murió Guillermo Luksic, que es uno de los her-manos de Grupo Luksic, que es el principal grupo económico de Chile, nosotros fuimos los primeros en tener el obituario, porque ya teníamos el perfil hecho. Y se lo enviamos a todos los medios de comunicación. Les dijimos: “Bueno, todo esto está bajo licencia de Creative Commons. Us-tedes pueden utilizarlo, pueden reutilizarlo”. De hecho, en cada perfil de Poderopedia, hay un botoncito que dice “republicar”, uno aprieta ahí, hay un botón que dice “copiar” y uno se lleva eso de inmediato. Y la idea de todo esto es poder hacerlo con un mashup de inteligencia humana y arti-ficial. Nosotros funcionamos igual que un centro de investigación perio-dística o un centro de archivo de periodismo. O lo que hacen las agencias de inteligencia en el uso de información abierta, con sus clipping y todas esas cosas. Y a esto, además, le agregamos todas las conexiones. Cuan-


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do hablamos de la parte no humana o artificial, es porque nosotros cons-truimos una ontología, que se llama poder vocabulary y está disponible para cualquier persona que la quiera utilizar. Es, básicamente, un lenguaje controlado de conexiones para expresar relaciones entre personas, insti-tuciones y compañías. Entonces, se podría usar, por ejemplo, para ma-pear todos los que han sido jugadores de fútbol de Boca, ¿ya? O dirigen-tes de Boca. Se podría mapear, se podría utilizar para que un gobierno mapee todas las funciones y las personas que trabajan en su equipo, etc. Y eso significa que es un sistema que permite articular y puedo ir hacien-do mapas de relaciones. Entonces, el modelo funciona con periodistas, con usuarios, con la ontología más los datos linkeados o enlazados. Cuan-do hablamos de datos linkeados o enlazados, es que están vinculados a lo que se llama web semántica, que tiene que ver con la capacidad de las máquinas de poder entender estas relaciones y poder vincularlas con otro tipo de vocabularios en un universo de datos abiertos enlazados. En donde mi máquina lee que el Sebastián Piñera del cual yo estoy hablando es el mismo Sebastián Piñera que tiene en otra base de datos, esos dos datos pueden participar y relacionarse. Es decir, meta-datos. Todo esto tiene un perfil periodístico, que aumenta o es más largo y más profundo o menos largo y menos profundo, dependiendo de la importancia del personaje. Es una ficha de conexiones donde tratamos de responder de manera periodística. Uno, generalmente, cuando ve una argentina guapa en la calle, no dice: “Oh, qué bella la mujer de 1,80 m., pelo rubio, ojos azules” y no sé qué más. Uno dice: “La argentina esa era bárbara” y empieza una serie de descripciones. Lo mismo hace un periodista. Digo, bueno, quién es la familia, dónde estudió, con qué thing tanks está vincu-lado, a qué clubes privados va. Porque no es lo mismo ir al Jockey Club que ir al club social de un barrio. No es lo mismo en términos de signifi-cación y en términos de influencia y de cómo con esa influencia uno puede tomar decisiones. Bueno, ese es un modelito del sistema que te-nemos para ingresar los datos. Y se genera un mapa de relaciones, a partir de todas esas conexiones que yo les estaba diciendo. Se genera automáticamente un mapa de relaciones, que, para los más nerds que están aquí, está hecho utilizando D3, que es una librería java script para hacer visualizaciones y con Coffeescript. Está vinculado con un sistema que se llama Document Cloud, que es, básicamente, un repositorio de documentos al cual uno le puede hacer anotaciones. Entonces, por ejem-


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plo, todas las declaraciones de intereses, de patrimonio, de los parlamen-tarios, de las autoridades chilenas, nosotros los ingresamos en ese siste-ma y marcamos inmediatamente cada una de esas cosas, de modo que, cuando tú veas esa información, no tengas que leer todo el documento sino que sigas el índice. Ahora, últimamente, también le agregamos un reel de noticias. Eso quiere decir que, cada vez que uno crea una entidad en el sistema, éste inmediatamente empieza a buscar las últimas noti-cias donde se menciona a este personaje. Y también, lo más importante, las fuentes. Es de código abierto, tenemos todo en Yidja.com/poderope-dia. Y la parte más entretenida de esto es que buscamos promover trans-parencia y mayor democracia. Hemos iniciado varios conflictos de inte-rés, entre ellos, el del director del Servicio de Impuestos Internos, que había condonado una deuda de ciento veintinueve millones de dólares en tributos a una empresa. Y mostramos que él tenía acciones en ésa y en varias otras empresas relacionadas. De hecho, en la que vendió, en el banco que prestó la plata y en la empresa que compró, que es Cencosud. Me imagino que la conocen porque también está acá, en Argentina. Para terminar, este es un proyecto que es sin fines de lucro, se financia a par-tir de donaciones, asesorías y capacitaciones que nosotros hacemos. Y estamos en un proceso de internacionalización de Poderopedia, a través de la creación de capítulos de Poderopedia. Este año, al menos, vamos a estar creando Poderopedia Venezuela y Poderopedia Colombia, con orga-nizaciones locales aliadas, que generalmente son universidades, organi-zaciones no gubernamentales vinculadas al tema de la promoción y la difusión de la transparencia y también medios de comunicación y organi-zaciones relacionadas con el periodismo. Mi nombre es Miguel Paz, es el mismo en Twitter, por si tienen preguntas o comentarios. Gracias.

15- Miguel Paz es periodista chileno, fundador y director de Poderopedia. Poderopedia es

uno de los ganadores del Knight News Challenge 2011, de Start-Up Chile 2012. También es

creador de hackatons.org y co-creador del capítulo chileno de Hack/Hackers Chile.


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PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA BANDERA DE GOBIERNO TRANSPARENTE Y ABIERTO DE ESTADOS UNIDOS

ÁLVARO VARGAS LLOSA (16)

Historia de su política exterior hacia los países de Latinoamérica. Los rankings internacionales como herramientasobjetivas de combate político

Muchas gracias al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por esta invitación. Nunca fue más pertinente hablar de gobierno transpa-

rente, probo, limpio, en Argentina. Y por lo tanto, nunca más necesario. Pero no sólo eso. Además de pertinente y necesario, es extraordinaria-mente esperanzador. Porque, en los últimos tiempos, ésta es la impre-sión que tenemos desde afuera y supongo que también la tienen mu-chos desde adentro, ha habido una especie de festín de denuncias de corrupción en la Argentina. Una corrupción que empieza a ser fabulosa, que empieza a tomar dimensiones milyunanochescas, francamente. Pero ésa es sólo una de las dos caras de la moneda. Un país que vive zaherido constantemente en su psicología por las denuncias de corrup-ción es un país que tiende a desmoralizarse. A menos que eso tenga un correlato en una visión de futuro que represente exactamente lo contra-rio. Y eso es lo que yo interpreto el día de hoy en el contexto de este evento. Que la Argentina es, sí, un país que está sufriendo una etapa de inmensa corrupción, pero que salir de ella es posible. Contamos con una serie de referentes y de ejemplos, algunos de ellos no tan lejanos, que forman parte de la experiencia del vecindario y que nosotros podemos hacer nuestros en el momento en que eso sea políticamente viable. De modo que lo que le está diciendo este evento a la Argentina y al resto de América Latina es que hay una solución, que esa solución es posible.


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Voy a hablar, básicamente, de los Estados Unidos en la primera parte, y luego, voy a tratar de vincular lo que está pasando en Estados Unidos con la experiencia latinoamericana y argentina también, porque la rela-ción es umbilical. En estados Unidos, ha pasado algo interesante. Claro, parece irónico, en el contexto de las revelaciones tremebundas sobre el espionaje de los servicios secretos, pero, si podemos, por un momento, apartar esa información abundante que recibimos en estos días, a modo de bombardeo, a través de los medios de comunicación, hay, efectiva-mente, una experiencia muy interesante que se ha desarrollado en los últimos años. El gobierno del presidente Obama, que tiene, como todos los gobiernos, luces y sombras, llevó a cabo una iniciativa importante, que llamó precisamente la iniciativa del gobierno transparente y lo hizo desde el primer momento. En cierta forma, bajo el impulso de una ley que se acababa de aprobar en el año 2007, es decir, apenas un año antes de asumir el gobierno. Pero, en todo caso, llevó esa ley a una dinámica política, a una dinámica de liderazgo que tuvo consecuencias relativa-mente importantes. Y no solamente para la política interna, para la políti-ca doméstica de los Estados Unidos sino también para la política exte-rior. Y, hoy en día, la visión del mundo que representa la política exterior de Estados Unidos tiene, como uno de sus ingredientes principales, la iniciativa del gobierno abierto y del gobierno transpa-rente. ¿Qué hace el presidente Obama? Básicamente, decide a través de esta iniciativa emitir una serie de órdenes ejecutivas, memorándum, es decir, el tipo de instrumentos que no pasan necesariamente por el Congreso y que un presidente está en condiciones, en Estados Unidos, de emitir. Tienen que ver, precisamente, con gobierno el abierto, trans-parente, con ciertas reglas éticas y con la ley de acceso a la información, el Freedom of Information Act. Esto es especialmente importante por-que es una ley que tiene ya muchas décadas en Estados Unidos, pero que sucesivos gobiernos han ido retocando, a veces, para bien, a veces, para mal y que el presidente Obama tenía mucho interés en expandir. Entonces, en torno a todo esto, se produjo una serie de hechos bastan-te novedosos. Por ejemplo, se determinó que no se iba a aceptar a nin-gún lobbista en funciones de gobierno durante la presidencia del señor Obama. Y también que los funcionarios del gobierno de Obama que dejaran el poder no podrían ejercer funciones de lobby, que, en Estados Unidos, son perfectamente legítimas. Se dispuso también, por ejemplo,


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por primera vez en la historia de Estados Unidos, algo que es verdadera-mente sorprendente: que se publicaran todos los meses las listas de visitantes de la Casa Blanca de los tres meses anteriores. Por lo tanto, hoy en día, es posible saber cada mes en Estados Unidos quiénes visi-taron la Casa Blanca en los noventa días previos. Se dispuso también que todas las agencias de ese inmenso Estado que es los Estados Uni-dos presentaran una propuesta de gobierno transparente, que incluyera un elemento digital o tecnológico, pero, sobre todo, un elemento de profundidad ética, en un plazo relativamente corto de unos meses. Y se dispuso también, a través del Ministerio de Justicia (la Fiscalía General), que hubiera una información muy minuciosa sobre todas las implicacio-nes de la ley de acceso a la información. Esta es una ley especialmente importante. No voy a contarles toda la historia, pero la historia en sí misma es una historia fascinante, que, en cierta forma, ilustra muy bien hasta qué punto la sociedad americana ha ido inclinándose, por momen-tos, hacia la seguridad, en detrimento de la libertad y, en otros, hacia la libertad, en detrimento de la seguridad. Es una ley que se da en los años sesenta, en el año sesenta y seis, en medio de los tempestuosos días de Vietnam, del cuestionamiento libertario del Estado, que tuvo su foco en la agitación universitaria. Y es una ley que, desde entonces, tiene una peripecia vital sumamente interesante. En el gobierno de Ford, del año 1974, por ejemplo, es ampliada, en contra de la voluntad de la Casa Blan-ca, gracias a que el Congreso tenía una mayoría suficiente para neutrali-zar los esfuerzos de la Casa Blanca de Ford para impedir que se amplíe la legislación. Había un elemento que estaba ausente en esa ley de los años sesenta, que era que, si una persona quería acceder a la informa-ción que tenía el Estado sobre esa misma persona, no podía hacerlo. De modo que con esta ley, que es la ley de privacidad, se amplían los alcan-ces de la ley de libertad de información o de acceso a la información. Luego, esa ley, durante los años de Reagan, sufre una merma, una limi-tación, en nombre de la seguridad nacional. En los años de Clinton, hay un esfuerzo para derogar esos obstáculos que ha insertado, en la ilega-lidad, la administración Reagan y lo hace desclasificando documentos que tengan veinticinco años de vigencia o antigüedad y que tengan que ver con la seguridad nacional. En los años del presidente Bush, se pro-ducen dos distorsiones sumamente significativas y sumamente impor-tantes, que van a tener implicancias años después. Una de ellas tiene


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que ver con el hecho de que se limita el acceso a la información, especí-ficamente, de los documentos presidenciales. Es una definición bastan-te vaga, en realidad, bajo la cual caben muchas cosas. Pero se limita, en muchos sentidos, el tipo de acceso a la información que tenían los ame-ricanos hasta que el presidente Bush asumió el gobierno. Y la otra, que, a mí modo de ver, es todavía más interesante, porque tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy, es que se introduce una limitación con respecto a la ley de acceso a la información, específicamente, sobre los servicios de inteligencia. Cuando el presidente Obama asume el poder, deroga la primera reforma que había introducido Bush. Bien derogada está, de modo que, hoy en día, una persona puede volver a acceder a los documentos que tengan que ver con los presidentes. En algunos casos, documentos con cinco años de antigüedad. En otros, con doce, depen-diendo de la naturaleza del documento. Pero no deroga la reforma rela-cionada con los servicios de inteligencia. A mi modo de ver, ése es, quizás, el elemento central en la discusión actual, con la revelación del papel que ha jugado la Agencia de Seguridad Nacional en los Estados Unidos, en el espionaje, tanto doméstico como internacional, porque, en la medida en que los servicios de inteligencia fueron, en cierta forma, acordonados, amurallados para ser protegidos del acceso a la informa-ción del ciudadano común y corriente, se produjo un escenario en el que los abusos y excesos de poder se podían dar con relativa facilidad. Y en todo caso, se produjo una ambigüedad jurídica que ahora es materia de discusión ya en el Congreso. En estos momentos, hay una investiga-ción, que está llevando a cabo el Comité Judicial del Senado, que ha forzado a muchos de los funcionarios importantes de los servicios se-cretos a compartir información que no querían compartir, a reconocer cosas que antes no admitían. El principio, creo yo, de un proceso que va a desembocar, más temprano que tarde, en una revisión de esa reforma que introdujo el presidente Bush. En fin, toda esta historia larga para decirles que llega Obama al gobierno y con excepción, a mi modo de ver, gravísima, del tema de los servicios de inteligencia, lleva a cabo una ini-ciativa para enmendar aquello que había recibido.

La política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, tradicio-nalmente, en términos generales, entre el hegemonismo y la condes-cendencia. El hegemonismo tiene una larga historia. Quizá, nace con la doctrina Monroe, en el siglo XIX, con el conflicto con México, saben que


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México pierde la mitad de su territorio y la guerra con España, con Filipi-nas a fines del siglo XIX. En la primera etapa del siglo XX, las intervencio-nes en Centroamérica, República Dominicana en 1916, el Canal de Pana-má a lo largo de casi todo el siglo. Ese conjunto de episodios, de hechos históricos, representan, a grandes rasgos, la vertiente hegemónica de la política exterior americana. Hay otra que tiene más que ver con la con-descendencia y, quizá, los dos grandes referentes de eso son la política del buen vecino en épocas de Roosevelt y la Alianza para el Progreso, en época de Kennedy. En ambos casos, desde luego, no se trataba del al-truismo por el altruismo, el objetivo era político, había que segar el cés-ped bajo los pies de los totalitarios. En el caso de Roosevelt, en los años treinta, a través de la política del buen vecino, los nazis, y en el caso, por supuesto, de la Alianza para el Progreso, con el presidente Kennedy, los comunistas. Pero, en cualquier caso, eran políticas que tenían una vena más bien condescendiente, en comparación con las anteriores. Luego, el elemento de asistencia exterior, a partir de Truman, en el año 1948, pasa a jugar también un papel importante, como mencioné, en la política exterior. Más adelante, el comercio se vuelve, posiblemente, el instru-mento principal, hasta que fracasa la iniciativa de libre comercio de las Américas y eso tuvo mucho que ver con Argentina. Ocurrió en Mar del Plata, en la cumbre del año 2005. Ya saben ustedes que Brasil, Argentina y Venezuela se las arreglaron, todavía no sé cómo, para impedir que una iniciativa que tenía el respaldo de veintinueve países del hemisferio y la hostilidad de sólo cinco, se frustrara. Estados Unidos dijo: “Me olvido de América Latina. Esta gente es muy complicada, muy bullangera, muy gritona y entonces me desentiendo de América Latina. Y si alguien me viene a tocar la puerta, a lo mejor me dedico a hacer tratados de libre comercio bilaterales”. Y por tanto, se firman dos o tres, pero que son una complicación política tremenda, porque, ya en ese momento, la socie-dad americana es reticente a avalar tratados de libre comercio y, enton-ces, hay una oposición muy fuerte en el Congreso y, como saben uste-des, probablemente, el de Colombia y el de Panamá tardaron verdaderamente siglos en ser ratificados. Entonces, dice Estados Uni-dos: “Bueno, ¿qué puedo hacer? Realmente ya no me interesa hacer mucho más, que América Latina se ayude a si misma”, lo cual no nece-sariamente es malo. Pero, en un momento dado, deciden que tal vez la iniciativa del gobierno transparente y abierto puede ser una for-


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ma de ayudar a América Latina a transitar hacia la democracia libe-ral y de minar al conjunto de gobiernos minoritarios, pero altamen-te visibles, que representan la negación de esos valores. De tratar de ayudar a quienes, en esas sociedades, se rebelan contra ese tipo de gobierno. Entonces, Estados Unidos concibe su papel en la alianza de gobierno abierto, en cierta forma. Por lo menos, en lo que respecta a América Latina, bajo esos parámetros. Saben ustedes que la Alianza para el Gobierno Abierto tiene temas muy específicos, uno de ellos es la transparencia fiscal, por ejemplo. Es una especie de sondeo, de investi-gación que se hace y se publica cada dos años. Ahí hay un elemento muy interesante para América Latina y es que estamos realmente muy atrasados. Esto es un puntaje sobre un total de cien. El promedio mun-dial es cuarenta y tres, que es relativamente bajo y el promedio latinoa-mericano es sumamente bajo. Brasil tiene un promedio medianamente alto, cosa que todavía no llego a entender muy bien, por que la transpa-rencia fiscal en Brasil me sorprende mucho. Yo no sé si creo mucho en esa estadística, pero los países de la Alianza del Pacífico, como Perú, Chile, Colombia, México, son los países, para mí, que, hoy en día, repre-sentan el paradigma del avance hacia el desarrollo en la región, puntúan entre cincuenta y sesenta, lo cual no está mal, pero podría ser bastante mejor. Y los demás están muy bajos, incluida nuestra querida Argentina, que está por los cincuenta puntos y todavía muy lejos. Bueno, ésta es una realidad que conviene mucho a quienes hoy, en Estados Unidos, valoran los valores de la libertad y la democracia y a quienes repudian a los gobiernos populistas autoritarios. Es decir, poner en evidencia que países como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador, como la propia Argentina, están muy retrasados con respecto a otros países, es una forma de ayudar, indirectamente, a poner en valor esas ideas y minar aquellas otras. Pasa lo mismo en el caso de la libertad de acceso a la información. Sólo la mitad de gobiernos de América Latina tiene leyes específicas para eso. ¿Quiénes no las tienen? Bueno, los sospechosos habituales, Venezuela, Bolivia, la querida Argentina. Este es otro elemen-to que puede ayudar a poner en evidencia esa antinomia interesante que se da en América Latina, entre un conjunto de países que avanza hacia la modernidad, la democracia, la economía abierta, la globalización y el conjunto de países que se están sub-desarrollando a sí mismos, en la medida que se alejan de esos valores. Este ranking permite darle a todo


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esto una forma más neutral, una forma más aséptica, una forma menos ideologizada de la que podía tener en el pasado la confrontación abierta-mente política con esos gobiernos, con los gobiernos populistas autori-tarios. Y pasa lo mismo, por ejemplo, en otra área de la que se ocupa la alianza, el partnership para el gobierno abierto, que es la publicación de los activos e ingresos de los funcionarios públicos. Hoy en día, sólo una tercera parte de los países que forman parte del ranking en el mundo están obligados a publicitar esta información. En América Latina, mu-chos lo están, pero lo están, los poderes ejecutivos, en realidad, ante sus congresos, no ante su ciudadanía. Imagínense, ustedes, lo que repre-senta, en un país como Venezuela, donde el Congreso es simplemente un apéndice del Poder Ejecutivo, que los funcionarios del Poder Ejecuti-vo tengan que revelarle a los congresistas, que son sus vasallos políti-cos, datos de sus ingresos y sus activos. No representa absolutamente nada. En cambio, hay algunos otros países en los que sí están obligados los funcionarios públicos a revelar la información a la ciudadanía, donde, sin embargo, todavía no se hace con el rigor ni la velocidad con los que se debería. Mi propio país de origen, el Perú, es uno de ellos, lamenta-blemente. Pero, en cualquier caso, esto es una especie de gran incenti-vo desde la globalización para cumplir las propias leyes que los ciudada-nos de esos países todavía no han sido capaces de obligar a sus gobiernos a cumplir. La idea es convertir esto en algo así como los rankings internacionales de corrupción, los rankings internaciona-les de competitividad, los rankings internacionales de libertad eco-nómica. Si uno tiene un elemento, un instrumento internacional de esa naturaleza, la capacidad para fortalecer a quienes hacen las co-sas bien y debilitar a quienes las hacen mal, es tanto mayor. Y repi-to, más aséptica y más neutral. Más desideologizada. El instrumento que aquí, quizás, podríamos llamar de la vergüenza. En cierta forma, es el uso de la vergüenza como instrumento de combate político, cosa que, para mí, es perfectamente válida y perfectamente razonable, porque, en última instancia, no se están enfocando en un sólo país. Se están enfocando en todos los países del mundo y el ranking es un ranking que nace de una valoración de datos objetivos, no de un prejuicio ideológico determinado. La idea básica de todo esto es que Estados Unidos ha encontrado una forma. Vamos a ver si esto da más de sí en el futuro. Todavía creo que todo esto es muy incipiente. Pero se


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ha encontrado una forma de reintroducir en la política exterior elementos de defensa de la cultura de la libertad que no pasen por los instrumentos o las armas del pasado y que le permitan a Estados Unidos actuar de una manera más multilateral y menos unilateral. Y que además involucren, en el esfuerzo, a una serie de referentes internacionales que antes no formaban parte, ni siquiera, de la política exterior, porque no eran consi-derados relevantes. Quiero terminar, simplemente, valorando una vez más este evento. Creo que es extraordinariamente importante que Argentina tenga en cuenta estos modelos. A lo largo del día de hoy, hemos oído casos verdaderamente notables. El de México, en particu-lar. El de Chile, desde luego, es un caso más o menos conocido. De países cercanos, de países vecinos, de países emparentados con Argen-tina, que lo que le están transmitiendo a la Argentina es el doble mensa-je, primero, de que es perfectamente posible, y, segundo, de que, para mí, esto es todavía más importante, hay muchos argentinos en la propia Argentina consientes de que esos modelos, esos paradigmas, están ahí para ser imitados y, eventualmente, el día de mañana, superados. La superación de la corrupción, la superación del gobierno opaco, la supera-ción del abuso de poder, la superación del verticalismo, del autoritaris-mo, la superación del populismo autoritario es un juego doble. Tiene que ver primero con la impugnación de esa herencia trasnochada, pero tiene que ver también con la propuesta de una alternativa. Yo creo que, en la medida que los argentinos que creen en el gobierno abierto sean capa-ces de seducir la imaginación de ciudadanos confundidos, que están a la espera de un modelo alternativo, será posible dar viabilidad, el día de mañana, a una Argentina abierta y transparente. Muchas gracias.

16- Álvaro Vargas Llosa es de nacionalidad peruana, escritor, conferencista y periodista.

Actualmente, es un reconocido académico asociado del Independent Institute en Esta-

dos Unidos y colaborador del Washington Post Writers Group, El Mundo de España y La

Tercera de Chile. Álvaro Vargas Llosa es autor de numerosos libros que han sido tradu-

cidos a innumerables idiomas, entre ellos inglés, francés, italiano, portugués y checo.

Este destacado escritor es, asimismo, conferencista de temas políticos y económicos

para América Latina, España y Estados Unidos, en organismos multilaterales, centros

académicos, universidades y demás foros políticos.

I Congreso de Transparencia y Gobierno Abierto

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