DEPARTAMENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS,DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

Centro de Investigación Legislativa

CEDIL

Unidad de Legislación Extranjera y Derecho Comparado

Dossier 79-2018Estudio de legislación extranjera sobre el derecho a la huelga en

servicios esenciales y regulación de la protesta social en Argentina, España y los Estados Unidos

Elaborado:Licda. Deisy Ospina Calderón

Abogada-Investigadora Unidad de Legislación Extranjera y

Derecho Comparado

Revisión final:M.Sc Isabel Zúñiga Quirós

Jefatura CEDIL

Autorizado:Licda. Edith Paniagua Hidalgo

Directora

6 de Diciembre, 2018

Este documento tiene como fin exclusivo contribuir con la labor legislativa por lo que su uso es estrictamente para este ámbito y debe ser conforme con la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos 8422.

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Tabla de Contenido

I. Objeto del estudio...............................................................................3II. Metodología........................................................................................3III. Introducción.....................................................................................4IV. El derecho a la huelga en servicios esenciales................................5

4.1. Disposiciones internacionales sobre el derecho a la huelga...........54.2. Legislación Extranjera sobre el derecho a la huelga.....................10

4.2.1. Argentina................................................................................104.2.2. España....................................................................................144.2.3. Estados Unidos........................................................................19

V. La protesta social................................................................................235.1. Documentación internacional sobre la protesta social.................235.2. Legislación extranjera sobre la protesta social.............................28

5.2.1. Argentina................................................................................295.2.2. España....................................................................................335.2.3. Estados Unidos........................................................................39

VI. Hallazgos........................................................................................41Referencias.............................................................................................45

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Dossier 79-20181

Estudio de legislación extranjera sobre el derecho a la huelga en servicios esenciales y regulación de la protesta social en

Argentina, España y los Estados Unidos

I. Objeto del estudio

Este dossier se realiza a petición de un órgano legislativo que requiere información acerca de legislación extranjera sobre la regulación del derecho a la huelga y su aplicación en servicios esenciales, así como un estudio acerca de las disposiciones sobre la protesta social.

II. Metodología

Para el abordaje de esta investigación se procedió a la búsqueda de normativa internacional en los sitios oficiales de internet, con el fin de brindar al usuario certeza jurídica.

El documento se compone del objeto de estudio, la metodología, la introducción, el desarrollo del tema sujeto a investigación y finaliza con los principales hallazgos que resumen la temática desarrollada.

1 Elaborado por la Licda. Deisy Ospina Calderón, Unidad de Legislación Extranjera y Derecho Comparado del Centro de Investigación Legislativa (CEDIL), revisado por la Máster Isabel Zúñiga Quirós, jefa de CEDIL y autorizado por Licda. Edith Paniagua Hidalgo, Directora, Departamento. 6 de diciembre de 2018.

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Por no contar el Centro de Investigación Legislativa, (CEDIL) con un traductor oficial, se aclara que en el apartado de Estados Unidos, las normas se consignan en el idioma oficial de esta Nación. Para el análisis y aproximación del tema se utilizó el traductor digital de Google.

III. Introducción

El presente trabajo reviste de una gran importancia ya que contiene un estudio amplio acerca del derecho a la huelga respecto a servicios esenciales y a la protesta social, y se centra en el análisis de la normativa de Argentina, España y Estados Unidos.

Para mejor comprensión del documento, este se compone de dos partes, en primer lugar se analizan las disposiciones relacionadas con el derecho a la huelga y en segundo lugar lo referente a la protesta social.

En el caso del derecho a la huelga, se realiza un recorrido por la normativa internacional, haciendo especial énfasis en aquellos instrumentos que contienen expresamente este derecho, también se profundiza en los documentos emitidos por la Organización Internacional del Trabajo. Se aclara que, por requerimiento del órgano solicitante, el enfoque principal de esta investigación es la aplicación del derecho a la huelga en servicios esenciales.

Posteriormente, se hace un análisis de la legislación constitucional, legal y reglamentaria de los países seleccionados y en el caso de España se presenta además un estudio de jurisprudencia del Tribunal Constitucional y se plantean algunos casos concretos de la acción gubernamental frente a la huelga.

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Respecto a la protesta social, se ponen en conocimiento dos importantes documentos uno realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos (ACNUDH), y otro realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) los cuales comprenden una perspectiva real del fenómeno de la protesta social en América Latina y los mecanismos de control implementados por los Gobiernos.

Posteriormente se presenta un estudio de legislación extranjera de los países seleccionados; en el caso de Argentina, se resalta la existencia de un proyecto de ley que pretende aumentar las penas de los delitos cometidos con ocasión de manifestaciones públicas; en España se realiza un estudio amplio de la regulación normativa, al igual que en Estados Unidos, donde además se realiza un cuadro guía de legislación aplicable en las ciudades que presentan mayor concentración de manifestantes.

Por último, se detallan los hallazgos de mayor relevancia en esta investigación, los cuales permitirán al solicitante tener una idea de la legislación aplicada respecto a los temas de estudio.

IV. El derecho a la huelga en servicios esenciales

4.1. Disposiciones internacionales sobre el derecho a la huelga

Existe un marco normativo internacional que reconoce el derecho a la huelga y su protección. En la siguiente tabla se visualiza el instrumento y el artículo que trae la mención del derecho a la huelga. Como se verá,

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las normas indican la existencia del derecho, dejando su regulación a la legislación de cada país.

Tabla 1. CEDILInstrumentos Internacionales derecho a la huelga

Documento ArtículoPacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (ACNUDH,2018)

Artículo 81. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar:[…]d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país. […]

Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (CIDH, 2018)

Artículo 27. Derecho de huelgaLos trabajadores tienen derecho a la huelga. La Ley regula este derecho en cuanto a sus condiciones y ejercicio.

Carta Social Europea (ACNUR, 2018)

Artículo 6. Derecho de negociación colectiva.Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de negociación colectiva, las partes contratantes se comprometen:[…]4. El derecho de los trabajadores y empleadores, en caso de conflicto de intereses, a emprender acciones colectivas, incluido el derecho de huelga, sin perjuicio de las obligaciones que puedan dimanar de los convenios colectivos en vigor.[…]

Protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CIDH, 2018)

Artículo 8. Derechos SindicalesLos Estados partes garantizarán:[…]b) el derecho a la huelga.[…]

Elaborado por Deisy Ospina C. Fuente en referencias

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Teniendo en cuenta que la aplicación del derecho a la huelga se deriva del derecho de sindicalización, se considera de importancia el conocimiento del Convenio C087-1948 que se refiere a la libertad sindical. Tal libertad se encuentra plasmada en el artículo 2 y la protección del derecho en el artículo 11. las normas indican:

Artículo 2Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. (OIT, 2018)

Artículo 11Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente Convenio se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación. (OIT, 2018)

Por su parte, el artículo 9 del Convenio, establece una posible restricción al derecho a la huelga, la cual dependerá de la legislación que promulgue cada país. La norma señala:

Artículo 91. La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas por el presente Convenio. […] (OIT, 2018)

Para identificar los países donde se encuentra ratificado el Convenio C 087- 1948, puede acceder al siguiente link:https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312232

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Los principios de la O.I.T. sobre el derecho a la huelga, publicados en la Revista de Derecho Internacional del Trabajo de la OIT, contienen una mención especial a las posibles exclusiones en el derecho a la huelga, tomando en consideración el tipo de empleado y de servicio que se presta, del citado documento se extraen algunas ideas las cuales se consideran de importancia:

«el reconocimiento del derecho sindical a los funcionarios públicos no tiene relación alguna con la cuestión del derecho de esos funcionarios a la huelga» (OIT, 1947, pág. 107), (Principios,OIT, 2018, pág. 17)

Hay que recordar asimismo que las disposiciones del Convenio (núm. 151) y la Recomendación (núm.159) sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, adoptados en 1978, aunque se refieren entre otras cuestiones a la solución de conflictos, no mencionan explícitamente el derecho de huelga de los empleados públicos […] (Principios, OIT, 2018, pág. 18)

Respecto a los servicios esenciales en sentido estricto, el documento señala los siguientes aspectos:

En 1986 la Comisión de expertos los definió de la siguiente manera: «los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población»

En 1996 El Comité de Libertad Sindical ha considerado como servicios esenciales donde la huelga puede ser restringida o prohibida los siguientes, aclarando que no es una lista exhaustiva:

El sector hospitalario, Los servicios de electricidad, Los servicios de abastecimiento de agua, Los servicios telefónicos y El control del tráfico aéreo

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Por otra parte el documento señala algunos servicios que no son considerados como esenciales, haciendo la aclaración que no se trata de una lista exhaustiva al indicar:

El Comité ha considerado, en cambio, que en general no constituyen servicios esenciales en el sentido estricto del término y por tanto no procede la exclusión del derecho de huelga en (ibíd., párrafo 545):

• la radio-televisión;• el sector del petróleo;• el sector de los puertos(carga y descarga);• los bancos;• los servicios de informática para la recaudación de aranceles e impuestos;• los grandes almacenes;• los parques de atracciones;• la metalurgia;• el sector minero;• los transportes, en general;• las empresas frigoríficas;• los servicios de hotelería;(Principios, OIT, 2018, pág. 21)

• la construcción;• la fabricación de automóviles;• la reparación de aeronaves;• las actividades agrícolas;• el abastecimiento y la distribución de productos alimentarios• la Casa de la Moneda;• la agencia gráfica del Estado;• los monopolios estatales del alcohol, de la sal y del tabaco;• el sector de la educación;•los transportes metropolitanos;• los servicios de correos.

El Capítulo V de la Guía de legislación del trabajo (Guía, OIT, 2018) publicado por la OIT, contiene disposiciones relacionadas al derecho a la huelga. Dicho documento hace un análisis de legislación extranjera, la cual se presenta en las siguientes tablas con las principales normas constitucionales y legales, así como algunas precisiones en cuanto a las exclusiones en caso de servicios esenciales:

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Tabla 2. CEDILEl derecho a la huelga en constituciones y legislaciones

País Normativa

Italia Art. 40 de la Constitución

Francia Preámbulo, párrafo 7, de la Constitución

Costa de Marfil

Art. 82.1 del Código de Trabajo

Níger Art. L 620 del Código de Trabajo

Letonia Art. 3 Ley sobre Huelgas

Elaborado por Deisy Ospina Calderón.Fuente: https://www.ilo.org/legacy/spanish/dialogue/ifpdial/llg/ch5/ex1.htm (Guía, OIT, 2018)

Tabla 3. CEDILPosibles exclusiones del derecho a la huelga

País NormativaEmpleados públicos

Hungría Art. 3.3 Ley sobre el derecho a la huelgaServicios esenciales y situaciones de emergencia

Malawi Art. 47 Ley de Relaciones LaboralesHungría Art. 3 Ley sobre el derecho a la huelgaAustralia Art. 2 y 3 Ley de Servicios EsencialesCosta de Marfil Art. 82.11 Código de TrabajoRep. Dominicana Art. 403 y 404 Código de TrabajoSeychelles Art. 52 Ley de Relaciones LaboralesSuazilandia Art. 73 Ley de Relaciones Laborales

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Zambia Art. 107 Ley de Empleo y Relaciones LaboralesSudáfrica Art. 70 a 73 Ley de Relaciones Laborales

Servicio MínimoSudáfrica Art. 72 Ley de Relaciones Laborales

Conflictos de derechosMalawi Art. 45 Ley de Relaciones LaboralesSuazilandia Art. 65 Ley de Relaciones LaboralesElaborado por Deisy Ospina Calderón. Fuentes: https://www.ilo.org/legacy/spanish/dialogue/ifpdial/llg/ch5/ex3.htm (Guía, OIT, 2018)https://www.ilo.org/legacy/spanish/dialogue/ifpdial/llg/ch5/ex4.htm (Guía, OIT, 2018)https://www.ilo.org/legacy/spanish/dialogue/ifpdial/llg/ch5/ex5.htm (Guía, OIT, 2018)https://www.ilo.org/legacy/spanish/dialogue/ifpdial/llg/ch5/ex6.htm (Guía, OIT, 2018)

4.2. Legislación Extranjera sobre el derecho a la huelga

4.2.1. Argentina

El artículo 14 bis de la Constitución de la Nación Argentina, contiene disposiciones referentes al derecho al trabajo; el párrafo segundo se refiere a las garantías del derecho laboral colectivo, señalando expresamente el derecho a la huelga. La norma textualmente indica:

Artículo 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. […] (ConstituciónArgentina, 2018)

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Resulta de importancia señalar que Argentina ratificó el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, C087-1948 el 18 de enero de 1960.

Argentina también cuenta con la Ley de asociaciones sindicales N° 23.551 de abril de 1998, que en el inciso d) del art 5 contiene el derecho de huelga como garantía de las asociaciones sindicales. La norma indica:

Artículo 5° — Las asociaciones sindicales tienen los siguientes derechos:[…]d) Formular su programa de acción, y realizar todas las actividades lícitas en defensa del interés de los trabajadores. En especial, ejercer el derecho a negociar colectivamente, el de participar, el de huelga y el de adoptar demás medidas legítimas de acción sindical. (Ley 23551, 2018)

El régimen laboral en Argentina, contiene el señalamiento de los servicios considerados como esenciales a efectos de la declaratoria de la huelga, al respecto el artículo 24 de la Ley 25.877 de marzo de 2004, establece la garantía de prestación mínima y señala taxativamente los siguientes servicios como esenciales: Los servicios sanitarios y hospitalarios; la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas; el control del tráfico aéreo y otros que se determinen la Comisión de Garantías según los casos concretos. La norma señala:

Artículo 24. — Cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción.Se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo.Una actividad no comprendida en el párrafo anterior podrá ser calificada excepcionalmente como servicio esencial, por una comisión independiente integrada según establezca la

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reglamentación, previa apertura del procedimiento de conciliación previsto en la legislación, en los siguientes supuestos:a) Cuando por la duración y extensión territorial de la interrupción de la actividad, la ejecución de la medida pudiere poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población.b) Cuando se tratare de un servicio público de importancia trascendental, conforme los criterios de los organismos de control de la Organización Internacional del Trabajo.El PODER EJECUTIVO NACIONAL con la intervención del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y previa consulta a las organizaciones de empleadores y de trabajadores, dictará la reglamentación del presente artículo dentro del plazo de Noventa (90) días, conforme los principios de la Organización Internacional del Trabajo. (Ley 25887, 2018)

Dado que el artículo 24 de la Ley 25877, establece la posibilidad que una Comisión determine la existencia de otros servicios considerados como esenciales y en cumplimiento del último párrafo de la norma transcrita, el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 272 de marzo de 2006, reglamentó la Ley 25877 de 2004, por lo que este Decreto se aplica a los conflictos colectivos que dieren lugar a la interrupción total o parcial de servicios esenciales o calificados como tales por parte de la comisión de garantías.

El artículo 2 del citado Decreto señala como una de las potestades de la comisión de garantías: a) Calificar excepcionalmente como servicio esencial a una actividad no enumerada en el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Nº 25.877 […] (Dec. 272, 2018)

Esta Comisión de garantías está compuesta por 5 miembros designadas por el Poder Ejecutivo por ternas que envíen las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas; deberán ser personas de reconocida solvencia técnica, profesional o académica en derecho laboral o constitucional y destacada trayectoria; realizan su labor de manera ad honorem e independiente. El Ministerio de Trabajo,

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Empleo y Seguridad Social es el encargado de reglamentar el funcionamiento de la Comisión.

Para la prestación de servicios mínimos el artículo 7 del Decreto 272 de 2006 refiere a la Ley N° 14786 de 1959, (Ley 14.786, 2018) que regula los procedimientos en caso de conflictos laborales, señalando que una vez cumplido con los requisitos de la conciliación y del preaviso, cuando se trate de medidas de acción directa que involucren servicios esenciales se debe comunicar a la autoridad competente, con 5 días de anticipación, con el fin de acordar la forma de prestación de los servicios y el personal asignado para su cumplimiento.

Los artículos 9, 10 y 11 del Decreto 272 de 2006 establecen las consecuencias en caso de incumplimiento de las disposiciones sobre la huelga en servicios esenciales y la prestación mínima. Las normas señalan:

Artículo 9º — En el supuesto de que la medida adoptada por el empleador consistiera en el cierre del establecimiento, en la suspensión o rescisión de uno o más contratos de trabajo, o en cambios en las condiciones de trabajo, el incumplimiento de la intimación prevista en el artículo anterior dará a los trabajadores, en su caso, el derecho a percibir la remuneración que les habría correspondido si la medida no se hubiere adoptado. Ello sin perjuicio de hacer pasible al empleador de una multa de mil a diez mil pesos por cada trabajador afectado.La huelga o la disminución voluntaria y premeditada de la producción por debajo de los límites normales, traerá aparejado para los trabajadores la pérdida del derecho a percibir las remuneraciones correspondientes al período de cesación o reducción del trabajo si no cesaren después de la intimación de la autoridad de aplicación.Artículo 10. — La autoridad de aplicación estará facultada para disponer, al tomar conocimiento del diferendo, que el estado de cosas se retrotraiga al existente con anterioridad al acto o hecho que hubiere determinado el conflicto. Esta disposición tendrá vigencia durante el término a que se refiere el artículo 11 de la presente ley.

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Artículo 11. — Desde que la autoridad competente tome conocimiento del diferendo hasta que ponga fin a la gestión conciliatoria no podrá mediar un plazo mayor de quince días. Este término podrá prorrogarse por cinco días más cuando, en atención a la actitud de las partes, el conciliador prevea la posibilidad de lograr un acuerdo.Vencidos los plazos referidos sin que hubiera sido aceptada una fórmula de conciliación ni suscrito un compromiso arbitral podrán las partes recurrir a las medidas de acción directa que estimaren convenientes. (Dec. 272, 2018)

4.2.2. España

El artículo 28 de la Constitución española, el inciso 1) establece el derecho de sindicalización, señalando la posibilidad que por medio de una ley se limite este derecho a las fuerzas armadas o militares y se regule su ejercicio por parte de funcionarios públicos. En el inciso 2) consagra el derecho a la huelga, señalando explícitamente la regulación legal en caso de servicios esenciales. La norma señala:

Artículo 28. 1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.(Constitución española, 2018)

Resulta de importancia señalar que España ratificó el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, C087-1948 el 20 de abril de 1977.

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El Real Decreto - Ley 17 de 4 de marzo de 1977, sobre relaciones de trabajo reconoce los alcances en el ejercicio y el procedimiento para la aplicación del derecho a la huelga. El artículo 4 se refiere al requisito de preaviso de 10 días, cuando la huelga afecte a empresas que prestan servicios públicos. La norma señala:

Artículo cuatro.  Cuando la huelga afecte a empresas encargadas de cualquier clase de servicios públicos, el preaviso del comienzo de huelga al empresario y a la autoridad laboral habrá de ser, al menos, de diez días naturales. Los representantes de los trabajadores deberán dar a la huelga, antes de su iniciación, la publicidad necesaria para que sea conocida por los usuarios del servicio. (RDL 17 DE 1977, 2018)

Como se puede ver la disposición transcrita se aplica en forma general a los servicios públicos pero no hace ninguna mención especial a los servicios esenciales. Sin embargo el artículo 10 señala las acciones del Gobierno en el caso que la huelga afecte servicios públicos de reconocida e inaplazable necesidad. La norma indica:

Artículo diez.  El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta la duración o las consecuencias de la huelga, las posiciones de las partes y el perjuicio grave de la economía nacional, podrá acordar la reanudación de la actividad laboral en el plazo que determine, por un período máximo de dos meses o, de modo definitivo, mediante el establecimiento de un arbitraje obligatorio. El incumplimiento de este acuerdo podrá dar lugar a la aplicación de lo dispuesto en los artículos 15 y 16. Cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la Autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. El Gobierno, asimismo, podrá adoptar a tales fines las medidas de intervención adecuadas. (RDL 17 DE 1977, 2018)

Dado que la ley no indica con claridad la definición de servicios esenciales, recurrimos a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, para precisar el concepto y su aplicación en ese país.

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Mediante Sentencia del 8 de abril de 1981 del Tribunal Constitucional español, por recurso de inconstitucionalidad presentado contra el Real Decreto-ley 17/1977, en el considerando 18 se refiere a los servicios esenciales señalando que es prioritaria la prestación de los servicios vitales con respecto al derecho a la huelga. La sentencia indica:

18. El artículo 28 de la Constitución es muy claro en el sentido de que la Ley ha de establecer las garantías precisas para asegurar en caso de huelga el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Esta idea se reitera en el artículo 37, cuando dicho precepto alude al derecho de adoptar medidas de conflicto colectivo. Se habla allí de garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad con una fórmula que es literalmente idéntica a la del artículo 28.2. Uno y otro precepto significan que el derecho de los trabajadores de defender sus intereses mediante la utilización de un instrumento de presión en el proceso de producción de bienes o servicios cede cuando con ello se ocasiona o se puede ocasionar un mal más grave que el que los huelguistas experimentarían si su reivindicación o pretensión no tuviera éxito. Es claro que ocurre así cuando se impide o se obstaculiza gravemente el funcionamiento de lo que la Constitución llama «servicios esenciales de la comunidad». En la medida en que la destinataria y acreedora de tales servicios es la comunidad entera y los servicios son al mismo tiempo esenciales para ella, la huelga no puede imponer el sacrificio de los intereses de los destinatarios de los servicios esenciales. El derecho de la comunidad a estas prestaciones vitales es prioritario respecto del derecho a la huelga. El límite de este último derecho tiene plena justificación, y por el hecho de establecerse tal límite no se viola el contenido esencial del derecho […]. (Sentencia 8 abril de 1981, 2018)

Llama la atención que la referida sentencia, no delimita el concepto de servicio esencial, sino que considera que se debe analizar cada caso concreto a la luz del artículo 28 constitucional, el considerando 18 continúa indicando:

No parece necesario definir ahora de forma detallada qué haya de entenderse por servicios esenciales. En una primera aproximación, como la que en esta sentencia se hace, al artículo 28 de la Constitución, la interpretación de esta fórmula tendría

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que ser necesariamente inconcreta. Es por ello, más adecuado que el Tribunal vaya haciendo los correspondientes pronunciamientos respecto de cada uno de los supuestos especiales que se pueden plantear en el futuro a través de los correspondientes recursos de amparo. (Sentencia 8 abril de 1981,2018)

Otro aspecto analizado por la sentencia en mención, se refiere al funcionamiento de servicios esenciales durante una huelga. Recordemos que el cuestionado artículo 10 del RDL 17 de 1977, señala la potestad de la Autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios públicos o de inaplazable necesidad que estén en riesgo durante una huelga, sobre este particular el Tribunal Constitucional considera que no es discutible su constitucionalidad argumentando lo siguiente:

[…] De aquí puede extraerse la conclusión de que la decisión sobre la adopción de las garantías de funcionamiento de los servicios no puede ponerse en manos de ninguna de las partes implicadas, sino que debe ser sometida a un tercero imparcial. De este modo, atribuir a la autoridad gubernativa la potestad para establecer las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios mínimos no es inconstitucional en la medida en que ello entra de lleno dentro de las previsiones del artículo 28.2 de la Constitución, y, además, es la manera más lógica de cumplir con el precepto constitucional, La autoridad gubernativa se encuentra –ello es obvio– limitada en el ejercicio de esta potestad. Son varios los límites con los que se topa. Ante todo, la imposibilidad de que las garantías en cuestión vacíen de contenido el derecho de huelga o rebasen la idea de contenido esencial, y, después, en el orden formal, la posibilidad de entablar contra las decisiones la acción de tutela jurisdiccional de derechos y libertades públicas y el recurso de amparo ante este Tribunal.No es, por último, discutible la constitucionalidad de la atribución de la potestad de concreción de las medidas a la autoridad gubernativa, si se tiene en cuenta que el sujeto de la atribución no es genéricamente la Administración Pública, sino aquellos órganos del Estado que ejercen, directamente o por delegación, las potestades de gobierno. (Sentencia 8 abril de 1981, 2018)

Mediante la sentencia STC 26 / 1981 , de 17 de julio de 1981 de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, al resolver acerca de una huelga en

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el servicio ferroviario, en el considerando 10 define en forma general servicios esenciales, de la siguiente manera:

10. […] Dados los términos en que en el momento actual el debate se encuentra establecido, existen por lo menos dos conceptos, a los que se ha llamado, aunque tal vez no muy exactamente, amplio y estricto. De acuerdo con una primera idea, «servicios esenciales» son aquellas actividades industriales o mercantiles de las que derivan prestaciones vitales o necesarias para la vida de la comunidad. De esta manera, en la definición de los servicios esenciales entrarían el carácter necesario de las prestaciones y su conexión con atenciones vitales. De acuerdo con una segunda concepción, un servicio no es esencial tanto por la naturaleza de la actividad que se despliega como por el resultado que con dicha actividad se pretende. Más concretamente, por la naturaleza de los intereses a cuya satisfacción la prestación se endereza. Para que el servicio sea esencial deben ser esenciales los bienes e intereses satisfechos. Como bienes e intereses esenciales hay que considerar los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionales protegidos. A nuestro juicio, esta línea interpretativa, que pone el acento en los bienes y en los intereses de la persona -y no la primera que se mantiene en la superficie de la necesidad de las organizaciones dedicadas a llevar a cabo las actividades- es la que debe ser tenida en cuenta, por ser la que mejor concuerda con los principios que inspira la Constitución.(STC 26/1981, 2018)

Teniendo claro que en España la definición de servicio esencial no está determinada legalmente, a continuación se presentan algunas decisiones tomadas por el Gobierno nacional o local, según el caso, respecto al sector educación y la garantía prestación del servicio mínimo.

A nivel nacional se detallan las siguientes:

a) El Ministerio de Empleo Público de España, mediante la Orden ESS/219/2018 del 1 de marzo de 2018, garantizan los servicios esenciales que se tienen durante la huelga general convocada para el día 8 de marzo de 2018, dentro de sus considerandos señalan:

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[…] Visto que hace falta tener en cuenta que al tratarse de una huelga general, que es una situación diferente y más compleja, en la cual se produce una interacción de todos los sectores, a diferencia de las huelgas únicamente sectoriales, la fijación de los servicios a establecer tiene que tener en cuenta que el equilibrio de todos los derechos en juego no puede ser lo mismo que el que se tiene que garantizar en las huelgas sectoriales, lo cual justifica una aminoración ponderada en la fijación de determinados servicios mínimos respecto de los que se fijan en una huelga sectorial, en la cual el resto de servicios funcionan normalmente […] (BOE ESS/2019/2018, 2018)

Por lo anterior, se recomienda la lectura integral de la orden señalada para tener una idea general de la forma como se aborda en España una situación de huelga que afecta varios sectores de la economía nacional.

A nivel de comunidades autónomas se detallan las siguientes:

b) La Comunidad de Madrid, el 3 de marzo de 2017 dispuso la Orden 649/2017 (BOCM 649/2017, 2018) mediante la cual se indica la prestación de servicios mínimos que garanticen el funcionamiento de los servicios esenciales de educación, para la jornada del día 9 de marzo de 2017, y durante el período de tiempo al que se extiende la huelga convocada.

c) La Comunidad de Madrid, el 19 de abril de 2018 dispuso la Orden 1467/2018 (BOCM 1467/2018, 2018) estableciendo las medidas para garantizar los servicios mínimos de educación con ocasión de la huelga convocada para los días 24, 25, 26 y 27 de abril, y 7 y 8 de mayo, de 2018, así como el personal responsable de la prestación de dichos servicios.

d) La Junta de Andalucía, mediante Resolución del 30 de mayo de 2018, (BOJA, Res. 30 de mayo, 2018) establece los servicios mínimos que

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garanticen el funcionamiento del servicio público que presta el personal docente e investigador laboral para la celebración de los exámenes programados en la Universidad de Málaga y Granada.

4.2.3. Estados Unidos

La Constitution of the United States of America, garantiza los derechos de reunión, de asociación y de expresión, consideradas la base constitucional del derecho de sindicalización y de huelga, estos derechos se encuentran consagrados en la primera enmienda. La norma en su idioma original señala:

ARTICLE [I.] 13 Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; of the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances. (Constitución USA, 2018)

Resulta de importancia señalar que Estados Unidos no ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, C087-1948 el 18 de enero de 1960.

En el sector privado se aplica la National Labor Relations Act, (NLRA), con la ayuda del traductor de google se logró determinar que están excluidos de la aplicación de esta ley los trabajadores del sector agrícola, ferroviario y del servicio doméstico y sobre este particular se refiere el artículo 2, el cual en su idioma original señala:

Sec. 2. [§152.] When used in this Act [subchapter]--[…] (3) The term "employee" shall include any employee, and shall not be limited to the employees of a particular employer, unless the Act [this subchapter] explicitly states otherwise, and shall include any individual whose work has ceased as a consequence

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of, or in connection with, any current labor dispute or because of any unfair labor practice, and who has not obtained any other regular and substantially equivalent employment, but shall not include any individual employed as an agricultural laborer, or in the domestic service of any family or person at his home, or any individual employed by his parent or spouse, or any individual having the status of an independent contractor, or any individual employed as a supervisor, or any individual employed by an employer subject to the Railway Labor Act [45 U.S.C. § 151 et seq.], as amended from time to time, or by any other person who is not an employer as herein defined. […] (NLRA, 2018)

La NLRA crea la National Labor Relations Board (Junta Nacional de Relaciones Laborales), constituido como órgano administrativo encargado de salvaguardar los derechos de los empleados y prevenir las prácticas laborales injustas cometidas por empleadores y sindicatos del sector privado. Su funcionamiento, composición e integración se encuentran regulados en el artículo 3. Por su parte, los artículos 7 y 13 contienen disposiciones referentes a la protección del derecho a la huelga, las normas en su idioma original señalan:

Sec. 7. [§ 157.] Employees shall have the right to self-organization, to form, join, or assist labor organizations, to bargain collectively through representatives of their own choosing, and to engage in other concerted activities for the purpose of collective bargaining or other mutual aid or protection, and shall also have the right to refrain from any or all of such activities except to the extent that such right may be affected by an agreement requiring membership in a labor organization as a condition of employment as authorized in section 8(a)(3) [section 158(a)(3) of this title]. (NLRA, 2018)

Sec. 13. [§ 163. Right to strike preserved] Nothing in this Act [subchapter], except as specifically provided for herein, shall be construed so as either to interfere with or impede or diminish in any way the right to strike or to affect the limitations or qualifications on that right. (NLRA, 2018)

En Estados Unidos. existen otras leyes para sectores específicos como lo es el ferroviario, con la ayuda del traductor de google se pudo determinar que Railway Labor Act, (RLA, 2018) es una norma que

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pretende evitar que los conflictos que surjan en la relación laboral dentro del sector ferroviario, afecten el normal funcionamiento del comercio; también esta norma garantiza el derecho de los trabajadores a organizarse, recalcando que en caso de controversia las partes deben buscar primeramente una solución amigable de soluciones.

Esta ley establece la existencia de una Junta Nacional encargada de interpretar los acuerdos y resolver las disputas laborales que surjan en el sector, también contempla la figura del arbitraje en caso que no se logre un acuerdo por medio de la mediación de la Junta.

Respecto a los empleados del sector público, se encuentran las siguientes disposiciones de las cuales, se puede deducir que el derecho a la huelga se encuentra restringido para este tipo de funcionarios.

El artículo 1918 del título 18 del Código de los Estados Unidos, contiene el tipo penal de deslealtad contra el Gobierno y con la ayuda del traductor de Google se pudo determinar, que dentro de las conductas tipificadas está la participación en huelgas o pertenecer a una organización que las promueva. La norma en su idioma original señala:

§1918. Disloyalty and asserting the right to strike against the GovernmentWhoever violates the provision of section 7311 of title 5 that an individual may not accept or hold a position in the Government of the United States or the government of the District of Columbia if he-(1) advocates the overthrow of our constitutional form of government;(2) is a member of an organization that he knows advocates the overthrow of our constitutional form of government;(3) participates in a strike, or asserts the right to strike, against the Government of the United States or the government of the District of Columbia; or(4) is a member of an organization of employees of the Government of the United States or of individuals employed by the government of the District of Columbia that he knows asserts

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the right to strike against the Government of the United States or the government of the District of Columbia; shall be fined under this title or imprisoned not more than one year and a day, or both. (Title 18, 2018)

En similar sentido, el artículo 7311 del título 5 del Código de los Estados Unidos, relativo a la organización gubernamental y sus empleados, contiene las mismas causales del artículo 1918 antes transcrito, como restricción para la aceptación de cargos en el Gobierno de los Estados Unidos. La norma en el idioma original señala:

§7311. Loyalty and strikingAn individual may not accept or hold a position in the Government of the United States or the government of the District of Columbia if he—(1) advocates the overthrow of our constitutional form of government;(2) is a member of an organization that he knows advocates the overthrow of our constitutional form of government;(3) participates in a strike, or asserts the right to strike, against the Government of the United States or the government of the District of Columbia; or(4) is a member of an organization of employees of the Government of the United States or of individuals employed by the government of the District of Columbia that he knows asserts the right to strike against the Government of the United States or the government of the District of Columbia. (Title 5, 2018)

Tomando en consideración que la mayoría de servicios públicos en Estados Unidos se prestan de manera privada, a continuación se mencionan algunos que son considerados como esenciales, de acuerdo a un estudio realizado en diferentes páginas web oficiales de esa nación, se encontraron los siguientes:

Servicio Aéreo: Para mayor información véase el siguiente link:https://www.transportation.gov/policy/aviation-policy/small-community-rural-air-service/essential-air-service.Salud pública: Para mayor información véase el siguiente link:

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https://www.cdc.gov/stltpublichealth/publichealthservices/essentialhealthservices.htmlServicio de transporte: El artículo 50103 del título 46 del Código de los Estados Unidos, (46 USC 50103, 2018) señala el mecanismo para determinar cuando el servicio de transportes puede ser declarado esencial.

Finalmente, la National Labor Relations Board, (Junta Nacional de Relaciones Laborales NLRB), publicó el documento denominado: Basic Guide to the National Labor Relations Act, mediante el cual se establecen los principios generales de procedimiento de la NLRB. Con la ayuda del traductor de Google se pudo determinar que en la primera parte del documento se hace mención que la legalidad e ilegalidad de las huelgas dependerá de tres aspectos:1) Objeto de la huelga2) Momento de la huelga3) Conducta de los huelguistas

Al respecto, el documento en su idioma original señala:

Lawful and unlawful strikes. The lawfulness of a strike may depend on the object, or purpose, of the strike, on its timing, or on the conduct of the strikers. The object, or objects, of a strike and whether the objects are lawful are matters that are not always easy to determine. Such issues often have to be decided by the National Labor Relations Board. The consequences can be severe to striking employees and struck employers, involving as they do questions of reinstatement and backpay. (Guia NLRA,2018)

V. La protesta social

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5.1. Documentación internacional sobre la protesta social

La Organización de las Naciones Unidas ha apoyado la realización de estudios referentes a las manifestaciones como reacción a las decisiones políticas, económicas y sociales. En este sentido la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH), publicaron en el año 2014 el documento denominado La Protesta Social y Derechos Humanos, el Capítulo II contiene la regulación internacional del derecho a la protesta, el cual es definido de la siguiente manera:

El derecho a la protesta social es una conjugación que se desprende del derecho a la libertad de expresión y del derecho a reunión, ambos reconocidos en una serie de tratados internacionales de derechos humanos, tanto del sistema universal como interamericano de protección de los derechos humanos […] (ACNUDH, Protesta Social, 2018)

Resulta de interés hacer un recorrido por la normativa internacional sobre la libertad de expresión y de reunión como garantías para el ejercicio de la protesta social. En las siguientes tablas se visualizan las disposiciones sobre el tema:

Tabla 4. CEDILInstrumentos Internacionales sobre el derecho a la libertad de

reunión pacífica

Normativa ArtículoDeclaración Universal de Derechos Humanos (1948)

Artículo 20Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948)

Artículo XXI. Derecho de ReuniónToda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación

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públicao en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)

Artículo 21Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965)

Artículo 5(…)d) Otros derechos civiles, en particular:(…)ix) El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas;

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Continuación Tabla 4. CEDILInstrumentos Internacionales sobre el derecho a la libertad de

reunión pacífica

ArtículoConvención Americana sobre Derechos Humanos (1969)

Artículo 15. Derecho de ReuniónSe reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.

Convención sobre los Derechos del Niño (1989)

Artículo 151. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas.

Elaborado por Deisy Ospina CalderónFuente: http://acnudh.org/wp-content/uploads/2015/04/PROTESTA-SOCIAL.pdf (ACNUDH, Protesta Social, 2018)

Tabla 5. CEDILInstrumentos Internacionales sobre el derecho a

la libertad de opinión y de expresión

Normativa ArtículoDeclaración Universal de Derechos Humanos (1948)

Artículo 19Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948)

Artículo IV.Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión. Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)

Artículo 19Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión;[…]El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de

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este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Continuación Tabla 5. CEDILInstrumentos Internacionales sobre el derecho a

la libertad de opinión y de expresión

Normativa Artículo Convención sobre los Derechos del Niño (1989)

Artículo 121. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.

Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990)

Artículo 131. El derecho de opinión de los trabajadores migratorios y sus familiares no será objeto de injerencia alguna.

Carta Democrática Interamericana (2011)

Artículo 4Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.

Elaborado por Deisy Ospina CalderónFuente: http://acnudh.org/wp-content/uploads/2015/04/PROTESTA-SOCIAL.pdf(ACNUDH, Protesta Social, 2018)

El Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realizó el estudio denominado, la Protesta Social en América Latina, (PNUD , 2018) mediante el cual se analiza la base democrática de las manifestaciones ciudadanas y las reacciones frente a las decisiones y posturas de poder, las cuales en algunos casos conllevan a conflictos de orden institucional,

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económico y social; realiza un amplio análisis a la cultura de la negación del otro, la desigualdad social y sus repercusiones en las políticas económicas, lo que va generando ciclos de violencia estructural.

Por otra parte, se estudia la teoría del conflicto y sus manifestaciones en la política del país, destacando que la protesta se analiza solo desde una perspectiva superficial (bloqueos, huelgas, manifestaciones) sin que exista un detallado énfasis en las causas que la generan. Desde esta perspectiva la relación entre la conflictividad y la gobernabilidad, debe ser entendida desde los efectos que cause en la estabilidad de las instituciones. El estudio también contiene consejos prácticos sobre la redefinición del espacio público, la comunicación y los desafíos de la política. Se resalta la existencia de una multicrisis global, los efectos del extremismo, la crisis financiera, geopolítica y ecológica.

En el caso de América Latina, se realiza un recorrido histórico del conflicto destacando la existencia de un orden autoritario unido a democracias frágiles e inestables, se detallan los efectos del populismo, la violación de derechos humanos, la intervención de la prensa y los medios de comunicación, así como las tendencias generales de la conflictividad social y la protesta como mecanismo de presión, señalando los distintos niveles de radicalización; sobre el particular se muestra la siguiente gráfica.

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Imagen 1. Nivel de conflicto

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Tomado de: (PNUD , 2018)

5.2. Legislación extranjera sobre la protesta social

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5.2.1. Argentina

El Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, publicó un estudio denominado: Los estados latinoamericanos frente a la protesta social, donde analiza el comportamiento de este fenómeno en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela, enfocándose en aspectos como las restricciones legales y administrativas, la represión y el uso de la fuerza, la criminalización de la protesta y la impunidad de la violencia policial.

En el caso de Argentina menciona el interés de algunos legisladores por regular las manifestaciones. Respecto a la conflictividad creciente en este país señala:

La materialización más avanzada de este modelo fue la Resolución 210/11 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que incluye principios para la producción de protocolos de actuación policial, entre ellos la prohibición de que los efectivos policiales que intervienen en operativos por protestas porten armas de fuego con munición letal. (CELS, Protesta Social, 2018)

En cuanto al aspecto normativo señala la existencia de un Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas, el cual es considerado ambiguo y señala que aún no se ha oficializado; sobre su contenido indica que no se prohíbe la portación de armas por parte de los policías, no regula el uso de balas de goma, otorga faculta de detención sin orden judicial y restringe la libertad de los periodistas.

En la página web de la Revista de Pensamiento Penal, se publicó el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas, (Protocolo FFSS, 2018) el cual señala dos tipos de manifestaciones:

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Gráfica 1. CEDILTipos de manifestaciones

Programadas Espontáneas

Existe coordinación con las autoridades provinciales sobre las características, para establecer su recorrido, tiempo de duración y realización, dando aviso a la justicia

Sin coordinación

Elaborado por Deisy Ospina. Fuente en referencias

Esta normativa es de aplicación para las fuerzas de seguridad federal y provincial, cada una dentro del ámbito de sus competencias, señalando en el capítulo II las reglas que deben seguir en caso de manifestación pública, entre las que se destacan:

Comunicación inmediata al Ministerio de Seguridad o al Gobierno Provincial.

Espacio de negociación para que cese la manifestación. Orden de no obstrucción de vías y ubicación en una zona

determinada para realizar la manifestación. En caso de desobediencia se procede a disolver la manifestación y

poner en conocimientos los hechos ante la autoridad judicial competente.

Después de liberadas las vías de circulación se procede a una instancia de negociación y se canalizan los reclamos en el área que corresponda.

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El uso de la fuerza debe ser limitado y respetar los principios de legalidad, oportunidad, gradualidad y último recurso frente a una resistencia o amenaza.

El Capítulo III se refiere a la participación de los medios de comunicación, a quienes se les designa una zona determinada que garantice la integridad personal y que no interfieran con los procedimientos de la autoridad.

Actualmente el Congreso de Argentina está tramitando el proyecto de ley 1495-D-2017 (PL 1495, 2018) mediante el cual se plantean modificaciones a los tipos penales de intimidación, amenazas, obstrucción del transporte público en el marco de una manifestación pública, las cuales han sido considerada por diversos grupos como una forma de criminalizar la protesta social. Para visualizar las modificaciones propuestas, se presenta el siguiente cuadro comparativo a la luz del Código Penal (Código Penal, 2018) vigente.

Tabla 6. CEDILComparativo Proyecto de Ley -Argentina

CÓDIGO PENAL PROYECTO DE LEY

Artículo 104. - Será reprimido con uno a tres años de prisión, el que disparare un arma de fuego contra una persona sin herirla.Esta pena se aplicará aunque se causare herida a que corresponda pena menor, siempre que el hecho no importe un delito más grave.

Será reprimida con prisión de quince días

Artículo 104. - Será reprimido con uno a tres años de prisión, el que disparare un arma de fuego contra una persona sin herirla.Esta pena se aplicará aunque se causare herida a que corresponda pena menor, siempre que el hecho no importe un delito más grave.Igual pena se aplicará a quien en una manifestación pública utilice en contra de una persona elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces de dañar la integridad de personas o bienes, o con la cara cubierta de modo de impedir su identificación.Será reprimida con prisión de quince días

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a seis meses, la agresión con toda arma, aunque no se causare herida.

a seis meses, la agresión con toda arma, aunque no se causare herida.

Artículo 149 bis. - Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas.

Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad.

Artículo 149 bis. - Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión si se emplearen armas, o si las amenazas fueren anónimas.La misma pena corresponderá a quien en una manifestación pública porte elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces de dañar la integridad de personas o bienes, o actúe a cara cubierta de modo de impedir su identificación.Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad.

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Continuación Tabla 6. CEDILComparativo Proyecto de Ley -Argentina

CÓDIGO PENAL PROYECTO DE LEY

Artículo 149 ter. - En el caso del último apartado del artículo anterior, la pena será:1) De tres a seis años de prisión o reclusión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas;

2) De cinco a diez años de prisión o reclusión en los siguientes casos:a) Si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos;b) Si las amenazas tuvieren como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del país, de una provincia o de los lugares de su residencia habitual o de trabajo.

Artículo 149 ter. - En el caso del último apartado del artículo anterior, la pena será:1) De tres a seis años de prisión o reclusión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas. Igual pena corresponderá a quien en una manifestación pública porte elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces de dañar la integridad de personas o bienes, o actúe a cara cubierta de modo de impedir su identificación.2) De cinco a diez años de prisión o reclusión en los siguientes casos:a) Si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos;b) Si las amenazas tuvieren como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del país, de una provincia o de los lugares de su residencia habitual o de trabajo.

Artículo 184. - La pena será de tres (3) meses a cuatro (4) años de prisión, si mediare cualquiera de las circunstancias siguientes:1. Ejecutar el hecho con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones;2. Producir infección o contagio en aves u otros animales domésticos;3. Emplear substancias venenosas o corrosivas;4. Cometer el delito en despoblado y en banda;5. Ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos o en puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público; o en tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o lugares públicos; o en datos, documentos, programas o sistemas informáticos públicos;6. Ejecutarlo en sistemas informáticos destinados a la prestación de servicios de

Artículo 184. - La pena será de tres (3) meses a cuatro (4) años de prisión, si mediare cualquiera de las circunstancias siguientes:1. Ejecutar el hecho con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones;2. Producir infección o contagio en aves u otros animales domésticos;3. Emplear substancias venenosas o corrosivas;4. Cometer el delito en despoblado y en banda;5. Ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos o en puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público; o en tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o lugares públicos; o en datos, documentos, programas o sistemas informáticos públicos;6. Ejecutarlo en sistemas informáticos destinados a la prestación de servicios de salud, de comunicaciones, de provisión o transporte de energía, de medios de

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salud, de comunicaciones, de provisión o transporte de energía, de medios de transporte u otro servicio público.

transporte u otro servicio público.7. Fueran cometidos en ocasión de una manifestación pública mediante el uso o exhibición de elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces de dañar la integridad de personas o bienes, o con la cara cubierta de modo de impedir la identificación del agresor.

Continuación Tabla 6. CEDILComparativo Proyecto de Ley -Argentina

CÓDIGO PENAL PROYECTO DE LEY

Artículo 194. - El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años.

Artículo 194. - El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años.La pena será de dos a seis años si dichos actos fueran cometidos en ocasión de una manifestación pública con el uso o exhibición de elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces de dañar la integridad de personas o bienes, o con la cara cubierta de modo de impedir su identificación.

Elaborado por Deisy Ospina. Fuente en referencias

Para darle seguimiento al trámite legislativo del proyecto de ley, puede seguir el siguiente link https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/resultados-buscador.html

5.2.2. España

La Constitución española en el artículo 21 reconoce el derecho de reunión con dos enfoques distintos, sean abiertos o cerrados, contando con su propia regulación dependiendo del lugar donde se realizan, la norma señala:

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Artículo 21. 1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. (Constitución española, 2018)

Mediante la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio y sus reformas, se regula el derecho de reunión, entendida en el artículo 1 como: […] reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada […] (BOE 9/1983, 2018). Dentro de las particularidades que se encuentran en esta ley tenemos:

No está sometida al régimen de previa autorización Las reuniones y manifestaciones gozan de protección Promovidas y convocadas por personas que se hallen en el pleno

ejercicio de sus derechos civiles Los participantes deben responder por los daños que causen a

terceros.

Por su parte, el artículo 5 establece las siguientes causales que permiten a la autoridad suspender o disolver reuniones o manifestaciones

Artículo quinto. La autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, procederá a disolver las reuniones y manifestaciones en los siguientes supuestos: a) Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las Leyes penales. b) Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes.c) Cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes.d) Cuando fueran organizadas por miembros de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil infringiendo las limitaciones impuestas en el artículo 13 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas o en el artículo 8 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.

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Tales resoluciones se comunicarán previamente a los concurrentes en la forma legalmente prevista. (BOE 9/1983,2018)

Las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, cuentan con una regulación especial, consagrada en el Capítulo IV, del que se resaltan los siguientes aspectos:

Comunicar por escrito a la autoridad gubernativa, con una antelación de 10 días naturales, como mínimo y 30 como máximo.

En caso de urgencia justificada, la comunicación se podrá hacer con 24 horas de antelación.

El escrito debe indicar, fecha, hora lugar, identificación de los organizadores, objeto, itinerario, medidas de seguridad.

Se debe notificar al ayuntamiento afectado, para que rinda criterio.

La autoridad gubernativa mediante resolución motivada, puede prohibir la manifestación si considera que afecta el orden público, la decisión está sujeta a impugnación ante lo contencioso administrativo.

La l ey Orgánica 4/2015, de 30 de marzo , de protección de la seguridad ciudadana, establece disposiciones mediante las cuales se regula al derecho de reunión y manifestación y se sancionan los hechos cometidos durante su ejercicio. El Capítulo III se refiere a las actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana y la sección 2 indica su aplicación en reuniones y manifestaciones. Sobre el particular el artículo 23 señala:

Artículo 23. Reuniones y manifestaciones.1. Las autoridades a las que se refiere esta Ley adoptarán las medidas necesarias para proteger la celebración de reuniones y

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manifestaciones, impidiendo que se perturbe la seguridad ciudadana.Asimismo podrán acordar la disolución de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones en los supuestos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión.También podrán disolver las concentraciones de vehículos en las vías públicas y retirar aquéllos o cualesquiera otra clase de obstáculos cuando impidieran, pusieran en peligro o dificultaran la circulación por dichas vías.2. Las medidas de intervención para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones serán graduales y proporcionadas a las circunstancias. La disolución de reuniones y manifestaciones constituirá el último recurso.3. Antes de adoptar las medidas a las que se refiere el apartado anterior, las unidades actuantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán avisar de tales medidas a las personas afectadas, pudiendo hacerlo de manera verbal si la urgencia de la situación lo hiciera imprescindible.En caso de que se produzca una alteración de la seguridad ciudadana con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligrosos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán disolver la reunión o manifestación o retirar los vehículos y obstáculos sin necesidad de previo aviso. (BOE 4/2015, 2018)

El Capítulo V contiene el régimen sancionador. En la siguiente tabla se muestran las conductas que tienen que ver con el derecho de protesta y que son consideradas infracciones.

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Tabla 7. CEDILInfracciones y sanciones Ley 4/2015

Infracciones muy graves

Infracciones graves Infracciones Leves

Multa de 30.001 a 600.000 euros

Multa de 601 a 30.000 euros Multa de 100 a 600 euros

Artículo 351. Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluido su sobrevuelo, cuando, en cualquiera de estos supuestos, se haya generado un riesgo para la vida o la integridad física de las personas.En el caso de las reuniones y manifestaciones serán responsables los organizadores o promotores.[…]

Artículo 363. Causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana.4. Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito.5. Las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia, provocando o incrementando un riesgo para la vida o integridad de las personas o de daños en los bienes, o agravando las consecuencias del suceso que motive la actuación de aquéllos.6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación.7. La negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público ordenada por la autoridad competente cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio.[…]23. El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y

Artículo 371. La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores o promotores. […]

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Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.

Elaborado por Deisy Ospina. Fuente en referencias.

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En enero de 2018, el diario El País de España realizó un análisis acerca de las implicaciones de la ley 4 de 2015, señalando aspectos como:

Imposición de cuantiosas sanciones económicas Castigo penal y la carga de la prueba Aplicación de infracciones leves y graves

Tabla 8. CEDILInfracciones leves

Reuniones sin cumplir requisitosAño Sanciones Multa

2015 13 € 8.000

2016 131 €19.940

Elaborado por Deisy Ospina. Fuente: http://agendapublica.elpais.com/balance-la-ley-seguridad-ciudadana-multo-luego-desaliento/

Tabla 9. CEDILInfracciones leves

Falta de respecto a miembros de la fuerza públicaAño Sanciones Multa

2015 130 € 469.203

2016 19.497 € 3.006.761

Elaborado por Deisy Ospina. Fuente: http://agendapublica.elpais.com/balance-la-ley-seguridad-ciudadana-multo-luego-desaliento/

Tabla 10. CEDILInfracciones graves

Uso de imágenes de autoridadesAño Sanciones Multa

2015 12 € 7.311

2016 32 € 19.377

Elaborado por Deisy Ospina. Fuente: http://agendapublica.elpais.com/balance-la-ley-seguridad-ciudadana-multo-luego-desaliento/

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Tabla 11. CEDILInfracciones graves

Obstrucción a la autoridadAño Sanciones Multa

2015 109 € 66.905

2016 355 € 220.636

Elaborado por Deisy Ospina. Fuente: http://agendapublica.elpais.com/balance-la-ley-seguridad-ciudadana-multo-luego-desaliento/

El artículo completo se puede acceder en el siguiente link:http://agendapublica.elpais.com/balance-la-ley-seguridad-ciudadana-multo-luego-desaliento/

En cuanto a las decisiones del Tribunal Constitucional sobre la protección al derecho de reunión, la Sección Cuarta mediante resolución STC 37/2009, de 9 de febrero de 2009 resume el contenido y límites el derecho de reunión, al indicar:

“Según tenemos reiterado, el derecho de reunión ‘es una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria, siendo concebido por la doctrina científica como un derecho individual en cuanto a sus titulares y colectivo en su ejercicio, que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas o reivindicaciones, constituyendo, por lo tanto, un cauce del principio democrático participativo, cuyos elementos configuradores son, según la opinión dominante, el subjetivo —una agrupación de personas—, el temporal —su duración transitoria—, el finalístico —licitud de la finalidad— y el real u objetivo —lugar de celebración—’ (STC 85/1988, de 28 de abril, FJ 2; doctrina reiterada en las SSTC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 3;196/2002, de 28 de octubre, FJ 4; 301/2006, de 23 de octubre, FJ 2).   También se ha enfatizado sobre ‘el relieve fundamental que este derecho —cauce del principio democrático participativo— posee, tanto en su dimensión subjetiva como en la objetiva, en un Estado social y democrático de Derecho como el proclamado en la Constitución’ (STC 301/2006, de 23 de octubre, FJ 2; en el

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mismo sentido STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 6). De hecho para muchos grupos sociales ‘este derecho es, en la práctica, uno de los pocos medios de los que disponen para poder expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones’ (por todas, STC 301/2006, de 23 de octubre, FJ 2). En este sentido, tenemos dicho, reproduciendo jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que `la protección de las opiniones y de la libertad de expresarlas constituye uno de los objetivos de la libertad de reunión` (STEDH caso Stankov, de 2 de octubre de 2001, § 85), o también que ‘la libertad de expresión constituye uno de los medios principales que permite asegurar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de reunión y de asociación’ (STEDH caso Rekvényi, de 20 de mayo de 1999, § 58)’ (STC 195/2003, de 27 de octubre, FJ 3). (STC 37/2009, 2018)

5.2.3. Estados Unidos

American Civil Liberties Union, es una organización privada dedicada a la protección de los derechos humanos, respecto al tema en estudio, emitió el documento: Los derechos de los manifestantes en el que se giran algunos lineamientos sobre qué hacer durante un encuentro con la policía, señala aspectos normativos sobre el derecho a manifestarse señalando:

La Constitución de los Estados Unidos le garantiza el derecho a participar en manifestaciones pacíficas en los “foros públicos tradicionales”, tales como las calles, las aceras o los parques. Sin embargo, el gobierno puede imponer restricciones en cuanto a “la hora, el lugar y la forma” de la expresión, al requerir permisos. Estas restricciones generalmente son permisibles siempre y cuando sean razonables y no se basen en el contenido de la expresión. El gobierno no puede imponer restricciones a los permisos por el simple hecho de que no le guste el mensaje de determinado orador o grupo. (ACLU, 2018)

El documento hace énfasis en el comportamiento de los manifestantes, realizando señalamientos importantes acerca de cómo actuar y el límite del ejercicio de los derechos de expresión; finalmente gira instrucciones acerca de qué hacer en caso de ser arrestados.

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Dentro de las normas que contienen restricciones a los manifestantes se encuentra la Federal Restricted Buildings and Grounds Improvement Act mediante la cual se modifica del artículo 1752 del Título 18 del Código de los Estado Unidos, considerando punible el ingreso o permanencia en edificios restringidos, así como las conductas desordenadas que impidan o interrumpan las funciones gubernamentales u oficiales. La norma en su idioma original señala lo siguiente:

‘‘(1) the term ‘restricted buildings or grounds’ means any posted, cordoned off, or otherwise restricted area—‘‘(A) of the White House or its grounds, or the Vice President’s official residence or its grounds;‘‘(B) of a building or grounds where the President or other person protected by the Secret Service is or will be temporarily visiting; or‘‘(C) of a building or grounds so restricted in conjunction with an event designated as a special event of national significance; and‘‘(2) the term ‘other person protected by the Secret Service’ means any person whom the United States Secret Service is authorized to protect under section 3056 of this title or by Presidential memorandum, when such person has not declined such protection.’’ (Federal restricted building and groundsimprovement Act, 2018)

Por otra parte, el Title 18 The United States Code, (Title 18 U.S.C., 2018) referente a asuntos criminales en su artículo 1507, castiga con multa o no más de 1 año de cárcel a quien con el fin de interferir o impedir la administración de justicia realice desfiles en cualquier edificio de los Tribunales de Estados Unidos, inclusive cuando se utilice un dispositivo con sonido.

Además, el Title 40 The United States Code, (Title 40 U.S.C, 2018) referente a edificios Públicos contiene las siguientes restricciones:

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El artículo 5104 restringe el uso público de los terrenos del Capitolio de los Estados Unidos, prohibiendo la realización de reuniones o desfiles en esta zona.

El artículo 6135 considera ilegal desfilar o realizar reuniones en los terrenos del Tribunal Supremo.

Además de las disposiciones federales, cada Estado establece su propia normativa con el fin de establecer los lineamientos para la realización de protestas y sancionar los desórdenes ocasionados por éstas. A continuación se presenta una tabla acerca de las normas de los Estados con mayor concentración de manifestantes.

Tabla 12. CEDILRegulación de manifestaciones y protesta social en Estados Unidos

Estado/ Ciudad Norma Artículo Autorización para las actividades

Arizona / Phoenix

Crim inal Code (Criminal Code, 2018)

13-2904 Gobierno de la ciudad

Illinois / Chicago Criminal Code (Criminal Code, 2018)

26-1 No indica

New York Penal Law (Penal Law, 2018)

240.10 Departamento de Policía

California / Los Ángeles

Penal Code (Penal Code, 2018)

407 Departamento de Policía

Texas / Houston Penal Code (Penal Code, 2018)

42.02 Oficina de eventos especiales

Elaborado por Deisy Ospina. Fuente en referencias

VI. Hallazgos

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El derecho a la huelga es reconocido en el Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, en la Carta internacional americana de garantías sociales, en la Carta social europea y en el Protocolo adicional a la Convención americana sobre los derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. (Ver tabla 1, Pág. 6)

El Convenio C087-1948 contiene la normativa internacional sobre el derecho a la sindicalización, señalando en los mecanismos y los procedimientos de aplicación. Argentina y España ratificaron el Convenio en 1960 y 1977, respectivamente; mientras que Estados Unidos aún no lo ha ratificado.

Dentro de los principios de la OIT, respecto al derecho a la huelga se resalta que éste derecho no es considerado explícitamente de aplicación para los empleados públicos, como garantía del derecho de sindicalización. En lo referente a los servicios esenciales el documento los define como aquellos cuya interrupción pone en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas.Se mencionan los siguientes servicios como esenciales: sector hospitalario, servicio de electricidad, abastecimiento de agua, telefónico y el control del tráfico aéreo; también menciona aquellos servicios que no son considerados como esenciales. (Ver pág. 8)

La guía de legislación del trabajo de la OIT, contiene información de legislación extranjera sobre el derecho a la huelga en Italia, Francia, Costa de Marfil, Níger y Letonia (Ver tabla 2. Pág. 9) y respecto a la aplicación en servicios esenciales y situaciones de emergencia presenta la legislación en Malawi, Hungría, Australia, Costa de Marfil, República

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Dominicana, Seychelles, Suazilandia, Zambia y Sudáfrica (Ver tabla 3. Pág. 10).

En cuanto a los países analizados, la huelga goza de protección constitucional en Argentina y España; mientras que en Estados Unidos se reconoce dentro de la primera enmienda que consagra los derechos de reunión, de asociación y de expresión, de los cuales se deriva el de sindicalización y el de huelga.

En cuanto a la definición de servicios esenciales la ley 25877 de 2004 de Argentina en el artículo 24 señala los siguientes: servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas; así como el control del tráfico aéreo. Esta misma norma deja abierta la posibilidad que la Comisión de Garantías determine la existencia de otros servicios y los declare como esenciales para efectos de aplicación de la huelga, esto último se encuentra regulado en el Decreto 272 de 2006. Vale la pena resaltar que en Argentina existe la garantía de prestación mínima, así lo establece la Ley 14786 de 1959.

En España la ley no establece taxativamente los servicios considerados como esenciales, sin embargo el RDL 17 de 1977, contiene la obligación de realizar un preaviso de 10 días cuando la huelga afecte servicios públicos y señala las acciones del gobierno cuando estos servicios sean de reconocida en inaplazable necesidad. En cuanto a la aplicación de las normas en estos casos se recurrió al análisis de la jurisprudencia, donde el Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones ha considerado que no es necesario precisar en la ley en forma detallada los servicios, sino que éstos deben ser determinados conforme al caso concreto y las circunstancias en que se presenten. Dado que debe existir garantía de prestación mínima de los servicios, en España se expiden Resoluciones

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mediante las cuales los órganos involucrados se deben comprometer a garantizarlos, en este sentido se analizaron ordenes en huelgas de educadores en a nivel nacional y de las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía durante los años 2017 y 2018.

En los Estados Unidos, la Ley Nacional de Relaciones Laborales, regula la huelga en el sector privado excluyendo el sector agrícola, ferroviario y el servicio doméstico; en el caso del sector ferroviario, cuenta con su propia ley. Respecto a la huelga por parte de empleados públicos el artículo 1918 del título 18 del Código de los Estados Unidos tipifica como delito de deslealtad contra el gobierno, cuando un funcionario público participe o promueva una huelga; en similar sentido el artículo 733 del título 5 señala esta misma conducta como restricción para la aceptación de cargos públicos. Algunos servicios considerados como esenciales se encuentran el servicio aéreo, la salud pública y el servicio de transporte.

Respecto a la protesta social se contó con información documental del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) donde se indican todos los instrumentos internacionales que contienen el derecho a la libertad de reunión (Ver tabla 4. Pág. 24) y la libertad de opinión y expresión (Ver tabla 5. Pág. 25); también se analiza el estudio sobre la protesta en América Latina del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD).

En Argentina, la protesta social ha sido analizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, resaltando el interés de los legisladores por presentar iniciativas encaminadas a criminalizar la protesta; en este sentido se está tramitando el proyecto de ley 1495-D-2017 el cual modifica los tipos penales de intimidación, amenazas, obstrucción del

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trasporte público en el marco de las manifestaciones. (Ver tabla 6. Pág. 31).

En España, las reuniones se encuentran reguladas mediante la Ley 9 de 1983, cuando se trate de más de 20 personas con una finalidad determinada, señalando la actuación del Gobierno en caso de ser necesaria su disolución o la regulación cuando se involucre alteración del transporte público. Por otro lado, la ley 4 de 2015 sobre seguridad ciudadana, también regula las manifestaciones y sanciona los hechos cometidos durante la misma. El régimen sancionador contiene infracciones leves, graves y muy graves y su correspondiente multa. (Ver tabla 7. Pág. 36). También se presentan algunas estadísticas sobre la aplicación de esta Ley (Ver tablas 8, 9, 10 y 11. Págs. 37 y 38).

En los Estados Unidos se regula la protesta social mediante la ley sobre restricción de edificios públicos, determinando el perímetro donde es prohibida su realización, imponiendo sanciones, mediante el artículo 1507 del título 18 del Código de los Estados Unidos cuando se trate de cualquier edificio de los Tribunales, del mismo modo el artículo 5106 y 6135 del Título 40 señala la restricción tratándose de terrenos del capitolio y del Tribunal Supremo.

Aunado a lo anterior, se encuentran las disposiciones de cada Estado mediante las cuales sancionan los hechos que constituyan conductas desordenadas, en la mayoría de los casos considerados como delito menor. En caso de realizar alguna manifestación o protesta se requiere autorización de la autoridad competente. (Ver Tabla 12. Pág. 41)

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