Historia de las relaciones internacionales Argentina postmoderna (1989-2000).

Tomo XV:

Las "relaciones carnales": Los vínculos con las grandes potencias, 1989-2000.

Obra dirigida por Carlos Escudé y Andrés Cisneros.

Obra desarrollada y publicada bajo los auspicios del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), en el contexto de las tareas de su Centro de Estudios de Política Exterior (CEPE).

Tomo XV:Las "relaciones carnales": Los vínculos con las grandes potencias,

1989-2000.

• Prólogo, por Carlos Escudé

La Historia General de las Relaciones Exteriores de la República Argentina, que documenta nuestras relaciones internacionales desde 1806 hasta 2000, comenzó a publicarse en 1998 bajo el gobierno de Carlos Menem, durante la gestión en la Cancillería de Guido Di Tella. Su Tomo XIV (el último de la Tercera Parte) se publicó en el año 2000, ya bajo la gestión de Adalberto Rodríguez Giavarini, durante el gobierno de Fernando De la Rúa. La investigación necesaria para su Tomo XV, que el lector tiene entre sus manos, fue posibilitada por el gobierno de Eduardo Duhalde durante la gestión del canciller Carlos Ruckauf. Y finalmente, la publicación del tomo actual fue posible gracias a la disposición favorable de la Cancillería de Rafael Bielsa, bajo el gobierno de Néstor Kirchner. En otras palabras, la publicación de la Historia General de las Relaciones Exteriores de la República Argentina es una de las pocas políticas de Estado de nuestro país, con continuidad a lo largo de cuatro gestiones presidenciales. Nuestra Historia General es una obra de la que los argentinos podemos enorgullecernos precisamente porque, como comenté alguna vez con Andrés Cisneros, es "neutra, útil y aburrida". No es una obra representativa de mi pensamiento ni del de nadie en particular. Simplemente describe el acontecer en esta esfera de las políticas públicas. La medida de su aceptación puede apreciarse en el promedio de mil navegantes diarios que la consultan gratuitamente en el Portal de Internet "Iberoamérica y el Mundo" (una institución sin ánimo de lucro que mantengo en sociedad con Beatriz Gurevich), y en los más de cien documentos que el buscador Google pone a disposición del lector cuando se inscribe el nombre completo de la obra en el motor de búsqueda. Hay pocos países con un nivel de civilización que permita la publicación de una obra tan extensa y neutra sobre esta temática. Uno de los pocos casos paralelos que vienen a mi mente, aunque de características diferentes, es la monumental obra del Departamento de Estado de los Estados Unidos, The Foreign Relations of the United States: una recopilación de documentos, la mayor parte de ellos originalmente secretos, que se publica unos treinta años más tarde, cuando el secreto ha sido levantado. Se trata de una obra mucho más importante que la nuestra pero mucho menos actualizada. Otros casos habrá, pero no son muchos. En este Tomo XV, dedicado a las relaciones políticas entre la Argentina y las grandes potencias durante la década de 1990, hemos adoptado una estructura diferente a la de los tomos anteriores. El presente volumen, y el venidero Tomo XVI que esperamos poder publicar, son antologías de autores individuales. No son "obras colectivas de autoría difusa", como los catorce volúmenes anteriores. Además, Andrés Cisneros, mi codirector en los primeros catorce tomos, se abstuvo de participar en la producción y publicación de los volúmenes referentes a la década de 1990 debido a las importantes funciones ejecutivas que cumplió durante la gestión de Di Tella. En este tomo abordaremos las relaciones políticas con Estados Unidos y con Europa, en capítulos de la autoría de Francisco Corigliano y Leonor Machinandiarena de Devoto, dos autores "históricos" de esta Obra cuyo papel en la gestación de los primeros catorce tomos fue enorme. En este volumen, la Dra. Machinandiarena de Devoto ha contado con la colaboración de un nuevo integrante del equipo de investigación, Sebastián Masana. En el Tomo XVI, por venir, nos abocaremos a las relaciones con los países vecinos y también a algunos temas más politológicos. Allí contaremos con trabajos de la autoría de Miryam Colacrai (conocida especialista recientemente incorporada a nuestro equipo, cuyo trabajo para nosotros versa sobre las relaciones políticas con otros Estados del Cono Sur) y Alejandro Corbacho (viejo miembro del equipo que se dedica a nuestra política frente a las Malvinas).

Queda por determinar quien será el autor de un importante capítulo sobre el MERCOSUR, que resulta indispensable para ese proyecto de volumen. Pablo Bulcourf y Mariana Souto Zabaleta, nuevos integrantes del equipo a quienes brindamos una cálida bienvenida, también contribuirán a dicho volumen. Como dije, esencial al espíritu de esta Obra es la neutralidad política. Neutralidad no significa, sin embargo, hibridez. Hay ocasiones en que la descripción objetiva de los hechos puede desbaratar cierta crítica. También hay ocasiones en que la descripción objetiva puede fustigar aunque el autor no haya querido tomar partido. El segundo es el caso de lo ocurrido en algunas páginas del Capítulo 1, "La dimensión bilateral de las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos durante la década de 1990". Con cabal inocencia, el Dr. Corigliano encuadró el acápite sobre "Los atentados terroristas a la Embajada de Israel y a la AMIA", en la parte de su trabajo consagrada a "las cuestiones no resueltas de la agenda bilateral". Además, ubicó "La apertura de los archivos secretos sobre la presencia de jerarcas nazis en la Argentina" en la parte de su estudio dedicada a "Las posiciones asumidas por el gobierno argentino respecto de una serie de temas sensibles para Estados Unidos". De tal manera, sin darse cuenta, el mismo encuadre dado por Corigliano a estos problemas parece decirnos que la apertura de archivos sobre la presencia de criminales de guerra nazi en el país jamás hubiera sido llevada a cabo sin presión externa. También parece sugerir que la investigación de los dos atentados terroristas más terribles de toda la historia argentina era, para el Estado argentino, más importante desde el punto de vista de la agenda bilateral con los Estados Unidos que desde la perspectiva de la seguridad de nuestro país. ¿Puede imaginarse una impugnación mayor de ciertas dimensiones de nuestro llamado "ser nacional"? Creo que no, y Corigliano lo hace sin incurrir en valoraciones: simplemente clasificando los temas de la agenda. En mi opinión, este volumen representa una importante contribución a la comprensión de una de las etapas más apasionantes de la política exterior argentina.

Carlos Escudé, Ph.D. (Yale University, 1981)Director de la Historia General y del Centro de

Estudios Internacionales y de Educación para la Globalización (CEIEG),

Universidad del CEMA

Capítulo 1: La dimensión bilateral de las relaciones entre Argentina y Estados Unidos durante la década de 1990: El ingreso al paradigma de

"Relaciones especiales" (*)

Por Francisco Corigliano (**)

• Introducción

A partir de la asunción de Carlos Menem a la presidencia en julio de 1989 y muy especialmente tras la decisión presidencial de participar en la Guerra del Golfo, adoptada en agosto de 1990, los vínculos entre Argentina y Estados Unidos ingresaron al paradigma de "relaciones especiales". Dicho ingreso completó el inconcluso "giro realista" iniciado por su antecesor Raúl Alfonsín (1). Asimismo, constituyó un paso vinculado al esfuerzo de la administración peronista por concretar los siguientes cuatro objetivos de política económica interna y externa: la eliminación de la hiperinflación y el logro de la estabilidad y el crecimiento económicos, la renegociación de la deuda externa y la búsqueda de credibilidad y capitales externos. Desde la percepción del gobierno, estos objetivos sólo podían concretarse a través de la construcción de una alianza a la vez estratégica y económica con los Estados Unidos y los países desarrollados de Occidente y de una integración primordialmente económica con Brasil y los países del Cono Sur. (2)Por cierto, esta alianza estratégica y económica con los Estados Unidos y los países desarrollados de Occidente procuró responder a los datos provenientes del fin de la Guerra Fría en los contextos global y regional: el colapso de la Unión Soviética, las transformaciones políticas y económicas en los países socialistas de Europa del Este, China y Cuba, el fortalecimiento de la posición hegemónica de los Estados Unidos y la expansión de la influencia de las instituciones multilaterales a ella ligados –Naciones Unidas (ONU), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Acuerdo de Tarifas y Comercio (GATT), Organización Mundial del Comercio (OMC)-, la aceleración de la globalización económica y financiera y la consolidación de la tendencia hacia la democratización en la región iniciada durante la década de 1980. (3) Con todo, como era de suponerse, este ingreso a un patrón de "relaciones especiales" con Estados Unidos no resultó una tarea sencilla, especialmente para una gestión de matriz política peronista. Como sostienen Mario Rapoport y Claudio Spiguel, la memoria histórica de los vínculos entre Washington y Buenos Aires durante los gobiernos peronistas de la temprana posguerra estuvo teñida por frecuentes momentos de tensión y escasos y limitados acercamientos. (4) Lo propio puede decirse del ciclo de gestiones peronistas de la década de 1970. (5) Asimismo, los círculos políticos y empresarios norteamericanos percibieron con inicial desconfianza la llegada de Menem a la Casa Rosada. Percepción ligada a la filiación peronista y al perfil caudillista del candidato triunfante, quien, durante la campaña electoral de 1989, había adoptado un discurso emparentado con el tradicional tono nacionalista y populista de su partido. (6) Así, el diario The Wall Street Journal del 11 de mayo de 1989, opinó, a tan sólo tres días antes de las elecciones presidenciales, que un eventual triunfo del entonces candidato Carlos Menem, podía provocar "un agravamiento en el caos económico de la Argentina". El influyente medio de los hombres de negocios advertía acerca de la ambigüedad de la política económica propuesta por el candidato peronista, que "zigzaguea del liberalismo al estatismo". (7) Asimismo, el 16 de mayo, dos días después de las elecciones, un editorial de The New York Times opinaba que en las mismas los argentinos "dejaron que la esperanza prevaleciera sobre la cautela" al optar por Menem. En idéntico tono de escepticismo, The Washington Post temía que la "herencia peronista" del candidato triunfante lo hiciera

"(…) buscar escapar de la hiperinflación y la quiebra por medio de la fracasada ruta del general Juan Domingo Perón, marcada por el fascismo y un efervescente nacionalismo". (8)

No obstante estas incertidumbres iniciales, el gobierno de Menem procuró despejarlas a través de la adopción de medidas orientadas hacia el liberalismo económico y la alianza con Estados Unidos y los países desarrollados de Occidente en política exterior. Dichas medidas implicaron cambios tanto en la agenda bilateral como multilateral, provocando efectos multiplicadores que otorgaron mayor densidad y complejidad al conjunto de la agenda. Dada la densidad alcanzada por el conjunto de los vínculos entre Argentina y Estados Unidos en el decenio 1989-1999, el análisis de los mismos se presenta en este libro en dos capítulos diferenciados. En el primero de ellos, se examina la dimensión bilateral de la agenda, destacándose en especial los gestos y decisiones de los representantes del gobierno argentino en los ámbitos político-diplomático, estratégico y económico de dicha agenda, así como el impacto que dichos gestos y decisiones tuvieron en las agencias gubernamentales y en los hombres de negocios norteamericanos. Por su parte, los vínculos entre Argentina y Estados Unidos en el marco de los foros multilaterales globales y regionales son objeto del segundo capítulo de esta obra. Para mejor comprensión del lector, el presente capítulo se subdivide en tres ámbitos diferenciados que constituyen las tres partes del trabajo. Dichas partes, diferenciadas pero la vez fuertemente relacionadas entre sí, son las siguientes: 1) la correspondiente al ámbito estratégico; 2) la vinculada con el ámbito de las cuestiones político-diplomáticas de la agenda bilateral; y 3) la correspondiente al ámbito económico.

PRIMERA PARTE

EL ÁMBITO ESTRATÉGICO DE LA AGENDA BILATERAL

Durante los años de gobierno de Menem, este ámbito adquirió una particular densidad, como fruto del patrón de "relaciones especiales" adoptado y de la centralidad de los vínculos con Estados Unidos en dicho patrón. Dentro del mismo cabe destacar la existencia de cuatro tipos de medidas: 1) las adoptadas por el gobierno argentino respecto de cuestiones estratégicas vitales para el gobierno norteamericano; 2) las adoptadas por el gobierno norteamericano en el apartado estratégico de la agenda bilateral; 3) las medidas de cooperación bilateral en materia estratégica; y 4) la persistencia de cuestiones no resueltas en esta sección de la agenda.Dentro de las primeras, es decir, las adoptadas por el gobierno argentino respecto de cuestiones estratégicas vitales para las autoridades de la Casa Blanca, cabe señalar la participación argentina en la Guerra del Golfo y la posición asumida por la administración menemista en las sucesivas crisis entre los gobiernos de Estados Unidos e Irak; las medidas adoptadas por las autoridades de la Casa Rosada y el Palacio San Martín en materia de política nuclear, no proliferación y tecnologías sensibles; la desactivación del misil Cóndor II; las medidas adoptadas por el gobierno argentino para revertir las falencias de seguridad en el aeropuerto de Ezeiza; y la posibilidad de la participación argentina en un esquema de intervención multilateral en Colombia -"Plan Colombia"- auspiciado y dirigido por el gobierno de Estados Unidos.Respecto de las medidas adoptadas por Estados Unidos en el marco estratégico de la agenda, vale destacar el levantamiento de la enmienda Humphrey-Kennedy de embargo de venta de armas norteamericanas a la Argentina; las negociaciones por la compra de los radares estadounidenses para los aviones A4 M y por la venta de los aviones de entrenamiento argentino Pampa a los Estados Unidos y el ingreso de Argentina como aliado extra OTAN.Respecto de las medidas de cooperación bilateral en materia estratégica, se pueden mencionar los ejercicios militares conjuntos y la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo.Finalmente, en la categoría de cuestiones no resueltas de la agenda estratégica bilateral cabe incluir los atentados terroristas a la Embajada de Israel y a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el problema del crecimiento del lavado de dinero en la Argentina y la preocupación norteamericana por la cuestión de la Triple Frontera.

• Las medidas adoptadas por el gobierno argentino respecto de cuestiones estratégicas vitales para el gobierno norteamericano

a) La participación argentina en la Guerra del Golfo

Así como las medidas de apertura económica y reforma del Estado adoptadas desde julio de 1989 fueron la manifestación interna del ingreso al patrón de "relaciones especiales" con Estados Unidos, la participación argentina en la Guerra del Golfo a partir de septiembre de 1990 constituyó la primera medida trascendente que demostró la adopción de dicho patrón en el ámbito de la política exterior. Fiel a su perfil occidentalista pero no automático, el gobierno argentino se mostró inicialmente renuente a la alternativa de un envío inmediato de tropas a la zona en conflicto hasta que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas así lo requiriese. Esta posición de bajo perfil, más humanitaria que política, respecto del conflicto en su primera etapa puede rastrearse, con diversos matices, en las declaraciones que durante agosto de 1990 efectuaron al respecto el presidente Carlos Menem (9); su hermano, el senador Eduardo Menem (10); y el entonces canciller Domingo Cavallo (11).

Por cierto, esta reticencia inicial estuvo íntimamente ligada a dos factores:

1. la existencia de una óptica liberal wilsoniana en versión periférica en los responsables de la política exterior del gobierno de Menem, de enfático apoyo a las intervenciones multilaterales en defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas (elemento que compartía con la versión original del liberalismo wilsoniano), pero a la vez reticente respecto de las acciones unilaterales de Estados Unidos; y

2. la percepción del alto grado de resistencia que presentaría en las bancadas radical y peronista la aprobación del envío de fuerzas sin resolución previa del Consejo de Seguridad.

Frente a las voces reticentes dentro del gobierno, los funcionarios cercanos al entorno presidencial y los oficiales de las Fuerzas Armadas sostuvieron la conveniencia del envío inmediato de tropas al Golfo como un "gesto" destinado a la Casa Blanca. Señalaban que la necesidad de que se produjese ese gesto había sido sugerida por Washington al menos en dos ocasiones: durante la entrevista pedida de modo urgente al presidente Menem por el vicepresidente norteamericano, Dan Quayle, en Colombia, durante la asunción del presidente César Gaviria Trujillo, y en una reunión que altos funcionarios de la Cancillería mantuvieron con representantes de la Embajada de Estados Unidos, entre ellos, el consejero político, James Walsh. Este sector proclive a una respuesta inmediata en favor de la participación de efectivos remarcó la necesidad de aprender de las "lecciones del pasado", es decir, las derivadas de la tardía declaración de guerra por parte de la Argentina al Eje, en 1945, que le costó a Argentina un tratamiento muy diferente que el que tuvo Brasil, premiado con inversiones productivas por los miles de brasileños muertos en Europa durante su participación en la Segunda Guerra. (12)

Tras el envío de dos cartas al presidente Menem (la de su par norteamericano, George Bush, del 20 de agosto, agradeciéndole su preocupación por la situación en el Golfo Pérsico; y la del jefe de Estado de Egipto, Hosni Mubarak, del 13 de septiembre, en la que éste explicaba al mandatario justicialista las razones por las cuales el mundo debía reaccionar en bloque ante la agresión de Irak a Kuwait), el presidente argentino abandonó su bajo perfil inicial y adhirió a la posición norteamericana, partidaria del envío de tropas aún sin la aprobación de la ONU. Así, el 16 de septiembre, Menem señaló que su gobierno "enviará tropas al Golfo Pérsico sin ningún tipo de consulta "si el objetivo perseguido es consolidar la paz". En ese caso, anunció el primer mandatario, "sólo consultaré a sectores de la comunidad. Pero si se tratara de tropas de intervención (...) tendría que resolver el Congreso". Hasta ese momento, el discurso del Gobierno había consistido en afirmar que no se enviarían fuerzas militares si no lo pedían las Naciones Unidas, pero el presidente no aludió en sus declaraciones del 16 de septiembre a la

ONU cuando admitió la posibilidad de que "tropas para consolidar la paz" -integradas sólo por oficiales y suboficiales- sean despachadas sin consulta legislativa. (13)

Acorde con el cambio en la posición del presidente Menem, su canciller, Domingo Cavallo, anunció en un mensaje difundido por radio y televisión el 18 de septiembre de 1990, la partida de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas argentinas para "ayudar a restablecer la paz y evitar una tragedia de imprevisibles consecuencias en la zona en conflicto". Cavallo aclaró que los efectivos argentinos "no van a emprender acciones bélicas" y justificó la decisión de enviar tropas, remarcando que

"Si la Argentina quiere participar de los beneficios del proceso de gestación de un nuevo mundo de paz y progreso, debe asumir las responsabilidades. Frente a la actitud del régimen de Bagdad, la indiferencia implica atraso y aislamiento." (14)

El 19 de septiembre, el presidente Menem justificó el envío de tropas al Golfo Pérsico, al asegurar que

"(…) al pedirlo un país integrante de las Naciones Unidas (Kuwait) es como si la UN lo hubiera pedido. (…) la Argentina no puede darse el lujo, en este momento que estamos emergiendo de una crisis, de quedar aislada del resto del mundo (…) Estamos en otro mundo, en el que la neutralidad no existe (...) no son tropas intervencionistas sino para consolidar la paz, para evitar las consecuencias de un enfrentamiento". (15)

Sobre la decisión tomada Menem reconoció que él se había manejado "con la Cancillería" y al preguntársele si fue sometida a consulta alguna dijo que

"(…) esto es una cuestión del Gobierno y no de los partidos políticos." (16)

Por cierto, esta última afirmación del presidente hacía referencia a la existencia de voces contrarias al envío de tropas tanto dentro de las filas de la oposición como del partido entonces gobernante. Ejemplo del primer caso fue la iniciativa del ex-canciller radical y entonces diputado Dante Caputo de interpelación a los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores, Humberto Romero y Domingo Cavallo, para que informaran verbalmente en la Cámara Baja las razones del envío de tropas. Aunque esta iniciativa de Caputo, propuesta por el diputado de la UCR César Jaroslavsky, tuvo el respaldo de los diputados provenientes del Partido Socialista Unificado, del Partido Federal-Buenos Aires, del Movimiento al Socialismo, del Partido Intransigente, del Partido Socialista Popular, de la Democracia Cristiana de Córdoba, y de Bandera Blanca, no contó con los dos tercios necesarios por la oposición de los diputados del PJ y de la UCD. (17)

Por su parte, el 20 de septiembre, el bloque de senadores del PJ demostró su disconformidad con la decisión unilateral del gobierno, la que incluyó una acalorada discusión de dicho bloque con el canciller Domingo Cavallo y con el ministro de Defensa, Humberto Romero. Otra importante señal de divergencia en las filas del oficialismo tuvo lugar días después, cuando mientras el presidente del bloque justicialista de Diputados, José Luis Manzano, aseguraba que Argentina podría enviar más efectivos militares al Golfo "si lo piden las Naciones Unidas o los países que están participando en el embargo", el propio presidente de la Cámara de Diputados, el justicialista Alberto Pierri, criticó la decisión presidencial de enviar tropas al Golfo Pérsico, opinando que las naves argentinas iban a realizar "un viaje turístico, porque estos dos barquitos no pueden modificar nada" -aunque poco después sostuvo que su afirmación no implicaba dejar de apoyar la decisión del gobierno de enviar tropas al Golfo-. Asimismo, el secretario general de la central sindical, la Confederación General del Trabajo (CGT), Saúl Ubaldini, señaló también su rechazo al envío de tropas, destacando que

"nunca fuimos una nación mercenaria o una colonia proveedora de carne de cañón para defender intereses ajenos. No podemos aceptar el argumento utilitario según el cual esta intervención podrá procurar, en el futuro, ventajas económicas a nuestro país". (18)

Otro indicio de la existencia de voces divergentes fue la decisión del presidente Menem, de disponer, el 22 de septiembre, el "cese inmediato" del diputado provincial (Buenos Aires) Alberto Samid en sus funciones de asesor presidencial. De acuerdo con un comunicado conjunto de los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, Menem adoptó esa decisión por encontrar a Samid responsable

"(…) de haber colaborado con el gobierno de Irak en abierta violación a lo dispuesto por el decreto 1560 del 13 de agosto" (19).

El comunicado expresaba también que otra de las disposiciones del presidente argentino fue

"(…) el inicio de las investigaciones pertinentes para confirmar las acciones violatorias del decreto mencionado y aplicar las sanciones correspondientes a todos los implicados". (20)

No obstante estas voces divergentes dentro del propio oficialismo, el 27 de septiembre de 1990, los senadores del PJ, en un nuevo giro, abandonaron su posición contraria al envío de tropas y la respaldaron, rechazando el intento del bloque radical de condenarla. En este sentido fue notorio el cambio en la posición del senador Eduardo Menem, el presidente provisional del Senado, quien originariamente se oponía al envío de tropas y se convirtió en la sesión del 27 en el principal defensor de la medida adoptada por el Ejecutivo. (21) En dicha ocasión, el hermano del presidente justificó la medida, sosteniendo que "hemos resuelto apoyar la decisión del Gobierno de enviar fuerzas de paz, por entender que esto se enmarca dentro de la resolución de las Naciones Unidas". Dijo que por tratarse de fuerzas de paz, "no necesitaban de la autorización del Congreso" para salir del país. El senador Menem agregó que con la actitud asumida por el Presidente, la Argentina "deja de ser un espectador y se convierte en protagonista" de las relaciones internacionales. (22)

Consciente del tenso clima interno generado por la decisión gubernamental de enviar tropas al Golfo Pérsico, el ministro de Defensa argentino, Humberto Romero, sostuvo que los buques argentinos a ser enviados al Golfo Pérsico llevaban precisas instrucciones de no participar en misiones ofensivas y solamente podrían responder a un ataque en defensa propia. (23)

La decisión adoptada por el gobierno argentino provocó el elogio verbal de las autoridades norteamericanas. Ese mismo día 19 de septiembre, el embajador norteamericano en Buenos Aires, Terence Todman, y el vocero de asuntos exteriores de la Casa Blanca, Roman Popaduak, notificaron el beneplácito de Washington por la decisión del gobierno argentino de enviar tropas a la zona del Golfo Pérsico. (24) Al día siguiente, 20 de septiembre, Menem recibió una felicitación por carta de su colega Bush, redactada de la siguiente manera:

"Me sentí muy complacido al conocer su decisión de participar en la fuerza multinacional en la región del Golfo Pérsico.Su franca posición en contra de la intolerable agresión y de la flagrante desobediencia al derecho internacional por parte de Saddam Hussein es sumamente apreciada. Constituye un ejemplo de su firme determinación de que la Argentina desempeñe un papel preponderante y destacado en los asuntos mundiales.Deseo profundamente que la creciente nómina de países dispuestos a defender nuestros intereses comunes en la región del Golfo Pérsico induzca a Saddam Hussein a retirarse de Kuwait.Espero verlo el 1º de octubre en Nueva York. Sinceramente, George Bush." (25)

El 24 de septiembre, fue el subjefe de la Junta de Jefes del Estado Mayor norteamericano, almirante David Jeremiah, quien expresó, en una reunión que mantuvo con el ministro de Defensa argentino, Humberto Romero; con el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Argentina, vicealmirante Emilio Ossés, y con el embajador norteamericano en Buenos Aires, Terence Todman, la satisfacción de las fuerzas armadas norteamericanas por la participación de la Argentina en la fuerza internacional de bloqueo contra Irak. Jeremiah señaló que la actitud del Gobierno "pone a la Argentina en la más alta consideración". (26)

Durante el encuentro que sostuviera con Menem en Nueva York el 1º de octubre de 1990, Bush nuevamente agradeció a su colega argentino la participación en el bloqueo contra Irak en los siguientes términos:

"He planeado decirle al presidente Menem que estoy muy agradecido por su solidaridad. Es un hombre de coraje y entiendo que los argentinos están apoyando lo que usted hace, señor." (27)

Estimulado por las favorables repercusiones que en la Casa Blanca tuvo la decisión de enviar tropas al Golfo, el gobierno, a través del canciller Domingo Cavallo, admitió el 21 de octubre la posibilidad de reforzar la presencia militar argentina en la zona del Golfo. Al visitar la base naval de La Spezia a la corbeta misilística Spiro -una de las naves argentinas que viajó a la zona del conflicto- Cavallo explicó al respecto que

"Estamos estudiando el envío de aeronaves que sirvan como apoyo logístico al contingente y que permitan, de paso, evacuar a argentinos y a latinoamericanos de la zona, si se desatase el conflicto bélico (...) la misión es importante, no sólo porque significa apoyar en el plano diplomático-práctico el embargo económico decidido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sino porque el objetivo final es fundar un sistema de seguridad mundial, tal como lo establece la misma carta de la UN". (28)

Por su parte, el Ministerio de Defensa argentino emitió el 22 de octubre un comunicado que señalaba como "de destacada importancia" que el pabellón nacional argentino estuviera presente "en una región importante del mundo", al tiempo que expresaba que sus habitantes

"quizá por primera vez, incorporarán a la República Argentina dentro de una consideración prioritaria y nuestros connacionales que allí residen tendrán la tranquilidad de que buques de su país estarán allí prestos a apoyarlos". (29)

Finalmente, el 1° de diciembre, fue el secretario legal y técnico de la Presidencia, Raúl Granillo Ocampo, quien adelantó que el Poder Ejecutivo enviaría al Congreso una iniciativa para que las tropas argentinas enviadas al Golfo Pérsico participaran activamente en una eventual guerra. Frente a esta declaración, tanto los diputados radicales como los representantes de posturas de izquierda (Movimiento al Socialismo -MAS-, Partido Intransigente (PI) y Partido Socialista Unificado (PSU)- anticiparon su postura desfavorable. A su vez, otros legisladores, como la ucedeísta Adelina de Viola, solicitaron mayor información para tratar de precisar en qué medida dicho conflicto anunciaría una guerra convencional o nuclear, antes de fijar una posición definitiva. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri, optó por la cautela y se abstuvo de comentar cuál sería la posición del bloque justicialista. (30)

Junto a la reticencia parlamentaria tuvo lugar un importante debate académico respecto de este tema, que se centró en dos cuestiones: a) el costo de adoptar una decisión sin el previo respaldo del Congreso en términos de credibilidad externa (31); y b) la crítica a la vinculación mecánica que los funcionarios del gobierno hicieron entre el gesto de enviar naves y su contrapartida en términos de beneficios económicos para la Argentina. (32)

Como era de esperarse, la presencia de Bush en la Argentina, a principios de diciembre de 1990, fue una ocasión para que los legisladores disidentes con la posición del gobierno se hiciesen oír. Así, el diputado Luis Zamora (MAS-Izquierda Unida) elevó ante la Cámara Baja un proyecto de declaración que solicitaba que el cuerpo legislativo expresara su rechazo a la visita de Bush

"por constituir un salto adelante en la colonización de América Latina y en el intento de promover un sólido frente de apoyo a la agresión contra el pueblo iraquí". (33)

Por su parte, los diputados integrantes del peronista Grupo de los Ocho también expresaron su oposición a que Bush concurriese al recinto de la Asamblea Legislativa. Lo propio hicieron los diputados Jacinto Gaibur (peronismo), Simón Lázara (socialismo unificado) y Rafael Pascual (radicalismo), quienes señalaron su oposición a la visita de Bush. De acuerdo con la óptica de estos legisladores, el presidente norteamericano venía a la Argentina para promocionar su Iniciativa para las Américas, que "no es una propuesta seria". El Partido Humanista consideró a su vez que "la visita de Bush es oprobiosa, porque se hace cuando la desocupación, la miseria, la desnutrición y la mortalidad infantil son lo único que crece en la Argentina" y señaló que el mandatario norteamericano era "el principal respaldo del gobierno nacional y su política económica". (34)

Asimismo, el 4 de diciembre de 1990, el diputado nacional Guillermo Estévez Boero (Partido Socialista Popular - Santa Fe) entregó en la Embajada de los Estados Unidos una carta personal dirigida a Bush, en la que expresaba sus disidencias con diversas actitudes de la administración republicana, señalando que "No estamos contra el pueblo de los Estados Unidos de América ni contra el gobierno que elige dicho pueblo, Estamos sí decididamente en contra de políticas opuestas a los intereses de nuestros pueblos, a los intereses de nuestra Nación y a los intereses de nuestros hermanos de América Latina". (35)

Finalmente, el 5 de diciembre de 1990 -el mismo día del arribo del presidente Bush a Buenos Aires- el MAS organizó una marcha de repudio a la presencia del mandatario norteamericano. (36)

Frente a estas expresiones de repudio, el presidente Menem sostuvo que

"(...) Es bueno que los argentinos entendamos que los ideologismos y todo aquello que lleva a la confrontación (...) en estos momentos no sirve ni para la Argentina ni para ninguna parte de la tierra, por eso me dan pena algunos ideologismos, tratando de hacer una demostración en contra del presidente de los Estados Unidos (...) en realidad, tendría que salir todo el pueblo a la calle para saludar a este hombre que representa a un gran país de la Tierra". (37)

El 5 de diciembre, Bush comenzó su estadía en Buenos Aires agradeciendo a su colega Carlos Menem el alineamiento de la Argentina con los grandes objetivos del mundo occidental. Al analizar la cuestión del Golfo y plantear Menem que el Congreso decidiría si las naves argentinas intervendrían en caso de guerra, Bush sostuvo que el gran argumento para aprobar esa participación era la resolución que hacía poco había aprobado del Consejo de Seguridad de la ONU, que había autorizado el uso de la fuerza. En una conferencia de prensa conjunta, ambos presidentes reiteraron que la única solución posible para la crisis en el Golfo Pérsico era el retiro iraquí de Kuwait "sin condicionamientos". (38)

El mandatario norteamericano reiteró su agradecimiento a la contribución argentina en la Guerra del Golfo en el discurso que efectuara ante el Parlamento ese mismo día 5:

"(…) In the current crisis of the gulf, you have also shown strength and vision by helping to lead international efforts to stop Saddam’s brutal aggression. Your contribution to the multinational force in the gulf is a statement of your commitment to peace and the rule of law,

and a clear sign that you are assuming your rigthful place as a leader among freedom-loving nations." (39)

Al día siguiente, y tras despedir al presidente Bush, Menem anunció el envío al Parlamento del proyecto de ley sobre la eventual participación de las Fuerzas Armadas en caso de una guerra en el Golfo. Dijo Menem que de aprobarse el proyecto respectivo las unidades navales argentinas podrían prestar apoyo logístico y no intervenir en las acciones bélicas. (40)

Finalmente, el 13 de diciembre, el canciller Cavallo anunció que las naves argentinas que se encontraban en el Golfo Pérsico regresarían al país a fines de enero "por una necesidad de rotación natural y de recambio de personal". Consciente de las reticencias existentes en el Parlamento, el ministro subordinó el envío de otras naves argentinas a la autorización del Congreso para su intervención en un eventual conflicto bélico. (41)

El mes de enero de 1991 fue testigo de la batalla entre el Ejecutivo y el Legislativo por la permanencia o el retiro de los efectivos argentinos presentes en la zona del Golfo. El 11 de enero, Menem reiteró a los miembros del Parlamento la necesidad de un urgente análisis parlamentario por la presencia de las tropas argentinas en el Golfo Pérsico, pero el afán presidencial chocaba en Diputados no sólo con la reticencia de los legisladores en este tema sino también con la sombra de las denuncias vinculadas al escándalo del "Swiftgate", obstáculos ambos que dificultaban las sesiones en la Cámara Baja. (42)

Tres días después, los bloques de diputados y senadores del radicalismo exigieron al presidente Menem que "ordene el inmediato regreso" de las naves argentinas enviadas al Golfo Pérsico, en tanto el comité nacional de la UCR atribuyó al gobierno de Menem el actuar con "frivolidad" ante la profundización del conflicto y consideró "inconstitucional" mantener las tropas argentinas en la zona. (43)

El día 17 de enero, las voces en contra de la presencia argentina en el Golfo dentro del Congreso se hicieron oír con particular intensidad. Los diputados de la oposición aprobaron en minoría en el un proyecto de declaración que instaba al Ejecutivo a disponer el regreso de las naves. Dicha sesión incluyó duras calificaciones de los diputados Federico Storani (Unión Cívica Radical) y Juan Pablo Cafiero (Grupo de los Ocho) (44) y la presentación, por parte de los diputados bonaerenses del Partido Intransigente (PI) Gustavo Moccero y Jorge Drkos, de un proyecto de declaración de juicio político contra el presidente Menem y el canciller Cavallo, por decidir, sin consultar al Legislativo, la participación argentina en la Guerra del Golfo. (45) El bloque de diputados justicialistas, ausentes del recinto principal, se reunieron en el anexo con el fin de unificar la posición a favor de la permanencia de dichas naves. (46)

En la Cámara Alta, se destacaron las críticas del senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, quien señaló que

"con esta intervención inconsulta hemos roto una tradición de independencia internacional". (47)

Mientras las Cámaras parlamentarias discutían la continuidad o no de la participación de las naves argentinas, fuera del recinto parlamentario se hicieron oír las voces a favor y en contra de la misma. Entre las primeras, cabe destacar la posición de distintas entidades empresarias –las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); la Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias (CAME); la Unión de Entidades de Servicios (UDES); la Unión de Entidades de Servicios (UDES); la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA); y el Consejo Argentino de la Industria (CAI)-, quienes el día 23 de enero emitieron un comunicado conjunto, al cual se sumó la CGT San Martín, liderada por Guerino Andreoni. El texto de la declaración

fue similar al presentado el mismo día por la Unión Industrial Argentina (UIA) y decía lo siguiente:

"1) La presencia de naves argentinas se fundamenta en la resolución de las Naciones Unidas que procura preservar el derecho internacional y la paz mundial, alterados por Irak al invadir Kuwait.

2) Por tal razón, el respaldo que otorgamos a la permanencia de las tropas argentinas tiene como objetivo colaborar con los esfuerzos dirigidos a una urgente solución del conflicto". (48)

Entre las voces opuestas a la presencia argentina en la zona del Golfo, vale mencionar las agrupaciones de izquierda (Movimiento al Socialismo -MAS-, Trabajadores por el Socialismo -PTS-; Partido Obrero -PO-; Partido Comunista –PC), Partido Obrero (PO)) y de algunos sectores aislados del peronismo y del radicalismo (grupo peronista Descamisados, Grupo de los Ocho y Mujeres Radicales) quienes, en los días 15 –el del vencimiento del ultimátum de la ONU a Saddam Hussein para que retire sus efectivos de Kuwait- y 23 de enero organizaron sendos actos en el Congreso bajo las consignas "Fuera yanquis del Golfo Pérsico" y "Regreso de las tropas argentinas". Una posición similar de repudio a la guerra e intervención del Congreso para exigir al Ejecutivo el retorno de las naves argentinas adoptó la Juventud Radical y las agrupaciones de derechos humanos Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). (49)

Ese mismo 18, Menem enfrentó a los sectores críticos de su propio partido señalando que la Guerra del Golfo "va a beneficiar a la Argentina". Utilizando el viejo argumento del pragmatismo comercial argentino en el marco de un contexto bélico, sostuvo que la Argentina podía aprovechar la necesidad de alimentos y combustibles del mundo como lo había hecho el general Juan Domingo Perón durante la Segunda Guerra Mundial, en los siguientes términos:

"Los peronistas que se rasgan las vestiduras no se acuerdan ahora de que fue el general Perón el que le declaró formalmente la guerra al Eje y nuestro país proveyó de alimentos y combustibles al mundo". (50)

Finalmente, el 23 de enero tuvo lugar el último capítulo de esta batalla interna. La Cámara de Diputados aprobó por 117 votos contra 99 la permanencia de las naves en la zona del Golfo Pérsico en términos de "apoyo logístico" a las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos. El Ejecutivo consiguió la ratificación parlamentaria con el respaldo de la liberal Unión del Centro Democrático (UCD), los demoprogresistas, el Movimiento Popular Jujeño, el Partido Federal, los liberales correntinos y el Partido Provincial Rionegrino, entre otros. Votaron en contra de la iniciativa oficial los radicales, los disidentes peronistas enrolados en el Grupo de los Ocho y el Partido Provincial Bandera Blanca. También lo hicieron varios diputados justicialistas, entre ellos Eduardo Ferreyra, Julio Badrán, Jaime Martínez Garbino y Raúl Rodríguez. (51) Entretanto, y en oposición a la decisión del Congreso, las agrupaciones de izquierda MAS y PC y los peronistas del Grupo de los Ocho organizaron otra marcha, instando al regreso de las naves argentinas. (52)

Tiempo después de esta dura victoria parlamentaria, el 8 de febrero, el presidente norteamericano Bush llamó por teléfono al presidente Menem para transmitirle su comprensión de los problemas que debe enfrentar la Argentina y su reconocimiento por la contribución del país a la presencia de las fuerzas aliadas en el Golfo Pérsico. (53)

b) La posición asumida por la administración menemista en las sucesivas crisis entre los gobiernos de Estados Unidos e Irak

Durante la nueva crisis suscitada entre los gobiernos de Irak y Estados Unidos que tuvo su inicio el 13 de enero de 1993, el gobierno argentino renovó su apoyo a la posición de Washington. Pocas horas después que un centenar de aviones norteamericanos, ingleses y franceses bombardearan objetivos estratégicos en territorio iraquí, Menem sostuvo que la Argentina está "totalmente de acuerdo con la actitud adoptada por las Naciones Unidas" respecto del régimen iraquí de Saddam Hussein y que desembocó, primero, en la Guerra del Golfo de 1991; y el 13 de enero de 1993, en el ataque aéreo a Irak por parte de fuerzas occidentales lideradas por Estados Unidos. Consultado por un periodista sobre si "la Argentina va a colaborar como la vez anterior (Guerra del Golfo) con naves o equipamiento logístico", Menem respondió

"Por supuesto, si se requiere esa colaboración, ahí va a estar la Argentina." (54)

Por su parte, ese día 13 de enero, la Cancillería emitió un comunicado que ratificaba

"el apoyo del gobierno argentino a las resoluciones del Consejo de Seguridad y a las acciones que en su consecuencia adopten los países miembros de la coalición para obtener el respeto a los derechos humanos y los principios consagrados en la carta de la UN". (55)

A diferencia de la posición adoptada por el presidente y por el canciller argentinos, el ministro de Defensa, Antonio Erman González, aclaró que una eventual participación argentina

"dependerá de la evolución de los acontecimientos y de las resoluciones de la UN", pues la Argentina sólo actuará "en el marco jurídico internacional". (56)

No obstante esta inicial posición reticente del titular de Defensa, en un nuevo ciclo de la crisis entre Estados Unidos e Irak a principios de febrero de 1998, y luego de un sondeo de la diplomacia norteamericana para cosechar apoyos de los países latinoamericanos a una eventual intervención norteamericana contra el gobierno de Bagdad, el presidente Menem señaló que la Argentina estaba dispuesta a enviar tropas al Golfo Pérsico, con el fin de respaldar una eventual acción militar de los Estados Unidos contra Irak, aun si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no autorizara dicha intervención. (57)

Siguiendo la posición de Menem, el 13 de febrero, los ministros de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella y de Defensa, Jorge Domínguez, anunciaron la decisión del gobierno argentino de enviar tropas al Golfo Pérsico como apoyo logístico para sumarse a las fuerzas encabezadas por los Estados Unidos, en el caso de que el presidente Bill Clinton decidiera atacar a Irak. (58)

El anuncio del gobierno argentino tuvo un impacto positivo en el gobierno norteamericano. Pocas horas después del mismo, el Departamento de Estado norteamericano dio a conocer una declaración por medio de James P. Rubin, vocero del ministerio encabezado por Madeleine Allbright, cuyo texto decía lo siguiente:

"El gobierno argentino ha anunciado en Buenos Aires que está preparado para prestar su plano apoyo al esfuerzo internacional para requerir que Irak cumpla totalmente con todas las resoluciones de las Naciones Unidas, particularmente respecto del premiso para que los inspectores de la UN completen su misión.

"Específicamente (el gobierno argentino) anunció que en caso de que los esfuerzos diplomáticos fracasen, está preparado para desplegar personal militar y equipamiento.

Esta decisión de efectuar una contribución militar, si fuera necesario, refleja el coraje y el liderazgo del gobierno argentino que, además de la participación en el operativo Tormenta del

Desierto (la Guerra del Golfo de 1991) ha provisto tropas para misiones de paz alrededor del mundo en años recientes". (59)

Finalmente, el 18 de febrero de 1998, los senadores justicialistas aprobaron un proyecto simbólico de apoyo a la decisión gubernamental de enviar una misión médico militar a la zona de conflicto del Golfo Pérsico. La Alianza votó en contra de la iniciativa oficialista al considerar que el envío de tropas debía ser autorizado por una ley del Congreso, "ya que se trata de una ayuda militar y no humanitaria", sostuvieron los legisladores del bloque radical. (60)

c) Las medidas adoptadas por las autoridades de la Casa Rosada y el Palacio San Martín en materia de política nuclear, no proliferación y tecnologías sensibles

Junto con la participación argentina en la Guerra del Golfo, otro indicio de la voluntad del gobierno de Menem por ingresar y consolidación un patrón de "relaciones especiales" con Estados Unidos fueron las medidas adoptadas en materia de política nuclear, no proliferación y tecnologías sensibles. Por cierto, el gobierno argentino percibió correctamente el alto grado de prioridad que para las autoridades de la Casa Blanca tuvieron –y siguen teniendo- estas áreas temáticas de la agenda, y resolvió adoptar los pasos necesarios para evitar que estos issues continuaran constituyendo fuentes de conflicto bilateral.

Un primer gesto en este sentido lo otorgó el entonces secretario de Estado de Asuntos Multilaterales y Espaciales, Mario Cámpora, durante la IV Ronda de Consulta sobre Temas Nucleares entre Argentina y Estados Unidos que tuvo lugar en Buenos Aires en agosto de 1989. En dicha ocasión, Cámpora expresó ante su contraparte norteamericano, el embajador especial del presidente Bush sobre cuestiones de energía nuclear, Richard Kennedy, la voluntad del gobierno argentino de avanzar en la cooperación nuclear con Brasil como

"la mejor forma de asegurar en América del Sur que los países que poseen energía nuclear trabajan en cooperación ya que así queda establecido el sistema de salvaguardia". (61)

A su vez, Kennedy destacó durante la siguiente Ronda de Consultas en mayo de 1990 en Buenos Aires, el "alto grado de acuerdo sobre principios, objetivos y enfoque" en materia de no proliferación nuclear, sobre la cual Argentina tenía un comportamiento que el representante norteamericano calificó de "impecable". (62)

Como fruto de este clima de coincidencias, el 30 de noviembre del mismo año, el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de la Argentina, Manuel Mondino, y el jefe de la Comisión Regulatoria Nuclear de los Estados Unidos (USNRC), Kenneth Carr, suscribieron un memorandum de entendimiento para el intercambio de información técnica sobre la seguridad de los reactores nucleares de potencia e investigación. Fue el primer acuerdo sobre los usos pacífico de la energía nuclear suscripto entre ambos países. (63)

La visita del presidente norteamericano George Bush a la Argentina, a principios de diciembre de 1990, confirmó plenamente este clima de coincidencias, al constituir en sí misma un gesto de apoyo político a la administración Menem. Además, el titular de la Casa Blanca felicitó a los presidentes de la Argentina y del Brasil "por hacer valer el tratado de Tlatelolco" a través del acuerdo nuclear suscripto en Foz do Iguazú el 28 de noviembre de 1990 en el que ambos países latinoamericanos se comprometían a descartar la utilización de la energía atómica con fines bélicos, acordaban una serie de controles mutuos de sus instalaciones nucleares y entendían que no podían ratificar Tlatelolco a menos que se modificara el Artículo 13, referido al secreto para resguardar la actividad industrial nacional. (64)

Por cierto, otra decisión del gobierno argentino en esta materia fue la suspensión de los embarques nucleares a Irán, en febrero de 1992. La misma tuvo un alto costo financiero ya que

Argentina perdió 18 millones de dólares. No obstante, el gobierno norteamericano sostuvo que ese costo era un efecto "lamentable pero necesario" cuando los gobiernos buscan un mundo más seguro en el que "quede reducido el peligro de una difusión de armas atómicas". (65)

Por su parte, el canciller argentino, Guido Di Tella, cuestionó en reunión de gabinete la rentabilidad exportadora del programa nuclear local, destacando al respecto que el mismo representaba

"(…) inversiones de miles de millones de dólares para una ganancia que no llega a los cien millones". (66)

Como era de esperarse, la suspensión de los embarques nucleares a Irán llevó al ex canciller Dante Caputo a acusar al canciller Guido Di Tella de practicar "apartheid tecnológico". (67) El primero defendió las exportaciones de tecnología nuclear a países en vías de desarrollo aprobadas durante el gobierno de Alfonsín, aclarando que la participación argentina en la reconversión del núcleo del reactor nuclear de investigaciones de la Universidad de Teherán fue pedida por la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA). Asimismo, la venta de un reactor nuclear a Argelia fue definida por Caputo como

"(…) una proeza iniciada y terminada en sólo cuatro años con un país que nunca estuvo sospechado de tener intenciones de fabricar la bomba" (68)

El ex canciller concluyó sus críticas a la política nuclear impulsada por el gobierno, acusando a este último de soñar con el ingreso al Primer Mundo

"sin darse cuenta de que ningún país desarrollado amenaza, con medidas como ésta, su propia investigación básica y el desarrollo tecnológico" (69)

Cabe destacar que el hilo conductor que animaba esta acusación de Caputo era compartido por el ministro de Defensa del gobierno de Menem, Antonio Erman González. En referencia a la intromisión del embajador norteamericano Terence Todman en la política interna argentina, González dejaba al descubierto sus divergencias con la óptica de Di Tella en los siguientes términos:

"en toda negociación, el que cede más allá de lo necesario es el culpable de los avances de la otra parte. No podemos imputarle al negociador, en este caso Todman, ciertas actitudes que le permiten sus interlocutores." (70)

Más allá de estas divergencias en el seno de la administración menemista, en ocasión de una charla sobre las relaciones argentino-norteamericanas en la que estuvo presente la ex embajadora norteamericana en la ONU Jeanne Kirkpatrick, el presidente ratificó el rumbo de la política exterior adoptado por el canciller Di Tella, enfatizando que "somos aliados, amigos y hermanos" de los Estados Unidos. (71)

Finalmente, como fruto de las medidas adoptadas por el gobierno argentino en materia de no proliferación nuclear y tecnologías sensibles, vale destacar la positiva repercusión que las mismas tuvieron en los países integrantes del Régimen de Control de Tecnología Misilística (MTCR). El 11 de marzo de 1993, la Cancillería argentina informó en un comunicado que en su reunión de Canberra, Australia, los países integrantes del mencionado Régimen (entre ellos Estados Unidos) resolvieron invitar a la Argentina a incorporarse al organismo en su próxima reunión, a fin de año en Suiza. El comunicado expone también que la invitación "significa un claro reconocimiento de los pasos concretos" dados por la Argentina en el ámbito de la no proliferación de las armas de destrucción masiva. (72) Uno de dichos pasos fue precisamente la finalización del proyecto Cóndor, objeto de análisis del siguiente apartado.

d) La desactivación del misil Cóndor II

Por cierto, el test más importante que atravesó la adopción de este patrón de "relaciones especiales" con los Estados Unidos fue, sin lugar a dudas, la desactivación del misil Cóndor II, un proyecto desarrollado por la Fuerza Aérea durante el régimen militar (73) y que, a pesar de las presiones combinadas de Estados Unidos e Israel, no había sido interrumpido tras el advenimiento del régimen democrático en 1983. Cabe destacar al respecto la sanción de los decretos secretos 604 del 9 de abril de 1985 -por el cual el Ejecutivo aprobó los programas Cóndor I y Cóndor II- (74) y 1315 del 13 de agosto de 1987 –que permitía la continuación del Cóndor II y la exportación de parte de su tecnología a través de una nueva sociedad anónima, la empresa Integradora Aeroespacial S.A. (INTESA)- (75); la exposición del Cóndor 1-AIII en el 36 Salón de Aeronáutica y Espacio en París en mayo de 1985 por parte de los oficiales de la Fuerza Aérea argentina –estrategia que estuvo destinada a retrasar las presiones internacionales en contra del proyecto a través de su presentación pública- (76); y la primera prueba "de banco" de los motores de combustible sólido desarrollados para el Cóndor II en la planta de Falda del Carmen (Córdoba) a principios de 1988 (77).

Durante la gestión de Menem, el proceso de desactivación del proyecto Cóndor atravesó tres etapas diferenciadas, en las que se registró un progresivo incremento de las presiones de Washington: una inicial, de demora en la decisión de desmantelar el misil, que se extendió entre julio de 1989 y abril de 1990; una etapa intermedia, de conflictos interministeriales respecto de la suerte del proyecto y de resistencia de la Fuerza Aérea argentina a las presiones norteamericanas, etapa ésta que se inició con el anuncio de paralización del proyecto por parte del ministro de Defensa Humero en abril de 1990 y culminó con el decreto presidencial 995 del 28 de mayo de 1991, que decidió el fin del misil; y una última etapa, de implementación de la decisión adoptada por el decreto 995, que se extendió desde mayo de 1991 hasta septiembre de 1993, fecha en la que los últimos restos del Cóndor II arribaron a España.

Respecto de la primer etapa o etapa inicial, la administración Menem vivió lo que Anabella Busso, basándose en fuentes de la Cancillería, denomina una "etapa mística" con respecto al Cóndor, similar a la experimentada por la gestión de su antecesor. Según la citada especialista, los relatos de los oficiales de la Fuerza Aérea y su capacidad para cautivar a la dirigencia política –dote que evidenciaron tanto el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, brigadier Ernesto Crespo, durante la gestión de Alfonsín, como su sucesor, José Juliá, durante la de Menem-, fueron factores que, sumados a las ideas del propio presidente en referencia al desarrollo aeroespacial, demoraron la decisión de desmantelar el misil desde julio de 1989 hasta mayo de 1991 y su ejecución hasta 1993. (78)

El canciller Domingo Cavallo, a pesar de participar de esta inicial "etapa mística", fue uno de los primeros funcionarios del gobierno de Menem en abandonarla, debido a las señales que recibió de las autoridades del Departamento de Estado norteamericano durante la visita que realizara, previa a la que el presidente concretó en septiembre de 1989. De acuerdo con las opiniones de Eduardo Barcelona, Julio Villalonga y Anabella Busso, el entonces titular del Servicio Exterior regresó a Buenos Aires convencido de que el Cóndor II estaba en el centro de las preocupaciones de las autoridades de Washington y que su continuidad obstaculizaría cualquier intento de obtener el respaldo político norteamericano en las gestiones con los organismos de crédito internacionales. A partir de este viaje, Cavallo se convirtió en el funcionario que más abiertamente respaldó el desmantelamiento del Cóndor. Esta opción demoró en consolidarse, debido a las dudas iniciales del propio presidente –preocupado por los costos internos de esta decisión ligados a la posible reacción de los partidos de la oposición y de los aeronautas- y las preferencias de los sucesivos ministros de Defensa y de los oficiales de la Fuerza Aérea, interesados en mantener dos objetivos irreconciliables desde el punto de vista de la Casa Blanca y del Pentágono: la continuidad del proyecto y la colaboración norteamericana en materia aeroespacial. (79)

Durante esta etapa inicial, el gobierno y las autoridades militares norteamericanas emitieron varios mensajes que refutaron las expectativas de los oficiales aéreos y del propio gobierno argentino, en tanto vincularon la concesión de créditos financieros a la economía argentina y la asistencia técnica en el campo de la investigación espacial a la adopción de un paso previo: la desactivación del misil. Dicha vinculación de cuestiones apareció durante el primer encuentro entre los presidentes Carlos Menem y George Bush, entre el 25 y 29 de septiembre de 1989, tanto en las conversaciones que Bush y su secretario de Estado James Baker tuvieron con Menem y a los ministros de Economía Néstor Rapanelli y de Relaciones Exteriores, Domingo Cavallo; como en las que mantuvieron la subsecretaria de Defensa Nancy Doran y jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, brigadier José Juliá. También tuvo ocasión de manifestarse a través de las presiones que el brigadier Juliá recibió de parte del jefe de la aviación norteamericana, general Larry Welsh, durante su visita a Buenos Aires en marzo de 1990 y del subsecretario del Departamento de Estado para los Asuntos Nucleares y de Desarme, Reginald Bartholomew, durante la visita de Juliá a Washington en mayo del mismo año. Para ambos visitantes, el fin del Cóndor constituyó un paso previo a cualquier posible negociación sobre los dos temas que interesaban a los oficiales aéreos argentinos: la cooperación militar bilateral y la compra del avión argentino Pampa por parte de la Fuerza Aérea norteamericana. (80)

Frente a estas presiones norteamericanas, el gobierno argentino anunció a través de su ministro de Defensa Humberto Romero la paralización del Cóndor en abril de 1990. Pero estas declaraciones no conformaron a las autoridades norteamericanas, quienes temían que el congelamiento del proyecto fuese tan sólo una estrategia temporal, destinada a dilatar su fin. Así lo expresó el propio secretario Baker al ministro Cavallo. Poco después de este encuentro entre Cavallo y Baker, el presidente Menem buscó tranquilizar a Washington confirmando las declaraciones de Romero. (81)

Esta declaración de congelamiento del proyecto Cóndor por parte del ministro Romero y del presidente Menem abrió una segunda etapa en el intrincado proceso de desmantelamiento del Cóndor, que, como se ha dicho, se extendió entre abril de 1990 y mayo de 1991. Durante la misma, Menem adoptó un paso en la dirección realmente deseada por las autoridades de la Casa Blanca y el Pentágono cuando el 20 de julio de 1990 sancionó el decreto secreto 1373. Dicho decreto dispuso la disolución de la empresa INTESA, la rescisión de los contratos firmados por ella y la colocación de la planta de Falda del Carmen bajo el mando directo del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Por su parte, los técnicos del Programa Secreto Cóndor debían colocar todo en manos de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE). (82)

No obstante, las presiones norteamericanas sobre el proyecto Cóndor aumentaron notoriamente a partir de la invasión de Irak a Kuwait en agosto. La probable participación iraquí en el nacimiento y desarrollo del Cóndor y la posible transferencia de la tecnología de este misil al régimen de Saddam Hussein en el contexto bélico se convirtieron en dos poderosas razones que alimentaron la preocupación de las autoridades norteamericanas, las cuales colocaron esta cuestión en el tope de la agenda. En este marco, el embajador Todman recibió del Departamento de Estado la orden de intensificar las presiones para conseguir la destrucción del Cóndor II, y el consejero científico Paul Maxwell las de obtener del presidente de la CNIE, comodoro Miguel Guerrero, la más completa información sobre la situación del proyecto. Mientras el diplomático presentó el 6 de septiembre un "non paper" dirigido a los Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa pidiendo aclaraciones sobre cuestiones vinculadas al Cóndor, lo propio hizo el consejero científico norteamericano, quien anunció la visita de un grupo de técnicos norteamericanos a la planta de Falda del Carmen con el fin de extraer la información que no había podido obtener de Guerrero. Ante este juego de presiones, que exigieron el fin del Cóndor como paso previo a la cooperación financiera y militar bilateral, el presidente Menem decidió dar otro paso en dirección a las expectativas de Washington, ratificando en ese mismo mes de septiembre la paralización del proyecto y ordenando en secreto a la Fuerza Aérea que frenara el desarrollo del misil. (83)

En enero de 1991, los técnicos norteamericanos llegaron a la Argentina y recorrieron instalaciones en Mendoza, La Rioja, Córdoba, Chubut y Buenos Aires. El balance de la visita arrojó un enorme conjunto de dudas que, volcadas en un documento secreto de la embajada norteamericana, se convirtieron en un nuevo instrumento de presión diplomática adicional. (84)

De acuerdo con los trabajos de Barcelona, Villalonga y Busso, las dudas norteamericanas respecto de la suerte del proyecto Cóndor se incrementaron aún en mayor medida tras las declaraciones efectuadas por Guido Di Tella, en su carácter de canciller, durante su visita a Estados Unidos en febrero del mismo año. En dicha ocasión, el titular del Servicio Exterior se entrevistó en Washington con el consejero de Seguridad Nacional Brendt Snowcroft y con el secretario de Estado James Baker, ante quienes afirmó que el gobierno no sabía lo que estaba haciendo la Fuerza Aérea y que no tenía ninguna garantía respecto de la destrucción de las partes del misil. Frente a esta versión, las declaraciones efectuadas por los funcionarios ante los medios otorgaban una versión más benévola acerca de los resultados de la visita, al sostener que las partes habían acordado alguna forma de cooperación para que "la tecnología argentina, las instalaciones físicas que se usaron en el proyecto Cóndor y la capacidad de los científicos y técnicos argentinos" puedan ser encauzados en el desarrollo de algún proyecto para fines pacíficos emprendidos por ese país. (85)

Como respuesta a la incrementada presión norteamericana, se hicieron oír las voces contrarias a la destrucción del misil dentro y fuera del gobierno. Dentro del gobierno, tuvieron lugar una serie de reuniones que evidenciaron dos posiciones enfrentadas en relación a esta cuestión. Una de ellas fue la representada por los ministros de Relaciones Exteriores y Economía, Guido Di Tella y Domingo Cavallo, respectivamente. Ambos fueron partidarios de una destrucción con verificación internacional, como paso destinado a frenar la carrera armamentista en la región y las presiones internacionales según la óptica de Di Tella y atraer los créditos externos necesarios para alimentar el plan de convertibilidad según la de Cavallo. La otra posición, partidaria del reciclaje de las partes del Cóndor para usos civiles, fue la defendida por el ministro de Defensa, Erman González y por el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, brigadier José Juliá. Este enfrentamiento interministerial duró cuarenta y tres días, desde el 16 de abril hasta el 28 de mayo de 1991. (86)

Fuera del gobierno, el principal partido de la oposición, el radicalismo, hizo oír sus objeciones ante lo que interpretaba como una claudicación del gobierno frente a las presiones norteamericanas. Así, el ex ministro de Defensa del gobierno de Alfonsín, Horacio Jaunarena, protagonizó con Cavallo una guerra que tuvo como tema central la participación iraquí en el proyecto Cóndor y que se desarrolló en tres frentes: el parlamentario –desarrollado en septiembre de 1990 en el contexto del informe presentado ante los legisladores acerca de la decisión del gobierno de enviar tropas al Golfo Pérsico-; el televisivo –en enero de 1991- y el epistolar –también en enero- (87)

Asimismo, el 24 de abril, el gobernador de Córdoba, Eduardo Angeloz, se opuso al desmantelamiento del proyecto, en tanto constituía "una actividad que representa mucho para el progreso tecnológico de Córdoba". Por su parte, el bloque de diputados de la UCR calificó de "inadmisible" el desmantelamiento del Cóndor II y solicitó que concurriesen a la Comisión de Defensa de la Cámara Baja el canciller Guido Di Tella y el ministro de Defensa Antonio Erman González, para que informasen al respecto. (88)

Por su parte, a principios de mayo, tuvo lugar el primer choque de declaraciones entre el presidente Menem y su antecesor respecto de esta delicada cuestión. Menem sostuvo que el gobierno "nunca jamás va a aceptar presiones de ningún tipo, no importa de donde vengan" respecto del destino que tendría el proyecto Cóndor II. Menem dijo que el proyecto "quedó totalmente desactivado" pero destacó que "la tecnología desarrollada para su construcción puede

ser utilizada con fines pacíficos". Por su parte, el ex-presidente Raúl Alfonsín reveló que tenía la impresión

"de que se hace más de lo que los Estados Unidos piden. Se está sobreactuando y se quiere ser complaciente". (89)

El 28 de mayo, el Poder Ejecutivo resolvió dar un punto final al enfrentamiento interministerial a través de la sanción del decreto 995. El mismo dispuso en su artículo 8º la muerte del misil, pero al mismo tiempo eludió la palabra destrucción que tanto irritaba al ministro González, al lobby aeronáutico y a los partidos de oposición:

"Derógase el decreto 1165, del 28 de enero de 1960, y disuélvese la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE), disponiéndose que todos los elementos, partes y componentes del misil Cóndor II, en todas versiones y etapas de desarrollo, serán desactivados, desmantelados, reconvertidos y /o inutilizados, según sus posibilidades de uso en aplicaciones y destinos pacíficos, de manera de efectivizar en forma fehaciente y definitiva la cancelación completa e irreversible del proyecto respectivo".

En reemplazo de la CNIE -que dependía de la Fuerza Aérea-, se creó la Comisión Nacional de Actividades Espaciales -CONAE-, único organismo del Estado Nacional para "entender, diseñar, ejecutar, controlar, gestionar y administrar proyectos y emprendimientos en materia espacial" cuyas autoridades serían nombradas por el primer mandatario con acuerdo del Senado". (90)

Durante el resto de 1991 y 1992, la Fuerza Aérea y Defensa aprovecharon esta falencia del decreto –la ausencia de la palabra destrucción- a través de dos métodos diferentes. Los oficiales aéreos ocultaron partes del misil impidiendo que el gobierno y en especial la Cancillería pudieran contar con un inventario completo de los distintos componentes. Por su parte, Defensa se aferró al texto del decreto y habló de reciclaje con fines pacíficos. (91) Un ejemplo cabal al respecto fue el anuncio del ministro González respecto del destino civil que se daría al Cóndor, efectuado el 11 de febrero de 1992, durante el acto de traspaso del proyecto de la Fuerza Aérea a la CONAE, organismo dependiente de la Presidencia de la Nación:

"lo que queda desactivado es todo lo que vaya dirigido a un armamento. Las partes que puedan ser utilizadas para disparador o en investigaciones espaciales, van a ser recuperadas, recicladas y reorientadas con esa finalidad." (92)

Tras adoptar estos pasos, el gobierno argentino ingresó en una tercera etapa del proceso, la de ejecución de la desactivación del Cóndor. Manejó dos opciones en referencia al destino final de los componentes desactivados del misil: Estados Unidos o España, otro miembro del MTCR. La elección cayó en la segunda, debido a que, como señala Anabella Busso, constituía una alternativa menos irritante para la Fuerza Aérea y para la opinión pública en general. (93)

De acuerdo con el ex vicecanciller del gobierno de Menem, Andrés Cisneros -quien además fue Jefe de Gabinete y vicepresidente de la CONAE desde su fundación a mediados de 1991 hasta el fin del mandato de Menem en diciembre de 1999-, la embestida de la oposición política y de la Fuerza Aérea contaba con un argumento de peso: que desactivando el proyecto Cóndor II el país perjudicaba seriamente su derecho soberano a incorporar y desarrollar tecnología especial de punta, imprescindible en la evolución esperada para un país como la Argentina en el siglo XXI.

Por su parte, el gobierno contraatacó con una estrategia que no se limitara a la mera supresión del proyecto Cóndor II sino en su reemplazo por una actividad espacial pacífica en la cual el derecho argentino a desarrollar tecnología de punta en este campo no pasara por la construcción

de misiles (arma de destrucción masiva) no, mucho menos, el vendérselos a Irak o a cualquier Estado involucrado en un conflicto tan estratégico y sensible como el de Medio Oriente, donde, como lo había demostrado la experiencia del Cóndor, el accionar argentino chocaría con intereses estratégicos de grandes potencias en u conflicto en que la Argentina no jugaba ningún interés nacional directo.

Para instrumentar esta política se decidió crear un organismo específico, que no dependiese del Ministerio de Defensa ni de ninguna institución militar. La filosofía que sustentaba esta política puede rastrearse en un memo de la época, dirigido al canciller Di Tella por el entonces Jefe de Gabinete:

" No existe constancia de que el Cóndor II haya formado parte de un proyecto mayor, integral, que abarcase la entera actividad, que abarcase la entera actividad espacial. Parece, por el contrario, que se trató de un proyecto puramente militar, misilístico, de uso bélico específico. Por otra parte, la construcción de armas de destrucción masiva contradice los principios enunciados desde el advenimiento de la democracia tanto por este Gobierno como por el anterior del doctor Alfonsín y que se ha venido traduciendo con marcado éxito, por ejemplo, en materia nuclear con nuestros vecinos, especialmente el Brasil, con quienes hemos convenido encarar la tecnología atómica con fines exclusivamente pacíficos. Un mínimo de coherencia por nuestra parte indicaría extender el mismo criterio a la actividad espacial y a toda otra susceptible de producir armamentos definibles como de destrucción masiva. De hecho, la experiencia brasileña ha recorrido ese camino, sin chocar ni con sus vecinos ni con las grandes potencias. Su actividad espacial nunca incluyó la fabricación de misiles (esto es, armamento) sino vectores pacíficos para colocar satélites en órbita. De esta manera, pudieron desarrollar por su cuenta y adquirir en el mercado internacional sin críticas, condenas o pérdidas de confianza que, a la larga, redundan en aislamiento y, con él, en retroceso tecnológico. El argumento de que una tecnología misilística como la del Cóndor es dual y, por ende, permite alternativamente un uso militar o pacífico, no se sostiene: a poco andar el neutral desarrollo debe optar por uno u otro sentido. Y el gobierno militar que originó el proyecto Cóndor –en simetría con tanques para Ejército y dos submarinos para la Marina- optó desde el principio mismo por desarrollar un arma, no un vector para satélites.

De hecho, la política que pareciera más recomendable es la de concentrarnos en fabricar nuestros propios satélites argentinos, asociados con Brasil, Italia y otros países, lo que ya supone una fuerte inversión económica y, hasta que podamos, además, invertir en el desarrollo de vectores, contratar con la NASA, la EASA europea o con China la puesta de nuestros satélites nacionales en órbita, como ya lo hacen países de envergadura media como Argentina desde hace más de una década". (94)

Las primeras negociaciones con España se iniciaron en abril de 1992, ocasión en la que viajó a Madrid una comitiva integrada por el ministro de Defensa Erman González, el secretario de Defensa Juan Ferreira Pino, el Jefe de Gabinete de la Cancillería Andrés Cisneros, el secretario Menicochi y el presidente de la CONAE, Dr. Jorge Sahade. Como respuesta a esta visita, en junio de 1992, la Cancillería recibió a una delegación de científicos del Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial (INTA) de España, quien fue invitada a visitar la planta de Falda del Carmen. (95)

No obstante estos contactos con España, el gobierno norteamericano no ocultó su intranquilidad ante la aparición de una editorial de Nathaniel Nash en el diario The New York Times del 19 de agosto de 1992 respecto de la negativa de la Fuerza Aérea argentina a dar por terminado el proyecto Cóndor y del ocultamiento de 14 cohetes con sus motores intactos y partes esenciales del sistema de guía, fuera del alcance del gobierno. Como era de esperarse, las autoridades de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa desmintieron estas versiones, pero las autoridades de Washington redoblaron sus presiones diplomáticas para inutilizar todas las partes

del misil que aún existían y, por esta vía, doblegar la resistencia de la Fuerza Aérea argentina al fin del proyecto. (96)

El cambio de signo político ocurrido tras las elecciones de noviembre de 1992, con la llegada del demócrata Bill Clinton a la titularidad de la Casa Blanca, no implicó ninguna modificación en la política de Washington hacia este tema sensible de la agenda. Muy por el contrario, Clinton compartió con su antecesor la preocupación por el pronto final del proyecto misilístico argentino. La relevancia que que tuvo esta cuestión para la administración entrante quedó manifiesta en las siguientes declaraciones del secretario de Estado asistente para Asuntos Interamericanos, Bernard Aronson:

"Se encontraron restos de la tecnología del Cóndor II en el armamento iraquí capturados en la Guerra del Golfo. Si Saddam Hussein hubiera utilizado un cohete construido en la Argentina contra tropas norteamericanas, hubiera sido una catástrofe geopolítica, que le hubiera llevado al país más de 50 años superar. (…) Terminar con el Cóndor II fue una decisión muy sabia. Si la Argentina lo hubiera construido, hubiera sido muy insalubre para ella (…).

(…) La Argentina cometería un error gigantesco si falla en adoptar una ley de propiedad intelectual. No lo hagan por presión, sino por su propio interés, como lo hizo México. Vivimos en una economía global. El capital es cruel; va hacia las mejores oportunidades. Es un problema de lucidez. Luchen contra la corrupción. El primero que ganará con una ley de propiedad es el pueblo argentino. Caso contrario, preferirán a México. Lo peor que puede hacer el Congreso argentino es cortar el niño por la mitad: nadie estará satisfecho. Lo mejor que hizo la Argentina fue pegar su moneda al dólar, sin ningún tipo de gradualismo. Sería un gran error aprobar una ley de patentes modesta. (…)". (97)

De acuerdo con el carácter prioritario que las autoridades de la Casa Blanca y de la Embajada norteamericana en Buenos Aires otorgaron a esta cuestión, el gobierno de Menem respondió a dichas presiones a través de la adopción del decreto 1903/93 que autorizó la exportación de las distintas partes del Cóndor a España. El 10 de enero de 1993 llegó el primer envío a la base naval española de Rota, con los componentes menos importantes que habían sido entregados por la Fuerza Aérea al gobierno. Esta situación colocó en una posición muy incómoda al canciller Di Tella quien, procurando frenar la presión de Washington, afirmó en dos oportunidades, el 1° y el 3 de marzo de 1993, que "la Argentina ya le dio el punto final al Cóndor II" que llegó a España a fines de enero para ser desactivado. (98)

No obstante estas declaraciones, el día 3, el Ministerio de Defensa español dio un detalle de los elementos del Cóndor II que recibió de la Argentina para su desmantelamiento, entre los que no se encontraban sus partes más sensibles. (99)

A su vez, las declaraciones del Ministerio de Defensa español llevaron a su contraparte argentino, Antonio Erman González, a solidarizarse con su colega de Relaciones Exteriores. Respecto de este tema, González afirmó el 4 de marzo que

"Se busca algo que no existe (...) la cabeza inteligente del Cóndor II. Los medios periodísticos hablaron de una cabeza que no tuvo el Cóndor". (100)

Una nueva declaración, la del vocero del Pentágono, mayor Bryan Witman, efectuada el 6 de marzo, contribuyó a elevar aún más el voltaje de conflictividad en torno de esta cuestión. Witman sostuvo en Washington que las piezas del Cóndor II enviadas por Argentina a España fueron finalmente destruidas en los Estados Unidos, pero que no estaban todas:

"La Argentina (...) está en el proceso de desmantelar el programa, pero no ha entregado todos los componentes y, por ello, continuamos trabajando y solicitándolos". (101)

Las declaraciones del funcionario norteamericano obligaron al canciller Di Tella a reiterar que Argentina había enviado todas las partes del Cóndor en los siguientes términos:

"(…) de acuerdo con un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial español, hemos enviado todos los componentes del Cóndor a ese país. Si ha remitido algunas partes a Estados Unidos o las ha retenido no es ni de nuestra competencia ni de nuestro interés." (102)

Los esfuerzos del canciller argentino por apagar las dudas del Pentágono encontraron un aliado en la Embajada norteamericana en Buenos Aires, organismo que el 8 de marzo de 1993 distribuyó un comunicado en el que, al avalar la actitud del gobierno argentino, desautorizó las afirmaciones de Witman. De acuerdo con el comunicado de la Embajada:

"El gobierno de la Argentina merece ser encomiado por ser uno de los líderes en este hemisferio en los esfuerzos destinados a reducir la diseminación de la tecnología misilística."Como consecuencia de ello y en reconocimiento de los progresos realizados por la Argentina, los Estados Unidos están apoyando activamente la solicitud formulada por este país para participar en el régimen de Control de Tecnología Misilística (MTCR) cuyas deliberaciones se llevarán a cabo esta semana en Canberra."Los Estados Unidos y otros miembros del régimen del MTCR han estado trabajando estrechamente con el gobierno argentino para ayudarlo a desprenderle de los elementos sobrantes del programa misilístico Cóndor II."Este es un esfuerzo cooperativo y no podemos discutir los detalles de esa cooperación." (103)

A diferencia de la Embajada norteamericana en Buenos Aires, el diario New York Times, del día 7 de marzo, compartió las dudas del vocero del Pentágono al sostener que

"Tanto EE.UU. como la Argentina reconocieron que computadoras pequeñas que podrían ser usadas para guiar el misil no fueron incluidas en el embarque. En la Cancillería argentina se sostiene que no saben si esos elementos fueron escondidos intencionalmente, desmantelados para otros usos o, simplemente, extraviados." (104)

Por cierto, la pertinencia de estas dudas se vio confirmada el 11 de junio de 1993, fecha en la que fueron hallados dos lanzadores del Cóndor en un campo vecino a la Falda del Carmen (Córdoba), que estaban escondidos en un galpón al lado de una casa abandonada, según fuentes del Ministerio de Defensa. (105)

A partir de ese momento, el embajador norteamericano en la Argentina, Terence Todman, intentó poner en juego toda su capacidad de presión para concretar el objetivo de Washington: que el fin del Cóndor II tuviera un plazo concreto. (106) El 18 de junio, Todman mantuvo una reunión con el vicecanciller Fernando Petrella y otros funcionarios, en la que manifestó la ausencia de partes del misil (107) y expresó abiertamente sus dudas respecto de la voluntad del titular de Defensa, Oscar Camilión, en entregar todas las partes del Cóndor. Concluyó su intervención señalando que

"Vine a transmitir la respuesta oficial de mi país. Una comisión de la Trading Development Agency llegará en tres semanas para hacer un estudio de factibilidad (de reconversión de la planta de Falda del Carmen) y ver qué proyecto pacífico es viable para esas instalaciones." (108)

Como era de esperarse, las urticantes declaraciones del embajador Todman provocaron la reacción inmediata del ministro Camilión, quien el 19 de junio cuestionó las declaraciones de Todman, por considerarlas "totalmente fuera de lugar". Camilión sostuvo asimismo que

"(…) hay algunas cosas que sería más prudente conversarlas con las personas directamente interesadas si existen discrepancias, esto es con los funcionarios con los que se tiene que hablar. Creo que el embajador Todman debe hablar fundamentalmente con la Cancillería". (109)

Este ciclo de crisis entre el embajador norteamericano y el ministro de Defensa comenzó su epílogo a partir del 23 de junio, cuando el sucesor de Todman, James Cheek, se reunió con Camilión. En dicho encuentro se acordó que las partes faltantes del Cóndor serían enviadas a España en la primera semana de septiembre de 1993. (110) Dos días después, el 25 de junio, agregado científico de la embajada norteamericana en la Argentina, Paul Maxwell, pudo ver en vivo y directo algunas de las partes perdidas del Cóndor II en la base Aérea Material Quilmes, lo cual pareció evidenciar por primera vez la buena disposición de la Fuerza Aérea argentina a las inspecciones norteamericanas. (111)

Durante la visita de Menem a Estados Unidos, que tuvo lugar a fines de ese mes de junio, el tema Cóndor figuró entre los temas de agenda tratados con Bill Clinton. Pero los puntos de fricción entre el gobierno argentino y el norteamericano en este tema parecieron definitivamente cerrados, a juzgar por las expresiones del jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Colin Powell, quien sostuvo, durante su encuentro con Menem, que la desactivación del misil Cóndor respondió a una decisión "sabia y prudente del gobierno argentino" y constituía "un ejemplo para el mundo". (112)

Una secuela de las presiones norteamericanas a favor de la desactivación completa del Cóndor II, ejercidas a través del embajador Todman, fue, sin lugar a dudas, el alejamiento temporario del comodoro Miguel Guerrero, director del proyecto, a partir de agosto. El diplomático norteamericano, en una reunión que mantuvo con el ministro de Defensa Oscar Camilión, objetó la continuidad y la actitud de Guerrero, uno de los principales defensores del proyecto y opositor al desmantelamiento definitivo del producto militar de la planta cordobesa de Falda del Carmen. (113)

Esta polémica decisión del ministro de Defensa provocó la reacción del titular de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, el justicialista Miguel Angel Toma, quien señaló al respecto:

"Me parece una aberración que a alguien se le sancione por su capacidad y su voluntad de trabajo; no voy a abrir juicio porque desconozco la causa que determinó que el ministro Oscar Camilión adoptara una medida de esta naturaleza, pero si fue por aquella razón (el proyecto Cóndor) haré un escándalo". (114)

Días después, el ministro de Defensa Oscar Camilión declaró que el comodoro Guerrero había pedido su licencia "por las de él, sin perjuicio del tema Cóndor" y que él no haría nada por revertir dicha situación. (115)

Este tema tuvo su punto final, el 27 de septiembre, fecha en la que se concretó el segundo de los envíos de restos sensibles del Cóndor a España. Dichos envíos totalizaron 41 containers. (116)

e) Las medidas adoptadas por el gobierno argentino para revertir las falencias de seguridad en el aeropuerto internacional de Ezeiza

Junto a las medidas adoptadas en materia de no proliferación nuclear y tecnologías sensibles, otra cuestión de la agenda bilateral donde el gobierno argentino debió adaptarse a los requerimientos norteamericanos fue, sin lugar a dudas, el de la seguridad en el aeropuerto internacional de Ezeiza, cuyas falencias eran un posible foco de atracción para el accionar de los grupos terroristas.

La preocupación del gobierno de Estados Unidos respecto de esta cuestión se hizo evidente con el comunicado dado a conocer por la Embajada norteamericana en Buenos Aires del 13 de marzo de 1992, el cual daba a su vez detalles acerca de los alcances de la resolución del Departamento de Transporte norteamericano. La misma señalaba que mientras las medidas de seguridad en el aeropuerto de Ezeiza habían sido mejoradas en forma significativa, había todavía áreas en las cuales dicho aeropuerto no alcanzaba las normas establecidas por la Organización Internacional de Aviación (OACI).

Haciéndose eco de estos informes, el gobierno norteamericano ordenó a todas las empresas de aeronavegación que operaban con la Argentina que notificaran a sus pasajeros que el principal aeropuerto de Buenos Aires no les otorgaba suficientes medidas de seguridad en caso de atentados terroristas. Un vocero del Departamento de Transporte dijo que se trataba de medidas relacionadas con la protección contra ataques con armas o explosivos, no de medidas de seguridad de vuelo. Por su parte, el secretario de dicho Departamento, Andrew Card, ordenó que se ponga un aviso prominente en todos los aeropuertos de los Estados Unidos avisando sobre las carencias de Ezeiza. A fin de tranquilizar a las autoridades argentinas, Card dejó claramente establecido que la determinación podía ser cambiada en forma inmediata cuando se demostrara que las medidas requeridas habían sido adoptadas en el aeropuerto de Ezeiza. (117)

Como era de esperarse, estos informes cayeron como un baldazo de agua fría en el gobierno argentino. El 14 de marzo, el presidente Menem sostuvo que la denuncia norteamericana sobre deficiencias en el control de la seguridad en el aeropuerto de Ezeiza era "una cuestión de neto corte político" y "una burda mentira". (118)

Frente a las declaraciones de Menem, las autoridades norteamericanas de aviación sostuvieron que la aeroestación de Ezeiza adolecía de "serias deficiencias operativas y de seguridad", en tanto era "ineficiente, cuando no inexistente, el mantenimiento de los aviones de Aerolíneas Argentinas que hacen escalas en los Estados Unidos." Según Pascual Gutiérrez, funcionario de la Federal Aviation Administration (FAA),

"casi con seguridad que la gota que rebalsó el vaso, para las autoridades norteamericanas, fue que el cólera haya desembarcado en Los Angeles de un avión de Aerolíneas Argentinas". (119)

Las reacciones del gobierno argentino se sucedieron. El 16 de marzo, el ministro de Defensa argentino, Antonio Erman González, contrario a la participación norteamericana en los servicios de rampa y los depósitos fiscales en el aeropuerto, hasta entonces en manos de la empresa mixta argentina Empresa de Cargas del Atlántico Sur (Edcadassa) (120), solicitó una nueva evaluación de seguridad, en virtud de que entendía que "en Ezeiza se cumple con todas las normas recomendadas por la Organización Internacional de la Aviación Civil". Por su parte, la Cancillería convocó al embajador norteamericano en la Argentina, Terence Todman, para hacerle conocer que la Argentina cumplía con todos los convenios internacionales referidos a la seguridad en el aeropuerto. Para el canciller Di Tella, en la Argentina se magnificaron las declaraciones de Gutiérrez en resguardo de la seguridad personal de los pasajeros. (121)

Por su parte, esa misma segunda quincena de marzo, los altos mandos de la Fuerza Aérea, encabezados por su titular, el brigadier José Juliá, se reunieron para analizar la situación. Llegaron a la conclusión que la denuncia norteamericana acerca de la inseguridad en el aeropuerto de Ezeiza estaba en realidad ligada a la guerra comercial desatada entre empresas extranjeras interesadas en el mercado aeronáutico argentino, y en la que varias firmas norteamericanas estaban interesadas en adjudicarse el servicio de rampas y la administración del aeropuerto, hasta entonces en control de la empresa Edcadassa. Desde la óptica de estos oficiales, Ezeiza no era un aeropuerto inseguro: si hubiera faltado seguridad, no habrían arribado al aeropuerto argentino los aviones de la USAF que participaron en la Guerra del Golfo y que a partir del 17 de marzo fueron exhibidos al público. Asimismo, dichos oficiales

coincidieron en señalar que en lo posible los requerimientos solicitados por la Federal Aviation Administration (FAA) se estaban llevando a cabo. Tales como, por ejemplo, el cerramiento perimetral del aeropuerto, la construcción de rampas para unir el espigón internacional con el de Aerolíneas Argentinas, y el pedido que hubiera una sola autoridad responsable de la seguridad. Finalmente, los brigadieres coincidieron en remarcar que otros requerimientos de las autoridades aéreas norteamericanas eran más difíciles de poner en práctica, a veces por la misma idiosincracia del pueblo argentino. Así, señalaron por ejemplo, que los pasajeros locales rechazarían medidas tales como las de formar fila para ser atendidos o colocarse la credencial en un lugar visible, pues las percibirían como propias del autoritarismo militar. (122)

Esta posición de la Fuerza Aérea argentina contó con la adhesión del Ministerio de Defensa. Así, el 17 de marzo, el secretario de Asuntos Militares de dicha cartera, Juan Ferreira Pinhom, señaló que

"Nosotros estamos trabajando para que los aeropuertos sean seguros. Nos gustaría que lo fuesen mucho más, pero sentimos que en estos momentos Ezeiza no es inseguro y que está cumpliendo con las prácticas y normas aconsejadas por la Organización Internacional de la Aviación Civil (OACI)" (123)

En coincidencia con la declaración anterior, el secretario de Turismo, Francisco Mayorga, afirmó que "es injusto que se califique de esa forma a Ezeiza" y si bien admitió que la terminal "tiene deficiencias de otro tipo", subrayó que "cumple con la seguridad necesaria". (124)

Frente a estos reclamos del gobierno argentino, el 19 de marzo llegaron a Buenos Aires tres técnicos de la Federal Aviation Administration (FAA) de los Estados Unidos, con el objetivo de realizar una nueva evaluación de las condiciones de seguridad que ofrecía el aeropuerto de Ezeiza. (125) Finalmente, el 22 de junio de 1992, el secretario norteamericano de Transporte, Andrew Card, anunció en Washington el levantamiento del alerta de seguridad que pesaba desde el 13 de marzo sobre el aeropuerto de Ezeiza, al haber cumplido la Argentina con las exigencias de la OACI -entre ellas la de construir un muro largo de hormigón, que impedía observar los movimientos de aviones en la pista de Ezieza desde las playas de estacionamiento y otros sitios destinados al público. Este anuncio fue comunicado en Buenos Aires por el embajador Terence Todman, en forma personal, a los ministros argentinos de Defensa; Antonio Erman González, y de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella. (126)

f) La posible intervención argentina en el "Plan Colombia"

Finalmente, otro decidido gesto del gobierno argentino, destinado a evidenciar la voluntad por estrechar lazos con Estados Unidos en materia de cooperación estratégica, fue la posible participación argentina en el "Plan Colombia" de lucha contra la droga. Por cierto, esta voluntad de la gestión menemista encajaba bien con la intención de algunos de los funcionarios de la administración Clinton –en particular la secretaria de Estado Madeleine Allbright- de otorgar un sustento multilateral a la intervención norteamericana en el espacio colombiano. Así, este sector del gobierno demócrata –en contraposición a la posición unilateralista del entonces director de lucha antinarcóticos, general Barry Mc Caffrey- auspició una gira por diversos países de la región –entre ellos Brasil y la Argentina- con el objeto de sumar voluntades regionales a esta intervención.

En este contexto, el 24 de julio de 1999, fue el propio presidente Carlos Menem quien aseguró que si el gobierno del presidente Andrés Pastrana solicitaba ayuda militar

"la Argentina, por solidaridad, allí estará". (127)

• NOTAS

* El autor de este capítulo desea expresar su agradecimiento al ex vicecanciller del gobierno de Menem, Andrés Cisneros, quien cedió generosamente documentación perteneciente a su archivo personal, la cual constituyó una importante fuente de información en la construcción de este trabajo. Asimismo, desea agradecer la ayuda otorgada por Lucy Di Génova, del Internacional Resource Center (IRC) de la Embajada de los Estados Unidos.

** Master en Relaciones Internacionales, FLACSO; Doctor en Historia, Universidad Torcuato Di Tella.

1. El gobierno radical de Raúl Alfonsín (1983-1989) inició un "giro realista" en las relaciones con Estados Unidos a partir de la segunda mitad de 1984. Fueron indicadores del mismo la adopción de dos sucesivos planes de estabilización económica –el Austral, adoptado entre junio de 1985 y agosto de 1988 y el Primavera, desde agosto de 1988 hasta julio de 1989-; la normalización de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales de crédito –inicialmente tensas, especialmente durante la gestión de Bernardo Grinspun como ministro de Economía-; la adopción de un perfil de menor protagonismo respecto de la crisis centroamericana, un tema sensible para la administración norteamericana de Ronald Reagan; y el anuncio de cambios en materia de explotación petrolera, efectuado durante el segundo viaje del ex presidente a Estados Unidos en marzo de 1985. No obstante, este "giro realista" quedó inconcluso como producto de una serie de condicionantes internos, que evidenciaban la persistencia de un legado cultural de enfrentamiento con Washington tanto en las filas de los partidos de oposición como en sectores del propio radicalismo. Entre estos condicionantes cabe mencionar la resistencia a adoptar las medidas de reforma estructural del Estado anunciadas por Alfonsín como segunda fase del "Plan Austral" y la persistencia de gestos que chocaban con los intereses no proliferatorios del gobierno norteamericano, tales como, entre otros, la continuidad del proyecto misilístico Cóndor II y la negativa de las autoridades argentinas a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y ratificar el de Tlatelolco. Sobre el "giro realista" en las relaciones con Estados Unidos y sus limitaciones pueden consultarse los artículos de Russell, Roberto, "Las relaciones Argentina-Estados Unidos: del "alineamiento heterodoxo" a la "recomposición madura"", en Hirst, Mónica (compiladora), Continuidad y cambio en las relaciones América Latina-Estados Unidos, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano (en adelante GEL), 1987, especialmente pp. 44-61; De la Balze, Felipe A. M., "La política exterior de "reincorporación al Primer Mundo"", en Cisneros, Andrés (compilador), Política exterior argentina 1989-1999. Historia de un éxito, Buenos Aires, 1998, especialmente pp. 115-116; Escudé, Carlos, "Pasado y presente de las relaciones argentinas con los hegemones occidentales", en Cisneros, op.cit., especialmente pp. 199-202; y Cisneros, Andrés y Escudé, Carlos (directores), Historia general de las relaciones exteriores de la República Argentina, Buenos Aires, GEL, 2000, Parte III, Tomo XIV, Capítulo 69, especialmente Conclusión, pp. 581-586.

2. Ver al respecto los artículos de Castro, Jorge, "La Argentina, Estados Unidos y Brasil: el triángulo de la década del 90", y de Fontana, Andrés, "La seguridad internacional y la Argentina en los años ‘90", ambos en Cisneros, (compilador), op.cit., pp. 83-105 y 275-341, respectivamente.

3. Para un análisis pormenorizado del contexto global y regional durante la post-Guerra Fría ver Norden, Deborah L., y Russell, Roberto, The United States and Argentina. Changing relations in a Changing World, New York, Routledge, 2002, Chapter 2.

4. Rapoport, Mario y Spiguel, Claudio, Estados Unidos y el peronismo. La política norteamericana en la Argentina, 1949-1955, Buenos Aires, GEL, 1994. Ver también Cisneros y Escudé, (directores), op.cit., Parte III, Tomo XIII, Capítulo 61 y Tomo XIV, Capítulo 67, Buenos Aires, GEL, 1999.

5. Acerca de las relaciones entre Argentina y Estados Unidos durante los gobiernos peronistas de la década de 1970 pueden consultarse los trabajos de Moneta, Carlos Juan, "La política exterior del peronismo 1973-1976", en Perina, Rubén y Russell, Roberto, (editores), Argentina en el mundo 1973-1987, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1988, pp. 47-97; Vásquez Ocampo, José María, "Una década de política exterior argentina (1973-1983). De las tentativas autonómicas a la dependencia consentida", Tesis de maestría en Relaciones Internacionales, Buenos Aires, FLACSO, 1988; Vásquez Ocampo, José María, Política exterior argentina / 1 (1973-1983) (De los intentos autonómicos a la dependencia), Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1989; Corigliano, Francisco Manuel, "Las relaciones políticas entre Argentina y Estados Unidos durante los gobiernos de Cámpora, Lastiri y Perón (25 de mayo de 1973 al 1° de julio de 1974)", Tesis de Maestría en Relaciones Internacionales, Buenos Aires, FLACSO, mayo de 1989; Martinelli, Rosana, "Las políticas exteriores de los gobiernos peronistas (1973-1976)", Buenos Aires, Universidad Torcuato Di Tella, Tesis de Licenciatura en Estudios Internacionales, 1997; Cisneros y Escudé, (directores), op.cit., Parte III, Tomo XIV, Capítulo 67, Buenos Aires, GEL, 2000; y Corigliano, Francisco Manuel, "La política exterior del gobierno de María Estela Martínez de Perón (1° de julio de 1974 al 24 de marzo de 1976): los lineamientos de cambio y de continuidad respecto de la política exterior del gobierno de Juan Perón", Buenos Aires, Universidad Torcuato Di Tella, Tesis de Doctorado en Historia, diciembre de 2002.

6. Como indicadores de esta percepción pueden consultarse los siguientes artículos "Peronists Celebrate Victory, Turn to Argentine Economic Crisis", diario The Washington Post, May 15, 1989, First Section, p.

A 14; y "Argentine President, Successor Meet Amid Economic Tailspin. Financial Markets Mirror Political Uncertainty", by Eugene Robinson, The Washington Post, May 19, 1989, Section Financial, p. F 1, ambos en www.nexis.com/research/search/doclist?.

7. Comentarios de The Wall Street Journal del 11 de mayo de 1989, citados en artículo "The Wall Street Journal critica duramente a Menem", diario El Cronista Comercial, 12 de mayo de 1989, p. 7.

8. En su versión original, el editorial del diario The New York Times del 16 de mayo de 1989 destacaba que "The cheering has barely ended from the Argentine elections, but is already evident that Presidente-elect Carlos Saul Menem is caught in the contradiction between public expectations that he will remove the Peronist tradition of state largesse and the restrictions imposed by a prostrate economy". Ver editorial "Argentina President-Elect in the Shadow of Peron: Carlos Saul Menem", by Shirley Christian, The New York Times, May 16, 1989, Section A, p. 3, Col. 1, Foreign Desk, en www.nexis.com/research/search/doclist?. Por su parte, el comentario editorial del The Washington Post del mismo día, señalaba respecto del resultado electoral que "Argentina has had a fiar, calm, democratic election and elected a man, Carlos Menem, whose peronist inheritance suggest he may try escaping from hyperinflation and bankruptcy by way of the proven falling route of Gen. Juan Peron’s blend of fascism and fervent nationalism". Ver al respecto "Argentina’s Choice", The Washington Post, May 16, 1989, A20, en www.nexis.com/research/search/doclist?. Consultar asimismo los párrafos traducidos y comentarios de estos mismos editoriales, citados en el artículo "Preocupación y escepticismo. EE.UU. y Alemania creen que Menem debe tener una chance", diario El Cronista Comercial, 17 de mayo de 1989, p. 12.

9. Ver las declaraciones de Menem en artículos "Sólo oficiales y suboficiales si van tropas al conflicto iraquí", diario Página/12, 10 de agosto de 1990, p. 10; "Menem reiteró que podría enviar tropas", diario La Nación, 14 de agosto de 1990, p. 2.

10.Declaraciones del senador Eduardo Menem, citadas en apartado "Menem: "Burdas mentiras"", La Nación, 21 de agosto de 1990, p. 2.

11.Ante la invasión de Irak a Kuwait, efectuada el 2 de agosto, el canciller Cavallo expresó a través de un comunicado del Palacio San Martín su "preocupación" instando a las tropas iraquíes a retirarse a la posición que ocupaban el día 1° en consonancia con la resolución 660 del Consejo de Seguridad de la ONU del mismo día 2. Al día siguiente, 3 de agosto, el canciller Cavallo mostró su desacuerdo con la moción de Estados Unidos de aplicar sanciones económicas a Kuwait como medio para disuadir la invasión de Irak, destacando que "Nosotros no creemos que sea conveniente utilizar esa herramienta en las relaciones internacionales (…) tampoco especulamos con el aprovechamiento de situaciones que consideramos negativas, como el caso de esta invasión, para obtener ventajas económicas". Ver las declaraciones del canciller Cavallo en artículos "Argentina", Página/12, 3 de agosto de 1990, p. 3; "Argentina en desacuerdo", Página/12, 4 de agosto de 1990, p. 14; "La Argentina no enviará tropas al golfo Pérsico, reiteró Cavallo", La Nación, 19 de agosto de 1990, p. 4; "Sólo a pedido de Naciones Unidas", Página/12, 19 de agosto de 1990, p. 3; y "No hemos variado un ápice nuestra posición", Página/12, 22 de agosto de 1990, p. 4.

12."Están dispuestas a participar las FF.AA. argentinas", La Nación, 23 de agosto de 1990, pp. 1 y 3.

13.De acuerdo con fuentes del Gobierno reproducidas por La Nación, Menem se inclinó más rápidamente por una participación argentina después de haber recibido un informe del canciller Domingo Cavallo. Durante su gira por Israel y Egipto, Cavallo recogió la impresión de que se esperaba una resolución de la Argentina en ese sentido, habido cuenta del agravamiento de la crisis en la zona del Golfo Pérsico. "Menem, dispuesto a enviar fuerzas de paz", La Nación, 17 de septiembre de 1990, p. 1.

14."Fuerzas argentinas intervendrán en el bloqueo militar contra Irak", La Nación, 19 de septiembre de 1990, p. 1; "Una decisión histórica para ayudar a lograr la paz en Medio Oriente", La Nación, 19 de septiembre de 1990, pp. 1 y 3 y "Sin bloqueo no hay embargo", La Nación, 20 de septiembre de 1990, p. 8. Ver texto completo del mensaje del canciller Cavallo en "Cavallo explicó los motivos del envío de fuerzas argentinas al Golfo Pérsico", La Nación, 19 de septiembre de 1990, p. 3. Ver también "El canciller dijo que tras su reciente gira advirtió que se está conformando un sistema mundial de seguridad fiel a la carta de la UN. Cavallo explicó el cambio de la posición argentina", La Nación, 23 de septiembre de 1990, p. 5.

15."Menem justificó la decisión del Gobierno", La Nación, 20 de septiembre de 1990, p. 4. 16. Idem nota anterior.17.Ver al respecto los artículos "Opiniones dispares", La Nación, 20 de septiembre de 1990, p. 4; "Aunque no

obtendría los dos tercios reglamentarios. Mayoritario apoyo para interpelar a Romero y a Cavallo en Diputados", La Nación, 20 de septiembre de 1990, p. 5; "Los radicales denunciaron en el Senado que el oficialismo impidió el debate", La Nación, 20 de septiembre de 1990, p. 5; y "Diputados: fracasó la interpelación a dos ministros", La Nación, 21 de septiembre de 1990, p. 3.

18."Cuestionamientos de senadores del PJ al canciller", La Nación, 21 de septiembre de 1990, p. 3; "Nuevas repercusiones por el envío de las tropas al Golfo", La Nación, 21 de septiembre de 1990, p. 3; "Opiniones por el envío de tropas al Golfo", La Nación, 22 de septiembre de 1990, p. 5; "Ubaldini, monseñor Novak y Pierri se oponen a la medida. Rechazo al envío de tropas en actos de los partidos opositores", especialmente el apartado "Críticas políticas", La Nación, 25 de septiembre de 1990, p. 6, que cita las críticas de Pierri y Ubaldini a la decisión del gobierno de enviar tropas al Golfo Pérsico.

19.El decreto 1560, firmado el 13 de agosto de 1990, aprobaba la resolución 661 adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que establecía una serie de medidas de embargo económico contra el régimen iraquí de Saddam Hussein. Ver los textos del decreto 1560 y de la resolución 661 citados en Anales de Legislación Argentina 1990, Tomo L-C, Buenos Aires, La Ley, 1990, pp. 2498-2499.

20.Ver el contenido del comunicado conjunto en artículo "Por el envío de carnes a Irak. El diputado Samid cesó ayer como asesor del presidente de la Nación", La Nación, 23 de septiembre de 1990, p. 4. Por su parte, Samid admitió que envió a Irak 140 toneladas de carne a Irak. No obstante, sostuvo que dicha decisión fue adoptada antes de que la ONU estableciera el bloqueo a dicho país, y la justificó en los siguientes términos: "Lo hice porque tengo familiares, porque sé que hay niños que tienen hambre, porque hay ancianos que tienen hambre, porque hay mujeres que tienen hambre y no tienen nada que ver en este problema". Pocos días después de decretada su destitución, Samid acusó a los Estados Unidos de pretender instalarse en Arabia Saudita definitivamente. Agregó que los norteamericanos estaban haciendo con la guerra un fabuloso negocio "ya que impiden a Irak extraer el petróleo y ellos ahora lo pagan a Arabia Saudita a 12 dólares mientras lo venden a 42". Asimismo, sostuvo que los norteamericanos recaudaban 20 mil millones de dólares de un fondo común para subvencionar los gastos ocasionados por la crisis con Irak, del cual "nos pagarán el viaje de los dos buques (argentinos) que navegan hacia el Golfo". Ver estas declaraciones de Samid, citadas en artículos "Controversia por la llegada de carne argentina a Irak", La Nación, 22 de septiembre de 1990, p. 5 y "Volverá a Bagdad el embajador argentino", apartado "Explicación de Samid", La Nación, 13 de octubre de 1990, p. 2.

21."Manzano: se enviarán más fuerzas al Golfo si hay nuevos pedidos", La Nación, 25 de septiembre de 1990, p. 7; "El Senado continuará el debate sobre el envío de tropas al Golfo", La Nación, 25 de septiembre de 1990, p. 7; "Pierri apoya el envío de fuerzas al Golfo Pérsico", La Nación, 26 de septiembre de 1990, p. 4; "Impidió el PJ un pronunciamiento del Senado sobre el envío de tropas", La Nación, 26 de septiembre de 1990, p. 4; "La Cámara alta no condenó el envío de tropas al Golfo", La Nación, 27 de septiembre de 1990, p. 6, "Giro de senadores del PJ por el envío de tropas", La Nación, 28 de septiembre de 1990, p. 8.

22."Apoyo justicialista a la decisión presidencial respecto del Golfo", La Nación, 28 de septiembre de 1990, p. 8.

23."Romero aseguró que los buques no participarán en misiones ofensivas", La Nación, 20 de septiembre de 1990, p. 4.

24."Beneplácito de los EE.UU. por la actitud argentina", La Nación, 20 de septiembre de 1990, p. 1; y "Todman expresó ayer el beneplácito de EE.UU.", La Nación, 20 de septiembre de 1990, p. 4.

25."Elogió Bush la determinación del Presidente", La Nación, 21 de septiembre de 1990, p. 1.

26."Satisfacción norteamericana", La Nación, 25 de septiembre de 1990, p. 7.

27."Firme apoyo e Bush a la política de Menem", La Nación, 2 de octubre de 1990, p. 1 y "La visita de Menem a los Estados Unidos. Posiciones comunes en el desayuno con Bush", por Julio Crespo, La Nación, 2 de octubre de 1990, p. 4. Ver también editoriales de opinión "La semana política. La aceleración de la historia", por Angel Anaya, La Nación, 4 de octubre de 1990, p. 8, donde Anaya destaca el contraste entre el favorable y rápido impacto de la actitud argentina en la Guerra del Golfo en el andarivel político bilateral y el ritmo más lento de las cuestiones comerciales de la agenda.

28."Golfo: nuestro país enviaría más efectivos", La Nación, 22 de octubre de 1990, p. 1.

29.Comunicado del ministerio de Defensa sobre la cuestión de la participación argentina en el Golfo en "Golfo: se usarán las armas para la legítima defensa", La Nación, 23 de octubre de 1990, p. 8.

30."Incertidumbre legislativa por la participación argentina", La Nación, 2 de diciembre de 1990, p. 1; y "Mayoritario rechazo opositor a la intervención argentina en una guerra", La Nación, 2 de diciembre de 1990, p. 6.

31.Ver también el editorial de opinión "La Argentina y el Golfo Pérsico. Ser el país previsible que todos ambicionamos", por Carlos Pérez Llana, La Nación, 25 de septiembre de 1990, p. 9, donde Pérez Llana evalúa como correcta la decisión estratégica del gobierno de Menem de ser parte activa del nuevo orden en gestación a través del envío de tropas, pero critica la falta de consulta al Congreso, factor que, a juicio de Pérez Llana, debilitaba la previsibilidad del país.

32.Ver editorial de opinión "La crisis del Golfo y la Segunda Guerra Mundial", por Carlos Escudé, La Nación, 16 de octubre de 1990, p. 7. En el mismo, Escudé califica como "aventurada y poco seria" la opinión que la presencia argentina en el Golfo acarrearía enormes beneficios y la ausencia, enormes costos. Al respecto, sostiene que "(...) No hay ninguna garantía de que estar en el Golfo producirá beneficios, y probablemente los costos de no estar presentes se reducirán a la pérdida de una buena oportunidad de hacerle un favor simbólica a un país de cuya buena voluntad dependemos para muchas cosas.La Segunda Guerra Mundial debe ser un recordatorio permanente de lo costosas que pueden ser las malas relaciones con un país como los Estados Unidos, pero la analogía no debe llegar más allá. Por diversos motivos en los que no puedo entrar aquí, no ir al Golfo no generaría las sanciones que sufrimos como consecuencia de nuestra neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, a al vez que ir no nos producirá los beneficios generados por el alineamiento brasileño durante ese conflicto.Esas exageraciones son contraproducentes para la misma causa de la participación argentina, porque son fácilmente refutadas y ridiculizadas. La Argentina es en el presente un país muy débil y la posición que ocupe en el orden internacional después de esta crisis va a ser modesta, esté o no presente en el Golfo. Por

otra parte, no debería ser necesario apelar a estas exageraciones para demostrar la esencial sabiduría de saber hacer un favor simbólico a los Estados Unidos en estas circunstancias: esto no es fácilmente refutable."

33.Ver al respecto los artículos "Menem: todo el pueblo tendría que salir a la calle a saludar a Bush", La Nación, 2 de diciembre de 1990, p. 18; y "El presidente George Bush comenzará hoy su visita a nuestro país. Refinanciación de la deuda externa", La Nación, 5 de diciembre de 1990, p. 7.

34."El presidente George Bush comenzará hoy su visita a nuestro país…", op.cit.35. Idem nota anterior.36.Ibidem. Consultar asimismo el artículo "Marcha de protesta en el Centro", La Nación, 6 de diciembre de

1990, p. 6. 37."Menem: todo el pueblo tendría que salir a la calle a saludar a Bush", La Nación, 2 de diciembre de 1990,

p. 18.38."Bush agradeció la alineación de nuestro país tras los objetivos de Occidente", La Nación, 6 de diciembre

de 1990, p. 1; y "Cálido elogio de Bush al presidente Carlos Menem", La Nación, 6 de diciembre de 1990, p. 11.

39.Address to the Argentine Congress, Buenos Aires, Argentina, Dec 5, 1990, fuente citada en CARI, La relación entre la Argentina y los Estados Unidos 1989-1995. Una nueva etapa, Trabajo dirigido por el Embajador Raúl Granillo Ocampo, Buenos Aires, El Cronista Ediciones, 1996, p. 299.

40."Será enviado en las próximas horas al Congreso. Proyecto oficial para la misión que cumplirán las naves en el Golfo", La Nación, 7 de diciembre de 1990, p. 4. Fuentes diplomáticas citadas por La Nación señalaron que en la conversación privada que mantuvieron Menem y Bush, éste le habría manifestado la intención del gobierno argentino de colaborar ampliamente con los países comprometidos directamente a través de una tarea que implicara el desarrollo de acciones bélicas, lo que Bush consideró atendible. En la redacción del proyecto de ley (tarea en la que intervinieron funcionarios de los Ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores, además de expertos de derecho internacional) se formularon especificaciones sobre las acciones a desarrollar por las naves argentinas que estaban en el Golfo en caso de guerra.

41."Regresarán las naves del Golfo. A fines de enero, según el canciller", La Nación, 14 de diciembre de 1990, p. 1 y "Cavallo informó a los senadores", La Nación, 14 de diciembre de 1990, p. 6.

42."En el Congreso sigue pendiente el debate por la crisis del Golfo", La Nación, 12 de enero de 1991, p. 4.

43."El conflicto en Medio Oriente. La UCR exigió el inmediato regreso de nuestras tropas", La Nación, 15 de enero de 1991, p. 5.

44.En dicha sesión del 17 de enero, el diputado Federico Storani sostuvo que "por primera vez en su historia la Argentina es cómplice de una tragedia indigna" y que Argentina "al ingresar al Primer Mundo lo hace bañado de sangre; somos los cabos de decimocuarta en esta política internacional de represión que jamás nos consideró para la toma de decisiones". Por su parte, el diputado Juan Pablo Cafiero calificó a Menem como "alcahuete de la historia" y denunció que "la agenda diplomática de la Cancillería incluye la venta de armas por el mercado negro". Declaraciones de Storani y Cafiero en artículo "Diputados sin debate. La oposición critica y espera", diario Página/12, 18 de enero de 1991, p. 12.

45.El proyecto de declaración presentado por los diputados Moccero y Drkos destacaba que "no se puede admitir que (Menem y Cavallo) decidan, como lo han hecho público, que la Argentina no es un país neutral en la guerra". Esta decisión "implica una nueva burla hacia las instituciones de la Constitución, y en particular al Poder Ejecutivo, que es el único que tiene atribuciones para resolver sobre la participación o no de nuestro país en un conflicto de esta naturaleza". Ver párrafos del proyecto de declaración de los diputados Moccero y Drkos, citados en artículo "Toneladas de repudios. Misiles contra la guerra", Página/12, 18 de enero de 1991, pp. 12-13.

46."Diputados sin debate. La oposición critica y espera"…, op.cit.

47."Comenzó el debate sobre el papel de las naves argentinas en el Golfo. Primer round en el Senado", Página/12, 18 de enero de 1991, pp. 12-13.

48."Respaldo empresarial a la presencia naval argentina. A los comunicados de apoyo de la Sociedad Rural, de la UIA y de otras entidades se sumó el de la CGT San Martín", La Nación, 24 de enero de 1991, p. 1.

49."La izquierda no quiere guerra", Página/12, 16 de enero de 1991, p. 11; "Piden que las naves vuelvan", Página/12, 16 de enero de 1991, p. 11; "Toneladas de repudios. Misiles contra la guerra"…, op.cit.; y "La izquierda dominó la marcha que impidió el retorno de las naves", La Nación, 24 de enero de 1991, p. 8.

50."Menem dijo que la Guerra del Golfo "va a beneficiar al país". La Argentina hace bingo", Página/12, 19 de enero de 1991, pp. 2-3.

51.Algunos de los diputados justicialistas que se opusieron a la continuidad de la participación argentina en el Golfo directamente no concurrieron a la sesión del 23 de enero. Tales los casos del jujeño Enrique Paz; el bonarense Eduardo Budiño; el integrante del bloque Movimiento Peronista, del Grupo de los Ocho, Franco Caviglia; el santacruceño Rafael Flores y el entrerriano Augusto Alasino. Ver al respecto los artículos "La permanencia de las naves aprobó Diputados", La Nación, 24 de enero de 1991, p. 1; "Política nacional, El Golfo, los políticos y la gente", por Angel Anaya, La Nación, 24 de enero de 1991, p. 6; "El conflicto en Medio Oriente. Diputados aprobó la permanencia de las naves", La Nación, 24 de enero de 1991, p. 8; y

"Las naves argentinas autorizadas a unirse a la coalición internacional. Tras un manto de neblina", Página/12, 24 de enero de 1991, pp. 2-3.

52."En marcha para que vuelvan", Página/12, 24 de enero de 1991, p. 2.

53."Bush agradeció el apoyo argentino en la zona del Golfo", por Julio Crespo, La Nación, 9 de febrero de 1991, pp. 1 y 4.

54."Tropas argentinas a Kuwait. Sup Erman vuelve a volar sobre el Golfo", Página/12, 11 de febrero de 1993, p. 3; "La Argentina, dispuesta a dar apoyo logístico", La Nación, 14 de enero de 1993, p. 1; "El segundo capítulo de la Guerra del Golfo. Argentina enviará apoyo logístico a los aliados", La Nación, 14 de enero de 1993, p. 5; y "Menem se ofrece. "La Argentina va a ayudar"", Página/12, 14 de enero de 1993, p. 2.

55."El segundo capítulo de la Guerra del Golfo. Argentina enviará …", op.cit.56. Idem nota anterior. 57."Menem se alineó contra Saddam. Afirmó que la Argentina respaldará las acciones de Estados Unidos o de

la UN", por María O' Donnell, La Nación, 7 de febrero de 1998, pp. 1 y 6; "Ratificó Menem su alineamiento contra Saddam", por Jorge Elías, La Nación, 9 de febrero de 1998, p. 8.

58.Por cierto, este anuncio del gobierno argentino provocó en el Congreso las críticas de los legisladores de la Alianza –que emitió un comunicado donde expresó su negativa por la decisión presidencial, y su inclinación por agotar todas las instancias diplomáticas posibles antes de adoptar una actitud belicista-; del diputado frepasista Guillermo Estévez Boero –quien señaló que el envío de tropas sin autorización del Congreso violaba el artículo 75° de la Constitución Nacional-; y del diputado cavallista Guillermo Francos –quien expresó que "un tema tan sensible y complejo como el envío de tropas para pelear contra Irak debe ser analizado y debatido por el Parlamento"-. Frente a estas expresiones críticas, la mayoría de los legisladores del PJ prefirió no opinar sobre el envío de tropas argentinas como gesto de apoyo a EEUU en la crisis entre Washington y Bagdad. Ver al respecto los siguientes editoriales: "La Argentina enviará tropas al Golfo Pérsico", La Nación, 13 de febrero de 1998, p. 1; "Tropas argentinas viajarán al Golfo", La Nación, 13 de febrero de 1998, p. 4; "Cuestionamiento de la oposición", La Nación, 13 de febrero de 1998, p. 4; "Washington tiene a la Argentina en su mente", por Jorge Elías, La Nación, 13 de febrero de 1998, p. 4. "Se confirmó la participación argentina si hay conflicto en el Golfo. Se enviarán tropas de apoyo logístico", La Nación, 14 de febrero de 1998, p. 1; "Se alistan 100 efectivos militares. Lo anunciaron Di Tella y Domínguez en la Casa Rosada; son médicos y personal logístico, integrantes de las tres fuerzas", La Nación, 14 de febrero de 1998, p. 4; y "Preparativos para una acción mayor", por Juan Castro Olivera, La Nación, 14 de febrero de 1998, p. 4.

59.Ver texto de la declaración del Departamento de Estado norteamericano en editorial "Declaración de Washington", La Nación, 14 de febrero de 1998, p. 4. Ver asimismo editorial de opinión "Destacan en EE.UU. el coraje de Menem", por Jorge Elías, La Nación, 14 de febrero de 1998, p. 4.

60."El Senado respaldó el apoyo argentino a los Estados Unidos", La Nación, 19 de febrero de 1998, p. 9.

61."Analizan el tratado de Tlatelolco con un enviado de Bush", La Nación, 19 de agosto de 1989, p. 5.

62.La delegación norteamericana de esta V Ronda de Consultas sobre Temas Nucleares entre Argentina y Estados Unidos en Buenos Aires estuvo encabezada por Richard Kennedy, consejero del Departamento de Estado sobre política de no proliferación y asuntos nucleares. Por la Argentina participaron el director de Asuntos Nucleares y Espaciales de la Cancillería, embajador Enrique Candioti, y el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Manuel Mondino. Al término de la reunión se emitió un comunicado conjunto en el que se mencionaba la importancia que tiene la energía nuclear "y sus posibilidades futuras, particularmente para el desarrollo económico, científico y tecnológico de América Latina". Sobre esta reunión ver los artículos "Habrá consultas por temas nucleares con los EEUU.", La Nación, 16 de mayo de 1990, p. 8 y "Coincidencias con los EEUU sobre la no proliferación nuclear", La Nación, 19 de mayo de 1990, p. 3.

63.El alcance del memorándum incluía el intercambio de información técnica entre la USNRC y la CNEA en los siguientes términos: a) notificación inmediata de eventos importantes, como accidentes serios de reactores operantes o cierre de reactores; b) información sobre planeamiento de emergencia y respuesta para los programas de reactores de energía; c) información de rutina y ad hoc sobre la seguridad de los reactores operantes; d) documentos describiendo el proceso de la USNRC para el licenciamiento y la regulación de la energía civil y los reactores de investigación de los Estados Unidos y los documentos equivalentes sobre la energía civil argentina y los reactores de investigación. Asimismo, el memorándum establecía la cooperación en el campo de la investigación de seguridad, a través de la ejecución de programas conjuntos y de la mutua cooperación en materia de capacitación y tareas en reactores nucleares. Ver al respecto el texto del Memorandum de Entendimiento entre la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Comisión Reguladora Nuclear de los E.U.A. (USNRC) para el intercambio de información técnica sobre seguridad en operar energía civil y reactores de investigación en reactores, citado en Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y Centro de Estudios de Política Exterior (CEPE), Argentina-Estados Unidos. Acuerdos Bilaterales 1853-2000, Buenos Aires, CARI-CEPE, 2000, Listado de Acuerdos N° 130, pp. 507-513. Ver asimismo el siguiente artículo: "Suscriben hoy con los EE.UU. un acuerdo sobre uso pacífico de la energía nuclear", La Nación, 30 de noviembre de 1990, p. 4.

64."Cálido elogio de Bush al presidente Carlos Menem", La Nación, 6 de diciembre de 1990, p. 11; y "Satisface a EEUU el acuerdo nuclear entre Argentina y Brasil", La Nación, 6 de diciembre de 1990, p. 20.

65."Washington cancela una exportación argentina. "Lamentable pero necesario"", Página/12, 2 de febrero de 1992, p. 2.

66."Washington cancela …", op.cit., p. 3.

67."Por la suspensión del envío nuclear a Irán. Acusan al canciller de "apartheid tecnológico"", Clarín, 11 de marzo de 1992, p. 15.

68."Por la suspensión del envío nuclear a Irán. Acusan al canciller…", op.cit.. 69. Idem nota anterior.70."Habla Erman González sobre las relaciones con Estados Unidos. "Se trata de poner límites"", Página/12,

15 de marzo de 1992, p. 2. 71."Menem: "Somos aliados, amigos y hermanos de los Estados Unidos", Clarín, 6 de agosto de 1992, p. 7.

72."Ingreso en el MTCR", La Nación, 12 de marzo de 1993, p. 8.

73.De acuerdo con un documento de inteligencia sobre el Cóndor II presentado por los Estados Unidos al gobierno argentino, preparado por el funcionario Vann Van Diepen, la Argentina tenía desde la década del ’60 una "experiencia considerable en misiles y cohetes", gracias a su programa de cohetería científica. En 1979 el régimen militar argentino tomó la decisión de "usar ésta y otra tecnología para desarrollar y producir una familia de misiles balísticos capaces de transportar cabezas nucleares, químicos o convencionales". Ver este documento, citado por Granovsky, Martín, Misión cumplida. La presión norteamericana sobre la Argentina, de Braden a Todman, Buenos Aires, Planeta, 1992, Anexo Documental Uno, especialmente p. 343. Por su parte, Anabella Busso destaca que el Programa Cóndor, iniciado en 1979, pretendió avanzar a través de tres etapas sucesivas: propulsión, guiado y carga. Dentro de este proceso en etapas se gestaron los proyectos de los misiles Cóndor I, Alacrán I y Cóndor II. Respecto de este tema y de la caracterización técnica de ambos proyectos consultar el trabajo de Busso, Anabella, Las relaciones Argentina-Estados Unidos en los noventa. El caso Cóndor II, Rosario, Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR), 1999, nota 2, p. 13 y Anexo I, pp. 141-144.

74.Este decreto 604/85 aprobaba los proyectos Cóndor I y Cóndor II y convalidaba una serie de contratos firmados el 14 de diciembre de 1984 entre la Fuerza Aérea Argentina y la empresa Tecnología Aeroespacial S.A. (TEA) –una firma "cautiva" de la Fuerza Aérea- por un lado; y las firmas Ifat Corp. Ltd (del Ministerio de Defensa egipcio), DESINTEC AG S.A. y el consorcio alemán CONSEN, por el otro. En el marco de estos contratos autorizados por el gobierno de Alfonsín, entre septiembre de 1988 y marzo de 1989 la Argentina habría exportado entre 12 y 30 carcasas de misiles Cóndor hacia Egipto. Ver al respecto "Nota de tapa. La novela del Cóndor", por Mario Baizán, revista Somos, Año 14, N° 748, 28 de enero de 1991, pp. 4-5. Ver asimismo referencias a este decreto en los trabajos de Santoro, Daniel, Operación Cóndor II. La historia secreta del misil que desactivó Menem, Letra Buena, Buenos Aires, 1992, pp. 123-124, quien aporta un facsímil del decreto 604; Granovsky, op.cit., p. 194; y Busso, op.cit., p. 33.

75.Granovsky, op.cit., pp. 194-195; y Busso, op.cit., p. 33.

76.Busso, op.cit., nota 39, p. 38.

77.Busso, op.cit., pp. 38-39.

78.Sobre esta "etapa mística" del gobierno de Menem respecto del proyecto Cóndor, consultar Busso, op.cit., p. 63.

79.Barcelona, Eduardo, y Villalonga, Julio, Relciones carnales. La verdadera historia de la construcción y destrucción del misil Cóndor II, Buenos Aires, Planeta, 1992, pp. 53-55; y Busso, op.cit., p. 65.

80.Ver al respecto de estos ejemplos de estrategia de vinculación el editorial "Guerra al Cóndor II", por Oscar Raúl Cardoso, diario Clarín, 11 de octubre de 1989, p. 13. Ver asimismo los trabajos de Granovsky, op.cit., pp. 195-196 y Busso, op.cit., pp. 66-67.

81.Ver al respecto Granovsky, op.cit., p. 192 y Busso, op.cit., pp. 67-68.

82.Granovsky, op.cit., pp. 200-201.

83.Busso, op.cit., pp. 70-71 y Granovsky, op.cit., pp. 196-201.

84.Granovsky, op.cit., pp. 201-204; Barcelona y Villalonga, op.cit., pp. 104-105; y Busso, op.cit., pp. 74-75.

85.Ver al respecto los trabajos de Barcelona y Villalonga, op.cit., pp. 143-144; y Busso, op.cit., p. 75. Consultar asimismo la versión de los medios en artículo "Posible ayuda para encauzar el programa con fines pacíficos. Di Tella: los EE.UU. tienen interés en el proyecto Cóndor", La Nación, 15 de febrero de 1991, p. 5.

86.Para mayores detalles acerca de este período de disputa interministerial ver Busso, op.cit., pp. 76-82.

87.Acerca de esta guerra entre Cavallo y Jaunarena ver Busso, op.cit., pp. 42-46.

88."Cóndor II: existen posiciones disímiles", La Nación, 25 de abril de 1991, p. 4.

89.Las declaraciones del dirigente radical fueron dirigidas a aquellos funcionarios del gobierno que impulsaban la desactivación lisa y llana del proyecto -como el canciller Guido Di Tella y el ministro de Economía Domingo Cavallo-. Cabe aclarar al respecto que, frente a la posición de Di Tella y Cavallo, el ministro de Defensa, Antonio Erman González y la conducción de la Fuerza Aérea, demostraron su inclinación por aprovechar la tecnología acumulada mediante la conversión del proyecto original. Ver al respecto los artículos "No se admiten presiones por el proyecto Cóndor, dijo Menem", La Nación, 7 de

mayo de 1991, p. 7 y "Cóndor. González insistió en la necesidad de aprovechar la tecnología", La Nación, 8 de mayo de 1991, p. 2.

90.Texto completo del decreto 995, en Anales de Legislación Argentina 1991, Tomo LI-B, Buenos Aires, La Ley, 1991, pp. 1949-1951.

91.Busso, op.cit., p. 85.

92."El Cóndor II pasó a la órbita civil", La Nación, 12 de febrero de 1992, p. 3.

93.Busso, op.cit., p. 84. 94. Memo de Cisneros al canciller Di Tella, febrero de 1991. Poco tiempo después, el gobierno de Menem creó

a través del citado decreto 995 del 28 de mayo de ese mismo año, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de una naturaleza semejante a la exitosa Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA), dependiente de la Presidencia de la Nación que, hacia fines de 1999 ya había colocado, de acuerdo con datos aportados por el propio Cisneros, un satélite de producción argentina en órbita y, a julio de 2003, lleva sumados otros tres.

95.Busso, op.cit., p. 86.

96.El texto original del citado editorial señala que "More than a year after President Carlos Saul Menem promised the end an Argentine armed forces program to build a medium-range ballistic missile, the Government has yet to destroy key components of the missile.Officials here say that the solid –core first stage of 14 missiles that were produced in the secretive operation remain in storage at the Falda del Carmen development grounds near the central city of Cordoba, and that they have yet to come up with a plane for destroying them.Moreover, they acknowledge that a smaller number of sophisticated missile guidance systems bought by the Argentine Air Force from French contractors are still unaccounted for. (…)(…) the cancellation was particularly painful to Argentina, since Iran buys more than $ 500 million in grain from Argentina every year and some farmers have had their contracts cancelled or delayed. (…)(…) for many Argentines, the Condor II represents the supreme expression of technological advancement and millions of dollars of costly investment. Abandoning the proyect at the urging of the United States and other countries with strong non proliferation policies is seen as yielding to Yankee imperialism and abandoning the country’s technological patrimony. (…)". Ver al respecto el editorial "Argentina lagging on missile pledge", by Nathaniel Nash, The New York Times, August 19, 1992, Section A, p. 7, Col. 1, Foreign Desk, en www.nexis.com/research/search/doclist?. Traducción y referencias al contenido de este editorial en los artículos "Cóndor", Página/12, 20 de agosto de 1992, p. 1 y "Presión de EEUU por los motores del Cóndor", Clarín, 21 de agosto de 1992, pp. 4-5. Ver asimismo el trabajo de Busso, op.cit., pp. 86-87.

97.Fragmentos de las declaraciones de Bernard Aronson, citados en el artículo "EE.UU. y la administración Clinton", El Cronista, 20 de mayo de 1993, pp. 2-3.

98."Afirmó Di Tella que el Cóndor es un caso que ya se terminó", La Nación, 2 de marzo de 1993, p. 4; y "Di Tella: "Para nosotros la cuestión del misil Cóndor está terminada"", La Nación, 4 de marzo de 1993, p. 5..

99."Faltarían partes del Cóndor II", La Nación, 3 de marzo de 1993, p. 1; "Una historia con interrogantes", por Francisco J. Papini, La Nación, 3 de marzo de 1993, p. 4 y "Un comunicado español que no se difundió", La Nación, 4 de marzo de 1993, p. 5.

100. "González: se busca algo que no existe", por Rolando Riviére, La Nación, 5 de marzo de 1993, p. 11.

101. "Reclama EE.UU por el Cóndor II", La Nación, 7 de marzo de 1993, p. 1 y "El Pentágono afirma que faltan partes del misil Cóndor II", La Nación, 7 de marzo de 1993, p. 7.

102. Idem nota anterior.103. "Dos cuestiones militares. Cóndor: la Argentina protestó ante EE:UU", La Nación, 9 de marzo de

1993, p. 1.104. La versión original del editorial de The New York Times decía al respecto: "(…) But both the

United States and Argentina acknowledge that several small computers that would be used to guide the missile were not included in the shipment and that Argentine officials have yet to report where they are. Foreign Ministry officials maintain that at this point they do not know whether the computers have been intentionally hidden, dismantled for other uses or simply misplaced (…)". Asimismo, el editorial destaca tanto las divisiones en el seno del gobierno argentino respecto del destino final del Cóndor (en términos de desactivación o de reciclaje de sus partes componentes) como la oposición de los sectores nacionalistas de la opinión pública y de los oficiales de la Fuerza Aérea a la exigencia norteamericana de terminar con el proyecto. Ver editorial "Argentina Gives Missile Parts to U.S. for Disposal", by Nathaniel Nash, The New York Times, March 7, 1993, Section 1, p.9, Col. 1, Foreign Desk, en www.nexis.com/research/search/doclist?. Ver asimismo comentario del editorial de The New York Times en artículo "Faltante", La Nación, 9 de marzo de 1993, p. 1.

105. "Hallan dos lanzadores del Cóndor", La Nación, 12 de junio de 1993, p. 4.

106. "Para EE.UU, el Cóndor sigue vivo", por Eduardo Barcelona, La Nación, 6 de junio de 1993, p. 1; "El Cóndor, en la agenda Menem-Clinton", La Nación, 6 de junio de 1993, p. 15; "Enviados de Clinton llegan hoy, por el tema Cóndor II", La Nación, 14 de junio de 1993, p. 4; y "Todman negociará el final del misil Cóndor", por Eduardo Barcelona, La Nación, 15 de junio de 1993, p. 6.

107. De acuerdo con el texto de un "non paper" entregado por el embajador Todman al gobierno argentino, la Argentina sólo podía ingresar al MTCR (Régimen de Control de Tecnología Misilística) "si responde satisfactoriamente sobre la siguiente lista de componentes (del Cóndor II) que todavía están perdidos y si destruye otros que están en el país". Ese "non paper" precisaba su reclamo, señalando la ausencia de tres sistemas de guiado Sagème (franceses) y una computadora de vuelo MBB (alemana); tres sistemas de control de empuje completos y uno incompleto; una cabina de control de misión; seis computadoras Hewlett Packard de control de misión, modificadas; y un diagnóstico de carga útil. Ver referencia al "non paper" en el artículo "Advertencia de EE.UU. sobre el misil Cóndor", La Nación, 29 de junio de 1993, p. 14.

108. "Para EE.UU. faltan partes del Cóndor II", por Virginia Santana, La Nación, 19 de junio de 1993, p. 1; "Misil Cóndor: objeción de Todman", por Eduardo Barcelona, La Nación, 19 de junio de 1993, p. 6; .

109. "Cóndor: objetó Camilión opiniones de Todman", La Nación, 20 de junio de 1993, p. 1.

110. "Enviarán a España los faltantes del Cóndor", por Eduardo Barcelona, La Nación, 3 de agosto de 1993, p. 1; y "La controversia por el misil desactivado. El Cóndor se irá antes que llegue la primavera", por Eduardo Barcelona, La Nación, 3 de agosto de 1993, p. 13.

111. "La Fuerza Aérea, más dispuesta a mostrar partes del Cóndor", por Eduardo Barcelona, La Nación, 26 de junio de 1993, p. 9.

112. Ver editorial de opinión "Menem en Washington", La Nación, 2 de julio de 1993, p. 8.

113. "Cóndor: finalmente, separan al director del proyecto", La Nación, 2 de agosto de 1993, p. 5 y "Un celoso guardián de secretos", La Nación, 3 de agosto de 1993, p. 13.

114. "Cóndor: finalmente, separan al director…", op.cit..

115. "No haré nada por Guerrero", La Nación, 3 de agosto de 1993, p. 13.

116. "Viajan hacia España los restos del misil Cóndor II", por Eduardo Barcelona, La Nación, 26 de septiembre de 1993, p. 11. Ver asimismo Busso, op.cit., p. 87.

117. "Respecto de las medidas para evitar atentados. Advierten en EE.UU. por la seguridad en Ezeiza", La Nación, 14 de marzo de 1992, p. 8.

118. "Ezeiza: réplica de Menem a los EE.UU.", La Nación, 15 de marzo de 1992, p. 1 y "Menem: "Una burda mentira"", Página/12, 15 de marzo de 1992, p. 3.

119. "Ezeiza: detalles del informe de los EEUU sobre la falta de seguridad", por Diego Pérez Andrade, La Nación, 15 de marzo de 1992, p. 12; y "Cólera", La Nación, 15 de marzo de 1992, p. 12.

120. A través del decreto 733/ 89, firmado durante el último tramo del gobierno de Raúl Alfonsín, se cedió a la empresa Edcadassa el manejo de los depósitos fiscales de los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque y Pajas Blancas (Córdoba) que desde 1975 eran operados por la empresa Líneas Aéreas del Estado (LADE).

121. "Habla Erman González sobre las relaciones con Estados Unidos. "Se trata de poner límites"", Página/12, 15 de marzo de 1992, pp. 2 y 3; "Ezeiza: Menem exculpó a Todman", La Nación, 16 de marzo de 1992, p. 1; "Se pedirá una nueva evaluación sobre la seguridad en el aeropuerto. Ezeiza: Todman fue convocado para hoy por la Cancillería", La Nación, 16 de marzo de 1992, p. 6; "La controversia por Ezeiza se mantiene", La Nación, 17 de marzo de 1992, p. 1; "Todman y Di Tella a coro. "Las relaciones son excelentes"", Página/12, 17 de marzo de 1992, p. 3; y "Para el canciller fue magnificado el caso de Ezeiza", por Ovidio Bellando, La Nación, 17 de marzo de 1992, p. 10. Ver asimismo editorial de opinión "La seguridad en Ezeiza", La Nación, 21 de marzo de 1992, p. 8, que critica las faltas de tacto y las reacciones exageradas tanto del lado norteamericano como del argentino respecto de la cuestión de la seguridad en el aeropuerto de Ezeiza.

122. Ver al respecto los artículos "Resistencia aeronáutica de presiones de la "embajada"", diario Ambito Financiero, 29 de julio de 1991, p. 12; "Los mecanismos de seguridad en el aeropuerto. Analizó la Fuerza Aérea la denuncia de EE.UU.", por Francisco J. Papini, La Nación, 17 de marzo de 1992, p. 10 y "La Fuerza Aérea ve una conspiración. Aviadores mirando al norte", Página/12, 17 de marzo de 1992, p. 3. Sobre la exhibición de aviones norteamericanos de la USAF que participaron de la Guerra del Golfo en el aeropuerto de Ezeiza ver los editoriales "Aviones norteamericanos", La Nación, 17 de marzo de 1992, p. 10 y "Exposición de aviones norteamericanos", La Nación, 18 de marzo de 1992, p. 6.

123. "El Gobierno aguarda una nueva inspección del aeropuerto de Ezeiza", La Nación, 18 de marzo de 1992, p. 6.

124. Idem nota anterior.

125. "Ezeiza: llegan técnicos de EE.UU.", La Nación, 19 de marzo de 1992, p. 5.

126. "Para EE.UU., Ezeiza vuelve a ser seguro", La Nación, 23 de junio de 1992, p. 1 "Ezeiza: un muro consiguió levantar el alerta", La Nación, 23 de junio de 1992, p. 10;. y "Ezeiza: sacarán los carteles de alerta en los EE.UU.", La Nación, 24 de junio de 1992, p. 6.

127. "Menem: si Colombia lo pide, allí estaremos", La Nación, 25 de julio de 1999, p. 1; y "Menem no descarta una intervención", La Nación, 25 de julio de 1999, p. 2.

Las medidas adoptadas por el gobierno norteamericano en el apartado estratégico de la agenda bilateral.

a) Las negociaciones que tuvieron lugar en torno al levantamiento de la enmienda Humphrey-Kennedy de embargo de venta de armas norteamericanas a la Argentina

Mientras la desactivación del Cóndor II era la cuestión prioritaria para las autoridades norteamericanas en el capítulo sobre seguridad de la agenda, el gobierno de Menem colocó el levantamiento del embargo de venta de armas norteamericanas a la Argentina como uno de sus objetivos primordiales, conocido como enmienda Humphrey-Kennedy. (1) Así, durante su estadía en Estados Unidos, el 28 de septiembre de 1989, Menem solicitó al Congreso norteamericano el levantamiento de la enmienda. (2)

La solicitud del presidente argentino tuvo un rápido eco en el Senado, cuerpo que el 29 de septiembre decidió votar a favor de la derogación del embargo sobre la venta de armas. Impulsada por demócratas y republicanos, dicha derogación fue incorporada a una enmienda del proyecto que asigna fondos al Departamento de Estado que debía ser debatida conjuntamente por una comisión de legisladores de la Cámara de Representantes y del Senado. (3)

No obstante este primer paso, el 25 de octubre, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos postergó la sanción del levantamiento de la venta de armamentos a la Argentina. Aunque la iniciativa de levantar la enmienda Humphrey-Kennedy fue auspiciada por los senadores demócratas Edward Kennedy y Christopher Dodd y el republicano Jesse Helms y aprobada por el Senado, los grupos de derechos humanos (Americas Watch, Consejo para Asuntos Hemisféricos, Washington Office for Latin America y otros) protestaron enérgicamente contra los decretos 1002 y 1003 de indulto firmados por el presidente Menem el día 6 y presionaron a los integrantes de la Cámara de Representantes para que éstos no aprobaran el levantamiento de la enmienda Humphrey-Kennedy a la Argentina. Finalmente, la comisión adoptó la decisión de dejar para el próximo período parlamentario la propuesta Kennedy-Dodd-Helms. Aunque esta decisión no contuvo argumentaciones políticas sino razones de carácter de procedimiento, la fuerte influencia de los grupos de derechos humanos tuvo un peso decisivo en esta prórroga al levantamiento del embargo de armas a la Argentina. Por su parte, el presidente Menem relativizó la importancia de la decisión adoptada por la Cámara de Representantes, señalando que los integrantes de dicho cuerpo legislativo resolvieron "no rechazar esta decisión" de levantar la enmienda "sino pasar el tratamiento definitivo para el año que viene". (4)

A pesar de esta victoria de los grupos ligados a la defensa de los derechos humanos, el 8 de noviembre, una comisión bicameral del Congreso norteamericano decidió aprobar el levantamiento de las restricciones de la enmienda Humphrey-Kennedy. De acuerdo con declaraciones del canciller Cavallo, esta medida se relacionaba íntimamente con el avance en las negociaciones argentino-británicas. (5)

b) Las negociaciones en torno de la adquisición de los radares para los aviones A4 M y otros armamentos y equipos

Junto con el levantamiento de la enmienda Humphrey-Kennedy, otro avance en el capítulo estratégico de la agenda bilateral fue, sin lugar a dudas, las negociaciones que tuvieron lugar en torno de la adquisición de radares Westinghouse y de aviones Skyhawk A 4 M norteamericanos por parte de la Argentina. Por cierto, las mismas transcurrieron en forma paralela a otra expectativa de los militares y gobierno argentinos: la venta de los aviones Pampa al mercado norteamericano. Ambas expectativas fueron planteadas en forma explícita por el entonces ministro de Defensa, Oscar Camilión, durante su visita a Washington de septiembre de 1993. (6)

No obstante las favorables declaraciones del embajador norteamericano en la Argentina, James Cheek, efectuadas en noviembre (7) y las del canciller Di Tella en diciembre, sobre las perspectivas favorables respecto de la venta de los mencionados radares y aviones solicitados por la Argentina desde abril de 1992, las operaciones demoraron en concretarse, debido a las objeciones del Foreign Office británico. (8)

Frente a estos obstáculos, el sucesor de Camilión en la cartera de Defensa, Jorge Domínguez, adoptó la misma actitud pragmática de paciencia, pues era consciente del peso de los recelos de Londres en la demora norteamericana para vender los radares y aviones necesarios para el equipamiento militar argentino. Tras la visita del secretario de Defensa norteamericano, William Perry a la Argentina en noviembre de 1994 (9) y del encuentro de Perry con su colega argentino Domínguez en diciembre de 1996, ocasiones en las que las conversaciones giraron en torno de la compra de los 36 aviones Skyhawk para entrenamiento argentino y de la licitación en los Estados Unidos de la nave argentina Pampa 2000. (10)

El 12 de diciembre de 1997, Estados Unidos respondió en forma favorable a las expectativas argentinas, con el envío de cinco aviones de combate Fightinghawk A4-AR, el primer grupo de 36 máquinas de combate que el gobierno argentino compró a la marina de Estados Unidos, en un contrato que incluyó un reacondicionamiento a cargo de Lockheed Martin, y la provisión de radares de última generación a cargo de la empresa Westinghouse. La partida de estos 5 primeros aviones de combate norteamericanos determinó el final de un largo período de prohibiciones a la compra de armas sofisticadas, a 15 años de la Guerra de Malvinas. (11)

Otro paso favorable, que evidenciaba la mejoría en los vínculos militares bilaterales, fue el anuncio efectuado por el jefe de Asistencia y Seguridad del Ejército de los EE.UU., general de división Larry Smith, durante su visita a la Argentina de fines de marzo de 1999. En dicha ocasión, el alto jefe militar norteamericano hizo entrega de 93 vehículos de combate donados por el gobierno de Washington a la Argentina. La cesión de este material se convirtió en la primera de este tipo que surgió de la cooperación establecida en la ley norteamericana de asistencia exterior, y estuvo íntimamente ligada a la categoría de aliado extra-OTAN que los Estados Unidos confirieron a la Argentina en 1997. (12)

c) Las negociaciones por la venta de los aviones de entrenamiento argentino Pampa a los Estados Unidos

En forma paralela a las negociaciones por la adquisición de radares, aviones y otros equipos norteamericanos a la Argentina mencionadas en el apartado anterior, tuvieron lugar las conversaciones respecto de la venta de los aviones Pampa al mercado norteamericano, tema que constituyó una de las prioridades del gobierno y de los militares argentinos en este capítulo estratégico de la agenda bilateral. Estas cuestiones dominaron la visita a Buenos Aires en marzo de 1990 del jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, general Larry Welch, quien mantuvo contactos con su colega argentino, brigadier mayor José Juliá; con el ministro de Defensa, doctor Humberto Romero; y con el jefe del Estado Mayor Conjunto, vicealmirante Emilio J. Ossés. (13)

El 2 de mayo del mismo año, el mencionado jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, brigadier José Juliá, y el vicepresidente de la LTV Aerospace & Defence de los Estados Unidos firmaron en la brigada de El Palomar un convenio para construir y comercializar en el mercado internacional el avión IA 63 Pampa de producción argentina. Este convenio abría la expectativa de competir en la licitación que los Estados Unidos realizarían en los próximos años, ya que el país del Norte resolvió adquirir un entrenador avanzado para reequipar a su fuerza aérea y a su armada. (14)

A partir del momento de convocatoria de la Armada y la Fuerza Aérea norteamericanas para adquirir aviones del exterior, el tema del Pampa dominó los sucesivos contactos bilaterales. El avión argentino debió competir con seis empresas de Brasil, Italia, Estados Unidos, Suiza y Alemania, cuyas ofertas, si bien tenían un prestigio comparable a la argentina, contaban también con una capacidad de lobby muy superior a la local. Dadas estas poderosas razones, la cuestión de la compra del "Pampa 2000" figuró por igual en las agendas de las visitas a Estados Unidos del ministro de Defensa argentino, Humberto Romero, entre fines de julio y principios de agosto de 1990 (15); del propio presidente Menem, entre fines de junio y principios de julio de 1993 (16); y del sucesor de Romero, en la cartera de Defensa, Oscar Camilión, a fines de septiembre del mismo año. (17)

No obstante los esfuerzos de Camilión, el Pentágono de los Estados Unidos descalificó al avión Pampa de la licitación aduciendo que el mismo sufría de "problemas técnicos", medida que fue sólo parcialmente suavizada en diciembre de 1994 a través de una carta del subsecretario de Defensa de la Casa Blanca, John Deutsch, que señalaba que el gobierno norteamericano pasaba a definir al Pampa como un avión "no adecuado para un entrenamiento primario". Esta carta provocó una polémica interna en el seno de la administración menemista. Mientras el canciller argentino, Guido Di Tella, anunció que la Argentina pediría una compensación a los EEUU por el rechazo del avión, el titular de Defensa, Oscar Camilión, aclaró que, de acuerdo con el contenido de la carta de Deutsch, la descalificación del Pampa para esta licitación no impedía que se presentara en otras, lo cual era interpretado por el titular de Defensa como un avance. De acuerdo con la óptica del ministro argentino, mientras el Pentágono había colocado al Pampa el cartel de "malo" en tanto sufría de "problemas técnicos", el mensaje del funcionario de Defensa norteamericano implicaba un paso adelante, en tanto el avión dejaba de ser percibido como "malo" para pasar a ser uno "no adecuado" para tareas de entrenamiento primario. implicaba un paso adelante, en tanto el avión dejaba de ser percibido como "malo" para pasar a ser uno "no adecuado" para tareas de entrenamiento primario. (18)

Más allá de estas diferencias de óptica, Camilión era consciente del negativo eco que había provocado el rechazo del avión en el gobierno y la Fuerza Aérea argentinos. Así se lo hizo saber a su colega William Perry durante su visita a Washington de fines de febrero de 1995, orientada a lograr una relación aceitada con el Pentágono y obtener de dicho organismo beneficios proporcionales a los gestos de colaboración de la Argentina con Washington, tales como, por ejemplo, la aceptación del avión Pampa 2000 en una próxima licitación. (19)

d) El ingreso de Argentina como aliado extra OTAN y el frustrado ingreso como miembro pleno de OTAN

Como en tantos otros temas estratégicos de la agenda, fue el gobierno argentino quien dio el primer paso respecto de esta cuestión. Así, durante el encuentro que sostuvieron el presidente argentino, Carlos Menem, y su colega norteamericano, Bill Clinton, en Washington, el 5 de diciembre de 1996, el primero propuso establecer una alianza militar plena con los Estados Unidos fuera de la OTAN, como Israel. (20)

Por su parte, la administración demócrata otorgó una señal favorable a esta iniciativa argentina en mayo de 1997, en el transcurso de la visita a Buenos Aires del asesor presidencial del presidente Clinton, Thomas Mc Larty, quien se entrevistó, por separado, con el ministro de Defensa, Jorge Domínguez, y con el canciller Guido Di Tella. El tema del encuentro entre Mc Larty y los mencionados ministros fue la visita de Clinton a la Argentina en octubre, y la posibilidad de que, con ella, la Argentina acceda a una categoría de rango menor que la de aliado extra-OTAN. (21)

A su vez, el 13 de agosto del mismo año, la secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Allbright, adelantó que el presidente Bill Clinton resolvió designar a la Argentina como "aliado

extra OTAN" de los EEUU, tal como se lo había prometido al presidente Menem. (22) Esta noticia fue confirmada dos días después por la propia Allbright y por el canciller Guido Di Tella. Ambos intentaron llevar tranquilidad a Chile y a Gran Bretaña sobre los eventuales alcances de ese lazo, y advirtieron que la categoría de aliado extra-NATO también podría estar abierta a Chile o a otros países de la región. Al detallar los motivos de la alianza, Allbright sostuvo que "la Argentina es uno de nuestros más cercanos amigos y socios en el mundo" y recordó al respecto la cooperación con EE.UU. en la Guerra del Golfo y en el restablecimiento de la democracia en Haití. (23)

Finalmente, en ocasión del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), el 31 de enero de 1998, el asesor especial del presidente Bill Clinton para América Latina, Thomas Mc Larty, se reunió con el presidente Carlos Menem para anunciarle que había quedado formalmente confirmada la alianza extra-OTAN de la Argentina con los Estados Unidos. (24)

De acuerdo con la opinión del ex vicecanciller del gobierno de Menem, Andrés Cisneros, el acceso de la Argentina a esta categoría no sólo constituyó una señal hacia el mundo respecto de la recuperación de la credibilidad internacional de la Argentina –activo ausente para 1983-, sino que también tuvo efectos importantes en la disputa angloargentina por la soberanía de las islas Malvinas, en tanto desactivó uno de los principales argumentos británicos para no acceder al llamado de las Naciones Unidas a la negociación por este tema. En las propias palabras de Cisneros:

"(…) Durante medio siglo, un fuerte argumento británico para no acceder a la eterna exhortación de las Naciones Unidad y dialogar el tema de fondo con Argentina era la falta de confiabilidad de nuestro país. Hoy por hoy, ante esta Argentina tan distinta, el último remanente de esa inconfiabilidad es el mantenimiento de un contingente militar desproporcionado en Malvinas y un embargo de armas contra nuestro país que hoy solo sostiene Inglaterra. Pues bien, el simple hecho de declararnos aliados extra-OTAN constituye un reconocimiento de confiabilidad que, objetivamente, pone, una vez más, en evidencia lo perimido de esa política británica, acompañada por casi todo Occidente en 1982 y hoy huérfana de todo apoyo exterior. (…)"(25)

No obstante este logro, la administración Menem aumentó la apuesta y procuró incorporar a la Argentina como miembro pleno de la OTAN –una propuesta que tuvo el sello del secretario de Planificación Estratégica, Jorge Castro-. (26)

Como era de esperarse, este intento fue objeto de críticas por parte de la oposición. Así, el 20 de julio de 1999, el entonces candidato presidencial por la Alianza, Fernando De la Rúa, calificó como "totalmente inconveniente e inviable" la decisión gubernamental de solicitar la incorporación de la Argentina como miembro pleno de la OTAN. Para De la Rúa, todos los acuerdos con otras organizaciones de defensa y seguridad, en el marco de las Naciones Unidas, debían plantarse "en forma coordinada con nuestros socios del Mercosur". (27)

Finalmente, el 26 de julio de 1999, el secretario general de la OTAN, Javier Solana, respondió negativamente a la solicitud del presidente Menem, señalando que por sus limitaciones geográficas, expresadas en el estatuto, la organización no podía acoger a países ubicados fuera del hemisferio norte. Este rechazo reavivó las críticas del candidato presidencial por la Alianza, quien señaló al respecto que

"Pedir unilateralmente el ingreso a la OTAN fue un gran error. Si existe una asociación política y económica como la del Mercosur, no debió tomarse una actitud tan importante en forma inconsulta." (28)

Las medidas de cooperación bilateral en materia estratégica

a) Los ejercicios militares conjuntos

Junto con la adquisición de radares y aviones norteamericanos y los esfuerzos por colocar en el mercado estadounidense el avión Pampa 2000, otro importante capítulo de la agenda bilateral en el ámbito estratégico fue, sin lugar a dudas, el constituido por los ejercicios militares conjuntos. Así, en septiembre de 1989, tuvieron lugar los primeros ejercicios navales conjuntos de la etapa de gobierno de Menem. Consistieron en prácticas de guerra antisubmarina, electrónica y antiaérea efectuadas por buques de guerra argentinos y norteamericanos en el Atlántico Sur. (29)

Por su parte, del 8 al 12 de marzo de 1990, la Armada argentina realizó ejercitaciones de adiestramiento combinado con el portaaviones Constellation, de la marina de los Estados Unidos, en el litoral atlántico. El plan de actividades comprendió el embarque de oficiales y personal de la marina de guerra argentina para realzar tareas de actualización profesional sobre maquinarias de cubiertas de vuelo, control de averías e incendio y comunicaciones. Asimismo, se realizaron operaciones navales que incluyeron prácticas de anavizaje y despegue de aviones de ataque y antisubmarinos en el portaaviones. (30)

Asimismo, entre fines de septiembre y principios de octubre del mismo año, tuvo lugar en aguas del Golfo Nuevo el encuentro de los grupos de tareas estadounidense y argentino que desarrollaron en forma conjunta el Operativo Unitas 91. La escuadra norteamericana estuvo integrada por el crucero misilístico Josephus Daniles, el destructor Hayler, la fragata misilística Stephen W. Groves, el buque de desembarco Harian Cpunty y el submarino nuclear Greenling. La fuerza estuvo al mando del contraalmirante John R. Dalrymple. Por su parte, las unidades argentinas estuvieron constituidas por los destructores misilísticos La Argentina y Sarandí; la corbeta Espora; el submarino San Juan y el aviso Teniente Olivieri. El comando de la escuadra estuvo a cargo del capitán de navío Alvaro Carlos Rodríguez. (31)

El siguiente Operativo Unitas, el XXXII, tuvo lugar durante la primer quincena de octubre de 1991. Se realizó en el Mar Argentino, entre Golfo Nuevo y Mar del Plata, y participaron del mismo los destructores norteamericanos O’ Bannon y Dalhgreen, la fragata Aylwin, el buque de desembarco Barnstable County y el submarino Sand Lace. Por el lado de la Armada argentina participaron los destructores Meko 360 Heroína y La Argentina; la corbeta misilística Parker, el submarino Santa Cruz, el aviso Teniente Olivieri y la Agrupación de Buzos Tácticos. El comandante de la fuerza Unitas y grupo de tareas de los Estados Unidos fue el almirante T.C. Lockhart y el del grupo argentino, el capitán de navío Alberto Altimir. Las operaciones conjuntas comprendieron, entre otros, ejercicios de lucha antisubmarina, guerra electrónica, y desembarco de tropas especiales. (32)

A su vez, en los días 19 a 25 de agosto de 1992, se desarrolló la denominada Fase 2 de la 33a versión del UNITAS desarrollada en aguas argentinas (al anterior, denominada fase 0, tuvo lugar en el Caribe). Por la Argentina, intervinieron el submarino Santa Cruz, la corbeta Spiro, la fragata Alfredo R., Aliotta, los destructores misilísticos Almirante Brown y La Argentina y el buque de transporte Cabo de Hornos, así como aviones de ataque, antisubmarinos y de reconocimiento y de helicópteros. El Uruguay, que fue invitado a participar, lo hizo con la fragata Montevideo y la aeronave submarina Traccker S26.Por su parte, Estados Unidos participó bajo el mando del contraalmirante Theodore Lockhart, comandante norteamericano de la Fuerza del Atlántico Sur, con el buque de desembarco de tropas USS Manitowoc, el submarino nuclear Whale, el crucero San Jacinto y el destructor Crushing. (33)

Una nueva iniciativa conjunta tuvo lugar el 11 de agosto de 1997, fecha en la que la Armada argentina y el cuerpo de infantería de marina de los EEUU realizaron la parte final de las operaciones combinadas en la zona de Zárate. El ejercicio, denominado Fluvial 1, había

comenzado en julio a partir de una situación ficticia en la que dos países imaginarios mantenían un conflicto de larga data por cuestiones territoriales. (34)

Finalmente, a principios de septiembre de 1998, La Armada Argentina finalizó la 39ª edición de los ejercicios conjuntos de UNITAS desarrollados junto al cuerpo de marines y la Armada norteamericana en las playas cercanas a la ciudad de Bahía Blanca. (35)

A esta lista de participaciones conjuntas entre las Marinas de ambos países cabe añadir un caso de participación combinada entre la Fuerza Aérea argentina y la Marina norteamericana. Tal el concretado entre los días 10 a 16 de noviembre de 1991, período en el que el portaaviones de la marina de los Estados Unidos Kitty Hawk y aviones de la Fuerza Aeronaval 2, con asiento en la base Comandante Espora de Bahía Blanca, desarrollaron tareas conjuntas. Cabe destacar que, hasta ese momento, la formación aeronaval argentina fue la única autorizada de América para que sus aviones tocaran la cubierta del Kitty Hawk. (36)

Vale mencionar también la invitación de oficiales de la Marina argentina a visitar el Comando Conjunto del Atlántico (USCINCLANT) con sede en Norkfolk, Virginia, el 23 de junio de 1993. En el transcurso de la misma, el comandante en jefe del USCINCLANT, almirante Miller, destacó a la Argentina como un ejemplo en la región para lograr el entrenamiento adecuado de los países dispuestos a colaborar con iniciativas de misiones de paz en el marco de la ONU. Asimismo, tuvo lugar un intercambio de opiniones entre los oficiales de ambos países en esta materia. (37)

Otro caso de participación de distintas fuerzas fue el que se desarrolló durante la segunda quincena de agosto de 1997. En dicho lapso, tuvieron lugar ejercicios combinados en la provincia de Tierra del Fuego, del que participaron por el lado argentino efectivos de la Compañía de Comandos 601, al mando del mayor Juan Raimondo; Batallón de Infantería de Marina 5; aviación de Ejército; Grupo de Inteligencia Táctica y unidades navales de la Agrupación de Lanchas Rápidas, del Area Naval Austral. Por parte de los EEUU intervino un grupo de fuerzas especiales del Ejército, al mando del capitán John Cavedo, perteneciente al comando de Fort Bragg, en Carolina del Norte. (38)

Un cuarto caso de participación combinada de las armas se concretó el 6 de septiembre de 1997. Ese día, casi 300 paracaidistas del Ejército fueron lanzados en una sola pasada de cuatro aviones Hércules, dos de la Fuerza Aérea argentina y otros dos de la Guardia Aérea Nacional de los EE.UU. El ejercicio, del que también participaron efectivos de la Armada, se realizó en un campo cercano a la localidad de La Cruz (Córdoba), ubicada a 120 kilómetros de la capital provincial. (39)

En cuanto a las operaciones conjuntas de las respectivas Fuerzas Aéreas de ambos países, cabe mencionar el ejercicio de búsqueda y rescate con aviones de transporte Hércules C-130, desarrollado a fines de septiembre de 1993 en zonas cercanas a Tandil y Mar del Plata. El operativo aeronáutico consistió en poner a punto el sistema de emergencia ante catástrofes en el mar o en tierra. (40)

Asimismo, vale notar la puesta en práctica, entre los días 18 al 21 de agosto de 1998, de ejercicios aéreos conjuntos, que tuvieron como epicentro la V Brigada Aérea de Villa Reynolds (San Luis), consistentes en simulacros de combate, cuyo objetivo apuntaba a comprobar la habilidad de los pilotos argentinos y norteamericanos. (41)

Respecto de las operaciones en las que participaron los Ejércitos de ambos países, vale mencionar los ejercicios en la zona del Delta efectuados en mayo de 1990 sobre un tablero en lo que se reproduce todo en miniatura -lo que se denomina en la jerga militar "juegos de guerra en mesa de arena"-. Dichas prácticas conjuntas motivaron protestas en el ámbito parlamentario,

muy sensibilizado por la intervención norteamericana en Panamá de diciembre de 1989. Así, los diputados Lorenzo Pepe (PJ) y Alberto Espeche (UCR) presentaron un pedido de informes al Gobierno para que aclarara el hecho, en razón de que, de haber existido, podría resultar "violatorio del sistema legal vigente". Por su parte, el diputado Luis Zamora (del MAS-Izquierda Unida) manifestó su "más categórico repudio a los ejercicios" y exigió la "inmediata expulsión" de los efectivos norteamericanos, al sostener que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos agredieron a la Argentina en las Malvinas y violaron la soberanía de Panamá al invadir ese país. (42)

A pesar de estas objeciones internas, entre los días 18 y 23 de mayo de ese mismo año, el jefe del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, general Maxwell Turner, estuvo junto a otros seis oficiales del mismo cuerpo en Iguazú, durante una escala de su vuelo a Asunción del Paraguay. Esta visita, que incluyó un recorrido por el área comprendida entre las ciudades misioneras de San Javier y San Pedro, sobre la frontera con Brasil tuvo por objeto el intercambio de información, de técnicas de trabajo y datos técnicos de material y forma de empleo de los mismos, con el fin de realizar a futuro ejercitaciones con la participación de fracciones integradas de EE.UU y de la Brigada de Infantería 12. (43)

Por su parte, el 17 de septiembre de 1991, tuvieron lugar los juegos de guerra por simulación computarizada del Ejercicio Unidos 91’, que se realizaron en la Escuela Superior de Guerra con participación de efectivos del Ejército argentino y del Comando Sur de los Estados Unidos. (44)

Asimismo, durante la segunda quincena de septiembre de 1993, y en el contexto del plan de capacitación de oficiales del Ejército argentino en temas de conducción de combate, se realizaron ejercicios simulados por computadora en la Escuela Superior de Guerra en Buenos Aires y ejercicios sobre el terreno en Misiones. Esta doble experiencia duró tres días y consistió en ejercicios combinados y conjuntos con la participación de jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas argentinas y del Comando Sur de los Estados Unidos, con asiento en Panamá. Esta doble ejercitación, que permitió aunar teoría y práctica, recibió el nombre de Fuerzas Unidas 93. (45)

Un paso importante en dirección a la profundización de la colaboración militar entre los Ejércitos de ambos países se concretó el 12 de marzo de 1997, fecha en la cual, el general Wesley Clark, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, firmó un convenio con el ministro de Defensa argentino, Jorge Domínguez, por el cual dos oficiales argentinos actuarían en el Comando Sur, con asiento en Panamá. (46)

Por cierto, el alto grado de cooperación alcanzado por Argentina y Estados Unidos en el capítulo estratégico-militar de la agenda no sólo se vio evidenciado a través de la existencia de los mencionados ejercicios conjuntos. Otro indicador al respecto fue la firma de una serie de convenios de cooperación científica y tecnológica en esta área, suscriptos en Washington durante la visita del ministro de Defensa argentino, Jorge Domínguez, en julio de 1998. El 22, Domínguez, y su par norteamericano, William Cohen, firmaron los siguientes acuerdos: 1) el Acuerdo Maestro sobre Intercambio Informativo (MIEA), que, según informó la embajada argentina en Washington "permitirá aumentar la cooperación científico-tecnológica" en el área de la defensa; 2) un acuerdo de cooperación entre las Fuerzas Armadas de ambos países en temas referidos al medio ambiente; y 3) una declaración de intención en defensa y medio ambiente, que serían cerrados formalmente con la firma de un nuevo documento el 8 de septiembre en Buenos Aires. (47)

b) La cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico

Por cierto, otra cuestión relevante de la sección estratégica de la agenda entre ambos países fue la de la cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico. El primer paso en este sentido

tuvo lugar el 17 de agosto de 1989, fecha en la que se firmó, en Washington, el Memorandum de Entendimiento, por parte del secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Eugenio Lestelle, por el lado argentino, y Parker Borg, por el norteamericano. Dicho memorandum estableció, de conformidad con el "Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Argentina y el de los Estados Unidos de América para Reducir la Demanda, Impedir el Consumo Indebido y Combatir la Producción y el Tráfico Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas" firmado el 24 de mayo de ese mismo año, el aporte de 120.000 dólares por parte del gobierno norteamericano para la compra de equipo de análisis de laboratorio destinado a la Policía Federal Argentina, para actividades de control e interdicción del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. (48)

Un nuevo Memorandum de Entendimiento fue firmado en Washington el 31 de agosto del mismo año, por parte de Eugenio Lestelle, del lado argentino y Melvyn Levitsky, por el de EE.UU. Dicho convenio establecía un aporte de 120.000 dólares por parte del gobierno norteamericano para la adquisición de artículos y asistencia técnica con el objetivo de colaborar con la instalación de un sistema integrado de archivo, análisis e intercambio de información sobre el tráfico de estupefacientes para ser utilizado por los organismos argentinos encargados de actividades de control del narcotráfico en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. (49)

Asimismo, el 28 de septiembre de 1990, se firmó en Buenos Aires otro Memorandum de Entendimiento que estableció la asistencia material norteamericana de una serie de artículos necesarios para que las Policías provinciales y la Gendarmería argentinas reprimiesen de forma más eficiente el paso de drogas ilegales a través de las fronteras argentinas con Chile, Bolivia y Paraguay, así como la adopción de una serie de programas de entrenamiento. (50)

Por su parte, el 30 de septiembre de 1991, se firmó en Buenos Aires, por parte del embajador norteamericano Terence Todman y el ministro de Justicia argentino León Arslanián, la Modificación del Memorandum de Entendimiento firmado el 9 del mismo mes entre el gobierno argentino y el de EE.UU. en materia de lucha contra la droga. (51) Por la misma, el aporte norteamericano sumaba 32.000 dólares destinados a adquirir equipos de radio para la Secretaría de Programación para la Prevención de la Lucha contra el Narcotráfico, la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional. (52)

El compromiso material norteamericano en materia de la lucha contra la droga en territorio argentino fue sucesivamente ratificado con la firma de los memorandum de entendimiento firmados los días 1° de septiembre de 1992, 24 de junio de 1993, 23 de agosto de 1994, 29 de septiembre de 1995 (53); del Acuerdo sobre proyecto "Iniciativa Andina" el 28 de septiembre de 1999 (54); y de los acuerdos por canje de notas referidos a la enmienda al memorandum de Entendimiento del 24 de junio, suscripto el 27 de agosto de 1993 (55); a la rectificación del número de ley argentino mencionado en los Memorandum sobre Entendimiento sobre drogas del 9 y 30 de septiembre de 1991, el 1° de septiembre de 1992, el 24 de junio de 1993 y el 23 de agosto de 1994, firmada el 31 de enero de 1995 (56); y el Acuerdo por Canje de Notas relativo al Memorandum de Entendimiento del 29 de septiembre de 1995, el 7 de mayo de 1998 (57). Finalmente, cabe agregar en esta frondosa lista de acuerdos ligados a la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico el Acuerdo por notas reversales relativo al Artículo I, párrafo 2, del Acuerdo de Cooperación del 24 de mayo de 1989. (58)

Junto a la firma de estos Memorandum de Entendimiento, otro paso importante dado por Washington en esta materia fue el seminario de asesoramiento en materia de lavado de dinero y otros delitos financieros asociados al narcotráfico que otorgó un grupo de magistrados y abogados estadounidenses entre los días 20 y 21 de junio de 1990. En esos días, este grupo de especialistas estuvo en la Argentina invitado por la Corte Suprema, el Banco Central y la Policía Federal, y brindó un seminario de asesoramiento en la materia a funcionarios de esas áreas

oficiales. La delegación, encabezada por el doctor Mark Zanides, fiscal adjunto de los Estados Unidos en el distrito de California, estuvo integrada por los doctores Robert De María, Salvador Martoche, John Gibbons y Larry Engel. Subrayaron que entre los delitos económicos de mayor auge se hallan los referidos al lavado de dinero producto del narcotráfico -aspecto sobre el cual también brindaron asesoramiento-. (59)

Un mes antes de la citada visita de los especialistas norteamericanos, durante la segunda quincena de mayo, tuvo lugar la del general Maxwell Thurman, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Durante su encuentro con el ministro de Defensa Humberto Romero, Thurman sostuvo la necesidad de crear una fuerza multinacional de despliegue rápido compuesta por elementos de combate de las Fuerzas Armadas argentinas para enfrentar el accionar del narcotráfico en la región. (60) Una posición similar a la evidenciada por otros dos visitantes: el subsecretario para Asuntos Interamericanos, Michael Skol y el titular del Comando Sur, William Clark, quienes, en marzo de 1994 y marzo de 1997, se mostraron partidarios de la activa participación de las Fuerzas Armadas en el "control estratégico" de la lucha contra el narcotráfico. (61)

Como era de esperarse, estas declaraciones de los funcionarios civiles y militares norteamericanos partidarios de la intervención de las Fuerzas Armadas argentinas en la lucha contra el narcotráfico –que contaron con la oposición del "zar de las drogas" Barry Mc Caffrey (62)- generaron una fuerte polémica interna en la Argentina. La misma abarcó tanto al ámbito de las Fuerzas Armadas como al del Gobierno y las fuerzas de oposición. Ello era una consecuencia altamente probable, en tanto la sugerencia de los sectores intervencionistas norteamericanos tocaba un tema muy sensible de la memoria histórica reciente argentina: el de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, abierta a partir de 1975 y vigente durante los años del régimen militar del Proceso de Reorganización Nacional (marzo de 1976 a diciembre de 1983). (63)

Respecto de la interna en las Fuerzas Armadas, cabe citar la puja entre una minoría favorable a dicha participación y un sector mayoritario opuesto a la misma, que aducía que la lucha contra el narcotráfico –y las tareas de seguridad interior colaterales a la misma- no eran funciones que competían a las Fuerzas Armadas, sino a las fuerzas de seguridad especializadas como la Policía y la Gendarmería Nacional. Mientras el secretario general del Ejército general Ernesto Bossi (64) y el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier José Juliá (65), se situaron entre los partidarios de la intervención, los sucesivos reemplazantes del general Isidro Cáceres en la comandancia en jefe del Ejército, los generales Martín Bonnet y Martín Balza; y el director general de Seguridad Interior, coronel (retirado) Carlos Sánchez Toranzo, se ubicaron en la fila de los renuentes. (66)

Respecto de la interna en el seno del Gobierno argentino, la posición intervencionista estuvo representada, entre otros exponentes, por el presidente Carlos Menem (67); el vicepresidente Eduardo Duhalde (68); el ministro del Interior Carlos Corach (69); el primero y último de los ministros de Defensa del gobierno de Menem, Humberto Romero (70) y Jorge Domínguez, respectivamente (71); y, hacia las postrimerías del segundo gobierno de Menem, por el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien adoptó la posición más enfática de todas en favor de la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate contra el "narcoterrorismo". (72)

Por su parte, la postura no intervencionista dentro del Gobierno fue defendida por dos de los reemplazantes de Romero en la cartera de Defensa, Erman González y Oscar Camilión, quienes argumentaban, en su consonancia con sus colegas militares, que la lucha contra el narcotráfico ya tenía fuerzas de seguridad específicamente dedicadas a esa tarea. (73)

Por último, en lo que respecta a los partidos de la oposición, éstos dieron muestras de su rechazo a las iniciativas impulsadas por los sectores intervencionistas del Gobierno y de las Fuerzas Armadas. Así, durante el último tramo de la administración Menem, los integrantes de la

Alianza –coalición formada entre la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente para un País Solidario (FREPASO), que se convirtió en el eje de la oposición al gobierno de Menem- le entregaron al presidente norteamericano Bill Clinton un memorandum en el que se rechazaba la utilización de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Asimismo, el ex presidente radical, Raúl Alfonsín, sostuvo en diciembre de 1997 su oposición a la iniciativa de los intervencionistas en los siguientes términos, que evidenciaban el peso de la memoria histórica reciente:

"(…) la legislación argentina determina que la represión del narcotráfico debe estar a cargo de las fuerzas de seguridad, y prohibe involucrar en ellas a las Fuerzas Armadas, salvo en lo referido al estricto apoyo logístico. Hacerlo no sólo sería ilegal sino también contraproducente, puesto que nuestras Fuerzas Armadas no tienen instrucción, doctrina ni equipamiento para este tipo de conflicto. Por otro lado, podría aproximarnos seriamente a una nueva teoría de la seguridad continental, cuyos efectos ya padecimos." (74)

Enfrentados a la mayoritariamente resistida participación de los militares argentinos en la lucha contra el narcotráfico y al crecimiento de una actividad íntimamente ligada a este problema –el lavado de dinero-, los diversos funcionarios civiles y militares norteamericanos que estuvieron en contacto con autoridades argentinas repartieron por igual elogios y críticas a la política antidrogas de la administración peronista. Así, durante una comida de camaradería que ofreció en Panamá a más de media docena de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas argentinas a principios de diciembre de 1996, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, general Wesley Clark, sostuvo que

"(…) hoy la Argentina es nuestra aliada número uno en toda América Latina." (75)

Asimismo, a mediados de octubre de 1997, durante el encuentro que sostuvieron el director de la Oficina de Política para el Control de Drogas de los Estados Unidos, general Barry McCaffrey, y su par argentino, Julio César Aráoz, el primero elogió el enfoque preventivo de la política antinarcóticos argentina, pero al mismo tiempo advirtió que era "increíble" el ingreso y exportación de droga a través del puerto de Buenos Aires. El resultado más relevante de este encuentro fue la firma por ambos de una declaración conjunta titulada "Alianza estratégica", donde se enunciaba la cooperación entre ambos países en el combate del comercio de estupefacientes sobre la base de la prevención, educación e inteligencia. (76)

Consciente de la presión del gobierno norteamericano a favor de una legislación más dura respecto de esta cuestión, a principios de febrero de 1998 el Ejecutivo argentino incluyó en las sesiones extraordinarias del Congreso el proyecto de ley que prevenía y reprimía el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, la comercialización de seres y órganos humanos y el tráfico ilegal de armas. (77)

No obstante, las críticas del gobierno norteamericano a la situación del narcotráfico en Argentina volvieron a surgir en el informe del Departamento de Estado aparecido a fines de febrero de 1998. En el mismo, el organismo señaló que el principal problema de la lucha antidrogas en la Argentina era la corrupción. Por su parte, la administración Clinton dirigió una advertencia sobre el caso paraguayo a Argentina y Brasil. Dicha estrategia fue exitosa, en tanto logró que las diplomacias de los dos mayores socios del MERCOSUR ejercieran a su vez presión sobre el gobierno de Juan Carlos Wasmosy para que se adoptaran medidas de control en la triple frontera. (78)

Como era de esperarse, hubo voces de protesta del lado argentino frente al crítico informe del Departamento de Estado. Así, el embajador argentino en EEUU, Diego Guelar, señaló que

"Sin lugar a duda, en el campo del narcotráfico hay mucha más corrupción en los Estados Unidos que en la Argentina." (79)

Por su parte, el canciller argentino, Guido Di Tella, le expresó al enviado especial de Bill Clinton para las Américas, Thomas Mc Larthy, la "incomodidad" del Gobierno por las críticas del Departamento de Estado norteamericano que hablaba de la corrupción generalizada como un obstáculo para el combate contra el narcotráfico. (80)

A pesar de estas protestas del gobierno argentino, las críticas del gobierno norteamericano se sucedieron. A fines de febrero de 1999, el presidente norteamericano, Bill Clinton, al dar a conocer su informe anual al Congreso norteamericano sobre el proceso de certificación de drogas, advirtió que

"Buenos Aires es un centro regional que podría ser explotado por lavadores de dinero". (81)

A su vez, a principios de marzo del mismo año, el subsecretario adjunto de la Oficina de Narcóticos Internacionales y Ejecución de la Ley de los Estados Unidos, William Brownfield, sostuvo que Buenos Aires es un centro financiero bastante bien desarrollado y que puede ser un lugar lógico y eficiente para lavar dinero. (82)

Estas críticas se hicieron nuevamente presentes durante la gira que el "zar de las drogas" norteamericano, general Barry Mc Caffrey, realizara por Brasil, Perú, Bolivia y Argentina a iniciara el 23 de agosto de 1999. En dicha ocasión, Mc Caffrey afirmó desde la localidad brasileña de San Pablo que "la Argentina se está convirtiendo en una importante ruta mundial del tráfico de drogas, desde Bolivia y Perú". El visitante añadió que

"más alarmante aún (…) es el gran aumento del consumo de estupefacientes entre los jóvenes argentinos." (83)

El 27 de agosto, Mc Caffrey se entrevistó con el presidente argentino, Carlos Menem, y con los dos candidatos a la sucesión presidencial, Eduardo Duhalde y Fernando de la Rúa. Asimismo, tuvo contactos con el secretario de lucha conra el narcotráfico, Eduardo Amadeo; el canciller Guido Di Tella; el ministro del Interior, Carlos Corach; jefes policiales y empresarios. La inclusión de la Argentina en la gira estuvo ligada a tres objetivos: a) la búsqueda de solidaridad argentina respecto de la situación colombiana, que está librando a la vez una batalla simultánea con la guerrilla y con el narcotráfico; b) el sondeo de la posición de los interlocutores argentinos respecto del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que estaba bajo observación atenta de la Casa Blanca por sus presuntos vínculos con narcotraficantes; y c) la preocupación de Washington por la Argentina como uno de los trampolines de la ruta de la droga colombiana hacia Europa. (84)

Por cierto, un operativo que evidencia la preocupación norteamericana por la situación del narcotráfico en la Argentina fue el desarrollado a principios de diciembre de 1999, en las postrimerías del gobierno de Menem, por parte de una delegación de funcionarios norteamericanos. La misma, integrada por funcionarios pertenecientes al Departamento de Justicia, a la Dirección de Aduanas y a la Reserva Federal, viajó a la Argentina y participó del allanamiento de la financiera Mercado Abierto, en Capital Federal. (85)

Las cuestiones no resueltas de la agenda bilateral

a) La cooperación bilateral en la lucha contra el terrorismo

Este apartado de la agenda incluyó cuestiones tales como los atentados terroristas a la Embajada de Israel y a la AMIA, la preocupación norteamericana por la cuestión de la Triple Frontera, la

reticencia de los militares argentinos a la plena participación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y el problema del crecimiento de las actividades ligadas al lavado de dinero en la Argentina.

a.1.) Los atentados terroristas a la Embajada e Israel y a la AMIA y su impacto en las relaciones entre Argentina y los Estados Unidos

Sin lugar a dudas, el atentado perpetrado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, ocurrido el 17 de marzo de 1992, tuvo un notorio impacto en las relaciones entre los gobiernos argentino y norteamericano, dando lugar a una serie de declaraciones de apoyo, pero también de presiones, no sólo de parte del gobierno norteamericano, sino también de las autoridades de Israel y de las entidades representativas de la comunidad israelí en la Argentina, a favor de una investigación completa acerca de los responsables del atentado.

Así, el 18 de marzo, el gobierno norteamericano condenó en enérgicos términos el atentado y ofreció colaborar con Israel y con la Argentina en la investigación del ataque. La vocera del Departamento de Estado, Margaret Tutwiler, lamentó en indignados términos la muerte de israelíes y argentinos en el atentado, pero rehusó entrar en detalles acerca de la ayuda ofrecida. (86)

La misma actitud de respaldo del gobierno norteamericano tuvo lugar en agosto de 1994, al cumplirse un mes de otro atentado terrorista, el perpetrado contra la sede de la AMIA en Buenos Aires el 18 de julio, que provocó 86 muertos. El embajador norteamericano James Cheek, luego de visitar al jefe de la Policía Federal, dijo que si la Argentina decidía romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Teherán –definido por el diplomático como el "sospechoso número uno"- sería "apoyada" por La Casa Blanca. (87)

Asimismo, en el encuentro que sostuviera con el ministro del Interior argentino, Carlos Corach, Cheek ofreció al gobierno la cooperación norteamericana en la elaboración de una legislación para combatir al terrorismo. El diplomático estadounidense mencionó la posibilidad de un tercer atentado y subrayó la "necesidad de protegerse", destacando los trabajos de inteligencia realizados en ese ámbito. (88)

Finalmente, durante el encuentro entre el presidente argentino, Carlos Menem y su par norteamericano, Bill Clinton, en la localidad norteamericana de Atlanta, en julio de 1996, el titular de la Casa Blanca entregó una carta a su colega argentino en la que evidenciaba categóricamente el apoyo de Washington en la lucha contra el terrorismo internacional:

"Querido señor presidente, en el segundo aniversario de la bomba en la AMIA nuestros dos países tienen que enfrentar la amenaza del terrorismo internacional. Al igual que el pueblo argentino, sacudido por el cobarde acto de terrorismo en su propio país hace dos años, el pueblo americano fue duramente recordado una vez más por la bomba en Teherán, Arabia Saudita, lo cual demuestra que los terroristas pueden golpear en cualquier lugar."Carlos, el día que el centro judío fue bombardeado en Buenos Aires, yo le aseguré a usted el apoyo y la asistencia de los Estados Unidos. Cuando los terroristas atacaron a personal norteamericano en Arabia Saudita, yo supe que la Argentina estaba junto a nosotros contra el terrorismo."Usted y yo sabemos que, aunque honremos a aquellos caídos por estos actos malvados, tenemos que redoblar esfuerzos para encontrar a los autores y llevarlos ante la Justicia. Aun si esa búsqueda lleva días, semanas o años, no debemos descansar hasta que la justicia sea hecha."Esto es una convicción común de todas las democracias que debe mantenernos desafiantes contra el chantaje terrorista. Nosotros continuaremos, lo sé, trabajando juntos para proteger a nuestros ciudadanos en ambos países y en el extranjero para erradicar el terrorismo.Sinceramente, Bill Clinton." (89)

No obstante estos gestos de ayuda de las autoridades de la Casa Blanca, las críticas de los representantes de la comunidad judía en Argentina y en Estados no tardaron en llegar, dada la falta de respuestas rápidas del gobierno argentino frente a los atentados (90). Así, el 28 de septiembre de 1995, el titular de la DAIA, Rubén Beraja, y el rabino de Nueva York, Avi Weiss, hablaron ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU. Mientras Beraja criticó al gobierno argentino por su posición "complaciente" frente a Irán y el terrorismo internacional, Weiss fue más ácido y habló de "encubrimiento" por parte de los funcionarios del gobierno de Menem. (91) Estas declaraciones provocaron la reacción del canciller argentino, Guido Di Tella. (92)

A estas críticas pronto se sumaron las provenientes del Congreso norteamericano, ámbito donde el lobby judío tiene un enorme peso. Así, a mediados de mayo de 1997, la Cancillería argentina recibió de Washington la noticia de que el Congreso de los Estados Unidos estaba tratando un proyecto de resolución conjunto referido a los atentados contra la embajada de Israel y contra la AMIA, con un contenido crítico sobre la marcha de las investigaciones en la Argentina. (93)

También cabe mencionar las críticas procedentes de un medio de prensa influyente como The New York Times, que también destacaba, en un editorial de fines de 1997, el fracaso del gobierno en identificar a los responsables de los atentados terroristas. (94)

No obstante estas críticas, las mismas convivieron con expresiones de apoyo al gobierno argentino por parte de distintos funcionarios norteamericanos. Por ejemplo, durante la visita a Buenos Aires del secretario de Defensa de los Estados Unidos, William Cohen, en mayo de 1998, éste garantizó al presidente Menem que Washington ayudaría al Gobierno "en la forma y modo que sea posible" para enfrentar al terrorismo internacional y el crimen organizado. (95)

Lo propio hizo el encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Manuel Rocha, en el encuentro que sostuviera con el ministro del Interior argentino, Carlos Corach, a fines de ese mismo mes de mayo. En dicho encuentro, preparatorio de la Segunda Conferencia Interamericana Antiterrorista, que tendría lugar en Buenos Aires en noviembre, Rocha reiteró el apoyo de Washington a la investigación de los atentados terroristas contra la embajada de Israel en Buenos Aires y contra la AMIA. (96)

Ante la presión que significaron tanto las expresiones de apoyo como las críticas de los distintos representantes oficiales y privados norteamericanos, a principios de septiembre del mismo año, Menem respaldó en reunión de gabinete el plan de lucha contra el terrorismo en el cual estaba trabajando el ministro del Interior, Carlos Corach, con impulso de los Estados Unidos, y con los países que pertenecen a la Organización de Estados Americanos (OEA). Menem felicitó a Corach por el apoyo que la secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Allbright, envió al gobierno argentino. El titular de Interior y el canciller Guido Di Tella habían recibido un mensaje de la funcionaria, quien destacó el alto significado que Washington le otorgaba a la Segunda Conferencia Interamericana de Lucha contra el Terrorismo, de la OEA, que se realizaría en Mar del Plata el 23 y 24 de noviembre. El asunto interesaba especialmente a la Casa Blanca luego de los atentados contra las embajadas norteamericanas en Kenya y Tanzania, que provocaron 260 muertos. (97)

Un rápido balance de esta cuestión no resuelta evidencia, además de las falencias de infraestructura y de recursos que tuvo –y sigue teniendo- la Argentina para prevenir atentados al estilo de los ocurridos en la Embajada de Israel y la AMIA, la presencia de notorias diferencias de percepción entre los gobiernos argentino y norteamericano respecto de esta cuestión. Como sostienen Déborah Norden y Roberto Russell, mientras las autoridades oficiales argentinas tendieron a identificar estos atentados como producto de las acciones del terrorismo internacional, sus colegas norteamericanas los percibieron en términos de las falencias institucionales de la Argentina, en especial del funcionamiento del Poder Judicial. (98)

Por cierto, una temprana confirmación del status de cuestión pendiente que tuvo –y sigue teniendo- este tema de la agenda bilateral fue el escepticismo que la propia opinión pública argentina expresó respecto de la resolución de este atentado. A tan sólo tres meses de ocurrido, una encuesta realizada por Heriberto Muraro destacaba que 7 de cada 10 personas entrevistadas en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires sostenía que ni el Gobierno ni la Justicia argentinas encontrarían a los responsables del atentado. A su vez, un 25 % del total de los encuestados decía que el gobierno de Menem no se esforzada "nada" en la investigación del atentado (contra sólo un 11 % que sostenía que se esforzaba "mucho" y un 24% que "poco"). Finalmente, un 62% de los exponentes de esta muestra estadística consideraban "probable" la existencia de un nuevo atentado terrorista en la Argentina. (99)

a.2) La preocupación norteamericana por la cuestión de la Triple Frontera

Por cierto, otra de las cuestiones pendientes de la agenda bilateral en su capítulo estratégico ha sido, sin lugar a dudas, el problema de seguridad que plantea la denominada área de la Triple Frontera –es decir, la zona que comparten Argentina, Brasil y Paraguay-, un conflictivo espacio en el que se combina, como en un cóctel explosivo, la existencia de actividades ligadas al contrabando, el narcotráfico y el terrorismo islámico vinculado al grupo shiíta Hezbollah.

La enorme preocupación del gobierno norteamericano acerca de la falta de controles adecuados en esta zona fue planteada personalmente a Menem por su colega norteamericano Bill Clinton, durante su visita a la Argentina en octubre de 1997. (100)

Consciente de esta preocupación de la Casa Blanca, en febrero de 1998 el ministro del Interior argentino, Carlos Corach, solicitó apoyo para adoptar medidas de control en esta zona a Kenneth Mc Kune, coordinador de la Lucha contra el Terrorismo, a Peter Romero, secretario adjunto de dicho Departamento, y a funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Obtuvo como respuesta la promesa de préstamos para equipamiento y entrenamiento policial, aduanero y migratorio. (101)

Por su parte, el 12 de mayo del mismo año, el director del Federal Bureau Investigation (FBI), Louis Freeh, visitó la Argentina. Freeh comprometió ayuda económica, de inteligencia y coordinación de las fuerzas de seguridad de Argentina y EEUU, con preocupación especial sobre la zona de la triple frontera (compartida por Argentina, Brasil y Paraguay). Como respuesta a este encuentro, días después, el gobierno argentino decidió reducir a la mínima expresión posible la representación diplomática de Irán en Buenos Aires, dada la conexión existente entre dicho país y el grupo Hezbollah y la preocupación del titular del FBI por el atentado de la AMIA, percibido por las autoridades de Washington como fruto de la mencionada conexión. (102)

b) La participación de los militares argentinos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo

Un apartado relevante –y a la vez conflictivo- de la cooperación entre Argentina y Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo fue el de la participación de los militares argentinos en la misma, aspecto en el cual los funcionarios encargados de la agenda estratégica en Estados Unidos, aunque contaron con el visto bueno formal del gobierno argentino –que percibía a esta mayor participación como un gesto que podía tener positivos efectos multiplicadores en el ya óptimo clima de la agenda bilateral-, tropezaron con la resistencia de los oficiales argentinos a asumir un compromiso directo en esta materia.

Estas divergencias se manifestaron durante la visita del ministro de Defensa argentino, Humberto Romero, a los Estados Unidos a fines de julio de 1990. En dicha oportunidad, Romero exploró la posibilidad de una posible participación de las Fuerzas Armadas argentinas

en la lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo ante sus interlocutores norteamericanos, el secretario de Defensa Dick Cheney y otras autoridades del Pentágono. Romero llevó para este viaje un documento elaborado por los jefes de los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas sobre este tema, en el que los mismos establecían las condiciones requeridas para la intervención militar y el encuadramiento legal necesario a fin de no interferir acciones propias de las fueras de seguridad y las policiales. Desde la óptica de los mandos militares, existía una distinción entre la represión del narcotráfico, que según éstos debía estar en manos de las fuerzas de seguridad vinculadas a Gendarmería Nacional, debido a su preparación en materia de detectar ilícitos y por tener sus cuadros estado militar, es decir, por estar sometidos sus cuadros a la justicia castrense. En dicho informe, las Fuerzas Armadas sostenían que su participación en la lucha contra el narcotráfico se debía limitar al apoyo logístico y de inteligencia, es decir, al rol de poner a disposición de la Gendarmería Nacional aviones, vehículos, alojamiento y virtuallas, entre otros aspectos. (103)

Nuevamente estas diferencias se evidenciaron durante la visita del vicepresidente norteamericano, Al Gore, a la Argentina. En dicha ocasión, el visitante no sólo se entrevistó con el presidente Carlos Menem, el canciller Guido Di Tella, y el ministro de Economía Domingo Cavallo, sino también con el secretario de Prevención y Lucha contra la Drogadicción, Alberto Lestelle. Gore transmitió a los representantes del gobierno argentino el deseo de Washington de incrementar la lucha antinarcóticos en la Argentina (si bien existían diferencias respecto del papel de las fuerzas armadas en esta lucha, ambas partes coincidieron en los objetivos finales y la necesidad de coordinar esfuerzos). (104)

c) El problema del crecimiento de las actividades ligadas al lavado de dinero en la Argentina

Por cierto, el crecimiento de las actividades ligadas al lavado de dinero en la Argentina constituyó otra de las cuestiones pendientes en la dimensión bilateral de la agenda con Washington. Esta inquietante tendencia para las autoridades de Washington estuvo ligada al cambio en el papel tradicional de Argentina como país de tránsito de la droga proveniente de las naciones productoras latinoamericanas hacia el mercado europeo que tuvo lugar a partir de la década de 1980. A partir de la misma, el país agregó a su condición de ser país de tránsito, las de país consumidor y centro de lavado de dinero (105). Dicho cambio fue estimulado por dos factores principales:

a. el llamado "efecto Cono Sur", en otras palabras, la expansión hacia la subregión de las actividades vinculadas al narcotráfico, estimulada por la "guerra" del gobierno norteamericano a los narcotraficantes en Colombia y Bolivia. Factor que a su vez provocó la búsqueda de nuevos centros operativos por parte de éstos últimos; y

b. la ausencia o laxitud de la legislación referente a las operaciones ligadas al lavado de dinero proveniente del narcotráfico (creación o compra de empresas súbitamente florecientes, negocios inmobiliarios, etc.);

A estos dos factores, que comenzaron a operar durante la década de 1980, se agregó un tercero, propio de la década de 1990, ligado a

c. el proceso de privatizaciones y de reforma estatal impulsado por el gobierno de Menem, que, paradójicamente, contribuyó a estimular el ingreso de capitales externos de origen tanto lícito como no lícito. En este sentido, el caso argentino comparte la paradoja que señala Stephen Flynn respecto de los procesos de modernización económica de las décadas de 1980 y 1990 en el Sudeste asiático, en los cuales el crecimiento de actividades preexistentes como el narcotráfico y del crimen organizado constituyó la "cara oscura" de dichos procesos. (106)

Durante el primer gobierno de Carlos Menem (1989-1995) estallaron dos escándalos ligados a las actividades del lavado de dinero en la Argentina. Uno, difundido por los medios de prensa como el Yomagate o el Narcogate, tuvo su origen en la información difundida por la revista española Cambio 16. Dicha publicación reveló que en la investigación efectuada el juez español Baltasar Garzón acerca de la presunta vinculación de funcionarios del gobierno argentino con una organización internacional del tráfico de drogas, aparecían mencionados los nombres de la entonces secretaria de Audiencias de la Presidencia, Amira Yoma, su hermano Karim, su ex esposo y funcionario de Aduanas en Ezieza, el coronel sirio Ibrahim al Ibrahim, y el ex presidente del Consejo Federal de Agua Potable, Mario Caserta. (107) El 24 de julio de 1991 sucedieron dos hechos importantes relacionados con esta causa: la renuncia de Amira Yoma a su cargo en el Gobierno, y, horas después, la sentencia dictada por la jueza federal María Servini de Cubría de procesamiento a la ex funcionaria por su participación en el lavado de dólares. Meses más tarde, el 13 de julio de 1992, la jueza federal argentina Amira Berraz de Vidal decretó prisión preventiva para Amira Yoma y para Mario Caserta, por considerar que existía "semiplena prueba" de sus respectivas participaciones en una banda internacional que actuaba en Estados Unidos, Europa, Uruguay y la Argentina. (108)

El segundo escándalo que estalló en relación con esta espinosa cuestión de la agenda con Estados Unidos estuvo ligado a las actividades del Bank of Credit and Commerce International (BCCI), involucrado en operaciones de lavado de narcodólares y de tráfico de armas. Cabe acotar que el BCCI financió en la Argentina las operaciones de capitalización de la deuda externa y de construcción del Hyatt Hotel. Ante esta noticia, el diputado justicialista José Luis Manzano impulsó en julio de 1991 el cierre del banco, alternativa aceptada por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, como un gesto de impacto positivo ante inversores y funcionarios gubernamentales estadounidenses. (109)

Un año después de haber iniciado al BCCI juicio por fraude, hacia fines de julio de 1992, el fiscal de Nueva York, Robert Morgenthau, dio mayores precisiones respecto del ingreso del BCCI a la Argentina, que habría ocurrido entre los años 1983 y 1984 a través de un previo pago de "coimas" al Banco Central Argentino por un monto de 500.000 dólares, durante la gestión de Enrique García Vázquez al frente del Central (1983-1985). (110)

Durante la segunda gestión de Menem (1995-1999), y ante la creciente la presión del gobierno norteamericano a favor de una legislación más dura respecto del lavado de dinero, el gobierno argentino anunció la sanción de una ley contra el lavado antes de la visita de Bill Clinton en octubre de 1997, pero sólo logró su aprobación en una comisión de labor parlamentaria. Luego del viaje del mandatario norteamericano, el entonces secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Julio César Aráoz, afirmó que dicha ley sería "la primera" que aprobaría el Congreso luego de las elecciones de octubre, pero esa promesa tampoco pudo ser cumplida. (111)

Por su parte, a principios de febrero de 1998, el Ejecutivo, en un nuevo intento, incluyó en las sesiones extraordinarias del Congreso el proyecto de ley que prevenía y reprimía el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, la comercialización de seres y órganos humanos y el tráfico ilegal de armas. (112) Pero el proyecto de ley durmió en espera de que el bloque justicialista lo incluyera en su recinto, alternativa que no ocurrió. Según la óptica de la DEA, esta situación de impasse se debía a la presión en contra del "lobby en contra de bancos, financieras y casas de cambio", que usufructúan del lavado de dinero no sólo proveniente del narcotráfico, sino también de la evasión impositiva (calculada en ese momento en 24.000 millones de dólares anuales), de las coimas y de cualquier tipo de manejo con dinero "negro". Asimismo, los funcionarios de la DEA percibían que el propio gobierno argentino, ya en tiempo de descuento luego de las elecciones de octubre de 1997, tampoco demostraba un real interés en comprometerse con una ley cuyo trámite de aprobación era altamente controversial en tanto aparecía como respuesta a una presión norteamericana. (113)

Por cierto, la falta de avances concretos en esta cuestión motivó la preocupación de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, la Drug Enforcement Agency (DEA), quien expresó en mayo de 1998 su deseo de ver avances en particular en un caso clave de lavado de dinero en la Argentina: el de la familia colombiana integrada por Germán, Edward Daniel, Jairo, Daniel y Carlos Ibagón, quienes cambiaron en casas de cambio en Buenos Aires pesetas españolas y marcos alemanes por casi dos millones de dólares. (114) Asimismo, la DEA instó a que el gobierno argentino cumpliera su promesa de sancionar una ley específica para combatir el delito de lavado y demostró su preocupación por el rechazo del Senado de la ley del arrepentido sancionada por Diputados. (115)

Como respuesta a las presiones norteamericanas, el gobierno argentino, a través del entonces secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Eduardo Amadeo, anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que penalizaba el lavado de dinero. Pero, como ocurriese en anteriores ocasiones, la promesa no se concretó. (116)

A fines de febrero de 1999, el presidente norteamericano, Bill Clinton, al dar a conocer su informe anual al Congreso norteamericano sobre el proceso de certificación de drogas, advirtió que

"Buenos Aires es un centro regional que podría ser explotado por lavadores de dinero". (117)

A su vez, a principios de marzo del mismo año, el subsecretario adjunto de la Oficina de Narcóticos Internacionales y Ejecución de la Ley de los Estados Unidos, William Brownfield, sostuvo que Buenos Aires es un centro financiero bastante bien desarrollado y que puede ser un lugar lógico y eficiente para lavar dinero. (118)

Por cierto, un operativo que evidenció la preocupación norteamericana por la situación del narcotráfico en la Argentina fue el desarrollado a principios de diciembre de 1999, en las postrimerías del gobierno de Menem, por parte de una delegación de funcionarios norteamericanos. La misma, integrada por funcionarios pertenecientes al Departamento de Justicia, a la Dirección de Aduanas y a la Reserva Federal, viajó a la Argentina y participó del allanamiento de la financiera Mercado Abierto, en Capital Federal. (119)

NOTAS

1. La enmienda Humphrey-Kennedy a la Sección 620-B de la ley norteamericana de Ayuda Exterior fue aprobada por el Congreso en febrero de 1977, durante la gestión del demócrata James Carter (1977-1981). Constituyó un castigo de los legisladores norteamericanos a las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura del general Jorge Rafael Videla (1976-1981). Entró en vigor a partir del 1° de octubre de 1978. La misma suspendió toda ayuda militar a la Argentina bajo la forma de créditos, donaciones, garantías de préstamos, ventas y licencias para exportación emitidas con posterioridad al 30 de septiembre de 1978. Para mayores detalles acerca de esta enmienda y sus antecedentes ver el artículo de Russell, Roberto, "Las relaciones Argentina-Estados Unidos: del "alineamiento heterodoxo" a la "recomposición madura"", op.cit., pp. 15-16 y 21.

2. "Reclamos y sugerencias de Menem ante legisladores norteamericanos", por Julio Crespo, La Nación, 29 de septiembre de 1989, p. 11.

3. "EE.UU. volverá a vender armas a la Argentina", La Nación, 30 de septiembre de 1989, p. 1; "El presidente concluyó su gira por los Estados Unidos. Una visita con sensación de éxito y que sirvió para disipar algunas dudas", por Julio Crespo, La Nación, 30 de septiembre de 1989, p. 3.

4. "El Capitolio bloqueó la venta de armas a la Argentina", La Nación, 26 de octubre de 1989, p. 2.

5. "EE.UU. levantó la veda de armas", La Nación, 9 de noviembre de 1989, p. 10 y "Venta de armas a nuestro país", La Nación, 2 de diciembre de 1989, p. 6.

6. La historia de esta negociación por la compra de estos aviones y radares comenzó a mediados de 1992, cuando la Argentina formalizó el pedido de 36 aviones A 4M, en reemplazo de las 60 máquinas que la aeronáutica perdió en la guerra de las Malvinas." Pero la compra de los aviones Skyhawk A 4-M y de sus radares (aviónica Westinghouse) chocó con la resistencia de sectores del Foreign Office británico, actitud que Camilión calificó de "anacrónica". En víspera de su viaje a Washington de fines de septiembre de 1993, Camilión se refirió a esta cuestión en los siguientes términos: "(…) nosotros en este momento, como no le estamos comprando aviones a Inglaterra sino a los EE.UU., no nos parece aceptable y razonable que los norteamericanos acepten un argumento anacrónico de Inglaterra. (…) Les decimos a los norteamericanos algo que ellos siempre dicen: no tomamos un no por una respuesta. Insistiremos hasta conseguir lo que

queremos, y lo vamos a conseguir." Ver al respecto los artículos "Camilión es reacio a un "no" de Washington", La Nación, 28 de septiembre de 1993, p. 7 y "Camilión insistirá en Washington por los radares de los A 4M", por Eduardo Barcelona, La Nación, 25 de octubre de 1993, p. 7.

7. "Cheek sigue optimista por los radares de los Skyhawk", por Ovidio Bellando, La Nación, 13 de noviembre de 1993, p. 10.

8. "EE.UU. venderá los aviones con radares", La Nación, 1º de febrero de 1994, p. 1. Por su parte, el editorial de opinión "El fin del embargo de armas", La Nación, 6 de febrero de 1994, p. 8, destacaba la autorización del gobierno norteamericano para vender a la Argentina 36 aviones de combate A 4M Skyhawk, provistos de radares, como quería la Fuerza Aérea argentina, como un acto que ponía fin al embargo de armas impuesto a la Argentina como derivación del conflicto con Gran Bretaña. El editorial sostenía que "(…) El desenlace de tan compleja y demorada negociación ha sido el fruto de un conjunto de acciones en el frente externo, destinadas fundamentalmente a restituir la confianza de la comunidad internacional en nuestro país, seriamente perturbada por una errática política argentina, reflejo de las recurrentes crisis institucionales.Entre esas acciones, la ratificación del Tratado de Tlatelolco, el desmantelamiento del misil Cóndor II -así como el abandono del proyecto- y la reiterada participación de las Fuerzas Armadas en misiones de paz de las Naciones Unidas son seguramente las que mejor han contribuido a esa imagen de país confiable, en un tiempo histórico en que la realidad internacional se caracteriza por la desaparición de la guerra fría y una generalizada inquietud orientada a la preservación de la paz".

9. "Camilión se reúne con un funcionario de EE.UU.", por María Elena Polack, La Nación, 18 de noviembre de 1994, p. 6; y "Operación cooperativa con Estados Unidos", La Nación, 22 de noviembre de 1994, p. 7.

10."Domínguez pidió reequipamiento militar", por Sergio Levit, La Nación, 7 de diciembre de 1996, p. 8; y "Menem en los Estados Unidos", La Nación, 9 de diciembre de 1996, p. 6.

11."La Argentina empieza a recuperar su capacidad de defensa aérea. En Estados Unidos alistan cinco aviones Fightinghawk A4-AR, que parten hoy", La Nación, 12 de diciembre de 1997, p. 10; y "Partieron los aviones comprados a EE.UU. Los primeros A4-AR llegarán al país en cinco días", por Juan Castro Olivera, La Nación, 13 de diciembre de 1997, p. 13.

12."Los EE.UU. donaron equipos al Ejército", La Nación, 30 de marzo de 1999, p. 8.

13.Entre los temas de las conversaciones del general Welch con sus interlocutores figuró el de la adquisición de repuestos aeronáuticos norteamericanos para los aviones militares argentinos y la complementación de las industrias aeronáuticas de ambos países en el caso de que Estados Unidos decidiera incorporar el avión argentino IA 63 Pampa a las dotaciones de la USAF. Ver al respecto los artículos "Llegó un alto jefe militar de EEUU", La Nación, 16 de marzo de 1990, p. 11; y "Finalizó la visita de un jefe militar de EE.UU.", La Nación, 19 de marzo de 1990, p. 3.

14."Firman un convenio para vender el avión Pampa. La LTV Aerospace & Defence Co. lo presentará en EE.UU", La Nación, 3 de mayo de 1990, p. 1 y "El convenio para fabricar el Pampa", La Nación, 3 de mayo de 1990, p. 5.

15.Romero analizó con el secretario de Defensa norteamericano, Dick Cheney y otras autoridades del Pentágono, la posible participación de las FFAA argentinas en la lucha contra el narcotráfico, la privatización en el área de Defensa, la modernización de las Fuerzas Armadas argentinas y la posible compra de aviones argentinos Pampa por parte de la Fuerza Aérea norteamericana. Respecto de este último tema, Romero comentó a principios de agosto de 1990 que "En el Pentágono hay verdadero interés en nuestros aviones (...) así me lo hicieron saber los funcionarios del Pentágono. Ven las ventajas que el Pampa tiene por su economía en un momento en que aquí tratan de reducir costos. Pero el trámite de adquisición de este tipo de equipos nunca es rápido". Ver al respecto los artículos "Romero explicó en los Estados Unidos las privatizaciones", por Julio Crespo, La Nación, 8 de agosto de 1990, p. 10.

16."Menem, tras la venta del Pampa", por Fernán Saguier, La Nación, 27 de junio de 1993, p. 11; y "Menem llega hoy a EE.UU.", por Fernán Saguier, La Nación, 28 de junio de 1993, p. 10; y "El presidente Menem en Washington", La Nación, 2 de julio de 1993, p. 8.

17."Camilión insistirá en Washington por los radares de los A 4M", por Eduardo Barcelona, La Nación, 25 de octubre de 1993, p. 7.

18."EE.UU. recalificó al Pampa 2000, aunque lo dejó fuera de concurso", por Eduardo Barcelona, La Nación, 20 de diciembre de 1994, p. 11.

19.En dicha oportunidad, Camilión se entrevistó con el subsecretario de Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado, Alexander Watson (con quien habló sobre el conflicto entre Perú y Ecuador), y con el secretario de Defensa William Perry (a quien le manifestó el desagrado argentino por la desafectación del Pampa 2000 por parte de la Fuerza Aérea norteamericana). También el titular de Defensa mantuvo contactos con otras altas autoridades del Pentágono y del Departamento de Estado. Ver al respecto "Camilión pidió en EE.UU. un trato preferencial", por Fernán Saguier, La Nación, 28 de febrero de 1995, p. 10.

20.Ver referencia a este pedido de Menem en artículo "Patentes, un reclamo inclaudicable", por Jorge Elías, La Nación, 6 de diciembre de 1996, p. 10.

21."Negocian un acuerdo de defensa con EE.UU.", por María O' Donnell, La Nación, 21 de mayo de 1997, p. 9.

22."La Argentina sería el próximo aliado extra-NATO de EE.UU.", por María O' Donnell, La Nación, 14 de agosto de 1997, p. 7; y "Señales de Clinton antes de viajar", por Jorge Elías, La Nación, 15 de agosto de 1997, p. 1.

23."La alianza extra-NATO con EE.UU. Allbright: no habrá riesgos regionales", La Nación, 16 de agosto de 1997, p.1.

24."Se formalizó ayer la alianza extra-NATO con EE.UU.", La Nación, 1º de febrero de 1998, p. 1; "El viaje de Menem genera consultas", La Nación, 1º de febrero de 1998, p. 6; y editorial de opinión "La Argentina, aliada extra-NATO", La Nación, 4 de febrero de 1998, p. 12.

25.Artículo "Argentina Extra-OTAN", por Andrés Cisneros, sin fecha, en Archivo personal del ex vicecanciller Andrés Cisneros, Caja N° 1, Carpeta Discursos y escritos de Andrés Cisneros.

26.Norden y Russell, op.cit., p. 62.

27."OTAN: críticas al pedido de ingreso", La Nación, 21 de julio de 1999, p. 7.

28.A su vez, el rechazo del pedido argentino activó las disidencias existentes respecto de este tema en el seno de la propia administración menemista. Así, mientras el secretario de Planeamiento Jorge Castro fue el principal impulsor de la idea de solicitar a la OTAN el ingreso como miembro pleno, el ministro de Defensa, Jorge Domínguez reaccionó con sorpresa al conocer la propuesta y nunca se mostró como un adherente entusiasta, como también ocurrió en el caso del canciller Guido Di Tella. Ver al respecto "Tras la negativa al pedido de ingreso. Disputas por el rechazo", por Juan Castro Olivera, La Nación, 30 de julio de 1999, pp. 1 y 6.

29.Por el lado de la Armada argentina participaron los destructores Almirante Brown (en actividad desde 1983); Heroína y Sarandí (ambos de 1984, de 3000 toneladas y con una tripulación de 200 hombres); la corbeta Guerrico (de 1978, 1000 toneladas y 93 marinos); y el submarino San Juan (1985 y 2000 toneladas). Por parte de la Marina norteamericana lo hicieron los destructores misilísticos Richard Byrd (1964, luego modernizado, de 3370 toneladas y una tripulación de 360 hombres); Briscoe (1978, de 5570 toneladas y una tripulación de 320 marinos); y el Jesse Brown; el submarino Tinosa (1964, luego modernizado, de 3750 toneladas y 127 hombres); y buque de desembarco de tanques Manitowoc (1969, con capacidad para transportar 500 toneladas de vehículos). Ver respecto de este tema los editoriales "Ejercicio naval de los EEUU con la Argentina", La Nación, 7 de septiembre de 1989, p. 1 y "En el Atlántico Sur. Se iniciaron maniobras navales con los EEUU", La Nación, 12 de septiembre de 1989, p. 5.

30."Maniobras navales con Estados Unidos", La Nación, 7 de marzo de 1990, p. 4.

31."Unitas", La Nación, 27 de septiembre de 1990, p. 6 y "Continúa el Operativo Unitas 91", La Nación, 5 de octubre de 1990, p. 3.

32."La Armada, en el Operativo Unitas", La Nación, 4 de octubre de 1991, p. 4; y "Darán detalles del Unitas XXXII", La Nación, 13 de octubre de 1991, p. 19.

33."Comenzará mañana en aguas argentinas el Operativo Unitas", La Nación, 18 de agosto de 1992, p. 6.

34."Ejercicios navales con fuerzas norteamericanas", La Nación, 12 de agosto de 1997, p. 8.

35.En esta 39a edición del UNITAS, cerca de 480 efectivos argentinos y 150 marines trabajaron en forma combinada en la evacuación simulada de personal no combatiente situado en una embajada sin filiación conocida en territorio de la inexistente República Federal de Rocalia. Antes de proceder al asalto, las fuerzas anfibias argentinas y norteamericanas realizaron un operativo de interdicción en la zona en conflicto, para evitar la irrupción de elementos armados de la vecina Capitolia, otro Estado soberano igualmente ficticio. Ver al respecto editorial "Concluyeron en Bahía Blanca los ejercicios del UNITAS", por Pablo J. Gaggero, La Nación, 4 de septiembre de 1998, p. 12.

36."Frente a Mar del Plata fondeará hoy el portaaviones Kitty Hawk", La Nación, 10 de noviembre de 1991, p. 6; "El Kitty Hawk en la costa marplatense", La Nación, 12 de noviembre de 1991, p. 1 y "Kitty Hawk: el mar retrasó el desembarco", por Diego Pérez Andrade, La Nación, 12 de noviembre de 1991, p. 4.

37.Cabe destacar que esta visita al Comando de Operaciones en Norfolk estuvo inscripta en el marco general de las Conversaciones Bilaterales sobre Temas de Seguridad Bilaterales y Regionales entre la República Argentina y los Estados Unidos de América, que tuvieron lugar en Washington los días 22 y 23 de junio de 1993. La delegación argentina estuvo integrada por el canciller Guido Di Tella; el secretario de Asuntos Militares Vicente Massot; el embajador argentino en los Estados Unidos Raúl Granillo Ocampo; el secretario general de Coordinación Andrés Cisneros; y el representante argentino ante la OEA embajador Hernán Patiño Mayer, entre otros representantes de la Cancillería; Enrique de la Torre y Federico Villegas Beltrán, Director y Secretario de la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales, respectivamente; y por el Jefe de Operaciones del Estado Mayor Conjunto, general de brigada Carlos Alberto Settel, el secretario general del Ejército, general de brigada Aníbal Ulises Laiño; el Comandante de la Flota de Mar, contraalmirante Horacio Florencio Reyser; el Jefe III de Planificación del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, brigadier Héctor Cid; el agregado de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier Horacio Genolet; el agregado de la Armada Argentina, almirante Alvar Carlos Rodríguez; y el agregado militar, coronel Julio Hang, como representantes de las Fuerzas Armadas. Por su parte, la delegación norteamericana estuvo integrada por el Director Interino de la Agencia para el Control de Armas y Desarme (ACDA), Thomas Graham; el secretario de Estado Asistente para Asuntos Interamericanos, Bernard Aronson; el Secretario de Estado Asistente para Asuntos Político-Militares, Robert Galucci; el Secretario de Estado Asistente para Organismos Internacionales, George Ward; el Secretario Asistente Adjunto para América del Sur, Phillip Mc Lean; el Secretario Asistente Adjunto para Asuntos Interamericanos de la Secretaría de Defensa, contraalmirante Luther Schrieffer; el representante para Fomento de Medidas de Confianza y Seguridad del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general James Riley; el embajador norteamericano en la Argentina, James Cheek; el Country Director para Argentina del Departamento de Defensa, T.J. Morgan; el representante del Estado Mayor Conjunto, División Hemisferio Occidental, coronel Edward Ellis; y el representante de la Oficina Argentina del Departamento de Estado Jonathan Ferrar. Ver al respecto Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales, Informe sobre las conversaciones bilaterales sobre temas de seguridad bilaterales y regionales entre la República Argentina y los Estados Unidos de América, Washington, 22 y 23 de junio de 1993, en Archivo personal del ex vicecanciller Andrés Cisneros, Caja N° 16, Carpeta Defensa y Política Exterior.

38."Finalizaron los ejercicios conjuntos con los EE.UU. Militares argentinos se entrenaron en Tierra del Fuego", por Alfredo Vega, La Nación, 22 de agosto de 1997, p. 6.

39."Un exitoso ejercicio militar. Argentinos y norteamericanos lanzaron a paracaidistas", por Alfredo Vega, La Nación, 7 de septiembre de 1997, p. 15.

40."Ejercicios", La Nación, 26 de septiembre de 1993, p. 6.

41."Maniobra con pilotos de EE.UU.", La Nación, 19 de agosto de 1998, p. 8.

42."Precisan el alcance de maniobras con EEUU", La Nación, 20 de mayo de 1990, p. 5.

43."Romero dijo desconocer la llegada de boinas verdes", apartados "En Posadas" y "Versión de El Territorio", La Nación, 22 de mayo de 1990, p. 4; "Se harían en territorio misionero. Maniobras conjuntas con tropas de EEUU", La Nación, 23 de mayo de 1990, p. 4; y "Una amplia zona de montes tupidos para las ejercitaciones conjuntas", La Nación, 24 de mayo de 1990, p. 15.

44."Argentinos y norteamericanos en la Escuela Superior de Guerra. Ejercicio militar conjunto", por Diego Pérez Andrade, La Nación, 18 de septiembre de 1991, p. 9.

45."Ejercicio militar conjunto argentino-norteamericano", por Francisco J. Papini, La Nación, 18 de septiembre de 1993, p. 9.

46."Advertencia sobre la droga y la corrupción", por Alfredo Vega, La Nación, 13 de marzo de 1997, p. 10.

47."Acuerdos militares con los EE.UU.", La Nación, 23 de julio de 1998, p. 8.

48.El equipo de análisis de laboratorio mencionado en el acuerdo comprendía: a) un espectómetro infrarrojo Perkin-Elmer, modelo 1760 F1-IR, con computador modelo 7300 y Programas CDS-3, SEARCH-3, QUANT y CIRCOM; b) un microscopio DUO-STAR REICHERT, con tubo fotográfico, Categoría N° 1944, y accesorios categorías números K1567 y 410F; c) un selector automático de muestras, modelo METTLER TITRATORS DL 40GP; y d) una balanza electrónica de precisión, modelo METTLER AE163. Ver texto del Memorandum de Entendimiento entre Argentina y EEUU, Washington, 17 de agosto de 1989, citado en Argentina- Estados Unidos. Acuerdos bilaterales 1853-2000…op.cit., pp. 481-482. Ver asimismo su antecedente, el Acuerdo de Cooperación para reducir la demanda, impedir el consumo indebido y combatir la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, firmado en Buenos Aires el 24 de mayo de 1989, por el canciller del gobierno de Alfonsín, Dante Caputo, y el embajador norteamericano en la Argentina, Theodore Gildred, citado en Idem, pp. 470-473.

49.Ver texto del Memorandum de Entendimiento entre Argentina y EE.UU., Washington, 31 de agosto de 1989, en Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina, en Idem nota anterior, pp. 483-484.

50.Texto del Memorandum de Entendimiento, Buenos Aires, 28 de septiembre de 1990, citado en Ibidem, pp. 503-506.

51.Referencia al Memorandum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de los Estados Unidos de América del 9 de septiembre de 1991, en Ibidem, p. 601 y p. 607.

52.Texto Modificación al Memorandum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de los Estados Unidos de América del 9 de septiembre de 1991, Buenos Aires, 30 de septiembre de 1991, citado en Ibidem, p. 607-608.

53.Ver texto del Memorandum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de los Estados Unidos de América para reducir la demanda, impedir el consumo indebido y combatir la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, Buenos Aires, 1° de septiembre de 1992, citado en Ibidem, pp. 650-656; texto del Memorandum de Entendimiento para el mejoramiento del Centro de Inteligencia Comando Conjunto de la Argentina para reducir la demanda, impedir el consumo indebido y combatir la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, Buenos Aires, 24 de junio de 1993, en Ibidem, pp. 609-614; texto del Memorandum de Entendimiento para reducir la demanda, impedir el consumo indebido y combatir la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, Buenos Aires, 24 de junio de 1993, citado en Ibidem, pp. 669-677; texto del Memorandum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de los Estados Unidos de América para reducir la demanda, impedir el consumo indebido y combatir la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, Buenos Aires, 23 de agosto de 1994, en Ibidem, pp. 691-697; texto del Memorandum de Entendimiento para reducir la demanda, impedir el consumo indebido y combatir la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, Buenos Aires, 29 de septiembre de 1995, citado en Ibidem, pp. 732-738.

54.El proyecto "Iniciativa Andina" estableció una contribución material del gobierno norteamericano a la Fuerza de Tareas Frontera Norte, integrada por Gendarmería Nacional y la Policía de la provincia argentina de Salta, por un monto de 60.000 dólares. Ver al respecto texto del Acuerdo sobre proyecto de "Iniciativa Andina", Buenos Aires, 28 de septiembre de 1999, citado en Ibidem, pp. 861-868.

55.Texto del Acuerdo por Canje de notas sobre enmienda al Memorandum de Entendimiento del 24 de junio de 1993, Buenos Aires, 27 de agosto de 1993, citado en Ibidem, pp. 680-681.

56.Texto del Acuerdo por Canje de notas relativo a la rectificación del número de ley argentina mencionada en los Memorandums de Entendimiento sobre drogas del 9/IX/91, 30/IX/91, 1/IX/92, 24/VI/93 y 23/VIII/94, Buenos Aires, 31 de enero de 1995, citado en Ibidem, pp. 706-707.

57.Texto del Acuerdo por Canje de notas relativo al Memorandum de Entendimiento del 29 de septiembre de 1995, Buenos Aires, 7 de mayo de 1998, citado en Ibidem, pp. 817-818.

58.Texto del Acuerdo por notas reversales relativo al Artículo I, párrafo 2, del Acuerdo de Cooperación del 24 de mayo de 1989, Buenos Aires, 30 de septiembre de 1998, citado en Ibidem, pp. 831-837.

59."Delegación de magistrados norteamericanos. Asesoramiento para la lucha contra los delitos financieros", La Nación, 21 de junio de 1990, p. 4.

60.Sobre visita de Thurman ver Sain, "Las Fuerzas Armadas, la seguridad interior y las "nuevas amenazas": el caso argentino (1983-2000)", Seminario "Argentina y Brasil frente a las nuevas amenazas", Buenos Aires, 29 de marzo de 2001, en sitio http://www.argiropolis.com.ar/SainPifas.htm, p. 15.

61.Declaraciones de Skol y del general Clark, en Clarín, 5 de marzo de 1994 y Clarín, 13 de marzo de 1997, respectivamente, fuentes citadas por Idem nota anterior, pp. 17 y 22.

62.Cuando en octubre de 1997 el presidente norteamericano Bill Clinton visitó la Argentina, lo hizo acompañado por el titular del Departamento de Control de Droga Barry Mc Caffrey. En dicha ocasión, el "zar de las drogas" norteamericano sostuvo que las Fuerzas Armadas no debían ser en la Argentina un "factor mayor" en la lucha contra el narcotráfico: "Las Fuerzas Armadas tienen (…) mucho para aportar, sin dudas, en esta lucha. Inteligencia exterior, recursos logísticos, recursos tecnológicos (…). Pero esto no significa que puedan ser eficientes si se las lleva a desarrollar un trabajo que es de naturaleza policial (…). Los militares son, en general, una pobre herramienta para usar en estas cuestiones. Su equipamiento, su entrenamiento, su organización, sus instintos no fueron concebidos para enfrentar el problema de la droga". Declaraciones de Mc Caffrey en Clarín, Segunda Sección, 19 de octubre de 1997, fuente citada por Ibid., p. 22.

63.A partir de los decretos 2770, 2271 y 2272, dictados por el entonces presidente provisional Italo Luder el 6 de octubre de 1975, las Fuerzas Armadas pudieron intervenir en tareas de seguridad interior. El primero de estos decretos, el 2270,

estableció la constitución del Consejo de Seguridad Interna, presidido por el Presidente de la Nación e integrado por todos los ministros del Poder Ejecutivo nacional y los señores comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Asimismo, dispuso la ampliación de las atribuciones del Consejo de Defensa, órgano encargado de dirigir la lucha contra la subversión, de coordinar con las autoridades nacionales, provinciales y municipales, la ejecución de medidas de interés para la lucha contra la subversión, y planear y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y fuerzas policiales para la lucha contra la subversión. Por su parte, el decreto 2271estableció la suscripción entre el Consejo de Defensa y los gobiernos de las provincias, de "convenios que coloquen bajo su control operacional al personal y a los medios policiales y penitenciarios provinciales que les sean requeridos por el citado Consejo para su empleo inmediato en la lucha contra la subversión". Por último, el decreto 2772 señalaba que las Fuerzas Armadas, "(…) bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación que será ejercido a través del Consejo de Defensa procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país". Ver los textos de los decretos N° 2770, 2771 y 2772, en Anales de Legislación Argentina 1975, Tomo XXXV-D, Buenos Aires, La Ley, 1975, pp. 3634 y 3635, respectivamente.

64.Bossi se manifestó partidario de modificar la Ley 23.554 de Defensa para permitir la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico en tareas de inteligencia, destacando al respecto que "(…) La inteligencia no se improvisa (y en consecuencia) se debe contar con un óptimo nivel de inteligencia actualizado sistemáticamente, con el concurso de todas las agencias existentes (…) La madurez alcanzada por las Fuerzas Armadas en la historia reciente, fundamentalmente el cambio cultural operado en cada uno de sus miembros, aleja toda duda respecto a su definitiva inserción en el régimen constitucional argentino. No se pretende incursionar en cuestiones que no son de incumbencia de la Defensa Nacional, sólo se plantea la necesidad de disponer de la información pertinente para poder enfrentar, cuando así sea ordenado, a flagelos como el terrorismo, el narcotráfico, etc." Declaraciones del general Bossi, en Página/12, 3 y 10 de octubre de 1997, fuente citada por Sain, "Las Fuerzas Armadas, la seguridad interior y las "nuevas amenazas": el caso argentino (1983-2000)", op.cit., pp. 19-20.

65.Juliá definió la participación de su arma en la lucha contra el narcotráfico como legal e "imprescindible". Declaraciones del brigadier Juliá, en Clarín, 24 de abril de 1991, fuente citada por Idem nota anterior, p. 16.

66.Ver al respecto referencias a las posiciones de los generales Bonnet, Balza y Sánchez Toranzo en Ibid., pp. 15 -16 y 19.

67.En su encuentro con Bill Clinton a principios de diciembre de 1996, Menem se manifestó públicamente a favor de la participación de las Fuerzas Armadas argentinas en tareas de inteligencia, apoyo logístico y control aéreo dentro del marco de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en la región. Esta fue la primera expresión presidencial favorable a la intervención de las Fuerzas Armadas en esta cuestión, la cual se repitió sucesivamente en los años siguientes. Ver declaraciones de Menem en Clarín, 6 de diciembre de 1996, fuente citada por Ibid., p. 21.

68.El entonces vicepresidente Duhalde propuso la creación de un organismo especializado en la lucha contra el narcotráfico que sirviera como "brazo operativo" en la secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico que funcionaba en el ámbito de la Presidencia de la Nación- y en el que debían participar elementos de las Fuerzas Armadas en la producción de la inteligencia necesaria para el cumplimiento de esa labor. Ver declaraciones del vicepresidente Duhalde y del ministro del Interior Corach en La Razón, 28 de junio de 1990 y La Prensa, 4 de julio de 1990, fuente citada por Ibid., p. 15.

69.En el ámbito de la Asamblea General de la OEA en junio de 1999, el ministro del Interior, Carlos Corach, avaló la participación militar en la lucha contra los "verdaderos desafíos de la década", en opinión del ministro, "el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado". Ver declaraciones de Corach, en Página/12, 13 de junio de 1999, fuente citada por Ibid., p. 24.

70.Durante su gira por los Estados Unidos realizada a principios de agosto de 1990, el ministro de Defensa Humberto Romero señaló la necesidad de que las Fuerzas Armadas argentinas realziaran tareas de inteligencia ligadas a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Referencias a la posición intervencionista del ministro Romero en La Prensa, 9 de agosto de 1990, fuente citada por Ibid., p. 15.

71.En abril de 1997, durante una conferencia desarrollada en la sede de la Fuerza Aérea, el ministro Domínguez sostuvo que las Fuerzas Armadas eran el instrumento militar de la "seguridad" a la que definió en un sentido amplio que abarcaba las delicadas cuestiones atinentes a la seguridad interior de los Estados: "Las luchas étnicas y religiosas; la agresión al medio ambiente; los fundamentalismos nacionalistas y confesionales; las reivindicaciones territoriales; y la presencia de poderosos actores como el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la mafia (…) son los componentes de la agenda actual de la seguridad, que modifica la situación estratégica tornándola difícil de definir y presentándola con un elevado grado de incertidumbre cuando se intenta determinar su probable evolución". Declaraciones del ministro Domínguez, en Domínguez, Jorge, "Política de defensa del Gobierno nacional", en Revista de la Escuela Superior de Guerra Aérea, Buenos Aires, N° 197, 2do semestre de 1997, p. 56, fuente citada por Ibid., pp. 21-22.

72.A fines de septiembre de 1999, Cavallo sostuvo que "(…) la lucha contra el narcoterrorismo debe constituirse en una hipótesis de conflicto central para las Fuerzas Armadas argentinas y sus integrantes no deberían enfrentar ninguna restricción legal o de otro tipo para hacer inteligencia destinada a prevenir y, en caso de acontecer, investigar también actos de terrorismo como los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA". Declaraciones del ex ministro Cavallo, en La Nación, 24 de septiembre de 1999, fuente citada por Ibid., p. 24.

73.Ver declaraciones de los ministros Erman González, Oscar Camilión y Jorge Domínguez en contra de la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, en Ambito Financiero, 11 de abril de 1991 y Clarín, 5 de marzo de 1994, fuentes citadas por Ibid., pp. 15 y 18, respectivamente.

74.Declaraciones de Alfonsín, en Clarín, 22 de diciembre de 1997, fuente citada por Ibid., p. 23.

75."Son los mejores aliados de toda América latina", por Ricardo Larrondo, La Nación, 7 de diciembre de 1996, p. 9.

76."McCaffrey: entra droga por el puerto", La Nación, 18 de octubre de 1997, p. 6.

77."Apuran la ley contra el lavado de dinero", La Nación, 7 de febrero de 1998, p. 6.

78."Drogas: EEUU acusa a la Argentina", La Nación, 27 de febrero de 1998, p. 1; y "El Mercosur, ante un llamado de alerta de EE.UU. Paraguay, en la mira de Washington por el narcotráfico; corrupción argentina", La Nación, 27 de febrero de 1998, p. 8.

79."Derivaciones del informe norteamericano de lucha contra el tráfico de drogas en el continente. "La corrupción es peor en EEUU". El embajador Guelar pidió que se denuncien casos concretos", por María O’ Donnell, La Nación, 28 de febrero de 1998, p. 10.

80."Cuestionamiento de Di Tella a Mc Larty", La Nación, 28 de febrero de 1998, p. 10.

81."La lucha contra el narcotráfico. Advierten sobe el lavado de dinero. EE.UU. reiteró su preocupación por el lavado de divisas en Buenos Aires", por Rafael Saralegui (h.), La Nación, 3 de marzo de 1999, p. 11.

82. Idem nota anterior.

83."La Argentina, creciente ruta de la droga", por Luis Esnal, La Nación, 24 de agosto de 1999, pp. 1 y 3.

84."El zar antidrogas, con Menem y los favoritos a la sucesión", La Nación, 27 de agosto de 1999, p. 7; "El enviado de EE.UU. se reunió ayer con el Gobierno y los candidatos. Mc Caffrey buscó apoyo por la crisis colombiana", La Nación, 28 de agosto de 1999, p. 1; "El zar antidrogas buscó adhesiones", La Nación, 28 de agosto de 1999, p. 7; y "Un viaje para prevenir riesgos", por Joaquín Morales Solá, La Nación, 28 de agosto de 1999, p. 7.

85.La financiera recibía giros provenientes del Bank of America de EE.UU., en lo que se conoce como el primer caso concreto de lavado de narcodólares. Ver al respecto los artículos "Lavado: admiten giros desde EE.UU.", por Joaquín Morales Solá, La Nación, 3 de diciembre de 1999, pp. 1 y 12; y "Allanamiento en Mercado Abierto", La Nación, 3 de diciembre de 1999, p. 12.

86."Enérgica condena de los Estados Unidos", La Nación, 19 de marzo de 1992, p. 12.

87."Estados Unidos apoya una ruptura con Irán", La Nación, 18 de agosto de 1994, p. 1; "Según Cheek, Irán es el sospechoso Nº 1", La Nación, 18 de agosto de 1994, p. 14.

88."Cheek ofreció ayer ayuda para elaborar leyes antiterroristas", La Nación, 19 de enero de 1995, p. 5.

89."La lucha antiterrorista une a Clinton y Menem", La Nación, 22 de julio de 1996, p. 5.

90.Cabe destacar que el presidente Menem dictó el día 16 de noviembre de 1994 los decretos N° 2023/94 y 2024/91 y 1659/96. El primero de ellos creó el Fondo Permanente de Protección contra el Terrorismo Internacional, con un monto de $ 2.000.000 destinado a pagar recompensa a aquellas personas que brindaran información útil para la investigación de los atentados perpetrados contra la Embajada de Israel y la AMIA. Por su parte, el 2024 dispuso que la Secretaría de Seguridad coordinara la labor de las fuerzas policiales y de seguridad en la investigación de los atentados. Finalmente, por el decreto N° 1659/96, la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, tenía la función de efectuar el control migratorio de toda persona que arribase o saliera del país. No obstante la importancia del contenido de estos decretos, el informe presentado por Chaskel Hansman y Rubén Beraja, en representación de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) ante el juez Juan José Galeano denunció "fallas estructurales y problemas en el funcionamiento del Estado que afectaron la actuación de la Justicia" en estos atentados. Entre dichas fallas y problemas, el informe señala los siguientes: 1) La ausencia de restricciones al acceso en el área desvastada por la explosión que destruyó a la Embajada de Israel, lo cual permitió que "todos aquellos que, bien con ánimo de colaboración, o simplemente para observar, o para disipar evidencias", se acercaran al lugar; 2) la inexistencia de planes para el rescate y asistencia para las víctimas y poara una prolija y cuidadosa recolección de elementos aptos para la investigación de lo sucedido en los casos de los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA; 3) la ausencia de los agentes destinados a cubrir el edificio de la AMIA en su puesto en el momento de la explosión; 4) el incumplimiento de los decretos del Ejecutivo N° 2023/94 y 2024/94 por parte de la Secretaría de Seguridad; 5) el incumplimiento del decreto del Ejecutivo N° 1659/96, debido a la ineficacia de la Dirección Nacional de Migraciones como órgano de control debido a la paralización de sus sistema computarizado desde fines de 1989 por razones económicas; 6) el incumplimiento de órdenes judiciales, entorpecimientos y favorecimientos en el ámbito de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Policía Federal (falso testimonio de Ramón Emilio Solari, basado en las "lecciones" e "instrucciones" que le fueron impartidas mientras estuvo detenido en la Brigada de Vicente López; 7) la desaparición de 66 cassettes con transcripciones relativas al teléfono particular de Carlos Alberto Telleldín, uno de los actores claves del atentado contra la AMIA, y la sustracción de su agenda electrónica; 8) el incumplimiento del jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires, Pedro Klodczyk, respecto de la disposición del juez Galeano para que se profundizara la investigación referida al destino que los procesados Juan José Ribelli, Raúl Ibarra, Irineo Leal y Norberto Barreiro –partícipes necesarios del atentado contra la AMIA- le dieron a la camioneta trafic utilizada para cometer el atentado; 9) el incumplimiento de la orden de incomunicación dispuesta por el juez Galeano para los casos de los mencionados Ribelli e Ibarra, Oscar Bacigalupo y José Miguel Arancibia; 10) la sospechosa presencia de Ribelli en los procedimientos llevados a cabo en dependencias del Ejército Argentino; 11) la sustracción de armamento en las dependencias allanadas; y 12) la existencia de ofrecimientos a Telleldín para que sostuviera ciertas posiciones en la causa AMIA. Ver al respecto Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) - Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), La denuncia. El documento completo presentado al juez Galeano con los hechos y los nombres de quienes obstaculizaron la investigación, Buenos Aires, Planeta Argentina, 1997.

91."AMIA: quejas ante los Estados Unidos", por Adrián Ventura, La Nación, 28 de septiembre de 1995, p. 11.

92."Di Tella rechazó las críticas a la Cancillería", La Nación, 4 de octubre de 1995, p. 14.

93."Se quejará por la AMIA el Congreso de EE.UU.", por Atilio Cadorín, La Nación, 15 de mayo de 1997, pp. 1 y 8.

94."Argentina is Pursuing New Lead In Bombing", by Calvin Sims, The New York Times, November 23, 1997, Section 1, p. 13, Col. 1, Foreign Desk, en www.nexis.com/research/search/doclist?

95."Se quejará por la AMIA el Congreso de EE.UU.", op.cit. Ver asimismo "La visita del secretario norteamericano de Defensa. Ayuda antiterrorista de los EE.UU.", por Mariano Obarrio, La Nación, 24 de mayo de 1998, p. 8; y "Aumento de la acción militar conjunta", por Francisco J. Papini, La Nación, 24 de mayo de 1998, p. 8.

96."EE.UU. avaló la lucha antiterrorista", La Nación, 30 de mayo de 1998, p. 11.

97."Terrorismo: apoyo de Allbright", La Nación, 4 de septiembre de 1998, p. 12.

98.Norden y Russell, op.cit., p. 83.

99."Desconfianza en las investigaciones por el atentado a la AMIA. El juicio de la calle", Página/12, 18 de octubre de 1994, pp. 2-3.

100. "Fronteras: presión de Clinton al Mercosur", por María O' Donnell, La Nación, 16 de diciembre de 1997, pp. 1 y 8; y "Paraguay está en la mira de Washington", por Gabriel Pasquini, La Nación, 16 de diciembre de 1997, p. 8.

101. "Mayor apoyo de los EE.UU. al control de la triple frontera", por Jorge Elías, La Nación, 24 de febrero de 1998, p. 7; "Gestión del ministro Corach. Triple Frontera: buscan ayuda para reforzar la seguridad", por Ana Baron, Clarín, 24 de febrero de 1998, p. 8; "Corach logró avances por la seguridad en la Triple Frontera", por Ana Baron, Clarín, 25 de febrero de 1998, p. 22.

102. "Balance de la visita de Louis Freeh a Buenos Aires. Puesta a punto con el FBI", por María Luisa Mac Kay, Clarín, 14 de mayo de 1998, p. 22; "El análisis de la noticia. En sintonía con EE.UU.", por Mariano Obarrio, La Nación, 20 de mayo de 1998, pp. 1 y 7; y "Ayuda antiterrorista de los EE.UU.", por Mariano Obarrio, La Nación, 24 de mayo de 1998, p. 8.

103. "Expondrá la posición militar en la lucha contra el narcotráfico. El ministro Romero viajará el martes a Estados Unidos", La Nación, 28 de julio de 1990, p. 4; "Romero viajó a EE.UU.", La Nación, 1º de agosto de 1990, p. 4; "Gestión de Romero en el Pentágono", La Nación, 6 de agosto de 1990, p. 5; y "Romero explicó en los Estados Unidos las privatizaciones", por Julio Crespo, La Nación, 8 de agosto de 1990, p. 10.

104. "Nafta y narcotráfico, en la agenda de Gore", La Nación, 20 de marzo de 1994, p. 1; y "EE.UU. no dará marcha atrás a los subsidios", por Ovidio Bellando, La Nación, 22 de marzo de 1994, p. 9; y "La visita de Al Gore, La Nación, 24 de marzo de 1994, p. 8.

105. Acerca de esta cuestión consultar el artículo de Corigliano, Francisco, "El problema del narcotráfico y la democracia en Argentina", Buenos Aires, mimeo, 1995.

106. Consultar al respecto el artículo de Flynn, Stephen E., "Globalización del narcotráfico: Las drogas y el crimen organizado", en Revista Occidental, Estudios Latinoamericanos, Nº 3, 1995, (IICLA), México, pp. 253-302.

107. Ver al respecto artículos "Adquiere características de escándalo el "Yomagate"", diario Ambito Financiero, 26 de julio de 1991, p. 1; y "La larga historia del Narcogate", diario Página/12, 14 de julio de 1992, p. 2.

108. Consultar artículos "Amira Yoma, procesada por lavado de dólares", diario Clarín, 25 de julio de 1991, pp. 2-3 ; "Previsible", Ambito Financiero, 25 de julio de 1991, p. 1; y "Preventivas para Amira y para Caserta. Todo empezó con una valija", Página/12, 14 de julio de 1992, pp. 2-3.

109. "Coletazo de un escándalo internacional. El Gobierno decretó el cierre de la filial argentina del BCCI", Clarín, 26 de julio de 1991, pp. 6-7; "El Banco Central cierra hoy la filial del BCCI en la Argentina", Ambito Financiero, 29 de julio de 1991, p. 9; "También el Central prevé investigar el Banco", Clarín, 31 de julio de 1991, p. 3; y "Tras demora formal, hoy cierran filial de Bs. Aires", Ambito Financiero, 30 de julio de 1991, p. 9.

110. Ver al respecto los artículos "EE.UU. inició juicio por fraude al BCCI", Ambito Financiero, 30 de julio de 1991, pp. 9-10; y "Según el fiscal de Nueva York habría ocurrido entre el ’83 y el ’84. Acusaron al BCCI de dar coimas por 500.000 dólares al Central", Clarín, 30 de julio de 1992, pp. 24-25.

111. Ver al respecto editorial "Las promesas", por Daniel Santoro, Clarín, 11 de mayo de 1998, p. 3.

112. "Apuran la ley contra el lavado de dinero", La Nación, 7 de febrero de 1998, p. 6.

113. "Las promesas", op.cit.

114. El caso de lavado de dinero de los miembros de la familia Ibagón estuvo a cargo del juez federal Norberto Oyarbide. En marzo de 1997, Oyarbide abrió la causa 1097/97 caratulada "N.N. según infracción de la ley 23.737" que reprime el narcotráfico –pero que contiene un solo artículo referido al lavado de dinero, el número 25-, y ordenó a la Policía Federal que realizara tareas de inteligencia sobre los sospechosos movimientos de la familia colombiana en casas de cambio del microcentro porteño. Pero el juez no adoptó ningún paso concreto, falencia que motivó que la DEA presionara a favor de una ley que castigaría específicamente el lavado de dinero y de una ley del arrepentido. Ver al respecto el artículo "Reclamo por una causa que maneja el juez Oyarbide. EE.UU. solicitó que la Justicia active la lucha contra el narcotráfico", por Daniel Santoro, Clarín, 11 de mayo de 1998, p. 2.

115. Para la DEA, la ley del arrepentido era la única forma de romper con los "pactos de sangre" en las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes en la Argentina. Sin una ley de este tipo, tanto la DEA como las autoridades gubernamentales coincidían en que "lo único que se consigue es llenar las cárceles de mulas (transportes) y perejiles". Ver al respecto el artículo "Interés de la DEA en la legislación argentina. La presión se extendió a la ley del arrepentido", Clarín, 11 de mayo de 1998, p. 3. Según una encuesta sobre 800 casos consultados en Capital Federal y Gran Buenos Aires, difundida el 10 de mayo de 1998 y publicada por el diario Clarín en su edición del 11 de mayo, un 47% de la población creía en ese momento que los senadores peronistas votaron en contra de la ley del arrepentido para perjudicar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, mientras que un 41% opinaba que lo hicieron por presiones del Gobierno. Asimismo, un 37% creía que los legisladores del PJ no habían aprobado la ley por presiones provenientes del empresario Alfredo Yabrán. Ver datos de esta encuesta en artículo "El rechazo de los senadores a la ley, según una encuesta", Clarín, 11 de mayo de 1998, p. 3.

116. "Después de las quejas de EE.UU. Lavado de dinero: mandan ley al Congreso", Clarín, 14 de mayo de 1998, p. 22.

117. "La lucha contra el narcotráfico. Advierten sobe el lavado de dinero. EE.UU. reiteró su preocupación por el lavado de divisas en Buenos Aires", por Rafael Saralegui (h.), La Nación, 3 de marzo de 1999, p. 11.

118. Idem nota anterior.

119. La financiera recibía giros provenientes del Bank of America de EEUU, en lo que se conoce como el primer caso concreto de lavado de narcodólares. Ver al respecto los artículos "Lavado: admiten giros desde EE.UU.", por Joaquín Morales Solá, La Nación, 3 de diciembre de 1999, pp. 1 y 12; y "Allanamiento en Mercado Abierto", La Nación, 3 de diciembre de 1999, p. 12.

SEGUNDA PARTE

EL ÁMBITO POLÍTICO-DIPLOMÁTICO DE LA AGENDA BILATERAL

Se tratará ahora acerca de las posiciones asumidas por el gobierno argentino respecto de una serie de temas sensibles para Estados Unidos: la crítica a la invasión norteamericana a Panamá en diciembre de 1989; la apertura de los archivos secretos sobre la presencia de jerarcas nazis en la Argentina en febrero de 1992; la condena a la resolución adoptada por la Casa Blanca en junio de 1992, que autorizaba el secuestro de ciudadanos al exterior para ser juzgados por las autoridades de Washington; el respaldo a la intervención estadounidense en Somalia en diciembre del mismo año; la posición adoptada por el gobierno argentino frente a las cuestiones cubana y haitiana; y, finalmente, la búsqueda de la mediación norteamericana en el diferendo argentino-británico respecto de la soberanía de las islas Malvinas.

Asimismo, en este apartado cabe incluir las políticas seguidas por las administraciones del republicano George Bush (1989-1993) y del demócrata Bill Clinton (1993-2001) respecto de una serie de temas sensibles para las autoridades de Buenos Aires. En esta segunda categoría de cuestiones bilaterales se incluyeron la actitud del gobierno de Bush frente al indulto del gobierno de Menem a los jefes militares y guerrilleros responsables de las violaciones a derechos humanos durante el período 1973-1983; las críticas de los informes del Departamento de Estado norteamericano a la situación del Poder Judicial en la Argentina; el respaldo del gobierno norteamericano al argentino frente al levantamiento del sector carapintada del Ejército en diciembre de 1990; la eliminación de la exigencia del visado de pasaportes argentinos en julio de 1996; y, finalmente, el acuerdo de extradición entre ambos países, firmado en junio de 1997.

Las posiciones asumidas por el gobierno argentino respecto de una serie de temas sensibles para Estados Unidos

a) Argentina y la invasión norteamericana a Panamá

Por cierto, el rechazo del gobierno argentino a la invasión norteamericana a Panamá en diciembre de 1989 demostró que la voluntad del primero de ingresar a un patrón de "relaciones especiales" con Estados Unidos –ejemplificada en las medidas económicas internas adoptadas, fieles a los lineamientos del llamado "Consenso de Washington" (1)- no necesariamente se tradujo en un esquema de "alineamiento automático" con las decisiones adoptadas por las autoridades de la Casa Blanca.

El 20 de diciembre, en el contexto del progresivo deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Panamá durante el último tramo de la dictadura del general Manuel Antonio Noriega (1983-1989), el presidente norteamericano, George Bush, decidió invadir el país centroamericano. (2) Poco después de haber iniciado las acciones contra Panamá, ese mismo día 20, Bush se comunicó con su par argentino para informarle acerca de la actitud adoptada por la Casa Blanca. Por su parte, Menem manifestó a Bush su preocupación y lo exhortó

"a extremar los recaudos para evitar un derramamiento de sangre y buscar soluciones para la vía pacífica; por supuesto, tratando siempre que tengan plena vigencia los principios democráticos en Panamá". (3)

Ese mismo día, horas después de esta comunicación telefónica, el gobierno argentino dio a conocer un comunicado que decía, respecto de los acontecimientos ocurridos en Panamá, lo siguiente:

"El gobierno argentino expresa su consternación ante los graves acontecimientos en Panamá, que significan una clara violación del principio internacionalmente consagrado de la no intervención y ocasionan trágicas consecuencias con pérdidas de vidas humanas.

La Argentina reafirma, en consecuencia, su tradicional posición de condena de todo acto que implique una transgresión a las normas del derecho internacional que regulan las relaciones entre los Estados y, en particular, a aquellos que vulneran la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

El gobierno argentino insta al retiro inmediato de las fuerzas norteamericanas que actúan en territorio panameño. Exhorta, asimismo, al pronto retorno de las instituciones democráticas en Panamá, considerando que la presencia en el poder del general Noriega constituye un obstáculo insalvable para dicho fin, tal cual lo sostenido reiteradamente por nuestro país en la OEA.

Asimismo, el gobierno argentino reitera la necesidad del fiel cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter, firmados en 1977, sobre el Canal de Panamá, como condición indispensable para la seguridad del continente." (4)

A la posición de rechazo del gobierno argentino se sumaron las sustentadas por las agrupaciones de izquierda y por los legisladores. Respecto de las primeras, los dirigentes del Partido Comunista (PC), el Movimiento Al Socialismo (MAS), el Partido Obrero (PO) y adherentes a la Izquierda Unida (IU) y al Frente Amplio de Liberación (FRAL) organizaron el mismo 20 de diciembre una marcha de repudio. Al llegar al Congreso, las mencionadas agrupaciones reclamaron la repulsa total del pueblo argentino a la invasión norteamericana a Panamá, la convocatoria a una huelga general, la ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos y la ayuda del gobierno argentino al panameño. (5)

En cuanto a las reacciones en el ámbito parlamentario, el Senado avaló el 21 de diciembre un proyecto de declaración mediante el cual se rechazaban las acciones armadas de Estados Unidos en Panamá. El texto señalaba que la Cámara Alta

"lamenta el derramamiento de sangre americana, especialmente de civiles indefensos, quienes se han visto involucrados contra su voluntad en el conflicto armado; rechaza las acciones armadas realizadas por los Estados Unidos en territorio panameño; reclama del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica el cese inmediato de toda actividad bélica en Panamá; aspira a que en el más breve plazo posible el pueblo panameño pueda expresar democráticamente su voluntad soberana; y reitera la necesidad de respetar fielmente la vigencia de los tratados Torrijos-Carter, firmados en 1977". (6)

Una posición similar a la adoptada por los senadores se registró en los bloques radical y peronista de la Cámara Baja, quienes, también sobre la base del principio de no intervención, condenaron la invasión norteamericana. A diferencia de estas expresiones críticas, el diputado de la Unión del Centro Democrático (UCD), José María Ibarbia, y el concejal del mismo partido, Julio Crespo Campos, señalaron su satisfacción por la caída de Noriega y destacaron la valentía del presidente Bush al invadir Panamá y la restauración de la democracia en ese país centroamericano. (7)

Mientras tanto, el 21 de diciembre, la Embajada norteamericana en Buenos Aires emitió un comunicado en el que señalaba su decepción por las reacciones adversas suscitadas en la Argentina a raíz de la invasión de los Estados Unidos a Panamá:

"La embajada de los Estados Unidos de América desea expresar su profunda decepción ante la reacción de aquellas personas en la Argentina en contra del empeño norteamericano de proteger a sus ciudadanos, ayudar a restablecer la democracia en Panamá, asegurar el respeto por los

tratados del Canal de Panamá y llevar a la Justicia a un notorio y acusado traficante de drogas quien por largo tiempo ha constituido una amenaza a estos objetivos.

(...) Lamentamos que aquellos que por años han expresado su apoyo a los esfuerzos hemisféricos para liberar a Panamá del régimen de Noriega ahora no vean apropiado apoyar a los Estados Unidos.

Dado el mutuo compromiso de ambos pueblos hacia los ideales democráticos, estamos naturalmente decepcionados al ver que no es compartido nuestro empeño en apoyar al gobierno legítima y democráticamente elegido en Panamá.

Dado el mutuo compromiso hacia la protección de nuestros ciudadanos, estamos naturalmente decepcionados cuando no se nos apoya en nuestras acciones en pos de prevenir nuevos asesinatos, injurias, brutalidades y amenazas a inocentes hombres y mujeres estadounidenses.

Dado el mutuo compromiso para erradicar el flagelo de la droga que amenaza a todas nuestras sociedades, estamos naturalmente decepcionados cuando no son bien recibidas las medidas que se toman para aprehender a un traficante de drogas.

Dado el mutuo compromiso de asegurar el respeto por el resguardo de la integridad de los tratados del Canal de Panamá, estamos naturalmente decepcionados cuando nuestras acciones para lograr estos fines no son reconocidos.

A Noriega y su entorno, quienes constituyen la misma antítesis del estado de derecho que sustentan tanto la Argentina como los Estados Unidos, no se les puede permitir que continúen pisoteando los derechos humanos y democráticos de su propio pueblo ni que ataquen el bienestar de otros pueblos. La decisión del presidente Bush de actuar con firmeza y legitimidad en defensa propia y en el nombre de la conciencia y las normas democráticas merece, no el oprobio, sino el total apoyo de todas las democracias hermanas". (8)

Como era de esperarse, el comunicado de la Embajada norteamericana obligó a posteriores aclaraciones de los representantes del gobierno argentino. Tratando de poner paños fríos al clima tenso provocado por el tono del comunicado, Menem afirmó que la posición adoptada no traería inconvenientes en las relaciones comerciales con los Estados Unidos y que dicha posición "ha sido la posición tradicional de la Argentina y, en definitiva, es prácticamente la de toda América Latina". Por su parte, el canciller Domingo Cavallo sostuvo que en la Argentina

"están en vigencia los derechos ciudadanos y los principios de la libertad de prensa; por lo tanto somos responsables de nuestra opinión y muy respetuosos de las declaraciones de todas las partes que se han podido expresar libremente". (9)

Agregó Cavallo que el gobierno actuaría con prudencia en esta cuestión dado que

"están de por medio nuestras relaciones con los Estados Unidos y con nuestros vecinos de América Latina". (10)

El 27 de diciembre, el Palacio San Martín emitió un comunicado en el que reafirmaba la posición oficial en los siguientes términos:

"La Cancillería argentina ratifica su posición sobre la situación de Panamá, instando a las fuerzas de ocupación extranjeras a abandonar el territorio de aquel país y de esa forma contribuir a que los panameños encuentren una solución política adecuada que haga factible la instauración de una democracia representativa.

Por otra parte, la Cancillería argentina expresa que es absolutamente prematuro hablar de un reconocimiento del nuevo gobierno y que mantiene consultas permanentes con diferentes cancillerías y, en particular, con las del Grupo de los Ocho, a fin de que se establezcan metodologías en común para la resolución de tan grave situación.". (11)

b) La apertura de los archivos secretos sobre la presencia de jerarcas nazis en la Argentina

A diferencia de la posición adoptada por el gobierno argentino respecto de la situación panameña –que provocó la reacción de la Embajada norteamericana en Buenos Aires-, la decisión del presidente Menem de abrir los archivos secretos sobre la presencia de criminales nazis en territorio argentino tuvo un positivo impacto en Estados Unidos, especialmente entre los miembros de la comunidad judía norteamericana. Esta medida, adoptada a través del decreto 232 del 3 de febrero de 1992, ponía fin al carácter secreto de los archivos oficiales que registraron el ingreso, la residencia y la salida de la Argentina de decena de criminales nazis. De acuerdo con el decreto, a los 30 días de la fecha de sanción del mismo, los archivos podían ser consultados por cualquier ciudadano o investigador. (12)

La decisión de Menem respondió, entre otras razones, a una solicitud que le formuló a Menem el titular del Congreso Mundial Judío, Edgard Bronfman, en el viaje que el mandatario argentino realizó a Estados Unidos en noviembre de 1991.

En cuanto a las repercusiones de la medida, la filial argentina de la B’ nai B’rith dio a conocer la siguiente declaración:

"El compromiso asumido por el canciller Guido Di Tella ante representantes de B’nai B’ritth Internacional el 14 de noviembre y ratificado por el doctor Carlos Saúl Menem, presidente de la Nación, en oportunidad de su encuentro con líderes judíos de Estados Unidos, tiene ahora principio de cumplimiento. (…) La consulta de los archivos permitirá esclarecer y profundizar la investigación de un aspecto sombrío de la historia de nuestro país. B’nai B’rith Argentina, organización que brega en forma permanente en la búsqueda de la justicia y la verdad entiende que esta decisión histórica del Gobierno enaltece al pueblo argentino todo y lo fortalece en el sostenimiento del sistema democrático y en la lucha contra todo tipo de régimen o grupos que menoscaben la dignidad humana". (13)

Por su parte, el jefe de la Delegación de Asociaciones Israelitas en la Argentina (DAIA), Rubén Beraja, afirmó que la apertura de los archivos de las actividades nazis

"permitirá conocer la historia en este tema tan escabroso". (14)

En ese mismo mes de febrero de 1992, el entonces ministro del Interior, José Luis Manzano, proclamó el ingreso al dominio público de los archivos nazis. En esa ocasión el titular de la cartera hizo entrega de una decena de legajos de la sección a cargo de residentes extranjeros de la Policía Federal. A su vez, estos últimos se pusieron a disposición de los investigadores locales e internacionales. (15)

Asimismo, la Cancillería auspició dos eventos académicos internacionales, uno sobre el tema del genocidio, y otro sobre discriminación y racismo. Las ponencias de ambas conferencias fueron publicadas en sendos volúmenes en castellano –Beatriz Gurevich y Carlos Escudé (compiladores), El genocidio frente a la historia y la naturaleza humana, Buenos Aires, GEL, 1994; e Ignacio Klich y Mario Rapoport (compiladores), Discriminación y racismo en América Latina, Buenos Aires, GEL, 1997-, además de haberse dado a conocer una selección en inglés de aquéllas presentadas en el segundo volumen a través de la revista Patterns o Prejudice, Londres, 1996-1997. (16)

En el contexto de los mencionados eventos, cabe citar las palabras del canciller Di Tella, referentes a la apertura de los archivos nazis, reproducidas en la introducción del citado libro de Gurevich y Escudé:

"Como ustedes saben, hace alrededor de un año el gobierno decidió abrir los llamados archivos nazis. Se decidió hacerlo porque la Argentina tiene una deuda con algo bochornoso que ocurrió en nuestro pasado. Lo ocurrido no va a cambiar porque lo investiguemos y lo conozcamos mejor, pero existen varios motivos por los que la transparencia sobre el tema es para nosotros un imperativo.

Lo hacemos, en primer lugar, porque nosotros tenemos que pedir disculpas a la comunidad judía en la Argentina y en el mundo, y a todos los amantes de los derechos humanos, por lo que ocurrió en nuestro territorio patrio, donde con la indiferencia a veces y con la complicidad directa otras veces, agravamos la situación generada por la demencia racista de los nazis.

También lo hacemos porque tenemos una deuda histórica con el Estado de Israel. Nuestras relaciones con Israel no fueron buenas en el pasado, primero porque tuvimos gobiernos autoritarios que padecían de uan suave antipatía tanto frente al Estado de Israel como frente a la comunidad judía. Luego, cuando se produjo el cambio hacia la democracia, la Argentina siguió siendo esquiva a dar un apoyo explícito hacia Israel debido al "tercermundismo" adoptado por nuestro gobierno en ese momento. Ahora, finalmente, nos hemos reencontrado con Israel de una manera profunda y completa, y la apertura de los archivos es un símbolo de esta feliz evolución.

Finalmente, abrimos los archivos porque deseamos contribuir al cambio cultural del país. Según entiendo por lo que conversé con los organizadores, ése es también el espíritu que anima a este simposio. La apertura de los archivos y esta misma conferencia que hoy inauguramos nos "conviene" a los argentinos más que a nadie, por cuanto es un signo de que comenzamos a asumir la responsabilidad del pasado y a democratizar nuestra cultura. Los países que no asumen su pasado tienen una tendencia a incurrir nuevamente en errores y horrores parecidos. Salir de este círculo vicioso es una prioridad de nuestra gestión de gobierno.

Es por esto que no solamente hemos abierto los archivos correspondientes a ese capítulo de nuestro pasado, sino que también hemos creado una Comisión de Archivos, presidida por el Embajador Andrés Cisneros y constituida por nuestros principales expertos en archivística. Su misión es reglamentar y organizar nuestros archivos para ponerlos a la altura de las técnicas más actualizadas.

Yo no quiero decir mucho más, excepto que el tema de esta conferencia, que es un complemento funcional, aunque independiente, de la apertura de los archivos, nos ha carcomido el corazón a muchos argentinos, judíos y no judíos. Sólo podemos ofrecer una transparencia plena, y nuestras disculpas, nuestras más profundas disculpas por lo que ha ocurrido, que nos abochorna. Gracias." (17)

En 1996, ingresaron al dominio público los libros de asientos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), de donde se pueden obtener datos sobre transacciones en oro nazi y otros movimientos financieros de la Argentina durante el período comprendido entre los años 1933 y 1955, entre otros. (18)

Finalmente, el 29 de abril de 1997, el presidente Carlos Menem emitió el decreto 390, publicado en el Boletín Oficial el 5 de mayo, por el cual se creaba la Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en la Argentina (CEANA). (19)

La CEANA quedó definitivamente constituida en julio de 1997, y funcionó hasta 1999 a través de la composición de cuatro instancias:

a. un panel internacional compuesto por diversas personalidades del mundo académico, jurídico y literario (entre los cuales se pueden citar al escritor Marcos Aguinis, el sociólogo Torcuato Di Tella, el legislador radical Adolfo Gass, el historiador Robert Potash y el internacionalista Walter Laqueur);

b. un Comité Asesor constituido por nueve instituciones, seis nacionales (la Asociación Mutual Israelita Argentina –AMIA-; el Banco Central de la República Argentina –BCRA-; la B’ Nai B’Rith Argentina; el Congreso Judío Latinoamericano; la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas –DAIA-; y la revista Todo es Historia) y tres internacionales –el Centro Wiesenthal de Los Angeles; el Comité Judío Norteamericano (AJC) de Nueva York y la Liga Antidifamatoria de la B’ Nai B’Rith (AJC) de Nueva York- vinculadas a esta cuestión, que nombran a sus respectivos representantes –líderes o funcionarios- con el fin de prestar asesoramiento; y

c. un Comité Académico encargado de llevar adelante la realización de los estudios e investigaciones, presidido por Manuel Mora y Araujo, y secundado por los vicepresidentes Ronald C. Newton, Robert Potash y Pierre Vidal Naquet con la coordinación de Ignacio Klich. Entre los miembros del equipo de investigadores figuraban los nombres de Fernando Devoto, Beatriz Gurevich, Carlota Jackish, Mónica Quijada y Mario Rapoport.

Por cierto, la labor de la CEANA fue en su momento –y sigue siendo- objeto de defensas y tenaces críticas. Mientras las primeras destacan su labor de "esclarecimiento" acerca de las actividades del nazismo en la Argentina, las últimas no dudan en hablar de un "encubrimiento" de dichas actividades, que contaría además con la complicidad de los funcionarios del gobierno. (20)

Esta polémica, lejos de cerrarse durante el gobierno de Menem, constituye aún hoy una materia pendiente en la dimensión bilateral de la agenda con los Estados Unidos, que ha provocado comentarios negativos en los medios de prensa de la Unión. (21) Una prueba acabada de la inclusión de esta cuestión en el status de cuestiones pendientes fue la polémica desatada tras la aparición, en el año 2002, del libro de Uki Goñi, que denuncia la existencia de una organización clandestina dedicada a facilitar la fuga de nazis y sus conexiones con las autoridades argentinas durante y después de la Segunda Guerra. Dicha polémica ha tenido como principales protagonistas al Centro Wiesenthal y al congresista norteamericano Maurice Hinley, quienes acusaron al secretario de Cultura del gobierno de Néstor Kirchner, Torcuato Di Tella, ex integrante de la CEANA, de encubrimiento a dos criminales de guerra de la época nazi, Ivo Rojnica y Nada Sakic, cargo que Di Tella calificó como una "cretinada" y como una "acusación sin bases de evidencia". (22)

c) La condena del gobierno argentino a la resolución que autorizaba el secuestro de ciudadanos al exterior para ser juzgados por las autoridades de Washington

En junio de 1992, la Corte Suprema norteamericana pronunció un fallo que convalidó el secuestro de ciudadanos extranjeros para ser juzgados en territorio de la Unión como práctica del gobierno y de las agencias de seguridad estadounidenses. El controvertido fallo se basó en el caso del mexicano Humberto Alvarez Machain, secuestrado por agentes de la DEA en 1990 y llevado a Estados Unidos para ser juzgado por su supuesto involucramiento en la tortura y asesinato del agente antinarcóticos norteamericano Enrique Camarena.

Frente a esta cuestión, Argentina acompañó el rechazo del grueso de los países latinoamericanos (México, Colombia, Brasil, Chile, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guatemala) y de España al dictamen. (23) Como en el caso de la invasión norteamericana a Panamá a fines de 1989, el gobierno argentino se opuso a esta resolución en tanto implicaba un gesto de intervencionismo unilateral en la región. Cabe destacar que, en ambos casos, la negativa a seguir la posición

norteamericana se basó en el respeto a principios del Derecho Internacional: el de no intervención, en el primer caso; y el de territorialidad de los juicios, en el segundo.

Así, el canciller Guido Di Tella criticó con dureza el dictamen de la Corte Suprema, aunque descartó que ello significara necesariamente un enfrentamiento con el gobierno de Washington. (24) Por su parte, el presidente Menem lo calificó como un "horror". (25)

Esta posición del gobierno argentino contó con el respaldo unánime de legisladores y partidos de distintas extracciones. Así, el 17 de junio de 1992, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad un texto que surgió de dos iniciativas presentadas por los legisladores radicales Adolfo Gass y Mario Losada. En dicha resolución se solicitaba al Poder Ejecutivo que expresara

"su más enérgico rechazo a la doctrina sentada por la Corte de Justicia de los Estados Unidos que legitima el secuestro clandestino de personas fuera de su territorio". (26)

Asimismo, expresiones partidarias tan diversas como las provenientes del PJ, el radicalismo, el MAS y la UCD coincidieron en calificar al polémico fallo como violatorio de normas del derecho internacional. (27)

Finalmente, el 26 de junio, en ocasión de la cumbre de presidentes de Argentina (Carlos Menem), Brasil (Fernando Collor de Melo), Uruguay (Luis Lacalle), Bolivia (Jaime Paz Zamora), Chile (Patricio Aylwin) y Paraguay (Andrés Rodríguez) que tuvo lugar en Las Leñas, los mandatarios presentes firmaron una declaración que solicitaba al Consejo Permanente de la OEA que "recomiende al comité jurídico interamericano que emita una opinión sobre la juridicidad internacional de dicho fallo" con el objetivo fundamental de "asegurar el pleno respeto del derecho". (28)

d) El respaldo argentino a la intervención humanitaria norteamericana en Somalia

A principios de diciembre de 1992, y tras comunicarse con el gobierno de Estados Unidos, país que estaba coordinando el operativo de asistencia a la población somalí; el canciller argentino, Guido Di Tella, anunció que las Fuerzas Armadas participarían del operativo militar conjunto de apoyo a la ayuda humanitaria a Somalia, iniciado el 9 de diciembre con el desembarco de tropas norteamericanas en ese país africano. (29)

e) La posición adoptada por el gobierno argentino frente a las cuestiones cubana y haitiana como temas de la agenda bilateral

e. 1.) Argentina, Estados Unidos y la cuestión cubana: convergencias y divergencias

Durante la gestión de Menem, uno de los tópicos centrales de la agenda bilateral con Estados Unidos, fue, sin lugar a dudas, la cuestión cubana. Desde la óptica del gobierno de Menem, este tema contenía dos aspectos diferentes: el relacionado con las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen de Fidel Castro y el vinculado a la continuación del embargo económico por parte de los Estados Unidos. Mientras el gobierno argentino acompañó al norteamericano en el primer aspecto de la cuestión, no lo hizo en el segundo.

Respecto del aspecto ligado a las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen castrista, el gobierno de Menem procuró un giro respecto de la política de su antecesor Raúl Alfonsín, que se había negado a acompañar la posición norteamericana de condena al régimen cubano en las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en marzo de 1987, marzo de 1988 y marzo de 1989. (30) El primer indicio de este cambio se manifestó durante la visita del vicepresidente norteamericano Dan Quayle a la Argentina el 13 y 14 de marzo de 1990. En dicha ocasión, el visitante hizo conocer

al presidente Menem el interés de la Casa Blanca para que el mandatario argentino y otros presidentes democráticos hablaran con el gobierno cubano de Fidel Castro respecto del proceso de apertura en la isla. En esa oportunidad, Menem le comentó a Quayle su interés personal en dialogar con Castro. (31) Poco más de un mes después, el 30 de abril de 1990, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, envió una carta a su par argentino, Carlos Menem, en la cual le agradeció el gesto de apoyo a Washington en la cuestión de la democratización del régimen cubano. (32)

Otro indicio del cambio operado por las autoridades de la Casa Rosada fue, a mediados de julio de 1991, la decisión de recibir a los cubanos anticastristas Jorge Mas Canosa y Félix Rodríguez en la residencia presidencial de Olivos, gesto que fue explicado como un producto de la necesidad de reunirse con el lobby más importante en los Estados Unidos respecto de la cuestión cubana, dado su peso económico y electoral. (33)

Esta visita tuvo su contrapartida en el mes de octubre del mismo año, ocasión en la que Menem se reunió en Nueva York con organizaciones anticastristas como la Fundación Nacional Cubana Norteamericana, dirigida por Jorge Canosa; Cuba Independiente y Democrática, liderada por Huber Matos Benítez; y Plataforma Democrática Cubana, con Marcelo Millares. Ante los mencionados interlocutores, Menem se comprometió a pedir por la democratización inmediata de Cuba en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a ser el primer mandatario que visitara la isla tras la caída de Castro. (34)

Como reacción a estos gestos del gobierno, en noviembre de 1991 tuvo lugar en Buenos Aires el Festival de Solidaridad del pueblo argentino con Cuba. Entre los patrocinadores de dicho Festival figuraron los diputados radicales Federico Storani, Marcelo Di Caprio, Carlos Raimundi y Osvaldo Alvarez Guerrero; los legisladores del Grupo de los Ocho, Luis Brunati y Juan Pablo Cafiero; y los socialistas Alfredo Bravo y Simón Lázara. Todos ellos coincidieron en rechazar la intromisión del presidente Menem en los asuntos internos de Cuba, al incorporar

"en su agenda en Estados Unidos la forma de desestabilizar al gobierno de un tercer país" (35)

Menem tuvo una nueva oportunidad de confirmar la dureza de su política hacia la situación de los derechos humanos en Cuba en ocasión de la reunión que mantuvo en la Casa Rosada el 19 de julio de 1993 con el embajador norteamericano en la Argentina, James Cheek. En dicha ocasión, el primer mandatario expresó su repugnancia por "tener que participar en reuniones con gente que no respeta la libertad de su pueblo, la de culto y los derechos humanos", en obvia referencia a Fidel Castro. Cheek, quien llegó a la Casa Rosada para presentar a Menem sus credenciales, felicitó a éste por su constante hostilidad verbal contra el mandatario cubano. (36)

No obstante, hacia abril de 1997, la administración peronista pareció flexibilizar su posición combativa inicial hacia el régimen castrista, reemplazándola por la búsqueda de un rol de mediación o arbitraje entre las partes en conflicto –Estados Unidos y Cuba-. (37) A mediados de ese mes, el ex embajador argentino en la ONU, Emilio Cárdenas, llevó a Washington una carta firmada por el presidente Carlos Menem en la que este último se ofrecía como mediador entre Bill Clinton y Fidel Castro. Cárdenas se entrevistó con la secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Allbright, y con el subsecretario de Estados Latinoamericanos, Jeffrey Davidow. Pero Cárdenas se topó con la negativa del Departamento de Estado. (38)

En la II Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en Santiago de Chile el 18 de abril de 1998, Clinton demostró su malestar personal por lo que percibía como un progresivo acercamiento de la Argentina hacia Cuba. Tanto el canciller argentino, Guido Di Tella, como el propio presidente Menem intentaron calmar a las autoridades de Washington (Di Tella a la secretaria de Estado Madeleine Allbright y Menem a Clinton) señalando que la política argentina hacia el régimen cubano no había sufrido modificaciones. En realidad, la intención del gobierno de

Menem no había sido la de cambiar su actitud respecto del régimen de Fidel, sino la de mediar entre este último y la administración demócrata con el objetivo de poner fin al aislamiento cubano, a cambio de la democratización de la isla –fin este último compartido tanto por la diplomacia de Washington como por la de Buenos Aires-. (39)

Respecto del segundo aspecto de la política argentina hacia Cuba, el relacionado con la continuidad del embargo económico norteamericano hacia la isla, el gobierno de Menem observó una actitud diametralmente opuesta, que no fue objeto de consideración por parte de los medios, que enfatizaron la búsqueda de protagonismo de Menem, el intencional aislamiento respecto de las posiciones asumidas por los países de la región y la violación de un principio caro a la tradición diplomática argentina, como el de no intervención. (40) No obstante, el examen de las votaciones argentinas ante los foros multilaterales, objeto del siguiente capítulo de este libro, evidencia que la política argentina hacia Cuba respondió solamente al primero de los argumentos sostenidos por los medios. En lo que respecta a la diferenciación respecto del resto de América Latina, esta tendencia se observó en los casos de resoluciones referidas a la situación de los derechos humanos en Cuba, pero no en el de las vinculadas al embargo económico norteamericano sobre la isla, tema en el que Argentina acompañó la posición crítica de la mayoría de los países de la región. Finalmente, en lo que respecta al principio de no intervención, la diplomacia argentina sólo ingresó en la categoría de los países que Richard Bloomfield denomina "intervencionistas" en aquellos temas de la agenda ligados a la defensa de los derechos humanos y la democracia, en Cuba o en cualquier otra parte. (41) En la cuestión del embargo económico hacia Cuba, la diplomacia argentina mantuvo la posición tradicional y se sumó al coro de voces críticas de los países latinoamericanos.

e. 2.) Argentina, Estados Unidos y la cuestión haitiana

Junto con la cuestión de Cuba, la situación provocada por el derrocamiento del presidente constitucional de Haití, Jean Bertrand Aristide, el 29 de septiembre de 1991, fue otro de los temas relevantes de la agenda que tuvieron expresión tanto en la dimensión bilateral como en la multilateral de las relaciones entre Buenos Aires y Washington. Dado que esta última es objeto de consideración en el capítulo segundo de este libro, en el presente acápite se analiza la cuestión haitiana como tema de la agenda bilateral.

Como ocurriese en el caso de las violaciones a los derechos humanos en Cuba, el derrocamiento del presidente constitucional y las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de facto de Raoul Cedras, fueron factores que impulsaron la activa participación de la Argentina en apoyo de la intervención militar en Haití, impulsada por Estados Unidos, Venezuela, Jamaica y Guatemala. Este renovado activismo de la Argentina quebró la inicial actitud de bajo perfil adoptada por el gobierno de Menem. (42)

El 24 de junio de 1994, tuvo lugar un encuentro entre el presidente argentino, Carlos Menem, y su par norteamericano, Bill Clinton, en Washington. En dicha ocasión, Menem ofreció a su interlocutor el envío de mayor cantidad de argentinos al bloqueo comercial a Haití (43), renovado a principios de ese mes por la resolución 6/94. (44)

El mandatario peronista dio un nuevo paso en la misma dirección el 1º de agosto de 1994, cuando remitió al Congreso un pedido formal para que se autorizara el envío de 600 efectivos a Haití, que se sumarían a la fuerza multinacional autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU el día anterior. (45)

La iniciativa de Menem y del canciller Guido Di Tella de enviar tropas junto con la primera avanzada militar que invadiera Haití bajo comando de fuerzas norteamericanas encontró resistencias tanto en el seno del gobierno como en el principal partido de oposición, el radicalismo.

Respecto del disenso en el seno del gobierno, un exponente inicial fue el embajador argentino en Haití, Carlos Carrasco quien se opuso al envío de tropas impulsado por el presidente Menem y su canciller Guido Di Tella al destacar que

"la decisión de enviar tropas en Haití no sólo rompe con la tradición de no intervenir militarmente en países de Latinoamérica, sino que coloca en una situación muy delicada a los argentinos que se encuentran en la embajada". (46)

Por su parte, el ministro de Defensa, Oscar Camilión, se inclinó por el envío de tropas que no participaran en confrontaciones armadas, posición que compartieron su colega de Economía Domingo Cavallo y el secretario general de la Presidencia, Eduardo Bauzá. (47)

Sensible a estas voces disidentes, Menem procuró salvar las diferencias entre Di Tella y Camilión declarando que la Argentina no participaría en acciones de confrontación. Así, las tropas argentinas llegarían a Haití en una segunda o tercer etapa de la invasión

"en tanto y en cuanto se den idénticas condiciones o situaciones como las que viven Croacia, Chipre o Kuwait, participando de la misma forma en que lo estamos haciendo con los cascos azules". (48)

En cuanto a la resistencia a la participación de tropas argentinas en Haití provenientes de los partidos de la oposición, cabe recordar que el ex presidente radical, Raúl Alfonsín, le comunicó personalmente al canciller Di Tella su reticencia a que la Argentina participara de las fuerzas de intervención en Haití. Alfonsín le sugirió a Di Tella no votar en contra de la intervención pero tampoco participar en ella porque la alianza con los países de la región resultaba prioritaria para el dirigente radical. Le recordó que ni siquiera en Washignton existía un consenso sobre la invasión militar. A pesar de la postura de Alfonsín, quien fuera su canciller, Dante Caputo, se adhirió a la posición intevencionista del canciller Di Tella. (49)

Por su parte, el ex vicecanciller del gobierno de Alfonsín, Raúl Alconada Sempé, se sumó a la posición de Alfonsín y publicó un artículo en el cual utilizó dos argumentos para rechazar el envío de tropas impulsado por el Ejecutivo, ambos ligados al principio de no intervención. El primero señalaba que las violaciones a los derechos humanos y a las libertades básicas practicadas por el régimen militar haitiano eran problemas de índole exclusivamente interna. El segundo argumento impugnaba el uso de la fuerza en el caso de Haití, en tanto no había existido una agresión externa que justificara, de acuerdo con las normas de la ONU, la participación de las fuerzas argentinas. (50)

Finalmente, un grupo de diputados radicales encabezados por el entonces presidente de la bancada, Raúl Galván, impugnó la inicial posición de Menem favorable al envío de tropas en primera instancia por dos motivos. Uno de ellos estuvo vinculado a la percepción de los legisladores respecto de un cambio en el carácter de la intervención en la isla. El mismo había pasado de ser multilateral en el marco de la ONU –modalidad avalada por el propio partido radical, debido a la participación personal del ex canciller del gobierno de Alfonsín, Dante Caputo, como delegado del organismo- a un conflicto bilateral entre los gobiernos de Bill Clinton y Raoul Cedras. (51) Por este motivo, los legisladores radicales propusieron que "no se autorice al Poder Ejecutivo a enviar tropas argentinas al territorio de Haití". (52) El otro motivo de objeción estuvo vinculado con el hecho de que un envío de tropas del Poder Ejecutivo sin autorización previa del Congreso –como ya había ocurrido en el Golfo Pérsico y era factible que ocurriese en Haití- violaba el artículo 75 de la Constitución Nacional de 1994. (53)

Condicionado por estas objeciones del radicalismo, pero, sobre todo, por las provenientes de su propio entorno, Menem anunció a principios de agosto que Argentina podría entrar en Haití en una segunda o tercera etapa de la intervención dispuesta por la ONU. (54)

Una semana después, el 8 de agosto, el tema Haití fue considerado durante una reunión en la que el embajador norteamericano James Cheek le entregó al presidente Menem una carta del mandatario norteamericano Bill Clinton en la que éste exponía sobre la grave situación en la isla. (55) Finalmente, los días 15 y 16 del mismo mes la Argentina envió cuatro observadores técnicos al Comando Naval de Norfolk (Virginia), una base militar ubicada al sur de Washington donde las fuerzas norteamericanas, con el patrocinio de la ONU y la colaboración de Francia y de Canadá, realizaron el planeamiento de la intervención armada en Haití para deponer al gobierno de facto de Raoul Cedras y devolver el poder político a Aristide. El contingente argentino también concurrió al Alto Comando de la ONU, en Nueva York, para continuar con la recopilación de informes recomendada. (56)

f) La posición adoptada por el gobierno argentino respecto de la cuestión Malvinas y su impacto en la agenda bilateral con Estados Unidos

En el caso del diferendo argentino-británico por la soberanía de las islas Malvinas, el gobierno norteamericano, a pesar de su apoyo retórico al acercamiento diplomático con Londres iniciado por la administración Menem y de su voto favorable a las resoluciones adoptadas en la Asamblea General y en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas en referencia a esta cuestión, nunca tradujo ese apoyo en un esfuerzo de mediación. Por cierto, esta actitud contrarió las expectativas iniciales del gobierno argentino, vinculadas a un mayor compromiso de Estados Unidos en la resolución de este diferendo.

Una primera manifestación del apoyo retórico de la Casa Blanca a las negociaciones argentino-británicas en torno a esta cuestión tuvo lugar el 16 de febrero de 1990. En esa fecha, el gobierno de George Bush, a través de la siguiente declaración del vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher, expresó su complacencia por la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Buenos Aires y Londres acordada el 15 de febrero por los representantes de ambos países en la reunión de Madrid. La declaración de Boucher decía:

"Nos sentimos muy complacidos que la Argentina y Gran Bretaña hayan acordado reasumir plenas relaciones diplomáticas en el futuro cercano, y que continuarán sus refuerzos para resolver pacíficamente sus diferencias pendientes."(57)

No obstante estas expresiones de apoyo, durante la administración republicana no hubo ningún gesto concreto que abonara las expectativas de la Casa Rosada respecto de un mayor compromiso o de una mediación de Estados Unidos en el litigio argentino-británico. Con la llegada del sucesor de Bush, el demócrata Bill Clinton, esta tendencia no se modificó. La distancia entre las optimistas expectativas argentinas y la posición de bajo perfil adoptada por Washington se manifestó tras el término de la Cumbre de las Américas realizada en Miami (Estados Unidos) el 11 de diciembre de 1994. En dicha ocasión, el mandatario norteamericano aseguró que tenía "demasiados problemas" como para dedicarse a mediar en el conflicto por las islas Malvinas y que ni Argentina ni Gran Bretaña habían sugerido su intervención. Estas declaraciones contrastaron abiertamente con las efectuadas por el canciller argentino, Guido Di Tella, quien calificó de "hipótesis" la posibilidad de que Argentina requiriese una mediación de la Casa Blanca. (58)

Durante la visita del presidente Clinton a la Argentina en octubre de 1997, el mandatario norteamericano evidenció lo que el diario británico The Times definió como "una estudiada imparcialidad" respecto del diferendo argentino-británico por las islas Malvinas. Sin mencionar expresamente el problema, Clinton se refirió al mismo en los siguientes términos:

"Dos grandes naciones quienes se encuentran en la cima de su recuperación económica, mostrando una gran recuperación económica, mostrando una gran responsabilidad en asuntos internacionales y trabajando exitosamente en la promoción del libre comercio, deberían

solucionar su cuestión pendiente a través de negociaciones… Dos países con un fuerte liderazgo tienen que tratar de resolver su problema. Este no debe ser motivo para una guerra sino para negociaciones" (59)

En referencia a las cautas declaraciones de Clinton, un editorial del The Times se encargaba de explicarlas como fruto de la renuencia del gobierno laborista británico a aceptar una mediación de Washington sin el previo aval de los malvinenses:

"(…) Tanto en Londres como en Puerto Stanley las palabras del presidente Clinton fueron recibidas con ecuanimidad. Ellas son vistas como el comentario mínimo inevitable que estaba obligado a pronunciar. Desde hace tiempo se le ha dejado en claro a Washington que una mediación sobre la soberanía de las Falklands está fuera de discusión, salvo que ambas partes así lo acordaran. Y el laborismo ha renovado la promesa a los isleños que no entrará en conversaciones sin su consentimiento. " (60)

Asimismo, dicho editorial destacaba el cambio en la posición del gobierno argentino, que había pasado del insistente reclamo de la mediación de Washington a la aceptación del bajo perfil de la Casa Blanca, viraje que el diario británico ligaba al excelente estadio que atravesaban las relaciones económicas entre Argentina y Gran Bretaña:

"Lo que es nuevo, y más significativo, es que el presidente Menem pareciera haber cambiado el rumbo. En el pasado, no ha perdido oportunidad de intentar internacionalizar la disputa. Esta vez, se conformó con expresiones rituales de preocupación.

El país del presidente Menem ahora disfruta de excelentes relaciones con Gran Bretaña: el comercio está floreciente, las inversiones son importantes, existe un intercambio regular de visitas de delegaciones políticas y empresariales de alto nivel." (61)

De acuerdo con fuentes privadas provenientes del archivo personal del ex vicecanciller del gobierno de Menem, Andrés Cisneros, el cambio en la posición de las autoridades argentinas privilegió en ese momento la continuidad del respaldo del gobierno norteamericano a las resoluciones de la Asamblea General y del Comité de Descolonización de la ONU, que llamaban a una negociación de las partes. Desde al óptica del Palacio San Martín, este respaldo de las autoridades de la Casa Blanca a las resoluciones de la organización mundial constituía una alternativa concreta, frente a la hipotética esperanza de obtener de la administración demócrata la promesa de un mayor grado de compromiso definido en términos de una mediación. (62)

Un nuevo indicio del bajo perfil del gobierno norteamericano en esta cuestión -y de su aceptación por parte del gobierno argentino- pudo percibirse durante el encuentro que los presidentes Menem y Clinton sostuvieron en Washington el 11 de enero de 1999, durante la visita del primero a los Estados Unidos. En dicho encuentro, el presidente argentino solicitó "una intervención" de su par norteamericano para que el Reino Unido cumpliese con la resolución de la ONU que instaba a las partes en conflicto a negociar una solución pacífica. No obstante la promesa de Clinton respecto de que trataría el tema con el primer ministro británico, Tony Blair, fue el propio presidente argentino quien destacó a los medios de prensa que el gesto de Clinton no implicaba un compromiso, sino sólo una gestión de buenos oficios entre Buenos Aires y Londres. (63)

Las posiciones asumidas por el gobierno norteamericano respecto de una serie de temas sensibles para la Argentina

a) El indulto a los jefes militares y guerrilleros y su impacto diferenciado en Estados Unidos

La decisión del gobierno de Menem de indultar a los jefes militares y guerrilleros argentinos responsables de violaciones a los derechos humanos en el período 1973-1983 (64), provocó la reacción negativa de los medios y del Congreso norteamericanos, actitud que contrastó con el bajo perfil del gobierno republicano de George Bush.

Respecto de la reacción de los medios de prensa, cabe destacar el contenido del comentario editorial del diario The New York Times, titulado "Indulto al asesinato en masa en la Argentina", del 3 de enero de 1991, cuyo primer párrafo sostenía que:

"Por ninguna razón en especial, el presidente Carlos Menem ha tirado a la basura el mayor logro del país en los últimos 60 años. Las anteriores autoridades civiles de Raúl Alfonsín habían restablecido el vital principio constitucional que todos los ciudadanos, incluyendo a los oficiales militares, son responsables ante la ley. Ahora, en un país todavía propenso a los intentos de golpes, se ha restaurado la tradición de la impunidad militar. (…)

El señor Menem describió su acción (el indulto) como un gesto de reconciliación, cerrando así el libro de un pasado trágico. En lugar de eso, ha invitado a la repetición de la tragedia al resurgir la idea de que los militares están por encima de la ley. (…)". (65)

Así, en noviembre de 1989, ochenta legisladores estadounidenses enviaron una enérgica carta de protesta dirigida al presidente argentino, expresando su "profunda preocupación" respecto de "su reciente decisión de otorgar perdón a oficiales militares que habían sido acusados y convictos de secuestrar, torturar y asesinar a masivas cantidades de civiles durante la llamada "guerra sucia" en la Argentina desde 1976 a 1983". Los autores de la carta señalaron su aprehensión a que el perdón otorgado por Menem pueda ser un ejemplo "para otros países latinoamericanos que miran a la Argentina como modelo para lograr la transición hacia una democracia total". Asimismo los firmantes de la carta -cuya mayoría pertenecían al Partido Demócrata, aunque figuraban también miembros del Partido Republicano- expresaron su temor por los efectos que la medida de perdón podría tener. (66)

Frente a la posición crítica de los legisladores, el indulto no suscitó reacciones en las autoridades de la Casa Blanca. Un indicio al respecto fue su ausencia en la lista de temas tratados por los presidentes Menem y Bush durante la visita del primero a Washington en septiembre de 1989. En dicho encuentro, las prioridades del mandatario republicano estuvieron centradas en la cuestión de la energía nuclear; la ratificación del Tratado de Tlatelolco; la desactivación del misil de alcance intermedio Cóndor II; la normalización de las relaciones entre Argentina y Gran Bretaña, deterioradas desde la guerra de 1982; la situación política en Panamá y Centroamérica; Colombia y el narcotráfico; la crisis de Medio Oriente y el terrorismo. Del lado argentino, dichas prioridades estuvieron definidas en la búsqueda de apoyo norteamericano en las negociaciones de la Argentina con el Club de París, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional; en el aprovisionamiento de equipos militares argentinos a terceros países; y la venta del avión IA 63 Pampa a los Estados Unidos. (67)

En contraste con el bajo perfil que adoptaron ambos gobiernos en esta delicada cuestión, la protesta de los ochenta legisladores norteamericanos frente a la política de indulto provocó la reacción de dos oficiales militares argentinos. Mediante una nota enviada en enero de 1990 al jefe de la bancada demócrata de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Richard Gephart, el presidente del Círculo Militar argentino, general de brigada Guillermo Bernardo Fonseca, rechazó la protesta efectuada por los representantes parlamentarios estadounidenses. En su nota a Gephart que acompañaba a la de un socio del Círculo Militar, el general de brigada Mario H. Laprida, el general Fonseca señaló que el pensamiento generalizado entre las Fuerzas Armadas, era que éstas realizaron operaciones bélicas de aniquilamiento ordenadas por un gobierno constitucional y jamás "abominables crímenes contra el pueblo argentino" como expresaba la carta de los legisladores norteamericanos al presidente Menem. Por su parte, la

nota del general Laprida adjuntaba antecedentes que "hacen a la verdad histórica, al honor, a la dignidad y a la ética de los miembros de las Fuerzas Armadas". Expresaba que la información que tenían los legisladores "es totalmente falsa, tendenciosa y profundamente influida de ideología terrorista y subversiva". También efectuaba una reseña de hechos terroristas y recordaba que en febrero de 1975 el Poder Ejecutivo dictó un decreto "ordenando a las Fuerzas Armadas aniquilar el accionar de las organizaciones terroristas que operaban en el país (Operativo Independencia). Subrayaba que para fines de 1979 el terrorismo había cometido más de 2500 asesinatos y 21.000 actos terroristas. En otra parte de su misiva, Laprida, refiriéndose a los juicios a los integrantes de las tres juntas militares por parte del gobierno radical, calificó a este acto como "irrefutablemente político". Al respecto, concluyó:

" (…) desearía saber si los señores legisladores condenarían a los jefes de las Fuerzas Armadas de su país que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial, en Corea o en Vietnam a pesar de los errores y excesos que inevitablemente pudieran haber cometido". (68)

Los legisladores norteamericanos volvieron a manifestarse contra el indulto durante la visita a Estados Unidos que efectuó Menem a principios de octubre de 1990. En dicha ocasión, el mandatario argentino fue sorprendido por un petitorio de 80 congresistas norteamericanos que solicitaba el mantenimiento de la prisión a los jefes a las juntas militares encarcelados por violaciones a los derechos humanos. A su vez, la Organización Pro Derechos Humanos America’s Watch expresó al presidente argentino sus preocupaciones acerca de un posible nuevo indulto para el ex represor Carlos Guillermo Suárez Mason. También cuestionó la falta de investigación de las muertes de cinco atacantes al cuartel de La Tablada. Enfrentado a estos reclamos, Menem optó por el silencio. (69)

Nuevamente el contraste entre el bajo perfil del gobierno de Bush y el alto perfil adoptado por el Congreso y las entidades defensoras de los derechos humanos tuvo ocasión de manifestarse cuando llegó a los Estados Unidos la noticia del indulto otorgado por el gobierno argentino a Suárez Mason. Mientras el Departamento de Estado no hizo comentarios sobre la medida, el entonces director ejecutivo de America’s Watch, el argentino Juan Méndez, sostuvo hacia principios de enero de 1991 que

"como entidad norteamericana, America’s Watch no puede menos que preocuparse ante el hecho de que se haya pedido la colaboración de la Justicia de los Estados Unidos para después invalidar la acción por razones políticas. (…) "Ahora sólo queda iniciar la protesta ante el Departamento de Estado y a través de la prensa (...) lo hacemos en primer lugar por razones éticas y, en el caso de Suárez Mason, también por razones políticas, porque hubo de por medio un proceso de extradición." (70)

En referencia a este último párrafo de las declaraciones de Méndez, cabe señalar que el Departamento de Justicia, si bien no expresó en forma oficial su disconformidad con el indulto a Suárez Mason, no ocultó a los medios en forma off the record su molestia respecto de una medida que borraba de un plumazo todos los esfuerzos de la Justicia norteamericana para apresar al ex oficial. Esfuerzos que, además, habían sido efectuados como respuesta a un pedido del gobierno que antecedió al de Menem. (71)

b) Las críticas de los informes del Departamento de Estado norteamericano a la situación del Poder Judicial y de los derechos humanos en la Argentina

Durante la administración del republicano George Bush, la Argentina, aunque fue blanco de las críticas de los legisladores y de las organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos, no figuró entre los casos de violaciones a los derechos humanos y de mal funcionamiento del Poder Judicial analizados por los informes anuales del Departamento de Estado. Con el cambio de signo político del Ejecutivo a partir de la asunción del demócrata Bill Clinton en 1993, esta

tendencia se modificó. Claro ejemplo al respecto fue el contenido del informe anual sobre los Derechos Humanos en el mundo correspondiente a 1996, en el cual el Departamento de Estado norteamericano, si bien señaló la ausencia de asesinatos políticos en la Argentina durante 1996, destacó también la persistencia de actos de violencia por parte de oficiales que actuaron al servicio de las últimas dictaduras militares y por personas victimadas durante ese período: "Las autoridades policiales en varias provincias han realizado detenciones arbitrarias, aplicado castigos inhumanos a personas sometidas a la custodia del Estado y han realizado ejecuciones extrajudiciales". Asimismo, el informe criticó duramente la situación del Poder Judicial en la Argentina, en los siguientes términos:

"(…) El sistema judicial argentino está atascado por el papeleo, lo cual da como resultado largas detenciones antes de los juicios, y las condiciones carcelarias siguen siendo deficientes, como lo demuestran diecisiete motines en diversas partes del país". (72)

Estos comentarios críticos volvieron a aparecer en el informe del Departamento de Estado correspondiente al año 1997. En un párrafo donde mencionaba explícitamente la investigación inconclusa del caso del asesinato del periodista José Luis Cabezas sostuvo que "la justicia argentina es independiente pero ineficiente". Asimismo, destacaba también que "integrantes de la policía continúan cometiendo abusos de los derechos humanos" (además del caso Cabezas, el informe señalaba las muertes de Teresa Rodríguez, Aníbal Rodríguez, Juan González, Sebastián Bordón, y Roberto Roldán, entre otros, como evidencias de investigaciones en las que la Justicia argentina no había podido determinar con precisión las responsabilidades). (73)

El duro tono del informe provocó la reacción del presidente Menem, quien el 1° de febrero de 1998 rechazó las críticas del Departamento de Estado norteamericano a la Justicia argentina, señalando que se trataba de asuntos internos. Evidenciando su molestia personal, aclaró que él no opinaba sobre la justicia norteamericana. (74) Siguiendo la posición del mandatario argentino, el 5 de febrero, el embajador argentino en Washington, Diego Guelar, descalificó las referencias informe a la Justicia argentina y aprovechó la ocasión para criticar el embargo norteamericano a Cuba. (75)

A las negativas referencias respecto de la Justicia argentina efectuados por estos informes del Departamento de Estado, cabe agregar el también poco alentador informe sobre la libertad de culto elaborado por los funcionarios de dicha agencia a principios de septiembre de 1999. El primer informe anual del Departamento de Estado norteamericano acerca de este tema señaló que en la Argentina "existe antisemitismo" y enumeraba una serie de acciones "antisemitas y amenazas contra organizaciones e individuos judíos", entre los que mencionaba la profanación de 20 tumbas judías en el cementerio de Ciudadela, en enero de 1998, y un breve resumen sobre las investigaciones de los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA. El informe destacó asimismo que la Argentina era el único país del MERCOSUR en el que el Departamento de Estado consignaba la existencia de antisemitismo en la sociedad. (76)

c) El respaldo del gobierno norteamericano al argentino frente al levantamiento del sector "carapintada" del Ejército

Como contrapartida a los negativos comentarios de la situación de la Justicia argentina del Departamento de Estado citados en el apartado anterior, vale citar el claro respaldo del gobierno norteamericano al argentino frente al cuatro y último levantamiento del sector "carapintada" del Ejército, que tuvo lugar en diciembre de 1990. (77) Dicho levantamiento, calificado por el propio presidente Menem como un "intento de golpe de Estado", contó con el inmediato repudio de las autoridades de la Casa Blanca. Al recibir en Brasilia una llamada de su embajador en la Argentina para preguntarle si la visita seguía en pie a pesar del alzamiento, el presidente de Estados Unidos, George Bush, señaló que a él no lo iban a parar unos cuantos revoltosos". De este modo, Bush señaló que el alzamiento militar "no modificará" sus planes de visitar la

Argentina y aseguró que "Confío plenamente en la seguridad de Buenos Aires". Por su parte, el vocero de Bush, Roman Popakiuk, afirmó que "iremos a la Argentina como estaba previsto". Finalmente, el embajador norteamericano Terence Todman dijo:

"Ratifico absolutamente que no cambiado la intención (de Bush) de cumplir con la visita prevista". (78)

La visita de Bush, que constituyó en sí misma un inequívoco gesto de respaldo de Washington a la continuidad democrática argentina, tuvo su inicio el 5 de diciembre de 1990. En referencia al frustrado alzamiento del sector "carapintada", el mandatario norteamericano felicitó a su colega argentino por la "gran valentía y determinación" con la que enfrentó el problema y señaló que "con el apoyo del pueblo ha demostrado que nadie va a quitarle esta libertad a los argentinos. (79)

En su mensaje ante el Congreso argentino, Bush otorgó nuevos gestos de apoyo a la continuidad democrática:

"The message today from Argentina is clear. Democracy is here to stay. Too many brave people sacrificed and died to bring democracy back to Latin America. Let those who would attack constitutional democracy understand: In Latin America the day of the dictator is over. Violent assaults upon the rule of law represent the old way of thinking and acting that history has left behind. It is time to think anew." (80)

d) La eliminación de la exigencia del visado de pasaportes argentinos

Por cierto, la eliminación de la exigencia del visado de pasaportes argentinos constituyó uno de los frutos positivos del ingreso al patrón de "relaciones especiales" con Estados Unidos adoptado por el gobierno argentino. El primer capítulo de esta sensible mejoría en el ámbito diplomático de la agenda bilateral tuvo lugar en ocasión de la visita del secretario de Estado, Warren Christopher, a la Argentina, a fines de febrero de 1996. El funcionario norteamericano anunció el día 29 que "a fines de este año se eliminará el visado de pasaportes argentinos para viajar a los Estados Unidos". Agregó Christopher que, con la adopción de esta medida, Argentina sería el primer país beneficiado por la misma y que la eliminación del trámite fue dispuesta porque la Argentina cumplió con los requisitos impuestos por las autoridades de inmigración de su país. (81)

En realidad, la eliminación de la exigencia de visado llegó mucho antes del fin de ese año, en un nuevo indicio del favorable clima que en ese momento atravesaban las relaciones diplomáticas bilaterales. El 5 de julio de 1996, el vocero del Departamento de Estado norteamericano, Glyn Davies, anunció que a partir del día 9, Argentina pasaba a estar incluida en el Visa Waiver Pilot Program (VWPP). Esta participación excluía de la obligación de tramitar la visa a los ciudadanos argentinos interesados en viajar a Estados Unidos por razones turísticas o comerciales, cuyo plazo de estadía se extendiera hasta los 90 días. (82)

e) El tratado de extradición entre ambos países

Junto con la eliminación de la exigencia de visado de pasaportes argentinos, otro paso importante en la agenda diplomática bilateral fue la firma de un tratado de extradición entre los gobiernos de ambos países, el 10 de junio de 1997. Este tratado fue redactado, fundamentalmente, para servir como una herramienta de combate al narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción. Por su artículo I, dicho tratado autorizaba la extradición "(…) en forma recíproca (…) a las personas a las cuales las autoridades del Estado requirente han imputado o declarado culpables por un delito extraditable". Por su parte, los artículos II y IV definían como "extraditable" a una gama muy amplia de delitos, excepto los delitos políticos. (83)

f) El asilo argentino al dictador paraguayo Lino Oviedo como tema de la agenda diplomática entre Argentina y Estados Unidos

En contraste con los avances registrados en los dos acápites anteriores, una cuestión espinosa de la agenda bilateral fue, sin lugar a dudas, el asilo otorgado por el gobierno de Menem al ex general paraguayo Lino Oviedo.

Un primer indicio de las dificultades en torno a esta cuestión fue otorgado por el zar de la lucha contra las drogas, Barry Mc Caffrey, en su encuentro con el ministro del Interior argentino, Carlos Corach, en Washington, a fines de septiembre de 1999. En dicha oportunidad, Mc Caffrey señaló que su gobierno vería con malos ojos tanto un regreso del ex dictador al Paraguay, como el otorgamiento de una amplia protección argentina a Oviedo, que permitiese a este último hacer política desde Buenos Aires o desde Tierra del Fuego. (84)

NOTA

1. Este término, acuñado por el economista John Williamson, designa al acuerdo establecido en la década de 1980 entre las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos respecto de las políticas "correctas" para los países subdesarrollados, las cuales se resumen en los siguientes diez lineamientos –los llamaos "diez mandamientos" del Consenso- que son los siguientes: 1) disciplina fiscal; 2) disminución del gasto público; 3) mejora de la recaudación y reforma impositiva; 4) liberalización del sistema financiero y de la tasa de interés; 5) mantenimiento de un tipo de cambio estable y competitivo; 6) liberalización comercial externa (reducción de aranceles y abolición de trabas a las importaciones); 7) otorgamiento de amplias facilidades a las inversiones externas; 8) realización de una amplia y enérgica política de privatizaciones de empresas públicas; 9) desregulación de las actividades estatales y 10) cumplimiento estricto del pago de la deuda externa. Este acuerdo –que coincidió con un cambio en la dirigencia del Fondo- marcó un enfoque completamente distinto –e incluso opuesto- al enfoque "keynesiano-desarrollista" que había orientado las medidas de estas instituciones multilaterales de crédito entre las décadas de 1950 y 1970. Ver al respecto los trabajos de Williamson, John, "Revisión del Consenso de Washington", en El desarrollo económico y social en los umbrales del siglo XXI, Washington D.C., Banco Interamericano de Desarrollo, 1998; Rapoport, Mario, Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000), Buenos Aires, Ediciones Macchi, 2000, p. 869; Corbalán, María Alejandra, El Banco Mundial. Intervención y disciplinamiento. El caso argentino, enseñanzas para América Latina, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2002, pp. 60-61; Stiglitz, Joseph E., El malestar en la globalización, Buenos Aires, Taurus, 2002, Capítulo 1, especialmente pp. 39-45; y Minsburg, Nahum, "La "alianza" entre el establishment local y el FMI", en Minsburg, Nahum, (coordinador), Los guardianes del dinero. Las políticas el FMI en la Argentina, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2003, Cuadro 1, p. 64.

2. Manuel Antonio Noriega, jefe de la Guardia Nacional panameña, había tomado el poder en 1983 con la anuencia del gobierno norteamericano, dado que durante un prolongado tiempo se desempeñó como informante de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA) y constituyó un enlace en la provisión de armas de Estados Unidos a las fuerzas conservadoras del país centroamericano. Pero hacia fines de la década de 1980, con el fin de la Guerra Fría y la progresiva normalización del conflicto en Nicaragua y Honduras, el anticomunismo de Noriega dejó de ser funcional a los intereses estratégicos de Washington. Asimismo, pesaron en este cambio de enfoque las sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas por el dictador panameño, sumadas a sus conexiones con el narcotráfico, manifiestas a partir del fallo de la Corte en Miami en 1988.

3. Declaraciones de Menem a Bush, citadas en artículo "Consternación del gobierno argentino", La Nación, 21 de diciembre de 1989, p. 6.

4. Texto del comunicado del gobierno argentino, citado en "Consternación del gobierno argentino", La Nación, 21 de diciembre de 1989, p. 6. Por su parte, el editorial "La invasión norteamericana a Panamá", La Nación, 24 de diciembre de 1989, p. 8, considera que el comunicado del gobierno argentino fue "(...) una síntesis acertada y prudente, en cuanto reivindica las normas del derecho internacional "que regulan las relaciones entre los Estados" y, a la vez, exhorta "al pronto retorno de las instituciones democráticas en Panamá, considerando que la presencia en el poder del general Noriega constituye un obstáculo insalvable para dicho fin".

5. "Marcha de protesta de la izquierda frente al Congreso", La Nación, 21 de diciembre de 1989, p. 5.

6. Ver párrafo del texto del proyecto, citado en el artículo "El Senado argentino pidió el cese inmediato de las acciones bélicas", La Nación, 22 de diciembre de 1989, p. 3. La iniciativa fue votada con el consenso de radicales y peronistas. El único que se opuso, por considerarlo "insatisfactorio", fue el radical Hipólito Solari Yrigoyen, quien señaló que "mi deseo es que se condene la intervención armada; Latinoamérica es una nación y esta agresión contra Panamá es una agresión contra todos".

7. Opiniones del senador radical Adolfo Gass, del diputador radical Carlos Raimundi, de la mesa directiva de la Unidad Manriquista, del diputado peronista Antonio Guerrero, del concejal radical Horacio Calzón Flores, del diputado ucedeísta José María Ibarbia y del concejal ucedeísta Julio Crespo Campos, citadas en el artículo "La Argentina y el delicado equilibrio continental", La Nación, 23 de diciembre de 1989, p. 2.

8. Comunicado de la embajada norteamericana en Buenos Aires y expresiones de Menem y Kohan respecto de la cuestión de la intervención norteamericana en Panamá, citados en "Decepción norteamericana por reacciones en la Argentina", La Nación, 22 de diciembre de 1989, p. 4. Comentario editorial de rechazo a dicho comunicado en editorial "La invasión norteamericana a Panamá", La Nación, 24 de diciembre de 1989, p. 8.

9. Declaraciones del presidente Menem y del canciller Cavallo, citadas en los artículos "Decepción norteamericana por reacciones en la Argentina", op.cit.; y "La Argentina y el delicado equilibrio continental", op.cit., p. 12.

10.Idem nota anterior.

11."Exhortación argentina", La Nación, 28 de diciembre de 1989, p. 3.

12.Texto del decreto 232 del 3 de febrero de 1992 en Anales de Legislación Argentina 1992, Tomo LII-A, Buenos Aires, La Ley, 1992, pp. 383-384 y en Boletín Oficial de la República Argentina, N° 27320, 5 de febrero de 1992, 1° sección, p. 4.

13."Una nota periodística impulsó la apertura de los archivos nazis", por M.E.P.., La Nación, 2 de febrero de 1992, p. 3; "Los jerarcas nazis en la Argentina. Abren los archivos secretos", La Nación, 3 de febrero de 1992, p. 3; "Se anuló el secreto sobre los nazis en la Argentina", La Nación, 4 de febrero de 1992, p. 1; "Menem: se pagó una deuda contraída con toda la humanidad", La Nación, 4 de febrero de 1992, p. 1 ; "Los fundamentos del decreto", La Nación, 4 de febrero de 1992, p. 4; "Una historia llena de misterios que quizá no lleguen a aclararse", por Diego Pérez Andrade, La Nación, 4 de febrero de 1992, p. 4; "Cuando la memoria del horror se presentó en la Casa de Gobierno", La Nación, 4 de febrero de 1992, p. 4; "Satisfacción de entidades judías", La Nación, 4 de febrero de 1992, p. 4; y el editorial "Los archivos secretos a la luz", La Nación, 8 de febrero de 1992, p. 6.

14.Idem nota anterior.

15.Ver estos datos en sitio oficial de la CEANA: http://www.ceana.org.ar/creacion.html.

16.Idem nota anterior.

17.Palabras del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina, Ingeniero Guido Di Tella, en Gurevich, Beatriz, y Escudé, Carlos (editores), El genocidio ante la historia y la naturaleza humana, Buenos Aires, Universidad Torcuato Di Tella y Grupo Editor Latinoamericano, 1994, pp. 13-14.

18.http://www.ceana.org.ar/creacion.html .

19.Texto del decreto 390 en Anales de Legislación Argentina (ADLA) 1997, Tomo LVII-B, Buenos Aires, La Ley, 1997, pp. 1445-1446.

20.Respecto de las posiciones de defensa de la labor de la CEANA consultar la introducción de Klich, Ignacio, al Informe Final de la CEANA, disponible en el citado sitio oficial de la Comisión, sección Informe Final: http://www.ceana.org.ar/final/introdu.htm. En dicho informe, Klich destaca en su página 1 la evaluación de los resultados de las investigaciones de dicha Comisión "por un Panel Internacional en el que, por ejemplo, los soportes del jefe de Estado y aquéllos vinculados al partido gobernante son una pequeña minoría"; la "importante cuota de pluralismo –un valor relativamente escaso en la historia argentina- que caracterizó la integración de sus Comités Asesor y Académico"; y "la autenticidad del compromiso material y logístico hacia la tarea de la CEANA por parte del titular de la Cancillería, así como también la ausencia de interferencia oficial en cuanto a la elaboración del plan de investigaciones de la Comisión, los especialistas que fueron llamados a colaborar y a otros aspectos". Sobre la posición contraria a la esgrimida por Klich puede consultarse el libro de Goñi, Uki, La auténtica Odessa. La fuga nazi a la Argentina de Perón, Buenos Aires, Paidós, 2002. En la conclusión de su libro, páginas 373 y 374, Goñi advierte que "(…) Una muestra de cómo Argentina continúa intentando encubrir su responsabilidad antes y después de la guerra la proporcionó la comisión gubernamental creada por el ministerio de relaciones exteriores entre 1997 y 1999 para investigar los antiguos vínculos con los nazis. (…) La CEANA (…) publicó una serie de informes, reunidos por un equipo de estudiosos internacionales, que fracasaron estrepitosamente a la hora de abordar las cuestiones fundamentales. No se realizó ninguna investigación sobre las redes de extorsión de judíos en la Argentina, de los sobornos cobrados por los diplomáticos argentinos a cambio de visados, de las conexiones de Perón con el servicio secreto de Himmler, ni del acuerdo de intercambio de información entre Schellenberg y Argentina. Increíblemente, ni siquiera se realizó investigación alguna sobre las reuniones celebradas mediada la guerra por Goyeneche con Himmler y Ribbentrop. Mi propia sugerencia a la comisión de que debería convocarse al antiguo jefe de la División Informaciones, Rodolfo Freude, para que testificara sobre las actividades de rescate de nazis realizadas poe su oficina durante la posguerra jamás se tuvo en cuenta (…)". Una posición crítica similar a la de Goñi fue la del cazador de nazis Simon Wiesenthal, quien, al cumplirse un año de la apertura de los llamado archivos nazis, no dudó en acusar al gobierno de Menem y a la CEANA de ocultar documentos. Ver al respecto artículos "Wiesenthal acusa al gobierno por los archivos nazis. "Se ocultan documentos"", Página/12, 3 de febrero de 1993, pp. 2-3; y "Un acto bien promocionado. "Deuda con la humnaidad"", Página/12, 3 de febrero de 1993, p. 3.

21.Ver al respecto el editorial "Argentina, a Haven for Nazis, Balks at Opening Its Files", The New York Times, by Larry Rohter, Section 1, Page 3, Column 1, Foreign Desk, en sitios http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F30915F8355B0C7A8CDDAA0894DB40…. Ver referencias a este editorial en editorial de opinión de Kiernan, Sergio, "El "New York Times" denuncia el secreto argentino sobre los nazis". Otro papelón a nivel internacional", Página/12, 10 de marzo de 2003, en el sitio http://200.61.159.98/diario/el pais/1-17451-2003-03-10.html.

22.Respecto de esta polémica consultar el texto de la carta de Torcuato Di Tella al congresista norteamericano Maurice Hinchey, Buenos Aires, May 21, 2003, citado en sitio http://ukinet.com/ditella.htm..; y el artículo "Torcuato Di Tella polemiza por la cacería de nazis. "El Wiesenthal lanzó una cretinada"", Página/12, 2 de junio de 2003, sección El País, en sitio http://200.61.159.98/diario/el pais/ 1-20908-2003-06-02-html. Consultar también referencias a esta polémica en los editorial de opinión de Kiernan, Sergio, "La interna de la CEANA", Página/12, 9 de junio de 2003, sección El País, en el sitio http://200.61.159.98/diario/el pais/1-21198-2003-06-09.html.

23."Unánime rechazo latinoamericano al dictamen. Justicia del imperio", Página/12, 17 de junio de 1992, pp. 18-19.

24."La Argentina rechaza un fallo de EE.UU.", La Nación, 17 de junio de 1992, p. 1.

25."Menem duro, pero inocuo. "Más que un error, un horror" ", Página/12, 18 de junio de 1992, p. 17.

26."El controvertido fallo de la Corte Suprema norteamericana. El Senado argentino manifestó su rechazo", La Nación, 18 de junio de 1992, p. 3. Asimismo, en el texto también se requería si el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto había elevado alguna protesta sobre el asunto.

27."El controvertido fallo de la Corte Suprema norteamericana. Rechazo de dirigentes políticos argentinos", La Nación, 17 de junio de 1992, p. 4.

28."Desacuerdo regional con la Corte norteamericana", La Nación, 27 de junio de 1992, p. 1.

29.Di Tella adoptó esta decisión tras contactos con el presidente Carlos Menem y con el ministro de Defensa Antonio Erman González. Ver respecto de la misma el artículo "La Argentina dispuso el envío de efectivos", La Nación, 10 de diciembre de 1992, p. 3.

30.Vale destacar al respecto que, durante la gestión de Alfonsín, la Argentina se abstuvo de acompañar la posición norteamericana de condena a Cuba durante las votaciones de la Comisión de Derechos Humanos sobre el argumento que la misma condenaba al régimen castrista sin una investigación previa. Durante el 43° período de sesiones de dicha Comisión en Ginebra, la delegación argentina, en vez de respaldar la moción norteamericana apoyó un proyecto presentado por la India, que propiciaba no adoptar ninguna decisión de fondo en el asunto. El voto argentino resultó de una singular importancia para abortar el proyecto impulsado por Estados Unidos, ya que la propuesta india, convertida en resolución 1987 / 105 del 11 de marzo, se impuso por el ajustado resultado de 19 votos a favor (entre ellos los de India, China y URSS), 18 votos en contra (entre ellos los de Estados Unidos, Brasil y Venezuela) y 6 abstenciones (entre ellas las de Argentina). Esta divergencia entre las posiciones argentina y norteamericana respecto de la cuestión de los derechos humanos en Cuba volvió a repetirse en ocasión del 44° período de sesiones de la citada Comisión en Ginebra. En dicha ocasión, nuevamente la delegación argentina objetó la propuesta norteamericana (proyecto de resolución E / CN. 4/ 1988 / L. 26 presentado el 29 de febrero). El 10 de marzo de 1988, la Comisión aprobó sin votación un proyecto presentado por Argentina, Colombia, México y Perú, que aceptaba la invitación efectuada por Cuba para que el presidente y cinco miembros de la Comisión visitaran la isla y elaboraran un informe sobre la situación de los derechos humanos (decisión 1988 / 106). Finalmente, durante el 45° período de sesiones de la Comisión, el día 9 de marzo de 1989, fue adoptada la resolución 1989 / 113, referente al estudio del informe de la misión realizada en Cuba de acuerdo con la decisión 1988 / 106. Esta resolución fue aprobada por 32 votos a favor (entre ellos los de Estados Unidos, Cuba, Colombia, México, Perú, Unión Soviética y Yugoslavia), 1 voto en contra (el de Marruecos) y 10 abstenciones (entre ellas las de Argentina, Brasil, España, Pakistán y Venezuela). Ver al respecto los siguientes documentos: Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 43ª período de sesiones (2 de febrero a 13 de marzo de 1987), Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales, 1987, Suplemento Nº 5, Naciones Unidas, Nueva York, 1987, pp. 144 y 223-225; Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 44º período de sesiones (1º de febrero al 11 de marzo de 1988), Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales, 1988, Suplemento Nº 2, Naciones Unidas, Nueva York, 1988, pp. 238-241; Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 45º período de sesiones (30 de enero a 10 de marzo de 1989), Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales, 1989, Suplemento Nº 2, Naciones Unidas, Nueva York, 1989, pp. 202-203 y 267.

31."Bush agradeció gestiones de Menem", La Nación, 4 de mayo de 1990, p. 5.32. Idem nota anterior.

33.Ver referencia a los contactos de Menem con sectores anticastristas en el artículo "Menem en la Cumbre Ibeoramericana. Con Fidel y en Guadalajara", Página/12, 17 de julio de 1991, p. 9.

34.Ver apartado "Reunión con anticastristas" en Clarín, 18 de noviembre de 1991, p. 2; y editoriales "Con el lobby cubano en la cabeza", por Martín Granovsky, Página/12, 19 de noviembre de 1991, p. 2 y "Nadie presionó a Menem para que encabece la cruzada anticastrista", por Martín Granovsky, Página/12, 20 de noviembre de 1991, p. 2. En opinión de Granovsky, estos contactos de Menem con los sectores anticastristas respondían al ansia personal de protagonismo político del presidente argentino más que a una presión norteamericana. Asimismo, el periodista argumenta que el presidente Menem busca diferenciarse de sus pares de la región al adoptar esta actitud intransigente en el tema cubano.

35."Cuba", Página/12, 21 de noviembre de 1991, p. 4.

36."Cheek elogió a Menem por criticar a Castro", La Nación, 20 de julio de 1993, p. 1.

37.Por cierto, esta búsqueda de un rol de mediación en el tema Cuba por parte del gobierno de Menem reconoció un antecedente en el frustrado intento de la gestión del radical desarrollista Arturo Frondizi (1958-1962) por mediar entre Fidel Castro y John Kennedy. Sobre este tema consultar Cisneros y Escudé (directores), op.cit., Parte III, Tomo XIII, Capítulo 63.

38."Menem intentó mediar entre Clinton y Castro", La Nación, 11 de agosto de 1997, pp. 1 y 5.

39.En esta II Cumbre de las Américas en Santiago, Cuba fue formalmente la gran ausente de la cumbre y, sin embargo, ocupó un lugar central en la agenda del encuentro. Contra la voluntad de Washington (que marginó a Cuba del ALCA a menos que se democratizara el régimen castrista), la situación cubana estuvo presente en las distintas discusiones. Acerca de la cumbre de Santiago y de la posición adoptada por Argentina en dicha cumbre ver los siguientes editoriales: "Intenta mediar el Gobierno entre Cuba y EE.UU.", La Nación, 17 de abril de 1998, pp. 1 y 7; "Preparativos para la Cumbre de las Américas: el peso político del único mandatario que estará ausente. Menem afina la estrategia sobre Cuba", La Nación, 17 de abril de 1998, p. 7; "En el comienzo de la Cumbre de las Américas. Menem explica el supuesto giro hacia Castro", por María O’ Donnell, La Nación, 18 de abril de 1998, pp. 1 y 6; "La II Cumbre de las Américas: comienza tras la visita oficial del presidente de los EE.UU a Chile. Para Clinton terminó la era de los dictadores en América Latina. Lo dijo ante el Congreso chileno; mensaje para la región sobre democracia", por Jorge Elías, La Nación, 18 de abril de 1998, p. 9; y "Concluyó la II Cumbre de las Américas: pedido norteamericano y recambios diplomáticos. Los Estados Unidos exhortaron a los presidentes a no visitar a Cuba", por Jorge Elías, La Nación, 20 de abril de 1998, p. 5.

40.Ver al respecto el artículo "Menem y Cuba. En boca cerrada", Página/12, 21 de julio de 1994, p. 6.

41.Sobre esta división entre países "intervencionistas" –caso de la Argentina- y "no intervencionistas" –como México y Brasil- durante la década de 1990, ver el artículo de Bloomfield, Richard, "Making the Western Hemisphere Safe for Democracy? The OAS Defense-of-Democracy Regime", The Washington Quarterly, Vol. 17, Nº 2, Spring 1994, pp. 157-169.

42.Respecto de este bajo perfil inicial, cabe destacar que el primer canciller del gobierno de Menem, Domingo Cavallo, había argumentado –en contraposición a su antecesor del gobierno radical, Dante Caputo, quien había observado un alto perfil respecto de la crisis centroamericana- que la Argentina no tenía intereses vitales en la región centroamericana y caribeña. Pero dos años más tarde, tras el derrocamiento de Aristide en Haití, el sucesor de Cavallo en la titularidad del Palacio San Martín, Guido Di Tella, abandonó el principio de no intervención al impulsar una intervención militar para reponer al régimen constitucional depuesto en la isla. Ver al respecto "Argentina busca un mayor protagonismo. Dos cambios en la política exterior", por Daniel Santoro, Clarín, 5 de octubre de 1991, p. 4.

43.El Presidente con Clinton para encarar trabajos conjuntos", por Silvia Pisani, La Nación, 24 de junio de 1994, p. 6; y "Menem-Clinton: menos tensión por las patentes", La Nación, 25 de junio de 1994, p. 1.

44.A decir verdad, la resolución 6/94, adoptada el 9 de junio de 1994 por la Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA que tuvo lugar en ocasión de la Asamblea General de la organización panamericana celebrada en Belém de Pará (Brasil), fue precedida por una serie de resoluciones de similar índole, que procuraron, a través del bloqueo, el retorno del presidente constitucional haitiano, Jean-Bertrand Aristide, derrocado por el general Raoul Cedras a fines de septiembre de 1991. La primera de estas resoluciones, que tuvo lugar al mes siguiente del derrocamiento de Aristide, fue la 1 / 91 del 3 de octubre, que adoptó medidas de aislamiento diplomático y suspensión de vínculos comerciales y financieros con el régimen de facto en Haití. La segunda fue la 2 / 91, aprobada el 8 de octubre por el agravamiento de la situación en la isla, que estableció el congelamiento de los activos del Estado haitiano y el embargo comercial a la isla, salvo excepciones de carácter humanitario. La tercera resolución, la 3/ 92, fue aprobada el 17 de mayo de 1992 y extendió y profundizó la verificación del embargo comercial a Haití. Por su parte, la resolución 4/ 92, del 13 de diciembre de 1992, otorgó mandato al Secretario General de la OEA para que explorara "la posibilidad y conveniencia de llevar la situación haitiana al conocimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para lograr la aplicación universal del embargo comercial recomendado por la OEA". A su vez, la resolución 5 / 93, adoptada el 6 de junio de 1993 por la Reunión Ad Hoc de cancilleres miembros de la OEA reunidos en ocasión de la Asamblea General de la OEA en Managua, reiteró su decisión de continuar con la ayuda humanitaria a Haití, no obstante la vigencia del embargo comercial. Finalmente, la resolución 6 / 94, citada al comienzo de esta nota, que reiteraba, de conformidad con la resolución anterior, el apoyo y reforzamiento de las medidas de embargo comercial a Haití por parte de los estados miembros de la organización panamericana y de las Naciones Unidas, el congelamiento de los activos del régimen de facto y sus partidarios y la suspensión de las transacciones financieras con Haití. Respecto de estas resoluciones de las Reuniones Ad Hoc de Cancilleres de la OEA en el marco de la Asamblea General y su contenido ver el trabajo de Alice, Mauricio, La evaluación de la eficacia de la OEA en crisis democráticas en el continente. Las posiciones argentinas, Buenos Aires, GEL, 2002, Sección III, pp. 84-88.

45.El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó a través de su resolución 904 a "(…) recurrir a todos los medios necesarios para facilitar la partida de Haití de los dirigentes militares, de conformidad con los Acuerdos de Gobernor’s Island, el pronto regreso del Presidente legítimamente electo y el restablecimiento de las autoridades legítimas del Gobierno de Haití (…)". De acuerdo con la opinión del representante alterno de la Argentina ante la OEA, Mauricio Alice, varios fueron los factores que contribuyeron a la adopción de esta decisión por parte del Consejo: el incumplimiento del Acuerdo de Governor’s Island de julio de 1993 entre el desplazado presidente Aristide y el Jefe de las Fuerzas Armadas y líder del golpe que provocó el alejamiento del primero, general Raoul Cedras; la ausencia de avances en el proceso de diálogo entre la Comisión Presidencial y los representantes del Parlamento haitiano, en la ratificación parlamentaria del primer ministro designado por Aristide, Robert Malval, en las reformas judiciales y de las fuerzas policiales, en la designación de nuevas autoridades militares y en el retiro anticipado de Cedras de la comandancia en jefe; el asesinato del ministro de Justicia, Guy Francois Malary; y el rebrote de la violencia y la tensión política internas. Ver al respecto el trabajo de Alice, op.cit., Sección III, especialmente pp. 84-89. Ver asimismo el artículo "Autorizó la UN usar la fuerza en Haití", La Nación, 1º de agosto de 1994, p. 1.

46.En relación con las dificultades de los argentinos que se encontraban en la Embajada en Haití, cabe acotar que el régimen militar de Cedras no había otorgado a la representación diplomática argentina ningún reconocimiento oficial, factor que disminuía las posibilidades de evacuación de este personal ante un eventual ataque militar. Declaraciones del embajador argentino en Haití, Carlos Carrasco, en artículo "Argentina define su participación", Ambito Financiero, 3 de agosto de 1994, p. 23.

47.Ver las diferencias entre las posiciones de Menem y Di Tella y las de Camilión, Cavallo y Bauzá en "Diferencias en el seno del Gobierno por el envío de tropas a Haití", Clarín, 3 de agosto de 1994, p. 14.

48.Declaraciones de Menem, citadas en artículo "Ahora Menem limita el envío de tropas a Haití", por Fabián Doman, Ambito Financiero, 4 de agosto de 1994, p. 6.

49.Posición de Alfonsín en el artículo "Alfonsín tampoco apoya la invasión", Ambito Financiero, 4 de agosto de 1994, p. 6.

50.Por estos motivos, concluía el artículo de Alconada Sempé, la defensa de la democracia "no puede ser utilizada para justificar una intervención militar". Ver al respecto artículo de Alconada Sempé, Raúl, "Basta de alinearse", en Clarín, 4 de agosto de 1994, p. 23, fuente citada por Simonoff, Alejandro, "La UCR y la política exterior. Análisis de cien años de discurso radical", La Plata, Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata, Serie Tesis, N° 2, Noviembre 1996, p. 131.

51.El proyecto presentado por Galván y otros legisladores radicales era claro respecto de este punto: "Abruptamente se ha pasado de un escenario en donde los esfuerzos eran de carácter multilateral a otro en que se ha privilegiado la relación bilateral comprometiendo seriamente la solución del conflicto en los términos previstos en los organismos internacionales intervinientes" . Párrafo del expediente 3805-D-94, firmado por Raúl Galván (presidente de la bancada radical) y José María Hernández, entre otros, en Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Trámite parlamentario, N° 101/ 94, Buenos Aires, Imprenta Oficial del Congreso, 1994, p. 6403, fuente citada por Simonoff, op.cit., pp. 130-131.

52. Idem nota anterior.

53.El citado proyecto colocaba esta objeción en los siguientes términos: "El actual presidente de la República ha decidido el envío de tropas argentinas a diversos escenarios bélicos (Golfo Pérsico, la ex Yugoslavia, Mozambique, etcétera), sin autorización del Congreso Nacional, comprometiéndose no sólo la vida y la seguridad de la República, la que podría verse afectada –por accidente- en una situación de beligerancia no querida, ni decidida por el único órgano que tiene facultades para ello, es decir el Congreso Nacional"., Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Trámite parlamentario, N° 101/ 94, op.cit., p. 6404, fuente citada por Simonoff, op.cit., p. 131.

54."La Argentina", La Nación, 1º de agosto de 1994, p. 1; "Las Naciones Unidas autorizaron la invasión a Haití. Estarían listos en 15 días los efectivos argentinos", por Facundo Landívar, La Nación, 1º de agosto de 1994, p. 2; "Desistió Menem de invadir Haití", La Nación, 4 de agosto de 1994, p. 1; "La estrategia oficial es llegar tarde a la invasión", por Daniel Ponce, La Nación, 4 de agosto de 1994, p. 16; y "Un desafío para la diplomacia", por Alfredo Vega, La Nación, 6 de agosto de 1994, p. 2.

55."Carta de Clinton a Menem", La Nación, 9 de agosto de 1994, p. 3.

56."Ya envió la Argentina observadores por Haití", por Mariano Obarrio, La Nación, 16 de agosto de 1994, p. 10.

57."Complace a los EE.UU. el acuerdo anglo-argentino", La Nación, 17 de febrero de 1990, p. 4.

58."Malvinas: no mediará EE.UU.", por Fernán Saguier y Fernando Laborda, La Nación, 12 de diciembre de 1994, p. 1; y "Clinton no mediará por las Malvinas", por Fernán Saguier y Fernando Laborda, La Nación, 12 de diciembre de 1994, p. 6.

59."Clinton call for talks on Falklands", The Times, 18 de octubre de 1997, p. 14, fuente citada por Cable de Embajada en el Reino Unido, Londres, 18 de octubre de 1997, p. 1, en Archivo personal del ex vicecanciller Andrés Cisneros, Caja N° 17, Carpeta Malvinas.

60."Oil and Troubled Waters. Prosperity and Peace in the South Atlantic", editorial del The Times, citado en Cable de Embajada en el Reino Unido, Londres, 18 de octubre de 1997….op.cit., p. 2.

61. Idem nota anterior.

62.Confidencial. Indice de fichas para el señor canciller. Temas para ser tratados por el presidente Menem. Ficha 3: Malvinas, en Archivo personal del ex vicecanciller Andrés Cisneros, Caja N° 17, Carpeta Malvinas.

63."La visita de Menem a EE.UU. Clinton hablará con Blair por las Malvinas", La Nación, 12 de enero de 1999, pp. 1 y 4; y "Un acuerdo que no implica compromisos", por Jorge Elías, La Nación, 12 de enero de 1999, p. 4.

64.La decisión de indulto fue adoptada por Menem a través de los decretos del Ejecutivo números 1002 y 1003 del 6 de octubre de 1989 y los decretos números 2741 a 2746 del 29 de diciembre de 1990. Por medio de los primeros dos decretos fueron liberados de prisión el ex presidente de facto general Leopoldo Fortunato Galtieri y otros dos integrantes de la Junta Militar, el ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Basilio Lami Dozo; y su par de la Marina, Jorge Anaya. Por su parte, por el decreto 2741 fueron indultados los ex integrantes de la cúpula militar general Jorge Rafael Videla, almirante Emilio Eduardo Massera, brigadier Orlando Ramón Agosti y otros integrantes del régimen tales como Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Ramón Juan Alberto Camps y Ovidio Pablo Ricchieri, antiguos jefes de policía de la provincia de Buenos Aires. A su vez, el ex jefe guerrillero Mario Eduardo Firmenich fue indultado por el decreto 2742; Norma Bremilda Kennedy y Duilio Rafael Brunello, funcionarios ambos del gobierno constitucional peronista en los años 1973-1976 fueron indultados por los decretos 2743 y 2744; el ex ministro de Economía del gobierno de Videla José Alfredo Martínez de Hoz por el 2745; y, finalmente, el ex comandante en jefe del primer Cuerpo de Ejército, general Guillermo Suárez Mason, fue indultado por el decreto 2746. Referencias al contenido de los decretos 1002 y 1003 y textos de los decretos 2741 a 2746 en Anales de Legislación Argentina 1991, Tomo LI – A, Buenos Aires, La Ley, 1991, pp. 305-310. Sobre este tema consultar también el artículo de Sain, Marcelo, "Democracia e Forças Armadas: entre a subordinaçao militar e os "defeitos" civis", en D’Araujo, María Celina y Castro, Celso (orgs.), Democracia e Forças Armadas no Cone Sul, Río de Janeiro, Editora FGV, 2000. Ver asimismo Sain, Marcelo, "Las Fuerzas Armadas, la seguridad interior y las "nuevas amenazas": el caso argentino (1983-2000)", op.cit.. Consultar asimismo los artículos "Sobre indultos y amnistías", por Atilio Borón, Página/12, 3 de octubre de 1989, p. 9; y "Ex Military President Goes Free in Argentina", The New York Times, October 12, 1989, Section A, p. 13, Column 1, Foreign Desk, en sitio www.nexis.com/research/search/doclist?

65.En la versión original del editorial: "For no good reason, President Carlos Menem of Argentina has trashed his country’s finest achievement of the last 60 years. Previous civilian authorities from President Raul Alfonsin on back courageously re-establishes the vital constitutional principle that all citizens, military officers included, are accountable to the rule of law. Now, in a country still prone to coup attemps, the tradition of military impunity has been restored. (…)Mr. Menem portrayed his action as a gesture of reconciliation, closing the book on a tragic past. Instead he has invited a repetition of the tragedy by resurrecting the idea that the military can hold itself above the law (…)". Ver "Pardoning Mass Murder in Argentina", The New York Times, January 3, 1991, Section A, p. 20, Col. 1, Editorial Desk, en www.nexis.com/research/search/doclist?; y párrafos y comentarios de este editorial citados en artículo "Basura", Página/12, 4 de enero de 1991, p. 1.

66."Legisladores de EEUU protestaron por el indulto a militares", La Nación, 17 de noviembre de 1989, p. 24.

67.Busso, Anabella, "Menem y Estados Unidos: un nuevo rumbo en la política exterior argentina", en Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR), La política exterior del gobierno de Menem. Seguimiento y reflexiones al promediar su mandato, Rosario, CERIR, 1994, pp. 59-60.

68."Crítica a legisladores de los Estados Unidos", La Nación, 19 de enero de 1990, p. 4.

69."Un petitorio contra el indulto", La Nación, 3 de octubre de 1990, p. 4.

70."La embajada daría un comunicado. El indulto a Suárez Mason, según los Estados Unidos", La Nación, 9 de enero de 1991, p. 1; "Reacciones en EE.UU. por el indulto a Suárez Mason", por Julio Crespo, La Nación, 9 de enero de 1991, p. 4.

71.Tal como comentó a La Nación una fuente del Departamento de Justicia, "Por pedido de la Argentina se movilizaron hombres del FBI para rastrear el domicilio de Suárez Mason y para detenerlo (...) y los tribunales de este país trabajaron en un largo proceso. Ahora resulta que todo eso se hizo para nada. (...)". Ver al respecto los artículos citados en la nota anterior.

72."El caso de la Argentina", La Nación, 31 de enero de 1997, p. 3.

73."Crítica de EE.UU. a la Justicia argentina", La Nación, 31 de enero de 1998, p. 1; "Informe del Departamento de Estado norteamericano. EE.UU. critica a la justicia argentina", por Jorge Elías, La Nación, 31 de enero de 1998, p. 12; y "Granillo Ocampo admitió que hay abusos policiales", La Nación, 31 de enero de 1998, p. 12.

74."Menem llega al Líbano sin definirse sobre Irak. Ayer, en Suiza, dijo que aún no se ha decidido si la Argentina acompañaría una acción militar contra Saddam; rechazó las críticas de EEUU a la Justicia", La Nación, 2 de febrero de 1998, p. 1.

75."Guelar criticó el embargo a Cuba", La Nación, 6 de febrero de 1998, p. 8.

76."EE.UU.: En la Argentina hay antisemitismo. Un informe oficial habla de una larga serie de acciones contra los judíos", por María O’ Donnell, La Nación, 10 de septiembre de 1999, pp. 1 y 12.

77.Este último levantamiento fue fruto de la puja entre la conducción del Ejército, reacia a toda forma de insubordinación o de actos que atentaran contra la jerarquía y disciplina interna del arma y decidida a excluir de las filas del Ejército al sector "carapintada", y éste último sector. Los tres levantamientos anteriores habían ocurrido durante la gestión de Raúl Alfonsín: el de Semana Santa de abril de 1987; el de Monte Caseros, en enero de 1988 y el de Villa Martelli, en diciembre de 1988. Ver al respecto Sain, Marcelo, Los levantamientos carapintada, 1987-1991, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina (en adelante CEAL), Tomos I y II, 1994. Ver asimismo el artículo de Sain, Marcelo, "Las Fuerzas Armadas, la seguridad interior y las "nuevas amenazas": el caso argentino (1983-2000)", op.cit.

78."Dijo Bush que no suspende el viaje", La Nación, 4 de diciembre de 1990, p. 1

79.Ver declaraciones del presidente Bush sobre el levantamiento carapintada en "Bush elogió la alineación de nuestro país tras los objetivos de Occidente", La Nación, 6 de diciembre de 1990, p. 1; "La visita del presidente Bush. Coincidencia en impulsar la zona de libre comercio", La Nación, 6 de diciembre de 1990, p. 6 y "Un presidente que colmó sus oídos de elogios con valor político", La Nación, 6 de diciembre de 1990, p. 20.

80.Adress to the Argentine Congress, Buenos Aires, Argentina, December 5, 1990, fuente citada en Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), La relación entre la Argentina y los Estados Unidos 1989-1995. Una nueva etapa, op.cit., p. 299.

81."Christopher llegó y elogió a Menem", La Nación, 29 de febrero de 1996, p. 4; "Se elimina a fin de año la visa para ir a EE.UU.", La Nación, 1º de marzo de 1996, p. 1; "Di Tella: sin diferencias con los EE.UU.", La Nación, 1º de marzo de 1996, p. 10; y editorial de opinión "La visita de Christopher", La Nación, 2 de marzo de 1996, p. 6.

82.Cabe destacar que la Argentina fue el país N° 24 en obtener el Visa Waiver Pilot Program. En ese momento, los otros 23 países integrantes de este programa fueron Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Brunei, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, San Marino, Suecia y Suiza. De acuerdo con las declaraciones efectuadas por el vocero del Departamento de Estado, Glyn Davies, "The criteria for inclusion in the VWPP are a very low rate of refusals of visitor visa applications, reciprocal treatment of American nationals, a program for issuance of machine-readable pasaports, and a determination by the U.S. Attorney General that a country’s inclusion would not damage U.S. law enforcement interest". Ver respecto de este tema "State Dept. announces Argentina Visa Waiver Program (Becomes 24 th participant)", text of a July 5 statement on the subject by acting State Department spokesman Glyn Davies, U.S. Department of State, International Information Programs, en http://www.usinfo.state.gov/products/washfile. Tras el colapso económico de la Argentina de diciembre de 2001, las autoridades del Departamento de Estado decidieron, en consulta con las del Departamento de Justicia, remover a la Argentina de este programa, dado que el país ya no cumplía con las leyes norteamericanas de inmigración. Con la remoción de Argentina el 20 de febrero de 2002, quedaron dentro del Visa Waiver Program los siguientes 28 países: Alemania, Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Brunei, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, San Marino, Singapur, Suecia, Suiza y Uruguay. "Department of Justice terminates Argentina’s participation in Visa Waiver Program", U.S. Department of Justice, February 20, 2002, en www.usdoj.gov

83.Ver el texto de Tratado de Extradición entre la República Argentina y los Estados Unidos de América, Buenos Aires, 10 de junio de 1997, citado por la publicación del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y Centro de Estudios de Política Exterior (CEPE), Argentina-Estados Unidos. Acuerdos Bilaterales 1853-2000, op.cit., pp. 764-772. Ver asimismo el artículo "Extradición: un triunfo de Washington", La Nación, 14 de junio de 1997, p. 7.

84."Virtual cierre de la frontera con Paraguay", por Joaquín Morales Solá, apartado "La posición norteamericana", La Nación, 30 de septiembre de 1999, p. 8.

TERCERA PARTE

EL CAPÍTULO ECONÓMICO DE LA AGENDA BILATERAL: COMERCIO E INVERSIONES

Dentro de este apartado cabe considerar los gestos del gobierno de Menem en busca de credibilidad económica externa; los logros obtenidos en materia de comercio e inversiones; y, finalmente, las cuestiones pendientes en ambas áreas de la agenda económica bilateral.

Los gestos y logros del gobierno de Menem en materia de comercio e inversiones

Por cierto, desde su asunción en 1989, el gobierno de Menem procuró adoptar una serie de gestos orientados a obtener una mayor credibilidad económica externa en hombres de negocios, banqueros y funcionarios norteamericanos. Dichos gestos se dirigieron tanto al ámbito estrictamente comercial como al de las inversiones. Entre los del primer tipo cabe destacar el Acuerdo relativo a un Consejo sobre Comercio e Inversión entre los gobiernos de Argentina,

Brasil, Paraguay, Uruguay y los Estados Unidos, suscripto en junio de 1991; el Memorandum de Entendimiento en materia de subsidios y derechos compensatorios, en septiembre del mismo año; el Tratado de promoción y protección de inversiones, suscripto entre Argentina y Estados Unidos, en noviembre; la firma del Memorándum de Entendimiento entre el Departamento de Comercio norteamericano y el Ministerio de Economía, en junio de 1994; y, finalmente, la Declaración de Propósitos de Cooperación de la Embajada Argentina y los consulados argentinos en los Estados Unidos y el Servicio Comercial Exterior y el Servicio Comercial Exterior del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, en junio de 1996.

Por su parte, entre los gestos y logros dirigidos al ámbito de las inversiones extranjeras cabe citar la firma del Tratado de promoción y protección de inversiones con Estados Unidos en agosto de 1992 y la propuesta argentina de dolarización de la economía, efectuada en los meses de enero y febrero de 1999, durante el último tramo del segundo gobierno de Menem.

No obstante los logros generados por dichos gestos –que pueden resumirse en un aumento sustantivo de la inversión extranjera directa norteamericana en el mercado argentino y en un incremento sostenido del intercambio comercial bilateral durante la década de 1990-, los mismos no implicaron la total ausencia de obstáculos. Estos últimos estuvieron ligados tanto a las medidas proteccionistas adoptadas por ambos países en el ámbito comercial, como a la persistencia de factores extraeconómicos en la Argentina que impidieron una profundización de los vínculos bilaterales. Factores tales como la falta de garantía jurídica argentina a las inversiones extranjeras y las fallas en la seguridad en los aeropuertos privatizados. Obstáculos a los que se sumó la continuidad de prácticas corruptas que trabaron la consolidación de proyectos de inversión ya existentes y la gestión de nuevos proyectos.

a. Los gestos y logros en el ámbito comercial

a. 1.) Los gestos: la firma del Acuerdo relativo a un Consejo sobre Comercio e Inversión entre los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y los Estados Unidos

Este acuerdo, firmado en Washington el 19 de junio de 1991 por los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y los Estados Unidos (razón por la que se lo conoció también como el acuerdo "Cuatro más Uno"), constituyó el primer paso dado por la administración Menem en materia de desarrollo del comercio y las inversiones recíprocas con Estados Unidos y con los países miembros del MERCOSUR. Fue una respuesta concreta a la "Iniciativa para las Américas" lanzada por el presidente norteamericano George Bush en 1990. Fue también una respuesta a la necesidad de las partes, en tanto miembros del GATT, de discutir y aunar posiciones respecto de temas controvertidos, tales como los vinculados a la protección a los derechos de propiedad intelectual, la liberalización del comercio agrícola y la eliminación de barreras no arancelarias. Por el artículo I de este acuerdo, se constituía el Consejo Consultivo sobre Comercio e Inversión. Por su parte, los artículos II a VII establecían modalidades de funcionamiento de dicho Consejo, mientras que el V hacía explícitos los objetivos de este organismo: lograr mercados cada vez más abiertos entre Estados Unidos y los países sudamericanos firmantes; efectuar el seguimiento del comercio y las relaciones de inversión, identificando oportunidades para la liberalización del comercio y de la inversión; e identificar y trabajar para la eliminación de los impedimentos a los flujos de comercio e inversión. (1)

a. 2.) Los gestos: la firma del Memorandum de Entendimiento en materia de subsidios y derechos compensatorios

Este acuerdo fue firmado por el canciller argentino Guido Di Tella y el embajador norteamericano en la Argentina Terence Todman, en Buenos Aires, el 20 de septiembre de 1991. El mismo consignó el reconocimiento norteamericano a "las iniciativas adoptadas por el gobierno argentino para profundizar la orientación de mercado de su economía", tales como la

reducción de la participación del Estado en la economía y la eliminación de los subsidios a la exportación, incompatibles con el artículo 9 y la Lista Ilustrativa del Acuerdo sobre la Interpretación y la Aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) (el llamado "Acuerdo sobre Subsidios") (2) .

En especial, el Entendimiento firmado por los representantes gubernamentales de ambos países destacaba las acciones adoptadas por las autoridades de la Casa Rosada en lo tocante al compromiso de no innovar ("standsstill"), aplicado a la derogación de los programas especiales de exportación (PEEX) (3); la derogación de la deducción impositiva a los exportadores a través del artículo 2° del decreto 553 del 2 de mayo de 1989 (4); la Ley de Emergencia Económica, sancionada el 25 de septiembre del mismo año como Ley 23.697, que suspendía los subsidios estatales (5); la administración del reintegro de impuestos indirectos pagados o acumulados por los exportadores de manera concordante con el Acuerdo de Subsidios (6); la suspensión de todo tipo de financiación oficial a las exportaciones, sancionada a través de la Comunicación "A" 1807 (OPRAC-I-313) del 8 de marzo de 1991 (7); la reducción y pago en efectivo de dichos reintegros, establecidos por el Decreto 612 del 11 de abril de 1991 (8); y, finalmente, el establecimiento del 1° de enero de 1995 como fecha tope para la derogación del reembolso de las mercaderías exportadas a través de los puertos patagónicos (9)

Como contrapartida a las medidas mencionadas en el párrafo anterior, en el texto del Entendimiento el gobierno norteamericano designaba a la Argentina

"(…) como un "país bajo Acuerdo" para los fines de la Ley de Derechos Compensatorios de los Estados Unidos, y para toda investigación de derechos compensatorios vigente o iniciada con posterioridad a la fecha efectiva de entrada en vigor del presente Entendimiento, otorgará la prueba del daño en todas las investigaciones por derechos compensatorios de productos provenientes de la Argentina. Ninguna cláusula del presente Entendimiento será interpretada para impedir al Gobierno de los Estados Unidos la imposición de derechos compensatorios de conformidad con la legislación interna una vez que se haya determinado el daño ocasionado.

En vista de los compromisos asumidos por el Gobierno argentino, el Gobierno de los Estados Unidos acuerda completar antes del 1ro. de noviembre de 1991 todas las revisiones administrativas de órdenes de derechos compensatorios sobre exportaciones argentinas iniciadas con anterioridad al 1ro. de noviembre de 1990. Toda revisión administrativa de derechos compensatorios iniciada después del 1ro. de noviembre de 1990 será completada dentro del término de un año a partir del mes aniversario de la revisión. El Gobierno argentino responderá en término a todos los requerimientos de información efectuados por el Departamento de Comercio en el curso de estas revisiones administrativas. (10)

a. 3.) Los gestos: La firma del Memorandum de Entendimiento entre el Departamento de Comercio y el Ministerio de Economía

Un gesto importante del gobierno argentino destinado a generar un mayor grado de confianza externa destinado a intensificar el intercambio comercial entre Argentina y Estados Unidos y, a la vez, atraer inversiones de origen norteamericano, fue, sin lugar a dudas, la firma, por parte del entonces ministro de Economía argentino, Domingo Cavallo, y del secretario del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Ronald H. Brown, de un Memorandum de Entendimiento el 29 de junio de 1994 en Buenos Aires. Por el mismo, se estableció la creación de un Consejo para el Desarrollo de Negocios (Business Development Council), encargado de promover el comercio y la inversión entre Argentina y Estados Unidos y de asistir a los respectivos sectores privados de ambos países en dicha promoción. (11)

a.4.) Los gestos: la firma de la Declaración de Propósitos de Cooperación de la Embajada Argentina y los consulados argentinos en los Estados Unidos y el Servicio Comercial Exterior y el Servicio Comercial Exterior del Departamento de Comercio de los Estados Unidos

Dentro de este apartado vinculo a los gestos del gobierno de Menem en materia comercial, cabe consignar la firma en Buenos Aires el 14 de junio de 1996 de la Declaración de Propósitos de Cooperación de la Embajada Argentina y los consulados argentinos en los Estados Unidos y el Servicio Comercial Exterior y el Servicio Comercial Exterior del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Dicha declaración tenía por propósito el de "facilitar, promover y expandir las relaciones comerciales bilaterales" en las siguientes áreas:

1. de utilización de bases de datos económicas y comerciales y comerciales, "a efectos de detectar nichos de mercado, canales de distribución y socios comerciales para los bienes y servicios argentinos y estadounidenses";

2. de participación de empresas argentinas y estadounidenses en ferias, exposiciones y misiones comerciales, por medio del intercambio de listados de contactos y la organización conjunta de conferencias, seminarios y rondas de negocios;

3. de cooperación de las partes en la búsqueda de socios o contactos para oportunidades de negocios entre Estados Unidos y la Argentina, identificadas a través del Consejo para el Desarrollo de Negocios entre Argentina y los Estados Unidos (CDN); y

4. de intercambio de información entre las partes firmantes en lo referente a personas y empresas interesadas en el comercio bilateral. (12)

a. 5. ) Los logros: las estadísticas del intercambio comercial argentino-norteamericano

Por cierto, la firma de los acuerdos mencionados en el apartado anterior tuvieron un efecto notorio en el aumento del conjunto del intercambio bilateral, que pasó de 2430 millones de dólares en 1989 a casi triplicarse en 1994, alcanzando la cifra de 6191 millones. (13) Durante la primera presidencia de Menem (1989-1995) el comercio entre ambos países se expandió, en términos porcentuales, un 154 % respecto de la década anterior, acompañando la tendencia hacia el alza que experimentó en ese momento la economía mundial. (14)

Por cierto, la contrapartida de este incremento en el conjunto del intercambio bilateral fue el aumento del déficit comercial de la Argentina con Estados Unidos en el período 1991-1993, el que creció de 758 millones de dólares a 2570 millones, lo cual representó un incremento del 239 %. (15) En 1994 el saldo negativo de la balanza comercial argentina trepó a 2741 millones de dólares. (16)

b) Los gestos y logros en el ámbito de las inversiones

b. 1. ) El Tratado de promoción y protección de inversiones con Estados Unidos

Por cierto, la firma de este Tratado constituyó uno de los pasos más relevantes adoptados por el gobierno de Menem en la búsqueda de un mayor grado de credibilidad externa. Así, su artículo II especificaba que el tratamiento acordado a las inversiones no sería menos favorable que el acordado en situaciones similares para inversiones y actividades asociadas de nacionales o compañías de cualquier tercer país; que dicho tratamiento sería justo, equitativo y no menor que el exigido por la ley internacional; que se excluían aquellas medidas arbitrarias o discriminatorias para el manejo, operación, mantenimiento, uso, gozo, adquisición, expansión o eliminación de las inversiones; y que ninguna de las partes firmantes impondría exigencias de performance como condición de establecimiento, expansión o mantenimiento de las inversiones. Asimismo, su artículo IV descartaba la expropiación o nacionalización de las inversiones, excepto por un propósito público, y contemplaba en dicho caso el pago de una indemnización y el derecho de la parte expropiada a revisar judicialmente si dicho acto de

expropiación era conforme al Tratado suscripto y a los principios de la ley internacional. A su vez, sus artículos VI, VII y VIII preveían la consulta de las partes respecto de las disputas sobre interpretación o aplicación de cláusulas del Tratado, y los mecanismos de resolución de dichas disputas. El artículo IX mencionaba las excepciones a dichos mecanismos de resolución de disputa (tales como las disputas que surgiesen bajo el crédito de exportación, programas de garantías o de seguros del Export-Import Bank de los Estados Unidos, o bajo otro crédito oficial, arreglos de garantías o de seguros conforme a los cuales las partes firmantes acordaron otros medios de resolución de las disputas). Finalmente, el artículo X del Tratado dejaba expresas las instancias jurídicas no derogadas por su firma: las leyes y regulaciones, prácticas o procedimientos administrativos, o decisiones administrativas o adjudicatorias de cualquiera de las dos partes; las obligaciones legales internacionales; y las obligaciones asumidas por cualquiera de las partes, incluidas aquellas contenidas en un acuerdo o en una autorización de inversión, que autorizaran a las inversiones o actividades asociadas a un tratamiento más favorable que el contemplado por el Tratado en situaciones similares. (17)

Este Tratado de promoción y protección recíproca de inversiones fue aprobado en la Argentina por la ley N° 24.414 del 26 de agosto de 1992, y entró en vigencia a partir del 20 de octubre de 1994.

b. 2.) La propuesta argentina de dolarización

Durante su segundo gobierno (1995-1999), Carlos Menem debió enfrentar una serie de shocks externos que pusieron a prueba la vulnerable estabilidad económica lograda por la Argentina gracias al régimen de convertibilidad y a las medidas económicas de liberación económica y de atracción de las inversiones externas. Así, a la crisis mexicana de 1994 (conocida como efecto "tequila") se sucedieron otras, como la del sudeste asiático en julio de 1997, la rusa en agosto de 1998 y la brasileña en enero de 1999.

En el contexto de la última de las crisis mencionadas, el 14 de enero, el entonces presidente argentino lanzó una idea para contrarrestar futuras crisis externas como la que estaba viviendo en ese momento Brasil: la dolarización, consistente en la creación de una moneda única en el continente, atada al dólar como ocurre con el peso. La iniciativa de Menem, aunque inviable -porque hubiera requerido un prolongado proceso de acuerdos económicos y políticos nacionales e internacionales-, tenía una virtud: la de demostrar a los mercados externos que el gobierno estaba dispuesto a hacer lo necesario para mantener la paridad peso-dólar y la convertibilidad. Por cierto, este mensaje buscaba demostrar la firmeza del compromiso del gobierno argentino con el plan económico adoptado y procura desterrar cualquier sospecha de medidas alternativas al régimen de convertibilidad, como una devaluación. Declaraciones como la de Javier Murcio, del banco CS First Boston y de Fernando Lozada, del ING Baring, fueron coincidentes en interpretar el plan para dolarizar la economía como un mensaje de certidumbre, que dejaba sentado que Argentina no seguiría el camino brasileño de dejar flotar la moneda o se tentaría con modificar el esquema de convertibilidad. (18)

Una semana después, el 21 de enero, el titular del Banco Central argentino, Pedro Pou, confirmó la decisión del gobierno de marchar hacia la dolarización de la economía a través de un Tratado de Asociación Monetaria a concretarse inicialmente con Estados Unidos. En un contexto donde la gestión de Menem miraba con preocupación la posibilidad de "contagio" de la crisis brasileña (el valor del real se había caído un 31% en siete jornadas hábiles) y en el que la banca de inversión estadounidense Morgan Stanley alertó acerca de la inevitable devaluación del peso argentino, la defunción del peso y el Tratado de Asociación Monetaria con Estados Unidos aparecieron, desde la óptica del Gobierno y de un equipo económico, como las únicas alternativas para eliminar en inversores y banqueros externos el temor a una devaluación. (19)

Como era de esperarse, la propuesta de dolarización tuvo opositores y defensores en la Argentina y en los Estados Unidos. Así, en el primer caso, mientras el candidato presidencial de la Alianza, Fernando de la Rúa, el diputado Rodolfo Terragno, Graciela Fernández Meijide, el economista radical Adalberto Rodríguez Giavarini y el ex-presidente Raúl Alfonsín coincidieron en rechazar el plan de dolarización del gobierno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, valoró el significado político de la iniciativa menemista, sosteniendo que este plan de dolarización constituye una fuerte señal de que "se va a defender en serio la estabilidad". Por su parte, el diputado de Acción por la República Domingo Cavallo sostuvo que la posibilidad de dolarización "debe ser decidida por la gente" y que el gobierno "no debe tratar de imponerla compulsivamente". (20)

En el caso de los Estados Unidos, la propuesta de dolarización recibió el respaldo de la calificadora de riesgos Duff and Phelps, quien la definió como

"el camino más rápido para que Argentina lograra la calificación de investment grade (grado de inversión)" de su deuda, hasta el momento ubicada en el rango de especulativa. (21)

Asimismo, el titular del FMI, Michel Camdessus, afirmó que la dolarización de las economías de América Latina requería de "mucha reflexión" pero que el Fondo Monetario Internacional (FMI), estaba dispuesto a trabajar con los países que quisieran estudiar la opción. (22)

No obstante estos apoyos externos, tanto el titular de la Reserva Federal norteamericana, Alan Greespan, como el subsecretario del Tesoro, Larry Summers, coincidieron en sus reservas respecto de la propuesta argentina. El primero sostuvo que la política monetaria de su país era "siempre, en primer lugar, para Estados Unidos" y que no podían ser a la vez "el banco central de Estados Unidos y de otros países" (23). Por su parte, Summers dijo que su país no alentaría la aplicación de la dolarización en América Latina (24), pues el país que optara por dicha alternativa debería estar preparado "para aceptar las consecuencias de renunciar a su independencia monetaria y al manejo de sus tasas de interés". En términos similares a su colega Greenspan, sostuvo que "no sería apropiado" que las autoridades económicas norteamericanas ajustaran "sus responsabilidades de supervisión bancaria" y las extendiesen "fuera del país". (25)

Más allá de la polémica, el gobierno de Menem había logrado su objetivo principal: el de convencer a los tenedores de bonos y potenciales inversores que la Argentina estaba dispuesta a adoptar un Tratado de Asociación Monetaria con Estados Unidos con tal de no renunciar a la convertibilidad y la estabilidad económica, logros que permitieron a la economía argentina diferenciarse de las del resto de los países emergentes hasta el colapso final de fines de 2001, que apartó a la Argentina del esquema de convertibilidad adoptado casi diez años antes, en abril de 1991.

b. 3.) Los logros: las estadísticas acerca del crecimiento de las inversiones norteamericanas en la Argentina

Durante la década de 1990 registró un notorio crecimiento de las inversiones externas en la Argentina, especialmente las norteamericanas, que ocuparon el primer lugar, representando un 41,8 % del total entre 1990 y 1997 y alcanzando una cifra cercana a los 26.430 millones de dólares. (26)

Las cuestiones pendientes en materia de comercio e inversiones

Por cierto, las exitosas medidas adoptadas por el gobierno argentino para atraer capitales externos, tuvieron por contrapartida la existencia de una serie de cuestiones pendientes o no resueltas en la dimensión económica de la agenda con Estados Unidos que obstaculizaron

proyectos de inversión y que, además, generaron cortocircuitos en la dimensión político-diplomática de dicha agenda.

Dentro de esta categoría de cuestiones pendientes, pueden citarse dos grandes grupos: el vinculado al problema de la falta de seguridad jurídica a las inversiones extranjeras (y en particular, a las norteamericanas) y el ligado a los casos de corrupción que afectaron a licitaciones o a proyectos de inversión de empresas estadounidenses.

a) Las cuestiones pendientes en el capítulo comercial

a.1.) Las quejas argentinas respecto de los obstáculos comerciales provenientes de Estados Unidos

a. 1.1.) El problema de los subsidios agrícolas

Por cierto, la utilización de subsidios en las exportaciones de productos agrícolas por parte de los Estados Unidos constituyó otra de las cuestiones pendientes de la agenda comercial bilateral. Cabe destacar que los productos subsidiados ejercen un efecto depresivo sobre los precios internacionales y conducen al desplazamiento de las exportaciones argentinas en los mercados que reciben los subsidios. En el caso particular de la Argentina ambos efectos son notoriamente perjudiciales por el peso del sector agrícola en el conjunto de la economía y como proveedor de divisas. Dada la importancia de esta cuestión, el gobierno de Menem desarrolló actividades dirigidas a impedir o reducir el impacto negativo de la guerra de subsidios entre Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea (CEE) y de diferentes políticas proteccionistas agropecuarias a nivel mundial. (27)

En este contexto, cabe destacar el negativo impacto del programa conocido como EEP (Export Enhacement Program) sobre las exportaciones argentinas. Este programa fue lanzado en mayo de 1985 con el objetivo de hacer más competitivas las exportaciones norteamericanas. Las autoridades de la Unión justificaron esta decisión argumentando en su momento la pérdida de mercados como consecuencia de la utilización de subsidios por parte de otros países, en particular los pertenecientes a la CEE (en la actualidad Unión Europea –UE-). Desde el inicio del EEP en junio de 1985 hasta fines del año fiscal 1994 se otorgaron subsidios de exportación por un valor de aproximadamente 6150 millones de dólares. Del valor total de los subsidios, alrededor de las ¾ partes han sido asignadas a las exportaciones de trigo (con un total de aproximadamente 145 millones de tonaladas entre trigo y harina). La participación del trigo llegó a más del 80 % en la última mitad de 1990, debido al derrumbe de los precios internacionales. Otros productos exportados dentro del EEP incluyeron 14 millones de toneladas de otros granos, casi 2 millones de toneladas de aceites de oleaginosas, 350.000 toneladas de cebada cervecera, 300.000 toneladas de productos avícolas, 150 millones de docenas de huevos y alrededor de 70.000 cabezas de ganado vacuno. (28)

Este problema fue planteado por primera vez por el presidente Menem durante el encuentro que sostuvo con su colega Bush en Nueva York a principios de octubre de 1990. En dicha ocasión, el mandatario argentino señaló a su colega norteamericano la necesidad de encontrar soluciones frente a las trabas impuestas a la importación de cueros argentinos y a los problemas creados por la baja en los precios del trigo, agravados por las ventas norteamericanas a precios subsidiados. En respuesta a la inquietud expresada por Menem, Bush dio instrucciones para que en el curso de las entrevistas que el presidente argentino mantuvo en Washington con diversos funcionarios de la administración republicana (el secretario de Agricultura, Clayton Yeutter; el secretario de Comercio, Robert Mosbacher; la representante comercial, Carla Hills; y el secretario del Tesoro, Nicholas Brady), se consideraran posibles mecanismos para resolver los obstáculos del comercio bilateral. En esta segunda ronda de contactos, Menem fue asistido por el canciller Domingo Cavallo, el ministro de Economía, Antonio Erman González, el secretario

de Agricultura, Felipe Solá y el embajador argentino en los Estados Unidos, Guido Di Tella. (29)

Como contrapartida a la visita de Menem, el 23 de octubre tuvo lugar la del secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Clayton Yeutter, a la Argentina, con el objetivo de continuar las conversaciones sobre el problema de los subsidios agrícolas iniciadas por el presidente Menem durante su visita a los Estados Unidos a principios de ese mismo mes. Yeutter se entrevistó con el ministro de Economía argentino, Erman González, y con el subsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Felipe Solá, y coincidió con éstos respecto de la necesidad de negociar una reforma sustancial en el campo agroindustrial, que eliminara el obstáculo representado por las posturas proteccionistas europea y japonesa en el contexto de las negociaciones del GATT. (30)

No obstante el clima cordial de estos contactos, no hubo avances significativos en la resolución de este problema, debido al peso del lobby de los productores agrícolas norteamericanos (los farmers) en el Congreso. Con el cambio de administración en la Casa Blanca, esta tendencia no se modificó sustancialmente. Así, el 20 de marzo de 1994, durante la visita a la Argentina del vicepresidente Al Gore, Menem propuso al visitante que la región fuese declarada libre de subsidios, tema que el gobierno argentino aspiraba que se tratara en la Cumbre de las Américas que se realizó en Miami en diciembre de 1994. Pero, contra las expectativas del presidente argentino, Gore sostuvo que los subsidios se mantendrían "mientras los mantenga la Comunidad Europea". (31)

Por cierto, la situación de alianza estratégica a la que arribó la relación bilateral, reforzada por el acceso de la Argentina a la categoría de aliado extra-OTAN, no implicó el fin de las dificultades comerciales, expresadas en la existencia de mutuas barreras al intercambio: a los subsidios agrícolas y las medidas proteccionistas norteamericanos que afectaron a productos exportables argentinos se sumó la existencia de derechos específicos que la Argentina aplicaba al calzado y a los productos textiles norteamericanos. (32)

a. 1. 2.) El problema de las medidas proteccionistas norteamericanas

Junto con el problema de los subsidios agrícolas, otro importante obstáculo de la agenda bilateral lo constituyó, sin lugar a dudas, las medidas proteccionistas norteamericanas que afectaron a una serie de productos exportables argentinos, tales como lanas, cueros, maní, pasta de maní y tubos de acero, entre otros. Este fue un obstáculo particularmente relevante durante la administración Clinton, cuyo perfil en política comercial fue particularmente duro. Así, el 22 de junio de 1993, el lobby de la industria acerera norteamericana obtuvo una importante victoria, tras la aprobación, por parte del Departamento de Comercio, de impuestos compensatorios sobre importaciones de acero provenientes de 20 países, entre ellos Argentina, Brasil y México. (33)

De acuerdo con el texto de un memorandum secreto al que tuvo acceso Clarín, a partir de la salida de Domingo Cavallo del ministerio de Economía, hubo modificaciones en la estrategia –privilegiada por el propio Cavallo y por el canciller Guido Di Tella- de prestar atención y satisfacer los reclamos norteamericanos en la esfera comercial de la agenda a cambio de un renovado impulso a la relación política bilateral y a las negociaciones para reestructurar la deuda externa. Dicho documento destacaba los escasos réditos comerciales de la estrategia adoptada por Cavallo y Di Tella y los problemas vinculados a patentes y a las restricciones comerciales norteamericanas a las exportaciones argentinas de lana, cuero curtido y tubos de acero, así como los ligados a la persistencia de barreras sanitarias sobre las exportaciones de carnes argentinas. (34)

En sintonía con el endurecimiento de la política comercial norteamericana, el memorandum elaborado por el equipo económico de Roque Fernández destacaba la necesidad de "buscar un mayor equilibrio en materia de tratamiento comercial para los temas de interés argentino". El documento respondía positivamente a la posición del Congreso argentino al proponer el endurecimiento de los reclamos ante las autoridades norteamericanas y contemplar, en caso de que dichas autoridades no eliminasen las presiones y las restricciones comerciales a la Argentina, la posibilidad de

"llevar estos temas a los organismos multilaterales de comercio". (35)

No obstante este cambio de estrategia, los obstáculos ligados a las medidas proteccionistas norteamericanas no pudieron ser removidos, a pesar de algunas gestiones oficiales, como la visita del secretario de Comercio, William Daley, a la Argentina, que tuvo lugar entre los días 15 al 17 de mayo de 1997, y cuyo objetivo consistió en revisar -y eventualmente revocar- los derechos compensatorios norteamericanos que afectaban las exportaciones argentinas de lanas, cueros, tubos sin costura y laminados de acero. (36)

En este difícil contexto, uno de los pasos más importantes de la política comercial norteamericana por su significado simbólico para los productores ganaderos argentinos fue la decisión de permitir el ingreso de carne argentina al mercado estadounidense. La importancia estaba ligada al lugar simbólico protagónico que ocupa la carne en la economía y cultura argentinas. La prohibición de importar carne argentina por estar infectada con aftosa –vigente desde la sanción de la orden 298 del Bureau of Animal Industry del Departamento de Agricultura en septiembre de 1926- fue un serio golpe al orgullo de los ganaderos argentinos quienes percibieron esta medida y las subsiguientes como evidencias de una política proteccionista y discriminatoria hacia la Argentina, en vez de analizarlas como el resultado de una política sanitaria responsable, que incluyó masivas matanzas de ganado norteamericano durante los años de la Gran Depresión (1929-1932) con el fin de evitar el contagio del virus de la aftosa en los planteles. (37)

Setenta años después de esa primer prohibición, y dada la falta de evidencia de aftosa en el ganado argentino –la razón principal que había impedido su ingreso en el mercado norteamericano-, el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura instó a partir de 1996 a remover este obstáculo. Superadas las trabas burocráticas iniciales, el visto bueno del Congreso llegó en agosto de 1997, fecha a partir de la cual el gobierno de Menem pudo celebrar uno de sus logros simbólicos más importantes: los norteamericanos podían comer carne argentina en sus restaurantes. (38)

Por cierto, el impacto simbólico de este logro se vio parcialmente minimizado por los efectos de una coyuntura internacional poco favorable para las exportaciones de carne argentinas. Esta situación se debió principalmente al peso de dos factores externos: a) el aumento de la oferta de carnes por parte de Estados Unidos; y b) la restricción en la demanda europea, influida por los temores de los consumidores comunitarios en relación a la "enfermedad de la vaca loca" que, si bien estaba en vías de superación, había causado un profundo impacto en los años anteriores. (39)

Finalmente, con respecto al maní y pasta de maní argentinos, el 6 de septiembre de 1995 la Argentina recibió a través de una carta la negativa del representante comercial de los Estados Unidos (USTR), Michael Kantor, a la solicitud de Buenos Aires de que Washington exija a los importadores de maní y de sus productos, la presentación de certificados de origen emitidos por autoridades argentinas para que dichos productos sean contabilizados dentro de las cuotas arancelarias que la Argentina poseía como resultado de las negociaciones bilaterales del GATT / 94. Uno de los argumentos esgrimidos por el USTR para justificar dicha negativa fue la oposición de su propia industria, que temía que la administración de la cuota por parte de la

Argentina limitase su acceso a la oferta exportable del país. El otro argumento utilizado por las autoridades comerciales norteamericanas fue que legalmente el Memorandum de Entendimiento firmado entre los dos países el 24 de marzo de 1994, no requería que el gobierno norteamericano exigiese a sus importadores la posesión de certificados de origen como condición para la importación dentro de la cuota. Finalmente, la carta mencionaba que ante la preocupación de las autoridades de Buenos Aires sobre la posibilidad que maní proveniente de otros países fuese ingresado dentro de la cuota perteneciente a la Argentina, se había solicitado al Comisionado de la Aduana de los Estados Unidos, George Weise, que realizara verificaciones para comprobar que el producto ingresado como argentino había sido producido en dicho país. (40)

Ante esta situación, la Argentina protestó señalando que la no aceptación por parte de las autoridades comerciales de los Estados Unidos de los certificados de origen emitidos por sus pares argentinas representaba un menoscabo de las concesiones otorgadas a Buenos Aires como parte de las negociaciones bilaterales, desde que el gobierno de Menem había aceptado la imposición de cuotas a los subproductos del maní (inexistentes hasta ese momento) bajo la condición que se asegurara el acceso del maní confitería argentino al mercado estadounidense. (41)

A esta dificultad, cabe añadir la derivada de la detención de seis embarques de maní argentino en agosto de 1995 por parte del Food and Drug Administration de los Estados Unidos (FDA) realizadas aparentemente por la presencia de pesticidas no permitidos. Si bien fueron posteriormente liberados, tras comprobar con análisis de laboratorio la inexistencia de residuos tóxicos, como dicho producto estaba triangulado desde Canadá y Holanda, las importaciones del mismo no estaban amparadas por certificados de origen argentinos. Este obstáculo llevó a las autoridades argentinas a reclamar ante las norteamericanas, sin demasiado éxito, que modificaran su decisión de no aceptar los certificados de origen. (42)

Finalmente, en referencia a la pasta de maní argentina, el gobierno de Clinton estableció una cuota para Argentina de 3650 toneladas más una parte de las 1600 toneladas adicionales establecidas para los países comprendidos en el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Según los datos de la Aduana de los Estados Unidos, el 30 de octubre de 1995 ingresaron desde la Argentina 1.130 toneladas de pasta de maní, que representaron el 30,7 % del total de las importaciones en este rubro. (43)

a. 2.) Las quejas norteamericanas respecto de los obstáculos comerciales provenientes de la Argentina

a. 2. 1.) El problema de la protección argentina al calzado y productos textiles

A principios de octubre de 1996, el canciller Guido Di Tella puso sobre el tapete la existencia de "desacuerdos" con Estados Unidos y con la Unión Europea por la protección que la Argentina aplicaba para la industria textil y de calzados. Las quejas del Departamento de Comercio norteamericano recaían sobre los aranceles adicionales (derechos específicos) que la Argentina cobraba a todas las importaciones de calzados deportivos. (44)

De acuerdo con la posición norteamericana, costaba mucho más caro vender zapatillas en la Argentina que en cualquier otro país. Sin embargo, las exportaciones norteamericanas en este rubro dirigidas al mercado argentino fue en ese momento menor al millón de dólares. Frente a las presiones norteamericanas, Di Tella sostuvo que si Estados Unidos presenta sus quejas ante la OMC, Argentina haría lo propio respecto de las restricciones norteamericanas a las exportaciones argentinas de carne bovina y maní. (45)

a. 2. 2.) La cuestión de las leyes de patentes farmacéuticas y de confidencialidad

Por cierto, esta cuestión de la agenda económico-comercial ocupó durante el gobierno demócrata de Bill Clinton (1993-2000) una importancia acorde a la que este mismo tema tuvo en la agenda comercial de su antecesor George Bush (1989-1994). Cabe recordar que durante la gestión de este último, el Departamento de Estado colocó un fuerte acento en las cuestiones comerciales en sus instrucciones a los embajadores acreditados en el exterior. Ejemplo de ello fue la actitud del embajador norteamericano en la Argentina, Terence Todman, de denunciar a través de una carta dirigida a los dirigentes argentinos a fines de 1990 los obstáculos a las empresas de su país, ligados a maniobras corruptas de funcionarios gubernamentales. (46) Meses antes, en julio de 1990, la embajadora comercial norteamericana, Carla Hill, exigió la modificación de la ley de patentes vigente en la Argentina –la Ley 111- (47) bajo la amenaza de represalias similares a las que Brasil había sufrido a fines de 1988. El gobierno de Menem respondió a las exigencias de la visitante con la promesa verbal de modificar la legislación hacia fines de 1991. (48)

Ante las crecientes presiones diplomáticas norteamericanas, el canciller Guido Di Tella sostuvo que

"(…) el patentamiento farmacéutico es el precio que debemos pagar para ingresar al Club de Occidente". (49)

En el caso particular de la ley de patentes, Clinton no se distinguió de su antecesor. Cabe destacar que durante su etapa como candidato presidencial, había hecho de la cuestión comercial el eje central de su campaña de 1992. Durante la misma, Clinton prometió

"defender a los trabajadores haciendo frente a los países que no cumplan con las reglas del libre y justo comercio" (50)

De acuerdo con Marc Levinson, economista especializado en comercio de la revista Newsweek, tanto Clinton como su encargado de campaña, Michael Kantor, adoptaron en forma entusiasta los puntos de vista de la economista Laura D’Andrea Tyson, quien señalaba que los Estados Unidos eran víctimas de los subsidios y barreras comerciales de otros países. De acuerdo con estos postulados, Levinson opina que la administración Clinton siguió una política comercial que medía la apertura no por el texto de una acuerdo formal sino por el éxito mensurable que tuviesen las empresas norteamericanas en penetrar los mercados externos. (51)

En realidad, la dureza que caracterizó a la administración demócrata en materia de política comercial reconocía puntos de contacto con el cambio de política operado durante el último tramo de su antecesor, George Bush. Durante Al respecto, cabe destacar que a fines de agosto de 1991, el canciller argentino, Guido Di Tella, reconoció la amenaza de represalias por parte de las autoridades norteamericanas en el caso que la Argentina no adoptase una ley que protegiera las patentes de los medicamentos. (52)

Frente a estas declaraciones del ministro, la Cámara de la Industria y Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), sacó una solicitada que denunciaba las presiones de Washington en los siguientes términos:

"(…) Y con una ley de patentes monopólica será mucho peor. El Canciller ha confirmado públicamente lo que nosotros le hemos estado advirtiendo a usted desde hace tiempo. Bajo presiones y amenazas, se intenta la aprobación, sin discusión ni debate, de una ley de patentes medicinales totalmente restrictiva.Sus consecuencias serán mucho más graves que las anunciadas represalias. Aumento desproporcionado de los precios de los medicamentos.Quiebra de las obras sociales, que no podrán afrontarlos.

Desabastecimiento típico de los regímenes monopólicos.¿Quién podrá garantizar la estabilidad económica en tales condiciones?¿Quién lo protegerá a usted de todos esos graves perjuicios?La respuesta es que se debata una ley que, reconociendo el derecho del inventor, garantice la libre competencia entre todos los laboratorios, nacionales y extranjeros.Y respete el derecho de todos los argentinos a seguir comprando los remedios que necesitan.". (53)

A su vez, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) salió a refutar los argumentos esgrimidos por CILFA, a través de una solicitada que decía lo siguiente:

"¡Las patentes de medicamentos no son monopólicas porque su médico dispone de diversas terapias para solucionar su problema. Los países del primer mundo y los que están ingresando o desarrollan esfuerzos por hacerlo, las tienen.

Argentina necesita:

• Estimular las inversiones • Promover el progreso tecnológico • Aportar nuevos medicamentos a precios competitivos

Ley de patentes farmaceúticasEl mejor remedio contra el monopolio". (54)

Por cierto, las preocupaciones de CILFA respecto del resultado de esta pugna no eran nada infundadas, dado que CAEME contaba con aliados poderosos para su causa. El ministro de Economía, Domingo Cavallo, se colocó en esta lucha del lado del embajador Terence Todman y atacó a la entidad señalando que sus protestas contra el diplomático

"pueden llegar a afectar la relación argentino-norteamericana". (55)

Con el cambio de administración en la Casa Blanca y el reemplazo de Todman por James Cheek al frente de la Embajada norteamericana en Buenos Aires, no hubo cambios sensibles en la política de Washington respecto de la cuestión de las patentes. Antes bien, Cheek dio tempranas señales de su intransigencia frente a la ley vigente en la Argentina. Así, el 22 de febrero de 1994, Cheek no dudó en advertir al gobierno peronista que la modificación de la legislación vigente era una requisito sine qua non para el eventual ingreso de la Argentina al Area de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). (56)

Curiosamente, y en contra de lo que suele suponerse, durante los años de la administración Menem, la Argentina se comprometió a adoptar una legislación comercial que en términos generales estuvo más acuerdo con los lineamientos del Acuerdo de Tarifas y Comercio (GATT) y su sucesora, la Organización Mundial de Comercio (OMC), que con los dispuestos por la normativa de los Estados Unidos, más rígida que la de estos organismos multilaterales. Dentro de este contexto general de adhesión al GATT-OMC, la gestión menemista procuró un régimen legal de protección de la propiedad de patentes de medicamentos extranjeros que estaba en sintonía con la organización mundial pero no con las prioridades del gobierno de Clinton, quien, respondiendo a las presiones del lobby farmacéutico norteamericano, consideró que el marco de la OMC era inadecuado y exigió más protección, percepción que llevó a inevitables roces con las autoridades de Buenos Aires y, en especial, con el Congreso argentino. Los legisladores argentinos, sensibilizados con la persistente presión diplomática de Estados Unidos –personalizada en el embajador norteamericano en la Argentina, James Cheek- comenzaron a percibir la cuestión de patentes como una ligada a la soberanía nacional. (57)

Sobre la base de esta percepción paradójicamente alimentada por la creciente intervención de Cheek –dueño de un estilo poco diplomático que hacía recordar a las pasadas intervenciones del embajador Spruille Braden en 1945- (58), los diputados y senadores argentinos terminaron alineándose con la posición de las entidades farmacéuticas nacionales, agrupadas en la Cámara de la Industria y Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), entidad que resistió las exigencias procedentes de Washington por considerar que las mismas implicarían un exagerado incremento en los precios de los medicamentos en el mercado argentino, como fruto del monopolio de los intereses de los laboratorios farmacéuticos norteamericanos. (59)

La primera ocasión donde la administración demócrata evidenció su preocupación fue en marzo de 1994, en ocasión de la visita del vicepresidente norteamericano, Al Gore, a la Argentina. En dicha oportunidad, el visitante reclamó por la pronta sanción de una ley de patentes farmacéuticas. Gore partió de Buenos Aires con el compromiso personal del presidente Menem, según un comunicado oficial, para conseguir la aprobación de la legislación sobre patentes, proyecto trabado en el Senado. (60)

Como ocurriese con el caso del misil Cóndor, la presión del gobierno y de la Embajada norteamericanos a favor de una ley favorable a los intereses de las grandes compañías farmacéuticas de su país se intensificó progresivamente. Así pudo advertirlo el propio ministro de Economía argentino, Domingo Cavallo, durante su encuentro de fines de abril de 1994 con el representante comercial norteamericano Michael Kantor en Washington. En esa oportunidad, Kantor comunicó a Cavallo que, debido a la falta de aprobación de una nueva ley de patentes, Argentina figuraría en la Priority Foreign Country List, es decir, la lista de naciones que los Estados Unidos analizaban durante un año antes de aplicar sanciones si no se satisfacían exigencias. De concretar su amenaza, Washington podía optar entre: suspender importaciones argentinas, aumentar los derechos de importación a nuestros productos, retirar mercaderías nacionales del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) -programa surgido en 1974 por el cual no se pagan aranceles para ingresar en el mercado norteamericano- (61) y hasta boicotear pedidos de financiamiento a los organismos internacionales. No obstante las amenazadoras palabras de su interlocutor, Cavallo descartó ante los medios de prensa que las sanciones fueran realmente a producirse, porque las nuevas normas del GATT prohíben a las naciones aplicar castigos unilaterales entre sí:

"Nosotros vamos a ajustarnos a los compromisos asumidos en el GATT; si ellos nos aplican medidas unilaterales, pediremos allí un panel (tribunal) y ganaremos el diferendo". (62)

Las optimistas declaraciones de Cavallo parecieron confirmarse el 24 de junio, durante el encuentro que sostuvieron en Washington los presidentes argentino y norteamericano. En este encuentro Menem recibió la alentadora noticia de que Argentina quedaría excluida de figurar entre las naciones que podrían recibir sanciones comerciales por no tener una ley de patentes. (63)

No obstante, esta noticia no implicó una disminución de la presión diplomática norteamericana por obtener del gobierno argentino una ley de patentes acorde a los intereses de las compañías farmacéuticas norteamericanas. Durante el citado encuentro de Michael Kantor con el canciller Di Tella a fines de abril, el embajador norteamericano en la Argentina, James Cheek, mantuvo un encuentro con el bloque radical del Senado, en el que el diplomático amenazó con la aplicación de represalias si antes del 30 de junio el Congreso no sancionaba una nueva ley de patentes. (64)

Ante el respaldo del canciller Guido Di Tella y del ministro de Economía Domingo Cavallo a la posición de Cheek, los legisladores argentinos sometieron el texto de la ley de patentes a nuevas revisiones. Meses después, el 21 de noviembre, el embajador Cheek, al salir del recinto del Congreso, acompañado por el secretario de Defensa norteamericano William Perry -de visita en

la Argentina-, redobló sus presiones al demostrar su insatisfacción con el proyecto de ley de patentes medicinales, que contaba con media sanción del Senado desde el día 16. Al respecto, el diplomático señaló su expectativa respecto de que el proyecto tuviera correcciones cuando se tratara en Diputados "porque el texto no es suficiente para nosotros". Con estas duras declaraciones, el embajador no hizo más que reproducir fielmente el descontento de los laboratorios norteamericanos y extranjeros en general, que consideraban excesivo el plazo de transición contemplado por la Cámara Alta -de acuerdo con el reclamo de los laboratorios locales- para la adecuación de estas empresas a las nuevas condiciones de competencia y de adquisición de tecnología para la producción de las especialidades farmacéuticas. (65)

Tiempo después, Cheek redobló su presión, al manifestar que la Argentina se vería en serios problemas si no aprobaba la ley de patentes. Como era de esperarse, sus declaraciones motivaron el rechazo de los integrantes de la Cámara Baja, quienes presentaron a fines de marzo de 1995 un proyecto consensuado que exhortaba al Poder Ejecutivo a que adoptase las medidas necesarias, con la severidad del caso, para evitar la reiteración de hechos de esta gravedad". (66) Esta situación obligó al propio presidente Carlos Menem a calificar como "presión intolerable" la actitud del diplomático norteamericano. No obstante, el presidente argentino aclaró que se iría a hacer un examen exhaustivo de la ley y

"si es necesario hacer algún retoque vía veto, lo vamos a hacer, si no la promulgaremos como está". (67)

El 30 de marzo, y tras dos años de forcejeos internos y presiones externas, la Cámara de Diputados aprobó, por 125 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones, la ley de patentes medicinales. La misma establecía un plazo de 8 años para el pago de royalties a los laboratorios extranjeros. (68)

Ese mismo día, el embajador Cheek declaró su rechazo a la ley, señalando que la misma era "para Surinam o para Burundi", es decir, propia de un país del "Tercer Mundo", declaración que a su vez provocó el rechazo público del presidente Menem, quien señaló que

"No hay ningún tipo de incompatibilidad entre lo resuelto por el GATT y esta legislación del Parlamento argentino y del Poder Ejecutivo Nacional". (69)

A las declaraciones del embajador Cheek en contra de la ley de patentes se sumaron las del secretario de Comercio Michael Kantor, quien a principios de abril calificó a la misma como "inaceptable" para el gobierno norteamericano. En contra de lo manifestado por el presidente Menem, señaló que dicha ley, que les permitiría a los laboratorios argentinos copiar fórmulas farmacéuticas extranjeras durante ocho años, ni siquiera cumplía con las reglas del GATT.

Las polémicas palabras del funcionario norteamericano tuvieron como réplica las declaraciones de los legisladores argentinos de ambas Cámaras, quienes advirtieron que rechazarían cualquier intento de veto a la ley de patentes y calificaron los cuestionamientos del embajador a la ley como

"una inadmisible intromisión en el autónomo funcionamiento de las instituciones de la Nación" . (70)

Frente a las presiones provenientes de las declaraciones de Cheek y Kantor, el 8 de abril, el presidente Menem admitió que 10 puntos de la sancionada ley de patentes no coincidían con las conclusiones de las Ronda Uruguay del GATT. (71) Diez días después, el gobierno argentino respondió favorablemente a las presiones externas al disponer el veto de 16 artículos de la ley sobre patentes, entre ellos, el artículo 1º y 7º de la norma y estipuló el reordenamiento del 49º. Por el artículo 1º se disponía la facultad del Banco Central de organizar y poner en

funcionamiento el sistema de seguro de garantía de depósitos, mientras que por el 7º se creaba en el ámbito del Congreso una comisión bicameral de seguimiento del fondo fiduciario. El decreto con el que el Poder Ejecutivo Nacional enviaba nuevamente al Senado (cámara de origen) de la ley de patentes se fundamentaba en la inconstitucionalidad de la norma sancionada en contraste con la legislación dispuesta por el GATT. (72)

En oposición a las expectativas del gobierno, el 23 de mayo la Cámara de Diputados sancionó la ley de patentes vetada por el Ejecutivo. La aprobación de esta versión de la ley mantenía en 8 años el plazo para que los laboratorios nacionales comenzaran a pagar derechos de patentamiento a las firmas extranjeras. (73) No obstante, el 1° de junio, los legisladores del oficialismo y los técnicos del Ministerio de Economía lograron un preacuerdo para reducir de 8 a 5 años el plazo fijado por la ley de patentes para que los laboratorios nacionales comenzaran a pagar "royalties" a los del extranjero. Ese mismo día, el embajador Cheek volvió a presionar al gobierno argentino señalando que

"Para recibir beneficios, hay que cumplir con responsabilidades y compromisos". (74)

Consciente del significado político de las palabras de Cheek, Menem instó a su ministro de Economía Domingo Cavallo a hacer realidad el preacuerdo con los jefes de los bloques legislativos oficialistas (Jorge Matzkin, por Diputados; y Pedro Molina, por Senadores) para lograr la modificación en la ley de patentes. (75) En la semana del 26 de junio, el Senado trató la ley correctiva sobre patentes, que introducía cambios en cinco artículos de la anterior versión (los artículos 44, 50, 94, 104 y 105) y reducía de 8 a 5 años el pago de royalties a los laboratorios extranjeros. (76) El 19 de julio fue aprobada y girada a Diputados, quien a su vez la convirtió en ley en septiembre. (77) Promulgada en octubre por el Ejecutivo, éste emitió poco después, a instancias del ministro de Economía, un decreto reglamentario que no establecía plazos para el pago de royalties. (78)

La promulgación de la nueva ley de patentes y del decreto reglamentario fueron bien recibidas por las autoridades norteamericanas, como lo evidenciaron los positivos comentarios del vicepresidente norteamericano Al Gore a su colega argentino Carlos Ruckauf, durante la visita de este último a Washington en octubre de 1995, y del embajador James Cheek desde Buenos Aires. Mientras tanto, los legisladores argentinos objetaron el contenido de la ley correctiva y del decreto, señalando que ambos habían sido frutos de las presiones derivadas de una carta enviada en septiembre por el secretario de Comercio norteamericano, Michael Kantor, al canciller argentino, Guido Di Tella. Asimismo, las entidades que agrupaban a los laboratorios nacionales -la Cámara Argentina de Especialidades Médicas (CAEME) y el Centro Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) expresaron abiertamente su disconformidad con el decreto impulsado por el Ejecutivo. (79)

En diciembre, el Congreso argentino sancionó una ley en la que rechazaba el decreto reglamentario. (80) Frente a este avance parlamentario, el 3 de enero de 1996, Menem, aceptando las sugerencias del jefe de Gabinete, Eduardo Bauzá, y de los ministros de Economía, Domingo Cavallo, y de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella, vetó el segundo de los tres artículos que conformaban la ley correctiva sobre patentes, que el Congreso había aprobado en diciembre de 1995 para anular el decreto reglamentario del Poder Ejecutivo por el cual no se fijaban plazos de pago de regalías a los laboratorios extranjeros (81)

El texto del artículo vetado por el Ejecutivo decía lo siguiente:

"La Ley 24.481 (primera ley de patentes), modificada por la ley 24.572 (segunda ley de patentes), ambas dictadas de conformidad y en consecuencia con las leyes 24.425 (ratificación del GATT) y 17.011 (ratificación de los acuerdos de París), constituyen la aplicación y reglamentación integral y únicas de todas y cada una de las disposiciones de los tratados

ratificados por esas leyes, y del derecho del inventor que consagrara el artículo 17 de la Constitución Nacional". (82)

Por su parte, el texto del nuevo decreto, que llevaba el número 3 del año 1996, decía lo siguiente:

"(…) la facultad conferida al Honorable Congreso de la Nación por el inciso 32 del artículo 75 de la Constitución Nacional de hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio de sus poderes, aún cuando autoriza como es obvio la sanción de legislación más o menos casuista o detallada que reduzca o aumente el ámbito reglamentario, en ningún caso puede interpretarse como negatoria de la atribución del Poder Ejecutivo de expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias, que le confiere el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional". Por ese motivo, "el proyecto de ley, en la parte que se observa, constituiría un precedente que alteraría la independencia funcional de los poderes organizados por la Constitución Nacional. (83)

Como era obvio de esperar, el representante comercial norteamericano, Michael Kantor, sostuvo que "nos estamos poniendo muy impacientes" ante las leyes argentinas de patentes, pues desde la óptica del funcionario norteamericano no alcanzaban a cubrir las normas acordadas en la Ronda Uruguay del GATT. (84)

El 20 de marzo, el presidente Menem firmó el decreto reglamentario de la ley de patentes, cuyo contenido chocaba con el de la legislación norteamericana en tres rubros: período de transición para pagar regalías, importaciones de medicamentos paralelas y licencias que los laboratorios no otorgan voluntariamente. (85)

Respecto del primer rubro, el decreto contemplaba el plazo de 5 años para que los laboratorios nacionales comenzaran a pagar royalties a los titulares de patentes de medicamentos. Si bien este plazo de 5 años estaba dentro del máximo de 10 años contemplado por el GATT y su sucesora, la Organización Mundial de Comercio (OMC), se oponía a la legislación norteamericana, que no tenía un período de transición. (86)

Respecto de las importaciones de medicamentos paralelas, la nueva ley argentina las restringía, mientras que la legislación norteamericana en la materia las prohibía y la adoptada por la OMC las permitía. Un tercer elemento del decreto que irritó a los laboratorios y al gobierno norteamericano eran las restricciones a las licencias que los laboratorios no otorgaban voluntariamente. Dichas licencias no eran casi nunca otorgadas por la legislación estadounidense, pero eran permitidas por la de la OMC.

Debido a estas divergencias entre la nueva ley de patentes argentina y la norteamericana, los laboratorios extranjeros hicieron sentir su presión sobre el gobierno norteamericano, que a su vez expresó su disconformidad a las autoridades de la Casa Rosada. El 1° de mayo de 1996, la Argentina fue colocada en una lista de observación prioritaria de países pasibles de eventuales sanciones comerciales por la ley de patentes farmacéuticas, según un informe sobre la protección de la propiedad intelectual de la Oficina de Representación Comercial, conocido en Washington. No obstante, el presidente norteamericano, Bill Clinton, informó a Carlos Menem que su administración "no ha tomado medidas" en contra de la Argentina, pese a haber incluido al país en la lista de países que violaban la propiedad intelectual. De acuerdo con las explicaciones efectuadas por el vicecanciller argentino, Fernando Petrella, la recategorización de la Argentina como país observado en forma prioritaria significaba que

"(…) (durante) seis meses se revisa la práctica argentina y se analiza si conviene o no a los Estados Unidos tomar otras medidas. (87)

Junto a la recategorización de la Argentina en la lista de países pasibles de sanciones comerciales, otro instrumento de presión norteamericana fueron las declaraciones del embajador Cheek, quien durante un almuerzo realizado en la Unión Industrial Argentina sostuvo que era "imposible hacer inversiones en la Argentina" en el rubro de la industria farmacéutica "porque la propiedad intelectual no está protegida". Estas declaraciones provocaron la reacción de la Cámara de Diputados, ámbito en el que se aprobó por unanimidad el 19 de junio un proyecto de resolución propuesto por el diputado justicialista Humberto Roggero, que condenaba las declaraciones del embajador. (88) Por su parte, el presidente del bloque de diputados radicales, Federico Storani, reclamó al embajador norteamericano que aplique "el mismo celo que tenía para ejercer presión por la cuestión de la ley de patentes" para que su país conteste "los requerimientos de la Justicia argentina" con relación a la investigación sobre los contratos entre IBM y el Banco Nación. (89)

Tras el alejamiento de Cavallo del Ministerio de Economía, su sucesor, Roque Fernández, procuró alejarse de la estrategia anterior de satisfacer los reclamos norteamericanos, adoptando una cercana al perfil crítico del Congreso y de los laboratorios argentinos, que destacaba el apego de la Argentina a las normas del GATT sobre patentes. (90)

Alejado del gabinete económico, Cavallo no dudó en competir con el gobierno del que había formado parte. Actuó como si siguiera siendo el ministro al entrevistarse en al última semana de septiembre de 1996 con la funcionaria de la Comisión de Comercio Carol Crawford, quien cuestionó en duros términos la ley de patentes vigente en la Argentina. (91) Incluso no dudó visitar Estados Unidos en los mismos días de diciembre en que lo hizo Menem, con el fin de ensombrecer la visita presidencial y arrojar en sus interlocutores dudas sobre la seguridad jurídica en la Argentina. (92)

Durante la visita de Menem a Clinton en Washington, simultánea a la del ex ministro Cavallo, el mandatario norteamericano no dejó de transmitir a su colega su preocupación por lo que consideraba una ley "incompleta" de patentes, en tanto faltaba la media sanción al proyecto de confidencialidad de los datos técnicos requeridos para nuevas entidades químicas de productos farmacéuticos, veterinarios y agroquímicos. Cabe destacar que según las normas del GATT, la Argentina no estaba obligada a tener una ley sobre confidencialidad o secreto industrial. Dicha ley era de interés directo del gobierno de Estados Unidos, de los grandes laboratorios y de las industrias agroquímicas extranjeras. En consecuencia, desde los representantes del gobierno y de la Embajada norteamericanas llegaron claros mensajes para que el Congreso argentino sancionara rápidamente una ley de confidencialidad, que contó con la resistencia de los laboratorios nacionales (CILFA, Cooperala). Desde la óptica de estos últimos, para proteger los datos de los procesos industriales de cualquier práctica desleal bastaba con la ley de defensa de la competencia ya sancionada por el Parlamento. (93)

Pero Menem no pudo presentarle a Clinton la media sanción al proyecto de confidencialidad exigida por las autoridades norteamericanas y los laboratorios extranjeros. El mismo no había podido ser debatido en la Cámara de Diputados. Frente a este traspié, Menem se comprometió ante Clinton a cumplir con la confidencialidad. (94) Este paso se concretó el 12 de diciembre, fecha en la que la Cámara Baja aprobó el proyecto de ley de confidencialidad, complementario de la controvertida norma sobre patentes. (95)

Como ocurriera con el caso de la ley de patentes, la Ley de Confidencialidad argentina contuvo dos ítems, relacionados con la "similaridad" (96), en los que se registraron divergencias con la legislación norteamericana en la materia, aunque no las tuviera con las normas previstas por la Organización Mundial de Comercio. El primer ítem se refería a la "similaridad" para productos no nuevos, restringidos por la nueva legislación argentina, prohibidos por la norteamericana y no prohibidos por la de la OMC. (97) El segundo, a la "similaridad" para las nuevas moléculas, aceptada por las legislaciones norteamericana y mundial pero no por la argentina. (98)

Dadas estas divergencias entre las legislaciones argentina y norteamericana –no obstante las coincidencias existentes en los ítems referidos a la protección de toda información secreta y de la prohibición de la divulgación y de las prácticas desleales respecto de las nuevas moléculas- (99), era obvio que el gobierno de Menem esperase un incremento de las presiones del lobby farmacéutico y de las autoridades norteamericanas. Respeto del primer sector, el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Industria Químico-Farmacéutica Argentina, que expresaba los intereses de los laboratorios extranjeros, dirigió una carta a los diputados argentinos y al gobierno norteamericano. En dicha misiva, el Centro señaló que la nueva ley favorecía la "piratería" y omitía el plazo a partir del cual el Gobierno podría

"(…) aprobar el registro de medicamentos "similares" a los que se encuentran autorizados en el país o en el exterior, sin la conformidad del titular". (100)

Por su parte, Jorge Otamenti, asesor de CAEME (entidad representativa de los laboratorios extranjeros) explicaba las razones del rechazo a la Ley de Confidencialidad en los siguientes términos:

"(…) La Ley no alcanza para proteger todos los esfuerzos y estudios que debe acreditar un fabricante cuando quiere que le autoricen fabricar o vender un remedio en un mercado. Corremos el peligro de que un tercero copie todos esos antecedentes tan costosos y venda el producto como propio". (10|)

Ante la presión proveniente de los laboratorios norteamericanos representados en Pharma, el presidente Clinton le envió a su colega Menem una carta el 14 de enero de 1997 en la que confirmaba la disconformidad de las autoridades de Washington con la nueva ley y anunciaba la reducción del 50 % del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) para la Argentina a partir del mes de abril. (102) En dicha carta, si bien se reconocían los "esfuerzos" realizados por el Congreso y el gobierno argentinos para proteger la propiedad intelectual y el secreto industrial (confidencial), también se destacaba que los pasos otorgados no alcanzaban para proteger los intereses de los laboratorios norteamericanos. (103)

La nueva disposición norteamericana excluía a 114 productos argentinos del SGP (entre ellos los envíos de productos alimenticios y petroleros, cueros, químicos y artículos de cobre) como una forma de castigar a la Argentina por considerar insuficiente la ley de patentes, que preveía que los laboratorios nacionales comenzaran a pagar derechos a los extranjeros por las fórmulas que utilizaran a partir del 1° de noviembre del año 2000. Asimismo, constituía una forma de demostrar el rechazo a la Ley de Confidencialidad sancionada por el Congreso argentino, el otro blanco de las críticas de Pharma.

A pesar de que el SGP no constituía un monto significativo para las exportaciones argentinas a Estados Unidos –apenas un 1 %- (104), las implicaciones políticas de esta decisión del presidente Clinton no fueron pasadas por alto por los representantes del gobierno. A pesar de que intentaron quitarle trascendencia al tema, no pudieron ocultar su disgusto con una medida que representaba un retroceso en el esfuerzo titánico del gobierno de Menem por sancionar una nueva legislación sobre patentes y confidencialidad que procuraba conformar a dos intereses que se revelaron incompatibles entre sí: los de los laboratorios extranjeros, representados en las presiones diplomáticas del gobierno norteamericano, partidarios de que el contenido de estas leyes siguiera las normas vigentes en Estados Unidos; y los de los laboratorios nacionales, representados en las exigencias del Congreso argentino e inclinados a seguir las normas de la OMC, más flexibles que la legislación norteamericana.

Como respuesta a estas presiones externas e internas, las autoridades de la Casa Blanca y del Palacio San Martín optaron por criticar la decisión norteamericana, pero lo hicieron utilizando un tono de crítica moderada que permitiese mantener abiertas las puertas a una evntual

negociación con las autoridades norteamericanas. Así, el presidente Menem consideró "injusta" la medida adoptada por la Casa Blanca, si bien advirtió que esta situación no dañaba "en lo más mínimo" las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos. (105) Asimismo, el canciller Guido Di Tella sostuvo que no le hacía "ni fu ni fa" que Washington colocara a la Argentina en una "categoría apestosa". (106) Finalmente, el secretario de la Presidencia, Alberto Kohan, minimizó los efectos de la medida, calificándolos como "un detalle" menor frente al aumento "impresionante" del comercio exterior argentino. (107)

Frente a este tono de crítica moderada de las autoridades gubernamentales, preocupadas por los costos políticos que la decisión norteamericana acarrearía tanto en el frente externo como en el interno, los laboratorios nacionales y los legisladores adoptaron una posición de dura crítica a la medida adoptada por el gobierno de Clinton. Así, Pablo Challú, representante de CILFA, defendió la Ley de Confidencialidad aprobada por el Congreso argentino y criticó la reducción de la SGP para la Argentina en los siguientes términos:

"(…) La Ley de Confidencialidad, votada por el Congreso argentino de acuerdo con las normas del comercio internacional, tiene como fin facilitar los mecanismos para impedir que se divulguen informaciones de carácter secreto con valor comercial. La industria farmacéutica de EE.UU. intentó valerse de esta Ley para obtener un monopolio de importación a favor de sus empresas, pidiendo la eliminación de una cláusula que permite a las autoridades sanitarias nacionales aprobar medicamentos por "registros de similaridad", fabricados por laboratorios argentinos. Esta maniobra ya fue intentada cuando el Congreso sancionó la Ley de Patentes y pretende eliminar la competencia. Como no lo logró en ninguna de las dos leyes, Washington, motorizado y presionado por los laboratorios, apeló a las represalias comerciales. No recurre a la Organización Mundial de Comercio porque sabe que un tribunal imparcial desnudaría la falta de argumentación del reclamo". (108)

Por su parte, el senador Eduardo Menem advirtió que el Congreso "no daría marcha atrás" con la ley de confidencialidad (109). A su vez, el presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, Humberto Roggero (PJ-Córdoba), y los diputados Juan Pablo Baylac (UCR) y Darío Alessandro (FREPASO) enviaron en el mes de febrero dos cartas al canciller Guido Di Tella y al presidente norteamericano Bill Clinton. En la primera, los legisladores le solicitaron al ministro

"(…) el inicio de una denuncia formal ante la OMC para que se declare la ilegitimidad y se ordene la cancelación de la represalia comercial anunciada por el gobierno de los Estados Unidos (…)"(110)

En la epístola dirigida al mandatario norteamericano, Roggero, Baylac y Alessandro exhortaban a las autoridades de la Casa Blanca a retirar la sanción a fin de

"(…) colocar la relación bilateral en el marco de la legalidad y la mutua colaboración. Es evidente que el gobierno de los Estados Unidos ha tomado esta medida como herramienta de presión para obtener de la Argentina una nueva modificación de su legislación sobre patentes (…)".(111)

Los siguientes meses fueron testigos de un gobierno argentino sometido a la creciente puja entre las presiones norteamericanas y las reacciones del Congreso local. Entre las primeras, vale citar las quejas respecto del régimen de propiedad intelectual que presentaron en mayo de 1997 el secretario de Comercio norteamericano, William Daley, ante el ministro de Economía argentino, Roque Fernández; y el secretario de Estado, Jefferey Davidow, ante Guido Di Tella, a quien le señaló la existencia de contradicciones entre la legislación argentina y los compromisos asumidos en el marco del GATT. (112) Asimismo, cabe destacar la amenaza efectuada a fines de abril de 1999, por la representante comercial de los Estados Unidos,

Charlenne Barchefsky, al embajador argentino en Washington, Diego Guelar, respecto de que su país denunciaría a la Argentina ante la OMC por no cumplir con los compromisos de adecuar su legislación de propiedad intelectual (patentes) a las normas internacionales, y por la protección que se le brindaba a la industria farmacéutica y agroquímica argentina. (113)

Por su parte, entre las reacciones del Parlamento argentino en contra de las presiones diplomáticas norteamericanas, cabe anotar que varios diputados de distintas bancas presentaron a lo largo del mes de abril una serie de proyectos en contra de la medida adoptada por Washington. El justicialista Roggero sometió ante la Cámara Baja un proyecto de resolución por el que reclamaba al Poder Ejecutivo la suspensión de la participación, en toda licitación pública, de empresas cuya integración de capital "provenga total o parcialmente de países que hayan adoptado unilateralmente sanciones comerciales contra la Argentina mientras éstas se encuentren vigentes". Por su parte, el diputado frepasista Rafael Flores (Santa Cruz) propuso un incremento de hasta un 30 % en los aranceles de importación de productos provenientes de los Estados Unidos. A su vez, el diputado Emilio Martínez Garbino (PJ-Entre Ríos) presentó un proyecto de ley mediante el cual proponía gravar las bebidas cola con un impuesto interno del 30 %. Finalmente, el jefe de senadores de la UCR, José Genoud (Mendoza) criticó al Gobierno por no haber acudido a la Organización Mundial de Comercio (OMC) para dirimir este conflicto. (114)

La ofensiva parlamentaria continuó durante el mes de mayo. Ejemplo al respecto fue la presentación , a principios de dicho mes, de un proyecto de ley por parte de los diputados Humberto Roggero (jefe de diputados del Partido Justicialista –PJ-), Emilio Martínez Garbino (PJ), Juan Pablo Baylac (Alianza) y Rafael Flores (Alianza). Este proyecto proponía prorrogar hasta el año 2005 el pago de los derechos de propiedad intelectual a los laboratorios extranjeros. (115)

Como era de esperarse, dicha iniciativa provocó a su vez no sólo una nueva protesta del Departamento de Estado, a través del encargado de negocios Stuart Eizenstadt, al embajador Guelar (116), sino también intentos de presión del encargado de negocios norteamericano en la Argentina, Manuel Rocha, para que los legisladores del PJ y de la Alianza rechazaran la idea de Roggero de prorrogar por cinco años más el plazo de transición para el pago de royalties (que vencía en enero del 2000). A su vez, esta injerencia del diplomático produjo como réplica la presentación, por parte del jefe de diputados del PJ, de un proyecto que declaraba a Rocha persona no grata. (117)

Frente a esta puja feroz, el presidente Menem redobló sus presiones sobre el Congreso a fin de acercarse a las posiciones norteamericanas. Advirtió que el Poder Ejecutivo vetaría cualquier cambio a la ley si el Congreso aprobaba una prórroga de cinco años más, del 2000 al 2005, como plazo extremo para que el Estado comenzara a proteger en forma plena el derecho de propiedad intelectual. Asimismo, y ante la presencia de empresarios norteamericanos, Menem declaró en Nueva York que

"Procuraremos que no salga la ley. Perjudicaría las inversiones. De ser necesario, voy a utilizar el veto". (118)

No obstante la voluntad presidencial, la cuestión de las patentes constituyó un tema no resuelto de la agenda que provocó quejas en las autoridades norteamericanas. Así, durante la visita a la Argentina de fines de agosto de 1999 del enviado del presidente Clinton para las Américas, Kenneth "Buddy" MacKay, el visitante reclamó de manera indirecta al mandatario argentino por la irresuelta cuestión de la ley de patentes. A sabiendas de que los diputados justicialistas intentaban prorrogar la aplicación de dicha ley por cinco años más, el enviado norteamericano sostuvo que dicha norma "Es, de alguna manera, esencial para conseguir un sistema de comercio integral". Asimismo, MacKay, consciente que Menem ya atravesaba los días finales

de su gobierno, se entrevistó con Eduardo Duhalde y Fernando de la Rúa, los candidatos a la sucesión presidencial, con el fin de sondear posibles avances en esta delicada cuestión. (119)

• NOTAS

1. Texto del Acuerdo relativo a un Consejo sobre Comercio e Inversión entre los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y los Estados Unidos, Washington, 19 de junio de 1991, citado en Argentina-Estados Unidos. Acuerdos Bilaterales 1853-2000…op.cit., pp. 556-561 y en Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), La relación entre Argentina y Estados Unidos. Una nueva etapa, op.cit., Anexo 10, pp. 431-432.

2. Texto del Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de los Estados Unidos de América en materia de subsidios y derechos compensatorios, Buenos Aires, 20 de septiembre de 1991, en Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), La relación entre la Argentina y los Estados Unidos. Una nueva etapa…op.cit., p. 421.

3. Los Programas especiales de exportación (PEEX) habían sido derogados por Decreto 963 del 4 de agosto de 1988. Como señala el texto del Entendimiento, a partir de esa fecha no se concedieron nuevos contratos a los exportadores argentinos y además, se estableció la fecha de agosto de 1993 como tope para la finalización de la percepción de beneficios por contratos anteriormente existentes. Ver al respecto texto del Entendimiento citado en CARI, La relación entre la Argentina y los Estados Unidos. Una nueva etapa…op.cit., p. 421.

4. El artículo 2° del decreto 553 del 2 de mayo de 1989 derogaba la deducción impositiva otorgada a los exportadores en virtud del artículo 1° del Decreto 173 de 1985. Ver al respecto texto del Entendimiento citado en CARI, La relación entre la Argentina y los Estados Unidos. Una nueva etapa…op.cit., p. 421.

5. La Ley 23.697 o de Emergencia Económica fue sancionada el 1º de septiembre de 1989. Suspendía "todos los subsidios y obligaciones a cargo del Estado que revestían carácter de subsidio y que afectan directamente los recursos del Tesoro, del Banco Central y del Sector de Servicios Estatales". Ver al respecto texto de la Ley 23.697 en Anales de Legislación Argentina (ADLA), 1989, Tomo XLIX-C, Buenos Aires, La Ley, pp. 2458-2478.

6. Al respecto, la Sección II, apartado 1, del citado Entendimiento sostiene que "El reintegro de impuestos indirectos pagados o acumulados por los exportadores a través de etapas anteriores de producción sobre los productos exportados regidos por el Decreto 1011 del 29 de mayo de 1991, será administrado de manera concordante con el Acuerdo de Subsidios. El Gobierno argentino asegura que en virtud de éste o cualquier otro programa, el nivel de reintegro o cualquier modificación al mismo no resultará en un reintegro que exceda los impuestos indirectos efectivamente pagados por los exportadores o acumulados a través de etapas anteriores de producción". Ver al respecto texto del Entendimiento, citado en CARI, La relación entre la Argentina y los Estados Unidos. Una nueva etapa…op.cit., pp. 421-422.

7. Ver al respecto Sección II, apartado 4 del mencionado Entendimiento, citado en CARI, La relación entre la Argentina y los Estados Unidos. Una nueva etapa…op.cit., p. 422.

8. De acuerdo con el texto del Entendimiento, "(…) Hasta el 10 de abril de 1991, los reembolsos se pagarán con bonos BOCREX, emitidos por el Gobierno argentino. El Gobierno argentino asegura que toda modificación a las restricciones de dichos bonos, cambios en su valor o el valor de los créditos devengados en conexión con ellos, así como el establecimiento de cualquier nuevo método para otorgar reembolsos no resultará en un reintegro que exceda el valor de los impuestos indirectos efectivamente pagados. El 11 de abril de 1991, el Decreto 612 redujo los ya parciales reintegros y restableció su pago en efectivo (…)". Ver al respecto Sección II, apartado 3 del Entendimiento, citado en CARI, La relación entre la Argentina y los Estados Unidos. Una nueva etapa…op.cit., p. 422.

9. En relación con esta medida, el texto del Entendimiento señala lo siguiente: "(…) En virtud de los artículos 1ro. y 5to. de la Ley 23.018 del 28 de noviembre de 1983, los exportadores argentinos reciben pagos del Gobierno argentino por las mercaderías exportadas a través de ciertos puertos patagónicos. El Gobierno argentino reconoce que estos pagos no se compadecen con las obligaciones del Acuerdo de Subsidios. Por lo tanto, el Gobierno argentino elevará un proyecto de ley al Congreso de la Nación dentro de los doce meses de la fecha efectiva del presente Entendimiento para la eliminación de este reembolso. Bajo ningún concepto los pagos mencionados serán otorgados a los exportadores argentinos por mercaderías exportadas a partir del 1° de enero de 1995, incluida esta fecha. Ver al respecto Sección II, apartado 5 del Entendimiento, citado en CARI, La relación entre la Argentina y los Estados Unidos. Una nueva etapa…op.cit., p. 422.

10.Ver al respecto Sección III del Entendimiento (titulada "Investigaciones por derechos compensatorios y revisiones administrativas de los Estados Unidos de América"), en CARI, La relación entre la Argentina y los Estados Unidos. Una nueva etapa…op.cit., p. 422.

11.Texto del Memorándum de Entendimiento para establecer un Consejo para el Desarrollo de Negocios, en Argentina-Estados Unidos. Acuerdos Bilaterales 1853-2000…op.cit., pp. 689-690.

12.Texto de la Declaración de propósitos de cooperación de la Embajada argentina y los Consulados argentinos en los Estados Unidos y el Servicio Comercial Exterior del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Buenos Aires, 14 de junio de 1996, fuente citada en Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y Centro de Estudios de Política Exterior (CEPE), Argentina-Estados Unidos. Acuerdos bilaterales 1853-2000, …op.cit., pp. 754-755.

13.Datos citados en La relación entre la Argentina y los Estados Unidos 1989-1995. Una nueva etapa…op.cit., p. 369.

14.Idem nota anterior, p. 278.

15.Idem nota anterior, p. 447.

16.Ibid.

17.Texto del Tratado sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, Washington, 14 de noviembre de 1991, en Argentina-Estados Unidos. Acuerdos Bilaterales 1853-2000…op.cit., pp. 617-628.

18.Ver respecto del plan de dolarización los artículos "Planteo a Roque Fernández en la reunión de gabinete. Menem pide que estudie cómo dolarizar la región", Clarín, 15 de enero de 1999, p. 5; "Menem quiere dolarizar la economía para esquivar la corrida. Si vienen por el peso, digan que se fue", por David Cufré, Página / 12, 16 de enero de 1999, p. 5; "La idea de dolarizar remarca el riesgo de la convertibilidad. Menem ya no sueña con un peso poderoso", por Eduardo L. Curia, El Cronista, 19 de enero de 1999, p. 7; "Diferenciaciones con el real. Dolarización: para Wall Street es señal positiva", por Marina Aizen, Clarín, 23 de enero de 1999, p. 4; "Una fuga hacia adelante", por Julio Sevares, Clarín, 23 de enero de 1999, p. 4 y "Dolarización: de nuevo Menem se adelantó a todos", por José Octavio Bordón (ex-gobernador de Mendoza (PJ)), Ambito Financiero, 3 de febrero de 1999, p. 14.

19.De acuerdo con las autoridades económicas argentinas, el plan de convertibilidad gestado por el ex ministro Domingo Cavallo en 1991 sólo convencía a los argentinos. Y desde la crisis mexicana de 1994 este plan no había podido evitar huidas del peso al dólar. Además, los mercados observaban que la convertibilidad era una medida unilateral y que podía modificarse a través de una ley, de la misma manera como se había originado. Por último, la convertibilidad limitaba la capacidad de prestamista de última instancia del Banco Central. Ante estos problemas inherentes al régimen, el ministro de Economía Roque Fernández y el presidente del Banco Central Pedro Pou evaluaron tres alternativas: la dolarización unilateral; la implementación de una Unión Monetaria Americana y el Tratado de Asociación Monetaria con Estados Unidos. Los dos primeras fueron rechazadas. La dolarización unilateral tenía la ventaja de una rápida implementación, pero corría con la desventaja de que podía ser percibida tanto interna como externamente como una pérdida de "soberanía" del gobierno argentino; además, como también se podía modificar unilateralmente, no generaba confianza en los mercados externos. La segunda opción, la Unión Monetaria Americana, corría con el problema del tiempo: una negociación exitosa demoraría entre 5 y 10 años como mínimo. Por fin, la tercera opción, la de del Tratado de Asociación Monetaria, aparecía ante las autoridades económicas argentinas como la única opción viable en esas circunstancias. Dicho Tratado implicaba una convergencia con las metas fiscales fijadas en Maastricht, la coordinación de las políticas financieras (desaparecería el Banco Central) y una mayor flexibilización del mercado de trabajo. Desde la perspectiva oficial, las ventajas de este acuerdo serían la eliminación del temor de los banqueros e inversores externos a una devaluación y a una cesación de pagos de la deuda pública externa argentina; el descenso de las tasas de interés que debían pagar los bancos, las empresas y el gobierno argentino en cada crisis global; y el crecimiento del PBI, la inversión y el empleo en la economía local. Ver al respecto los editoriales "Pedro Pou presentó un plan para cambiar de moda y de próceres", por Pablo Ferreira, Página /12, 22 de enero de 1999, p. 2; "Pou quiere dolarizar", La Nación, Sección 2ª: Economía & Negocios, 22 de enero de 1999, p. 1; "Plan para convertir a Argentina en un apéndice monetario de EE.UU. Menem quiere salvarse con el dólar", por Julio Nudler, Página /12, 22 de enero de 1999, pp. 2-3; y "Pronóstico de Morgan Stanley: "Ahora sigue Argentina", Página /12, 22 de enero de 1999, p. 3.

20.Ver al respecto "Alfonsín, Rívoli y Giavarini", Página / 12, 22 de enero de 1999, p. 3 y "Apoyo desde el oficialismo. El plan de dolarización del gobierno generó fuertes resistencias", Clarín, 23 de enero de 1999, pp. 3-4.

21."Se lo pidieron a Roque para reforzar la convertibilidad. Los inversores quieren dolarizar" y "Diferenciación estilo Menem. Una línea de defensa extrema contra turbulencias cambiarias", por Carlos Abalo, El Cronista, 17 de febrero de 1999, p. 5.

22."Pese a las reservas, el tema avanza. Camdessus: "Dolarizar requiere mucha reflexión"", por María O’ Donnell, La Nación, 22 de abril de 1999, Sección 2ª: Economía & Negocios, p. 1.

23."EE.UU. admite que analiza la dolarización", La Nación, 24 de febrero de 1999, p. 1; "Greenspan, frío con la dolarización", La Nación, 24 de febrero de 1999, Sección 2ª: Economía & Negocios, p. 1; "Greenspan, el banquero central de EEUU, rechazó la dolarización. "No seremos banco central de otros", Página / 12, 24 de febrero de 1999, p. 7; y "Nuevo rechazo a la dolarización", La Nación, 25 de febrero de 1999, 2a Sección: Economía & Negocios, p. 1.

24."Apoyan la dolarización inversores de EEUU", La Nación, 8 de marzo de 1999, p. 1; "El Tesoro de EEUU, contra la dolarización. El subsecretario Larry Summers dijo que su país no alentará la aplicación de ese esquema en América Latina", por María O' Donnell, La Nación, 9 de marzo de 1999, Sección 2a: Economía & Negocios, p. 2.

25."Debate con EE.UU. por la dolarización", La Nación, 15 de marzo de 1999, p. 1; "Condiciona EEUU el debate por la dolarización", por Jorge Rosales, La Nación, Sección 2ª: Economía & Negocios, 15 de marzo de 1999, p. 1.

26.Los capitales norteamericanos se dirigieron a obras de infraestructura (46% del total); industria manufacturera (28%); actividades extractivas (15%); comercio y servicios (6%) y actividades financieras (4%). Ver estos datos citados en Secretaría de Relaciones Exteriores y Asuntos Latinoamericanos, Síntesis informativa período 1989-1999, Buenos Aires, 1999, p. 33.

27.Ver al respecto CARI, La relación entre la Argentina y los Estados Unidos 1989-1995…op.cit., p. 295.

28.Idem nota anterior, p. 296.

29."Menem: gestión por los subsidios en los EE.UU. Planteó la preocupación argentina a integrantes del gabinete de Bush", por Julio Crespo, La Nación, 3 de octubre de 1990, pp. 1 y 4.

30."Clayton Yeutter visita desde hoy nuestro país", La Nación, 23 de octubre de 1990, p. 9 y editorial de opinión "Clayton Yeutter en Buenos Aires", La Nación, 27 de octubre de 1990, p. 6.

31."La Argentina propondrá a EE.UU. eliminar subsidios en América", por Mauricio Carini y Ovidio Bellando, La Nación, 18 de marzo de 1994, p. 4; "Nafta y narcotráfico, en la agenda de Gore", La Nación, 20 de marzo de 1994, p. 1; "EE.UU. no dará marcha atrás a los subsidios", por Ovidio Bellando, La Nación, 22 de marzo de 1994, p. 9; y "La visita de Al Gore", La Nación, 24 de marzo de 1994, p. 8.

32.A este respecto, el informe del Departamento de Estado norteamericano de 1998, si bien reconocía los esfuerzos del gobierno argentino por reducir o eliminar barreas arancelarias, también evidenciaba su preocupación por las tarifas aplicadas por los países del MERCOSUR en ítems tales como textiles, calzado y automóviles. Ver al respecto Department of State, "1988 Country Report on Economic Policy and Trade Practices. Argentina", fuente citada por Norden y Russell, op.cit., p. 79.

33."EEUU sancionó comercialmente a la Argentina", La Nación, 23 de junio de 1993, p. 1; y "Represalias comerciales contra la Argentina", La Nación, 23 de junio de 1993, Sección 2ª: Economía y Negocios, p. 1.

34."Documento secreto. Conflictos en las relaciones comerciales con los EE.UU.", por Marcelo Bonelli, Clarín, 2 de octubre de 1996, p. 5.

35. Idem nota anterior.

36."Gesto de EE.UU. para la Argentina", La Nación, 29 de abril de 1997, p. 1 y Sección 2ª: Economía y Negocios, 29 de abril de 1997, p. 2.

37.Respecto de los antecedentes históricos en torno de la aftosa en la carne argentina y de las políticas adoptadas por Estados Unidos para combatirla consultar, entre otros, los siguientes trabajos: Sweet, Dana Royden, A History of United States-Argentine Commercial Relations, 1918-1933: A Study of Competittive Farm Economies, Ph.D. dissertation, Syracuse University, 1972; O’ Connell, Arturo, "La fiebre aftosa, el embargo sanitario norteamericano contra las importaciones de carne y el triángulo Argentina-Gran Bretaña-Estados Unidos en el período entre las dos guerras mundiales", revista Desarrollo Económico, volumen 26, N° 101, Buenos Aires, abril-junio de 1986; y Cisneros, Andrés y Escudé, Carlos, Historia de las Relaciones Exteriores de la República Argentina, Buenos Aires, GEL, 1999, Parte II, Tomo X, Capítulo 50, pp. 228-229.

38.Respecto de la importancia simbólica de este logro consultar el trabajo de Norden y Russell, op.cit., pp. 55-56.

39.Ver respecto de la incidencia de estos factores externos el editorial "Las carnes argentinas en el mundo", La Nación, 14 de diciembre de 1996, p. 8.

40.CARI, La relación entre Argentina y los Estados Unidos 1989-1995….op.cit., pp. 500-501.

41.Idem nota anterior, p. 501.

42.Ibidem, p. 502.

43.Ibid., pp. 502-503.

44.Estos impuestos aduaneros alcanzaron cerca del 35 % y se aplicaron desde 1994 con el objeto de encarecer los precios de las zapatillas y los textiles que ingresaban al mercado local desde el exterior, en especial desde el sudeste asiático. Como las empresas norteamericanas de calzado Reebok y Nike tienen sus plantas en el sudeste asiático, cuando envían a la Argentina zapatillas fabricadas en dicho mercado, se les cobran los derechos específicos. Las empresas beneficiadas por esta protección fueron Alpargatas y Gatic. Ver al respecto artículo "Di Tella protestará por restricciones a la carne y al maní. Admiten desacuerdo con EE.UU.", Clarín, 3 de octubre de 1996, p. 25.

45.Idem nota anterior. Consultar asimismo Busso, Anabella, "Las relaciones Argentina-Estados Unidos durante el segundo gobierno de Menem: de la creación de un marco político de alineamiento a la negociación de cuestiones puntuales", en Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR), La política exterior argentina 1994/ 1997, Rosario, Ediciones CERIR, 1998, pp. 62-63.

46.Respecto de esta política, un artículo del Washington Post del 23 de agosto de 1993 comentado por el entonces embajador argentino en Estados Unidos, Carlos Ortiz de Rozas, destacaba el impulso del Departamento de Estado a los embajadores norteamericanos en el exterior en los siguientes términos: "(…) los embajadores de los EE.UU. han aumentado su participación en el campo comercial como consecuencia de las mutaciones en las relaciones internacionales. (…) el secretario de Estado Baker y el secretario alterno Eagleburger impulsan a las embajadas de EE.UU. a que asuman papel de promoción comercial como una de sus prioridades al tiempo que la competencia económica global reemplaza la Guerra Fría. (…) (…) embajadores de otros han promovido ya en el pasado el comercio de sus países pero (…) en EE.UU. había tendencia a enfocar más en temas políticos o estratégicos (…) Eagleburger había dicho que la nueva política significa un desafío para la cultura del servicio exterior y que se abriría un período de transición que demoraría unos diez años (…) Como ejemplo de la puesta en práctica de estas directivas del Departamento de Estado el artículo señala una gira de embajadores de EE.UU. en el sudeste asiático junto con sus funcionarios responsables de comercio por el interior de EE.UU. para despertar la conciencia de los empresarios locales sobre el comercio en esa región. Asimismo, cita algunos ejemplos de intervenciones de embajadores estadounidenses en decisiones que afectaban a empresas de este país en Argentina, India, Indonesia y Hungría. (…)". Ver al respecto contenido del artículo "U.S. Ambassadors making business their new business", by Stuart Auerbach, The Washington Post, 20 de marzo de 1993, comentado en Cable de Embajada en Estados Unidos N° 010743/92, firmado por el embajador Carlos Ortiz de Rozas, en Archivo personal del ex vicecanciller Andrés Cisneros, Caja N° 14, Carpeta Estados Unidos.

47. La Ley 111 cuya reforma exigía el gobierno norteamericano protegía los procesos de fabricación de los medicamentos, pero no el producto final, lo cual permitía que las empresas competidoras patentaran una misma monodroga en el caso de haber llegado a la fórmula con procedimientos distintos de la versión original.

48.Ver esta referencia en artículo "Di Tella: sin ley de medicamentos, habrá represalias de los EE.UU.", Clarín, 28 de agosto de 1991, p. 18.

49.Declaraciones del canciller Di Tella citadas en Idem nota anterior.

50.Ver declaraciones de campaña de Clinton, citadas en el artículo de Levinson, Marc, "El estilo de Kantor. Puntos débiles en la política de comercio de Estados Unidos", revista Archivos del Presente, Otoño 1996, p. 23.

51.Levinson, op.cit., pp. 23-24.

52.Ver al respecto artículo "Di Tella: sin ley de medicamentos, habrá represalias de los EE.UU.", op.cit..

53.Solicitada del Centro Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA), en Ambito Financiero, 29 de agosto de 1991, p. 17.

54.Solicitada de CAEME a favor de la ley de patentes, titulada "Donde hay patentes no hay monopolio", Página/12, 20 de septiembre de 1991, p. 7.

55."A Todman lo defiende Cavallo", Página/12, 27 de septiembre de 1991, p. 5.

56."Cheek insiste con la ley de patentes", Clarín, 23 de febrero de 1994, p. 20.

57. Para la posición legislativa consultar la exposición de los diputados del PJ y de la UCR Rafael Flores y Rodolfo Terragno, citadas en la publicación "Las políticas de investigación industrial y los acuerdos de la Ronda Uruguay", Seminario, Fundación Raúl Prebisch, Buenos Aires, 25 de agosto de 1994, pp. 49-64.

58.Norden y Russell, op.cit., pp, 66-67.

59.Ver al respecto de la posición de CILFA los trabajos de Challú, Pablo y Levis, Mirta, Adecuación de la ley argentina de patentes al GATT, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1996; y Tussie, Diana, "The complexities of policy harmonization: the case of intellectual property rights", serie Documentos e Informes de Investigación, N° 146 del Area de Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Buenos Aires, August 1993. Para la posición de CILFA ver los siguientes editoriales "Habrá remedios más caros y desocupación", por Pablo Challú (ex secretario de Comercio y director ejecutivo de CILFA), Diario Popular, 8 de diciembre de 1993, p. 9; "Una solución justa y racional" por Pablo Challú, revista Dirigencia, marzo de 1994, pp. 78-80; "Informe especial. Patentes medicinales sí, monopolio no", revista Redacción, N° 243, Mayo 1994, pp. 10-16; "El GATT permite moderar el monopolio en medicamentos", por Pablo Challú, revista El Poder Legislativo y su gente, agosto-septiembre de 1994, p. 15; "La ley de patentes vs. el GATT", por Pablo Challú, La Prensa, 31 de mayo de 1995, p. 28; "Más confusiones en las patentes", por Pablo Challú, Ambito Financiero, 6 de julio de 1995, p. 18; y "Panorama internacional. El mundo, para los americanos", por Oscar Raúl Cardoso, Clarín, 11 de enero de 1997, p. 11.

60."Gore elogió la "modernización económica" de la Argentina", La Nación, 21 de marzo de 1994, p. 8; "Patentes: Menem prometió a Gore la sanción de la ley", La Nación, 22 de marzo de 1994, p. 1; "Gore insistió con la ley de patentes medicinales", La Nación, 22 de marzo de 1994, p. 9; "Pedido de la industria farmacéutica a Menem", La Nación, 22 de marzo de 1994, p. 9; y "La visita de Al Gore", La Nación, 24 de marzo de 1994, p. 8.

61.Sobre mayores detalles acerca del SGP consultar el sitio http://usembassy.state.gov/buenos aires/wwwhgspn.html

62."Los EE.UU. amenazan con sanciones a la Argentina", por Fernán Saguier, La Nación, 27 de abril de 1994, p. 1; y "Economía descree de eventuales sanciones", La Nación, 27 de abril de 1994, Sección 2ª: Economía & Negocios, p. 1.

63."El Presidente con Clinton para encarar trabajos conjuntos", por Silvia Pisani, La Nación, 24 de junio de 1994, p. 6; y "Menem-Clinton: menos tensión por las patentes", La Nación, 25 de junio de 1994, p. 1.

64."Cheek, el principal lobbista", revista Redacción, N° 243, Mayo 1994, p. 11.

65."Censura Cheek una votación del Senado", La Nación, 22 de noviembre de 1994, p. 7.

66."Enojo de diputados con Cheek", La Nación, 30 de marzo de 1995, p. 1.

67."Enérgica reconvención al embajador James Cheek", La Nación, 31 de marzo de 1995, p. 1; y también "Cheek, un estilo poco diplomático", por Ovidio Bellando, La Nación, 31 de marzo de 1995, p. 14.

68."Sancionaron la ley de patentes", La Nación, 31 de marzo de 1995, p. 1. Ver también "Una historia de controversias", La Nación, 3 de enero de 1996, p. 1.

69.Ver al respecto los siguientes editoriales "Anticiparía su partida el embajador Cheek", La Nación, 1º de abril de 1995, p. 1; "Menem no vetará la ley de patentes", La Nación, 1º de abril de 1995, p. 1; "Cheek reeditó la alternativa Braden o Perón y es bandera de la oposición", La Nación, 1º de abril de 1995, p. 12; "El conflictivo lobby de James Cheek", La Nación, 2 de abril de 1995, p. 8, que criticaba la presión del diplomático norteamericano "anteponiendo el interés económico de un cierto sector norteamericano" y defendía la posición del gobierno argentino, asegurando que "La Ley de patentes sancionada por el Congreso encuadra perfectamente dentro de las prescripciones del acuerdo de la Ronda Uruguay del GATT -ahora bajo la administración de la Organización Mundial del Comercio- al que se han obligado tanto la Argentina como los Estados Unidos". Por su parte, el editorial "La semana política. La Argentina, Surinam y Burundi", por Atilio Cadorín, La Nación, 2 de abril de 1995, p. 9, hacía referencia a la grosera intervención del embajador Cheek, criticando la ley de patentes como "para Surinam o para Burundi" y señalaba que "Después de todo, las atribuciones que se toma Cheek son consecuencia de la política argentina con respecto a los Estados Unidos".

70."Rechaza EE.UU. la ley de patentes argentina", La Nación, 5 de abril de 1995, p. 1; "El Presidente, doblemente presionado", por Jorge Monti, La Nación, 5 de abril de 1995, p. 1; y "Rechazó el Senado las presiones de Cheek", La Nación, 6 de abril de 1995, p. 1.

71."Patentes. La ley no respeta el GATT, dijo el Presidente", La Nación, 9 de abril de 1995, p. 1.

72."Veta Menem las leyes del fútbol y de patentes", La Nación, 18 de abril de 1995, p. 1; "Vetó Menem parcialmente la ley de patentes", La Nación, 19 de abril de 1995, p.1; "Patentes, de nuevo en manos del Congreso", por García Guadalupe, La Nación, 19 de abril de 1995, p. 14; y editorial de opinión "El veto de la ley de patentes", La Nación, 28 de abril de 1995, p.8, que consideraba que el Poder Ejecutivo había procedido "con fundamento y oportunidad" evitando someter a la política económica interna y exterior "a una controversia internacional nada conveniente para los intereses comerciales y financieros de la Nación". Ver también editorial "Una historia de controversias", op.cit.

73."Sancionó Diputados la ley de patentes vetada", La Nación, 24 de mayo de 1995, p. 1.

74."Principio de acuerdo por la ley de patentes", La Nación, 2 de junio de 1995, p. 1; y "Patentes: avances para una ley correctiva", La Nación, 2 de junio de 1995, p. 10.

75."Intimó Menem a que haya acuerdo por las patentes", por Amílcar Antognoni, La Nación, 10 de junio de 1995, p. 1; "Patentes: Cavallo quebró la resistencia del Congreso", La Nación, 13 de junio de 1995, p. 1; "Una relación que no se enfrió", por Jorge Monti, La Nación, 13 de junio de 1995, p. 1; y "En Olivos y a solas", por Jorge Monti, La Nación, 13 de junio de 1995, p. 6.

76.Respecto del artículo 44, la ley correctiva establecía que el futuro Instituto de la Propiedad Intelectual (INPI) podría decidir excepciones limitadas a los derechos conferidos por una patente, las que no deberán atentar de manera injustificable contra la explotación de la patente ni causar un perjuicio injustificado a los legítimos intereses de su titular. La redacción de la versión anterior agregaba en cambio un párrafo que establecía limitaciones a esos derechos en los casos de nuevos productos que ofrecieran avances importantes para proteger la salud de la población. Por su parte, el artículo 50 de la nueva ley establecía que el titular de los derechos recibiría una remuneración razonable según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización. En cambio, el texto originario del artículo establecía que el titular de los derechos percibiría una remuneración que sería fijada teniendo en

cuenta la tasa de regalía promedio para el sector de que se trate en contratos de licencia comercial entre partes independientes. En referencia al artículo 94, la ley correctiva disponía que el INPI sería conducido y administrado por un directorio integrado por tres miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacional: uno de ellos, a propuesta del Ministerio de Economía, y otro a propuesta del de Salud y Acción Social. La versión anterior del artículo fijaba que el INPI sería conducido y administrado por un directorio integrado por cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo.A su vez, el artículo 104º de la nueva legislación disponía que no serían patentables las invenciones de productos farmacéuticos antes de los cinco años de publicación de la ley (correctiva) en el Boletín Oficial. En la versión previa se decía que no lo serían antes del 1º de enero del 2003.Finalmente, por el nuevo artículo 105º, se podrían presentar solicitudes de patentes, que serían otorgadas a partir de los cinco años de publicada la ley (correctiva) en el Boletín. En cambio, en el viejo artículo se decía que el otorgamiento de las licencias sería a partir del 1º de enero del 2003. Ver al respecto los artículos "Acuerdo en el PJ por patentes: ya está en el Senado la nueva ley", por Graciela Guadalupe, La Nación, 22 de junio de 1995, p. 1; y "Patentes: correcciones que no cambian mucho", por Graciela Guadalupe, La Nación, 23 de junio de 1995, p. 9.

77."Patentes y la autonomía restringida fueron aprobadas por el Senado", por Graciela Guadalupe, La Nación, 20 de julio de 1995, p. 10 y editorial "Una historia de controversias", op.cit.

78.Editorial "Una historia de controversias"…op.cit..

79.Ver al respecto los siguientes editoriales: "Beneplácito de Gore por la ley de patentes", La Nación, 20 de octubre de 1995, p. 6; "Conforme", La Nación, 20 de octubre de 1995, Sección 2ª: Economía & Negocios, p. 2; "Malestar de los legisladores por la reglamentación de las patentes", por Jorge Rodríguez Duval, La Nación, 20 de octubre de 1995, Sección 2ª: Economía & Negocios, p. 2; y "Caeme y Cilfa se mostraron disconformes con la nueva legislación", por Matías Bonelli, La Nación, 20 de octubre de 1995, Sección 2ª: Economía & Negocios, p. 2.

80.Editorial "Una historia de controversias"…op.cit..

81."El Presidente veta de nuevo la ley de patentes", por María Elerna Polack, La Nación, 3 de enero de 1996, p. 1; "Menem vetará hoy parcialmente la ley de patentes medicinales", La Nación, 3 de enero de 1996, p. 5; "Bauzá negoció una reacción moderada de los legisladores. Patentes: el vetó molestó, pero no tanto", La Nación, 4 de enero de 1996, p. 1; y "Se abrió una nueva vía de negociación", por Jorge Rodríguez Duval, La Nación, 4 de enero de 1996, p. 4.

82.Ver texto del artículo vetado en "Los fundamentos del veto a la última norma sobre patentes", La Nación, 4 de enero de 1996, p. 4.

83.Ver texto del decreto 3/96, citado en Idem nota anterior.

84."Kantor: impaciente por la ley de patentes", La Nación, 6 de enero de 1996, p. 4.

85.Ver respecto de estos tres elementos las diferencias entre la legislación argentina, la norteamericana y la de la OMC el cuadro "Dos leyes conflictivas. Ley de patentes", Clarín, 15 de enero de 1997, p. 14.

86."Punto final del Gobierno para la ley de patentes", La Nación, 21 de marzo de 1996, p. 1; y "En 5 años comenzarán a pagar derechos los laboratorios locales", La Nación, 21 de marzo de 1996, p. 5.

87."La ley de patentes irrita a los EE.UU.", La Nación, 2 de mayo de 1996, p. 10; "EE.UU. emite mensajes a dos puntas a la Argentinas", La Nación, 3 de mayo de 1996, p. 6; y "Menem quiere modificar otra vez la ley de patentes", La Nación, 3 de mayo de 1996, p. 6.

88."Diputados condenó las declaraciones de Cheek", La Nación, 20 de junio de 1996, p. 5.

89."Cheek dio explicaciones en la Cancillería por sus declaraciones", La Nación, 22 de junio de 1996, p. 10.

90.Ver al respecto "Documento secreto. Conflictos en las relaciones comerciales con los EE.UU.", op.cit.

91.Esta entrevista entre Domingo Cavallo y Carol Crawford provocó las críticas del diputado justicialista Humberto Roggero, quien sostuvo que el ex ministro actuaba "como delegado de los intereses de los laboratorios extranjeros en la Argentina". Según las investigaciones efectuadas por Roggero, Ronald Crawford, el marido de Carol, fue lobbista de Pharma, el poderoso club de los laboratorios estadounidenses que cuestionaba la legislación votada por el Congreso argentino. El dato surgía del registro oficial de "lobbyists" que se lleva a cabo en Estados Unidos y de los informes de prensa consultados por el legislador. Ver al respecto "Presiones americanas. Patentes: familia y negocios", Clarín, 2 de octubre de 1996, p. 5.

92.Cavallo sostuvo ante sus interlocutores que las presencias en el gabinete de los ministros del Interior y Justicia, Carlos Corach y Elías Jassan, respectivamente, abrían dudas sobre la seguridad jurídica. Menem refutó los dichos de Cavallo, sosteniendo que en la Argentina existía seguridad jurídica y que "los problemas que el ex ministro tenga con algún integrante del gabinete nada tienen que ver con la marcha del Gobierno. Hemos trasladado las libertades políticas al campo de la economía". Ver al respecto "Menem defendió su programa económico", por Sergio Levit, La Nación, 5 de diciembre de 1996, p. 10. Consultar asimismo referencias a esta presencia simultánea de Menem y Cavallo en editorial "Menem-Clinton: el estado de la alianza", por Mariano Grondona, La Nación, 8 de diciembre de 1996, p. 9.

93."Proyecto del Ejecutivo. Debate por la confidencialidad", Clarín, 3 de octubre de 1996, p. 25.

94.La media sanción al proyecto de confidencialidad fracasó porque el justicialismo introdujo modificaciones de último momento en sintonía, según la UCR, con la Cancillería, que intercedió para suprimir el principio de "similaridad" de acuerdo con el pedido norteamericano. La "similaridad" permitía comercializar productos ya existentes si para la nueva entidad química se llegaba a través de una ingeniería nueva. Ver al respecto los artículos "Diputados no le dio el gusto al Presidente", La Nación, 5 de diciembre de 1996, p. 10; ""Patentes, un reclamo inclaudicable", por Jorge Elías, La Nación, 6 de diciembre de 1996, p. 10; y "Menem en los Estados Unidos", La Nación, 9 de diciembre de 1996, p. 6.

95.La normativa fue sancionada con el voto favorable del justicialismo y los provinciales y rechazada de plano por el FREPASO y la UCR. Ver al respecto artículo "Patentes: Diputados le dio el gusto a Washington", La Nación, 13 de diciembre de 1996, p. 10.

96. La "similaridad" se refiere a que un producto de características similares a otro ya patentado no necesita demostrar cómo fue elaborado.

97.Ver al respecto el cuadro "Dos leyes conflictivas. Ley de confidencialidad", Clarín, 15 de enero de 1997, p. 14.

98.Idem nota anterior.

99.En estos dos ítems se registraron coincidencias entre las legislaciones de Argentina, Estados Unidos y la OMC. Ibidem.

100. "Los extranjeros se quejan por la piratería", Clarín, 8 de enero de 1997, p. 10.

101. "Presionan los laboratorios de EE.UU. Definen si castigan a Argentina por patentes", Clarín, 8 de enero de 1997, p. 10.

102. El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) se ideó en 1974 como un mecanismo de apoyo para que los países no desarrollados vendiesen algunos productos en el mercado norteamericano con bajos impuestos aduaneros.

103. "Patentes: sanción de los EE.UU. a la Argentina", por Graciela Guadalupe, La Nación, 15 de enero de 1997, p. 1; "Carta de Clinton a Menem. Castigo simbólico de EE.UU. a la Argentina por las patentes", por Alejandra Gallo y Néstor Restivo, Clarín, 15 de enero de 1997, p. 14; "Pérdida de beneficios por 9 millones. En qué consiste la sanción", Clarín, 15 de enero de 1997, p. 15.

104. De acuerdo con cifras citadas por el diario Clarín, en 1996 el monto del total de las exportaciones argentinas a Estados Unidos fue de 1700 millones de dólares, mientras que el involucrado por el sistema generalizado de preferencias (SGP) fue de sólo 18 millones. En otras palabras, representaba apenas un 1 % del total. Ver al respecto el artículo "Reacción simbólica. EE.UU. sancionaría hoy a la Argentina por las patentes", por Néstor Restivo, Clarín, 14 de enero de 1997, p. 12.

105. "No daña las relaciones". Menem también minimizó la sanción de los EE.UU.", Clarín, 17 de enero de 1997, p. 4.

106. Declaraciones del canciller Di Tella, citadas en artículo "Reacción simbólica…", op.cit.

107. Declaraciones de Kohan, citadas en artículo "Polémica por las patentes. El Gobierno corregirá una ley por la sanción de Estados Unidos", Clarín, 16 de enero de 1997, p. 2.

108. Declaraciones de Pablo Challú, citadas en artículo "Nacionales vs. extranjeros. Guerra entre laboratorios", Clarín, 16 de enero de 1997, p. 2.

109. "Resiste el Congreso las presiones de Clinton. Según Eduardo Menem, no se alterará la ley de patentes", por Graciela Guadalupe, La Nación, 17 de enero de 1997, p. 7.

110. Ver contenido de la carta de los diputados Roggero, Baylac y Alesandro, citado en artículo "Represalias de EE.UU. por las patentes. Quejas de diputados por las sanciones de Clinton", Clarín, 13 de febrero de 1997, p. 24.

111. Idem nota anterior.

112. "Una nueva presión de los EE.UU.", por María O' Donnell, La Nación, 20 de mayo de 1997, p. 9. 113.

114. "Denuncia norteamericana ante la OMC. Embate de EE.UU. por las patentes", por Jorge Rosales, La Nación, 29 de abril de 1999, Sección 2ª: Economía & Negocios, p. 1.

115. "Patentes: rechazan una sanción", La Nación, 15 de abril de 1997, p. 7; y "Diputados refuerza su ofensiva por las sanciones de EE.UU.", por Laura Serra, La Nación, 18 de abril de 1997, p. 8.

116. "Acuerdo en Diputados en defensa de la ley de patentes", por Laura Serra, La Nación, 5 de mayo de 1999, p. 6.

117. "EE.UU. acentúa la presión", por María O’ Donnell, La Nación, 28 de mayo de 1999, Sección 2ª: Economía & Negocios, p. 1.

118. Roggero propuso declarar persona no grata al diplomático Manuel Rocha", La Nación, 17 de junio de 1999, p. 1; y "Dura réplica de Rocha a diputados justicialistas", por Laura Serra, La Nación, 17 de junio de 1999, p. 8.

119. "Respeto a la propiedad intelectual. Patentes: Menem avala el reclamo de EE.UU. y "Menem afirmó que vetaría la nueva ley de patentes", La Nación, 17 de junio de 1999, p. 8.

120. "Mac Kay llega al país", La Nación, 28 de agosto de 1999, p. 8; "Entrevista con el enviado especial de Clinton, Kenneth Mac Kay. Corrupción y patentes seguirán en la agenda con la Argentina", por Santiago O’ Donnell, Clarín, 29 de agosto de 1999, p. 12; y "Mac Kay espera que la Argentina lidere el ALCA", La Nación, 31 de agosto de 1999, p. 8.

b) Las cuestiones pendientes en el capítulo de inversiones

b. 1.) La cuestión de la seguridad jurídica a las inversiones extranjeras

Sin lugar a dudas, las falencias en esta materia generaron frecuentes quejas por parte de las empresas y de los funcionarios de la Embajada norteamericana hacia las autoridades argentinas. Así, el 11 de agosto de 1993, el entonces embajador norteamericano en la Argentina, James Cheek, se entrevistó con el presidente de la Corte Suprema, Antonio Boggiano, y reclamó mayor seguridad jurídica, sosteniendo que

"Hay empresas norteamericanas que expresan su interés en tener mayor seguridad jurídica en este país". (1)

Como era de esperarse, las declaraciones del embajador no cayeron bien en el gobierno argentino (2), pues lo colocaban en una situación incómoda frente a los partidos de la oposición, quienes utilizaron este tema con fines de política interna. Por ejemplo, el primer candidato a diputado por la UCR bonaerense Federico Storani, señaló, respecto de esta cuestión, que "El propio Gobierno es quien alimenta la inseguridad jurídica", debido a la total falta de independencia del poder judicial y a los vacíos legislativos que se verificaron en algunas privatizaciones, especialmente "en el procedimiento de privatización de la energía eléctrica que fue completado con discrecionalidad por el Gobierno." Estas opiniones reflejaron la posición que el radicalismo adoptó durante la campaña electoral previa a las elecciones de 1995. (3)

Asimismo, en febrero de 1996, la empresa norteamericana Sierra Misco se quejó ante el gobierno de Mendoza por las irregularidades existentes en la licitación sobre el desarrollo de un sistema de información hidronivometereológico que había sido adjudicado a la firma italiana Ismes, sin antecedentes conocidos en el mercado argentino. De acuerdo con la posición de la empresa norteamericana, al aceptar a Ismes, el gobierno provincial "estaría optando por una oferta que, más allá de los incumplimientos que presentaba, superaba en más de un 30 por ciento el precio ofertado" por Sierra Misco. Ante la falta de respuesta a sus reclamos, los directivos de Sierra Misco tomaron contacto con el embajador Cheek, quien, a su vez, dirigió una carta al ministro del Interior del gobierno nacional, Carlos Corach, en la cual reclamaba mayor transparencia y una pronta respuesta a los pedidos de la empresa norteamericana. (4)

b. 2.) Los casos de corrupción

Por cierto, los casos de corrupción debilitaron los esfuerzos del gobierno de Menem por generar confianza externa y constituyeron el flanco más débil de dicha gestión frente a las críticas de la oposición, especialmente durante su segunda administración (1995-1999). Respecto de estos casos, cabe destacar dos variantes. La primera consistió en aquéllos generados por funcionarios gubernamentales argentinos que tuvieron un fuerte eco en el sector privado y gubernamental norteamericano. La segunda modalidad consistió en casos de corrupción en los que hubo responsabilidad de funcionarios gubernamentales y/o privados de ambos países, se registró un bajo perfil del gobierno y del sector privado norteamericanos y las reacciones se limitaron a legisladores del Congreso y de la Justicia argentina. Dentro del primer tipo de casos se ubicaron los ocurridos con la empresa Swift/Armour (conocido como el Swiftgate); la General Telephone and Electronics (GTE); y los conflictos entre los gobiernos argentino y norteamericano en torno al Plan Nacional de Radarización. Por su parte, el caso que respondió a la segunda modalidad de hechos de corrupción fue el del escándalo que involucró a la empresa norteamericana IBM y a su filial en la Argentina, conocido como IBM-Banco Nación.

b. 2. 1.) El caso de la empresa Swift (el caso "Swifgate")

El caso conocido como "Swiftgate" fue el más importante de los casos de corrupción ocurridos durante la primera administración de Menem (1989-1995). Contó con la intervención directa de la Embajada norteamericana en Buenos Aires, cuya presión sobre el gobierno argentino provocó como respuesta la adopción de cambios en la constitución del gabinete.

El primer capítulo de esta historia ocurrió a fines de 1990, cuando el asesor presidencial, Emir Yoma, había ofrecido a Swift-Armour, empresa alimenticia ligada con el grupo agroindustrial norteamericano Campbell Soup, la posibilidad de agilizar el trámite de radicación de capital por medio de una comisión. La firma rechazó esa oferta e informó el 5 de noviembre a la Embajada norteamericana en Buenos Aires. A su vez, el 10 de diciembre, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Terence Todman, entregó al ministro de Economía Antonio Erman González y al canciller Domingo Cavallo una carta del gobierno de Washington planteando la queja por la existencia de trabas burocráticas para la actividad de empresas de origen norteamericano -Enron, Autolatina (Ford), Swift /Armour, Firestone, Goodyear, Federal Express Corporation y

Bell Atlantic-. (5) Los detalles de este primer capítulo del escándalo fueron publicados el 6 de enero de 1991 por el diario argentino Página /12, que difundió una versión según la cual un funcionario o asesor del Gobierno, con un apellido de origen árabe, había pedido cohecho para agilizar el pedido de radicación de la empresa norteamericana Swift en Rosario. Ese mismo día 6, Menem calificó la versión publicada por el matutino como un caso de "delincuencia periodística". (6)

En respuesta a las acusaciones de Menem, el diario Página /12 solicitó al jefe de Estado que "respete el ejercicio de la libertad de prensa" e insistió en la veracidad de la versión, en la cual se afirmaba también que el ministro de Economía, Antonio Erman González, había ofrecido su renuncia al Presidente cuando Menem lo consultó, al parecer en forma cortante, sobre el supuesto caso de cohecho. (7)

Los días 9 y 10 de enero, el embajador Todman (8) y el Departamento de Estado (9) como el embajador ratificaron la información brindada por Página/12, colocando en una posición muy incómoda al gobierno de Menem. A esta presión se sumó la procedente del diario The New York Times, quien en un editorial del 16 de enero también confirmaba las acusaciones efectuadas por el periodista Horacio Verbitsky en el mencionado matutino porteño. (10)

Frente a esta presión diplomática norteamericana, el vicepresidente argentino, Eduardo Duhalde, definió lo ocurrido con la empresa Swift como "un claro caso de corrupción" e intentó salvar la figura presidencial al afirmar que

"yo, por el único que pongo las manos en el fuego es por el presidente Menem y su firme decisión de terminar con todo esto." (11)

Por su parte, el ministro de Economía Erman González, respondió por escrito a las inquietudes que le planteó Todman en su citada carta del 10 de diciembre, señalando que

"No podemos dejar de ver con preocupación que el legítimo interés de su embajada en apoyar las actividades de las empresas americanas en nuestro país pueda tomar un giro que parecería llevar a un juicio indiscriminado de la razonabilidad de todas y cada una de las solicitudes que estas empresas puedan realizar al Estado argentino (…)

(…) Es importante que destaquemos nuestra preocupación con una nota que reúne inquietudes de empresas americanas de muy distinta naturaleza y que incluye una virtual acusación de procedimientos deshonestos, tiñendo al conjunto de un carácter que hace difícil las relaciones entre el gobierno argentino y las empresas americanas en un contexto de lealtad y análisis objetivo de sus solicitudes y que contradice las relaciones que individualmente el Gobierno está manteniendo con muchas de estas empresas de larga radicación en el país y donde los problemas se han resuelto en el pasado y seguramente se harán en el futuro, en un marco de comprensión y colaboración." (12)

Como era de esperarse, el gobierno no sólo debió enfrentar las presiones de la Embajada norteamericana. También la oposición buscó utilizar políticamente el escándalo en torno del intento de cohecho a Swift. El ex-presidente Raúl Alfonsín aseguró que "la sociedad tiene la sensación de que existe una corrupción generalizada", justificó la conducta de Todman remarcando que "el embajador de cualquier nación tiene derecho a intervenir en favor de una empresa de su país", y acusó a Carlos Menem de actuar "como el tero" ante casos concretos de denuncias de cohecho. Por su parte, el diputado radical Jesús Rodríguez, sostuvo que "lo que el presidente Menem definió como "delincuencia periodística" se convirtió en rigurosa verdad, y ahora el Gobierno pretende autoindultarse negando los hechos. Finalmente, el radical Federico Storani señaló que

"En términos de la lucha contra la corrupción, el Gobierno es absolutamente declamativo". (13)

A las presiones ejercidas por el embajador Todman y por la oposición radical se sumó la proveniente del Departamento de Estado. El vocero principal de dicha agencia, Richard Boucher, emitió una declaración de tres páginas en la que respaldaba el contenido de la carta del embajador Todman del 10 de diciembre de 1990, sosteniendo que la misma era

"un esfuerzo por encontrar soluciones a problemas que afectan a inversionistas norteamericanos en la Argentina". (14)

Frente a las declaraciones del Departamento de Estado, Menem acusó a dicha agencia de preocuparse

"por lo que ocurre en la Argentina y no por lo que ocurre en los Estados Unidos, país en el que hay casos de corrupción realmente alarmantes". (15)

Consciente del negativo impacto potencial que estas declaraciones cruzadas podían tener en el "clima" de la relación bilateral, el ministro de relaciones exteriores argentino, Domingo Cavallo, trató de minimizar la reacción del presidente contra las declaraciones del Departamento de Estado norteamericano, al sostener que "Creo que las expresiones del Presidente no reflejan su pensamiento íntimo y que el significado verdadero no es el de recriminar a los Estados Unidos con el argumento de que allá también hay corrupción". A criterio de Cavallo, la difusión de una denuncia falsa contra un amigo (Emir Yoma, sindicado por los medios como el principal responsable del "Swiftgate") lo hizo sentir (a Menem) "angustiado y molesto y tendió a producir un impacto emocional contra la carta del embajador Todman, a la vez que lo predispuso en contra del gobierno de los Estados Unidos. (16)

El 14 de enero de 1991, el gobierno argentino adoptó una serie de decisiones en respuesta a la crisis desatada en torno a la empresa Swift, a fin de evitar eventuales repercusiones negativas en los inversores externos. La primera de ellas tuvo que ver con las designaciones, por parte de Menem, del vicepresidente Duhalde como presidente de una comisión encargada de preparar medidas para combatir la corrupción; y del procurador general del Tesoro, Jorge Maiorano, para que investigase el cohecho en el caso Swift. (17) La segunda fue la iniciativa de la totalidad de los miembros del gabinete gubernamental de presentar su renuncia al presidente, a fin de permitirle al primer mandatario tomar cartas en el asunto. Menem decidió la continuidad de los ministros Erman González, Domingo Cavallo, Antonio Salonia y Mera Figueroa, pero Emir Yoma, el principal implicado por el caso Swift, debió renunciar a su cargo de asesor presidencial. Otras decisiones adoptadas por el gobierno ese mismo día 14, fueron los anuncios, efectuados por el propio presidente Menem, de la creación del Ministerio de Justicia (cuyo titular pasó a ser el ex-secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Raúl Granillo Ocampo) y de la defunción de la cartera de Obras y Servicios Públicos (cuyo titular era hasta ese momento Roberto Dromi). Estos últimos dos pasos estaban destinados a "combatir desde la raíz la corrupción" en palabras del propio mandatario argentino. (18)

No obstante los pasos adoptados por el gobierno de Menem para recomponer el conflicto desatado por el escándalo Swifgate, cabe reconocer que el mismo no sólo tuvo un negativo impacto en las relaciones con Estados Unidos, sino también en la opinión pública argentina. De acuerdo con estudios realizados por el Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, sobre un total de 1000 casos en el área Metropolitana, el 68% del total de los encuestados pensaba que la corrupción era alta entre los políticos y el 45,9 % pensaba que había un alto nivel de corrupción dentro del propio gobierno. Por su parte, la consultora Mora y Araujo obtuvo un porcentaje de sólo el 16 % de respuestas positivas ante la pregunta de cómo manejaba el gobierno de Menem la lucha contra la corrupción. Finalmente, la consultora Demoskopía destacaba que el 36,1 % de

los entrevistados aseguraba que el presidente Menem estaba involucrado en actos de corrupción y un 79 % creía que en el entorno de Menem había corrupción. (19)

b.2.2.) El caso de la empresa General Telephone and Electronics (GTE)

A similitud del caso de la empresa Swift analizado en el apartado anterior, el ligado a la compañía norteamericana General Telephone and Electronics (GTE), evidenciaba que los esfuerzos del gobierno de Menem por hacer más atractivas las inversiones externas en general y norteamericanas en particular no excluyeron la existencia de obstáculos políticos internos. Dicha empresa había ganado la propuesta técnica para proveer un sistema telefónico de alta seguridad para las áreas de Defensa y Presidencia. El concurso, convocado por el Ministerio de Defensa, contó con la participación de siete empresas internacionales que ofrecieron una propuesta técnica y una oferta de precios. A pesar de la precalificación de GTE por la propuesta técnica, el llamado fue anulado por el gobierno argentino sin que se abriera el segundo sobre con el precio. Los anuncios oficiales posteriores respecto de que se demoraría la apertura de los sobres acerca de las condiciones financieras y que se licitarían por separado los servicios para Defensa y Presidencia, provocaron la protesta de GTE, que, como ocurriera en el citado caso de Swift, encontró un rápido eco en la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires y en el propio gobierno norteamericano.

Este eco quedó evidenciado el 9 de enero de 1992, en ocasión de la reunión que tuvo lugar en Washington entre el ministro de Defensa argentino, Antonio Erman González, el secretario adjunto para Asuntos Interamericanos, Bernard Aronson, y el embajador norteamericano en la Argentina, Terence Todman. En dicha oportunidad, los funcionarios norteamericanos destacaron las implicancias perjudiciales que podrían resultar si el gobierno argentino anulaba la licitación y advirtieron acerca de la impresión desfavorable que en hombres de negocios e inversores norteamericanos produjo el rumor acerca de un supuesto interés de funcionarios ligados al área de Presidencia en otorgar dicha licitación a una compañía italiana, que había quedado mal colocada en el concurso. Finalmente, Todman y Aronson advirtieron a González que los inversores norteamericanos podrían llegar a retirarse del mercado argentino si no se planteaban reglas de juego claras. (20)

Pero los directivos de GTE no sólo elevaron sus quejas al gobierno norteamericano. También lo hicieron ante el gobierno argentino. El vicepresidente de la firma, Stan Schneider, dirigió una nota al ministro de Defensa Antonio Erman González, con copia al ministro de Economía Domingo Cavallo, en la cual expresó su "significativa perturbación" por el anuncio oficial de que sería anulado el concurso para proveer un sistema de comunicaciones para la Presidencia y las Fuerzas Armadas en el cual la empresa GTE había sido precalificada en primer lugar. Tras rechazar las razones "contractuales, financieros y técnicas" aducidas por el gobierno argentino para justificar la anulación del concurso, la carta añadía que

" (…) En GTE mantenemos en pie nuestra posición sobre la calidad de la oferta que hemos hecho al gobierno argentino. Permanecemos comprometidos a trabajar con todos ustedes para proveer un sistema de calidad.

"De todas maneras, GTE reconoce que las condiciones del llamado original puedan requerir un ajuste y estamos dispuestos a reunirnos con usted (con Erman González) para discutir modificaciones.

"Esperamos recibir su respuesta en un futuro cercano para que esta situación sea resuelta expeditivamente". (21)

b. 2. 3.) Los conflictos entre Argentina y Estados Unidos por la licitación para el Plan Nacional de Radarización

El caso de la disputa en torno de la licitación obtenida por la firma Northrop Grumman para llevar adelante el Plan de Radarización fue otro de los obstáculos con los que tropezó el gobierno de Menem para llevar adelante su política de atracción al capital norteamericano. A principios de septiembre, y luego de un largo y controvertido proceso de licitación, que incluyó denuncias de supuestas irregularidades por parte de las empresas competidoras, y antes de que una jueza se expidiera sobre una medida cautelar presentada por la empresa francesa Thomson, el Ministerio de Defensa argentino decidió adjudicar a la firma norteamericana Northrop Grumman la primera etapa del Plan Nacional de Radarización (PNR) por 185.300.000 pesos. La decisión se produjo en un momento de fuerte debate acerca de la seguridad aérea en la Argentina, después del mortal accidente de principios de septiembre de un avión de LAPA en el aeroparque metropolitano. (22)

Pero frente a la decisión del Ministerio de Defensa, la Justicia argentina adoptó dos fallos que frenaban la adjudicación a Northrop (23). Asimismo, la empresa francesa Thomson presentó ante la Justicia un recurso de amparo en lo contencioso administrativo con el fin de revisar la licitación adjudicada a la empresa norteamericana. Ante estos obstáculos, el gobierno de EE.UU. rechazó de plano una suspensión de dicha licitación, y advirtió a las autoridades de la Casa Rosada que

"la impensable anulación del acto de adjudicación de la licitación podría considerarse como una grave cuestión en la relación entre ambos gobiernos". (24)

Durante la visita del secretario de Defensa norteamericano, William Cohen, a mediados de noviembre de 1999, dicho funcionario transmitió personalmente al presidente Menem y al ministro de Defensa Jorge Domínguez la preocupación de Washington por la suspensión de la adjudicación del Plan Nacional de Radarización a la empresa norteamericana Northrop Grumman. (25)

b. 2.4.) El caso IBM-Banco Nación

A diferencia de los casos anteriormente mencionados, cuyos responsables procedían exclusivamente del ámbito nacional, el escándalo en torno al supuesto soborno, por un monto de 250 millones de dólares, para que la empresa informática norteamericana IBM modernizara las computadoras del Banco de la Nación Argentina fue un hecho de corrupción que contó con complicidades entre los actores oficiales y privados de ambos países. (26) Esta particularidad hizo que en este caso no se registrase el alto nivel de involucramiento por parte de funcionarios del gobierno y de la Embajada norteamericana que constituyó un rasgo dominante de los casos anteriormente analizados. Una segunda particularidad de este caso fue el notorio contraste entre este bajo perfil de los funcionarios gubernamentales argentinos y norteamericanos y el protagonismo de legisladores y jueces argentinos, quienes intentaron llevar sin resultado la investigación del caso hasta sus últimas consecuencias.

No obstante, como los casos mencionados, el ligado al escándalo IBM-Banco Nación constituyó una modalidad de corrupción que, al no poder ser resuelta por el gobierno menemista, no sólo generó roces y cortocircuitos entre las partes implicadas, sino que tuvo repercusiones internas, en tanto otorgó argumentos a las críticas de la oposición.

El protagonismo de los legisladores argentinos en esta cuestión se vio evidenciado a principios de junio de 1996, oportunidad en la que el senador radical Leopoldo Moreau envió una carta al embajador norteamericano James Cheek en la que se quejaba de la falta de respuesta de la justicia norteamericana a los requerimientos de su colega argentina respecto de la identidad del titular o titulares de una cuenta en el City Bank de Nueva York en la que se habría efectuado un depósito de dinero proveniente del pago de un supuesto soborno de la contratación entre IBM y el Banco Nación. (27)

Asimismo, el presidente del bloque de diputados radicales, Federico Storani, reclamó el 21 de junio al embajador Cheek, que aplicara "el mismo celo que tenía para ejercer presión por la cuestión de la ley de patentes" para que el gobierno de Estados Unidos respondiese a "los requerimientos de la Justicia argentina" con relación a la investigación sobre el contrato entre IBM y el Banco Nación. El legislador radical responsabilizó a los Estados Unidos porque en este caso se percibía una actitud reticente de las autoridades norteamericanas, vinculada al interés por defender los intereses de una empresa. (28)

Pero tanto los citados legisladores como el juez federal argentino, Adolfo Bagnasco –quien estaba a cargo de la causa IBM-Banco Nación- y el fiscal federal Carlos Cearras chocaron con la falta de colaboración del lado norteamericano. Tanto el vocero de IBM Corporation, Fred Mc Neese, como el Departamento de Justicia norteamericana, se opusieron a los esfuerzos de Bagnasco por juzgar en la Argentina a los cuatro ejecutivos de la casa matriz de IBM involucrados en la causa (el manager general de IBM en América Latina Robeli Líbero, el australiano radicado en Estados Unidos Peter Rowley, el experto en contratos norteamericano Steve Lew, y el brasileño que trabajó en la filial argentina de IBM Marcio Kaiser). Los implicados no serían extraditados a la Argentina, salvo que se presentaran "pruebas suficientes" y se limitarían a prestar declaración jurada ante un tribunal norteamericano en aplicación de la interpretación que las autoridades de la Unión hacían del convenio bilateral vigente de asistencia en materia judicial. (29)

La postura de la justicia norteamericana generó distintas reacciones en el gobierno y en los partidos de oposición argentinos. Mientras el ministro de Justicia argentino, Raúl Granillo Ocampo, se mostró confiado en que los Estados Unidos colaborarían en la investigación del affaire IBM-Banco Nación, el legislador radical, Leopoldo Moreau, denunció "una acción concertada entre IBM Internacional y el Departamento de Justicia". Al respecto, Moreau sostuvo que

"La celeridad con que ha reaccionado el Departamento de Justicia norteamericano ante el pedido de los fiscales argentinos contrasta con la lentitud con que el organismo actuó cuando se trató de proveer con información al juez Bagnasco, sobre el origen del dinero de las coimas depositadas en bancos norteamericanos". (30)

Por su parte, los diputados de la comisión investigadora de las contrataciones entre IBM y el Estado rechazaron en junio de 1998 la renuencia del Departamento de Justicia de los EEUU para cumplir con un exhorto librado por el juez federal Carlos Liporacci, quien habría comprobado que directivos de la casa matriz de la firma informática conocían el contrato firmado con la DGI. (31)

A pesar de la actitud reticente de la Justicia norteamericana, el juez federal Adolfo Bagnasco decidió avanzar en lo referente al costado argentino de la causa. El 24 de junio, allanó la sede de la empresa Latin Trade, propiedad de Jorge Cavallo, hermano del ex ministro de Economía Domingo Cavallo, fue allanada por el juez federal Adolfo Bagnasco, quien instruía la causa IBM-Banco Nación. (32) A principios de noviembre, procesó por pago de sobornos (cohecho activo) a Juan Carlos Cattáneo, ex segundo de Alberto Kohan en la Secretaría General de la Presidencia, en la causa IBM-Banco Nación,. También procesó a los ex directores del Banco Nación Alfredo Aldaco y Genaro Contartese, por haber aceptado el dinero de las coimas –depositado en cuentas suizas- lo que permitió que IBM ganara la licitación convocada por el banco para su informatización. Asimismo, Bagnasco dictó el procesamiento de Alejandro De Lellis, ex presidente de CCR (firma utilizada por IBM para canalizar el envío de tropas al exterior) y trabó embargos por un total de 11 millones de pesos sobre los bienes de los imputados, que también estaban procesados en esta causa por defraudación contra el Estado. (33) Finalmente, a principios de abril de 1999, Bagnasco procesó a Hugo Gaggero, ex vicepresidente de la entidad oficial durante la gestión de Domingo Cavallo como ministro de

Economía, Aldo Dadone, ex presidente del Banco Central y al presidente de IBM Argentina Ricardo Martorana bajo los cargos de defraudación en perjuicio del Estado y cohecho. (34)

Con el fin de consolidar estos avances en el plano interno y poder cerrar la causa, el 21 de septiembre, el juez federal argentino resolvió pedir nuevamente a la justicia norteamericana la extradición de Steve Lew y Peter Rowley, ejecutivos de la casa matriz de IBM, sospechados de haber participado en la elaboración de la propuesta que presentó IBM Argentina en la licitación del proyecto Centenario y de haber sabido de la existencia de CCR, empresa subcontratada por IBM que canalizó el pago de sobornos millonarios. (35) Pero, a diferencia de los avances registrados en el lado argentino de la causa judicial, no se produjeron progresos del lado norteamericano. En marzo de 1999, el Departamento de Justicia negó la solicitud de extradición de Bagnasco, alegando que no existían suficientes pruebas como para dar este paso. (36)

Esta posición de la Justicia norteamericana no varió a pesar de la aprobación del tratado de extradición por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos a fines de abril de 1999. De acuerdo con los miembros legislativos y los funcionarios de la Justicia norteamericanos, el pedido de Bagnasco no se encuadraba en los términos del tratado de extradición, ya que el juez federal argentino requería a los ejecutivos de IBM para que declararan en la Argentina, no porque los hubiese encontrado culpables. (37) En noviembre de 1999, ya hacia el fin de la administración Menem, Bagnasco renovó su pedido a Washington, pero la negativa de las autoridades norteamericanas a conceder la extradición solicitada por el juez federal argentino no sufrió modificaciones. (38)

A diferencia de casos como los de las empresas Swift y GTE, el vinculado a IBM-Banco Nación no contó con un alto perfil de declaraciones por parte de los funcionarios gubernamentales tanto argentinos como norteamericanos. Quien rompió este silencio generalizado en el ámbito oficial fue el vicepresidente argentino, Carlos Ruckauf, quien admitió que el caso IBM-Banco Nación "roza al Gobierno" y se pronunció a favor de "meter presos" a los funcionarios corruptos "ocupen el lugar que ocupen". (39)

b.2. 5.) Las dificultades en el proceso de privatización de los aeropuertos

Por cierto, el proceso de privatización de los aeropuertos fue otro de los ítems de la agenda bilateral que puede ser incluido en la categoría de cuestiones pendientes, en tanto los medios de prensa y las autoridades norteamericanas no perdieron oportunidad de evidenciar su reticencia por los manejos políticos que acompañaron a este proceso. Así, La Nación del 5 de diciembre de 1996 reprodujo un largo artículo publicado por el influyente diario The Wall Street Journal, en el que se advertía sobre los problemas que tuvo con la Argentina una empresa interesada en la compra de aeropuertos. Dicho artículo se convirtió en una luz de alerta para los inversores extranjeros inquietos por los manejos políticos en torno de la cuestión, y obligó al propio presidente Menem a refutar duramente los términos de la publicación durante la conferencia de prensa que tuvo lugar en el Hotel Willard, en el contexto de su visita a los Estados Unidos. Al respecto, el mandatario argentino sostuvo que "La Unión de Bancos Suizos está preparando la licitación" y que "se trata de un proceso cristalino. Ahora bien; si hay sospechas, hay que realizar las impugnaciones". Sorprendido por el artículo, destacó que

"(…) las imputaciones de esa naturaleza son como la moneda falsa: la acuñan los delincuentes y la hacen circular los honestos." (40)

Asimismo, y en respuesta a las denuncias sobre inseguridad jurídica efectuadas por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, Menem sostuvo en la Cámara de Comercio que

"Existe seguridad jurídica en la Argentina. Si no, no hubieran llegado las inversiones. Los tribunales están trabajando con idoneidad, capacidad y celeridad para terminar la corrupción" (41)

Por su parte, el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, también respondió a las imputaciones de Cavallo, señalando que

"Los contratos que benefician a Interbaires, Intecargo y Edcadassa vencen en el 2009 y no fueron firmados por este gobierno sino por el entonces presidente Raúl Alfonsín y el ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena; lo único que hemos hecho es respetar esos acuerdos". (42)

Conclusiones

Con la asunción del justicialista Carlos Menem a la presidencia, las relaciones bilaterales con Estados Unidos ingresaron a un paradigma de "relaciones especiales". Un indicador de esta tendencia fue la cantidad y variedad de convenios firmados con Washington. De un total de 207 acuerdos firmados entre Argentina y Estados Unidos entre julio de 1853 y marzo de 2000, 86 de ellos fueron suscriptos durante las dos presidencias de Menem. (43)

Este esquema de "relaciones especiales" con Estados Unidos procuró recrear el exitoso vínculo entre política exterior y crecimiento económico, característico del paradigma de "relaciones especiales" con Gran Bretaña, vigente entre fines del siglo XIX y mediados del XX. No obstante, cabe notar dos diferencias esenciales entre ambos paradigmas. La primera está referida a las diferentes percepciones de los dirigentes argentinos acerca del poder relativo de su país en los contextos global y regional. Mientras el esquema de "relaciones especiales" con Gran Bretaña partió de la percepción de la Argentina como un país rico y destinado a ejercer un papel de liderazgo en la región –lo que Joseph Tulchin denomina el "excepcionalismo" argentino-, el paradigma adoptado por la gestión Menem partió de la percepción exactamente contraria: así, el canciller Guido Di Tella definía a la Argentina como un país "débil o al menos mediano" en términos de recursos de poder, "con una breve e incompleta historia de democracias estables". (44) Por su parte, la segunda diferencia entre ambos paradigmas está vinculada al alcance de la "relación especial". En el paradigma de "relaciones especiales" con Gran Bretaña los dirigentes argentinos definieron los vínculos con Gran Bretaña y los países de Europa Occidental en términos de su importancia comercial para el desarrollo económico argentino pero no extendieron su sociedad comercial al ámbito de las alianzas políticas o estratégicas con estos países, pues este último fue percibido como uno ajeno a los intereses económicos argentinos. A diferencia del anterior, en el paradigma de las "relaciones especiales" con Estados Unidos y los países desarrollados de Occidente, el vínculo con estas naciones tuvo una naturaleza tanto económica como estratégica, porque no partió de la percepción de la Argentina como un país económicamente rico y prescindente de los asuntos políticos internacionales, sino, por el contrario, definió a la Argentina como un país débil y vulnerable, necesitado de capitales y de credibilidad externa, y, por tanto, altamente comprometido con la evolución de las cuestiones políticas internacionales en tanto constituían "ventanas de oportunidad" para mejorar la ubicación internacional del país.

Partiendo del supuesto de Argentina como el componente "débil" de una relación "asimétrica" con los Estados Unidos y los países desarrollados de Occidente, la política exterior de la administración Menem se orientó a convencer a los gobiernos e inversores de este grupo privilegiado de naciones que la Argentina podía ser un "socio confiable". En procura de ello, la dirigencia menemista no dudó en adoptar una serie de pasos cuyo impacto trascendió el ámbito de las relaciones con Estados Unidos. Tales fueron, entre otros, el ingreso argentino al MTCR, la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear y la ratificación del Tratado de Tlatelolco, la desactivación del misil Cóndor II, la participación de naves argentinas en la Guerra del Golfo Pérsico, el respaldo a la posición norteamericana en la condena a las violaciones a los derechos

humanos perpetradas por el régimen de Fidel Castro en Cuba y la apertura de negociaciones con Gran Bretaña respecto del conflicto de las Malvinas.

A estos gestos y medidas de política exterior conducentes a la construcción de una imagen de confiabilidad externa se sumó, en el ámbito de la política económica interna, la adopción de medidas orientadas hacia la ortodoxia liberal. Las mismas fueron reclamadas por los organismos internacionales de crédito y contaron además con el respaldo de los sectores medios de la sociedad argentina, tras la traumática experiencia hiperinflacionaria de 1989. En la percepción del gobierno de Menem, ambos tipos de medidas fueron condiciones sine qua non para la obtención de importantes metas económicas tales como la disminución del riesgo país y la atracción de las inversiones extranjeras necesarias para el desarrollo económico argentino en forma sustentable. En palabras del ex vicecanciller Andrés Cisneros, la política exterior argentina se debía pensar

"(…) en función de los intereses vitales de un país que, por la baja intensidad de su mercado, por la baja proporción de su ahorro interno y por la inexistencia de un fuerte mercado regional de capitales (entre otros factores) tiene necesidad de reestructurar periódicamente su deuda externa, lo que significa que está permanentemente abonado a una negociación con los grandes centros financieros internacionales, especialmente Wall Street. No solamente esto, sino que además vivimos crónicamente necesitados de inversiones y flujos de capital.

Las virtudes de una política exterior pueden medirse por su capacidad para suscitar actitudes positivas para la Argentina en banqueros e inversores actuales o potenciales, a no ser que tenga costos materiales tangibles. A la inversa, toda política exterior que genere percepciones negativas en dichos sectores debe considerarse mala, a no ser que produzca dividendos materiales tangibles". (45)

De acuerdo con Cisneros, el objetivo de la política exterior del gobierno de Menem residió

"(…) en adquirir y mantener una confiabilidad política de largo plazo de la que el país (Argentina) carecía, estructurando una trabajosa alianza política con los Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Para alcanzar aquella confiabilidad hay que comportarse durante mucho tiempo como auténtico miembro del bloque occidental sin patear tableros: cooperativa, no confrontativamente. Las confrontaciones externas deben reducirse a aquellos asuntos concretos vinculados en forma directa a su bienestar y a su base de poder. La política exterior del país debe tener, por lo tanto, el perfil más bajo posible en todos aquellos temas en que se contrapone con las potencias dominantes, y debe adaptar sus objetivos políticos a los de la potencia dominante en la región, a menos que dicha adecuación tenga costos materiales tangibles (en cuyo caso se impone la defensa del interés o del honor nacional).

La experiencia realizada, a partir de la segunda posguerra, por países como Alemania o Japón (o por Canadá y Australia en toda su historia) ejemplifica la funcionalidad, para el crecimiento, de aceptar con realismo el liderazgo político (no necesariamente económico) de la potencia dominante.

Argentina decidió, bajo la presidencia de Carlos Menem, aplicar ese criterio y, simultáneamente, reemplazar la política de sorda hostilidad con los vecinos, por una política francamente cooperativa. (…)".(46)

Cisneros explica las razones del ingreso argentino en la alianza occidental en los siguientes términos:

"(…) en materia del escenario global de la política mundial, adherimos decididamente a la alianza occidental. Las críticas que recibimos señalan una supuesta sumisión no sólo indigna sino también lesiva de los intereses de la Nación, aparentemente así subordinados a los de los países centrales y poderosos. Nosotros creemos que ese resultado se obtiene exactamente a la inversa, como lo prueba cualquier examen desapasionado de la historia argentina del último siglo.

Nosotros nos enrolamos a la alianza occidental no sólo porque esos países tienen el mismo sistema de valores, el mismo sistema político y el mismo sistema de producción que nosotros, sino también porque constituyen el ámbito natural de crecimiento de nuestra economía y nuestra cultura, y estos objetivos pueden servirse mejor cuanto mayor resulte nuestro prestigio y nuestra confiabilidad, reservando las cuotas de retórica y hostilidad, inevitables en la convivencia, para aquellos asuntos en que tengamos –como tenemos- conflictos de intereses puntuales con los países más poderosos.

La política exterior y el programa de reconversión de la economía son los dos instrumentos fundamentales de la transformación argentina y de su exitosa inserción en la economía mundial.

El alineamiento con los países de occidente otorgó al país un insumo fundamental: la confiabilidad internacional. (…)".(47)

Estas razones fueron resumidas por el canciller Guido Di Tella en los siguientes términos:

"(…) Nosotros aplicamos el sentido común. El tradicional sentido común de los inmigrantes, "bolicheros" que venían a trabajar y hacer la América, su sentido pragmático era "estar mejor", en vez de proponerse, como ciertos intelectuales, metas universales, heroicas, de principios absolutos. Vayamos a los bifes en temas concretos, argentinos, y resolvamos los problemas de la gente. Eso hace Menem. Esa es la Menemtroika.

De manera ridícula se nos ha acusado de sometimiento a los Estados Unidos. Nada más lejos de la verdad. Hemos, sí, practicado un giro sustantivo para terminar con una tradición de antinorteamericanismo inconducente, que no nos ha reportado ninguna ventaja y que nos ha marginado durante décadas del protagonismo realista –y mesurado- que nuestro país puede aspirar a tener en el mundo actual. (…)

Esta es una política exterior al servicio del bienestar de nuestra gente. Como tal, es profundamente moral, porque nada podría ser más inmoral que la continuación de una política de confrontaciones costosas que dañó al país al punto de hambrear a nuestro pueblo. Somos pragmáticos en tanto no nos arriesgamos al fracaso, pero al abandonar el verbalismo diplomático no hemos abandonado los principios." (48)

Por cierto, esta nueva forma de relacionarse con Estados Unidos y con el mundo propuesta por Di Tella –resumida en su polémica metáfora acerca de las "relaciones carnales"-produjo –más allá de sus aciertos, sus costos y sus eventuales excesos- un "shock" cultural, en tanto contradecía la tradición histórica, cultural y diplomática de la política exterior argentina, reacia al acercamiento con Washington. Como producto de este "shock", la década de 1990 generó un fuerte debate académico tanto respecto de los supuestos teóricos que animaban a este cambio como respecto de su contenido y de los objetivos que lo orientaban.

En cuanto al debate referente a los supuestos teóricos, cabe destacar la existencia de dos enfoques contrapuestos: el denominado "realismo periférico", que defiende el sentido del cambio operado durante la década de 1990 en las relaciones con Estados Unidos, cuyo representante fue el ex asesor del canciller Di Tella entre los años 1991 y 1992, Carlos Escudé;

y los enfoques opuestos al "realismo periférico", representados por Roberto Russell y Mario Rapoport.

El primero de los enfoques citados –el "realismo periférico"- contiene los siguientes principios básicos: 1) un país dependiente, vulnerable, empobrecido y poco estratégico para los intereses vitales de los Estados Unidos, como la Argentina, debe eliminar sus confrontaciones políticas con las grandes potencias, reduciendo el ámbito de sus confrontaciones externas a aquellos asuntos materiales vinculados en forma directa a su bienestar y base de poder; 2) la política exterior debe calibrarse no sólo en términos de un riguroso cálculo de costos y beneficios materiales, sino también en función de los riesgos de costos eventuales. Los desafíos políticos a las grandes potencias pueden no acarrear costos inmediatos, pero casi siempre llevan implícito el riesgo de costos eventuales; y 3) la necesidad de reconceptualizar la autonomía no como libertad de acción (que es enorme y llega al límite de la autodestrucción) sino en términos de los costos relativos de hacer uso de esa libertad de acción frente a una problemática determinada. (49)

Por su parte, el "neoidealismo periférico" de Russell plantea las siguientes críticas a los supuestos del "realismo periférico" de Escudé: 1) la definición de la política exterior en términos del bienestar material de los ciudadanos, abandonando el apego a principios del Derecho Internacional, resulta para Russell esquiva políticamente y defectuosa desde el punto de vista ético, dado que, al dejar el campo libre para la adopción de políticas ambiguas o de double standard, socava la credibilidad externa del país periférico y lleva implícito el riesgo de costos eventuales, particularmente en tiempos de emergencia internacional, que son los costos que Escudé pretende precisamente evitar; 2) el cálculo de costos y beneficios adquiere nuevas dimensiones y se hace más complicado en el orden de la posguerra fría que lo que Escudé supone; 3) el ámbito de la confrontación de un país periférico no puede quedar reducido a cuestiones que sólo afecten las base de poder material: también se debe confrontar cuando las acciones de las grandes potencias vulneran principios que hacen a la definición del interés nacional y que puede no afectar el interés material de los argentinos" pero sí directa o indirectamente, sus intereses de seguridad; y 4) la propuesta de Escudé de adaptarse a los objetivos políticos de la superpotencia en la región presenta para Russell varios problemas: a) deja al otro la iniciativa (la política exterior se acomoda, se adapta, se adecua, es básicamente pasiva, extremando el argumento hasta no sería necesaria, podría prescindirse de ella, salvo cuando sean afectados los "intereses materiales"); b) implica seguir los cambiantes objetivos políticos de Estados Unidos en la región con excepción de las situaciones en las que están en juego los "intereses materiales"; y c) no toma en cuenta que las políticas latinoamericanas de la superpotencia en la región no resultaron de amplios consensos internos, sino que, por el contrario, fueron resistidas y cuestionadas por importantes sectores sociales y políticos de Estados Unidos. Sobre la base de las citadas críticas, Russell concluye que si la política exterior argentina siguiera el criterio de Escudé, se vería obligada a seguir la versión oficial del gobierno norteamericano de turno e incluso cambiar con cada golpe de timón realizado por una misma administración. (50)

Finalmente, Rapoport señala las siguientes objeciones a los supuestos del "realismo periférico": 1) el grado de confiabilidad de un país no se debe a una política exterior inspirada en el "realismo periférico" sino principalmente a las condiciones institucionales, económicas, políticas y sociales internas: fue la degradación de estas condiciones la que debilitó la presencia internacional de la Argentina en diversos períodos de su historia, a pesar de haber tenido, en distintos momentos, gobiernos militares que suscribían a la doctrina del alineamiento automático; 2) la política de "realismo periférico" propuesta por Escudé implica de facto la aceptación pasiva (o activa, si se interviene en los acontecimientos) de la arbitrariedad y el autoritarismo entre los Estados al contrario del objetivo siempre vigente de democratizar el poder internacional; 3) desde el punto de vista teórico, la reducción de la política internacional a un cálculo de costos y beneficios constituye una interpretación simplista que no toma en cuenta el conjunto de elementos que integran una teoría de las relaciones internacionales, en la cual

intervienen sistemas de finalidad (objetivos, medios y actores), por un lado, y sistemas de causalidad (estructuras, relaciones económicas, sociales y políticas, fuerzas profundas y fuerzas organizadas), por otro. Para Rapoport el enfoque "realista periférico" tampoco reconoce la existencia de actores no estatales en las relaciones internacionales y de los nuevos poderes surgidos de la globalización y la regionalización (51)

Respecto del segundo nivel de debate –el relacionado con el cambio en el contenido de la política exterior y de las relaciones con Estados Unidos y con los objetivos que animaban a la adopción de una paradigma de "relaciones especiales"-, el mismo implica diferentes interpretaciones respecto de tres cuestiones: a) las medidas adoptadas por el gobierno de Menem en la agenda bilateral y multilateral con Estados Unidos; b) el poder relativo y margen de maniobra externo de la Argentina; y c) los ejes externos que la diplomacia argentina debe o no considerar prioritarios.

En cuanto a la primera de las cuestiones, los defensores del esquema de "relaciones especiales" han percibido los distintos pasos adoptados por la administración Menem –entre otros, las medidas de apertura económica y privatizaciones, la firma del TNP, la ratificación de Tlatelolco, la desactivación del Cóndor, la participación argentina en la Guerra del Golfo Pérsico, el retiro de la Argentina como miembro del Movimiento de Países No Alineados, las modificaciones a la ley de patentes farmacéuticas- como "pasos necesarios" para obtener una vinculación armónica con Washington, herramienta vista como clave no sólo para salir de la crisis económica heredada de gobiernos anteriores, sino para revertir una negativa memoria histórica plagada de desencuentros y confrontaciones y construir una relación armónica con Estados Unidos. En cambio, los opositores al nuevo esquema de vinculación han interpretado –y aún interpretan- estas medidas como "concesiones" unilaterales de la Argentina a los Estados Unidos, sin contrapartida ni beneficios inmediatos.

A su vez, estas percepciones encontradas respecto del carácter de las medidas adoptadas en la agenda bilateral y multilateral con Estados Unidos –¿pasos necesarios o concesiones unilaterales?-, conllevan a divergencias ideológicas en referencia al poder relativo de la Argentina y a los ejes de vinculación externos que la diplomacia argentina debería priorizar.

En lo referente al poder relativo de la Argentina, el gobierno de Menem partió de la premisa de la debilidad del país y de la necesidad de subsanar esta falencia estructural a través del fortalecimiento de los vínculos con Estados Unidos y los países del Occidente desarrollado, Japón, las naciones del sudeste asiático y los países vecinos del Cono Sur. Por su parte, los opositores a la política exterior adoptada por el menemismo interpretaron la prioridad asignada a las relaciones con Estados Unidos y los países occidentales desarrollados como un indicador del carácter excluyente de los vínculos con los primeros países y del aislamiento respecto de la región y respecto del Tercer Mundo. Para los críticos de la gestión de Menem, estos últimos ejes constituyen los ámbitos naturales desde donde la Argentina, a pesar de su condición periférica, puede encontrar intersticios que le permitan aumentar su margen de acción frente a las presiones provenientes de Estados Unidos y otros países desarrollados.

El debate académico acerca de estas cuestiones, fue especialmente activo durante la década de 1990. No obstante, los ecos del mismo han trascendido este marco temporal. Entre los autores que caracterizan las relaciones argentino-norteamericanas en términos de "concesiones" de la Argentina cabe citar a Alfredo Rizzo Romano, quien no duda en definir la política exterior del gobierno de Menem como un ejemplo de "herodianismo tardío". Así como el rey de Judea Herodes "El Grande" tuvo por política la "sumisión casi absoluta" con el hombre de turno que mandaba en Roma, el gobierno de Menem tuvo un perfil similar respecto de las administraciones del republicano George Bush y del demócrata Bill Clinton. (52)

Lo propio hace el economista e historiador Mario Rapoport, quien, desde una perspectiva similar a la de Rizzo Romano, define el patrón de relación con Estados Unidos adoptado por el gobierno de Menem en términos de un alineamiento automático. Perfil que implicó la renuncia al concepto de autonomía entendida como libertad de decisión o de acción de los Estados (es decir, como búsqueda de mayores márgenes de independencia), y por ende, renuncia al fortalecimiento del poder de negociación frente a EEUU a través de la participación argentina en el MERCOSUR. Perfil que, además, provocó diferencias con los países de la región, especialmente con Brasil. (53)

Por su parte, José Paradiso se incorpora al coro de las voces críticas al "realismo periférico", advirtiendo que una política basada en este último enfoque teórico no contribuye a la recomposición de la confianza externa, pues

"(…) Los procesos de recomposición de confianza son lentos y acumulativos. En ellos, los pequeños pasos, la gestión rutinaria, el reiterado testimonio de equilibrio y moderación, valen más que los gestos espectaculares, las rupturas, los giros inesperados. Estas últimas actitudes, la disposición a ceder más de lo que se pide y hacerlo en nombre de la astucia o con un aire de calculada indignidad, lejos de producir confianza tienden a confirmar la presunción de erraticidad y, consecuentemente, a generar nuevos recelos. Quien hace una acrobacia en un sentido puede hacerla en el otro y esto es lo que perciben los espectadores de la pirueta. Aprobarán, naturalmente, todo lo que se haga en su beneficio o conforme a sus intereses y modos de ver las cosas, pero el aplauso no significa que realmente corrijan los juicios sobre el sospechoso. Antes bien, lo alentarán, pero exigiéndole cada vez mayores garantías. (54)

A diferencia de los autores anteriormente citados, Artemio Luis Melo define el patrón de relaciones bilaterales dominante durante el gobierno de Menem como uno que

"(…) no se traduce en un alineamiento automático, acrítico o incondicional. Sino que asume la modalidad de una "autonomía progresiva", pragmáticamente acompasada en el corto y mediano plazo y que puede llevar la impronta de una "autonomía heterodoxa" en el largo plazo.

No es el espacio máximo e ideal de autonomía de decisión. Es el modo de adaptación a un ambiente externo que presenta fuertes condicionamientos al sistema político interno. No es tampoco, a pesar de las "relaciones carnales", la situación de "dependencia nacional" a la que alude Juan Carlos Puig y que puntualiza el canciller Guido Di Tella al referirse a la unión provechosa con Gran Bretaña a comienzos de nuestro siglo. Porque se trata de relaciones diversificadas con potencias sustantivas. Es decir, además de Estados Unidos, en aproximado grado de importancia con Europa Occidental, en lo regional con los países del Mercosur y en grado aún bastante menor con el Japón." (55)

Desde una posición similar a la de Melo, Roberto Russell, no obstante sus críticas al enfoque del "realismo periférico" en el plano teórico, reconoce en el de la implementación las contribuciones de una política exterior menos ideologizada que las de sus antecesores. Señala al respecto que la política adoptada por el gobierno de Menem

"(…) ha aportado una cuota importante en la construcción de consenso, porque ha tomado varias medidas cuyo resultado –querido o no- fue la reducción del margen de debate. Produjo shocks culturales, abordó frontalmente una serie de temas tabú (por ejemplo la ratificación de Tlatelolco y la adhesión al TNP) y adoptó decisiones que marcan caminos sin retorno (tal el caso de la desactivación del Cóndor II). (…) si se analiza con cuidado el debate de los últimos años sobre la relación Argentina-Estados Unidos, incluido el que se manifiesta en ámbitos públicos de gran difusión, la conclusión a la que se llega es que hay más ruido que nueces. Dicho de otro modo, y más simplemente, existe un amplio acuerdo en el sentido de que la Argentina tiene que mantener muy buenas relaciones con Estados Unidos". (56)

Ese consenso en materia de política exterior –producto para Russell no sólo de los méritos del gobierno de Menem, sino también de factores contextuales externos tales como el fin de la Guerra Fría- iniciado durante la década de 1990 y vigente en la actualidad, contenía –y contiene- tres elementos básicos que, para dicho autor, condicionan favorablemente la continuidad en el patrón de "relaciones especiales" con Estados Unidos y que estuvieron ausentes durante las décadas previas a la analizada por este artículo: a) la coincidencia de las fuerzas políticas y de la amplia mayoría de la sociedad respecto de la vigencia de la democracia en la Argentina como condición necesaria para la inserción efectiva del país en el mundo; b) el acuerdo en definir la política exterior en clave económica, es decir, dotada de un perfil pragmático de vinculación económica y política con el exterior que sirva primordialmente a las necesidades económicas argentinas; c) la generalizada percepción de que la estabilidad económica y la disminución del riesgo país son condiciones necesarias para una inserción internacional exitosa de la Argentina; y d) la coincidencia en la importancia de tres ejes de vinculación externos: uno, el constituido por Estados Unidos y la alianza occidental en su conjunto; el otro, el conformado por los países miembros del MERCOSUR más Chile; un tercero, menor en importancia respecto de los anteriores, el representado por los países de la región Asia-Pacífico. (57)

Finalmente, Russell sostiene que las presiones diplomáticas norteamericanas ejercidas sobre el gobierno de Menem en temas como la corrupción y la seguridad ciudadana –percibidas por los sectores nacionalistas y los críticos del período menemista como causa y consecuencia de las "concesiones" otorgadas a Estados Unidos-

"(…) constituyen una forma de intervención que calificaría de "deseable", como lo fue en su época la intervención a favor de los derechos humanos, dado que su efecto probablemente sea el fortalecimiento y profundización del proceso democrático argentino, que aún tiene mucho por andar." (58)

Como pequeña contribución a este debate académico, el autor de este artículo advierte la existencia de seis supuestos falaces en la caracterización que los críticos de la política exterior del gobierno de Menem hacen de las relaciones con Estados Unidos durante la década de 1990:

a. la caracterización de las relaciones con Estados Unidos durante la década de 1990 en términos de "alineamiento automático";

b. la interpretación de la metáfora de "relaciones carnales" en las relaciones con Estados Unidos en un sentido negativo, en términos de deshonra o de humillación al honor nacional;

c. la definición de dichas relaciones en términos de vínculos "exclusivos" con Estados Unidos y los países desarrollados de Occidente; y "excluyentes" respecto de América Latina;

d. la confusión entre los conceptos de "pasos necesarios" y "concesiones", falacia que a su vez se deriva del inconveniente de no diferenciar la existencia de dos tipos de temas en la agenda: los temas donde el umbral de tolerancia de Washington es cero (y por ende el margen de maniobra de la Argentina es inexistente); y los temas donde dicho margen de maniobra relativo aumenta porque el umbral de tolerancia de los Estados Unidos es mayor a cero;

e. la contraposición, en categorías antagónicas, de la política exterior "autonomizante" de los gobiernos de Brasil durante la década de 1990, confrontativa con los intereses de Estados Unidos; y la política exterior de la Argentina del mismo período, subordinada o alineada a los intereses de Washington; y

f. la sobrevaloración de la importancia instrumental de una política exterior de acercamiento a Estados Unidos en términos de sus efectos sobre el bienestar material argentino, falacia esta última que compartieron tanto los detractores de la política adoptada por el gobierno de Menem como sus más acérrimos defensores

Respecto de la primer falacia apuntada, muchos de los ejemplos estudiados en este capítulo evidencian que el ingreso a un patrón de "relaciones especiales" con Estados Unidos adoptado por el gobierno de Menem no supuso necesariamente un perfil de alineamiento automático. Como sostienen Deborah Norden y Roberto Russell, las "relaciones carnales" entre Argentina y los Estados Unidos no implicaron un "amor ciego", sino concesiones en algunas cuestiones de agenda e intentos de resistir las presiones norteamericanas respecto de otras cuestiones –con diversos grados de éxito en ambos casos-. En muchos temas de la agenda bilateral, multilateral y hemisférica, la diplomacia argentina actuó de acuerdo con sus propias convicciones y trabajó con los Estados Unidos –no para los Estados Unidos- con el objetivo de alcanzar o defender intereses que compartía con las autoridades de Washington. (59) Vale recordar al respecto, como ejemplos pertenecientes a la dimensión bilateral de la agenda, la crítica del gobierno argentino a la invasión de Estados Unidos a Panamá en diciembre de 1989; la enérgica protesta diplomática frente a la pretensión norteamericana de vender trigo subsidiado a Brasil a mediados de 1991; la crítica de la Cancillería argentina al dictamen de la Corte Suprema de los Estados Unidos que convalidó el secuestro de ciudadanos extranjeros para que sean juzgados en la Unión en junio de 1992; y los roces existentes entre los gobiernos de Argentina y Estados Unidos por la legislación argentina en materia de patentes farmacéuticas y confidencialidad del secreto industrial, cuyos lineamientos estaban más cerca de la normativa de la Organización Mundial del Comercio que de la legislación norteamericana. A estos ejemplos se añadieron otros tantos en la dimensión multilateral de la agenda con Estados Unidos, objeto del siguiente capítulo.

Respecto de la segunda falacia, la derivada de interpretar en un sentido negativo la idea, acuñada por el canciller Di Tella, de alcanzar "relaciones carnales" con Estados Unidos, el vicecanciller del gobierno de Menem, Andrés Cisneros, explica, en su réplica a los críticos de las "relaciones carnales" como el ex ministro de Defensa del gobierno de Alfonsín Horacio Jaunarena, el alcance del polémico concepto en los siguientes términos:

"(…) Acertada o no, la frase atribuida a Di Tella no intentó nunca ser otra cosa que una metáfora. Como se sabe, el mundo aun no se maneja solamente con criterios de justicia. El poder también cuenta. (…)

La expresión del canciller alude a relaciones con intercambios ya no más puramente retóricos (a favor o en contra de Estados Unidos) sino llenos de materialidades útiles. DE, por ejemplo, fuerte intercambio comercial, financiero y tecnológico. En fin, de beneficios tangibles que mejoren palpablemente la vida de la gente …Aparentemente hay quienes no entienden las relaciones carnales sino como aquellas en que una persona necesariamente somete y humilla a la otra … Estoy seguro que el doctor Jaunarena, como yo y como los millones de lectores de Clarín disfrutan de relaciones carnales plenas de dignidad y de contenido enriquecedor para ambas partes. Ese es todo el alcance de la metáfora de Di Tella. Lo demás, corre por cuenta de la medicina." (60)

Desde una perspectiva interpretativa similar a la de Cisneros, los académicos Mónica Hirst y Roberto Russell advierten acerca del peligro de percibir los "gestos exagerados" hacia Washington del canciller Di Tella –tales como la aspiración a mantener "relaciones carnales" en el plano del discurso y el envío de naves al Golfo en el de la práctica- como un indicio paradigmático del alineamiento automático. Si bien las polémicas expresiones del canciller y la sistemática disposición del presidente Menem a acompañar a los Estados Unidos en distintas causas globales y regionales –ejemplificada en el envío de tropas al Golfo o en su disposición a enviarlas a Colombia- puede contribuir a esta confusión, ambos autores advierten que el modo de vinculación con Estados Unidos inaugurado por Menem se fundaba en un enfoque de convergencias entre ambos países que comprendía valores, puntos de vista y objetivos comunes, pero que no excluía la presencia de intereses distintos o contrapuestos con los de Estados Unidos en temas que abarcaron desde los subsidios agrícolas y la protección de la propiedad

intelectual hasta el rechazo a la ley Helms-Burton contra Cuba, la certificación unilateral en la cuestión del narcotráfico o el grado de autonomía de la Corte Penal Internacional. (61)

Por cierto, los medios de prensa brasileños percibieron con mayor agudeza que sus colegas argentinos el alcance del concepto, como lo demuestra el siguiente editorial de O Estado de Sao Paulo:

"(…) Las "relaciones carnales" significan que la Casa Rosada no contrariará ninguna iniciativa de política exterior de los Estados Unidos que no sea frontalmente perjudicial a los intereses económicos argentinos. Por eso, el gobierno de Brasil puede contar con el de Buenos Aires para adoptar una posición de respeto al cronograma de creación del ALCA, mas no debe esperar apoyo de las autoridades argentinas en aquellas cuestiones que no implican un respeto directo del MERCOSUR en su estadio actual. De la misma forma, interesa a la Argentina el fortalecimiento de la economía brasileña pero no el fortalecimiento político del Brasil en el concierto internacional." (62)

En referencia a la tercera de las falacias apuntadas, existe el supuesto entre los críticos de la política exterior del gobierno de Menem que la apuesta preferencial por los vínculos con Estados Unidos y los países desarrollados de Occidente implicó necesariamente el alejamiento o el descuido de las relaciones con América Latina. Cabe reconocer que la diplomacia del período colocó a Estados Unidos y a los países desarrollados de Occidente en un lugar preferencial en la escala de prioridades de la agenda de política exterior. Pero es igualmente cierto que el reducido mapamundi de la Cancillería y del gobierno incluyó no sólo a Estados Unidos y a los países desarrollados de Occidente, sino también a países como Japón, los del sudeste asiático y los vecinos del Cono Sur. Los criterios orientadores de esta selección de países prioritarios en términos de vinculaciones fueron básicamente dos: el interés material y la cercanía física. (63)

Así, el canciller Di Tella, en el discurso pronunciado ante el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), el 18 de abril de 1991, demuestra en forma inequívoca este criterio de selección:

"Nos interesan estos países porque les va bien. Si les fuera mal nos interesarían menos" (64)

En ese mismo discurso demuestra la importancia que para la política exterior del menemismo tuvieron, dentro de la región, los países del Cono Sur:

"Nos interesan enormemente nuestros países vecinos, donde tenemos problemas comunes, (…) Cuanto más lejos están de nuestra frontera nos interesan menos porque tenemos menos relaciones" (65)

Por cierto, el impulso otorgado por el gobierno de Menem al Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR) evidenció la relevancia de los países limítrofes en el esquema de política exterior. Cabe reconocer, sin embargo, que dicha relevancia estuvo escrita en clave primordialmente económico-comercial. Como señala el ex secretario de Planeamiento Estratégico del gobierno de Menem, Jorge Castro, mientras Brasil partió de la percepción del MERCOSUR como una prioridad política antes que económica -que le permitía maximizar su margen relativo de maniobra frente a los Estados Unidos-, la Argentina tuvo una concepción exactamente opuesta. (66) Los pasos embrionarios destinados a construir una alianza político-estratégica entre Argentina y los países del MERCOSUR durante la gestión de Menem (67) fueron concebidos desde la óptica argentina no como pasos orientados a aumentar el margen de maniobra respecto de Estados Unidos, sino precisamente como medidas destinadas a fortalecer el capital de credibilidad internacional necesario para consolidar las relaciones estratégicas y económicas preferenciales con Estados Unidos y los países desarrollados de Occidente.

Dada esta definición de prioridades por parte de las autoridades del Palacio San Martín, los vínculos entre Argentina y Brasil no alcanzaron el status de "relaciones especiales" que tuvieron las relaciones entre Argentina y los países desarrollados de Occidente, con Estados Unidos a la cabeza. Respecto de este punto, las autoridades de Itamaraty percibieron claramente el mensaje que emanaba de las autoridades de Buenos Aires: podían contar con el apoyo de estas últimas en todas aquellas cuestiones ligadas al fortalecimiento de los vínculos económicos con Brasil y los países del MERCOSUR –en tanto constituía el único espacio que arrojaba superávit en el comercio exterior argentino-. Pero no podían esperar apoyo en aquellas cuestiones ligadas al fortalecimiento político de Brasil en el sistema internacional, como, por ejemplo, la pretensión brasileña de tener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. (68)

Esta limitación del vínculo con Brasil al status de "socio comercial" privó al mismo de la dimensión político-estratégica que se había anunciado en el proceso de integración argentino-brasileño-uruguayo durante la gestión de Alfonsín, a través de la adopción de posiciones comunes ante los foros políticos y económicos multilaterales. Esta ausencia, a su vez, condujo con el tiempo a la aparición de roces diplomáticos y de crisis comerciales entre Argentina y Brasil.

Pero, a diferencia de lo sostenido por Rapoport y otros críticos del esquema de relaciones especiales con Estados Unidos, el autor de este artículo advierte que las dificultades entre Argentina y Brasil no afloraron a lo largo de toda la década de 1990, sino a partir del ciclo de crisis financieras internacionales iniciado con la crisis mexicana de 1994, más conocida como crisis "tequila". En el primer lustro de dicha década, mientras la economía mundial evidenció una tendencia alcista y los números del intercambio con Brasil y del comercio intrarregional en el MERCOSUR arrojaron datos positivos (69), los gestos político-estratégicos adoptados por el gobierno de Menem en función de la consolidación de una alianza con Estados Unidos y los países desarrollados de Occidente no provocaron mayores roces con las autoridades de Itamaraty, aun cuando algunos de ellos no fueran coincidentes con la posición sostenida por el Planalto –como, por ejemplo, el envío de naves argentinas a la Guerra del Golfo Pérsico, que contrastó con la actitud reticente de Brasil-. Muy por el contrario, las autoridades brasileñas adoptaron un criterio pragmático y, entre los años 1991 y 1994, otorgaron mayor relevancia al crecimiento económico del comercio bilateral, interbloque e intrabloque que a la existencia de divergencias de enfoque en la agenda político-estratégica de ambos países. Vale recordar al respecto que en el caso de la disputa entre Argentina y Estados Unidos acerca de la venta de trigo subsidiado norteamericano a Brasil, la Cancillería y el gobierno brasileños privilegiaron los acuerdos comerciales con la Argentina en el marco del MERCOSUR.

En realidad, los conflictos con Brasil, tan destacados por los críticos del paradigma de "relaciones especiales" con Estados Unidos, tales como, por ejemplo, las disputas por el carácter permanente o rotativo del asiento brasileño en el Consejo de Seguridad de la ONU y la negativa reacción del gobierno de Fernando Henrique Cardoso al status de la Argentina como socio extra OTAN o a la propuesta de dolarización presentada por el presidente Carlos Menem- surgieron luego de 1994, en la medida en que el esquema de sociedad comercial entre Argentina y Brasil comenzó a evidenciar dificultades en su marcha. Dichas dificultades, latentes en el período previo a 1994, salieron progresivamente a la superficie a partir de esa fecha como una resultante de las sucesivas crisis financieras mundiales que caracterizaron al segundo lustro de la década (mexicana, del sudeste asiático, rusa, brasileña). Crisis coincidentes, además, con un ciclo de baja en la economía mundial y en la economía de los países integrantes del MERCOSUR.

En cuanto a la cuarta falacia de los críticos de la política exterior de Menem, consistente en confundir "pasos necesarios" con concesiones unilaterales, está fuertemente vinculada a la engañosa evaluación de los márgenes relativos de maniobra de un país periférico como la Argentina respecto de temas altamente sensibles para Washington, tal el caso de la desactivación del Cóndor. Como se ha demostrado en el apartado correspondiente, el gobierno

argentino no tenía otra opción que la de poner punto final a este proyecto. La reciente guerra contra Irak demuestra a las claras la tolerancia cero de las autoridades norteamericanas hacia los intentos de proliferación de armas de destrucción masiva que no cuenten con su aval. Lo propio puede decirse respecto del tema patentes farmacéuticas durante las gestiones de Bush y Clinton, caso en el cual ambos gobiernos –y en particular el segundo- observaron una tolerancia cero hacia la legislación argentina que, en congruencia con el perfil marcadamente occidentalista de la política exterior, respetaba la normativa observada por el GATT y por su sucesora, la Organización Mundial de Comercio.

Por su parte, una quinta falacia de los críticos de la política exterior de Menem parte del supuesto contraste entre las políticas exteriores de los gobiernos de Brasil durante los años ‘90, definidas en términos de búsqueda de autonomía o de margen de maniobra, aún a riesgo de colisión con intereses de Estados Unidos; y la política exterior adoptada por la Argentina durante el mismo período, definida en términos de alineamiento o de seguidismo con los Estados Unidos. Al respecto cabe destacar, como lo hace el ex vicecanciller del gobierno de Menem, Andrés Cisneros, que durante la década de 1990 Brasil hizo un tránsito similar al experimentado por la Argentina, pasando de un esquema de política exterior autárquica respecto de Washington a una visión cooperativa. En palabras del presidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso:

"Teníamos una visión económica de autarquía. Pasamos a una visión de complementación". (70)

Como sostiene Jorge Castro, la diferencia entre las políticas exteriores adoptadas por los gobiernos de Brasil y Argentina en la década de 1990 no consistieron en el perfil autónomo de la primera en contraposición con el dependiente de la segunda, tan destacado por los críticos de la política exterior de Menem. Tampoco en una percepción opuesta de la situación internacional de ese momento, ya que ambas Cancillerías partieron de la realista percepción del liderazgo norteamericano en un contexto mundial abierto a las coaliciones de geometría y composición variables. (71) Para el especialista en cuestiones estratégicas, las diferencias entre las políticas exteriores de ambos países estuvieron ligadas a la diferente posición relativa de Argentina y Brasil en la estructura de poder mundial emergente tras el fin de la Guerra Fría y a la variable distancia que se colocaron de Estados Unidos debido a exigencias internas, el peso de la historia y el nivel de desarrollo industrial alcanzado. (72) A diferencia de la mayoría de sus colegas, Castro asegura que tanto Brasil como la Argentina buscaron durante los años 90 el acercamiento con Estados Unidos, pero lo hicieron desde una posición de relativa fortaleza en el primer caso y de relativa debilidad y vulnerabilidad en el segundo. (73)

Respecto del primer factor señalado por Castro –las divergentes presiones internas en Argentina y en Brasil- cabe destacar que si bien en ambos países existe una cultura política tradicionalmente refractaria al acercamiento con Estados Unidos, el peso de la crisis económica que obligó al retiro anticipado de Alfonsín de la presidencia en 1989 hizo que los sectores medios de la sociedad argentina –tradicionalmente reacios a las medidas de apertura y modernización económica y a la adopción de un perfil de compromiso con las posiciones norteamericanas en la agenda bilateral y multilateral- hiciesen un giro de 180° en sus preferencias y aceptaran la inevitabilidad de dichas medidas. (74) Al respecto, Manuel Mora y Araujo destaca que para septiembre de 1990, ya el 55 % del total de la opinión pública coincidía con el gobierno de Menem en definir como prioritarias a las relaciones con Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, preferencias que ascendieron al 70 % en diciembre de 1991 y estuvieron en el 67 % en octubre de 1996. Por contraposición, los vínculos con el Tercer Mundo, que tradicionalmente ocuparon un lugar relevante en el menú de preferencias, representaron tan sólo entre el 1 y el 2 %. (75)

Finalmente, la sexta y última falacia, común a los defensores acríticos de la política exterior de Menem como a los detractores hipercríticos de la misma, consiste en sobrevalorar o exagerar el impacto del cambio en el patrón de vinculación con Estados Unidos o en las medidas de política exterior en el conjunto de la vida económica y social argentina. Como advierte Carlos Escudé, el aporte de una política exterior –o de un cambio en el patrón de los vínculos con Washington- se limita al necesario apuntalamiento de un desarrollo socio-económico que principalmente sólo puede provenir de adentro. (76)

Sobre la base de este razonamiento de Escudé, el autor de este artículo opina que, en contra de lo que pudieron haber pensado u opinado tanto los funcionarios exageradamente optimistas del gobierno de Menem como los acérrimos críticos de su política interna y exterior, las medidas funcionales al patrón occidentalista adoptado, tales como el envío de naves al Golfo Pérsico, la destrucción del misil Cóndor II, los gestos de atracción a los capitales externos a través de una legislación favorable, resultan gestos importantes pero insuficientes ante la persistencia de obstáculos tales como la ausencia de seguridad jurídica a las inversiones extranjeras; la falta de castigo a las maniobras de corrupción y a los atentados terroristas; o la ausencia de una política de Estado que privilegie a largo plazo el bienestar económico y el desarrollo educativo de los ciudadanos. Una política exterior confrontativa con los Estados Unidos no posibilita el desarrollo de estos objetivos. Una política exterior cooperativa con Washington y los países desarrollados de Occidente tan sólo permite mejorar la ayuda externa a estos objetivos, que debe complementarse con el aporte interno.

Por cierto, la enunciación de esta lista de falencias en este artículo no implica, necesariamente, una defensa incondicional del paradigma de "relaciones especiales" adoptado con Estados Unidos durante la década de 1990. La implementación del mismo incluyó innegables aportes, vinculados a la restauración de un clima de confianza internacional para la Argentina –la disminución del riesgo país, el incremento de las inversiones y del turismo provenientes del exterior, y la admisión de la Argentina como aliado extra-OTAN-. Pero también incluyó las siguientes cinco debilidades:

a. la existencia de expectativas ingenuas en el entorno del gobierno de Menem respecto de beneficios económicos como contrapartida de la decisión argentina de incorporarse a la alianza estratégica occidental. Tal el caso de la especulación acerca de réditos económicos provenientes de Kuwait o de las petromonarquías árabes tras la participación argentina en la Guerra del Golfo;

b. la adopción de gestos exagerados o de sobreactuaciones en la implementación de algunas medidas de política exterior –tales los casos de la modalidad adoptada en el retiro argentino del Movimiento de No Alineados o de las expresiones polémicas del canciller Di Tella acerca de las "relaciones carnales" con Estados Unidos, así como la también polémica implementación del canciller de la "política de seducción" en Malvinas a través de regalos personales a los isleños-. Si bien los defensores del paradigma adoptado por el gobierno de Menem sostienen que estas exageraciones formaron parte de la necesidad objetiva de revertir una historia de desencuentros con Estados Unidos y de desconfianza internacional hacia la Argentina, las mismas, al calar en lo más hondo de la cultura nacionalista local, activaron un innecesariamente alto nivel de polémica doméstica. Lamentablemente, este factor ensombreció la real importancia de dichas medidas, destinadas a demostrar la seriedad del compromiso argentino con la alianza occidental;

c. la excesiva rigidez en la adopción de medidas de apertura y modernización económica de orientación liberal ortodoxa, consistente con el predominio, durante la década de 1990, de un enfoque de mercado de índole fundamentalista, compartido tanto por las autoridades del Fondo Monetario Internacional como por las argentinas. (77) Es cierto que la adopción de las mencionadas medidas constituyó un paso vital para que un país débil y poco confiable como la Argentina redujese el riesgo país, pudiese atraer a las inversiones y créditos externos y construyera una relación confiable con Estados Unidos

y los países desarrollados de Occidente. Pero es igualmente cierto que las mismas fueron adoptadas por el gobierno argentino –y aplaudidas por las autoridades de Washington y de los organismos internacionales de crédito-, en forma acrítica. Ninguna de las partes tuvo en cuenta el alto costo económico y social de la aplicación de estas medidas, costo evidenciado en el pronunciado incremento, durante la década de 1990, de los índices preexistentes de desocupación y pobreza;

d. el débil desarrollo de la dimensión política y estratégica en las relaciones con Brasil, iniciado durante la gestión de Alfonsín, dimensión que, de haberse profundizado, hubiese evitado la negativa incidencia de las crisis financieras y de la recesión mundial de los años 1994-1999 en la agenda económica y política con el país vecino y, finalmente;

e. la falta de explicación a la opinión pública acerca de la trascendencia de ciertos gestos y medidas de política exterior dirigidos a revertir la desconfianza externa hacia la Argentina, tales como la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear, el ingreso al MTCR, la ratificación del Tlatelolco, la desactivación del misil Cóndor II, la reanudación de las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña y la inclusión de los malvinenses en las negociaciones con Londres por Malvinas. Esta debilidad impidió que estos pasos -"contraculturales" en tanto cuestionaban la autopercepción de "grandeza" y el "excepcionalismo" propios de la cultura política argentina- fuesen evaluados en su real dimensión tanto por los medios de prensa como por la mayoría de los especialistas y de la opinión pública en general, prisioneros de los prejuicios que aún alimentan nuestra cultura política.

Como puede observar el lector a través de este artículo, el balance de la agenda bilateral con Estados Unidos ofreció durante la década de 1990 un panorama rico en matices, con luces y sombras, que sólo el paso del tiempo permitirá apreciar en toda su complejidad. Así, la adopción de un patrón de "relaciones especiales" no implicó –como creen los sectores que tomaron literalmente el término de "relaciones carnales"- la exclusión de otros ejes de vinculación externa alternativos a los Estados Unidos, especialmente en materia económico-comercial –Europa Occidental, MERCOSUR, e incluso Japón y la Cuenca del Pacífico-. Asimismo, tampoco condujo –como creyeron los sectores excesivamente optimistas del entorno del gobierno de Menem- a la desaparición mágica de los obstáculos preexistentes en la agenda con Washington, tanto los de carácter estrictamente económico (aranceles, subsidios a las exportaciones, apertura de mercados, patentes), como los ligados a la cultura política argentina (la persistencia de un patrón cultural anti-institucionalista y anti-legalista expresado en la persistencia de prácticas corruptas que afectaron a empresas y potenciales inversiones norteamericanas, la falta de seguridad jurídica de las inversiones extranjeras y las diversas prácticas que a lo largo de la historia argentina atentaron contra la regularidad del funcionamiento institucional del país).

Respecto de esta última cuestión, durante la década de 1990 se dio una curiosa paradoja. Por un lado, se tomaron importantes medidas para remover los obstáculos económicos y culturales que impedían un mayor acercamiento con los Estados Unidos. Por otro lado, la agenda bilateral ofreció ejemplos ligados a la persistencia de dichos obstáculos. No obstante la existencia de estas turbulencias –tales como las presiones diplomáticas norteamericanas en materia de corrupción y de patentes-, las mismas no pusieron en peligro la vigencia de este patrón de "relaciones especiales".

En cuanto a la persistencia del patrón cultural antilegalista y antiinstitucionalista en la sociedad y la dirigencia política argentina, cabe destacar que el gobierno de Menem también adoptó una serie de medidas "contraculturales", tales como la firma del Tratado de Garantía de Inversiones Extranjeras, la emergencia de un órgano gubernamental específicamente dedicado a la lucha contra la corrupción y la adopción de una legislación en materia de patentes más acorde a los intereses de las empresas norteamericanas. Pero las mismas chocaron contra la persistencia del mencionado patrón cultural antes, durante y después de la administración menemista –como lo

demostró el estallido del escándalo por los sobornos en el Senado durante la gestión del sucesor de Menem, el radical-aliancista Fernando de la Rúa (1999-2001)-. Dicha persistencia es un serio obstáculo a la estabilidad política y económica interna y a la credibilidad externa de la Argentina. Por cierto, la erradicación de esta cultura anti-legalista y anti-institucionalista a través del fortalecimiento de las instituciones democráticas y el combate y castigo a las prácticas corruptas que alejan a las inversiones externas constituye una materia pendiente de los próximos gobiernos argentinos, que contribuirá a generar confianza externa, condición sine qua non para consolidar un patrón de "relaciones especiales". Pero dicho patrón debería incluir en la doble categoría de aliados estratégicos y socios económicos no sólo a los Estados Unidos y a los países desarrollados del bloque occidental, sino también a los países del MERCOSUR.

• NOTAS

1. "Reclamó seguridad jurídica el embajador de los EE.UU.", La Nación, 12 de agosto de 1993, p. 1; "Se renueva la inquietud inversora por supuesta falta de seguridad", La Nación, 12 de agosto de 1993, Sección 2ª: Economía & Negocios, p. 1; y "Otros piensan como Cheek, pero no lo dicen", La Nación, 12 de agosto de 1993, Sección 2ª: Economía & Negocios, p. 1.

2. El 12 de agosto de 1993, el embajador Cheek fue convocado por el canciller Di Tella, quien le hizo saber que sus declaraciones no habían caído bien en el gobierno argentino. Ver al respecto los artículos "Desagrado oficial por el reclamo del embajador norteamericano", La Nación, 13 de agosto de 1993, p. 1; y "La seguridad jurídica, convertida en sinónimo de estabilidad", por Adrián Ventura, La Nación, 13 de agosto de 1993, p. 16.

3. "Un buen tema de campaña tomado por el radicalismo", La Nación, 13 de agosto de 1993, p. 16. 4. "Inseguridad jurídica. Involucraron a Corach en el caso mendocino", por Alejandra Rey, La Nación, 13 de febrero de

1996, p. 1; "Otro caso de inseguridad jurídica. James Cheek protestó ante el Gobierno", por Alejandra Rey, La Nación, 13 de febrero de 1996, Sección 2ª: Economía & Negocios, p. 2.

5. "Inesperada derivación de la carta de Todman", La Nación, 10 de enero de 1991, p. 1; "Un texto cuyo análisis dará aún que hablar, La Nación, 10 de enero de 1991, pp. 1 y 12; "Un embajador con el as en la manga. Los interrogantes sin respuesta", La Nación, 11 de enero de 1991, pp. 1 y 16; "Todman mantuvo la línea marcada por su gobierno", por Julio Crespo, La Nación, 11 de enero de 1991, p. 16; "La denuncia del caso Swift. Tres razones que llevaron a Todman a enviar la carta", La Nación, 12 de enero de 1991, pp. 1 y 11; y "El análisis de la noticia. Una bola de nieve que creció desde noviembre", La Nación, 12 de enero de 1991, pp. 1 y 11. Texto de la carta del embajador Todman al ministro de Economía Erman González en "La carta de Todman al ministro de Economía", La Nación, 10 de enero de 1991, p. 18. Texto de la respuesta del ministro de Economía Erman González al embajador Todman en "Respuesta de González al embajador", La Nación, 10 de enero de 1992, p. 18. Ver también editoriales de opinión "La denuncia de Todman. Entretelones de una historia que existió", por Carlos Raymundo Roberts, La Nación, 10 de enero de 1991, p. 12 y "Una amenaza para el futuro argentino", por Julio Crespo, La Nación, 10 de enero de 1991, p. 12.

6. Ver editorial "Todo un estilo", por Horacio Verbitsky, Página/12, 6 de enero de 1991, p. 3.

7. Ver al respecto editoriales "Washington no cree en desmentidas", por Horacio Verbitsky, Página/12, 8 de enero de 1991, p. 3 y "Una alta fuente de presidencia confirmó la protesta norteamericana. Otro grupo de familia", por Horacio Verbitsky, Página/12, 9 de enero de 1991, pp. 2-3 y artículo "Menem ordenó la investigación del presunto soborno", La Nación, 9 de enero de 1991, pp. 1 y 10.

8. Ver al respecto el editorial "Todman confirmó la protesta norteamericana y Swift negó presiones del gobierno. Yo protesto, el reclama, tú querellas", por Horacio Verbitsky, Página/12, 10 de enero de 1991, pp. 2-3; el artículo "La denuncia de Todman. Todman: no cuestionamos la honorabilidad del Gobierno", La Nación, 11 de enero de 1991, p. 10.

9. En una declaración efectuada el 10 de enero, el Departamento de Estado ratificó que hubo una queja de la empresa Swift por el pedido de "pagos sustanciales por parte de funcionarios del gobierno argentino a cambio de obtener documentos necesarios para realizar importaciones.". Ver al respecto los artículos "Respaldó Washington la carta de Todman", La Nación, 11 de enero de 1991, p. 1. Texto de la declaración del Departamento de Estado, citado en "Implícito respaldo de Washington a su embajador en Buenos Aires", La Nación, 11 de enero de 1991, p. 16.

10.Editorial "Bluntly Put, Graft Id Rife: U.S. Envoy Speaks Out", by Shirley Christian, The New York Times, January 16, 1991, Section A, p. 4, Col. 3, Foreign Desk, en www.nexis.com/research/search/doclist?

11. "Duhalde afirmó que se trata de un claro caso de cohecho", La Nación, 11 de enero de 1991, p. 10.12. "La respuesta a la carta de Todman. Sup-Erman experto en payasadas", Página/12, 10 de enero de 1991, p. 3.13. "Alfonsín justificó la conducta de Todman y acusó al Presidente de actuar como el tero" y "Corrupción, la pérdida del

rubor", La Nación, 11 de enero de 1991, p. 10.14. En su declaración, Boucher dijo lo siguiente:

"1º- La embajada norteamericana en Buenos Aires fue informada por la Swift, una corporación de los Estados Unidos, de que un funcionario argentino había pedido un pago considerable para obtener los documentos necesarios para ciertas importaciones.2º- La información, así como el problema que encuentran otras compañías que tratan de hacer inversiones en la Argentina, estuvo contenida en la carta dirigida el 10 de diciembre al ministro de Economía de la Argentina, Antonio Erman González.3º- La carta, que se sido hecha pública por el gobierno argentino, era una presentación de información que se había recibido de las compañías norteamericanas en un esfuerzo por superar los problemas que afectan a los inversionistas de los Estados Unidos en la Argentina". Ver texto de la declaración de Boucher, citado en "El gobierno de George Bush. En búsqueda de contener la batalla de acusaciones", por Ary Moleón, La Nación, 12 de enero de 1991, p. 10.

15. "Dura réplica de Menem al Departamento de Estado", La Nación, 12 de enero de 1991, pp. 1 y 10.

16. "La denuncia de Todman. Cavallo minimizó la reacción del Presidente", por Ovidio Bellando, La Nación, 12 de enero de 1991, p. 11.

17. "Se inicia hoy la investigación del caso Swift", La Nación, 14 de enero de 1991, p. 1; "Duhalde analiza los efectos del episodio sobre el peronismo", por Sergio Levit, La Nación, 14 de enero de 1991, p. 10 y "El nuevo gabinete. Maiorano aplicará cirugía mayor en el caso Swift", La Nación, 16 de enero de 1991, p. 9.

18."Renunció el Gabinete; disuelven Obras Públicas; se fue Emir Yoma", La Nación, 15 de enero de 1991, p. 1; "El análisis de la noticia. Una decisión tomada en medio del río", por Carlos Reymundo Roberts, La Nación, 15 de enero de 1991, pp. 1 y 11; "La renuncia del Gabinete. Una veloz ofensiva del ministro González", por Eduardo De Simone, La Nación, 15 de enero de 1991, p. 11; "La renuncia de Gabinete. Crónica de nueve días estremecedores", por Ricardo Carpena, La Nación, 15 de enero de 1991, p. 12; "Renunció Emir Yoma a su cargo de asesor presidencial", La Nación, 15 de enero de 1991, p. 12; "Menem recibió el apoyo de la Fundación para la Modernización del Estado. Reforma ministerial para combatir la corrupción", La Nación, 15 de enero de 1991, p. 12. Ver también editoriales de opinión "Para los analistas, la cirugía llegó en el momento justo. Una decisión solitaria que tomó en cuenta el mercado", por Germán Sopeña, La Nación, 16 de enero de 1991, p. 11 y "El nuevo gabinete nacional", La Nación, 17 de enero de 1991, p. 6.

19. Ver estos datos estadísticos en artículo "Nota de tapa", en revista Somos, Año 14, N° 746, 14 de enero de 1991, p. 11. 20. "Caso GTE: advertencia de los Estados Unidos", por Julio Crespo, La Nación, 10 de enero de 1992, p. 1 y "EE.UU.

presentaría una nota de protesta por el caso GTE", por Ary Moleón, La Nación, 10 de enero de 1992, p. 15.21. "Reclamo de GTE por un concurso anulado", La Nación, 25 de enero de 1992, p. 1.22. "Licitación para el Plan Nacional de Radarización. Northrop gana la pulseada", por Juan Castro Olivera, La Nación, 7 de

septiembre de 1999, p. 5.23. Ver detalles acerca de estos fallos en "La Justicia suspendió el plan de radarización", La Nación, 12 de noviembre de

1999, p. 1; y "Suspenden nuevamente el plan de radarización", por Juan Castro Olivera, La Nación, 12 de noviembre de 1999, p. 11.

24. "Radares: firme posición de EE.UU.", La Nación, 9 de noviembre de 1999, p. 7. 25. "Preocupa a EE.UU. la radarización", La Nación, 13 de noviembre de 1999, p. 10; "Cohen: los radares están bien

elegidos", La Nación, 16 de noviembre de 1999, p. 1; y "Radares: Cohen defendió la adjudicación a EE.UU.", por Juan Castro Olivera, La Nación, 16 de noviembre de 1999, p. 7.

26.Ver al respecto los editoriales "I.B.M. Contends With a Scandal In Argentina", by Calvin Sims, The New York Times, March 9, 1996, Section 1, p. 35, Col.5, Business / Financial Desk; "Argentine Cloud Over I.B.M. Grows Darker", by Calvin Sims, The New York Times, June 9, 1996, Section 1, p. 33, Col. 5, Business / Financial Desk; "IBM Settles to End Bribery Case", by Sandra Sugawara, The Washington Post, December 22, 2000, en www.nexis.com/research/search/doclist?

27. La respuesta de Cheek llegó meses más tarde. En la misma, del día 2 de diciembre de 1996, el diplomático norteamericano no dudó en definir la carta de Moreau como un simple "acto de publicidad". "El embajador Cheek elogió el proyecto", apartado "Respuesta a Moreau", La Nación, 3 de diciembre de 1996, p. 6.

28. "Cheek dio explicaciones en la Cancillería por sus declaraciones", La Nación, 22 de junio de 1996, p. 10.

29.Ver al respecto los siguientes artículos "Judge Calls IBM Executives Bribery Suspects", The Washington Post, May 6, 1998, en www.nexis.com/research/search/doclist?; "IBM-Nación: viajó el fiscal a EE.UU", La Nación, 16 de octubre de 1996, p. 10; "En EE.UU. piden más pruebas", por Jorge Elías, La Nación, 2 de mayo de 1998, pp. 1 y 7; "Piden la captura de cuatro norteamericanos de IBM", La Nación, 3 de junio de 1998, p. 1; y "Piden capturas internacionales", por Adrián Ventura, La Nación, 3 de junio de 1998, p. 5.

30. "IBM-Nación: ecos por la carta de los EEUU", La Nación, 3 de mayo de 1998, p. 12. 31. El Departamento de Justicia norteamericano manifestó su renuencia al pedido del juez Liporacci, señalando que "Para

proceder, es necesaria una declaración para establecer si las autoridades argentinas planean procesar a los altos directivos". Esta actitud de la agencia norteamericana molestó tanto al juez federal como a los legisladores Carlos Soria (PJ-Río Negro), Manuel Baladrón (PJ-La Pampa) y Horacio Viqueira (FREPASO-Córdoba). Ver al respecto "Malestar legislativo con los EE.UU.", por Laura Serra, La Nación, 24 de junio de 1998, p. 6.

32. La decisión de realizar el procedimiento fue adoptada por Bagnasco luego de que Alfredo Aldaco, ex director del Banco Nación, confesó que recibió dinero de Marcelo Cattáneo. Entonces dijo que el titular de Acción por la República, Domingo Cavallo, cuando era titular del Ministerio de Economía, estaba al tanto de todos los detalles del negocio con IBM y recordó algo que ya existía en la causa: que Latin Trade fue proveedor de IBM para ese contrato. Ver al respecto "IBM: Bagnasco ordenó allanar la empresa Jorge Cavallo", La Nación, 25 de junio de 1998, p. 10.

33. "IBM-Banco Nación: más de tres años después. Procesan a Cattáneo, Aldaco y Contartese", La Nación, 7 de noviembre de 1998, p. 1; "El caso IBM-Banco Nación. Hay cinco procesados por soborno", por Adrián Ventura, La Nación, 7 de noviembre de 1998, p. 7.

34.Ver al respecto "Argentine Tax Chief Quits Amid Scandal", The New York Times, March 14, 1996, Section D, p. 20, Col. 5, Business / Financial Desk y "Ex I.B.M. Official Charged in Fraud", The New York Times, April 3, 1996, Section D, p. 4, Col. 6, Business / Financial Desk, ambos en www.nexis.com/research/search/doclist?; e "IBM-Banco Nación: Bagnasco procesó a Gaggero", por Adrián Ventura, La Nación, 7 de abril de 1999, p. 8.

35. "Pidió Bagnasco extradiciones por IBM", La Nación, 22 de septiembre de 1998, p. 8. 36. "Los EE.UU. no extraditan a los ejecutivos de IBM", La Nación, 27 de marzo de 1999, p. 8.

37."Aprueban extradición con EE.UU.", La Nación, 29 de abril de 1999, p. 11; y "Por el caso IBM. EE.UU. no accede al pedido de extradición", por María O’ Donnell, La Nación, 9 de noviembre de 1999, p. 9. Consultar asimismo el cable de la Embajada norteamericana conteniendo la posición del Departamento de Justicia norteamericano, la cual ratificaba las "deficiencias" existentes en el pedido de extradición de los ejecutivos de IBM Lew y Rowley solicitado por el juez Bagnasco, a la vez que señalaba la disposición de la agencia para discutir con el juez Bagnasco "cualquier evidencia adicional" que "pudiera respaldar su pedido de extradición". Ver al respecto Embassy of the United States of America, Fax Trasnmittal, from V. Manuel Rocha, encargado de negocios de los Estados Unidos, to Andrés A. Cisneros, secretario de Relaciones Exteriores y Asuntos Latinoamericanos, Buenos Aires, 26 de abril de 1999, 3 pp., en Archivo personal del ex vicecanciller Cisneros, Caja 7, carpeta Estados Unidos.

38. Ver al respecto "IBM: captura por dos ejecutivos", Clarín, 4 de noviembre de 1999, p. 14; y "Ejecutivos de EE.UU. vinculados al escándalo informático. IBM-Nación: niegan extradiciones", por Ana Baron, Clarín, 9 de noviembre de 1999, p. 14.

39. "Ruckauf reconoció que el caso IBM "roza al Gobierno" ", La Nación, 20 de octubre de 1998, p. 7.

40. "Sinsabores de Menem en Washington", La Nación, 6 de diciembre de 1996, p. 11.

41.Ver declaraciones de Menem citadas en editorial "Patentes, un reclamo inclaudicable", por Jorge Elías, La Nación, 6 de diciembre de 1996, p. 10.

42. Ver declaraciones del entonces jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, citadas en artículo "Rodríguez asegura que hay seguridad jurídica", La Nación, 5 de diciembre de 1996, p. 12.

43.Al respecto puede consultarse la publicación del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y Centro de Estudios de Política Exterior (CEPE), Argentina-Estados Unidos. Acuerdos Bilaterales 1853-2000…op.cit..

44.Guido Di Tella ofreció esta definición del poder relativo de la Argentina mucho antes de ser nombrado canciller del gobierno de Menem, en ocasión de una conferencia celebrada en la localidad alemana de Mainz en 1987. Ver esta referencia en el paper de Tulchin, Joseph, "Carnal relations. United States-Argentine relations during the regime of Carlos Saul Menem", s.f., p. 7, en Archivo personal del ex vicecanciller Andrés Cisneros, Caja N° 14, Carpeta Estados Unidos.

45. Cisneros, Andrés, "La política exterior argentina y la relación con Estados Unidos", (mimeo), s.f., en Archivo personal del ex vicecanciller del gobierno de Menem Andrés Cisneros, Caja N° 7, Carpeta Discursos de Andrés Cisneros, pp. 2-3.

46.Idem nota anterior, pp. 3-4.47. Ibid., pp. 4-5.

48.Ver al respecto el editorial "Menemtroika", escrito por el canciller del gobierno de Menem Guido Di Tella, en revista Somos, Año 14, N° 845, 7 de diciembre de 1992, p. 17.

49.Ver el artículo de Escudé, Carlos, "La política exterior de Menem y su sustento teórico implícito", en revista América Latina / Internacional, Volumen 8, N° 27, Buenos Aires, enero-marzo 1991, pp. 396-397. Ver asimismo el libro del mismo autor Realismo periférico: fundamentos para la nueva política exterior argentina, Buenos Aires, Planeta, 1992.

50.En relación con el punto 4 apartado b) Russell señala que, si se siguiera a pie juntillas los supuestos del "realismo periférico", la Argentina tendría que haber acompañado a la CIA y a Castillo Armas en Guatemala en 1954, a Henry Kissinger en Chile luego del triunfo de Allende en 1970, y a Reagan y los contras en la década de 1980, dado que ninguna de estas políticas norteamericanas afectaban el interés material de los argentinos –aunque sí principios muy caros al interés nacional-. Respecto de estas críticas al "realismo periférico" ver el artículo de Russell, Roberto, "El neoidealismo periférico: Un esquema para orientar la política exterior de los países del Cono Sur en la posguerra fría", en revista América Latina / Internacional, Volumen 8, Número 29, Julio-Setiembre 1991, pp. 442-445.

51.Rapoport, op.cit., p. 952.

52.Rizzo Romano, Alfredo, "Prólogo", en Rizzo Romano, Alfredo y Melo, Artemio Luis, (compiladores), Las relaciones Argentina-Estados Unidos (1983-1993). Variables para un análisis interpretativo, Rosario, Homo Sapiens Ediciones, 1993, p. 14.

53.Rapoport, op.cit., pp. 950-964.54. Paradiso, José, Debates y trayectoria de la política exterior argentina, Buenos Aires, GEL, 1993, pp. 199-200.

55.Melo, Artemio Luis, "Introducción al análisis de la política exterior argentina hacia los Estados Unidos (1983-1992)", en Rizzo Romano, Alfredo y Melo, Artemio Luis, (compiladores), op.cit., p. 33.

56.Russell, Roberto, "Las relaciones argentino-norteamericanas: ¿el fin del desencuentro?", en De la Balze, Felipe, A. M., y Roca, Eduardo A., (compiladores), Argentina y Estados Unidos. Fundamentos de una nueva alianza, Buenos Aires, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y Asociación de Bancos de la República Argentina (ABRA), 1997, pp. 172-173.

57.Idem nota anterior, pp. 173-174.58. Ibid., p. 176.

59.Norden y Russell, op.cit., pp. 73 y 118.

60.Cisneros, Andrés, "¿Dónde hay un Cóndor?", fax a Jorge Castro, 31 de mayo de 1993, en Archivo personal del ex vicecanciller Andrés Cisneros, Caja N° 8, Carpeta Artículos escritos por terceros, p. 2.

61. Hirst, Mónica y Russell, Roberto, El Mercosur y los cambios en el sistema político internacional, Buenos Aires, Fundación OSDE, 2001, pp. 218-219.

62. En el original: "(…) A "relaçao carnal" significa que a Casa Rosada nao contrariará nenhuma iniciativa de política externa dos Estados Unidos que nao seja frontalmente prejudicial aos intereses economicos argentinos. Por isso, o Brasil pode contar com Buenos Aires para firmar posicao a respeito do cronograma de criaçao da Alca, mas nao debe esperar apoio em questoes que nao digam respeito direito ao Mercosul, em seu eságio atual. Da mesma forma, interessa a Argentina o fortalecimento da economia brasileira, mas nao o fortalecimento político do Brasil no concerto internacional". Ver al respecto el artículo "A política pendular da Argentina", O Estado de Sao Paulo, 19 de outubro de 1997, sección Notas e informaçoes, p. A 3.

63. Corigliano, Francisco y Zuvanic, Laura, "Argentina: Más allá del alineamiento con Estados Unidos", en Heine, Jorge, (compilador), Enfrentando los cambios globales. Anuario de Políticas Exteriores Latinoamericanas (PROSPEL) 1991-1992, Santiago de Chile, Ediciones Dolmen, 1993, p. 15.

64.Discurso pronunciado por el canciller Guido Di Tella en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Buenos Aires, 18 de abril de 1991, pp. 4 y 5, fuente citada por el artículo de Corigliano y Zuvanic, op.cit., p. 15.

65. Idem nota anterior. 66. Castro, op.cit., especialmente pp. 90-95.

67.En esta categoría pueden incluirse medidas tales como la firma, en diciembre de 1991, del Acuerdo Cuatripartito para la Aplicación de Salvaguardias por los gobiernos de la Argentina y Brasil, la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA); la Declaración presidencial sobre diálogo político entre los presidentes del Mercosur en junio de 1996; el Memorándum de Entendimiento, firmado entre los gobiernos de Argentina y Brasil en abril de 1997 que declaró una "alianza estratégica" entre ambos países; y las prácticas conjuntas de los ejércitos argentinos y brasileños a partir de octubre de 1996. Para un análisis pormenorizado de estos pasos de convergencia estratégica entre Argentina y Brasil consultar Fontana, op.cit., especialmente pp. 302-307.

68. "A política pendular da Argentina….", op. cit.

69.En lo que respecta a Brasil, su porcentaje de participación como mercado de colocación de las exportaciones argentinas ascendió persistentemente desde 1991 hasta 1998, pasando del 12,4 % del total al 31,4 % en dichos años, para caer en 1999 como producto de la devaluación brasileña al 24,1 %. Lo propio ocurrió respecto del MERCOSUR, cuyo porcentaje de participación se incrementó del 16,5 % al 31,4 % entre 1991 y 1998, y descendió al 24,1 % en 1999. Ver al respecto Intenational Money Fund, Direction of Trade Statistics Yearbook, Washington D.C., IMF, 1998-2000, pp. 102-104; Direction of Trade Statistics, Washington D.C., IMF, December 1999, p. 41; Direction of Trade Statistics, Washington D.C., IMF, March 2001, p. 43, fuentes citadas por Norden y Russell, op.cit., Table 2.2, p. 37.

70. Declaraciones de Cardoso, citadas en Cisneros, Andrés, "La política exterior argentina y la relación con Estados Unidos", op.cit., p. 7

71.Respecto del reconocimiento brasileño del liderazgo global norteamericano, Jorge Castro las declaraciones efectuadas por el embajador Rubens Ricúpero en un seminario de Itamaraty. El diplomático sostuvo en dicha ocasión que "Estados Unidos no puede todo (Somalia, Bosnia), pero sin él, o contra él, los demás pueden muy poco. No hay voluntad para sustituirlo". Declaraciones del embajador Ricúpero, citadas por Castro, Jorge, "La política exterior del segundo mandato de Menem", revista Archivos del Presente, Año 1, N° 2, Primavera 1995, pp. 71-72.

72. Idem nota anterior, p. 71.

73.Ibidem, p. 72.

74.Ver al respecto el artículo de Corigliano, Francisco, "Argentina y Estados Unidos: giros, reformas y ajustes", revista Criterio, N° 2258, Buenos Aires, febrero de 2001, pp. 11-14.

75.Mora y Araujo, Manuel, "Opinión pública y política exterior de la presidencia Menem", en Cisneros (compilador), op.cit., Cuadro 2, p. 348.

76. Escudé, Realismo periférico…op.cit., p. 289.

77.Esta rigidez conceptual de las autoridades del Fondo Monetario las llevó a subestimar las debilidades implícitas en un sistema de tipo de cambio fijo como el adoptado por el gobierno argentino a partir de 1991 y a colocar el caso argentino como un ejemplo para el resto del mundo. Dicha rigidez, compartida por las autoridades económicas argentinas –y por los sectores medios de una sociedad encantada con la posibilidad de salir del fantasma inflacionario y de adquirir productos importados a bajo precio-, constituyó una causa profunda en la explicación del colapso económico argentino de fines del 2001. Durante el ciclo de crecimiento del primer lustro de la década de 1990, las autoridades argentinas no adoptaron –y las del Fondo no exigieron- políticas fiscales más responsables y acordes con el objetivo de estabilización económica; durante las crisis financieras del segundo lustro de la década, tanto las autoridades argentinas como las del Fondo se negaron a pensar en el abandono del tipo de cambio fijo, cuando ya resultaba evidente su alto costo en términos del abultado déficit comercial. Llevados por esta ceguera conceptual, tanto las autoridades argentinas como las del Fondo no pudieron evitar que, durante la gestión del sucesor de Menem, Fernando de la Rúa, la Argentina colapsara económicamente y cayera en default. Sobre este tema pueden consultarse las opiniones de dos funcionarios norteamericanos que han pasado por los organismos internacionales de crédito: el Director del Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional entre 1991 y 2001, Michael Mussa y el economista jefe y vicepresidente senior del Banco Mundial entre 1997 y 2000, Joseph E. Stiglitz. Ambos destacan la responsabilidad del FMI en el colapso de la Argentina a fines del 2001. Ver al respecto Mussa, Michael, Argentina y el FMI. Del triunfo a la tragedia, Buenos Aires, Planeta, 2002 y Stiglitz, op.cit.

INDICE DEL CAPÍTULO 2

LA DIMENSION MULTILATERAL DE LAS RELACIONES ENTRE ARGENTINA Y ESTADOS UNIDOS DURANTE LA DECADA DE

1990: el ingreso al paradigma de "relaciones especiales"

Por Francisco Corigliano

Introducción

El ingreso al paradigma de "relaciones especiales" con los Estados Unidos y los países desarrollados de Occidente durante la década de 1990 fue un proceso que contó con dos dimensiones: una bilateral y otra multilateral. La primera fue objeto de estudio del capítulo anterior. El presente analiza la dimensión multilateral de las relaciones con Estados Unidos, es decir, la posición adoptada por la diplomacia argentina respecto de temas sensibles para las autoridades de Washington en los diversos foros multilaterales políticos y económicos de alcance mundial y regional.

En estos foros, la diplomacia argentina procuró ratificar su compromiso con la alianza occidental, liderada por Estados Unidos. Pero, contra lo que supone una lectura apresurada de

las relaciones argentino-norteamericanas durante la década de 1990, este perfil no implicó necesariamente una total coincidencia con las posiciones de Washington. Mientras en algunos temas de la agenda multilateral (las violaciones a los derechos humanos perpetradas por los regímenes iraquí, cubano y haitiano, el problema del narcotráfico y del crimen organizado, las cuestiones ligadas al desarme y la no proliferación), la delegación argentina alcanzó altos niveles de convergencia con Estados Unidos, en otros (el embargo económico decretado por Estados Unidos contra Cuba, el conflicto árabe-israelí, la cuestión de los derechos humanos en Irán y China, la cuestión de la creación de una Corte Penal Internacional) se registraron notorias divergencias, que cuestionan el ampliamente difundido supuesto acerca del carácter "automático" del alineamiento adoptado por la administración menemista.

Este capítulo se divide en cuatro partes. La primera de ellas estudia la actuación de la Argentina en los siguientes foros políticos multilaterales de alcance mundial: Organización de las Naciones Unidas (ONU) e instancias ligadas a este foro; Movimiento de No Alineados (MNOAL); Grupo de los 15 (G15); y otros foros políticos multilaterales donde se trataron cuestiones sensibles a los intereses políticos y/o estratégicos de Estados Unidos. Asimismo, en este listado se incorporan aquellas instancias multilaterales que fueron relevantes en términos de sus efectos en las relaciones entre Argentina y Estados Unidos, tales como, por ejemplo, los diversos regímenes de seguridad internacional, la cumbre de Washington contra el narcotráfico y la Cumbre de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente.

A su vez, la segunda parte analiza el impacto que tuvo, en la dimensión multilateral de las relaciones con Estados Unidos, la participación argentina en los siguientes foros económicos de alcance mundial: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), el Acuerdo General de Tarifas y Comercio (GATT), y la Organización Mundial de Comercio (OMC), y la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Finalmente, la tercera sección de este capítulo examina el papel jugado por la Argentina en los diversos foros políticos y económicos multilaterales de alcance regional, tales como las Cumbres Iberoamericanas, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de los Ocho, el Grupo de Río, las Cumbres de las Américas, las reuniones hemisféricas de Ministros de Defensa, las Conferencias de Ejércitos Americanos (CEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

• NOTAS

1. El autor de este capítulo desea expresar su agradecimiento al ex vicecanciller del gobierno de Menem, Andrés Cisneros y al ex asesor del canciller Guido Di Tella, Carlos Escudé, quienes cedieron generosamente documentación perteneciente a sus respectivos archivos personales.

2. Master en Relaciones Internacionales, FLACSO; Doctor en Historia, Universidad Torcuato Di Tella.

Capítulo 2

PRIMERA PARTE

LA ACTUACION DE LA ARGENTINA EN FOROS MULTILATERALES DE ALCANCE MUNDIAL Y SU IMPACTO EN

LAS RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS

La actuación argentina en la Organización de las Naciones Unidas

En lo que respecta al ámbito de las Naciones Unidas, cabe destacar el alto grado de compromiso adoptado por la diplomacia argentina tanto en el ámbito de la Asamblea General como en el del Consejo de Seguridad. El mismo resultó congruente con la alta prioridad que tanto el presidente Menem como su canciller Di Tella otorgaron a la organización mundial, en el contexto global de la posguerra fría. De acuerdo con ambos funcionarios, el "nuevo orden" internacional surgido del colapso de la Unión Soviética en 1991 posibilitaba a dicho foro un margen de maniobra mayor que el que había tenido en los años de la Guerra Fría, período en el cual las gestiones de la organización mundial se vieron altamente condicionadas por el manejo discrecional del poder de veto por parte de las dos superpotencias. Partiendo de esta convicción, el primer mandatario, ya en su primer discurso pronunciado ante las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 1989, definía a este foro como "el ámbito justo para la formación de la conciencia que exigen las cambiantes circunstancias actuales", en un contexto donde los "grandes problemas mundiales" exigían "una cooperación y una respuesta solidaria". Asimismo, el entonces titular del Palacio San Martín destacaba en el 47 ° período de la Asamblea General de las Naciones Unidas el "papel fundamental" del Consejo de Seguridad y el "funcionamiento más efectivo que nunca" del sistema de seguridad colectiva previsto en la Conferencia de San Francisco en 1945. (1)

Este alto grado de compromiso argentino con Naciones Unidas durante la década de 1990 pudo comprobarse en el cambio experimentado en el perfil de votaciones argentinas en el ámbito de la Asamblea General, que evidenció un incremento del porcentaje de coincidencias con Estados Unidos entre 1991 y 1995; en la propuesta argentina de reforma del Consejo de Seguridad, que procuró asegurar un asiento permanente para la región, cuyo representante debía ser elegido en forma rotativa; en el enfático respaldo a todas las resoluciones del Consejo de Seguridad durante los años en que el país fue miembro del órgano –posición que no necesariamente coincidió en todos los casos con las sustentadas por Estados Unidos y los otros cuatro miembros permanentes (Rusia, China, Gran Bretaña y Francia)-; y, finalmente, en la activa participación de la Argentina en las distintas modalidades de intervención de las Naciones Unidas -las Operaciones de Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas (OPM), integradas por los llamados "cascos azules"; las operaciones humanitarias en diversas zonas del globo, integradas por los denominados "cascos blancos" y los esfuerzos de mediación o de control de procesos electorales por parte de las Naciones Unidas-. Todos estos ejemplos fueron indicadores del esfuerzo del gobierno argentino por reafirmar su identidad y su comportamiento de país "occidental" y por obtener una imagen de mayor credibilidad internacional no sólo ante los Estados Unidos sino también ante el conjunto de los países desarrollados de Occidente.

Para mejor comprensión del lector, este primer apartado comprende las siguientes cuatro secciones, cada una de ellas correspondientes a la participación argentina en diferentes ámbitos e instancias vinculados con esta organización mundial:

a. la Asamblea General de las Naciones Unidas; b. el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; c. la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; y d. otras instancias ligadas a –y bajo el paraguas- de Naciones Unidas, tales como las

diferentes conferencias y cumbres sobre temas específicos de agenda auspiciados por la Organización y las diversas modalidades de intervención de la ONU.

a) La actuación argentina ante la Asamblea General de la ONU

a. 1) El cambio en el perfil de votaciones argentinas en la Asamblea General: hacia un acercamiento "no automático" con las posiciones norteamericanas

Por cierto, el examen estadístico comparado de las votaciones argentinas y norteamericanas en la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el período 1991-1999 no avala el supuesto ampliamente difundido respecto del carácter automático del alineamiento con Estados Unidos

adoptado durante la primer y segunda presidencias de Carlos Menem. Más bien revela la existencia de tres períodos diferenciados, con sus respectivos ajustes en el perfil de votaciones. El primero de ellos, que comprendió los años 1989 y 1990, reveló la continuidad con el perfil de votación tercermundista propio de su antecesor Raúl Alfonsín. (2) Esta tendencia resultó acorde con lo que autores como Andrés Cisneros y Jorge Raventos denominan el perfil de "desalineamiento automático" (3) que, especialmente en el año 1990, hizo del voto argentino el cuarto más antinorteamericano de toda la comunidad internacional, sólo superado por Cuba, Yemen y Sudán. (4) Así, de acuerdo con el informe estadístico del Departamento de Estado al Congreso, el voto argentino en la Asamblea General pasó de un porcentaje de coincidencias con Estados Unidos del 13,3 % en 1989 a uno del 12,5 % en 1990. (5) En términos de Joe Hagan, dicho porcentaje revelaba un perfil "fuertemente antinorteamericano", en tanto era inferior al 18 % que el autor coloca como umbral de referencia. (6) En esos dos años, el porcentaje de coincidencias de los votos argentinos con los norteamericanos (13,3 % y 12,5 %) fue levemente inferior al de países latinoamericanos como Brasil (11,8 % y 14,9 %), Colombia (13 % y 14,8 %) y México (12 % y 15,2 %). (7)

Por su parte, el segundo período, el que se extendió entre 1991 y 1995, experimentó un notable crecimiento del porcentaje de coincidencias de las votaciones argentinas con las norteamericanas, que pasaron del 41 % en 1991, al 44,4 % en 1992, el 53,8 % en 1993, el 67,9 % en 1994 y el 68,8 % en 1995. (8) En términos de Hagan, la Argentina pasó de un perfil "fuertemente antinorteamericano" en los años 1989 y 1990, a uno que osciló entre un sesgo "moderadamente pro norteamericano" en los años 1991 y 1992 y uno "fuertemente pro norteamericano" entre 1993 y 1995. (9) En este segundo período, el perfil de las votaciones argentinas se alejó marcadamente de países latinoamericanos como Brasil (22,7 % en 1991 y 1992, 28 % en 1993, 39,1 % en 1994 y 41,1 % en 1995), Colombia (22,7 % en 1991 y 1992, 25 % en 1993, 35,3 % en 1994 y 38,7 % en 1995) y México (20,6 % en 1991, 20,3 % en 1992, 28,3 % en 1993, 33,3 % en 1994 y 41,6 % en 1995) y se acercó al perfil de voto de países como España (52 % en 1991, 51 % en 1992, 59,5 % en 1993, 68,3 % en 1994 y 70,1 % en 1995) e Italia (66 % en 1991, 63,8 % en 1992, 73,7 % en 1993, 79,2 % en 1994 y 74,2 % en 1995, especialmente entre los años 1993 y 1995. (10)

Por último, el período que se extendió entre 1996 y 1999, coincidente con la segunda administración de Carlos Menem, fue testigo de una disminución en el porcentaje de coincidencias de las votaciones argentinas respecto de las norteamericanas. El mismo cayó de un 60,7 % en 1996 a un 56,1 % en 1997, un 50 % en 1998 y un 44,4 % en 1999. (11) En términos del citado Hagan, la Argentina pasó de un perfil "fuertemente pro norteamericano" en 1996 y 1997, para pasar a uno "moderadamente pro norteamericano" en los dos últimos años de la gestión menemista. (12) En este último período, la amplia brecha entre la votación de la Argentina y las de países latinoamericanos propia de los años 1991 a 1995 se redujo: para 1999 Argentina alcanzó un porcentaje de coincidencias del 44,4 %, cercano a los de Brasil (38,9 %), y Chile (40,3 %), más alejado de los de Colombia (34,7 %) y México (30 %) y mucho más alejado de países como Italia (67,7 %) y España (67,7%). (13)

Las citadas cifras revelan que, si bien Argentina aumentó sus coincidencias de voto con Estados Unidos, su perfil no fue el propio de un alineamiento automático. En todo caso, se puede definir como el propio de un perfil occidentalista, alineado pero no automático. Mantuvo un porcentaje de mayores divergencias que aliados de Estados Unidos como Gran Bretaña e Israel (cuyos respectivos índices oscilaron entre un piso del 73,5 % en 1992 y un techo del 85,1 % en 1995 en el caso británico y entre el 87,5 % en 1989 y el 97 % en 1995 en el israelí). Por cierto, un comportamiento comparable al de países como Brasil (especialmente entre los años 1989 y 1990 y los años 1998 y 1999), y España e Italia (especialmente entre los años 1993 y 1995). (14) Al respecto, vale acotar que entre 1997 y 1999 la Argentina ni siquiera figuró entre los diez países con mayores porcentajes de coincidencia de votos con Estados Unidos (curiosamente alcanzó porcentajes inferiores a los de Francia, país tradicionalmente percibido como

antinorteamericano, que en los años mencionados alcanzó entre el 73 y el 78,3 % de coincidencias con Washington). (15)

a. 2.) El proceso decisorio que llevó al cambio en el perfil de votaciones argentinas en la Asamblea General a partir de 1991

Por cierto, el cambio en el perfil de votaciones argentinas en la Asamblea General a partir de 1991 fue el ejemplo más elocuente del mencionado esfuerzo del gobierno de Menem por construir una alianza "confiable" con Estados Unidos y los países desarrollados de Occidente. El reemplazo de la tradicional posición tercermundista y antinorteamericana observada por la Argentina en la Asamblea General hacia una de mayor acercamiento con las votaciones norteamericanas fue una política impulsada por el canciller Guido Di Tella y su entorno ideológicamente más cercano, entre cuyos componentes se destacaron las figuras del entonces secretario general de la Cancillería Andrés Cisneros, del asesor del canciller, Carlos Escudé, y del embajador argentino en Londres, Rogelio Pfirter. No obstante, la implementación de la política del canciller encontró fuertes resistencias en la burocracia de la Cancillería, en particular en las figuras del embajador argentino en la ONU, Jorge Vázquez (16), el vicecanciller Juan Carlos Olima (17), el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales embajador Alfredo Chiaradía y el subsecretario de Organismos y Asuntos Especiales, embajador Jorge Taiana. Precisamente, dichas figuras habían sido las responsables de impulsar en 1990 un perfil de voto de tinte marcadamente antinorteamericano, enfrentado al sesgo pronorteamericano que había intentado impulsar el antecesor de Di Tella, Domingo Cavallo. (18)

Por cierto, la política de cambio impulsada por Di Tella y su entorno contradecía los postulados tradicionales de la conducta diplomática argentina, sustentados en una matriz cultural de antagonismo con los Estados Unidos, perfil justificado como un factor maximizador de "autonomía" y de "soberanía nacional". Según esta matriz cultural, fuertemente instalada en la cultura política argentina y con predicamento en amplios sectores del peronismo y de los partidos de oposición, los intentos de acercamiento a los Estados Unidos como los ensayados por el entonces canciller y sus asesores eran percibidos como "concesiones" a los intereses de Washington. Por cierto, la burocracia de la Cancillería estaba mucho más identificada con esta matriz cultural tradicional que con el perfil occidentalista impulsado por los cancilleres Cavallo y Di Tella.

Esta divergencia ideológica entre el perfil tercermundista de los cuadros burocráticos del Palacio San Martín y el occidentalismo de los dos Ministros de Relaciones Exteriores del gobierno de Menem tuvo importantes consecuencias en la implementación de la política de cambio de los votos argentinos en la ONU. Por cierto, el fracaso del canciller Cavallo en plasmar dicho cambio en los votos correspondientes a 1989 y 1990 y las dificultades que debió enfrentar su sucesor para concretarlo a partir de las votaciones de 1991 estuvo íntimamente ligado a la persistencia de una modalidad burocrática cuyas características son analizadas por el ex asesor de Di Tella, Carlos Escudé, en los siguientes términos:

"(…) Todos los años se redactan instrucciones sobre el voto en la ONU. Es un texto muy voluminoso que se aplica a la mayor parte de los votos y que va a Nueva York con la aprobación del canciller. Pero el proyecto de instrucciones es redactado por la misión permanente en Nueva York. Se envía a Buenos Aires, y aquí el Director de Organismos Internacionales le da un vistazo, corrige algunas pocas cosas de importancia política especial, y lo envía al canciller, que lo firma sin estudiarlo.

Es decir que los funcionarios terminan redactando sus propias instrucciones. En la Argentina, los cancilleres le han brindado poca importancia a lo multilateral, con excepción de (Dante) Caputo (…). En cambio, los embajadores y consejeros le dan mucha importancia. (…)".(19)

La existencia de este cortocircuito entre el perfil ideológico del titular del Palacio San Martín y el de la mayor parte de los cuadros burocráticos y de la autonomía relativa de estos últimos respecto del perfil de voto argentino en las Naciones Unidas fueron elementos que quedaron evidenciados en el tenso encuentro entre el canciller Guido Di Tella y el embajador Jorge Vázquez el 16 de agosto de 1991. De acuerdo con los comentarios escritos por Escudé, en dicha ocasión

"(…) el canciller Guido Di Tella dijo que, si Jorge Vázquez quería conservar su puesto, debía obtener el 60% de coincidencia de votos en la próxima Asamblea General. Dijo "esto es muy importante", estaba disgustado y divertido a la vez (todo lo absurdo le causa risa)." (20)

Como señala Escudé, el principal problema para convalidar este cambio en el perfil de voto era la falta de funcionarios leales a la política impulsada por el gobierno:

"(…) El borrador de instrucciones de este año (1991) fue preparado, como siempre, por la Misión Permanente en Nueva York, aunque ya mediaba la directiva de Di Tella de cambiar el perfil del voto. No obstante, Vázquez no iba a acometer esa tarea con entusiasmo. De Vázquez pasó a Taiana, que tampoco era un entusiasta del cambio, y cuyo último jefe era Olima, que tampoco estaba a favor. En un sandwich entre Taiana (subordinado) y Olima (su superior) quedaba Fernando Petrella, Director General de Política Exterior. Petrella simpatizaba con la línea del gobierno y sabía lo que quería el canciller. Pero a Petrella le enviaron el borrador de instrucciones apenas 48 horas antes del viaje de la delegación, y lo aprobó. Olima, por supuesto, también lo aprobó (además, las diversas áreas involucradas habían colaborado: desarme, Malvinas, Medio Oriente, etcétera).

Es decir que casi toda la "casa" estaba en contra del cambio, y Petrella no pudo y no quiso hacer nada por acercar el perfil del voto a la voluntad del Canciller.

Así llegaron las instrucciones a Nueva York para la reunión con el canciller del sábado 21, cuando Di Tella rechazó ese proyecto de instrucciones (…)."(21)

Asimismo, Escudé precisa los detalles de lo discutido en esa reunión en Nueva York, que tuvo lugar el sábado 21 de septiembre de 1991:

"(…) El tema de las instrucciones de voto para la Asamblea General fue tratado en una reunión en Nueva York con el canciller, el vicecanciller (Juan Carlos) Olima, el embajador (argentino en la ONU) Jorge Vázquez, Chiaradía, Pfirter, Taiana, (el entonces Director de Organismos Internacionales embajador Hernán) Mazzini Ezcurra, yo (el asesor del canciller Carlos Escudé) y los demás miembros de la delegación y de la misión permanente. Di Tella preguntó a qué porcentaje llegábamos con las nuevas instrucciones de voto y le dijeron que al 17,5 % (esto después de sus instrucciones de que eleváramos ese porcentaje significativamente). Di Tella estuvo adecuadamente indignado. Chiaradía defendió el proyecto de instrucciones. Di Tella preguntó por qué no podíamos votar como España. Chiaradía dijo que España había sido una potencia colonial, en cambio nosotros habíamos sido una colonia. Yo le dije que EE.UU. también había sido una colonia, lo que provocó la risa de Di Tella y la defensa de Chiaradía en el sentido de que Estados Unidos ahora era un imperio (olvidaba que Australia o Nueva Zelandia eran ex colonias, que no eran imperios y que no obstante votaban diferente).

Di Tella dio instrucciones terminantes de que se volviera a trabajar sobre las instrucciones de voto para elevar el porcentaje: él no firmaría instrucciones así como estaban. Esa misma tarde nos reunimos para comenzar el trabajo, que continuó el domingo por la tarde y durante la mayor parte de la semana, con Pfirter y yo contra Chiaradía y los de la misión (….)."(22)

De acuerdo con la óptica de Escudé,

"(…) El problema fundamental con el voto argentino era que el país había quedado enganchado con

1. NOAL; 2. Malvinas/descolonización; 3. América Latina; y 4. Desarme/ anti TNP anti Tlatelolco

y de este modo llegaba a una posición mucho más radicalizada que, por ejemplo, Brasil, que no estaba comprometido ni en (1) ni en (2) ni en (4).

Por otra parte, la cuestión Malvinas llevaba a la compra de votos a cambio de votos radicalizados nuestros en otros asuntos, que nos ponían en contradicción con EE.UU. y el bloque occidental.

El costo inevitable de una táctica de reivindicación de Malvinas en foros multilaterales era el empeoramiento de la relación con Occidente. El costo inevitable de mejorar la relación con Occidente por vía de una mayor coincidencia de votos en la Asamblea General era (la pérdida del) apoyo de los numerosos países del Tercer Mundo en este y otros foros. La táctica de negociación bilateral por Malvinas se revelaba como opuesta a la de negociación multilateral (vía foros), en tanto esta última empeoraba la relación bilateral con USA y el Reino Unido, a la vez que la mejora de estas relaciones bilaterales por vía de mayor coincidencia de votos en otros asuntos significaba la pérdida de votos del Tercer Mundo respecto de Malvinas. (…)."(23)

Respecto de la resistencia de los sectores contrarios a seguir las instrucciones del canciller vinculadas al cambio en el perfil de voto argentino, Escudé destaca que

"(…) La negociación interna fue dura, voto por voto. Se demostró:

1. que no era fácil elevar el porcentaje (de votos de coincidencia con los Estados Unidos) muy lejos; y

2. que Chiaradía y cía. Estaban ideológicamente interesados en que el voto cambie lo menos posible. En esto tallaban también sus relaciones personales con diplomáticos del Tercer Mundo en Nueva York, entre los cuales se iban a sentir incómodos, lo que ya ocurría con la cuestión del retiro argentino de NOAL (…)

(…) La resistencia al cambio se siguió manifestando en cables enviados por Chiaradía a Buenos Aires después de nuestro regreso.

Llegamos a porcentajes previsibles del 20% (mínimo) y el 30-35 % (máximo) (diferencia en resoluciones a estudiar). Luego del problema que enfrentamos Pfirter y yo fue obtener el poder para saltear a las áreas competentes y decidir por nuestra cuenta en qué resoluciones, de las dudosas, se cambiaría el voto argentino, previo poner en autos al canciller de los costos del cambio de voto en descolonización (Malvinas) y en Medio Oriente (enojo árabe). Durante la semana siguiente, en Buenos Aires, comenzamos en nuestra propuesta de un 35 % teórico, esperando el regreso del canciller y de Cisneros. (…) nuestro problema con Pfirter era evitar que las resoluciones "dudosas" que iban a ser sometidas a estudio posterior según el resultado de la negociación, pasaran realmente a las áreas nuevamente, porque sabíamos que de allí saldría una oposición masiva al cambio. (…)". (24)

Asimismo, el ex asesor de Di Tella destacaba en sus comentarios escritos el modus operandi de los sectores resistentes a las instrucciones del canciller:

"Este problema tenía proyecciones muy superiores. En la reunión del 21, por ejemplo, la Misión Permanente presentó un documento del Grupo de Río suscripto por la Argentina que estaba totalmente en contra de la línea del Canciller en su tratamiento de la ONU y el Consejo de Seguridad. Fue un disgusto que el canciller no pudo remediar. Todo había sido sancionado ya por la línea Olima - Taiana- Vázquez, con una firma rutinaria del canciller. (…)

(…) Sobre los trucos de las misiones ante foros multilaterales para votar como quieren:

1. Carasales, Pfirter y (el Jefe de Cancillería de la Embajada argentina en Washington, ministro Ricardo Ernesto) Lagorio confirmaron el uso de cables tardíos y borradores de instrucciones que casi no son modificados.

2. En cambio, Chiaradía y cía se rasgaban las vestiduras ante la posibilidad, cuando yo dije (en forma poco diplomática) que eso es lo que ocurría (…)".(25)

De conformidad con el deseo expresado por el canciller en la reunión del 21 de septiembre en Nueva York, Escudé y Pfirter trabajaron en la confección de un memo con las propuestas de cambios de voto. En forma paralela, durante los días 9 y 10 de octubre tuvieron lugar una serie de encuentros y contactos entre Cisneros y Pfirter y entre este último y Escudé. Los mismos tuvieron por resultado el explícito aval del canciller Di Tella a la transformación de este memo en instrucciones para la Cancillería. Escudé relata de su propio puño y letra este proceso en los siguientes términos:

" (…) El miércoles (9 de octubre) Cisneros le sugirió a Pfirter que se lo pasáramos a Olima. Pfirter dijo que eso sería suicida; que lo destruirían; que la intención del canciller se vería frustrada y que nosotros quedaríamos como unos tontos. Cisneros le planteó la cuestión a Di Tella y este dijo que firmaría cualquier proyecto de instrucciones preparado por el grupo de trabajo. Pfirter me llamó por teléfono, no me encontró y me dejó un mensaje de que lo llamara a su casa. Lo llamé cuando llegué, a las 11 de la noche del miércoles. Me contó las novedades y me dijo que había que transformar a este memo en instrucciones para la Delegación. Yo lo tenía en el disco duro, así que estuve trabajando hasta las 4 de la mañana. Además, modifiqué el memo para aconsejar la no consulta con las áreas (ni con Olima) (…)"(26)

Por cierto, en el apartado I del texto del memo, transformado por Escudé en instrucciones con el aval de Di Tella, quedaban claramente explícitos los dos propósitos que animaban a estas propuestas de cambio:

" (…) a. Eliminar el marcado tinte anti-occidental de numerosos votos emitidos en el pasado, y

a. Reflejar, a través de una visible y amplia modificación de votos tradicionales, la profunda transformación de la política exterior del país.

En general se ha buscado acercar nuestra posición a la de países como Australia, Canadá y Nueva Zelandia, cuyo voto (como el de los propios miembros europeos de la OTAN) refleja con realismo las propias limitaciones en materia global y es a veces distinto (y en algunos casos opuesto) al de Washington. En cualquier caso, sumados todos los cambios, el efecto práctico de la evolución propuesta es reemplazar el tradicional enfoque confrontacionista por uno de visible y estrecha cooperación con los EE.UU. (…)".(27)

Asimismo, ese mismo apartado del texto destacaba tanto el carácter moderado de los cambios propuestos como la resistencia de la burocracia de la Cancillería a los mismos:

"(…) La moderación de la presente propuesta queda clara cuando se observa la siguiente tabla:

NUMERO TOTAL DE PROPUESTAS DE CAMBIO DE VOTO 40

NUMERO TOTAL DE RESOLUCIONES CON INSTRUCCIONES PENDIENTES 6

VOTOS OPUESTOS A EE.UU.: 1990: 63 PROPUESTA 1991: 27

VOTOS COINCIDENTES CON EE.UU.: 1990: 9 PROPUESTA 1991: 15

ABSTENCIONES: 1990: 11 PROPUESTA 1991: 41

Obsérvese que, aún con esta propuesta "radicalizada", la Argentina estará votando contra los EE.UU. casi el doble de las veces que votará a favor de ese país, y nuestro porcentaje de coincidencia con el voto norteamericano quedará muy por debajo del que corresponde al bloque occidental. Por ello, ACONSEJAMOS LA APROBACION DE ESTA PROPUESTA SIN SOMETERLA NUEVAMENTE A LA CONSIDERACION DE LAS AREAS. (…)".(28)

Por su parte, el apartado II del memo contiene una serie de observaciones acerca de los costos externos e internos de los cambios propuestos en materia nuclear y desarme, descolonización, apartheid sudafricano, Medio Oriente y derechos humanos (costos tales como la pérdida del apoyo tradicional de miembros del Comité de los 24 como Cuba, India, Irán y Tanzania a la posición argentina en el diferendo de soberanía sobre las islas Malvinas; la molestia de algunos países africanos o árabes a los cambios respecto de resoluciones referentes al apartheid o a la cuestión de Medio Oriente; la complicación del apoyo de países del Tercer Mundo a la candidatura argentina al Consejo de Seguridad de la ONU para 1992; y la resistencia de la burocracia de la Cancillería a estos cambios). No obstante, el texto advierte que el precio de mantener esos respaldos en Naciones Unidas era el de

"(…) PROLONGAR ALIANZAS POLITICAS QUE EN EL PASADO ALIANZAS POLITICAS QUE EN EL PASADO AISLARON A LA ARGENTINA DEL MUNDO DESARROLLADO Y LA ASOCIARON A REGIMENES INACEPTABLES. (…)".(29)

Finalmente, el apartado III del memo precisa los cambios de voto por área temática, distinguiendo los cambios de voto indispensables para concretar un nuevo perfil de voto argentino en la ONU de los cambios recomendables para avanzar un poco más en la transformación del perfil argentino, pero que podían afectar las relaciones con países amigos como México o la India, según el caso. Asimismo, diferenciaba entre aquellos cambios de voto que implicaban una aproximación al voto de Estados Unidos de aquellos que constituían casos de coincidencia con el perfil de voto norteamericano.

De acuerdo con esta doble clasificación, las propuestas de cambio de voto en la Primer Comisión de la ONU, referentes a política nuclear y desarme, totalizaban 12 con status de "indispensables" - 7 de aproximación al voto norteamericano y 5 de coincidencia con este último- más otras 5 propuestas adicionales, ubicadas en la categoría de "recomendables", en las que se proponía la aproximación al voto de Estados Unidos y ningún caso de coincidencia (30).

Por su parte, en relación con las cuestiones de Medio Oriente, el memo contenía 5 propuestas de cambios indispensables, más 3 propuestas adicionales. En ambas categorías de propuestas, Escudé sugería a Di Tella la aproximación –y no la coincidencia con- el voto norteamericano, pasando de la abstención al voto a favor. (31)

A su vez, en los casos de descolonización y del apartheid sudafricano, el memo-instrucción contenía 3 propuestas de cambio de carácter indispensable para los primeros (32) y 4 para los segundos. (33) En ambos casos, fueron propuestas de aproximación al voto norteamericano (es decir, de cambio del voto positivo a la abstención).

Finalmente, en lo que respecta a las cuestiones sociales y humanitarias (casos de violaciones a los derechos humanos) y legales, el memo transformado en instrucciones proponía, para el primer caso, 6 cambios definitivos o indispensables -4 de aproximación y 2 de coincidencia con los votos norteamericanos- (34). En cuanto a los cambios introducidos en el área de asuntos legales, la propuesta incluía cambios definitivos en 2 de las resoluciones ligadas a esta cuestión. (35)

El memo transformado en instrucciones por Escudé cuyo contenido fue comentado en los párrafos anteriores fue firmado por el canciller Di Tella el 14 de octubre. No obstante la importancia de este paso para el ministro y aquellos funcionarios que adherían a su política de cambio del perfil de voto argentino en la ONU, la resistencia de los funcionarios burocráticos a dicho cambio se hizo sentir con toda intensidad en los días subsiguientes. Escudé señala en sus comentarios escritos varios ejemplos de esta tendencia:

"El canciller firmó las instrucciones el lunes 14 a la tarde. No obstante, Pfirter esperó el martes a que Cisneros firmara una orden enviando las instrucciones a Olima. Hacia las 3 de la tarde las instrucciones se enviaron en memo al piso 13. Pfirter las llevó personalmente a Petrella, quien se comprometió a defenderlas. Más tarde, Olima lo llamó a Pfirter para quejarse de la falta de consulta. Pfirter sigiió haciéndose el tonto, sin reconocer autoría. Olima le pidió que le hiciera una lista de 5 resoluciones "catástrofe" para ir a presentárselas al canciller. Pfirter se negó: dijo que no había resoluciones catástrofe, que era un trabajo coherente y que se ajustaba al pensamiento del Canciller.

Olima dijo que bien, se iba a tragar el sapo como tantas otras veces. También llamó (la Emb. Zelmira) Regazzoli para quejarse, indignado, de que hubieran invadido su jurisdicción. La Directora de DD.HH. dijo que se quejaría al Presidente; que debieron haber consultado al Consejo Superior Justicialista. Pfirter trató de tranquilizarlo diciéndole que no era para tanto; que las instrucciones eran coherentes con la política exterior del Gobierno. Regazzoli dijo también que había subido a mi oficina para hablar conmigo pero que no me había encontrado. A la noche se produjo mi reunión con el Canciller. Le conté sobre estas conversaciones para que supiera a qué atenerse. En el medio de la reunión de asesores irrumpió Olima, que se lo llevó al Canciller a un aparte (serían las 7: 30 PM) al despacho de Di Tella (estábamos en la sala de reuniones).

Al día siguiente (miércoles 16) Pfirter me contó que aún no se habían cablegrafiado las instrucciones. Le había preguntado a Taiana. Este se había quejado de que eran excesivas; que no era necesario tanto cambio; hizo objeciones aquí y allá y dijo que con Olima iban a hacer una contrapropuesta. Pfirter le dijo que ya estaban firmadas las instrucciones y que Olima le dijo que se la "iba a comer" (…) Quedó flotando en el aire la idea de que Pfirter había actuado contra Olima. Pfirter le dijo que si en algún momento había habido poca transparencia, se debía al conflicto entre Olima y el Canciller, que no era culpa de Pfirter y que por su posición debía ser leal al canciller. (…)". (36)

Escudé concluye este tramo de sus comentarios escritos destacando el problema de la ideología de la burocracia de la Cancillería y de su oposición al cambio de votos:

"(…) (El) rol de la ideología no se limita a personajes como Vázquez y Taiana. Chiaradía lideró con vigor la oposición al cambio en la reunión de Nueva York, y toda la misión lo apoyaba. Es comprensible también: si tranza, se prostituye (y si no tranza, se insubordina).

Problema de la evolución de la burocracia. Como el tercermundismo de la izquierda convergió con la postura de los militares en lo territorial y en asuntos nucleares, para darle a Cancillería un "tercermundismo" de base pluriideológica.

Desde el piso 13 (o desde la jurisdicción de Olima) las instrucciones se enviaron a Nueva York por fax. Inmediatamente después llegó un cable de Vázquez al Canciller, diciendo que no se responsabilizaba por el secreto de los mismos ya que el fax se puede intervenir. (Quebrada) así la cadena de seguridad, comenzaron a aparecer las filtraciones en (el diario) Clarín. (…)". (37)

Como subproducto de esta filtración en la prensa, el canciller Di Tella debió rendir un informe ante la Cámara de Diputados sobre el cambio de los votos argentinos en Naciones Unidas y el retiro argentino de No Alineados, dos de las decisiones más contundentes del año 1991. Las ideas fuerza de ese informe fueron elaboradas por su asesor, Carlos Escudé. Ante una hipotética pregunta respecto de la falta de consulta a la burocracia en esta cuestión, Escudé sugiere a Di Tella que responda lo siguiente ante los representantes de la Cámara Baja:

"(…) Mire, en primer lugar no es cierto que no consultamos.

Acudimos a funcionarios de carrera con una vasta experiencia en las Naciones Unidas y otros foros multilaterales, y todo lo que se hizo fue en consonancia con sus consejos y nutrido por esa experiencia. Se consultó a Misión Permanente.

Lo que sí es cierto es que no consultamos a los responsables de que, el año pasado, nuestro voto en la Asamblea General haya sido más radicalizado que el de Libia e Irak.

Creo que la inmensa mayoría de ustedes tampoco lo hubiera hecho, y que hacerlo sería contrario al más elemental sentido común." (38)

a. 3.) Las cuestiones que fueron objeto de coincidencias y divergencias entre las delegaciones argentina y norteamericana en el marco de la Asamblea General de la ONU

En este ámbito, los representantes argentinos y norteamericanos evidenciaron un perfil de votación que, no obstante su mayor grado de coincidencia a partir de 1991, lejos estuvo de demostrar una total coincidencia con las posiciones norteamericanas. Salvo el caso de la situación de los derechos humanos en Cuba (tema en el que el voto argentino acompañó en forma consistente al norteamericano en todas las resoluciones sometidas a votación de la Asamblea General entre 1992 y 1997), en ninguna de las otras cuestiones la delegación argentina votó en forma "automática" siguiendo las posiciones adoptadas por su par norteamericana.

Antes bien, el examen comparado de los votos argentinos y norteamericanos en la Asamblea General evidenció un panorama notablemente diferenciado por áreas temáticas. Hubo casos donde se registraron un alto nivel de coincidencias -como el de las resoluciones referidas a la situación de los derechos humanos en Cuba y a las cuestiones de desarme y no proliferación nuclear- y cuestiones donde, por el contrario, hubo un alto nivel de divergencias entre las delegaciones de ambos países (tales los casos del embargo económico norteamericano a Cuba, el conflicto árabe-israelí y la situación de los derechos humanos en China e Irán).

a. 3. 1.) Los casos de coincidencias entre las posiciones argentina y norteamericana en la Asamblea General

Las resoluciones respecto de la situación de los derechos humanos en Cuba

Respecto de esta cuestión sensible para los intereses de Estados Unidos, hubo una total coincidencia entre las votaciones argentinas y norteamericanas en la Asamblea General. Así, las delegaciones argentina y norteamericana coincidieron en votar a favor de las resoluciones 4 / 139 del 18 de diciembre de 1992 (39); 48 / 142 del 20 de diciembre de 1993 (40); 49 / 200 del 23 de diciembre de 1994 (41); 50 / 198 del 22 de diciembre de 1995 (42); 51 / 113 del 12 de

diciembre de 1996 (43) y 52 / 143 del 12 de diciembre de 1997 (44). En 1998 y 1999 no se trató la cuestión en el ámbito de la Asamblea General (aunque sí en el de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU).

No obstante esta total coincidencia con Estados Unidos en las resoluciones respecto de la situación de los derechos humanos –enfatizada por los medios de prensa y por los sectores críticos de la política exterior vigente durante la década de 1990 como una supuesta "confirmación" de la adopción de un perfil de alineamiento "automático" con los Estados Unidos-, esta tendencia no se extendió al caso del embargo económico a Cuba. En este último, la Argentina no se alineó con las votaciones de Estados Unidos, una tendencia que los medios de prensa y sectores críticos respecto de la política exterior del gobierno de Menem tendieron a percibir como una confirmación ya no del alineamiento "automático" –pues no lo hubo en este caso- sino de la supuesta incongruencia de la política argentina hacia Cuba, en tanto acompañaba a Estados Unidos en la condena a las resoluciones referidas a la situación de los derechos humanos en la isla y no lo hacía en las vinculadas a la continuación del embargo económico por parte de Washington.

Las resoluciones sobre las cuestiones referidas al desarme y la no proliferación nuclear

Respecto de las resoluciones referidas a este tema y sometidas a votación de la Asamblea General, la diplomacia argentina mantuvo durante los años 1989 y 1990 –y profundizó en 1990- el característico perfil tercermundista, con un bajo porcentaje de divergencias con los votos de Estados Unidos, que fueron de 15,7 % y 4,5 % respectivamente. (45) En 1991, este porcentaje de coincidencias saltó al 25 %, y aunque en 1992 cayó al 14,2 %, en 1993 se incrementó al 27,7 %, en 1994 al 45 % y en 1995 alcanzó su porcentaje máximo de coincidencias, con el 50 %. De este picó cayó al 43,4 % en 1996, al 33,3% en 1997, para luego subir muy levemente en 1998 y 1999, alcanzando un 36,3 % y un 34,7 %, respectivamente. (46)

Por cierto, estas cifras demuestran que, aun en un tema sensible para Estados Unidos como el de las medidas de desarme y no proliferación nuclear, la delegación argentina tuvo un perfil de voto que evidenció dos líneas rectoras relevantes en el comportamiento de la Argentina en esta dimensión multilateral de la agenda con Estados Unidos. La primera de ellas evidencia un firme compromiso con las políticas de no proliferación impulsadas por Washington. La diplomacia argentina jugó un rol muy activo en la Conferencia de Desarme de Naciones Unidas en Ginebra, que concluyó con la firma de la Convención de Armas Químicas y el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares. Cabe destacar al respecto que la Argentina suscribió la primer Convención en París en septiembre de 1993 y que respaldó junto a Estados Unidos la resolución 50 / 245 de la Asamblea General de las Naciones el 10 de septiembre de 1996 aprobatoria del mencionado Tratado. (47)

La segunda línea rectora del comportamiento argentino en este foro demuestra que el firme compromiso adoptado por el gobierno de Menem respecto de las posiciones de los países desarrollados de Occidente no se tradujo necesariamente en un perfil de alineamiento automático con las posiciones de Estados Unidos. Aún en el año 1995, donde se registró el porcentaje más alto de coincidencias entre las votaciones argentinas y norteamericanas en las resoluciones referidas a las cuestiones de desarme y no proliferación, la delegación argentina mantuvo un 50 % de divergencias con las votaciones norteamericanas.

Las resoluciones respecto del problema del narcotráfico

Respecto de esta cuestión, cuyas resoluciones fueron aprobadas sin votación de la Asamblea General (48), cabe destacar la posición adoptada por la Argentina en ocasión del 20° período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que tuvo lugar el 8 de junio de 1998. En dicha oportunidad, el presidente Menem respaldó el plan de la ONU contra

la proliferación de las drogas y el lavado de dinero. Dicho plan, criticado desde algunos sectores por ser considerado una extensión de la política norteamericana, consistía en la eliminación en 10 años de los cultivos ilícitos de coca, marihuana y opio, y en la penalización del lavado de dinero. Por su parte, el mandatario argentino propuso la internacionalización del juicio al delito de narcotráfico, a través de la creación de una tribunal internacional contra la droga. La propuesta de Menem surgió como una idea del ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, y de acuerdo con la opinión de los medios, fue una jugada política destinada a ganar espacio en el debate internacional sobre el tema y a contrarrestar las críticas de las autoridades norteamericanas por las incumplidas promesas argentinas de sancionar una ley contra el lavado de dinero y por la falta de centralización en la lucha contra este delito. (49)

Otra cuestión tratada en dicha ocasión fue la de la "responsabilidad compartida" entre países consumidores y productores de drogas, principio consagrado en la Conferencia de Cartagena celebrada el 15 de febrero de 1990 entre Estados Unidos y los países productores de droga de la región (Colombia, Perú y Bolivia) (50). El primero en tocar este tema fue el presidente norteamericano, Bill Clinton, quien reconoció el daño provocado por esta división que Estados Unidos contribuyó a instalar:

"(…) Por demasiado tiempo, ha habido un agrio debate entre las naciones que proveen drogas y las naciones consumidoras sobre de quién era la responsabilidad del problema. Seamos honestos: esto ha sido una discusión dañina, que no ha hecho avanzar la lucha contra las drogas. Apuntarse los dedos acusadores no desmantelará un solo cartel, (…) ni prevendrá que un solo chico pruebe la heroína (…)".(51)

Asimismo, en sintonía con su colega norteamericano, Menem defendió la tesis de la "responsabilidad compartida" entre países consumidores y productores de drogas. Para el presidente, la

"(...) clasificación en países productores, países de tránsito y países consumidores ha demostrado no ser eficaz. (…) (Esas divisiones) (…) Llevaron siempre a acusaciones recíprocas entre los gobiernos, no entendiendo que en lugar de reprocharnos, debíamos reforzar la cooperación internacional y trabajar juntos". (52)

Por cierto, la posición adoptada por Menem se diferenció de la de su colega mexicano Ernesto Zedillo –que si bien coincidió con la tesis de la "responsabilidad compartida" puso el acento sobre el respeto de la soberanía en los siguientes términos:

"Todos somos corresponsables con iguales derechos y deberes (en la lucha contra el narcotráfico) (pero) (…) Todos debemos respetar la soberanía de cada nación, para que nadie pueda erigirse en juez de los demás ni se sienta con el derecho a violar las leyes de otros países en aras de hacer valer las propias." (53)

El caso de las resoluciones de condena a las violaciones de derechos humanos en Irán

En lo que respecta a esta cuestión, que no fue sometida a votación durante los años 1989 a 1991 (54), la delegación argentina tuvo, entre los años 1993 y 1998, un alto nivel de coincidencias con los Estados Unidos. Esta tendencia tuvo sólo dos excepciones: las de los años 1992 –caso en el que adoptó la decisión de no concurrir a votar la resolución 47/ 146 del 18 de diciembre frente a la posición de Estados Unidos de apoyo a la misma- (55), y 1999 – caso este último en el que la delegación de Estados Unidos votó a favor de la resolución 54/ 177 del 17 de diciembre mientras la de Argentina se abstuvo-. (56)

De acuerdo con la tendencia señalada en el párrafo anterior, las delegaciones de Argentina y Estados Unidos coincidieron en votar a favor de las resoluciones 48/ 145 del 20 de diciembre de

1993 (57); 49/ 202 del 23 de diciembre de 1994 (58); 50/ 188 del 22 de diciembre de 1995 (59); 51/ 107 del 12 de diciembre de 1996 (60); 52/ 142 del 12 de diciembre de 1997 (61); y 53/ 158 del 9 de diciembre de 1998 (62).

a. 3. 2.) Los casos de divergencia entre las posiciones argentina y norteamericana en la Asamblea General

La cuestión del endurecimiento del embargo económico a Cuba impulsado por Estados Unidos

No obstante la voluntad de la diplomacia menemista de acompañar, a partir de 1991, la posición de condena de las autoridades de Washington en lo que respecta a la situación de los derechos humanos en Cuba, en las resoluciones referidas al embargo económico no se observa la misma tendencia. Antes bien, dicha diplomacia se resistió a avalar la posición norteamericana en las votaciones sobre esta última cuestión sometidas a consideración de la Asamblea General. A diferencia de lo que ocurrió en el caso de los derechos humanos en Cuba, en el del embargo norteamericano contra la isla los representantes argentinos ante la Asamblea optaron por acompañar la posición crítica esgrimida por la mayoría de los países de la región. Por cierto, este dato obliga, al menos en este tema, a poner en tela de juicio el difundido argumento referido al supuesto alejamiento del perfil de voto argentino respecto del resto de América Latina durante la década de 1990.

En conformidad con lo apuntado en el párrafo anterior, la diplomacia argentina se abstuvo junto con la de otros 70 países respecto de la resolución 47 / 19, sobre la necesidad de terminar el embargo económico, comercial y financiero dispuesto por Washington contra La Habana, presentada ante la Asamblea General de la ONU el 24 de noviembre de 1992. El resultado de las votaciones constituyó un verdadero revés diplomático para Estados Unidos, por tanto dicha resolución contó con 59 votos a favor (entre ellos los de Cuba, Colombia, México, Chile y Uruguay), 3 en contra (Estados Unidos, Israel y Rumania) y 71 abstenciones (entre ellas la de Argentina, Perú, Bolivia y Paraguay) (63)

Asimismo, la delegación argentina volvió a abstenerse respecto de la resolución 48 / 16 del 3 de noviembre de 1993, que nuevamente pedía el cese del embargo contra Cuba y que fue aprobada por un resultado de 88 votos a favor (entre ellos los de Bolivia, Brasil, Cuba y Chile), 4 votos en contra (los de Estados Unidos, Paraguay, Albania e Israel) y 57 abstenciones (entre ellas las de Argentina, Armenia, Italia, Nicaragua y Panamá). (64) Esta actitud se repitió en el caso de la resolución no vinculante 49/9 de la Asamblea General del 26 de octubre de 1994, que pedía por tercera vez consecutiva el cese del embargo comercial contra Cuba. Esta resolución, aprobada por 101 votos (entre ellos los de Cuba, Brasil, Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela), contó con la oposición de Estados Unidos e Israel y con la abstención de 48 países, entre ellos Argentina, Guatemala y Reino Unido. (65)

En la votación que tuvo lugar en la L Reunión de la Asamblea General del año 1995, Argentina cambió su voto respecto de esta cuestión, pasando de la abstención al voto favorable. Así, en el caso de la resolución 50/10 del 2 de noviembre de 1996, acompañó junto a otros 116 países (entre ellos Bolivia, Brasil, Cuba, Perú, Paraguay y Uruguay) el voto a favor del cese del embargo contra Cuba, frente a la oposición de Estados Unidos, Israel y Uzbekistán y la abstención de 38 países (entre ellos Guatemala, Japón y Reino Unido). (66)

Este cambio en la posición argentina se mantuvo respecto de la resolución 51 / 17 del 12 de noviembre de 1996, aprobada por 137 votos a favor (entre ellos los de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela), 3 en contra (los de Estados Unidos, Israel y Uzbekistán) y 25 abstenciones (entre ellas las de Ecuador, El Salvador, Georgia, Kuwait y Omán) (67). Tendencia idéntica a la registrada respecto de la resolución 52 / 10 del 5 de

noviembre de 1997, aprobada por 143 votos a favor (entre ellos los de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, México, Paraguay, Perú y Uruguay), 3 en contra (los de Estados Unidos, Israel y Uzbekistán) y 17 abstenciones (entre ellas las de Estonia, Georgia, Kuwait, Lituania y Omán) (68).

En 1998, la Argentina mantuvo su voto favorable. Respaldó la resolución de condena al embargo contra Cuba número de resolución 53 / 4 del 14 de octubre, que fue aprobada por 157 votos a favor (entre ellos los de Argentina, Brasil, Cuba, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), 2 en contra (los de Estados Unidos e Israel) y 12 abstenciones (entre ellas las de El Salvador, Nicaragua, Lituania, Macedonia y Senegal). (69)

Finalmente, en 1999 Argentina apoyó con su voto a favor la resolución 54 / 21 del 9 de noviembre, la cual fue aprobada por un resultado de 155 votos a favor (entre ellos los de Argentina, Brasil, Cuba, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), 2 en contra (los de Estados Unidos e Israel) y 8 abstenciones (las de Estonia, Georgia, Letonia, Estados Federados de Micronesia, Marruecos, Nicaragua, Senegal y Uzbekistán) (70)

Las resoluciones referidas al conflicto árabe-israelí

En referencia a las resoluciones sobre este tema sometidas a la votación de la Asamblea General, la Argentina mantuvo durante los años 1989 y 1990 un bajo perfil de coincidencias con los Estados Unidos: de 7,4 % en el primer caso y del 9,09 % en el segundo. (71)

En grado menor que en el caso de las resoluciones ligadas a las cuestiones de desarme y no proliferación, en el cual a partir del año 1991 se dio un mayor acercamiento entre las votaciones argentinas y norteamericanas, respecto del conflicto árabe israelí los porcentajes de coincidencia de los votos argentinos con los norteamericanos, tuvieron un comportamiento ascendente entre 1991 y 1995, salvo en 1992, en que bajaron a sólo el 8 % (72). Así, los porcentajes correspondientes a ese período de mayores coincidencias entre ambos países fueron del 16 % en 1991 –poco menos del doble de coincidencias respecto del porcentaje registrado en 1990-; 10% en 1993; 15,7 % en 1994, y 14,2 % en 1995. (73) Tras el índice de 1995, se registró una caída en dichos porcentajes, que pasaron al 10 % en 1996, 5,5 % en 1997, 5 % en 1998 y, finalmente, del 5,2 % en 1999. (74)

El examen del patrón de votación argentino respecto de esta cuestión revela que el núcleo más fuerte de divergencias entre las votaciones argentinas y norteamericanas estuvo referido a las resoluciones relacionadas con la situación de la ciudad de Jerusalén y el Golán sirio, el derecho de autodeterminación y los derechos humanos de la población palestina, con las críticas a las políticas israelíes respecto de los territorios ocupados y los refugiados palestinos. Por su parte, las delegaciones argentina y norteamericana acompañaron con su voto favorable a las gestiones de paz en Medio Oriente y a la asistencia educativa a la población palestina por intermedio de las organizaciones ligadas a las Naciones Unidas.

Las resoluciones referidas al establecimiento de una Corte Penal Internacional

Por cierto, la cuestión del establecimiento de una Corte Penal Internacional constituyó otro de los temas de la dimensión multilateral de la agenda donde se registraron divergencias entre Buenos Aires y Washington. Desde 1995, el Ministerio de Justicia y la Cancillería de la Argentina jugaron un rol de liderazgo en los trabajos preparatorios para la creación de la Corte Penal Internacional. (75). El establecimiento de este organismo fue sucesivamente contemplado por las resoluciones 50/ 46 del 11 de diciembre de 1995 (activamente respaldada por la delegación argentina y aprobada el 11 de diciembre de dicho año por consenso); y las subsiguientes resoluciones, aprobadas sin votación, números 51/ 207 del 17 de diciembre de

1996; 52/ 160 del 15 de diciembre de 1997; 53/ 105 del 8 de diciembre de 1998; y 54/ 105 del 9 de diciembre de 1999. (76)

De acuerdo con los argumentos expuestos por el canciller Guido Di Tella, la creación de una Corte Penal Internacional implicaba

"(…) el reconocimiento de que ciertos actos abominables ofenden la conciencia universal y la hacen responsable, independientemente del lugar donde ocurran. También significa en consecuencia aceptar que le concierne al conjunto de las naciones juzgarlos, aplicar los condignos castigos y evitar su reiteración.

Sin embargo, la futura Corte Penal Internacional no está llamada a reemplazar ni a menoscabar la independencia y jurisdicción innegable de los sistemas de Justicia nacionales. Por el contrario, el diseño de esta instancia internacional parte de que son los sistemas judiciales de cada Estado los que tienen la responsabilidad primaria y los medios más adecuados para investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes. Por eso se ha aceptado el criterio de que la corte debe ser complementaria de los tribunales nacionales e intervenir exclusivamente en aquellos casos excepcionales en que la justicia del país en cuestión no pueda o no esté dispuesta a llevar adelante el juzgamiento de manera imparcial. (…)" (77)

Con esta argumentación, la Argentina, a través de su vocero el entonces canciller Di Tella, procuraba diferenciarse de los procesos judiciales impulsados de manera unilateral –tales como el caso del juicio al ex presidente chileno general Augusto Pinochet por parte del juez español Baltasar Garzón-. Por cierto, esta posición, incluía también una crítica no expresa al unilateralismo norteamericano, en los siguientes términos:

"(…) La responsabilidad colectiva viene a resolver tanto la eventual ausencia o defecto de Justicia como la tentación de unilateralidad por la que la Justicia de un país en particular pretendiera arrogarse el derecho a investigar o a sancionar delitos cometidos en otro. La intervención unilateral, por piadosos que sean los motivos que alegue, se parece a la llamada justicia por mano propia: ni es justa ni es propia de jueces. Por el contrario, es una transgresión a la convivencia internacional basada en normas jurídicas sobre las que existe consenso, que ha costado tiempo construir y que deben perfeccionarse, no destruirse.

Así ocurre con el proceso judicial iniciado en España por el juez Baltasar Garzón, que se aparta de principios cardinales del derecho, como la cosa juzgada, e invade el concepto de territorialidad, según el cual la jurisdicción judicial corresponde al país donde los delitos se cometen. Es desde esta posición de preeminencia de cada Estado en la administración de justicia en su propio territorio que las naciones se disponen a cooperar para mejorar la justicia y acotar los delitos. (…)

(…) Es desde esa plataforma de principios y de práctica concreta que nos diferenciamos sustancialmente del comportamiento del juez Garzón, la proyección de cuya actitud tiene menos que ver con la Justicia que con la política, y cuya filosofía tiene poco que ver con el consenso y la acción que en el plano internacional deberían contribuir a terminar con los crímenes que avergüenzan la condición humana.

Por el contrario, esas actitudes guardan una aire de familia con las prácticas que solíamos llamar "imperialistas" y abrevaban en las más arcaicas tradiciones de otros siglos asentadas en la prevalencia de la fuerza y los fueros especiales, antes que en la razón y la justicia." (78)

b) La actuación de la Argentina en el Consejo de Seguridad de la ONU

Durante su estadía como miembro en los años 1994-1995 y 1999-2000, la Argentina dio sobradas muestras de su compromiso con el Consejo de Seguridad de la ONU: adoptó un perfil marcadamente "occidentalista" al acompañar con un voto mayoritariamente positivo las resoluciones del Consejo; propuso la reforma de dicho órgano en términos de una participación rotativa de los países de la región en dicho organismo; participó en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP), donde contribuyó con más de 15.000 efectivos de sus Fuerzas Armadas y de Seguridad en distintas operaciones; participó de las operaciones multinacionales en el Consejo de Seguridad, en el marco de los conflictos de Irak, Haití, Bosnia y Kosovo, y, finalmente, emprendió gestiones de buenos oficios, tanto bilaterales como multilaterales. (79)

b. 1.) El perfil de votación argentina en el Consejo de Seguridad: un perfil marcadamente occidentalista

Como se ha dicho, durante el gobierno de Menem la Argentina integró el Consejo de Seguridad durante los años 1994-1995 y 1999. El año 1994 coincidió con uno de intensa actividad en el Consejo, traducida en un número notablemente alto de resoluciones sobre las cuestiones más variadas de la agenda global. Sobre un total de 77 resoluciones adoptadas durante ese año, la Argentina acompañó con su voto favorable a 72 de ellas -las 5 restantes fueron adoptadas sin voto-. (80) Por su parte, los porcentajes de coincidencia de los votos argentinos con los miembros permanentes del Consejo fueron de un 100 % con Gran Bretaña y Francia; un 98, 7 % con Estados Unidos y la Federación Rusa y un 95,09 % con China Popular. (81)

En referencia a las resoluciones del año 1995, Argentina mantuvo una tendencia similar a la del año anterior. Sobre un total de 66 resoluciones adoptadas durante ese año, la Argentina acompañó con su voto favorable a 63 de ellas –las 3 restantes fueron adoptadas sin voto-. (82) En lo referente a los porcentajes de coincidencia de los votos argentinos con los miembros permanentes del Consejo, los índices respectivos fueron de un 100 % respecto de los votos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, de un 95,4 % respecto de los de China y de un 93,9 % respecto de los votos de la Federación Rusa. (83)

Finalmente, con respecto a las resoluciones del año 1999, Argentina acompañó con su voto favorable a 62 de las 65 resoluciones adoptadas –las otras 3 resoluciones fueron aprobadas sin ser sometidas a votación-. (84) Respecto de los porcentajes de coincidencia de los votos argentinos con los miembros permanentes del Consejo, alcanzaron un 100 % respecto de los de Estados Unidos y Gran Bretaña, un 98,4 % respecto de los de Francia; un 93,6 % respecto de los de la Federación Rusa y un 91,9 % de coincidencias respecto de los de votos de China Popular. (85)

b. 2.) El perfil de votación argentina en el Consejo de Seguridad: hacia la reafirmación de una orientación "occidentalista": los casos de coincidencias entre las votaciones argentina y norteamericana

Dentro de este rubro, cabe destacar, entre otros muchos ejemplos, las coincidencias entre las delegaciones argentina y norteamericana respecto de la intervención iraquí en Kuwait y las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen haitiano, dos temas sensibles para las autoridades de la Casa Blanca.

La propuesta argentina de reforma del Consejo de Seguridad: la convergencia entre las posiciones argentina y norteamericana

Durante la década de 1990, la Argentina manifestó su deseo de que la reforma del Consejo de Seguridad se hiciera a través de la incorporación de nuevos miembros que no tuviese un carácter permanente dentro de dicho órgano. Esta propuesta argentina generó un tema de controversia

con Brasil, ya que dicho país aspiraba –y aspira- a ocupar un puesto permanente en el Consejo de Seguridad. (86)

Originalmente, el Consejo de Seguridad contó con 11 miembros, 5 permanentes y 6 no permanentes. Pero en los primeros años de la década de 1960, como fruto del proceso de descolonización, se incorporaron 53 nuevos Estados a las Naciones Unidas. (87) La necesidad de adaptar la composición del Consejo a la nueva realidad de la organización mundial llevó a la resolución 1991 A. Mediante la misma, aprobada por la Asamblea General el 17 de diciembre de 1963, los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad pasaron de 6 a 10, a fin de representar en forma más equitativa el aumento de los miembros incorporados a la organización mundial. (88)

Por esta modificación, el Consejo de Seguridad quedó constituido por 15 miembros, 5 permanentes (Estados Unidos, Unión Soviética, Francia, Gran Bretaña y China) y 10 no permanentes (5 entre los estados de Asia y de Africa, 2 entre los de América Latina, 2 entre los de Europa Occidental y 2 entre los de Europa Oriental). Por su parte, la mayoría de votos requeridos para aprobar una resolución pasó de 7 a 9. (89)

Pero el lanzamiento formal del proceso de reforma del Consejo de Seguridad se hizo de manera indirecta a través de la resolución 47 / 62 de la Asamblea General del 11 de diciembre de 1992, por la cual se invitaba a los Estados Miembros a presentar sus opiniones sobre la cuestión de la representación equitativa en el Consejo y del aumento del número de sus miembros. Más de 50 países remitieron sus consideraciones al Secretario General de la ONU. En las mismas, se respaldó en forma mayoritaria la necesidad de reforma, aduciendo la falta de representación geográfica equitativa; la falta de proporción numérica entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General; la paradoja entre la expansión democrática global y el carácter antidemocrático del Consejo. Respecto de este último punto, el ex representante alterno argentino ante el Consejo, Estanislao Zawels, destaca que los países criticaron en particular las reuniones exclusivas de los 5 miembros permanentes, que en muchos casos, se limitaban a 3 –Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña- para acordar los cursos de acción, luego presentados a los restantes miembros como faits accomplis. (90)

En lo que respecta al caso específico de la Argentina, sus representantes señalaron, a través de una nota enviada al Secretario General de la ONU el 23 de junio de 1993, que

"(…) debía incrementarse solamente el número de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, garantizando la representatividad adecuada de los Estados miembros, la agilidad y la eficacia del Consejo y el principio de distribución geográfica equitativa. (…) una eventual reforma del Consejo debía sustentarse en un consenso "amplio y sólido" (….).(91)

El 3 de diciembre de 1993, mediante la resolución 48 /26, la Asamblea General decidió crear un Grupo de Trabajo de la Asamblea General a fin de examinar la cuestión de la composición del Consejo de Seguridad y un eventual aumento del número de sus miembros. No obstante, el Grupo de Trabajo no alcanzó aún un consenso en esta cuestión, debido a la existencia de posiciones diferenciadas respecto de: 1) la categoría de miembros cuyo número se aumentaría (en este punto surgieron tres alternativas: a) "quick fix" consistente en el ingreso de Alemania y Japón como miembros permanentes, respaldado por Estados Unidos y percibida con cautela por el resto de los países; b) fórmula 2 + 3 (entrada de Alemania y Japón y 3 países en vías de desarrollo, 1 por Africa, 1 por Asia y 1 por América Latina y Caribe, que le otorgaba chances a los planes de Brasil); y c) fórmulas de rotación para la entrada de miembros no permanentes, impulsada por los representantes de México, España, Italia, Singapur, Malta, Colombia, Nueva Zelandia, Pakistán, Canadá, Libia, Turquía, Argelia, Egipto, Irán, Bosnia, Namibia, Fiji y la Argentina, quienes parten del razonamiento que a mayor cantidad de miembros permanentes con derecho a veto, menor posibilidad de lograr consenso); 2) la necesidad de examinar el

derecho de veto para limitarlo o condicionarlo; y 3) el carácter fijo o rotativo de los nuevos asientos permanentes en el Consejo: mientras Brasil se ha autopostulado para ocupar un puesto permanente, la Argentina propuso un asiento adicional para los países latinoamericanos pero de carácter rotativo, arguyendo la necesidad de lograr una mayor transparencia en la toma de decisiones del Consejo. (92)

En el ámbito del mencionado Grupo de Trabajo, el 22 de febrero de 1995, la Argentina manifestó por primera vez su apoyo al incremento de los miembros permanentes para permitir el ingreso de Alemania y de Japón, opción justificada por la gravitación global, política, económica y cultural de ambos países. En dicha ocasión, los representantes argentinos se pronunciaron a favor de la ampliación de los miembros permanentes (93) y no permanentes en 6 miembros: 2 del Grupo Latinoamérica y Caribe (GRULAC), 2 por Asia y 2 por Africa. (94)

Durante 1996, la Argentina señaló ante el Grupo de Trabajo tres alternativas en orden de preferencia: 1) incremento sólo de los miembros no permanentes, respetando el principio de distribución geográfica equitativa; 2) asientos de rotación regional, garantizando que la rotación fuese aplicada a todas las regiones (inclusive a Europa) e igualdad de criterios para la elección de los Estados, basados estos últimos en el consenso regional, la no discriminación y el respeto a los delicados equilibrios regionales o alternancias históricas; y 3) incorporación, previo logro del consenso, de Alemania y Japón como miembros permanentes, junto con algún sistema de rotación entre los asientos no permanentes que permitiera un acceso más frecuente de algunos países de cada una de las regiones. (95)

Por su parte, en la reunión celebrada el 17 de abril de 1997 entre el canciller Guido Di Tella, el vicecanciller Andrés Cisneros, el subsecretario y Director del Comité de Coordinación Política Eduardo Airaldi, el subsecretario de Política Exterior Alberto Daverede, el representante permanente de la República ante las Naciones Unidas Fernando Petrella y el Director de Organismos Internacionales Raúl Ricardes, se fijó la siguiente posición argentina respecto de la reforma del Consejo de Seguridad, cuyos párrafos más destacados fueron los siguientes:

"(…) La República Argentina sostiene la necesidad de un consenso amplio como único mecanismo de adopción que pueda dar validez y legitimidad a una reforma del Consejo de Seguridad. (…) estima que la ampliación del número de miembros del Consejo de Seguridad debería alcanzar solamente a los miembros no permanentes. Al respecto, considera que deberían sumarse siete nuevos asientos en esta categoría, constituyéndose un Consejo integrado por 22 miembros. Los nuevos asientos se distribuirían de la siguiente forma:

a. dos para América Latina y el Caribe b. dos para Asia c. dos para Africa d. uno para Europa Oriental

La elección de los nuevos miembros no permanentes se efectuaría según el procedimiento establecido para esa categoría por la Carta de las Naciones Unidas.

Este incremento del Consejo de Seguridad, debería asegurar una representatividad adecuada de los Estados miembros, al eficacia y agilidad en las labores del Consejo y una distribución geográfica equitativa.

Asimismo, la Argentina reitera su propuesta de suprimir la disposición del párrafo 2° del artículo 23 de la Carta de las Naciones Unidas, a fin de permitir la reelección inmediata de esos miembros. La Argentina observa esta propuesta como una iniciativa que contribuye a la democratización de las relaciones internacionales por cuanto deja librado, en primera instancia, a la opinión del Grupo regional, la posibilidad de que un país pueda ser reelecto en razón de ser

un Estado en condiciones de hacer una contribución efectiva al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a los demás propósitos de la Organización. (…)

(…) La Argentina está convencida que la reforma de los procedimientos del Consejo tiene tanta importancia, como la eventual modificación de su número de miembros. Es necesario lograr que los métodos de trabajo aseguren la transparencia de sus debates y procesos de tomas de decisión, para que el conjunto de los Estados que componen la comunidad internacional consideren que dichas reformas establecerán un sistema de más amplio consenso en la adopción de decisiones fundamentales por el Consejo de Seguridad, órgano principal de las Naciones Unidas que tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. (…)".(96)

Por cierto, la elaboración de la posición argentina en este tema constituyó una negativa respuesta a la propuesta presentada ante el Grupo de Trabajo el 20 de marzo de 1997 por el propio presidente de la Asamblea General, el embajador Ismail Razali, de Malasia. El proyecto de Razali incorporaba la fórmula 2 + 3 (ingreso de Alemania, Japón y 3 países en vías de desarrollo como miembros permanentes) e incluía también el acceso de 4 miembros no permanentes –1 por Africa, 1 por Asia, 1 por Europa Oriental y 1 por América Latina y Caribe-. El proyecto Razali recibió la crítica del Movimiento de Países No Alineados en la Conferencia Ministerial celebrada en Nueva Delhi en abril de ese año y de diversos Estados (España, Italia, Canadá, México, Pakistán, Egipto, Uruguay, República Democrática de Corea, entre otros).

Asimismo, el proyecto Ranzali contó con el rechazo de la Argentina, en tanto, como sostiene el ex vicecanciller Cisneros, dicho proyecto abría el paso a la candidatura de Brasil como miembro permanente al proponer

"(…) directamente a candidatos con nombre propio sin promover o siquiera dar tiempo a las regiones para generar sus propios consensos y elevar una propuesta que vaya de abajo hacia arriba y no parezca el señalamiento del gran dedo de un Hermano Mayor. (…)

La notoria armonía de las relaciones entre los países del cono sur de América garantizaría que la rotación resultaría de muy sencilla aplicación (…)

(…) En tal sentido no pretendemos ni proponer una candidatura excluyente de la Argentina ni aceptar una candidatura excluyente de ningún otro miembro de la región. Respetuosamente creemos que cualquier país que en este momento esté autoproponiendo su nombre comienza por donde en realidad debería terminar (…)".(97)

La opinión de Cisneros era plenamente compartida por el ex representante permanente de la Argentina ante la ONU, embajador Emilio Cárdenas, quien en un editorial no dudó en calificar el proyecto presentado por Ranzali como un "eufemismo" que le otorgaba a Brasil la posibilidad de convertirse en un miembro con asiento permanente en el Consejo de Seguridad, alternativa que desde su punto de vista

"(…) daría por tierra –sin razón valedera alguna- el delicado equilibrio regional que, en materia de acceso al Consejo de Seguridad, ha existido desde 1945, postergando a la Argentina (…)".(98)

Como alternativa a la propuesta Ranzali, los voceros de la Cancillería argentina respaldaron la propuesta presentada en ese mismo año 1997 por el representante permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Bill Richardson. De acuerdo con Cisneros, la propuesta norteamericana

"(…) abre perspectivas sumamente alentadoras, toda vez que reivindica el carácter regional de la elección y abre la puerta a un mecanismo substitutivo (…) y que garantizaría la ecuanimidad de la presencia de las regiones en el Consejo de Seguridad: un esquema rotativo (.…) Argentina se propone (…) convocar a los mecanismos de concertación largamente vigentes en nuestro continente para proponer, en coincidencia con esta posición norteamericana, que quien finalmente concurra por la región surja del consenso a través de la rotación. Entendemos que quien finalmente ocupe ese lugar debe hacerlo sobre la base de nuestra cooperación y no de nuestra resignación (…)". (99)

Por su parte, el canciller Guido Di Tella, en una nota enviada a su colega norteamericana Madeleine Allbright el 7 de agosto de 1997, respaldaba el proyecto de Richardson en estos términos:

"(….) deseo expresarle que la última propuesta de su gobierno presentada recientemente por el señor representante permanente ante las Naciones Unidas, D. Bill Richardson constituye un aporte positivo y equilibrado que merece ser analizado con suma atención para lograr el final del proceso de negociación en curso, un acuerdo amplio y satisfactorio para todos los miembros de las Naciones Unidas. En particular, quiero destacar que la sugerencia de establecer un mecanismo de rotación regional contribuirá a mantener y a elevar los niveles de cooperación, de amistad y de entendimiento alcanzados en la última década en América Latina y el Caribe (…)"(100)

La intervención iraquí en Kuwait

Respecto de esta cuestión, que constituyó el detonante de la primer Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), la Argentina respaldó la resolución 661 adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 6 de agosto de 1990. La misma establecía las siguientes prohibiciones: a) de toda importación de todos los productos originarios de Irak o de Kuwait (ocupado militarmente por Irak); b) de la venta o transbordo de bienes o productos del Irak o de Kuwait; c) de la venta de todo material militar a Irak o Kuwait; y d) de poner a disposición del gobierno de Irak o de empresas comerciales, industriales o de servicios públicos que operen en Irak o en Kuwait los fondos u otros recursos financieros y económicos que pudiera guardar, con la excepción de los pagos con fines estrictamente médicos y humanitarios y, en circunstancias humanitarias, los alimentos. Asimismo, dicha resolución creó un Comité del Consejo, integrado por todos los miembros del organismo, encargado de vigilar el cumplimiento de las sanciones. (101) Estas medidas fueron complementadas, el 7 de agosto, con el cierre de los oleoductos que transportaban petróleo iraquí a los puertos de Turquía y Arabia Saudita. (102) El apoyo argentino a las mencionadas resoluciones tuvo una expresión concreta a través de la sanción del decreto 1560 el 13 de agosto. (103)

Asimismo, el gobierno argentino respaldó a través del decreto 2067 del 2 de octubre la resolución 670 del Consejo de Seguridad del 6 de septiembre, que ratificaba las medidas en contra del gobierno de Irak establecidas por la 661. (104) Por su parte, al disponer a través de la Ley 23.904 del 24 de enero de 1991 el envío de fuerzas a la zona del Golfo Pérsico (105), respondió favorablemente al pedido de ayuda formulada en el párrafo 3 de la resolución 678 del Consejo de Seguridad del 29 de noviembre de 1990. (106)

Luego de la expulsión por la fuerza de Irak del territorio kuwaití, el 3 de abril de 1991, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 687, que estableció la delimitación de la frontera entre Irak y Kuwait; la creación de una zona desmilitarizada y una fuerza de mantenimiento de la paz; la obligación de desmantelar las armas de destrucción masiva, incluyendo misiles, armas químicas, bacteriológicas y nucleares; la restitución de los bienes sustraídos a Kuwait; la creación de un fondo de indemnización para compensar a todos los afectados por la invasión iraquí; el levantamiento del interdicto sobre venta de bienes de base –incluyendo alimentos y

medicamentos; el régimen de revisión y las condiciones para el levantamiento de las sanciones: repatriación de prisioneros kuwaitíes y de otras nacionalidades en manos del gobierno de Irak; renuncia formal al terrorismo de parte del gobierno de Saddam Hussein y condicionalidad de la entrada en vigor del cese del fuego a la aceptación de la resolución por parte del gobierno de Bagdad. (107)

Otras importantes resoluciones del Consejo de Seguridad respecto de Irak fueron la número 688, sancionada el 5 de abril de 1991, por la cual se condenaba la represión iraquí a los kurdos y se creaban las condiciones para una intervención militar de los Estados Unidos, Francia y Reino Unido para proteger los derechos humanos y políticos de este grupo étnico (108); la 706, del 15 de agosto del mismo año, por la cual se estableció una excepción, por única vez, al régimen de sanciones, que le permitió a Irak exportar petróleo hasta un monto de 1600 millones de dólares destinados a financiar compras de alimentos y medicamentos (109); la 778 del 2 de octubre de 1992, por la cual el Consejo de Seguridad exhortaba a los Estados a transferir a una cuenta especialmente creada los fondos iraquíes congelados por operaciones de petróleo o sus derivados; y la 986 del 14 de abril de 1995, que autorizó a Irak a vender petróleo por 1600 millones de dólares cada noventa días. (110)

• NOTAS

1. Discurso del presidente Menem ante la Quinta Sesión de la 44° Asamblea General de la ONU, 25 de septiembre de 1989, en Naciones Unidas, Asamblea General, A/44/PV.5, 27 de septiembre de 1989, pp. 26-42. Ver asimismo discurso del canciller Di Tella ante la Quinta Sesión de la 47° Asamblea General de la ONU, 21 de septiembre de 1992, en Naciones Unidas, Asamblea General, A/47/PV.5, 24 de septiembre de 1992, pp. 67-81.

2. De acuerdo con los datos aportados por Juan Tokatlian, entre 1984 y 1989, Argentina votó igual que Estados Unidos un porcentaje de veces que osciló entre el 12,4 % en 1987 y el 16,4 % en 1985 y1986. La excepción se dio en 1988, en el que se registró un 10 % de coincidencia. En 1989, la votación de la Argentina alcanzó un 13,3 % de coincidencias, asemejándose a la de Bangladesh (13,2 %), Belice (13,3 %), Colombia (13 %) y Haití (13%). En 1990, Argentina votó con un porcentaje de coincidencias con Estados Unidos correspondiente al 12,5 %, equiparable al de Afganistán (12,5 %), Yemen (12,5 %) y Vietnam (12,3 %). Ver al respecto el artículo de Tokatlian, Juan, "De Menem a De la Rúa: la diplomacia del ajuste", en revista Escenarios Alternativos, Número 9, Buenos Aires, Invierno 2000, pp. 23-24.

3. "Política exterior: Suma y Sigue", texto completo de la exposición realizada por el embajador Andrés Cisneros en la última reunión mensual de Fundación Segundo Centenario, celebrada en el hotel Rochester, Buenos Aires, el 7 de septiembre de 1999, pp. 6-7, en Archivo personal del vicecanciller Andrés Cisneros, Caja N° 7, carpeta Discursos del vicecanciller Cisneros. Asimismo pueden consultarse los trabajos de Raventos, Jorge, "Introducción" y Cisneros, Andrés, "Argentina: Historia de un éxito", ambos en Cismeros, Andrés (compilador), Política exterior argentina 1989-1999. Historia de un éxito, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano (en adelante GEL), 1998, pp. 24 y 75, respectivamente. En coincidencia con estos autores, Carlos Escudé aclara que, entre fines de la década de 1980 y el año 1990, el perfil argentino en la Asamblea General de la ONU fue más antinorteamericano que el de Libia e Irak. Ver al respecto Escudé, Carlos, "Pasado y presente de las relaciones argentinas con los hegemones occidentales", en Cisneros, Andrés (compilador), op.cit., p. 198.

4. Cabe advertir al respecto que, en términos de su perfil antinorteamericano de votación en la Asamblea General, Argentina pasó del octavo lugar en 1989 al cuarto en 1990. En 1989, los países que tuvieron aún menores porcentajes de coincidencia que la Argentina (13,3 %) fueron, en orden decreciente, Egipto, 11,3 %; la República de Yemen, 10 % ; Vietnam, 9,7 %; Libia, 9,5 %; Irán, 8,6 %; Irak, 7,8 %; República Democrática de Yemen, con el 6,9 %; y, en primer lugar, Cuba, con sólo el 5,8 % de coincidencias con Estados Unidos. Para 1990, sólo Cuba, con el 9,1 %, Sudán, con el 11,3 % , y Vietnam, con el 12,3 %, superaban a la Argentina, cuyo porcentaje de coincidencias del 12,5 % era idéntico al obtenido por países como Afganistán y República de Yemen. Curiosamente, países con un perfil de voto tradicionalmente considerado como antinorteamericano, tales como Egipto (16,3 %), Libia (14,6 %), Irán (14,5 %), Irak (13,3%), tuvieron un mayor porcentaje de coincidencias con los votos de Estados Unidos que la Argentina. Ver al respecto U.S. Department of State, 1994, Voting practices in the United Nations, Report to Congress, March 31, 1995, Historical Comparison, en sitio http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/intlorg/UN voting.

5. Idem nota anterior.

6. De acuerdo con Hagan, un perfil "fuertemente antinorteamericano" es aquel que tiene sólo un 18% de coincidencias con Estados Unidos, un 24 % de abstenciones y un 59% de votos opuestos a los norteamericanos. Ver al respecto el artículo de Hagan, Joe, "Domestic political regime changes and Third World voting relignments in the United Nations, 1946-84", International Organization, Volume 43, Number 3, Summer 1989, p. 517.

7. U.S. Department of State. 1994 Voting practices in the United Nations, Report to Congress, March 31, 1995, Historical Comparison, en sitio http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/intlorg/UN voting.

8. U.S. Department of State. 1994 Voting practices in the United Nations, Report to Congress, March 31, 1995, Historical Comparison, en sitio http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/intlorg/UN voting; U.S. Department of State. 1997 Voting practices in the United Nations, Report to Congress, Historical Comparison, en sitio http://www.state.gov/www.issues/un.pdf, pp. 33-37.

9. Según la clasificación utilizada por Hagan, un perfil "moderadamente pro norteamericano" tiene un 43 % de coincidencias de voto con los Estados Unidos, un 24 % de abstenciones y un 41 % de votos opuestos a los de Estados

Unidos. Argentina se acercó a esta categoría en 1991 –cuando alcanzó el 41 % de coincidencias con los votos norteamericanos- e ingresó plenamente a ella en 1992 –año en el que tuvo un 44,4 % de votos coincidentes con los norteamericanos-. Por su parte, dicho autor define como perfil "fuertemente pro norteamericano" al que posee un mínimo de 54 % de coincidencias con las votaciones de Estados Unidos. La Argentina se acercó a este umbral en 1993 y lo superó cómodamente en 1994 y 1995. Consultar al respecto el artículo de Hagan, op.cit., p. 517 y los porcentajes otorgados por los citados sitios de Internet http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/intlorg/UN voting; y http://www.state.gov/www.issues/un.pdf, pp. 33-37.

10.U.S. Department of State. 1994 Voting practices in the United Nations, Report to Congress, March 31, 1995, Historical Comparison, en sitio http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/intlorg/UN voting; U.S. Department of State. 1997 Voting practices in the United Nations, Report to Congress, Historical Comparison, en sitio http://www.state.gov/www.issues/un.pdf, pp. 33-37.

11.U.S. Department of State. 1997 Voting practices in the United Nations, Report to Congress, Historical Comparison, en sitio http://www.state.gov/www.issues/un.pdf, pp. 33-37; U.S. Department of State. 1998 Voting practices in the United Nations, Report to Congress, Historical Comparison, en sitio http://www.state.gov/www/issues/voting_pracs_98/98overall.pdf, pp. 33-37; y U.S. Department of State. 1999 Voting practices in the United Nations, Report to Congress, Historical Comparison, en sitio http://www.state.gov/www/issues/voting_pracs_99/99overall.pdf, pp. 33-37.

12.Hagan, op.cit., p. 517.

13.U.S. Department of State. 1997 Voting practices in the United Nations, Report to Congress, Historical Comparison, en sitio http://www.state.gov/www.issues/un.pdf, pp. 33-37; U.S. Department of State. 1998 Voting practices in the United Nations, Report to Congress, Historical Comparison, en sitio http://www.state.gov/www/issues/voting_pracs_98/98overall.pdf, pp. 33-37; y U.S. Department of State. 1999 Voting practices in the United Nations, Report to Congress, Historical Comparison, en sitio http://www.state.gov/www/issues/voting_pracs_99/99overall.pdf, pp. 33-37.

14."Política exterior: Suma y Sigue", op.cit.. Ver asimismo los sitios de Internet citados en notas anteriores.

15.Ver al respecto Top Ten Countries that Vote with the United States at the UN, 1997, 1998 y 1999, en sitio http://www.us-israel.org/jsource/UN/UN_votes.html; http://www.us-israel.org/jsource/UN/UN_votes98.html ; y http://www.us-israel.org/jsource/UN/UN_votes99.html.

16.Respecto de los antecedentes ideológicos de Jorge Vázquez, cabe recordar que había sido subsecretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Héctor José Cámpora (25 de mayo al 13 de julio de 1973). Durante su gestión, fue el portavoz de la posición argentina ante la reunión de la OEA del 21 de junio de 1973 en Lima. En dicha ocasión, Vázquez adoptó un discurso de un tono confrontativo hacia los Estados Unidos. Así, no dudó en responsabilizar del "fracaso" del funcionamiento de la OEA y de la "balcanización de América" a la "diplomacia imperialista" del gobierno norteamericano. Vázquez hizo además un severo enjuiciamiento a la burocracia de los gobiernos latinoamericanos, a la que calificó de "amodorrada" y "complaciente". Basándose en este diagnóstico de crisis, el delegado argentino exigió la revisión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para adaptarlo a la realidad de un mundo multipolar, la reincorporación de Cuba a la OEA y la virtual exclusión de Estados Unidos del organismo panamericano. Ver al respecto el texto del discurso del subsecretario de Relaciones Exteriores de la Argentina Jorge Vázquez en sesión plenaria. Tercera Asamblea General de la OEA, Lima, 21 de junio de 1973, cit. en revista Estrategia, Nº 25-26, noviembre-diciembre de 1973 / enero-febrero de 1974, segunda parte, pp. 101-110.

17.De acuerdo con comentarios efectuados a mano por el propio asesor del ex canciller Di Tella, Carlos Escudé, el nombramiento de Olima "fue un error de Di Tella, motivado probablemente por una alianza con (Octavio) Bordón; se dice que Olima es "hombre de Bordón". No obstante, Olima parece muy dispuesto a transigir cuando no tiene más remedio"." Fragmento de los comentarios escritos a mano por el ex asesor del canciller Di Tella, Carlos Escudé, en United Nations, Resolutions and decisions adopted by the General Assembly during the first part of its forty-fifth session. From 18 September to 21 December 1990, United Nations Press Relaease GA / 8165, 21 January 1991, p. 734, en Archivo personal de Carlos Escudé.

18. De acuerdo con Carlos Escudé, el carácter más recalcitrantemente antinorteamericano del voto argentino en 1990, por el cual la Argentina tuvo menor porcentaje de coincidencias con Estados Unidos que países hostiles a Washington como Libia e Irak, estuvo ligado a la resistencia que el vicecanciller Juan Carlos Olima, el representante argentino en la ONU, Jorge Vázquez y sectores de la burocracia de la Cancillería tuvieron al sesgo pro-norteamericano del entonces canciller Domingo Cavallo. Entrevista del autor de este capítulo con Carlos Escudé, Buenos Aires, 5 de julio de 2003.

19.Fragmento de los comentarios escritos a mano por el ex asesor del canciller Di Tella, Carlos Escudé, en United States Department of State, Report to Congress on Voting Practices in the United Nations 1990, Submitted Pursuant to Public Law 101-167, March 31, 1991, p. 100, en Archivo personal de Carlos Escudé.

20.Fragmento de los comentarios escritos a mano por el propio ex asesor del canciller Di Tella, Carlos Escudé, en United States Department of State, Report to Congress on Voting Practices in the United Nations 1990…op.cit., p. 99, en Archivo personal de Carlos Escudé.

21.Fragmento de los comentarios escritos a mano por Escudé, en United Nations, Resolutions and decisions adopted by the General Assembly during the first part of its forty-fifth session…op.cit., p. Introduction, p. 1, en Archivo personal de Carlos Escudé.

22.Fragmento de los comentarios escritos a mano por Escudé, en United Nations, Resolutions and decisions adopted by the General Assembly during the first part of its forty-fifth session…op.cit., pp. 734-735, en Archivo personal de Carlos Escudé.

23.Fragmento de los comentarios escritos a mano por Escudé, en United Nations, Resolutions and decisions adopted by the General Assembly during the first part of its forty-fifth session…op.cit., pp. 736-737, en Archivo personal de Carlos Escudé.

24.Fragmento de los comentarios escritos a mano por Escudé, en United Nations, Resolutions and decisions adopted by the General Assembly during the first part of its forty-fifth session…op.cit., pp. 737-738 e Introduction, p. 2, en Archivo personal de Carlos Escudé.

25.Fragmento de los comentarios escritos a mano por Escudé, en United Nations, Resolutions and decisions adopted by the General Assembly during the first part of its forty-fifth session…op.cit., Introduction, p. 2 & Table of Contents, p. i, en Archivo personal de Carlos Escudé.

26.Ver texto del memo titulado "Naciones Unidas. XLVI Asamblea General. La cuestión de los votos argentinos", s.f., apartado I, p. 1, en Archivo personal de Carlos Escudé.

27.Ver texto del citado memo titulado "Naciones Unidas. XLVI Asamblea General. La cuestión de los votos argentinos", s.f., apartado I, p. 1, en Archivo personal de Carlos Escudé.

28. Idem nota anterior.

29.Texto del memo titulado "Naciones Unidas. XLVI Asamblea General. La cuestión de los votos argentinos", apartado II, pp. 2-3, en Archivo personal de Carlos Escudé.

30.Las 7 propuestas "indispensables" de "aproximación" del voto argentino al norteamericano (que pasaban del voto positivo a la abstención) fueron las referidas a las resoluciones 45 / 50 sobre enmienda al Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares; 45 / 56 B sobre capacidad nuclear de Sudáfrica; 45 / 59 D, referente a la XII Sesión de la Asamblea General de la ONU sobre congelación de los armamentos nucleares; 45 / 62 D, referente a la X Sesión Especial de la Asamblea, relativa al Informe de la Conferencia de Desarme; 45 / 62 E, referido a la X Sesión Especial de la Asamblea, relativa al Programa Comprensivo de Desarme; 45 / 63 sobre armamento nuclear israelí; y 45 / 80 sobre examen de la aplicación de la Declaración sobre Fortalecimiento de la Seguridad Internacional. Por su parte, las 5 propuestas "indispensables" de coincidencia con el voto de EE.UU. fueron las referidas a las resoluciones 45 / 48 sobre el Protocolo Adicional I de Tlatelolco (cambio de abstención a voto a favor); 45 / 53 de creación de una zona libre de armas nucleares en Asia Meridional (cambio de voto a favor a abstención); las resoluciones 45 / 58 B y 45 / 58 H sobre negociaciones bilaterales sobre armas nucleares (en ambos casos con propuesta de cambio de voto en abstención a voto positivo); y la resolución 45 / 58 P sobre desarme regional (cambio de abstención a voto a favor).Finalmente, las 5 propuestas adicionales recomendables de aproximación al voto de Estados Unidos (cambio del voto a favor a abstención en todos los casos) fueron las de las resoluciones 45/ 49 sobre cesación de todos los ensayos nucleares; 45 / 58 N, sobre estudio de las aplicaciones de los recursos asignados a actividades militares; 45/ 59 B, referente a la Convención sobre Prohibición del Uso de Armas Nucleares; 45 / 60, sobre el impacto de los desarrollos tecnológicos en la seguridad internacional; y 45 / 62 C, sobre la cesación de la carrera nuclear. Ver al respecto "Naciones Unidas. XLVI Asamblea General. La cuestión de los votos argentinos", op.cit., apartado III, secciones A) y B) punto I. Primera Comisión, pp. 5 y 9.

31.Las 5 propuestas "indispensables", de aproximación al voto norteamericano (pasaje del voto a favor a la abstención) fueron las de las resoluciones 45 / 67 A, B y C referentes al Comité para el Ejercicio del Derecho Inalienable del Pueblo Palestino; 45 / 74 A ("Informe del Comité Especial que investiga las prácticas israelíes que afectan los derechos humanos del pueblo palestino y otros árabes en territorios ocupados"); y 45 / 83 A (sobre "La situación en Medio Oriente"). Por su parte, las 3 propuestas adicionales "recomendadas", también de aproximación al voto norteamericano (es decir, de cambio del voto a favor a la abstención) fueron las de las resoluciones 45 / 73 números F, G y H, respectivamente tituladas bajo el encabezado de "Organismo de Obras Públicas de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en el Cercano Oriente". Ver al respecto "Naciones Unidas. XLVI Asamblea General. La cuestión de los votos argentinos", op.cit., apartado III, secciones A) y B) punto II. Medio Oriente, pp. 6 y 9.

32.Los 3 casos de propuestas "indispensables" en materia de descolonización fueron los de las resoluciones 45 / 17 ("Actividades de los intereses extranjeros, económicos o de otro tipo, que constituyen un obstáculo para la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales en los territorios bajo dominación colonial, así como para los esfuerzos tendientes a eliminar el colonialismo, el apartheid y la discriminación racial en el Africa meridional"); 45/ 18 ("Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales por los organismos especializados y las instituciones internacionales relacionadas con las Naciones Unidas"; y 45 / 32 (cuestión de Guam). Ver al respecto "Naciones Unidas. XLVI Asamblea General. La cuestión de los votos argentinos", op.cit., apartado III, secciones A) y B) punto III. Descolonización, pp. 6 y 9.

33.Los 4 casos de de propuestas "indispensables" en materia de apartheid de aproximación al voto norteamericano (cambio de voto positivo por abstención) fueron los de las resoluciones 45 / 176 B ("Medidas concertadas y eficaces destinadas a eliminar el apartheid"); 45 / 176 C ("Colaboración militar con Sudáfrica"); 45 / 176 D ("Relaciones entre Sudáfrica e Israel"); y 45 / 176 G ("Apoyo a la labor de la Comisión contra el Apartheid en los Deportes"). Ver al respecto "Naciones Unidas. XLVI Asamblea General. La cuestión de los votos argentinos", op.cit., apartado III, secciones A) y B) punto IV. Apartheid, pp. 7 y 9.

34.Los 4 casos de propuestas de cambios definitivos o indispensables por aproximación con los votos norteamericanos (el cambio de voto a favor a abstención) fueron los de las resoluciones 45 / 84 ("Consecuencias adversas para el disfrute derechos humanos emanadas de la asistencia política, militar y de otro tipo al régimen colonialista y racista de Sudáfrica"); 45 / 90 ("Situación Convención Internacional sobre Supresión y Castigo al Crimen del Apartheid"); 45 / 96 ("Distintos criterios y medios posibles dentro del sistema de la ONU para mejorar el goce efectivo de derechos humanos y libertades fundamentales"); y 45 / 132 ("Uso de mercenarios como medio para violar los derechos humanos e impedir el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación"). Por su parte, los 2 casos de propuestas de cambios definitivos por coincidencia con los votos norteamericanos (en los que Escudé recomendaba al canciller el reemplazo del voto a favor por el voto en contra) fueron los de las resoluciones 45 / 130 ("Importancia de la realización del universal derecho de los pueblos a la libre determinación y de rápida concesión de independencia a países y pueblos coloniales para garantía y observancia efectivas de los derechos humanos") y 45 / 151 ("Respeto de los principios de la soberanía nacional y no injerencia en asuntos internos de los Estados en lo que concierne a sus procesos electorales"). Ver al respecto "Naciones Unidas. XLVI Asamblea General. La cuestión de los votos argentinos", op.cit., apartado III, secciones A) y B) puntos V y VI. Cuestiones Sociales y Humanitarias y Asuntos Legales, pp. 7-9.

35.Las resoluciones que el memo proponía cambiar eran las número 43/171 sobre desarrollo y fortalecimiento de la buena vecindad entre los Estados y 45/37 sobre el status de observador de los movimientos de liberación nacional). En ambos casos, Escudé recomendaba al canciller Di Tella la aproximación al voto norteamericano a través del cambio del voto positivo a la abstención. Ver al respecto "Naciones Unidas. XLVI Asamblea General. La cuestión de los votos

argentinos", op.cit., apartado III, secciones A) y B) puntos V y VI. Cuestiones Sociales y Humanitarias y Asuntos Legales, pp. 8-9.

36.Fragmentos de los comentarios escritos a mano por Escudé en el memo transformado en instrucciones titulado "Naciones Unidas. XLVI Asamblea General. La cuestión de los votos argentinos", op.cit.., pp. 3-8, en Archivo personal de Carlos Escudé.

37.Fragmento de los comentarios escritos a mano por Escudé en el memo transformado en instrucciones titulado "Naciones Unidas. XLVI Asamblea General. La cuestión de los votos argentinos", op.cit.., p. 9, en Archivo personal de Carlos Escudé.

38.Fragmento de Ideas Fuerza elaboradas por Carlos Escudé al canciller Guido Di Tella para su informe en Cámara de Diputados, s. f., en en Archivo personal de Carlos Escudé.

39.La resolución 47 / 139 fue aprobada por 69 votos a favor (entre ellos los de Argentina, Estados Unidos, Costa Rica, Chile, El Salvador, Honduras, Paraguay y Uruguay), 18 votos en contra (entre ellos los de Cuba, China, República Democrática de Corea, Irán, Irak, Libia, Siria y Sudán) y 64 abstenciones (entre ellas las de Brasil, Ecuador, México, Perú y Venezuela). Texto de la resolución en sitio http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r0139.html. Detalle de las votaciones de la resolución en Index to Proceedings of the General Assembly, Forty-seventh session – 1992 / 1993, Dag Hammarskjöld Library, New York, United Nations, 1993, pp. 368 y 382-383.

40.La resolución 48 / 142 fue aprobada por 74 votos a favor (entre ellos los de Argentina, Estados Unidos, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay y Uruguay), 20 en contra (entre ellos los de Cuba, China, República Democrática de Corea, India, Irán e Irak) y 61 abstenciones (entre ellas las de Bolivia, Brasil, México, Perú y Venezuela). Texto de la resolución en http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r0142.html. Detalle de las votaciones de la resolución en Index to Proceedings of the General Assembly, Forty-eight session – 1993 / 1994, Dag Hammarskjöld Library, New York, United Nations, 1995, pp. 390 y 404-405.

41.La resolución 49 / 200 fue aprobada por 65 votos a favor (entre ellos los de Argentina, Estados Unidos, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Chile, Paraguay y Uruguay); 23 en contra (entre ellos los de Cuba, China, República Democrática de Corea, India, Irán e Irak) y 70 abstenciones (entre ellas las de Brasil, México, Perú y Venezuela). Texto de la resolución en http://www.un.org/documents/ga/res/49/a49r200.html. Detalle de las votaciones de la resolución en Index to Proceedings of the General Assembly, Forty-ninth session – 1994 / 1995, Dag Hammarskjöld Library, New York, United Nations, 1996, pp. 394 y 408-409.

42.La resolución 50 / 198 fue aprobada por 66 votos a favor (entre ellos los de Argentina, Estados Unidos, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras y Paraguay) 22 en contra (entre ellos los de Cuba, China, República Democrática de Corea, India e Irán) y 78 abstenciones (entre ellas las de Brasil, México, Perú y Venezuela). Texto de la resolución en http://www.un.org/documents/ga/res/50/a50r198.html. Detalle de votaciones de la resolución en Index to Proceedings of the General Assembly, Fiftieth session – 1995 / 1996, Dag Hammarskjöld Library, New York, United Nations, 1996, pp. 375 y 388-389.

43.La resolución 51 / 113 fue aprobada por 62 votos a favor (entre ellos los de Argentina, Estados Unidos, Costa Rica, Chile, El Salvador, Paraguay y Uruguay), 25 en contra (entre ellos los de Cuba, China, República Democrática de Corea, India e Irán) y 84 abstenciones (entre ellas las de Brasil, Ecuador, México, Perú y Venezuela). Texto de la resolución en http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r113.html. Detalle de las votaciones de la resolución en Index to Proceedings of the General Assembly, Fifty-first session – 1996 / 1997, Dag Hammarskjöld Library, New York, United Nations, 1998, pp. 406 y 422-423.

44.La resolución 52 / 143 fue aprobada por 64 votos a favor (entre ellos los de Argentina, Estados Unidos Costa Rica, Chile, El Salvador, Paraguay y Uruguay), 29 en contra (entre ellos los de Cuba, China, República Democrática de Corea, India e Irán) y 75 abstenciones (entre ellas las de Brasil, Ecuador, México, Perú y Venezuela). Texto de la resolución en http://www.un.org/documents/ga/res/52/a52r143.html. Detalle de las votaciones de la resolución en Index to Proceedings of the General Assembly, Fifty-second session – 1997 / 1998, Dag Hammarskjöld Library, New York, United Nations, 1999, pp. 429 y 446-447.

45.En el año 1989, sobre un total de 38 resoluciones referidas a este tema y sometidas a votación de la Asamblea General, las delegaciones de Argentina y Estados Unidos coincidieron en sólo 6 casos –los de las resoluciones 44/ 110, sobre acuerdos internacionales efectivos acerca del fortalecimiento de la seguridad de estados no nucleares contra el uso o amenaza de uso de armas nucleares; 44/ 114 B, sobre reducción de presupuestos militares; 44/ 116 E, sobre información objetiva en asuntos militares; 44/ 116 H, sobre prohibición de material fisionable para propósitos bélicos; 44/ 116 N, sobre transferencia internacional de armamentos; y 44/ 116 R, sobre prohibición de prácticas de dumping en residuos nucleares. En los 32 casos restantes, no hubo coincidencias. Porcentajes de los años 1989 y 1990 calculados por el autor sobre la estadística de las votaciones de la Asamblea General hallado en Index to Proceedings of the General Assembly, Forty-fourth session –1989 / 1990, Dag Hammarskjöld Library, New York, 1990, pp. 371-373 y 384-387; e Index to Proceedings of the General Assembly, Forty-fifth session – 1990 / 1991, Dag Hammarskjöld Library, New York, 1991, pp. 372-373 y 384-386.

46.Porcentajes de los años 1991 a 1999 calculados por el autor en base a los datos estadísticos de las votaciones hallados en el Index to Proceedings of the General Assembly, Forty-six session – 1991/ 1992, Dag Hammarskjöld Library, New York, United Nations, 1992, pp. 377-379 y pp. 390-391; Index to Proceedings of the General Assembly, Forty-seventh session – 1992 / 1993, op.cit., pp. 363-365, 374-377 y 380-381; Index to Proceedings of the General Assembly, Forty-eight session – 1993 / 1994, op.cit., pp. 386-387 y pp. 400-403; Index to Proceedings of the General Assembly, Forty-ninth session – 1994 / 1996, op.cit., pp. 387-389 y pp. 402-407; Index to Proceedings of the General Assembly, Fiftieth session – 1995 / 1996, op.cit., pp. 369-370 y pp. 384-387; Index to Proceedings of the General Assembly, Fifty-first session – 1996 / 1997, op.cit., pp. 402-403 y 416-421; Index to Proceedings of the General Assembly, Fifty-second session – 1997 / 1998, op.cit., pp. 422-424 y 438-441; Index to Proceedings of the General Assembly, Fifty-third session – 1998 / 1999, Dag Hammarskjöld Library, New York, United Nations, 2000, pp. 409, 411-413, 422-423 y 426-429; e Index to Proceedings of the General Assembly, Fifty-fourth session – 1999 / 2000, Dag Hammarskjöld Library, New York, United Nations, 2001, pp. 374-376 y 388-391.

47.Respecto de esta cuestión consultar debate sobre la votación de la resolución 50/245 en el Index to Proceedings of the General Assembly, Fiftieth session – 1995 / 1996, op.cit., pp. 378 y 390-391. Ver asimismo referencias a este tema en los

trabajos de Escudé, Carlos y Fontana, Andrés, "Divergencias estratégicas en el Cono Sur: las políticas de seguridad de la Argentina frente a las del Brasil y Chile", Working Paper N° 20, Buenos Aires, Universidad Torcuato Di Tella, Julio de 1995, p. 11; y de Norden, Deborah L., y Russell, Roberto, The United States and Argentina. Changing relations in a changing world, New York, Routledge, 2002, p. 99-100.

48.La lista de resoluciones sin votación aprobadas por la Asamblea General relacionadas con el tráfico de drogas y actividades conexas es la siguiente: resoluciones 44/16 del 1° de noviembre de 1989, 44/ 142 del 15 de diciembre de 1989, 45/ 149 del 18 de diciembre de 1990, 46/ 103 del 16 de diciembre de 1991, 47/ 102 del 16 de diciembre de 1992, 48/112 del 20 de diciembre de 1993, 49/ 168 del 23 de diciembre de 1994, 50/ 148 del 21 de diciembre de 1995, 51/64 del 12 de diciembre de 1996, 52/92 del 12 de diciembre de 1997, 53/ 115 del 9 de diciembre de 1998 y 54/ 132 del 17 de diciembre de 1999, sobre cooperación internacional contra la producción ilícita, oferta, demanda, tráfico y distribución de narcóticos; 47/99 del 16 de diciembre de 1992 sobre el examen del status de la cooperación internacional contra la producción ilícita, venta, demanda, tráfico y distribución de drogas y sustancias psicotrópicas: acción de las agencias de la ONU; 44/ 39 del 4 de diciembre de 1989, sobre la responsabilidad criminal de individuos y entidades comprometidas en el tráfico ilícito de drogas a través de las fronteras nacionales y otras actividades criminales trasnacionales y del establecimiento de una Corte Penal Internacional con jurisdicción sobre esos crímenes; las resoluciones 44/ 140 del 15 de diciembre de 1989, 45/ 146 del 18 de diciembre de 1990 y 47/ 97 del 16 de diciembre de 1992, referentes a la implementación de una Convención de la ONU contra el tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas; las resoluciones 46/ 104 del 16 de diciembre de 1991 y 47 / 101 del 16 de diciembre de 1992 sobre el Programa Internacional de Control de Drogas de la ONU; las resoluciones 44/ 141, del 15 de diciembre de 1989 , 45/ 148 del 18 de diciembre de 1990, 46 / 102 del 16 de diciembre de 1991 y 47/ 100 del 16 de diciembre de 1992, sobre la implementación de un programa global de acción contra la producción ilícita, oferta, demanda, tráfico y distribución de drogas y sustancias psicotrópicas; y las resoluciones 45/ 147 del 18 de diciembre de 1990, 46/ 101 del 16 de diciembre de 1991, 47/ 98 del 16 de diciembre de 1992, sobre el respeto a los principios de la Carta de la ONU y del Derecho Internacional en la lucha contra el abuso de drogas y el tráfico ilícito. Ver al respecto Index to Proceedings of the General Assembly, años 1989/1990 a 1999/2000, op.cit.

49.Consultar al respecto los siguientes artículos: "Teoría de la "responsabilidad compartida". Menem visita la ONU para condenar el narcotráfico", diario Clarín, 7 de junio de 1998, p. 14; "Menem apoyará el plan de la UN contra el lavado de dinero", por Jorge Elías, diario La Nación, 7 de junio de 1998, p. 10; "Discurso ante la Asamblea de la ONU. Menem propuso crear un tribunal internacional contra el narcotráfico", por Atilio Bleta, Clarín, 9 de junio de 1998, p. 2; "Sintonía con EE.UU.", por Daniel Samtoro, Clarín, 9 de junio de 1998, p. 3; y "Narcotráfico: pidió Menem un tribunal mundial", por Jorge Elías, La Nación, 9 de junio de 1998, p. 12.

50. La trascendencia de esta cumbre de Cartagena se derivó del hecho que representaba en sí misma la primera ocasión en que el gobierno de Estados Unidos aceptaba otorgar un formato multilateral a su política de lucha contra el narcotráfico en América Latina. La declaración final elaborada en la cumbre de Cartagena reclamó al gobierno de Estados Unidos el otorgamiento de incentivos comerciales y financieros a los países productores con el fin de que estos últimos reemplazaran el cultivo de drogas por cultivos convencionales que pudiesen ser colocados en forma rentable en el mercado externo. Por su parte, la delegación norteamericana prometió proveer ayuda financiera dirigida a paliar los déficits de balanza de pagos de los países productores de cocaína; solicitar ante el Congreso un aumento de fondos para la inversión y para los programas sociales en los países productores de droga; insistir en el restablecimiento del Acuerdo de Café –punto extremadamente sensible para los intereses exportadores de Colombia-; y, finalmente, establecer un acuerdo para revisar la legislación comercial norteamericana referida al incremento de los procedimientos "antidumping" aplicados sobre las exportaciones de flores cortadas provenientes de Colombia. No obstante, la siguiente reunión cumbre, celebrada en la localidad de San Antonio (Texas) a principios de marzo de 1992, demostró que las promesas norteamericanas se limitaron al terreno de la retórica, en tanto volvieron a aflorar las divergencias de enfoque entre Estados Unidos, que mantuvo el criterio tradicional de otorgar preferencia a la represión policial y militar como método de lucha antinarcóticos; y los países productores latinoamericanos, quienes, encabezados por Perú y Bolivia, sostuvieron la necesidad de ofrecer a los productores de droga formas compensatorias de cultivos alternativos con mercados seguros y redituables. Acerca de la cumbre de Cartagena y de sus resultados ver los trabajos del Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRELA), "Colombia: insurgencia, droga y governabilidad", Dossier N° 25, Madrid, IRELA, mayo de 1990, p. 31; y de Corigliano, Francisco, "El problema del narcotráfico: los obstáculos y las posibilidades de cooperación multilateral", Documentos e Informes de Investigación N° 140 del Area de Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Buenos Aires, Mayo de 1993, pp. 24-27.

51.Párrafo del discurso del presidente Clinton, citado en "La forma de luchar contra los narcotraficantes. Diferencias entre EE.UU. y Latinoamérica por las drogas", por Marina Aizen, Clarín, 9 de junio de 1998, p. 4.

52.Ver estas declaraciones de Menem, citadas en "Discurso ante la Asamblea de la ONU…", op.cit.

53.Párrafo del discurso del presidente Zedillo, citado en "La forma de luchar contra los narcotraficantes….", op.cit.

54.El 15 de diciembre de 1989, la Asamblea General aprobó sin votación la resolución 44/ 166 sobre la situación de los derechos humanos en la república islámica de Irán. Lo propio hizo el 18 de diciembre de 1990, a través de la aprobación sin voto de la resolución 45/ 173. En 1991 no se registraron resoluciones respecto de esta cuestión en el ámbito de la Asamblea. Ver al respecto Index to Proceedings of the General Assembly, Forty-fourth session –1989 / 1990, op.cit., p. 374; e Index to Proceedings of the General Assembly, Forty-fifth session – 1990 / 1991, op.cit., p. 378.

55.La resolución 47/ 146 fue aprobada por 86 votos a favor (entre ellos los de Estados Unidos, Brasil, México, Chile, Paraguay y Perú), 16 votos en contra (entre ellos los de Cuba, Irán, India, Libia, Yemen) y 38 abstenciones (entre ellas las de Arabia Saudita, Colombia, Liberia y Turquía). Por su parte, entre los países ausentes de la votación estuvieron Argentina, Armenia y Uruguay. Detalles de la votación de la resolución 47/ 146 en Index to Proceedings of the General Assembly, Forty-seventh session – 1992 / 1993, op.cit., pp. 368 y 382-383.

56.La resolución 54/ 177 fue aprobada por 61 votos a favor (entre ellos los de Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Paraguay), 47 en contra (entre ellos los de Colombia, Cuba, Kuwait, Irán, Libia y Arabia Saudita) y 51 abstenciones (entre ellas las de Argentina, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay) . Detalles de la votación de la resolución 54/ 177 en Index to Proceedings of the General Assembly, Fifty-fourth session – 1999 / 2000, op.cit., pp. 380 y 394-395.

57.La resolución 48/ 145 fue aprobada por 74 votos a favor (entre ellos los de Argentina, Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Chile, México, Paraguay y Perú), 23 votos en contra (entre ellos los de Cuba, Irán, India, Libia, Omán, Pakistán y Vietnam) y 51 abstenciones (entre ellas las de Colombia, Etiopía, Fiji, Arabia Saudita, Tanzania y Uruguay). Por su parte, entre los países ausentes de la votación figuraron Cabo Verde, Uzbekistán y Yugoslavia. Detalles de la resolución 48/ 145 en Index to Proceedings of the General Assembly, Forty-eighth session – 1993 / 1994, op.cit., pp. 390 y 404-405.

58.La resolución 49/ 202 fue aprobada por 74 votos a favor (entre ellos los de Argentina, Estados Unidos Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, México, Paraguay y Perú), 25 votos en contra (entre ellos los de Armenia, Azerbaiján, Cuba, India, Irán y Sudán) y 55 abstenciones (entre ellas las de Colombia, Egipto, Guatemala, y Arabia Saudita). Por su parte, entre los países ausentes de la votación figuraron Yemen y Yugoslavia se ausentaron de la votación. Detalles de la resolución 49/ 202 en Index to Proceedings of the General Assembly, Forty-ninth session – 1994 / 1995, op.cit., pp. 394 y 408-409.

59.La resolución 50/ 188 fue aprobada por 78 votos a favor (entre ellos los de Argentina, Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, México, Paraguay y Perú), 27 en contra (Cuba, Irán, Turkmenistán, Nigeria y Pakistán) y 58 abstenciones (entre ellas las de Colombia, Angola, Líbano). Por su parte, entre los países ausentes de la votación figuraron Irak, Omán, Turquía, Yemen y Yugoslavia. Detalles de la resolución 50/ 188 en Index to Proceedings of the General Assembly, Fiftieth session – 1995 / 1996, op.cit., pp. 375 y 388-389.

60.La resolución 51/ 107 fue adoptada por 79 votos a favor (entre ellos los de Argentina, Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, México, Paraguay y Perú), 30 votos en contra (entre ellos los de Cuba, India, Níger, Nigeria, Sudán y Pakistán) y 54 abstenciones (entre ellas las de Colombia, Egipto, Kuwait y Panamá). Por su parte, entre los países ausentes de la votación figuraron Yemen y Yugoslavia. Detalles de la votación de la resolución 51/ 107 en Index to Proceedings of the General Assembly, Fifty-first session – 1996 / 1997, op.cit., pp. 406 y 422-423.

61.La resolución 52/ 142 fue adoptada por 64 votos a favor (entre ellos los de Argentina, Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, México, Paraguay y Perú), 32 votos en contra (entre ellos los de Cuba, India, Irán, Kuwait, Libia y Nigeria) y 56 abstenciones (entre ellas las de Colombia, Chipre, Egipto, Ucrania y Tanzania). Entre los países que no figuraron en la votación estuvieron Irak, Vietnam, Yemen y Yugoslavia. Detalles de la votación de la resolución 52/ 142 en Index to Proceedings of the General Assembly, Fifty-second session – 1997 / 1998, op.cit., pp. 429 y 446-447.

62.La resolución 53/ 158 fue adoptada por 64 votos a favor (entre ellos los de Argentina, Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, México, Paraguay y Perú), 41 votos en contra (entre ellos los de Cuba, India, Irán, Kuwait, Libia y Nigeria) y 56 abstenciones (entre ellas las de Colombia, Chipre, Egipto, El Salvador, Ucrania y Tanzania). Entre los países que no figuraron en la votación estuvieron Irak, Vietnam, Yemen y Yugoslavia. Detalles de la votación de la resolución 53/ 158 en Index to Proceedings of the General Assembly, Fifty-third session – 1998 / 1999, op.cit., pp. 416 y 430-431.

63."La UN aprobó una propuesta de Cuba" y "La Argentina", La Nación, 25 de noviembre de 1992, p. 3. Ver texto de la resolución 47/19, en http:www.un.org/documents/ga/res/47/a47r019.htm. Detalles de la votación de dicha resolución en Index to Proceedings of the General Assembly, Forty-seventh session – 1992 / 1993, op.cit., pp. 361 y 374-375.

64.La resolución 48/ 16 fue adoptada por 88 votos a favor, 4 en contra y 57 abstenciones. Ver al respecto el texto de la resolución en http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r016.htm. Detalles de la votación de dicha resolución en Index to Proceedings of the General Assembly, Forty-eight session – 1993 / 1994, op.cit., pp. 383 y 398-399.

65.Texto de la resolución 49/9, en http://www.un.org/documents/ga/res/49/a49r009.htm. Detalles de la votación de dicha resolución en Index to Proceedings of the General Assembly, Forty-ninth session – 1994 / 1995, op.cit., pp. 383 y 400-401.

66.Texto de la resolución 50/10, en http://www.un.org/documents/ga/res/50/a50r010.htm. Detalles de la votación de dicha resolución en Index to Proceedings of the General Assembly, Fiftieth session – 1995 / 1996, op.cit., pp. 365 y 380-381.

67.Texto de la resolución 51 / 17, en http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r017.html. Detalles de la votación de dicha resolución en Index to Proceedings of the General Assembly, Fifty-first session – 1996 / 1997, op.cit., pp. 400 y 416-417.

68.Texto de la resolución 52 / 10, en http://www.un.org/documents/ga/res/52/a52r010.htm. Detalles de la votación de dicha resolución en Index to Proceedings of the General Assembly, Fifty-second session – 1997 / 1998, op.cit., pp. 421 y 438-439.

69.Texto de la resolución 53 / 4, en http://www.un.org/documents/ga/res/53/a53r004.html. Detalles de la votación de dicha resolución en Index to Proceedings of the General Assembly, Fifty-third session – 1998 / 1999, op.cit., pp. 408 y 422-423.

70.Texto de la resolución 54 / 21 en http://www.un.org/documents/ga/res/54/a54r021.html. Detalles de la votación de dicha resolución en Index to Proceedings of the General Assembly, Fifty-fourth session – 1999 / 2000, op.cit., pp. 373 y 386-387.

71.En 1989, sobre un total de 26 resoluciones sometidas a votación de la Asamblea General referidas al conflicto árabe-israelí (es decir, exceptuando los casos de resoluciones aprobadas sin votación), Argentina sólo coincidió con Estados Unidos en 2 de ellas: la 44/ 47 A, referida a la asistencia a refugiados palestinos; y la 44/ 47 D, referente al entrenamiento vocacional a los refugiados palestinos, casos donde las delegaciones de los dos países votaron a favor. En términos de porcentajes, sólo coincidieron en un 7, 4 % del total de resoluciones sometidas a votación. En las restantes 24 resoluciones –la resolución 44/ 2, referente a la intifada palestina; las resoluciones 44/ 41 A, 44/ 41 B, 44/ 41 C y 44/ 42, referidas a la cuestión palestina; las resoluciones 44/ 47 E a 44/ 47 K, sobre asistencia a refugiados palestinos; las 44/ 48 A a 44/ 48 G, referidas a la investigación de las prácticas israelíes que afectan los derechos humanos a la población en los territorios ocupados; y las resoluciones 121 y 235, sobre armamento nuclear israelí y asistencia a la población palestina- no se registraron coincidencias –Argentina votó a favor de todas las resoluciones mientras que Estados Unidos se abstuvo en las resoluciones 44/48 B, 44/ 48 C, 44/ 48 E y 44/ 48 F, y votó en contra en los demás casos. En términos porcentuales, se registró un 92,4 % de casos de divergencia entre las votaciones argentinas y norteamericanas. Por su parte, en 1990, sobre un total de 22 resoluciones referidas a esta cuestión sometidas a votación, Argentina y Estados Unidos coincidieron en sólo dos casos: los de las resoluciones 45/ 73 A y 45/ 73 D, referidos a la asistencia material y entrenamiento vocacional a los refugiados palestinos, que representaron el 9,09% del total. En el resto de los casos –los de las resoluciones 45/ 63, referida al armamento nuclear israelí y las 45/ 67 A a 45/ 69 y 45/ 73 E a 45/ 73 K, sobre los refugiados palestinos; los de las resoluciones 45/ 74 A a 45/ 74 G, sobre las prácticas israelíes que afectan los

derechos humanos de la población de los territorios ocupados y el de la resolución 83 A, sobre la situación en Medio Oriente-, Argentina votó a favor y Estados lo hizo en contra (salvo los casos de las resoluciones 45/ 74 B, 45/ 74 C, 45/ 74 E y 45/ 74 F, en los que se abstuvo). En términos porcentuales, un 90,9 % de divergencias. Porcentajes calculados por el autor en base a las votaciones registradas en el Index to Proceedings of the General Assembly, Forty-fourth session –1989 / 1990, op.cit., pp. 367, 369, 373, 377, 380-383, y 387-388; y en el Index to Proceedings of the General Assembly, Forty-fifth session – 1990 / 1991, op.cit., pp. 374-375, y 386-388.

72.En 1992, sobre un total de 25 resoluciones referidas al conflicto árabe-israelí sometidas a votación de la Asamblea General, Argentina y Estados Unidos coincidieron en sólo dos casos: los representantes de ambos países votaron a favor de las resoluciones 47/ 69 A y 47/ 69 D, referidas a la asistencia a los refugiados palestinos y a las tareas del Grupo de Trabajo sobre el Financiamiento de UNRWA. En otras palabras, un porcentaje de coincidencias de sólo el 8 %. En todos los demás casos –que representan un porcentaje del 92 % del total de resoluciones sometidas a votación de la Asamblea General- se registraron divergencias en las votaciones de ambos países. Porcentajes calculados por el autor sobre la base de los datos estadísticos de las votaciones presentados en el Index to Proceedings of the General Assembly, Forty-seventh session – 1992 / 1993, op.cit., pp. 364-365, 376-377 y 380-381.

73. En el año 1995, Argentina y Estados Unidos lograron el máximo índice de votos coincidentes en términos generales. Sin embargo, en el caso de las resoluciones correspondientes a dicho año y relacionadas con el conflicto árabe-israelí, sobre 21 resoluciones sometidas a votación de la Asamblea General, sólo coincidieron en 3 de ellas –las resoluciones 50/ 21, referida al proceso de paz en Medio Oriente; 50/ 28 D, sobre entrenamiento vocacional a los refugiados palestinos; y 50/ 29 D sobre prácticas israelíes que afectan los derechos humanos de la población en territorios ocupados. Por su parte, ambos países tuvieron votos divergentes en los restantes 18 casos sometidos a votación –los de las resoluciones 50/ 22 A, sobre la situación de Jerusalén; 50/ 22 B, sobre el Golán sirio; 50/ 22 C, sobre el ataque israelí al Líbano; 50/ 28 A a 50/ 28 C, 50 / 28 F y 50/ 28 G, sobre los refugiados palestinos; las resoluciones 50/ 29 A a 50/ 29 D, sobre las prácticas israelíes que afectan derechos humanos de la población palestina y árabe en territorios ocupados; la 50/ 73, sobre el riesgo de proliferación nuclear en Medio Oriente; las 50/ 84 A, 50/ 84 B y 50/ 84 C, sobre la cuestión palestina; la 50/ 129, referentes a las repercusiones económicas y sociales de la presencia de asentamientos israelíes sobre la población palestina en los territorios ocupados desde 1967, incluyendo Jerusalén, y sobre la población árabe en el Golán sirio; y, finalmente, la resolución 50/ 140, sobre el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino.

74.Porcentajes calculados por el autor sobre la base de los datos estadísticos de las votaciones hallados en el Index to Proceedings of the General Assembly, Forty-six session – 1991/ 1992, op.cit., pp. 379-382, 385, 387 y 392-395; Index to Proceedings of the General Assembly, Forty-eighth session – 1993 / 1994, op.cit., pp. 384-385, 387, 390, 393, 398-402 y 406-407; Index to Proceedings of the General Assembly, Forty-ninth session – 1994 / 1995, op.cit., pp. 385, 389, 391, 400-403 y 406-407; Yearbook of the United Nations 1994, Volume 48, Department of Public Information, United Nations, New York, 1995, pp. 620-623; e Index to Proceedings of the General Assembly, Fiftieth session – 1995 / 1996, op.cit., pp. 365-366, 370-371, 373, 380-383 y 386-389.

75.Porcentajes calculados por el autor sobre la base de los datos estadísticos de las votaciones hallados en el Index to Proceedings of the General Assembly, Fifty-first session – 1996 / 1997, op.cit., pp. 400, 403, 407, 411, 416-417 y 420-425; Index to Proceedings of the General Assembly, Fifty-second session – 1997 / 1998, op.cit., pp. 424-425 y 440 a 445; Index to Proceedings of the General Assembly, Fifty-third session – 1998 / 1999, op.cit., pp. 409-410, 413, 415, 417, 422-425 y 428-431; e Index to Proceedings of the General Assembly, Fifty-fourth session – 1999 / 2000, op.cit., pp. 374-376, 379, 382, 386-387 y 390-395.

76.Ver al respecto editorial "Por qué necesitamos una Corte Penal Internacional", por el ex canciller Guido Di Tella, Clarín, 13 de marzo de 1998, p. 17.

77.Referencias a las resoluciones 50/ 46 en Index to Proceedings of the General Assembly, Fiftieth session – 1995 / 1996, op.cit., p. 367; 51/ 207 en Index to Proceedings of the General Assembly, Fifty-first session – 1996 / 1997, op.cit., p. 412; 52/ 160 en Index to Proceedings of the General Assembly, Fifty-second session – 1997 / 1998, op.cit., p. 430; 53/ 105 en Index to Proceedings of the General Assembly, Fifty-third session – 1998 / 1999, op.cit., p. 414; y 54/ 105 en Index to Proceedings of the General Assembly, Fifty-fourth session – 1999 / 2000, op.cit., p. 378.

78.Editorial "Por qué necesitamos una Corte Penal Internacional", por el ex canciller Guido Di Tella, op.cit.79. Ibid.

80.Zawels, Estanislao, Hacia un sistema de seguridad colectiva para el siglo XXI. El Consejo de Seguridad de la ONU en la década del 90, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano (en adelante GEL), 2000, pp. 174-175.

81.Las resoluciones adoptadas sin voto durante 1994 por el Consejo de Seguridad fueron las siguientes: 904, del 18 de marzo, sobre la masacre de civiles palestinos en Hebrón; 918, del 17 de mayo, sobre la expansión del mandato de UNAMIR (Operación de Mantenimiento de Paz de la ONU en Rwanda) y la imposición de un embargo de armas en ese país africano; 936, del 8 de julio, sobre el nombramiento de los miembros de un Tribunal Internacional para el procesamiento de las personas responsables de violaciones de los derechos humanos en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991; 951, del 21 de octubre, sobre la elección de cubrir una vacante en la Corte Internacional de Justicia; y, finalmente, la resolución 963, del 29 de noviembre, referente a la recomendación para admitir a Palau como miembro de las Naciones Unidas. Ver al respecto Index to Proceedings of the Security Council, Forty-ninth year - 1994, Dag Hammarskjöld Library, New York, 1995, pp. 327-332.

82.Porcentajes calculados por el autor de este artículo en la base de los datos estadísticos ofrecidos por el Index to Proceedings of the Security Council, Forty-ninth year - 1994, op.cit., especialmente pp. 327-337. Mientras la votación argentina coincidió en todos los casos con las de Francia y Gran Bretaña, no coincidió en un solo caso con las norteamericanas –el de la resolución 946 del 30 de septiembre, que establecía la extensión del mandato de UNOSOM II (Operación de los cascos azules de la ONU en Somalía) en la que Argentina votó a favor y Estados Unidos se abstuvo-. Asimismo, Argentina registró un solo caso de divergencia con las votaciones de Rusia –el de la resolución 964 del 29 de noviembre, referida al fortalecimiento de la misión de la ONU en Haití (UNMIH), caso en el que Argentina votó a favor y que Rusia se abstuvo-. Finalmente, las votaciones de la Argentina en el seno del Consejo registraron tres casos de divergencia con los votos de China –los de las resoluciones 929 del 22 de junio, sobre el establecimiento temporario de una operación humanitaria en Rwanda; 940 del 31 de julio, referente a la autorización de una fuerza multinacional para restaurar la democracia en Haití; y 955 del 8 de noviembre, sobre el establecimiento de un Estatuto de un Tribunal Internacional para tratar el caso de Rwanda-. En estos tres casos, Argentina votó a favor y China se abstuvo.

83.Las resoluciones aprobadas sin voto durante 1995 por el Consejo de Seguridad fueron las siguientes: 979, del 9 de marzo; 980, del 22 de marzo; y 1018, del 7 de noviembre. Las tres resoluciones estuvieron referidas al mismo tema: la elección para cubrir una vacante en la Corte Internacional de Justicia. Ver al respecto Index to Proceedings of the Security Council, Fiftieth year - 1995, Dag Hammarskjöld Library, New York, 1996, pp. 331-335.

84.Porcentajes calculados por el autor de este artículo sobre la base de los datos estadísticos que ofrece el Index to Proceedings of the Security Council, Fiftieth year - 1995, op.cit., pp. 331-339. Mientras la votación argentina coincidió en todos los casos con los votos de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, registró tres casos de divergencias con los votos de China Popular –los correspondientes a las resoluciones 975, del 30 de enero, sobre extensión del mandato de la misión de la ONU en Haití (UNMIH) y el reemplazo de la Fuerza Multinacional por una Operación de Mantenimiento de la Paz de la ONU; 988, del 21 de abril, referente a la extensión de la suspensión parcial de ciertas sanciones contra Yugoslavia; y 998, del 16 de junio, sobre el establecimiento de una Fuerza de Protección Rápida de la ONU (UNPROFOR)-. En estos tres casos, la Argentina votó a favor y China se abstuvo. Finalmente, las votaciones argentinas en el Consejo registraron cuatro casos de divergencias con las rusas. Estos fueron los de las resoluciones 970, del 12 de enero, que disponía el cierre de la frontera entre Yugoslavia y Bosnia y Herzegovina con respecto a todos los bienes excepto los vinculados a la satisfacción de necesidades humanas esenciales; 988, del 21 de abril, referente a la extensión de la suspensión parcial de ciertas sanciones contra Yugoslavia; 998, del 16 de junio, sobre el establecimiento de una Fuerza de Protección Rápida de la ONU (UNPROFOR); y 1003, sobre extensión de la suspensión parcial de ciertas sanciones contra Yugoslavia. En estos cuatro casos, la Argentina votó a favor y Rusia se abstuvo.

85.Las resoluciones adoptadas sin voto durante 1999 por el Consejo de Seguridad fueron las siguientes: 1248, del 25 de junio, sobre admisión de la república de Kiribati como miembro de las Naciones Unidas; 1253, del 28 de julio, referente a la admisión del reino de Tonga como miembro de las Naciones Unidas, y, finalmente, la resolución 1278, del 30 de noviembre, vinculada a la elección para cubrir una vacante en la Corte Internacional de Justicia. Ver al respecto Index to Proceedings of the Security Council, Fifty-fourth year - 1999, Dag Hammarskjöld Library, New York, 2000, pp. 265-268.

86.Porcentajes calculados por el autor de este artículo en la base de los datos estadísticos ofrecidos por el Index to Proceedings of the Security Council, Fifty-fourth year - 1999, op.cit., pp. 265-274. Mientras las votaciones argentinas coincidieron plenamente con las de Estados Unidos y Gran Bretaña, registraron un caso de divergencia con las de Francia –el de la resolución 1280 del 3 de diciembre referente a las medidas para proveer ayuda humanitaria al pueblo iraquí, caso en el que Francia no participó con su voto-. Por su parte, las votaciones argentinas registraron cuatro casos de divergencias con las de la Federación Rusa: tales los de las resoluciones 1239 del 14 de mayo, sobre asistencia a los refugiados y migrantes procedentes de Kosovo, Montenegro y otras partes de la República Federal de Yugoslavia; 1276 del 24 de noviembre, sobre la extensión del mandato de la Fuerza Observadora de Naciones Unidas UNDOF; 1280 del 3 de diciembre, sobre medidas de ayuda humanitaria al pueblo iraquí; y 1284, del 17 de diciembre, referente al establecimiento de una Comisión de Monitoreo, Verificación e Inspección de la ONU (UNMOVIC). Finalmente, Argentina tuvo diferencias con China en los casos de las resoluciones 1239 del 14 de mayo, sobre asistencia a los refugiados y migrantes de Kosovo, Montenegro y otras partes de la República Federal de Yugoslavia; 1244 del 10 de junio, sobre el despliegue de presencia internacional de personal civil y de seguridad en Kosovo; 1249 del 25 de junio, referente a la admisión de la república de Nauru como miembro de las Naciones Unidas; 1280 del 3 de diciembre, sobre medidas de ayuda humanitaria al pueblo iraquí; y 1284 del 17 de diciembre, referente al establecimiento de una Comisión de Monitoreo, Verificación e Inspección de la ONU (UNMOVIC). No obstante el énfasis que los medios de prensa otorgaron a esta cuestión como un motivo de fricción entre los gobiernos de Argentina y Brasil, cabe destacar que las Cancillerías de ambos países procuraron negociar la espinosa cuestión de manera reservada y colocaron la prioridad en el objetivo de profundizar el MERCOSUR. Una evidencia de este perfil compartido fue el contenido de un cable de la Embajada argentina en Brasil del 27 de agosto de 1997, en el que se citan las siguientes expresiones del secretario general de Itamaraty, embajador Sebastián de Rego Barros, respecto de las divergencias entre ambos países por la reforma del Consejo de Seguridad: "Habíamos tratado de mantener la cuestión del Consejo de Seguridad en el marco de conversaciones reservadas. El estado público que tomó el tema tiene sin duda su precio. Lo que tenemos que hacer es profundizar el Mercosur y dejar de lado la cuestión del Consejo de Seguridad; bajar el tono y básicamente no confrontar, porque no sabemos cómo termina. Y por ejemplo, si finalmente se impone el criterio (argentino) de la rotación, podría aparecer como una derrota política brasileña. Por eso queremos seguir tratando el tema entre profesionales en el contexto de conversaciones reservadas". Asimismo, dicho cable cita la declaraciones respecto de este tema del embajador argentino en Brasil, Jorge Hugo Herrera Vegas, quien manifestó que "Argentina iba a ayudar en la búsqueda de un consenso en la región". Por su parte, ambos diplomáticos coincidieron en una paradójica consecuencia de las divergencias en torno al tema del Consejo de Seguridad: "(…) Coincidimos en que cuestión divergencia Argentina-Brasil en torno tema Consejo de Seguridad había activado conjunto significativo de reacciones pro-Mercosur, inclusive de aquellos que tradicionalmente habían manifestado posiciones escépticas o contrarias al desarrollo del Mercosur. Coincidimos asimismo que prensa en general asumió defensa del Mercosur y que todo esto indicaba que era propicio dar un paso adelante en la profundización del Mercosur". Cable de la Embajada argentina en Brasil, N° 011373 / 97, Brasil: Audiencia con Secretario General Itamaraty, embajador Rego Barros, Reservado, Brasilia, 27 de agosto de 1997, 2 pp., en Archivo personal del ex vicecanciller Andrés Cisneros, Caja N° 7, Carpeta Consejo de Seguridad.

87.De acuerdo con Zawels, estos 53 nuevos estados incorporados en la década de 1960 fueron, por orden alfabético, los siguientes: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Botswana, Brunei Darussalam, Burundi, Cabo Verde, Comoras, Djibouti, Dominica, Estados Federados de Micronesia, Fiji, Gambia, Granada, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Islas Marshall, Islas Salomon, Jamaica, Kenya, Lesotho, Malawi, Malta, Mauricio, Mozambique, Namibia, Omán, Palau, Papúa Nueva Guinea, Ruanda, Samoa, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Suriname, Swazilandia, Tanzania, Trinidad y Tobago, Uganda, Yemen Democrático, Zambia y Zimbabwe. Zawels, op.cit., nota 3, p. 189.

88.Zawels, op.cit., p. 189.

89.Zawels, op.cit., pp. 189-190.

90.Zawels, op.cit., pp. 196-197.

91."Posición argentina sobre reforma del Consejo de Seguridad", Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Memorándum de Dirección Organismos Internacionales, N° 010244 / 97, Confidencial, en Archivo personal del ex vicecanciller Andrés Cisneros, Caja N° 7, Carpeta Consejo de Seguridad, p. 1.

92.Para mayores detalles acerca de esta cuestión, consultar Zawels, op.cit., especialmente pp. 187-211 y 227-228. Ver asimismo memorándum titulado "Posición argentina sobre reforma del Consejo de Seguridad", op.cit., p. 2.

93.De acuerdo con el texto del memorándum citado en la nota anterior: "En esa ocasión, se expresó que Argentina consideraría el ingreso de otros miembros permanentes si se verificaba un consenso sobre esa posibilidad y siempre que se respetara la igualdad soberana de los Estados, el consenso regional y global y no se excluyese a países como Argentina que demostraron un firme compromiso con el sistema de seguridad colectiva". Memorándum titulado "Posición argentina sobre reforma del Consejo de Seguridad", op.cit., p. 2.

94.Idem nota anterior. 95. Ibid.

96.Ibidem, pp. 3-4.

97.Memorándum del vicecanciller Andrés Cisneros al canciller Guido Di Tella sobre Consejo de Seguridad, sin fecha, en Archivo personal del vicecanciller Andrés Cisneros, Caja N° 7, Carpeta Consejo de Seguridad.

98.Ver al respecto editorial de opinión "Peligrosa propuesta de reforma del Consejo de Seguridad", por Emilio J. Cárdenas, diario La Prensa, 6 de abril de 1997, p. 10.

99.Memorandum de Cisneros a Di Tella, op.cit.

100. Proyecto de nota del canciller Guido Di Tella a señora Allbright sobre reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Buenos Aires, 7 de agosto de 1997, citado en Memorandum SUBPE del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, N° 010977 / 97, Reservado, Buenos Aires, 8 de agosto de 1997, pp. 1-2, en Archivo personal del ex vicecanciller Andrés Cisneros, Caja N° 7, Carpeta Consejo de Seguridad.

101. La resolución 661 fue adoptada por el Consejo de Seguridad en su reunión 2933 por un resultado de 13 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones (Cuba y Yemen). Ver el texto de la resolución 661, en http://www.un.org/Docs/scres/1990/scres90.htm, pp. 19-20 y en Anales de Legislación Argentina 1990, Tomo L-C, Buenos Aires, La Ley, 1990, pp. 2498-2499.

102. Zawels, op.cit., p. 131.

103. Texto del decreto 1560, en Anales de Legislación Argentina 1990, Tomo L-C, Buenos Aires, La Ley, 1990, p. 2498.

104. La resolución 670 fue adoptada por el Consejo de Seguridad en su reunión 2943 del 25 de septiembre de 1990, por un resultado de 14 votos a favor y 1 en contra –el de Cuba-. Ver texto de la resolución 670 en http://www.un.org/Docs/scres/1990/scres90.htm, pp. 24-25.

105. Ver texto de la Ley 23.904, citada en Anales de Legislación Argentina 1991, Tomo LI–A, Buenos Aires, La Ley, 1991, p. 61.

106. La resolución 678 fue adoptada por el Consejo de Seguridad en su reunión 2591 por una votación de 13 votos a favor y 0 en contra, con 2 abstenciones (Cuba y Yemen). Ver texto de la resolución 678, en http://www.un.org/Docs/scres/1990/scres90htm, pp. 27-28.

107. Zawels, op.cit., p. 131.

108. Con este fin se estableció en el norte de Irak una zona de no vuelo que luego fue ampliada con otra, ubicada al sur de Irak, para proteger a las minorías chiítas también perseguidas por el régimen iraquí. Idem nota anterior.

109. Zawels, op.cit., pp. 131-132.

110. Respecto de esta resolución 986, aprobada por unanimidad, Zawels destaca que la misma limitaba los puntos de salida del petróleo para su mejor control; determinaba que los fondos recaudados fuesen administrados a través de una cuenta de depósito en garantía y aseguraba un mecanismo especial para la provisión de bienes humanitarios a las minorías kurdas y chiítas. Los beneficios de esta resolución fueron ampliados en subsiguientes resoluciones del Consejo de Seguridad, entre ellas, la resolución 1266 del 4 de octubre de 1999, aprobada por unanimidad, que levantó el techo de las ventas autorizadas de petróleo. Ver al respecto Zawels, op.cit.,, p. 132. Referencias a estas resoluciones y su votación en Index to Proceedings of the Security Council, Fiftieth year - 1995, op.cit., pp. 332 y 338 e Index to Proceedings of the Security Council, Fifty-fourth year – 1999, op.cit., pp. 267 y 272.

• Argentina y el caso Haití

El 16 de junio de 1993, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 841 que “deplora que a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional, no se haya restituido al gobierno al legítimo Presidente de Haití” y consideraba que se justificaba la adopción de medidas extraordinarias por el Consejo de Seguridad. (1). El gobierno argentino respaldó a dicha resolución a través del decreto 1470, aprobado el 12 de julio del mismo año. (2)

Por su parte, el 14 de noviembre, la corbeta argentina Granville se incorporó a la flota multinacional de bloqueo a Haití (3). Junto con la sanción del decreto 2410 el 19 de noviembre,

este envío de efectivos constituyó un claro gesto de respaldo a la resolución 993 del 13 de octubre adoptada por el Consejo de Seguridad, que autorizaba la imposición de medidas en castigo por los obstáculos del régimen de facto haitiano a las tareas de la misión de las Naciones Unidas en Haití (UNMIH) (4)

Asimismo, el 31 de julio de 1994, la delegación argentina auspició junto a sus colegas de Estados Unidos, Canadá y Francia en el Consejo de Seguridad de la ONU la resolución 940 que autorizaba el uso de la fuerza en la isla y abría el camino para una invasión encabezada por los Estados Unidos para reinstalar en el poder el derrocado presidente Jean Bertrand Aristide. La resolución fue aprobada por 12 votos a favor (entre ellos el de Argentina, que ingresó ese año como miembro), ninguno en contra y 2 abstenciones (Brasil y China). (5)

El gobierno argentino ratificó su compromiso con la resolución adoptada el 31 de julio, al anunciar que enviaría al Congreso un pedido formal para que se autorizara el envío de 600 efectivos a Haití que se integraría a la fuerza multinacional. (6) No obstante, ante la oposición del Parlamento -especialmente del bloque radical- y las reticencias dentro del propio PJ al envío de tropas propiciado por el Ejecutivo, Menem cambió el tono de sus declaraciones al día siguiente, y sostuvo que los soldados argentinos irían a Haití recién en una segunda o tercera etapa. (7)

El 12 de agosto, los representantes de Argentina, Canadá, EEUU y Francia, los cuatro países que copatrocinaron la Resolución 940, acordaron intentar un último esfuerzo diplomático con la junta militar para evitar una invasión a la isla. La idea de extenderle una mano providencial al ahogado gobierno haitiano surgió de un encuentro sostenido entre el embajador argentino ante la ONU, Emilio Cárdenas, y el ex canciller y negociador de la ONU en el conflicto, Dante Caputo. (8) Mientras tanto, el día 15, la Argentina envió cuatro observadores técnicos al Comando Naval de Norfolk (Virginia), una base militar del sur de Washington donde las fuerzas norteamericanas, con el patrocinio de la ONU y la colaboración de Francia y de Canadá, realizaban el planeamiento de una eventual intervención armada en Haití para deponer al gobierno de facto de Raoul Cedras y devolver el poder políticos a Jean Bertrand Aristide. Los observadores argentinos visitaron el 15 Norfolk y el 16 concurrieron al Alto Comando de la ONU, en Nueva York, para continuar con la recopilación de informes recomendada. (9)

El 19 de agosto, el ex presidente norteamericano Jimmy Carter y el presidente de facto haitiano, Emile Jonassaint, llegaron a un acuerdo para evitar la intervención militar en Haití. El mismo estableció la llegada de una misión militar de la ONU para monitorear el retorno de la democracia a la isla. Por su parte, el ex delegado de la ONU Dante Caputo criticó dicho acuerdo, argumentando que el mismo fortalecía las aspiraciones de poder de Raoul Cedras. (10)

En el contexto de este nuevo acuerdo, el 23 de septiembre, un contingente de 104 gendarmes argentinos partió hacia Haití para desempeñarse como "monitor policial" a fin de garantizar la seguridad en la reinstalación del gobierno democrático de aquel país. (11) Seis días después, el Consejo de Seguridad aprobó por 13 votos a favor (entre ellos los de Argentina y Estados Unidos), ningún voto en contra y 2 abstenciones (las de Brasil y la Federación Rusa) la resolución 944 sobre despliegue de observadores y otros elementos de la Operación de Mantenimiento de Paz en Haití (UNMIH). (12)

Por su parte, el 15 de octubre de 1994, el Consejo de Seguridad aprobó, por un resultado de 14 votos a favor (entre ellos los de la Argentina y los Estados Unidos), ninguno en contra y 1 abstención (la de Brasil), la resolución 948 referida a la reinstalación del presidente Aristide en el gobierno de Haití. (13) Dada la falta de garantías para la concreción del retorno del presidente legítimo en la isla, el Consejo resolvió sancionar el 29 de noviembre la resolución 964, que autorizaba a reforzar la

presencia de UNMIH. Dicha resolución fue aprobada por 13 votos a favor (entre ellos los de Argentina y Estados Unidos), ninguno en contra y 2 abstenciones (las de Brasil y Rusia). (14)

Durante el año 1995, el segundo de Argentina como miembro del Consejo de Seguridad en la década de 1990, se aprobaron las siguientes resoluciones referidas al caso haitiano: la 975 del 30 de junio, referida a la extensión del mandato de UNMIH y su reemplazo por una Fuerza Multinacional integrada por elementos de los “cascos azules” de Naciones Unidas, que contó con la abstención de China y 14 votos a favor (entre ellos los de Argentina y Estados Unidos) y la resolución 1007 del 31 de julio, sobre extensión del mandato de UNMIH, aprobada en forma unánime. (15)

Finalmente, en el año 1999, en el que Argentina volvió a retornar como miembro del Consejo, se adoptó la resolución 1277 del 30 de noviembre, que decidió la permanencia de la Misión Policial y Civil de Naciones Unidas en Haití, ante la ausencia de garantías que permitieran la normalización de la vida política interna en la isla. Dicha resolución fue aprobada por 14 votos a favor (entre ellos los de Argentina y Estados Unidos), ningún voto en contra y 1 abstención (la de la Federación Rusa). (16)

c) La actuación argentina en el marco de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU: los casos de coincidencias y divergencias con Estados Unidos

a. 1.) Los casos de coincidencias

Las votaciones argentinas y norteamericanas respecto de la cuestión de los derechos humanos en Cuba

En lo que respecta a este tema de la agenda, la administración Menem mantuvo inicialmente la posición de abstención de su antecesor Raúl Alfonsín. (17) Así, en la 52° sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas correspondiente al 6 de marzo de 1990, Argentina votó en abstención junto a otros 11 países (entre ellos Brasil, Colombia, Perú y Venezuela), la resolución 1990 / 48, que condenaba la situación de los derechos humanos en Cuba. Dicha resolución fue finalmente aprobada por 19 votos a favor (entre ellos los de Estados Unidos, España, Francia y Gran Bretaña) y 12 en contra (entre ellos los de Cuba, China, India, Irak, México y Unión Soviética) (18)

Esta tradición en la votación argentina respecto de la situación de los derechos humanos en Cuba se quebró con la llegada de Guido Di Tella a la titularidad del Palacio San Martín, quien estaba firmemente comprometido en una posición fuertemente intervencionista en materia de derechos humanos. Bajo los auspicios del nuevo canciller, Argentina cambió su voto durante la 54ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos que tuvo lugar en Ginebra en marzo de 1991, al respaldar la moción norteamericana sobre la cuestión de los derechos humanos en Cuba, en contra de la posición adoptada por el Grupo de los Ocho países latinoamericanos. El voto argentino a favor de la resolución 1991 / 68 del 6 de marzo resultó decisivo, por cuanto permitió que la moción presentada por Estados Unidos -consistente en que un representante de la ONU investigara in situ la situación de los derechos humanos en la isla e hiciera públicas sus conclusiones- triunfara por 22 votos a favor (entre ellos los de Argentina, Estados Unidos y Panamá) contra 6 votos en contra (los de Cuba, China y Ucrania, entre otros) y 15 abstenciones (entre ellas las de Brasil, Colombia, México, India, Perú y Venezuela). (19)

Di Tella justificó el cambio en la votación argentina respecto de esta delicada cuestión, sosteniendo que “además de escuchar al gobierno cubano hay que escuchar lo que dice la oposición sobre el tema de los derechos humanos”. En un informe al consejo peronista, Di Tella señaló que aceptar la palabra de Fidel Castro

“sería como si en el proceso militar se le hubiera preguntado al general (Jorge Rafael) Videla cómo andaban los derechos humanos en la Argentina”. (20)

Como era de esperarse, la primera crítica al giro adoptado por la Argentina en este tema partió de las autoridades y medios cubanos. El viceministro de Asuntos Exteriores de ese país, Raúl Roa, agradeció la solidaridad de los países latinoamericanos que “mantuvieron su dignidad y no se dejaron amedrentar por Estados Unidos en su intento por aislar a Cuba”. Por su parte, el diario Granma señaló que la posición adoptada por el gobierno argentino inspiraba pena, pues había roto la unidad latinoamericana “por un plato de lentejas”. (21)

En los años subsiguientes, la Argentina mantuvo su voto en contra de la situación de los derechos humanos en Cuba, acompañando la posición norteamericana. Así, el 3 de marzo de 1992, votó a favor de la resolución 1992/61, la cual fue aprobada por 23 votos a favor (entre ellos los de Argentina, Estados Unidos, Chile, Uruguay, Federación de Rusia y Reino Unido), 8 en contra (entre ellos los de Cuba, China, Irán e Irak) y 21 abstenciones (entre ellas las de Brasil, Colombia, India, México, Perú y Venezuela). (22)

Por su parte, el 10 de marzo del año siguiente votó a favor de la resolución 1993/63, que fue adoptada por un resultado de 27 votos a favor (entre ellos los de Argentina, Estados Unidos, Federación Rusa, Japón y Uruguay), 10 votos en contra (entre ellos los de Cuba, China, Irán, Libia y Siria) y 15 abstenciones (entre ellas las de Brasil, Colombia, India, México, Perú y Venezuela). (23)

A su vez, Argentina acompañó a Estados Unidos en el voto a favor de la resolución 1997/62 del 16 de abril de 1997, que se impuso por un resultado de 19 votos a favor (entre ellos los de Argentina, Estados Unidos, Chile y Uruguay), 10 en contra (entre ellos los de Cuba, India y China) y 24 abstenciones (entre ellas las de Brasil, Federación Rusa y México). (24) Cabe destacar, asimismo, que en los casos de las resoluciones en la votación de la resolución 1994/71, del 9 de marzo de 1994 (25) 1995/66 del 7 de marzo de 1995 (26) y 1996/69 del 23 de abril de 1996 (27), el voto argentino no figuró.

Durante los primeros meses de 1998, el gobierno argentino ensayó una serie de gestos de aproximación a Cuba, cuyo objeto fue el de sondear la posibilidad de influir a favor de una democratización del régimen castrista. Estos gestos fueron negativamente interpretados por las autoridades de Washington, como quedó evidenciado en la II Cumbre de las Américas en Santiago celebrada en abril de ese año, ocasión en la que tanto el presidente Menem como su canciller Di Tella se vieron obligados ante el presidente Bill Clinton y su secretaria de Estado Madeleine Allbright a ratificar la posición adoptada en 1991 respecto de la situación de los derechos humanos en Cuba. (28)

Paradójicamente, en ese mismo mes de abril, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU adoptó una posición de mayor flexibilidad y levantó la condena contra el régimen de Fidel Castro auspiciada por Estados Unidos. El proyecto de resolución de condena impulsado por Estados Unidos (proyecto E/CN.4/1998/L.89) fue rechazado por un resultado de 19 votos a favor del levantamiento de la condena –entre ellos los de Cuba, Rusia, China, India, Indonesia, Malasia, Pakistán y la mayoría de los países africanos-, 16 en contra –entre ellos los de Estados Unidos, Argentina, Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Gran Bretaña, República Checa, Polonia, Japón, Corea del Sur, Canadá y El Salvador, único país latinoamericano que votó igual que la Argentina- y 18 abstenciones –entre ellas las de Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Uruguay y Venezuela-. (29)

Por cierto, la decisión del canciller Di Tella de volver a votar junto a Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos en la ONU desató una interna en el gobierno. Mientras Menem y el canciller Di Tella eran partidarios de acompañar a Estados Unidos en la condena por la

situación de los derechos humanos en Cuba-, el secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, los senadores del PJ (en particular Antonio Cafiero, Eduardo Menem, Augusto Alasino y Rubén Marín) y los empresarios argentinos interesados en hacer negocios con Cuba avalaron una postura de mayor apertura hacia La Habana. (30)

Más allá de estas polémicas internas, el examen de las votaciones argentinas respecto de la situación de los derechos humanos en Cuba revela la necesidad de matizar el supuesto ampliamente difundido acerca del aislamiento argentino respecto de América Latina. Si bien es cierto que con el perfil de votación adoptado, Argentina se separó de países como Brasil, México, Perú y Venezuela, la idea de aislamiento no tiene asidero desde el punto de vista empírico, dado que la delegación argentina votó siguiendo un patrón similar al de sus colegas de Chile y Uruguay. Esta tendencia se reveló nuevamente en las votaciones respecto de la resolución de condena a Cuba número 1999/8, adoptada el 23 de abril por 21 votos a favor (entre ellos los de Argentina, Estados Unidos, Chile, Uruguay), 20 en contra (Cuba, China, India, México y Perú), 12 abstenciones (entre ellas las de Colombia, Guatemala y El Salvador), y la ausencia de la votación de Brasil. (31)

Las votaciones argentinas y norteamericanas sobre la situación de los derechos humanos en Irak

Junto al caso de Cuba, éste fue otro ejemplo donde se registró un alto grado de coincidencias entre las votaciones de los representantes argentinos y norteamericanos. No obstante, y como en el caso analizado en el acápite anterior, no se registró un 100% de coincidencias, dado que la Argentina no votó en los casos de las resoluciones 1994/ 74 del 9 de marzo de 1994; 1995/ 76 del 8 de marzo de 1995; y 1996/ 72 del 23 de abril de 1996. (32)

Los representantes de Argentina y Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU coincidieron en otorgar su voto favorable a la resolución 1992/ 60 del 3 de marzo de 1992, sobre la situación de los derechos humanos en Kuwait bajo la ocupación iraquí. También coincidieron en votar a favor de las resoluciones de condena a la situación de los derechos humanos en Irak números 1992/ 71 del 5 de marzo de 1992 (33); 1993/ 74 del 10 de marzo de 1993 (34); y 1998/ 65 del 21 de abril de 1998. (35)

c.2.) Los casos de divergencias

Un área de cuestiones donde se observaron divergencias entre las votaciones argentinas y norteamericanas en la Comisión de Derechos Humanos fue en los casos de las resoluciones referidas a la situación de los derechos humanos en territorios árabes ocupados por Israel, China e Irán.

Las divergencias entre las votaciones argentinas y norteamericanas respecto de la situación de los derechos humanos en territorios árabes ocupados por Israel

Por cierto, ésta fue una cuestión donde se registró casi un 100 % de divergencias entre las votaciones de ambos países. Contra lo que suelen suponer los medios de prensa y los representantes de la literatura adheridos a una percepción hipercrítica de la política exterior adoptada durante la década de 1990, las divergentes posiciones adoptadas por Argentina y Estados Unidos en las resoluciones referidas a la situación de los derechos humanos en territorios árabes ocupados por Israel contradicen el supuesto ampliamente difundido acerca de la implementación de un perfil de alineamiento automático con las autoridades de Washington. Al respecto, cabe recordar que en 1989 Argentina votó a favor -y Estados Unidos se opuso- a las resoluciones del 17 de febrero números 1989/ 1, sobre la situación de los derechos humanos en el Golán sirio; y 1989/ 2 A y 1989 / 2 B, de condena a la violación de los derechos humanos en la Palestina ocupada-, la Argentina votó a favor de las mismas. (36) El mismo

comportamiento tuvieron las delegaciones argentina y norteamericana respecto de las resoluciones sometidas a votación de la Comisión en los años 1990 y 1991. (37)

En los años 1992 y 1993, Argentina y Estados Unidos siguieron sin coincidir en sus respectivas posiciones, pero en algunos casos recurrieron a la opción de abstención. Así, en el de la resolución 1992/ 3 del 14 de febrero de 1992 sobre asentamiento de los israelíes en territorios árabes ocupados, Estados Unidos se abstuvo y Argentina votó a favor. Por su parte, en los casos de las resoluciones 1992/ 2 A del 14 de febrero de 1992 sobre violación de los derechos humanos de los territorios árabes ocupados; 1992/ 4 de la misma fecha sobre situación de los derechos humanos en la Palestina ocupada; 1993/ 1 del 19 de febrero de 1993 sobre situación de los derechos humanos en el Golán sirio; 1993/ 2 A y 1993/ 2 B de la misma fecha, de condena a la violación de los derechos humanos en territorios árabes ocupados, incluyendo a Palestina; y 1993/ 4, también del 19 de febrero, sobre situación en la Palestina ocupada, Argentina se abstuvo y Estados Unidos votó en contra. (38)

Por su parte, entre los años 1994 y 1996, que coincidieron con el período de mayor acercamiento a Estados Unidos y a Israel y con el impacto interno y externo del atentado terrorista contra la AMIA, Argentina decidió no votar en las resoluciones referentes a la situación de los derechos humanos en territorios árabes ocupados por Israel.Finalmente, entre los años 1997 y 1999, Argentina volvió a votar en el seno de la Comisión de Derechos Humanos con un perfil que evidenciaba un alto grado de divergencias con las posiciones sustentadas por Estados Unidos. Salvo en los casos de las resoluciones 1997/ 1 y 1999/ 5 sobre violación a los derechos humanos en territorios árabes ocupados, incluyendo a Palestina –en los que Argentina se abstuvo y Estados Unidos votó en contra-, en todos los casos restantes Argentina votó a favor y Washington mantuvo su oposición en sintonía con los intereses israelíes. (39)

Por cierto, el análisis comparado de las posiciones de ambos países en este tema del capítulo multilateral de la agenda demuestra que la diplomacia menemista siguió en este caso puntual un perfil bastante más acorde con el tradicional perfil tercermundista (e incluso antinorteamericano) de la política exterior argentina, que con el sesgo occidentalista que acompañó a las votaciones de aquellas cuestiones definidas como prioritarias en función de consolidar el paradigma de “relaciones especiales”. Cuestiones tales como las vinculadas con el desarme y la no proliferación nuclear o la situación de los derechos humanos en Cuba.

Las divergencias entre las votaciones argentinas y norteamericanas respecto de la situación de los derechos humanos en China

Respecto de este caso de agenda, cabe destacar que desde 1990 hasta 1997 la Unión Europea presentó resoluciones de condena con resultados negativos, ya que la diplomacia china logró impedir la cristalización de dichas resoluciones a través del voto de “no acción” (salvo en el caso del año 1995, año en el que dicha modalidad fue rechazada por la Comisión de Derechos Humanos). Mientras la Unión Europea y Estados Unidos votaron contra la moción china de “no acción”, la Argentina mantuvo un voto abstención. (40)

De acuerdo con este patrón de bajo perfil respecto de China, Argentina se abstuvo en los casos de las decisiones 1990/ 106 sobre la situación de los derechos humanos en China, aprobada el 6 de marzo de 1990 (41); 1992/ 116 del 4 de marzo de 1992 sobre la situación en China y Tibet (42) y 1993/ 110 del 11 de marzo de 1993 sobre la situación en China (43). Asimismo, mantuvo la misma posición en los casos de los proyectos de resolución E/CN.4/1997/L.91 del 15 de abril de 1997 y E/CN.4/1999/L.22 del 23 de abril de 1999. (44)

En 1998, la Unión Europea decidió levantar el tratamiento de la cuestión china en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, debido al repetido fracaso de las resoluciones condenatorias

y como respuesta a los positivos pasos dados por las autoridades de Pekín al suscribir los dos pactos internacionales más importantes en esta materia (el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos), y permitir el ingreso a China del presidente del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. (45)

Las divergencias entre las votaciones argentinas y norteamericanas respecto de la situación de los derechos humanos en Irán

A diferencia del caso de China, respecto de las violaciones a los derechos humanos en Irán tratados por la Comisión de Derechos Humanos la diplomacia argentina observó un comportamiento cambiante, que contrastó con la permanente posición de condena observada por la delegación norteamericana. Así, respecto de la resolución 1989/ 66 de condena a la situación de los derechos humanos en Irán, aprobada el 8 de marzo de 1989, mientras Estados Unidos se contó entre los 20 votos a favor de la resolución, la Argentina estuvo entre los 12 países que se abstuvieron. (46)

Entre 1991 y 1993, los representantes argentinos se ausentaron en los momentos de votación de las resoluciones de condena adoptadas tanto por la Comisión de Derechos Humanos como por la Asamblea General. Esta actitud de ausentarse se explicaba por dos razones: a) la importancia del mercado iraní para las exportaciones argentinas y b) la necesidad del gobierno de Menem de otorgar una compensación a las autoridades de Teherán frente a la decisión de concluir los programas de cooperación nuclear con dicho país, inscripta en la política de firme compromiso con las políticas de no proliferación impulsadas por Estados Unidos y los países desarrollados de Occidente. (47)

A partir de la difusión de las sospechas del involucramiento del gobierno de Irán en el atentado terrorista contra la AMIA, la posición argentina se acercó a la norteamericana. Dicho cambio quedó evidenciado en la posición de condena adoptada por la diplomacia argentina en las resoluciones de la Asamblea General referentes a la situación de los derechos humanos en Irán adoptadas entre los años 1994 y 1998 y en las resoluciones 1997/ 54 y 1998/ 80, respectivamente sancionadas por la Comisión de los Derechos Humanos los días 15 de abril de 1997 y 22 de abril de 1998. En ambos casos, la posición argentina resultaba coincidente con el voto favorable de los representantes norteamericanos. (48)

No obstante, la Argentina volvió a cambiar su posición respecto de la situación de los derechos humanos en Irán en el año 1999, girando de la posición de condena a la de abstención. La diplomacia argentina justificó ese giro aduciendo la existencia de cambios en el régimen político iraní. Como en el caso del período 1991-1993, las consideraciones económicas pesaron en este giro. Durante la primer mitad de 1998, las autoridades iraníes decidieron cancelar las importaciones provenientes del mercado argentino, en respuesta a las declaraciones del gobierno de Menem respecto de la responsabilidad iraní en el atentado a la AMIA, nunca probadas. El negativo efecto de la decisión gubernamental se percibió en una sensible caída del comercio bilateral, cuyo valor descendió de un monto de 659 millones de dólares en 1997 a uno de 468 millones en 1998 y menos de 157 millones en 1999. Tras el cambio de voto argentino en la Comisión de Derechos Humanos, las autoridades de Teherán ordenaron la reanudación de compras de productos argentinos, decisión que se reflejó en el alza del valor del intercambio, que llegó en el año 2000 a 348,5 millones de dólares. (49)

d) La actuación argentina en otras instancias ligadas a Naciones Unidas y su impacto en las relaciones con Estados Unidos

d. 1.) La Conferencia Mundial de las Naciones Unidas contra las mafias ilegales

En este ítem de la dimensión multilateral, se registraron coincidencias entre las posiciones argentina y norteamericana. Tal fue el caso en ocasión de la inauguración de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas contra las mafias internacionales el 21 de noviembre de 1994, oportunidad en la que Argentina propuso crear ciertos mecanismos internacionales, entre ellos un tratado internacional sobre esta cuestión y la unificación de las medidas procesales. (50)

d. 2.) La cumbre de Río ECO-92

La Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente de Río de Janeiro –o Cumbre de Río ECO-92- se inició el 3 de junio de 1992, y tuvo como particularidad la de contar con la participación tanto de presidentes y representantes gubernamentales como de organismos no gubernamentales (ONG’s). Durante la misma, fueron considerados cuatro documentos: La Declaración de Río o “Carta de la Tierra”; la Agenda 21, un tratado para reducir lentamente el calentamiento de la Tierra, un tratado de biodiversidad y un tratado para proteger los bosques. (51)

Desde el mismo día de inicio de la Conferencia, se hicieron públicas serias diferencias entre los funcionarios del Palacio San Martín y los de la Secretaría de Medio Ambiente de la Argentina, respecto de la actitud a adoptar frente a la Declaración final de Río, también denominada “Carta de la Tierra”. Estas diferencias dentro de la delegación argentina generaron un clima de inquietud que obligó al secretario general de la asamblea, Maurice Strong, a formular un llamado de atención durante la inauguración oficial de la Eco-92. Estos desacuerdos afloraron a la superficie cuando el subsecretario de Recursos Naturales, Humberto Rucchelli, en improvisada conferencia de prensa, aseguró ser el jefe de la delegación argentina en Río y ratificó que la Argentina suscribiría, sin objeciones, el documento final que condensaba en 27 puntos los derechos y obligaciones de las naciones en temas de medio ambiente. Tan sólo una hora después, el principal negociador argentino, Raúl Estrada Oyuela, director general de Medio Ambiente de la Cancillería, reiteró que serían objetados dos puntos de la declaración de principios, uno referido al desarrollo “equitativo” (la palabra cuestionada) y otro sobre la modificación de las actuales pautas de consumo y el fomento de políticas demográficas apropiadas. En opinión de Estrada Oyuela, la palabra “equidad” no era sinónimo de igualdad y podía llegar a interpretarse como propender a un desarrollo desigual. Para el funcionario del Palacio San Martín no se trataba simplemente de una cuestión semántica, sino de comprometer principios. (52)

Poco después de estas declaraciones de Estrada Oyuela, tuvo un lugar un nuevo “round” en la pelea interna de la delegación argentina. En el centro de Río de Janeiro, sede oficial de las declaraciones, Rucchelli desautorizó a Estrada Oyuela, aunque sin mencionarlo en forma explícita, al señalar que

“Nosotros hemos considerado cuidadosamente el documento y realmente no surge ninguna de las objeciones que tuvieron trascendencia periodística”. (53)

Finalmente, la llegada a Río de Janeiro de la secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano, María Julia Alsogaray, como jefa de la delegación argentina, decidió la interna en favor de Rucchelli. Alsogaray sostuvo que “la Argentina no desea reabrir la discusión sobre la Declaración de Río”. Asimismo, la funcionaria desautorizó el planteo del ministro Estrada Oyuela al sostener que el pedido de reapertura de las negociaciones “no fue solicitado oficialmente por la delegación argentina” y que “cuando yo no estaba” el funcionario de mayor rango de la delegación argentina “era el subsecretario de Medio Ambiente, Humberto Rucchelli”. Asimismo, la funcionaria restó importancia a la crítica hecha por Estrada Oyuela al capítulo tres de la Declaración de Río, referido al derecho al desarrollo equitativo, destacando que

“el desarrollo equitativo, tal como lo entendemos, es un desarrollo que debe servir para que cada país se desarrolle según sus necesidades y no para la búsqueda de la igualdad en un mundo, en el que, como sabemos, existen diferencias. No podemos garantizar la igualdad porque no todos los países tienen los mismos recursos naturales ni humanos. Sería absurdo buscar la igualdad que la misma naturaleza nos ha negado”. (54)

Al salir al cruce de las versiones de que la Argentina no firmaría el documento, Alsogaray afirmó que el propio presidente Carlos Menem había apoyado la decisión de suscribir la Declaración del Río. Las declaraciones de la funcionaria fueron confirmadas en los hechos durante el segmento final de la conferencia, en la que el presidente Menem condenó las prácticas proteccionistas que consolidan la depredación de los recursos naturales y ofreció a las Naciones Unidas el territorio de Ushuaia para establecer allí un centro de investigación y salvaguarda de la Antártida. (55)

d. 3.) La IV Conferencia de las Partes de la Convención sobre Cambio Climático

Esta conferencia tuvo lugar en Buenos Aires durante la primera quincena de noviembre de 1998. Su balance final fue el de una ausencia de consensos en los temas importantes de agenda entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Se decidió postergar hasta el año 2000 el debate sobre cómo transferir tecnología limpia a países en desarrollo; se evidenciaron desacuerdos entre las partes respecto de cómo reducir las emisiones de dióxido de carbono; no hubo consenso sobre las compensaciones a naciones cuyas economías dependen de los hidrocarburos y deben reconvertir sus industrias; y el representante EEUU anunció que su gobierno no ratificará en el Parlamento el Protocolo de Kyoto de 1997 sobre emisiones de dióxido de carbono firmado en Buenos Aires, si previamente no alcanzaba acuerdos con los países en desarrollo. Tan sólo se logró acordar la agenda de un plan de acción y de trabajo para futuras reuniones. Por su parte, las organizaciones no gubernamentales (ONGs) se mostraron disconformes por el curso que tomó la reunión. Se quejaron en particular de la oscuridad del lenguaje utilizado, que obstruyó todo intento por tratar el tema principal: la reducción de gases invernadero que recalientan el planeta y causan el caos climático.

No obstante el predominio de un clima de pesimismo respecto de los resultados concretos de la reunión, la Argentina salió beneficiada de la misma, debido a dos motivos: a) porque el Congreso argentino ratificó la ley de impulso a la energía eólica que había sido vetada por el Poder Ejecutivo y Carlos Menem finalmente anunció que se adoptará un compromiso voluntario sobre las emisiones de gases que recalientan la atmósfera; y b) porque la Argentina fue elegida como sede de la Cumbre. Por primera vez un país en vías de desarrollo y del hemisferio sur sirvió de anfitrión a los delegados y ministros de 174 países. (56)

d. 4.) El activo respaldo argentino en las diversas modalidades de intervención de la ONU: un claro indicio del sesgo occidentalista de la política exterior argentina

Por cierto, la lista de elementos que hicieron a la actuación argentina en Naciones Unidas y su impacto en las relaciones con Estados Unidos no puede excluir la activa participación argentina en diversas modalidades de intervención de la ONU: a) las Operaciones de Mantenimiento de Paz –conocidas también como operaciones de “cascos azules”- (57); b) operaciones de imposición de paz -coaliciones multinacionales o regionales- (58); c) las misiones humanitarias –conocidas también con el nombre de “cascos blancos”- (59); y d) los procesos electorales supervisados por la ONU. Las tres primeras suelen englobarse bajo la categoría de Misiones de Paz. (60) Si bien la presencia argentina en todas estas operaciones no tuvo un impacto directo en las relaciones con Estados Unidos, constituyó un contundente indicio para las autoridades norteamericanas respecto de la firme voluntad argentina por integrar la alianza occidental.

d. 4. 1.) La participación argentina en las Operaciones de Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas (OMP)

Respecto de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (OMP), vale acotar que, aunque la década del ’90 fue testigo de una ampliación de la participación argentina, la misma no nació durante los años de la gestión menemista, sino que se entronca en una larga tradición histórica. Desde su participación en GONUL (Líbano) en 1958 hasta el presente, la Argentina ha contribuido con más de 16.000 efectivos de las tres Fuerzas Armadas, Gendarmería Nacional y Policía Federal. (61) No obstante, la participación argentina nunca había tenido en el pasado la magnitud que logró a partir de la década del 90’ –según Rosendo Fraga, entre 1990 y 1994 se multiplicó por diez la cantidad de miembros de las Fuerzas Armadas argentinas que integraron las fuerzas de paz de las Naciones Unidas-. (62) Una idea del peso de esta contribución argentina la da el hecho de que entre 1990 y 1995 representó la mitad del total de la contribución latinoamericana (aunque en 1996, dicho aporte cayese a la mitad por restricciones presupuestarias). (63)

Esta tendencia llevó a la necesidad de impartir una capacitación adicional y más específica a los militares que debían cumplir con la misión de “cascos azules”. En respuesta a esta necesidad, se creó el Centro Argentino para Entrenamiento Conjunto de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz –CAECOPAZ- que fue creado el 27 de junio de 1995 por resolución del Ministerio de Defensa 669 / 95. El CAECOPAZ tiene su sede en Campo de Mayo y sus planes curriculares siguen la orientación del Departamento de OMP de la ONU. (64)

La participación argentina en las Operaciones de Mantenimiento de Paz en la ex Yugoslavia

Estimuladas por el CAECOPAZ, durante la gestión de Menem la Argentina participó en las siguientes OMP en las repúblicas de la ex Yugoslavia: la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas en Croacia y Bosnia-Herzegovina (UNPROFOR); la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas en Croacia (UNPF); la Operación de las Naciones Unidas para la Restauración de la Confianza en Croacia (UNCRO); el Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas en Macedonia (UNPREDEP); la Administración Transitoria de las Naciones Unidas en Eslavonia Oriental (UNTAES); el Grupo de Apoyo de Policía Civil en Eslavonia Oriental (UNPSGES); la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en la península de Prevlaka (Croacia); la Misión de las Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina (UNMBIH); y la Misión de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK).

La participación argentina en la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas en Croacia y Bosnia-Herzegovina (UNPROFOR)

La UNPROFOR, FORPRONU, o Fuerza de Protección de las Naciones Unidas fue establecida por la resolución 743 del Consejo de Seguridad de la ONU, del 21 de febrero de 1992. (65) En una etapa inicial de su mandato (UNPROFOR I), los objetivos de la Fuerza de Protección consistieron en verificar y controlar el cese del fuego entre Serbia y Croacia, supervisar el retiro de todas las fuerzas de las tres Zonas de Protección que Naciones Unidas estableció en Croacia –UNPA’ s en inglés o ZPNU en castellano- (66) y restablecer la autoridad croata en el territorio de Croacia. (67)

El Ejército argentino participó desde los inicios mismos de la misión de UNPROFOR, con el Batallón Ejército Argentino (BEA), que fue desplegado en el Sector Oeste del Comando de dicha misión en Croacia (correspondiente al sector de Eslavonia Occidental). (68) El área de responsabilidad del BEA cubría 1200 kilómetros cuadrados, teniendo su puesto comando en la localidad de Daruvar, ubicada a 125 kilómetros al sudoeste de Zagreb, la capital croata. Este Batallón contaba con 870 efectivos que rotaban en forma semestral y realizó ocho relevos sucesivamente entre 1992 y 1995. (69)

La misión asignada al BEA era la de contribuir a lograr las condiciones de paz en el conflicto que enfrentaba a Serbia con Croacia y luego con Bosnia. Por cierto, dicha tarea no fue sencilla ya que el Sector Oeste era prácticamente una zona de guerra, donde los ejércitos serbio y croata se encontraban cara a cara y violaban el cese del fuego. (70) Logrado este acuerdo, el 7 de julio de 1992 el general de brigada argentino Carlos María Zabala asumió la responsabilidad de la seguridad del Sector Oeste, y se desempeñó como comandante del mismo desde octubre de 1992 hasta octubre de 1993. Además de este diálogo con las partes en conflicto para acordar un repliegue de tropas, la participación argentina se hizo efectiva a través de actividades de observación, patrullaje, operación de puestos de control, remoción de campos minados y ayuda humanitaria a la población civil. (71)

Pero no sólo el Ejército argentino participó de la misión UNPROFOR en Croacia. Oficiales de las tres armas tomaron parte mediante el envío de oficiales, que se desempeñaron como observadores militares en distintas regiones de Croacia y Bosnia-Herzegovina, y como miembros del Estado Mayor en el cuartel general ubicado en Zagreb y del Estado Mayor del Sector Oeste del Comando de Croacia de UNPROFOR. (72) Así, el buque transporte “Cabo de Hornos” de la Armada argentina efectuó entre abril y junio de 1992 el traslado de los vehículos blindados, armamentos y otro tipo de cargas del BEA desde el puerto de Buenos Aires hasta el puerto de Bar (Montenegro), con escala en Ancona (Italia). (73)

Asimismo, la Armada argentina participó en la misión UNPROFOR mediante el envío de oficiales, que se desempeñaron como observadores militares, en diferentes puntos de Croacia, Bosnia y Herzegovina y como miembros del Estado Mayor en el cuartel general ubicado en Zagreb. (74)

Por su parte, la Fuerza Aérea argentina participó en la misión UNPROFOR entre marzo de 1993 y marzo de 1995, de cuatro formas diferentes:

a) mediante el traslado de efectivos de los distintos BEA (s) dos veces por año en máquinas pertenecientes al Escuadrón VB-707, que ingresaban por los corredores aéreos que les fijaba la OTAN y operaban en el aeropuerto de Zagreb;

b) a través del envío de oficiales destinados al Cuartel General de UNPROFOR en Zagreb, que eran relevados cada año;

c) por medio del envío de oficiales en calidad de observadores militares, que cumplían sus tareas en la zona de combate; y

d) a nivel local, a través de la participación de la Fuerza Aérea en CAECOPAZ. (75)

Finalmente, también la Gendarmería Nacional tuvo una activa presencia en la misión UNPROFOR entre 1992 y 1995 con tres contingentes, compuestos en total por 83 gendarmes que cumplieron funciones de ayuda humanitaria, monitoreo policial y controles de aeropuertos y fronteras. (76)

La participación argentina en la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas en Croacia (UNPF)

El 31 de marzo de 1995, a través de las resoluciones 981, 982 y 983 (1995) (77), el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas resolvió que la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR), que inicialmente abarcaba todo el territorio de la ex Yugoslavia, quedara circunscripta al territorio de Bosnia-Herzegovina, y creó la Misión de Paz de las Naciones Unidas (UNPF) de la que dependían UNPROFOR y la también reciente Operación de Restauración de la Confianza (UNCRO u ONURC) en Croacia y el Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas (UNPREDEP) en Macedonia. Los mandatos de las cuatro misiones se

extendieron hasta el 30 de noviembre de 1995, fecha en la que la UNPF, la UNPROFOR y la UNCRO fueron desactivadas, siendo reemplazadas por la Fuerza de Intervención (IFOR) de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), con la excepción de la UNPREDEP, que permaneció hasta comienzos de 1999. (78)

La Argentina participó en la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas (UNPF) en el año 1995, a través de efectivos pertenecientes al Ejército. Dicha arma destacó cuatro efectivos como miembros del Estado Mayor de esta Misión los que permanecieron en funciones hasta completar el relevo de las Naciones Unidas por la IFOR en enero de 1996. (79)

La participación argentina en la Operación de las Naciones Unidas para la Restauración de la Confianza en Croacia (UNCRO)

La Operación de las Naciones Unidas para el Restablecimiento de la Confianza en Croacia (UNCRO u ONURC) surgió como producto de la resolución 981 (1995) del Consejo de Seguridad de la ONU del 31 de marzo de 1995, motivada a su vez por la creciente tensión entre serbios y croatas. (80) Incluso el 24 de abril de ese mismo año se produjo un incidente por el que un ciudadano croata fue asesinado por un serbio proporcionando al gobierno de Zagreb el pretexto para invadir el 1° de mayo el Area Protegida de las Naciones Unidas (UNPA) correspondiente a Eslavonia Occidental. Las fuerzas croatas reconquistaron su presencia en la zona occidental de la región de Eslavonia y la población serbia abandonó la UNPA refugiándose en Bosnia-Herzegovina y en Serbia. No obstante, quedó pendiente de resolución la situación en dos áreas de Croacia: la de Eslavonia Occidental y la de Baranja, donde los serbios continuaron manteniendo el control hasta que el gobierno croata las recuperó en enero de 1998. (81)

En este contexto, el Batallón Ejército Argentino (BEA) que, como hemos visto, cumplía servicios en UNPROFOR, pasó a integrar esta nueva misión manteniendo su mismo despliegue y ubicación geográfica. El general de brigada Carlos Matalón –Comandante del Sector Oeste de UNPROFOR en Eslavonia Oeste (Croacia) entre febrero y julio de 1995- ejerció el Comando del Sector durante el período de participación argentina, que culminó en octubre de 1995, cuando, debido a una reestructuración de las áreas, UNCRO redujo sus efectivos y el BEA 8 fue replegado a la Argentina. La misión terminó oficialmente el 30 de noviembre de 1995. (82)

La participación argentina en el Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas en Macedonia (UNPREDEP)

La misión de Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas (UNPREDEP) fue creada por la resolución 983 (1995) del Consejo de Seguridad del 31 de marzo de 1995, a pedido del gobierno de Macedonia. (83) El 1° de febrero de 1996, UNPREDEP comenzó a funcionar como misión independiente, en virtud de que los mandatos de UNCRO y UNPROFOR habían finalizado, pasando a depender directamente del Cuartel General de las Fuerzas de Paz de Nueva York (UNNY). (84)

UNPREDEP constituyó el primer mandato preventivo en la historia de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz y su propósito primario consistió en establecer una presencia de la ONU en las fronteras de Macedonia con Albania y las ex repúblicas yugoslavas de Serbia y Montenegro. (85) Argentina participó en esta misión con cuatro observadores militares del Ejército desde 1996 hasta la fecha de finalización de la UNPREDEP, en marzo de 1999. (86)

La participación argentina en la Administración Transitoria de Naciones Unidas en Eslavonia Oriental (UNTAES)

En mayo de 1995, Croacia cruzó la línea divisoria de la ONU y llevó a cabo una ofensiva sobre un enclave serbio en Eslavonia Occidental que le permitió recuperar el control sobre dicha

región. El 12 de noviembre de ese mismo año, bajo el control de la operación UNCRO, se firmó en Erdut, pueblo serbio de Croacia, el llamado Acuerdo Básico entre el gobierno de Croacia y los líderes serbios locales por el cual se decidió otorgar a la ONU la administración transitoria de Eslavonia Oriental. (87)

Así, la llamada Administración Transitoria de Naciones Unidas en Eslavonia Oriental, Baranja y Sirmiun (Srijem) Occidental (UNTAES) fue creada el 15 de enero de 1996 por la resolución 1037 (1996) del Consejo de Seguridad de la ONU.(88) Esta nueva operación de mantenimiento de paz fue establecida por un período inicial de doce meses, con el objeto de asegurar el cumplimiento del “Acuerdo básico sobre la región de Eslavonia Oriental, Baranja y Sirmiun (Srijem) Occidental”. (89)

En realidad, esta misión de Naciones Unidas combinó un sistema tradicional de mantenimiento de la paz con la aplicación de un proceso de desmilitarización y de imposición de la paz. Debido a ello, el componente militar de UNTAES dispuso de tanques, morteros, artillería, misiles, armamento pesado de tipo variado, helicópteros de ataque y contó con el apoyo de la Fuerza Aérea Táctica de la OTAN, y de la OTAN misma a través de su operación SFOR (Fuerzas de Estabilización) en Bosnia. (90)

Cuando se cumplía el primer año de la firma del Acuerdo Básico, el Consejo de Seguridad de la ONU, a través de la Resolución 1079 del 15 de noviembre de 1996, extendió el mandato de UNTAES por seis meses, es decir, hasta el 15 de julio de 1997, mandato que fue nuevamente prorrogado hasta el 1° de enero de 1998. (91)

En este contexto, y como consecuencia de la Resolución 1037 (1996) que creó la UNTAES, las Naciones Unidas solicitaron la participación de un contingente de la Argentina en la nueva misión, lo que fue aceptado por el Poder Ejecutivo Nacional el 15 de febrero de 1996. (92)

El Ejército argentino participó en la UNTAES entre 1996 y 1999 a través del Equipo de Combate Argentino (ECA) que fue colocado bajo control operacional del Batallón Belga (BELBAT) desplegado en la región. El ECA estaba integrado por 74 hombres que se relevaban cada seis meses (93) y disponía de seis vehículos de combate de transporte de personal M-113 y seis tanques SK-105. Su misión consistió en contribuir al traspaso pacífico de los territorios ocupados de Eslavonia Oriental y Baranja a la administración croata. Ello se concretó mediante la ejecución de misiones de seguridad y como elemento de reserva. Por su parte, Gendarmería Nacional participó con un contingente de 36 efectivos que cumplieron tareas de Monitores Policiales hasta agosto de 1997, cuando la misión fue terminada. También contribuyó la Policía Federal argentina, aportando oficiales a la UNTAES. (94)

La participación argentina en el Grupo de Apoyo de Policía Civil en Eslavonia Oriental (UNPSGES)

El Grupo de Apoyo de Policía Civil en Eslavonia Oriental (UNPSGES) fue la continuación de la UNTAES. Sus integrantes cumplieron misiones de Monitores Policiales controlando las actividades de la policía croata, cooperando en actividades de asistencia humanitaria y efectuando control agropecuario y fronterizo. (95) El aporte argentino en el UNPSGES se concretó a través de la presencia de l20 miembros de Gendarmería Nacional y 2 efectivos de la Policía Federal, entre agosto de 1997 y septiembre de 1998. (96)

La participación argentina en la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Prevlaka (UNMOP)

Para comprender el alcance de la misión UNMOP, es necesario previamente analizar la importancia estratégica de la península de Ostra o Prevlaka y los pasos previos dados por

Naciones Unidas antes del establecimiento de la Misión de Observadores en dicha área. En primer lugar, cabe decir que la península de Ostra (Prevlaka), ubicada 45 kilómetros al sur de la ciudad croata de Dubrovnik, resultaba valiosa en el contexto del conflicto entre serbios y croatas, por dos razones: su proximidad a Yugoslavia y a Bosnia-Herzegovina y el hecho de tener salida al Mar Adriático. (97)

El 31 de enero de 1996, por la Resolución 1043 del Consejo de la ONU, se creó en Croacia la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en la península de Prevlaka (UNMOP), con el objeto de controlar la desmilitarización de dicha área. (98) La misión UNMOP está compuesta por observadores de 25 países diferentes. (99)

La Argentina participó en la misión UNMOP desde 1996 con dos oficiales del Ejército argentino: el Capitán Ricardo Alejandro Echeverría (de octubre de 1995 a abril de 1997) y el Capitán Aldo Daniel Ferrari (de abril de 1997 a abril de 1998). (100)

La participación argentina en la Misión de las Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina (UNMIBH)

El 21 de diciembre de 1995, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció la Fuerza Internacional de Policía (IPTF) y una oficina civil de las Naciones Unidas, de conformidad con el Acuerdo de Dayton suscripto el mes anterior. (101) La Operación es conocida con el nombre de UNMIBH (Misión de las Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina).

Las tareas de la IPTF comprendían las de vigilar, observar e inspeccionar los medios para hacer cumplir la ley; asesorar al personal y a las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley; facilitar, en el marco de su mandato, la asistencia a las actividades de las partes encaminadas a hacer cumplir la ley; evaluar las amenazas al orden público y asesorar acerca de la capacidad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley; prestar asistencia al personal de las partes, acompañándolos en el desempeño de sus funciones cuando la Fuerza Internacional lo considere adecuado. Por su parte, la IPTF debía considerar las solicitudes de asistencia presentadas por las partes u organismos encargados de hacer cumplir la ley en Bosnia-Herzegovina, con la responsabilidad especial de garantizar la existencia de elecciones libres y limpias. (102)

La UNMIBH coopera estrechamente con la Fuerza de Estabilización (SFOR) multinacional conducida por la OTAN, y autorizada por el Consejo de Seguridad para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del acuerdo de paz, y con el Alto Representante, designado por la Conferencia de Aplicación de la Paz, cuya tarea es la de movilizar y coordinar las actividades de las organizaciones y organismos que se ocupan de los aspectos civiles del acuerdo de paz en Bosnia-Herzegovina y de vigilar la aplicación del acuerdo. (103)

La Gendarmería Nacional argentina participa en esta misión desde marzo de 1996 con efectivos que se desempeñan como Monitores de Policía Civil, cumpliendo las diferentes funciones establecidas para la policía internacional en los acuerdos de paz. Desde el despliegue inicial se han sucedido cuatro rotaciones, sumando un total de 129 efectivos. De acuerdo con los datos aportados por el CARI, en diciembre de 1999 se encontraban desplegados en la región de Bosnia-Herzegovina 31 gendarmes. También participa la Policía Federal argentina, con 2 observadores. (104)

La participación argentina en la Misión de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK)

En el contexto de la reactivación del conflicto en Kosovo entre la población de origen albanés y la población serbia (105), el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 1244 (1999) del 10 de junio de 1999, que establecía: 1) el retiro gradual de Kosovo de todas las fuerzas militares, policiales y paramilitares de la República Federativa de Yugoslavia; 2) la

desmilitarización del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) y otros grupos armados de albaneses de Kosovo; 3) el despliegue de una presencia de seguridad bajo comando de la OTAN, denominada KFOR; 4) el establecimiento de una administración provisoria civil para Kosovo; 6) el establecimiento de una presencia policial internacional de las Naciones Unidas (UNMIK); 7) la creación de condiciones de seguridad para el regreso de refugiados y personas desplazadas y 8) el establecimiento de condiciones para la marcha de un plan de desarrollo económico y de reconstrucción de la región. (106)

Durante la gestión de Carlos Menem, la Argentina participó con 33 efectivos de la Gendarmería Nacional en la UNMIK.(107) Como sucediera con otras misiones de la ONU, la participación argentina en Kosovo fue objeto de una dura pelea entre la Cancillería y el Ministerio de Defensa. En un cable reservado citado por el diario Clarín el entonces embajador argentino ante la ONU, Fernando Petrella, señalaba que el Ministerio de Defensa había informado el 27 de agosto de 1999 acerca de problemas presupuestarios para financiar a los “cascos azules” argentinos en general, y, en particular, respecto del aporte de 110 gendarmes argentinos a la UNMIK. Poco tiempo después, a principios de septiembre del mismo año, Petrella y otros funcionarios de la Cancillería sostenían que Defensa sólo asignaba recursos a aquellas misiones integradas por militares, en el marco de la OTAN y de otras iniciativas político-militares de Estados Unidos. Mientras se otorgó relevancia a las misiones de militares argentinos en Bosnia y Kosovo (también dos prioridades de Estados Unidos), Defensa dio la espalda al pedido de la ONU de mandar más tropas a Timor Oriental. (108)

El debate académico acerca de la participación argentina en Operaciones de Mantenimiento de Paz: un debate preliminar

Por cierto, los efectos internos e internacionales que produjo la participación argentina en las OMP y otras modalidades de intervención de las Naciones Unidas han motivado una interesante discusión que no se limita al ámbito castrense y /o diplomático, sino que se extiende al académico. Siguiendo la clasificación planteada por José Paradiso (109), existen respecto de este tema tres cuestiones de debate:

1) La participación argentina en las OMP ¿ es un objetivo idealista o excesivamente pragmático?;

2) La intervención en relación a la defensa de ciertos valores y derechos humanos a nivel planetario ¿es legítima o encubre ciertos “intereses nacionales”?; y

3) La participación argentina en misiones humanitarias ¿en qué medida contribuye o no a la consolidación del sistema institucional interno?

A su vez, estos tres ejes de debate podrían ser subsumidos en la aparición de dos posiciones diferenciadas en torno de este debate sobre la participación argentina en operaciones de paz de la ONU. Una de ellas, calificada como de realismo escéptico, está representada entre otros por el ex embajador Hernán Massini Ezcurra, ex Director de Organismos Internacionales de la Cancillería argentina, subraya que las misiones de Naciones Unidas chocan con la asimetría básica de la estructura de poder global, que condiciona seriamente la efectividad de las mismas. Como producto de la mencionada asimetría, existe, por un lado, un grupo de países con escaso peso relativo en la escena regional y/o mundial pero que precisamente buscan participar en estos operativos de la ONU como una herramienta que mejore su imagen e inserción externa (como sería el caso de la Argentina durante el gobierno de Menem). Por el otro lado, surge el problema que a Naciones Unidas plantea la no participación de países con recursos importantes pero que son reacios a participar (como ocurre con Alemania y Japón). (110)

La otra posición está integrada por un grupo de académicos (entre ellos Jorge Domínguez, Ricardo Lagorio, Deborah Norden, Antonio Palá, Carlos Escudé y Andrés Fontana), representan la vertiente moderadamente optimista de la escuela realista. Estos autores, sin negar la existencia de las asimetrías de poder existentes en la estructura de poder mundial como factor que condiciona seriamente el funcionamiento de las operaciones de paz de la ONU, coinciden –desde una perspectiva que termina por combinar elementos de las escuelas realista y liberal- que la incrementada participación de la Argentina en estas misiones de paz genera, a mediano y largo plazo, una serie de efectos benéficos para el país. En un contexto de posguerra fría donde las respuestas a nivel nacional no resultan suficientes para enfrentar amenazas de carácter global, la presencia argentina:

a) ayuda a asegurar la paz internacional;

b) contribuye a relaciones más estables entre civiles y militares en el contexto de la consolidación democrática argentina;

c) reduce la percepción de amenazas por parte de sus vecinos respecto de las Fuerzas Armadas argentinas; y

d) provee experiencia para casos de resolución de conflictos que permite a las Fuerzas Armadas argentinas concentrarse más en su capacidad profesional que en potenciales amenazas provenientes de sus vecinos. (111)

Respecto del punto b) y de acuerdo con Antonio Palá, cabe distinguir entre las motivaciones gubernamentales y las militares para impulsar la participación argentina en las operaciones de la ONU. En cuanto a las primeras, la decisión de permitir la presencia de efectivos militares argentinos en misiones de Naciones Unidas en el exterior promueve una forma de control “objetivo” sobre las Fuerzas Armadas. Estas operaciones de mantenimiento de la paz refuerzan el profesionalismo de la corporación. Además, reportan al gobierno el beneficio de proveer fondos adicionales a los militares a expensas de la ONU en un contexto de crecientes restricciones presupuestarias para el ámbito castrense. Finalmente, constituyen una excelente herramienta para buscar una mayor exposición y proyección internacional. (112)

El propio ex presidente Carlos Menem hizo explícitos esos objetivos gubernamentales en su discurso inaugural ante un seminario organizado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) los días 4 y 5 de noviembre de 1993 y que fue publicado en 1997 bajo el título “Fuerzas de Mantenimiento de la Paz”. En dicha ocasión, Menem explicitó las motivaciones del Gobierno para que participaran efectivos argentinos en la fuerza de la ONU, al señalar que

“(…) Sin democracia, en la forma de un verdadero universalismo, no pueden existir democracias locales estables y autónomas. Es entendiendo estos conceptos y creyendo que omitir la participación es una instancia previa a la complicidad, que la Argentina, en este tiempo de crecimiento político, ha efectivizado la solidaridad activa, enviando misiones de paz a aquellos lugares donde las Naciones Unidas se lo han solicitado. Lo ha hecho y lo seguirá haciendo, pues la humanidad no podrá realizarse en su conjunto mientras haya un solo hombre viviendo en la injusticia.

No he dudado para ello, en mi calidad de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, en ordenar el desplazamiento de nuestros militares profesionales a distintos puntos del orbe, seguro de que ha llegado el momento de invertir el viejo adagio de que la guerra es una instancia más de la diplomacia.

Estamos en una era en que la diplomacia, justamente para evitar la guerra, se apoya en las fuerzas armadas como elemento disuasivo. Aunque pueda parecer una paradoja, en las postrimerías del siglo XX las fuerzas armadas no deben ser un instrumento de guerra sino una garantía de paz. (…)” (113)

Respecto de las motivaciones de los militares argentinos para integrar misiones de paz de la ONU, Palá aclara que son de naturaleza esencialmente diferente a las del Gobierno. En primer lugar, la participación de efectivos argentinos en dichas operaciones aparece como una importante alternativa en un contexto de reducción presupuestaria por parte de la Argentina. En segundo lugar, dicha participación les ofrece a los militares argentinos una oportunidad para mejorar su imagen y prestigio en el ámbito interno e internacional –que sufrió un serio deterioro como consecuencia de los numerosos desaciertos y excesos de la cúpula militar durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional, entre 1976 y 1983-. Finalmente, desde la óptica castrense, la participación en las operaciones de Naciones Unidas sirve a un conjunto de objetivos políticos, institucionales y operacionales. (114) Como señala el general Carlos María Zabala, comandante del Sector Oeste (Eslavonia Oeste) en Croacia, la participación del Ejército argentino en estas operaciones representó para su arma:

“(…) A nivel profesional, una ocasión para operar en un ambiente operacional complejo. Usted tiene la oportunidad de trabajar con otras fuerzas y apreciar tanto su capacidad como la propia. Provee un conocimiento directo de los efectos de la guerra, permitiendo a nuestras tropas apreciar la importancia de la ONU y de sus operaciones de paz. A nivel personal, otorga una oportunidad para viajar al exterior y exponerse a otras culturas y costumbres. Además, permite a las tropas sentirse representantes de su país en una importante misión en el exterior. (115)

Asimismo, y en términos muy similares a los expuestos por el general Zabala, el entonces Jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Martín Balza, en un seminario organizado por el CARI al que hemos hecho referencia en este trabajo, señaló las numerosas ventajas que para su fuerza aportó la participación argentina en Croacia:

“(…) 1) Permitió incursionar en un rol del cual es difícil sustraerse en la actualidad mundial, abriendo nuevas posibilidades hacia el futuro, y comprometiendo al Ejército Argentino en un serio esfuerzo para coadyuvar al mantenimiento de la paz en el mundo.

2) Contribuyó, asimismo, al mantenimiento de los compromisos internacionales asumidos por la Nación, acorde con lo que prescribe el artículo 31 de nuestra Constitución Nacional, revitalizando el papel tradicional y trascendente de la Fuerza.

3) Permitió el enrolamiento de la Nación en la lista de países invitados a participar en las Organizaciones Militares de Paz en el futuro, lo que constituye una distinción, ya que el nuestro fue considerado país calificado.

4) Desarrolló en nuestros hombres la capacidad para el accionar combinado y su integración a instrumentos militares en sistemas de seguridad colectivos, en particular con ejércitos de otras regiones, que cuentan con otras doctrinas, diferentes organizaciones, equipamiento, adiestramiento, sistemas de reclutamiento, etc. (…)

5) Permitió al personal adquirir experiencias en la conducción de fracciones orgánicas con efectivos al completo, suceso difícil de materializar en ejercitaciones en tiempos de paz.

6) Incrementó la cohesión de los cuadros, tanto de los oficiales como de los suboficiales.

7) Incrementó el espíritu de cuerpo, poniendo a prueba la capacidad de liderazgo de los comandos de los distintos niveles.

8) Desarrolló la aptitud para alistar fracciones de nivel de unidad táctica y empeñarlas en zonas alejadas de sus naturales ambientes operativos.

9) Proporcionó experiencia, ya que dio oportunidades para poner a prueba el equipamiento y el vestuario en distintas zonas de rigurosidad térmica diferente.

10) Amplió la base cultural y la visión general de los oficiales y suboficiales, a través del contacto y de las vivencias de otras culturas, lugares, hombres de armas, por lo que pudieron acceder a escenarios que son parte de la historia universal.

11) Posibilitó, también, la comprensión y el acabado conocimiento de otros instrumentos armados, a los que se sumó un concepto de profesionales de la paz, tendiente a evitar la guerra en distintas partes del mundo.

12) Permitió que un 20 por ciento del Ejército Argentino posea experiencia en misiones de paz, enriqueciendo su aptitud profesional y personalidad militar.

13) Posibilitó, de igual forma, a nuestro personal, la posibilidad de medir sus capacidades en la convivencia y la comparación cotidiana con otros ejércitos como los de Nepal, Jordania, Canadá, Dinamarca, y también con oficiales y suboficiales del Reino Unido. Ello sucedió particularmente en Croacia, donde hemos recibido una felicitación del nieto de Winston Churchill acerca del comportamiento de las tropas argentinas y, en particular (aunque se sienta molesto lo digo), por el desempeño del Sr. General Zabala, Comandante del Sector el año pasado.” (116)

d. 4. 2.) La participación argentina en operaciones multinacionales o regionales como otro gesto de compromiso con la alianza occidental

En el marco del Capítulo VII de la Carta de la ONU, también la Argentina participó en operaciones multinacionales y regionales. Por cierto, y como en los casos anteriormente señalados de intervención, si bien esta participación no tuvo un impacto directo en los vínculos con Estados Unidos contribuyó a gestar un clima de confianza al demostrar la firme vocación argentina de compromiso con la alianza occidental.

Así, durante el conflicto desatado entre Irak y Kuwait a principios de la década de 1990, Argentina participó en la coalición multinacional liderada por Estados Unidos con buques de la Armada para el bloqueo naval impuesto por el Consejo de Seguridad en su resolución 665, del 25 de agosto de 1990. (117)

Asimismo, en el contexto del conflicto en Haití, el aporte argentino consistió en la participación de buques de la Armada en el bloqueo naval impuesto por la resolución 874 (1993) del Consejo de Seguridad, y, más tarde, en la operación liderada por Estados Unidos que desembarcó en Haití. (118)

En la ex Yugoslavia, las fuerzas argentinas dijeron presente a partir de 1998 a través de la participación de efectivos de la Gendarmería Nacional y oficiales de las Fuerzas Armadas en la Unidad Multinacional Especializada de la OTAN (MSU), creada en julio de ese año en el marco del mandato de Naciones Unidas para la Estabilización en Bosnia-Herzegovina (SFOR). (119) La Gendarmería Nacional argentina aportó 76 efectivos a la MSU, contribución que constituyó la primera protagonizada por fuerzas de seguridad argentina en una operación bajo el comando de la OTAN. Por su parte, en enero de 1999, la Fuerza Aérea destacó un jefe como miembro del Estado Mayor de la SFOR en Sarajevo, y el Ejército hizo lo propio en abril del mismo año. En julio de 1999, la Armada y el Ejército destacaron dos oficiales más. (120)

Asimismo, desde 1999 la Argentina participó también en la Fuerza de Kosovo bajo el comando de la OTAN (KFOR). (121) En octubre de dicho año, la Argentina desplegó la Agrupación Conjunta Argentina (ACAK) en el marco de la Brigada Italiana. La Agrupación Conjunta está integrada por las siguientes unidades: un Hospital Reubicable Conjunto, integrado por 16 efectivos del Ejército, 10 de la Armada y 40 de la Fuerza Aérea; una Sección de Ingenieros Reforzada Conjunta, integrada por 30 efectivos del Ejército y 12 de la Armada y; finalmente, tres Oficiales de Enlace en el Comando de KFOR provenientes del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. (122)

d. 4. 3.) Un caso especial de participación argentina en operaciones multinacionales o de consolidación de los procesos de paz: la iniciativa de repatriación de ex prisioneros marroquíes

Un caso de participación argentina en procesos de consolidación de la paz que merece un comentario aparte fue la iniciativa de repatriación de ex prisioneros marroquíes, en el contexto del conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario (Frente Saharoui de Liberación Nacional) referente al dominio sobre el territorio de Sahara Occidental. (123)

En el mes de junio de 1995, en el marco del estancamiento del proceso tendiente a celebrar un referéndum del pueblo sarahoui, el Consejo de Seguridad decidió enviar una misión de sus miembros al terreno. Dicha misión, presidida por el representante permanente de Botswana, embajador Legwaila Joseph Legwaila, incluyó a los representantes permanentes de Argentina, embajador Emilio Cárdenas; de Honduras, embajador Gerardo Martínez Blanco; de Omán, embajador Salim Bin Mohammed Al-Khussaiby; y a los reresentantes permanentes alternos de los Estados Unidos, emabajdor Karl Inderfurth y de Francia, ministro Hervé Ladsous.

Durante el desarrollo de la misión, los representantes argentino y norteamericano se enteraron de la existencia de 185 ex prisioneros marroquíes que vivían en un antiguo campo de prisioneros del Frente Sarahoui de Liberación Nacional. Si bien habían sido liberados en 1985, estos soldados no habían podido regresar a su patria debido a que las autoridades marroquíes, para no efectuar un reconocimiento del Frente, rechazaban todos los contactos con su enemigo e impedían la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja. Luego de varias semanas de intensas negociaciones entre las misiones de Argentina, Estados Unidos y Marruecos, se dispuso el retorno de los ex prisioneros a su país de origen en un día determinado. La misma fue realizada por dos aeronaves, una de Argentina y otra de Estados Unidos, con la colaboración de la Cruz Roja. (124)

d. 4. 4.) La participación en actividades vinculadas con la ayuda humanitaria: la idea argentina de los “cascos blancos”

La iniciativa de los “Cascos Blancos”, es decir, un cuerpo internacional de voluntarios que asistiera a los países que hubieran sufrido un desastre natural o un conflicto armado, fue de origen argentino. En noviembre de 1993, el presidente Menem instruyó al secretario de Medios, Raúl Burzaco, para que propusiera a través de una carta al secretario de la ONU, Boutros Boutros Ghali, la creación de los cascos blancos. Dispuesto a colocar a su gobierno en el centro de la escena internacional, el mandatario argentino lanzó la idea a partir de las evidentes dificultades de las fuerzas de paz de la ONU (los “cascos azules”) para poner en práctica la ayuda humanitaria en la pauperizada Somalia. Dispuesto a dar a conocer su iniciativa en el exterior, Menem procuró interesar en la creación de los “cascos blancos” al Papa Juan Pablo II, al presidente norteamericano, Bill Clinton, y a la madre Teresa de Calcuta, entre otros. A fines de septiembre de 1994, la idea de Menem encontró un aliado en su colega norteamericano Bill Clinton, quien recomendó a los miembros de la Asamblea General de la Organización que

“(…) consideren seriamente la propuesta del presidente Menem de crear un cuerpo civil para responder a crisis humanitarias. (125)

Pocos meses después, en diciembre del mismo año, el mandatario argentino logró que su propuesta tuviera eco en las Naciones Unidas: el día 21, la Asamblea General dictó, por unanimidad, la Resolución 49 /139 B, alentando las medidas voluntarias y regionales dirigidas a poner a disposición del sistema de Naciones Unidas las capacidades de reserva de recursos técnicos y humanos especializados para el socorro de emergencias y rehabilitación. (126)

El debut internacional de los “cascos blancos” tuvo lugar el 9 de junio de 1995 en la localidad salteña de Santa Victoria Este. Para el estreno de esta iniciativa, el entonces presidente argentino, Carlos Menem, se encontró con sus colegas de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Losada, y de Paraguay, Juan Carlos Wasmosy, quienes participaron del acto de cierre de la primera experiencia piloto de la fuerza humanitaria. Asimismo, Menem recibió una carta de felicitación del vicepresidente norteamericano, Al Gore, elogiando la iniciativa. A fin de contextualizar la tarea de los cascos blancos en aquella oportunidad, vale precisar que Santa Victoria Este es un pueblo ubicado a 7 kilómetros del río Pilcomayo, con una comunidad mayoritariamente indígena. La tarea de “cascos blancos” en dicha localidad consistió precisamente en la detección de síntomas de tuberculosis y desnutrición aguda y crónica de dicha población indígena. (127)

Desde ese momento, se registraron numerosas misiones de Cascos Blancos (CB) en todo el mundo, entre las cuales se destacaron las siguientes:

1) la ayuda alimentaria a Haití (concretada en la Misión CB/VNU) en 1996;

2) la asistencia humanitaria en el sur del Líbano (envío de alimentos y medicamentos) (Misión CB Argentina, también realizada en 1996);

3) la misión CB Argentina (1996), de asistencia humanitaria destinada en 1996 a la población de la provincia ecuatoriana de Cotopaxi, mayoritariamente indígena, que vive en condiciones de extrema pobreza y que en ese momento había sido además víctimas de un terremoto;

4) la misión CB Argentina (1996) de desarrollo comunitario y asistencia sanitaria a la población de Campo Gallo, zona norte de la provincia de Santiago del Estero;

5) la misión CB Argentina (1996) de asistencia humanitaria a Rwanda;

6) la misión CB/VNU (1996), consistente en un programa de mantenimiento y rehabilitación de equipamiento hospitalario y cursos de entrenamiento para enfermeras y técnicos destinados al sector público en la región noroeste de Jamaica;

7) la misión CB Argentina (1996) de asistencia humanitaria al Perú;

8) la misión CB/VNU (1996-1997) de asistencia humanitaria a Armenia;

9) la misión CB/VNU (1996-1997) de Desarrollo Urbano en Palestina (región de Gaza);

10) la misión CB/VNU (1996-1997) de desmovilización y reinserción de grupos víctimas de la guerra civil en Angola;

11) la misión CB Argentina (1997) de asistencia humanitaria a Costa Rica y Nicaragua, destinada a la recuperación de infraestructura dañada por el Huracán César;

12) la misión CB/VNU (1997), de control del Mal de Chagas en el sur de Bolivia;

13) la misión CB Argentina (1997) referente a piscicultura en el Departamento de San Pedro, en la provincia argentina de Misiones;

14) la misión CB /VNU (1997) de desarrollo sustentable en la provincia argentina de Santiago de Estero;

15) la misión CB/VNU (1997-1998) de desarrollo sustentable y mejoramiento del uso y cuidado del agua potable en Haití;

16) la misión CB Argentina (1997-1998) de asistencia sanitaria a San Pedro, provincia argentina de Misiones;

17) la misión CB/VNU (1997-1998) de desarrollo comunitario, alimentos y agua potable a la población de Alto Verá (Paraguay);

18) la misión CB Argentina (1998) de asistencia humanitaria al Perú, en relación a los desastres producidos por el fenómeno de El Niño;

19) la misión CB Argentina (1998) de asistencia logística (alimentos, alojamiento y provisión de agua) en Brasil, para combatir un importante incendio producido en el Amazonas;

20) la misión CB/VNU (1997-1998) de fortalecimiento de redes sociales en Palestina (franja de Gaza) a través del deporte;

21) la misión CB Argentina (1998) de creación de dos centros de evacuados en Puerto Reconquista y otro en zona de islas, en el norte de la provincia de Santa Fe, a raíz de las inundaciones en el Litoral;

22) la misión CB Argentina (1998) de envío de una unidad quirúrgica móvil a la localidad de Los Amores (Santa Fe), también para combatir los inconvenientes causados por las inundaciones en el Litoral;

23) la misión CB/VNU (1998) de apoyo estratégico en planeamiento urbano a tres municipalidades de la Franja de Gaza (Rafah, Khan Younis, y Gaza);

24) la misión CB Argentina /PNUD (1998) en el marco del Programa “Regreso al Hogar” de asistencia a los damnificados en la provincia de Corrientes para hacer frente a las consecuencias del fenómeno del Niño en la región litoral;

25) la misión CB Argentina (1998) de ayuda humanitaria a Bolivia a raíz del sismo que afectó a las localidades de Totora y Aiquile, del departamento de Cochabamba;

26) la misión CB/VNU (1997-1998) de desminado rural en Angola;

27) la misión CB/VNU (1998) de respuesta rápida frente a los daños provocados por el Huracán Georges en St. Kitts (en la zona del Caribe);

28) la misión CB/VNU (1998) de asistencia a la reconstrucción en Antigua y Barbuda;

29) la misión CB Argentina (1998) de ayuda de emergencia a Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, azotados por el Huracán Mitch; y

30) la misión CB Argentina (1999) de asistencia humanitaria a Colombia, en respuesta al pedido de socorro del presidente colombiano al presidente argentino Carlos Menem en el contexto del terremoto ocurrido en enero. (128)

Durante la gestión de Menem, el tema de los “cascos blancos” quedó en la Argentina a cargo de Octavio Frigerio, a quien, con el rango de secretario de Estado y embajador, se lo nombró titular de la Comisión Nacional de Lucha contra el Hambre (el nombre oficial de los “cascos blancos”). Pero –como ocurriese también con el caso de los “cascos azules”- la iniciativa de “cascos blancos” debió enfrentar el problema del financiamiento. El equipo de Frigerio, acompañado por el secretario de Medios Raúl Burzaco, el ingeniero Luis Novik, los ex cancilleres Jesús Hipólito Paz y Carlos Florit y el ex ministro de Educación y embajador Jorge Taiana procuró que el ministro de Economía Domingo Cavallo y por el Congreso le aprobasen un presupuesto anual de cinco millones de pesos para 1995. (129)

d. 4. 5.) La presencia de los “casos blancos” en la ex Yugoslavia

En lo que respecta a la presencia de los “cascos blancos” en la ex Yugoslavia, cabe apuntar, que, a partir de mayo de 1999, un contingente de 6 argentinos vinculados a Cascos Blancos (2 abogados: Claudia Sayago y Walter Sánchez Arlt), 2 logistas que trabajaron con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados –ACNUR- (el militar retirado Enrique Julio Vila Melo y Eduardo Mattenet) y 2 logistas que trabajaron con el Programa Mundial de la Alimentos de la ONU –PMA-, viajó a Macedonia en respuesta a un pedido formulado al gobierno argentino por las dos agencias anteriormente mencionadas. (130)

Sayago y Sánchez Arlt fueron los primeros en partir, el 7 de mayo, seleccionados por el ACNUR para cubrir el perfil de Oficiales de Protección, destinados a los campos de refugiados Stenkovac I y Stenkovac II, en Macedonia. Las tareas de estos voluntarios consistieron en identificar y relevar las necesidades de los refugiados, elevar recomendaciones o posibles proyectos relacionados con la seguridad de los campos para, por ejemplo, el traslado de personas o grupos de personas de un campo a otro procurando evitar conflictos étnicos y situaciones de violencia. Luego de tres meses de permanencia, el ACNUR solicitó la extensión del contrato de Sayago y Sánchez Arlt por dos meses adicionales, hasta el 30 de septiembre de 1999. (131)

Por su parte, Enrique Vila Melo y Eduardo Mattenet fueron convocados por el ACNUR para cubrir el perfil de Oficiales de Logística. Vila Melo partió el 10 de julio de 1999, por tres meses, y fue destinado a Kosovo. Mattenet viajó el 24 de julio hacia Macedonia, también por tres meses, para encargarse de los sistemas computarizados de control (de ingresos y egresos de alimentos, por ejemplo). (132)

Finalmente, el PMA aprobó dos candidatos logistas: César Russo, quien partió el 19 de julio de 1999; y Gustavo Tapia, quien viajó el 22 de julio, quienes permanecieron en Pristina, Kosovo, por seis meses. Russo tuvo bajo su responsabilidad los aspectos logísticos relacionados con las instalaciones y Tapia se ocupó de la logística de los transportes. (133)

En contraste con la excelente imagen externa que tuvo la iniciativa de los “Cascos Blancos”, la misma fue objeto de varias denuncias internas durante la gestión menemista. (134) No obstante, las mismas no repercutieron negativamente en la implementación de una iniciativa que durante el último tramo de la gestión Menem directamente contó con financiamiento externo, por el excelente desempeño de los voluntarios argentinos. (135)

d. 4. 6.) La participación argentina en procesos electorales supervisados por la ONU

Finalmente, cabe destacar la activa participación argentina en los esfuerzos electorales supervisados por la ONU. Ejemplos de esta tendencia fueron los casos de Camboya, El Salvador, Haití, Mozambique, Nicaragua, Sudáfrica, Eritrea y Argelia. (136)

• NOTAS

1. Texto de la resolución 841 del Consejo de Seguridad de la ONU, citado en Anales de Legislación Argentina 1993, Tomo LIII-C, Buenos Aires, La Ley, 1993, pp. 3163-3165.

2. Texto del decreto 1470 del 12 de julio de 1993, citado en Anales de Legislación Argentina 1993, Tomo LIII-C, op.cit., p. 3163.

3. “La Granville se sumó al bloqueo a Haití”, La Nación, 15 de noviembre de 1993, p. 20.

4. Textos del decreto 2410 y de la resolución 993, ambos citados en Anales de Legislación Argentina 1993, Tomo LIII-D, Buenos Aires, La Ley, 1993, pp. 4389-4390.

5. "Autorizó la UN usar la fuerza contra Haití", La Nación, 1º de agosto de 1994, p. 1; "Se dispuso usar todos los medios necesarios", La Nación, 1º de agosto de 1994, p. 2; y "La decisión de la UN sobre Haití", La Nación, 3 de agosto de 1994, p. 6. Texto de la resolución 940 en www.un.org./Docs/scres/1994/scres/94.html. Ver detalles de la votación de la resolución 940 en Index to Proceedings of the Security Council, Forty-ninth year - 1994, op.cit., p. 335.

6. "La Argentina", La Nación, 1º de agosto de 1994, p. 1; "Estarían listos en 15 días los efectivos argentinos", por Facundo Landívar, La Nación, 1º de agosto de 1994, p. 2; y "La decisión de la UN sobre Haití", La Nación, 3 de agosto de 1994, p. 6.

7. "Desistió Menem de invadir Haití", La Nación, 4 de agosto de 1994, p. 1; y "La estrategia oficial es llegar tarde a la invasión, por Daniel Ponce, La Nación, 4 de agosto de 1994, p. 16.

8. "Ultimo esfuerzo de la diplomacia en Haití", por Fernán Saguier, La Nación, 13 de agosto de 1994, p. 3.

9. "Ya envió la Argentina observadores por Haití", por Mariano Obarrio, La Nación, 16 de agosto de 1994,. P. 10.

10."El texto del acuerdo", La Nación, 20 de septiembre de 1994, p. 6; y "Criticó Caputo el acuerdo con los militares haitianos", La Nación, 21 de septiembre de 1994, p. 4.

11."Partieron gendarmes a Haití", La Nación, 23 de septiembre de 1994, p. 1.

12.Texto de la resolución 944 en http://www.un.org/Docs/scres/1994/scres94.html. Detalles de la votación de la resolución 944 en Index to Proceedings of the Security Council, Forty-ninth year – 1994, op.cit., pp. 330 y 336.

13.Texto de la resolución 948 en http://www.un.org/Docs/scres/1994/scres94.html. Detalles de la votación de la resolución 948 en Index to Proceedings of the Security Council, Forty-ninth year – 1994, op.cit., pp. 330 y 336.

14.Texto de la resolución 964 en http://www.un.org/Docs/scres/1994/scres94.html. Detalles de la votación de la resolución 964 en Index to Proceedings of the Security Council, Forty-ninth year – 1994, op.cit., pp. 332-337.

15.Ver textos de las resoluciones 975 y 1007 en http://www.un.org/Docs/scres/1995/scres95.html. Detalles de las votaciones de las mencionadas resoluciones en Index to Proceedings of the Security Council, Fiftieth year – 1995, op.cit., pp. 331, 333, 337 y 339.

16.Ver texto de la resolución 1277 en http://www.un.org/Docs/scres/1999/scres99.html. Detalle de las votaciones de la resolución 1277 en Index to Proceedings of the Security Council, Fifty-fourth year – 1999, op.cit., pp. 268 y 273.

17.Vale destacar al respecto que, durante la gestión de Alfonsín, la Argentina se abstuvo de acompañar la posición norteamericana de condena a Cuba durante las votaciones de la Comisión de Derechos Humanos sobre el argumento que

la misma condenaba al régimen castrista sin una investigación previa. Durante el 43° período de sesiones de dicha Comisión (2 de febrero al 13 de marzo de 1987) en Ginebra, la delegación argentina, en vez de respaldar la moción norteamericana, apoyó un proyecto presentado por la India, que propiciaba no adoptar ninguna decisión de fondo en el asunto. El voto argentino resultó de una singular importancia para abortar el proyecto impulsado por Estados Unidos, ya que la propuesta india, convertida en resolución 1987 / 105 del 11 de marzo, se impuso por el ajustado resultado de 19 votos a favor (entre ellos los de India, China y URSS), 18 votos en contra (entre ellos los de Estados Unidos, Brasil y Venezuela) y 6 abstenciones (entre ellas las de Argentina). Esta divergencia entre las posiciones argentina y norteamericana respecto de la cuestión de los derechos humanos en Cuba volvió a repetirse en ocasión del 44° período de sesiones de la citada Comisión en Ginebra (del 1° de febrero al 11 de marzo de 1988). Otra vez la delegación argentina objetó la propuesta norteamericana (proyecto de resolución E / CN. 4/ 1988 / L. 26 presentado el 29 de febrero). El 10 de marzo, la Comisión aprobó sin votación un proyecto presentado por Argentina, Colombia, México y Perú, que aceptaba la invitación efectuada por Cuba para que el presidente y cinco miembros de la Comisión visitaran la isla y elaboraran un informe sobre la situación de los derechos humanos (decisión 1988 / 106). Finalmente, en ocasión del 45° período de sesiones de la Comisión en Ginebra (30 de enero a 10 de marzo de 1989), se adoptó la resolución 1989 / 113, referente al estudio del informe de la misión realizada en Cuba de acuerdo con la decisión 1988 / 106. Esta resolución fue aprobada por 16 votos a favor (entre ellos los de India, México y Perú), 7 en contra (entre ellos los de Estados Unidos y Gran Bretaña) y 19 abstenciones (entre ellas las de Argentina, Brasil y Venezuela). Ver al respecto los siguientes documentos: Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 43ª período de sesiones (2 de febrero a 13 de marzo de 1987), Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales, 1987, Suplemento Nº 5, Naciones Unidas, Nueva York, 1987, pp. 144 y 223-225; Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 44º período de sesiones (1º de febrero al 11 de marzo de 1988), Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales, 1988, Suplemento Nº 2, Naciones Unidas, Nueva York, 1988, pp. 238-241; Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 45º período de sesiones (30 de enero a 10 de marzo de 1989), Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales, 1989, Suplemento Nº 2, Naciones Unidas, Nueva York, 1989, pp. 262-268.Asimismo, cabe añadir que la posición adoptada por el gobierno de Alfonsín respecto de la situación de los derechos humanos en Cuba dio lugar a un intenso debate político y académico interno. Respecto de este último, mientras Roberto Russell tiende a minimizar los efectos de la reticencia argentina a acompañar a Estados Unidos en esta cuestión, Carlos Escudé no duda en colocar este tema en la lista de acciones de confrontación política con Washington que no otorgaron ningún beneficio material concreto a los intereses vitales de la nación argentina. Acerca de este debate ver los trabajos de Russell, Roberto, “Argentina-Estados Unidos: la vinculación de cuestiones”, revista América Latina / Internacional, Vol. 4, N° 14, octubre-diciembre de 1987, pp. 148-149; Russell, Roberto y Fernández, Gloria, “La política exterior argentina en 1987: aspectos sobresalientes”, en Muñoz, Heraldo, (compilador), Las políticas exteriores de América Latina y el Caribe: un balance de esperanzas, Buenos Aires, Cuarto Anuario de Políticas Exteriores Latinoamericanas del PROSPEL correspondiente al año 1987, GEL, 1988, pp. 21-22; Escudé, Carlos, “De la irrelevancia de Reagan y Alfonsín: hacia el desarrollo de un ‘realismo periférico’ ”, en Bouzas, Roberto y Russell, Roberto, (compiladores), Estados Unidos y la transición argentina, Buenos Aires, Legasa, 1989, p. 258; Russell, Roberto, “Las relaciones argentino-norteamericanas: reflexiones sobre la experiencia reciente”, en Bouzas y Russell, op.cit., pp. 350-352; y Cisneros y Escudé (directores), op.cit., Parte III, Tomo XIV, Capítulo 69, pp. 479-482.

18.Texto y detalles de la resolución 1990/ 48 en Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 46° período de sesiones (29 de enero a 9 de marzo de 1990), Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales, 1990, Suplemento N° 2, Naciones Unidas, Nueva York, 1990, pp. 110-111 y 237-238.

19.Texto y detalles de la votación de la resolución 1991/ 68 en Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 47° período de sesiones (28 de enero a 8 de marzo de 1991), Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales, 1991, Suplemento N° 2, Naciones Unidas, Nueva York, 1991, pp. 12, 162-163 y 261-262.

20.Sobre este tema ver los siguientes editoriales “Afirman que el voto contra Cuba no aleja al país de América Latina” y “Más cerca de los Estados Unidos”, La Nación, 8 de marzo de 1991, p. 8; y editorial de opinión “El voto argentino en Ginebra”, La Nación, 14 de marzo de 1991, p. 6, que otorgaba un doble significado positivo a la posición adoptada por Argentina en este tema: 1) mostraba coherencia entre la actitud asumida por el gobierno argentino hacia adentro de sus fronteras y la asumida hacia e orden exterior (coherencia que según el editorial estuvo ausente durante los años de Caputo como canciller, en las votaciones sobre este tema de marzo de 1987 y marzo de 1988) y 2) revelaba la firmeza de la política de derechos humanos de la Argentina a futuro.

21.Ver comentarios del viceministro Roa y del diario Granma respecto de la posición argentina en el artículo “Cambio de posición. Derechos humanos: Argentina votó en la ONU contra Cuba”, Clarín, 7 de marzo de 1991, p. 11.

22.Texto y detalle de las votaciones de la resolución 1992/61 en Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 48° período de sesiones (27 de enero a 6 de marzo de 1992), Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales, 1992, Suplemento N° 2, Naciones Unidas, Nueva York, 1992, pp. 9, 142-143 y 281-282.

23.Texto y detalle de las votaciones de la resolución 1993/63 en Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 49° período de sesiones (1° de febrero a 12 de marzo de 1993), Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales, 1993, Suplemento N° 3, Naciones Unidas, Nueva York, 1993, pp. 32 y 210-212.

24.Texto y detalle de las votaciones de la resolución 1997/62 en Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 53° período de sesiones (18 de marzo a 18 de abril de 1997), Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales, 1997, Suplemento N° 3, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 1997, pp. 35, 217-219 y 370-371.

25.La resolución 1994/ 71 fue aprobada por 24 votos a favor (entre ellos los de Estados Unidos, Chile y Uruguay), 9 votos en contra (entre ellos los de Cuba, China e India) y 20 abstenciones (entre ellas las de Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela). Texto y detalle de las votaciones de la resolución 1994/71 en Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 50° período de sesiones (31 de enero a 11 de marzo de 1994), Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales, 1994, Suplemento N° 4, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 1994, pp. 215-217 y 412-413.

26.La resolución 1995/ 66 fue aprobada por 22 votos a favor (entre ellos los de Estados Unidos, Venezuela y Nicaragua), 8 en contra (entre ellos los de Angola, China, Cuba, Guinea-Bissau, India, Indonesia, Nepal y Sudán) y 23 abstenciones (entre ellas la de Colombia, México y Perú). El voto argentino no figuró en las estadísticas. Ver texto y detalle de las votaciones de la resolución en Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 51° período de sesiones (30 de enero a 10 de marzo de 1995), Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales, 1995, Suplemento N° 4, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 1995, pp. 211-213 y 422-423.

27.La resolución 1996/ 69, que, a diferencia de las anteriores, no condenaba la situación de los derechos humanos en Cuba, fue aprobada por 50 votos a favor (entre ellos los de Angola, Brasil, Chile, Cuba y México), 1 en contra (Estados Unidos), y 2 abstenciones (Camerún y Costa de Marfil). El voto argentino no figuró en las estadísticas. Ver texto y detalle de las votaciones de la resolución en Commission of Human Rights, Report on the fifty-second session (18 March – 26 April 1996), Supplement N° 3, United Nations, New York and Geneva, 1996, pp. 24 y 351.

28.Ver al respecto los siguientes artículos y editoriales: “Di Tella transmitirá a EE.UU. que no hay cambios con Castro”, por María O’ Donnell, La Nación, 16 de abril de 1998, p. 7; “Menem, con Clinton y Cardoso. Las prioridades de la Argentina”, por Ana Gerschenson, Clarín, 16 de abril de 1998, p. 37; “Intenta mediar el Gobierno entre Cuba y EE.UU.”, La Nación, 17 de abril de 1998, pp. 1 y 7; “Preparativos para la Cumbre de las Américas: el peso político del único mandatario que estará ausente. Menem afina la estrategia sobre Cuba”, La Nación, 17 de abril de 1998, p. 7; “En el comienzo de la Cumbre de las Américas. Menem explica el supuesto giro hacia Castro”, por María O’ Donnell, La Nación, 18 de abril de 1998, pp. 1 y 6; “Entrevista a solas en Chile. Menem se reunió con Clinton y negó cambios en la política hacia Cuba”, por Ana Gerschenson, Clarín, 19 de abril de 1998, p. 2; “Gestos de la Argentina hacia La Habana. Las inquietudes de los norteamericanos”, por Ana Baron, Clarín, 19 de abril de 1998, p. 3; y “El realineamiento de Menem por Cuba. La opción por los EE.UU. Las negociaciones con el FMI y hasta el proyecto reeleccionista pesaron en la decisión del presidente Menem”, Clarín, 19 de abril de 1998, p. 4.

29.Ver texto y detalle de las votaciones en Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 54° período de sesiones (16 de marzo a 24 de abril de 1998), Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales, 1998, Suplemento N° 3, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 1998, pp. 369-372.

30.“La Comisión de Derechos Humanos de la ONU levantó la condena contra Fidel. La Argentina votó contra Cuba, tras una pelea interna”, Clarín, 22 de abril de 1998, p. 12; “Las posiciones. Brasil apoyó la abstención”, Clarín, 22 de abril de 1998, p. 12; “Después de las críticas de Eduardo Menem al canciller. Menem apoyó a Di Tella en la pelea del Gobierno por el voto contra Cuba”, por Atilio Bleta y Ana Gerschenson, Clarín, 24 de abril de 1998, p. 2; y el editorial “Cambio de enfoque frente a Cuba”, Clarín, 25 de abril de 1998, p. 20, que subrayaba la “posición incómoda” de la Argentina “al votar a favor de la moción condenatoria casi en soledad respecto de sus vecinos y socios latinoamericanos”.

31.Texto y detalle de las votaciones de la resolución 1999/8 en Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 55° período de sesiones (22 de marzo a 30 de abril de 1999), Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales, 1999, Suplemento N° 3, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 1999, pp. 48-49 y 337-338.

32.En estos tres casos, Estados Unidos votó a favor mientras la Argentina directamente no votó. Ver texto y detalles de la resolución 1994/ 74 en Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 50° período de sesiones (31 de enero a 11 de marzo de 1994),…op.cit., pp. 227-232 y 415; texto y detalles de la votación de la resolución 1995/ 76 en Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 51° período de sesiones (30 de enero a 10 de marzo de 1995)…op.cit., pp. 241-246 y 413-444; y texto y detalles de la resolución 1996/ 72 en Commission of Human Rights, Report on the fifty-second session (18 March – 26 April 1996)…op.cit., pp. 233-237 y 357.

33.Texto y detalles de la resolución 1992/ 71 en Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 48° período de sesiones (27 de enero a 6 de marzo de 1992)…op.cit., pp. 167-170.

34.Texto y detalles de la resolución 1993/ 74 en Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 49° período de sesiones (1° de febrero a 12 de marzo de 1993)…op.cit., pp. 239-243.

35.Texto y detalles de la resolución 1998 / 65 en Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 54° período de sesiones (16 de marzo a 24 de abril de 1998)…op.cit., pp. 217-220 y 366.

36.Ver texto y detalle de las votaciones de las resoluciones 1989/ 1, 1989/ 2 A y 1989/ 2 B, en Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 45º período de sesiones (30 de enero a 10 de marzo de 1989)…op.cit., pp. 16-20; pp. 20-23 y 213; y pp. 23-24 y 215, respectivamente.

37.El 16 de febrero de 1990, Argentina votó a favor –y Estados Unidos lo hizo en contra- de las resoluciones 1990/ 1 (de condena al asentamiento de civiles israelíes en territorios árabes ocupados); 1990/ 2 A y 1990/ 2 B (sobre violación de los derechos humanos en Palestina ocupada); 1990/ 3 (sobre situación de los derechos humanos en el Golán sirio); y 1990/ 6 (sobre situación de los derechos humanos en la Palestina ocupada). Ver texto y detalles de las resoluciones 1990/ 1, 1990/ 2 A, 1990/ 2 B, 1990/ 3 y 1990 / 6, en Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 46° período de sesiones (29 de enero a 9 de marzo de 1990)…op.cit., pp. 15 y 184-185; 15-17 y 185; 17-18 y 186; 18-20; y 25-27 y 204, respectivamente. Por su parte, el 15 de febrero de 1991, Argentina votó a favor y Estados Unidos se opuso a las resoluciones 1991/ 1 A y 1991/ 1 B (violación de los derechos humanos en territorios árabes ocupados por Israel, incluyendo a Palestina) y la 1991/ 2 (sobre situación de los derechos humanos en el Golán Sirio). Por su parte, Argentina votó a favor y Estados Unidos se abstuvo frente a la resolución 1991/ 3 (de condena a los asentamientos israelíes en territorios árabes ocupados), aprobada el 15 de febrero. Ver texto y detalles de las votaciones de las resoluciones 1991/ 1 A, 1991/ 1 B, 1991/ 2 y 1991/ 3, en Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 47° período de sesiones (28 de enero a 8 de marzo de 1991)…op.cit., pp. 16-17 y 209; pp. 17-18 y 210; y pp. 22 y 211, respectivamente.

38.Ver texto y detalle de las votaciones de la resolución 1992/ 3 en Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 48° período de sesiones (27 de enero a 6 de marzo de 1992)…op.cit., pp. 24-25 y 226; de las resoluciones 1992/ 2 A y 1992 / 4 en Idem, pp. 20-22 y 225; y pp. 25-28 y 243, respectivamente; de las resoluciones 1993/ 1, 1993/ 2 A, 1993/ 2 B y 1993/ 4 en Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 49° período de sesiones (1° de febrero a 12 de marzo de 1993)…op.cit., pp. 41-43 y 322-323; pp. 43-45 y 323; pp. 46-48 y 324; y pp. 49-51 y 346, respectivamente.

39.Ver texto y detalle de las votaciones de las diferentes resoluciones de 1997 referentes a la situación de los derechos humanos en territorios árabes ocupados por Israel sometidas a votación de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (1997/ 1, 1997/ 2, 1997/ 3, 1997/ 4) y de las correspondientes al año 1999 (1999/ 5, 1999/ 6 y 1999/ 7) en Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 53° período de sesiones (18 de marzo a 18 de abril de 1997)…op.cit , pp. 47-49 y 310; pp. 49-51 y 311; pp. 51-52 y 311-312; y pp. 53-54 y 323, respectivamente; y en Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 55° período de sesiones (22 de marzo a 30 de abril de 1999)…op.cit., pp. 42-44 y 332-333; pp. 45-46 y 333; y pp. 47-48 y 334, respectivamente.

40.Norden y Russell, op.cit., pp. 101-102.

41.La decisión 1990/106, que reflejaba la posición china de no innovar en la materia, fue aprobada por 17 votos a favor (entre ellos los de Cuba, China, Irak y Unión Soviética), 15 en contra (entre ellos Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Italia y Japón) y 11 abstenciones (entre ellas las de Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela). Ver al respecto Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 46° período de sesiones (29 de enero a 9 de marzo de 1990)…op.cit., pp. 174 y 240.

42.La decisión 1992/ 116 fue aprobada por 27 votos a favor (entre ellos los de China, Cuba, Irán e Irak), 15 en contra (entre ellos los de Estados Unidos, Francia, Italia y Canadá) y 10 abstenciones (entre ellas las de Argentina, Brasil, México, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela). Ver al respecto Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 48° período de sesiones (27 de enero a 6 de marzo de 1992)…op.cit., pp. 215 y 288.

43.La decisión 1993/ 110 fue aprobada por 22 votos a favor (entre ellos los de Cuba, China, Chipre, Irán e India); 17 en contra (entre ellos los de Estados Unidos, Federación Rusa y Reino Unido) y 12 abstenciones (entre ellas las de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela). Ver al respecto Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 49° período de sesiones (1° de febrero a 12 de marzo de 1993)…op.cit., pp. 308 y 403.

44.La resolución E/CN.4/1997/ L.91 fue aprobada por 27 votos a favor (entre ellos los de China, Colombia, Cuba, Egipto e India), 17 votos en contra (entre ellos los de Estados Unidos, Chile y El Salvador) y 9 abstenciones (entre ellas las de Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay y México). Ver Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 53° período de sesiones (18 de marzo a 18 de abril de 1997)…op.cit, pp. 367-369. Por su parte, la resolución E/CN.4/1999/L.22 fue aprobada por 22 votos a favor (entre ellos los de China, Colombia, Cuba y Venezuela), 17 en contra (entre ellos los de Estados Unidos y el Reino Unido) y 14 abstenciones (entre ellas las de Argentina, Chile, Ecuador y Uruguay). Ver Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 55° período de sesiones (22 de marzo a 30 de abril de 1999), op.cit,, pp. 339-342.

45.Norden y Russell, op.cit., p. 102.

46.Texto y detalles de la votación de la resolución 1989/ 66 sobre situación de los derechos humanos en República Islámica de Irán, en Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 45º período de sesiones (30 de enero a 10 de marzo de 1989), op.cit., pp. 171-174 y 275-276, respectivamente.

47.Norden y Russell, op.cit., p. 102.

48.Ver texto y detalles de la votación de las resoluciones 1997/ 54 y 1998/ 80 en Comisión de Derechos Humanos , Informe sobre el 53° período de sesiones (18 de marzo a 18 de abril de 1997)…op.cit, pp. 183-185 y 363; y Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre el 54° período de sesiones (16 de marzo a 24 de abril de 1998), op.cit., pp. 287-290 y 376, respectivamente. Consultar asimismo el trabajo de Norden y Russell, op.cit., p. 102.

49.Norden y Russell, op.cit., pp. 102-103.

50."Enfrenta la UN el crimen mundial organizado", La Nación, 22 de noviembre de 1994, p. 4; "La proposición argentina", La Nación, 22 de noviembre de 1994, p. 4; "Se impondría el plan argentino contra la mafia internacional", La Nación, 23 de noviembre de 1994, p. 5.

51.Ver al respecto “En la agenda de Río de Janeiro”, La Nación, 4 de junio de 1992, p. 2.

52.El delegado argentino, Estrada Oyuela, precisó que el planteo del principio sobre el derecho al desarrollo en forma equitativa “es una cosa que no se entiende, y seguramente, significa que no todos los pueblos tienen derecho a desarrollarse. Naturalmente, no se puede aceptar para siempre que algunos países no tengan el mismo derecho que otros. Respecto del enunciado sobre las políticas demográficas, el representante argentino señaló que la propuesta de eliminar los modelos de desarrollo insostenibles en el Sur, propios de los países del Norte, y fomentar políticas de control demográfico “es como pretender cambiar automóviles de ocho cilindros por criaturas. Esto no es posible. No se puede impulsar el control poblacional como contrapartida del consumismo, sino como un problema autónomo vinculado a otras variables”. Sobre la posición de Estrada Oyuela y sus divergencias con Rucchelli ver los siguientes artículos “La Argentina quiere modificar la Carta del Mundo”, La Nación, 3 de junio de 1992, p. 3; “la Argentina hace temblar la Cumbre de la Tierra. El ombligo del mundo”, por Sergio Resumil”, Página/12, 4 de junio de 1992, p. 4; “La Argentina contra el resto del mundo. Cómo ganar enemigos y no influir”, por S.R., Página/12, 4 de junio de 1992, p. 4; “Fisuras abiertas en los postulados de base”, La Nación, 4 de junio de 1992, p. 2; “Inquietud por desacuerdos en la delegación argentina”, La Nación, 4 de junio de 1992, p. 2; y “Estrada Oyuela rompe su silencio. Términos del disenso que afectó a los delegados de la Argentina”, La Nación, 16 de junio de 1992, p. 4.

53. Idem nota anterior.

54.Respecto de la posición de la secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente Humano María Julia Alsogaray ver los siguientes artículos y editoriales: “La Argentina suscribirá la Declaración de Río”, por Lucio A. Mansilla, La Nación, 5 de junio de 1992, p. 2; “Severa advertencia argentina”, La Nación, 9 de junio de 1992, p. 3; “Después de la Cumbre. Un papelón reciclado. El canciller Di Tella sancionó a Estrada Oyuela por sus declaraciones y María Julia dice que en Río todo salió bien”, Página/12, 17 de junio de 1992, p. 17.

55.“Menem suscribiría la Carta de la Tierra”, La Nación, 12 de junio de 1992, p. 2; “Promesas de ayuda en la Cumbre de Tierra”, La Nación, 13 de junio de 1992, p. 1; “Menem condenó los subsidios”, por Lucio A. Mansilla, La Nación, 13 de junio de 1992, p. 2; “Bush aislado en la cumbre de la tierra. Menem no confrontó. Bush vs. el resto del mundo”, Página/12, 13 de junio de 1992, pp. 2-3; y “Con el norte cambiado. El papel argentino en la cumbre”, Página/12, 13 de junio de 1992, p. 3.

56.“Sin definición en el cierre de la cumbre del clima”, por Virginia Santana, La Nación, 14 de noviembre de 1998, p. 25; y “El problema climático, sin solución”, por Virginia Santana, La Nación, 15 de noviembre de 1998, pp. 1 y 24.

57.El ex secretario general de la ONU Boutros Ghali, en su informe Aumento de la capacidad de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, del 14 de marzo de 1994, define a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) como “una presencia de las Naciones Unidas sobre el terreno (normalmente con personal militar y civil), con el consentimiento de las partes, para hacer cumplir acuerdos de limitación de los conflictos armados (cesación del fuego, separación de las fuerzas, etc.), o supervisar su cumplimiento y lograr la solución de esos conflictos (mediante acuerdos parciales o globales) y/o proteger la entrega de suministros de socorro humanitario.” Ver esta definición de las OMP citada en Zawels, Estanislao, “La Argentina y las Operaciones de Mantenimiento de la Paz”, en Comité Nacional de la República Argentina para el 50° Aniversario de las Naciones Unidas, Contribuciones Argentinas a las Naciones Unidas, Buenos Aires, Comisión Nacional de la República Argentina para el 50° Aniversario de las Naciones Unidas, 24 de octubre de 1995, p. 245; y en “Las Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas en las Misiones de Paz”, Cuadernos de Lecciones Aprendidas N° 1, Buenos Aires, CARI, noviembre de 1999, p. 10. Cabe agregar que las OMP se encuadran dentro del Capítulo VI de la Carta de la ONU, denominado Arreglo Pacífico de Controversias y se caracterizan por siete rasgos distintivos: 1) el establecimiento y despliegue de dichas operaciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU; 2) el

consentimiento de las partes a la operación y a los países que contribuyen con tropas; 3) el establecimiento, definición y renovación periódica del mandato de las OMP por parte del Consejo de Seguridad; la aprobación del presupuesto de las operaciones por parte de la Asamblea General y la delegación del comando operativo y control de las operaciones al Secretario General; 4) el desempeño imparcial en el cumplimiento de sus funciones; 5) la composición multilateral de la operación; 6) el no uso de la fuerza, salvo en caso de defensa propia; y 7) el financiamiento obligatorio de las operaciones por parte de todos los miembros de la ONU, de acuerdo a una escala especial. Sobre estos rasgos de las OMP consultar los citados trabajos de Zawels, “La Argentina y las Operaciones…”, op.cit., pp. 245-246 y “Las Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas en las Misiones de Paz”, op.cit., p. 11. Sobre detalles acerca de la creación e implementación, financiación, mando y control de las operaciones de paz en la ONU ver Consigli, José Alejandro, y Valladares, Gabriel, Las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas. Una aproximación desde el Derecho Internacional, Buenos Aires, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), 1997, Capítulos I, II y IV.

58.En otro informe, titulado Un programa de Paz, del 17 de julio de 1992, Boutros Ghali definió las operaciones de imposición de la paz a través de coaliciones multinacionales y regionales como “las medidas adoptadas en virtud del Capítulo VII de la Carta, incluido el uso de la fuerza armada, para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales, en situaciones en las que el Consejo de Seguridad haya determinado una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión.” Las operaciones de imposición de paz se distinguen de las OMP en cuatro aspectos: 1) el empleo de la fuerza, que se realiza bajo comando nacional de un país líder -mientras que en las OMP se necesita el consenso de las partes en conflicto-; 2) el uso de la fuerza de manera ofensiva -mientras que en las OMP no se la utiliza salvo en caso de defensa propia-; 3) el financiamiento no obligatorio -que contrasta con el carácter obligatorio del financiamiento de las OMP-; y 4) la respuesta otorgada en función del interés de los miembros que integran dicha operación -característica que contrasta con el citado rasgo 1) de las OMP-. Referencias a la definición de este tipo de operaciones y sus diferencias con las OMP en el trabajo del CARI “Las Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas en las Misiones de Paz”, op.cit., p. 11.

59.En lo que respecta a las operaciones de asistencia humanitaria y/o resolución pacífica de controversias, este ha sido un rubro en el que la Argentina goza de una larga tradición histórica, desde mediados del siglo XIX, cuando Urquiza ofreció su mediación en el conflicto entre Estados Unidos y Paraguay, pasando por la famosa “Doctrina Drago” ante la intervención extranjera en Venezuela, o la tarea humanitaria desplegada por la Armada argentina para proteger a argentinos residentes y rescatar a los refugiados españoles y extranjeros acosados por los bandos en pugna en el marco de la Guerra Civil Española, hasta la participación argentina como país garante en el conflicto entre Ecuador y Perú. Pero la iniciativa reciente más importante en este ámbito de la asistencia humanitaria, es, sin duda alguna, la iniciativa de los llamados “cascos blancos”. Propuesta por el gobierno argentino, dicha iniciativa fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en julio de 1994. Los “Cascos Blancos” se forman con equipos voluntarios especializados para prestar asistencia humanitaria a pueblos de todos los continentes que sufren emergencias extremas. En el caso argentino, las fuerzas que participan provienen del Ejército, la Armada y la Gendarmería Nacional. “Las Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas en las Misiones de Paz”, op.cit., p. 48.

60.Siguiendo la definición aportada por el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas, la noción de Misiones de Paz es una categoría muy amplia que comprende operaciones de diversa índole, tales como “los despliegues preventivos, las operaciones de mantenimiento de la paz, las operaciones de imposición de la paz (coaliciones multinacionales y regionales), las actividades diplomáticas, tal como diplomacia preventiva, asistencia, consolidación y construcción de la paz, los buenos oficios, como así también la obtención de pruebas y asistencia electoral. Asimismo, cabe aclarar también que las Misiones de Paz han sido llevadas a cabo principalmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero también por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Definición de Misiones de Paz, extraída del glosario preparado por el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, citado por “Las Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas en las Misiones de Paz”, op.cit., p. 10.

61.Desde 1958, Argentina participó en las siguientes 29 OMP: 1) Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en el Líbano (GONUL) (1958); 2) Operación de la ONU en el Congo (ONUC) (1960-1963); 3) Organismo de la ONU para la Vigilancia de la Tregua en Palestina (ONUVT) (desde 1967); 4) Grupo de Observadores de la ONU para Irán e Irak (UNIIMOG) (1988-1990); 5) Misión de Verificación de la ONU en Angola (UNAVEM I) (1989-1991); 6) Grupo de Observadores de la ONU en Centroamérica (ONUCA) (1989-1992); 7) Misión de Observación de la ONU para Irak y Kuwait (UNIKOM) (desde 1991); 8) Misión de Verificación de la ONU en Angola (UNAVEM II) (1991-1995); 9) Misión de Observación de la ONU para El Salvador (ONUSAL) (1991-1994); 10) Misión de la ONU para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) (desde 1991); 11) Misión de Avanzada de la ONU en Camboya (UNAMIC) (1991-1992); 12) Fuerza de Protección de la ONU (UNPROFOR) (1992-1995); 13) Autoridad Provisional de la ONU en Camboya (APRONUC) (1992-1993); 14) Operación de la ONU en Mozambique (ONUMOZ) (1992-1994); 15) Misión de la ONU en Haití (UNMIH) (1993-1996); 16) Fuerza de la ONU para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP) (desde 1993); 17) Misión de Asistencia de la ONU para Ruanda (UNAMIR) (1995); 18) Misión de Verificación de la ONU para Angola (UNAVEM III) (1995-1997) –en la que Argentina participó con personal militar en forma conjunta con el Batallón de Brasil destacado en Angola-; 19) Operación de Restauración de Confianza (UNCRO) (1995); 20) Fuerza de Paz de las Naciones Unidas (UNPF) (1995); 21) Fuerza de Despliegue Preventivo de la ONU (UNPREDEP) (1995-1998); 22) Misión de la ONU para Guatemala (MINUGUA) (desde 1996); 23) Administración Transición ONU Eslavonia Oriental, Baranja y Sirmium Occidental (UNTAES) (1996); 24) Misión de la ONU para Bosnia y Herzegovina (UNMBIH) (desde 1996); 25) Misión de la ONU para la Península de Preklava (UNMOP) (desde 1996); 26) Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Angola (MONUA) (desde 1997); 27) Misión Policial de la ONU en Haití (MIPONUH) (desde 1997); 28) Misión de la ONU en Kosovo (UNMIK) (desde 1999); y 29) Misión de la ONU en Timor Oriental (UNAMET) (desde 1999). Ver al respecto “Las Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas en las Misiones de Paz”, op.cit., p. 13. Asimismo Zawels, op.cit., pp. 174-175.

62.En el caso particular del Ejército argentino, cabe destacar que en esos años esta arma ya había enviado a misiones a la ex Yugoslavia un total de 3400 hombres sobre un total de 28.000 oficiales y suboficiales (la cantidad de efectivos participantes equivalía al 15 % de los cuadros, pero aumentaba si se lo considera sobre los oficiales y suboficiales jóvenes del cuerpo comando –es decir de las armas combatientes- que son las que realmente han participado. Más del 20 % de los cuadros que han participado de la misión en la ex Yugoslavia eran de la jerarquía de tenientes o cabos; sólo un General y un Coronel integraron estos contingentes). Ver al respecto los trabajos de Fraga, Rosendo (con la colaboración de Gatica, Raúl A.), La cuestión militar en los noventa, Colección Análisis Político 10, Buenos Aires, Editorial Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, 1993, pp. 147 y 167; y Fraga, Rosendo, Repensando la cuestión militar, Colección Análisis Político 13, Buenos Aires, Editorial Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, agosto de 1995, pp. 167 y 183.

63.Consultar sobre esta cuestión los artículos de Domínguez, Jorge I., “Security, Peace, and Democracy in Latin America and the Caribbean. Challenges for the Post.Cold War Era”; y de Plá, Antonio L., “Peacekeeping and Its Effects on Civil-Military Relations”, ambos en Domínguez, Jorge I., (editor), International Security and Democracy. Latin America and the Caribbean in the Post-Cold War Era, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 1998, p. 18 y pp. 140 y 148, respectivamente. Asimismo, cabe destacar que, al 31 de enero de 1994, Argentina ocupaba el 16° puesto entre los mayores contribuyentes de tropas para operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, con 1445 efectivos, pero el 1° puesto entre los país latinoamericanos: a esa misma fecha, Brasil contribuyó con 927 hombres, Brasil con 138, Colombia con 62, México con 50, Chile con 34, Venezuela con 32 y Honduras con 16. Ver al respecto Anexos 1.1, 1.2 y 1.3 del trabajo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Fuerzas para el mantenimiento de la paz, Buenos Aires, CARI, 1997, pp. 181-183.

64.Para mayores detalles sobre el CAECOPAZ ver el artículo “CAECOPAZ”, por Liliana T. Carlos, revista Aeroespacio, año 57, N° 521, enero-febrero de 1998, pp. 56-60; y la publicación Soldados argentinos por la paz. La contribución del Ejército Argentino en la solución pacífica de los conflictos internacionales, Buenos Aires, Ejército Argentino, 1998, pp. 24-29.

65.La resolución 743, aprobada por unanimidad en la 3055ª sesión del Consejo de Seguridad, decidió establecer, bajo autoridad de este último, una Fuerza de Protección de Naciones Unidas de mantenimiento de la paz, como “(…) un mecanismo provisional que permita crear las condiciones de paz y seguridad necesarias para la negociación de un arreglo global de la crisis de Yugoslavia”. De acuerdo con el texto de la resolución, dicha Fuerza actuaría por un período inicial de doce meses, abierto a modificaciones “hasta que se logre una solución pacífica”. Texto de la resolución 743 (1992) del 21 de febrero de 1992, en Naciones Unidas, Resoluciones y decisiones del Consejo de Seguridad 1992, Consejo de Seguridad, Documentos Oficiales: Cuadragésimo séptimo año, Naciones Unidas, Nueva York, 1993, p. 10.

66.En Croacia, UNPROFOR estaba desplegada en ciertas áreas designadas como Areas de Protección de las Naciones Unidas (UNPA’S). Las UNPA’S de Croacia eran tres, divididas en cuatro sectores: Sector Eslavonia Este, Eslavonia Oeste, Krajina Norte y Krajina Sur. Las UNPA’S de Croacia eran áreas donde los serbios constituían la mayoría o una sustancial minoría del total de la población, y donde precisamente por el mencionado motivo, las disputas entre éstos y la población croata habían llevado a conflictos armados. A principios de 1994, las cuatro UNPA se reunieron bajo un único Comando Croata. En marzo de 1995, el Comando Croata cambió su nombre al de Operación de las Naciones Unidas para la Restauración de la Confianza (UNCRO). Ver al respecto UNIDIR (United Nations Institute for Disarmament Research, Geneva), Disarmament and Conflict Resolution Project. Managing Arms in Peace Process: Croatia and Bosnia-Herzagovina, United Nations, New York and Geneva, 1996, p. 28; Naciones Unidas, Las Naciones Unidas y el mantenimiento de la paz, Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, September 1993, p. 31; Soldados argentinos por la paz…op.cit., p. 202; “UNPROFOR (Fuerza de Protección de las Naciones Unidas)- Desde 1992”, en Servicio Histórico del Ejército, El Ejército Argentino y las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Volumen IV, Suplemento de la Revista del Suboficial, N° 615, agosto-septiembre de 1995, p. 16; “El BEA en la ex República de Yugoslavia. El Ejército argentino: fuerza de paz de la ONU”, Revista Militar, N° 725, Buenos Aires, 1992, p. 8; y “Una experiencia profesional en la antigua Yugoslavia. Observador militar de Naciones Unidas”, por el comandante de aviación Juan A. Moliner González, Revista de Aeronáutica y Astronáutica, N° 627, octubre 1993, pp. 890-891.

67.De acuerdo con un trabajo de UNIDIR (United Nations Institute for Disarmament Research), se pueden identificar tres fases en las operaciones de desarme conducidas por UNPROFOR en Craocia. Una primer fase, que se extendió desde enero de 1992 hasta enero de 1993, las operaciones de desarme y desmilitarización basadas en el Plan Vance fueron llevadas a cabo en forma paralela al establecimiento de las Areas de Protección (UNPA’ s). La segunda fase, desde enero hasta diciembre de 1993, estuvo caracterizada por un retroceso en el proceso de desmilitarización logrado en la primer fase, y por erupciones periódicas de confrontaciones militares locales (en especial, conflictos entre los croatas y los serbios de Krajina, que se iniciaron durante la Navidad de diciembre de 1993). Durante la tercer fase, UNPROFOR asumió un rol de interposición, llevando a cabo el proceso de desarme y misiones de monitoreo de armas en la zona de separación entre las dos partes. Esta fase, iniciada en diciembre de 1993, finalizó en enero de 1995 con crecientes tensiones vinculadas a las incertidumbres acerca del mandato y poder de la UNPROFOR en Croacia. Ver UNIDIR (United Nations Institute for Disarmament Research, Geneva), Disarmament and Conflict Resolution Project…op.cit., p. 7.

68.El primer contingente del Batallón Ejército Argentino (BEA I) partió hacia Belgrado el 7 de mayo de 1992; el 12 de mayo arribó el segundo grupo y el 13 ambos contingentes partieron desde la capital de la ex Yugoslavia hacia Eslavonia Occidental. El tercer y cuarto contingente salieron de Buenos Aires el 14 y 15 de mayo y el 18 de mayo el BEA I

completó su despliegue inicial. Ver al respecto el artículo “UNPROFOR (Fuerza de Protección de las Naciones Unidas)- Desde 1992”, op.cit., pp. 23-24.

69.El Batallón Ejército Argentino 1 (BEA 1), cuyo jefe era el coronel Luis Hilario Lagos, completó su despliegue en la parte norte del Sector Oeste de Croacia, correspondiente a Eslavonia Occidental el 18 de mayo de 1992. Por su parte, el BEA 2, cuyo jefe era el teniente coronel Miguel A. Moreno, llegó al área en octubre de ese mismo año. En cuanto al BEA 3, cuyo jefe era el teniente coronel Roberto Bendini, se desplegó en el área de la misión el 23 de marzo de 1993. El 15 de septiembre de 1993, el teniente coronel Carlos T. Maceda asumió su cargo como jefe del BEA 4, mientras que el 2 de marzo de 1994, el teniente coronel Domingo J. Machado asumió sus responsabilidades como jefe del BEA 5. Por su parte, el teniente coronel Gustavo Anschutz, asumió el cargo de jefe del BEA 6 el 23 de agosto de 1994 y el teniente coronel Héctor Pugliese lo hizo como jefe del BEA 7 el 4 de febrero de 1995. Finalmente, el teniente coronel Daniel Oscar Camponovo se hizo cargo de la jefatura del BEA 8 el 22 de julio de 1995. Ver respecto de los relevos de la BEA y su actuación Soldados argentinos por la paz…op.cit., pp. 212-242. Ver también “Las Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas en las Misiones de Paz”, op.cit., p. 25.

70.El Sector Oeste (Eslavonia Oeste) era la única UNPA atravesada por una línea de cese del fuego, lo que la dividía en un lado croata y un lado serbio. Las otras UNPA’s estaban totalmente en territorio controlado por los serbios. Este inconveniente obligó a las fuerzas argentinas a permanentes reuniones con ambos bandos, hasta que se logró un principio de acuerdo por el cual las fuerzas serbias y croatas se debían replegar en tres líneas de fuego: a 30 kilómetros las armas más peligrosas: artillería, morteros y tanques; a 10 kilómetros, los vehículos mecanizados y las ametralladoras y a 5 kilómetros la infantería. Se formaron así las llamadas líneas de retirada. Ver al respecto Soldados argentinos por la paz…op.cit., pp. 207-208. No obstante, y tal como comenta tanto la fuente anteriormente citada, pp. 209-210 como el artículo “UNPROFOR (Fuerza de Protección de las Naciones Unidas)- Desde 1992”, op.cit., pp. 19-20, este arreglo respecto del repliegue de tropas no terminó con los problemas, pues, por ejemplo, los agricultores que trabajaban con tractores cerca de la línea de fuego, frecuentemente eran muertos por francotiradores del otro lado. Asimismo, se registraron frecuentes incursiones de francotiradores de ambos bandos violando las líneas establecidas, lo cual provocaba a su vez enfrentamientos con la policía territorial serbia o croata.

71.“Las Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas en las Misiones de Paz”, op.cit., pp. 25-26.

72.Idem nota anterior. Además de la Argentina, el Comando del Sector Oeste estuvo integrado por Oficiales de los Batallones de Canadá, Jordania y Nepal; efectivos de la Policía Civil de todos los países; la Policía Militar, integrada por gente de los cuatro países que tenían Batallones; un Batallón de Ingenieros de Combate Canadiense; elementos de un Batallón de Ingenieros de Construcciones de Finlandia; la parte de Comunicaciones a cargo de una sección de Holanda y la de Apoyo Sanitario a cargo de una de Gran Bretaña. “UNPROFOR (Fuerza de Protección de las Naciones Unidas)- Desde 1992”, op.cit., p. 20.

73.Ver al respecto “Las Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas en las Misiones de Paz”, op.cit., p. 26; “Transporte naval para fuerzas y misiones de paz 1992-1993”, en publicación Misiones de Paz de la Armada argentina, Buenos Aires, Armada argentina, 1999, p. 57; y la página web “Transporte Naval para Fuerzas o Misiones de Paz”, en http://www.ara.mil.ar/actividades/Mantemiento de Paz/operacio…/transpornav_main.ht, 27 /02/00.

74.Ver al respecto “UNPROFOR. Bosnia y Herzegovina y Croacia 1992-1996”, en Misiones de paz de la Armada argentina…op.cit., p. 58; y el apartado “Participación de la Armada argentina”, sitio “UNPROFOR (Fuerza de Protección de las Naciones Unidas)”, http://www.ara.mil.ar/actividades/Mantenimiento de Paz/operaciones/unprofor_main.ht 27/2/00.

75.Ver al respecto los artículos “La FFAA en las operaciones de mantenimiento de paz de la ONU” y “UNPROFOR-Fuerza de Protección de las Naciones Unidas”, ambos en la publicación La Fuerza Aérea argentina y las Operaciones de Mantenimiento de Paz, Buenos Aires, Aeroespacio, 1996, pp. 4-5 y 16-17, respectivamente.

76.“Las Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas en las Misiones de Paz”, op.cit., p. 26.

77.La resolución 981 (1995) del 31 de marzo de 1995, aprobada por unanimidad en la 3512a sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, decidió establecer bajo la autoridad del Secretario General la Operación de las Naciones Unidas para el Restablecimiento de la Confianza en Croacia (UNCRO u ONURC). Por su parte, la resolución 982 (1995), también del 31 de marzo y aprobada por unanimidad en la misma sesión que la anterior, decidía prorrogar el mandato de las Fuerzas de Protección de las Naciones Unidas en la República de Bosnia y Herzegovina por un nuevo período hasta el 30 de noviembre de 1995; y la resolución 983 (1995), aprobada en la misma fecha y con la misma modalidad que las dos anteriores, decidió que la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas dentro de la ex República de Yugoslava de Macedonia se llamara Fuerza de Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas (UNPREDEP). Ver textos de las resoluciones 981, 982 y 983 (1995), en Naciones Unidas, Resoluciones y Decisiones del Consejo de Seguridad 1995, Consejo de Seguridad, Documentos Oficiales: Quincuagésimo año, Naciones Unidas, Nueva York, 1998, pp. 26-30.

78.“Las Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas en las Misiones de Paz”, op.cit., p. 31.

79. Idem nota anterior.

80.Texto de la resolución 981 (1995) del 31 de marzo de 1995, en Naciones Unidas, Resoluciones y Decisiones del Consejo de Seguridad 1995…op.cit., pp. 26-28. Cabe mencionar al respecto que tanto serbios como croatas rechazaron el plan presentado por los embajadores de EEUU y Rusia en noviembre de 1994 llamado Z-4, por el cual se restauraban los límites originales de Croacia al gobierno de Zagreb pero éste debía a su vez conceder a los serbios autonomía local en las regiones de Croacia dominadas por éstos. Asimismo, a principios de 1995, la paz en Croacia también estuvo seriamente amenazada por los esfuerzos del presidente croata Franjo Tudjman de hacer finalizar el mandato de la ONU en su país. Los croatas temían que la presencia de tropas de la organización contribuyera a solidificar la presencia serbia en la región de Krajina –un enclave ubicado en la zona occidental y central de Croacia, donde vivían la mayor parte de los serbios ubicados en territorio croata, antes de que esta región cayera bajo control de las fuerzas gubernamentales de Zagreb precisamente en agosto de 1995-. Tras la ofensiva croata de agosto en la región de Krajina, la mayoría de los serbios se desplazó hacia Bosnia-Herzegovina y Serbia. Respecto de estos datos consultar “Croatia”, CD-ROM Microsoft® Encarta® Encyclopedia 99. © 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.

81.La UNPA de Eslavonia Occidental era una de las regiones de Croacia donde los serbios constituían una clara mayoría antes de estallar la guerra entre Serbia y Croacia, y sobre la que ejercía responsabilidades el Sector Oeste de la recién creada UNCRO, en la cual se hallaban desplegados el BEA 7, un batallón jordano y un batallón nepalés. Ver al respecto “Las Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas en las Misiones de Paz”, op.cit., p. 32 y las secciones “Slavonia” y “Yugoslav Succession, Wars of”, CD-ROM Microsoft® Encarta® Encyclopedia 99. © 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.

82.“Las Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas en las Misiones de Paz”, op.cit., p. 32.

83.Por la resolución 983 (1995) del 31 de marzo de 1995, aprobada por unanimidad en la 3512 ª sesión, el Consejo de Seguridad de la ONU “(…) Decide que la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas dentro de la ex República Yugoslava de Macedonia se llame Fuerza de Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas (…)”. Ver texto de la resolución 983 (1995) del Consejo de Seguridad de la ONU, en Naciones Unidas, Resoluciones y Decisiones del Consejo de Seguridad 1995…op.cit., pp. 29-30.

84.Soldados argentinos por la paz…op.cit., p. 256.

85.“Las Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas en las Misiones de Paz”, op.cit., p. 33.

86.Los observadores militares argentinos que participaron en UNPREDEP fueron el Capitán Juan Jorge Gettig, entre el 17 de diciembre de 1994 y el 24 de abril de 1995; el Mayor Ricardo Enrique Victorino Jasson, quien desempeñó funciones desde el 29 de diciembre de 1995 hasta el 28 de octubre de 1996; el Capitán Gerardo Adrián Vicek, desde el 25 de octubre de 1996 hasta el 25 de octubre de 1997; y el Capitán Alejandro Norberto Esteban Becker, desde el 21 de octubre de 1997 hasta el 21 de octubre de 1998. Ver al respecto Soldados argentinos por la paz…op.cit., p. 260; y “Las Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas en las Misiones de Paz”, op.cit., p. 33.

87.Ver al respecto Soldados argentinos por la paz..op.cit., p. 244 y CD-ROM "Croatia," Microsoft® Encarta® Encyclopedia 99. © 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.

88.Con la resolución 1037 (1996), el Consejo de Seguridad estableció la organización y mandato de UNTAES con los siguientes propósitos: a) lograr y facilitar la desmilitarización de la región; b) supervisar el regreso de personas refugiadas y desplazadas; c) organizar e instituir una policía de transición para la región; d) monitorear el tratamiento de los delincuentes y del sistema penitenciario; e) organizar elecciones para todos los órganos de gobierno locales; f) monitorear las fronteras y límites internacionales; g) restablecer el normal funcionamiento de los servicios públicos; h) supervisar el respeto de las partes a los derechos humanos y las libertades fundamentales; i) cooperar con el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en la investigación de los crímenes de guerra; y j) promover el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Básico entre serbios y croatas, y contribuir al mantenimiento de la paz y seguridad general. La resolución 1037 (1996) fue aprobada por unanimidad en la 3619ª sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Ver texto de la resolución, en Naciones Unidas, Resoluciones y Decisiones del Consejo de Seguridad 1996, Consejo de Seguridad, Documentos Oficiales: Quincuagésimo primer año, Naciones Unidas, Nueva York, 1998, pp. 28-30. Ver también Soldados argentinos por la paz…op.cit, p. 245.

89.Dicho acuerdo, paralelo a los Acuerdos de Dayton de noviembre de 1995, fue firmado por los gobiernos de Serbia, Croacia y Bosnia en diciembre de dicho año. Por este acuerdo, las regiones croatas de Eslavonia Oriental y Baranja debían permanecer durante un año bajo la protección de la ONU por el período de un año, que podía ser extendido por un año más a pedido de cualquiera de las partes en conflicto. Durante este período de transición, una fuerza internacional de 5000 soldados fue ubicada en estas conflictivas regiones de Croacia para mantener la paz y la seguridad. Pasado este

lapso, el gobierno de Zagreb podía recuperar su control sobre esta región, previa ronda de negociaciones con los líderes serbios. Como era de esperarse, pasaron más de dos años antes de que Eslavonia Oriental y Baranja fuesen devueltas a Croacia en enero de 1998. Las negociaciones que tuvieron lugar durante el extenso período de transición incluyeron también el tratamiento justo de los 150.000 serbios que estaban viviendo en Eslavonia Oriental –la mayoría de los cuales habían huido de Eslavonia Occidental durante la ofensiva croata de mayo de 1995- y el retorno pacífico de los residentes croatas y húngaros que habían sido expulsados de la región en 1991. Ver al respecto “Croatia”, “Slavonia” y "Yugoslav Succession, Wars of," en CD-ROM Microsoft® Encarta® Encyclopedia 99. © 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.

90.Soldados argentinos por la paz…op.cit., pp. 244-245.

91.Idem nota anterior, p. 245.

92.Ibid., p. 248.

93.El 29 de mayo de 1996, el ECA 1 (cuyo jefe fue el Mayor Raúl Enrique Gallo) arribó a Zagreb (Croacia), desde donde se dirigió a su sector de responsabilidad, ubicado en la base de Brod Pustara, en proximidades de la frontera entre Croacia y Hungría. El 16 de noviembre de ese mismo año, comenzó el reemplazo del ECA 1 por el ECA 2. El ECA 2 –cuyo jefe fue el Mayor Enrique Gustavo Gallo- arribó a Zagreb el 19 de noviembre y se desempeñó en la misión hasta el 5 de mayo de 1997. Por su parte, el ECA 3, a cargo del Mayor Jorge Raúl García Mantel, cumplió su misión en el período comprendido entre el 1° de abril y el 17 de septiembre de 1997. Ver al respecto Ibid.., pp. 248-255.

94.“Las Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas en las Misiones de Paz”, op.cit., p. 33.

95.“Las Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas en las Misiones de Paz”, op.cit., p. 34.

96.Idem nota anterior.

97.Soldados argentinos por la paz…op.cit., p. 261.

98.“Las Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas en las Misiones de Paz”, op.cit., p. 35.

99.Soldados argentinos por la paz…op.cit., p. 265.

100. Soldados argentinos por la paz…op.cit., p. 264.

101. El Acuerdo de Dayton fue producto de un largo período de mediación del secretario de Estado adjunto norteamericano Richard Hoolbroke. Fue firmado en Dayton, Ohio, el 21 de noviembre de 1995 por los presidentes Alija Izetbegovic de Bosnia, Franjo Tudjman de Croacia y Slobodan Milosevic de Serbia, y refrendado en París al mes siguiente. Este Acuerdo pretendió garantizar la paz en Bosnia y construir dicha república como un único estado constituido por dos entidades: la Federación de Bosnia y Herzegovina (también conocida como la Federación Croata-Musulmana), que recibiría el 51 % del territorio bosnio; y la República Serbia, que recibiría el 49 %. El acuerdo establecía que Sarajevo sería una ciudad unificada bajo el control del gobierno central. Asimismo, llamaba a elecciones libres para ocupar puestos en el gobierno central y en las entidades legislativas, a celebrarse en septiembre de 1996 bajo la supervisión de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea (OSCE). Para lograr su objetivo de pacificar Bosnia, el Acuerdo también contemplaba la posibilidad de instalar en Bosnia una Fuerza Internacional de Policía (IPTF) y una oficina civil de Naciones Unidas. Ver al respecto CD-ROM "Bosnia and Herzegovina," Microsoft® Encarta® Encyclopedia 99. © 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved; y “Las Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas en las Misiones de Paz”, op.cit., p. 36.

102. “Las Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas en las Misiones de Paz”, op.cit., p. 36.

103. Idem nota anterior.

104. Ibidem.

105. Kosovo es una región ubicada al sudoeste de Serbia. Por cierto, las tensiones entre la población albana y serbia tienen un remoto origen histórico. En 1389, en la Batalla de Kosovo, los turcos derrotan al Ejército Serbio e impulsan una migración albanesa hacia la región, política que estimula el resentimiento de los serbios hacia los albanokosovares. Esta batalla fue el punto de partida del dominio de toda Serbia por parte del Imperio Otomano en 1459.

Siglos después, en 1878 los albaneses en la región forman la Liga de Prizren con el objeto de resistir el dominio otomano. Pero la resistencia de los kosovares contra los turcos en Kosovo adquirió importancia recién en 1912, fecha en la que los albano-kosovares lograron expulsar a los turcos. Kosovo fue incluida en 1912 en el estado recientemente independizado de Albania, pero al año siguiente las grandes potencias europeas (Austria-Hungría, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia y Rusia) forzaron a Albania a ceder la región a Serbia. En 1918 Kosovo fue incorporada al recientemente establecido Reino de los Croatas, Serbios y Eslovenos, luego rebautizado con el nombre de Yugoslavia. Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) Kosovo pasó nuevamente a Albania. En 1946 logró un status de autonomía dentro de Serbia. Con la renovación de la constitución en 1974, el mariscal Josip Broz Tito, presidente de la República Socialista Federal de Yugoslavia, otorgó a Kosovo y Vojvodina el status de territorios autónomos, con el fin de limitar el poder de Serbia dentro de la Federación, factor que contribuyó a acrecentar el resentimiento serbio contra los albaneses. Este último se evidenció en sucesivas marchas de protesta y, tras la desaparición de Tito, facilitó la llegada al poder de Slobodan Milosevic en 1987. Milosevic puso fin a la autonomía de Kosovo en marzo de 1989, colocando a la región bajo una ocupación militar de facto. Los medios de prensa y el aprendizaje del idioma albanés fueron prohibidos (aunque la educación primaria en idioma albanés fue restaurada a fines de 1994). En 1991 Kosovo tenía una población de 1.956.196 habitantes, el 90 % de los cuales eran de origen albano, mientras que el 10 % restante se repartía entre serbios y montenegrinos. Ver al respecto CD-ROM "Kosovo," Microsoft® Encarta® Encyclopedia 99. © 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.

106. La resolución 1244 (1999) fue aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en su 4011ª sesión, celebrada el 10 de junio de 1999. Ver texto de la resolución 1244 (1999) y anexo correspondiente, citados en Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, S/RES/ 1244 (1999), 10 de junio de 1999, pp. 1-8. Ver también referencia al contenido de dicha resolución en “Las Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas en las Misiones de Paz”, op.cit., pp. 39-40.

107. “Las Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas en las Misiones de Paz”, op.cit., p. 40.

108. Ver al respecto los artículos “Discrepancias en el Gobierno. Pelea por el envío de cascos azules”, por Ana Gerschenson y Luis Garasino; y “Prioridades políticas”, por Daniel Santoro, ambos en Clarín, 5 de septiembre de 1999, p. 5.

109. Opinión del Licenciado José Paradiso, citada en “Debate”, revista Ser en el 2000, Número 5, Buenos Aires, marzo 1994, sección Debates, pp. 25-26.

110. Este problema fue claramente reconocido por el ex embajador Ezcurra, quien remarcó que “(…) Cada operación de mantenimiento de paz tiene un presupuesto separado, del cual los países participan en forma obligatoria. Existe una diferencia de escalas, que obligan a un mayor financiamiento por parte de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pero aún así la deuda es sumamente grande. Como los Estados no pagan a Naciones Unidas, ésta no paga a los países que aportan efectivos, equipos, etc. Por este motivo el Secretario General propuso que los países tuvieran una mayor obligación, principalmente aquellos que no están involucrados con hombres pero pueden hacerlo con maquinarias, aviones, alimentos, o medicinas. Ver al respecto opinión del Embajador Massini Ezcurra, Hernán, “La participación argentina en las operaciones de paz”, revista Ser en el 2000…op.cit., p. 25.

111. Ver al respecto los artículos de Domínguez, op.cit, pp. 18-19; Escudé, Carlos, y Fontana, Andrés, “Argentina’s Security Policies. Their Rationale and Regional Context”; Lagorio, Ricardo, “Institutionalization, Cooperative Security, and Peacekeeping Operations”; y Palá, Antonio, “Peacekeeping and Its Effects on Civil-Military Relations. The Argentine Experience”, en Domínguez, Jorge I., (editor), op.cit., pp. 58-59, 121-129 y 130-150, respectivamente. Ver asimismo el artículo de Norden, Deborah L., “Keeping the Peace, Outside and In: Argentina’s UN Missions”, International Peacekeeping, Vol. 2, N° 3, Autumn 1995, pp. 330-349.

112. Palá, op.cit., pp. 131-132.

113. Discurso inaugural del Presidente de la Nación, Dr. Carlos Saúl Menem, “Fuerzas para el mantenimiento de la paz”, en CARI, Fuerzas para el mantenimiento de la paz…op.cit., pp. 14-15.

114. Palá, op.cit., pp. 136-140.

115. Declaraciones del general Carlos María Zabala, citadas en Palá, op.cit., p. 139.

116. Ver ponencia del Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Teniente General Martín Balza, Tercera Sesión: “La experiencia militar y diplomática en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, en CARI, Fuerzas para el mantenimiento de la paz…op.cit., pp. 104-106.

117. Zawels, Hacia un sistema de seguridad colectiva….op.cit., p. 175. La resolución 665 fue aprobada por el Consejo de Seguridad en su reunión 2938, con una votación de 13 a 0, con 2 abstenciones (las de los representantes de Cuba y Yemen). Texto de la resolución 665 en http://www.un.org/documents/secres.htm, pp. 21-22.

118. Zawels, Hacia un sistema de seguridad colectiva….op.cit., p. 176.

119. El 20 de septiembre de 1995, tras los acuerdos de Dayton, la Fuerza de Intervención de la OTAN (IFOR) se hizo cargo, con un mandato de un año, de los aspectos militares de los acuerdos de paz en la ex Yugoslavia, reemplazando a la misión UNPROFOR. Hacia fines de 1996, los efectivos de IFOR fueron reducidos de 50.000 a 30.000 y se cambió el nombre de la misión por el de Fuerza de Estabilización (SFOR). En julio de 1998, la OTAN creó, en el marco del mandato de Naciones Unidas para la SFOR, una nueva estructura de intervención denominada Unidad Multinacional Especializada (MSU). La MSU tiene como objetivos los de cooperar con la SFOR en el restablecimiento del orden público cuando éste resulte alterado, apoyar el retorno de desplazados y refugiados, cooperar con los policías locales, gobiernos municipales y con la Fuerza de Tareas de la Policía Internacional (IPTF) de la ONU, a fin de contribuir con el proceso de paz y democratización de Bosnia-Herzegovina. Ver al respecto “Las Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas en las Misiones de Paz”, op.cit., pp. 44-45.

120. Idem nota anterior, p. 45.

121. Respecto de la presencia de la KFOR en Kosovo, cabe recordar que el 9 de julio de 1999 se firmó el Acuerdo Técnico Militar entre la Fuerza de Seguridad Internacional “Kosovo Force” (KFOR) y el Gobierno de la República Federal de Yugoslavia, que estipulaba el despliegue de una Fuerza Internacional bajo el comando de la OTAN.

122. Sobre esta cuestión consultar “Las Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas en las Misiones de Paz”, op.cit., p. 45; y Zawels, Hacia un sistema de seguridad colectiva…op.cit., p. 176.

123. El Sahara Occidental fue colonia española desde 1884 hasta 1976, fecha en que España se retiró del territorio, luego de un acuerdo con Marruecos y Mauritania. El territorio del Sahara Occidental es totalmente desértico y su economía se basa en la explotación de las minas de fosfato y la pesca en el Océano Atlántico. En 1973, en plena ocupación española, se organizó el Frente Polisario que luchó contra el poder colonial y contra Marruecos –que ocupó “pacíficamente” al territorio del Sahara Occidental durante la dominación española y militarmente a partir de 1976-. El Frente Polisario, a través de una guerra de guerrillas y con el apoyo de Argelia y Libia, se opuso a la ocupación del Sahara Occidental por parte de Marruecos y Mauritania, y en 1975 proclamó la independencia de la República Democrática del Sahara Arabe. En 1979 el Frente firmó un tratado con Mauritania por el cual este último país renunció a los reclamos sobre el territorio. En 1985 el Frente Polisario se convirtió en miembro pleno de la Organización de la Unidad Africana, factor que provocó el retiro de Marruecos de dicha organización. En 1991, las Naciones Unidas deciden enviar una Misión de Observación para el Sahara Occidental (MINURSO) para destrabar el conflicto entre las fuerzas militares marroquíes y las fuerzas guerrilleras del Frente e intentar, sin éxito hasta el momento, la celebración de un referéndum de libre determinación para el pueblo sarahoui. Ver al respecto Zawels, Hacia un sistema de seguridad colectiva…op.cit., pp. 247-248.

124. Acerca de los detalles de esta gestión argentina, consultar Zawels, Hacia un sistema de seguridad colectiva…op.cit., pp. 177-179.

125. “El espaldarazo de Clinton”, Clarín, 2 de octubre de 1994, p. 11; y “Clinton le dio el último empujón”, Clarín, 21 de diciembre de 1994, p. 2.

126. La resolución 49/139 de la Asamblea General de la ONU (partes A y B) fue aprobada en la 93 a. Sesión plenaria de la Asamblea, el 20 de diciembre de 1994. Sobre resolución de la ONU en relación a los “cascos blancos” ver texto de la resolución 49/139 B, en Naciones Unidas, Resoluciones y decisiones aprobadas por la Asamblea General durante su cuadragésimo noveno período de sesiones, Volumen I, 20 de septiembre-23 de diciembre de 1994, Asamblea General, Documentos Oficiales, Cuadragésimo noveno período de sesiones, Suplemento N° 49 (A / 49 / 49), Naciones Unidas, Nueva York, 1995, pp. 53-54. Ver también Soldados argentinos por la paz…op.cit., p. 18 y el artículo “Ayuda humanitaria para países que sufran desastres naturales o una guerra. La ONU aprobó la idea de Menem para crear los “cascos blancos””, Clarín, 21 de diciembre de 1994, pp. 2 y 3.

127. “En Salta. Menem presenció esa experiencia piloto de lucha contra la pobreza. Debutaron los cascos blancos”, Clarín, 10 de junio de 1995, p. 6.

128. Ver al respecto http:// www.cascosblancos.org.ar sección “Misiones finalizadas”.

129. “Los “cascos blancos” debutarán en territorio de Duhalde”, Clarín, 2 de octubre de 1994, pp. 10-11.

130. Entrevista del autor a Anne Cutts, Unidad Operativa Comisión Cascos Blancos, Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 28 de febrero de 2000.

131. Ver al respecto “Voluntarios Cascos Blancos asisten a los refugiados kosovares. Una misión de alto riesgo en los Balcanes”, revista Cascos Blancos, Número 4, Buenos Aires, Agosto 1999, p. 16.

132. “Voluntarios Cascos Blancos asisten a los refugiados kosovares…”, op.cit., pp. 16-17.

133. “Voluntarios Cascos Blancos asisten a los refugiados kosovares…”, op.cit., p. 17.

134. Entre las denuncias que involucraron a los “cascos blancos” cabe citar: 1) el nombramiento como vocal de este cuerpo de Luis María Gómez (acusado en 1998 por una investigación interna de la ONU, que lo encontró culpable de una demanda de acoso sexual); 2) la designación de Amira Yoma como asesora de los “cascos blancos” en agosto de 1998 (cabe recordar que Yoma había dejado el Gobierno en 1991 como consecuencia de una causa judicial que la involucró con el lavado de dinero y en la que finalmente resultó sobreseída); asimismo, en febrero de 1999, el juez federal argentino Adolfo Bagnasco debió investigar una causa en la que Amira Yoma se había visto envuelta por desvíos de parte de los bolsones de mercadería, remitidos por los “cascos blancos” a personas afectadas por el Huracán Mitch, que terminaron en manos de los operarios despedidos de la curtiembre Yoma (finalmente, el juez Bagnasco archivó esta causa por considerar que se trató de un malentendido); 3) Julia Solanas Pacheco, ex asesora de gabinete de los “cascos blancos”, denunció, en abril de 1999, irregularidades en el manejo de los recursos económicos y materiales que administraba la Secretaría de Asistencia Humanitaria, Cascos Blancos (por su parte, el entonces titular de dicha secretaría, Octavio Frigerio, desestimó las declaraciones de esa mujer y sostuvo que todas las donaciones estaban documentadas y controladas por entes públicos); y 4) la denuncia, efectuada a fines de 1999 por el diario argentino Página /12, que el ex embajador norteamericano en la Argentina James Cheek había informado al gobierno de su país que el menemismo pensaba financiar los cascos blancos, con fondos del fallecido empresario postal Alfredo Yabrán y también con dinero de la secta comandada por el monje coreano Sun Myun Moon. Ver al respecto el artículo “Otro proyecto presidencial de reducción de costos. Menor estructura para los cascos blancos”, por Verónica Alter, La Nación, 2 de enero de 2000, p. 13.

135. Entrevista a Anne Cutts, op.cit.

136. En los casos de Eritrea y Argelia se llevaron a cabo procesos electorales supervisados por las Naciones Unidas que no eran objeto de tratamiento por el Consejo de Seguridad. Sobre esta cuestión ver Zawels, Hacia un sistema de seguridad colectiva…op.cit., p. 176.

• La actuación argentina en el Movimiento de Países No Alineados y el Grupo de los 15 y su impacto en las relaciones con Estados Unidos

a) El Movimiento de Países No Alineados: del perfil moderado al retiro

Como en el caso del cambio en el perfil de votaciones en la Asamblea General y en el

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el abandono del Movimiento de Países No

Alineados (NOAL) por parte del gobierno de Menem es percibido por la literatura y los

medios de prensa como un notorio giro respecto de los lineamientos tradicionales de la

política exterior argentina y como un gesto drástico destinado a confirmar el alineamiento

argentino con el bloque occidental.

Si bien esta percepción no es errónea, cabe advertir que, a lo largo de su historia, la Argentina nunca se sintió del todo cómoda como país miembro del NOAL. Desde su ingreso en esta categoría en la Conferencia de Argel en septiembre de 1973, las sucesivas delegaciones

buscaron jugar un rol de moderación, que en la práctica resultó poco acorde con las posiciones sustentadas por una minoría militante, cercanas al bloque socialista y lejanas en la práctica al concepto original del “no alineamiento” sustentado por Josip Tito de Yugoslavia, Nehru de la India y Sukarno de Indonesia en la Conferencia de Bandung en 1955, hito embrionario de la gestión del Movimiento de Países No Alineados. No obstante esta incomodidad de los representantes argentinos en dicho foro, expresada a través de numerosas reservas a las resoluciones que la mencionada “minoría militante” terminaba por imponer, la Argentina mantuvo, entre 1973 y 1991, su pertenencia al Movimiento, al que percibió como un ámbito útil desde el cual podía sumar apoyos a los reclamos de soberanía respecto de Malvinas. (1)

En un primer momento, Menem se mostró interesado a participar en el Movimiento, aunque con un perfil ideológicamente más moderado que el de su antecesor Raúl Alfonsín.

Este cambio quedó evidenciado en el discurso del presidente argentino ante la novena cumbre de países No Alineados, que tuvo lugar en Belgrado (Yugoslavia) el 4 de septiembre de 1989:

“(….) Ya en 1947, el general Perón enunció la doctrina de la tercera posición, ante la consolidación de bloques económico-militares peligrosamente antagónicos surgidos a partir de Yalta.

Se comprende, entonces, señor presidente, que el movimiento de Países No Alineados nos parezca algo fraternal, nacido con las bases mismas de nuestra ideología política. Por supuesto, no permanecimos detenidos en un pasado que no retornará, y por eso advertimos claramente el cambio en las circunstancias históricas. (…)

Si en aquellos años de la guerra fría, la seguridad se centraba casi exclusivamente en el peligro de un enfrentamiento nuclear entre las superpotencias, hoy la seguridad mundial tiene su centro en la incapacidad para solucionar la brecha entre el Norte y el Sur, y en la demora para erradicar los peligros globales y los daños concretos causados por el creciente deterioro del medio ambiente.

Nuestra unidad para la tarea que debemos proseguir no depende de ideologías ni de afirmaciones doctrinarias difíciles de conjugar. Más bien, es la acuciante necesidad de soluciones pragmáticas organizadas y sostenidas en el tiempo lo que nos acerca y motiva.

No se trata, pues, de definir nuestro movimiento como un bloque en contra de otros bloques políticos. Se trata de consolidar esta vasta convergencia de necesidades, de preocupaciones y de justas aspiraciones de progreso en un sistema de acciones constructivas.

La situación se agravó a tal punto que resulta frívolo detenerse en posturas ideológicas. (…)

En lugar de preguntarnos con debilidad qué pueden hacer las superpotencias por nosotros, debemos también preguntarnos con fortaleza y decisión: ¿qué podemos hacer nosotros por nosotros mismos? (…)

No queremos ser un tercer mundo a la cola de la justicia y del progreso. No queremos ser el subsuelo de la humanidad. No queremos ser un universo en vías de subdesarrollo, como modo de perpetuar nuestra pobreza. Queremos ser parte de un nuevo mundo. De un nuevo mundo,

más justo, más libre, más soberano. Vale recordarlo una vez más: existe un solo mundo, no tres (…).” (2)

En dicho encuentro, Menem reivindicó el derecho de soberanía argentino sobre las islas Malvinas; transmitió ante los jefes de Estado de Jordania, Argelia, Egipto y la India su voluntad de iniciar una gestión de paz en el Medio Oriente para ayudar a resolver el problema palestino y la crisis libanesa; y respaldó la idea de su colega peruano, Alan García, de crear un grupo de consulta sobre la crisis de la deuda externa que elevaría propuestas políticas a las naciones industrializadas y procuraría concertar con ellas en temas tales como el proteccionismo de las naciones ricas y la inestabilidad monetaria internacional. (3)

Menem sostuvo estas iniciativas con un tono moderado y pragmático, que evitaba las críticas a Washington y al régimen de Noriega. Este tono fue el que predominó en el documento final de la reunión, que reiteró a los países desarrollados los tradicionales pedidos de nuevos préstamos blandos, esfuerzos por estabilizar las tasas de interés y mayores concesiones y perdón de la deuda para los países más pobres. No obstante, dichos pedidos evitaron las también tradicionales condenas a los ismos (imperialismo, colonialismo, neocolonialismo, sionismo e intervencionismo). (4) A instancias de Colombia, los No Alineados demandaron una mayor asistencia de las naciones ricas para combatir el problema de la droga. Asimismo, el documento final incluyó el tema Malvinas, elogiando “la constructiva actitud” del gobierno argentino “por sus iniciativas en búsqueda de una solución pacífica de sus diferencias con el gobierno del Reino Unido” y solicitando a Gran Bretaña “el cumplimiento total de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre ese territorio”. (5)

Consciente de las ambigüedades inherentes a la presencia argentina en un foro con los que ideológicamente no se sentía a gusto, la administración Menem decidió dar un paso tajante para demostrar su compromiso con el bloque occidental, especialmente tras el arribo de Guido Di Tella como canciller a principios de 1991. En su disertación ante el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), Di Tella impuso un debate respecto de la pertenencia de la Argentina al Movimiento a través de una provocativa pregunta: ¿para qué sirve el Movimiento de No Alineados a un país como la Argentina que quiere estar en el Primer Mundo? (6)

Las primeras objeciones a la propuesta de Di Tella surgieron de un grupo de diplomáticos de carrera que expusieron argumentos jurídicos –nadie se retiró del Movimiento, el caso de Chile fue un retiro forzoso- o políticos –el apoyo del Movimiento a la causa de Malvinas-. (7)

Asimismo, el 30 de abril de 1991, en ocasión de la reunión del consejo del Partido Justicialista, realizada en la sede partidaria de las avenidas Santa Fe y Callao, este organismo hizo expreso su rechazo a la propuesta de Di Tella de que Argentina abandonara su pertenencia al Movimiento de Países No Alineados. Respecto de esta cuestión, el vicepresidente primero a cargo del Consejo, Roberto García, sostuvo al respecto que “La Argentina tiene mucho que hacer en No Alineados. No hay que salir del grupo, sino que debemos tener mayor presencia”. Por su parte, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Olima, se presentó en el programa televisivo “Tiempo Nuevo” por pedido del propio Di Tella, preocupado por evitar un desencuentro con el partido. Olima, quien buscó “aclarar el sentido” de las palabras de Di Tella, señaló que más que en una desafiliación directa, se pensaba en “trabajar desde adentro” para cambiar la orientación política del organismo. (8)

Por su parte, a fines de agosto, el Consejo Superior de Embajadores elaboró un informe de opinión preparatorio de la reunión de No Alineados en Accra (Ghana) celebrada a principios de septiembre. El contenido de dicho informe evidenciaba la incomodidad de la diplomacia

argentina con dicho foro. Primero, planteaba la inquietud de la actitud a tomar en materia de permanencia o no en el caso de que los puntos de vista sustentados por la delegación argentina “no se reflejan en decisiones o, por lo menos, en propósitos nítidamente enunciados en el documento final”. Segundo, expresaba una dura crítica al proceso de adopción de resoluciones en dicho foro, en los siguientes términos:

“(…) La práctica sobre el desarrollo de las conferencias internacionales demuestra que sus conclusiones, cualesquiera que sean las características de éstas, son el resultado de compromisos. En el caso de los No Alineados ello ha sido menos cierto pues el mecanismo de decisión por consenso para los pronunciamientos –larguísimas declaraciones preparadas por el país huésped elaboradas en usinas no precisamente no alineadas- dejaba poco lugar al disenso de países que asentaban sus disidencias por medio de reservas que no trascendían a la opinión pública mundial”. (9) (la itálica es del autor)

Entre el 2 y el 7 de septiembre tuvo lugar la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Movimiento de los Países No Alineados, que tuvo lugar en Accra (Ghana) y que constituyó la última participación de la Argentina como miembro de este foro. En esta ocasión, la delegación argentina presentó varias propuestas de defensa del pluralismo político, de los derechos humanos y de la libertad de prensa, tendientes a redefinir y adaptar el Movimiento al contexto de posguerra fría. Dichas propuestas planteaban cambiar la concepción de “autosuficiente y aislado” por la de Movimiento “interrelacionado con los Estados desarrollados”. Pero, tal como lo advirtiera el citado informe de opinión del Consejo Superior de Embajadores, la posición argentina chocó con el rechazo de los demás miembros, factor que contribuyó a acelerar en las autoridades del Palacio San Martín y de la Casa Rosada la idea del abandono. (10)

Respecto de las diferencias de óptica que separaban a la Argentina del país anfitrión, el ex asesor del canciller Di Tella, Carlos Escudé, quien formó parte de la delegación argentina en Ghana, comenta lo siguiente:

“(…) Estas contradicciones (las de las respectivas posiciones de Argentina y Ghana) se verificaban en el campo de la evaluación de las recientes transformaciones en el mundo y del rol presente y futuro de las Naciones Unidas; en el ámbito de las ideas económicas y en la esfera de la democracia, el pluralismo y las libertades fundamentales. El borrador del informe del país anfitrión planteaba una añoranza de la Guerra Fría que era, en nuestra posición, francamente contraria no sólo a los valores en que se sustenta la política exterior argentina, sino también opuesta a los superiores intereses de la humanidad.

Explícitamente lamentaba el fin del mundo bipolar y “el comienzo del nuevo orden dominado por los valores occidentales”, y expresaba alarma frente a “la facilidad con que (hoy) se llega a congeniar respecto de cuestiones que antes dividían al mundo” (párrafos 15, 17 y 23)

Declaraba que la democratización de las relaciones entre Estados era un “requisito previo para la aplicación de los derechos humanos y las libertades fundamentales (párrafo 21), de tal modo proveyendo un justificativo para los violadores de derechos humanos del mundo entero.

Respecto del pluralismo político, se expresaba como si se tratara de una moda y un deseo de la gente común a la que muchos gobiernos daban pie benévolamente (párrafo 48): en dichos términos el pluralismo no sería un imperativo de ética política, sino en el mejor de los casos una tendencia bienvenida pero voluntaria y prescindible.” (11)

A continuación, Escudé desarrolla los móviles del gobierno de Menem para concurrir a la reunión de Accra no obstante las divergencias de óptica existentes con el país anfitrión:

No obstante su rechazo político y filosófico de tales conceptos, que hieren la vocación democrática de nuestro pueblo y Estado, el Gobierno argentino estudió este documento con serenidad. Lo hizo en la convicción de que los nobles ideales que inspiraron al Movimiento de los Países No Alineados en su origen, y sus (…) logros pasados en el campo de la descolonización y la eliminación del apartheid, merecían un intento constructivo aunque de improbable éxito de nuestra parte por reformar su sistema ideológico actual.

Inspirados por un tal espíritu, designamos a un equipo de expertos negociadores que, conjuntamente con la conducción política, redactó un importante proyecto de enmiendas para presentar en Accra. La Argentina concurrió a Accra con sobrio realismo, a sabiendas de que sus propuestas difícilmente serían aceptadas por un Movimiento que, en el momento actual, no se caracteriza por su insistencia en la vigencia de la democracia, el pluralismo, los derechos humanos y las libertades fundamentales en sus estados miembros. No obstante, la Argentina concurrió a Accra con un honesto y entusiasta espíritu constructivo, dispuesta a invertir toda la experiencia de pacientes y avezados negociadores en un proyecto de reforma de las más noble inspiración.” (12)

Finalmente, Escudé se detiene en el análisis de las propuestas de enmienda argentinas y de su negativa recepción en Accra:

Lamentablemente aunque esperablemente, las enmiendas argentinas fueron, en su vasta mayoría, rechazadas una tras otra. Quiero ilustrar esta crónica con algunos ejemplos, ya que ello es deseable y necesario para dar a nuestros compatriotas una idea cabal de cuál era la substancia de las enmiendas propuestas por la Argentina.

Sobre el pluralismo político, quisimos introducir la idea, tan sencilla como incuestionable, de que “el desarrollo de sociedades libres y plurales en todos los países debería constituir uno de los objetivos primarios del Movimiento de Países No Alineados”.

Esta idea fue rechazada por el plenario. Como compensación, el país anfitrión nos invitó a negociar un texto de compromiso en una subcomisión integrada por Libia, Uganda y Cuba.

Frente a las escasas convicciones pluralistas de los tres países con que debíamos negociar ese texto, optamos por desistir de las enmiendas. (…) Los párrafos sobre pluralismo político del documento final (números 87 y 88) se limitan a alentar el pluralismo, agregando no obstante que la estabilidad política no puede sobrevivir a la penuria económica.

Así, mediante el artificio de incluir, en el contexto de la discusión sobre el pluralismo político, una mención del indiscutible vínculo que existe entre economía y política, todos los dictadores del Movimiento se cubren las espaldas, y pueden justificar la ausencia de pluralismo invocando la pobreza.

En nuestro afán de introducir un párrafo sobre la libertad de prensa nos fue aún peor. Para el plenario reunido en Accra, la introducción de conceptos tales como “El Movimiento de Países No Alineados afirma su compromiso con los principios de libertad de información y de prensa” era inaceptable. Nuestra idea de que “la tolerancia y el respeto por el ejercicio del libre pensamiento son valores que deben ser respetados por todos los gobiernos” resultó peligrosamente subversiva para la mayoría de los concurrentes. Como consecuencia, el documento final se abstiene de pronunciarse sobre estos temas tan caros a la vida democrática.

Finalmente, para limitarnos a lo esencial, en el especial tema de los derechos humanos el plenario de los No Alineados optó por expresarse de una manera opuesta a la auspiciada por la Argentina. (…) el plenario optó por un texto contradictorio y ambiguo en el que hay una permanente tensión entre los derechos humanos proclamados y el derecho de cada pueblo a

darse a sí mismo cualquier sistema de gobierno. De tal manera, los violadores de derechos humanos pueden invocar su derecho de elegir un sistema de gobierno que no respeta esos derechos. (…) El documento final corona sus reflexiones sobre este tema con la para nosotros inaceptable afirmación de que “La vigencia de los derechos humanos no debe ser una condición para la asistencia económica de parte de países desarrollados e instituciones y organizaciones internacionales a los países no alineados y a otros países en desarrollo (párrafo 84)

Claramente, éste es el lenguaje de las dictaduras. Cuando en el contexto de la negociación de este párrafo, la delegación argentina señaló que fue precisamente la vinculación de las relaciones económicas a la vigencia de los derechos humanos y políticos lo que dio fuerza a la lucha contra el apartheid en Sud Africa, la mayor parte de los países que participaban de esta discusión prestaron oídos sordos a este argumento que debiera haberlos impresionado vivamente.

Por todo lo expuesto, resulta claro que, no obstante sus nobles antecedentes de lucha contra el colonialismo y el apartheid, el Movimiento de Países No Alineados se encamina hoy en una dirección que es justificadora de los dictadores del llamado tercer mundo. Para peor, refleja una añoranza de la Guerra Fría que es contraria a nuestros valores fundamentales y ha adoptado una táctica de confrontación con los países desarrollados que nos parece francamente contraproducente para los mismos intereses de los países más pobres. (…)”. (13)

Ante el prácticamente nulo eco de las propuestas argentinas en la Conferencia de Accra –limitado a “una significativa moderación del lenguaje del documento original” según Escudé-, el 19 de septiembre de 1991, Menem anunció oficialmente en la Casa de Gobierno el retiro de la Argentina del Movimiento de Países No Alineados (NOAL). Menem dijo que el NOAL “ya no tiene razón de ser, porque existe un solo mundo y en él está nuestro país”. Confirmó que la decisión surgió tras el rechazo de las propuestas argentinas en la Conferencia de Ghana. En sintonía con las declaraciones presidenciales, la Cancillería dio a conocer un comunicado donde destacó que el NOAL

“fue abandonando progresivamente su prescindencia frente a los dos grandes bloques y no está hoy en posición de contribuir eficazmente a la consolidación del orden internacional”. (14)

Como era de esperarse, la medida generó fuertes polémicas internas, aunque contó con el respaldo del ministro de Economía, Domingo Cavallo y por el ex asesor económico del gobierno de Menem en materia de deuda externa, el ucedeísta Alvaro Alsogaray, como un gesto congruente con la política exterior del gobierno (15).

La salida argentina de No Alineados fue criticada por el principal partido de oposición, la UCR, la cual destacó en una declaración del comité nacional la “pérdida de independencia” en la política exterior seguida por la administración Menem. A su vez, el ex canciller radical Dante Caputo la calificó como “una idea exagerada” y “un gesto complaciente” que buscaba el reconocimiento de los Estados Unidos. Opinión similar a la expresada por el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Luis Zamora, que lo calificó como un gesto propio de un gobierno “títere de los Estados Unidos” y como “otro acto de sumisión a Bush y al FMI”. También en el seno del PJ hubo opiniones contrarias al retiro del NOAL. No obstante, con la excepción del Grupo de los Ocho diputados peronistas disidentes –que presentaron ante la Cámara Baja un proyecto de resolución rechazando la decisión adoptada por el gobierno- el grueso de los sectores del oficialismo contrarios a la medida decidieron no exteriorizar sus

discrepancias públicas con el Presidente y con el Canciller, promotor de la idea de irse de No Alineados. (16)

Como era de esperarse, los medios de prensa se dividieron entre los partidarios del abandono como un gesto acorde a la pertenencia de la Argentina a Occidente -encabezados por el diario La Nación- (17) y los opositores a dicha decisión –entre ellos Clarín y Página/12-. Así, en sendos editoriales de Clarín, Oscar Cardoso enfatiza las contradicciones de la política exterior argentina entre la defensa de la dinastía kuwaití y el abandono de No Alineados por un afán democratizante, mientras que Enrique Alonso sugiere que la decisión podría estar repitiendo la creación de una política exterior basada en el satelismo respecto de los Estados Unidos, en un contexto de ausencia de crecimiento económico. (18) Por su parte, Martín Granovsky, de Página/12, criticó la forma en que se tomó la decisión del retiro ya que no se abrió el debate y se acentuó el estilo monárquico del presidente. (19)

Al debate en los medios de prensa respecto del abandono argentino de No Alineados se sumaron por cierto las voces encontradas entre los representantes de los ámbitos académico y político. Mientras Carlos Escudé justificó lo atinado de la decisión del canciller Di Tella, argumentando que la Argentina no podía seguir violando los principios democráticos al continuar perteneciendo a un foro dominado por un grupo de dictaduras, Carlos Alvarez sostuvo que esta decisión era un paso más de la política de sometimiento a los Estados Unidos. De acuerdo con Alvarez, el abandono del NOAL representaba la pérdida de un espacio de negociación que podía crear márgenes de autonomía para la Argentina. (20) Asimismo, el ex canciller Dante Caputo se sumó a las críticas respecto de la arbitrariedad del gobierno que tomaba decisiones de este tipo sin abrir un debate en el Congreso y la sociedad sobre una cuestión que era de Estado y no de gobierno. También objeto la decisión como una idea exagerada del gobierno por realizar un gesto complaciente que sea reconocido por los Estados Unidos. A través de un argumento similar al citado por Alvarez, Caputo destaca que con el retiro de No Alineados, la Argentina perdía una alianza que le permitía ejercer –junto con otros países- cierta presión en cuestiones claves o urgentes. Finalmente, cuestionó una decisión que no había tenido en cuenta la importante contribución de los países no alienados en el reclamo argentino por la soberanía de las islas Malvinas. (21)

Si bien el retiro argentino de No Alineados constituyó otro gesto del gobierno de Menem destinado a reafirmar el compromiso de la Argentina con Estados Unidos y los países desarrollados de Occidente, los embajadores norteamericanos en las Naciones Unidas, Thomas Pickering y en Buenos Aires, Terence Todman, expresaron que la decisión fue un error ya que Estados Unidos prefería que la Argentina modificara, desde adentro, la postura del Movimiento. (22) No obstante, esta decisión tuvo un positivo impacto en los vínculos con Israel, otro de los componentes de la coalición occidental. En el corto plazo, permitió concretar una visita presidencial a Israel en el mes de octubre de 1991, paso que el gobierno de Alfonsín no había podido concretar precisamente por los compromisos asumidos con el NOAL que fue un ardiente defensor de la causa palestina. (23)

b) El Grupo de los 15: el choque entre el perfil occidentalista de la Argentina y el perfil tercermundista del resto

No obstante su retiro del Movimiento de Países No Alineados, la Argentina participó del Grupo de los 15 (G-15) (24), donde intentó sumar adeptos al perfil occidentalista de su política exterior. Esta intención estuvo presente ya en la primera reunión del Grupo, que tuvo lugar entre los días 1° y 3 de junio de 1990 en Kuala Lumpur (Malasia). La misma contó con la

participación de los jefes de Estado de Argentina, India, Indonesia, Malasia, Senegal, Venezuela, Yugoslavia y Zimbabwe, y altos ministros de Argelia, Brasil, Egipto, Jamaica, México, Nigeria y Perú.

Durante esta primera reunión de los 15, el presidente argentino, Carlos Menem, se declaró contrario a la idea de formar un club de los países endeudados del Tercer Mundo, que originariamente apoyara en la Conferencia del NOAL de Belgrado. Al respecto, Menem sostuvo que los países industrializados

“exigen que cumplamos con nuestros compromisos de la deuda externa, que vamos a respetar, pero nos limitan el acceso a los mercados de nuestros productos básicos. Lo que pedimos es que nos dejen vender nuestros productos (…) (para lograr el crecimiento) (…) también hay que arreglar las cuentas internas, como lo estamos haciendo en la Argentina. Nuestro gobierno, desde un principio, comenzó a arreglar las cuentas internas y a través de esa determinación se logró una buena negociación con los acreedores externos, que está dando frutos”. (25)

Menem sostuvo una posición similar en la segunda Reunión Cumbre de los 15 que tuvo lugar en Caracas (Venezuela) en los días 28 y 29 de noviembre de 1991. En dicha ocasión, Menem hizo ante el Grupo una defensa de la política argentina de acercamiento a los Estados Unidos e instó a que otras naciones fuesen admitidas en el Grupo de los 15, “para hacer más institucional el diálogo con el mundo industrializado, como instancia representativa de los países en desarrollo”, en palabras del canciller Guido Di Tella. El presidente argentino criticó la “inclinación desproporcionada hacia el tema de la cooperación Sur-Sur” propio del primer encuentro de los 15, sostuvo la necesidad de “poner más énfasis en la relación con el Norte” y exhortó a los demás a ampliar el número de miembros y eliminar posturas tercermundistas para garantizar la supervivencia del foro. Estas demandas argentina no fueron compartidas por el resto de los países, que aspiraban a un mayor incremento en la cooperación Sur-Sur. La declaración final procuró compensar estas divergencias, al destacar las peticiones al Norte industrializado respecto de dos cuestiones: el proteccionismo (como práctica del Norte contraria a su prédica de liberalismo) y el diálogo Norte-Sur entre los 15 y los países industrializados. (26)

La diferencia entre la óptica de la Argentina y la manifestada por el resto de los integrantes del Grupo volvió a registrarse durante las siguientes reuniones. No obstante, durante la tercera cumbre de jefes de Estado y representantes del G-15, que tuvo lugar en Dakar (Senegal), los días 23 y 24 de noviembre de 1992, se adoptaron algunas medidas en la dirección deseada por el gobierno de Menem, tales como la aceptación de Chile como miembro y la incorporación en la agenda de la necesidad de fortalecer el diálogo Norte-Sur. Respecto de este último punto, los Jefes de Estado y de gobierno (la Argentina estuvo en esa ocasión representada por su embajador en París, Italo Luder) afirmaron que

“el diálogo Norte-Sur debe tener en cuenta las realidades económicas actuales, fortaleciendo el poder de negociación”. (27)

Por su parte, en ocasión de la reunión del Grupo de los 15 correspondiente a marzo de 1994, que sesionó en la India, el presidente Menem ratificó el compromiso de la Argentina con la agrupación, pero también afirmó la necesidad de que la cooperación técnica entre las naciones estuviese "depurada de contenidos ideológicos". Al respecto, destacó que había pasado la época en que los países del Sur echaban la culpa a los del Norte por los problemas que los aquejaban.

A pesar de que el discurso de cierre del mandatario argentino contradijo puntos contenidos en el documento final firmado por todas las delegaciones, la Argentina manifestó su intención de continuar formando parte del G15. Además, Menem fue elegido en esa oportunidad presidente del Grupo y Buenos Aires como sede del próximo encuentro del G15. (28)

• La actuación argentina en otros foros políticos multilaterales de alcance mundial

La adhesión argentina a los regímenes de seguridad internacional

Por cierto, otro ejemplo notorio del renovado perfil de compromiso occidentalista de la diplomacia argentina durante los años del gobierno de Menem fue la activa participación en diversos regímenes de seguridad internacional, en particular los vinculados a la no proliferación nuclear. Este comportamiento en la dimensión multilateral de los vínculos con Estados Unidos tuvo un positivo “efecto derrame” en la dimensión bilateral de dicha agenda, en tanto contribuyó a incrementar el capital de confiabilidad internacional deseado por el gobierno argentino. Ejemplos de esta tendencia fueron la aprobación en diciembre de 1992 y por decisión unánime de sus miembros, del ingreso de Argentina como miembro del Grupo Australiano de control sobre sustancias químicas y biológicas en diciembre de 1992 –paso que contó con el firme respaldo de Estados Unidos-; el ingreso de Argentina como miembro del Régimen de Control de Tecnologías Misilísticas (MTCR) en noviembre de 1993; como adherente del Club de Proveedores Nucleares, o Club de Londres, en marzo de 1994; y como firmante de la Convención de Armas Químicas en enero de 1993 y del Acuerdo Wassenaar en Viena en marzo de 1996 referente a la transparencia en la transferencia de armas convencionales, materiales y tecnologías sensibles. (29)

La actuación argentina en la cumbre de Washington contra el narcotráfico: otro ámbito de divergencias entre las posiciones argentina y norteamericana

En los días 10 a 12 de noviembre de 1999, tuvo lugar la reunión cumbre de 34 países sobre la lucha contra la droga, celebrada en Washington. Los participantes de la cumbre dieron un paso trascendente al aprobar el Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), destinado a calificar la situación de cada país en relación con el problema del consumo y tráfico de estupefacientes. Cabe recordar que este paso evidenció la resistencia de Argentina y del resto de los países de la región a la evaluación realizada de manera unilateral por el gobierno norteamericano a través de un mecanismo conocido como “certificación / descertificación”. Por este mecanismo, cada año el Departamento de Estado publicaba una lista con los países que nominalmente habían cumplido con los objetivos de lucha antidroga acordados con las autoridades norteamericanas –los países “certificados”-, y los que no habían cumplido con las pautas establecidas –los “descertificados”-. (30)

SEGUNDA PARTE

LA ACTUACION DE LA ARGENTINA EN LOS DISTINTOS FOROS ECONOMICOS MULTILATERALES DE ALCANCE MUNDIAL Y SU IMPACTO EN LAS RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS

• Argentina y los organismos internacionales de crédito

A partir de la asunción de Carlos Menem a la presidencia en 1989, se retomaron las

negociaciones con los organismos internacionales de crédito, a la vez que cambian los

términos de los acuerdos y de las negociaciones propios de la etapa del gobierno radical.

Cabe destacar que este cambio de enfoque del gobierno argentino no sólo estuvo ligado a la

presencia de Domingo Cavallo en el gabinete, quien poseía sólidos contactos con el

establishment norteamericano, originados durante su estadía por la Universidad de Harvard.

También estuvo vinculado en el reposicionamiento de los países acreedores, los cuales eran

en 1989 mucho más fuertes que en 1982, fecha en que estalló la crisis de la deuda externa a

partir de la declaración de moratoria de México. (31)

Ya durante su etapa como canciller (1989-1991), Cavallo explicitó las diferencias de enfoque

de su gobierno con la administración anterior respecto del manejo de la deuda externa en los

siguientes términos:

“Estados Unidos y los organismos internacionales de crédito trataron de ayudar mucho al

gobierno del doctor Alfonsín, pero la imagen de Argentina de país que asume compromisos

con más facilidad que la que usa para cumplirlos es una imagen desfavorable que heredamos.

Ahora estamos tratando de no asumir tan fácilmente los compromisos, pero una vez que los

asumimos tenemos que estar seguros de que los vamos a cumplir. El objetivo es reestablecer

la confianza en el país.” (32)

a) Las relaciones de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

Las medidas adoptadas por Menem en materia de política económica provocaron, desde un primer momento, el apoyo entusiasta de la Casa Blanca, quien jugó un rol de arbitraje y facilitó el camino para que las autoridades argentinas pudieran acordar la reducción de la deuda con los bancos acreedores al estilo de México. (33) Así, ya durante la primer visita del presidente Menem a Estados Unidos, que tuvo lugar en septiembre de 1989, su colega norteamericano, George Bush, anunció el otorgamiento de un préstamo stand-by para la Argentina por 1400 millones de dólares. Por su parte, la Casa Blanca dio una declaración en la que expresa que el presidente Bush “indicó el apoyo de los Estados Unidos” para el programa económico argentino. Horas después de este encuentro presidencial, el Fondo confirmó la aprobación del acuerdo por parte de la gerencia de la institución. (34) Dicho préstamo se concretó en el mes de noviembre, en un trámite que contó con el apoyo férreo del Departamento de Tesoro, a pesar de

que Argentina estaba en mora en los pagos a sus acreedores y adeudaba intereses desde abril de 1988. (35)

El 25 de mayo de 1990, la Junta Directiva del FMI aprobó las nuevas metas para el acuerdo stand-by con la Argentina, por el cual el gobierno de Menem pudo recibir un desembolso por el equivalente de 240 millones de dólares. Con este acto se reanudaron las relaciones financieras de la Argentina con el FMI, interrumpidas en diciembre de 1989 cuando como consecuencia de la crisis económica la Argentina se apartó de las metas fijadas en el stand-by aprobado el 10 de noviembre de ese año. Como en otras oportunidades, este paso favorable a las autoridades económicas argentinas, contó con el decisivo protagonismo de los funcionarios del Departamento del Tesoro norteamericano, que presionaron para ablandar la actitud reticente de los directores europeos y emitir un comunicado sobre las negociaciones que se iniciarían a principios de junio. (36)

El 28 de noviembre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un desembolso de 240 millones de dólares para la Argentina, correspondientes al segundo tramo del préstamo stand-by. (37)

A principios de diciembre, el presidente Bush visitó la Argentina, como un nuevo de apoyo político para un país cuyo presidente enfrentaba en ese momento el último de los levantamientos del sector carapintada del Ejército. En dicha ocasión, el mandatario republicano prometió apoyo político en las negociaciones con la banca acreedora: “Con el aporte del Banco Interamericano de Desarrollo queremos alentar el alto potencial argentino; las privatizaciones son importantes en la Argentina, pero apenas significan un paso de los varios que deberán concretarse”. A pesar de la promesa de apoyo político para las negociaciones entre el gobierno argentino y los bancos, Bush también advirtió que la Argentina no debía esperar beneficios “depositados generosamente a sus pies” para solucionar el problema del endeudamiento externo. Asimismo, Bush elogió a Menem como “uno de los líderes del mundo” y sostuvo que “ha tomado el primer puesto en el campo de las privatizaciones y en muchas otras áreas”. El jefe de la Casa Blanca tampoco ahorró elogios para referirse a la economía argentina, a la que calificó como una de las “más importantes del mundo”. Señaló también que “la Argentina fue uno de los países más ricos al comenzar este siglo y estos seguro que volverá a serlo”. (38) Tras despedir a su colega Bush, Menem anunció que “a mediados o fines del año próximo”, la Argentina ingresaría al Plan Brady, “lo que nos permitirá pagar la deuda externa con crecimiento y desarrollo”. (39)

Los apoyos económicos concretos se hicieron realidad días después, el 18 de diciembre, fecha en que, por unanimidad, el directorio del Banco Mundial aprobó dos nuevos préstamos para la Argentina, por un monto total de 300 millones de dólares. De acuerdo con declaraciones que Shahed Husain, vicepresidente para América Latina y el Caribe de esta institución, este nuevo préstamo era una forma de respaldar

“los nuevos proyectos de ajuste de la Argentina (que) muestran la decisión del Gobierno de seguir profundizando las reformas económicas con apoyo de la comunidad internacional”. (40)

Una manifestación concreta del apoyo de Washington a la política económica adoptada por la administración Menem tuvo lugar durante el viaje del presidente argentino a Estados Unidos en

noviembre de 1991. Vale la pena transcribir al respecto una editorial del diario Clarín que comenta en los siguientes términos los resultados de la visita presidencial:

“(…) cuando parecía que la cosecha de este viaje era muy buena en lo político y pobre en lo económico, el ministro Domingo Cavallo primero y Menem después recibieron como si fuera agua bendita el comunicado del Fondo Monetario Internacional admitiendo virtualmente que el crédito de facilidades extendidas saldrá el primer trimestre de 1992. Ese respaldo llegó tres días después de que en un desayuno Menem le dijera a Nicholas Brady: “Dígame; después de todos los esfuerzos que hemos hecho para ajustar nuestra economía ¿le parece que yo puedo volver con las manos vacías a la Argentina? Brady sintió el “apriete” recordando que la administración Bush había tomado la decisión política de apoyar el programa económico argentino y envió la señal respectiva al FMI, cuyo titular Michel Camdessus tomó contacto tres veces ese día con Cavallo (…) La decisión política tomada por Bush fue más fuerte que las objeciones que los técnicos del FMI y la banca acreedora hacen a Cavallo por el no cumplimiento de algunas metas previstas –principalmente en el terreno fiscal- para que la Argentina ingrese “limpita limpita” al plan Brady (…)” (41)

Este apoyo tuvo sus frutos en marzo de 1992, a través de la concesión de un préstamo de facilidades extendidas (PFE) con el FMI, después de alcanzar satisfactoriamente los compromisos correspondientes a dos trimestres del crédito stand-by aprobado en julio de 1991. (42)

El rol de arbitraje del gobierno norteamericano entre el gobierno argentino y la banca acreedora tuvo una nueva oportunidad de manifestarse en septiembre de ese mismo año, cuando los bancos norteamericanos fueron intimados por el Departamento del Tesoro a adoptar una posición de mayor apoyo hacia el programa de convertibilidad argentino y accedieron a pequeñas correcciones. (43)

A principios de diciembre de 1992, y luego de varios meses de pacientes negociaciones, el

gobierno argentino consiguió formalizar la firma de un acuerdo de reducción de la deuda

externa con los bancos comerciales acreedores en el marco del Plan Brady. (44) Así, el

primer desembolso neto del FMI, de 1586 millones de dólares, se concretó en 1993, y fue

utilizado por el gobierno argentino para convertir su deuda pública con los bancos sin

garantía en la adquisición de los bonos garantizados Par y Discount (los bonos Brady). Los

economistas Noemí Brenta y Mario Rapoport destacan que, con esta operación de

conversión, se redujo el monto de la deuda del gobierno argentino con los bancos

comerciales pero comenzó a aumentar el endeudamiento en bonos. (45)

El segundo gran desembolso del FMI de la década de 1990, un préstamo neto de 1843 millones de dólares –cifra cercana al límite de acceso a los servicios ordinarios del organismo- tuvo lugar en 1995, año en que la desaceleración del crecimiento económico argentino constituyó

uno de los primeros síntomas de las debilidades inherentes al plan de convertibilidad lanzado en abril de 1991 por el ministro de Economía Domingo Cavallo. No obstante, la crisis financiera de los mercados emergentes, iniciada con la crisis de México (o crisis tequila) en 1994, permitió que los economistas del gobierno confundieran el diagnóstico y atribuyeran las dificultades a los shocks externos y no a las debilidades internas del modelo económico adoptado. (46)

El ingreso al Brady le permitió al gobierno diferir el pago de los intereses y financiarse vía la colocación de bonos en mercados voluntarios, a la vez que obtener significativos ingresos provenientes de las privatizaciones y de otras fuentes. Asimismo, las autoridades del Fondo no se preocuparon por lo que fue el talón de Aquiles del esquema de convertibilidad adoptado por la Argentina desde 1991 –el persistente aumento de la relación deuda del sector público / PBI, que creció un 12 % entre 1993 y 1998-. (47) El bajo nivel de supervisión del Fondo que señala Michael Mussa quedó demostrado en el hecho que entre 1995 y 1998 el déficit del gobierno argentino estuvo dentro de los límites trimestrales indicados al comienzo de cada año en los programas respaldados por el FMI menos de la mitad de las veces. Más de la mitad de las veces se “perdonó” el incumplimiento de las metas. (48) Curiosamente, al menos en lo que respecta a las relaciones financieras entre la Argentina y el FMI, el objeto de revertir la desconfianza externa había sido cumplido con creces por el gobierno de Menem, al punto que las autoridades del Fondo, presionadas a su vez por las de la Casa Blanca, consintieron el poco responsable desempeño fiscal de la Argentina porque era un país “modelo” en su inserción estratégica y económica con los países desarrollados de Occidente.

b) La Argentina y el Banco Mundial

Por cierto, la adopción, por parte del gobierno de Menem, de un perfil de política económica interna y exterior que privilegió la alianza con Estados Unidos y los países desarrollados de Occidente tuvo un innegable impacto en los vínculos entre las autoridades argentinas con el Banco Mundial. Cabe destacar al respecto que en el informe de 1994 del organismo de crédito se sostenía que

“desde 1961 el Banco Mundial prestó a la Argentina 8.741 millones (de dólares), de esos préstamos 3600 millones fueron concedidos desde 1989”. (49)

Asimismo, Corbalán destaca que sólo entre 1990 y 1994 el Banco Mundial otorgó el 40% del monto total destinado a la Argentina desde 1961, porcentaje que se incrementó considerablemente durante los años 1995 a 1997. (50)

Especialmente a partir de la asunción de Cavallo como ministro de Economía (1991-1995), el Banco Mundial envió una sucesiva ola de préstamos (24 créditos entre 1991 y 1996 y 26 nuevos créditos a partir de 1996), que pueden clasificarse en cuatro tipos de préstamos: a) de inversión para infraestructura; b) para programas sociales; c) para ajuste estructural; y d) para asistencia técnica. (51)

Dentro de la primera categoría pueden citarse los casos de los préstamos vinculados a los Proyectos BIRF 3520 sobre la represa de Yacyretá II (cuyo monto fue de 300.000 millones de dólares y se extendió desde noviembre de 1992 hasta diciembre de 1998); BIRF 3521 sobre inundaciones (170.000 millones de dólares, desde enero de 1993 a diciembre de 1996); y BIRF 3611 sobre rutas no privatizadas (340.000 millones de dólares desde octubre de 1993 a junio de 2000). (52)

Por su parte, en la categoría de préstamos del Banco Mundial para programas sociales pueden ubicarse los vinculados a los proyectos BIRF 3643 para financiamiento del Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN) (cuyo monto fue de 100.000 millones de dólares y se extendió desde agosto de 1991 a diciembre de 1996); BIRF 3794 sobre descentralización y mejoramiento de la educación media (190.000 millones de dólares, desde marzo de 1995 a junio de 2000); y BIRF 3921 sobre financiamiento de la educación superior (165.000 millones de dólares, vigente desde diciembre de 1995 hasta diciembre de 2000). (53)

A su vez, ingresaron en el status de préstamos del Banco Mundial para ajuste estructural los ligados a los proyectos BIRF 3709 y 3710 Ar sobre desarrollo del mercado de capitales (cuyos respectivos montos de préstamos fueron de 500.000 millones y 8.500 millones de dólares, otorgados en el primer caso durante el lapso transcurrido entre noviembre de 1994 y junio de 1996; y entre noviembre de 1994 y junio de 1998 en el caso del último; el proyecto BIRF 3878 sobre financiamiento a la privatización de bancos (por 500.000 millones de dólares, vigente entre mayo de 1995 y abril de 1997); 3926 sobre reforma de bancos privados (también por 500.000 millones de dólares, entre octubre de 1995 y diciembre de 1997); y 3927, referente al sector minero (por un monto de préstamo de 10.000 millones de dólares, desde octubre de 1995 a junio de 2001). (54)

Finalmente, en la categoría de préstamos del Banco Mundial para asistencia técnica cabe destacar los vinculados a la reforma del sector público (caso del proyecto BIRF 3362/AR, que estipuló una serie de préstamos para apoyar el proceso de reforma administrativa de la Administración Pública por un monto de 23.000 millones de dólares, que duró de agosto de 1991 a febrero de 1996, cuyo primer desembolso se efectuó en diciembre de 1991); a la Asistencia Técnica a la Administración Tributaria (caso del proyecto BIRF 3460, que incluyó préstamos por 20.000 millones de dólares, desde septiembre de 1992 a febrero de 1997); y a la reforma de empresas públicas. (55)

De acuerdo con María Alejandra Corbalán, después de 1996, el Banco Mundial concedió a la Argentina 26 nuevos créditos, de los cuales aproximadamente el 50 % se orientó a profundizar las reformas económicas ya emprendidas y a ampliarlas hacia otros sectores que originariamente no estaban comprendidos en ellas, tales como la reforma de la justicia, la reforma laboral, las nuevas privatizaciones de bienes públicos (como, por ejemplo, los aeropuertos y transportes públicos de la Ciudad de Buenos Aires) y a la extensión de las reformas hacia otras provincias y municipios no incluidos en las préstamos anteriores. (56)

• La actuación de Argentina en otros regímenes y organismos económicos internacionales

a) La Argentina, el GATT y la OMC

Durante la década de 1990, la diplomacia argentina dedicó el grueso de sus esfuerzos en colocar el tema agrícola dentro de las negociaciones del Acuerdo de Tarifas y Comercio (GATT), surgido en 1947 como organismo promotor de la progresiva liberalización del comercio a través de sucesivas rondas.

A fin de comprender las dificultades argentinas en el marco del GATT, cabe destacar algunas características del Acuerdo en términos de su toma de decisiones. De acuerdo con Valentina Delich, el GATT no era una organización internacional al estilo de la ONU, sino un acuerdo internacional sobre aranceles y comercio. Por lo tanto, no tenía “miembros” sino “partes contratantes”. Al no crearse una organización internacional que le sirviera de marco y tener que asumir el GATT el rol de organización, los países signatarios del acuerdo establecieron el principio del consenso tanto para las decisiones conjuntas como para el sistema de solución de controversias. En otras palabras, las decisiones del GATT como organización sólo podían concretarse si las partes firmantes prestaban su consentimiento. Además, en el caso de la solución de controversias, cuando el GATT debía adoptar una recomendación para las partes también debía hacerlo por consenso, y por lo tanto cada país afectado debía prestar su voluntad para auto-recomendarse. Aunque al inicio de la Ronda Uruguay del GATT en 1986, el sistema de solución de diferencias evolucionó pasando de los representantes de los gobiernos a un sistema de paneles de especialistas que se ocuparon de los conflictos no resueltos mediante consultas, tanto la formación de los paneles como la adopción de las recomendaciones debían ser consensuadas por todos los miembros del GATT. Como el lector podrá adivinar, esta mecánica dejó abierta la posibilidad a los países de bloquear la formación de paneles no deseados y la adopción de recomendaciones no favorables. (57)

Con el inicio de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 1995, las diferencias entre Argentina y Estados Unidos en el ámbito del comercio agrícola se mantuvieron. La primera, en su carácter de integrante del llamado Grupo Cairns (58), promovió activamente la liberalización del comercio agrícola y la eliminación de los subsidios tanto en la fase de producción como en la de exportación. (59) Por consiguiente, los representantes argentinos hicieron oír sus reclamos con respecto a los subsidios norteamericanos sobre productos exportables como carne, lana, maní, pasta de maní y tubos de acero. Por su parte, los norteamericanos plantearon duras quejas respecto de la protección argentina a productos como textiles y calzado y respecto de la ley argentina de patentes farmacéuticas. Por cierto, esta última cuestión se convirtió en uno de los temas más espinosos de la agenda tanto en la dimensión bilateral como en la multilateral. (60) Respecto de esta última cuestión, Estados Unidos solicitó la consulta de los paneles de la OMC en tres oportunidades durante el año 1999, argumentando que las modificaciones en la legislación efectuadas por el gobierno argentino no eran consistentes con las provisiones contempladas en el Acuerdo sobe Comercio y Aspectos Relacionados con los Derechos de Propiedad Intelectual (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights or “TRIPS Agreement”) (61)

No obstante las diferencias comerciales entre ambos países, las mismas fueron menores que las que separaron a Estados Unidos y la Argentina, por un lado, y a los países cuya producción agrícola dependía de los subsidios y de otras políticas proteccionistas (casos de las naciones integrantes de la Unión Europea, Japón y Corea del Sur), por el otro. Ante este frente común de peligro, Argentina y Estados Unidos fueron “aliados objetivos” e impulsaron una reforma del comercio agrícola durante la tercera reunión ministerial de la OMC en Seattle, que sesionó del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 1999. El documento final incorporó varias cuestiones de alto interés para la Argentina en tanto coincidieron con la orientación liberal de la política económica adoptada por el gobierno de Menem, tales como la eliminación de los subsidios a las exportaciones, la reducción de tarifas sobre los productos agroindustriales y la reducción de subsidios internos. (62)

Otro ámbito donde también se registraron convergencias entre las posiciones argentina y norteamericana fue el de los productos agrícolas transgénicos, cuestión en la que ambos países se enfrentaron a la postura ecologista de la Unión Europea, defendiendo el derecho de exportar productos genéticamente modificados, dado que hasta el momento no existe la comprobación científica acerca de sus efectos dañinos para la salud humana. Cabe recordar que en este rubro, Argentina y Estados Unidos son los dos productores mundiales principales, con participaciones porcentuales del 74 % y 15 % del total global, respectivamente. (63)

b) La participación argentina en el marco de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)

Por cierto, otro gesto del gobierno de Menem que demostró su vocación por integrar la

coalición occidental fue su intención de incorporarse como miembro a la Organización de la

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). (64) Esta organización, creada en 1960,

estuvo durante casi tres décadas replegada sobre sí misma en la tarea de construir un espacio

político y económico regido por principios democráticos y liberales, en contraposición a lo

que ocurría en el bloque soviético y socialista o en el mundo en desarrollo, que practicaban

en ambos casos modelos diferentes. El fin de la Guerra Fría y la creciente aceptación, de

parte de los países no miembros de la OCDE, de políticas inspiradas en la vigencia de la

democracia, los derechos humanos, la economía de mercado y la apertura económica, fueron

factores que contribuyeron a aumentar la importancia de la organización en el contexto de

las instituciones económicas internacionales. En el ámbito macroeconómico sus pautas

pasaron a tener influencia decisiva en los planos multilateral y nacional, a la vez que la

aceptación de sus códigos y normas de conducta se transformaron en un “sello de calidad”

para los países que las respetaran.

Dada la alta categoría que adopta un país al ingresar en esta organización, no extraña que el

gobierno de Menem, deseoso de obtener para la Argentina un mayor grado de credibilidad

internacional, tuviese como uno de sus objetivos prioritarios el ingreso a la OCDE. De

acuerdo con los comentarios escritos del ex asesor del canciller Di Tella, Carlos Escudé, el

ingreso argentino a dicha organización tuvo como uno de sus principales impulsores al

director de Seguridad Intenacional, Asuntos Nucleares y Espaciales de la Cancillería,

Enrique de la Torre, quien creía que: 1) la asociación argentina con la OCDE “nos daría

disciplina” en términos de la política económica; y 2) cada inclusión de la Argentina en los

estatutos de la Organización causaría conmoción local y sus diagnósticos aparejarían

consecuencias políticas para el país, dado que la OCDE se involucra en las políticas

económicas de los países miembros de la agrupación. (65)

Durante la década de 1990 se lograron los siguientes pasos en relación a esta cuestión:

a) en marzo de 1994, la Argentina logró su ingreso al Centro de Desarrollo de la OCDE (CD-OCDE), un órgano especializado de la OCDE que en la actualidad constituye un foro independiente para el diálogo informal entre los miembros de esta organización y los de los países en desarrollo (66);

b) en junio de 1995, la Argentina fue aceptada, con carácter de observador, en el Comité de Agricultura de la OCDE, habiéndose reconocido su condición de major player en cuanto a producción y comercio de productos del agro (67);

c) desde agosto de 1995, un experto argentino participa activamente de las reuniones del Grupo de Expertos de la OCDE cuyo objetivo es el de avanzar hacia el diseño de un acuerdo sobre créditos a las exportaciones agrícolas (68);

d) el 26 de febrero de 1996, durante la visita del presidente Menem a Francia, éste hizo una presentación ante el Consejo de Embajadores de la OCDE en la que quedó planteada la alta prioridad que otorgaba el gobierno argentino a la incorporación del país como miembro pleno de la organización. En el curso de la ceremonia de la presentación del presidente Menem, el secretario general de la OCDE, Jean-Claude Payé, anunció la aprobación del Consejo a la aspiración argentina de incorporarse como miembro observador del Comité de Comercio. (69)

e) a fines de octubre de 1996 se llevó a cabo en Buenos Aires el Seminario sobre Políticas de Competencia, coauspiciado por la Dirección de Asuntos Financieros, Fiscales y de las Empresas (DAFFE) de la OCDE y por el Banco Mundial (BM), evento que constituyó un hito en la etapa de “reconocimiento mutuo” entre la Argentina y los miembros de la Organización (70);

f) en noviembre del mismo año, la Argentina fue invitada a participar como miembro observador del Comité de Inversiones y Empresas Multinacionales (CIME) de la OCDE y a adherir a la “Declaración de la OCDE sobre Inversiones Internacionales y Empresas Multinacionales y a las Decisiones y Recomendaciones Conexas”. Por cierto, esta incorporación argentina a la CIME constituyó una prueba de “afinidad” del país con los miembros de la OCDE. (71)

• NOTAS

1. Entrevistas del autor al ex representante argentino ante la ONU, Carlos Ortiz de Rozas, Buenos Aires, 25 de julio y 5 de diciembre de 2001 y 15 de noviembre de 2002.

2. Discurso del presidente argentino, Carlos Saúl Menem, en la Reunión Cumbre de Países No Alineados, realizada en Belgrano, Yugoslavia, el día 4 de septiembre de 1989, en Archivo personal del ex vicecanciller Andrés Cisneros, Caja N° 22, Carpeta Trabajos de Jorge Bolívar.

3. Esta idea de creación de un grupo de consulta sobre la crisis de la deuda externa fue sostenida por los representantes de Argentina, Perú, Venezuela y otros ocho países no alineados -Argelia, Egipto, India, Indonesia, Nigeria, Senegal, Yugoslavia y Zimbabwe-. Ver al respecto los siguientes artículos: “Comienza en Yugoslavia la cumbre de los No Alineados. Se daría a conocer un documento especial sobre la deuda externa”, La Nación, 3 de septiembre de 1989, p. 4; “La soberanía en las Malvinas es irrenunciable”, La Nación, 5 de septiembre de 1989, p. 1; “Menem censuró la brecha entre Norte y Sur” y “Crearon un virtual club de deudores”, La Nación, 6 de septiembre de 1989, p. 2. Sobre la propuesta de Menem para mediar en el conflicto de Medio Oriente ver “Gestión de paz de Menem para el Medio Oriente”, La Nación, 6 de septiembre de 1989, pp. 1 y 2: y “Medio Oriente acogió la propuesta argentina”, La Nación, 7 de septiembre de 1989, p. 4.

4. Ver al respecto artículo titulado “Los No Alineados, tras eficacia sin dogmas”, La Nación, 5 de septiembre de 1989, p. 2. Cabe destacar que uno de los países representantes de la línea “dura” de la reunión, Panamá, rompió con esta regla de evitar referencias críticas a los ismos, al insertar un texto anexo a la declaración final criticando maniobras militares norteamericanas en su territorio, el que fue respaldado por Cuba y Nicaragua. Pero Argentina y Venezuela -representantes de la línea “blanda” que buscaba evitar críticas a Washington y al régimen de Noriega- expresaron sus reservas a la posición panameña.

5. Ver artículo “Los No Alineados renovaron su apoyo a la soberanía argentina sobre Malvinas”, La Nación, 8 de septiembre de 1989, p. 3; y editorial “La Argentina y los No Alineados”, La Nación, 26 de enero de 1990, p. 6.

6. Ver al respecto el artículo “Tlatelolco: dijo Di Tella que vamos hacia la ratificación; su gira europea”, La Nación, 20 de abril de 1991, p. 2.

7. Ver “Razones de una decisión”, por Daniel Santoro, Clarín, 28 de abril de 1991, p. 2.

8. “El subsecretario Olima aclaró opiniones del canciller. Se opone el PJ a que nuestro país deje de integrar No Alineados”, La Nación, 2 de mayo de 1991, p. 4.

9. “La actitud a tomar en materia de permanencia o no en el Movimiento de Países No Alineados a la luz de las posiciones adoptadas para la próxima reunión de Accra, Ghana, del 2 al 7 de setiembre de 1991”, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Opinión N° 16, del Consejo Superior de Embajadores al señor Canciller, Buenos Aires, 28 de agosto de 1991, en Archivo personal del ex vicecanciller Andrés Cisneros, Caja N° 7, Carpeta Cisneros, sección Movimiento de Países No Alineados.

10. “Posición argentina ante la reunión de los No Alineados”, La Nación, 1º de septiembre de 1991, p. 7; y “Nuestro país se va de los No Alineados”, La Nación, 18 de septiembre de 1991, p. 1.

11. Comentarios del ex asesor del canciller Di Tella, Carlos Escudé, en Archivo personal de Carlos Escudé.

12. Idem nota anterior.

13. Ibid.

14. “La Argentina dejó de integrar No Alineados”, La Nación, 20 de septiembre de 1991, p. 1. Ver asimismo “El tema se trató en gabinete y luego Menem hizo el anuncio. Argentina dejó el Movimiento de No Alineados”, Clarín, 20 de septiembre de 1991, pp. 4-5.

15. Cavallo sostuvo que la salida argentina de No Alineados era un gesto “(…) consecuente con la política exterior del Gobierno (…) y la continuidad de los esfuerzos que hizo la Argentina desde hace 6 o 7 años por cambiar el enfoque del movimiento, pero lamentablemente, en la última reunión de No Alineados se produjeron actitudes viejas como por ejemplo no prestar atención a los derechos humanos y al pluralismo ideológico. Por su parte, Alsogaray destacó que en No Alineados “están los países atrasados, los alineados con la Unión Soviética, con gobiernos totalitarios y países donde no se defienden los derechos humanos”. Ver opiniones de Cavallo y Alsogaray citadas en “Más reproches que adhesiones”, Clarín, 20 de septiembre de 1991, pp. 4-5.

16. Sobre estas críticas ver “Más reproches que adhesiones”, op.cit., y “La decisión recibió más críticas que elogios”, La Nación, 20 de septiembre de 1991, p. 8.

17. Ver al respecto editorial de opinión “La Argentina, en Occidente”, La Nación, 22 de septiembre de 1991, p. 8.

18. Ver editoriales “Final sin ninguna tumba”, por Oscar Raúl Cardoso, Clarín, 20 de septiembre de 1991, p. 4; y “Panorama internacional. ¿Cómo será el des-no-alineamiento?”, por Enrique Alonso, Clarín, 21 de septiembre de 1991, p. 15.

19. “Menem anunció el retiro de los No Alineados. Rumbo a un “nuevo mundo”, por Martín Granovsky, Página/12, 20 de septiembre de 1991, pp. 6-7.

20. Editoriales “Por qué debíamos alejarnos”, por Carlos Escudé y “Adiós al tercerismo”, por Chacho Alvarez, ambos en Página/12, 20 de septiembre de 1991, p. 6.

21. Críticas del ex canciller Caputo, en artículo “Menem negó complacencia con EE.UU. en salida del NOAL”, Ambito Financiero, 20 de septiembre de 1991, p. 14; y en editorial de opinión escrita por el ex canciller y titulada “Test de alineación”, Página/12, 20 de septiembre de 1991, p. 7.

22. Comentarios del embajador Pickering, citados en artículo “No logró el éxito deseado en los EE.UU. la medida diplomática argentina de separarse de los No Alineados”, por Ignacio Zuleta, Ambito Financiero, 23 de septiembre de 1991, p. 12.

23. Ver al respecto editorial “El presidente Menem en Medio Oriente”, La Nación, 13 de octubre de 1991, p. 8.

24. El G-15 surgió durante la novena cumbre de países No Alineados de Belgrado de septiembre de 1989 como una suerte de desprendimiento del Movimiento de Países No Alineados. El Grupo está integrado por la Argentina, Brasil, Perú, Venezuela, Jamaica, México, Yugoslavia, Senegal, Argelia, Egipto, Nigeria, Zimbabwe, Malasia, Indonesia y la India.

25. Ver al respecto los siguientes artículos: “La Argentina se opone a un club de países deudores”, La Nación, 2 de junio de 1990, p. 3; “Menem instó a cambiar el orden del comercio internacional. Coincide el Grupo de los 15 en la reducción de la deuda”, La Nación, 3 de junio de 1990, p. 6; “Concluyó la reunión del Grupo de los 15 en Kuala Lumpur. Reclamaron más fondos las naciones deudoras”, La Nación, 4 de junio de 1990, p. 1 y editorial “El viaje presidencial”, La Nación, 12 de junio de 1990, p. 8, que opina que la presencia de Menem en la reunión del Grupo de los 15 en Kuala Lumpur “(...) no era indispensable y hasta podría ser considerada contradictoria con los lineamientos básicos de la política exterior actual que tiende, acertadamente, a profundizar las relaciones con los principales países desarrollados de Occidente y el alejamiento progresivo de las ideologías tercermundistas que durante la administración anterior parecieron privilegiarse”.

26. “Menem busca que el Grupo de los 15 se acerque a EE.UU.”, La Nación, 28 de noviembre de 1991, p. 7 y “Menem: ampliar el Grupo de los 15”, La Nación, 29 de noviembre de 1991, p. 7.

27. “Senegal: coincidencias en el Grupo de los 15”, La Nación, 23 de noviembre de 1992, p. 4; y “Chile, en el Grupo de los 15”, La Nación, 24 de noviembre de 1992, p. 7.

28. Ver editorial de opinión "La Argentina y la India", La Nación, 6 de abril de 1994, p. 8.

29. Respecto de estos pasos consultar los trabajos de Escudé y Fontana, op.cit., p. 11; de Fontana, Andrés, “La seguridad internacional y la Argentina en los años 90”, en Cisneros, (compilador), op.cit., p. 304; y de Norden y Russell, op.cit., p. 98.

30. Ver al respecto editorial “La droga, un problema de todos”, La Nación, 12 de noviembre de 1999, p. 18.Como sostiene el académico argentino Carlos Pérez Llana, la práctica de la certificación-descertificación constituye una herramienta diplomática de los Estados Unidos de carácter arbitrario, que quiebra el principio de “responsabilidad compartida” aceptado en el plano de la retórica por Washington desde la Cumbre de Cartagena de febrero de 1990. El doble estándar de esta política puede comprobarse fácilmente de acuerdo con este autor: mientras a Colombia se la castiga, a México se lo certifica, a pesar que por allí ingresa la mayor cantidad de drogas al mercado estadounidense. Lo mismo sucede con otros países que son certificados por el Departamento de Estado norteamericano a pesar de ser notorios productos de narcóticos (los casos de Pakistán, Turquía y Marruecos), debido a su ubicación estratégicamente relevante o a sus status de aliados de Washington. Acerca de la práctica de certificación-descertificación por parte de los Estados Unidos consultar el trabajo de Pérez Llana, Carlos, El regreso de la historia. La política internacional durante la posguerra fría 1989-1997, Buenos Aires, Editorial Sudamericana / Universidad de San Andrés, 1998, p. 350.

31. Consultar al respecto el trabajo de Corbalán, María Alejandra, El Banco Mundial. Intervención y disciplinamiento. El caso argentino, enseñanzas para América Latina, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2002, pp. 80-81.

32. Entrevista realizada al entonces canciller Domingo Cavallo en revista América Latina/ Internacional, Vol. 6, N° 21, julio-septiembre de 1989, p. 277.

33. Corigliano, Francisco, “El impacto de Estados Unidos y España en el proceso de democratización en Argentina”, en revista Síntesis, N° 21, Madrid, Julio-Diciembre de 1993, p. 244.

34. “Apoyo de Bush al plan económico argentino”, La Nación, 28 de septiembre de 1989, p.1; “Acuerdo stand by por u$s 1400 millones confirmado por el FMI. El anuncio inesperado de Menem”, por Eduardo L. Bonelli, La Nación, 28 de septiembre de 1989, p. 22; “Los detalles de carta de intención”, La Nación, 28 de septiembre de 1989, p. 22; “Declaración de la Casa Blanca”, La Nación, 28 de septiembre de 1989, p. 28 y “Menem en los Estados Unidos”, La Nación, 1º de octubre de 1989, p. 8.

35. Entre los países que votaron favorablemente la aprobación del acuerdo se encontraban los Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Canadá. Japón y Australia. “Aprobó el FMI el acuerdo stand-by”, La Nación, 11 de noviembre de 1989, p. 1. Ver asimismo el artículo de Corigliano, op.cit., p. 244.

36. “Aprobaría hoy el FMI la carta de intención”, La Nación, 25 de mayo de 1990, p. 1; “El FMI vuelve a financiar a la Argentina”, por Julio Crespo, La Nación, 26 de mayo de 1990, pp. 1 y 10; “Ardua gestión con los bancos acreedores. La mediación de los Estados Unidos permitió la aprobación del stand by”, por Julio Crespo, La Nación, 29 de mayo de 1990, pp. 1 y 13 y “Nuevo acuerdo con el Fondo Monetario”, La Nación, 11 de junio de 1990, p. 8.

37. “El FMI aprobó el desembolso de 240 millones de dólares”, La Nación, 29 de noviembre de 1990, p. 20.

38. “Bush elogió la alineación de nuestro país tras los objetivos de Occidente”, La Nación, 6 de diciembre de 1990, p. 1 y “Cálido elogio de Bush al presidente Carlos Menem”, La Nación, 6 de diciembre de 1990, p. 11. Asimismo, sobre la importancia política de la visita de Bush en el contexto de la conflictiva historia de las relaciones argentino-norteamericanas ver el artículo “El presidente Bush en la Argentina”, La Nación, 7 de diciembre de 1990, p. 6; y el editorial “Anatomía de la reconciliación”, por Mariano Grondona, La Nación, 9 de diciembre de 1990, p. 10.

39. “Ingresará el país en el Plan Brady”, La Nación, 7 de diciembre de 1990, p. 1.

40. “Por un total de 300 millones de dólares. Nuevos préstamos del Banco Mundial para la Argentina”, por Julio Crespo, La Nación, 19 de diciembre de 1990, p. 13.

41. Ver al respecto el editorial “Nuevos amigos en el sur”, por Tabaré Areas, Clarín, 21 de noviembre de 1991, fuente citada por Corigliano, “El impacto…”, op.cit., p. 247. Consultar asimismo los siguientes artículos y editoriales: ”Buenas señales para el crédito del FMI”, La Nación, 15 de noviembre de 1991, p. 6; “Hay acuerdo con el FMI”, La Nación, 19 de noviembre de 1991, p. 1; “Acuerdo con el FMI; el Gobierno debe profundizar el ajuste fiscal”, La Nación, 19 de noviembre de 1991, p. 4; “Menem: ventajas del Brady”, La Nación, 21 de noviembre de 1991, p. 6; “Balance muy satisfactorio”, por Julio Crespo, La Nación, 21 de noviembre de 1991, p. 6 y “Positivo resultado del viaje de Menem”, La Nación, 22 de noviembre de 1991, p. 8. El editorial de Crespo destaca, a manera de balance, el contenido de un artículo del Washington Post del 15 de noviembre, que destacaba la firma del acuerdo de garantía de inversiones con Estados Unidos efectuado el día anterior, como un “signo de la satisfacción norteamericana con el notable progreso económico de la Argentina y un reconocimiento de la nueva estatura de Menem en la comunidad internacional.” Crespo llama la atención acerca del cambio de la imagen de la Argentina y de su presidente contrastando este comentario editorial del Post con otro que el mismo diario hiciera en mayo de 1989, en el que sostenía que la herencia peronista de Carlos Menem hacía probable que el entonces candidato tratara “de escapar a la hiperinflación y a la bancarrota por medio de la fracasada combinación de fascismo y ferviente nacionalismo del general Perón”.

42. Ver al respecto el informe de coyuntura económica, política y social titulado Situación Latinoamericana, CEDEAL, Año 2, N° 10, agosto de 1992, p. 17.

43. Clarín, 15 de septiembre de 1992, fuente citada por Idem nota anterior.

44. Situación Latinoamericana, CEDEAL, Año 3, N° 13, febrero de 1993, p. 24.

45. A través de esta operación de conversión, la deuda argentina con los bancos comerciales, que en 1989 era de aproximadamente 38,7 mil millones de dólares (incluyendo capital e intereses vencidos, en 1993 se redujo a sólo 1,2 mil millones de dólares. Como contrapartida, aumentó el endeudamiento en bonos, que pasó de representar un monto de 6,1 mil millones de dólares en 1989 a uno de 31,5 mil millones de dólares en el mismo período. Ver, respecto de esta cuestión Brenta, Noemí y Rapoport, Mario, “El FMI y la Argentina en los años noventa: de la hiperinflación a la hiperdesocupación”, en Minsburg, Naúm, (coordinador), Los guardianes del dinero. Las políticas del FMI en la Argentina, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2003, pp. 77-80.

46.Al respecto, Brenta y Rapoport sostienen que en los memorándums de política económica enviados al FMI por el gobierno y firmados por el ministro de Economía Domingo Cavallo y por el presidente del Banco Central Roque Fernández, hasta mediados de 1996; y por Roque Fernández y Pedro Pou, en los cargos nombrados, desde esa fecha hasta diciembre de 1999, describen los efectos de la crisis en términos de salida de capitales, reducción de los depósitos en bancos comerciales, bajas de los precios de los bonos y aumentos de tasas de interés, pero omiten toda referencia a indicadores de los problemas internos de la economía real tales como el alza del desempleo –que en 1995 superó el 18%- o el número creciente de quiebras empresarias. Brenta y Rapoport, op.cit., p. 81.

47. Mussa, Michael, La Argentina y el FMI. Del triunfo a la tragedia, Buenos Aires, Grupo Editorial Planeta, 2002, pp. 22-26.

48. Mussa, op.cit., p. 27.

49. Datos extraídos del Informe Anual del Banco Mundial sobre Argentina, 1994, citados en Corbalán, op.cit., p. 76.

50. Corbalán, op.cit., p. 76.

51. Corbalán, op.cit., pp. 85-86.

52. Ver al respecto cuadros sobre Proyectos y Programas con financiamiento del Banco Mundial (1988-1995) y sobre Proyectos aprobados entre 1998-1996 según monto y duración (en millones de dólares), citados por Corbalán, op.cit., pp. 88 y 90.

53. Idem nota anterior.

54. Ibid.

55. Ibid.

56. Corbalán, María Alejandra, “El Banco Mundial. Persuasión y disciplinamiento. El caso argentino en la década de 1990”, en Minsburg, Naúm, (coordinador), op.cit., p. 141.

57. Ver al respecto Delich, Valentina, “Latinoamérica y el sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio”, en Olarreaga, Marcelo y Rocha, Ricardo, (compiladores), La nueva agenda del comercio en la OMC, Santa Fé de Bogotá, Centro editorial Universidad del Rosario, 2000, pp. 240-243.

58. El Grupo Cairns fue fundado en la localidad de Cairns, Australia, en 1986, poco antes del inicio de las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT (1986-1994) e integrado por Argentina, Australia, Canadá, Colombia, Chile, Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Fiji, Paraguay y Uruguay.

59. Un ejemplo al respecto puede observarse en la declaración final de la XIX Reunión Ministerial del Grupo Cairns, que tuvo lugar en Buenos Aires en agosto de 1999, en la cual Argentina impulsó una dura declaración contra el proteccionismo agrícola y la práctica de subsidios. Estados Unidos, que participó en la reunión en carácter de observador e invitado especial a través de su secretario de Agricultura Dan Glickman, se comprometió a apoyar “parcialmente” las demandas de los miembros del Grupo. Ver al respecto “Parcial apoyo de EE.UU. al Grupo Cairns”, La Nación, 29 de agosto de 1999, p. 1; “El Grupo Cairns, en Buenos Aires. Cautela de los EE.UU. en el negocio agrícola”, La Nación, 29 de agosto de 1999, p. 13.

60. De acuerdo con un cuadro de casos elaborado por Valentina Delich, la demanda norteamericana sobre subsidios argentinos a textiles y calzado en el marco de la OMC fue solucionado en el marco de las consultas pero sin necesidad de la formación de un panel de especialistas. Consultar al respecto cuadro titualdo “Latinoamérica como demandada en la OMC (casos terminados)”, en Delich, op.cit., p. 252. Sobre estas cuestiones de fricción en la agenda comercial bilateral

consultar el trabajo de Barboza, Juan Carlos; Bouzas, Roberto y Tussie, Diana, “Relaciones comerciales Estados Unidos-Mercosur: la agenda minilateral. El caso de Argentina”, Serie Documentos e Informes de Investigación N° 166 del Area de Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Buenos Aires, julio de 1994, pp. 10-11.

61. Las tres oportunidades en las que EE.UU. presentó en 1999 sus reclamos a la OMC fueron el 6 de mayo, 15 de junio y 27 de julio. Ver al respecto el sitio www.ustr.gov/enforcement/update.pdf, sección “Dispute Settlement Update”, January 30, 2003.

62. Respecto de estas cuestiones consultar “La agenda de la ronda del milenio: entrando en la etapa de definiciones”, Panorama del MERCOSUR / CEI 3, Buenos Aires, Julio 1999, pp. 155 y 158, fuente citada por Norden y Russell, op.cit., pp. 107-108.

63. “Los productos transgénicos, el comercio agrícola y el impacto sobre el agro argentino”, Panorama del MERCOSUR/CEI 4, Buenos Aires, Noviembre 1999, fuente citada por Norden y Russell, op.cit., p. 108.

64. La OCDE fue creada en 1960 como consecuencia de la transformación de la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), surgida en 1948 para coordinar la aplicación del Plan Marshall de reconstrucción económica europea. Una vez cumplida la misión para la cual había sido creada, los miembros de la OECE, así como Estados Unidos y Canadá, decidieron crear la OCDE. Sus veinte países fundadores fueron Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, República Federal de Alemania, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía. En 1961 se le concedió a Checoslovaquia un “status” especial. Años más tarde, se incorporaron a esta organización Japón en 1964, Finlandia en 1969, Australia en 1971, Nueva Zelandia en 1973, México en 1994, República Checa en 1995 y Hungría, Polonia y Corea en 1996.

65. Comentarios escritos por el ex asesor del canciller Di Tella, Carlos Escudé, reproduciendo las razones por las cuales De la Torre creía en la conveniencia del ingreso argentino en la OCDE, en Archivo personal de Carlos Escudé, carpeta Cuestión OCDE.

66. Para 1996, los miembros del CD-OCDE eran los siguientes países: Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, México, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Corea, República Checa, Suecia y Suiza. Embajada argentina en Francia, Memorandum sobre el ingreso de la Argentina a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, Reservado, París, Noviembre de 1996, p. 10, en Archivo personal del ex vicecanciller Andrés Cisneros, Caja N° 16, Carpeta OCDE.

67. Embajada argentina en Francia, Memorandum sobre el ingreso de la Argentina….op.cit., p. 24.

68. Idem nota anterior.

69. Ibid., pp. 24-25.

70. Ibid., p. 25.

71. Ibid., p. 26.

TERCERA PARTE

LA ACTUACION ARGENTINA EN LOS FOROS DE ALCANCE REGIONAL Y SU IMPACTO EN LAS

RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS

• La actuación argentina en los foros políticos multilaterales de alcance regional y su impacto en las relaciones con Estados Unidos

a) La actuación de la Argentina en el marco de las Cumbres Iberoamericanas

En este foro, el gobierno de Menem tuvo especial preocupación por el tratamiento que debía otorgar a un tema muy sensible para los Estados Unidos: Cuba. Haciendo gala de un criterio pragmático, la diplomacia argentina tuvo dos conductas diferenciadas respecto de la situación cubana. En relación a las violaciones a los derechos humanos y la falta de libertad política existentes en la isla, fuente de preocupación del gobierno norteamericano, adoptó un perfil crítico y por momentos fuertemente combativo en pro de la democratización del proceso político cubano. Por cierto, este alto perfil resultó congruente tanto con las expectativas de las autoridades de Washington -deseosas de sumar adeptos a su política de presión diplomática sobre el régimen de Fidel Castro- como con el objetivo del gobierno argentino de adoptar una política de abierto compromiso en la defensa de la democracia y los derechos humanos en la región. En cambio, en relación con el incremento del embargo económico norteamericano sobre el gobierno de La Habana, la administración menemista optó por acompañar al resto de los países latinoamericanos, que coincidían con Washington en el objetivo final –la democratización del régimen cubano- pero no en las herramientas elegidas para concretarlo –el embargo económico-.

Esta congruencia entre las posiciones argentina y norteamericana respecto de la situación de los derechos humanos en Cuba se pudo apreciar ya desde los preparativos de la Primera de las Cumbres Iberoamericanas, que tuvo lugar en la ciudad de Guadalajara (México) los días 18 y 19 de julio de 1991. (1) Vale recordar al respecto que a principios de ese mismo mes, el embajador norteamericano en la Argentina, Terence Todman, le pidió al canciller Guido Di Tella que la Argentina promoviese en la cumbre iberoamericana de Guadalajara la inclusión, en la declaración final, de un párrafo instando a Cuba a la democracia. Frente a este pedido, Di Tella le preguntó a Todman si Washington había hecho la misma solicitud al gobierno anfitrión, México, habida cuenta de la renuencia de este último a juzgar al régimen de Fidel Castro. (2)

En esta primer Cumbre, el presidente Carlos Menem respondió favorablemente a los deseos de las autoridades de la Casa Blanca. Si bien no hubo referencias explícitas al caso cubano en su discurso, sí las incluyó en sus declaraciones a la prensa:

“Es deseable el reingreso de Cuba a la organización, pero la integración latinoamericana se está haciendo sobre la base de democratización, apertura económica y vigencia de los derechos humanos, y ése es el camino por seguir.” (3)

Asimismo, Menem aclaró que sus declaraciones respecto de Cuba

“no implican una injerencia en los asuntos internos de ese país por parte del presidente de la nación. Sólo es la opinión de un hombre que ama la democracia, y creo que ha llegado el momento de democratizar a Cuba porque es la aspiración de todos”. (4)

A través de estas declaraciones, Menem quedó en ese momento ideológicamente identificado con el ala dura del conservadurismo norteamericano y con los cubanos anticastristas de Miami, factor que provocó el enfrentamiento con el presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, reveló su extrema sensibilidad al renovado intervencionismo de la Argentina en la cuestión cubana en los siguientes términos:

“Los jefes de Estado vinieron aquí para intentar definir un futuro común, no para decirse unos a otros cómo deben gobernar”. (5)

El mandatario argentino, consciente del alto grado de preocupación que en las autoridades de la Casa Blanca provocaban las violaciones a los derechos humanos y a la libertad política perpetradas por el régimen cubano, decidió adoptar un perfil aún más claramente combativo contra Castro en ocasión de la segunda de las cumbres iberoamericanas, celebrada en Madrid los días 23 y 24 de julio de 1992. En dicha oportunidad, Menem criticó duramente al jefe de Estado cubano, señalando que

“son pocas las esperanzas de democracia para Cuba mientras esté con vida Fidel Castro”. (6)

En esta segunda Cumbre, Menem no sólo debió enfrentar la oposición de México sino también la del representante español, Felipe González, quien tampoco se inclinaba para condenar la situación cubana. Por otra parte, la actitud argentina y la de otros participantes de respaldo –o al menos de no intervención- frente al “autogolpe” de Alberto Fujimori en el Perú aparecía como contradictoria frente a las crecientes presiones por la democratización en Cuba. (7)

Por su parte, Castro también jugó su juego. Buscando diferenciarse del resto de los participantes de la cumbre (8), criticó duramente el “hegemonismo unipolar” de EEUU. En contraposición al duro tono empleado por el mandatario cubano, su colega argentino, prefirió hacer una enérgica defensa de la democracia, aunque, al igual que sus colegas advirtió que el proteccionismo europeo, aunado a los nostálgicos del autoritarismo de izquierda o de derecha, podía atentar contra la estabilidad democrática. Como producto de estas tensiones y del peso de las ausencias (Portugal, Colombia, Venezuela y Perú), el documento final de la Cumbre de Madrid presentaba una serie de enunciados principistas (el compromiso de sus participantes con la democracia representativa, con el respeto a los derechos humanos y con las libertades fundamentales) y de ambigüedades (las menciones a una reforma de las Naciones Unidas “que responda más eficazmente a la voluntad de todos los Estados miembros” y al “fortalecimiento, modernización y reforma de la Organización de Estados Americanos”). (9)

Sin hablarse directamente, Menem y Castro mantuvieron un diálogo indirecto a través de los discursos. Menem destacó que nada se puede conseguir al margen de la democracia y la libertad. Por su parte, Castro criticó “a los que vendieron su alma para ingresar al Primer Mundo”. (10) En el único punto en el que ambos coincidieron fue en la necesidad de unión para que Iberoamérica tuviera un rol importante en el futuro desarrollo de la historia mundial. (11)

El gobierno de Menem mantuvo su alto perfil respecto de la situación de los derechos humanos en Cuba, congruente con las prioridades norteamericanas, en ocasión de la Cumbre iberoamericana de cancilleres reunida en enero de 1993 en Madrid (12). Durante la misma, el

canciller argentino, Guido Di Tella, no dudó en definir como “trágica” dicha situación, destacando además que

“La ausencia de derechos humanos (en Cuba) es penosa, una espina clavada en América Latina.” (13)

Este perfil crítico volvió a evidenciarse en la III Cumbre Iberoamericana, que sesionó en la localidad brasileña de Salvador los días 15 y 16 de julio de 1993. (14) En dicha ocasión, Menem firmó el documento final que condenaba implícitamente el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Sin embargo, al final el encuentro, el presidente argentino afirmó que el aislamiento cubano no era consecuencia de las presiones económicas sino de la “actitud caprichosa de un hombre”. (15)

En dicha Cumbre se frustró una proyectada reunión entre Menem y Fidel Castro. De acuerdo con la óptica del entonces presidente argentino la entrevista no se realizó porque la delegación cubana solicitó como requisito previo que el gobierno argentino disminuyera las presiones hacia el régimen castrista. Este pedido cubano demostró la inviabilidad de una reunión entre dos actores cuyas posiciones eran irreconciliables. (16) Por su parte, el canciller argentino, Guido Di Tella, consideró que la frustrada entrevista entre Menem y Castro hubiera tenido

“un costo y no un rédito político ya que el gobierno hubiera sido criticado por blando y contradictorio dentro y fuera” (del país) (17)

Por su parte, el diputado radical Federico Storani criticó la actitud “infantil” del presidente Menem respecto de la frustrada entrevista con el líder cubano, ya que si bien inicialmente había adoptado una actitud conciliadora hacia Castro, luego la abandonó al no concretarse la entrevista proyectada. (18)

Profundizando su enemistad con Castro, Menem afirmó “me repugna” en referencia a participar con el presidente cubano en las Cumbres Iberoamericanas. (19)

No obstante estas declaraciones, Menem participó junto a Castro en la IV Cumbre Iberoamericana, reunida en Cartagena de Indias (Colombia) los días 14 y 15 de junio de 1994. Al respecto, el canciller Di Tella destacó que Fidel vivía en un mundo imaginario y que Menem suscribía los documentos finales de las Cumbres –que condenaban el bloqueo norteamericano- porque los mismos eran fruto del consenso y no eran muy utilizados. (20)

En esta cuarta cumbre, los presidentes Carlos Menem, de la Argentina, y Rafael Caldera, de Venezuela, hicieron una alusión directa a la necesidad de una democratización del régimen cubano. Incluso Menem intentó influenciar a Castro vinculando una posible presión argentina para que Estados Unidos levante el bloqueo a La Habana a cambio de la decisión de Fidel de democratizar el sistema político cubano. Como respuesta a Menem, Castro sostuvo que una vez que se integre económicamente América llamaría a elecciones para democratizar su país. (21)

Asimismo, Menem se enfrentó al presidente brasileño, Itamar Franco, quien respaldó el reingreso de Cuba a la Organización de Estados Americanos. Pero para Menem y su canciller Di Tella la democratización cubana resultaba una condición previa indispensable para el reingreso de Cuba a la Organización. (22)

En contraposición con las coincidencias existentes en la cuestión de los derechos humanos en Cuba, el gobierno argentino evidenció sus diferencias de óptica con Washington respecto de la profundización del embargo económico norteamericano contra Cuba tanto en la III como en la IV Cumbres Iberoamericanas. Por cierto, la existencia misma de estas divergencias obliga a revisar la validez del supuesto acerca del carácter “automático” del alineamiento adoptado por la administración menemista. Respecto de este tema, el canciller Di Tella expresó que el bloqueo norteamericano era un disparate que sólo beneficiaba al gobierno cubano que utiliza dicho bloqueo como la causa principal de la crisis de la isla. Asimismo, el ministro expresó la disposición de su gobierno a recibir a los balseros cubanos. (23)

En el documento final de la III cumbre, Argentina se sumó al reclamo que los países de la región efectuaron a los Estados Unidos, en el sentido que cesara el embargo económico contra Cuba. El punto 68 del documento destacaba al respecto la necesidad de que Washington tomara nota

“(...) de la resolución reciente de los foros internacionales sobre la necesidad de eliminar la aplicación unilateral, por cualquier Estado, con fines políticos, de medidas de carácter económico y social contra otro Estado.” (24)

En la IV cumbre iberoamericana, la representación argentina se sumó al perfil más moderado adoptado por los países de la región, quienes si bien no hicieron una alusión explícita de condena al embargo comercial de los Estados Unidos contra Cuba, optaron por elevar una crítica general a las medidas económicas "coercitivas" contra los pueblos iberoamericanos. (25)

Por su parte, durante la V Cumbre Iberoamericana, que tuvo lugar en la localidad argentina de San Carlos de Bariloche los días 16 y 17 de octubre de 1995 (26), el discurso del presidente del país anfitrión evidenció las dos dimensiones de la posición argentina hacia la cuestión cubana. Por un lado, promovió el levantamiento del embargo norteamericano contra la isla. Por el otro, insistió en la necesidad de la democratización del sistema político y el respeto a los derechos humanos en la isla. La posición adoptada por Menem encontró un eco favorable en Fidel Castro, quien dijo "alegrarse mucho" por la propuesta del mandatario argentino, que instaba al levantamiento del embargo a Cuba por parte de Estados Unidos. El texto de la declaración final de la Cumbre contuvo, aunque de manera solapada, elementos de este doble perfil argentino hacia el régimen castrista. Por una parte, una elíptica condena al embargo, en tanto rechazaba "las medidas coercitivas unilaterales que afectan el bienestar de los pueblos iberoamericanos", sin mencionar explícitamente al bloqueo contra La Habana. Por la otra, la reafirmación de la vigencia de la democracia y del respeto a los derechos humanos como valores esenciales, aunque sin referirse concretamente al gobierno cubano. (27)

Estas dos dimensiones de la posición argentina respecto de Cuba volvieron a evidenciarse en ocasión de la VI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, reunida en las localidades chilenas de Santiago y Viña del Mar los días 10 y 11 de noviembre de 1996. Como en las anteriores reuniones, Argentina insistió con la cuestión de la apertura política cubana. No obstante, el gobierno de Menem dio un verdadero espaldarazo al de Fidel Castro al endosar, junto a otros países, su enérgico rechazo a la ley Helms-Burton en el texto del documento final. (28)

En la VII Cumbre Iberoamericana, celebrada en la isla Margarita los días 8 y 9 de noviembre de 1997, la representación argentina se concentró en la crítica a la situación de los derechos

humanos en Cuba. El intento de Menem de presionar a Castro a favor de la democratización del régimen motivó un cruce verbal entre ambos presidentes. Mientras el líder cubano mencionó elípticamente a Menem cuando afirmó que "muy pocos " países de la región se habían sumado "al juego" de los Estados Unidos, que desaprobaba la elección de La Habana como sede la Cumbre Iberoamericana para 1999, el presidente argentino dijo que

"No quiero la democracia de los palos, no quiero los presos de conciencia" (29)

El presidente Menem cambió su estrategia de confrontación verbal con Castro por la cuestión de los derechos humanos en Cuba a partir de la VIII Cumbre Iberoamericana, que tuvo lugar en la localidad portuguesa de Oporto los días 18 y 19 de octubre de 1998. En el contexto del creciente impacto de la crisis financiera mundial sobre los mercados emergentes latinoamericanos –tema que se incluyó en el documento final- Menem optó por reconciliarse con su rival. (30)

La última de las Cumbres Iberoamericanas del período de gobierno de Menem, la IX, tuvo lugar en la capital cubana los días 15 y 16 de noviembre de 1999. Como producto de ella surgió la llamada Declaración de La Habana, firmada por 21 países, incluidos los de la región, España y Portugal, que consagró el rechazo a la extraterritorialidad de las leyes. En sintonía con el perfil crítico de esta declaración final, cabe destacar la ausencia del presidente Menem en esta cumbre. Dicha conducta evidenciaba la solidaridad del presidente argentino con la posición adoptada por el gobierno de Chile de rechazo al arresto de Pinochet en Londres –medida que había sido decretada por el juez español Baltasar Garzón en octubre de 1998-. (31)

No obstante su reconciliación con Castro, el gobierno argentino, representado en esta ocasión por el canciller Guido Di Tella, no abandonó su perfil crítico respecto de la situación política en la isla, y se sumó a la posición del resto de los países, quienes en el documento final por enésima vez exhortaron al régimen de Castro a democratizarse. (32)

b) La actuación argentina ante la OEA

En lo que respecta a este foro, la diplomacia argentina reemplazó progresivamente su tradicional apego por el principio de no intervención, y adoptó en cambio una posición de firme compromiso en materia de defensa de la democracia que incluía la opción de intervención. Por cierto, esta postura resultó congruente con la impulsada por Estados Unidos y fue otro de los componentes que contribuyeron a la construcción de este paradigma de “relaciones especiales”. Como sostienen Norden y Russell, la identidad de intereses de seguridad entre Estados Unidos y la Argentina alcanzó su punto más alto en las cuestiones hemisféricas. (33)

Tal como ocurriera en el seno de las Naciones Unidas, dicho cambio no fue abrupto, sino progresivo, pasando del tradicional apego al principio de no intervención a un perfil que combinó dicho apego con el renovado apoyo a la intervención en los casos donde se registrasen violaciones a los derechos humanos. Mientras el caso panameño fue un ejemplo acabado de la primera modalidad, los casos de Haití, Perú y Guatemala evidenciaron el nuevo ímpetu intervencionista en defensa de la democracia en el continente.

b. 1.) La posición argentina en la OEA respecto del caso Panamá: el apego al tradicional principio de no intervención

Antes de desarrollar en detalle la actuación argentina respecto del caso panameño, cabe otorgar al lector algunos datos ilustrativos. Desde la asunción de George Bush al gobierno norteamericano, las relaciones entre Estados Unidos y su otrora aliado en la lucha contra el comunismo en la región, el gobierno panameño de Manuel Antonio Noriega (1983-1989), sufrieron un progresivo desgaste, dados el fin del contexto de Guerra Fría y las vinculaciones de Noriega con el narcotráfico. El 7 de mayo de 1989 se realizaron elecciones en Panamá en las que resultó vencedor el principal opositor a Noriega, Guillermo Endara, pero las mismas fueron anuladas por el Tribunal Electoral, integrado por hombres del gobierno. Ante esta situación, Venezuela solicitó el 11 de mayo la convocatoria a lo que terminó siendo la Vigésimo Primera Reunión de Consulta de la OEA en Washington. El 17 de mayo se acordó enviar a Panamá una Misión integrada por los cancilleres de Ecuador, Guatemala y Trinidad y Tobago, con el fin de llegar a una solución que respetara la voluntad del pueblo panameño. Pero la Misión no logró ninguna concesión de Noriega. El mismo tema fue también considerado por la XIX Asamblea General de la OEA en noviembre de 1989, pero tampoco prosperó ninguna iniciativa. Los países miembros de la región respondieron a través del canal bilateral: la suspensión de relaciones diplomáticas con Panamá. (34)

Ante la falta de una respuesta efectiva por parte de la OEA, Estados Unidos decidió intervenir unilateralmente, invadiendo Panamá el 20 de diciembre de 1989. El 26 Guillermo Endara juraba como nuevo presidente, en la zona norteamericana del Canal.

Frente a esta situación, el gobierno de Menem enarboló una posición tradicional de la diplomacia argentina: la defensa del principio de no intervención. Así, en la Reunión de Consulta que tuvo lugar el 17 de mayo, la delegación argentina sostuvo que era necesaria una solución elegida por y para los panameños y no impuesta desde Washington. (35)

Asimismo, durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, que tuvo lugar ente los días 20 y 22 de diciembre de 1989, el representante permanente de la Argentina ante la Organización, embajador Juan Pablo Lohlé, sostuvo la necesidad de garantizar en Panamá “la plena vigencia de las instituciones políticas” así como “el retiro de las tropas (norteamericanas) de Panamá”. (36)

En el ámbito de la Asamblea General, Argentina respaldó junto a la mayoría de los países un proyecto de resolución preparado por los países del Grupo de los Ocho que condenaba la intervención norteamericana en Panamá en términos mucho menos severos que los utilizados por el documento que había elaborado la representación de Nicaragua, basándose en estrictos principios jurídicos para condenar la invasión. La Asamblea aprobó por mayoría el proyecto presentado por los Ocho, con el voto en contra de Estados Unidos y las abstenciones de Guatemala, Honduras, El Salvador, Antigua y Barbuda, Venezuela y Costa Rica. La resolución aprobada “deplora profundamente” la intervención militar de Estados Unidos en Panamá y reclamaba el pronto retiro de las tropas extranjeras. Dicha resolución reflejaba la posición mayoritaria de los países de América Latina en respaldo a los principios de no intervención y de libre determinación de los pueblos. (37)

b. 2.) El intervencionismo argentino en defensa de la democracia en la OEA: el Compromiso de Santiago

Junto al apego al tradicional principio de no intervención, la diplomacia argentina adoptó durante los años de gobierno de Menem un perfil fuertemente intervencionista respecto de los casos de amenaza a la democracia y de violación a los derechos humanos en el continente. Los síntomas de la existencia de este segundo componente en el comportamiento de la diplomacia argentina comenzaron a notarse el 4 de junio de 1990, ocasión en la que seis presidentes latinoamericanos (Carlos Menem por Argentina, Luis Lacalle por Uruguay, Fernando Collor de

Mello por Brasil, el general Andrés Rodríguez por Paraguay y el presidente por Surinam, firmaron la llamada “Declaración de Asunción” al celebrarse el primer centenario del Sistema Interamericano que dio lugar a la llamada Organización de los Estados Americanos. Esta “Declaración de Asunción” o “Declaración del Centenario” del Sistema Interamericano quedó abierta a la firma de los miembros restantes de la OEA (32 en total). (38) En el contexto de la firma de este documento, se registraron matices divergentes entre las respectivas posiciones del presidente de Argentina y el del Uruguay, ya que Menem tuvo una posición más contemporizadora respecto de Estados Unidos que la que tuvo su colega Lacalle. Así, el primero sostuvo que “vería con más agrado la creación de una liga de presidentes americanos no tan sólo latinoamericanos”, dado que

“(…) necesitamos crecer y es fundamental para esto integrar a los Estados Unidos, lo que no significa depender de ellos (...) hay una bohemia (vinculada con) la integración latinoamericana (pero) (...) hay que ser realistas, porque sumar pobreza a la pobreza no es viable para el crecimiento (...) la riqueza viene de los países centrales”. (39)

A diferencia de su colega argentino, Lacalle fustigó duramente a los Estados Unidos, al afirmar que la situación económica de América Latina y de los EE.UU. “merece un replanteo”. (40)

Por cierto, un paso trascendente en la adopción de un perfil comprometido de defensa de la democracia por parte de la diplomacia argentina fue la firma del llamado “Compromiso de Santiago con la democracia y con la Renovación del Sistema Interamericano” el 5 de junio de 1991. Firmado en el contexto de la reunión de cancilleres de los 34 países miembros de la OEA que tuvo lugar en la capital chilena, dicho documento contempla un moderado mecanismo de reacción ante los golpes de estado y de defensa de la democracia. (41) Asimismo, la declaración de Santiago estableció el compromiso de los países miembros de la OEA “con la promoción y protección de los derechos humanos y la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”. Otros objetivos destacados por el documento fueron los de intensificar la lucha solidaria contra la pobreza, fortalecer la democracia representativa, promover la apertura comercial y la reducción de la deuda externa y contribuir a la protección del medio ambiente, así como combatir el consumo y tráfico de narcóticos. (42)

En forma simultánea con el “Compromiso de Santiago”, fue adoptada la resolución 1080 por parte de la Asamblea General. La misma preveía, en casos de interrupción abrupta o irregular del proceso institucional democrático en cualquiera de los Estados miembros de la Organización, la convocatoria inmediata del Consejo Permanente. Asimismo, reiteraba el compromiso de los Estados miembros de actuar colectiva e inmediatamente para la defensa de la democracia en los casos en que la misma se encontrara amenazada. (43)

Por su parte, el día 6 de junio, los 34 países de la OEA reunidos en Santiago decidieron elaborar un “plan de acción continental”, que sería elaborado por el consejero permanente del organismo con participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Dicho plan buscaba apoyar e impulsar la “Iniciativa para las Américas” lanzada en 1990 por el presidente norteamericano George Bush con el propósito de establecer una zona hemisférica de libre comercio. Finalmente, resolvieron también reiterar el apoyo de la OEA a las negociaciones entre la Argentina y Gran Bretaña por el futuro de las islas Malvinas, precisando que la solución a la disputa sobre el archipiélago debía contemplar “en forma adecuada los intereses” de los habitantes de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. (44)

El día 7, los representantes de Argentina, Brasil y Chile se unieron como copatrocinadores al proyecto de Canadá, para abogar en el seno de la OEA en favor de la limitación del armamentismo y la mayor cooperación americana para la seguridad continental. Además del proyecto argentino-brasileño-canadiense-chileno, y de la referencia en el texto del Compromiso de Santiago a que los esfuerzos por limitar armamentismo debían ser un medio para lograr mayores recursos para el desarrollo socio-económico continental, los cancilleres y embajadores de los 34 países miembros de la OEA resolvieron otras medidas en favor de la limitación de armamentos y en contra de la proliferación de armas químicas y biológicas:

a) declarar su firme respaldo a los esfuerzos de negociaciones bilaterales y multilaterales -en particular en el seno de las Naciones Unidas- encaminados a eliminar toda forma de proliferación de armas de destrucción masiva y lograr una prohibición global y más efectiva del desarrollo, producción, acumulación y diseminación de las armas químicas y biológicas;

b) instar a todos los miembros de la comunidad internacional a actuar con prudencia en cuanto a la transferencia de armas; y

c) solicitar al Consejo Permanente (de la OEA) que estudiara los problemas que la proliferación de instrumentos de guerra y armas de destrucción masiva plantean para la seguridad internacional y para el avance del desarrollo.

En sus consideraciones, la resolución estipula que los propósitos esenciales de tales esfuerzos están encaminados a:

1) afianzar la paz y seguridad del continente; y

2) alcanzar una efectiva limitación de armamentos, que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros de la OEA. (45)

A fin de poner en funcionamiento el Compromiso de Santiago, la OEA aprobó la creación de un grupo de trabajo que en 1992 estableció el Comité Especial de Seguridad Hemisférica. Argentina presidió este foro hasta su transformación en el Comité Permanente de Seguridad Hemisférica. Como en el caso del citado Compromiso de Santiago, Argentina y Canadá jugaron un rol de vanguardia en la creación de este organismo y, con ella, en la incorporación de este tema en el sistema institucional de la OEA. Si bien Estados Unidos adoptó respecto de este proceso un bajo perfil, apoyó con firmeza el mismo, frente a las posiciones críticas de Brasil y México. (46)

b. 3.) La posición intervencionista de la Argentina en la OEA: el caso de Haití

La mencionada posición argentina de alto compromiso con la defensa de la democracia en la región –incluso a través de la intervención- se manifestó claramente ante el golpe militar ocurrido en Haití, que derrocó a Jean Bertrand Aristide el 29 de septiembre de 1991.

Al día siguiente, 30 de septiembre, tuvo lugar una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en la que, invocándose el contenido de la citada resolución 1080, sus participantes condenaron el golpe de Estado y resolvieron la convocatoria a una Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores. La misma se concretó el día 2 de octubre, y contó con la presencia del presidente depuesto Aristide. En ese marco, se adoptó la resolución 1/91 que

resolvió: 1) la suspensión de los vínculos económicos, financieros y comerciales con Haití, así como la ayuda y cooperación técnica a la isla (con excepción de la de carácter humanitario); 2) el envío urgente de una misión presidida por el Secretario General de la Organización que

“exprese a quienes detentan de hecho el poder el rechazo de los Estados americanos a la interrupción del orden constitucional”. (47)

En el contexto de la sanción de esta resolución 1/91, el representante argentino, Guido Di Tella, dio una acabada prueba de su postura intervencionista al manifestar que si los responsables del golpe no reponían a Aristide, la Argentina estaba dispuesta a intervenir militarmente en Haití. (48)

El 3 de octubre, Argentina presentó en la Reunión Ad Hoc de Cancilleres de la OEA una propuesta destinada a reformar la carta de la Organización, a fin de permitir la constitución de misiones de carácter civil como de fuerzas de paz en casos de crisis en situaciones democráticas registradas en la región. Al respecto, el vicecanciller argentino, Juan Carlos Olima, sostuvo que la OEA

“debe adquirir capacidad de acción en la región, similar a la que tienen las Naciones Unidas, y sólo la existencia de esas nuevas capacidades permitirá que las resoluciones de nuestra Organización adquieran un poder de convencimiento que, en caso contrario, no tendrían”. (49)

El día 4 de octubre, Di Tella formó parte de la misión de la OEA solicitada por el presidente depuesto. Dicha misión llegó a Puerto Príncipe, y estuvo encabezada por el secretario general del organismo, Joâo Bena Soares, de Brasil, e integrada por los cancilleres Guido Di Tella (Argentina), Carlos Iturralde (Bolivia); Barbara Mc Dougall (Canadá); Bernd Niehaus (Costa Rica); David Coore, (Jamaica); Sahadeo Basdeo (Trinidad-Tobago) y Armando Durán (Venezuela), y el secretario adjunto para Asuntos Interamericanos del gobierno de los Estados Unidos, Bernard Aronson. La misión hemisférica inició conversaciones con los dirigentes del golpe militar, con el fin de convencerlos de restituir a Aristide para evitar la aplicación de duras sanciones económicas y diplomáticas (ese mismo día 4 el presidente norteamericano, George Bush, ordenó congelar todos los bienes del gobierno haitiano en los Estados Unidos). (50) Pero la misión regresó a Washington dos días después, sin haber logrado que Aristide retornase al gobierno haitiano. (51)

El 8 de octubre, la Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA adoptó una nueva resolución sobre el caso haitiano, como consecuencia del agravamiento de la situación interna en la isla. La Resolución 2/91 exhortaba a los Estados miembros de la Organización

“a que en forma inmediata procedan al congelamiento de los activos del Estado haitiano y apliquen un embargo comercial a Haití, salvo excepciones de carácter humanitario”. (52)

Además, la nueva resolución atendió a la solicitud del ex presidente Aristide, y creó una misión de carácter civil para el restablecimiento y fortalecimiento de la democracia constitucional en Haití (OEA-DEMOC), cuya organización fue encomendada al Secretario General. (53)

En completa sintonía con el espíritu de esta resolución –y con las preocupaciones norteamericanas por la compleja situación panameña-, el canciller Di Tella se declaró el día 9 de octubre en favor de una reforma de la Carta de la OEA que permitiera constituir “fuerzas de paz” para actuar en aquellos casos en que la democracia se viese comprometida. También Di Tella propuso analizar la posibilidad de que la OEA solicitara al Consejo de Seguridad de la ONU, en el caso de que resultara imprescindible, el envío a Haití de una fuerza integrada por países de la región. (54)

Mientras tanto, la falta de avances en la situación interna de Haití llevó a una nueva resolución, la 3/92, adoptada el 17 de mayo de 1992, en el contexto de una nueva Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores, que resolvió profundizar la verificación del embargo comercial, denegar facilidades portuarias a cualquier navío que no respetase el embargo, no conceder visas de ingreso a los autores y partidarios del golpe y otorgar ayuda humanitaria a los sectores más empobrecidos de la sociedad haitiana. (55)

El 13 de diciembre del mismo año, se llevó a cabo una Reunión Ad Hoc de Cancilleres miembros de la OEA que resolvió encargar al Presidente de la Reunión y al Secretario General la actuación en forma coordinada con el Secretario General de la ONU para facilitar el diálogo político en Haití y explorar la posibilidad de llevar el tema haitiano al Consejo de Seguridad de la ONU. (56) Como fruto de esta cooperación surgió la Misión Civil Internacional en Haití para la verificación del cumplimiento de los derechos humanos y la designación conjunta de un enviado especial –el ex canciller argentino Dante Caputo- para facilitar el diálogo y un acuerdo que permitiera la restauración de la democracia en la isla. (57)

Tras un breve período de levantamiento de las sanciones impuestas a Haití, dispuesto en forma conjunta por los Secretarios Generales de la OEA y la ONU como una respuesta favorable a la firma del acuerdo de Governor’s Island en julio de 1993 (58), la falta de cumplimiento de dicho acuerdo y el rebrote de la violencia en Haití llevaron a un reforzamiento de las medidas de embargo por parte de ambas organizaciones. El mismo fue establecido en la resolución 6/94, aprobada por la Reunión Ad Hoc de Cancilleres de la OEA el 9 de junio de 1994. (59)

Por su parte, la resolución 904 del Consejo de Seguridad, al sostener la necesidad de “recurrir a todos los medios necesarios para facilitar la partida de Haití de los dirigentes militares” avaló el ingreso de una fuerza multinacional. La presencia de tropas norteamericanas en la isla marcó el final de esta historia: el presidente Aristide regresó y fue repuesto en su cargo el 15 de octubre de 1994.

b. 4.) La posición intervencionista de la Argentina en la OEA: el caso de Perú

Por cierto, el “autogolpe” que el presidente peruano Alberto Fujimori diese en Perú por decreto del 5 de abril de 1992 (disolución del Congreso e intervención del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal de Garantías Constitucionales), otorgó un nuevo caso de aplicación de este perfil intervencionista propiciado por el canciller Di Tella. En el marco de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, llevada a cabo el 6 de abril de 1992 según el mecanismo previsto por la citada resolución 1080, Di Tella sostuvo el 9 de abril que frente a la crisis peruana “no se puede usar el argumento del principio de no intervención” porque “hay valores fundamentales que todos los países de América Latina han abrazado, incluso el propio Perú”. Finalmente, el titular del Palacio San Martín advirtió que en el caso peruano

“Hay muchos presos, muchas personas que están prófugas y estamos extremadamente preocupados, porque si hay violación a los derechos humanos no hay negociación.” (60)

El 13 de abril, los cancilleres de la OEA aprobaron una declaración en que se deploró profundamente el golpe de Estado en el Perú, pero la misma -a diferencia del caso de Haití- no contenía sanciones económicas. En esta declaración prevalecieron los lineamientos del proyecto de resolución promovido por los países del Grupo de Río –que incluía a la Argentina y del que en el día 14 se apartó Perú-, cuyo tono era más moderado que el presentado por los países centroamericanos y del Caribe. En la resolución final –la 1/92-, se instaba al Perú a restablecer el orden institucional democrático y la vigencia de los derechos humanos. También se solicitaba el envío de una misión, encabezada por el secretario general de la OEA, Joao Baena Soares, que gestionase ante las autoridades peruanas con el propósito de restaurar la democracia representativa en aquel país. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano, James Baker, dijo en la OEA que Washington no enviaría nueva asistencia al Perú hasta que en dicho país se restableciese claramente la democracia. (61)

Al día siguiente, los cancilleres americanos de la OEA decidieron por votación de 33 a 0 que la disolución del Congreso, la detención de dirigentes políticos y el control de los medios de comunicación

“afectan gravemente la vigencia de los mecanismos constitucionales en el Perú (así como en toda) la región.” (62)

En el contexto del progresivo agravamiento de las respectivas situaciones internas en Haití y en Perú, el 20 de mayo de 1992, la OEA aprobó por consenso una propuesta argentina para reformar la Carta del organismo y excluir de su seno a los regímenes golpistas. La propuesta –que otorgaba a la organización panamericana “potestades intrusivas” similares a las de Naciones Unidas tales como obligar un embargo y poder conformar cuerpos militares de paz- fue aprobada por unanimidad, pero Perú anunció su intención de no votar, lo que técnicamente se computó como una ausencia. La llamada “Declaración de Nassau” rechazó en el tono “más enérgico y categórico” cualquier intento contra el orden democrático y constitucional. Frente a esta decisión, el canciller argentino, Guido Di Tella, no ocultó su satisfacción y señaló que la simple decisión de alterar la Carta del organismo panamericano ayudaría a éste en sus negociaciones con el gobierno del presidente Alberto Fujimori tendientes a lograr la plena restitución del régimen democrático en Perú. Aunque admitió que aún no había consenso para una medida tal en el seno de la Organización, Di Tella se mostró confiado en que la reforma de Carta dispuesta ese día 20 de mayo fuese un paso inicial en esa dirección. (63)

No obstante esta fuerte convergencia de la diplomacia argentina con la posición norteamericana en materia de defensa de la democracia en los casos haitiano y peruano, en el caso de la sanción de la ley Helms-Burton de embargo contra el régimen cubano, tratado por la XXVI Asamblea General de la OEA en Panamá los días 3 a 7 de junio de 1996, los representantes argentinos se sumaron a la mayoría en la crítica a la efectividad de dicha legislación. (64) Por cierto, este ejemplo fue una nueva confirmación del carácter no automático del perfil de alineamiento con Estados Unidos adoptado por la administración Menem.

b. 5.) La actuación argentina en la CICAD

Por cierto, un capítulo puntual de la actuación argentina en la OEA lo constituyó su rol en un órgano específico de la organización: la Comisión Interamericana de Control de Abuso de Drogas (CICAD), creada durante la Sexta Asamblea General de la OEA, que tuvo lugar en la ciudad de Guatemala en noviembre de 1996.

En este ámbito específico, la Argentina evidenció sus diferencias con Estados Unidos tanto en lo que respecta al problema de las responsabilidades como en lo referente a los sistemas de evaluación de la implementación de la política antidrogas. Respecto del primer aspecto, sostuvo la necesidad de respetar los principios de “responsabilidad compartida” y de “equilibrio” reconocidos en el Plan de Acción de Río (65). En cuanto a los métodos de evaluación de la política antidrogas criticó junto a la mayoría de los países de la región el mecanismo de certificación-descertificación adoptado por Estados Unidos desde 1986 como instrumento de lucha antidroga. En su lugar, la diplomacia argentina propuso, como lo hiciera en el ámbito de Naciones Unidas, un Mecanismo de Evaluación Multilateral (el MEM) que fue aprobado durante la XXV Reunión Ordinaria de Sesiones de la CICAD en Montevideo, Uruguay, en octubre de 1999. No obstante, Estados Unidos se reservó el derecho de continuar con la práctica de certificación, en parte porque el mecanismo alternativo propuesto no contaba con el poder suficiente como para imponer sanciones. (66)

c) La actuación argentina en el Grupo de los Ocho: convergencias y divergencias con las posiciones de Estados Unidos

Durante la reunión de los cancilleres de los países miembros del Grupo de los Ocho que tuvo lugar a fines de marzo de 1990, se trataron dos temas sensibles de la agenda con Estados Unidos: el conflicto entre Washington y La Habana y la situación en Panamá. Respecto de la primer cuestión, las transmisiones de la emisora norteamericana TV Martí sobre la isla caribeña y la consecuente indignación del gobierno de Fidel Castro dividieron la opinión de los ministros. Una iniciativa mexicana, en la que se proponía señalar que las transmisiones eran violatorias de los convenios internacionales, fue rechazada. Por su parte, los cancilleres de la Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela y Uruguay coincidieron con México en que la “invasión electrónica” de los Estados Unidos era ilegal, pero algunos de ellos alegaron que tampoco se podía cuestionar el derecho a informarse del pueblo cubano.

Respecto de la cuestión panameña, los cancilleres del Grupo de Río, en una declaración conjunta, acordaron que las tropas de los Estados Unidos acantonadas en Panamá desde la invasión de diciembre de 1989 debían limitar sus actividades “exclusivamente” a sus bases militares. Además exhortaron a que dichas fuerzas se abstuvieran de realizar actos “dentro de la esfera de competencia exclusiva de la soberanía panameña”. También los cancilleres del Grupo señalaron que era “imperativo” que el gobierno de Panamá cumpliera con sus obligaciones sobre asilo diplomático y asegurara el “pleno respeto” a la inviolabilidad e inmunidad de las misiones diplomáticas en ese país centroamericano. Enfatizaron que el proceso de legitimación democrática en Panamá “requiere de una consulta popular sin injerencias externas”. (67)

d) La actuación argentina en el Grupo de Río: convergencias y divergencias con las posiciones de Estados Unidos

Respecto de las propuestas de este foro (sucesor del Grupo de los Ocho, conformado por Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Venezuela, Uruguay, Chile y Ecuador) que podían tener eco en la agenda multilateral entre Argentina y Estados Unidos, cabe destacar el parcial respaldo del mismo a la “Iniciativa para las Américas” del presidente Bush durante la reunión de presidentes del Grupo que tuvo lugar en Caracas los días 11 y 12 de octubre de 1990. (68) Cabe destacar, asimismo, la aceptación de la propuesta del presidente Menem de formación de una junta que unificara las legislaciones contra el delito de narcotráfico en la región. Dicha aceptación tomó la forma de una iniciativa concreta: el encargo de que un grupo de juristas

especializados elaborase una especie de código penal que pudiese ser aplicado como legislación supranacional para combatir el narcotráfico, y promover ese instrumento en las Naciones Unidas y otros foros. (69)

Durante la reunión de emergencia de los cancilleres del Grupo de Río en Caracas (Venezuela) los días 27 y 28 de enero de 1991 (70), se buscó una respuesta conjunta frente a otro tema de interés para Washington: la Guerra del Golfo Pérsico. Respecto de esta cuestión, el documento conjunto estableció: a) el establecimiento de una comisión integrada por delegados de Colombia, Chile y Ecuador, encargada de realizar un seguimiento sobre las repercusiones de la Guerra del Golfo en América Latina y el análisis de proposiciones y mecanismos que permitieran al Grupo de Río realizar una contribución efectiva en la resolución de la crisis en esa región; b) la atención a los problemas de abastecimiento y precios sin prejuicio de los compromisos existentes no sólo en el sector petrolero sino en las demás fuentes de energía; c) la aceleración del funcionamiento de un fondo estratégico de inversiones de fomento de la integración constituido por recursos provenientes de aumentos de precios de las materias primas; y d) la realización de una reunión de ministros de energía -en fecha por fijar- para examinar las iniciativas a adoptarse en esta cuestión. (71)

Respecto del contenido del comunicado, el canciller argentino, Domingo Cavallo, comentó que éste era la mejor demostración de la unidad de la región que

“encomendó mecanismos prácticos para que los países productores otorguen prioridad en la provisión de petróleo a los importadores, con el fin de reducir el grado de vulnerabilidad de sus economías”. (72)

Por su parte, en la reunión preparatoria de cancilleres del Grupo de Río en la localidad colombiana de Cartagena de Indias, que sesionó los días 30 de noviembre y 1º de diciembre de 1991, se trataron dos cuestiones importantes de la agenda regional y de la agenda con Estados Unidos: Cuba y Haití. Respecto de la primera cuestión, la misma despertó serias divergencias entre los cancilleres del Grupo. Mientras Colombia, Venezuela y, sobre todo, México (el llamado Grupo de los Tres) eran partidarios de una ofensiva por el fin del aislamiento del régimen de Fidel Castro sin otras condiciones que “mayores reformas democráticas y respeto de los derechos humanos”, la Argentina se mostró partidaria de una postura más enérgica de democratización en el régimen político de la isla. Esta última postura encontró resistencia incluso en el principal socio del MERCOSUR, Brasil, cuyo canciller, Francisco Rezek, sostuvo que se debía integrar a Cuba “por la vía del diálogo” y no a través de “aislacionismos, presiones ni hostilidades”. (73) Finalmente, el Grupo ofreció plena colaboración a Cuba para superar su crisis y dejó en claro la adhesión al principio de no intervención y de libre determinación de los pueblos. (74)

Estas divergencias respecto al tema cubano volvieron a emerger en ocasión de la reunión del Grupo de Río que tuvo lugar a fines de marzo de 1992. Mientras México, a través de su canciller Fernando Solana, encabezó al sector opuesto a opinar sobre la situación cubana enarbolando el principio de no intervención, la Argentina, por medio de su vocero, el canciller Guido Di Tella, ocupó el ala extrema opuesta, que pretendió pedir la convocatoria a elecciones en la isla. Pero las exigencias argentinas de condenar las violaciones de derechos humanos y pedir elecciones no fueron contempladas por el resto de los integrantes del Grupo. (75)

Respecto de la cuestión haitiana, en la citada reunión del Grupo de Río que tuvo lugar en Cartagena de Indias a fines de 1991, varios participantes condenaron la situación planteada tras el golpe militar que derrocó al presidente constitucional Jean Bertrand Aristide. Así, el

viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Rodrigo Pardo, indicó que la convocatoria a nuevas elecciones, anunciada por el régimen de facto gobernante, “hace más difícil el manejo de la situación”. En coincidencia con el representante colombiano, el canciller de Costa Rica comentó que tal convocatoria era una maniobra destinada a desconocer la legitimidad de la presidencia de Aristide y “debemos evitar esta nueva afrenta a la democracia”. Por su parte, el canciller argentino, Guido Di Tella, propuso que se introdujese en la Carta de la OEA un mecanismo que autorizara una respuesta continental inmediata a cualquier intento de golpe de estado. Dicha propuesta no despertó resistencias en las reuniones preparatorias de los cancilleres. (76)

El tema haitiano reapareció en la Quinta reunión cumbre del Grupo, que sesionó en localidad colombiana de Cartagena de Indias en los primeros días de diciembre de 1991. (77) En dicha oportunidad, el presidente argentino, Carlos Menem, planteó enérgicamente la necesidad de que la comunidad latinoamericana actuara en el caso haitiano de manera ejemplar frente al golpismo. Asimismo, Menem impulsó un embargo económico a Haití todavía más severo que el entonces vigente, posición que encontró eco general pero despertó dudas de parte de Brasil respecto de su verdadera efectividad. También se tocó el tema Cuba, tópico en el que volvieron a registrarse diferencias entre la posición optimista de los presidentes del Grupo de los Tres (Colombia, México y Venezuela) -que destacaron la existencia de signos de apertura en el régimen castrista- y el duro tono del presidente argentino Carlos Menem, quien recordó que la exportación de la revolución cubana había dejado un costo de millares de vidas en el continente y que los alegados cambios contrastaban con la realidad e esos días de la detención de cuatro políticos opositores por haber dialogado con el jefe de un gobierno regional español. La cumbre concluyó con el triunfo de las posiciones moderadas (la de Brasil incluida) frente a la posición más enérgica de la Argentina sobre los casos de Cuba y Haití. Así, la cumbre se limitó a sentar “su preocupación y esperanza” sobre el regreso de Cuba al sistema interamericano, a ratificar lo actuado por la OEA en el caso haitiano. (78)

Por su parte, en la reunión de Cancilleres del Grupo de Río que tuvo lugar en Buenos Aires los días 26 y 27 de marzo de 1992 (79) se tocaron varios temas relevantes de la agenda multilateral con Estados Unidos: las situaciones haitiana y venezolana, presentadas en el discurso de apertura del presidente Menem como amenazas a la estabilidad de las instituciones democráticas (80); la necesidad de democratización del régimen cubano, expresa en un documento conjunto del Grupo (81); y el atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires como ejemplo del accionar del terrorismo internacional, que también fue objeto de una declaración del foro. (82)

Tras la declaración de “condena enérgica” a todo intento de interrumpir el orden institucional en Venezuela, efectuada él 27 de noviembre por los integrantes del Grupo de Río (83). Esta cuestión volvió a formar parte de la agenda del Grupo en la VI Cumbre Presidencial de los días 1° y 2 de diciembre en Buenos Aires. (84) Además de la cuestión venezolana, la declaración final de esta reunión sentó la posición de los países miembros del Grupo respecto de varios temas “sensibles” a las autoridades de la Casa Blanca:

1) respecto de la situación de Perú, el reconocimiento del “carácter positivo de las elecciones del 22 de noviembre”, fue considerado como “un paso importante en el proceso hacia el pleno restablecimiento de la democracia representativa y de los derechos humanos”;

2) respecto de la situación en Cuba, la reafirmación de la declaración efectuada por los presidentes y jefes de gobierno del Grupo de Río de diciembre de 1991;

3) respecto de los planes de ajuste, los presidentes del Grupo se comprometieron a continuar con programas para eliminar los desequilibrios estructurales, en particular la pobreza y la marginalidad;

4) respecto de la integración comercial, los participantes de la VI Cumbre expresaron su satisfacción por la conclusión del Tratado de Libre Comercio que México firmó con Estados Unidos y Canadá. Para una próxima cumbre, los miembros presentes del Grupo de Río se comprometieron a presentar una propuesta que armonice los diversos procesos de integración hasta “hacer converger todos ellos en una zona de libre comercio única para América”;

5) respecto de la Ley Torricelli, los participantes de la Cumbre expresaron en la declaración final su preocupación por los intentos de dar carácter extraterritorial a la legislación de cualquier país, considerando a los mismos como intrínsecamente incompatibles con el derecho internacional y atentatorios de la soberanía de los integrantes de la comunidad; y

6) respecto del narcotráfico, la declaración final propiciaba encontrar soluciones integrales en un contexto de responsabilidad compartida donde se desarrolla la producción, el tráfico y el consumo. Finalmente, los participantes de esta VI Cumbre enviaron un mensaje de solidaridad con el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez; y uno al director general del GATT, Arthur Dinkel, exhortándolo a abandonar las barreras proteccionistas en favor de un sistema de comercio internacional libre, estable y no discriminatorio. (85)

Una tendencia similar ocurrió en el transcurso de la VII Cumbre del Grupo reunida en Santiago de Chile en octubre de 1993, de la que participaron once presidentes (los de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú –país que se reintegró al Grupo tras un año de suspensión-, Uruguay, Venezuela y El Salvador –en representación de América Central-. Argentina estuvo representada por el canciller Guido Di Tella debido a que el presidente Menem estaba en ese momento internado. También Jamaica envió a su canciller. Los temas tratados en dicha oportunidad fueron el estado de la Ronda Uruguay del GATT, el deterioro económico de la sociedad cubana, la situación en Haití y en Nicaragua. Argentina manifestó especial preocupación por el fracaso de la Ronda Uruguay del GATT y por el afianzamiento de la democracia en Cuba y Haití. (86)

En la VIII Cumbre del Grupo Río, reunida el 10 de septiembre de 1994 en Río de Janeiro (Brasil), los 14 presidentes del Grupo reclamaron unánimemente el levantamiento del embargo norteamericano contra Cuba y exhortaron al régimen militar de Haití a renunciar para evitar una invasión. En lo que constituyó uno de los pronunciamientos más explícitos del Grupo sobre la situación de Cuba, se ratificó el principio de no intervención y autodeterminación y la necesidad de una transición pacífica hacia la democracia y el pluralismo en la isla, lo cual fue considerado "indispensable" por el documento final. Vale aclarar que esta última exigencia debió pasar por el tamiz de la disputa que estalló entre los "duros" -entre quienes se encontraron la Argentina, Chile, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Panamá y la representación de América Central-, que reclamaban enérgicamente la democratización del régimen cubano; y los "blandos" -Brasil y México-, que querían diluir el reclamo partiendo de la idea de que el Grupo no debía inmiscuirse en los asuntos internos de los Estados. (87)

Por cierto, el resultado de esta VIII Cumbre constituyó una nueva frustración para el presidente Menem en lo referente al tema de los derechos humanos en Cuba. En esa oportunidad, el mandatario argentino recalcó que si los países latinoamericanos habían combatido las tiranías de Paraguay y Chile debían hacer lo mismo con la de Cuba. (88) Por su parte, el canciller Di Tella respondió a sus críticos destacando que la postura argentina en el Grupo de Río no era una postura de dureza “sino una muestra de lealtad hacia Cuba y los cubanos”. (89)

No obstante los altos decibeles de estas declaraciones –y del hecho que Argentina había respaldado junto a Estados Unidos la moción de creación de una fuerza multinacional de intervención en Haití, en el ámbito del Grupo de Río la Argentina privilegió la solidaridad con sus pares de la región y se sumó al consenso general en contra del mantenimiento del embargo norteamericano contra Cuba y en contra de la resolución 940 del Consejo de Seguridad que daba luz verde a la intervención militar en Haití-. (90)

Durante la X Cumbre del Grupo de Río en Cochabamba (Bolivia), reunida los días 3 y 4 de septiembre de 1996, se elaboró un documento final -llamado "Declaración de Cochabamba"- que tenía como idea central la identificación de la pobreza, el narcotráfico y la corrupción como peligrosos enemigos de la democracia en la región. Asimismo, el documento promocionaba la democracia representativa como forma de gobierno y un leve repudio a la Ley Helms-Burton, producto del esfuerzo por superar las diferencias producidas entre la posición del presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram -quien deseaba mayor dureza en el repudio a la ley norteamericana- y la actitud más flexible del presidente argentino Carlos Menem (este último respaldado a su vez por sus colegas Alberto Fujimori, de Perú; Fernando Henrique Cardoso, de Brasil y Eduardo Frei, de Chile). (91)

En ocasión de la Cumbre de presidentes del Grupo de Río en Asunción, en agosto de 1997, Chile logró incluir en la agenda de la reunión la inclusión de Argentina como aliado extra-OTAN de los EEUU. Respecto de la otra cuestión conflictiva -las divergencias entre Argentina y Brasil por el tema del asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU-, los miembros del Grupo reiteraron el pedido de ampliación del Consejo y que América Latina estuviese representada en ese organismo. También volvieron a expresar su rechazo a la aplicación unilateral y extraterritorial de la norma Helms-Burton. (92)

Finalmente, en ocasión de la XII reunión Cumbre del Grupo de Río en Panamá, los días 4 y 5 de septiembre de 1998, en la que estuvieron ausentes los presidentes argentino y brasileño, Carlos Menem y Fernando Henrique Cardoso (93), salió a la luz la “Declaración de Panamá”, que criticó tanto la política exterior norteamericana hacia Cuba (en particular la ley Helms-Burton, que endurece el embargo contra la isla) como los mecanismos de certificación unilateral aplicados por Washington para calificar a los países latinoamericanos en su lucha contra la producción y el tráfico de drogas. Las delegaciones de Argentina, Brasil y Uruguay lograron imponer en esta reunión como temas prioritarios de agenda las relaciones de la región con la Unión Europea, la consolidación democrática ante el desafío del terrorismo y el narcotráfico y la crisis financiera global (precipitada en ese momento por la caída del rublo ruso). (94)

e) La actuación argentina en la Cumbre de las Américas

Entre el 9 y el 12 de diciembre de 1994, tuvo lugar la primera Cumbre de las Américas en

Miami, que contó con la participación de 34 países. Durante la misma, el presidente

norteamericano, Bill Clinton, criticó al régimen cubano y destacó la importancia de crear una

zona de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Por su parte, y en simetría con

Washington, Argentina también adoptó una postura activa contra Fidel Castro, pero la

misma no gozó de consenso entre los países de la región. No obstante, hubo un tema donde

las posiciones argentina y norteamericana se distanciaron: el de los subsidios agrícolas. Ante

una propuesta argentina para que Washington declarara a América Latina "libre de

subsidios", el gobierno norteamericano sostuvo que "no está preparado" para dar este paso.

(95)

Los puntos principales de la declaración final de la Cumbre de Miami fueron los siguientes:

1) la reafirmación de La importancia de la democracia como "indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo en la región";

2) la mención a la necesidad de combatir la corrupción "de manera integral";

3) la necesidad de establecer medidas eficaces contra el enriquecimiento ilícito de los empleados públicos;

4) la cooperación en forma de programas nacionales e internacionales para reducir la producción, uso y tráfico de drogas ilícitas y la rehabilitación de adictos;

5) la condena al terrorismo "en todas sus formas";

6) el establecimiento del Area de Libre Comercio de las Américas;

7) la eliminación progresiva de las barreras al comercio y a la inversión y, a más tardar en el año 2005, alcanzar avances concretos hacia el logro de ese objetivo;

8) convertir en delito el lavado del producto de cualquier delito grave;

9) estudiar la posibilidad de una convención interamericana para combatir el lavado de dinero;

10) instar a la OEA y al BID para que brindasen asistencia a los países en el cumplimiento de dichos compromisos;

11) invitar a la OEA a establecer vínculos con el grupo de trabajo de la OMC sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales; y

12) convocar a una conferencia especial de la OEA sobre la prevención del terrorismo y promover acuerdos bilaterales y subregionales entre las diversas naciones para enjuiciar a quienes cometen actos terroristas. (96)

Finalmente, en esta primer cumbre, Argentina y Canadá intentaron, sin éxito, incluir el análisis de las cuestiones de seguridad hemisférica en la agenda de la reunión. En particular, las delegaciones de ambos países estuvieron interesadas en llevar a cabo periódicas reuniones de ministros de Defensa de la región, establecer medidas de confianza mutua y otras medidas orientadas a fortalecer el control de la sociedad civil sobre las Fuerzas Armadas. (97)

Por su parte, la II Cumbre de las Américas sesionó en Santiago de Chile en abril de 1998, cuyo tema principal fue, sin lugar a dudas, la constitución del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) a más tardar en el año 2005. Las conversaciones sobre este tópico no registraron resultados concretos, debido a que el presidente norteamericano, Bill Clinton, no pudo llegar a esta reunión con el fast track (vía rápida), autorización que el Congreso debía otorgar al Ejecutivo como paso necesario para negociar acuerdos de libre comercio con los países de la región.

La ausencia de este instrumento del fast track fue un golpe traumático que hizo que los países del MERCOSUR adoptaran en esta II Cumbre una posición prudente y partidaria de negociar en bloque el futuro acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Cabe destacar al respecto la unidad de criterio entre los presidentes argentino y brasileño, Carlos Menem y Fernando Henrique Cardoso. El primero sostuvo que

“(…) El éxito de un proceso de estas características depende de que todos y cada uno de los países nos involucremos, asumiendo nuestros derechos y obligaciones comunes, que no implican desconocer las diferencias en el nivel de desarrollo de los miembros del ALCA (…) Sabemos que no es fácil conseguir una zona de libre comercio que beneficie a todos. Eso requiere de un delicado equilibrio de intereses. Por eso, hemos reafirmado la necesidad de alcanzar un acuerdo único y simultáneo, compatible con todas las necesidades.” (98)

Asimismo, Menem advirtió que si bien se podía negociar la liberalización de los servicios, de la inversión y de la propiedad intelectual –objetivos de sumo interés para los Estados Unidos-, dicha negociación

“(…) no puede ir en desmedro de la discusión de temas como la agricultura, los subsidios o el acceso a los mercados” (99)

Por su parte, Cardoso coincidía en el tono adoptado por su par argentino, y señalaba que

“El ALCA no es una prisión para nosotros (el Mercosur)”. (100)

Ante el mensaje de unidad del MERCOSUR frente al proyecto norteamericano de negociar acuerdos de libre comercio país por país, a partir de la cumbre de Santiago quedó claro que el proceso impulsado por EEUU sería gradual y abarcaría a todo el continente con excepción de Cuba –a menos que este último país democratice su régimen político-. Otros resultados de la cumbre fueron el impulso a la propuesta de un mecanismo multilateral de lucha contra el narcotráfico frente a la certificación unilateral adoptada por Washington; el respaldo a la

constitución de un relator especial para la libertad de expresión, dependiente de la OEA, y la creación de un centro hemisférico de estudios sobre la justicia. (101)

Asimismo, en dicha cumbre, el presidente norteamericano demostró su malestar por el acercamiento del gobierno argentino hacia Cuba, la gran ausente de la reunión pero que, a pesar de ello, ocupó un lugar importante en la agenda. El canciller Di Tella y el presidente Menem ofrecieron sus explicaciones a las autoridades de Washington, negando un cambio en la política exterior argentina hacia La Habana. En realidad, la intención del gobierno argentino en la cumbre había sido no la de acercarse a Cuba sino la de mediar entre Fidel Castro y Bill Clinton –pero esta estrategia fue frustrada por la rigidez de ambas partes-. (102)

A su vez, en el acto de cierre, el presidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso, dirigió un mensaje a Fidel Castro, y lo invitó a democratizar el régimen de la isla en los siguientes términos:

“¿Por qué no dar los pasos hacia la democracia que serían tan bienvenidos por todos, para que un día podamos decir: nuestra América es una sola, democrática y fraterna”. (103)

f) La actuación argentina ante las reuniones hemisféricas de Ministros de Defensa

En cuanto a las reuniones de Ministros de Defensa de la región, cabe apuntar que entre los días 7 y 9 de octubre de 1996 tuvo lugar la Cumbre de Ministros de Defensa del Continente en San Carlos de Bariloche (Argentina). Mientras un grupo de países de la región, liderado por Chile, Brasil y México, se opuso a la propuesta norteamericana de creación de un organismo continental de defensa para luchar contra el narcotráfico, el ministro argentino, Jorge Domínguez, se mostró partidario de buscar mecanismos de cooperación en el área, pero a la vez advirtió que había que preservar el respeto a la soberanía, a la integridad y a la capacidad de autodeterminación, lo que fue interpretado, en parte, como una respuesta a la pretendida injerencia norteamericana en las decisiones de la región sobre la lucha contra el narcotráfico. Si bien todos coincidieron que el tráfico de drogas era una de las amenazas más importantes a la seguridad continental, no hubo coincidencias con Washington respecto de que todas las amenazas deban ser desactivadas desde una perspectiva necesariamente militar. La propuesta norteamericana que tuvo buena acogida en el resto de los representantes de los países de la región fue la de formar profesionales civiles expertos en temas de defensa, pero no hubo resolución sobre la iniciativa de Washington de crear un centro de estudios interamericano. El documento final, llamado Declaración de Bariloche, enfatizó como puntos esenciales la democracia como base fundamental de la seguridad hemisférica, la cooperación interamericana para el mantenimiento de la paz y la preservación de la soberanía de cada Estado. (104)

Por su parte, el 2 de diciembre de 1998 sesionó la reunión de la III Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, en Cartagena de Indias, Colombia, ocasión en la que se establecieron una serie de medidas de acción común: la condena al terrorismo y al narcotráfico, el fortalecimiento de instituciones relacionadas con la defensa, la consolidación de los sistemas democráticos en la región, y el compromiso de los participantes de resolver en forma pacífica los conflictos entre los Estados, en los términos estipulados por las cartas de la ONU y de la OEA. (105)

g) La actuación argentina ante la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA)

Como en el caso de las citadas conferencias de Ministros de Defensa, las sucesivas Conferencias de Ejércitos Americanos (106) durante la década de 1990 pusieron en evidencia el contraste entre el alto nivel de convergencia en el plano del discurso respecto del importante papel de los ejércitos de la región en el mantenimiento de la democracia, y las divergencias existentes entre los países americanos respecto del rol que debían jugar los militares en la lucha contra el narcotráfico. Ejemplo al respecto fue la XIX Conferencia de Ejércitos Americanos tuvo lugar en noviembre de 1991 en Fort Mayer y el tema de discusión de la misma el papel de los ejércitos americanos en el mantenimiento de la democracia en el continente. Los objetivos de la XIX conferencia fueron expuestos en su inauguración por el secretario de Defensa norteamericano, Dick Cheney, quien se refirió a la importancia de la cooperación hemisférica para preservar y extender la democracia en el continente, luchar contra el narcotráfico y promover la paz y la estabilidad. (107)

A diferencia de la posición norteamericana, el representante argentino, el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Martín Balza, destacó que la integración hemisférica era

“(…) en el corto plazo, dificultosa para nuestros Ejércitos, ya que no existe integración militar posible sin equilibrio estratégico. Esta condición es imprescindible antes de integrarnos en plenitud aunque ello no implica carrera armamentista alguna. (…)”. (108)

Contra las expectativas de Cheney, Balza sostuvo la idea de una participación subsidiaria y no directa de la Argentina en las siguientes actividades vinculadas a la seguridad global y hemisférica: 1) participación en misiones de organizaciones militares de paz; 2) prestación de apoyo logístico, de asesoramiento técnico, de comunicaciones y de transporte en la lucha contra la narcosubversión; 3) colaboración con medios y personal para hacer frente a desastres naturales que afecten a los bienes y a las personas; 4) apoyo a la comunidad explotando su capacidad de organización y técnica operacional. (109)

Lo propio ocurrió durante la XXI Conferencia de Ejércitos Americanos que tuvo lugar a principios de noviembre de 1995 en la localidad de Bariloche (Argentina). El día 8, los participantes adoptaron una resolución que nuevamente contrarió las expectativas del Pentágono al privilegiar el análisis de la participación de los militares de la región “en el desarrollo interno” de sus respectivos países por sobre la “lucha contra el narcotráfico y la narcosubversión”, opción esta última que era la preferida por la delegación norteamericana. Frente a las posturas extremas sustentadas por los Ejércitos de los países que viven en forma directa el fenómeno, como Colombia y Ecuador, Argentina, a través del director del Estado mayor general Aníbal Laíño, demostró su renuencia a que las Fuerzas Armadas de los países de la región asumieran un rol de primera línea en la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla. (110)

Similar tendencia pudo percibir en la XXII Conferencia de Ejércitos Americanos en la localidad de Salinas, Ecuador. Convocada a fines de noviembre de 1997, contó con la participación de 18 jefes militares. Durante la misma, en la que participó el comandante chileno Augusto Pinochet – presencia elogiada por el presidente de la cumbre, el jefe del Ejército del Ecuador César Durán-, se discutieron acuerdos de cooperación entre los ejércitos en temas tales como narcotráfico, guerrilla, delincuencia, apoyo al desarrollo y globalización económica, pero no se avanzó respecto de las expectativas norteamericanas de un compromiso más activo de las Fuerzas Armadas de la región en la lucha antidrogas. (111)

h) El compromiso argentino con los acuerdos y regímenes regionales de seguridad

Por cierto, durante la década de 1990, la diplomacia argentina observó en el ámbito regional, un alto nivel de compromiso con los acuerdos y regímenes regionales de seguridad, acorde al rol activo que mantuvo en el ámbito global. Así, se destacaron pasos que tuvieron una positiva repercusión en las dimensiones bilateral y regional de las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos. Entre estos pasos cabe destacar la citada firma de la resolución 1080 sobre la democracia representativa en junio de 1991, que consagraba un mecanismo automático de salvaguardia para enfrentar cualquier “interrupción abrupta” en la vigencia de los procesos democráticos de los gobiernos de los países miembros de la OEA. (112)

Asimismo, vale destacar también la firma, en septiembre del mismo año, de la Declaración de Mendoza con Chile y Brasil sobre Prohibición de Armas Químicas. A este acuerdo se adhirieron con posterioridad Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. (113)

CUARTA PARTE

LA ACTUACION DE LA ARGENTINA EN LOS FOROS ECONOMICOS DE ALCANCE REGIONAL Y SU IMPACTO EN

LAS RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS

• Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Por cierto, las relaciones entre Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo durante la década de 1990 pueden incluirse como otro de los capítulos de la dimensión multilateral de los vínculos argentino-norteamericanos. Dado que el poder de veto se alcanza con sólo tener los dos tercios del total de votaciones, Estados Unidos es el único de los 44 países miembros del BID con verdadero poder de veto. Ya en 1994 concentraba el 34,6 % del total de los votos, mientras que el resto los países latinoamericanos tenían una participación del 53,8 %; los países extranjeros (de Europa, Japón e Israel) un 7,2%; y Canadá un 4,4 %. (114)

En sintonía con el Banco Mundial, el BID fue un actor influyente en las reformas estructurales, de ajuste y de política pública emprendidas a partir de 1989. Durante la década de 1990, el BID incrementó de manera significativa y constante el número de préstamos aprobados anualmente, pasando de 5 préstamos en 1994 a 15 en 1998. Los mismos se han concentrado en áreas como trabajo y educación, y pueden incluirse genuinamente dentro de la lista de temas de la agenda de política exterior, en tanto fueron los actores estatales –el Ministerio de Economía principalmente, pero también, desde la reforma constitucional de 1994, la jefatura de gabinete- los principales responsables de negociar y aprobar dichos préstamos. (115)

En cuanto al status de los préstamos otorgados por el BID a la Argentina, los especialistas Carlos H. Acuña y María Fernanda Tuozzo destacan que, a pesar del fuerte tono discursivo del Banco y de otros bancos multilaterales de crédito en términos de lucha contra la corrupción y la mejora de la administración pública, las sucesivas crisis de la economía mundial iniciadas con la mexicana en 1994 contribuyeron a que este organismo priorizara hacia la Argentina y otros mercados emergentes de la región préstamos de rápido desembolso destinados a solventar el equilibrio macroeconómico más que los préstamos orientados hacia el ajuste estructural que

fueron característicos de los primeros años de la década estudiada por este artículo. Cabe destacar al respecto que, en el caso particular del BID, éste canceló a partir de la crisis asiática de 1998, préstamos del segundo tipo que llegaban a comprometer el 54 % del total de su cartera. (116)

No obstante las dificultades que debió enfrentar la economía argentina a partir de la segunda mitad de la década de 1990, cabe destacar, como reflexión final, la participación del BID en el proyecto Hidrovía Paraná-Paraguay. Por cierto, la misma evidencia un cambio en el perfil de comportamiento que el BID compartió con otros bancos multilaterales de crédito como el BM. Este cambio consistió en el pasaje del otorgamiento de préstamos de reforma de Estado –característicos del primer lustro de la mencionada década- hacia la financiación de proyectos que poseían un mayor componente participativo favorecido por su contenido social o de medio ambiente. (117)

El proyecto Hidrovía Paraná-Paraguay consiste en hacer navegables a los ríos Paraná y Paraguay en forma permanente, con el propósito de incrementar el transporte fluvial entre los cinco países que conforman la Cuenca del Plata: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. La participación directa del BID en la marcha del proyecto está institucionalizada en la firma de un convenio con los representantes gubernamentales de los cinco países, a su vez expresado en el marco de la Comisión Intergubernal de la Hidrovía (CIH). (118)

Conclusiones

En lo que respecta a la dimensión multilateral de las relaciones con Estados Unidos, las acciones desplegadas por los representantes de la diplomacia argentina evidenciaron la vocación por construir una alianza estable con los países integrantes de la coalición occidental, definida por el propio canciller Di Tella como una que

“(…) empieza en Europa, llega hasta Asia y que incluye a buena parte de los vecinos países de América”. (119)

Esta renovada alianza con los países de la coalición occidental estuvo, por cierto, íntimamente vinculada a una redefinición de la identidad del país. Así, de acuerdo con Di Tella, la Argentina era

“un país básicamente europeo con algunas pocas peculiaridades, pero europeo al fin (o al comienzo), insertado plenamente en América Latina” (120)

De acuerdo con esta renovada identidad y comportamiento de perfil occidentalista, el gobierno de Menem procuró reemplazar las fantasías de autonomía bélica, nuclear y misilística por una explícita política de no proliferación de armas de destrucción masiva –evidenciado en la firma del TNP y del MTCR, la ratificación de Tlatelolco modificado, y la firma de acuerdos de control nuclear con Brasil-; a apoyar expresamente a las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad; y a participar activamente en las fuerzas de paz de las Naciones Unidas. (121)

Por cierto, este renovado compromiso de la Argentina con una coalición occidental liderada por Estados Unidos ha sido percibido por los críticos de la experiencia menemista como un

sinónimo de un perfil de alineamiento “automático” con los Estados Unidos y de alejamiento respecto de los países de América Latina. Mientras el primero de los supuestos resulta erróneo, el segundo debe ser profundamente matizado.

Respecto del cambio en las votaciones argentinas en la Asamblea General de las Naciones Unidas, este capítulo comprobó que el mismo no implicó la adopción de un perfil de alineamiento automático. El fin del perfil de “desalineamiento automático” vigente hasta 1991, no implicó necesariamente la aparición de la tendencia opuesta a partir de esta fecha. Especialmente entre los años 1991 y 1995, Argentina aumentó notablemente su margen de coincidencias con Estados Unidos y se acercó al porcentaje de coincidencias de países como España e Italia, pero mantuvo un índice de coincidencias claramente menor que el de países alineados con los intereses norteamericanos como Israel y Gran Bretaña. Tras este alto porcentaje de coincidencias con Estados Unidos entre 1991 y 1995, Argentina redujo dicho índice y se acercó a los porcentajes de Brasil y otros países latinoamericanos entre 1996 y 1999, pero sin retornar al perfil tercermundista propio de los años 1989 y 1990.

Asimismo, el análisis del comportamiento argentino en el ámbito de la Asamblea revela la debilidad de otro de los argumentos sostenidos por los críticos de la política exterior adoptada por la Argentina durante la década de 1990: el referido a un supuesto alejamiento de las votaciones de los países latinoamericanos como contrapartida al alineamiento “automático” con los Estados Unidos. El caso testigo utilizado para comprobar este argumento ha sido el de la cuestión cubana. No obstante, la comprobación del mismo es defectuosa en el caso de las votaciones argentinas respecto de la situación de los derechos humanos en Cuba, y totalmente falaz respecto de las votaciones argentinas en las resoluciones referidas al embargo contra la isla.

En relación con las votaciones argentinas referentes a las resoluciones de condena a la situación a los derechos humanos en Cuba, cabe reconocer que el apoyo de la delegación argentina a la condena norteamericana sobre esta cuestión contrastó con la actitud observada por las delegaciones de países importantes de la región como Brasil, México, Perú y Venezuela. Asimismo, el perfil de votaciones argentino en este tema implicó un quiebre del acuerdo con Brasil para tomar decisiones conjuntas en política exterior gestado durante el gobierno del antecesor de Menem, Raúl Alfonsín. Pero es igualmente cierto que en las cuestiones ligadas a los derechos humanos en Cuba el voto favorable de la Argentina coincidió con las posiciones adoptadas por otros países latinoamericanos, tales como Costa Rica, Chile, El Salvador, Paraguay y Uruguay, que también condenaron las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen castrista. A menos que no consideremos a estos países como pertenecientes a América Latina –lo cual contradice la evidencia geográfica, histórica y cultural-, debe ser matizado el supuesto acerca del alejamiento de la Argentina respecto de los votos del resto de la región.

En el caso de las resoluciones de la Asamblea General referidas a la condena del embargo a Cuba, como se ha dicho, el supuesto del alejamiento argentino respecto del resto de América Latina es abiertamente falaz, pues la diplomacia menemista adoptó una actitud diametralmente opuesta a la observada respecto de la situación de los derechos humanos en la isla. Nunca acompañó la votación norteamericana y en cambio, siguió la tendencia observada por la mayoría de los países de la región, muy especialmente entre los años 1995 y 1999, período en

que Argentina reemplazó su voto en abstención por el voto a favor de las resoluciones de condena al embargo.

Algunos críticos de la política exterior de la década de 1990 que han captado la diferencia entre la posición de condena adoptada respecto de la situación de los derechos humanos en Cuba y la de apoyo al fin del embargo económico norteamericano contra la isla, la definen en términos de una supuesta incongruencia de los funcionarios del Palacio San Martín respecto de esta cuestión. Sin embargo, esta aparente incongruencia tiene su explicación en el apego que la diplomacia argentina de la década de 1990 tuvo respecto de tres principios diferentes:

a) el tradicional principio de no intervención, aplicable a todos aquellos casos de agenda donde no estuviesen en juego principios básicos tales como la defensa de la democracia y los derechos humanos, y defendido como una herramienta para evitar la intervención unilateral norteamericana. Un caso que encuadraba claramente dentro de esta categoría era el del embargo económico decretado por Estados Unidos contra Cuba, vigente desde 1962;

b) El principio de intervención en defensa de la democracia y la vigencia de los derechos humanos, propio del liberalismo wilsoniano, y vigorizado en el contexto del fin de la Guerra Fría. El apego a este segundo principio llevó a la diplomacia argentina a adoptar una posición intervencionista en los casos de violaciones a dichos derechos como los registrados en Haití, Cuba o las repúblicas de la ex Yugoslavia; y

c) El principio wilsoniano de distinción entre pueblo y régimen, aplicado desde la perspectiva de un país periférico. A través de esta distinción conceptual, la Argentina acompañó a Estados Unidos en el voto de condena al régimen cubano en materia de violaciones a los derechos humanos del pueblo cubano. Pero no adoptó la misma actitud respecto del embargo económico a La Habana porque las autoridades del Palacio San Martín percibieron a este último como un instrumento de política cuyos costos son pagados por el pueblo cubano y no por el régimen castrista al que supuestamente va dirigido.

Por cierto, este apego a los principios de intervención respecto de los casos de violaciones a los derechos humanos y libertades básicas, de no intervención respecto de las cuestiones no directamente vinculadas a los principios anteriormente citadas y de distinción entre pueblos y regímenes por parte de la diplomacia argentina constituyó un rasgo propio del perfil renovadamente occidentalista de la política exterior argentina durante los años de Menem.

Este perfil no sólo puede observarse en la conducta observada por la Argentina ante la Asamblea General. También en el ámbito del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la diplomacia argentina refrendó su serio compromiso con la alianza occidental. Preocupada por lograr la mayor transparencia posible en la toma de decisiones del Consejo, la Argentina impulsó su reforma, uno de cuyos puntos centrales consistía en el carácter rotativo de los miembros permanentes del Grupo Latinoamericano. La firmeza de la Argentina en este punto provocó roces con Brasil, cuyo interés era precisamente el opuesto, el de obtener un asiento permanente en el organismo.

Por cierto, la existencia de roces con Brasil en este ámbito no implicó, como contrapartida, la total identificación con los votos de Estados Unidos y de otros países del Occidente desarrollado. En realidad, durante su desempeño como miembro en los años 1994-1995 y 1999-2000, Argentina adoptó un perfil de votación que, si bien respaldó el 100 % de las resoluciones adoptadas, en algunos casos no coincidió con las posiciones de los miembros permanentes del Consejo (Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China). En otras palabras, adoptó un

perfil de alineamiento con los países desarrollados de Occidente pero de carácter no automático.

Otro rasgo de la “renovada identidad occidental” de la política exterior del gobierno de Menem fue la activa participación de la Argentina en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) y en las operaciones de ayuda humanitaria organizadas por Naciones Unidas. La trascendencia de dicha participación merece algunas reflexiones. En primer lugar, cabe destacar que la presencia argentina en dichas operaciones fue la contribución más importante y duradera a la mejoría de la imagen internacional del país en general y de sus Fuerzas Armadas en especial. Por esta razón, dicha participación constituyó un capítulo importante de la dimensión multilateral de la agenda con Estados Unidos, en cuanto contribuyó a consolidar un clima de confianza entre las partes.

En segundo lugar, la adopción de este perfil de fuerte compromiso con las resoluciones e intervenciones en el exterior adoptadas por las Naciones Unidas permitió a las Fuerzas Armadas argentinas revertir su negativa imagen –fruto de los excesos cometidos por el régimen militar durante los años del llamado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983-. Este logro, a su vez, resultó congruente con la necesidad política del gobierno de Menem de otorgar a las Fuerzas Armadas un nuevo rol en el contexto de la segunda fase de transición democrática. A su vez, dicho objetivo resultó funcional a una de las prioridades claves de la gestión peronista: la de construir un clima de confianza internacional que permitiese recomponer las relaciones con Estados Unidos y diseñar una alianza estratégica y económica con Washington y el resto de los miembros de la llamada “alianza occidental”.

Con respecto de la participación argentina en foros económicos multilaterales, vale acotar que así como las medidas adoptadas por el gobierno argentino en los ámbitos de la seguridad regional y global contribuyeron a incrementar la confiabilidad externa de la Argentina como un aliado estratégico para Estados Unidos y los países desarrollados de Occidente, también las medidas económicas de apertura y reforma estructural tuvieron un impacto altamente positivo en los inversores de dichos países y en las políticas de préstamos de los organismos internacionales y regionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Por cierto, el alto nivel de préstamos obtenidos por la Argentina durante la década de 1990 por estos distintos organismos demostró el éxito relativo de las medidas económicas internas y de política exterior como herramientas conducentes a la restauración de la confiabilidad externa de la Argentina. Tanto unas como otras lograron este último objetivo y tuvieron un impacto positivo en la dimensión multilateral de las relaciones con Estados Unidos. Impacto que –con la expresa excepción de algunos roces menores entre ambos países en el GATT y la OMC- pudo definirse durante la década menemista en términos de un círculo virtuoso entre las medidas de política económica interna y exterior adoptadas por la Argentina, el incremento de la imagen positiva de la Argentina en términos de su confiabilidad de materia de no proliferación nuclear, la reducción del riesgo país y la atracción de los créditos e inversiones externas, especialmente norteamericanas.

No obstante estos logros en la dimensión multilateral de las relaciones con Estados Unidos, los mismos no deben sobredimensionarse. Como señala Escudé, la política exterior tiene un rol de apuntalamiento: no garantiza per se la resolución de los obstáculos socioeconómicos internos. Una buena política económica que logre movilizar fuerzas internas puede desarrollar a un país.

Pero éste es un logro que ni la mejor colección de gestos positivos de política exterior puede lograr por sí sólo.

No obstante, esta función de apuntalamiento de la política exterior, si bien no garantiza por sí misma el desarrollo socioeconómico de un país, puede brindar un positivo y complementario estímulo externo a los esfuerzos internos que los gobiernos y distintos actores sociales deben emprender para lograr el desarrollo integral de la Argentina. Como lo demostró la exitosa experiencia de las misiones de paz argentinas en el exterior y las eficaces medidas adoptadas en materia de seguridad internacional durante la década de 1990, una política exterior que se base en criterios de prudencia y pragmatismo puede contribuir a modificar la negativa imagen internacional de la Argentina. Pero por sí sola resulta insuficiente. Debe ser complementada con una eficaz administración e implementación de medidas en el ámbito interno.

Por cierto, el estudio de las relaciones entre Argentina y Estados Unidos durante la década de 1990, tanto en sus dimensiones bilateral como multilateral, brinda un acabado ejemplo tanto de la función de apuntalamiento de la política exterior como de las limitaciones intrínsecas a dicha función, si éstas no son retroalimentadas con eficaces medidas de política económica interna. Respecto del primer elemento, vale advertir la generación del citado círculo virtuoso que imperó en la dimensión multilateral de las relaciones con Estados Unidos durante la década de 1990. Respecto del segundo elemento, cabe notar que la emergencia de dicho círculo constituyó una condición necesaria para restaurar el clima de confianza internacional en la Argentina, pero no suficiente para lograr su consolidación. En otras palabras, dicho círculo virtuoso no pudo revertir el panorama de claroscuros vigente en la dimensión bilateral de los vínculos entre los agentes gubernamentales y no gubernamentales argentinos y norteamericanos. No pudo hacerlo porque esta última dimensión contuvo –y contiene por el momento- numerosos ítems no resueltos –la persistencia de prácticas de corrupción, la inseguridad jurídica para las inversiones, la no resolución de los atentados terroristas contra la Embajada de Israel y la AMIA, las lagunas existentes en la política de seguridad respecto de medidas preventivas ante posibles nuevos atentados, los puntos oscuros respecto de la información de los archivos nazis, entre otros-. La no resolución de estos inconvenientes afectó –y sigue afectando- el objetivo de consolidar el paradigma de “relaciones especiales” con Estados Unidos, los países desarrollados de Occidente y los países del Cono Sur. Su persistencia no contribuyó –ni contribuye por el momento- a revertir completamente la desconfianza internacional –y norteamericana- hacia la Argentina. Dado el lugar central que –quiérase o no- ocupan las relaciones con Washington en la agenda de política exterior argentina, la resolución de estos puntos conflictivos en la dimensión bilateral fue –y es- una meta a cumplir, una asignatura pendiente de importancia capital para un país económicamente vulnerable que necesita consolidar sus lazos económicos y estratégicos con Estados Unidos, los países desarrollados de Occidente y sus vecinos subregionales.

• NOTAS

1. [1] Este primer encuentro iberoamericano en Guadalajara incluyó la presencia de Castro y de otros 20 mandatarios de la región, y las asistencias del rey Juan Carlos de España, el jefe de gobierno español Felipe González y el primer ministro de Portugal Mario Soares como representantes de la península ibérica.

2. [1] “Cumbre iberoamericana: piden los EE.UU. por la democracia en Cuba”, La Nación, 16 de julio de 1991, p. 3.

3. [1] “Posición de la Argentina en la reunión de México”, por Ovidio Bellando, La Nación, 18 de julio de 1991, p. 3; y “Menem pidió desterrar la soberanía del hambre”, La Nación, 19 de julio de 1991, p. 2.

4. [1] Declaraciones del presidente Menem, citadas en “Menem reclamó a Cuba que haya democracia”, Ambito Financiero, 19 de julio de 1991, p. 14.

5. [1] Ver al respecto “Menem quiere democracia en Cuba. Crónica de un reclamo frustrado”, por Oscar Raúl Cardoso, Clarín, 19 de julio de 1991, p. 10.

6. [1] “Menem y la muerte de Castro”, La Nación, 25 de julio de 1992, p. 1; y “Ayer terminó la cumbre y el presidente hizo declaraciones durante un homenaje a Evita en Madrid. Menem dijo que no habrá democracia en Cuba “mientras esté con vida Fidel””, por Oscar Raúl Cardoso, Clarín, 25 de julio de 1992, pp. 14-15.

7. [1] “II Cumbre Iberoamericana. Menem defendió el modelo argentino. “Sin libertad, nada” ”, Clarín, 24 de julio de 1992, p. 5.

8. [1] En la Segunda Cumbre Iberoamericana en Madrid participaron 19 mandatarios y estuvieron ausentes los presidentes de Portugal, Colombia, Venezuela y Perú.

9. [1] Ver al respecto los siguientes editoriales “Comenzó la cumbre de Madrid”, La Nación, 24 de julio de 1992, p. 1; “La cumbre iberoamericana de Madrid. El peso de las ausencias”, por Rolando Rivière, La Nación, 24 de julio de 1992, p. 3; “Acuerdo democrático en la cumbre de Madrid”, La Nación, 25 de julio de 1992, p. 1 y “Concluyó la Cumbre Iberoamericana. Poco de nuevo, aunque es un comienzo”, por Rolando Rivière, La Nación, 25 de julio de 1992, p. 2.

10. [1] Declaraciones de Fidel Castro, citadas en “II Cumbre Iberoamericana. Menem defendió el modelo argentino. “Sin libertad, nada” ”, op.cit.

11. [1] “El argentino reclamó democratización y el cubano puso el acento en la justicia social. Debate entre Menem y Castro en la cumbre”, por Oscar Raúl Cardoso, Clarín, 24 de julio de 1992, p. 3.

12. [1] A esta cumbre iberoamericana de cancilleres asistieron ocho ministros de Relaciones Exteriores (los de la Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, El Salvador, España, Paraguay y Uruguay) y delegaciones de los 11 países latinoamericanos restantes más Portugal.

13. [1] Ver declaraciones de Di Tella, citadas en editorial “Cumbre iberoamericana de cancilleres. Balance y reafirmación de la iniciativa transatlántica”, por Graciela Iglesias, La Nación, 12 de enero de 1993, p. 4.

14. [1] En la III Cumbre Iberoamericana participaron 21 Jefes de Estado y de gobierno y el rey Juan Carlos de España.

15. [1] Declaraciones del presidente Menem, en “Finalizó la cumbre de Bahía, con críticas de Menem a Cuba. Todo por un “capricho” ”, por María O’ Donnell, Página/12, 17 de julio de 1993, p. 6.

16. [1] Ver respecto de esta interpretación “Finalizó la cumbre de Bahía, con críticas de Menem a Cuba. Todo por un “capricho” ”, op.cit.; y “Finalmente la entrevista no se realizó. Menem insistió en profundizar sus diferencias con Fidel Castro”, Clarín, 17 de julio de 1993, p. 2.

17. [1] Declaraciones del canciller Di Tella, en “El canciller justifica el fracaso del encuentro Menem-Fidel y critica al jefe cubano. Di Tella: “La reunión con Castro hubiera tenido más costo que rédito”, por Daniel Santero, Clarín, 18 de julio de 1993, p. 2.

18. [1] “Crítica de Federico Storani al presidente. “Fue un papelón” “, en Clarín, 20 de julio de 1993, p. 11.

19. [1] Declaraciones de Menem, en “Tras la frustrada reunión en Brasil. Ahora Menem dice que Fidel le repugna”, Clarín, 20 de julio de 1993, p. 11; y “Menem criticó a Castro. Fidel es repugnante”, Página/12, 20 de julio de 1993, p. 4.

20. [1] Declaraciones del canciller Di Tella, citadas en “Guido Di Tella. “Fidel Castro vive en un mundo imaginario” ”, Página/12, 15 de junio de 1994, p. 8.

21. [1] Ver respecto del enfrentamiento entre Menem y Castro los siguientes artículos “Al finalizar la Cumbre Iberoamericana. No prosperó la presión sobre Fidel Castro", La Nación, 16 de junio de 1994, p. 1; y "Concluyó en Cartagena la IV Cumbre Iberoamericana. Menem, como Castro, también causó estupor", por Julio Crespo, La Nación, 16 de junio de 1994, p. 1.

22. [1] Sobre este enfrentamiento entre Menem e Itamar Franco ver “Encabezados por Fidel y Felipe González, los presidentes decidieron no apoyar una condena al aborto. Derrota para Menem en Colombia”, Página/12, 16 de junio de 1994, pp. 2-3.

23. [1] Declaraciones del canciller Di Tella, en “El gobierno dispuesto a recibir a balseros cubanos. EE.UU. agradece. Proa hacia la Argentina”, Página/12, 9 de septiembre de 1994, pp. 2-3.

24. [1] Ver al respecto los siguientes editoriales: “Cuba no acepta intermediarios de los Estados Unidos”, por Carlos Reymundo Roberts, La Nación, 15 de julio de 1993, p. 1; Se frustró la reunión de Menem y Castro en Brasil”, por Carlos Reymundo Roberts, La Nación, 16 de julio de 1993, p. 1; “Menem-Castro, una historia sin final”, por Carlos Reymundo Roberts, La Nación, 16 de julio de 1993, p. 10; “Iberoamérica propicia el fin del bloqueo a Cuba”, por Carlos Reymundo Roberts, La Nación, 17 de julio de 1993, p. 1; “Implícita condena al bloqueo norteamericano a Cuba”, por Carlos Reymundo Roberts, La Nación, 17 de julio de 1993, p. 5, y “La III Cumbre Iberoamericana”, La Nación, 22 de julio de 1993, p. 6.

25. [1] "Delibera en Cartagena la IV Cumbre Iberoamericana. Castro pateó el tablero otra vez", por Julio Crespo, La Nación, 15 de junio de 1994, p. 2; y "Al finalizar la Cumbre Iberoamericana. No prosperó la presión sobre Fidel Castro", La Nación, 16 de junio de 1994, p. 1.

26.[1] A esta quinta versión de la Cumbre no concurrieron los presidentes de Ecuador, Sixto Durán Ballén; República Dominicana, Joaquín Balaguer; y de Venezuela, Rafael Caldera. Tampoco fue de la partida el primer ministro de Portugal, Mario Cavaço Silva.

27. [1] Ver al respecto los siguientes artículos y editoriales: "Pedirá la Cumbre el fin del bloqueo a Cuba", La Nación, 15 de octubre de 1995, p. 1; "La relación Menem-Castro es la comidilla", por Fernando Laborda, La Nación, 15 de octubre de 1995, p. 12; "Castro agradeció el apoyo para romper el bloqueo", La Nación, 16 de octubre de 1995, p. 1; "Fidel Castro garantizó las reformas en Cuba", por Fernando Laborda, La Nación, 16 de octubre de 1995, p. 8; "Presencias y ausencias de Bariloche", La Nación, 16 de octubre de 1995, p.9; "Hubo una condena implícita al bloqueo”, La Nación, 18 de octubre de 1995, p. 1; "Principales conclusiones", La Nación, 18 de octubre de 1995, p. 6; "Cambio hacia Cuba", La Nación, 18 de octubre de 1995, p. 6; "Cumbre: Menem admitió cambios en Castro", por Ovidio Bellando, La Nación, 18 de octubre de 1995, p. 8; "Puntos principales del documento", La Nación, 18 de octubre de 1995, p. 8; "Poca pimienta y sin indigestados en Bariloche", La Nación, 19 de octubre de 1995, p. 8; y "La V Cumbre: el balance final", La Nación, 19 de octubre de 1995, p. 8.

28. [1] Respecto de este tema, consultar los siguientes artículos y editoriales: "Gobernabilidad, clave de la cumbre iberoamericana", por Jorge Monti, La Nación, 9 de noviembre de 1996, p. 11; "En Chile, Menem apeló a la gobernabilidad, sin demagogias", por Jorge Monti, La Nación, 11 de noviembre de 1996, p. 10; "Los presidentes, por los valores de la democracia", por Federico Quilodrán, La Nación, 11 de noviembre de 1996, p. 10; "La Argentina se adjudica el éxito de presionar a Cuba", por Jorge Monti, La Nación, 12 de noviembre de 1996, p. 12; "Rechazo a la ley Helms-Burton", por Federico Quilodrán, La Nación, 12 de noviembre de 1996, p. 12; y "Los dos desafíos de las democracias en el siglo XXI", por Mariano Grondona, La Nación, 12 de noviembre de 1996, p. 14.

29. [1] "Un clásico: el duelo verbal entre Menem y Fidel Castro", La Nación, 8 de noviembre de 1997, p. 12; "Final anticipado para la Cumbre Iberoamericana. Menem y Castro, en otro cruce verbal", La Nación, 9 de noviembre de 1997, p. 1; y "Todos reclamaron democracia para Cuba. Castro se defendió con un ataque a los EE.UU. e, indirectamente, a Menem; partidas anticipadas", por María O' Donnell, La Nación, 9 de noviembre de 1997, p. 10.

30. [1] El mandatario cubano no sólo se reconcilió con Menem. También aprovechó la ocasión para reconciliarse con el jefe de gobierno español, José María Aznar, y con su par de Honduras, Carlos Flores. Ver respecto de este tema y de otras cuestiones tratadas en la Cumbre los siguientes artículos y editoriales “VIII Cumbre Iberoamericana, en Portugal. Piden que Europa baje las tasas. Se reunieron Menem, Cardoso y Zedillo y analizaron el impacto de la crisis financiera mundial”, por María O’ Donnell, La Nación, 18 de octubre de 1998, p. 18; “Declaración”, La Nación, 18 de octubre de 1998, p. 18; “VIII Cumbre Iberoamericana, en Portugal. Reclamo de ayuda para la crisis financiera. Menem pidió a México y Brasil que efectúen las reformas”, por María O’ Donnell, La Nación, 19 de octubre de 1998, p. 8; y “Reconciliación con Castro”, La Nación, 19 de octubre de 1998, p. 8.

31. [1] Ver al respecto el editorial “Derechos humanos en la Cumbre: ¿apenas gestos?”, por Richard Gillespie, Clarín, 10 de noviembre de 1999, p. 17; y los artículos “ “Solidaridad con Chile”. Menem explica por qué no fue”, Clarín, 15 de noviembre de 1999, p. 25; “Condena a la ley extraterritorial, si es contraria al derecho internacional. Canción con toda

Iberoamérica toda”, Página/12, 17 de noviembre de 1999, pp. 20-21; “Argentina, con La Habana y contra Garzón. Cuando los de afuera son de palo”, Página/12, 17 de noviembre de 1999, p. 21; y “Hasta el 2000 en Panamá, dijeron los superamigos iberoamericanos”, Página/12, 18 de noviembre de 1999, p. 16.

32. [1]“Se inicia hoy la IX Cumbre Iberoamericana en La Habana. Castro pone en juego su imagen internacional”, La Nación, 15 de noviembre de 1999, p. 3; “Reclamo por democracia”, La Nación, 17 de noviembre de 1999, p. 2; y “Vale más la palabra que la letra”, por Jorge Elías, La Nación, 17 de noviembre de 1999, p. 2.

33. [1] Norden y Russell, op.cit., p. 94.

34. [1] Para mayores detalles al respecto puede consultarse el trabajo de Alice, Mauricio, La evaluación de la eficacia de la OEA en crisis democráticas en el continente. Las posiciones argentinas, Buenos Aires, GEL, 2002, pp. 134-135.

35. [1] Idem nota anterior, pp. 135-136.

36. [1] Intervención del embajador Lohlé, en Acta Sesión Extraordinaria Consejo Permanente, OEA/Ser.G – CP/ACTA 800/89, 20, 21 y 22 diciembre 1989, fuente citada por Ibid, p. 136.

37. [1] “La OEA deploró la intervención norteamericana”, por Julio Crespo, La Nación, 23 de diciembre de 1989, p. 2.

38.[1] En dicho documento, los presidentes declararon esencialmente: a) “Su decisión de conceder la más alta prioridad política al proceso de integración regional, en la seguridad de que sólo mediante una efectiva y pronta ejecución de su estrategia podrán llegar a crearse las condiciones económicas necesarias para asegurar el bienestar de sus pueblos”; b) “Su determinación de respetar la soberanía y la integridad territorial de los Estados, con estricta observancia de los principios de no intervención, de no utilización de la amenaza o del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y de solución de todas las diferencias por medios pacíficos”;

39.c) “Su decisión de adoptar medidas adecuadas para hallar la solución a la crisis política y financiera de la deuda externa, permitiendo así alcanzar y mantener niveles apropiados de crecimiento económico”; d) “Su resolución de emprender, coordinadamente, acciones que contemplen las legítimas necesidad de sus pueblos en cuanto a promover el financiamiento y las inversiones necesarias para el desarrollo, especialmente en ciencia y tecnología”; e) “Su firme determinación de llevar a cabo, en forma concertada, las acciones que sean necesarias para prevenir el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y combatir su tráfico ilícito, convencidos de que la lucha contra el narcotráfico requiere conformar un frente común”; f) “Su vehemente repudio al terrorismo en todas sus formas y su decisión de concertar todas las medidas que se estiman necesarias para combatir el tráfico clandestino de armas, municiones y explosivos”; g) “Su voluntad de coordinar acciones para proteger, promover y conservar el medio ambiente; h) su disposición a comprometer la presencia activa de sus naciones en la conformación de un orden internacional más justo y democrático”; e i) “Su convicción de que todos estos objetivos requieren, para ser alcanzados, de la acción de la OEA, cuyo fortalecimiento constituye un compromiso de todos los Estados miembros”. Ver respecto del contenido de este documento el artículo “Consolidar la paz”, La Nación, 5 de junio de 1990, p. 3.

40. [1] Declaraciones de Menem, citadas en el artículo “Seis presidentes llaman a la integración continental. Críticas a los EE.UU. al celebrarse el centenario de la OEA”, La Nación, 5 de junio de 1990, p. 3.

41. [1]Declaraciones de Lacalle en Idem nota anterior.

42. [1] El “Compromiso de Santiago” fue producto de arduas negociaciones entre los países miembros de la OEA acerca de qué procedimiento adoptar frente a un eventual golpe de Estado. Durante las deliberaciones de la XXI Asamblea del organismo continental emergieron tres posiciones diferenciadas respecto de esta cuestión: a) la propiciada por los cinco países del Pacto Andino, que proponía la ruptura conjunta de relaciones diplomáticas con los países que sufrieran alteraciones en sus procesos democráticos y la marginación de dichas naciones de la OEA; b) la impulsada por los países no intervencionistas, con México a la cabeza, opuestos a la iniciativa andina porque entendían que la misma vulneraba los principios de no intervención y de libre determinación de los pueblos; y c) la posición liderada por Estados Unidos, partidaria de la aplicación de sanciones económicas contra aquellos países en los cuales un dictador se hiciera del poder.

43. [1] Ver respecto de este tema los siguientes editoriales: “Los cancilleres de las Américas tras un compromiso regional. La OEA busca afianzar la democracia”, por Enrique Guzmán de Acevedo, La Nación, 2 de junio de 1991, p. 4; “Acuerdo de cancilleres en la OEA. Coincidieron en la necesidad de asegurar los sistemas democráticos en la región”, La Nación, 5 de junio de 1991, p. 2; “Compromiso de la OEA ante los golpes de Estado”, La Nación, 6 de junio de 1991, p. 3 y “OEA. Categórico apoyo a la democracia en América”, por Enrique Guzmán de Acevedo, La Nación, 9 de junio de 1991, p. 5.

44. [1] Para mayores detalles acerca del contenido de esta resolución 1080 puede consultarse el trabajo de Alice, op.cit., pp. 44-45.

45. [1] “OEA: apoyo al plan continental de Bush. El organismo también recomendó negociar el caso Malvinas hasta resolverlo”, La Nación, 7 de junio de 1991, p. 3.

46. [1] “La OEA apoya el desarrollo socio-económico continental. Votan un plan de seguridad”, por Enrique Guzmán de Acevedo, La Nación, 8 de junio de 1991, p. 3.

47. [1] Norden y Russell, op.cit., p. 95.

48. [1] MRE/RES. 1/91 – “Apoyo al Gobierno Democrático de Haití” (OEA/Ser. F/V.1 – 3 octubre 1991), fuente citada por Alice, op.cit., p. 85.

49. [1] “Di Tella viajó a EE.UU. La Argentina podría intervenir militarmente”, La Nación, 4 de octubre de 1991, p. 3.

50. [1] Declaraciones del vicecanciller Olima, en Documentos oficiales de la Asamblea General, Cuadragésimo Noveno período ordinario de sesiones, Suplemento N° 33 (A/49/33), fuente citada por Alice, op.cit., p. 94.

51. [1] “Una misión de cancilleres de la OEA viajará a Haití”, La Nación, 3 de octubre de 1991, p. 2; “La OEA exigió que Aristide sea repuesto”, La Nación, 4 de octubre de 1991, p. 1; “Bush congeló los bienes de Haití”, La Nación, 5 de octubre de 1991, p. 1; y “Aumenta la presión sobre Haití”, La Nación, 5 de octubre de 1991, p. 3.

52. [1] “La OEA no logró su cometido en Haití”, La Nación, 7 de octubre de 1991, p. 1.

53. [1] MRE/RES. 2/91 – “Apoyo a la Democracia en Haití” (OEA/Ser. F/V. 1 – 8 octubre de 1991), fuente citada por Alice, op.cit., p. 85.

54. [1] Idem nota anterior.

55. [1]”OEA. Di Tella auspicia crear fuerzas de paz”, La Nación, 9 de octubre de 1991, p. 3.

56. [1] MRE/RES. 3/92 – “Restauración de la Democracia en Haití” (OEA/Ser. F/V.1- 17 mayo 1992), fuente citada por Alice, op.cit., p. 86.

57. [1] MRE/Res. 4/92 – “Reanudación de la Democracia en Haití” (OEA/Ser. F/V.1 – 13 de diciembre 1992), fuente citada por Alice, op.cit., p. 87.

58. [1] Idem nota anterior.

59. [1] Cabe recordar al lector que el Acuerdo llamado de Governor’s Island fue firmado por el presidente depuesto Aristide y por el líder del golpe general Raoul Cedras el 3 de julio de 1993. El mismo estableció el nombramiento de un nuevo Primer Ministro por parte del Presidente Aristide, la separación de los poderes del Estado, la promulgación de una ley de amnistía y la reinstalación del mandatario depuesto en sus legítimas funciones, creando así las condiciones para su regreso, pactado para la fecha del 30 de octubre de 1993. Ver al respecto Alice, op.cit., pp. 87-88.

60. [1] MRE/RES. 6/94 – “Llamado al Retorno a la Democracia en Haití” (OEA/Ser. FV. 1-9 junio 1994), fuente citada por Alice, op.cit., p. 88.

61. [1] “La Argentina propiciará una dura condena en la reunión del Grupo de Río”, La Nación, 10 de abril de 1992, p. 4.

62. [1] MRE/RES. 1/92 “Apoyo al Restablecimiento Democrático en Perú”, (OEA/Ser.F/V.2 – 2 de abril de 1992), fuente citada por Alice, op.cit., p. 99. Ver asimismo los siguientes artículos “Habría consenso en la OEA para no sancionar al gobierno de Fujimori”, La Nación, 11 de abril de 1992, p. 3; “OEA: trata hoy el caso del Perú”, La Nación, 13 de abril de 1992, p. 1; “La OEA deploró el golpe en Perú”, La Nación, 14 de abril de 1992, p. 1; y las editoriales de opinión “De

entre dos propuestas, la más atenuada”, por Julio Crespo, La Nación, 14 de abril de 1992, p. 2 y “Fujimori volvió la hoja”, por Roberto Solans, La Nación, 15 de abril de 1992, p. 2, que señalan, entre otros, dos puntos relevantes: 1) que triunfó la posición más moderada dentro de la OEA respecto del autogolpe en Perú; y 2) que Fujimori pasó el temido examen de la OEA “sin un ultimátum perentorio, sin sanciones concertadas y con un veredicto que “deplora profundamente” la violación constitucional pero no la “rechaza” ni la “condena”.

63. [1] “Los enviados de la OEA viajarían a Lima mañana”, La Nación, 15 de abril de 1992, p. 2.

64. [1] “La OEA podría suspender a los países donde triunfe un golpe” y “Quedó aprobada la Declaración de Nassau”, La Nación, 21 de mayo de 1992, p. 2.

65. [1] Ver al respecto Actas de Documentos, XXVI AGOEA, Panamá, 3-7 junio de 1996, OEA/Ser.P/XXVI-0.2, fuente citada por Alice, op.cit., p. 84. Consultar asimismo los artículos "Concluyó la asamblea en Panamá. La OEA llamó a luchar contra la corrupción" y "Di Tella y la ley Helms", por Flavia Alemann, La Nación, 8 de junio de 1996, p. 5.

66. [1] El Plan de Acción de Río fue adoptado durante la Conferencia Interamericana Especial sobre tráfico de drogas celebrada en Río de Janeiro en noviembre de 1986.

67. [1] Russell y Norden, pp. 97-98.

68. [1] “El Grupo de Río instó a Panamá a llamar a elecciones”, La Nación, 31 de marzo de 1990, p. 2.

69.[1] Los presidentes que participaron de esta cuarta cumbre o Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación fueron Carlos Menem (por Argentina); Luis Alberto Lacalle (Uruguay); Fernando Collor de Mello (Brasil); César Gaviria (Colombia); Patricio Aylwin (Chile); Rodrigo Borja (Ecuador); Carlos Salinas de Gortari (México); y el anfitrión, Carlos Andrés Pérez (Venezuela) más el canciller del Perú, Luis Marchand. Por su parte, los temas analizados en esta reunión fueron los siguientes: 1) la posición a desarrollar por el Grupo frente a la Iniciativa para las Américas propuesta por el presidente Bush; 2) el modo en que afectaría a cada país de la región la crisis de Medio Oriente y la posibilidad de buscar una solución en cooperación; 3) la integración americana a partir de dos hechos en vías de concreción: el acercamiento de México al norte del continente y el Mercado Común del Cono Sur; 4) los grandes bolsones de pobreza existentes en la región; y 5) la posibilidad de proponer el reingreso de Cuba a la OEA después de 28 años de alejamiento. Respecto del punto 1) Iniciativa para las Américas, el respaldo de los participantes fue parcial, en tanto consideraron “insuficientes” los fondos ofrecidos por Estados Unidos en términos de inversión. Los presidentes juzgaron “positiva” la Iniciativa para las Américas, pero plantearon la necesidad de dialogar con los Estados Unidos y Canadá sobre los intereses regionales en las negociaciones del GATT.

70. [1] “El Grupo de Río analizará la Iniciativa para las Américas y el reingreso de Cuba a la OEA. Menem viaja mañana a Venezuela”, La Nación, 10 de octubre de 1990, p. 5; “Positiva, pero insuficiente, la proposición de Bush. Declaración del Grupo de Río en la cumbre de Caracas”, La Nación, 13 de octubre de 1990, p. 1; “Cuatro países fueron invitados a incorporarse al concluir ayer la reunión en Caracas. El Grupo de Río resolvió intensificar la concertación política y económica”, La Nación, 13 de octubre de 1990, p. 3; y “Regreso de Cuba a la OEA”, La Nación, 13 de octubre de 1990, p. 3.

71.[1] Participaron de esta reunión los cancilleres de la Argentina, Domingo Cavallo; Brasil, Francisco Rezek; Chile, Enrique Silva Cimma; Ecuador, Diego Cordovez; México, Fernando Solana; Colombia, Bernardo Jaramillo; Perú, Raúl Sánchez; y Paraguay, Alexis Fuentes. También participaron los cancilleres de Costa Rica (como observador centroamericano) y de Jamaica (como observador caribeño). En cuanto a Uruguay, fue representado por el vicecanciller.

72. [1] Ver referencias al contenido del documento conjunto en el artículo “Posible cooperación petrolera regional. Cancilleres latinoamericanos procuran una posición conjunta”, La Nación, 28 de enero de 1991, p. 4.

73. [1] “Positiva impresión del canciller Cavallo acerca de los resultados de la reunión”, La Nación, 29 de enero de 1991, p. 5.

74. [1] “Reunión preliminar del Grupo de Río. En Cartagena se tratan temas regionales”, La Nación, 1º de diciembre de 1991, p. 6 y “Grupo de Río: comienza la reunión con la democracia como gran tema”, por Roberto Solans, La Nación, 2 de diciembre de 1991, p. 6.

75. [1] Página/12, 4 de diciembre de 1991, p. 6.

76. [1] Ver al respecto “México se opuso a la condena. Diferencias por Cuba”, por Daniel Santoro, Clarín, 28 de marzo de 1992, p. 11. Asimismo, cabe recordar que en dicha ocasión; el presidente argentino, Carlos Menem, propuso a los integrantes del Grupo de Río la creación de un organismo de funciones similares al del Consejo de Seguridad de la ONU, con el objetivo de responder a las amenazas contra la vigencia de la democracia en la región. Consultar al respecto el artículo “¿Consejo de Seguridad en la OEA? Menem propuso al Grupo de Río crear un organismo igual al de la ONU, contra las amenazas a la democracia”, Clarín, 27 de marzo de 1992, p. 10.

77. [1] Idem nota anterior.

78.[1] En esta Quinta Cumbre del Grupo de Río participaron los jefes de Estado de la Argentina, Carlos Menem; de Brasil, Fernando Collor de Mello; de Bolivia, Jaime Paz Zamora; de Colombia, César Gaviria; de Chile, Patricio Aylwin; de Ecuador, Rodrigo Borja; de Perú, Alberto Fujimori; de Paraguay, Andrés Rodríguez; de Uruguay, Luis Lacalle; de México, Carlos Salinas de Gortari; y de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. El presidente de Costa Rica, Rafael Calderón, asistió en representación de América Central y el primer ministro de Jamaica, Michael Manley, en nombre de las islas del Caribe.

79. [1] “Reunión preliminar del Grupo...”, op.cit.; “Grupo de Río: comienza...”, op.cit.; y los editoriales de opinión “Grupo de Río: sin consenso para la posición argentina sobre Cuba y Haití”, por Roberto Solans, La Nación, 3 de diciembre de 1991, p. 6; “Es una torpe mentira”, Página/12, p. 6, que reproduce las declaraciones de Menem sobre el régimen cubano; “El Grupo Río habló de Cuba pero no con la posición argentina. Menem se quedó con ganas”, Página/12, 4 de diciembre de 1991, pp. 6-7; y “Menem, satisfecho sólo a medias por la reunión del Grupo de Río”, por Roberto Solans, La Nación, 4 de diciembre de 1991, p. 10.

80.[1] En esta reunión de Buenos Aires participaron los cancilleres Guido Di Tella (Argentina); Ronald Mac Lean (Bolivia); Noemí Sanóin de Rubio (Colombia); Enrique Silva Cimma (Chile); Diego Cordovez (Ecuador); Mario Carias (Honduras); Fernando Solana (México); Alexis Frutos Vaesken (Paraguay); Augusto Balcker Miller (Perú); Héctor Gros Espiell (Uruguay); y Humberto Calderón (Venezuela). Por su parte, Brasil y Jamaica no enviaron cancilleres, sino a sus embajadores: Marcos Azambuja y Cherrie Orr.

81. [1] “Menem inaugura la reunión de cancilleres del Grupo de Río”, La Nación, 26 de marzo de 1992, p. 5. Por su parte, los cancilleres del Grupo de Río coincidieron con el presidente argentino en que la preservación de las instituciones no debe ser “algo circunstancial”, sino permanente y expresaron su apoyo a los esfuerzos del gobierno venezolano “para superar, dentro del orden de sus instituciones democráticas, las dificultades”.

82. [1] De acuerdo con las palabras del canciller argentino, Guido Di Tella, esta declaración “no se trata de un gesto ritual, sino de una medida más profunda” -que no especificó- y habló de “una señal clara” para el gobierno de Fidel Castro. Ver al respecto “Los cancilleres del Grupo de Río en búsqueda del consenso regional”, por Ovidio Bellando, La Nación, 24 de marzo de 1992, p. 10; “La reunión de cancilleres”, La Nación, 27 de marzo de 1992, p. 6; “Los cancilleres del Grupo de Río en Buenos Aires. Bolivia quiere formar un bloque exportador junto con la Argentina”, por Germán Sopeña, La Nación, 28 de marzo de 1992, p. 4.

83. [1] “Acción conjunta antiterrorista”, La Nación, 28 de marzo de 1992, p. 1; y “Acuerdo con Colombia para combatir el terrorismo y el narcotráfico”, por Patricio Bernabé, La Nación, 28 de marzo de 1992, p. 4.

84. [1] “Condena del Grupo de Río y de Menem”, La Nación, 28 de noviembre de 1992, p. 2.

85. [1] Participaron a esta VI Cumbre presidencial del Grupo de Río los presidentes Carlos Saúl Menem (Argentina), Percival Noel Pattterson (Jamaica), Carlos Salinas de Gortari (México), Rafael Callejas (Honduras), César Gaviria (Colombia), Sixto Durán Ballén (Ecuador), Patricio Aylwin (Chile), Jaime Paz Zamora (Bolivia), Itamar Franco (Brasil), Andrés Rodríguez (Paraguay), y Luis Alberto Lacalle (Uruguay). Alberto Fujimori (Perú) y Guillermo Endara (Panamá) no asistieron a la cumbre a causa de estar suspendidos por el grupo. Por su parte, Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, no concurrió debido a los conflictos existentes en su país.

86. [1] “Los objetivos del Grupo de Río”, por Ovidio Bellando, La Nación, 30 de noviembre de 1992, p. 11; “Comienza hoy la reunión cumbre del Grupo de Río”, La Nación, 1º de diciembre de 1992, p. 1; “Comienza hoy la cumbre del Grupo de Río”, La Nación, 1º de diciembre de 1992, p. 10; “Enfoque de los problemas regionales”, La Nación, 1º de diciembre de 1992, p. 10; “Qué objetivos tuvieron las cinco reuniones anteriores de presidentes”, por Ovidio Bellando, La Nación, 1º de diciembre de 1992, p. 12; “Mensaje de Clinton a la cumbre presidencial”, La Nación, 2 de diciembre de 1992, p. 1; “Comenzó a deliberar la cumbre de los presidentes”, La Nación, 2 de diciembre de 1992, p. 18; “Grupo de Río: no a los subsidios”, La Nación, 3 de diciembre de 1992, p.1; “Acuerdos, más allá de diferencias puntuales”, por Ovidio Bellando, La Nación, 3 de diciembre de 1992, p. 10; “Respaldo al presidente Pérez”, La Nación, 3 de diciembre de 1992, p. 11; “Mensaje al director del GATT”, La Nación, 3 de diciembre de 1992, p. 11; y “Matices de la reciente reunión cumbre de mandatarios”, por Ovidio Bellando, La Nación, 6 de diciembre de 1992, p. 6.

87. [1] “La VII Cumbre del Grupo de Río con dos ausencias: Argentina y Jamaica”, por Amílcar Antognoni, La Nación, 15 de octubre de 1993, p. 15.

88. [1] “Los 14 países de la organización piden también una salida pacífica para Haití. El Grupo de Río reclama el fin del embargo de los EE.UU. contra Cuba”, Clarín, 11 de septiembre de 1994, pp. 28-29; "Pidió el Grupo de Río que se levante el embargo a Cuba", La Nación, 11 de septiembre de 1994, p. 1; y "La clausura de la cumbre del Grupo de Río. Mucho más que la foto de celebridades", por Carlos Reymundo Roberts, La Nación, 11 de septiembre de 1994, p. 3.

89. [1] Declaraciones de Menem en editorial “Menem comparó a Castro con Pinochet y Stroessner”, por Nancy Pazos, Clarín, 11 de septiembre de 1994, p. 29.

90. [1] Declaraciones del canciller Di Tella en editorial de opinión escrita por el ex canciller y titulada “No estuvimos solos en Río”, Clarín, 15 de septiembre de 1994, p. 17.

91. [1] “Los 14 países de la organización piden también una salida pacífica para Haití. El grupo de Río reclama…”, op.cit.

92. [1] "El Grupo de Río condenará la ley Helms-Burton", por Florencia Carbone, La Nación, 2 de septiembre de 1996, p. 10; "Sugestiva participación de los EE.UU. en el Grupo de Río, por Florencia Carbone, La Nación, 3 de septiembre de 1996, p. 10; "El Grupo de Río contra la pobreza en la región", por Florencia Carbone, La Nación, 4 de septiembre de 1996, p. 11; y "Leve actitud crítica del Grupo de Río a EE.UU.", por Florencia Carbone, La Nación, 5 de septiembre de 1996, p. 10.

93. [1] "Un día clave para el Grupo de Río", por Jorge Monti, La Nación, 23 de agosto de 1997, p. 8; y “Asunción demostró que ante todo está nuestro interés regional", por Germán Sopeña, La Nación, 27 de agosto de 1997, p. 9.

94. [1] Menem fue representado por el canciller Guido Di Tella, mientras que en nombre de Cardoso concurrieron el vicepresidente brasileño, Marco Maciel, y el titular de Itamaraty, Luiz Felipe Lampreia.

95. [1] “Terrorismo y crisis financiera, temas del Grupo de Río”, por Henry Raymont, La Nación, 5 de septiembre de 1998, p. 10; y “El Grupo de Río criticó medidas de los EE.UU.”, La Nación, 6 de septiembre de 1998, p. 11.

96. [1] Ver al respecto los artículos "Clinton atacó a Fidel y elogió a América Latina", por Fernán Saguier, La Nación, 10 de diciembre de 1994, p. 9; "La Argentina pedirá eliminar subsidios", por Fernando Laborda, La Nación, 10 de diciembre de 1994, p. 9;

97. [1] Ver al respecto los artículos "Los puntos principales de la cumbre de Miami", La Nación, 12 de diciembre de 1994, p. 6; y "Después de la cumbre de Miami", La Nación, 14 de diciembre de 1994, p. 8. No obstante el tropiezo de los representantes argentino y canadiense en colocar estas cuestiones de seguridad hemisférica en la cumbre de Miami, las mismas fueron adoptadas por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, agencia que las colocó como parte de la agenda de la reunión de ministros de Defensa de los países americanos que tuvo lugar en Williamsburg, Virginia, los días 25 y 26 de julio de 1995. Respecto de este tema consultar el trabajo de Norden y Russell, op.cit., p. 95.

98. [1] Declaraciones del presidente Menem, citadas en “Los problemas pendientes. Menem apoyó al Mercosur y marcó condicionamientos”, por Eleonora Gosman, Clarín, 20 de abril de 1998, p. 27.

99. [1] Idem nota anterior.

100. [1] Ibidem.

101. [1] Acerca de la II cumbre de Santiago y la posición argentina en dicha cumbre ver los siguientes artículos y editoriales: “El ALCA, un gran interrogante”, por Federico Quilodrán, La Nación, 17 de abril de 1998, p. 7; “América busca una mayor integración”, por el vicecanciller Andrés Cisneros, Clarín, 18 de abril de 1998, p. 22, que advertía sobre la “vetusta política de subsidios agrícolas de los Estados Unidos” como un obstáculo para el ALCA y la existencia de asimetrías entre ALCA y MERCOSUR; “La II Cumbre de las Américas: comienza tras la visita oficial del presidente de los EE.UU a Chile. Para Clinton terminó la era de los dictadores en América Latina. Lo dijo ante el Congreso chileno; mensaje para la región sobre democracia”, por Jorge Elías, La Nación, 18 de abril de 1998, p. 9; “Sin el fast-track, el ALCA quedará relegado en el debate”, La Nación, 18 de abril de 1998, p. 11; “La pulseada Mercosur-ALCA”, por Eleonora Gosman, Clarín, 18 de abril de 1998, p. 44; “La clausura de la cumbre de Chile. Cardoso: Cuba debe volver a la democracia”, por María O’ Donnell, La Nación, 20 de abril de 1998, pp. 1 y 6; “Lo que dejó la reunión”, La Nación,

20 de abril de 1998, p. 1; “Concluyó la II Cumbre de las Américas: pedido norteamericano y recambios diplomáticos. Los Estados Unidos exhortaron a los presidentes a no visitar a Cuba”, por Jorge Elías, La Nación, 20 de abril de 1998, p. 5; “Concluyó la II Cumbre de las Américas: mensaje de unidad en el lanzamiento del ALCA. El Mercosur es el gran oponente de los EE.UU. Menem, Cardoso y Frei ratificaron su fortaleza en un debate con Clinton”, por Martín Boerr, La Nación, 20 de abril de 1998, p. 7; “Finalizó la segunda reunión continental. Lanzan la mayor zona de libre comercio del mundo”, por Paula Lugones, Clarín, 20 de abril de 1998, p. 26; “Un acuerdo con dudas”, por Paula Lugones, Clarín, 20 de abril de 1998, p. 27; “Nueva discusión para el ALCA”, Clarín, 22 de abril de 1998, p. 16; “Estados Unidos quiere negociar país por parís” (entrevista con el secretario de Comercio norteamericano, William Daley), La Nación, 22 de abril de 1998, sección Economía & Negocios, p. 1; y “Más tropiezos para el ALCA”, por Daniel Muchnik, Clarín, 26 de abril de 1998, p. 28.

102. [1] “Di Tella transmitirá a EE.UU. que no hay cambios con Castro”, por María O’ Donnell, La Nación, 16 de abril de 1998, p. 7; “Menem, con Clinton y Cardoso. Las prioridades de la Argentina”, por Ana Gerschenson, Clarín, 16 de abril de 1998, p. 37; “Intenta mediar el Gobierno entre Cuba y EE.UU.”, La Nación, 17 de abril de 1998, pp. 1 y 7; “Preparativos para la Cumbre de las Américas: el peso político del único mandatario que estará ausente. Menem afina la estrategia sobre Cuba”, La Nación, 17 de abril de 1998, p. 7; “En el comienzo de la Cumbre de las Américas. Menem explica el supuesto giro hacia Castro”, por María O’ Donnell, La Nación, 18 de abril de 1998, pp. 1 y 6; y “Entrevista a solas en Chile. Menem se reunió con Clinton y negó cambios en la política hacia Cuba”, por Ana Gerschenson, Clarín, 19 de abril de 1998, p. 2; “Gestos de la Argentina hacia La Habana. Las inquietudes de los norteamericanos”, por Ana Baron, Clarín, 19 de abril de 1998, p. 3; y “El realineamiento de Menem por Cuba. La opción por los EE.UU. Las negociaciones con el FMI y hasta el proyecto reeleccionista pesaron en la decisión del presidente Menem”, Clarín, 19 de abril de 1998, p. 4.

103. [1] Sobre posición de Brasil en el tema Cuba ver el editorial “Brasil colocó sorpresivamente el tema de Cuba en la reunión”, por Eleonora Gosman, Clarín, 20 de abril de 1998, p. 28.

104. [1] "El narcotráfico, prioridad regional", por Alfredo Vega, La Nación, 7 de octubre de 1996, p. 5; "Presión de EE.UU. por el narcotráfico", La Nación, 8 de octubre de 1996, p. 5; "Domínguez defendió la autodeterminación", por Alfredo Vega, La Nación, 8 de octubre de 1996, p. 5; "Nuevas estrategias contra el narcotráfico", por Alfredo Vega, La Nación, 9 de octubre de 1996, p. 5; "Los seis puntos del mensaje de Perry", La Nación, 9 de octubre de 1996, p. 5; y "Las amenazas a la seguridad", La Nación, 10 de octubre de 1996, p. 7.

105. [1] “La Argentina, con un nuevo aval de los EEUU”, apartado “Conclusiones”, por Luis Laugé, La Nación, 3 de diciembre de 1998, p. 15.

106. [1] La Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA) fue creada en 1960 como una instancia de intercambio de información y de experiencias entre los Ejércitos de los países americanos. Por la misma época fueron creadas la Conferencia Naval Interamericana (CNI) y el Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA), organismos congéneres de la CEA, ubicados respectivamente en los ámbitos de las Fuerzas Navales y Aéreas de los países miembros. Ver al respecto el sitio de la CEA http://www.redcea.org/spanish/history.html.

107. [1]Vale recordar que la CEA está integrada por la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana, Uruguay y Venezuela como miembros plenos. Como observadores lo hacen Barbados, Canadá, Costa Rica, Haití, y México. A la XIX Conferencia de la CEA participaron, por Argentina, además del jefe del Estado Mayor del Ejército argentino, general Martín Balza, el teniente general Martín Bonnet, y los generales Aníbal Laiño, Héctor Lubín Arias, y Carlos Schilling; los coroneles Ricardo Brinzoni y Alberto Noberasco; y el teniente coronel Mario Castagneto. Ver al respecto “Bonnet irá a los EE.UU.”, La Nación, 28 de octubre de 1991; y “Balza: no hay diplomacia paralela”, por Julio Crespo, La Nación, 9 de noviembre de 1991, p. 5.

108. [1] Ver declaraciones de Balza en “Las misiones de los Ejércitos. Ejes conceptuales que sirvieron de base a la ponencia del Jefe del Estado Mayor General del Ejército, General Martín Balza, en la XIX Conferencia de Ejércitos Americanos”, en sitio http://www.ser2000.org.ar/artículos-revista-1/balza.htm, pp. 2-3.

109. [1] Idem nota anterior, p. 2.

110. [1] “Conferencia de Ejércitos Americanos. Los militares no quieren enfrentar al narcotráfico”, por Oscar Raúl Cardoso, Clarín, 9 de noviembre de 1995, p. 10. Consultar también el editorial “Militares: la posguerra fría en el radar”, por Oscar Raúl Cardoso, Clarín, 11 de noviembre de 1995, p. 13.

111. [1] “El continente analiza sus instituciones y sus logros. Militares americanos impulsan desarrollo sin armamentismo”, diario El Universal, Caracas, 28 de noviembre de 1997, en http://www.el-universal.com/1997/11/28/28108BB.shtml.

112. [1] Cabe destacar que este mecanismo de acción colectiva contemplado por la resolución 1080 fue aplicado en 3 ocasiones durante la década de 1990: las de las crisis de Haití (1991), Perú (1992) y Guatemala (1993). No fue aplicado en los casos de las crisis políticas en Venezuela (1992), Paraguay (1996 y 1999) y Ecuador (1997). Ver al respecto Norden y Russell, op.cit., p. 105, y nota 49, p. 152. Consultar asimismo el trabajo de Alice, op.cit., sección II, pp. 44-45, donde analiza el contenido de la resolución 1080; Sección III, pp. 84-125, donde estudia los casos de Haití, Perú y Guatemala; y Sección IV, especialmente pp. 137-145, páginas en las que analiza los casos de Venezuela, Paraguay y Ecuador.

113. [1] Para mayores detalles acerca de la Declaración de Mendoza ver los trabajos de Escudé y Fontana, op.cit., p. 11 y Fontana, op.cit., p. 304.

114. [1] Ver al respecto artículo “BID, con pocos clientes”, por Néstor Restivo, Clarín, 5 de enero de 1994, pp. 24-25.

115. [1] Consultar sobre este tema el artículo de Acuña, Carlos H., y Tuozzo, María Fernanda, “La participación de la sociedad civil en los programas del Banco Mundial y del BID. El caso de Argentina”, en Tussie, Diana, (compiladora), Luces y sombras de una nueva relación. El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la sociedad civil, Buenos Aires, Temas Grupo Editorial, 2000, p. 102.

116. [1] Idem nota anterior, p. 103.

117. [1] Para mayores detalles acerca de este cambio, ver Tussie, Diana; Mendiburu, Marcos y Vásquez, Patricia, “Los nuevos mandatos de los bancos multilaterales de crédito: su aplicación en el caso de Argentina”, , Serie de Documentos e Informes de Investigación del Area de Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), N° 208, Buenos Aires, enero de 1997, especialmente pp. 25-26.

118. [1] Por este convenio, el BID destinará 7,5 millones de dólares; el CIH junto con los gobiernos, 1,35 millones de dólares; el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 485 mil dólares y Fonplata, 1650 millones de dólares. Ver al respecto BID, Estudios de Factibilidad Técnica, económica y ambiental de la hidrovía Paraguay-Paraná (Puerto Cáceres-Puerto de Santa Palmira), septiembre de 1991, fuente citada por Idem nota anterior, p. 32.

119. [1] Di Tella, Guido, “El renovado papel de la Argentina en el mundo”, Revista de Occidente, Noviembre 1996, p. 41.

120. [1] Idem nota anterior.

121. [1] Ibidem, pp. 41-42.

CAPITULO 3

RELACIONES CON LOS PAISES EUROPEOS

(1989-1999)

Por Leonor Machinandiarena de Devoto y Sebastián Masana[*]

Introducción

Durante el gobierno de Alfonsín las relaciones con Europa habían sido concebidas con el propósito de ampliar los puntos de apoyo en Occidente y contrarrestar la influencia de los Estados Unidos. Inicialmente, el hecho de haber recuperado la democracia pareció ser suficiente para recomponer las relaciones políticas y conseguir respaldo económico de los países europeos. Sin embargo, el proclamado apoyo europeo a la democracia argentina no se concretó en apoyo económico, expresando claramente al gobierno argentino que el mismo sería consecuencia de la estabilidad económica y la firma de un acuerdo con las instituciones multilaterales de crédito y los bancos acreedores. La certeza de esta situación llevó al gobierno radical al diseño de nuevas políticas que permitieran acceder al capital europeo, lo cual fructificó en la firma de acuerdos con Italia y España.(1) No obstante el reconocimiento de condicionamientos externos que imponían la recomposición de las relaciones con los Estados Unidos, el gobierno de Alfonsín decidió mantener un moderado no alineamiento.(2)

De esta manera, el gobierno radical continuó con la exportación de granos argentinos a la Unión Soviética, aunque presionado para que se aumentara la importación de productos soviéticos si se pretendía mantener el nivel de ventas. A fin de ejercer una fuerte presión sobre el gobierno del Reino Unido por la cuestión de las islas Malvinas, Alfonsín otorgó en 1986 a la Unión Soviética permiso de pesca en aguas próximas a dichas islas, lo cual derivó en el establecimiento de una zona de exclusión alrededor de las mismas. La visita del canciller soviético a Buenos Aires demostró apoyo a las posiciones argentinas respecto de Malvinas, el desarme y la integración regional, pero pocas coincidencias en el aspecto económico. En el Movimiento de los No Alineados el gobierno de Alfonsín apuntó a establecer relaciones más cercanas con la India y Yugoslavia a fin de obtener respaldo en su enfrentamiento con el Reino Unido y promover la paz y el desarme. Pero el equilibrio necesario para mantener esta complicada política exterior que buscaba concertar elementos de no alineamiento e integración regional con la adhesión a Occidente y el establecimiento de vínculos estrechos con los Estados Unidos comenzó a caerse junto con el deterioro de la situación económica argentina.(3)

La incapacidad del gobierno para encauzar la grave crisis económica provocó que Alfonsín decidiera entregar anticipadamente el cargo al presidente electo Carlos Saúl Menem el 9 de julio de 1989. Menem señaló que en materia de política exterior su gobierno sostendría una visión pragmática y prooccidental y dejaría de lado los rasgos nacionalistas, populistas y autárquicos de la Tercera Posición peronista. Las prioridades serían establecer relaciones cooperativas con los Estados Unidos, restablecer vínculos con Gran Bretaña y liberar de obstáculos las relaciones con la Comunidad Europea, mantener la política de integración con los países vecinos y, en el ámbito de las políticas nuclear, militar y comercial, realizar los cambios necesarios para evitar escollos en las relaciones con los países desarrollados.(4)

En el momento de acceder Menem a la presidencia estaba llegando a su fin el conflicto Este-Oeste, del cual los Estados Unidos emergerían como la única superpotencia, situación que evidentemente obligaría a un replanteo de la política exterior por parte de todos los países. No obstante, la implosión de la Unión Soviética en diciembre de 1991 fue una sorpresa para todos y se produjo cuando el gobierno de Menem ya había tomado muchas de sus decisiones más importantes. Por lo tanto, el cambio efectuado en la política exterior al asumir Menem parece haber sido guiado por una posición ideológica y una valoración del escenario mundial y de la inserción de la Argentina en el mismo sustancialmente distinta a la del gobierno radical. Así, el

no alineamiento fue reemplazado por un acercamiento a los países líderes de Occidente, con los que se consideraba que la Argentina tenía fuertes lazos histórico-culturales y que constituían el ámbito adecuado donde el país debía insertarse.

El canciller Guido Di Tella –quien sucedió a Domingo F. Cavallo el 28 de enero de 1991, al hacerse cargo éste del ministerio de Economía- reconoció que, si bien el cambio se había iniciado en 1983 con la restauración de la democracia, la tarea estaba inconclusa. En un seminario que tuvo lugar en marzo de 1992, Di Tella describió el cambio operado bajo su gestión con estas palabras:

Pero también creo que había una tarea inconclusa. Estaban dadas todas las potencialidades, pero el cambio tenía que seguir y tenía que profundizarse y concretarse en este cambio de ubicación que yo lo llamo una suerte de cambio de alianzas. No es una alianza formal, es una alianza informal, es la alianza del Occidente, un Occidente que incluye también a Asia, un Occidente peculiar. Ustedes saben de qué estoy hablando; la descripción, quizás los bordes de ese conjunto pueden ser un poco ambiguos, pero creo que se entiende cuál es el corpus central de ese grupo de países. Esto implica una posición, abandonar el aislacionismo que ya se venía abandonando y adoptar una política, que se la puede llamar internacionalista, pero tampoco es una buena palabra.(5)

El vicecanciller Andrés Cisneros también explicó en 1996 el carácter de la relación adoptada con los Estados Unidos:

El mantenimiento de un sistema económico cerrado a los cambios globales y el mantenimiento de objetivos de prestigio como la producción de armamento sofisticado y la persecución de tecnología de avanzada que el país no era capaz de producir en una escala que pudiera permitir una exportación rentable fue un enfoque acompañado por una fuerte confrontación con los Estados Unidos. Por ejemplo, en 1989, de 158 países que votaban en la ONU, sólo Cuba, Yemen y Sudán eran más opuestos a los Estados Unidos que la Argentina, que estaba en pie de igualdad con Vietnam. Países como Irak y Libia procedían más de acuerdo con los Estados Unidos que la Argentina. La administración de Menem cambió la situación y el voto de la Argentina muestra una coincidencia con los Estados Unidos de un 30 a 40%, una proporción comparable con la de España o Italia. Esta posición ha sido llamada “alineamiento automático” con los Estados Unidos. En realidad, si hubo un alineamiento automático de la Argentina hacia los Estados Unidos fue uno de “desalineamiento” que llevó a la Argentina a tomar “automáticamente” la posición opuesta a la de los Estados Unidos.(6)

El cambio de política estuvo sin duda inspirado en los trabajos y la prédica de Carlos Escudé, quien había criticado el exceso de confrontaciones de la política exterior de Alfonsín, y proveyó de un sustento teórico a la política exterior de Menem.(7) La política aplicada por el gobierno de Menem incluyó el alineamiento con los Estados Unidos, reconociendo su liderazgo en el hemisferio occidental. Esto quedó demostrado por la participación simbólica de la Argentina en la Guerra del Golfo, el apoyo a la posición norteamericana respecto de los derechos humanos en Cuba, el retiro de la Argentina del Movimiento de Países No Alineados y el cambio del voto argentino en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El apoyo a los Estados Unidos no excluía sostener divergencias cuando el interés material argentino estuviera en juego. Como contrapartida al pragmatismo, se estableció el principio de la defensa de la democracia y los derechos humanos en el hemisferio occidental. En el ámbito de los países

vecinos, se profundizó la política de integración con Brasil iniciada por el gobierno de Alfonsín, y se buscó una solución definitiva a los problemas de demarcación de la frontera con Chile.(8)

Esta política mereció críticas académicas, basadas en la percepción de que, finalizada la guerra fría, el orden mundial evolucionaba hacia un esquema multipolar más interdependiente, con la consecuente declinación hegemónica de los Estados Unidos. En un caso se señalaba: a) que bajo el imperativo de un “pragmatismo moral” se ocultaba un fuerte contenido ideológico; b) la supuesta vulnerabilidad de un diagnóstico internacional que percibía el mundo de la posguerra fría como la resultante de un orden unipolar y a los Estados Unidos como el centro económico regional; c) un protagonismo exterior exagerado y desvinculado de los recursos de poder, y d) la antigua mala inclinación a la búsqueda de liderazgo regional.(9)

En otro caso, desde una perspectiva ética, se cuestionaba el materialismo que ocupaba el primer plano de la política exterior, cuando ese lugar debían ocuparlo las cuestiones relativas a la autonomía, la autodeterminación nacional y la soberanía. Tomar en cuenta sólo aspectos materiales era juzgado como una conducta suicida. El fomento del comercio y la atracción de inversiones no debían comprometer otros valores de mayor importancia tanto en el orden interno como en el internacional. El gobierno debía neutralizar la marginación provocada por el capitalismo central, no debía confundir el interés nacional con los negocios empresarios, y debía recordar que el destino de la Argentina estaba ligado a la suerte que correspondiera al Sur. Se censuraba asimismo la política del “alineamiento automático” dado que no se adecuaba a la supuesta evolución hacia un mundo multipolar y no parecía redundar en buenos resultados para el país, por las incoherencias de la política norteamericana, y porque significaba negarnos a ejecutar una política exterior propia que fuera “inteligente, digna y pragmática”, realista e idealista a la vez.(10)

La discusión académica revelaba dos lecturas del orden mundial que se estaba instaurando en la posguerra fría. Entre los asesores de Menem privaba la percepción de un mundo unipolar, en el cual la extraordinaria capacidad militar, económica y cultural de los Estados Unidos generaba la existencia de una pax americana. En virtud de dicha lectura, la política exterior más conveniente para la Argentina era llevar al mejor nivel posible las relaciones con los Estados Unidos. Por el contrario, sus críticos adscribían a la visión de que el mundo evolucionaba hacia el multipolarismo, por lo cual era probable que Europa lograra consolidar sus instituciones supranacionales e incorporar a los países de la zona oriental, de manera tal que se constituyera en un polo de poder que contrapesara la hegemonía norteamericana. Por ello, la insistencia en que no se debían descuidar las relaciones con los países europeos.

Los cuestionamientos sostenían que debía concederse gran significación a la relación con Europa, en virtud de que dicha región se perfilaba como el más avanzado y dinámico de los tres bloques económicos en gestación, y las exportaciones argentinas hacia la región duplicaban las enviadas a los Estados Unidos.(11) Al responder las críticas a la importancia asignada a la relación con los Estados Unidos, Escudé aclaró que el condicionado alineamiento político de la Argentina con los Estados Unidos no excluía la cooperación con Europa, y que se adjudicaba a ambas relaciones el mismo nivel de importancia.(12) En ocasión del seminario ya mencionado, el canciller Di Tella dijo al respecto:

[...] Ahora están empezando a decir en la opinión pública que nosotros por fin estamos llevando el apunte a Europa. Nosotros nos concentramos en los primeros dos años en

recomponer las relaciones con los Estados Unidos, pero no dejamos de lado la relación con Europa. Lo que pasa es que la relación con Europa no es noticia periodística porque es lo natural, lo obvio, lo que hemos hecho siempre. Ahora queremos hacerlo, inclusive de manera notoria, y este año hemos comenzado expresamente con visitas a la Comunidad Europea, empezando con Francia. Después continuará con España, Italia y va a terminar el año que viene con Gran Bretaña, cerrando simbólicamente un ciclo, no de restablecimiento, sino de refortalecimiento de la relación con Europa”.(13)

Al diseño de política exterior del gobierno de Menem se agregaron dos decisiones fundamentales: el anuncio de la disposición a ratificar el Tratado de Tlatelolco, completada luego con la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear, y la desactivación del proyecto misilístico Cóndor II. Con ello se buscó generar la imagen de un país confiable, que abandonaba confrontaciones del pasado y creaba un ámbito propicio para atraer inversiones.

Según Roberto Russell, fueron cuatro los ejes ordenadores de la política exterior de Menem: a) el abandono de las posiciones de confrontación política con los países desarrollados; b) reservar la disputa para los temas relacionados con los intereses económicos; c) resignar la pretensión de ejercer protagonismo a nivel internacional; y d) el respaldo a la ONU como garantía de la paz y la seguridad internacionales. En consecuencia, el ámbito al cual iba dirigida la política exterior argentina quedaba reducido, constituido especialmente por los Estados Unidos, los países vecinos, Europa Occidental, y eventualmente Japón y los países del Sudeste Asiático.(14)

En el contexto de su objetivo de establecer relaciones amistosas con los principales países de Occidente y ganar la confianza de los Estados Unidos, el gobierno de Menem inauguró sus relaciones con la Comunidad Europea con una medida que significaba un cambio rotundo respecto de la posición sostenida por el gobierno anterior. El primer canciller de Menem, Domingo F. Cavallo, impulsó la apertura de negociaciones con el Reino Unido, soslayando la insistencia del gobierno de Alfonsín en incluir el tema de la soberanía y su negativa a declarar el cese formal de hostilidades. Las reuniones bilaterales comenzaron en agosto de 1989 y en febrero de 1990 fueron restablecidas las relaciones diplomáticas entre los dos países. Además de superar la impasse a nivel bilateral en la cuestión, que había provocado dificultades comerciales y una situación adversa a la Argentina en el Atlántico sur, el gobierno argentino buscaba con la normalización de las relaciones evitar la oposición del Reino Unido a la firma de un acuerdo de la Argentina con la Comunidad Europea.(15)

Los resultados de la estrategia se vieron de inmediato. El 2 de abril de 1990, Cavallo firmó un Acuerdo Marco de Cooperación Comercial y Económica con el presidente del Consejo de Ministros de la Comunidad Europea en que ésta ofrecía su cooperación en la modernización de diversos sectores económicos argentinos, y prometía su ayuda para programas conjuntos de desarrollo científico-tecnológico y creación de empresas mixtas. Las partes se concedían el trato de nación más favorecida y se creaba una comisión mixta. A propuesta de la Argentina, se incluyó una cláusula que colocaba el sistema democrático y el respeto a los derechos como fundamento del acuerdo.(16) Más allá de las falencias que algunos señalaron, el acuerdo constituía un avance importante en la recomposición de la imagen de la Argentina y el instrumento para acceder a la Comunidad Económica Europea.(17)

A comienzos de 1991 la persistencia de algunos problemas económicos llevó a Menem a realizar una reorganización ministerial: Erman González pasó a hacerse cargo del ministerio de

Defensa, Cavallo del de Economía, y Di Tella, hasta entonces embajador en los Estados Unidos, asumió el de Relaciones Exteriores, cargo que mantendría hasta el final de la segunda presidencia de Menem. No obstante, el enroque demostraba la determinación de Menem de continuar la aplicación de las políticas de mercado y el acercamiento con Occidente, postulados con los que Di Tella coincidía por completo. En marzo, Cavallo puso en práctica el plan de Convertibilidad, un programa económico de corte neoliberal que contribuiría a la inserción internacional prooccidental buscada por el gobierno.

Por otra parte, los cambios que se operaban en el mundo en esa época respaldaban la decisión de Menem respecto de la dirección de su política económica y exterior. El fracaso de los gobiernos populistas y del modelo de sustitución de importaciones en América Latina, las reformas que se llevaban a cabo al interior de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, la instauración de una economía de mercado en China, por nombrar los más importantes, parecían demostrar que la conjunción de democracia y economía liberal y la inserción en el capitalismo mundial eran la vía correcta para lograr la estabilidad y el crecimiento de la Argentina. En ese escenario, la persistencia en una estrategia de no alineación fue evaluada como perjudicial. Así, Di Tella anunció en abril de 1991 el retiro del Movimiento de Países No Alineados (NOAL) y en septiembre lo comunicó formalmente, sosteniendo que la decisión se había tomado como consecuencia del rechazo en la reunión de Ghana de una propuesta argentina en defensa de la libertad de prensa, la vigencia de los derechos humanos y el gobierno democrático. La medida se basaba además en que el NOAL no tenía ya razón de ser y sus funciones podían ser desempeñadas por la ONU y el Consejo de Seguridad. El colapso de la Unión Soviética en diciembre de 1991 y su resultado –la emergencia de los Estados Unidos como única superpotencia- confirmaron al gobierno argentino la conveniencia de la estrategia elegida.(18)

• NOTAS

(*) Investigadores asociados al Centro de Estudios Internacionales y de Educación para la Globalización (CEIEG). Consultores del Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Proyecto Argentina. Machinandiarena de Devoto es Doctora en Historia de la UBA. Masana es Master en Relaciones Internacionales de FLACSO.

1. Roberto Russell, “Los ejes estructurantes de la política exterior argentina: Apuntes para un debate”, Buenos Aires, FLACSO, 1994, pp. 7-8.

2. Aldo C. Vacs, “Vuelta a los orígenes: democracia liberal, liberalismo económico y la redefinición de la política exterior argentina”, en Carlos H. Acuña (comp.), La nueva matriz política argentina, Buenos Aires, Nueva Visión, 1995, p. 301.

3. Ibid., pp. 304-306.

4. Ibid., p. 310.

5. “Palabras de cierre del canciller Guido Di Tella”, en Roberto Russell (ed.), La política exterior argentina en el nuevo orden mundial, Buenos Aires, FLACSO/GEL, 1992, pp. 263-264.

6. Discurso del vicecanciller Andrés Cisneros, Londres, febrero de 1996, copia en Archivo Cisneros.

7. En Carlos Escudé, La Argentina versus las grandes potencias: el precio del desafío. Buenos Aires, Ed. de Belgrano, 1986, el autor hace un alegato en favor de un alineamiento basado no en razones ideológicas sino pragmáticas, en función del pasado histórico. La primera crítica de Escudé a la política exterior de Alfonsín fue realizada en un seminario en la Universidad de Mainz en 1986, y luego publicada en C. Escudé, Patología del nacionalismo: el caso argentino, Buenos Aires, Tesis, 1987, y en E. Garzón Valdez, M. Mols y A. Spitta (comps.), La nueva democracia argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 1988, bajo el título “Política exterior argentina: una sobredosis crónica de

confrontaciones”. En dicho texto, y en un ensayo posterior titulado “De la irrelevancia de Reagan y Alfonsín: hacia el desarrollo de un realismo periférico”, publicado en R. Bouzas y R. Russell (comps.), Estados Unidos y la transición argentina, Buenos Aires, Legasa, 1989, se fueron delineando los principios de política exterior que Escudé denominara “realismo periférico”. La formulación acabada de los mismos dio origen a dos nuevos libros: C. Escudé, Realismo periférico, Buenos Aires, Planeta, 1992, y C. Escudé, El realismo de los Estados débiles, Buenos Aires, GEL, 1995.

8. Carlos Escudé, “Cultura política y política exterior: el salto cualitativo de la política exterior argentina inaugurada en 1989”, en Russell (ed.), La política exterior argentina..., op. cit., pp. 185-189.

9. Carlos Pérez Llana, “La nueva agenda internacional y la política exterior argentina”, en Russell (ed.), La política exterior argentina, op. cit., pp. 93-94.

10. Atilio Borón, “Las transformaciones del sistema internacional y las alternativas de la política exterior argentina”, en Russell (ed.), La política exterior argentina, op.cit., pp. 119-124.

11. Ibid., pp. 144-145.

12. Escudé, “Cultura política y política exterior...”, op. cit., pp. 189-190.

13. “Palabras de cierre del canciller Guido Di Tella”, op. cit., p. 265.

14. Russell, “Los ejes estructurantes...”, op. cit., pp. 9-12.

15. Véase Roberto Russell, “Las relaciones de Argentina con Europa Occidental”, Documento de trabajo Nº 29, Madrid, IRELA, 1991, pp. 29-40.

16. Ibid., pp. 41-42; “Acuerdo con la Comunidad Europea”, La Nación, 23 de abril de 1990.

17. Pedro Romero, “Argentina ante el año de Europa”, en CERIR, La política exterior del gobierno de Menem, Rosario, CERIR, 1994, pp. 174-175.

18. Vacs, op. cit., pp. 317-320.

I. Relaciones a nivel interregional

1. El Mercosur y la Unión Europea

Según el embajador español en la Argentina Carlos Carderera Soler, el ingreso de España y Portugal a la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986 produjo un vuelco fundamental en las relaciones de la última con América Latina. Hasta esa fecha los países de esta región formaban parte –para la CEE- del grupo de los Países No Alineados, lo que implicaba un carácter marginal y no preferencial en las relaciones de la Comunidad con ellos. A partir de ese momento, se produjeron respecto de América Latina una serie de cambios, entre los cuales figuraron los siguientes: a) aparecieron los acuerdos de tercera generación con todos los países, salvo Cuba; b) en 1988 se dividió la línea presupuestaria de créditos, creándose una específica para Asia y otra para Iberoamérica; c) entre 1991 y 1995 aumentaron los recursos financieros que la Comunidad destinaba a América Latina en un 80% respecto del lustro anterior; d) en 1992 el Banco Europeo de Inversiones comenzó a orientar su acción hacia Iberoamérica, suscribiéndose a partir de entonces acuerdos con los países del Mercosur y México; e) desde 1988 la CEE se constituyó en la primera aportante en América Latina, superando su volumen de

ayuda el de los Estados Unidos y Japón juntos; f) se abrió un canal de conversaciones a nivel continental con los países latinoamericanos a través del Grupo de Río, iniciado en 1987, y g) se desarrollaron nuevos marcos institucionales para encauzar las relaciones entre la Comunidad y los distintos grupos de países iberoamericanos.(1)

La búsqueda de mecanismos para vincular el incipiente proceso de integración latinoamericano con el europeo fue propuesta por el Grupo de Río a la CEE el 10 de abril de 1990, durante la sexta reunión de consultas políticas entre ambos realizada a nivel de cancilleres en Dublín.(2) El Grupo explicó que el vínculo era necesario para impulsar los mecanismos de cooperación comercial, científica y tecnológica que debían encuadrar las relaciones ALADI-CEE. El canciller argentino Cavallo, vocero para el tema de integración, admitió las falencias e inoperatividades de la ALADI. Dijo, sin embargo, que se había tomado la decisión política de constituirla en un instrumento idóneo para la integración y el comercio internacional. El ministro de Relaciones Exteriores irlandés, Gerard Collins, se mostró satisfecho por el avance del proceso democrático en América Latina. Cavallo propuso a la CEE adoptar medidas para demostrar su voluntad de cooperar con América Latina, entre las cuales mencionó: a) la concesión de préstamos a países latinoamericanos del Banco Europeo de Inversiones, como ya se había hecho para Polonia y Hungría; b) ampliar sustancialmente los recursos para América Latina a través de las diversas líneas de cooperación con la CEE; c) aumentar el financiamiento del fomento a las empresas conjuntas europeo-latinoamericanas, y d) extender a América latina la posibilidad de participar en la futura Fundación Europea de Formación de Cuadros y en el Programa Tempus de intercambio de estudiantes y profesores de nivel superior. El comisario comunitario para las relaciones con América Latina, Asia y el Mediterráneo, Abel Matutes, de España, anunció haber propuesto un aumento de los recursos destinados a América Latina para 1992. A su vez, Cavallo declaró también la intención de su gobierno de duplicar sus exportaciones a la CEE en un plazo de tres a cuatro años.(3)

Por otra parte, el proceso de integración regional de los países del Cono Sur dio un paso fundamental el 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción, por el cual la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay constituyeron el Mercado Común del Sur o Mercosur. Posteriormente Bolivia y Chile se sumaron como países asociados. El 29 de abril de 1991 el Mercosur fue presentado formalmente en Bruselas ante el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors. A partir de ese momento, se comenzó a hablar de la posibilidad de firmar un acuerdo marco de cooperación entre ambos bloques económicos.(4) A la vez, el 10 de diciembre de 1991 las comunidades europeas firmaron el Tratado de Maastricht, tomando el nombre de Unión Europea (UE) y adicionando a la tradicional meta de un mercado único, los objetivos de cooperación en Política Exterior y Seguridad Común y en Justicia y Asuntos Internos. La constitución del Mercosur incentivó el interés de los países europeos en dirigir sus inversiones e introducir sus productos en el nuevo mercado. Para los países integrantes del Mercosur, que estaban llevando a cabo profundas reformas en su economía, era una oportunidad para atraer inversiones, importar bienes de capital para la modernización de sus empresas y exportar sus productos.

El Mercosur permitió el progreso del comercio intrarregional. El comercio argentino con el Mercosur aumentó 33% en los primeros 8 meses de 1993 en relación al año anterior, alcanzando la suma de 4.900 millones de dólares. Las exportaciones argentinas al Mercosur crecieron 77% en ese período y el déficit se redujo 70%. La importancia del Mercosur, que absorbía en forma creciente la mayor parte de las exportaciones argentinas, comenzó a proyectarse en la política exterior. El Mercosur atraía inversión extranjera a la Argentina y comenzó a perfilarse como

una plataforma de proyección para la integración del país a otros mercados de gran escala, como la UE o en un futuro los mercados del sudeste asiático.(5)

El Consejo de Ministros de la UE aprobó en Luxemburgo el 31 de octubre de 1994 un “documento estratégico” que proponía crear una comisión de cooperación con el Mercosur e iniciar negociaciones a partir del 1° de septiembre del año siguiente para establecer una zona de libre comercio con el objetivo explícito de equilibrar la influencia norteamericana en la región. El Comisario para Asuntos Latinoamericanos, el español Manuel Marín, dijo antes de la reunión que América Latina ya no era el continente de los golpes de estado y las violaciones a los derechos humanos, ni el patio trasero de los Estados Unidos, por eso se buscaba una asociación en base al concepto de menos ayuda y más comercio. Con ese documento aprobado, se celebraría en Bruselas el 24 de noviembre de 1994 una reunión con los cancilleres del Mercosur a fin de ajustar los detalles de la negociación.(6)

En la fecha prevista, los cuatro cancilleres del Mercosur se reunieron en Bruselas con el presidente de la Comisión Europea Delors, para discutir cómo y cuándo se empezaría a negociar un acuerdo de libre comercio entre los dos bloques. El encuentro culminó con la firma de un documento en el que se comprometían a profundizar las negociaciones para crear una asociación interregional, mediante una zona de libre comercio en el sector industrial y de servicios, y una liberalización recíproca de los intercambios agrarios, teniendo en cuenta la “sensibilidad” de algunos productos. Los europeos aspiraban a abrir las puertas del bloque sudamericano a sus productos, calculando que sin una alianza más profunda, en unos años perderían una cuota importante del mismo.(7)

En vista de la evolución de las negociaciones, el VII Consejo del Mercosur, reunido el 16 y 17 de diciembre de 1994 en Ouro Preto (Brasil), firmó el Protocolo de Ouro Preto, que instituía una unión aduanera imperfecta a partir del 1º de enero de 1995, y otorgaba al Mercosur una personalidad jurídica propia, como paso indispensable para suscribir acuerdos estratégicos como el que se intentaba alcanzar con la UE.

De este modo, el 15 de diciembre de 1995 se firmó en Madrid el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación entre el Mercosur y sus Estados Partes y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros. La firma del Acuedo Marco reforzó las relaciones bilaterales en los ámbitos de la economía, el comercio, las ciencias y las finanzas. El hecho revestía importancia para la Argentina dado que Europa constituía el primer destino del intercambio comercial argentino después del Mercosur y también, en virtud del proceso de privatizaciones, el principal inversor. El Acuerdo preveía una transición hacia la liberalización progresiva y recíproca de los intercambios comerciales entre ambas regiones. En el corto plazo, impulsaba una diversificación de las relaciones comerciales, y en el largo plazo, apuntaba a la constitución de una zona de libre comercio, de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (OMC). Una Declaración Conjunta, anexa al Acuerdo, establecía un diálogo político regular entre las partes.(8)

No obstante, a pesar del espacio de negociación abierto por el Acuerdo Marco entre el Mercosur y la UE, algunas cuestiones ofrecían un escenario de incertidumbre. La primera se refería a capítulos sensibles de la agenda como el agrícola, algunos aspectos industriales, el sector textil y algunos ámbitos de la metalmecánica, los cuales eran afectados por las barreras no arancelarias de la UE. Asimismo, la Política Agraria Común (PAC) constituía uno de los elementos distorsivos del mercado comunitario. La UE aplicaba aranceles específicos a un gran número de productos agropecuarios y agro-industriales que perjudicaban significativamente algunos productos en los cuales la Argentina y el Mercosur acreditaban una tradicional capacidad competitiva. El perfil productivo de la Argentina, Uruguay y Paraguay -diferente del

de Brasil- provocaba que el comercio de los primeros con la UE se viera sensiblemente afectado por los subsidios europeos. El Sistema Generalizado de Preferencias también se caracterizaba por su discrecionalidad y unilateralidad. Así, el conflicto planteado podía tener dos resultados de signo opuesto: no alcanzar solución y por ende estancar el Acuerdo, o la negociación en curso permitir la flexibilización de la PAC.(9)

El segundo punto que podía obstaculizar las negociaciones tenía relación con los límites tanto del Mercosur como de la UE en la negociación recíproca. En el Mercosur podían influir las negociaciones con otros bloques regionales; en la UE tendrían peso la prioridades internas y externas. En ambos casos incidiría la vinculación de ambos con los Estados Unidos. La decisión de la UE de firmar el Acuerdo Marco con el Mercosur había sido probablemente incentivada por la Declaración de Miami, de diciembre de 1994, que proponía establecer el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) para el 2005. Y, a su vez, la decisión norteamericana de acelerar la negociación por el ALCA podía ser una respuesta a la disposición europea de profundizar sus relaciones con América Latina. Ello demostraba que las iniciativas de América Latina, los Estados Unidos y la UE generaban un efecto trilateral, influyendo tanto las relaciones transatlánticas como interamericanas. Por último, la diferencia en la estructura institucional de las dos agrupaciones, en el sentido de que una tenía instituciones comunitarias y supranacionales y la otra sólo intergubernamentales también constituía una dificultad que debía ser considerada por el Mercosur.(10)

En junio de 1996 el presidente Menem, que en ese momento ocupaba la presidencia pro tempore del Mercosur, realizó una visita a Bélgica y Luxemburgo, con motivo de la Primera Reunión de la Comisión Mixta en Bruselas, y del Primer Encuentro de Cancilleres del Mercosur y de la UE en Luxemburgo a fin de instrumentar el mecanismo de diálogo político dispuesto en la Declaración Conjunta. En Bélgica Menem sostuvo que se debían apurar los términos para que rápidamente se pudiera consolidar la zona de libre comercio entre ambos bloques, manifestando el interés de su gobierno en ampliar las fronteras del mercado regional. La Comisión Mixta estableció una Subcomisión Comercial, cuyo objetivo era otorgar operatividad al acuerdo. Se firmó también el Primer Acuerdo de Cooperación entre el Parlamento Europeo y la Comisión Parlamentaria del Mercosur.

En su primera reunión en noviembre de 1996, en Belo Horizonte, Brasil, la Subcomisión Comercial fijó tres etapas de trabajo. En la inicial, se produciría el intercambio de información de las respectivas legislaciones vigentes, etapa que finalizó en abril de 1998, cuando se celebró la III Reunión de los Grupos de Trabajo y la IV de la Subcomisión Comercial. Previamente se había acordado que recién cuando concluyera la primera etapa se definirían los respectivos sectores sensibles y prioritarios. El Mercosur apeló a la contratación de consultores para realizar el estudio comparativo entre las legislaciones de la Comunidad Europea y la del Mercosur. Dichos trabajos serían la base para la elaboración de un documento conjunto que surgiría de la IV Reunión de la Subcomisión Comercial. En una reunión realizada en Buenos Aires en marzo de 1998, el Grupo Ad-hoc trabajó en la elaboración de un documento sobre la base de la propuesta de la Comisón Europea, que omitía cualquier mención de la PAC y de la política comercial en dicho ámbito, lo cual constituía un problema grave para los países del Mercosur. En abril de 1998 en Bruselas, se discutió el proyecto de documento conjunto, titulado “Fotografía conjunta de las relaciones comerciales entre la Comunidad Europea y el Mercosur”, que fue finalmente aprobado por las partes. A partir de allí comenzaría la segunda etapa, que comprendería los análisis sectoriales y la identificación de productos sensibles y prioritarios.(11)

El comienzo de las negociaciones entre la UE y el Mercosur para el establecimiento de una zona de libre comercio sería anunciado en la Primera Cumbre de la Unión Europea y América Latina, a celebrarse en junio de 1999 en Río de Janeiro. A mediados de 1998 el mandato para esas negociaciones fue presentado a la Comisión Europea, órgano que actúa como administración o secretaría de la UE, y aprobado con el rechazo de los comisarios francés e irlandés y del comisario responsable de las cuestiones agrícolas. Luego de la Comisión, el mandato debía ser aprobado por el Consejo de la UE, que representa a los gobiernos de los países miembros. Antes de fijarse la fecha para su tratamiento, Francia ya había efectuado declaraciones contrarias al mismo, aunque esa posición no era compartida por los demás países. Particularmente, el Reino Unido, Suecia y Dinamarca apoyaban expresamente las negociaciones sobre el tema agrícola. En virtud de los citados rechazos, la Cancillería argentina albergaba serias dudas de que resultara finalmente aprobada la inclusión de la agricultura en las negociaciones. De todos modos, se consideró que las relaciones con la UE, se aprobara o no dicha inclusión, eran prioritarias para la Argentina y el Mercosur (dado que en política exterior si algo no podía hacerse era “borrar a un país o agrupación de países del mapa”). Por ello la decisión era continuar tratando con ellos y mantener la relación dentro de un interés prioritario, juzgando más fácil avanzar positivamente en base a las buenas relaciones que lo contrario.(12)

En 1999, último año de la segunda presidencia de Menem (y por ende un año electoral), la política exterior se había puesto en discusión. Uno de los cuestionamientos giraba en torno a lo que se definía como “débiles vínculos” con los 15 países que conformaban la UE. Así, el embajador Lucio García del Solar había renovado sus críticas a los ejes de la política exterior del canciller Di Tella, señalando que la relación entablada con los Estados Unidos resultaba más que una política internacional “una atadura”. En su opinión no había que olvidarse de la UE, aunque los Estados Unidos fueran una potencia hemisférica y mundial, y reclamaba una política exterior que no fuera “unívoca” para no perder la capacidad de negociación. El ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, ex embajador en Washington, concordaba con la oposición en que no debía dejarse de lado a Europa, dado que en lo comercial era un socio “igual o más importante” que los Estados Unidos. Con el último país no quedaba nada nuevo por hacer.(13)

A su vez, el diputado justicialista Fernando Maurette, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, señaló que más que nunca se debían refirmar los derechos argentinos frente a la UE. No obstante, agregó que estaba convencido de que el gobierno había realizado grandes esfuerzos por generar una mejor relación con Europa, comenzando con el mejoramiento de los vínculos con el Reino Unido. Sin embargo, la Argentina no había obtenido muestras de parte de la UE de querer entablar “una relación digna que beneficie a todos”. El diputado opositor Marcelo Stubrin, vicepresidente de la mencionada Comisión, sostuvo que el gobierno de Menem se había alineado “demasiado” con los Estados Unidos, pero de todos modos la balanza comercial de la Argentina respecto de los Estados Unidos o de la UE era siempre negativa. A su vez, el diputado frepasista Carlos Raimundi adelantó que, en el caso de que la Alianza lograra acceder al poder en las siguientes elecciones, no habría cambios abismales, sino de estilo.(14) Los diputados citados evidenciaban conocer la realidad, en cuanto, como lo demuestra el memorándum de la Cancillería mencionado arriba, la relación con Europa había llegado a un punto en que los obstáculos parecían insalvables por el momento para los intereses argentinos.

2. La Argentina y la Unión Europea

Las relaciones del Mercosur con la UE no quitaron significación a las relaciones entre la Argentina y la UE y sus estados miembros. El Acuerdo Marco de Cooperación Comercial y Económica de 1990 mantuvo su vigencia.

En noviembre de 1990 el canciller Cavallo viajó a Bruselas, sede de la CEE, para participar en las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT sobre la reducción de los subsidios a la producción y las exportaciones agrícolas. Al efecto se habían establecido dos posiciones: por un lado, los Estados Unidos y el grupo Cairns(15) coincidían con mínimas diferencias en apoyar una reducción del 90% en los subsidios a las exportaciones y del 75% en las subvenciones internas en un lapso de 10 años. Por otro, la Comunidad Europea proponía reducir en un 30% en el mismo lapso los subsidios internos y consideraba que los apoyos a las exportaciones bajarían progresivamente por sí solos. La falta de acuerdo en el tema provocó la suspensión de las negociaciones el 7 de diciembre de 1990.(16)

El 12 de febrero de 1992 el presidente Menem habló en Estrasburgo ante el Parlamento Europeo, exhortando a la Comunidad Europea a eliminar en “forma urgente” los subsidios agrícolas que trababan las negociaciones comerciales de la Ronda Uruguay del GATT en Ginebra.(17) Tras una reunión que mantuvieron el mandatario argentino y el presidente de la Comisión Europea Delors, la Argentina y la UE firmaron en Bruselas tres acuerdos y un comunicado conjunto por el cual los líderes comunitarios estudiarían “sin ningún compromiso” el proyecto de la Argentina de recibir hasta 300.000 inmigrantes del Este europeo y de la ex Unión Soviética en un período de tres años. Por su parte, el canciller Di Tella suscribió un protocolo para el uso racional de la energía.(18)

Un artículo de La Nación destacó que los contactos de Menem con los gobernantes de Bélgica y Francia y con los dirigentes de la Comunidad Europea, además de los mantenidos con la prensa, los intelectuales, los empresarios y las instituciones políticas y parlamentarias, habían contribuido a enmendar la negativa imagen del país y de su gobierno, ligada a los antecedentes del peronismo histórico y a la figura de un presidente “pintoresco”. El diario sostenía lo siguiente:

[...] La apertura al mundo de los archivos sobre la presencia de jerarcas nazis en la Argentina desde el final de la guerra, la decisión de suscribir el Tratado de Tlatelolco y renunciar al armamento nuclear, la predisposición para aceptar inmigrantes del Este europeo en determinadas condiciones, los anuncios de una nueva participación militar argentina en fuerzas internacionales de paz, sumado todo a la apertura del comercio exterior, la renegociación de la deuda externa y el curso general de la política económica, produjeron una revaloración de la Argentina en los distintos ámbitos en que se hizo presente la representación encabezada por el Presidente.(19)

El artículo destacaba además los acuerdos alcanzados por la Unión Industrial Argentina con Fabrimetal en Bélgica y con el Consejo Nacional del Patronato Francés -comparables con los celebrados antes con centrales empresarias de España y de Italia- para promover empresas conjuntas, transferencias de tecnologías, cooperación informativa y desarrollo de proyectos de interés común, aunque los mismos estaban condicionados a la resolución de los problemas de la economía argentina y al restablecimiento de las relaciones con la comunidad financiera.(20)

No obstante, el resultado de los reclamos de Menem respecto de la política agrícola proteccionista en que estaban empeñadas la Comunidad Europea, y particularmente Francia, se

evaluaba como virtualmente nulo, y el ofrecimiento del presidente argentino de mediar en la disputa que separaba a Europa de los Estados Unidos en las discusiones del GATT no tenía otro sentido que un “gesto de cierta espectacularidad”. Dado que no era posible pertenecer al mundo, como postulaba uno de los objetivos principales de la política exterior argentina, sin la aceptación de Europa -hasta ese momento reticente-, el viaje del presidente había sido un intento positivo por ganar el interés europeo. Sin embargo, recobrar la posición que alguna vez había tenido la Argentina en la comunidad de naciones demandaría todavía mucho esfuerzo.(21)

En marzo de 1993 visitó la Argentina el presidente de la Comisión Europea Delors. En sus encuentros con el ministro de Economía Cavallo y el canciller Di Tella se trató el tema de los subsidios europeos a la actividad agrícola. El dirigente agropecuario Guillermo Alchourron, en su condición de presidente de la Confederación Latinoamericana de Ganaderos y Agricultores, entregó a Delors las conclusiones a las que dicha entidad había llegado en su reunión de Houston, en febrero de ese año, sobre los problemas de la Ronda Uruguay del GATT.(22)

Un memorándum de la Cancillería argentina señala que en 1993 la Argentina participó activamente en la Ronda Uruguay del GATT. El presidente Menem encabezó una gestión, en nombre de un importante número de países, ante los jefes de Estado de los Estados Unidos, la Comunidad Europea y Japón, a quienes solicitó el apoyo político necesario para su exitosa culminación. El acuerdo alcanzado no fue el que se esperaba, juzgándoselo poco equitativo para los países en desarrollo, si bien contenía importantes beneficios para la Argentina. Creaba la oportunidad de un incremento de las exportaciones agrícolas argentinas y, mediante el Acuerdo para la Solución de Controversias, se establecía un mecanismo institucional dentro del cual la Argentina podría hacer valer los reclamos con mayor amplitud e imparcialidad que por la vía anterior de los reclamos bilaterales. El gobierno argentino consideraba no menos importante el que se hubieran identificado los subsidios agrícolas y se hubiera puesto coto a la política de nefastos efectos distorsionantes en el comercio internacional. El interés de la Argentina en esta Ronda había estado centrado en las negociaciones de acceso a mercados, en las cuales se había trabajado en estrecho contacto con el sector privado y otros organismos del estado. En ese sentido se había tenido una activa participación en el grupo Cairns y trabajado en coordinación con los países del Mercosur, para compatibilizar las ofertas y demandas de reducción arancelaria en la Ronda.(23)

Luego de varios años de negociaciones, el 30 de noviembre de 1992 se firmó un Acuerdo entre la Argentina y la Unión Europea sobre Pesca Marítima. El mismo permitía a los barcos de la UE pescar 250.000 toneladas anuales en aguas de jurisdicción argentina y facilitaba la creación de sociedades mixtas y comunitarias o asociaciones temporales. A cambio, se reducían los aranceles para la entrada de productos pesqueros argentinos en el mercado europeo. El volumen financiero total del acuerdo era de 162,5 millones de ecus. La UE contribuiría con 28 millones de ecus -unos 32 millones de dólares- al desarrollo de programas de investigación pesquera, a la mejora de instalaciones portuarias y a la formación profesional dentro del sector pesquero argentino. El acuerdo tendría una duración de cinco años y podía ser renovado automáticamente por períodos adicionales de dos años, salvo denuncia de alguna de las partes realizada seis meses antes de su vencimiento.(24)

El acuerdo pesquero fue aprobado por el Parlamento Europeo en junio de 1993 y el Consejo de la UE lo adoptó, con la abstención del Reino Unido, en septiembre de 1993. El mismo entró en vigencia el 24 de mayo de 1994.(25) No obstante, seis meses antes de su vencimiento, en noviembre de 1998, el acuerdo fue denunciado por el gobierno argentino, debido al agotamiento de la reserva pesquera y a la generalización de la reducción arancelaria en las negociaciones

multilaterales que le quitaron al acuerdo la conveniencia para los intereses argentinos. Previamente, el gobierno argentino había sancionado el 9 de diciembre de 1997 la ley de Pesca Nº 24.922, que establecía la asignación de cuotas de captura a cada permiso de pesca en sustitución de los cupos anuales, tanto a los permisos preexistentes como a los que se otorgaran en el futuro. Habiendo perdido vigencia el acuerdo a partir de mayo de 1999, las empresas pesqueras europeas quedaron sujetas al marco de la ley, aunque el gobierno argentino se mostró dispuesto a encontrar nuevos modos de cooperación conforme a la capacidad de la reserva y la nueva legislación.(26)

Por otra parte, el 11 de junio de 1996 se firmó el Acuerdo de Cooperación relativo a los usos pacíficos de la Energía Atómica entre el gobierno argentino y la Comisión Europea de Energía Atómica (EURATOM), que entró en vigencia en octubre de 1997. Tenía una duración de diez años y luego la opción de renovación tácita cada cinco años. Fue el segundo suscripto por la EURATOM luego del firmado con los Estados Unidos. Se refería a la investigación en el área de reactores, tratamiento de residuos, protección contra las radiaciones, control de la fusión termonuclear, salvaguardias nucleares; aplicaciones nucleares en la agricultura, la medicina y la industria, y la interacción entre la energía nuclear y el medio ambiente.(27)

Finalmente, en septiembre de 1999 se firmó entre la Argentina y la UE un Acuerdo de Cooperación en Materia de Ciencia y Tecnología, cuyo objetivo era establecer la base formal para la cooperación en ese ámbito, la cual extendería la implementación de actividades cooperativas en áreas de interés común y fomentaría la aplicación de los resultados de esa cooperación al beneficio económico y social de las partes.

3. La Primera Reunión Cumbre entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea

En el marco de afianzamiento de las relaciones entre los países de ambas regiones, se produjo la iniciativa franco-española de celebrar en el primer semestre de 1999 la Primera Cumbre de la Unión Europea y América Latina y el Caribe (ALC).

La cumbre encontraba a la región latinoamericana con un amplio consenso democrático, sus economías abiertas y en desarrollo, y con procesos de integración en marcha, aunque también con limitaciones y dificultades. El objetivo principal de la I Cumbre ALC-UE se percibía desde el lado latinoamericano orientado hacia un “nuevo orden mundial multipolar” superador del orden unipolar vigente. Al efecto se buscaba alcanzar una “alianza estratégica euro-latinoamericana”, que trascendiera la agenda económica birregional y se fuera definiendo paulatinamente, pero que no fuera excluyente en virtud de la globalización mundial. El avance hacia dicha alianza sería independiente pero paralelo de otras iniciativas en que la región estuviera involucrada, ya fuera en la creación del ALCA, en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico o la relación UE-Estados Unidos. La Cumbre tenía el propósito de firmar un documento político conjunto y acordar un plan de acción birregional, destinado al fortalecimiento de la relación bilateral y al establecimiento de una futura asociación interregional, de índole integral entre ambas partes.(28)

En el plano comercial, la región de América Latina y el Caribe en su conjunto aspiraba a recuperar los mercados europeos, ya que la UE había disminuido su participación como destino de las exportaciones de la ALC de 24% en 1990 a 14% en 1997. En contraste, los Estados Unidos habían aumentado la propia de 38% a 48% en el mismo lapso. Parecida situación se observaba en las importaciones por parte de la región.(29)

No obstante, las expectativas de los latinoamericanos debían tener en cuenta que la mayor parte de sus exportaciones a la UE eran bienes básicos que debían franquear la PAC y sus trabas no

arancelarias, aunque con un nivel inferior que en el pasado en virtud de la Ronda Uruguay. Incluso, en caso de tratarse de productos con valor agregado, los mismos serían gravados con un arancelamiento especial. Debía considerarse además la preferencia que la UE había otorgado a las zonas geográficas limítrofes. Esto había modificado la estructura del comercio de la UE, otorgando a Europa del Este y a la Comunidad de Estados Independientes (CEI) un interés e influencia comerciales mayores a los de la región latinoamericana. Un nuevo sistema generalizado de preferencias había mejorado algo la situación, pero la unilateralidad y discrecionalidad de su aplicación se mantenían. De este modo, la balanza comercial bilateral se había inclinado a favor de la UE a partir de 1993.(30)

Por otra parte, el documento titulado: “Actualidad y Perspectivas del Fortalecimiento de la Asociación, 1996-2000”, aprobado por el Consejo y el Parlamento Europeo, fijaba las pautas para consolidar la asociación birregional. La UE definía a la ALC como una y a la vez múltiple, adoptando medidas concretas apuntadas al fortalecimiento de las relaciones con el Mercosur, Chile y México y la renovación de los acuerdos de tercera generación con los otros países. La estrategia de la UE consistiría en ajustar la cooperación a los niveles de desarrollo existente en ALC y fortalecer el diálogo interregional a través del Grupo de Río y bilateralmente con los países. Reconociendo asimetrías y desequilibrios en la región, la UE admitía diferentes actores subregionales para el entendimiento político, económico y de cooperación.(31)

Ante la próxima celebración de la I Cumbre ALC-UE, el vicecanciller Cisneros sostuvo en octubre de 1998 que el objetivo común era no quedar excluidos del proceso internacional de los flujos de comercio e inversión, y de los foros y situaciones donde se tomaban las más altas decisiones del mundo, que finalmente terminaban por afectar a la región. Los americanos habían logrado hasta el momento un compromiso con el libre comercio y una creciente capacidad para generar consensos políticos en la región necesaria para mejorar el posicionamiento de la misma. No era casual que el Grupo de Río se constituyera en el medio de concertación política más significativo que había tenido América Latina. Pero, en la visión de la Cancillería argentina, la UE debía tomar algunas decisiones pendientes en el plano de su política exterior común, que afectaban en particular la relación con la América Latina y el Caribe y se referían principalmente a la política de subsidios. Proponía que la UE considerara la liberación de los grandes recursos que destinaba al sostenimiento de su política agraria común, a fin de poder dirigir inversiones hacia América Latina y desarrollar un comercio que significara producir un salto cualitativo en la relación.(32)

La Primera Cumbre entre los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe y los de la Unión Europea tuvo lugar 28 y 29 de junio de 1999 en Río de Janeiro. El objetivo de la misma era fortalecer los vínculos de un entendimiento político, económico y cultural entre las dos regiones a fin de desarrollar una asociación estratégica entre ambas. Las sesiones de trabajo previstas estuvieron dedicadas a tres grandes temas: Diálogo Político (presidido por Brasil), Temas Económicos y Comerciales (presidido por Alemania) y Asuntos Educativos, Culturales y Humanos (presidido por México). Mandatarios previamente seleccionados presentaron cada uno de los asuntos y se reservó un tiempo para el debate en común.

En su presentación en la sesión de trabajo sobre temas económicos y comerciales, el presidente Menem destacó al Mercosur como un paradigma de “regionalismo abierto” y asignó importancia prioritaria a las próximas negociaciones comerciales multilaterales en el marco de la OMC, apoyando una ronda global y corta, con el criterio del compromiso único. Asimismo, afirmó que la relación del Mercosur con la UE era de una “asociación estratégica”, resaltando al mismo tiempo la existencia de un desacuerdo que ponía en riesgo el equilibrio geopolítico y los intereses comerciales de ambas regiones: la política comunitaria en materia agrícola.

Como cierre del encuentro, los presidentes participantes suscribieron la Declaración de Río de Janeiro, con 69 buenas intenciones, entre ellas algunas de carácter económico; y un documento

de cooperación, Prioridades para la Acción, consistente en una serie de acciones a desarrollar conjuntamente. No quedaba fuera del último tema alguno, aunque no contenía especificación de fechas ni métodos para alcanzar los objetivos. Combatir el racismo; luchar por el desarme, contra el crimen organizado y el narcotráfico; cooperar con la ONU, y ayudar a proteger el medio ambiente eran algunas de las tareas para un futuro no explicitado.

Los Estados Unidos reaccionaron favorablemente al acercamiento entre Europa y América Latina, pese a no haber sido invitados al encuentro. Un comunicado del gobierno norteamericano señaló que cualquier cosa que moviera a ambas regiones en negociaciones de liberación comercial, en línea con la OMC, era bienvenido, sobre todo si la agricultura estaba incluida. El presidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso, coincidió con esa visión y agregó que la región seguiría negociando con el ALCA, sólo que a partir de ese momento con un horizonte más amplio de acción.(33)

Por otra parte, concluido el complejo proceso de discusión intra-comunitario para fijar el mandato a que debía atenerse la Comisión Europea en las negociaciones comerciales con el Mercosur, en el marco de la Cumbre los presidentes del Mercosur, Chile y la UE firmaron el 28 de junio el llamado Comunicado Conjunto de Río de Janeiro, donde se comprometían a “entablar negociaciones para la liberalización bilateral, progresiva y recíproca del comercio sin excluir ningún sector y de conformidad con las normas de la OMC”.

La primera reunión para discutir las trabas al comercio sería en noviembre de 1999, en Bruselas. El documento no incluyó una fecha límite para las negociaciones, pero los diplomáticos latinoamericanos confíaban en que la misma sería el 2005, cuando quedara inaugurado el libre comercio con los Estados Unidos y Canadá. Se especulaba que al quedar la UE en una posición desventajosa, aislada de un bloque económico que iría de Alaska a Tierra del Fuego, en el 2005 América Latina podría alcanzar el libre comercio simultáneamente con las dos zonas.

Cabe señalar que el presidente francés Chirac provocó en Río una polémica al declarar que los subsidios eran una “leyenda”. El presidente Cardoso le respondió en el discurso de clausura de la Cumbre que, de acuerdo con las cifras que registraban las pérdidas de América Latina por los subsidios agrícolas de Europa, éstos no eran una leyenda, los números eran ciertos. En su presentación, Menem también se había referido al respecto, señalando lo siguiente:

Existe entre nosotros (UE y Mercosur) un desacuerdo serio que pone en grave riesgo esta gran apuesta histórica de integración. Me refiero al problema de los subsidios agrícolas, fundados en una visión anacrónica de la agricultura y de la política comercial. Con estos instrumentos proteccionistas se deforma este sector clave para la economía de mi país y el Mercosur. [...] Según nuestras estimaciones, la caída de los ingresos regionales que se originó en la pérdida de mercado por los subsidios agrícolas fue de 215.000 millones de dólares entre 1970 y 1997.(34)

La idea de tener una moneda única regional reapareció en la reunión entre los jefes de Estado del Mercosur y la UE. El presidente Cardoso, que siempre había reaccionado con reticencia a la idea del presidente Menem de una moneda única para la región, señaló que la misma dependía de la voluntad política y de decisiones macroeconómicas, pero la diversidad que existía en el Mercosur no era mayor que la que tenían los países de Europa al crear el euro. Había pues posibilidades de llegar a tener una moneda única antes del 2005. Menem sostuvo que era fundamental tenerla antes de esa fecha para poder negociar de igual a igual con los otros bloques.

Coincidiendo con la terminación de la Cumbre de Río, el 1º de julio de 1999 se produjo la plena entrada en vigor del Acuerdo Marco Interregional de Cooperación firmado en 1995, completado el proceso de ratificación por parte de todos los miembros del Mercosur y la UE. También se decidió reunir el Consejo de Cooperación previsto en dicho acuerdo, a fin de definir la estructura, metodología y calendario de las negociaciones. El Consejo, a nivel de cancilleres de ambos bloques, se celebró por primera vez en Bruselas en noviembre de 1999.

A pesar de las dificultades, para entonces la UE se había transformado en el principal socio comercial e inversor extrarregional del Mercosur. Las exportaciones de la UE al Mercosur habían pasado de 6.185 millones de dólares en 1990 a 22.982 millones de dólares en 1999, luego de haber alcanzado los 26.500 millones en 1998. A su vez, las exportaciones del Mercosur a la UE pasaron de 14.450 millones de dólares a 19.170 millones de dólares en el mismo lapso.(35) La participación de la UE en el comercio total del Mercosur era del 26% en 1999. Más de la mitad de las empresas europeas establecidas en América Latina tenía su sede en el Cono Sur. El Mercosur era el principal destino de los flujos de IED europea hacia América Latina, de los cuales absorbió en 1995 más de un 51% del total. Sin embargo, la IED europea al Mercosur fue triplicada por la procedente de los Estados Unidos en el período 1990-1995, manteniendo aquélla a partir de la última fecha el segundo lugar.(36) Cabe acotar que la situación difería respecto de la Argentina, donde los flujos totales de IED ingresados desde la UE entre 1992 y 1998 totalizaban 8.680 millones de dólares,(37) ocupando la IED europea el primer lugar con 43% frente a 30% de la norteamericana.

La UE también ocupaba el primer lugar como proveedor de la Argentina. Entre 1990 y 1999 las ventas a la Argentina pasaron de 1.120 a 7.119 millones de dólares. En cuanto al destino de las exportaciones de la Argentina, la UE pasó a ocupar el segundo lugar detrás del Mercosur a partir de 1993. Las exportaciones de la Argentina a la UE pasaron de 3.754 millones de dólares en 1990 a 4.704 millones de dólares en 1999, es decir, tuvieron un pequeño aumento en relación con el que experimentaron las importaciones provenientes de la UE, lo que provocó que a partir de 1993 la balanza comercial se tornara deficitaria para la Argentina.(38) La misma situación se presentó a la Argentina con los Estados Unidos desde 1991.

El hecho de que el Mercosur se hubiera transformado en el más dinámico mercado latinoamericano para los flujos europeos de bienes, servicios e inversión extranjera directa abría perspectivas alentadoras para ambos bloques. No obstante, los mismos europeos eran conscientes de que la futura asociación dependía de que se lograra un cierto equilibrio en los flujos comerciales a favor del Mercosur. La apertura económica unilateral desde el Cono Sur había provocado un boom de ventas europeas, mientras que las exportaciones al mercado europeo no habían crecido de la misma manera. Además, el alto valor agregado de los productos europeos profundizaba la estructura comercial desfavorable al Mercosur.(39)

Por otra parte, las perspectivas de las relaciones Mercosur-UE guardaban cierta dependencia del proceso de constitución del ALCA. En general, los sudamericanos pretendían atribuir a las negociaciones con ambos bloques la misma importancia, demostrando la intención del Mercosur de mantener una posición de global trader. Sin embargo, era evidente que el estrechamiento de vínculos con la UE actuaba a modo de contrapeso respecto de los Estados Unidos. Lo era también el interés económico, político y estratégico de la UE en acercarse al Mercosur, a fin de no perder participación en un mercado emergente que abría oportunidades de comercio e inversión y le permitía posicionarse, junto con los Estados Unidos, como un importante socio político externo de la región. De todos modos, como ya se dijo, para la UE el Mercosur estaba situado, en orden de prioridad, detrás de los países del Centro y Este de Europa y del Mediterráneo.(40)

II. Relaciones bilaterales con países de Europa Occidental 1. La recomposición de las relaciones con el Reino Unido. Progreso en el comercio y controversia en cuestiones del Atlántico Sur

Cuando el gobierno de Menem asumió en 1989, las secuelas de la derrota en la guerra de Malvinas de 1982 continuaban vigentes. En los años que siguieron a la guerra el gobierno argentino se había negado a declarar formalmente el cese de hostilidades, había insistido en tratar el tema de la soberanía e intentado por las vías multilaterales de llevar al Reino Unido a una negociación, política que había fracasado por completo. El posterior intento de volver a la vía bilateral tampoco había dado fruto. Así, las relaciones diplomáticas permanecían cortadas y el nivel del comercio era casi inexistente. Más aún, ejerciendo una soberanía de facto sobre los territorios en litigio, el Reino Unido había reforzado militarmente las islas Malvinas y se había autoadjudicado derechos de pesca hasta las 200 millas alrededor de las mismas. Además, apoyado en la fuerza que le otorgaba la victoria militar, el Reino Unido había dejado librado el mejoramiento de las relaciones bilaterales a la iniciativa de la Argentina bajo el cumplimiento de dos condiciones: no mencionar el tema de la soberanía, y generar un clima de confianza a través de medidas como la declaración del cese de hostilidades, el levantamiento de las restricciones comerciales y el restablecimiento de los vuelos.(41)

Cabe señalar que la mala relación con el Reino Unido también perjudicaba los vínculos con los demás países de Europa Occidental y especialmente el acercamiento a la Comunidad Económica Europea, en que la Argentina tenía especial interés. Consecuentemente, el gobierno de Menem llegó pronto a la conclusión de que la cuestión era disfuncional a los intereses económicos del país y decidió dar los pasos necesarios para llegar a un entendimiento con el gobierno del Reino Unido.

Luego de algunos sondeos bilaterales, el 18 de julio de 1989 el Foreign Office anunció su disposición a conversar con el gobierno argentino sobre distintos temas excluido el de la soberanía británica sobre las islas Malvinas. El canciller Domingo F. Cavallo respondió que la declaración formal del cese de hostilidades demandada por el Reino Unido como requisito para el inicio de las negociaciones tenía que realizarse en el marco general de la recomposición de las relaciones entre ambos países y no como un gesto unilateral. Cavallo expresó que la Argentina haría dicha declaración cuando el Reino Unido dejara sin efecto todo signo de hostilidad, sobre todo la zona de exclusión alrededor de las Malvinas. Como muestra de su buena voluntad, el gobierno argentino dejó sin efecto las restricciones que afectaban las importaciones desde el Reino Unido.

Una reunión entre representantes argentinos y británicos realizada del 16 al 18 de agosto de 1989 en Nueva York acordó el inicio de las conversaciones sobre una agenda amplia. Las tratativas se llevarían a cabo bajo los términos de una fórmula que resguardara la posición de cada parte en relación con la soberanía de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, lo que se denominó la “fórmula del paraguas”.

La siguiente reunión tuvo lugar en Madrid los días 17 y 18 de octubre de 1989. Luego de la misma se dio a conocer una declaración conjunta, donde se afirmaba que los dos gobiernos habían tomado nota de que “todas las hostilidades entre ellos habían cesado”. Se anunciaba además que: a) ambos países mantenían su posición respecto del tema de la soberanía; b) las relaciones consulares quedaban restablecidas; c) la formación de dos grupos de trabajo, uno para el ámbito militar y otro para el de cooperación; d) el restablecimiento de las comunicaciones marítimas y aéreas entre los dos países; e) el gobierno británico facilitaría las relaciones de cooperación entre la Argentina y la Comunidad Europea; f) el levantamiento de las restricciones comerciales y financieras; g) la disminución por parte del Reino Unido de la

zona de protección pesquera, que pasaba a coincidir con la de resguardo militar, y h) el acuerdo para otra reunión.

La nueva reunión se llevó a cabo los días 14 y 15 de febrero de 1990 en Madrid. Finalizada la misma se anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y el levantamiento a partir del 31 de marzo de la zona de exclusión alrededor de las Malvinas. No obstante, la última medida no significó ningún cambio en el sistema defensivo de las islas, ni en las restricciones impuestas sobre la zona desde el conflicto.

A mediados de abril, en una reunión que mantuvieron los cancilleres Cavallo y Douglas Hurd, se acordó suprimir las visas para los ciudadanos de ambos países, celebrar un convenio para la promoción y protección de inversiones, e intercambiar ideas sobre la posibilidad de cooperación en el tema de la pesca. Posteriormente, el canciller Cavallo participó de un almuerzo protocolar con la primera ministra Margaret Thatcher, oportunidad en la que ambos expresaron su satisfacción por la reciente reanudación de las relaciones diplomáticas. Al concluir, Cavallo señaló que la Argentina respetaría los deseos de los habitantes de las islas, en contraposición con la postura británica que promovía la fidelidad a los intereses de los isleños, una definición tras la cual se aplicaría el principio de autodeterminación. Acerca de la negociación sobre la soberanía, Cavallo señaló que se iría creando un clima para que el tema de la soberanía pudiera ser discutido, pero aclaró que para ello se necesitaba un ambiente de diálogo y amistad entre los habitantes de las islas y la Argentina.(42)

El Convenio para la Promoción y Protección de Inversiones se firmó en Londres el 11 de diciembre de 1990, y entró en vigencia en febrero de 1993. Preveía la indemnización por pérdidas o por expropiación y garantizaba a los inversores la transferencia sin restricciones de sus inversiones y ganancias hacia el país donde aquellos residían. No obstante, las partes tendrían el derecho de ejercer, en caso de dificultades excepcionales de balance de pagos, y durante un período limitado, las facultades conferidas por sus normas legales y procedimientos establecidos de limitar la libre transferencia de inversiones y ganancias en forma equitativa y de buena fe. El convenio tenía una duración de diez años.

La cuestión de la pesca se transformó en un tema muy conflictivo y puso a prueba la continuidad de las relaciones amistosas. En la reunión del grupo de trabajo bilateral abocado al tema, en noviembre de 1990 en Madrid, los británicos presentaron una iniciativa para extender su Zona Interina de Conservación y Administración de las Islas Malvinas (FICZ) –establecida en 1986- más allá de las 150 millas que fue rechazada por el gobierno argentino. Al mismo tiempo, el gobierno británico rechazó una propuesta argentina de coadministrar una franja de 50 millas a crearse alrededor de la zona anterior, dando a entender además que, en caso de no llegarse a un acuerdo, ampliaría unilateralmente su control de las 150 a las 200 millas. Finalmente se llegó a un acuerdo preliminar firmado en Buenos Aires el 28 de noviembre de 1990 como Declaración Conjunta sobre Conservación de Recursos Pesqueros, por la cual, bajo la fórmula de salvaguardia de soberanía, la Argentina y el Reino Unido disponían la prohibición de la pesca comercial en un área marítima denominada Zona de Conservación Exterior (FOCZ) con forma de semi-anillo ubicada al este de la FICZ, disposición que sería evaluada todos los años. Cada gobierno tomaría las medidas correspondientes para el cumplimiento de la prohibición dispuesta, pues no pudo acordarse el patrullaje conjunto.También se estableció la Comisión de Pesca del Atlántico Sur.

El 20 de agosto de 1992 el gobierno argentino decidió establecer un registro de buques extranjeros y autorizar la concesión de permisos de pesca a buques extranjeros arrendados o fletados por un tiempo determinado, logrando la inscripción de un número importante de países.

La resolución provocó malestar en el gobierno británico porque perjudicaba a los isleños, que perdían millones de dólares por la competencia argentina. En diciembre de 1992 se acordó que la Argentina estableciera un cupo de 45 permisos y una cantidad de 220.000 toneladas de calamar por partes iguales.

El gobierno británico quería llegar a un acuerdo de largo plazo que limitara la actividad, aunque sin otorgar a la Argentina el acceso a las áreas disputadas. La Cancillería argentina lo condicionaba a que los malvineneses aceptaran reanudar primero las comunicaciones y el comercio con el continente argentino interrumpidos desde la guerra de 1982. Cabe señalar que gracias a la explotación pesquera los isleños lograron su autosuficiencia económica a partir de 1992, exceptuando los gastos de defensa.

El canciller británico Hurd llegó a la Argentina en enero de 1993. Previamente sostuvo que en virtud de la disposición de agosto de 1992, la Argentina otorgaba licencias a buques extranjeros en la zona económica exclusiva por siete meses, más del doble que en la zona de conservación, lo cual ponía en peligro la política conservacionista en el Atlántico Sur. Manifestó además que el calamar illex era un recurso compartido y agotarlo por obtener una ganancia efímera perjudicaría a ambas partes. En Buenos Aires, Hurd fue terminante, señalando que la visita que el presidente Menem deseaba realizar al Reino Unido –deseo expresado a partir de diciembre de 1990- estaba condicionada al logro de un acuerdo permanente sobre pesca en el Atlántico Sur.(43)

El 1° de noviembre de 1993 los cancilleres Di Tella y Hurd firmaron en Londres otro acuerdo provisorio. Para asegurar la conservación de la especie illex durante la temporada 1994, la delegación argentina manifestó que su gobierno autorizaría al sur de los 45° de latitud sur un nivel tope de captura de 220.000 toneladas y un máximo de 80 buques de bandera extranjera para pescar illex. Por su parte, la delegación británica expresó que su gobierno autorizaría un nivel de pesca durante la temporada 1994 igual al de la temporada 1993, de manera que la captura esperada de illex se limitaría a 150.000 toneladas.

Por cierto, el gobierno británico tomó resoluciones unilaterales que provocaron la protesta del gobierno argentino y su amenaza de romper los acuerdos pesqueros. Entre las mismas se encontraban: extender la zona de su jurisdicción en aguas de las islas Georgias y Sandwich del Sur (abril de 1992); excluir de la consideración bilateral áreas de pesca al norte y al este de las Malvinas (agosto de 1994), y exigir licencia británica a los buques –incluidos los argentinos- que desearan pescar en aguas de las islas Georgias y Sandwich del Sur (febrero de 1996).

Otro punto de disenso muy importante ha sido la cuestión del petróleo. El 22 de noviembre de 1991 ambos gobiernos llegaron a un acuerdo para comenzar a examinar los respectivos marcos legales y considerar las posibilidades de cooperación en el área alrededor de las Malvinas. Sin embargo, a pesar de la promesa del canciller Hurd en su visita a Buenos Aires en enero de 1993, en el sentido de que su gobierno no estaba dispuesto a iniciar una eventual exploración y explotación petrolera en las aguas circundantes a las Malvinas si antes no se lograba un acuerdo de cooperación con la Argentina, el 18 de septiembre de 1993 el gobierno británico autorizaba a los isleños a iniciar la búsqueda de petróleo en su zona marítima. La Argentina calificó la decisión de “inoportuna”.

Así, el gobierno británico decidió unilateralmente otorgar licencias de prospección sísmica y anunciar una licitación para la adjudicación de zonas a empresas petroleras. El gobierno argentino protestó por las medidas y advirtió a las compañías petroleras sobre las consecuencias legales de actuar en áreas en litigio. La tensión alcanzó un punto culminante a mediados de 1995 cuando el gobierno de las Malvinas anunció la apertura de la licitación para exploración y explotación de petróleo en las aguas circundantes. El gobierno argentino amenazó con presentar denuncias contra el Reino Unido en la ONU, la OEA y el Grupo de Río.

A mediados de 1994 las compañías petroleras YPF y British Gas comenzaron a considerar la posibilidad de presentarse en forma conjunta a la licitación para la exploración de petróleo en las aguas de las Malvinas, anunciando un principio de acuerdo en octubre. En febrero de 1995, el nuevo embajador argentino en Londres, Rogelio Pfirter, afirmó que las regalías por una eventual explotación petrolera conjunta en las islas Malvinas entre YPF y British Gas debían ser resueltas en el marco de la cooperación en el que estaban trabajando las cancillerías de ambos países. De tal forma, el diplomático argentino reiteró la posición oficial argentina expresada por el canciller Di Tella, quien si bien apoyó la asociación de las empresas, supeditó ese vínculo a un acuerdo entre ambos países que les permitiera a YPF y British Gas operar con seguridad jurídica y política en esa área en disputa.(44)

El 2 de abril de 1995 se anunció un acuerdo entre YPF y British Gas para buscar petróleo en las aguas de las Malvinas. Las dos compañías habían firmado un convenio de trabajo conjunto, paso previo a la firma del acuerdo definitivo, que debía contar con la aprobación de ambos países. En el borrador expresaban su disponibilidad a compartir las regalías y los barriles que derivaran de un eventual hallazgo petrolero. El reparto sería en partes iguales para la Argentina y el Reino Unido. La inversión necesaria para realizar la prospección oscilaba entre 50 y 100 millones de dólares.(45)

El 3 de junio se iniciaron en Londres los contactos entre los cancilleres para negociar la cuestión del petróleo, pero las tratativas fracasaron. El 15 de agosto Di Tella dio un informe pesimista el Senado sobre el estado de las mismas. Sin embargo, el 13 de septiembre tras gestiones reservadas en Madrid y Nueva York, los gobiernos argentino y británico aprobaron las condiciones del acuerdo petrolero. En la Argentina, los diarios publicaron que, como parte del mismo, la Argentina cobraría el 33% de las regalías del petróleo que se extrajera en las aguas orientales de las Malvinas, y Gran Bretaña el 66% restante. En cambio, en las aguas occidentales, las regalías se repartirán en partes iguales.(46)

Por el contrario, en un documento enviado a la gobernación de las Malvinas, la Cancillería británica sostenía que el acuerdo con la Argentina permitiría la continuación de la ronda petrolera sin amenazas y que el mismo no cubría el reparto de las regalías con la Argentina “en las aguas más alejadas del continente”. No obstante, se preveía una pequeña área especial para la cooperación, que se manejaría en forma separada de la ronda de licencias y bajo un régimen diferente, por el cual la Argentina y los gobiernos británico/Falkland administrarían conjuntamente la exploración y la explotación y se beneficiarían de las ganancias. El acuerdo se aplicaba al área limítrofe que, de otra manera, no podría ser explotada por ninguna de las partes. La nota demostraba que existía un acuerdo tácito entre ambos gobiernos para presentar ante sus respectivas opiniones públicas una interpretación distinta de los alcances del convenio, sin que ello provocara una crisis diplomática. No obstante, el canciller Di Tella aclaró que existía un acuerdo implícito para el reparto de las potenciales ganancias.(47)

Finalmente, los gobiernos argentino y británico firmaron el 27 de septiembre de 1995 en Nueva York una Declaración Conjunta de Cooperación sobre Actividades Costa Afuera en el Atlántico Sudoccidental. La exploración y explotación costa afuera de hidrocarburos por industrias petroleras o gasíferas sería llevada a cabo de acuerdo con sólidos criterios comerciales y aplicación de correctas prácticas, conforme a los usos de la industria petrolera, tomando en cuenta las respectivas experiencias de los gobiernos en el Atlántico Sudoccidental y en el Mar del Norte. Una Comisión Conjunta de Hidrocarburos se ocuparía de coordinar los trabajos, recibir información de las empresas y preservar el medio ambiente. Se reuniría por lo menos dos veces al año y sus recomendaciones serían adoptadas de común acuerdo. Se establecía además

el “Area de Cooperación Especial”, formada por seis bloques de hasta 3.500 km2 ubicados al oeste de las islas que comprendían zonas disputadas y no disputadas.

En la Argentina el acuerdo fue criticado porque mientras este país recibiría regalías por aguas no disputadas, permitía a los británicos cobrar impuestos –lo que implicaba un ejercicio de soberanía- por las aguas en litigio. A su vez, en el Reino Unido el vocero del Foreign Office debió aclarar que el acuerdo no era “cuestión de ninguna rendición de soberanía. La soberanía británica sobre las islas está completamente protegida. El acuerdo especifica que nada va a ser interpretado como un acuerdo en la posición británica sobre la soberanía”. Sus palabras eran una respuesta a la afirmación del Daily Mail de que unas declaraciones del presidente Menem, en el sentido de que el acuerdo representaba un avance para recuperar la soberanía, habían provocado una crisis diplomática entre los dos países.(48) Sin embargo, el Reino Unido conseguía con el acuerdo las condiciones de previsibilidad necesarias para que las empresas accedieran a trabajar en las aguas en litigio. En octubre de 1995 inició la licitación para la exploración petrolera de áreas ubicadas al norte de las Malvinas que se cerró en julio de 1996. Los trabajos comenzaron en abril de 1998.

Como corolario a la firma del acuerdo sobre el petróleo y al mejoramiento de las relaciones bilaterales en los temas económicos, financieros y militares logrados para ese entonces, el 23 de octubre de 1995 en un encuentro mantenido al margen de la reunión anual de la Asamblea de la ONU en Nueva York, el primer ministro británico John Major invitó al presidente Menem a visitar el Reino Unido el año siguiente.(49)

Por otra parte, cabe señalar que el gobierno de Menem hizo varias proposiciones que podían constituir una solución a la disputa por la soberanía sobre las Malvinas, pero que fueron rechazadas por el gobierno británico. Las mismas fueron: a) convertir a las Malvinas en un estado libre asociado de la Argentina, como lo era Puerto Rico para los Estados Unidos (24 de julio de 1992); b) someter a un arbitraje internacional la soberanía en las Malvinas (4 de enero de 1993), y c) indemnizar a los isleños a cambio de que reconocieran la soberanía argentina (12 de julio de 1994).

Al mismo tiempo, y de conformidad con las resoluciones de la ONU que instaban a las partes a tener en cuenta los intereses de la población de las islas, el gobierno de Menem puso en práctica lo que se denominó la “estrategia de seducción” de los isleños, manteniendo contactos personales con los habitantes de las islas. Aun cuando las partes en la disputa territorial eran la Argentina y el Reino Unido, esos contactos tenían el objetivo de facilitar un conocimiento de la problemática isleña y tratar de demostrar la posición argentina de respeto por el modo de vida y cultura de los malvinenses. No obstante, ello no logró cambiar la aversión de los isleños hacia la Argentina, que se vio incentivada por el rango constitucional dado al reclamo argentino por la Constitución sancionada en 1994.

El esfuerzo diplomático argentino en la ONU se mantuvo en el marco del Comité de Descolonización donde todos los años se promovió la adopción de una resolución. En 1993, por primera vez, la resolución sobre la cuestión Malvinas que exhortaba a las partes a iniciar negociaciones fue aprobada por consenso. También en la Asamblea General de la OEA se aprobó anualmente una resolución que refirmaba el interés hemisférico permanente en el tema y el apoyo de los países del Caribe angloparlante.

En los demás ámbitos, la relación bilateral se fue recomponiendo poco a poco. La visita del canciller británico Hurd a la Argentina entre el 6 y el 10 de enero de 1993 fue la primera de un funcionario británico de alto rango desde el final de la guerra de las Malvinas. En las reuniones reservadas que mantuvo con Di Tella, Hurd pidió negociar un acuerdo de pesca a largo plazo en

el Atlántico Sur, a fin de asegurar la supervivencia económica de las Malvinas. Además, como se dijo, reiteró que su gobierno no iniciaría la búsqueda de petróleo en las aguas de las Malvinas si antes no se alcanzaba un acuerdo de cooperación con la Argentina.(50)

Los cancilleres también trataron medidas para mejorar las relaciones financieras y económicas bilaterales, la reciente ratificación por parte del Congreso argentino del acuerdo de protección de inversiones y la posible firma de otro para evitar la doble imposición en el comercio bilateral. Hurd mencionó públicamente los logros del presidente Menem en el campo económico, calificándolos de “asombrosos”, y volvió a elogiar la política económica y la participación argentina en los cuerpos de paz de la ONU en su encuentro con Menem. Tanto Hurd como Menem reiteraron la posición de cada país sobre las Malvinas.

En cuanto a la posibilidad de que Menem realizara una visita al Reino Unido para fin de ese año, que se venía mencionando en Buenos Aires, Hurd señaló que cada paso debía ser estudiado cuidadosamente para no correr ningún riesgo de caer en retrocesos. La evasiva confirmaba, según Clarín, que el canciller británico había llegado para buscar garantías de que Menem no aprovecharía el viaje para tratar de precipitar una negociación por las Malvinas. Al respecto, poco después la viceministra británica Linda Chalker afirmó que el gobierno del Reino Unido no tenía nada definido sobre un eventual viaje a Gran Bretaña del presidente argentino, que no se había recibido “ninguna indicación argentina”, y que dicha visita, de producirse, necesitaría una preparación cuidadosa. Chalker realizó la aclaración tras un debate en la Cámara de los Lores, en el que se había pasado revista al viaje del canciller Hurd a la Argentina. La funcionaria desmintió así las declaraciones de Di Tella efectuadas días atrás en Berna, Suiza, señalando que el gobierno británico había invitado al presidente Menem a visitar ese país.(51)

Por cierto, la Cancillería argentina consideraba a mediados de 1993 que ese año se había producido un afianzamiento en las relaciones económicas con el Reino Unido, que venían creciendo desde 1990, particularmente a partir del plan de privatizaciones y la ley de convertibilidad. El mercado de Londres había reaccionado positivamente a las oportunidades que se le abrían en la Argentina. Desde la colocación de capitales en inversiones en cartera o títulos negociables, a la participación en consorcios de privatizaciones y la compra de compañías argentinas, la participación británica en la economía argentina había aumentado en importancia, así como también lo había hecho el comercio bilateral.(52)

A pesar de los avances en la relación bilateral, el embargo impuesto por el gobierno británico desde la guerra de 1982 en materia de equipos y repuestos de uso militar continuaba afectando críticamente los medios operativos de la Armada argentina. En julio de 1994 las autoridades navales consideraban que la política restrictiva, que comprendía incluso repuestos que no podían considerarse como “sensibles”, no se compadecía con las acciones que los gobiernos habían adoptado en los últimos tiempos con el propósito de construir una relación más sólida. En consecuencia, sostenían la creciente necesidad de intensificar las gestiones tendientes a lograr una revisión de las medidas mencionadas por parte del gobierno británico.(53)

Accediendo a lo solicitado por las autoridades navales, el 26 de octubre de 1994 se realizó en la embajada argentina en Londres una reunión bilateral, donde se llegó a un acuerdo para incrementar los contactos militares. El comunicado posterior señalaba que se había pasado revista a temas de interés mutuo como medidas de seguridad regional, el formar parte de fuerzas reservistas y el entrenamiento para actividades de paz, destacando además la atmósfera cordial y constructiva. En ese momento, soldados de ambos países trabajaban conjuntamente en misiones de paz destacadas en Croacia, Chipre y Kuwait. La nueva etapa de acercamiento incluiría la visita a Buenos Aires en el primer trimestre del año siguiente de militares británicos para

intercambiar información con sus pares argentinos sobre las operaciones comandadas por la ONU.(54)

Estas reuniones dieron su fruto recién cuatro años más tarde, cuando el gobierno británico decidió el levantamiento del embargo de armas en diciembre de 1998, poco después de la visita realizada por el presidente Menem al Reino Unido. El vicecanciller Tony Lloyd dio a conocer la noticia por la vía parlamentaria. Señaló que las licencias serían sólo otorgadas para exportaciones, las cuales tendrían que ofrecer la certeza de que no pondrían en riesgo la seguridad de los territorios de ultramar en el Atlántico Sur o de las fuerzas operando allí. Todas las solicitudes de licencias para la Argentina serían analizadas caso por caso, cotejándolas con los criterios de exportación británicos y con los del Código Europeo de Conducta para la Exportación de Armamentos. Lloyd sostuvo que se trataba de una lógica modernización del control de exportaciones y que reflejaba el cambio en las circunstancias desde que el embargo había sido puesto en vigor. Además dejó en claro que no había habido cambio alguno en la resolución del gobierno británico de proteger sus territorios en el Atlántico Sur y que se mantenía comprometido a defenderlos, así como la autodeterminación de su pueblo. El Foreign Office hizo notar que en un seminario en Lancaster House, el presidente argentino había prometido no usar la fuerza contra las Malvinas, ante lo cual el primer ministro Blair dijo a Menem que revería el embargo bajo una luz positiva. Aun así, el Foreign Office indicó que su gobierno había otorgado esas excepciones por fuertes razones políticas, tales como ayudar a la Argentina a realizar trabajos por mandato de la ONU.(55)

En 1996 el vicencanciller Cisneros resumía en Londres los avances alcanzados en la relación bilateral:

a) Se habían normalizado las relaciones con el Reino Unido.

b) La fórmula de un “paraguas de soberanía” permitía a las partes avanzar en la cooperación en cuestiones prácticas en el Atlántico Sur, sin que ello afectara los reclamos de las partes.

c) El comercio con el Reino Unido había aumentado más allá de sus niveles tradicionales. El Reino Unido no continuaba mostrando oposición en las negociaciones argentinas con la Unión Europea.

d) Se habían coordinado medidas de conservación a fin de evitar la sobreexplotación de recursos pesqueros en beneficio de las partes involucradas.

e) Se había firmado un acuerdo sobre hidrocarburos que permitiría progresar en la exploración y explotación del recurso, sin afectar los reclamos de soberanía de ambas partes.

f) Se reiteraba el respeto por los intereses de los habitantes de las Islas Malvinas, su modo de vida, su cultura y su derecho a elegir su ciudadanía, derecho que quedaba garantizado por una cláusula de la Constitución Nacional. También se reiteraba el principio tradicional argentino de que el conflicto no era con los habitantes de las islas sino con el Reino Unido.

g) Se había reafirmado firmemente el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus aguas circundantes, pero a la vez ratificado la voluntad de solucionar la disputa a través de medios pacíficos, de acuerdo con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.(56)

No obstante, a mediados de febrero de 1996 reaparecía el desacuerdo respecto de la pesca en el Atlántico Sur, al conocerse el día 23 la determinación del gobierno de las Malvinas de cobrar una licencia de pesca en las aguas de las islas Georgias a partir del comienzo de la nueva temporada pesquera el 1º de marzo. Ese día el pesquero argentino Antartic III fue interceptado por un buque britanico en aguas de las Georgias, debiendo pagar un canon de 110.000 dólares para poder continuar con su labor. El día 4 la Argentina presentó una protesta ante el gobierno británico “por la pretensión del Reino Unido de hacer valer legislación unilateral arrogándose jurisdicción en materia pesquera en una zona de 200 millas alrededor de las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur”, según el comunicado de la Cancillería argentina. El canciller Di Tella afirmó que el incidente afectaba la posibilidad de que se realizara la visita del presidente Menem al Reino Unido. Asimismo quedaban suspendidas las conversaciones por un acuerdo pesquero de largo plazo.

Algunos funcionarios de la Cancillería atribuían el cambio de actitud británica a una decisión del Foreign Office de endurecer su postura en medio de las negociaciones con la Argentina por el tema de la pesca. Por su parte, el gobierno británico negó que el incidente hubiera tenido lugar. No obstante, el día 6 Di Tella admitía que la crisis con el Reino Unido se había vuelto “gravísima” y anunciaba una vehemente acción diplomática de la Argentina ante los foros internacionales. Con todo, Menem instó a mantener una actitud de equilibrio ante la pretensión británica y aseguró que el gobierno no entraría en actitudes de corte bélico. Al día siguiente, luego de informar a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Di Tella señaló que se había hecho la protesta ante el Reino Unido, la Convención para los Recursos Vivos Marinos Antárticos (Camelar) y la ONU, y se estaba informando al Grupo de Río y a los países vecinos. Sostuvo también que la pretensión de Londres de ejercer jurisdicción en la zona era contraria al Tratado Antártico. La tensión comenzó a reducirse el día 11, cuando Di Tella informó que las autoridades británicas habían devuelto el canon cobrado al buque Antartic III.(57)

El día 14 Di Tella se presentó ante la Comision de Relaciones Exteriores de la Camara de Diputados, trascendiendo que el canciller había reclamado el apoyo de todos los bloques legislativos para las gestiones que realizaría en los proximos dias en Nueva York. Allí se reuniría con el secretario general de la ONU, Boutros-Ghali, y funcionarios del Consejo de Seguridad, de la OEA y del gobierno norteamericano. Por último, el día 20 el Senado trataría un proyecto del senador Eduardo Menem sobre la pesca en el Atlántico Sur. El hermano del presidente declaró que el Senado no podía permanecer impasible ante la actitud britanica, que era una verdadera afrenta a los legitimos derechos soberanos de la Argentina.(58)

En septiembre de 1996 los cancilleres Di Tella y Malcom Rifkind se reunieron en Buenos Aires, pero no lograron encontrar una solución al problema. Rifkind insistía en un acuerdo de pesca a largo plazo en las aguas de las Malvinas, que era el deseo de los isleños. Al explicar los motivos del desacuerdo Di Tella dijo que el tema de la pesca era indivisible y si no había acuerdo para las Georgias tampoco habría acuerdo para las Malvinas. No podía haber un tratamiento diferencial para las Malvinas, como querían los británicos. No obstante, Di Tella no cerró todas las puertas. Explicó que en la reunión de los países miembros del Camelar en octubre siguiente, se discutiría si la pesca en las Georgias debía ser controlada por ese organismo, como preferiría la Argentina, o directamente por los británicos.(59)

En noviembre de 1996 los isleños decidieron excluir al consorcio YPF-British Gas de la exploración petrolera de las áreas ubicadas al norte de las islas, aceptando en cambio la participación de otras 13 empresas, con el argumento de que había sido una decisión económica y no un acto de discriminación política contra la Argentina. El radicalismo reclamó al canciller

Di Tella que explicara al Congreso el fracaso del intento de que YPF-British Gas participara de la exploración petrolera de las aguas de las Malvinas. El radicalismo apoyaba la sanción de la llamada ley Eduardo Menem, que establecía sanciones para las empresas que buscaran petróleo en las aguas de las Malvinas sin la autorización explícita de la Argentina. Esta posición revelaba un endurecimiento del principal partido opositor en el Congreso frente a la política oficial respecto de las Malvinas. Sin embargo, antes del rechazo isleño la Cancillería, por consejo del Foreign Office, había advertido a la cúpula de YPF sobre la necesidad de mejorar la oferta para evitar que fuera rechazada. El presidente de YPF negó la información, pero ésta fue ratificada por fuentes del gobierno.(60)

El 12 de noviembre de 1996 los cancilleres Di Tella y Rifkind tuvieron en Londres su cuarto encuentro del año y acordaron reunir el 9 y 10 de diciembre en Londres a la Comisión Conjunta de Hidrocarburos para avanzar en la convocatoria a licitación para la exploración petrolera en el Area de Cooperación Especial para fines de 1997. Mientras tanto, ambos gobiernos entregarían permisos de carácter gratuito a las empresas que quisieran realizar la tareas de prospección sísmica, lo cual no incluía hacer perforaciones. A fin de progresar en las negociaciones, el gobierno de Menem había solicitado al Congreso la modificación del proyecto de ley Eduardo Menem, y la sanción de otro proyecto que reducía las regalías argentinas al 3%. En cuanto a la pesca en Georgias, se acordó reunir a la Comisión de Pesca para el 26 y 27 de noviembre en Buenos Aires, a fin de tratar de llegar a un acuerdo sobre la decisión británica de cobrar licencias de pesca a los buques que operaran en esas aguas.(61)

Demostrando que la crisis argentino-británica por el tema de la pesca no había afectado otros ámbitos de la relación bilateral, a fines de noviembre de 1996 llegó a la Argentina el ministro de Comercio británico, Tony Nelson, en una gira que abarcó también Brasil. Nelson no ocultó su interés en hacer negocios, especialmente respecto de Yacyretá, Atucha II y las privatizaciones de los aeropuertos. Acompañaron a Nelson los directores para América Latina de algunas de las mayores empresas de generación eléctrica y de la industria aeroespacial, además de los banqueros del Lloyds Bank y del grupo anglofrancés Paribas, interesados en el financiamiento de proyectos. El ministro señaló que Londres podía ser una fuente de capitales.(62)

En mayo de 1997 asumió el gobierno laborista de Tony Blair, luego de dieciocho años de gobierno conservador. El 23 de julio el canciller Di Tella se reunió por primera vez con el nuevo canciller británico Robin Cook. Di Tella dijo a la prensa: “No esperábamos nada y no conseguimos más de lo que esperábamos”. Para el canciller argentino fue la ocasión de contrastar la realidad con las expectativas generadas en Buenos Aires por la llegada de la administración de Blair. Di Tella se encontró en una situación delicada en virtud de unas declaraciones aparentemente distorsionadas del ministro de Defensa Jorge Domínguez, según las cuales el gobierno argentino descontaba que habría avances en la cuestión de soberanía en caso de ganar el laborismo. Dichas declaraciones fueron publicadas en Londres en plena campaña electoral, y llevaron a Blair a emitir un comunicado negando todo y advirtiendo que jamás se había encontrado con Di Tella. Cook, que sí había tenido dos reuniones con el canciller argentino durante sus largos años en la oposición, no emitió palabra.(63)

Según sus comentarios a la prensa, Di Tella había dicho a Cook que se consideraba al Reino Unido como una gran potencia pero que, al mismo tiempo, la Argentina se encontraba en el puesto 17¼ de contribuyentes a la ONU y que esto, si bien no la colocaba en el G7, sí le permitía estar en un G17 o hasta en un G15. Además, las relaciones comerciales eran excelentes, al punto que se había pasado la marca de los 1.000 millones de dólares de intercambio. El canciller argentino también mencionó que había hablado del embargo militar pero no había obtenido respuesta. Respecto del veto británico a que la Argentina fuera sede del Tratado Antártico, Di Tella dijo que Cook le preguntó por qué creía que Londres tenía que

transigir en ese punto. Di Tella sostuvo también que la no concreción de la invitación al presidente Menem para visitar el Reino Unido se debía a que en el Foreign Office vinculaban eso con el acuerdo sobre pesca. El canciller argentino había señalado que era un error, porque las relaciones bilaterales eran más importantes que ese tema en particular, pero no había sido escuchado. Sobre esa cuestión, Cook dijo que tanto él como los isleños le darían la bienvenida a un acuerdo. En cuanto a la soberanía de las Malvinas, Cook no hizo más que confirmar lo que Di Tella ya sabía: no habría cambio sustancial sin el visto bueno de los malvinenses. Di Tella expresó que su gobierno estaba al tanto de esa situación y la tenía en cuenta, pero quería que Cook supiera también que se consideraba el tema como algo de facto ya que legalmente la ONU conminaba a la Argentina y Gran Bretaña a negociar.

Sin embargo, a pesar de la persistencia de los problemas bilaterales, a principios de noviembre de 1997 en otro encuentro entre Di Tella y Cook, éste cursó formalmente una invitación al presidente Menem para visitar el Reino Unido a fines de 1998. De esta forma, el gobierno británico concretaba la invitación de palabra realizada dos años antes por el entonces primer ministro Major en forma personal al jefe del estado argentino.(64)

El diario La Nación consideró que el auspicioso desenlace del largo y complejo trámite, iniciado en 1990, debía ser acreditado como un éxito a la diplomacia argentina. Era la continuación del fecundo proceso de renovación de las prácticas y de las instituciones argentinas, que en el terreno de las relaciones internacionales había llevado a la normalización y el fortalecimiento de los vínculos con el resto del mundo y a la superación de pleitos y aprensiones ya extemporáneos. No obstante, se anticipaba que el principal tema de disenso -la cuestión de las islas Malvinas- permanecería al margen de los temas a tratar, y los asuntos económicos pendientes que tenían como ámbito el Atlántico Sur -la pesca y la eventual explotación de hidrocarburos- seguirían en discusión bajo las mismas reglas.(65)

A mediados de 1998 la Cancillería argentina consideraba que las relaciones con el Reino Unido revestían alta prioridad, tanto por el conflicto militar de 1982 como por el objetivo permanente de la política exterior de recuperar las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, que era una política de estado. Se señalaba también que pese al fin del statu quo de la segunda posguerra mundial con la caída del muro de Berlín en 1989 y la posterior disolución de la Unión Soviética en 1991, el Reino Unido había continuado siendo uno de los principales aliados de los Estados Unidos en la OTAN y un socio y referente de primera importancia en materia de política exterior para la Unión Europea. Su city era además el primer mercado financiero de Europa y prácticamente del mundo, a la par de Wall Street. Por esas razones, había sido prioritario para el gobierno de Menem proceder a reanudar y normalizar las relaciones diplomáticas con el Reino Unido, en virtud del objetivo de primer orden fijado por el gobierno de modernizar la Argentina y de incorporarla gradualmente al “primer mundo”, en los umbrales del siglo XXI y en un marco de creciente globalización. Se consideraba que ello se venía realizando exitosamente. El viaje de Menem previsto para fines de octubre de ese año se inscribía dentro del proceso de normalización de las relaciones, que culminaría con la reanudación de las conversaciones sobre el futuro de las Islas Malvinas y dependencias, como lo solicitaba la ONU.(66)

Finalmente el presidente Menem realizó su buscado viaje al Reino Unido entre el 28 de octubre y el 1º de noviembre de 1998. Era la primera visita de un presidente argentino tras el conflicto bélico de 1982. Menem tuvo un encuentro con empresarios británicos, asistió a una ceremonia con ex combatientes en la catedral de St. Paul y fue recibido por la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham. En Canning House, un ámbito de académicos y empresarios británicos relacionados con América Latina, el presidente dijo que, sin olvidar el pasado, su mirada estaba puesta en el futuro. Expresó que la Argentina siempre estaría dispuesta a cumplir con la resolución del Comité de Descolonización de la ONU, que instaba a las partes a negociar una solución pacífica en el conflicto por las Malvinas. Midió sus palabras: no le pidió ni le exigió al

Reino Unido que acatara el mandato de la ONU; sólo dijo que la Argentina quería abrir un diálogo. Por último, sostuvo que 1982 fue un momento traumático en la historia bilateral, porque “valerosos jóvenes de ambos países murieron en un conflicto que hoy lamentamos profundamente”.(67)

Menem y el primer ministro Blair abordaron el tema de las Malvinas durante las dos horas que compartieron en el despacho del último. El vocero de Blair señaló que cada uno había planteado su posición. Menem expresó que había traído un mensaje de reconciliación, con el objetivo de “limpiar el camino” para profundizar las relaciones bilaterales. El primer ministro destacó el gesto del presidente argentino de depositar una ofrenda floral a los caídos británicos en la guerra de 1982. No obstante, Menem expresó que sería hipócrita si no hablaba de un tema sensible, el de las Malvinas, porque la Argentina quería que se respetara la resolución 2065 de la ONU. Blair respondió que, si bien se sustentaban posiciones distintas en el tema de Malvinas, lo importante era que eso no impidiera hacer cosas juntos. De acuerdo con el vocero del primer ministro, cada uno plantó su bandera y no hubo ninguna discusión más allá de eso, porque estaba claro que ésa no era una visita para discutir el tema de la soberanía. En el comunicado conjunto emitido al cabo del encuentro ambos gobiernos ratificaban sus posiciones: “Cada gobierno refirma expresamente su conocida posición en relación con la soberanía de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y espacios marítimos circundantes. Ambos gobiernos refirman también su apoyo a las Naciones Unidas y el compromiso de resolver sus diferencias exclusivamente por medios pacíficos”.(68)

Menem planteó también a Blair el asunto del embargo de armas, señalando que, si la Argentina era un país amante de la paz, no podía estar en la misma categoría que Irak e Irán (para las reglas que regían las exportaciones británicas de armas). Blair respondió que se iba a reconsiderar el tema bajo una mirada positiva porque, aunque se tuvieran en cuenta los intereses de seguridad británicos, se sabía que la Argentina no era lo mismo que Irán e Irak. Menem tocó luego el tema de la oposición a que la Argentina fuera sede del Tratado Antártico, obteniendo asimismo la promesa de que se revisaría la posición del Reino Unido. El comunicado conjunto señalaba que ambos gobiernos mantendrían un diálogo constructivo al respecto, pero el canciller británico Cook fijó como condición la desmilitarización de las bases argentinas en la Antártida. Al efecto, el gobierno argentino crearía una comisión, bajo la órbita de la Presidencia, a fin de manejar el Plan Antártico fuera del ámbito del Ministerio de Defensa. Los británicos se comprometieron a evaluar la propuesta que Di Tella había hecho hacía más de cuatro años para que la Argentina financiara la remoción de las minas instaladas en las Malvinas durante la guerra.(69)

A su vez, Blair también presentó algunos reclamos. El primer ministro dejó en claro que el Reino Unido no estaba conforme con la legislación de pesca ni con la de petróleo, en alusión a los proyectos con media sanción del Senado que exigían una participación menor de la Argentina continental en los beneficios que el gobierno de las Malvinas obtenía con ambas actividades. Menem respondió Que todavía faltaba la sanción y promulgación del Ejecutivo, que tenía el poder de veto, dando una señal de que estaba dispuesto, sobre todo en el tema de la pesca, a negociar. Menem le dejó a Blair una invitación para visitar la Argentina, como lo había hecho también con la Reina. Como conclusión, un miembro de la delegación británica dijo a La Nación que Blair había asumido un riesgo al brindarle a Menem un escenario para que planteara la cuestión de las Malvinas y prometerle que revisaría la posición inglesa en temas menores, aunque disputados.(70)

El encuentro con el primer ministro Blair dejó al presidente Menem tan conforme que incluso consideró que había logrado avances en el conflicto por la soberanía de las islas Malvinas.

“Ahora se abre la posibilidad del diálogo”, dijo Menem. Cuando se le preguntó si había percibido algún cambio en la posición del Reino Unido, Menem sostuvo que el comunicado conjunto daba la pauta de que algún avance había habido sobre el tema.(71)

En una nota firmada por Robin Cook y publicada en La Nación cuando todavía Menem se encontraba en el ReinoUnido, el canciller británico afirmaba que la visita del presidente Menem había despertado el interés de los medios como casi nunca antes había sucedido, tanto en su país como en la Argentina. En el Reino Unido la imagen de la Argentina había mejorado significativamente. El pueblo británico sabía ahora que la Argentina tenía una democracia floreciente con una economía estable y en crecimiento. Cook esperaba que la cobertura de los medios en la Argentina reflejara la “sincera y cálida bienvenida” que tanto el presidente Menem como su hija Zulemita habían recibido en Londres. No obstante, sostenía que aún existían diferencias, por todos conocidas.(72)

Cook señalaba también que tanto el presidente Menem como el primer ministro Blair habían expresado claramente sus posiciones respecto del Atlántico Sur, y que habían existido conversaciones directas sobre las leyes de petróleo y de pesca que se encontraban en esos momentos en el Congreso argentino. Pero en su opinión, existían entre ambos países muchas más razones que los unían que las que los separaban. El año último el comercio bilateral había ascendido a 1000 millones de dólares, de prácticamente nada diez años atrás. Los británicos bebían más vino argentino que ningún otro lugar del mundo. El comercio se desarrollaba en ambos sentidos, y el mes siguiente una importante misión encabezada por el ministro de Comercio e Industria buscaría aumentar aún más la cooperación comercial. El Reino Unido apoyaba a la Argentina con grandes inversiones, siendo el mayor inversor europeo en la Argentina. También destacaba el trabajo conjunto que los soldados británicos y argentinos desarrollaban en las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU en Chipre.(73)

A su vez, Menem hizo una defensa de su viaje al Reino Unido en una nota en La Nación, respondiendo las críticas del radicalismo y el Frepaso nucleados en la Alianza, cuyos miembros se habían negado a acompañarlo. La diputada por el Frepaso Graciela Castagnola de Fernández Meijide había objetado que Menem no hubiera planteado el tema de la soberanía en Londres y que el viaje hubiera generado un “gasto absolutamente inútil”. Menem le respondía que el reconocimiento del canciller del Reino Unido, más los convenios firmados, la mención de las Naciones Unidas en el marco del reclamo argentino por las Malvinas y la definitiva clausura de antiguos enconos por la guerra habían sido en realidad una “formidable inversión para el futuro internacional de la Argentina”. A su vez, ante los comentarios del ex presidente Raúl Alfonsín, en el sentido de que el viaje significaba un “retroceso soberano”, y su pedido de “una verdadera política de estado dirigida a recuperar el ejercicio de la soberanía argentina en las Malvinas”, Menem preguntaba qué creía el ex presidente que se había estado haciendo en Londres. Por su parte, el ex canciller Caputo había criticado una frase atribuida al presidente argentino por una agencia noticiosa sobre el respeto argentino al “deseo” de los isleños sobre su futuro. Menem negaba haberla dicho, pero señalaba que si se quería volver a las Malvinas, era necesario dialogar con el Reino Unido y tener a la vez una buena amistad con los habitantes de las islas. En opinión del presidente argentino, la Alianza opositora había cometido su “más grave error político” al no haber participado de la histórica misión a Londres. Su “miopía política” les había impedido comprender el verdadero sentido del viaje, confundiendo los intereses permanentes de la Nación con las cuestiones de estado y los asuntos partidarios domésticos. Definitivamente, no sabían construir política en grande.(74)

Poco después se produjo un hecho que indirectamente permitió un pequeño avance de la Argentina en la cuestión de las Malvinas. El 25 de noviembre de 1998 se conoció la resolución

de la Cámara de los Lores accediendo a la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet, la cual había sido solicitada por el juez español Baltasar Garzón en octubre anterior, para poder interrogarlo sobre las acusaciones presentadas en el juicio por las desapariciones en la Argentina.(75) La Cámara de los Lores consideraba que Pinochet (en cuanto antiguo presidente) no gozaba de inmunidad en el Reino Unido para sustraerse al requerimiento del tribunal españo. Coherente con la posición asumida por su gobierno respecto de los juicios iniciados en España contra militares argentinos, y que se basaba en no reconocer jurisdicción sobre los mismos a la Justicia española, el presidente Menem telefoneó al presidente chileno Eduardo Frei para reiterarle su apoyo, expresando su profunda preocupación por las derivaciones internas en la política chilena que podía ocasionar el fallo de Londres.(76)

La tensión entre Chile y el Reino Unido por la detención de Pinochet llevó a que la empresa LAN Chile suspendiera sus vuelos a las islas Malvinas, dejando a las mismas en un virtual aislamiento. Esta situación colaboró para que se produjera un cambio de situación favorable a la Argentina. Así, las negociaciones interparlamentarias argentino-británicas culminaron con la firma por los cancilleres Di Tella y Cook, el 14 de julio de 1999 en Londres, de una Declaración Conjunta sobre las Islas Malvinas, por la cual se reanudaban los vuelos entre la Argentina continental y las islas, y se permitiría la visita de argentinos a las mismas presentando su pasaporte. El tema de la soberanía quedaba preservado de las negociaciones bajo la fórmula del paraguas. El convenio incluía además un compromiso para incrementar la cooperación bilateral sobre la conservación de los recursos pesqueros y el control de la pesca ilegal en el Atlántico Sur. Asimismo, los dos gobiernos continuarían trabajando conjuntamente para evaluar la factibilidad y el costo de la remoción de las minas terrestres aún presentes en las islas Malvinas.

El acuerdo fue firmado por dos consejeros malvinenses, no como parte formal sino en calidad de testigos. Contó también con el apoyo de la oposición de la Argentina, cuyos legisladores habían participado de las gestiones. En el acto de la firma, el canciller Cook expresó que el acuerdo diluía la tensión entre las islas y la Argentina, y el canciller Di Tella señaló que no había perdedores y ganadores, todos eran ganadores. Un periodista dijo a Cook que muchos creían que ése era el comienzo del fin de la soberanía británica sobre las islas. El canciller británico respondió que nada en el acuerdo comprometía la soberanía, y Di Tella recordó que todo estaba firmado bajo la fórmula del paraguas. Cook señaló además que el acuerdo contaba con el apoyo de muchos isleños. Al referirse a unos incidentes de protesta en las Malvinas, Cook sostuvo que la intimidación no era aceptable. Di Tella afirmó más tarde que el éxito se debía a los legisladores argentinos.(77)

No obstante, los isleños intentaron obstaculizar el cumplimiento de lo pactado, advirtiendo que, si no se lograba antes del 9 de octubre un acuerdo bilateral de largo plazo por la pesca, se suspenderían los vuelos reanudados a las islas. A fin de dar solución al problema, el vicecanciller Cisneros y el director para las Américas del Foreign Office, Peter Westmacott, mantuvieron una reunión en Madrid los días 2 y 3 de septiembre de 1999. Al término de la misma, ambos funcionarios asumieron, en nombre de sus gobiernos, la promesa de instrumentar siete medidas unilaterales para combatir a los buques sin licencias pesqueras, las cuales serían aplicables en la zona en que cada país tenía jurisdicción. Se acordó además que tanto la Argentina como el Reino Unido insistirían ante los demás países para que adhirieran a un eventual tratado de preservación de especies. El acuerdo fue firmado bajo la fórmula del paraguas. De esta manera, se logró mantener en pie el entendimiento bilateral suscripto en Londres, que permitía a los argentinos volver a viajar a las islas. Las promesas mutuas tenían similar status jurídico que el de los demás documentos emitidos al finalizar las reuniones habituales de la comisión de pesca, que se realizaban semestralmente desde 1990.(78)

El 16 de octubre se reanudaron los vuelos comerciales a las islas Malvinas con escala en el territorio continental argentino por primera vez desde la guerra de 1982. El vuelo 993 de la compañía LanChile hizo escala en Río Gallegos, donde abordó la nave un contingente de 20 familiares de caídos durante la guerra. Era la primera vez que los allegados a los soldados muertos iban a permanecer una semana en las islas.(79)

Por otro lado, las relaciones comerciales entre la Argentina y el Reino Unido tuvieron una sensible mejoría durante la década de 1990. Las exportaciones argentinas al Reino Unido pasaron de 186 millones de dólares en 1990 a 265 millones en 1999, con un pico de 355 millones en 1996. Las importaciones argentinas desde el Reino Unido oscilaron de 42 millones de dólares en 1990 a 543 millones en 1999, con un máximo de 802 millones de dólares en 1997. El saldo de la balanza comercial pasó a ser deficitario para la Argentina a partir de 1992, con un pico fuerte de –541 millones de dólares en 1998. El Convenio para la Promoción y Protección de Inversiones, firmado en diciembre de 1990, comenzó a regir en febrero de 1993. A partir de entonces, la IED británica comenzó a aumentar, alcanzando la Argentina el cuarto lugar en América Latina en 1996. La misma se concentró en manufacturas, bebidas, alimentos y tabacos.(80)

El 3 de enero de 1996 se firmó en Buenos Aires un Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta y el capital, cuya vigencia comenzó el 1º de agosto de 1997. Durante la visita de Menem al Reino Unido se firmaron además varios memorandos de entendimiento sobre cooperación en materia de defensa, comercio e inversiones, y deporte.

• NOTAS

1. Carlos Carderera Soler, “Las relaciones entre España y Argentina. Antecedentes, situación social y perspectivas”, en Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia, Vol. VIII, Nº 1, primer trimestre de 1999, pp. 48-51.

2. El Grupo de Río estaba integrado por Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Fue también conocido como “de los ocho” hasta que Panamá fue suspendido durante el último tramo del gobierno de Manuel Noriega.

3. “Grupo de Río: Propuesta para la integración”, Clarín, 11 de abril de 1990, p. 9.

4. “El Mercosur, en sociedad”. Clarín, 30 de abril de 1991, p. 10.

5. Memorándum de la Cancillería, sin fecha, en Archivo Cisneros.

6. Daniel Santoro, “Europa tira sus redes para negociar con el Mercosur”, Clarín, 1 de noviembre de 1994.

7. Eleonora Gosman, “El Mercosur seduce a Europa”, Clarín, 25 de noviembre de 1994, p. 22.

8. Fundación Poder Parlamentario-CELARE, Primera Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, Santiago, CELARE, 1998, p. 171.

9. Ibid., pp. 184-185. La Comunidad Europea, siendo una unión aduanera, había creado un sistema de protección agrícola común que cerraba la importación de todo producto más barato y de mejor calidad, a fin de asegurar a los agricultores un ingreso equivalente al de cualquier persona urbana que estuviera trabajando en relación de dependencia. Dado que Europa es un conjunto de países de tradición agrícola intensiva y cara, éstos no podían competir con la agricultura de los Estados Unidos, Australia, Argentina y Canadá. Para protegerse, crearon, a instancias de Francia, el sistema de la PAC, que fue el precio impuesto por Francia a una Alemania aún débil y a un Reino Unido ausente para constituir la

Comunidad Económica Europea. Con el tiempo la CEE comenzó a generar excedentes que se vendían a precios de mercado. Esta exportación subsidiada causó enorme daño a la Argentina, deprimiendo el precio de la carne, quitándole mercados y desplazándolo como país tradicionalmente exportador de carne del segundo al sexto lugar en 1993. A la vez el Sistema Generalizado de Preferencias surgió de un acuerdo europeo con 67 países del Caribe, Africa y Asia firmado en la ciudad de Lomé, capital de Togo, que establece preferencias recíprocas y que, según Alemann, es absolutamente contrario al GATT porque no es una zona de libre comercio ni tampoco una unión aduanera. Véase Roberto T. Alemann, “Análisis de la situación política internacional y las relaciones económicas con la Argentina en el área Europa”, en Boletín de difusión académica, Buenos Aires, Escuela de Defensa Nacional, enero de 1996, pp. 7-9 y 17-18.

10. Patricio Leiva (ed.), América Latina-Unión Europea más allá del 2000, Santiago, CELARE, 1997, pp. 238-242; Roberto Russell, “Las relaciones Argentina-UE en los años noventa: adelantos y perspectivas”, Documento de trabajo Nº 42, Madrid, IRELA, 1999, p. 22.

11. Fundación Poder Parlamentario-CELARE, op. cit., pp. 171-177.

12. Memorándum “Relaciones con Europa Occidental”, copia en Archivo Cisneros.

13. “Reclaman vínculos más fuertes con países de la UE”, La Nación, 18 de abril de 1999, p. 8.

14. Ibid.

15. El grupo Cairns está integrado por países agroexportadores que no subsidian sus exportaciones, y que son: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Fidji, Filipinas, Hungría, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Tailandia y Uruguay.

16. “El canciller Cavallo viajó a Europa por las dificultades en el GATT”, La Nación, 14 de noviembre de 1990, p.1; “GATT: imprevisto viaje de Cavallo a Bruselas”, La Nación, 14 de noviembre de 1990, p. 11; “Con distintas propuestas gira el final de la Ronda Uruguay del GATT”, La Nación, 1º de diciembre de 1990, p. 16, y “Fueron suspendidas las negociaciones del GATT”, La Nación, 8 de diciembre de 1990, p. 16.

17. “Menem instó a la Comunidad Europea a eliminar subsidios”, La Nación, 13 de febrero de 1992, p. 4; Rolando Rivière, “La Argentina con las cartas en reglas”, La Nación, 13 de febrero de 1992, p. 4; Rolando Rivière, “Menem, tras la reducción de políticas proteccionistas”, La Nación, 15 de febrero de 1992, p. 4 y Rolando Rivière, “De Brujas a Bruselas, en auto, con Menem”, La Nación, 16 de febrero de 1992, p. 4.

18. “Di Tella: el proyecto de inmigración”, La Nación, 13 de febrero de 1992, p. 4, y ”Coincidencias en los planes con la Comunidad Europea”, La Nación, 15 de febrero de 1992, p. 4.

19. “El Presidente en Europa”, La Nación, 21 de febrero de 1992, p. 8.

20. Ibid.

21. Ibid.

22. “La Ronda Uruguay y subsidios, temas propuestos a Delors”, y “La CE, el principal mercado de la Argentina”, La Nación, 16 de marzo de 1993, p. 6.

23. Memoránum, sin fecha, copia en Archivo Cisneros.

24. IRELA, “Argentina en los 90: Avances y perspectivas durante el Gobierno de Menem”, Dossier Nº 54, Madrid, IRELA, junio de 1995, pp. 42 ; Russell, “Las relaciones Argentina-UE en los años noventa...”, op. cit., pp. 6-7; “Pesca: acordaron cupos y cooperación con Europa”, La Nación, 1º de diciembre de 1992, p. 7.

25. IRELA, “Argentina en los 90...”, op. cit., pp. 47-49; “El acuerdo pesquero con la UE”, La Nación, 20 de mayo de 1994, p. 8; y “Se firmó el acuerdo de pesca con la Unión Europea”, La Nación, 25 de mayo de 1994, p. 15.

26. Russell, “Las relaciones Argentina-UE en los años noventa...”, op. cit., p. 27.

27. Ibid., pp. 8-9.

28. Fundación Poder Parlamentario-CELARE, op. cit., pp. 37-42.

29. Ibid., p. 132.

30. Ibid., pp. 133-134.

31. Ibid., pp. 142-145.

32. Andrés Cisneros, prólogo, en Fundación Poder Parlamentario-CELARE, op. cit., pp. 27-30.

33. “Europa sólo negociará los subsidios en el 2001”, La Nación, 29 de junio de 1999.

34. “Discusión con Chirac por los subsidios”, La Nación, 30 de junio de 1999.

35. Fuente: Centro de Economía Internacional (CEI), Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.

36. IRELA, “El Mercosur: perspectivas de un bloque emergente”, Dossier Nº 61, Madrid, IRELA, agosto de 1997, pp. 40-41.

37. Fuente: EUROSTAT.

38. Fuente: INDEC.

39. IRELA, “El Mercosur: perspectivas de un bloque emergente”, op. cit., p. 46.

40. Ibid., pp. 37 y 46-47.

41. Véase Russell, “Las relaciones de Argentina con Europa Occidental”, op. cit., pp. 29-40.

42.“Cavallo dialogó con Thatcher y con el canciller británico”, Clarín, martes 10 de abril de 1990, p. 16.

43. Alfredo Bruno Bologna, “El conflicto de Malvinas en la política exterior argentina”, en CERIR, La política exterior del gobierno de Menem, op. cit., pp. 371-372.

44.María Laura Avignolo, “Dicen que las regalías serán negociadas con Londres”, Clarín, 13 de febrero de 1995.

45. Ana Ale, “YPF y British Gas cierran el acuerdo para buscar petróleo en Malvinas”, Clarín, 3 de abril de 1995, p 3.

46. “Di Tella ya gasta a cuenta”, Clarín, 21 de septiembre de 1995, p. 8.

47.“Malvinas: no garantizan regalías”, Clarín, 22 de septiembre de 1995, p. 6.

48.María Laura Avignolo, “Esto no es ninguna rendición de soberanía”, Clarín, 21 de septiembre de 1995, p. 8, y “Malvinas: no garantizan regalías”, Clarín, 22 de septiembre de 1995, p. 6.

49.Nancy Pazos, “Por invitación de Major, Menem irá a Londres en el ’96”, Clarín, 24 de octubre de 1995, p. 2, y “Cada uno atendió a su juego”, Clarín, 24 de octubre de 1995, p. 3.

50.“Malvinas: Hurd quiere congelar la discusión”, Clarín, 7 de enero de 1993, pp. 8 y 9; “Malvinas: buscan un acuerdo por la pesca”, Clarín, 8 de enero de 1993, pp. 10 y 11; “Europa, el mayor inversor”, Clarín, 8 de enero de 1993, p. 11; y “Hurd habló con Cavallo y partió hacia Chile”, Clarín, 11 de enero de 1993, p. 6.

51.“En Gran Bretaña la visita de Menem no está en la carpeta”, Clarín, 3 de febrero de 1993, p. 5.

52. Memorándum, sin fecha, copia en Archivo Cisneros.

53. Nota de Molina Pico a Di Tella, Buenos Aires, 18 de julio de 1994, y documentos adjuntos, copia en Archivo Cisneros.

54.“Más contactos con los ingleses”, Clarín, 27 de octubre de 1994, p. 12.

55.Graciela Iglesias, “Londres levantó de hecho el embargo de armas”, La Nación, 18 de diciembre de 1998.

56. Discurso del vicecanciller Andrés Cisneros, Londres, febrero de 1996, copia en Archivo Cisneros.

57. Néstor Restivo, “Los kelpers quieren cobrar la pesca”, Clarín, 23 de febrero de 1996, p. 8; “Enérgica protesta argentina a Londres por la pesca en las Georgias”, La Nación, 5 de marzo de 1996; “Londres afirma que el incidente no existió”, La Nación, 6 de marzo de 1996; “Di Tella: se agravó la crisis pesquera”, La Nación, 7 de marzo de 1996; “Hay 18 naves argentinas en la zona de riesgo”, La Nación, 8 de marzo de 1996; Ovidio Bellando, “Georgias: Una realidad con dos versiones”, La Nación, 13 de marzo de 1996; Clarín, 5 y 11 de marzo de 1996.

58. La Nacion, 12, 13, 16 y 17 de marzo de 1996; Clarín 12, 16 y 18 de marzo de 1996; y Pagina/12, 14 de marzo de 1996.

59. “No hubo acuerdo por la pesca en el Atlántico Sur”, Clarín, 26 de septiembre de 1996.

60. “Londres avisó dos veces que la oferta de YPF era insuficiente”, Clarín, 30 de octubre de 1996, y “Piden que Di Tella dé explicaciones”, Clarín, 2 de noviembre de 1996 .

61. “Malvinas: Avance petrolero”, Clarín, 15 de noviembre de 1996.

62. “Quejas de los ingleses por los aranceles a la importación”, Clarín, 27 de noviembre de 1996.

63. Graciela Iglesias, “Di Tella se reunió por primera vez con el canciller laborista”, La Nación, 24 de julio de 1997.

64. “Menem irá a Londres el año próximo”, La Nación, 5 de noviembre de 1997.

65. Ibid.

66. Memorándum, sin fecha, copia en Archivo Cisneros.

67.María O’Donnell, “Gesto de Menem a los malvinenses”, La Nación, 29 de octubre de 1998.

68.María O’Donnell, “Menem cree que se abre el diálogo por Malvinas, La Nación, 30 de octubre de 1998.

69. Ibid.

70. Ibid.

71.Ibid.

72. Robin Cook, “El final de un capítulo y el principio de otro”, La Nación, 31 de octubre de 1998.

73. Ibid.

74. Carlos Menem, “En este nuevo capítulo debemos trabajar todos”, La Nación, 5 de noviembre de 1998.

75. Pinochet era acusado de ser uno de los principales responsables del “Operativo Cóndor”, que coordinaba las actividades represivas de los servicios de inteligencia y de las fuerzas armadas de la Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia.

76. “La Argentina se solidarizó con Chile”, La Nación, 26 de noviembre de 1998.

77. María Avignolo, “A 17 años de la guerra, los argentinos podrán viajar a Malvinas”, Clarín, 15 de julio de 1999; “Di Tella cree que es el mejor acuerdo posible”, Clarín, 15 de julio de 1999; “Broche de oro o candado”, Clarín, 15 de julio de 1999. A partir del 16 de octubre un avión de LAN Chile –que retomaría los vuelos directos desde Punta Arenas a las islas Malvinas- podría hacer escala en Río Gallegos. Habría cuatro vuelos mensuales desde Chile, y uno de ellos debía bajar en la capital de Santa Cruz, tanto a la ida como a la vuelta.

78. Andrea Centeno, “Avances por la pesca en el Sur”, La Nación, 3 de septiembre de 1999, e idem, “Malvinas: Acuerdo y algo más”, La Nación, 4 de septiembre de 1999.

79. “Malvinas: Hoy, el primer vuelo desde Río Gallegos”, La Nación, 16 de octubre de 1999.

80. “Inversión directa europea en América Latina: tendencias y aporte al desarrollo”, Informe de IRELA, en Revista de Derecho del Mercosur, Año 3, Nº 3, junio de 1999, p. 192.

2. Búsqueda de apoyo para la modernización económica y atracción de inversiones

En un discurso pronunciado en Buenos Aires el 29 de junio de 1994, el canciller Di Tella expresó lo siguiente:

Lo que hemos hecho básicamente es decir Tercer Mundo y No Alineados, países pobres en general, no los queremos...Abandonamos los No Alineados porque no nos convenía, porque no nos interesaba y porque no teníamos intereses comunes...Nos interesan mucho los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)...nos interesa generar esta relación con los países del Norte porque una de las confusiones que tenemos es que, por estar ubicados en América Latina, somos un país más de Latinoamérica. Esto no es cierto...Argentina es un país europeo.(1)

Este alineamiento estaba sustentado en razones económicas y culturales. Entre las primeras figuraban un ingreso per cápita que duplicaba el promedio en América Latina, la tasa de alfabetismo más alta de la región, y el puesto nº 46 a nivel mundial en cuanto a índice de desarrollo humano según parámetros adoptados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los elementos culturales estaban vinculados a la masiva inmigración europea que la Argentina había recibido desde fines del siglo XIX hasta mediados del XX, que generaban ese sentido de pertenencia a una región que no correspondía a la posición geográfica de la Argentina como “país del Sur”, y su vocación de ser percibido como “un país del primer mundo”. De allí que el alineamiento occidental de la Argentina no se redujera a la relación con los Estados Unidos, sino que también se inclinara hacia Europa. El cambio producido por el gobierno de Menem produjo un fuerte impacto, en virtud de que había estado precedido por un período de aislamiento internacional a causa de las políticas de la dictadura militar y una

posición tercermundista bajo el gobierno de Alfonsín. Juzgando la política radical como opuesta a los intereses nacionales, el presidente Menem definió los últimos en términos económicos.(2)

En un discurso pronunciado en Londres en 1996, el vicecanciller Cisneros explicaba que la Argentina se había enrolado en la alianza occidental no sólo porque esos países tenían los mismos valores, el mismo sistema político y el mismo sistema de producción, sino también porque constituían el ámbito natural de crecimiento de la economía y la cultura argentinas. Los objetivos argentinos podían ser mejor alcanzados aumentando el prestigio y la confiabilidad del país, reservando la retórica y la hostilidad para aquellos asuntos en que hubiera conflictos de intereses. La política exterior y la modernización de la economía eran los dos instrumentos fundamentales de la transformación del país y su exitosa inserción en la economía mundial. El alineamiento con los países occidentales había sido asumido como consecuencia de la importancia dada al concepto de seguridad nacional.(3)

En consecuencia, el primer objetivo de Menem hacia los países europeos fue mejorar las relaciones con el Reino Unido, conflicto que generaba obstáculos significativos en las relaciones de la Argentina con los demás países europeos y con la Unión Europea. Una vez logrado esto, Menem se abocaría a buscar respaldo político en los demás países de Europa Occidental para la transformación económica de la Argentina y la atracción de inversiones y capitales.

2.1. España

Al llegar Menem a la presidencia, las relaciones de la Argentina con España estaban enmarcadas en las disposiciones del Tratado General de Cooperación y Amistad, suscripto el 3 de junio de 1988, y que abarcaba cuatro áreas de cooperación bilateral en materia política, económica, científico-tecnológica y cultural. Se establecía un sistema de consultas a alto nivel a fin de conocer la política de cada una de las partes en la esfera internacional y armonizar sus posiciones. Ambos países se comprometían a apoyar un programa destinado a promover el desarrollo industrial y el sector servicios en la Argentina. El Acuerdo Económico bilateral, que formaba parte del Tratado, establecía que el programa conjunto alcanzaría unos 3.000 millones de dólares hasta 1992. Los créditos estarían orientados al sector privado; sólo un 20% podría ser aplicado al sector público. El Tratado garantizaba las inversiones españolas producto del mismo, otorgaba exenciones arancelarias y la libre transferencia de utilidades. También permitía la contratación directa para proyectos del sector público bajo ciertas condiciones. El proceso de ratificación del Tratado en el Congreso argentino había demorado un año, produciéndose aquélla finalmente en junio de 1989. Decidido a alentar las inversiones europeas en la Argentina, el nuevo gobierno de Menem se propuso dar cumplimiento a las disposiciones del Tratado. Luego de su entrada en vigencia a partir del 31 de agosto de 1989 y constituidos los organismos dispuestos por el mismo, la Secretaría de Comercio estableció el mecanismo para la presentación de proyectos de inversión.(4)

En un breve encuentro que el presidente Menem mantuvo con el jefe del gobierno español, Felipe González, el 6 de septiembre de 1989 en Madrid, el último destacó la buena disposición de los empresarios españoles hacia el desarrollo económico argentino. A su vez, Menem sostuvo que las inversiones extranjeras en la Argentina disfrutarían de las mismas ventajas que las nacionales.(5) Poco después, el 4 de octubre, se constituyó en Buenos Aires el Comité Económico Financiero hispano-argentino que se reuniría periódicamente para evaluar la marcha del acuerdo económico integrante del Tratado de 1988. El gobierno español comenzó a liberar

los créditos destinados al sector privado, y la Argentina decidió exceptuar del IVA los bienes que ingresaran a raíz del acuerdo.(6)

Con el objetivo de exponer el plan económico argentino, generar confianza y atraer inversiones, en febrero de 1990 el canciller argentino Domingo Cavallo realizó una gira por Europa que abarcó España, Francia, Italia y Alemania. En Madrid, Cavallo se entrevistó con su colega Francisco Fernández Ordóñez y con el presidente González. Cavallo buscaba además obtener consenso para la firma de un acuerdo marco con la CEE que, como sabemos, se llevó a cabo el 2 de abril de ese año.(7)

Demostrando el respaldo de España al gobierno de Menem, Felipe González realizó en marzo de 1990 una visita a Buenos Aires, durante la cual expresó la intención de su país de poner en vigencia el Tratado, porque “la situación argentina le importa mucho a España”. En una conferencia conjunta en la embajada de España, Menem y González coincidieron en la necesidad de superar “los obstáculos formales” que estaban trabando la puesta en marcha de los acuerdos bilaterales firmados.(8)

A fines de octubre de 1990, el canciller Cavallo se dirigió nuevamente a España a fin de activar créditos e inversiones para la Argentina. Al final de su visita, el Comité Económico Financiero dio su conformidad a diez proyectos argentinos para el sector privado por 21 millones de dólares, y fueron anunciados otros 140 millones de dólares destinados al sector público en las áreas de salud, energía, educación e informática. También la Cancillería española comunicó oficialmente que España no solicitaría visado de entrada a los argentinos, así como a ningún ciudadano latinoamericano a excepción de los cubanos. Asimismo, quedó constituida la Comisión de Alto Nivel para tratar temas de política internacional.(9)

Continuando con la política de atracción de inversiones, en abril de 1991 el nuevo canciller Guido Di Tella realizó una gira por los países de Europa Occidental, a fin de promover las privatizaciones y presentar el Mercosur. En España, su presencia se vio empañada por la repercusión de las publicaciones de la revista española Cambio 16 que habían vinculado a Emir y Amira Yoma, cuñados del presidente Menem, con casos de narcotráfico.(10)

La primera misión del nuevo embajador en la Argentina Rafael Pastor Ridruejo, que inició sus funciones el 24 de abril., fue precisamente recomponer las relaciones bilaterales, que habían sufrido el impacto de las denuncias en Madrid. En su carrera diplomática Pastor Ruidrejo había liberado españoles detenidos por diversos motivos en Tailandia, Perú, Nigeria, Zimbabwe y El Líbano. Además durante su gestión como secretario general para las Comunidades Europeas y coordinador del grupo de Libertad de Circulación-Abolición de Fronteras, había logrado que se aprobara una propuesta propia para que los ciudadanos hispanoamericanos circularan sin visado por los países de la CEE.(11)

En una entrevista publicada por Clarín el 11 de julio, el embajador Pastor Ridruejo calificaba como “un pequeño borroncito en una hoja limpia y abierta” la repercusión del caso Yoma en las relaciones bilaterales. Señaló que ése era un problema judicial que había tenido repercusión en la prensa, como sucedía en todo país democrático, pero no podía hacer nada. No podía interferir sobre el poder judicial español ni el argentino. Lo mejor que se debía hacer, y era lo que estaban haciendo ambos países, era considerar el caso como un tema judicial que tendría la resolución que las leyes determinaran. En cuanto al incidente con un pesquero español,(12) el embajador sostuvo que el hecho de que se cañoneara un pesquero era siempre serio, pero el tema estaba prácticamente cerrado, y había que evitar que se volvieran a producir hechos de ese carácter en el futuro. Pastor reconoció que las relaciones entre Raúl Alfonsín y Felipe González eran

mejores que las que existían entre éste y Menem, debido a que la afinidad ideológica entre los primeros hacía la relación más espontánea. No obstante, las relaciones entre los países no necesitaban obligatoriamente de una afinidad ideológica entre sus líderes. Eso no debía afectar la relación.(13)

Con todo, las negociaciones para facilitar las inversiones fructificaron. El 3 de octubre de 1991 se firmó en Buenos Aires el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, que entraría en vigor en septiembre de 1992.

En el marco proporcionado por el Convenio de Colaboración Industrial y Tecnológica en materia de Defensa firmado en abril de 1989, hubo una serie de contactos durante el gobierno de Menem, apuntados a realizar emprendimientos en la materia. Así, una delegación española de funcionarios técnicos encabezada por el director de Armamento para Asuntos Internacionales, Guillermo Leira Rey, llegó a Buenos Aires en la segunda quincena de diciembre de 1989. La misma se entrevistó con el ministro de Defensa Italo Luder con el objetivo de firmar un convenio de colaboración industrial y tecnológica para el desarrollo y la producción de armamento y material de defensa.(14)

Hubo también contactos entre las autoridades aeronáuticas. En agosto de 1991 se realizó en Madrid una reunión de consulta a fin de examinar cuestiones relacionadas con el desarrollo de los servicios aéreos regulares entre los dos países. A fines de marzo de 1992 llegó a Buenos Aires el jefe del Estado Mayor de Ejército del Aire de España, teniente general Ramón Fernández Sequeiro, invitado por la Fuerza Aérea argentina. Sequeiro se entrevistó con el jefe de la misma, brigadier general José Antonio Juliá, con el ministro de Defensa Antonio Erman González y con otros altos oficiales de la fuerza. El visitante solicitó al titular de Defensa una definición respecto de un crédito blando por 300 millones de dólares que hacía un año había sido ofrecido por España para repotenciar aviones. El gobierno argentino había demorado en contestar porque estaba esperando una respuesta favorable de los Estados Unidos a un pedido de compra de dos escuadrones de aviones F16-C, que nunca llegó. Sequeiro firmó con los brigadieres Alberto Alegría y Héctor Cid un acuerdo por el cual España insistía en el préstamo y ofrecía entrenar a pilotos argentinos. El convenio también preveía el intercambio de oficiales para los cursos de Estado Mayor de ambas escuelas de guerra.(15)

A fines de julio de 1992 el ministro de Defensa González se reunió en Madrid con su par español, Julián García Vargas, para analizar la viabilidad de un proyecto conjunto en materia aeroespacial con fines pacíficos, en la planta del desactivado Cóndor II. También se consideró un pedido de crédito de la Argentina, con el fin de equipar a la Gendarmería y al Ejército de vehículos y aviones para usar en la lucha contra el narcotráfico. Otro asunto abordado fue el del acercamiento profesional de integrantes de las fuerzas armadas de ambos países, por medio de cursos de capacitación y adiestramiento. De hecho, en ese momento estaban en España varios pilotos argentinos que cumplían horas de vuelo y otros que actuaban como instructores de aviones Mirage.(16)

El ministro de Asuntos Exteriores de España Francisco Fernández Ordóñez analizó con su colega Di Tella el estado de las disposiciones del Tratado de Cooperación y Amistad en el marco de la II Reunión de la Comisión de Alto Nivel realizada en Buenos Aires en mayo de 1992. Asimismo, ambos cancilleres consideraron la Iniciativa para las Américas lanzada por la administración Bush; la conferencia sobre Medio Ambiente a realizarse en Río de Janeiro; las relaciones entre los Estados Unidos y Europa, y la situación de Europa del Este. En cuanto a los temas de cooperación estrictamente bilateral, Di Tella y Fernández Ordóñez consideraron

medidas tendientes a promover los de índole científica, tecnológica y cultural; la firma de un nuevo acuerdo de seguridad social, un convenio para evitar la doble imposición, y la situación de los argentinos en España.(17) El Convenio para evitaR la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la Renta y el Patrimonio, se firmó en Madrid el 21 de julio de 1992 y entró en vigor en julio de 1994.

El 28 de febrero de 1994 el presidente Menem inició una visita a España. Fue recibido por los reyes y se entrevistó con el jefe del gobierno Felipe González. El rey Juan Carlos elogió la modernización y la apertura de la economía argentina. La cuestión más difícil de la agenda bilateral –el conflicto Iberia-Aerolíneas Argentinas- fue destrabada sólo parcialmente a través del compromiso de Menem y González de retomar las negociaciones con Iberia para resolver los problemas financieros y operativos de Aerolíneas Argentinas.(18)

En Santiago de Compostela, ante un auditorio de fuertes empresarios y financistas, Menem instó a invertir en la Argentina, porque “estaban dadas todas las condiciones para acceder a oportunidades de negocios”. Señaló también que el Congreso analizaría la semana siguiente el acuerdo pesquero con la Comunidad Europea, acuerdo que era muy esperado por los empresarios de la pesca radicados en Galicia. El presidente negó que existieran trabas para su ratificación. Al finalizar su gira, Menem aseguró a la prensa que el corolario del viaje sería la duplicación de las inversiones españolas en la Argentina, que entre 1989 y 1994 habían ascendido a 6.180 millones de dólares, al calor de la participación hispana en las privatizaciones argentinas.(19)

El 16 y 17 de octubre de 1995 se desarrolló en Bariloche la V Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, de la cual participaron 21 países y contó con la presencia del rey Juan Carlos de España. La crisis social en la región ocupó el centro del debate. En el discurso de inauguración, el presidente Menem señaló que, para enfrentarla, era necesario profundizar los cambios en los sistemas educativos, a fin de privilegiar la instrucción y el trabajo, la tecnología y la producción. A su vez, Felipe González puso de relieve la concertación política entre los países iberoamericanos para salir del estancamiento, pero advirtió que faltaba dar respuesta concreta a los problemas de narcotráfico, corrupción y crecimiento. También pidió poner en marcha un código iberoamericano de seguridad social. Por su parte, el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso resaltó el valor de la educación como agente de cambio y definió a la capacidad de ofrecer empleo como el gran desafío de la región.(20)

La Declaración de Bariloche, firmada al final de la Cumbre, refirmaba la democracia, el respeto a los derechos humanos y la libertad. Reconocía la importancia de que España presidiera el Consejo de Ministros de la Unión Europea para dar un renovado impulso a las relaciones entre América Latina y Europa. Prueba de ello era el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y los Estados miembros del Mercosur para la firma en diciembre siguiente de un Acuerdo Marco Interregional de Cooperación. También lo eran las conversaciones que se habían iniciado con Chile y México para alcanzar acuerdos que profundizaran las relaciones económicas y políticas, y la reciente apertura de un diálogo con Cuba. El documento manifestaba además el interés de continuar profundizando, con el apoyo de España y Portugal, el diálogo institucionalizado entre la Unión Europea y el Grupo de Río, el Pacto Andino y los diálogos de San José con Centroamérica. Reiteraba el compromiso de combatir la corrupción y el consumo, producción y tráfico de drogas y sus delitos conexos. También instaba a adoptar medidas en contra del lavado de dinero, el tráfico de armas y el tráfico ilícito de los precursores químicos. Reafirmaba la condena al terrorismo. Deploraba los ensayos nucleares en particular los realizados en el océano Pacífico, e instaba a los estados a concluir un tratado de prohibición total de los ensayos nucleares. Rechazaba, por último, las medidas coercitivas unilaterales que afectaban el bienestar de los pueblos iberoamericanos.

Finalizada la Cumbre, el rey Juan Carlos viajó a Buenos Aires donde recorrió emprendimentos españoles recientes y fue homenajeado por Menem con un almuerzo. El rey se refirió al protagonismo de las empresas y capitales españoles y a “su contribución pionera al proceso de modernización de la economía argentina”. Mencionó a las empresas de telecomunicaciones, energía, transporte aéreo y terrestre y obras sanitarias, entre otras, que se habían unido a aquellos grupos españoles que tradicionalmente venían desarrollando su actividad en distintos sectores, como la construcción, la pesca y otros.(21)

Además, el canciller Di Tella y el ministro español de Comercio y Turismo, Javier Gómez Navarra Navarrete, firmaron en Buenos Aires el 18 de octubre de 1995 un Acuerdo de Cooperación Económica y Financiera, por el cual España otorgaba créditos por 1.000 millones de dólares destinados a financiar exportaciones de bienes y servicios hacia la Argentina. El acuerdo también permitía la implementación de mecanismos de apoyo a las inversiones privadas y a las Pymes, y la concreción de joint-ventures entre empresas de ambos países. La Compañía Española de Financiamiento del Desarrollo (COFIDES) promovería la creación de empresas conjuntas argentinas y españolas, orientadas a la exportación de bienes y servicios argentinos. El acuerdo entró en vigor el 17 de noviembre de 1997.(22)

El 4 de mayo de 1996 el gobierno español cambió de signo al asumir su jefatura el líder del Partido Popular, José María Aznar. El mes siguiente Aznar y el presidente Menem se entrevistaron en Bélgica. Uno de los temas abordados fue la cuestión de Cuba, sobre la cual tuvieron un acuerdo absoluto. Menem ratificó la posición argentina de rechazo a la ley Helms-Burton que amenazaba a terceros países que comerciaran con la isla, tal como se había votado en la OEA, pero también la decisión de que era necesaria la democracia en Cuba, y que a partir de la posición de Fidel Castro no había habido ningún avance en ese sentido. Desde su llegada al gobierno, Aznar había hecho duras declaraciones contra el régimen de Fidel Castro, hasta el punto de anticipar un vuelco en la tradicional relación cordial entre España y la Cuba socialista iniciada en la época del franquismo, mantenida por los gobiernos centristas de la transición democrática española y durante los catorce años de gestión de Felipe González. Esos gestos de Aznar coincidieron con el proceso de aprobación e implementación norteamericana de la ley Helms-Burton, y con los severos cuestionamientos que mereció esa actitud de Washington de parte de los países latinoamericanos y de la mayoría de los miembros de la Unión Europea, varios de ellos con inversiones en marcha o en proyecto en la isla.(23)

Según el diario La Nación, el objetivo de Menem fue generar una suerte de eje en relación al tema cubano entre Washington, Madrid y Buenos Aires, procurando fortalecer de ese modo su liderazgo en el Mercosur y en el continente en general. El compromiso de Menem en todo caso consistía en insistir en la necesidad de que imperara cuanto antes la democracia en Cuba. Se habría tratado de un gesto político con el cual Menem intentaba colocarse un paso adelante de otros líderes latinoamericanos, más involucrados en problemas domésticos que en cuestiones de política externa.(24)

En agosto de 1996, el secretario de Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas Empresas español, José Manuel Fernández Norniella, declaró que España pondría todos sus esfuerzos para aumentar sus relaciones económicas y comerciales con los países que integraban el Mercosur. Fernández Norniella recalcó que la política del nuevo gobierno de Aznar hacia América Latina seguiría las líneas de la anterior administración, y que se habían dado al Instituto de Comercio Exterior instrucciones muy concretas para aumentar su acción en los países iberoamericanos. Recordó que España era el principal inversor de la Unión Europea en el Mercosur después de Alemania. Las inversiones españolas en el Mercosur se habían multiplicado por diez desde 1992, sobrepasando los 1.000 millones de dólares en 1995, sobre todo en los sectores de las telecomunicaciones y el transporte.(25)

El 15 de enero de 1997 el empresario Carlos Pedro Amar presentaba sus cartas credenciales ante el rey Juan Carlos como nuevo embajador argentino en reemplazo de Guillermo Jacobella, designación que, como se verá más adelante, no había agradado al gobierno de Aznar. En declaraciones al finalizar la ceremonia, el embajador Amar destacó que las relaciones bilaterales entre la Argentina y España atravesaban “inmejorable momento”. Ambos países habían constituido una “privilegiada alianza de intereses” y el estado de confianza entre los dos países permitía fórmulas de apoyo y cooperación mutua en numerosas áreas. Amar puso como ejemplo que las inversiones en la Argentina ascendían a 7.000 millones de dólares y para 1999 se estimaba que esa suma aumentara hasta los 12.000 millones de dólares. El comercio bilateral había experimentado un espectacular crecimiento del 150% entre 1990 y 1995, siendo España el quinto destino de las exportaciones argentinas. El embajador destacó la importancia del proceso de integración del Mercosur y del acuerdo de éste con la Unión Europea. Señaló que el Mercosur actuaba como un dinamizador de las inversiones y la formación de joint-ventures entre empresas pequeñas y medianas de España y la Argentina.(26)

El 20 de abril de 1997 Aznar llegó a la Argentina acompañado de unos 60 empresarios con el objetivo de fortalecer los lazos comerciales. En su primera reunión, Aznar y Menem analizaron el problema de la desocupación que alcanzaba altos niveles en ambos países, repasaron la situación de las relaciones bilaterales e intercambiaron elogios sobre la marcha de la economía en los dos países. Según Aznar, el respaldo a la Argentina se debía a que en los últimos años ésta se había convertido, con 7.000 millones de dólares, en el principal destino mundial de las inversiones exteriores españolas. España concentraba en la Argentina el 25% de las exportaciones a América Latina, lo que la convertía en el principal cliente en la región. Dijo también que la Argentina y España eran “líderes en los procesos de integración” del Mercosur y de la Unión Europea respectivamente. Desde ese rol, Aznar bregó por concretar el año siguiente una cumbre entre los presidentes de ambos bloques económicos para acelerar el proyecto de crear una zona de libre comercio. La misma propuesta había sido formulada el mes anterior por el presidente Chirac de Francia, pero los españoles reclamaban la autoría de la idea.(27)

Más tarde, al hablar ante unos 300 empresarios españoles y argentinos en la Bolsa de Comercio, Aznar ratificó que España iba a seguir el camino de la política de apertura y lo quería hacer unida estrechamente a la Argentina, bien bilateralmente o en el marco de la cooperación Unión Europea-Mercosur. En ese marco, se comprometió a mantener “la apuesta decidida” que España había hecho a favor de la Argentina en 1989, cuando pocos países confiaban en la política económica iniciada por Menem.(28)

La otra cara de la transformación económica realizada por el presidente Menem, que era el alto índice de desocupación alcanzado en la Argentina, surgió en una charla que Aznar mantuvo con residentes españoles en la Argentina, cuyo representante sostuvo que una gran cantidad de ellos no tenía los recursos mínimos para vivir con dignidad. Aznar prometió que España dirigiría su capacidad inversora a la Argentina, un país que merecía la confianza de inversores de todo el mundo, y habló de una España “pujante”, que volcaba en la Argentina más del 15% de sus exportaciones.(29)

Por cierto, la inversión directa de España en América Latina y el Caribe, especialmente a partir de 1994 experimentó una gran expansión, convirtiendo a ese país en el primer inversor europeo en la región en 1997. Los flujos promedio anuales desde España en los primeros seis años de la década estuvieron alrededor de 750 millones de dólares, lo que constituyó un aumento enorme en relación a los 130 millones de la década anterior. Estos flujos se dirigieron particularmente a Sudamérica. Alrededor de un tercio de los flujos acumulados entre 1990 y 1996 se dirigieron al Mercosur, principalmEnte la Argentina con un 27% del total.(30)

Según un informe de la consultora Peat Marwick, las empresas españolas invirtieron en 1996 6.274 millones de dólares en el exterior, 223% más que en 1995. Los principales destinatarios de esos capitales fueron Chile y la Argentina. El primero recibió 1.476 millones de dólares en 1996, en tanto la Argentina obtuvo 818 millones de dólares. En el tercer y cuarto lugar se ubicaban Brasil y Venezuela, con 678 y 667 millones de dólares, respectivamente. El informe de la consultora destacó que las inversiones españolas en la Argentina se incrementaron significativamente a lo largo de 1996, pasando de 355 millones a 818 millones de dólares. En ese momento, el gobierno de Madrid programaba mejorar la inversión de Pymes españolas en la región, en especial de aquellas que suministraban equipos a empresas más grandes de ese origen en Latinoamérica.(31)

En la Argentina el grupo petrolero español Repsol realizó grandes inversiones. En junio de 1996 logró quedarse con el 37% de la petrolera argentina Astra por 360 millones de dólares.(32) A principios de enero de 1997, a través de su controlada Astra, Repsol adquirió el 45% de Pluspetrol Energy S.A. en 340 millones de dólares, convirtiéndose en la cuarta productora de gas de la Argentina. Con ambas adquisiciones Repsol se consolidaba en la producción y comercialización de gas y en la generación de energía eléctrica. Finalmente, en junio de 1999 Repsol adquirió YPF en 3.500 millones de dólares.(33)

Otras grandes empresas que recibieron capital español fueron: Telefónica de Argentina (Telefónica de España/City Corp Equity Investment, CEI 54%); Aerolíneas Argentinas (Iberia 84%); Edenor (Electricité de France 27% y Endesa España 10%); Gas Natural (Gas Natural España 70%), y Repsol-YPF (Repsol 100%). Al adquirir la última, España se convirtió en el principal inversor en las privatizaciones argentinas con un 42%.(34)

Asimismo, las altas tasas y las ventajas de establecerse en el Mercosur atrajeron a los bancos españoles, que adquirieron parte o la totalidad de bancos argentinos. En octubre de 1996 el Banco Bilbao Vizcaya (BBV) compró el 30 % de las acciones del Banco Francés, una de las diez entidades más grandes de la Argentina, que quedó bajo su control.(35) En mayo de 1997 el BBV adquirió el 71% del Banco de Crédito, por 466 millones de dólares. En realidad, el BBV estaba detrás del 100% del paquete del Crédito, pero los accionistas restantes (la familia Santibañes) aún no habían decidido vender. A fines de mayo de 1997, el Banco de Santander acordó la compra de alrededor del 35% del paquete accionario del Banco Río, el brazo financiero del grupo Perez Companc, en 700 millones de dólares, la mayor operación realizada hasta entonces por la compra de una sola empresa. El Santander y el Río fueron fusionados en la Argentina en una única entidad, con activos por más de 10.000 millones de dólares, superando a los también fusionados Francés y Crédito y al Galicia, hasta poco antes número uno entre los bancos privados.(36)

El comercio argentino-español siguió la tendencia de la década del comercio exterior argentino con los países de Europa Occidental, que comenzó con una balanza de saldo positivo para la Argentina en los primeros años para luego invertirse, acusando déficits para el país. No obstante, con España los déficits argentinos fueron mucho menores que con los otros países, llegando en 1999 a tener una balanza comercial casi equilibrada. Las exportaciones argentinas a España fueron en 1990 de 313 millones de dólares y las importaciones de 105 millones. En 1997 se alcanzó el déficit máximo de la década de 650 millones. En 1999 las exportaciones argentinas sumaron 960 millones de dólares y las importaciones 1.000 millones.(37)

La Cancillería argentina consideraba que, desde el retorno a las instituciones democráticas y a su monarquía, España había recuperado una posición de preeminencia internacional que excedía el ámbito de la Unión Europea. Sus importantes inversiones en privatizaciones en la Argentina y su región le auguraban un papel de primera significación para el gobierno argentino. Al igual que con Italia, los consulados argentinos y españoles estaban facultados para proteger a los ciudadanos del otro país en aquellos lugares donde uno de ellos careciera de representación

consular. También como en el caso de Italia, los nacionales españoles residentes en la Argentina estaban facultados para votar en elecciones municipales, así como los argentinos podían hacerlo en las españolas. Por todo ello, España era considerada una de las prioridades de la política exterior argentina.(38)

Las denuncias de corrupción empañan la imagen del gobierno de Menem.

Según un largo artículo publicado por Clarín el 7 de marzo de 1991, dos días antes la televisión española, en su telediario nocturno, había corroborado una reciente información publicada por la revista española Cambio 16 señalando como integrantes de una red internacional dedicada al tráfico de drogas a Emir y Amira Yoma, hermanos de Zulema Yoma, la ex esposa del presidente Menem. Ambos fueron involucrados en el narcotráfico por los detenidos tras la requisa del yate Good Luck, donde se descubrió un cargamento de 540 kilos de cocaína el 26 de noviembre de 1990 en Cabo Verde. En la operación habían sido detenidos dos empresarios españoles y las pistas proporcionadas llevaron luego a la detención en Uruguay del tesorero de la organización, un cubano con documentación aparentemente falsa a nombre de José Lezcano Patiño. En la lista de involucrados fueron incluidos además el coronel sirio Ibrahim Al Ibrahim, ex esposo de Amira Yoma, y el subsecretario de Recursos Hídricos del gobierno argentino, Mario Caserta. Según lo publicado por Cambio 16, los Ministerios de Relaciones Exteriores y Justicia de España, así como la Audiencia Nacional, tenían el caso bajo su órbita. Las acusaciones contra los cuñados de Menem estaban contenidas en el expediente de extradición de Lezcano Patiño. En el artículo periodístico se afirmaba incluso que la justicia española tenía en estudio una orden internacional de detención contra los Yoma, Ibrahim y Caserta. El 6 de marzo el presidente Menem criticó tanto a Cambio 16 como al diario argentino Página/12, que reprodujera la denuncia. “Esto es una conjura contra los Yoma, un ataque contra la familia, y además un tiro por elevación al gobierno”, sostuvo el presidente, quien no ocultó su disgusto por la versión. El mismo día el director de Cambio 16, Juan Tomás de Salas, ratificaba desde Madrid lo publicado.(39)

Tres años después de iniciado el escándalo, en abril de 1994, Amira Yoma fue absuelta por el juez Nerio Bonifati. Según el mismo, de las actuaciones surgía que quien estaba involucrado seriamente en la actividad delictiva investigada era Ibrahim Al Ibrahim y, por ello, quien fuera su mujer también había sido sometida al proceso. En su opinión, no existía ninguna corroboración de los “dichos de lavado”. Como el vínculo matrimonial no necesariamente derivaba en una asociación ilícita, Amira Yoma no era responsable por los hechos que hubiere cometido Ibrahim. Además, cabía diferenciar una sociedad conyugal de una asociación ilícita, dado que tendían a distintos fines intrínsecos, y la sociedad que ellos habían conformado era de índole social y no delictiva.(40)

Por otro lado, el 17 de marzo de 1993 el ex presidente Raúl Alfonsín hizo público su conocimiento sobre un presunto cobro de soborno por parte de Karim Yoma en España, cuando se desempeñaba como secretario de Asuntos Especiales de la Cancillería. En una carta titulada “Los rumores del nido de víboras”, Alfonsín señalaba que, una vez más, frente a posibles imputaciones al gobierno de presumibles actos de corrupción, se procuraba extender el marco de la sospecha sobre funcionarios de la administración anterior, y se pretendía llevar el escándalo sobre toda la cooperación internacional. Sostenía que la Argentina, Italia, España y la comunidad internacional tenían el derecho de saber lo sucedido, por lo cual exigía la investigación a fondo de todos los actos que se habían realizado en la preparación, en la firma y como consecuencia de los tratados firmados con Italia y España durante su gestión.

Alfonsín también solicitaba que se investigaran los actos posteriores al 8 de julio de 1989, y muy especialmente los realizados por parte de la Secretaría de Asuntos Especiales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. El pedido tenía su fundamento pues, en junio de

1990 en Madrid, un grupo de empresarios y funcionarios españoles le habían informado de un modo directo la circunstancia de que el embajador Karim Yoma, secretario de Asuntos Especiales de la Cancillería argentina, habría estado en esos días en España para “unificar” las diligencias, agregando que ese funcionario había pedido una comisión para concretar los “trámites”. No existían elementos suficientes como para hacer una denuncia penal, pero el tema era bastante grave como para permanecer indiferente; por lo tanto el ex presidente se había comprometido ante los españoles a realizar una gestión reservada ante el gobierno argentino. A los pocos días de regresar al país, Alfonsín había hecho llegar al canciller la información recibida en España, junto con la preocupación de que esas circunstancias pudieran dañar el prestigio de la gestión del Ministerio. La semana siguiente, el canciller Cavallo había decidido poner fin a las funciones del embajador Yoma como secretario de Asuntos Especiales.(41)

El mismo 17 de marzo de 1993 en que se publicó la carta de Alfonsín, Karin Yoma envió una carta documento al ex presidente pidiendo que rectificara o ratificara la denuncia formulada en su carta “para iniciarle juicio”. Por su parte, el ex funcionario de la Cancillería radical, Raúl Alconada Sempé, admitió que tanto él como Alfonsín no tenían “ningún elemento de prueba como para efectuar una presentación judicial” por los hechos sobre una presunta comisión solicitada por Karim Yoma en España. En declaraciones efectuadas a La Nación, Alconada Sempé manifestó que la denuncia realizada por Alfonsín obedecía a que dado que el gobierno parecía dispuesto a llevar a cabo una profunda investigación sobre la vinculación argentina con los escándalos en Italia, se le quería dar elementos para apuntara en una dirección.

Por su parte, el ahora ministro de Economía Cavallo sostuvo que Karim Yoma había renunciado “porque teníamos diferentes puntos de vista sobre algunos aspectos de la política exterior...pero no medió de mi parte ninguna sospecha de deshonestidad del entonces embajador Yoma”.(42) A su vez, el presidente Menem afirmó que había dado instrucciones a todos sus ministros para que investigaran los contratos firmados desde 1989 en adelante, con España y otros países, agregando que se iba a ser “totalmente inflexibles” con aquéllos que no hubieran obrado correctamente”.(43)

El 9 de abril de 1993 el embajador de España en la Argentina, Rafael Pastor Ridruejo, reveló que había habido donaciones españolas que habían sido mal empleadas y donde además había habido “lucro personal”, mencionando el caso de un funcionario argentino (al que no identificó) que, por intervenir en un hecho doloso respecto de una donación del gobierno español, había recibido 100.000 dólares e hizo una diferencia de cambio en épocas de hiperinflación. El presidente Menem se sintió molesto “porque Pastor hizo una denuncia sin aclarar nada”.(44)

El tema del narcotráfico volvió a surgir durante la visita de Menem a España. El 1º de marzo de 1994, durante la conferencia de prensa que brindaron conjuntamente Menem y González, se mencionaron las complicaciones de ambos gobiernos con el narcotraficante sirio Monzer Al Kassar. A Menem se le preguntó sobre un poder, firmado en 1990 por el ex ministro de Defensa argentino Humberto Romero, para que Al Kassar utilizara sus buenos oficios a fin de vender tres submarinos argentinos a Polonia. Menem respondió que no tenía conocimiento de que Romero hubiera dado ese poder. González, por su parte, negó también tener conocimiento sobre una gestión de los servicios de inteligencia de su gobierno ante el ex ministro del Interior, José Luis Manzano, para que se le concediera el pasaporte argentino a Al Kassar de manera expeditiva. En las últimas semanas, la prensa española había publicado investigaciones sobre las conexiones de Al Kassar con los servicios de inteligencia locales. El poder concedido por el ex ministro Romero a Al Kassar constaba, sin embargo, en el expediente argentino que le había abierto la justicia española a Al Kassar. Concluida la rueda de prensa, Menem comentó que de haber existido ese poder por parte de Romero, ya no podía “sancionar” al ex ministro. Y dijo que lo concreto era que Al Kassar no había realizado ninguna gestión, que tales submarinos no se habían vendido y que las relaciones con España no se habían visto afectadas por eso.(45)

Otra cuestión que no queda clara fueron los motivos que tuvo el gobierno argentino para designar embajador en España al empresario Carlos Pedro Amar en reemplazo de Guillermo Jacobella. El embajador Jacobella era considerado, tanto por el anterior gobierno de González como por el de Aznar, como un diplomático de carrera de gran eficacia y excelentes vínculos personales con políticos y empresarios españoles. Al trascender el nombramiento de Amar, en varias oportunidades funcionarios españoles habían sugerido a diplomáticos argentinos la conveniencia de mantener a Jacobella. El poco entusiasmo que suscitaba la designación de Amar se debía a que se lo relacionaba con “algunos negocios confusos” en los que habría estado involucrado durante su trayectoria profesional en España. El hecho provocó incluso que en octubre de 1996 se postergara la visita privada que planeaba realizar a la Argentina el presidente Aznar. No obstante, el gobierno argentino insistió en el nombramiento.(46)

2.2. Italia

La relación entre la Argentina e Italia había quedado encuadrada en el Tratado para la Creación de una Relación Asociativa Particular, firmado el 10 de diciembre de 1987 entre el presidente argentino Raúl Alfonsín y el primer ministro italiano Giovanni Goria. Se había convenido allí el establecimiento de relaciones económicas, políticas y sociales de cooperación para el desarrollo, basadas en un mecanismo de asociación, siendo la democracia condición para la profundización de las relaciones bilaterales. El Programa de Apoyo al Desarrollo Económico Argentino debía cumplimentarse entre 1988 y 1992 y las inversiones serían por 5.000 millones de dólares. El Tratado concedía importantes ventajas a Italia, como la adjudicación directa de obras públicas, la concesión a un consorcio de empresas argentinas e italianas de un plazo exclusivo para presentar una oferta para la digitalización de un sector de las telecomunicaciones, y la construcción de una planta de separación de etano. La oposición de algunos legisladores a dichas concesiones demoró la ratificación del Tratado, que finalmente se produjo en octubre de 1988.(47)

No obstante, el progreso del Tratado se vio afectado por dilaciones, sobre todo en cuanto a la participación italiana en obras públicas argentinas, debido a pujas para acceder a los créditos, la presión de las empresas contratistas del Estado, y los presupuestos altos presentados por los italianos inicialmente. Ambos gobiernos debieron redefinir los proyectos para superar los obstáculos.(48)

En su gira por Europa, el canciller Cavallo estuvo el 8 y 9 de febrero de 1990 en Roma, donde mantuvo reuniones con su colega italiano Gianni De Michelis y con el encargado de la ONU para la deuda externa, Bettino Craxi. Cavallo trató con De Michelis el tema de la deuda externa y el viaje del primer ministro Giulio Andreotti a la Argentina a realizarse en marzo. Cavallo declaró que en ocasión de la visita de Andreotti se anunciaría la puesta en marcha de los primeros cinco proyectos del Tratado de Asociación Particular Italo-Argentino que se destinarían a la red telefónica, la extensión de una línea de subterráneos, la usina Costanera, la computarización de los tribunales laborales y la represa de Yacyretá, y supondrían una inversión de 300 millones de dólares.(49)

En Buenos Aires Andreotti respaldó el plan económico del gobierno argentino. Durante su entrevista con el presidente Menem, se firmaron tres protocolos de cooperación complementarios a los suscriptos en 1987, y dos instrumentos de ratificación. En la conferencia de prensa conjunta, Andreotti afirmó que las acciones desarrolladas por el presidente Menem en materia económica eran “justas y necesarias” y que Europa no olvidaba a las naciones de América Latina. “Hay iniciativas de progreso y voluntad de corregir los efectos del pasado”, por lo que, dijo Andreotti, no era “el año cero” para la Argentina.(50)

Poco después, en mayo, llegó a la Argentina el canciller italiano De Michelis, en el contexto de una gira latinoamericana. De Michelis mantuvo contactos con Cavallo, y con el ministro de Obras y Servicios Públicos, José Roberto Dromi. Producto de dichos encuentros fue la firma de un acuerdo por el cual el gobierno italiano otorgaba a la Argentina un crédito de 100 millones de dólares para construir un centro único de control de gasoductos. La obra, a concluirse para 1992, estaría a cargo del Ente Nazionale de Idrocarburi (ENI). Asimismo, Cavallo y De Michelis firmaron el 22 de mayo de 1990 un Acuerdo sobre Promoción y Protección de Inversiones y otro sobre Cooperación en materia de Medio Ambiente. Cavallo anunció además que se había resuelto contratar en forma directa a empresas de capital italiano la realización del sistema telefónico Digi II, destinado a mejorar el tráfico de conmutación entre centrales telefónicas de la Capital y el conurbano bonaerense.(51)

Al leer las supuestas declaraciones de la interventora en ENTEL María Julia Alsogaray en el diario Ambito Financiero, contrarias a otorgar el proyecto Digi II a las empresas italianas, el canciller De Michelis mencionó la posibilidad de revisar los acuerdos con la Argentina, por incumplimiento de lo pactado. La información fue admitida días después por el canciller Cavallo. En su artículo en el diario La Nación, el periodista Mariano Grondona señaló que el canciller De Michelis y la vicecanciller Susana Agnelli habían demandado que ENTEL, pese a su inminente adjudicación a una empresa privada, comprara a una firma italiana el sistema de comunicación Digi II contra un crédito blando que Italia concedía por 135 millones de dólares. El ministro De Michelis había sostenido claramente que, de no accederse al pedido, el estrecho acercamiento existente entre la Argentina e Italia desde el gobierno de Alfonsín, quedaría afectado. A su vez, Agnelli también había censurado abiertamente a la interventora Alsogaray. La oposición de la última a la compra del sistema italiano se basaba en el temor de que los grandes operadores telefónicos internacionales, que competirían por la compra de ENTEL, perdieran interés ante una decisión que los ataba a la tecnología italiana. A diferencia de Alsogaray, al canciller Cavallo le interesaba salvar la relación especial con Italia.(52)

Una semana más tarde, el ministro Dromi transmitió al embajador de Italia en Buenos Aires, Ludovico Incisa di Camerana, una respuesta emitida conjuntamente con la interventora Alsogaray y el subsecretario de Comunicaciones, Raúl Otero, explicando a las autoridades italianas que la privatización de ENTEL resumía un mandato legislativo que no podía verse contrapuesto por “ninguna intromisión contractual” que fuera en oposición a ese objetivo esencial. La respuesta técnica se fundamentaba en el pedido formulado por las siete empresas precalificadas para la privatización de ENTEL, las cuales habían solicitado que en el área múltiple de Buenos Aires (que era donde debía instalarse la red de digitalización propuesta) no se introdujera ninguna novedad, a fin de no complicar más la situación de ese sector del sistema telefónico. Dromi advirtió que la Argentina aceptaba “cálidamente el generoso crédito otorgado por Italia”, pero aclaró que por el momento se le decía que no, por cuanto la política era el arte de lo posible y los italianos tenían que comprender que a 25 días de la adjudicación de ENTEL era incompatible su aceptación. Por su parte, Alsogaray, más categórica que Dromi, sostuvo que el Digi II ya no existía y que debía hablarse más propiamente de un plan de obras alternativo. A su vez, el titular de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas (CADIE), Osvaldo Targón, dijo que el sector acompañaba la posición de la intervención en ENTEL sobre el problema suscitado con la aceptación del Digi II. Targón aclaró que no podía utilizarse todo el crédito italiano en la adquisición de equipos que ya se producían en la Argentina, ya que en ese caso el convenio con Italia no haría más que beneficiar a la industria de ese país en lugar de favorecer el desarrollo de la Argentina.(53)

El malestar provocado en el gobierno italiano por la cuestión se vio agravado posteriormente por la repercusión de las declaraciones del ministro Dromi, quien había censurado ante una comisión parlamentaria la actitud italiana de no haberse presentado a la licitación de la empresa Aerolíneas Argentinas luego de haber pedido prórroga de la misma. En particular, había causado disgusto la definición del ministro en el sentido de que Italia tenía “una actitud extorsiva”. A fin de atenuar el resentimiento, Cavallo afirmó en Roma que el gobierno de Menem consideraba a Italia como “un país sumamente importante para el destino de la Argentina”.(54)

A pesar de los problemas, en octubre de 1990 el canciller Cavallo y el embajador italiano Incisa di Camerana canjearon notas reversales por las cuales se agilizaba y simplificaba el procedimiento para acceder a los créditos italianos destinados a apoyar proyectos de la pequeña y mediana empresa, incluidos en el Tratado de 1887. Dicho procedimiento no debía insumir más de 70 días de trámites, desde la obtención del correspondiente aval bancario. Los créditos eran del tipo de los denominados blandos, de 50 millones de dólares, otorgados por el gobierno de Italia.(55)

Finalmente, los ministros Di Tella y Cavallo hicieron en abril de 1991 una propuesta al primer ministro Andreotti de hacer una “nueva interpretación” de la instrumentación de los créditos previstos en el Tratado de 1987. Los ministros ofrecieron orientar los futuros créditos peninsulares en ese acuerdo, previstos en su mayoría para obras públicas, hacia la privatización de empresas estatales argentinas. Andreotti aceptó tratar la propuesta en la futura reunión de la Comisión encargada de monitorear el acuerdo. El gobierno argentino creía que esa eventual inyección de capitales podría mejorar los precios y las condiciones de compra de las empresas públicas que pasarían a manos privadas. Era también la forma de salvar el Tratado, luego de los problemas surgidos a raíz de la cuestión del Digi II. Di Tella y Cavallo lograron además un compromiso de desembolso de un crédito por 44 millones de dólares para el saneamiento del río Matanza.(56)

El presidente Menem realizó una visita a Italia en los primeros días de octubre de 1992. Los elogios recibidos por Menem eran un signo de que las relaciones bilaterales habían mejorado. En la oportunidad el presidente italiano, Luigi Scalfaro, destacó “los grandes éxitos internos e internacionales de la Argentina” y resaltó su presencia en el Golfo Pérsico, en Yugoslavia y “en las grandes iniciativas en Latinoamérica”. De estas últimas rescató Scalfaro lo que, dijo, era un “no a la guerra”: la declaración de Mendoza sobre armas químicas en el continente”. Scalfaro agregó que se admiraban también los grandes pasos dados por la Argentina en el campo de la economía, para la estabilidad del peso, y en abrir las puertas a lo que Menem había denominado capitalismo humanizado, es decir, una economía popular de mercado al servicio de la persona humana. Menem se entrevistó también con el primer ministro Giuliano Amato, con quien firmó una Declaración Política Conjunta que remarcaba las coincidencias sobre el funcionamiento del sistema internacional.(57)

El 6 de octubre de 1992 se firmaron los siguientes siete acuerdos: 1) El Acta Argentino-Italiana, consistente en una adecuación de los instrumentos de cooperación económica bilateral a los cambios cualitativos registrados en la Argentina; 2) Declaración de Intenciones, que instituía un mecanismo de consulta para el examen conjunto de la situación política internacional y de las cuestiones políticas de interés recíproco; 3) Acuerdo de Cooperación en materia Antártica, que establecía un mecanismo de consultas sobre temas comunes en el contexto del Sistema del Tratado Antártico; 4) Declaración Política sobre Cooperación Antártica, con el fin de potenciar

el nivel de cooperación bilateral entre las áreas científicas y tecnológicas; 5) Acuerdo sobre la Cooperación contra el Terrorismo, el Tráfico Ilícito Internacional de Estupefacientes y la Criminalidad Organizada, que procuraba la asistencia recíproca e intercambio de información; 6) Acuerdo de Cooperación en el campo de la Investigación y el uso del Espacio Ultraterrestre, con el objetivo de impulsar la exploración y utilización del espacio con fines pacíficos; y 7) Convenio de Cooperación en materia de Defensa, firmado por el ministro de Defensa, Antonio Erman González y su colega italiano, Salvo Andó, que disponía la cooperación de las fuerzas armadas y el compromiso de evitar la proliferación de armas de destrucción masiva. González declaró al respecto que este tipo de convenios significaba un importante avance en las posibilidades de adiestramiento para ingresar en el primer mundo, para acceder a las tecnologías que en definitiva iban a significar la modernización de las fuerzas armadas argentinas.

Asimismo, el anuncio de que la Argentina obtenía la reducción de un 20% en las primas de seguros (tasa de riesgo) constituía otra evidencia de que el país quedaba casi en el mismo nivel de confianza que ofrecía cualquier Estado moderno.

A esto había contribuido también la disposición argentina a solucionar el problema de su deuda con Italia. Siempre en el marco de las actas firmadas con el Club de París (diciembre de 1989 y septiembre de 1991), se firmaron acuerdos de consolidación de deuda en Roma el 21 de febrero de 1992, el 30 de marzo de 1993 y el 11 de noviembre de 1993. En octubre de 1993 también comenzó a regir el acuerdo sobre protección de inversiones.

Con todo debe señalarse que el gobierno de Menem era percibido en Italia bajo una doble faz. Por un lado aparecía como modelo de política para sacar a un país de la crisis y por otro se advertían los costos sociales del mismo. Esto pudo observarse durante una visita privada realizada a Buenos Aires por el ex ministro Giulio Andreotti, quien viniera como miembro de Cáritas para asistir a la comida anual de la entidad en noviembre de 1992. Andreotti sostuvo que el gobierno argentino aplicaba una política económico-social que respondía a los postulados de la Iglesia Católica. Señaló también que los políticos de su país estaban muy interesados en la reforma del estado que se realizaba en la Argentina para extraer conclusiones que pudieran servir para Italia, que atravesaba una crisis como consecuencia de la implementación de un plan de ajuste. Sin embargo, Andreotti manifestó también su preocupación por los trabajadores que quedaban desocupados por la privatización de las empresas públicas, y propuso la creación de un gran movimiento de solidaridad y justicia social internacional para luchar contra la pobreza. Las opiniones de Andreotti fueron transmitidas a la prensa luego de una entrevista que el político italiano mantuvo con Menem en la casa de Gobierno. De la entrevista, participaron el obispo de Avellaneda y titular de Cáritas Argentina, Rubén Di Monti; el secretario de la Función Pública Gustavo Beliz, y el ministro de Defensa Antonio Erman González, en su calidad de ex afiliado de la Democracia Cristiana. Cabe recordar que la conducción partidaria de la Democracia Cristiana en la Argentina había expulsado a Erman González de sus filas por considerar que el gobierno no aplicaba una política inspirada en la doctrina social de la Iglesia.(58)

Andreotti participó también de un almuezo en la Cámara de Diputados. Allí sostuvo que no tenía sentido que la Argentina quisiera ingresar “desenganchada” de sus vecinos latinoamericanos a la OTAN. Según el ex ministro, tras la disolución de la Unión Soviética, se debía propiciar la creación de un brazo armado de las ONU para reemplazar todos los mecanismos regionales de defensa, entre ellos la OTAN. El pensamiento en materia militar de Andreotti coincidía con el expuesto por el ministro de Defensa de Francia, Jacques Mellick, quien la semana anterior había dicho en Buenos Aires que la OTAN tendía a desaparecer y debía ser reemplazada por otra estructura de defensa.(59)

El tema del Mercosur y el funcionamiento de la Argentina como probable puerta de entrada de Italia al mercado regional fue el tema central tratado durante el encuentro que mantuvieron en Roma el jefe de Gabinete argentino Jorge Rodríguez y el primer ministro italiano Romano Prodi el 10 de abril de 1997. Se acordó allí fortalecer la relación tanto política como comercial, especialmente la radicación de capitales italianos en la Argentina para estimular a las Pymes. El primer ministro mostró particular interés por la reforma del estado argentino y elogió la evolución económica del país. En cuanto al desarrollo de proyectos en conjunto, Prodi expresó que designaría a investigadores italianos para que colaboraran con el Polo tecnológico Constituyentes (integrado por varios organismos), a fin de aportar tecnología que contribuyera a la transformación de las Pymes argentinas. En este punto, la industria textil y de indumentaria recibiría un especial apoyo de su similar italiana. Como etapa final del viaje, el jefe de Gabinete disertó sobre la visión argentina del libre comercio y su proyección hacia el NAFTA, explicando también el funcionamiento del Mercosur y los futuros planes para la radicación de inversiones extranjeras en la región.(60)

El presidente Menem realizó otra visita a Italia entre el 1º y el 3 de diciembre de 1997. En una comida ofrecida por la Cámara de la Industria Italiana, Menem resaltó su política económica, invitó a los italianos a invertir en la Argentina y anunció la privatización de más de treinta aeropuertos (en los que algunas empresas italianas tenían especial interés). Dijo que la Argentina estaba cada vez más cerca de firmar el tratado de Maastricht y explicó que para ese año se preveía un crecimiento del producto bruto interno del orden del 8%. Menem señaló que era una lástima que los italianos no estuvieran entre los primeros países inversores en el Mercosur, situación que debía ser corregida. El Presidente hizo explícito su objetivo de atraer capitales hacia los países del Mercosur. Como ejemplo de confianza, recordó que en 1997 la industria argentina había crecido un 15%, y sostuvo que el país estaba tan firme económicamente que la crisis del sudeste asiático no lo había afectado. Expresó que la confianza de la gente le había hecho ganar la reelección en 1995, aunque nada apuntó acerca de las últimas elecciones legislativas que no lo habían favorecido. La gran transformación se había realizado sobre la base de los esfuerzos y desafiando huelgas y paros que habían intentado volver al pasado.(61)

En el encuentro con el presidente italiano Scalfaro, Menem insistió en el interés argentino en incrementar el intercambio comercial. Se discutieron los tratados que se firmarían el 3 de diciembre en la ciudad de Bologna y la importancia de las relaciones comerciales bilaterales, dado que Italia era el primer socio europeo en esa materia y el quinto como destinatario de las exportaciones argentinas.(62)

El 3 de diciembre Menem se reunió en Bologna con el primer ministro Prodi. Al cabo de la entrevista se firmó una Declaración Conjunta. El presidente argentino había anunciado que la declaración conjunta incluiría una mención al conflicto por las islas Malvinas. Esto no sucedió así, pero Prodi emitió un comunicado a través de la Cancillería en el que expresaba su esperanza de que el conflicto se solucionara. Según la delegación argentina, el tema no figuró en la declaración conjunta porque Italia no aceptaba mencionar a terceros países en comunicados bilaterales. Otra explicación era la evidente cercanía política y económica que tenía ese país con el Reino Unido, en la Comunidad Europea y en la OTAN.(63)

Ese día también se firmaron varios tratados: un Protocolo modificatorio del Convenio para Evitar la Doble Imposición de 1979 y un Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica, los

cuales entrarían en vigencia recién en marzo y abril de 2001. También se prorrogó por cinco años la vigencia la vigencia del Acuerdo sobre Espacio Ultraterrestre.

Por otra parte, en el comunicado repartido a la prensa ambos mandatarios ratificaban el la decisión de actualizar el Tratado de 1987 para adaptarlo a los cambios producidos en el contexto bilateral e internacional. Menem había obtenido el compromiso de Prodi de favorecer la integración de la Argentina en los organismos que se ocupaban de desarrollos e inversiones como la OCDE. En el ámbito de los organismos multilaterales, la Argentina e Italia reiteraban la exigencia prioritaria de una estrecha cooperación, principalmente en la ONU, con el objetivo de trabajar, entre otras cosas, en aras de una reforma del Consejo de Seguridad inspirada en criterios democráticos y de representatividad de todos los miembros de la Organización. Las operaciones de mantenimiento de la paz y las iniciativas de asistencia humanitaria, entre las que se destacaba la experiencia positiva realizada con la creación de los Cascos Blancos, continuanba siendo uno de los principales sectores para la cooperación. En este marco se situaba, asimismo, la voluntad argentina de desarrollar ulteriormente el diálogo con la OTAN. También se mencionó el esfuerzo conjunto que se haría respecto de la represión de los delitos vinculados con el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

Tanto Menem como Prodi anunciaron que el jefe del gobierno italiano visitaría la Argentina a fines de marzo o principios de abril de 1998. Para entonces, ambas Cancillerías debían haber concluido los detalles de la actualización del tratado, sobre todo para crear líneas de crédito e inversiones directas en el campo de las pequeñas y medianas empresas.(64)

La Nación sostuvo que los diarios italianos habían ignorado la presencia de Menem en su país, con la excepción del Il Messagero, que hacía referencia a su visita y no de la mejor manera. El diario sostenía que la visita de Menem al Papa en octubre no lo había ayudado a ganar las elecciones, y que era incierta la suerte que tendría ahora con los hombres de negocios. Entre los problemas de la Argentina mencionaba el declive del peronismo, los trabajadores no pagados y la corrupción.(65)

En febrero de 1998, el canciller italiano, Lamberto Dini, estuvo en BuEnos Aires. Felicitó al presidente Menem por su decisión de enviar apoyo logístico al Golfo Pérsico, señalando que se trataba de una buena decisión que era apreciada por la comunidad internacional debido a que Saddam Hussein representaba una amenaza para el mundo. El canciller italiano también destacó que su gobierno pretendía reactivar el acuerdo preferencial que Italia y la Argentina habían firmado bajo la gestión alfonsinista en 1987, aunque señaló que debía ser reformulado porque ambos países habían cambiado mucho desde entonces.(66)

El 6 de abril de 1998 el primer ministro Prodi y el presidente Menem firmaron en Buenos Aires el Tratado General de Amistad y Cooperación Privilegiada, que promovía una sociedad entre entidades financieras y bancarias de ambos países, y establecía además las garantías mutuas sobre inversiones privadas y el libre giro de divisas y ganancias de las empresas. Asimismo, el tratado proponía un plan trianual económico de acción conjunta que las Cancillerías de ambos países debían definir en un plazo de 90 días. Respecto de dicho plan, el ministro de Comercio Exterior de Italia, Augusto Fantozzi, sostuvo que los italianos no pensaban sólo en exportar, también pensaban en alianzas y joint ventures. También se firmó un Convenio de Cooperación Cultural. Este comenzó a regir en marzo de 2001 y el anterior en abril del mismo año.(67)

Para la Argentina, el objetivo prioritario del acuerdo firmado era nivelar la balanza comercial que era deficitaria en 1.000 millones de dólares anuales, aunque compensado con el rol de fuerte

inversor de Italia en la Argentina. El intercambio comercial con Italia se aproximó en 1997 a los 2.500 millones de dólares, cifra que se traducía en un crecimiento de más del 300% por ciento en la última década. Varios de los 200 empresarios que acompañaban a Prodi se interesaron por ahondar las inversiones italianas en el rubro de la construcción, sobre todo en el tendido del puente Buenos Aires-Colonia. Otros inversores italianos, como Alenia, querían participar en el proceso de radarización nacional.(68)

Al presentar sus cartas credenciales el 30 de julio de 1998, el nuevo embajador de Italia en Buenos Aires, Giovanni Jannuzzi, se apartó del protocolo para tocar el tema de la denuncia formulada por la empresa del Estado italiano Alenia en contra de funcionarios del gobierno argentino. La empresa había iniciado acciones penales en contra de funcionarios del Ministerio de Defensa argentino por presuntas irregularidades en la licitación del Plan de Radarización. Menem confirmó a Jannuzzi que había recibido un llamado del primer ministro Prodi preocupado por la denuncia de la empresa. También aseguró que la licitación, un negocio de más de 185 millones de pesos, se haría en forma transparente. Jannuzzi aclaró a la prensa que el llamado del presidente Prodi no había sido para pedir la victoria para Alenia, sino que únicamente se buscaba la transparencia de la licitación.(69)

A mediados de noviembre de 1998 el presidente Menem realizó otra visita a Italia, entrevistándose con el primer ministro Massimo D´Alema. El último evitó rodeos y pidió directamente a Menem que garantizara la transparencia en el cuestionado proceso de licitación de radares para los aeropuertos. Según declaraciones del vicecanciller Cisneros, no había habido presión de parte de D’Alema, y Menem había garantizado una competencia franca e igualitaria. También habían surgido los temas de los subsidios europeos a la agricultura y la crisis en el Irak. Menem defendió la posición de Chile en el caso Pinochet.(70)

En el mismo mes el ministro de Industria italiano, Perri Luiggi Bersani, arribó a la Argentina en visita oficial, acompañado por funcionarios de su cartera y empresarios italianos. Italia buscaba acrecentar los lazos comerciales con la Argentina, en vista de que el intercambio comercial superaba los 2.500 millones de dólares. Italia era el país de la Unión Europea que importaba mayor cantidad de productos argentinos.(71)

A fines de marzo de 1999, Menem nuevamente pisaba tierra italiana. Menem firmó con el primer ministro D’Alema una serie de documentos que profundizaban la cooperación bilateral y significaban una virtual ampliación del Tratado de 1998. Los documentos suscriptos en ocasión del encuentro Menem-D’Alema fueron los siguientes: 1) Protocolo sobre Consultas Políticas, lo que significaba contactos más frecuentes entre los dos gobiernos; 2) Protocolo Económico, que impulsaba el intercambio comercial y las inversiones, y abría la posibilidad de créditos para las Pymes argentinas; 3) Declaración Conjunta sobre Cooperación en materia de Salud, firmada por el ministro Alberto Mazza y su par italiana, Rosy Bindi; 4) Memorándum de entendimiento para el establecimiento de un Foro de Diálogo permanente argentino-italiano, como ámbito de reflexión e impulso a la cooperación bilateral, complementario del existente en el plano oficial y en el privado; y 5) Declaración de Intención de Cooperación Espacial entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Agencia Espacial Italiana.(72)

Con todo, el monto total anual del comercio argentino-italiano era algo mayor que con cualquier otro país de Europa Occidental, siendo su evolución a lo largo de la década de 1990 semejante al resto. En 1990 las exportaciones a Italia sumaban 523 millones de dólares y las importaciones 201 millones, lo cual daba un balance favorable a la Argentina de 322 millones. Al igual que con los demás países de Europa Occidental, a partir de 1992 la balanza comercial se tornó desfavorable para la Argentina. El pico se produjo en 1997 con exportaciones por valor de 730 millones e importaciones por valor de 1.747 millones, lo cual hizo ascender el déficit argentino

a 1.012 millones. En 1999, el mismo había logrado reducirse a 666 millones, siendo las exportaciones de 689 millones y las importaciones de 1.355 millones. Los rubros más importantes exportados por la Argentina eran alimentos para animales, pieles y cueros; luego seguían pescados, lanas, frutos comestibles, carnes, y oleaginosas. Las importaciones, en cambio, eran productos de gran valor agregado, como calderas, máquinas y artefactos mecánicos; automóviles y tractores, y aparatos eléctricos.(73)

Las empresas más importantes de capitales italianos en la Argentina eran el Grupo Fiat, Fiat Auto Argentina, y la petrolera Camuzzi Argentina, de las que aquéllos poseían el 100%. También dichos capitales tenían una participación junto con France Telecom del 45% en Telecom Argentina.

A mediados de 1996 se produjeron una serie de anuncios de nuevas inversiones italianas en la Argentina. Así, en agosto se supo que la multinacional italiana Ferrero invertiría 50 millones en una fábrica de golosinas.(74) En septiembre, el Ente Nazionale di Idrocarburi (ENI) confirmó su regreso a la Argentina para desarrollar una serie de inversiones en el sector petrolero, en la actividad gasífera y en la producción de fertilizantes. La decisión de volver a invertir en el país fue tomada por las posibilididades de negocios que se presentaban y por la posición estratégica que tenía la Argentina en el Mercosur.(75) En noviembre, la familia Benetton se aprestaba a incrementar sus inversiones agropecuarias en la Argentina, que superaban los 80 millones de pesos, con la instalación de un frigorífico en Río Gallegos que procesaría carne ovina. Se estudiaba, además, la posibilidad de instalar un lavadero de lanas en Trelew (Chubut), donde se contrataban esos servicios para el 75% de su producción patagónica (1.200.000 kilos anuales) que exportaba a Italia para su industrialización. La producción lanera argentina del grupo se había duplicado en los últimos 4 años, pero sólo aportaba el 10% de la lana que Benetton utilizaba para su indumentaria, ya que el grueso –70%- provenía de Australia; 15% de Nueva Zelanda y el resto de otros países.(76)

Al inaugurar en diciembre de 1996 su nueva planta en Córdoba, la Fiat anunció que facturaría 2.200 millones de dólares en 1997 en la Argentina, con una producción estimada en 120 mil unidades en el establecimiento de Ferreyra, en el conurbano de la capital provincial. La planta, que había demandado una inversión de 600 millones de dólares, ocuparía a 5.000 personas en forma directa y a 12.000 si se contaban las empresas proveedoras.(77)

Con motivo de la visita de Menem a Italia en diciembre de 1997, el diario La Nación publicó algunos datos sobre las inversiones italianas en la Argentina. Las empresas italianas habían invertido 523 millones de dólares en 1994, 700 millones en 1995 y aproximadamente 1.121 millones en 1996. En 1997 las telecomunicaciones habían sido el sector predilecto de las inversiones italianas, las cuales ascendían a 244 millones de dólares. Un informe de la Fundación Invertir, citado por el diario, revelaba que durante 1997 la inversión italiana anunciada en la Argentina había ascendido a 392 millones de dólares, mientras que la inversión acumulada durante el período 1994-1997 había trepado a los 2.737 millones de dólares. De esa cifra, el sector de las telecomunicaciones había recibido 46,8%, mientras el automotor y las autopartistas se llevaron 33,6% y la construcción y el material de construcción, 10,1%. En cuanto a las inversiones planificadas por los capitales italianos para el período 1998-2000, el estudio de la Fundación Invertir pronosticaba que las mismas ascenderían a los 1.201 millones de dólares. El sector de construcción y material de construcción encabezaba la lista de inversiones proyectadas con 852 millones de dólares, seguido por las automotores y los autopartistas con 237 millones de dólares y las telecomunicaciones con 100 millones.(78)

La evaluación de la Cancillería argentina respecto de las relaciones con Italia señalaba que, al igual que con España, eran excelentes. Los cónsules tenían la misma facultad ya citada para el caso español, y asimismo los nacionales italianos podían votar en las elecciones municipales argentinas y viceversa. La excelencia de las relaciones bilaterales no significaba que no hubiera desacuerdos. Se señalaba además que Italia era el único país con el que se había firmado un Tratado General de Amistad y Cooperación Privilegiadas (abril de 1998), por el cual se había instituido un sistema de consultas políticas a muy alto nivel, presididas por los presidentes o los cancilleres en su representación. También se había establecido un programa de cooperación económica que estaba en vías de lanzamiento. Se mencionaba también como otro aspecto fundamental el nivel de inversiones italianas en la Argentina, que desde 1994 a 1997 registraban un total de 2.737 millones de dólares en distintos sectores, desde la inversión industrial con alto contenido estratégico de acceso a mercados regionales hasta la simple inversión individual.(79)

2.3. Francia

A pesar de los esfuerzos realizados, el gobierno de Alfonsín sólo pudo lograr del gobierno francés un claro apoyo político a la democracia; en cambio, las inversiones francesas en la Argentina fueron desalentadas, en virtud de la incertidumbre producida por la falta de estabilidad económica.(80)

Luego de su entrevista con su colega francés Roland Dumas en febrero de 1990, el canciller Cavallo sostuvo que había explicado las líneas del gobierno del presidente Menem en materia de política exterior, así como los proyectos de transformación económica de la Argentina, que estaba tratando de integrarse al mundo. Cavallo reconoció que las negociaciones con el Reino Unido para la reanudación de relaciones diplomáticas habían permitido tramitar paralelamente el acuerdo de cooperación comercial y económica con la CEE. También explicó que la política argentina apuntaba a recibir inversiones de todo el mundo y que el gobierno argentino estaba impulsando una reorganización económica interna como la de las naciones europeas después de la guerra mundial. Cavallo afirmó asimismo que a partir de 1990 la Argentina cumpliría los compromisos de su deuda pública externa asumidos con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París.(81) Las negociaciones con el último habían finalizado a fines de 1989, y el gobierno argentino debía suscribir acuerdos bilaterales con cada uno de sus integrantes. Con Francia esto se vio concretado paulatinamente, por medio de acuerdos de consolidación de deuda que el gobierno argentino firmó en septiembre de 1990, en mayo de 1992 y en abril de 1993.

Las deliberaciones de la Tercera Reunión de la Comisión General Franco-Argentina se realizaron en Buenos Aires a fines de noviembre de 1990, asistiendo a las mismas la ministra delegada de Asuntos Exteriores de Francia, Edwige Avice. En su discurso de inauguración, el canciller Cavallo alentó al sector público francés a continuar participando del proceso de transformación de la economía argentina. La cooperación para mejorar aspectos de la gestión pública fue también uno de los temas tratados. Los acuerdos más importantes alcanzados en la ocasión apuntaron a restablecer condiciones de crédito más normales para la Argentina e incrementar los intercambios culturales y económicos entre los dos países. También se rubricaron acuerdos de inversión privada en materias tan diversas como la red de comunicaciones por microondas en el norte de la Argentina (con la empresa Alcatel); equipos para la futura central energética de Piedra del Aguila; producción de gas natural en yacimientos off shore en Tierra del Fuego (Total); turbinas para Yacyretá (Altshom); tratamiento de usinas térmicas, y extensión de redes de subterráneos.(82)

Lo logrado en Buenos Aires fue complementado con la firma en París, en julio de 1991, de un Acuerdo para la promoción y la protección recíproca de las Inversiones (éste comenzaría a regir en marzo de 1993) y una Convención de Cooperación Judicial.

Sin embargo, pronto comenzaron a surgir problemas derivados de la modalidad elegida por el gobierno de Menem de la contratación directa de obras o servicios. A mediados de junio de 1991 el ministro del Interior argentino, Julio Mera Figueroa, se refirió a los cuestionamientos al contrato para la provisión de nuevos documentos de identidad, señalando que eran “indebidos” y hacían quedar mal al país con el gobierno de Francia. La adjudicación a la empresa mixta Sociedad de Exportación del Ministerio del Interior de Francia (Sofremi), para instrumentar un sistema computadorizado para la identificación de personas se había hecho en forma directa sobre la base de un convenio entre gobiernos. El titular de la Federación Argentina de Informática, Jorge Casino, señaló que esa adjudicación había sido “un error o una imprudencia, cometidos por la tozudez” de Mera Figueroa. El acuerdo preveía que Sofremi entregara 3.300.000 documentos por año, a 4,46 dólares por unidad. Casino sostuvo que una empresa local podía hacer el mismo trabajo por 3 dólares.(83)

El 14 de junio el encargado de negocios de la Embajada de Francia, Jean Blarel, expresó al ministro Mera Figueroa la preocupación de su gobierno ante los cuestionamientos realizados al contrato suscripto con la empresa Sofremi. Mera Figueroa aseguró a Blarel que el contrato se cumpliría estrictamente.(84)

A pesar de ello, el juez Oscar Garzón Funes tomo la resolución de anular el contrato junto con el decreto 603, del 4 de abril de 1991, por los cuales se había adjudicado de modo directo la confección de los DNI a Sofremi. Esto significaba el pago de 16 millones de dólares en concepto de indemnización a la empresa francesa por el Registro Nacional de las Personas. El ministro Mera Figueroa viajó a París de inmediato, anunciando desde allí el 1º de agosto que Francia estaba dispuesta a aceptar una prórroga e inclusive a revisar algunas cláusulas del contrato.(85)

Por cierto, la anulación dispuesta por el juez Garzón Funes fue el corolario de una ola de críticas provenientes de empresas nacionales y norteamericanas que se sentían en condiciones de fabricar un DNI informatizado a precio menor que el francés. El Tribunal de Cuentas de la Nación hizo severas observaciones, y en la sesión de la Cámara de Diputados correspondiente al 31 de julio de 1991 sólo el bloque justicialista se opuso al proyecto del radical José Alberto Furque para interpelar al ministro Mera Figueroa. En la votación, el PJ perdió por 97 a 74 y, si bien la oposición no llegó a los dos tercios necesarios para llevar a la práctica su propósito, llamó la atención la dureza de algunos expositores. Entre ellos, el ucedeísta Francisco de Durañona y Vedia (“nada gana el ministro con obstaculizar una clara atribución del Parlamento”) y el radical José Gabriel Dumón (“esto es una vergüenza nacional”). Además de las condiciones mencionadas, los legisladores cuestionaban la garantía otorgada a Sofremi de un cobro anual por no menos de 3 millones de documentos, se hiciera o no efectivamente esa cantidad. Esta garantía quedaría respaldada por un aval oficial de 18 millones de dólares, a ser depositado en Nueva York a través del Banco de la Nación Argentina. Asimismo, se censuraban otras ventajas excepcionales concedidas, como el no pago de derechos de importación, aranceles consulares, IVA, impuesto a los sellos y a las ganancias.(86)

El 2 de agosto de 1991 la embajada francesa en Buenos Aires informó en un comunicado que los ministros del Interior argentino y francés, Mera Figueroa y Philipe Marchand, habían acordado en París la prórroga hasta el 15 de septiembre del plazo para instrumentar el acuerdo sobre la provisión de DNI. De este modo, el gobierno argentino prorrogó también hasta esa fecha el plazo para hacer efectiva la garantía de 18 millones de dólares pactada con Sofremi. A

su vez, el presidente Menem calificó de “absurda injerencia del Poder Judicial” la anulación del contrato por parte del juez Garzón Funes. Al referirse al viaje del ministro del Interior Mera Figueroa a Francia, Menem dijo que había ido a pedir una prórroga para no caer en mora en el cumplimiento de las obligaciones del convenio, que ya estaba firmado. Por su parte, Mera Figueroa renovó sus críticas al juez Garzón Funes, señalando que su dictamen no tenía fundamento, y manifestó su confianza en que el tema se resolvería favorablemente para el gobierno en las instancias judiciales superiores.(87)

El 7 de agosto de 1991 el gobierno argentino apeló ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal el fallo del juez Garzón Funes. Por su parte, el último justificó su fallo diciendo que había entendido que el contrato y el decreto eran nulos y así los había declarado. Señaló también que las ventajas otorgadas a la empresa adjudicataria eran desproporcionadas.(88)

El 13 de agosto asumía como ministro del Interior José Luis Manzano en reemplazo de Mera Figueroa, siendo evidente la renuncia de éste por la cuestión de los DNI. Manzano manifestó que había dado instrucciones para que se estudiara una manera de desistir del contrato con Francia sin crear problemas en la relación entre los estados”.(89)

Al día siguiente Manzano declaró que el gobierno había ratificado su decisión de rescindir el contrato con Sofremi. En consecuencia, se había comunicado al fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Jorge Pinzón, la voluntad política de anular lo actuado por el ex ministro Mera Figueroa. Asimismo, Manzano indicó que el gobierno estaba estudiando la forma de rescindir el contrato de forma que no resultara gravoso para el estado. Confiaba en que no lo sería, ya que el contrato no había sido ratificado por el Congreso.(90)

El 20 de agosto el ministro Manzano y el embajador de Francia, Pierre Decamps, analizaron la decisión del gobierno argentino de no proseguir con el contrato firmado con la empresa Sofremi para proveer los nuevos DNI. Manzano le explicó al jefe de la misión diplomática que había mucha resistencia en el Congreso argentino para que prosperara el contrato. Ambos funcionarios acordaron nuevas reuniones a fin de encontrar fórmulas para “destrabar jurídica y económicamente” el contrato.(91)

En febrero de 1992 el presidente Menem realizó un viaje a Estrasburgo, Bruselas y París a fin de recuperar la imagen argentina en Europa Occidental y realizar contactos entre empresarios argentinos y europeos. A pesar del problema con Sofremi, la visita a Francia, que se extendió del 17 al 19 de febrero, tuvo un saldo positivo. En la entrevista con su par francés, François Mitterrand, Menem planteó la necesidad de eliminar los subsidios agrícolas, el tema más espinoso de la relación bilateral dado que, por su condición de país agrícola, Francia era uno de los más firmes defensores de la política proteccionista. También se trató el posible incremento de inversiones francesas en la Argentina. El presidente francés tuvo con Menem un gesto singular: mientras conversaban Mitterrand hizo llamar a un asesor, a quien le pidió que se comunicara con Michel Camdessus (titular del Fondo Monetario Internacional) para transmitirle su especial interés en que la Argentina solucionara el problema de la deuda externa. Menem también tocó el tema de los subsidios agrícolas con el alcalde de París, Jacques Chirac, señalando que la Argentina se hallaba en medio de un tironeo entre europeos y norteamericanos, quienes se atribuían recíprocamente la responsabilidad por la situación.(92)

El presidente Menem sorprendió a la primera ministra francesa, Edith Cresson, al proponer a la Argentina y a otros países exportadores de productos agrícolas como mediadores en la disputa entre Europa y los Estados Unidos por las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT. Durante la entrevista, el presidente argentino volvió a formular objeciones a la política agrícola europea, y a señalar que la disputa entre el Viejo Continente y los Estados Unidos perjudicaba a los países en desarrollo y en especial a la Argentina. Con todo, el presidente Mitterrand concurrió a la recepción oficial ofrecida por Menem a las autoridades del gobierno galo, lo cual fue interpretado como un claro acto político destinado a hacer evidente y pública su intención de mantener una relación bilateral de relevancia con el gobierno argentino.(93)

En su último día de visita a Francia, el presidente Menem conversó con el ministro de Defensa francés, Pierre Joxe, quedando comprometido el intercambio de oficiales para su formación y el apoyo de equipos franceses -aunque no de armas- para las fuerzas armadas argentinas.(94)

A fines de septiembre de 1992 el canciller Di Tella viajó a París con motivo de la IV Reunión de la Comisión General Franco-Argentina. El 28 de septiembre Di Tella y su colega francés, Roland Dumas, firmaron una Declaración de Intención relativa a la Cooperación Nuclear, asumiendo el compromiso de iniciar lo más rápidamente posible negociaciones para la conclusión de un acuerdo de cooperación en la utilización de la energía nuclear con fines exclusivamente pacíficos. Di Tella precisó que la Argentina estaba particularmente interesada en la tecnología nuclear en el campo médico. La Comisión acordó también intensificar sus proyectos de cooperación económica, técnica, cultural y científica.(95)

Un informe de la Cancillería argentina evaluaba en 1993 que en los dos últimos años la relación con Francia había crecido significativamente. Las inversiones francesas en la Argentina, atraídas principalmente por el programa de privatizaciones, iban en camino de superar los 600 millones de dólares para fin de ese año. Un acuerdo de cooperación y asistencia técnica suscripto por la Comisión Nacional de Valores con la Comisión de Operaciones de Bolsa de Francia ayudaría a incrementar el flujo de recursos financieros hacia la Argentina. Lo mismo haría la entrada en vigor del Tratado para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones. Las inversiones habían generado un aumento sustantivo del comercio bilateral.(96)

El 21 de abril de 1994 se firmó en Buenos Aires el Acuerdo de Cooperación para la utilización con fines exclusivamente pacíficos y no explosivos de la Energía Nuclear. Este entraría en vigor, previa ratificación, en julio de 1996. A fines de octubre de 1994 también se desarrolló en esa ciudad la V Reunión de la Comisión General Franco-Argentina. Para asistir a la misma llegó a la Argentina Alain Juppé, ministro francés de Relaciones Exteriores y secretario general del movimiento neogaullista Unión para la República, (principal fuerza de oposición que cohabitaba en el poder con el presidente socialista Mitterrand). Juppé y Di Tella presidieron las sesiones de la Comisión, que examinó temas políticos, económicos, culturales y de cooperación científico-técnica. El canciller francés mantuvo contactos con el presidente Menem y los ministros de Economía Cavallo y de Educación Jorge Rodríguez. Los objetivos más importantes de Juppé fueron incrementar la cooperación bilateral y resolver el problema de las visas (Francia era en ese momento el único país de la Unión Europea que exigía visas a los argentinos).(97) El 26 de octubre de 1994 se firmaron varios documentos: un Protocolo que establecía la ejecución provisoria del acuerdo de cooperación respecto de la energía nuclear firmado en abril de ese año; una Carta de Intención relativa a la Cooperación Científica y Técnica, y un Memorándum de Entendimiento sobre Consultas Políticas Periódicas de Alto Nivel. El acuerdo que eliminaba el visado se firmó finalmente el 20 de diciembre de 1994.

Al mismo tiempo, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Felipe Solá, negociaba en París con su par, Jean Puech, los detalles de un acuerdo de cooperación tecnológica firmado en junio de 1994. Dicho acuerdo comprendía la implementación de varios proyectos: a) el montaje

de satélites para obtener información en tiempo real sobre los barcos que pescaban en aguas territoriales; b) la mejora de la genética del trigo en la Pampa Húmeda, dado que en Francia se obtenían rindes que eran el doble de los argentinos, y c) un programa especial para el mejoramiento de la genética animal que permitiría obtener carnes menos grasosas. Los franceses buscaban convertirse en proveedores de semillas y embriones para la Argentina. También instalarían una planta piloto para producir combustible a base de maíz o de aceite de Colza. Todo indicaba que querían intensificar sus inversiones agroindustriales. El acuerdo le permitiría a Francia vender su tecnología, y a los argentinos exportar el know how sobre la cría de animales de campo. Los franceses necesitaban reducir el stock de carnes y habían descubierto que la ganadería a corral generaba polución.(98)

A comienzos de noviembre de 1994 el presidente Menem aclaró que no iba a aceptar presiones, en referencia a las gestiones que realizaban cinco diplomáticos europeos para mejorar la situación de las empresas de Francia, España, Italia, Bélgica y el Reino Unido que habían comprado compañías públicas. El lobby, encabezado por Electricité de France, se sumaba a la puja dentro del gobierno argentino de proyectos respaldados por funcionarios y ex funcionarios para modificar las tareas que debían prestar los entes controladores de compañías, cuya facturación superaba los 4.000 millones de dólares anuales. Los embajadores mencionados habían pedido una entrevista a Menem con el objetivo declarado de quejarse por el trato de los entes reguladores y sugerir modificaciones en las reglas de juego. Menem había derivado el asunto a la Cancillería y era el ministro Di Tella quien recibiría a los diplomáticos.(99)

El presidente Menem realizó otra visita a Francia entre el 26 y el 28 de febrero de 1996. La misma se llevó a cabo en el contexto de la denuncia realizada tres días antes por el marino argentino Adolfo Scilingo sobre la suerte corrida por las monjas francesas secuestradas en 1997, las cuales habían sido arrojadas al Río de la Plata desde un avión en uno de los denominados “vuelos de la muerte”. El presidente argentino declaró antes de partir de la Argentina que dicha denuncia “no molestaba en lo más mínimo”. No obstante, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia había reiterado que el asesinato de las monjas no se había olvidado y que la condena a perpetuidad realizada en ausencia del capitán Astiz seguía vigente.(100)

Por otra parte, en una entrevista que el diario Le Monde hiciera al presidente Menem con motivo de su viaje, el mismo aseguró que la Argentina era uno de los países menos corruptos del mundo, agregando que gracias a su gestión esa forma de delito en el nivel estructural había desaparecido. También definió como lucubraciones las afirmaciones del periodista sobre la existencia de una fuerte pobreza en el interior de la Argentina, sosteniendo que cuando llegó al gobierno ésa era del 39% mientras que ahora según su propia estimación se ubicaba en el 13%.(101)

Finalmente en el ámbito oficial de la visita el caso Astiz no apareció. El tema no surgió durante la sesión del Consejo de la OCDE, ni en el almuerzo en el Elíseo con el presidente Jacques Chirac, ni en la disertación en la Sorbona. Fuera de ese ámbito en cambio no se habló de otra cosa. La cuestión de la muerte de las monjas fue motivo de notas en los diarios, la televisión y las radios de Francia. Un grupo de académicos e investigadores argentinos radicados en Francia enviaron una carta a la rectora de la Universidad de París repudiando la entrega a Menem de la medalla de la Chancellerie des Universités de Paris (102).

Las buena noticia para Menem fue que Chirac accedió a otorgar el apoyo francés al ingreso de la Argentina en la OCDE. La estrategia del gobierno argentino apuntaba a tener alguna participación en los organismos internos del grupo de países ricos para poder ser algún día miembro de pleno derecho. En ese sentido, la Argentina había ingresado como observadora en los comités de Comercio y de Inversiones Multinacionales, dos instancias a las que excepto Chile, que seguía una estrategia similar, sólo tenían acceso 25 países miembros. Tras su

alocución, el presidente argentino recogió los apoyos verbales a una eventual membrecía de los Estados Unidos, Reino Unido, Austria, Francia, España e Italia. Japón, en cambio, mantuvo un elocuente silencio.(103)

En el almuerzo con que Chirac homenajeó a Menem, el primero señaló el interés de las empresas francesas EDF en Yacyretá, la estatal Thomson en la radarización de los aeropuertos argentinos, y la firma Aeropuertos de París por su gestión. Menem le subrayó la posibilidad de inversiones en las centrales nucleares e invitó al presidente francés a visitar la Argentina.(104)

Cabe señalar que existió un contraste entre el éxito oficial de la visita del presidente Menem a Francia y su repercusión pública. Los compromisos de su agenda estuvieron plagados de elogios para los logros de su administración. El ministro francés Jean Arthuis dijo tras una entrevista con Menem que había venido a “rendir homenaje al modelo argentino”, lo que permitiría dar nuevo impulso a la asociación entre los dos países, anunciando que el ministro de Finanzas y Comercio Exterior Yves Galland viajaría a la Argentina en octubre para poner en marcha el proceso. Asimismo, en un almuerzo organizado por el Patronato Francés (la mayor representación empresarial francesa) los elogios a la política económica de Menem fueron explícitos. Un directivo retirado de la empresa Total y miembro de la Comisión Europea dijo que Menem había hecho con sus reformas en la Argentina “lo extraordinario”. No obstante, algunos de los asistentes expresaron dudas sobre el futuro, especialmente en lo relativo a la situación de las provincias y la inseguridad jurídica. Por su parte, el diario Le Figaro denunció la corrupción gubernamental.(105)

Por último, durante la visita el 26 de febrero de 1996 se firmaron dos documentos: un Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica en el campo de la utilización pacífica de la Energía Nuclear y un Convenio Marco de Cooperación en el campo de la Actividad Espacial.

Con la intención de promover el desembarco económico francés en el mercado abierto del Mercosur, el presidente Jacques Chirac emprendió una gira por los países miembros del bloque regional (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y sus asociados Chile y Bolivia, en marzo de 1997. Acompañó al presidente francés una delegación empresarial de primer nivel. Francia, que se había convertido desde 1989 en el primer inversor externo en el modelo económico de Menem, con unos 6.500 millones de dólares, buscaba consolidar su posición en el mercado local con la captación de nuevos negocios. En la mira de las empresas francesas figuraban sobre todo las obras de infraestructura pendientes como la privatización de los aeropuertos, el puente Buenos Aires-Colonia, el plan de radarización y la concesión de la represa de Yacyretá.(106)

La importancia de la visita podía evaluarse respecto de cinco aspectos: a) el meramente simbólico que siempre tenía la presencia de los jefes de Estado; b) el respaldo de Chirac, como representante de Francia y Europa, al Mercosur; c) el elogio del mandatario francés a las transformaciones económicas argentinas y el interés de los inversores galos en el mercado argentino; d) la propuesta del presidente francés de encarar un programa de reequipamiento militar para las fuerzas armadas, y d) el énfasis en los lazos culturales comunes francoargentinos.

En su reunión con Menem, Chirac reiteró la idea, que ya había lanzado en su gira por Sudamérica, de realizar una reunión de presidentes de América latina y de la Unión Europea en 1998. Menem aceptó la idea, pero señaló que debían afianzarse las relaciones políticas entre el Mercosur y la Unión Europea, tras el acuerdo marco firmado en 1995 para crear una zona de libre comercio. El mensaje apuntaba a que Chirac gestionara su ratificación por el Parlamento francés. Menem ofreció a Chirac “cualquier ciudad de la Argentina” para hacer esa cumbre y, ante la propuesta, acordaron crear una comisión de seguimiento de la cuestión.(107)

El presidente argentino pidió que Francia tratara de equilibrar la balanza comercial bilateral, cuyo déficit para la Argentina desde 1991 sumaba casi 4.000 millones de dólares. Menem señaló que la Argentina tenía muy reducida participación en el comercio exterior de Francia: ocupaba el lugar 50 entre los abastecedores y el 45 como destino, mientras que Francia, para la Argentina, ocupaba el sitio 19 y el quinto, respectivamente. Estos problemas fueron abordados por funcionarios del gobierno argentino y miembros de la comitiva de Chirac. Según fuentes de la Cancillería, durante esos encuentros se acordó que el gobierno de Francia alentaría el viaje de importadores franceses a Buenos Aires para analizar las posibilidades de equilibrar la balanza. También se convino dar una quinta frecuencia de vuelo semanal a Air France entre Buenos Aires y París. El gobierno de Chirac se comprometió a apoyar la candidatura argentina a miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el período 1999-2000.

Por otro lado, Chirac transmitió a Menem el interés de la industria armamentista de su país en un programa de reequipamiento militar para las fuerzas armadas argentinas. La propuesta fue aceptada de inmediato y el presidente instruyó al ministro de Defensa Jorge Domínguez a agregar en su próximo viaje a Chipre una escala en París para analizar la cuestión con su par francés.(108) En los últimos tiempos, los militares argentinos habían alertado sobre la situación de “indefensión” de las fuerzas armadas. Como estaba previsto, el ministro Domínguez se entrevistó con su colega Charles Millón, pero del encuentro sólo trascendió que se habían considerado los alcances de una misión francesa que vendría a la Argentina. En la embajada argentina, el ministro recibió a los más altos representantes de las empresas Dassault, Matrá, Thomson S.C.F., Aerospatiale, Panhard, y D.C.N.LOC, la mayoría de las cuales fabricaba material de uso habitual en la Fuerza Aérea y en la Armada.(109)

A fines de julio de 1997 dejaba el país el embajador francés Renaud Vignal. Para entonces, las relaciones bilaterales acusaban un crecimiento del comercio, las inversiones, las asociaciones, los joint-ventures, la participación en las privatizaciones y las líneas de crédito. Durante la gestión de Vignal se habían firmado por lo menos 7 acuerdos importantes: a) un acuerdo de cooperación que creó una comisión mixta muy dinamizadora del intercambio; b) un convenio para evitar la doble imposición; c) un acuerdo de promoción y protección de inversiones, necesario para generar una corriente fluida de las mismas; d) un convenio de cooperación agrícola, elemento principal de las expectativas de la Argentina frente a la Unión Europea; e) un acuerdo sobre turismo, y por último, se estaba negociando un convenio de cooperación aduanera, muy importante para un país que había cuadruplicado su comercio exterior en siete años.

En el discurso de despedida del embajador, el vicecanciller Cisneros puso de relieve el papel cumplido por Francia en las negociaciones del Acuerdo Marco de Cooperación entre la Unión Europea y el Mercosur firmado en diciembre de 1995. A pesar de sus diferencias con países como la Argentina, Francia había votado por la inclusión de la cuestión agrícola. De esa manera, había evitado condicionar su relación con el Mercosur a un interés sectorial, privilegiando al mismo tiempo la capacidad estratégica de operar a nivel mundial con el NAFTA, el Asia emergente y la propia Unión Europea. El ejemplo de Francia, que mantenía su identidad pero participaba activamente del proceso económico y tecnológico cada vez más globalizante, era considerado un aporte importante para la Argentina, involucrada en la globalización a través de un regionalismo abierto y que pretendía mantener abiertas todas sus opciones para jugar su papel individual en el mundo.(110)

En junio de 1998 Menem volvió a reunirse con Chirac en París antes del primer partido del campeonato mundial de fútbol. El presidente francés elogió la gestión del mandatario argentino. A su vez Menem recordó que Chirac había prometido recomendar a los mandatarios europeos

que invirtieran en la Argentina, y aseguró que el eje de la cita había girado en torno a la importancia y el avance del proceso de integración en todo el continente americano. Chirac acotó que la Unión Europea tenía gran confianza en el porvenir del Mercosur, destacando que su país era el primer inversionista y el primer cliente del bloque sudamericano. Ambos presidentes afirmaron que las relaciones económicas, políticas y culturales se profundizarían y que la confianza era mutua, augurando un excelente futuro a los vínculos entre los mercados comunes.(111)

La cooperación militar entre los dos países y las operaciones de paz de la ONU fueron el objetivo oficial de otra reunión del ministro de Defensa Domínguez con su par francés, Alain Richard, en Paris a principios de septiembre de 1998. En un comunicado, el Ministerio de Defensa señaló que Richard había señalado que Europa reconocía los esfuerzos que realizaba la Argentina para participar en las fuerzas de apoyo de los cascos azules en Bosnia. Además ambos funcionarios habían analizado los términos de un Acta de Cooperación Militar que se firmaría cuando el presidente Menem viajara a Francia, en octubre siguiente. Ese acuerdo contemplaría el intercambio de información militar, tecnológica y científica entre las fuerzas armadas de los dos países. Sin que hubiera concluido el proceso de selección en el que cuatro empresas participaban de una licitación internacional para instalar radares en el territorio argentino, fuentes de Defensa descartaron que hubieran existido consultas sobre ese tema.(112)

La nueva visita del presidente Menem a Francia se llevó a cabo a mediados de octubre de 1998. Menem reiteró a Chirac el pedido de un mayor equilibrio en el intercambio comercial y la reversión de la política de subsidios a sus productos agrícolas para revitalizar las relaciones económicas entre la Unión Europea y el Mercosur. El presidente francés admitió razones, prometió cambios y elogió todo lo que pudo a su colega argentino. Diplomáticamente Menem señaló que el problema no era sólo de Francia sino de la Unión Europea, ya que los Estados Unidos también subsidiaban su agricultura. A su vez, Chirac reconoció dos cosas: que las relaciones de Francia con la Argentina eran “buenas, pero desequilibradas”, y que su país apoyaba la creación de un foro de negociaciones entre ambas naciones para revisar los problemas relativos a la producciones agrícolas y agroalimentarias. Menem señaló que Chirac había renovado su respaldo a la postulación de la Argentina para ingresar a la OCDE.(113)

Menem también se reunió con el primer ministro Lionel Jospin, luego de que ambos ratificaran la apertura del diálogo y los empeños oficiales para flexibilizar el comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Sin embargo, a diferencia de los elogios que el presidente Chirac dedicó a Menem, Jospin marcó límites al compromiso asumido. Estimó que los enfoques respectivos sobre el comercio agrícola eran “comunes” pero dijo que prefería ser realista, considerando el hecho de que la Unión Europea tenía fechas muy importantes para reformar la política agrícola común, a fin de negociar otra vez en la OMC.(114)

En 1998 la Cancillería argentina consideraba que con Francia existía una excelente relación, pero también se enfrentaban serias cuestiones que a veces excedían el plano bilateral para extenderse al interregional o multilateral. Lo último se atribuía a la competitividad de los intereses económicos fundamentalmente en el plano agrícola. En ese ámbito la Argentina enfrentaba la oposición francesa a la inclusión de los productos agrícolas en las negociaciones para una zona de libre comercio en la UE y el Mercosur, y en la OMC. No obstante, la prioridad atribuida a la relación bilateral había quedado demostrada por el intercambio de visitas presidenciales.(115)

Por último, las cifras del comercio exterior franco-argentino durante la década del noventa demuestran que éste tuvo las mismas características descriptas para los otros países europeos. En 1990 las exportaciones argentinas sumaban 235 millones de dólares y las importaciones 144

millones, lo que hacía un superávit para la Argentina de 91 millones. A partir de 1992 el saldo de la balanza comercial se invirtió, comenzando a ser deficitario para la Argentina en cifras ascendentes, con un tope de 1.397 millones en 1994. En 1999 las exportaciones argentinas fueron de 350 millones y las importaciones de 1.503 millones.(116) Sin embargo, en el caso de Francia el déficit argentino era mucho más acentuado. La Argentina exportaba a Francia la mitad de lo que vendía a los otros países de Europa Occidental, mientras importaba valores similares. De allí, la insistencia del presidente argentino en que Francia tratara de balancear el comercio bilateral.

A mediados de la década, los capitales franceses habían invertido en las siguientes empresas establecidas en la Argentina: Telecom Argentina (France Telecom-Stet Telecom, 45%); Carrefour Argentina (Carrefour Supermarché S.A., 100%); Ciadea (Regie Renault, 51%); Edenor (Electricité de France, 27%); Sevel Argentina S.A. (Peugeot, Citröen, 50%); Louis Dreyfus (Louis Dreyfus & Cie. S.A., 100%); Aguas Argentinas (Lyonnaisse des Eaux, 27%); Argón S.A. (Total, 100%), e Hipermercados Libertad (Casino, 75%).(117)

Además de los problemas mencionados, en algunos casos los procesos de concesión de servicios a empresas francesas debieron sortear la resistencia política y gremial y algunos obstáculos judiciales. Así por ejemplo ocurrió con la concesión del servicio del agua potable de la provincia de Córdoba al consorcio Aguas Cordobesas, liderado por la francesa Lyonnaisse des Eaux. Finalmente, el gobernador Ramón Mestre firmó el decreto de adjudicación en marzo de 1997, convirtiéndose la empresa francesa en la mayor prestadora del servicio de agua potable del país, puesto que también formaba parte de los consorcios que operaban en Buenos Aires, Santa Fe y Tucumán. La inversión comprometida por el consorcio privado para los 30 años de la concesión era de 460 millones de dólares.(118)

En abril de 1997 se anunció que la firma francesa Peugeot retornaba a la Argentina, de donde se había ausentado en 1980. El acuerdo alcanzado por el empresario Franco Macri y los franceses consistió en Peugeot tomaba una participación inicial en el capital de Sevel de 15% por suscripción a un aumento de capital abierto al público. El desembolso por esas acciones era de 35 millones de dólares. La participación en el capital se ampliaría progresivamente, teniendo la compañía francesa la opción de adquirir 50% de las acciones más una, con derecho a voto.(119)

A comienzos de junio de 1997, la automotriz Ciadea anunció oficialmente que Renault de Francia asumiría el control de las operaciones de la marca en el país. La operación se concretaría con el aporte de la participación de 60% de Renault do Brasil Automovéis a Cofal, que tenía en sus manos 51% de Ciadea. La operación permitía a la automotriz francesa unificar las bases de la actividad de Renault en América de Sur.(120)

La licitación para la radarización de los aeropuertos argentinos también fue causa de conflicto con una empresa francesa. En mayo de 1999 la empresa norteamericana Northrop Grumman ganó la licitación para llevar adelante el Plan Nacional de Radarización (PNR). Northtrop llegó a un acuerdo con una de sus competidoras, la empresa italiana Alenia Marconi Systems, para repartirse las tareas. Pero este acuerdo no fue bien visto por los franceses de Thomson Airsys CSF. La queja de éstos llegó por medio de una nota al ministro de Defensa Domínguez. En ella, el presidente de Thomson, Jean Paul Perrier, pidió que se anularan los acuerdos entre empresas de la licitación, “contrarios a nuestros intereses y a la amistad entre nuestros países”.(121)

El 3 de agosto de 1999 la empresa Thomson presentó una acción de amparo y pidió que se declarara la nulidad absoluta del proceso de licitación del PNR que el Ministerio de Defensa

pensaba adjudicar el 6 de agosto a los norteamericanos de Northrop Grumman.(122) A fines de agosto la empresa Thomson volvió a solicitar a la justicia una medida cautelar que apuntaba a la inmediata paralización del proceso licitatorio del PNR.(123) El 6 de septiembre, antes de que la jueza se expidiera, el Ministerio de Defensa argentino decidió adjudicar a la firma norteamericana Northrop Grumman la primera etapa del PNR por 185 millones de pesos. La decisión se produjo en un momento de fuerte debate acerca de la seguridad aérea en la Argentina, después del mortal accidente de un avión de LAPA en el aeroparque metropolitano.(124) En noviembre, cuando el presidente electo, Fernando de la Rúa, realizó una visita a París, el presidente Chirac le planteó las expectativas francesas de que, una vez que asumiera el poder, anulara la licitación otorgada a la firma Northrop.(125)

Por otro lado, a principios de octubre de 1999 la Cámara de Apelaciones de Córdoba revocó el sobreseimiento del titular de Renault Argentina, Manuel Antelo, y de otros directivos, procesados por el presunto delito de contrabando. A raíz del hecho, el embajador de Francia, Paul Dijoud, expresó que sería imposible convencer a una empresa francesa de que invirtiera en la Argentina si la mayor empresa de Francia era acusada injustamente en un proceso penal. Las apreciaciones del diplomático provocaron el rechazo generalizado de la justicia cordobesa, por lo cual Dijoud acudió a dar explicaciones al canciller Di Tella. El embajador Dijoud explicó que el objetivo de sus declaraciones había sido destacar una situación de dificultad por la que atravesaba una empresa de su país, que podía poner en riesgo su plan de inversiones.(126)

• NOTAS

1. IRELA, “Argentina en los 90...”, op. cit., p. 36.

2. Ibid., pp. 36-37.

3. Discurso del vicecanciller Andrés Cisneros, Londres, febrero de 1996, copia en Archivo Cisneros.

4. Russell, “Las relaciones de Argentina con Europa Occidental”, op. cit., pp. 14-18; “Acuerdo con España”, La Nación, 30 de agosto de 1989.

5. Rolando Rivière, “Menem desmintió que haya un plan de huelgas”, La Nación, 7 de diciembre de 1989, pp. 1 y 2, y “Menem cenó con Felipe y llega hoy”, Clarín, 7 de septiembre de 1989, p. 6.

6. Russell, “Las relaciones de Argentina con Europa Occidental”, op. cit., pp. 17-18.

7. Rolando Rivière, “El canciller se entrevistó en Madrid con su colega Fernández Ordóñez e inició su gira por Europa. Cavallo prepara un acuerdo con la CEE”, La Nación, 5 de febrero de 1990, p. 3, e idem, “Cavallo expuso en Madrid el plan de la Argentina”, La Nación, 6 de febrero de 1990, p. 4.

8. “Felipe González anunció proyectos de inversiones”, La Nación, 15 de marzo de 1990, pp. 1 y 6.

9. Rolando Rivière, “Entrevista exclusiva de LA NACION con Domingo Cavallo. Crédito e inversiones, prioridades del canciller en España y Alemania”, La Nación, 30 de octubre de 1990, p. 4; idem, “España activó préstamos para nuestro país”, La Nación, 31 de octubre de 1990, p. 4; idem, “Cavallo, satisfecho por los créditos españoles”, La Nación, 1º de diciembre de 1990, p. 10, y “No exigirán visa para el ingreso a España”, Clarín, 31 de octubre de 1990, p. 9.

10. Respecto de la visita del canciller Di Tella a España véase Ovidio Bellando, “Madrid, una etapa con otro perfil en la gira de Di Tella”, La Nación, 30 de abril de 1991, p. 4; y “Felipe González: coincidencias entre España y la Argentina”, La Nación, 2 de mayo de 1991, p. 4. Sobre la acusación de Cambio 16 respecto de la vinculación de los Yoma con el narcotráfico véase “Niegan la vinculación de los Yoma con un caso de narcotráfico en España”, La Nación, 7 de marzo

de 1991, p. 9; y “La jueza Servini de Cubría en España. Las derivaciones locales de una investigación sobre narcotráfico” y “El Presidente se refirió al caso”, La Nación, 30 de marzo de 1991, p. 14, y “Piden en España precisiones de la situación de Amira Yoma”, La Nación, 4 de mayo de 1991, p. 5.

11. “Nuevo embajador español”, Clarín, 25 de abril de 1991.

12. A mediados de junio de 1991 la corbeta misilística Parker, de la Armada argentina, y un helicóptero efectuaron disparos contra el pesquero de bandera española “Playa del Carnaval” que se encontraba operando en aguas jurisdiccionales argentinas, ante la negativa del pesquero a detener su marcha. En tanto que el gobierno español pidió explicaciones al embajador argentino en Madrid, Juan Pablo Lohlé, un comunicado de la Cancillería lamentó el episodio, pero justificó la actitud de la Argentina, señalando que el “Playa del Carnaval” estaba operando a 46 grados 15 minutos de latitud sur y a 60 grados 56 minutos de longitud oeste, dentro de la jurisdicción nacional. El comunicado añadió que el hecho de ningún modo podía interferir en las excelentes relaciones existenes entre la Argentina y España. Véase “Disparos contra un pesquero infractor de bandera española”, La Nación, 18 de junio de 1991, p. 5; “España pidió explicaciones por el pesquero que capturó la Armada”, La Nación, 19 de junio de 1991, p. 6, y “Pesca: protesta a España”, La Nación, 22 de junio de 1991, p. 4.

13. Daniel Santoro, “Embajador Pastor: Es apenas un borroncito”, Clarín, 11 de julio de 1991, p. 8.

14.El Convenio de colaboración industrial y tecnológica en materia de Defensa, firmado en Madrid el 7 de abril de 1989, establecía en su artículo 1º lo siguiente: “Las Partes, para alcanzar los objetivos arriba mencionados, se comprometen a : a) Estudiar las posibilidades de elaborar programas conjuntos de investigación, de desarrollo y de producción en los sectores industriales y tecnológicos referentes a armamento y material de defensa; b) Utilizar los recursos científicos, técnicos e industriales, de cada país con la finalidad de desarrollar y producir conjuntamente armamento y material destinado a satisfacer las necesidades de sus respectivas fuerzas armadas; c) Proporcionar apoyo recíproco facilitando y promoviendo el intercambio de información técnica y cualquier otra forma de colaboración industrial en el ámbito de la defensa; d) Colaborar en la formación científica y tecnológica de personal de ambos países en el ámbito del presente convenio; e) Facilitar adquisiciones de armamento y material de defensa mediante operaciones comerciales entre las partes y entre las empresas de ambos países en el ámbito del presente convenio; f) Potenciar y favorecer las relaciones entre empresas de los dos países orientados a promover el desarrollo y la producción conjunta, así como las adquisiciones entre las mismas. Véase además “Convenio para producir armamentos”, La Nación, 19 de diciembre de 1989, p. 7.

15. “Un militar español con el Brigadier Juliá”, La Nación, 24 de marzo de 1992, p. 10, y Francisco J. Papini, “Gestión de un jefe español aeronáutico”, La Nación, 26 de marzo de 1992, p. 5.

16. “Analizó González con España el proyecto aeroespacial conjunto”, La Nación, 31 de julio de 1992, p. 10.

17. “Fernández Ordóñez, hoy con Di Tella”, La Nación, 27 de mayo de 1992, p. 5.

18. Rolando Rivière, “El rey destacó la apertura de la economía argentina”, La Nación, 1º de marzo de 1994; idem, “Menem, más cauto que González en la reunión con la prensa”, La Nación, 2 de marzo de 1994; Edmundo De Simone, “Se vuelve a negociar por Aerolíneas”, La Nación, 2 de marzo de 1994; Vicente Muleiro, “Felipe dijo que se llegará a un acuerdo en la negociación por Aerolíneas”, Clarín, 1 de marzo de 1994, p. 8, y “Menem también busca inversores en Barcelona”, Clarín, 4 de marzo de 1994.

19. Vicente Muleiro, “Prédica de Menem por las inversiones”, Clarín, 3 de marzo de 1994, p 10, y Vicente Muleiro, “Menem: «Se duplicarán las inversiones»”, Clarín, 5 de marzo de 1994.

20. “La crisis social en la región ocupó el centro del debate”, Clarín, 17 de octubre de 1995, pp. 2 y 3; “El Mercosur ya va para Europa”, Clarín, 17 de octubre de 1995, p. 7, y “Piden que finalice el embargo comercial de Estados Unidos a Cuba”, Clarín, 18 de octubre de 1995, pp. 2 y 3.

21. “España y una fuerte apuesta a la Argentina”, Clarín, 19 de octubre de 1995.

22. “Firmaron el crédito”, Clarín, 19 de octubre de 1995, p. 20.

23. Carlos Eichelbaum, “Fidel Castro terminó siendo el tema preferido entre Menem y Aznar”, Clarín, 12 de junio de 1996.

24. Jorge Elías, “Cuba es el principal tema de la reunión entre Menem y Clinton”, La Nación, 23 de junio de 1996.

25. “España apunta al Mercosur”, Clarín, 20 de agosto de 1996.

26. Juan Carlos Algañaraz, “Un embajador con toda la pompa”, Clarín, 16 de enero de 1997, y “Antecedente”, Clarín, 16 de enero de 1997.

27. “Ante Menem, Aznar elogió la marcha del modelo económico”, Clarín, 22 de abril de 1997.

28. Ibid.

29. Araceli Viceconte, “Aznar paseó, escuchó algunos reclamos y lo vio a Menem”, Clarín, 21 de abril de 1997.

30. “Inversión directa europea en América Latina: tendencias y aporte al desarrollo”, Informe de IRELA, op. cit, p. 191.

31. “Más dinero español en Argentina y Chile”, Clarín, 10 de febrero de 1997.

32. “La española Repsol compró Astra”, Clarín, 7 de junio de 1996, y “Repsol ya aterrizó en Astra”, Clarín, 20 de junio de 1996. Además de sus activos en el sector petrolero, Astra poseía distintas participaciones accionarias en: EG3 (comercializadora de combustible), Edenor, Metrogás, Oleoducto del Valle y Terminales Marítimas Patagónicas. Era propietaria de la mayor flota petrolera del país y tenía parte de sus inversiones colocadas en la destilería Refinor y en la petrolera Cuitralco. Al expandir sus negocios a la distribución eléctrica en Edenor, Astra buscó como socios a los franceses de EDF y a los españoles de Endesa. En el negocio gasífero de Metrogas, Astra se juntó con la inglesa British Gas y el grupo local Pérez Companc. La última inversión destacada de Astra se había registrado un mes antes en la provincia de Entre Ríos. Asociada con la empresa norteamericana CMS y el Banco de Galicia, lideró el grupo privado que se quedó con la concesión del suministro eléctrico provincial por el término de 40 años. Según el presidente de Astra, José María Ranero Díaz, la toma de participación en Astra era la operación de mayor envergadura realizada por Repsol hasta ese momento y sería la plataforma para iniciar un importante desarrollo de actividades en la Argentina.

33. “Otra compra de los españoles”, Clarín, 3 de enero de 1997. Entre los principales activos de Pluspetrol se encontraba el 60% del megayacimiento de gas Ramos, ubicado en la provincia de Salta. Este era el segundo más grande del país después de Loma de La Lata y concentraba el 60% de las reservas existentes en la región del Noroeste. En ese momento su producción llegaba a los 7 millones de metros cúbicos/día de gas, cifra que se incrementaría en los próximos meses a 8 millones. Además del yacimiento, Pluspetrol Energy era dueña de la central de generación eléctrica asentada en la localidad de El Bracho, en Tucumán. La usina, que se alimentaba con el gas proveniente de Ramos, tenía una potencia de generación de 144 MW, que treparía a 440 MW cuando se completara su construcción en 1998. Los detalles de la venta de YPF pueden verse en Secretaría de Programación Económica y Regional, “El proceso de privatización en la Argentina desde una perspectiva del balance de pagos”, p. 16.

34. Russell, “Las relaciones Argentina-UE en los años noventa...”, op. cit., p. 59; Secretaría de Programación Económica y Regional, “El proceso de privatización en la Argentina...”, op. cit., p. 16.

35. “Control español del Banco Francés”, Clarín, 2 de octubre de 1996, y “La verdadera historia del negocio financiero del año”, Clarín, 3 de octubre de 1996.

36. “Los españoles también se quedaron con el Banco Río”, Clarín, 27 de mayo de 1997.

37. Datos del INDEC.

38. Memorándum “Relaciones con Europa Occidental”, copia en Archivo Cisneros.

39. “Niegan vinculación de los Yoma con el narcotráfico”, Clarín, 7 de marzo de 1991, p. 10. Véase también “La jueza Servini de Cubría en España. Las derivaciones locales de una investigación sobre narcotráfico” y “El Presidente se refirió al caso”, La Nación, 30 de marzo de 1991, p. 14, y “Piden en España precisiones de la situación de Amira Yoma”, La Nación, 4 de mayo de 1991, p. 5.

40. Daniel Otero, La trama íntima del aparato duhaldista y sus punteros, Buenos Aires, GEL/Galerna, 1997.

41. Texto completo de la denuncia del ex presidente Alfonsín, citado en “Alfonsín denunció a Karim Yoma”, La Nación, 17 de marzo de 1993, p. 4. Ver también “Conmoción en la Casa de Gobierno”, La Nación, 17 de marzo de 1993, p. 4.

42. “Karin Yoma, Alconada Sempé y Cavallo”, La Nación, 18 de marzo de 1993, p. 14.

43. “Los convenios con Italia. Menem: habrá una investigación”, La Nación, 18 de marzo de 1993, p. 14.

44. “Una denuncia del embajador de España ante nuestro país”, La Nación, 10 de abril de 1993, p. 5; “Más detalles sobre la denuncia del embajador Pastor”, La Nación, 12 de abril de 1993, p. 1; “Pedirán a Pastor que amplíe su denuncia”, La Nación, 13 de abril de 1993, p. 1, y “Repercusiones de la denuncia del embajador español. Malestar del presidente por expresiones de Pastor”, La Nación, 13 de abril de 1993, p. 18.

45. “Padecimientos por Al Kassar”, Clarín, 2 de marzo de 1994, p. 10.

46. “Amar, a España”, Clarín, 9 de noviembre de 1995, p. 11; “Postergan la visita de Aznar”, Clarín, 22 de octubre de 1996, y “Una cuestión de embajadores”, Clarín, 23 de octubre de 1996. Amar había acompañado a Perón en su exilio y se había radicado en España. En octubre de 1989, el presidente Menem lo designó embajador itinerante para promover inversiones de los países de Europa Occidental en la Argentina. El 8 de noviembre de 1995 el gobierno argentino pidió al gobierno de España el plácet para la designación de Amar como embajador, pero la respuesta se demoró. Antes y después de su asunción, Aznar habría pedido al gobierno argentino la permanencia en Madrid de Jacobella.

47. Russell, “Las relaciones de Argentina con Europa Occidental”, op. cit., pp. 7-10.

48. Ibid., pp. 10-12.

49. “Anuncio de Cavallo”, apartado “En Italia”, La Nación, 9 de febrero de 1990, p. 3, y “Cinco proyectos de cooperación de Italia”, La Nación, 10 de febrero de 1990, p. 4.

50.“Se firmaron protocolos de cooperación con Italia”, La Nación, 14 de marzo de 1990, p. 10. Los protocolos se referían a la ejecución de un proyecto integrado de edificación social, ejecución para la cooperación técnica en el campo de la innovación tecnológica y el desarrollo de las energías alternativas, y de cooperación para mejorar la inserción de los hospitales italianos en el sistema sanitario argentino. Por su parte, los instrumentos canjeados se referían a la convención de asistencia judicial y reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil, y al acuerdo sobre intercambio de actas de estado civil y la exención de legalización de documentos, que entrarían en vigor a partir del 1º de julio de 1990.

51. “Fuerte interés de Italia por las privatizaciones”, La Nación, 22 de mayo de 1990, p. 1; “Suscriben con Italia acuerdos económicos”, La Nación, 23 de mayo de 1990, p. 1; “Adjudicación directa a capitales italianos de una obra telefónica” y “Aspectos del proyecto Digi II”, La Nación, 23 de mayo de 1990, p. 4.

52. Respecto de la controversia entre el canciller italiano y el gobierno argentino en torno del Digi II y su contexto véase los siguientes artículos: “A eventuales divergencias sobre el Digi II. Admitió el canciller que Italia consideró revisar los acuerdos”, La Nación, 24 de mayo de 1990, p. 16; “Las empresas interesadas en Entel solicitan que se congele el Digi II”, La Nación, 25 de mayo de 1990, p. 10, y “La semana internacional. La revolución copernicana”, por Mariano Grondona, La Nación, 27 de mayo de 1990, p. 8.

53. “Dromi: precisiones técnicas sobre el crédito italiano”, La Nación, 29 de mayo de 1990, p. 13; “Limitaron el alcance del acuerdo telefónico con Italia”, La Nación, 30 de mayo de 1990, p. 13, y “Pequeña historia de un repentino cambio de opinión, El Digi II se consideraría sólo tras la privatización de Entel”, La Nación, 31 de mayo de 1990, p. 15.

54. Véase al respecto los artículos: “Excusas ante Italia por expresiones de Dromi”, La Nación, 12 de septiembre de 1990, p. 1; “Los legisladores rechazan los términos de una carta del funcionario. Malestar de diputados con el ministro Dromi” y “Cavallo ratificó el interés del gobierno argentino por Italia”, La Nación, 12 de septiembre de 1990, p. 3.

55. “Agilizan trámites de los créditos italianos”, La Nación, 11 de octubre de 1990, p. 5.

56. “Piden que los créditos sirvan para privatizar”, Clarín, 23 de abril de 1991, p. 13; y “Cavallo pasó por Italia”, Clarín, 24 de abril de 19991, p. 10.

57. “Menem propicia un sistema de defensa de la democracia”, La Nación, 6 de octubre de 1992, p. 6; Rolando Rivière, “Italia reducirá la tasa de riesgo en un 20% a la Argentina”, La Nación, 7 de octubre de 1992, p. 13.

58. “Giulio Andreotti se reúne con Menem”, La Nación, 2 de noviembre de 1992, p. 9; “Andreotti sintoniza con Menem”, Clarín, 3 de noviembre de 1992, y “Consejos de Andreotti para ir a la OTAN”, Clarín, 4 de noviembre de 1992, p. 17.

59. “Consejos de Andreotti para ir a la OTAN”, Clarín, 4 de noviembre de 1992, p. 17.

60. “Italia, interesada en afianzar los vínculos con el Mercosur”, La Nación, 11 de abril de 1997.

61.“El presidente tentó a empresarios argentinos”, La Nación, 2 de diciembre de 1997.

62. “Un almuerzo con Scalfaro”, La Nación, 3 de diciembre de 1997.

63.“Al final, los italianos hablaron de Malvinas”, La Nación, 4 de diciembre de 1997.

64. Julio Algañaraz y Carlos Eichelbaum, “Apoyo de Italia a la estrategia argentina por las Malvinas”, Clarín, 4 de diciembre de 1997.

65. “Un almuerzo con Scalfaro”, La Nación, 3 de diciembre de 1997.

66. María O’Donnell, “El canciller italiano elogió el apoyo de Menem contra Irak”, La Nación, 19 de febrero de 1998, p. 10; “Un gesto diplomático del canciller italiano”, Clarín, 19 de febrero de 1998.

67. “Prodi: “Esta es la misión italiana más importante””, La Nación, 7 de abril de 1999, p. 10; “Procesos de integración. Italia y la Argentina se ponen en movimiento”, La Nación, 14 de abril de 1999, Sección 5ª: Comercio Exterior / Transportes, p. 1; y “Los negocios vienen con acento italiano”, ibid., pp. 10-11.

68. “Menem y Prodi firmaron un nuevo acuerdo de cooperación”, Clarín, 7 de abril de 1998.

69. Nicolás Cassese, “El embajador italiano planteó a Menem la denuncia de Alenia”, La Nación, 31 de julio de 1998.

70. Andrea Centeno, “Italia es otro desafío para Menem”, La Nación, 12 de noviembre de 1998, p. 6; idem, “El Presidente defendió a Caselli de las críticas. Hoy desayunará con D’ Alema y se reunirá con el Papa”, La Nación, 13 de noviembre de 1998, p. 10; “La visita a Roma: reunión del primer ministro con Menem. Radares: D’ Alema pidió transparencia”, La Nación, 14 de noviembre de 1998, p. 8; “Airada defensa de Pinochet”, La Nación, 14 de noviembre de 1998, p. 8, y “Garantías para Italia”, Clarín, 14 de noviembre de 1998.

71. “Italia busca más lazos con la Argentina”, La Nación, 30 de noviembre de 1998.

72. Elisabetta Piqué, “Acuerdos económicos y políticos en Roma”, La Nación, 30 de marzo de 1999, p. 8.

73. Datos del INDEC.

74. “Invierten 50 millones de pesos en una fábrica de golosinas”, Clarín, 4 de agosto de 1996.

75. “Italia, interesada en petróleo y gas”, Clarín, 7 de septiembre de 1996.

76. “Benetton instalará un frigorífico de ovinos”, Clarín, 10 de noviembre de 1996.

77. “Fiat facturará 2.200 millones en 1997”, Clarín, 21 de diciembre de 1996.

78. “Italia no sólo gasta en pastas”, La Nación, 30 de noviembre de 1997.

79. Memorándum “Relaciones con Europa Occidental”, copia en Archivo Cisneros.

80. Russell, “Las relaciones de Argentina con Europa Occidental”, op. cit., pp. 25-28.

81. “Cavallo se entrevistó con Roland Dumas en París”, La Nación, 7 de febrero de 1990, p. 4.

82. “Comisión Mixta Argentino-Francesa”, La Nación, 27 de noviembre de 1990, p. 6.; y “Los firmó ayer la vicecanciller de Francia, Edwige Avice. Acuerdos para restablecer créditos de origen francés”, La Nación, 29 de noviembre de 1990, p. 16.

83. “El cuestionamiento a los DNI”, La Nación, 12 de junio de 1991, p. 10.

84. “Preocupación de Francia por los DNI”, La Nación, 16 de junio de 1991, p. 7.

85. Hugo Caligaris, “DNI: Francia aceptaría revisar el contrato”, La Nación, 2 de agosto de 1991, p. 4.

86. Ibid.

87. “Prórroga para los DNI”, La Nación, 3 de agosto de 1991, p. 4, y “Advertencia por los DNI franceses”, La Nación, 6 de agosto de 1991, p. 3.

88. “DNI: apelaron el fallo judicial”, La Nación, 8 de agosto de 1991, p. 4.

89. “Manzano: marcha atrás con los DNI”, La Nación, 14 de agosto de 1991.

90. “DNI: reafirman que se anulará el contrato”, La Nación, 15 de agosto de 1991, p. 5. Ver asimismo artículo de opinión “El contrato para la provisión de DNI”, La Nación, 31 de agosto de 1991, p. 6, que juzgaba acertada la decisión del gobierno de Menem de rescindir el contrato con la empresa Sofremi, por tres razones: a) el deber de garantizar una completa transparencia en los contratos suscriptos por el Estado; b) las dudas existentes acerca de la conveniencia de someter a la ciudadanía a las molestias burocráticas derivadas de una renovación de los documentos de identidad vigentes (paso que no respondía a motivos de imperiosa necesidad); y c) las dudas derivadas de un contrato que implicaba una especie de nuevo impuesto para la ciudadanía (cada ciudadano debía abonar el costo de su documento, que podía resultar gravoso para las familias numerosas de condición modesta).

91. Ibid.

92. “Menem anunció una nueva era con Francia”, La Nación, 18 de febrero de 1992, p. 1, y Rolando Rivière, “Menem en París. Interesan a Francia las reformas argentinas”, La Nación, 18 de febrero de 1992, p. 7.

93. “Menem ofreció mediar en el tema del GATT”, La Nación, 19 de febrero de 1992, p. 1; Rolando Rivière, “Menem cumplió ayer el penúltimo día de su visita a Francia. Las perspectivas empresarias”, La Nación, 19 de febrero de 1992, p. 4; “Los subsidios, un tema tabú”, La Nación, 20 de febrero de 1992, p. 5, y Rolando Rivière, “Un viaje presidencial que dejó una positiva imagen”, La Nación, 20 de febrero de 1991, p. 5.

94. “Un viaje presidencial que dejó una positiva imagen”, op. cit.

95. “Acuerdan cooperación nuclear con Francia”, La Nación, 29 de septiembre de 1992, p. 6, y “Breves. Cooperación con Francia”, La Nación, 6 de octubre de 1992, p. 7.

96. Memorándum, sin fecha, copia en Archivo Cisneros.

97. Graciela Iglesias, “Visas y economías, en la agenda del canciller francés”, La Nación, 24 de octubre de 1994, p. 7, y “Cooperación y visas, temas del canciller de Francia”, La Nación, 25 de octubre de 1994, p. 6.

98. Silvia Naishtat, “Instrumentan el acuerdo agrícola”, Clarín, 26 de octubre de 1994, p. 25.

99.Ana Ale, “Privatizaciones: Menem no acepta las presiones de los embajadores”, Clarín, 5 de noviembre de 1994.

100. “Menem no se preocupa ni por Astiz ni por Scilingo”, La Nación, 26 de febrero de 1996.

101. Ibid.

102. Graciela Iglesias, “La sombra de Astiz llegó con Menem a Francia”, La Nación, 27 de febrero de 1996.

103. Ibid.

104. Ibid.

105. Ibid.

106. “Chirac promovió el eje Europa-Mercosur. Elogió la inversión en la Argentina. Enfasis en la cultura común”, La Nación, 18 de marzo de 1997, p. 1; “Chirac, el interlocutor de Europa. El mandatario francés «legitimó» la existencia del Mercosur al sugerir a Menem un encuentro cumbre con la UE”, La Nación, 18 de marzo de 1997, p. 10; Germán Sopeña, “Mirar hacia adelante, su principal mensaje. El presidente francés puso siempre énfasis en la construcción regional y en el aumento de las relaciones con Europa”, La Nación, 19 de marzo de 1997, p. 5, y “Propuesta de Chirac para reequipar las FF.AA.”, La Nación, 20 de marzo de 1997, p. 10. Tras los viajes de Charles De Gaulle -en 1964- y de Francois Mitterrand -en 1987-, el conservador Chirac era el tercer presidente de Francia que visitaba la Argentina.

107. “Chirac definió a la Argentina como una gran potencia”, Clarín, 18 de marzo de 1997.

108. “Propuesta de Chirac para reequipar las FF.AA., La Nación, 20 de marzo de 1997.

109. Alfredo Vega, “Gestiones para reequipar a las Fuerzas Armadas”, La Nación, 7 de abril de 1997. Asociada con Eurocopter, la empresa Aerospatiale fabricaba helicópteros Lama, Puma y SuperPuma, en uso en el Ejército argentino. La Dassault fabricaba los Mirage, equipados con misiles Matra, modelo Magic aire-aire, y también construía los Super Etendard de la aviación naval. D.C.N.L.O.C. era uno de los astilleros más importantes del mundo, y Thomson fabricaba equipos de comunicaciones y radares para distintas prestaciones. Entre las necesidades más acuciantes, la Fuerza Aérea había hecho hincapié en la modernización de los Mirage III y V con asiento en la VI Brigada de Tandil. Especialmente, el recambio del sistema de navegación inercial por uno a láser; nuevo equipamiento electrónico y la recorrida de los motores. De lograrse esto, y con la repotenciación de los 40 A-4M vendidos por los Estados Unidos, la Fuerza Aérea habría recuperado gran parte del material perdido en la Guerra de las Malvinas. En cuanto a la Armada, si bien sus buques eran de origen alemán, tenían equipamiento electrónico francés y también de ese orgien eran los misiles que utilizaban.

110. Discurso de despedida del embajador de Francia Renaud Vignal pronunciado por el vicecanciller Andrés A. Cisneros, 30 de julio de 1997, copia en Archivo Cisneros.

111. “Menem y Chirac destacaron los vínculos UE-Mercosur”, La Nación, 11 de junio de 1998.

112. “El ministro de Defensa, Jorge Domínguez, se reunió con su par francés”, La Nación, 4 de septiembre de 1998. La empresa francesa Thomson, la norteamericana Northrop Grumman y la italiana Alenia competían en esa licitación. El Estado destinaría una inversión inicial de 183 millones de dólares, pero en etapas sucesivas la erogación alcanzaría los 450 millones de dólares.

113. Ríos, Ricardo, “Menem hizo sus reclamos y cosechó elogios en París”, Clarín, 15 de octubre de 1998.

114. Andrea Centeno, “Los subsidios agrícolas, en la agenda de París. Menem pedirá a Chirac que elimine las subvenciones al campo”, La Nación, 14 de octubre de 1998, p. 9; Juan Aznarez, “Política, negocios y relaciones públicas”, La Nación, 14 de octubre de 1998, p. 9; “Menem y Jospin, pocas sonrisas y menos elogios”, La Nación, 16 de octubre de 1998, y “Encuentro con Chirac”, La Nación, 17 de octubre de 1998, p. 10.

115. Memorándum “Relaciones con Europa Occidental”, copia en Archivo Cisneros.

116. Datos del INDEC.

117. Russell, “Las relaciones Argentina-UE en los años noventa...”, op. cit., p. 59.

118. Gabriela Origlia, “Los franceses con el agua de Córdoba”, La Nación, 9 de marzo de 1997.

119. “Peugeot dio el paso para tomar Sevel”, La Nación, 10 de abril de 1997.

120. “Se afirman Renault y Peugeot”, La Nación, 7 de junio de 1997.

121. Juan Castro Olivera, “La licitación para el control del espacio aéreo. Sospechas sobre la radarización”, La Nación, 5 de junio de 1999, p. 11.

122. Juan Castro Olivera, “La cuestionada licitación de los radares. Thomson recurrió a la Justicia”, La Nación, 4 de agosto de 1999, p. 9.

123. “Radares: procuran paralizar la radarización”, La Nación, 5 de septiembre de 1999, p. 8.

124. Juan Castro Olivera, “Licitación para el Plan Nacional de Radarización. Northrop gana la pulseada”, La Nación, 7 de septiembre de 1999, p. 5.

125. “Chirac reclamará por los radares a De la Rúa”, La Nación, 8 de noviembre de 1999, pp. 1 y 5.

126. “Renault: crece el debate sobre la seguridad jurídica”, La Nación, 20 de octubre de 1999, y “Dijoud se reunió con Di Tella”, La Nación, 22 de octubre de 1999.

2.4. Alemania

Los tratados firmados con Italia y España durante el gobierno de Alfonsín llevaron a que representantes de la industria alemana en la Argentina señalaran la necesidad de que el gobierno alemán reajustara sus relaciones con el gobierno argentino, de manera de posicionarlos mejor en la eventual competencia con los nuevos inversores italianos y españoles. La Cancillería argentina también comenzó a considerar la posibilidad de un acuerdo con Alemania semejante al firmado con los mencionados países. No obstante, el gobierno alemán expresó su oposición a firmar un convenio preferencial que se opusiera a la lógica del mercado. La cooperación debía ser incentivada correctamente, es decir, a través de la empresa privada en un contexto de estabilidad política y económica. Esto fue transmitido en diversas oportunidades al gobierno del presidente Alfonsín.(1)

Cuando realizara su gira europea en febrero de 1990, el canciller Cavallo se entrevistó en Bonn con el secretario de Estado y vicecanciller Jurgen Sudoff. Los temas abordados fueron los cambios en Europa Oriental y su posible incidencia en América Latina, el proceso de integración latinoamericana, la consolidación de los regímenes democráticos en la región y las transfomaciones que el presidente Menem estaba impulsando en la economía argentina. Cavallo mencionó luego a la prensa los planes para la estabilización de la economía argentina, las transformaciones del estado y el avance de la apertura económica a las inversiones extranjeras y el comercio mundial. El canciller argentino reveló también que el presidente Menem había asumido el compromiso de evitar la exportación de los denominados misiles Cóndor II. A su vez, el ministro de Economía de Alemania, Lorenz Schomerus, ratificó al ministro Cavallo el apoyo de su gobierno para que la Argentina pudiera solucionar el problema de la deuda externa, y señaló la conveniencia del acuerdo en trámite entre la Argentina y la CEE.(2)

Cuando el 3 de octubre de 1990 se produjo la reunificación de Alemania Occidental y Oriental, el presidente Menem envió mensajes de congratulación al presidente Richard von Weizsacker y a su canciller Helmut Kohl. En carta al último, Menem expresó que la reunificación traducía no

sólo las aspiraciones del pueblo alemán sino también la recuperación en plenitud para la comunidad internacional de una nación de raíces históricas profundas, sólidamente asociadas a los valores de la civilización occidental.(3)

Poco después -el 15 de octubre- el gobierno argentino firmó en Bonn un tratado de refinanciación de su deuda externa con el gobierno de Alemania por 870 millones de marcos, unos 561 millones de dólares. El acuerdo preveía que los compromisos que caducaban en diciembre, así como los que vencían a en marzo de 1991, podrían ser repagados entre 1996 y el 2000. La tasa media de interés del acuerdo era del 7,3% anual. El acuerdo fue suscripto por el ministro de Economía, Antonio Erman González; el secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Extranjeros, Hans Werner Lautenschlaeger; el ministro de Finanzas de Alemania Federal, Horst Koehler, y el presidente del Bundesbank, Karl Otto Poehl. La refinanciación se inscribía dentro del marco de las negociaciones con el Club del París formalizadas a fines del año anterior. El ministro González sostuvo que el convenio era un paso importantísimo para arreglar las relaciones con Alemania, y que el mismo posibilitaría el aumento para la Argentina del seguro de crédito Hermes de cobertura para las exportaciones alemanas, que podía pasar de 200 a 400 millones de dólares. Con eso sería posible activar las negociaciones para incorporar a la economía argentina tecnología avanzada y renovar equipos para la producción de bienes competitivos en los mercados internacionales.(4)

El presidente Menem realizó su primera visita a Alemania en abril de 1991. El mandatario argentino mantuvo entrevistas con su colega germano Richard von Weizsacker, y con el canciller federal Helmut Kohl, además de dar un discurso en la Cámara de Comercio e Industria Alemana. Kohl prometió a Menem que su país abogaría en el seno de la CEE por que las negociaciones del GATT llegaran a un resultado exitoso mediante un compromiso global y equilibrado, porque el gobierno alemán consideraba que “más que nunca el mundo necesita hoy una clara señal en favor del libre comercio mundial”. El resultado concreto más importante de la visita fue la firma del Tratado sobre promoción y protección recíproca de Inversiones, realizada en Bonn el 9 de abril de 1991.(5)

La negociación para la firma del mencionado tratado quedó destrabada a último momento por la renuncia de la Argentina a impedir que los eventuales inversores pudieran repatriar libremente sus ganancias. Hasta entonces, la Argentina se reservaba el derecho de embargar esos envíos si atravesaba dificultades en la balanza de pagos. Los funcionarios que gestaron el acuerdo señalaron que el cambio en la actitud argentina fue consecuencia del nuevo plan económico, pues el esquema anterior se contradecía con la flamante convertibilidad del peso. A su vez, Alemania también había flexibilizado su posición, comprometiéndose a garantizar oficialmente sus inversiones en la Argentina. En realidad, ese seguro ya existía pero con un techo muy bajo; el respaldo estatal alemán a sus empresas sería ahora sin límites.(6)

Un tema subyacente tras la visita era el de la deuda de 650 millones de dólares que la disuelta ENTEL mantenía con la firma alemana Siemens. Si bien ni las autoridades de Siemens, ni los funcionarios alemanes consultados admitieron que la deuda con Siemens representara un leading case para los inversionistas alemanes, pocos dudaban de que esa situación debía encarrilarse si se pretendía que las promesas de inversión se concretaran. En una entrevista de Cavallo con el viceministro de Economía alemán, éste señaló que los argentinos prometían garantías a futuros inversores, pero la pregunta era por qué motivo no resolvían antes los problemas con las viejas empresas. Cavallo repitió la explicación oficial de que la deuda con Siemens no era un incumplimiento con un inversor extranjero sino un producto de la insolvencia del Estado con todos sus proveedores. El viceministro dijo que comprendía, pero que sería difícil hacerlo entender a los dirigentes políticos.(7)

Otra cuestión importante que se analizó fue la continuación de la cooperación bilateral en el sector nuclear. En primer lugar, se trató de conseguir la exclusión de la Argentina de la lista

negra alemana por su oposición a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear. Los países en esa situación no eran considerados confiables para recibir material y tecnología nucleares. Alemania accedió a entregar fondos para continuar la construcción de la central atómica Atucha II, pero para continuar y profundizar la cooperación esperaba el acuerdo de la Argentina con la Comisión Internacional de Energía Atómica que permitiera realizar controles a sus plantas nucleares.(8)

La conclusión de Clarín era que el presidente Menem no se llevaba ningún resultado concreto del viaje. Las empresas alemanas esperarían a ver los resultados del plan del ministro Cavallo, y los inversionistas alemanes estarían dispuestos a comprar empresas argentinas privatizadas si estaban a buen precio y pagando con la propia deuda argentina. De todos modos, el acuerdo de protección de inversiones convertía al mercado argentino en algo más atractivo que lo que era unos años atrás, según los empresarios alemanes.

Mientras tanto, el gobierno argentino avanzaba en la renegociación de su deuda. En abril de 1992 en Santo Domingo llegó a un acuerdo con el Banking Advisory Committee, que representaba a los bancos privados acreedores, entre los cuales figuraban bancos alemanes. En cuanto a los bancos oficiales, en julio de 1992 se llevó a cabo la Quinta Ronda de negociaciones con el Club de París, que permitió la reprogramación de vencimientos, acordándose refinanciar 2.800 millones de dólares de un total de 8.700 del stock de deuda pública. En julio de 1993 se firmó el tratado bilateral entre la Argentina y Alemania sobre deuda pública, ratificando los términos acordados con el Club de París.(9)

A principios de octubre de 1992 el presidente Menem volvió a Alemania. Ante empresarios de la Cámara de Industria y Comercio de Alemania, Menem trató de presentar las ventajas comerciales de la Argentina, en cierta forma potenciadas por el ambiente de inestabilidad que en ese entonces imperaba en Brasil, ofreciendo a su país como “puerta de entrada” al Mercosur. También habló del proceso de privatizaciones y confirmó las versiones sobre la intención del gobierno argentino de integrarse a la OTAN.(10)

Según un memorándum de la Cancillería argentina, en 1993 la cooperación y la confianza mutua con Alemania se habían incrementado. Prueba de ello eran las acciones de cooperación entre ambos Ministerios de Defensa, convenidas en febrero de 1993, en los ámbitos de estrategia nacional y militar, reestructuración de las fuerzas armadas, educación militar y adiestramiento, conducción de personal, e inserción de las fuerzas armadas en una sociedad libre y democrática. A comienzos de 1993 también había entrado en vigor el Convenio de Transporte Aéreo con Alemania, que se había concluido en 1985. Asimismo el ministerio alemán de Economía había eliminado en abril de 1993 a la Argentina de la llamada lista “H” de la ley de comercio exterior, que incluía los países respecto de los cuales existían limitaciones para las exportaciones alemanas de tecnología sensitiva. Posteriormente había entrado en vigor el Tratado sobre promoción y protección recíproca de Inversiones, que fuera suscripto en 1991. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania Klaus Kinkel había estado en la Argentina en octubre de 1993, firmándose un Memorándum de entendimiento sobre consultas periódicas en materia de Política Exterior, y un Convenio intergubernamental para el régimen de las escuelas alemanas en la Argentina.(11)

Por otra parte, si bien el acuerdo de 1995 entre el Mercosur y la Unión Europea había incidido en el aumento del intercambio bilateral (ya un 40% mayor desde 1991) y de las inversiones en la región, la atracción de capitales por los países de América Latina no era fácil debido a la competencia de los países del Este europeo y de Asia. En 1995, por ejemplo, el flujo de inversiones directas alemanas al exterior había sido de 15.000 millones de dólares: la mitad hacia países ex comunistas, y del resto, 2/3 casi iguales, a Asia y a América Latina.(12)

A la vez, la inversión directa alemana en América Latina y el Caribe era menor que la de otros países de la UE. No obstante, de 280 millones de dólares anuales promedio en la década de los 80 había pasado a 540 millones en la de 1990. La misma se había concentrado en los países más grandes, recibiendo la Argentina alrededor de un 9% del total en 1995.(13)

En vísperas de la llegada a la Argentina del canciller Kohl a mediados de septiembre de 1996, Clarín señalaba que las inversiones alemanas en la Argentina en el período 1991-1996 habían totalizado 450 millones en forma directa (el doble de lo alcanzado en el mismo lapso de cada una de las tres décadas anteriores) y 550 millones en radicaciones financieras de mercado. Alrededor de 500 a 600 Pymes argentinas estaban ligadas al comercio con Alemania, mientras que más de 2.500 germanas tenían vínculos con firmas nacionales. En toda América Latina, las inversiones directas germanas habían sumado en 1994 algo más de 1.000 millones de dólares, apenas el 2,1% de sus colocaciones externas en todo el mundo. De esa cantidad, la Argentina había recibido aquel año 199 millones y 597 Brasil, el país de mayor recepción de capitales alemanes y en el cual el 15% del PBI industrial del mayor estado, San Pablo, lo generaban firmas alemanas.(14)

El canciller Kohl llegó acompañado por representantes de 17 grandes consorcios alemanes para iniciar un desembarco que había perdido las privatizaciones por llegar con retraso. Tres años atrás, poco después de la unificación de las dos Alemanias, el gobierno argentino se había lamentado en la embajada alemana de que la Argentina no recibiera inversiones. La respuesta fue que primero Alemania tenía que consolidarse en el este europeo, y luego llegaría el momento de América Latina y de la Argentina. Las empresas que vinieron con Kohl estaban interesadas sobre todo en las privatizaciones de aeropuertos y los sistemas de radares. La visita oficial comenzó el 16 de septiembre, con una reunión de Kohl con el presidente Menem. El canciller alemán elogió a la Argentina y señaló que desde su primera visita al país en 1984 muchas cosas habían cambiado, tanto aquí como en Europa. América Latina había vivido un proceso de estabilización y aperturas económica y política sin precedentes, y los logros alcanzados por la Argentina eran un “éxito”. Si la economía argentina se desarrollaba en esas líneas, los argentinos tendrían más éxito aún en el futuro, señalando que se refería sobre todo a la flexibilización laboral que redujera el costo del trabajo.(15) Kohl aconsejó mantener el control del gasto público, y remarcó la importancia de observar las reglas acordadas en el GATT y puestas bajo la vigilancia de la OMC. Kohl y Menem suscribieron un Protocolo relativo al convenio de 1978 para evitar la doble imposición tributaria. Además, Menem fue invitado a visitar Alemania el año siguiente.(16)

En efecto, el presidente Menem viajó a fines de mayo de 1997 a Alemania, para realizar una visita oficial destinada a incrementar el comercio entre ambas naciones y atender las relaciones con la Unión Europea. Se trataba de una visita de fuerte contenido económico, dada la presencia de una delegación de 54 empresarIos argentinos interesados en atraer la atención de la fuerte capacidad de inversión alemana. Menem y su ministro de Economía Roque Fernández compartieron un itinerario de dos días con intensa actividad en territorio alemán, para posteriormente separarse y desarrollar agendas propias.(17)

Al arribar el 26 de mayo al aeropuerto de Berlín, Menem declaró que la Argentina estaba en condiciones de “ingresar a Maastricht”, aunque inmediatamente agregó: “claro que no nos corresponde”. Menem fue recibido por el presidente Roman Herzog, quien le ofreció una comida de gala. Además de los ministros Fernández, Di Tella, Domínguez, el embajador argentino Guillermo Keller Sarmiento y otros funcionarios, participaron de la misma el secretario Ramón Hernández, los empresarios Carlos Spadone y Mario Falak, el petrolero Antonio Cassia y Armando Gostanian. “Bajo su dirección -dijo Herzog a Menem esa noche- su país ha seguido ejemplarmente el modelo de la economía social de mercado y cumpliría con facilidad los criterios de Maastricht, que tantos dolores de cabeza nos causan a los europeos”.

En la misma ciudad, el ministro Fernández mantuvo un encuentro con su par alemán, Gunther Rexrodt, y participó de un almuerzo organizado por la Federación de Cámaras de Comercio (DITH). Posteriormente, disertó en un seminario organizado por esa misma Federación y la Unión Industrial Alemana, donde resaltó las oportunidades de inversión que ofrecía la economía argentina. En ese encuentro también hablaron el titular de la DITH, Hans Stihl; el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Julio Macchi, y el presidente del Banco Roberts, Enrique Ruete Aguirre. Asimismo, representantes de Siemens y Volkswagen expusieron los casos de las compañías en la Argentina.

Menem se reunió al día siguiente en Bonn con el canciller Kohl, y le pidió inversiones en el próximo proceso de privatizaciones que se desarrollaría en la Argentina. La prioridad del encuentro Menem-Kohl radicó en el análisis conjunto de las conclusiones del grupo mixto de trabajo argentino-alemán, que los mandatarios habían inaugurado en septiembre de 1996, tras la visita de Kohl a la Argentina, y que sus miembros ajustaron en marzo de 1997 en Bonn. El informe revisaba las áreas que serían licitadas próximamente en la Argentina, como aeropuertos, trenes y subterráneos, además de las posibilidades para la cooperación alemana en proyectos especiales, como la construcción del puente Buenos Aires-Colonia y Rosario-Victoria, la construcción de un tren de alta velocidad que uniera Buenos Aires y Mar del Plata y otros proyectos energéticos.(18)

Los pedidos argentinos de mayores inversiones alemanas se explicaban en parte por el déficit de la balanza comercial con Alemania, que en 1996 había sido de 859 millones de dólares, con importaciones por 1.424 millones y exportaciones por 565 millones de dólares, en tanto que en el primer bimestre de 1997 se observaba un rojo de 205,1 millones de pesos. Entre 1995 y 1996, las exportaciones argentinas a Alemania habían caído cerca del 18%, mientras que los alemanes habían aumentado, en ese período, sus ventas a la Argentina casi el 50%. No obstante, Alemania tenía en 1997 un déficit fiscal del orden de los 18.000 millones de marcos (unos 11.000 millones de dólares), una cifra que superaba el 3% de su PBI, establecido como meta en Maastricht.

Según Clarín, algunos diarios alemanes habían criticado la figura de Menem. Entre otros, Der Tagesspiegel había publidcado títulos como los siguientes: “Alemania puede aprender de la experiencia económica argentina, si no fuera porque en el Río de la Plata hay una desocupación del 17%, según datos oficiales, y algo más según otras mediciones”; “El Partido Justicialista perderá en octubre la mayoría confortable que tiene en el Congreso”, y “Menem y sus consejeros están bajo sospecha de corrupción. En el caso del Presidente, por su amistad con Alfredo Yabrán, un empresario con métodos no muy claros”.(19)

Pocos días después de la visita de Menem, el 10 de junio de 1997 el ex embajador alemán en la Argentina, Jorge Kastl, hizo en Berlín unas declaraciones muy críticas de los militares argentinos que habían actuado durante el Proceso militar. El jefe del Ejército argentino, teniente general Martín Balza, le respondió lo siguiente:

“Es inaceptable y agraviante para mí lo que dijo ese señor, porque al generalizar parecería que todos los militares éramos torturadores, asesinos y ladrones. Pero además, al decir que los que combatieron en las Malvinas demostraron ser malos soldados, el ex embajador ofende la memoria de nuestros muertos, mutilados y de todos los que combatieron”.(20)

Por último, el presidente alemán Roman Herzog realizó una visita a la Argentina entre el 2 y el 5 de marzo de 1999, acompañado por altos funcionarios y un grupo de 40 empresarios. Herzog se comprometió a abrir los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán y de la embajada de ese país en Buenos Aires para dar a conocer la información que allí pudiera existir acerca de personas de origen germano desaparecidas durante el Proceso Militar argentino.

Herzog anunció su decisión minutos después de una reunión que mantuvo con Madres de Plaza de Mayo de origen alemán, acompañadas por el pastor Juan Pablo Schaad, quienes le pidieron al presidente alemán que conversara con el presidente Menem sobre la impunidad respecto de los crímenes cometidos, y reclamaron que Bonn ayudara a acceder a los documentos y registros del consulado alemán.(21)

Herzog admitió que Alemania había quedado rezagada entre los países que habían realizado inversión extranjera directa en la Argentina. Los capitales alemanes representaban sólo un 2% del total invertido en 1998, lejos del resto de los principales países europeos. En su discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ante empresarios alemanes y argentinos, y estando presentes el ministro de Economía Fernández y el canciller Di Tella, Herzog dijo que había sido una decepción que Alemania no hubiera participado de las privatizaciones, pero la caída del muro de Berlín la había obligado a reacomodar primero los mercados locales. Sostuvo también que había existido cierta falta de conocimiento del empresariado alemán, situación que iba a cambiar porque los empresarios habían vuelto a detectar el potencial de la Argentina.(22)

Al igual que en el caso de los otros países de Europa Occidental, la balanza comercial levemente favorable a la Argentina a comienzo de la década se tornó ampliamente favorable a Alemania al final de la misma. En 1990 la Argentina exportaba a Alemania por valor de 651 millones de dólares e importaba por 408 millones. El saldo de la balanza cambió de signo a partir de 1993, con fuertes valores negativos para la Argentina en 1997 y 1998. En 1999 las exportación argentinas fueron de 632 millones de dólares y las importaciones argentinas alcanzaron 1.409 millones.(23) Como se vio, Alemania quedó rezagada respecto de otros países en materia de inversiones en la Argentina. No obstante, las empresas alemanas tradicionales instaladas en la Argentina –las automotoras Volkswagen y Mercedes Benz, la química Bayer y Siemens- se mantuvieron.

Cabe señalar que el comercio bilateral con todos los países se caracterizaba en general por la exportación de productos primarios, como carnes, alimento para animales, lanas, pieles, cueros y tabaco, y la importación de bienes manufacturados entre los cuales figuraban calderas y artefactos mecánicos, autos y tractores, aparatos eléctricos, productos químicos y farmacéuticos. Con las dificultades derivadas de la política agraria común aplicada por los países europeos y la mencionada estructura del comercio exterior argentino con esos países fue muy difícil para la Argentina revertir los déficits de su balanza comercial.

3. Los vínculos con el Vaticano. La posición argentina a favor de la vida y de condena al aborto

Las relaciones de la Argentina con el Vaticano se caracterizaron por las varias entrevistas que el presidende Menem mantuvo con el Papa Juan Pablo II, hecho que el presidente argentino se encargó de resaltar al final de su gobierno. No obstante, debido a que un sector de la Iglesia argentina fue muy crítico de la política económica y social menemista, debido a la pobreza y marginación que generaba, las relaciones con el Vaticano no estuvieron exentas de problemas. Probablemente la posición antiabortista asumida por el gobierno argentino haya sido una estrategia para evitar las críticas del Vaticano respecto de las consecuencias de la política económica aplicada en el Argentina.

El presidente Menem viajó a Roma y se entrevistó con el Papa Juan Pablo II el 29 de octubre de 1990. Menem recibió respaldo y advertencias. El Papa expresó un mensaje de esperanza para la Argentina. Consciente de que todavía no habían desaparecido las heridas y antagonismos del pasado, señaló que era necesario un renovado esfuerzo para superar cualquier forma de enfrentamiento y fomentar una creciente solidaridad entre todos los argentinos. Pero, a la vez,

recordó que en su último viaje a América Latina, había observado la existencia de una creciente inquietud moral, que se manifestaba bajo la forma de crisis sociales y otros fenómenos, como la violencia, el desempleo y la marginación, y que amenazaba la coexistencia pacífica. La Argentina no escapaba a esos problemas, que golpeaban a vastos sectores de la población y requerían mayor responsabilidad a todos los niveles y un compromiso más determinado con el bien común.

Luego de otro encuentro con el secretario de Estado cardenal Agostino Casaroli, Menem mantuvo una conferencia de prensa en la embajada argentina. Se le preguntó si firmaría pronto el indulto a los militares y civiles presos. El presidente sostuvo que lo haría antes de fin de año, porque “si no hay perdón no habrá reconstrucción moral y tal vez material de la República”. Cabe señalar que nueve años después, al terminar su última reunión con el Papa, Menem dijo a un periodista italiano que los indultos habían sido recomendados por el Sumo Pontífice. Respecto de la entrevista de octubre de 1990, el presidente explicó que había hecho una breve referencia al Papa sobre el programa de apertura económica y otras medidas necesarias para introducir a la Argentina en el mundo moderno. Menem había sostenido la necesidad de aggiornamiento de una Argentina, que alguna vez había sido uno de los diez países más prósperos del mundo y que había descendido al 84° lugar, “una involucion increíble e intolerable”. Un indisimulado triunfalismo llevó a Menem a hacer referencia a todo lo realizado por la Argentina en “tan sólo un año”, cuando a Italia le había llevado diez o quince años ponerse en marcha por el camino de la modernización.(24)

El 23 de marzo de 1992 el Papa Juan Pablo II exhortó ante el embajador argentino en el Vaticano a que el Estado velara por los sectores más desprotegidos para que no fueran “víctimas de los planes de ajuste, ni queden marginados por el dinamismo del crecimiento”.(25) Poco después, el presidente Menem defendió su política económica frente a las advertencias sobre el costo social del ajuste formuladas por el Papa. Menem señaló que el Papa no estaba bien informado respecto de la evolución del plan económico, y afirmó que las estadísticas indicaban que en ese momento había menos del 5% de desocupación, en contraposición al 12% existente en 1989.(26)

En septiembre de 1996 llegó a Buenos Aires el cardenal Alfonso López Trujillo, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, y muy cercano al Papa Juan Pablo II. Oficialmente el objetivo de su visita era al Congreso Latinoamericano del Movimiento Pro Vida a realizarse en Luján. No obstante, en las reuniones que mantuvo con el presidente Menem, el vicepresidente Ruckauf, el gobernador Duhalde, las principales autoridades de la Iglesia argentina y numerosos legisladores dejó en claro la posición de rechazo de la Iglesia a cualquier ley que pudiera abrir paso al aborto. Su visita era el punto culminante de las presiones realizadas desde el Vaticano para que el gobierno argentino tomara en cuenta su postura sobre legislación reproductiva y familiar. Existían tres proyectos que preocupaban a la Iglesia en esta materia: fecundación artificial, paternidad responsable y derecho a una muerte digna. En su audiencia con Menem, el cardenal agradeció la posición oficial en foros internacionales y destacó las coincidencias del Vaticano con el gobierno argentino “en la batalla por la defensa de la dignidad de la vida humana”. El cardenal se llevó una promesa de Menem: a través del ex ministro de Justicia Rodolfo Barra, el gobierno controlaría que las leyes que pudieran aprobarse en el Congreso estuvieran en sintonía con la postura de la Iglesia. Esa misma tarea de control sobre la aplicación de principios promovidos por la Iglesia había tenido Barra en 1994 durante la Convención de Santa Fe que reformara la Constitución Nacional.(27)

Al mes siguiente, viajó a la Argentina el cardenal Agostino Casaroli, ex secretario de Estado del Vaticano, para participar en los actos con los que se recordaría la firma del Concordato del 10 de octubre de 1966, mediante el cual se había puesto fin al ejercicio del derecho de Patronato por el gobierno argentino, reconociendo a la Iglesia el libre ejercicio del poder espiritual, culto y jurisdicción en materia de su competencia. Podía en consecuencia instalar nuevas diócesis,

nombrar prelados y tener libre comunicación con autoridades eclesiásticas y fieles. En aquella oportunidad el papa Paulo VI había calificado el acuerdo como “el primer fruto en el campo de la relaciones entre la Iglesia y los Estados, tras el Concilio Vaticano II”. La negociación había comenzado en 1958 durante la presidencia de Arturo Frondizi y culminado en la de Arturo Illia, aunque se firmó luego de su derrocamiento. Casaroli se reunió en entrevistas privadas con Menem y con Di Tella.(28)

El 10 de febrero de 1997 Menem decidió nombrar a Esteban Caselli embajador argentino en el Vaticano, en remplazo de Francisco Trusso, que se encontraba al frente de la representación diplomática desde 1991. Caselli había acompañado a Eduardo Bauzá en todos los cargos políticos desde la asunción de Menem, y había oficiado de contacto entre la Iglesia y el gobierno durante el período de Bauzá al frente de la Secretaría General. En noviembre de 1995 se habían atribuido a Caselli las gestiones realizadas en el Vaticano para diluir un crítico discurso del papa Juan Pablo II sobre la desocupación en el país, pronunciado frente a un grupo de obispos argentinos. Con el remplazo del cardenal Antonio Quarracino por monseñor Estanislao Karlic al frente del Episcopado, Caselli había perdido influencia en la cúpula de la Iglesia, que en su momento había sido muy valorada por el Presidente.(29)

El 11 de octubre de 1997 el presidente Menem mantuvo su cuarta audiencia con el Papa Juan Pablo II desde 1989, dos semanas antes de que tuvieran lugar las elecciones legislativas en la Argentina. Según Clarín,(30) la reunión había dividido a la Iglesia argentina en dos posiciones: mientras un grupo de obispos le atribuía fines electoralistas, otros obispos consideraban que el primer mandatario tenía el derecho de reunirse con el pontífice cuando mejor le pareciera. No obstante, los obispos no hicieron declaraciones sobre el tema. El encuentro se había logrado por la buena relación del embajador Caselli con el secretario de Estado del Vaticano, el influyente cardenal Angelo Sodano. El gobierno argentino lograba ese reconocimiento por su alineamiento en los foros internacionales con la posición contraria al aborto.

Durante la audiencia entre Menem y el Papa se tocaron los siguientes temas:

a) Hielos continentales. Según afirmó Menem luego del encuentro, la Santa Sede iba a “exhortar” a los gobiernos de la Argentina y Chile -y no a sus Congresos, como era el deseo de la Cancillería- a una pronta ratificación del acuerdo por Hielos Continentales. El Vaticano enviaría el mes siguiente una carta a los presidentes o cancilleres argentino y chileno firmada por su secretario de Estado, Angelo Sodano, y no por el Papa -como procuraba el gobierno-. El texto manifestaría el agrado de la Santa Sede por la voluntad negociadora de los dos países y, según Menem, los “exhortaría" a ratificar el acuerdo. En los hechos, la solicitud del Vaticano no agregaba nada: eran los Congresos y no los gobiernos los que tenían demorada la aprobación del acuerdo que pondría fin al último conflicto limítrofe entre la Argentina y Chile. El vocero del Vaticano, Joaquín Navarro Valls, señaló que no era de práctica que el Papa se dirigiera a los Parlamentos. De esa manera, las expectativas del embajador Caselli no parecieron del todo cumplidas.

b) La cuestión social. Según Menem, durante la entrevista no se habló de la cuestión social en la Argentina. Sin embargo, el presidente reconoció que había revisado con el Papa la situación social en Cuba y Haití, “los dos países a los que hizo referencia Su Santidad” cuando conversaron sobre Latinoamérica. Menem sostuvo que no se había hablado de otros países, pero el comunicado del Vaticano indicó que en la audiencia con el Santo Padre, como en el sucesivo encuentro de Menem con el cardenal Sodano, se había evaluado también la situación en América Latina, con particular atención a algunos problemas de desarrollo y justicia social en algunos de los países.

c) Libertad religiosa en Cuba. Menem dijo en conferencia de prensa haber asegurado al Papa que hablaría con Fidel Castro el mes siguiente próximo para reclamarle mayores espacios de

libertad religiosa para la Iglesia en Cuba. Menem urgiría a Castro a que concediera mayores libertades a la Iglesia católica cubana en la cumbre de 1997 de presidentes y primeros ministros de la comunidad iberoamericana a celebrarse en la isla venezolana de Margarita. Sin embargo, el comunicado del Vaticano sobre la audiencia no mencionó en absoluto ese tema y la Santa Sede no se manifestó explícitamente a favor del pronunciamiento argentino por la libertad religiosa en Cuba.

Por otra parte, Menem explicó a la prensa que había decidido no boicotear la cumbre iberoamericana que tendría lugar en Cuba en 1999, en virtud de que el Papa iba a viajar a Cuba en enero de 1998, único país de América Latina que aún no había visitado. En las últimas semanas habían crecido los rumores de que la Argentina se aprestaba a anunciar que si en el futuro no se registraban aperturas democráticas en el régimen comunista cubano, Menem no asistiría a la cumbre de La Habana.

d) Iniciativa internacional a favor de la libertad religiosa. Según Clarín, Menem habló también con el Papa, pero mucho más con el cardenal Sodano, de la perspectiva de que la Argentina tomara una iniciativa a nivel diplomático internacional en favor de la libertad religiosa. Esa iniciativa incluiría a Cuba, pero sobre todo a China, Sudán y otros países islámicos integristas que no concedían ningún espacio a las otras religiones. Un caso típico, se sostenía, era Arabia Saudita. Del tema hablaría Menem con el presidente norteamericano Bill Clinton, que llegaría esa semana a Buenos Aires. La iniciativa podía ser lanzada en la cumbre de los países iberoamericanos de noviembre en Venezuela.

No se hizo mención alguna a la posibilidad de que la Iglesia estudiara la beatificación de personalidades argentinas que eran objeto de culto. Tampoco se aludió a la posibilidad de que el Papa visitara la Argentina. Menem dijo que el Papa le había agradecido a él y a la Argentina “por su defensa permanente de la vida, de la familia y la condena al aborto”. La audiencia ocupó sólo 13 minutos de los 50 que habían sido anunciados previamente.

Saludaron al Papa luego de la entrevista Guido Di Tella, el embajador Caselli; el embajador en Roma, Erman González; los gobernadores Ramón Puerta y Jorge Escobar; Carlos Corach; Alberto Kohan; el senador Carlos Reutemann; el médico del Presidente, Alejandro Tfeli, y el secretario privado, Ramón Hernández.

Una semana después de la visita de Menem al Vaticano, en el marco de una reorganización general de la Curia, el Papa reemplazó al otrora poderoso gobernador vaticano, cardenal venezolano José Rosolio Castillo Lara. Este era una persona conocida en la Argentina, y había sido condecorado por el presidente Menem durante su visita al Papa, junto con otros dos purpurados. El Papa nombró en lugar del cardenal Castillo Lara a su par estadounidense, de origen polaco, Edmund Szoka, que hasta ese momento era titular de la Prefectura de Asuntos Económicos y estaba considerado un especialista en temas financieros. En la lista de consultores del gobernador vaticano aparecía como "honorario" Francisco Javier Trusso, hijo del ex embajador argentino ante la Santa Sede y que estaba seriamente implicado en el escándalo del Banco de Crédito Provincial (BCP), del cual era accionista mayoritario.(31) Inmediatamente, el banquero Trusso presentó la renuncia a su cargo de “consultor honorario” de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad de Vaticano. Trusso había sido el primer argentino y el segundo extranjero en ocupar ese cargo consultivo.(32)

A fin de avanzar en su estrategia de acercamiento a la nueva conducción de la Conferencia Episcopal argentina, durante su viaje a Italia a comienzos de diciembre de 1997, Menem mantuvo en Roma un encuentro con el cardenal Raúl Primatesta y el arzobispo Estanislao Karlic. Los prelados eran parte de una delegación del Episcopado argentino que estaba participando del Sínodo de América en el Vaticano. Ambos representaban una nueva línea pastoral que contaba con el consenso de la gran mayoría de los obispos argentinos, y que

reclamaba autonomía absoluta del poder político, observaba con mucha sensibilidad los problemas sociales y se inscribía a pleno en la movilización evangélica y de autocrítica que el Papa reclamaba a la Iglesia. La invitación a una recepción en la embajada a la delegación por parte del embajador Caselli demostraba su comprensión de que el fin de la conducción amiga y de talante conservador de la Conferencia Episcopal, que había guiado el cardenal Quarracino, podía dar paso a una etapa fructífera si el gobierno se sabía manejar con flexibilidad, respetando los roles bien diferenciados de cada parte.(33)

A fines de diciembre de 1997 el Papa confirmó que recibiría a la conducción de la CGT argentina en la audiencia pública del 18 de febrero de 1998 en el Vaticano. El embajador Caselli había gestionado el pedido por vía del cardenal Sodano, luego de haber desactivado un encuentro de la central sindical con el Papa en junio anterior, por temor a que su presentación de cartas credenciales en la Santa Sede coincidiera con una visión crítica del sindicalismo por la situación social en la Argentina.(34)

El 22 de diciembre de 1997 La Argentina y Chile pidieron conjuntamente al titular de la academia diplomática del Vaticano, monseñor Jaime Montalvo, que presidiera la comisión de Conciliación argentino-chilena que el año siguiente buscaría una solución para los Hielos Continentales, paso que se daría luego de que terminara de naufragar el acuerdo de la Poligonal de 1991. Montalvo era un arzobispo colombiano y jurista que había sucedido al cardenal Antonio Samoré, cuando éste falleció a principios de los ochenta. El pedido conjunto era importante por varios motivos. Primero porque si Montalvo aceptaba se completaría esa comisión estratégica, contemplada en el tratado de Paz y Amistad de 1984, y que estaba acéfala desde la muerte del uruguayo Giménez de Arrechaga. Los otros miembros de la comisión eran el argentino Héctor Masnatta y el chileno Helmut Bruner. Segundo, el pedido a Montalvo significaba de hecho el ingreso de la disputa por los Hielos al área de influencia del Vaticano, aunque Chile se negara por el momento a que la comisión de Conciliación intentara una solución para el último litigio pendiente con la Argentina. De esta forma, una eventual arbitraje -el paso siguiente a una conciliación- ya estaría dentro de la jurisdicción de la Santa Sede. La decisión de hacer este pedido había sido tomada la semana anterior por los cancilleres Di Tella y José Miguel Insulza en una reunión realizada en Montevideo. Allí Di Tella había comunicado a su par chileno que el acuerdo de la Poligonal no sería ratificado por el Congreso argentino, en virtud del resultado de las elecciones de octubre anterior. Formalmente, los cancilleres acordaron un compás de espera hasta marzo de 1998 ante la posibilidad de que los sectores opositores de ambos países realizaran alguna propuesta alternativa al acuerdo de la Poligonal. En realidad, el gobierno argentino esperaba que en esa fecha Chile flexibilizara su negativa a poner en marcha la conciliación por los Hielos. Chile se negaba a dar ese paso desde que había perdido la totalidad de Laguna del Desierto en un arbitraje en 1994.(35)

El 10 de agosto de 1998 Menem hizo efectivo el traspaso de la Secretaría de Culto de la Cancillería a la órbita de la Presidencia y puso en funciones al nuevo secretario de Culto, Juan José Laprovitta. A pesar de asistir al acto representantes de todas las confesiones presentes en la Argentina y varios miembros de la jerarquía católica, la sola presencia de tres de los veinte obispos que formaban la comisión permanente del Episcopado (no estaban su presidente, Estanislao Karlic, ni los vicepresidentes) reveló la reticencia que inspiraba la medida, efectuada sin ninguna consulta a las autoridades religiosas. Extraoficialmente el episcopado había señalado que con el traspaso y el desplazamiento del titular de la Secretaría de Culto, Angel Centeno, un adversario del embajador ante la Santa Sede Caselli, el gobierno pretendía manipular la relación con la Iglesia.(36)

En el marco de su visita a Italia, el 11 de noviembre de 1998 Menem tuvo un nuevo encuentro con el Papa Juan Pablo II. Menem reiteró una vez más su firme posición, prolijamente alineada detrás de la Iglesia Católica, en defensa de la vida y la familia y en contra del aborto. Propuso incluso impulsar en forma conjunta la designación de un día internacional en defensa del

nonato. Además, habló del caso Pinochet y, como en su encuentro con D’Alema del mismo día, defendió la posición de las autoridades de Santiago.(37) Luego del encuentro con el Papa, Menem dijo a la prensa que no había pedido que el Vaticano fuera sede de la eventual firma del acuerdo por los Hielos Continentales con Chile, pero Clarín sostuvo que fuentes de la delegación argentina habían afirmado que sí lo había hecho. No obstante, el acuerdo se firmaría en Buenos Aires el 16 de diciembre de 1998.(38)

El modo en que el embajador Caselli había organizado una visita del Papa Juan Pablo II a la Iglesia Nacional Argentina de Roma no fue bien visto por el obispo de Zárate-Campana, monseñor Rafael Rey, quien acusó a Caselli de estar entrando en cuestiones internas de la Iglesia y disponiendo de algunas cosas que no le correspondían. Rey, un habitual crítico de la gestión menemista, aclaró que se refería -entre otras situaciones- al hecho de que las máximas autoridades del Episcopado se habían enterado por los diarios de la visita del Pontífice al templo argentino, a través de los dichos de Caselli. El obispo opinó, por otra parte, que tal vez no todos en el Vaticano estuvieran enterados de la realidad argentina, porque había un embajador que sólo informaba lo que le convenía. Las duras críticas de monseñor Rey provocaron la respuesta del presidente Menem desde Roma, quien dijo que algunos obispos “tenían posición política tomada”. A su vez, el presidente del Episcopado monseñor Karlic prefirió en Roma no hablar del malestar que había provocado en el Episcopado que Caselli se opusiera a un encuentro que la UIA y la CGT tendrían el día 13 con el Papa. El contacto, respaldado por la Pastoral Social, tenía por objeto entregarle al Papa un documento en el que expresaban su disposición a buscar en conjunto soluciones al problema del desempleo.(39)

El 21 de marzo de 1999 Menem recibió una carta del Papa Juan Pablo II, en la que el último respaldaba la iniciativa presidencial de establecer la celebración del Día del Niño por Nacer (que se dispuso por decreto 1406 /99 para ser celebrada el día 25 de marzo, fecha en que el catolicismo festeja la Anunciación de la Virgen María). En la primera celebración oficial, el presidente invitó a los jefes de los gobiernos latinoamericanos y de España, Portugal y Filipinas a adherir a la iniciativa. Señaló como una prioridad de la política exterior argentina “una firme defensa de la vida desde la concepción” y afirmó que ese principio debía ser considerado como “política de Estado”. La posición oficial mereció elogios de altos dignatarios del Vaticano, como de su representante ante las Naciones Unidas, el arzobispo Renato Martino, quien sostuvo que la Argentina era uno de los países que en los foros internacionales defendía “la dignidad de la persona humana”. Según La Nación, la iniciativa a favor de la jornada del Niño por Nacer y el seminario realizado por el gobierno para honrar la figura del Papa fueron gestos dentro de la estrategia oficial por atemperar los cuestionamientos del Episcopado argentino respecto de las políticas sociales, de los escándalos por corrupción y de controversias institucionales, como las amenazas reeleccionistas.(40)

En efecto, el obispo emérito de Viedma, Miguel Hesayne, envió el 10 de junio de 1999 una carta pública al presidente Menem de fuerte contenido crítico, reclamándole un público arrepentimiento por los injuriosos insultos que había lanzado contra el titular de Caritas, monseñor Rafael Rey, y enfatizando que el jefe del Estado podría engañar hasta al mismo Papa, pero no a Jesucristo. Hesayne salió en defensa de Rey, acusado por el presidente de “mentirle al pueblo” cuando aseguró que en la Argentina existían 13 millones de pobres, cifras elaboradas por el Banco Mundial. No obstante, el obispo emérito señaló a Menem que todavía estaba a tiempo de reparar, en parte al menos, la injusticia social que su gobierno había extendido por el país, instándolo a dejar un camino menos difícil a los gobernantes que lo sucedieran.(41)

La política adoptada por el gobierno argentino hacia la Santa Sede tuvo su rédito para el presidente argentino cuando, pocos días después, monseñor Renato Martino le entregó a Menem el premio Sendero de la Paz 1999, en reconocimiento a su defensa de la vida y de la familia, así como sus esfuerzos en nombre de la paz mundial.(42)

El 22 de noviembre de 1999 en el contexto de su última gira internacional como jefe de Estado, Menem tuvo su sexto y último encuentro con el papa Juan Pablo II, obteniendo la promesa vaticana de que sería convertido en embajador itinerante de la Santa Sede, para proclamar la defensa de la vida y condenar el aborto. Menem también fue invitado a integrar una comisión de notables que se dedicaría a divulgar la doctrina de la Iglesia cristiana. Como contrapartida, el cardenal Sodano reclamó públicamente que el próximo gobierno argentino continuara con la línea trazada por Menem.(43) Menem declaró luego que se había conversado sobre la necesidad de trabajar intensamente sobre la propuesta de la Iglesia de defender la vida, la familia, la libertad y la moral cristiana, expresando también a funcionarios de su comitiva que el Papa lo había felicitado por todo lo que había hecho por la Iglesia y por el “excelente gobierno”. Si la propuesta de la Iglesia se concretaba, Menem señaló que podría cumplir su estrategia de posgobierno: viajar por el mundo para reforzar internacionalmente la figura de estadista. Su intención era tener un lugar en el mundo, una voz autorizada por el Vaticano para fortalecerse ante la comunidad mundial, y volver a la presidencia en el 2003, con una imagen realzada y con peso. Paradójicamente, la prensa italiana prestó poca atención a la visita de Menem, señalando en cambio el descalabro financiero de las embajadas argentinas. En su suplemento económico, el Corriere della Sera mencionó ese tema y dedicó a la Argentina una extensa nota sobre la situación económica por la que este país atravesaba. “La fiesta terminó, hombre. Y también el dinero”, comenzaba el artículo, que destacaba el índice de desocupación, la desigualdad y el enorme déficit público que heredaba el presidente electo Fernando de la Rúa.(44)

4. La cuestión de los derechos humanos

4.1. Francia

En fallo sin precedentes, el 16 de marzo de 1990 el Tribunal de lo Criminal de París condenó a cadena perpetua al capitán de corbeta argentino Alfredo Astiz por el secuestro y tortura en Buenos Aires de dos monjas francesas, Alice Domon y Léonie Duquet, en diciembre de 1977. Astiz había sido absuelto por la Corte Suprema de Justicia argentina en marzo de 1988. El gobierno argentino rechazó el primer pedido de extradición francés el 20 de septiembre de 1990, argumentando el principio de territorialidad, y la improcedencia del pedido de detención en virtud de que los hechos juzgados habían ocurrido con anterioridad a la Convención contra la Tortura y Otras Penas o Tratamiento Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada en diciembre de 1984 en Nueva York, y por ende anterior a la entrada en vigor del Código Procesal francés.(45)

A fines de 1993, el presidente Menem aprobó una lista de ascensos para oficiales de la Armada argentina elaborada por el Ministerio de Defensa. Pero cuando esa nómina llegó al Senado se conoció que dos militares allí incluidos –Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón- habían sido acusados de violar derechos humanos durante el gobierno militar. Interrogado al respecto, Pernías reconoció públicamente que la tortura era una “herramienta” que se había usado en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) para obtener información de los detenidos, e implicó a la Armada en el secuestro y asesinato de las monjas francesas Domon y Duquet.

El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Alain Juppé, durante su visita efectuada a la Argentina en 1994, calificó de “muy graves” las revelaciones de Pernías y Rolón, y sostuvo que correspondía a las autoridades judiciales francesas adoptar las iniciativas necesarias sobre el tema. Antes de dejar el país, Juppé se reunió con miembros de Madres de Plaza de Mayo y de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.(46)

El bloque de senadores peronistas anunció de inmediato que rechazaría el pedido de ascenso de Pernías y Rolón. El presidente Menem expresó que no compartía la decisión de los senadores

-para el Poder Ejecutivo, el tema referido a la subversión era “cosa juzgada”- pero la respetaba.(47)

Cuando a fines de febrero de 1996 el presidente Menem viajó a Francia, la visita se vio empañada por la “cuestión Astiz”. Ante los reclamos de información de diez organizaciones de derechos humanos sobre los ciudadanos franceses desaparecidos en la Argentina, y el pedido de una declaración de responsabilidad del estado similar a la que el presidente Chirac había hecho a poco de asumir sobre la entrega de 75 mil judíos a los campos de exterminio nazi, el canciller Di Tella se declaró partidario de una indemnización pecuniaria y una moral a los familiares de los desaparecidos, pero no política. Sostuvo que si se pedía una declaración de culpabilidad del estado argentino, habría que esperar otros 50 años como había ocurrido en Francia.(48)

El embajador francés en la Argentina, Renaud Vignal, insistió en julio de 1996 en que aún pesaba el pedido de captura sobre Astiz. En septiembre de ese año, a raíz de las fuertes presiones ejercidas por el gobierno de Francia, Astiz pasó a retiro, y el gobierno argentino tuvo alguna esperanza de que con esa medida el tema se aplacara.(49)

El 17 de marzo de 1997 el presidente francés Jacques Chirac inició su visita a a la Argentina. En el primer día de su estadía, Chirac envió a su ministro delegado de Asuntos Europeos, Michel BarnIer, a rendir homenaje a “las víctimas francesas de la represión ilegal” en la Argentina y a los muertos en el atentado contra la Embajada de Israel en 1992. Barnier depositó una corona de flores al pie del monumento inaugurado en la embajada de Francia en homenaje a las monjas Duquet y Domon y los otros desaparecidos de origen francés. Aparentemente, el caso Astiz no fue tocado en la reunión que Chirac mantuvo con Menem.(50)

Sin embargo, al final de la visita, y aprovechando un ámbito en el que hablaba más para la prensa francesa que cubría su gira que para los argentinos, Chirac calificó a Astiz de “asesino”, aclarando que, si bien hubiera preferido que estuviera en prisión en Francia, era respetuoso de la ley y de la Justicia argentinas y de lo decidido por ellas. De esa manera, no quedaron dudas sobre la opinión del presidente francés sobre el caso Astiz. El embajador de Francia, Renaud Vignal, que durante años mantuvo una posición extremadamente firme sobre el castigo que reclamaba Francia para Astiz, lo escuchó con satisfacción. La toma de posición de Chirac sobre Astiz fue para el diplomático un respaldo a su actuación, algo doblemente importante para Vignal dada la filiación socialista del embajador.(51)

El asunto se complicó en junio de 1997 cuando el diario Página/12 reveló que Astiz, pese a haber pasado a retiro, cumplía funciones en el Servicio de Inteligencia Naval (SIN). El gobierno francés mostró su irritación a través del embajador Vignal, y el gobierno argentino se vio en la obligación de exigir al jefe de la Armada, almirante Carlos Marrón, que relevara a Astiz de sus tareas. El ministro de Defensa Jorge Domínguez expresó a Vignal que ni él ni el presidente habían sido notificados del tema y que no existía un contrato laboral que ligara a Astiz a la Armada, ya que se lo llamaba esporádicamente. El diplomático manifestó su satisfacción por la decisión tomada.(52)

Durante la visita del presidente argentino a Francia en octubre de 1998, mientras Menem daba una charla ante intelectuales franceses, el canciller Di Tella debió neutralizar los reclamos de organismos de derechos humanos que le solicitaron tres medidas: a) la designación de un mediador entre ambos países, para que informara sobre el destino de los quince desaparecidos franceses durante la última dictadura militar en la Argentina; b) la reconstrucción de las listas de desaparecidos y el esclarecimiento de las circunstancias en que se habían producido las desapariciones, c) la exclusión de la función pública de todos aquellos ex integrantes de la dictadura, y d) que se dieran a conocer los nombres de los responsables de la represión ilegal. Di Tella tomó en cuenta las demandas del nombramiento de un mediador para esclarecer los casos

de los franceses desaparecidos y se comprometió a hacer todo lo posible para agilizar las investigaciones.(53)

4.2. Italia

El 7 de mayo de 1996 comenzó en Roma una audiencia preliminar para determinar si se procesaba a 40 militares argentinos como responsables de la desaparición de al menos 120 ciudadanos italianos durante la dictadura militar. El fiscal Antonio Marini había pedido archivar el proceso judicial iniciado en 1983 tras la denuncia por la desaparición de más de 600 ciudadanos italianos, con el argumento de la falta de colaboración de la Justicia argentina. Según dirigentes de derechos humanos, a través de un supuesto pacto secreto realizado en 1995 entre los gobiernos de la Argentina e Italia se había acordado la caducidad de la causa a cambio de la extradición desde la Argentina del ex capitán nazi Erich Priebke. Si ese pacto secreto existió, en mayo de 1996 su continuidad fue sepultada por la asunción de un nuevo gobierno italiano dominado por la centroizquierda. El juez de investigaciones preliminares Claudio D’Angelo, del Tribunal de Roma, rechazó el pedido de archivar el proceso formulado por el fiscal Marini.(54)

El 14 de enero de 1997 tuvo lugar una audiencia preliminar para definir la suerte de la causa. Si se decidía la continuación del proceso, casi 90 militares y policías argentinos -entre ellos cuatro ex presidentes- podían ser condenados y corrían el riesgo de ser detenidos si salieran del país.(55) La audiencia, presidida por el juez D’Angelo, sirvió para que los abogados de los familiares de las víctimas, el fiscal Marini y el abogado defensor del almirante Armando Lambruschini (el único involucrado que se presentó ante la Justicia italiana) se manifestaran en favor o en contra del comienzo de un proceso penal. El 12 de febrero D’Angelo decidió continuar las investigaciones de seis homicidios y dos secuestros de recién nacidos y promover un proceso penal contra varios ex militares argentinos.(56)

El 6 de abril de 1998, en su primer día de visita oficial a la Argentina, el primer ministro de Italia, Romano Prodi, afirmó que el gobierno italiano estudiaba la posibilidad de constituirse en parte querellante en el juicio. Prodi recibió a un grupo de madres de desaparecidos italianos que promovían el juicio en Roma contra siete militares argentinos, entre los que se encontraban el ex general Guillermo Suárez Mason y el general (RE) Santiago Omar Riveros. Suárez Mason y otros ex represores estaban libres pese a haber sido condenados por la Justicia argentina porque habían sido beneficiados por las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y por los indultos del presidente Menem. En junio de 1998 Prodi confirmó que el estado italiano se había constituido en parte civil en el juicio, pero dijo que ello no afectaría las relaciones bilaterales.(57)

A fines de julio se inició ante los tribunales romanos otra causa contra varios marinos argentinos que operaban en el campo de detención clandestina que funcionó en la ESMA. La causa se abrió después que el ministro de Justicia italiano, Oliviero Diliberto, autorizó a proceder con la hipótesis de homicidio múltiple agravado, del cual habían sido víctimas tres ciudadanos italianos asesinados en 1977. Los imputados eran Jorge E. Acosta, quien se hallaba preso por su participación en el robo de hijos de desaparecidos; Alfredo Astiz; el capitán de fragata Jorge Vildoza; el vicealmirante (RE) José Antonio Vañiek y el prefecto Héctor Febres.(58) Según el Código Penal italiano, los mencionados podían ser procesados y condenados en ausencia.

Familiares de italianos desaparecidos denunciaron también otros casos de desapariciones y robo de bebés. De esta manera, al proceso penal iniciado el 20 de mayo por la desaparición de ocho ciudadanos italo-argentinos (por el cual siete militares argentinos ya estaban inculpados), y a la nueva causa contra Astiz y otros ex represores de la ESMA, iba a sumarse un proceso que comenzaría en octubre contra los ex militares argentinos Guillermo Suárez Mason, Santiago Omar Riveros, Omar Héctor Maldonado, Alejandro Puertas, Juan C. Girardi, Roberto Rossin y

José Luis Porchetto, acusados de la desaparición de nueve argentinos de origen italiano, entre ellos dos niños.(59)

La otra gran cuestión en las relaciones ítalo-argentinas en materia de derechos humanos fue el llamado “caso Priebke”. A principios de mayo de 1994, el ex nazi Erich Priebke fue ubicado en la ciudad argentina de Bariloche por periodistas de la cadena de televisión norteamericana ABC, a los que confesó haber participado en la masacre de las Fosas Ardeatinas en Italia, durante la Segunda Guerra Mundial. El 9 de mayo el gobierno italiano pidió su detención preventiva acusándolo de complicidad en violencia con homicidio premeditado. El juez federal Lenónidas Moldes le dictó la prisión domiciliaria. El 8 de junio Italia pidió la extradición, que fue concedida el 4 de mayo de 1995 por el juez Moldes. Sin embargo, la defensa apeló y el caso pasó a la Cámara Federal de General Roca, la cual el 23 de agosto rechazó la extradición argumentando que los crímenes habían prescripto. Eso provocó un fuerte repudio internacional. Alemania pidió la detención preventiva de Priebke por los mismos crímenes, con lo cual, el 25 de agosto, después de 28 horas de libertad, Priebke fue detenido en su casa nuevamente.(60) El rechazo al pedido de extradición fue apelado ante la Corte Suprema por el fiscal Helvecio Barba.(61)

Después de un proceso que duró más de 18 meses, el 2 de noviembre de 1995 la Corte Suprema de Justicia decidió extraditar a Priebke. Según determinaron la mayoría de los ministros de la Corte, se concedió la extradición porque el delito que se le imputaba a Priebke era el de genocidio –atentado contra la humanidad- que no prescribía a pesar de su antigüedad, como lo indicaba el derecho internacional.(62) Priebke fue extraditado a Italia. Allí, aunque el Tribunal Militar italiano que lo juzgó lo encontró “culpable” de homicidio múltiple, el 1° de agosto de 1996 los jueces lo liberaron por considerar que el delito había prescripto y porque para ellos lo había cometido “sin crueldad ni premeditación”.(63)

El gobierno argentino declaró que no permitiría el regreso de Priebke al país. El ministro del Interior, Carlos Corach, basó la decisión en el artículo 21 del Reglamento de Migraciones, que inhabilitaba para ser admitidos o permanecer en el país a los extranjeros que registraran antecedentes que pudieran comprometer la seguridad, el orden público o la paz social. Dos días más tarde, Menem reiteró su promesa de no permitirle el reingreso a la Argentina. Priebke no alcanzó a ser liberado. El gobierno italiano volvió a detenerlo inmediatamente para considerar un pedido de extradición que presentó Alemania.

4.3. España

En abril de 1996 la Justicia española decidió iniciar una investigación sobre los 38 ciudadanos españoles y unos 200 familiares desaparecidos en la Argentina durante la última dictadura militar. La denuncia, admitida en la Audiencia Nacional por el juez Baltasar Garzón, había sido presentada por la Unión Progresista de Fiscales y apoyada luego por la tercera fuerza política española Izquierda Unida. Estaba dirigida contra los militares argentinos considerados responsables de torturas y desapariciones, entre los cuales se encontraban los miembros de las sucesivas juntas militares y otros altos oficiales.(64)

El recrudecimiento de denuncias y planteos judiciales por casos de desaparecidos en países como España, Francia e Italia obligó al gobierno argentino a realizar una reunión de urgencia. Participaron de la misma el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, los ministros de Interior Carlos Corach, de Defensa Oscar Camilión, de Justicia Rodolfo Barra y de Relaciones Exteriores Guido Di Tella, y el jefe de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE), Hugo Anzorreguy, entre otros. La preocupación del gobierno era que prosperaran los pedidos de extradición que se habían presentado en España, habiendo declarado el canciller español, Abel Matutes, que su gobierno pediría la extradición de militares argentinos si así lo decidía la Justicia española. Consecuentemente, se asignó al ministro Barra para que analizara las atribuciones jurídicas de

otros estados para solicitar ese tipo de medidas, y que estudiara las posibilidades de defensa que tendrían los militares involucrados.(65)

Por otra parte, la Cámara Federal argentina dispuso garantizar la reserva de identidad de todas las personas que quisieran aportar datos sobre el destino final de los desaparecidos, y resolvió trasladarse a cualquier lugar del país o del exterior donde pudieran encontrarse pruebas o residieran personas en condiciones de declarar. Según los camaristas, la decisión fue tomada al margen de los reclamos internacionales que pesaban sobre la Argentina.(66)

Los organismos que habían iniciado la denuncia en España anunciaron que reclamarían también por los menores secuestrados o nacidos en cautiverio, descendientes de esos ciudadanos españoles. La Unión Progresista de Fiscales, la Izquierda Unida, la Asociación Argentina por los Derechos Humanos con sede en España y la Organización Solidaridad para Asia y América Latina (OSPAAL) pedirían entre otras medidas que el juez requiriera al estado argentino las instrucciones que tenían las fuerzas armadas para aplicar en los procedimientos en los que había menores involucrados.(67)

El juez Garzón resolvió llamar a declarar a 101 militares, policías y civiles argentinos como “querellados-imputados” en la causa por la desaparición de españoles en la Argentina. En la lista de imputados figuraban oficiales y suboficiales de las tres fuerzas armadas argentinas, policías y varios médicos que habían participado en sesiones de tortura. El oficial naval Adolfo Scilingo, quien manifestó haber participado en los “vuelos de la muerte”, envió una carta a Garzón ofreciéndose a realizar amplias declaraciones.(68)

La situación planteada habría sido uno de los motivos de la suspensión de la proyectada visita del jefe del gobierno español, José María Aznar a Buenos Aires en noviembre de 1996, como escala previa en su viaje a Chile, donde tendría lugar la Cumbre Iberoamericana. Se acordó que Aznar mantuviera una reunión privada con Menem en un intervalo de la Cumbre y que la visita oficial de varios días se realizara en marzo o abril del año siguiente. La decisión se interpretó como una estrategia del gobierno argentino para evitar tener que tratar el tema de los desaparecidos.(69)

En enero de 1997 el gobierno argentino rechazó un pedido de asistencia judicial internacional de la Justicia española, argumentando deficiencias formales que impedían su tramitación. Pero la oposición iba más allá de lo administrativo. El presidente Menem ya había anticipado que la Argentina no accedería a esa petición. La negativa se basaba en que “acceder al pedido implicaría violentar los intereses esenciales de la Nación, que en forma solidaria y en ejercicio de su poder soberano estructuró una solución legislativa y judicial que permitió la pacificación interna”. La respuesta del gobierno argentino defendía el principio de territorialidad, señalando que, aun cuando las deficiencias fueran subsanadas, el gobierno argentino había resuelto rechazar el pedido “toda vez que refiriéndose el mismo a hechos ocurridos en territorio de nuestro país son de competencia exclusiva de sus tribunales”.(70)

El 25 de enero Garzón ratificó que seguiría adelante y convocaría a los acusados por otros medios alternativos. La lista de Garzón fue ampliada al incluirse a un ex ministro del Interior argentino y a tres militares y un policía uruguayos que según el juez podrían esclarecer algunos de los crímenes ocurridos en Argentina.(71) Al mismo tiempo, Garzón citó como testigos a la ex presidenta argentina María Estela Martínez de Perón, al escritor Ernesto Sabato (quien fue presidente de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, CONADEP), a Graciela Fernández Meijide (ex secretaria de dicha entidad) y a Julio César Strassera (quien había sido fiscal en el juicio contra los responsables de las desapariciones). En una entrevista con el diario Clarín, el canciller Di Tella comparó la actitud de Garzón con la de los gobiernos imperialistas europeos del siglo XIX, que aplicaban derechos especiales a sus ciudadanos, sin importar el lugar del mundo donde se encontraran.(72)

En su declaración ante el juez Garzón, la señora de Perón señaló que su gobierno había sufrido una confabulación que la había convertido en víctima y alejado de todas las decisiones importantes. Por lo tanto, según la testigo, no existía ninguna responsabilidad de su parte en todo lo que pasó entonces y lo que vino después. La señora de Perón aclaró a Garzón que no había tenido conocimiento mientras fue presidenta sobre la existencia de bandas paramilitares ni sobre la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), responsable de varias desapariciones. Explicó también que cuando firmó el decreto que postulaba el “aniquilamiento” de los subversivos se refería a su eliminación política y no física. El término “aniquilamiento” se repitió en otro decreto posterior, que firmó el entonces presidente provisional del Senado a cargo de la Presidencia, Italo Luder.(73)

El 25 de marzo de 1997 el juez Garzón dictó la prisión preventiva al ex presidente Leopoldo Fortunato Galtieri, a quien halló responsable de terrorismo, genocidio, asesinato y detención ilegal. Poco después, la causa por los desaparecidos españoles fue tratada en el encuentro que el jefe de gobierno español José María Aznar y el presidente Menem mantuvieron el primer día (20 de abril) de la visita del presidente español a Buenos Aires. Aunque no se refirió públicamente al tema, Aznar le adelantó a Menem que reivindicaría durante su visita la necesidad de que se esclareciera el destino de los 600 españoles desaparecidos aquí. El gobierno de derecha español, en proceso de acercamiento y más afín al menemismo que la gestión socialista, respetaba sin embargo las leyes e indultos que habían beneficiado a los militares acusados de estas desapariciones.(74)

La cuestión volvió a ser considerada en la reunión de trabajo que Menem y Aznar mantuvieron el 21 de abril. Finalizada la misma, el secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, dijo que Aznar no había expresado preocupación por el tema de los desaparecidos durante el encuentro, y que había ratificado que aquél no era un tema del gobierno español sino que era la decisión de un juez. De acuerdo con su legislación local, España podía juzgar los delitos cometidos contra españoles en cualquier parte del mundo.(75)

La supuesta despreocupación de Aznar por el tema de los desaparecidos se contradijo horas después con los resultados de la reunión que aquél mantuvo con familiares de las víctimas españolas. Ante seis integrantes de la Comisión de Desaparecidos Españoles, Aznar prometió que su gobierno colaboraría con la Justicia para esclarecer la suerte corrida por los hijos de los desaparecidos de esa nacionalidad. El compromiso fue revelado tanto por fuentes españolas como por familiares de los desaparecidos españoles. La vocera del grupo explicó que Aznar había pedido mayor información sobre los menores desaparecidos y ofreció todos los servicios jurídicos que necesitaran los familiares, que se harían efectivos a través de la embajada en Buenos Aires.(76)

El 2 de junio, en una respuesta parlamentaria, el Ejecutivo español precisó que los expedientes y documentos sobre los desaparecidos en la Argentina durante la dictadura fueron destruidos en 1983 por orden de las autoridades militares, antes de la toma de posesión de Raúl Alfonsín como presidente, según la información de que disponía. Dicha información había sido facilitada por el Ministerio de Justicia y otras autoridades argentinas al embajador español en Buenos Aires. El gobierno español agregaba que las informaciones publicadas el pasado abril por el diario español El Mundo, en las que se decía que los documentos sobre la represión argentina habían sido microfilmados por los servicios secretos españoles (CESID) antes de ser depositados en Suiza, ya habían sido negadas por el ministro de Defensa, Eduardo Serra. El CESID, aseguraba el gobierno, no había microfilmado la documentación ni tenía constancia de su existencia. Asimismo, la embajada de España en Buenos Aires comunicó oficialmente a las autoridades argentinas que las microfichas no estaban, ni tampoco habían estado en el pasado, en poder de ningún organismo oficial español.(77)

En octubre de 1997 el juez Garzón ordenó la detención del ex capitán de corbeta Adolfo Scilingo. En marzo de 1995, el ex militar había revelado que en 1976 y 1977 había actuado en el centro clandestino de la ESMA y que había tomado parte en dos vuelos durante los cuales se lanzó al mar narcotizados a treinta detenidos. El ex marino argentino se presentó voluntariamente ante Garzón, y declaró que la Armada argentina había montado un “plan maquiavélico y siniestro para la represión de los subversivos”. Scilingo terminó admitiendo su participación en los “vuelos de la muerte”. En su opinión, la apropiación de menores nacidos en cautiverio buscaba hacer desaparecer el cuerpo del delito, ya que un chico vivo era una prueba de que su madre había desaparecido. También reveló que en la ESMA se incineraban cadáveres de desaparecidos y dijo que por allí habían pasado el escritor y periodista Rodolfo Walsh y la ciudadana sueca Dagmar Hagelin.(78) Por último, el 8 de octubre Scilingo entregó al juez Garzón una lista con 158 nombres de militares que habían protagonizado actos represivos en la ESMA entre 1976 y 1977.(79) El 10 de octubre Garzón dictó la prisión de Scilingo –al poco tiempo le dictaría la libertad bajo fianza- y libró una orden internacional de captura contra el ex almirante Emilio Massera y otros nueve represores.(80)

El 26 de enero de 1998 el gobierno argentino denegó un nuevo pedido de asistencia judicial librado por la Justicia española, sobre la base de los mismos argumentos explicitados en la anterior denegatoria: el principio de territorialidad, la cosa juzgada y el interés nacional en una solución legislativa y judicial que había permitido la pacificación interna. Al efecto, el presidente Menem firmó el decreto 111/98, que también llevaba la firma del canciller Di Tella y del ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo.

A comienzos de marzo de 1998 el gobierno argentino anunció que intentaría impulsar la creación de una Corte Penal Internacional para juzgar los delitos de lesa humanidad, proyecto que formaba parte de la estrategia oficial para frenar las investigaciones de Garzón, por las cuales ya habían sido citados a declarar más de doscientos oficiales de las fuerzas armadas argentinas, de los cuales diez tenían orden de captura.(81)

El canciller Di Tella defendió la necesidad de crear una Corte Penal Internacional destinada a juzgar y sancionar a los autores de crímenes de guerra, genocidios, crímenes de lesa humanidad y atrocidades contra la sociedad civil, a través de una nota publicada el 13 de marzo en Clarín. Dicha corte no significaría menoscabar la independencia y jurisdicción de los sistemas de justicia nacionales, sino que, por el contrario, el diseño de esa instancia internacional partía de que eran los sistemas judiciales de cada Estado los que tenían la responsabilidad primaria y los medios más adecuados para investigar y sancionar a los responsables de esos crímenes. Según Di Tella, el comportamiento del juez Garzón tenía que ver más con la política que con la Justicia. El juez español se apartaba de principios cardinales del derecho como la “cosa juzgada”, e invadía el concepto de territorialidad. Además, sus actitudes guardaban un aire familiar con las tradicionales prácticas “imperialistas”.(82)

Los once magistrados de la Audiencia Nacional de España dieron a conocer el 4 de noviembre de 1998 los fundamentos jurídicos del fallo unánime que reconocía la competencia del juez Garzón. La argumentación señalaba que pese a las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y amnistías dictadas por las autoridades argentinas, los responsables podían ser juzgados en España por genocidio, terrorismo y torturas.(83)

El 13 de septiembre de 1999 por primera vez un fiscal federal argentino declaró como testigo ante el juez Garzón. Hugo Carlos Cañón, fiscal de la Cámara Federal de Bahía Blanca, entregó al magistrado una amplia documentación y listas con nombres de represores. Cañón rompió la falta de colaboración con la Justicia española establecida por el gobierno de Menem, y explicó que su presencia en la Audiencia se enmarcaba en las instrucciones entregadas a los fiscales por el procurador general Nicolás Becerra, a fin de que colaboraran en determinar la verdad histórica sobre los desaparecidos.(84)

El 2 de noviembre el juez Garzón procesó a 98 represores y pidió a Interpol sus capturas. Menem anticipó que el pedido de extradición sería rechazado apenas llegara a la Cancillería. Si el pedido de extradición se producía antes del término de su gobierno el 10 de diciembre, aplicaría el decreto 111 firmado el año anterior para bloquear la asistencia a Garzón sin dar intervención a los tribunales locales.

Estando de visita en Brasil, el presidente electo De la Rúa también cuestionó el pedido de captura de los represores argentinos, pero aclaró que era un tema que tenía que resolver la Justicia. De la Rúa reivindicó el principio de territorialidad invocado por el menemismo, pero marcó diferencias con Menem. El presidente electo se inclinaba por derivar la solicitud a la Justicia local para que decidiera en virtud del Tratado de Asistencia Judicial y Extradición firmado con España en 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.(85)

4.4. Alemania y Suiza

En abril de 1998 se anunció que la fiscalía general de Bonn recibiría denuncias sobre la desaparición de ciudadanos alemanes durante el último régimen militar argentino. De esa forma, Alemania era el cuarto país de la Unión Europea, junto con Francia, España e Italia, en que la justicia local investigaba el destino de connacionales víctimas de la represión en la Argentina entre 1976 y 1983. Dichas denuncias se sumarían a las acciones iniciadas por la denominada Coalición contra la Impunidad, organismo con sede en Nüremberg, en relación con una lista de 75 personas de origen alemán desaparecidas.(86)

Pero, además de que las buenas relaciones argentino-germanas podían entorpecer el desarrollo de las investigaciones, existía el obstáculo de que la legislación alemana no podía juzgar y condenar a una persona en ausencia, y obtener la extradición de los acusados era muy improbable. No obstante, los fiscales podían considerar el caso como de interés público y realizar la investigación. Los jueces podrían luego pedir la captura internacional de los acusados y dar a conocer los hechos. Mientras tanto, en la Argentina, el embajador alemán, Adolf Ritter von Wagner, recibía a una delegación de familiares de alemanes desaparecidos. Luego de la misma, el cónsul señaló que no podía opinar sobre el tema porque el asunto estaría en manos de la Justicia alemana, pero sostuvo que siempre se había ayudado a los descendientes de alemanes desaparecidos.(87)

El Tribunal Supremo alemán autorizó el 19 de julio de 1998 a la fiscalía de Nüremberg a comenzar las investigaciones, en un proceso que no tenía precedente en Alemania. Los ex presidentes argentinos Jorge Rafael Videla y Leopoldo Fortunato Galtieri, el almirante Emilio Eduardo Massera y el general Carlos Guillermo Suárez Mason figuraban entre los 41 altos oficiales de las fuerzas armadas argentinas que serían investigados. La denuncia era justificada jurídicamente en el artículo 7º del Código Penal alemán, aplicable a todos aquellos delitos cometidos contra ciudadanos alemanes en el extranjero, cuando esos delitos también estuvieran tipificados en la legislación del país donde se cometieron. Los abogados alemanes explicaron que la ley de Punto Final de 1986, y la de Obediencia Debida de 1987, no afectaban el artículo 7º del Código Penal alemán, ya que tenían el carácter de una amnistía.

En caso de que se produjeran condenas en Alemania, era poco probable que la Argentina extraditara a los acusados. Sin embargo, la investigación alemana poseía un valor especial porque desde los juicios contra los criminales de guerra nazis, hacía más de 50 años, Nüremberg tenía un significado simbólico en cuanto a la aclaración y sanción de crímenes políticos.(88)

Por último, cabe mencionar que, en diciembre de 1998, la jueza helvética Christine Junod solició la extradición de Jorge Rafael Videla y de Emilio Eduardo Massera. En el caso del último, la jueza procuraba procesarlo por la desaparición en la Argentina del ciudadano suizo-chileno Alexei Jaccard, ocurrida en 1977. El juez Gabriel Cavallo recibió el requerimiento y

citó a Massera para que tomara conocimiento y realizara su descargo. Massera respondió que entendía que ya había sido juzgado por ese hecho. Además, el ex marino estaba bajo investigación y arresto en dos juzgados federales por su presunta participación en la sustracción de menores nacidos de mujeres mantenidas en cautiverio.(89)

5. Participación argentina en las operaciones de paz internacionales

5.1. Creación de los Cascos Blancos

La Argentina propuso en 1993 la creación de los Cascos Blancos, una organización constituida por equipos de personal voluntario especializado en diversas áreas con el objetivo de prestar asistencia humanitaria a los pueblos que sufran emergencias extremas. En julio de 1994 fue creada localmente. En diciembre la iniciativa de los Cascos Blancos fue avalada por la Cumbre de las Américas reunida en Miami. Los presidentes comprometieron el apoyo y la participación de sus países e instruyeron a las organizaciones regionales (OEA, BID, OPS), para que respaldaran técnica, política y financieramente la iniciativa. En diciembre de 1994 la Asamblea General de la ONU dictó, por unanimidad, la Resolución 49/139 B, alentando las medidas voluntarias nacionales y regionales dirigidas a poner a disposición de la ONU las capacidades de reserva de recursos técnicos y humanos especializados para el socorro de emergencias y rehabilitación. Finalmente, la Asamblea General de la ONU, en su quincuagésimo período de sesiones, brindó el espaldarazo definitivo a la iniciativa argentina.(90)

En algunas oportunidades, la Organización Cascos Blancos se encuentra capacitada para apoyar operaciones previas, como misiones de paz llevadas a cabo por los Cascos Azules, y en otras oportunidades, constituir misiones propias. Las Operaciones Militares de Paz, o Cascos Azules, están constituidos por personal militar perteneciente a las fuerzas armadas de los estados que intervienen en ellas, ya sea con el objeto de mantener, o incluso, imponer la paz en lugares en los que se esté desarrollando un conflicto. A su vez, los Cascos Blancos están constituidos por personal civil voluntariamente incorporado a la organización, que conforma grupos asistenciales de emergencia, los cuales no se integran a una dependencia permanente, sino que se ponen a disposición para el eventual llamado que determine una emergencia. Unos y otros quedan entonces nítidamente diferenciados, no sólo por sus distintos objetivos, sino también por su conformación y financiamiento. Su punto de contacto fundamental, fuera de la similitud de sus nombres, está en su coordinación por la ONU, bajo cuya bandera operan. Los Cascos Blancos argentinos financian su preparación local con aportes privados. Las misiones internacionales son financiadas con un fondo especial administrado por la ONU.

En septiembre de 1996, tras un encuentro entre el responsable italiano para la cooperación internacional, Paolo Bruni, y el embajador Octavio Frigerio, titular de la Secretaría de Asistencia Internacional Humanitaria Cascos Blancos, Italia se incorporó activamente a la organización con el compromiso de proveer fondos y voluntarios a las misiones humanitarias donde fueran requeridos. El primer paso de la participación italiana sería dado en Angola, donde los voluntarios junto a sus pares argentinos cumplirían una misión de detección y neutralización de las minas terrestres antipersonas. Italia iniciaría su participación con un primer envío de un millón de dólares, siendo los recursos adicionales provistos por el fondo Cascos Blancos que administraba la ONU. Frigerio señaló que la iniciativa Cascos Blancos del presidente Menem estaba atravesando una etapa de rápida internacionalización, a partir de la participación -con recursos humanos y económicos- de un número creciente de naciones altamente industrializadas, entre las que se encontraban Francia, Italia, Alemania y España.(91)

La Fundación Europea de los Cascos Blancos se constituyó el 23 de noviembre de 1998 en Roma, permaneciendo todavía a la espera del reconocimiento de las autoridades de los distintos países. La Fundación desea extender su acción más allá del continente europeo a los estados vecinos. La tarea que se ha fijado es iniciar proyectos para mejorar la situación social en Italia y

en el exterior dondequiera que exista la necesidad. El objetivo es actuar inmediatamente en los casos de rehabilitación social y económica y mejoramiento de la vida de las personas en situación médica o económica deplorable.(92)

Hacia fines de abril de 1999 el embajador Frigerio expuso los fundamentos, la evolución y los alcances de la iniciativa Cascos Blancos en Bruselas, ante el Parlamento Europeo, convocado por la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Exteriores y Desarrollo de ese cuerpo. La invitación constituyó un gesto de reconocimiento hacia la Argentina como país promotor de la iniciativa y se originó en la propuesta de los eurodiputados del Grupo de los Verdes para crear un grupo civil de paz, a semejanza de los Cascos Blancos. Frigerio abogó por la creación de un mecanismo de coordinación entre los Cascos Blancos de la Argentina y los de otros países en vías de desarrollo con los actores humanitarios de la Comunidad Europea.(93)

Un equipo de Cascos Blancos argentino desarrolló en 1997 un operativo en la región de Goris en Armenia, donde la producción de alimentos se encontraba seriamente afectada por la carencia de insumos agrícolas y el proceso de cambio en la propiedad de la tierra. En colaboración con el programa pro huerta del INTA, se implantaron en seis meses más de 500 huertas familiares. El proyecto recibió la adhesión y el aporte del Programa Mundial de Alimentos.(94)

Otro contingente fue reclutado y organizado en respuesta a un pedido formulado al gobierno argentino por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), y en atención también a la solicitud de ayuda presentada ante la Cancillería argentina por el gobierno de Albania, para paliar las privaciones de miles de refugiados de origen albanés.(95)

5.2. Operaciones de paz

El fin de la guerra fría produjo un incremento de conflictos regionales, cuyas características demostraron la incapacidad de las fuerzas de paz de la ONU para contenerlos en muchos casos. Hasta entonces, dichas fuerzas habían sido utilizadas para interponerse entre facciones beligerantes, monitorear un cese del fuego o informar sobre la implementación de un acuerdo de paz. En pocos años su mandato se vería ampliado, pasando a organizar elecciones, desmovilizar fuerzas rebeldes, repatriar refugiados e incluso involucrarse en la reconstrucción de las estructuras de servicios públicos y la capacitación de funcionarios para el restablecimiento de los servicios de justicia y administración de regiones devastadas por la guerra. La regla serían las operaciones de mantenimiento de paz multidimensionales.(96)

Para poder enfrentar las nuevas situaciones de conflicto, la ONU debía poseer una fuerza de despliegue rápido, a fin de evitar muertes y daños de todo tipo. De esta manera, el 20 de noviembre de 1992 el secretario general adjunto para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) de la ONU, Marrack Goulding, convocó a los representantes permanentes de la Argentina, Canadá, Dinamarca, Francia, Ghana, Pakistán y Polonia, para comunicarles la necesidad de un despliegue más rápido de las OMP. Era necesario que los países contribuyentes ofrecieran tropas en plazos breves.(97)

Consecuentemente, el secretario general de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, decidió establecer un Grupo de Planificación Militar en el seno del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, a fin de desarrollar un sistema denominado de Stand by o Apresto Rápido, que permitiera desplegar a sus integrantes y elementos en un tiempo acordado. Ello se haría a partir de 1994 para cumplir las tareas de la ONU en cualquier parte del mundo, ante el requerimiento del secretario general. Para formar parte del Grupo de Planificación Militar, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina designó al teniente coronel Alberto Guillermo Nieto, quien contaba con experiencia previa en misiones de paz.

A mediados de marzo de 1993 se comenzó a elaborar el proyecto de Stand by Forces, el cual se negoció con los países miembros más importantes de la ONU, resultando de ello los llamados Stand by Agreements (Acuerdos de Fuerzas en Apresto). En 1994 se desarrollaron seminarios sobre entrenamiento en Argentina, Ghana, Australia y Austria, países que fueron tomados como centros regionales. Después del primer año (1993), se retiraron los representantes de Francia, Dinamarca, Pakistán y Ghana, permaneciendo la Argentina, Polonia y Canadá.

El sistema de elementos en Stand by se basa en acuerdos con los países miembros de la ONU a los efectos de proveer equipos, recursos financieros o servicios, con un tiempo de alistamiento aceptable (lo ideal es entre 7 y 14 días). Los recursos acordados deben ser usados exclusivamente para OMP según el mandato del Consejo de Seguridad. Los equipos son mantenidos en apresto en los respectivos países, donde sus integrantes reciben el entrenamiento necesario para poder cumplir con las misiones. Cuando se presenta la necesidad, ellos son requeridos al país en cuestión por el secretario general y, una vez aprobado el pedido por el país miembro, son rápidamente desplegados. Mientras permanecen en sus países, los elementos en Stand by, están bajo la responsabilidad de sus respectivos gobiernos.

El mayor compromiso asumido por la Argentina a partir de 1993 llevó a pensar en la necesidad de crear un ente que asegurara la preparación para el adecuado cumplimiento de las misiones que se emprendieran. Con ese objeto, por resolución del Ministerio de Defensa del 27 de junio de 1995, se creó el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz (CAECOPAZ), el que se ha convertido en un instrumento para la preparación de contingentes argentinos o de cualquier país que lo solicite. Sus planes curriculares siguen la orientación de entrenamiento para el desarrollo de operaciones de paz que fija la ONU, y sus instructores son elegidos entre aquéllos de las tres fuerzas armadas que posean la mayor experiencia en el desarrollo de OMP, incluyendo también personal de otros países. En febrero de 1998 la Argentina se integró a la Rapid Deployment Brigade de 5.000 efectivos (una versión de las llamadas Stand by Forces), integrada por tropas de Dinamarca, Austria, Canadá, Noruega, los Países Bajos y Suecia.

Al comenzar la presidencia de Menem, la Argentina tenía destinado desde agosto de 1988 un contingente en la fuerza militar de observación que el Consejo de Seguridad había establecido en la frontera entre Irán e Irak. Durante su gobierno, Menem incentivaría la participación argentina en las operaciones de paz, de manera que más de 10.000 oficiales y suboficiales del Ejército tomaron parte voluntariamente en tales misiones. También lo hicieron en menor medida efectivos de la Armada, la Fuerza Aérea y la Gendarmería. En 1998 la Argentina participaba en 12 operaciones de paz, ubicándose en el octavo lugar entre los mayores contribuyentes de tropas, con un 4,55% del total. La participación argentina ascendía al 45% del total de la contribución latinoamericana.(98)

A continuación mencionaremos las operaciones de paz que tuvieron lugar en la ex Yugoslavia y en la isla de Chipre, en las cuales participaron fuerzas argentinas.

Croacia

En Croacia comenzaron severos enfrentamientos militares en junio de 1991, cuando esa república y su vecino del norte, Eslovenia, se declararon independientes de Yugoslavia. Los serbios que vivían en Croacia, apoyados por el Ejército Nacional Yugoslavo se opusieron a esa medida. Los esfuerzos de la Comunidad Europea para detener las hostilidades resultaton infructuosos. El 25 de septiembre de 1991 el Consejo de Seguridad adoptó en forma unánime la Resolución 713, que convocaba a todos los estados a implementar un inmediato embargo de armas sobre Yugoslavia. El 8 de octubre el secretario general, Javier Pérez de Cuéllar, nombró al ex secretario de Estado norteamericano, Cyrus Vance, como su enviado personal en Yugoslavia. En diciembre, mediante la Resolución 724, el Consejo de Seguridad aprobó el

informe del secretario general sobre un plan para una posible operación de mantenimiento de la paz. UNPROFOR (Fuerza de Protección de las Naciones Unidas) fue establecida el 21 de febrero de 1992 por el lapso de un año, mediante la Resolución 743.(99)

El mandato original de UNPROFOR comprendía únicamente a Croacia. Luego fue extendido a Bosnia-Herzegovina con propósitos humanitarios. Finalmente, en noviembre de 1992, el mandato incluyó a Macedonia, debido a las luchas que se desarrollaban en otras partes de la ex Yugoslavia. Hasta 1995, la organización general de UNPROFOR comprendía tres Areas Protegidas de las Naciones Unidas (UNPA) en Croacia, el Comando de Bosnia-Herzegovina y el Comando de la ex república yugoslava de Macedonia. A principios de 1994, las tres UNPA se reunieron bajo un único Comando Croata. En marzo de 1995, el último cambió su nombre por el de Operación de las Naciones Unidas para la Restauración de la Confianza (UNCRO). Al comenzar la misión, el cuartel general de UNPROFOR estaba ubicado en Sarajevo. Cuando la situación empeoró en esa ciudad, fue trasladado a Belgrado. Por último, en agosto de 1992, se estableció en Zagreb (Croacia).

Las tres áreas protegidas en Croacia estaban divididas en cuatro sectores: Eslavonia Este y Oeste, y Krajina Norte y Sur, que eran zonas de conflicto pobladas por serbios. UNPROFOR incluía personal militar, policial y civil, y su objetivo era crear las condiciones de paz y seguridad necesarias para poder realizar negociaciones sobre los temas políticos de la crisis. Tenía autoridad para fiscalizar el ingreso a las UNPA, asegurar que se realizara la desmovilización, controlar a la policía local y evitar discriminaciones, y proteger los derechos humanos.

Luego de que la situación sufriera varias crisis, el 29 de marzo de 1994 se firmó un acuerdo general de cese del fuego entre el gobierno croata y las autoridades serbias de las UNPA, bajo los auspicios de la ONU, la Unión Europea, Rusia y los Estados Unidos. El mismo era parte de un enfoque “paso a paso”, que consistía en lograr primero un cese del fuego, luego encarar la reconstrucción y el desarrollo económico, y finalmente una solución política. Sin embargo, este procedimiento pacífico no pudo implementarse. El 1° de mayo de 1995, el ejército croata atacó las UNPA.

Previamente, el 12 de enero de 1995, el secretario general de la ONU, Boutros Boutros- Ghali, recibió el anuncio por parte del presidente de Croacia, Franjo Tudjman, de que el gobierno croata no aceptaría una nueva extensión del mandato de UNPROFOR, más allá del 31 de marzo de 1995. Tudjman expresó que aunque UNPROFOR había ayudado a detener la violencia y los conflictos en Croacia, era innegable que la naturaleza de la operación no ofrecía las condiciones necesarias para establecer la paz y un orden permanente. Boutros Boutros-Ghali reconoció las constantes restricciones al movimiento de UNPROFOR impuestas por ambas partes y su reducido espíritu de cooperación. La Resolución 981 del 31 de marzo de 1995, puso fin a UNPROFOR.

El mandato de la disuelta fuerza fue sustituido por otro: Fuerza de Paz de las Naciones Unidas (UNPF), que incluía: UNPROFOR (Fuerza de Protección de las Naciones Unidas) restringida a Bosnia-Herzegovina; UNCRO (Operación de las Naciones Unidas para la Restauración de la Confianza) restringida a Croacia, y UNPREDEP (Fuerza de Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas) en Macedonia.

El 31 de julio de 1995, el representante especial del secretario general para la ex Yugoslavia, Yasushi Akashi, solicitó al presidente Tudjman que no comenzara una guerra a gran escala contra los serbios de Krajina. Los croatas suspendieron su avance, y el 3 de agosto los delegados del gobierno croata y de los serbios se encontraron en Ginebra para negociar el fin de la confrontación. El representante de la ONU, Thorvald Stoltenberg, presidió el encuentro pero éste finalizó sin llegar a una solución. El 4 de agosto Croacia envió aviones de combate,

artillería y unidades de infantería mecanizadas contra el enclave de Krajina. El ataque hizo temer que la guerra se extendiera a Bosnia. Sin embargo, el 7 de agosto, Croacia anunció que había terminado su ofensiva contra los serbios. En ese momento, comenzó un éxodo de 120.000 serbios hacia los enclaves serbios en Bosnia.

La misión UNCRO fue levantada. La ONU, a través de su representante en la ex Yugoslavia, Yasushi Akashi, anunció el 10 de agosto el retiro de casi todas las fuerzas de mantenimiento de la paz de Croacia. Durante la segunda mitad de septiembre, 468 cascos azules argentinos dejaron Croacia. Una fuerza de tareas permaneció en el sector Este, formando parte de una nueva misión de las Naciones Unidas denominada UNTAES (Administración Transitoria de las Naciones Unidas en Eslavonia Oriental).

La Argentina participó en la UNPROFOR desde marzo de 1992 hasta julio de 1995 por medio de un batallón del Ejército integrado por 915 efectivos (luego reducido), además de 30 efectivos de la Gendarmería. Los miembros del Ejército desempeñaron funciones de comando y de estado mayor, realizaron observaciones militares e integraron tropas de mantenimiento de la paz. Los gendarmes fueron destinados a la policía civil.

En este contexto se produjo una venta ilegal de armas por parte del gobierno argentino. Entre 1991 y 1995 partieron siete buques para Croacia con armamento del Ejército argentino, el último en febrero de 1995. Tres decretos presidenciales secretos (Nº 1697 del 27 de agosto de 1991, Nº 2283 del 31 de octubre de 1991, y Nº 103 del 24 de enero de 1995) autorizaban ventas a Panamá y Venezuela, países que no habían pedido ni recibido las armas.(100) El tema tomó estado público cuando la exportación dispuesta por el decreto secreto firmado en enero de 1995 fue desviada parcialmente hacia Ecuador, país que en ese momento estaba en conflicto con Perú. El hecho no era menor porque, siendo en la Argentina las fábricas de armamentos estatales y no privadas, la exportación ilegal comprometía directamente al estado.(101) La cuestión revelaba además una falta grave del gobierno argentino por varias razones. En el caso de la ex Yugoslavia, las ventas ilegales de la Argentina violaban el embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad en septiembre de 1991. Más aún, el estado argentino no debía vender armas a una de las partes (Croacia), cuando contingentes de sus fuerzas armadas estaban cumpliendo funciones como fuerzas de paz en el conflicto. Al arribar a Croacia en 1992 el primer batallón argentino, su jefe el coronel Luis Hilario Lagos informó de inmediato a sus superiores en Buenos Aires que se habían encontrado fusiles argentinos en poder de los croatas. Asimismo, en el caso de Ecuador la Argentina era uno de los países garantes del Tratado de Paz y Amistad entre Perú y Ecuador, por lo cual estaba obligada a guardar neutralidad.(102)

Por último cabe señalar que el gobierno argentino estableció relaciones diplomáticas con Croacia el 13 de abril de 1992, mediante un protocolo firmado en Viena. El mismo señalaba que ambas partes acordaban desarrollar sus relaciones sobre la base de los principios de igualdad de los estados, respeto mutuo, autodeterminación, independencia y soberanía, no injerencia en los asuntos internos y solución pacífica de las controversias internacionales, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Posteriormente, en Buenos Aires se firmaron varios tratados. El 27 de abril de 1994 se firmó un Convenio de Cooperación Cultural y Educativa (vigor: 15 de diciembre de 1997). Y el 2 de diciembre de 1994 se firmaron un Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial (vigor: 30 de octubre de 1995); un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (vigor: 1 de junio de 1996); un Convenio de Cooperación en materia de Ciencia y Tecnología (vigor: 22 mayo de 1997), y un Convenio de Supresión de Visas (vigor: 1 de marzo de 1995).

Eslavonia Oriental

En mayo de 1995, Croacia llevó a cabo una ofensiva que le permitió recuperar el control de un gran sector habitado por serbios. El 12 de noviembre, bajo el control de la operación UNCRO,

se firmó en Erdut, pueblo serbio de Croacia, el llamado Acuerdo Básico entre el gobierno de Croacia y los líderes serbios locales por el cual se decidió requerir a la ONU la administración transitoria de la Eslavonia Oriental. Se estableció también que esta región era parte de la República de Croacia. La ONU administraría el proceso de reintegración pacífica de Eslavonia a la soberanía croata. Paralelamente, por los Acuerdos de Paz París-Dayton se puso fin a los conflictos existentes en esos países.

El 15 de enero de 1996, el Consejo de Seguridad decidió por Resolución 1037 establecer la operación de mantenimiento de la paz denominada UNTAES (Administración Transitoria de las Naciones Unidas para Eslavonia Oriental, Baranja y Sirmiun Occidental) por un período inicial de 12 meses, renovables según los informes que se produjeran sobre los logros de la misión y cumplimiento de los objetivos fijados. Esta misión de la ONU combinaba un sistema tradicional de mantenimiento de la paz con la aplicación de un proceso de desmilitarización y de imposición de la paz. De allí que el componente militar de UNTAES dispusiera de tanques, misiles, armamento pesado, helicópteros de ataque y el apoyo aéreo cercano de la Fuerza Aérea Táctica de la OTAN, y de la OTAN misma a través de su operación SFOR (Fuerzas de Estabilización) en Bosnia.

Cuando se cumplía el primer año de la firma del Acuerdo Básico, el Consejo de Seguridad extendió el mandato de UNTAES por seis meses, hasta el 15 de julio de 1997. Este período fue nuevamente prorrogado hasta el 1º de enero de 1998. UNTAES logró cumplir, en los plazos establecidos, con todos los objetivos impuestos.

Por una parte, UNTAES debió confrontar las exigencias de los croatas quienes querían retomar rápidamente el control de su territorio, expulsando a los invasores serbios. Por la otra, los serbios refugiados en la región exigían la garantía de no ser masacrados, y de poder retornar a sus hogares en Croacia o bien quedarse donde se encontraban. En consecuencia UNTAES debió tomar en consideración tanto las demandas de la población como las de los refugiados.

Como consecuencia de la creación de UNTAES, la ONU solicitó la participación de un contingente de la Argentina, lo que fue aceptado por el gobierno argentino el 15 de febrero de 1996. En dieciséis meses participaron de la misión tres sucesivos equipos de combate argentinos. El primero arribó al aeropuerto internacional de Zagreb el 29 de mayo, siendo ubicado en la base de Brod Pustara, en proximidades de la frontera entre Croacia y Hungría.

Finalizada la desmilitarización y dentro de la fase de estabilización, el objetivo fundamental fue llevar a cabo elecciones libres, como paso previo a la entrega del control del territorio a las autoridades croatas electas. Cuando UNTAES dejó de funcionar, continuaron en el territorio 180 observadores internacionales de los cuales 8 eran argentinos.

Macedonia

Las Resoluciones 981, 982 y 983 del Consejo de Seguridad del 31 de marzo de 1995, establecieron la reorganización de UNPROFOR y la creación de UNPREDEP (Fuerza de Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas) en Macedonia. Asimismo, las responsabilidades administrativas y logísticas fueron coordinadas por el cuartel principal de las Fuerzas de Paz en Zagreb, conjuntamente con UNCRO (Operación de Restauración de la Confianza, restringida a Croacia) y UNPROFOR (Fuerza de Protección de las Naciones Unidas, restringida a Bosnia-Herzegovina).

El 1º de febrero de 1996 UNPREDEP comenzó a funcionar como misión independiente, en virtud de que los mandatos de UNCRO y UNPROFOR habían finalizado, pasando a depender directamente del cuartel principal de las Fuerzas de Paz de Nueva York (UNNY). UNPREDEP fue la primera misión en la historia del mantenimiento de la paz de la ONU que utilizó un

mandato preventivo. Para desarrollar las tareas, la misión empleó una variedad de recursos, incluyendo despliegue de tropas, mediación, negociación, conciliación y otros recursos pacíficos.

En cooperación con las autoridades de Macedonia, UNPREDEP realizó actividades tendientes a controlar e informar toda actividad en las zonas limítrofes con la República de Albania y la República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), que pudieran poner en peligro la seguridad y la estabilidad en el territorio de Macedonia. Asimismo debían fortalecer el entendimiento mutuo entre los grupos políticos, sociales y étnicos. El principal problema era la integración política de la minoría albanesa, establecida históricamente en la región y que reclamaba una participación proporcional en el gobierno y en las instituciones oficiales. A ello se sumaba el flujo de refugiados albaneses provenientes de la República Federal de Yugoslavia y de la misma Albania. Participaron de UNPREDEP como observadores militares varios oficiales argentinos.

Prevlaka

La península de Ostra (Prevlaka) domina la entrada de la bahía de Kotor, donde la República Federal de Yugoslavia tenía su principal base naval. Era un área estratégica, ubicada 45 km. al sur de la ciudad croata de Dubrovnik. Su proximidad a Yugoslavia y a Bosnia-Herzegovina y el hecho de tener salida al mar Adriático generaron en los últimos años, graves tensiones. Las hostilidades comenzaron cuando el ejército yugoslavo ocupó territorio croata al sur de Dubrovnik, en el año 1991. Las negociaciones para lograr un acuerdo comenzaron en mayo de 1992, dentro del marco del Plan Vance, que preveía el despliegue de Cascos Azules. La propuesta para enviar fuerzas de la ONU fue aceptada, y los Presidentes Tudjman de Croacia y Cocic de Yugoslavia firmaron un acuerdo el 30 de septiembre de 1992, en la ciudad de Génova. En cumplimiento de lo estipulado, el ejército yugoslavo abandonó Croacia y esa área fue desmilitarizada.

Por la Resolución 779 del 6 de octubre de 1992, el Consejo de Seguridad autorizó a UNPROFOR (Fuerza de Protección de las Naciones Unidas) a asumir la responsabilidad del control de la zona. Esta misión y su sucesora, la UNPF (Fuerza de Paz de las Naciones Unidas), continuaron con el control hasta el establecimiento de la UNMOP, creada por la Resolución 1043 el 31 de enero de 1996 y por un período de seis meses. El mandato fue prorrogado, por sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad hasta el 15 de julio de 1998.

La misión dependía directamente de Nueva York, pero administrativa y logísticamente lo hacía de UNMIBH (Misión de las Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina). Contaba con el cuartel general en Dubrovnik y tres equipos de observadores militares en Gruda (Croacia), en Prevlaka (península de Ostra) y en HerzegNovi (Montenegro).

En UNMOP participaron dos observadores militares del Ejército argentino.

Bosnia-Herzegovina

El Tratado de Paz para Bosnia-Herzegovina fue firmado por los líderes de esta última, Croacia y la República Federal de Yugoslavia en París el 14 de diciembre de 1995. El 16 de diciembre el Consejo de la Alianza del Atlántico Norte (CAAN) lanzó la operación Esfuerzo Conjunto basada en la Resolución 1031 del Consejo de Seguridad que había conferido a la OTAN el

mandato para solucionar los aspectos militares del Tratado de Paz. Así, una fuerza internacional liderada por la OTAN llamada IFOR (Fuerza de Implementación) comenzó su misión el 20 de diciembre de 1995 con un mandato por un año.

En noviembre de 1996 los ministros de Defensa de la OTAN concluyeron que una presencia militar reducida era necesaria para mantener la estabilidad lograda. Consecuentemente se organizó la SFOR (Fuerza de Estabilización) que comenzó a funcionar el 20 de diciembre de 1996, al expirar el mandato de la anterior. La Resolución 1088 de la ONU, del 12 de diciembre de 1996, establecía que la misión de la SFOR era contribuir a crear y mantener un ambiente seguro, necesario para la consolidación de la paz. La SFOR estaba integrada por fuerzas aportadas por los países miembros de la OTAN y por otros países no pertenecientes a la misma.

La situación social en Bosnia continuaba siendo tensa y la paz era interrumpida por violentas manifestaciones populares que atentaban contra personas y bienes. Se produjo así una brecha en la seguridad pública que ni la policía local ni la de la ONU pudieron resolver. De esta manera, en diciembre de 1997 la OTAN consideró la necesidad de crear la MSU (Unidad Especializada Multinacional) que formaría parte de la SFOR. Dicha fuerza debía tener estado militar, experiencia en el manejo de alteraciones del orden público y aptitud de pasar de una operación policial a otra enmarcada en operaciones militares de combate básicas, si la situación así lo requería.

La Gendarmería argentina, que tenía una experiencia de ocho años en operaciones de paz, aceptó formar parte del proyecto. A mediados de julio de 1998, los oficiales argentinos llegaron a Sarajevo para integrarse al Estado Mayor de la SFOR-MSU, mientras la compañía Delta se embarcaba con destino a Gorizia, Italia, sede de un batallón de carabineros, a fin de comenzar la instrucción. El entrenamiento terminó a mediados de septiembre en el teatro de operaciones, después de haber recorrido, en el marco de un gran ejercicio militar, más de 6.000 km de un territorio hostil y desconocido. Por este hecho se le concedió al contingente argentino la completa capacidad operacional. Los procedimientos usados tuvieron un encuadre de disciplina militar, aunque la actividad a desarrollar fuera estrictamente policial.

Los contingentes argentinos estuvieron integrados por 76 hombres y cumplieron períodos de seis meses. Sus tareas consistieron en restablecer el orden público cuando fuera alterado, apoyar el retorno de refugiados y desplazados, cooperar con los policías locales, los gobiernos municipales y la IPTF (Fuerza de Tareas de Policía Internacional) de la ONU. El objetivo final era contribuir al proceso de paz y democratización del país. La misión fue cerrada definitivamente el 23 de junio de 2001.

• NOTAS

1. Russell, “Las relaciones de Argentina con Europa Occidental”, op. cit., pp. 20-23.

2. “Gestión de Cavallo en Bonn”, La Nación, 8 de febrero de 1990, p. 5, y “Anuncio de Cavallo”, La Nación, 9 de febrero de 1990, p. 3.

3. “Mensaje de Menem”, La Nación, 3 de octubre de 1990, p. 3; “Hoy es un día de alegría, expresó el embajador Herbert Limmer”, y “Una nutrida concurrencia a la recepción”, La Nación, 4 de octubre de 1990, p. 10.

4. “La Argentina refinanció su deuda con el gobierno alemán”, Clarín, 16 de octubre de 1990, p. 15.

5. Véase: Antonio E. De Turris, “La visita del presidente Carlos Menem a Bonn. Un paso fundamental para la captación de capitales alemanes”, La Nación, 9 de abril de 1991, p. 4; “Convenio sobre inversiones con Alemania”, La Nación, 10 de

abril de 1991, p. 1; Antonio E. De Turris, “Una música maravillosa para Menem”, La Nación, 10 de abril de 1991, p. 3, y “Los puntos principales del acuerdo firmado ayer”, La Nación, 10 de abril de 1991, p. 3.

6. Ricardo Roa, “Menem firma acuerdos para alentar inversiones alemanas”, Clarín, 9 de abril de 1991, p. 5, y “Epílogo con fiesta grande”, Clarín, 11 de abril de 1991, p. 12.

7. Ibid.

8. Ibid.

9. Mónica Aparicio, “Las relaciones entre Argentina y Alemania durante los primeros años de la administración Menem”, en CERIR, La política exterior del gobierno de Menem, op. cit., p. 202.

10.Graciela Iglesias, “Menem en Bonn, mirando a la NATO”, La Nación, 2 de octubre de 1992, p. 6, y “Inversión automotriz en la Argentina”, La Nación, 6 de octubre de 1992, p. 7.

11. Memorándum, sin fecha, Archivo Cisneros.

12.Néstor Restivo, “Alemania mira al Mercosur”, Clarín, 12 de mayo de 1996.

13.“Inversión directa europea en América Latina: tendencias y aporte al desarrollo”, Informe de IRELA, op. cit., pp. 192.

14.“Visita alemana por negocios”, Clarín, 8 de septiembre de 1996.

15.“Inversión de Mercedes Benz: Especializarse para no morir”, Clarín, 16 de septiembre de 1996, y “Ajuste: Consejos de Kohl a Menem”, Clarín, 17 de septiembre de 1996.

16.“Amplio respaldo de Kohl al programa económico”, La Nación, 17 de septiembre de 1996, p. 1; “Elogios de Kohl para el gobierno de Menem”; “Menem fue invitado a Alemania el año próximo”, y “Helmut Kohl en la Argentina”, La Nación, 17 de septiembre de 1996, p. 8.

17.“Misión a Alemania en busca de negocios”, La Nación, 25 de mayo de 1997; Walter Curia, “Elogio alemán para Menem”, Clarín, 27 de mayo de 1997. Menem viajó a la frontera greco-turca para pasar el Día del Ejército junto a las tropas argentinas que formaban parte de las Fuerzas de Paz de la ONU, y Fernández se trasladó a los Estados Unidos.

18.Walter Curia, “Menem pidió ayuda alemana para las privatizaciones”, Clarín, 28 de mayo de 1997; Mariano Obarrio, “Menem auguró futuras inversiones alemanas”, La Nación, 27 de mayo de 1997, p. 8; “Los presidentes coincidieron en profundizar las relaciones”, La Nación, 27 de mayo de 1997, p. 8, y Mariano Obarrio, “Menem le pidió a Kohl más inversiones alemanas. Interés en la venta aeroportuaria y en el área de transporte”, La Nación, 28 de mayo de 1997, p. 9.

19.Walter Curia, “Elogio alemán para Menem”, Clarín, 27 de mayo de 1997.

20.“Dura réplica de Balza a un ex embajador alemán”, La Nación, 11 de junio de 1997, p. 9.

21.“Desaparecidos: Herzog prometió colaboración”, La Nación, 4 de marzo de 1999, p. 7; Ana Gerschenson, “Herzog se comprometió a abrir los archivos de la Embajada”, Clarín, 4 de marzo de 1999.

22.“Herzog elogió la gestión económica argentina”, La Nación, 3 de marzo de 1998.

23. Datos del INDEC.

24.Oscar Raúl Cardozo, “Gestos y palabras”, Clarín, 20 de octubre de 1990, p. 3, y Julio Algañaraz, “Menem ratificó el indulto en la reunión con el Papa”, Clarín, 30 de octubre de 1990, pp. 2 y 3.

25.“Exhortación del Papa al Gobierno”, La Nación, 24 de marzo de 1992, p. 1.

26.“Por las referencias al ajuste económico. El Papa no está bien informado, estimó el presidente Menem”, La Nación, 4 de abril de 1992, p. 3.

27.“El cardenal Alfonso López Trujillo, muy cercano al Papa, pasó por Buenos Aires”, Clarín, 22 de septiembre de 1996.

28.“Llegó el Cardenal Casaroli”, Clarín, 10 de octubre de 1996.

29.“Caselli, al Vaticano”, Clarín, 10 de febrero de 1997, y “Piden el acuerdo de Erman y Caselli como embajadores”, Clarín, 11 de febrero de 1997.

30.Sergio Rubín, “Dos posiciones en la Iglesia”, Clarín, 11 de octubre de 1997; Walter Curia, “El Papa pedirá que se ratifique el acuerdo por los Hielos Continentales”, Clarín, 12 de octubre de 1997; Julio Algañaraz, “Sin roces por la cuestión social”, Clarín, 12 de octubre de 1997; idem, “Menem quiere hablar con Fidel de libertad religiosa”, Clarín, 12 de octubre de 1997, y “El gobierno intenta mejorar la imagen de la visita al Vaticano”, Clarín, 13 de octubre de 1997.

31.“En Roma se habló de Trusso”, Clarín, 17 de octubre de 1997.

32.“Renuncia al Vaticano”, Clarín, 18 de octubre de 1997.

33.Julio Algañaraz, “El Gobierno busca más acercamiento con los obispos”, Clarín, 8 de diciembre de 1997.

34.Ricardo Ríos, “La CGT ya tiene cita con el Papa”, Clarín, 24 de diciembre de 1997.

35.“Piden a un obispo para la comisión de Conciliación”, Clarín, 23 de diciembre de 1997.

36.Jorge Rouillón, “Asumió ayer el secretario de Culto”, La Nación, 11 de agosto de 1998.

37.Andrea Centeno, “Italia es otro desafío para Menem”, La Nación, 12 de noviembre de 1998, p. 6; “Una difícil convivencia en Roma”, La Nación, 12 de noviembre de 1998, p. 6; Andrea Centeno, “El Presidente defendió a Caselli de las críticas. Hoy desayunará con D’ Alema y se reunirá con el Papa”, La Nación, 13 de noviembre de 1998, p. 10, y “La visita a Roma: el encuentro con el Sumo Pontífice. Menem refirmó su defensa de la vida”, La Nación, 14 de noviembre de 1998, p. 10.

38.Walter Curia, “Menem pidió al Papa su aval para un acuerdo por los Hielos Continentales”, Clarín, 14 de noviembre de 1998.

39.“Críticas de un obispo para Caselli”, Clarín, 13 de noviembre de 1998.

40.“Apoyo papal para una iniciativa del Presidente”, La Nación, 22 de marzo de 1999, p. 6.

41.“Hesayne se sumó a la polémica con el Gobierno”, La Nación, 12 de junio de 1999.

42.“Premio del Vaticano a Menem”, La Nación, 12 de junio de 1999, p. 7, y “El Vaticano premia al Presidente”, La Nación, 16 de junio de 1999, p. 8.

43. Pese a que el tema en cuestión fue la posición antiabortista, no hubo comentario alguno sobre las revelaciones de la ex esposa de Menem, Zulema Yoma, en el sentido de que había interrumpido un embarazo con el consentimiento de su cónyuge.

44.Andrea Centeno, “Menem, mensajero de la Santa Sede”, La Nación, 23 de noviembre de 1999.

45.“Perpetua para Astiz por el secuestro y torturas a dos monjas francesas”, La Nación, 17 de marzo de 1990, p. 11 y “El caso Astiz, otra vez centro de la escena”, La Nación, 17 de julio de 2003, p. 5.

46.“Francia considera «muy graves» las revelaciones por torturas en la ESMA”, entrevista realizada por Osvaldo Tcherkasky, Clarín, miércoles 26 de octubre de 1994, p. 12.

47.“No ascenderán a Pernías y Rolón”, Clarín, 27 de octubre de 1994, p. 6; “La Armada considera que Pernías y Rolón son dos hombres de bien”, Clarín, 28 de octubre, p. 8, y “No comparto la decisión”, Clarín, 28 de octubre, p 8.

48.Graciela Iglesias, “La sombra de Astiz llegó con Menem a Francia”, La Nación, 27 de febrero de 1996, p. 4; idem, “París fue ayer centro de la política argentina. Admitió Di Tella que lo avergüenza el caso Astiz”, La Nación, 28 de febrero de 1996, p. 1; “Di Tella no quiere compensación política”, La Nación, 28 de febrero de 1996, p. 5, y Graciela Iglesias, “Tras reunirse con Juppé, el Presidente finalizó su visita a Francia. Menem: indemnizaremos por el caso Astiz”, La Nación, 29 de febrero de 1996, p. 5. A mediados del año anterior (1995), según la misma nota del diario Clarín, el entonces jefe de la Armada, almirante Enrique Molina Pico, protagonizó un forcejeo diplomático con los hombres de la Embajada francesa. Las declaraciones de Molina Pico sobre las “condiciones morales” del marino para aspirar a un ascenso –condenado en Francia a cadena perpetua por el secuestro y asesinato de las monjas- retrasaron significativamente la invitación que el embajador Renaud Vignal debía enviarle para festejar el 206 aniversario de la Revolución Francesa. Recién un día antes de la celebración, y luego que el entonces vicecanciller Fernando Petrella expresara su “máximo respeto por la Justicia francesa”, Vignal envió la invitación a Molina Pico. Véase “Un homenaje postergado”, Clarín, 9 de diciembre de 1996.

49.“Preocupan al gobierno los reclamos por desaparecidos”, Clarín, 6 de julio de 1996.

50.“Homenaje de Chirac a las monjas francesas”, Clarín, 18 de marzo de 1997.

51.“Se refirió a Astiz como «ese asesino» ”, La Nación, 19 de marzo de 1997, y “Chirac trató a Astiz de asesino y pidió que cumpla su condena”, Clarín, 19 de marzo de 1997.

52.María O’Donnell, “Astiz no cumplirá más tareas en la Armada”, La Nación, 19 de junio de 1997, y María Elena Polak, “Domínguez dijo que Astiz no volverá a la actividad”, La Nación, 20 de junio de 1997.

53.“Reclaman por 15 desaparecidos”, La Nación, 15 de octubre de 1998.

54.“Italia: se oponen a archivar una causa por desaparecidos en Argentina”, Clarín, 14 de mayo de 1996.

55. Entre los 89 acusados figuraban los ex presidentes Jorge Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone; los también ex integrantes de las juntas militares Emilio Massera, Orlando Agosti, Armando Lambruschini y Omar Graffigna; y los ex jefes militares Luciano Benjamín Menéndez y Carlos Suárez Mason. En la lista también aparecían Alfredo Astiz, el gobernador tucumano Antonio Bussi y el intendente de Escobar Luis Patti, los últimos elegidos por voto popular.

56.“Desaparecidos: La Justicia italiana también investiga”, Clarín, 12 de febrero de 1997. Las investigaciones se referían a la muerte de Laura Estela Carlotto, Roberto Julio Morresi, Pedro Lucio Mazzocchi, Daniel Jesús Ciuffo, Martino Mastini y Mario Marras y a los secuestros de Guido Carlotto y Alberto Fabbri, ambos nacidos en cautiverio y nunca encontrados.

57.Ana Gerschenson, “Desaparecidos: Apoyo de Italia”, Clarín, 7 de abril de 1998.

58.Julio Algañaraz, “Abren un juicio a Astiz y al Tigre Acosta en Roma”, Clarín, 30 de julio de 1999. Las denuncias se referían al caso de Giovanni Pegoraro y su hija Susanna, secuestrados por un comando de la ESMA el 18 de junio de 1977. Susanna estaba embarazada y las Abuelas de Plaza de Mayo habían logrado identificar años después a Evelyn Karina Vázquez, que en ese momento tenía 21 años, como la beba de Susanna Pegoraro, de la cual se habría apropiado el suboficial de la marina Policarpo Vázquez, arrestado en marzo de 1999 en Mar del Plata. La tercera desaparecida era la señora Angela Aietta de Gullo, madre del conocido dirigente peronista Dante Gullo. La señora fue secuestrada para castigar a su hijo, que se encontraba detenido en una cárcel en la época de la dictadura militar.

59. Se trataba de Laura Estela Carlotto, el recién nacido Guido Carlotto, Mario Marras, Roberto Julio Morrese, Pedro Lucio Mazzocchi, Luis Alberto Fabbri, Daniel Jesús Ciuffo y Mastino Martino. En este proceso, el principal imputado era el ex general Guillermo Suárez Mason, a quien se consideraba responsable de haber organizado, inmediatamente después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, los centros de detención clandestina que funcionaron en la jurisdicción del primer cuerpo de Ejército.

60.“Más control sobre Erich Priebke”, Clarín, 28 de agosto de 1995.

61.“La Corte ya tiene la causa de Erich Priebke”, Clarín, 29 de agosto de 1995, p 25.

62.“Extraditarán a Erich Priebke a Italia”, Clarín, viernes 3 de noviembre de 1995, p. 30, y “En una semana llevarían a Italia al ex capitán nazi”, Clarín, sábado 4 de noviembre de 1995, p. 54.

63.“Italia no condenó a Erich Priebke y la Argentina le prohibió el regreso al país”, Clarín, 2 de agosto de 1996, y “Priebke puede ser extraditado”, Clarín, 7 de agosto de 1996.

64.Juan Carlos Algañaraz, “Desaparecidos: La Justicia española decidió investigar”, Clarín, 21 de abril de 1996, e idem, “España pide que se investigue la desaparición de 266 personas”, Clarín, 7 de mayo de 1996.

65.“Preocupan el gobierno los reclamos por desaparecidos”, Clarín, 6 de julio de 1996

66.Silvana Boschi, “Derecho de anonimato a testigos”, Clarín, 14 de julio de 1996.

67.Silvana Boschi, “Desaparecidos: Reclaman por los hijos de españoles”, Clarín, 21 de julio de 1996. Este tema ya tenía antecedente en la Justicia argentina. En un juicio iniciado por los abogados Alberto Pedroncini y Boris Pasik, se había presentado entre otras pruebas un inventario originado en el Ministerio del Interior y enviado a la subárea militar de Córdoba que contenía referencias a “normas de procedimiento para aplicar con los menores de edad”. En esa causa, en la que ya habían sido presentados los alegatos finales, el juez Osvaldo Guglielmino debía decidir si condenaba al Estado a presentar toda la documentación que tuviera en su poder desde que se dictaron esas instrucciones, en abril de 1977.

68.Ibid. Entre los nombres citados reiteradamente en los autos judiciales se encontraban los de los ex presidentes Jorge Rafael Videla, Leopoldo Galtieri, Reinaldo Bignone y el del, en ese momento, gobernador de Tucumán, general Domingo Bussi. También el del ex comandante en jefe de la Marina, Emilio Massera, el capitán Alfredo Astiz, y el jefe de la inteligencia naval, Jorge Acosta. Todos los integrantes de las sucesivas juntas militares estaban requeridos por el juez Garzón.

69.“Postergan la visita de Aznar”, Clarín, 22 de octubre de 1996. El otro motivo habría sido el disgusto por la designación del empresario menemista Carlos Amar como embajador en España.

70.“Represión: rechazo al pedido del juez Baltasar”, La Nación, 18 de enero de 1997; “Rechazo a un pedido español”, Clarín, 18 de enero de 1997.

71.Juan Carlos Algañaraz, “España ratificó que investigará a ex jefes militares argentinos”, Clarín, 26 de enero de 1997. Los acusados eran el mayor José Horacio Gavazo, y los capitanes Manuel Cordero y José Silveira. También el comisario de la policía uruguaya Hugo Campos Hermida. Los cuatro oficiales uruguayos habrían actuado en los centros clandestinos de represión Automotores Orletti, ubicado en el barrio de Floresta de la capital argentina, y en el destacamento de la Policía de Buenos Aires, llamado “El Pozo”. En ambos centros actuaban elementos parapoliciales de la “Triple A”, a los que también se había identificado.

72.Juan Carlos Algañaraz, “Un juez español citó a Sabato, Strassera y Fernández Meijide”, Clarín, 29 de enero de 1997, y “Una práctica imperialista”, Clarín, 29 de enero de 1997.

73.Juan Carlos Algañaraz, “España: Isabel recibió insultos y huevazos”, Clarín, 4 de febrero de 1997.

74.Araceli, Viceconte, “Aznar paseó, escuchó algunos reclamos y lo vio a Menem”, Clarín, 21 de abril de 1997.

75.Javier Calvo, “Cautela con los desaparecidos”, Clarín, 22 de abril de 1997.

76.Ibid.

77.“El gobierno español, sin datos sobre la represión”, La Nación, 3 de junio de 1997.

78.Juan Carlos Algañaraz, “Un juez español detuvo a Scilingo por los crímenes que cometió en la ESMA”, Clarín, 8 de octubre de 1997, e idem, “Piden al Gobierno que proteja a los familiares de Scilingo”, Clarín, 9 de octubre de 1997.

79.“El ex marino entregó una lista con 158 nombres de militares”, Clarín, 9 de octubre de 1997. El ex oficial declaró que formaba parte de un grupo especial en la ESMA en el cual actuaban Guillermo Ramón Arquedes, Ramón Antonio Arosa, Roberto José Barbusso, Aldo Fernández, Joaquín Gómez, Enrique Pedro Montemayor, José Luis Seguele, Carlos Alfredo Boinger y otra persona de apellido Zarrategui. También añadió los nombres del médico Aldo Chiappe, que habría actuado atendiendo los partos de las secuestradas, y de un abogado, Gonzalo Torres de Tolosa, que se hacía pasar por oficial de la Armada con el alias de “teniente Varas”. La lista de Scilingo estaba encabezada por el ex almirante Eduardo Massera. Otros oficiales incluidos eran: capitán de navío Jorge Raúl Vildoza; capitán de fragata Adolfo Mario Arduino; capitanes de corbeta Olegario Menendez Salvio, Jorge Eduardo Acosta, Jorge Perren, Francis William Whamond, Ricardo Corbeta; tenientes de navío Antonio Pernías, Enrique Scheller, Alejandro Spinelli, Miguel Angel Benazzi, Hugo Damario, Jorge García Velazco, Pablo Eduardo García Velazco, Adolfo Miguel Donda, Juan Carlos Rolón, Fernando Peyón, Carlos Carella, Francisco Lucio Rioja, y tenientes de fragata Alfredo Aztiz, Jorge Carlos Rádice, Néstor Omar Savio y Wiss Navarro.

80.Juan Carlos Algañaraz, “Piden la captura de Massera y de otros ex jefes militares”, Clarín, 11 de octubre de 1997, e idem, “Los 10 nombres acusados de genocidio por el juez Garzón”, Clarín, 11 de octubre de 1997. Los diez imputados contra los que el juez Garzón pidió orden internacional de captura estaban acusados de genocidio. Sus identidades y las actividades delictivas de las que se los acusaba eran las siguientes:1. Ex almirante Emilio Eduardo Massera. Comandante en jefe de la Armada entre marzo de 1976 y setiembre de 1977. Se lo acusa de ser el principal responsable de las actividades represivas del centro clandestino de la ESMA.2. Vicealmirante Luis María Mendía. Está apuntado como el “ideólogo” del plan represivo de la Armada.3. Contraalmirante Jorge Raúl González. Subdirector de la ESMA entre 1977 y 1978.4. Capitán de navío Jorge Raúl Vildoza. Jefe del Grupo de Tareas y, según la acusación, “principal responsable de la organización de partos clandestinos y reparto de niños”.5. Capitán de fragata Adolfo Mario Arduino. Jefe de personal de la ESMA y encargado del enlace con la Policía Federal. Acusado de infligir tormentos.6. Capitán de corbeta Jorge Eduardo Acosta. Jefe de Operaciones y de Inteligencia del Grupo de Tareas.7. Capitán de Corbeta Jorge Perren. Jefe de Operaciones del Grupo de Tareas. Responsable del Centro Piloto de París.8. Carlos Eduardo Daviou. Oficial de la Prefectura Naval. Participó en vuelos de la muerte.9. Carlos José Pazo. Oficial de la Armada. Actúo en secuestros.10. Gonzalo Torres de Tolosa. Abogado. Introducido por Jorge Eduardo Acosta, se hacía pasar por oficial naval con el alias de "teniente Varas".

81.“Confirmó el Gobierno su estrategia contra Garzón”, Clarín, 4 de marzo de 1998.

82.Guido Di Tella, “Por qué necesitamos una corte penal internacional”, Clarín, 13 de marzo de 1998.

83.Juan Carlos Algañaraz, “La Justicia española dice que hubo genocidio en Argentina”, Clarín, 5 de noviembre de 1998.

84.Juan Carlos Algañaraz, “Por primera vez, declaró un fiscal argentino ante Garzón”, Clarín, 14 de septiembre de 1999.

85. “De la Rúa: la Justicia debe resolver el pedido de Garzón”, Clarín, 4 de noviembre de 1999.

86. Leonardo Freidenberg, “Abrirán en Alemania una causa por desaparecidos”, La Nación, 12 de abril de 1998.

87.Ibid.

88.“Videla y Massera, en el juicio alemán”, La Nación, 20 de julio de 1998.

89.“Analizan la extradición de Massera a Suiza”, La Nación, 17 de diciembre de 1998.

90.Ejército Argentino, Soldados argentinos por la paz . La contribución del Ejército Argentino en la solución pacífica de los conflictos internacionales, Ejército Argentino, edición electrónica, 1998, cap. 1.

91.“Aporte a los Cascos Blancos”, Clarín, 23 de septiembre de 1996.

92. Información obtenida del sitio en Internet “www.whitehelmets.org”.

93. Revista Cascos Blancos, Nº 4, agosto de 1999.

94. Revista Cascos Blancos Nº 1, septiembre-noviembre de 1997, p. 20.

95. Revista Cascos Blancos, Nº 4, agosto de 1999.

96.Discurso pronunciado por el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en la Universidad de Thammasat, 11 de febrero de 2000.

97.Ejército Argentino, Soldados argentinos por la paz, op. cit., cap. 1.

98.Andrés Fontana, “La seguridad internacional y la Argentina en los años 90”, en Andrés Cisneros, (comp.), Política exterior argentina 1989-1999: Historia de un éxito, Buenos Aires, GEL, 1998.

99.Este apartado está basado en Ejército Argentino, Soldados argentinos por la paz, op. cit., cap. 7.

100. Jorge Urien Berri, “A Ecuador llegaron armas obsoletas”, La Nación, 11 de diciembre de 2002.

101. Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, “Análisis de la exportación de armas a Ecuador y Croacia”, Cuaderno 180, Buenos Aires, mayo de 1996.

102. La causa por el caso de las armas fue enviada al juzgado federal del doctor Jorge Urso, quien consideró que en el mismo había actuado una asociación ilícita, figura que fue aceptada por la Sala II de la Cámara Federal. En el fuero penal económico se determinó la existencia de contrabando calificado por tratarse de armamento. Como jefe de la asociación ilícita, Urso procesó al ex presidente Menem, y como organizadores a Emir Fuad Yoma, al ex ministro de Defensa, Antonio Erman González, y al ex jefe del Ejército, teniente general Martín Balza. Como integrantes de la asociación procesó, entre otros, al ex canciller Di Tella, y a los coroneles de Fabricaciones Militares Carlos Franke (ex director de Producción), Edberto González de la Vega (ex director de Comercialización) y Jorge Cornejo Torino (ex jefe de la Fábrica Militar de Río Tercero). El ex presidente Menem estuvo detenido con prisión preventiva desde el 7 de junio hasta el 20 de noviembre de 2001 en que un fallo de la Corte Suprema lo liberó al igual que a los demás procesados.

Kosovo

La OTAN inició su ataque contra Yugoslavia el 24 de marzo de 1999. Belgrado rompió relaciones con los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia. El 26 de marzo, la OTAN atacó por primera vez posiciones del ejército serbio en Kosovo no vinculadas con la defensa antiaérea. Los bombardeos aliados cerca de Belgrado provocaron que el 30 de marzo el líder yugoslavo Slobodan Milosevic anunciara una reducción de sus fuerzas en Kosovo cuando la OTAN detuviera sus ataques. Mientras tanto fracasaba una misión de paz emprendida por el premier ruso E. Primakov. El 31 de marzo, la OTAN anunció que intensificaría sus operaciones, al mismo tiempo que Rusia decidía enviar barcos al Mediterráneo. También fracasaba una misión de paz del Papa. La masiva deportación de kosovares ejercía mucha presión sobre los países vecinos principalmente en Macedonia, que ordenó un cierre parcial de sus fronteras y movilizó a 12.000 soldados para controlar el límite con Yugoslavia. El 13 de abril tropas serbias destruyeron un poblado de Albania. Por primera vez, Albania abrió fuego contra Yugoslavia.

El mismo día el canciller ruso I. Ivanov y la secretaria de Estado norteamericana Madeleine Albright se reunieron para tratar la crisis de Kosovo, pero no llegaron a un acuerdo. Ivanov reiteró la firme posición de Rusia contraria a la ofensiva de la OTAN contra Yugoslavia. Además, Moscú sostuvo que sólo contemplaría la posibilidad de un acuerdo si previamente cesaban los ataques de la OTAN. A su vez, ésta declaró que aumentaría el envío de aviones a la zona del conflicto. El presidente norteamericano Bill Clinton pidió al Congreso la aprobación de una partida de emergencia para financiar la campaña militar contra Yugoslavia.

El 24 de abril comenzó la Cumbre por el 50º aniversario de la Alianza Atlántica. La OTAN se mostró decidida a intensificar sus ataques contra Belgrado hasta doblegar al gobierno de Milosevic. Estableció además las condiciones que sostendría aun ante la retirada de Yugoslavia más de un mes después: la retirada de las fuerzas serbias de Kosovo, el regreso de los

refugiados kosovares y el establecimiento de una fuerza internacional de paz liderada por la OTAN para asegurar la libre elección de un gobierno autónomo. La discusión principal giraba alrededor de si la OTAN debía utilizar la fuerza para imponer el embargo de petróleo declarado contra Yugoslavia. Esta cuestión era relevante para Rusia que era uno de los mayores proveedores de petróleo a Yugoslavia. El canciller ruso Ivanov expresó que Rusia iba a ignorar el embargo y advirtió a la OTAN que si utilizaba la fuerza estaría violando la ley internacional. Francia apoyó a Rusia sosteniendo que la detención y revisión de un buque en aguas internacionales sería ilegal. A su vez, Clinton afirmó que la OTAN estaba dispuesta a imponer el embargo a través de todos los medios razonables.

Por otra parte, la OTAN decidió incrementar su poder en el mundo. Su secretario general de la OTAN, Javier Solana, declaró que la OTAN no sólo se dedicaría a la defensa de los países que la integraban, como lo había hecho durante la guerra fría, sino que en el futuro defendería valores democráticos fuera de sus fronteras. La OTAN se convertiría en una especie de policía global de los valores occidentales. En adelante podría intervenir en situaciones en que no hubiera riesgo para sus miembros y lo haría sin que mediara necesariamente un permiso de la ONU.

El 27 de abril Milosevic aceptó que una fuerza de paz internacional armada fuera enviada a Kosovo bajo la bandera de la ONU, pero los soldados que tomaran parte en ella no debían ser nacionales de los países de la OTAN. También admitió la autonomía para Kosovo y el regreso de los refugiados. A pesar de esto, el ministro de Defensa de los Estados Unidos, W. Cohen, sostuvo que la fuerza internacional debía ser armada y preferiblemente conducida por la OTAN, punto que generaría controversia debido a la inflexibilidad de ambos bandos.

Mientras tanto, los aliados continuaron con los bombardeos, demandando una rendición incondicional. Con todo, el 6 de mayo el G8 – las potencias más industrializadas más Rusia- sellaron un plan de paz que preveía el cese de la violencia en Kosovo, la retirada de las fuerzas militares, policiales y paramilitares serbias, y el regreso de los refugiados, además de una administración temporal para la provincia serbia y una presencia de seguridad internacional y civil con aprobación de la ONU.

El 16 de mayo el alto mando militar yugoslavo anunció la suspensión de la retirada parcial de sus tropas en Kosovo ante los reiterados ataques de la OTAN. El vocero del Ejército señaló que, desde que se había decidido la evacuación, la aviación aliada había bombardeado reiteradamente a sus tropas. La OTAN sostuvo que no tenía ningún indicio de la evacuación militar de Kosovo y que las operaciones continuarían con mayor intensidad. Grecia, por su parte, reclamó a la OTAN la suspensión por 48 horas de los bombardeos para dar oportunidad a la paz. El canciller griego se reunió con sus colegas rumano y búlgaro para exigir una solución diplomática.

El 27 de mayo, el Tribunal Penal Internacional, que investigaba los crímenes de guerra en la ex Yugoslavia, decidió acusar al presidente Slobodan Milosevic de cometer crímenes contra la humanidad en Kosovo y pidió su captura internacional. Esto dificultaba el acuerdo entre Milosevic y la OTAN. La acusación incluía múltiples cargos de crímenes contra la humanidad en contra de los albaneses de Kosovo, antes y durante la intervención de la OTAN. EL 29 de mayo se abrió un nuevo diálogo entre Milosevic y Chernomyrdin. Yugoslavia anuncio que aceptaba los principios generales anunciados por el G8 para una solución pacífica del conflicto sobre Kosovo. Milosevic aprobó que el Consejo de Seguridad fuera el organismo encargado de resolver el acuerdo de paz en conformidad con la Carta de la ONU.

El 8 de junio el G8 acordó un proyecto de resolución sobre Kosovo. Rusia y China exigieron que antes de que la ONU aprobara la resolución debían cesar los bombardeos aliados sobre Yugoslavia. El Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) aseguró que no atacaría a las fuerzas

serbias durante su retirada. Los principales puntos del proyecto de resolución del G8 eran la reafirmación de la integridad territorial de Yugoslavia, la autonomía sustancial para Kosovo, el fin inmediato de la violencia y la represión en Kosovo, así como una retirada de todas las fuerzas militares, policiales y paramilitares serbias, y el despliegue de una presencia civil y de seguridad internacional bajo el auspicio de la ONU. No se mencionaba a la OTAN, pero autorizaba a la ONU a formar la fuerza según lo establecido en el plan de paz acordado entre los países occidentales y Rusia, la instalación de una administración provisional en Kosovo bajo el mando de la ONU y la colaboración de la fuerza internacional con el Tribunal Penal Internacional.

El 9 de junio se reabría el diálogo de paz en Kosovo, reuniéndose en Macedonia jefes militares yugoslavos y de la OTAN. El 10 de junio éstos firmaron un documento técnico militar que establecía un estricto calendario para la retirada completa de las fuerzas militares, policiales y paramilitares yugoslavas de Kosovo. Iniciada la misma, el secretario general de la OTAN Solana anunció el cese de los ataques. Una fuerza yugoslava, que entraría en Kosovo después de la retirada, custodiaría los lugares históricos y religiosos serbios y estaría presente en los puestos fronterizos. Ahora el temor era de los habitantes serbios por probables venganzas de los albano-kosovares, especialmente del ELK. Los siguientes pasos serían la entrada de 50.000 soldados de la fuerza de intervención en Kosovo por tres frentes.

Kosovo fue divida en cinco aéreas que estarían controladas por los Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania. En los 78 días de bombardeos Yugoslavia había tenido entre militares y civiles 7.000 muertos y 16.000 heridos. El 41% de las reservas de petróleo y el 50% de los arsenales del ejército yugoslavo habían sido destruidos. También habían sido destruidos 34 puentes y viaductos, 100 hospitales y centros médicos, 25 plantas de radio y televisión y 8 aeropuertos. El 10 de junio Occidente aprobó el Pacto de Estabilización para el Sudeste de Europa, un plan cuyo fin era restablecer la fuerza económica de la región de los Balcanes, democratizarla y sentar así las bases políticas para prevenir conflictos como el de Kosovo.

El proyecto preveía una inversión de más de 7.500 millones de dólares por parte de la Unión Europea y la posibilidad de que los países de los Balcanes firmaran en el futuro convenios de asociación con aquélla. Entre 1.300 y 2.200 millones de dólares provendrían del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El último y la Unión Europea se encargarían de evaluar y coordinar la ayuda para al menos seis países vecinos de Kosovo: Albania, Bosnia, Croacia, Macedonia, Bulgaria y Rumania.

El 11 de junio se generó una complicación adicional cuando un convoy de soldados rusos entró en la capital de Kosovo, Pristina, violando el acuerdo entre Rusia y la OTAN. Moscú declaró que fue un “error”, pero luego se supo que el presidente Yeltsin había dado la orden. El día siguiente llegaron a Kosovo en helicópteros los británicos, buscando controlar la ruta a Pristina y su aeropuerto. El 16 de junio se completaba el despliegue de 14.000 soldados de la OTAN en Kosovo. A la vez, los rebeldes del ELK anunciaron que consideraban a los rusos como una fuerza enemiga. Moscú lo tomó como una declaración de guerra y demandó de inmediato el desarme de la guerrilla. La crisis se resolvió el 18 de junio cuando los Estados Unidos y Rusia llegaron a un acuerdo sobre la participación de tropas rusas junto con las fuerzas de la OTAN en la supervisión de la paz en Kosovo. El reparto de 3.600 soldados rusos en la Fuerza de Paz para Kosovo (KFOR) se realizaría en tres zonas: la estadounidense, la francesa y la alemana. Las tropas rusas servirían bajo comando y control de Rusia pero trabajarían con los mandos de la OTAN en cada uno de los sectores de las fuerzas aliadas. La OTAN exigía que el aeropuerto de Pristina estuviera abierto a todos los países y que se preservara la unidad de comando.

La participación de Rusia en la KFOR fue considerada clave para frenar el éxodo masivo de los civiles serbios. Como reconocimiento por su papel en la resolución de la guerra de Kosovo, el G7 decidió ayudar a Rusia a sanear su deuda externa. Hubo, sin embargo, una nueva fricción al

reclamar Rusia que no se pusiera como condición a la financiación para la reconstrucción de Yugoslavia la salida de Milosevic. La postura occidental fue firme al respecto y anunció que mientras Milosevic estuviera en le poder, el dinero no llegaría a Serbia.

El 20 de junio el ejército yugoslavo completó su retirada de Kosovo. La OTAN y el ELK firmaron un acuerdo para la desmilitarización de la organización separatista y poner fin a su existencia como fuerza militar. El acuerdo establecía que la guerrilla depondría todo armamento en un período de 30 días, excepto las armas de bajo calibre. Los integrantes de la guerrilla que fueran de nacionalidad extranjera estaban obligados a salir de Kosovo. Además, el ELK debía acatar la autoridad de las fuerzas de paz de la OTAN en Kosovo y comprometerse a no realizar actividades de tipo militar. El 22 de junio alrededor de 180.000 refugiados regresaron a Kosovo, permaneciendo todavía 800.000 en el exterior. (1)

La posición de la Argentina

Consciente de su status de aliado extra OTAN de los Estados Unidos obtenido en 1997, el gobierno de Menem continuó con su política de alineamiento con ese país. El 26 de marzo de 1999 fue uno de los doce países miembros del Consejo de Seguridad que rechazaron el proyecto de resolución de Rusia reclamando el cese inmediato de los ataques de la OTAN contra Yugoslavia.(2) El 23 de abril la Argentina se abstuvo en otra votación, que realizó la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, sobre un proyecto de resolución presentado por Rusia condenando los ataques de la OTAN y señalando las consecuencias de éstos sobre la población civil y la infraestructura del país. La justificación argentina fue que consideraba innecesario una segunda resolución de esa naturaleza, dado que la primera ya había tenido en cuenta los temas de limpieza étnica y de preocupación por los derechos humanos en Kosovo y había recibido el voto favorable de casi toda la comisión.(3)

El gobierno de Menem manifestó su apoyo a las operaciones de la OTAN en Yugoslavia, aunque rechazó la posibilidad de que soldados argentinos pelearan en los Balcanes. Además, se pronunció a favor de que la OTAN realizara la invasión por tierra que fue muy discutida entre los aliados. La Cancillería argentina incluso sugirió al gobierno estadounidense que la Argentina podía comandar la fuerza militar internacional. Sus argumentos eran, en primer lugar, que las fuerzas armadas tenían experiencia en el comando de fuerzas de paz en Chipre. Desde 1997, el general Evergisto A. de Vergara había asumido como jefe de la misión de la ONU integrada por batallones de la Argentina, Inglaterra y Austria. En segundo término, el país comprendía filosóficamente la naturaleza del enfrentamiento porque lidiaba con una realidad similar respecto de las islas Malvinas. Por último, los serbios no querían que las fuerzas de paz fueran comandadas por los países de la OTAN y la Argentina estaba dentro de un pequeño grupo de países amigos de la OTAN.(4)

Finalizada la guerra en Yugoslavia en junio de 1999, el Consejo de Seguridad autorizó en misión combinada la presencia de una fuerza de seguridad de la OTAN (KFOR) para desmilitarizar Kosovo y mantener la ley y el orden, y a UNMIK con el fin de ejercer la administración interina (autoridad ejecutiva, administración de justicia, reestructuración del territorio, etc.), preparar el terreno para la celebración de las elecciones, y estudiar la posible autonomía de la República Federal de Yugoslavia.

En una oportuna reunión el 10 de junio que el ministro de Defensa, Jorge Domínguez, tenía agendada con su par norteamericano, William Cohen, el primero ofreció 550 hombres para las fuerzas de paz que ingresarían en Kosovo. Cohen agradeció el ofrecimiento durante la conferencia de prensa conjunta, señalando que no era una sorpresa, porque la Argentina era uno de los países líderes en contribuciones a las fuerzas de paz, pero era una noticia muy bien recibida. La propuesta argentina era para que los efectivos formaran parte de la KFOR, que sería la primera en ingresar. Un funcionario del Pentágono sostuvo que la Argentina debía ser el

primer país que no formaba parte de la OTAN en ofrecer efectivos para las fuerzas de paz para Kosovo.(5)

Por otro lado, el 8 de julio de 1999 Menem envió al presidente Clinton y al consejo de la OTAN sendos mensajes solicitando la promoción de la incorporación de la Argentina a la OTAN en calidad de miembro asociado, o una categoría similar a establecerse. Como fórmula de transición solicitaba que se considerara la ampliación de la propuesta Asociación para la Paz (PfP), a fin de permitir una participación activa de la Argentina en un plazo breve. El pedido se fundamentaba en que estaba emergiendo un nuevo sistema de seguridad internacional. La intervención de la OTAN en Kosovo, como antes en Bosnia-Herzegovina, reflejaba la naturaleza de los nuevos conflictos, que afectaban a la población civil e implicaban violaciones masivas de los derechos humanos. El gobierno argentino observaba esa nueva realidad y deseaba profundizar su compromiso con la preservación de la paz y la seguridad internacionales. Advertía asimismo el carácter de estructura de seguridad cooperativa, con un alcance potencialmente global y con un carácter político-estratégico antes que estrictamente militar, que la alianza había asumido a partir del proceso de reforma iniciado en 1990-1991 con las declaraciones de Londres y Roma. En suma, la Argentina enviaba la mencionada solicitud con el objetivo de participar más eficazmente en la etapa de redefinición del sistema de seguridad internacional, tanto en las operaciones que se llevaban a cabo bajo el comando de la OTAN, cuanto en la discusión y el diseño del sistema de seguridad global que emergía en los albores del siglo XXI.(6)

El candidato presidencial de la Alianza, Fernando de la Rúa, emitió un comunicado calificando como “totalmente inconveniente e inviable” la decisión del presidente Menem de solicitar la incorporación como miembro pleno de la Argentina a la OTAN. Para el candidato presidencial aliancista, la Argentina debía avanzar en la articulación de esquemas regionales de seguridad internacional y de defensa propios. No se renegaba a priori de ningún posible acuerdo con otras organizaciones de defensa y seguridad en el marco de la ONU, pero esos acuerdos debían plantearse en forma coordinada con los socios del Mercosur.(7)

La solicitud argentina fue inmediatamente girada para su consideración a los distintos países que integraban la OTAN. El 23 de julio de 1999 el secretario general de la OTAN Solana respondió al presidente Menem expresando que su carta confirmaba el profundo interés de la Argentina en cooperar con la OTAN, lo cual quedaba demostrado por la colaboración en las fuerzas de paz. No obstante, hacía notar que el programa Pf P era una estructura para la cooperación de la OTAN con países socios euro-atlánticos. De todos modos, se esperaba que la cooperación con la Argentina continuara y que la reunión venidera en Buenos Aires sobre distintos aspectos de las operaciones para el apoyo de la paz sirviera de ejemplo.(8)

El embajador italiano en la Argentina, Giovanni Jannuzzi, sostuvo el 30 de julio que la OTAN apreciaba la voluntad de la Argentina de intensificar el compromiso para la preservación de la paz y la seguridad internacional en el mundo y que no consideraba que fuera un rechazo la imposibilidad de que el país ingresara en la organización. Jannuzzi explicó que el aspecto geográfico no era un pretexto sino algo excluyente, porque el Tratado del Atlántico Norte cubría esa área en cuanto a pacto de defensa mutuo. Para ampliarla, aunque fuera con un país asociado, se necesitaba modificar el Tratado de Washington, por eso el secretario general no podía dar una respuesta distinta. Consultado sobre la posibilidad de realizar esa modificación, Jannuzzi sostuvo que era muy difícil en un futuro próximo, dado que eran diecinueve Parlamentos que debían modificarlo. Todo era posible pero llevaría mucho tiempo. En su opinión debía mirarse con interés el seminario de octubre en Buenos Aires porque podía ser una etapa fundamental para desarrollar una relación seria entre la Argentina y la OTAN. Jannuzzi también afirmó que estaba al tanto de la posición argentina desde que había empezado a discutirse con la Cancillería argentina en octubre de 1998.(9)

Según el diario La Nación, el pedido de ingreso de la Argentina como miembro de la OTAN y la respuesta denegatoria de parte de ese organismo habían provocado enfrentamientos en el gabinete del presidente Menem. La propuesta se había originado en la Secretaría de Planeamiento Estratégico, cuyo titular era Jorge Castro, quien estaba convencido de que las nuevas circunstancias tras la intervención en Yugoslavia hacían más permeable a la OTAN para permitir el ingreso de nuevos miembros. Esto había ocurrido especialmente luego de la declaración que había hecho la entidad en ocasión de celebrar en Washington, en abril último, su 50º aniversario, evidenciando una transformación. La OTAN dejaba de ser una alianza defensiva para convertirse en otra de seguridad global, y la Argentina podía insertarse en el rediseño de un nuevo mecanismo. Según una fuente, a la salida de una reunión de gabinete, Castro había comentado la idea de manera informal al presidente y éste había firmado las cartas, sin que existieran consultas con los Ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores. Sin embargo, un colaborador de Castro señaló que el asunto había sido conversado con los ministros Domínguez y Di Tella en reuniones separadas, pero esto fue negado en los respectivos ministerios. Por otro lado, según los funcionarios de Castro, el jefe del Estado estaba molesto con el canciller y algunos de sus colaboradores, por la falta de compromiso con el tema, especialmente desde que la apuesta había entrado en declive.(10) Por cierto, los dichos del embajador italiano demostraban que la idea de solicitar el ingreso a la OTAN había sido discutida con anterioridad en la Cancillería argentina.

En un editorial sobre la cuestión, La Nación sostuvo que, ante el rechazo sufrido por la Argentina en su pretensión de ingresar como miembro pleno a la OTAN, el gobierno le debía una explicación al país. Resultaba sorprendente que las autoridades nacionales hubieran dado un paso tan importante sin efectuar previamente las consultas diplomáticas, técnicas e institucionales que permitieran conocer con un razonable grado de certeza la suerte que podía correr una gestión de ese tipo. Asimismo, era incomprensible que un asunto de esa naturaleza hubiera sido manejado con tan poca idoneidad y, sobre todo, que el resultado hubiera sido un rechazo fundado en consideraciones tan obvias. Era importante establecer además si antes de pedir la incorporación a la OTAN se habían realizado consultas con los países socios del Mercosur. Ese dato permitiría valorar el grado de responsabilidad con que actuaba el gobierno argentino, teniendo en cuenta el delicado momento que atravesaba el proceso de integración regional. La política de alianzas que adoptaba el país en el campo internacional debía sea encarada con responsabilidad y prudencia, evitando en esa área toda actitud que tendiera a la sobreactuación o respondiera a un impulso exitista.(11)

El mismo 8 de julio en que el presidente Menem enviara el pedido a la OTAN, el ministro de Defensa Domínguez anunciaba que el gobierno había aceptado una propuesta de Italia de integrar un equipo con ese país y otros miembros plenos de la OTAN, para participar de una fuerza de apoyo logístico a las tropas de la OTAN en Kosovo. A fin de analizar el apoyo que la Argentina iba a brindar en el proceso de reconstrucción de Kosovo, Domínguez debía reunirse el 14 de julio en Bruselas con el comandante supremo de la OTAN, general Wesley Clark.(12)

Finalmente una sección de 30 ingenieros del Ejército, un hospital reubicable de la Fuerza Aérea con 64 oficiales y suboficiales -que incluían a un médico sanitarista de la Armada y personal del Ejército-, y un grupo de 12 infantes de Marina, todos bajo el mando del comodoro Jacinto Despierre, fueron enviados en misión militar a Kosovo con el límite estricto de realizar únicamente tareas humanitarias. Los efectivos argentinos fueron destinados a la localidad kosovar de Djakovica, donde comenzaron su misión el 9 de octubre de 1999. Por afinidad cultural fueron asignados a la Brigada Multinacional Occidental con base en Kosovo, dirigida por tropas italianas y que también componían España y Portugal. Los oficiales y suboficiales argentinos dependían estrictamente de la logística italiana, que les proveía vehículos, suministros, alimentos (por los que la Argentina pagaba) y disponía su emplazamiento en el terreno.(13)

Aprovechando su viaje a Italia, el presidente Menem visitó a las tropas el 19 de noviembre, expresándoles su reconocimiento por la abnegación, disciplina y profesionalismo. Sostuvo también que estaban allí para contribuir a la paz y contaban con el agradecimiento del pueblo argentino y de la Presidencia, que había hecho todo lo posible por ese propósito.(14)

Un enviado especial de La Nación señalaba en un artículo de marzo de 2000 que en Kosovo, en silencio, con ingenio, pocos recursos y mucho esfuerzo, un centenar de oficiales y suboficiales argentinos había realizado en la práctica lo que la clase política nacional aún no terminaba de debatir en público, y que los Estados Unidos y Europa nunca habían considerado formalmente: el ingreso de la Argentina en la OTAN. Enviados en misión humanitaria, una sección de ingenieros del Ejército, un hospital desmontable de la Fuerza Aérea y un puñado de infantes de Marina, más un grupo de oficiales de enlace, trabajaban desde hacía seis meses en el seno de la estructura militar de la OTAN, sometidos a sus reglas de disciplina y combate, en un auténtico teatro de operaciones. Con ello, el presidente Menem había cumplido su objetivo de poner un pie en la OTAN.(15)

Chipre

El intento de reformar la Constitución por parte de los grecochipriotas en el año 1963, produjo nuevos enfrentamientos entre griegos y turcos chipriotas. El 24 de diciembre de 1963, los gobiernos de Gran Bretaña, Grecia y Turquía se ofrecieron conjuntamente para formar una fuerza de mantenimiento de la paz bajo el control británico, compuesta por los contingentes ya existentes en las islas. El gobierno chipriota aceptó la oferta. El 26 de diciembre, Chipre solicitó una reunión del Consejo de Seguridad para discutir las quejas sobre la actividad militar turca. Los acuerdos ad hoc para el mantenimiento de la paz habían probado ser insuficientes.(16)

El 4 de marzo de 1964, mediante la Resolución 186, el Consejo de Seguridad recomendó crear una fuerza de la ONU para evitar la reiteración de la lucha y, si fuera necesario, contribuir al mantenimiento y restauración de la ley y el orden, y el regreso a las condiciones normales. Ese fue el propósito de UNFICYP hasta que en 1974 hubo un drástico cambio en las condiciones.

Después de un período de relativa calma, en el que cada grupo étnico gobernó en forma separada, en 1974 hubo un rebrote en favor de la anexión a Grecia. Como consecuencia de un golpe de estado encabezado por oficiales grecochipriotas de la Guardia Nacional, el presidente Makarios fue derrocado el 15 de julio de 1974. La intención del golpe era unir Chipre con Grecia. Cinco días después, Turquía intervino militarmente, invocando el Tratado de Garantías de 1960. Las fuerzas militares turcas invadieron la isla y tomaron aproximadamente el 37% del territorio, al que declararon unilateralmente en 1975 como “Estado Federado Turco de Chipre”.

Desde ese momento, el país ha quedado dividido por la “línea Atila”, que corta el territorio desde Morfu, en la costa noroeste, a Famagusta, sobre la costa noreste, a través de la capital, Nicosia. En diciembre de 1974, Makarios regresó a Chipre y reasumió la presidencia de la porción griega de la isla. A partir de 1976, Rauf Denktas, presidente de la zona Norte, y Makarios, de la zona Sur, iniciaron conversaciones para lograr la unidad. El 3 de agosto de 1977 murió Makarios, sin haber encontrado una solución para el problema de las dos comunidades que integraban el país. El nuevo presidente, Spiros Kiprianon, líder del Frente Democrático, mantuvo vigentes los postulados de Makarios. Por lo tanto, las negociaciones continuaron pero no se verificaron progresos sustanciales. En 1981 los turcochipriotas accedieron a devolver parte del territorio en su poder, y en 1983 se proclamó la “República Turca de Chipre Septentrional”, reconocida solamente por Turquía. Durante 1984-1985, se produjeron encuentros entre ambos mandatarios, llegando incluso a reunirse en la ONU.

Los principales puntos de conflicto eran la representación, en un gobierno unificado, de los turcochipriotas (que sólo representan el 20% de la población), y la presencia en el norte de

tropas turcas (aproximadamente 30.000 efectivos) y de colonos llegados de Turquía después de la invasión.

Vassiliou, presidente grecochipriota elegido en febrero de 1988, y Denktas, presidente turcochipriota, se reunieron en Nueva York en 1990, pero tampoco llegaron a ningún resultado positivo. Posteriormente, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución apelando a la continuación de las negociaciones con la perspectiva de una “Federación Bicomunitaria y Bizonal”. El secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, exhortó a las dos comunidades a reanudar las conversaciones para la reunificación del país, no obstante lo cual las diferencias continuaron. El gobierno grecochipriota solicitó el ingreso en la Comunidad Europea, pero el presidente Denktas protestó, alegando que los turcochipriotas no habían sido consultados.

Después de los sucesos de 1974, el Consejo de Seguridad en su Resolución 367 del 12 de marzo de 1975, solicitó al secretario general una nueva misión de buenos oficios, misión que ha sido periódicamente reafirmada en conexión con la extensión del mandato de UNFICYP. Desde entonces, tanto los secretarios generales como sus sucesivos representantes especiales, trataron de encontrar una fórmulA que fuera aceptada por ambas partes para llegar a un acuerdo definitivo, objetivo que aún no se ha logrado.

El mandato original de UNFICYP también debió modificarse, siendo los objetivos actuales de la misión supervisar la línea de cese del fuego, mantener la Zona de Separación establecida por la ONU en 1974, restaurar la legalidad y el orden, el regreso a las condiciones normales, y llevar a cabo actividades humanitarias.

El cuartel general de UNFICYP está ubicado cerca de Nicosia. Cuando fue establecido, se estructuró sobre la base de contingentes aportados por Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Nueva Zelanda, el Reino Unido y Suecia. Las fuerzas que habían comenzado a actuar en 1964, sumaban aproximadamente, 6.400 hombres. A través de los años, se produjeron reestructuraciones para asegurar un mejor cumplimiento de los requerimientos del mandato y para cubrir nuevas áreas de tensión. Desde septiembre de 1993, los tres batallones desplegados pertenecían a la Argentina, el Reino Unido, y Austria.

En situaciones de enfrentamiento militar, UNFICYP no está facultada a usar la fuerza para imponer sus puntos de vista a ninguna de las partes. En cambio, puede usar la fuerza para asegurar la libertad de movimientos, asegurando la utilización de rutas, puentes, aeropuertos, y otras facilidades. La supervisión del control del cese del fuego comenzó a realizarse estableciendo un sistema de puestos fijos con patrullajes frecuentes. A pesar de los esfuerzos de UNFICYP, los enfrentamientos continuaron produciéndose.

Las líneas de cese del fuego se extienden a lo largo de aproximadamente 180 kilómetros, desde el enclave de Kokkina y Kato Pyrgos en la costa noroeste, hasta la zona de Dherinia en la costa este. El espacio comprendido entre las líneas se conoce con el nombre de "Zona de Separación" de la ONU. Abarca alrededor de un 3% de la isla, e incluye algunas de las tierras de labranza más valiosas de Chipre. UNFICYP mantiene bajo constante vigilancia esta zona, mediante un sistema de puestos de observación. No hay acuerdo oficial entre UNFICYP y las dos partes, en cuanto a la demarcación completa de la zona de separación, ni a su utilización y control. Es por ello que el control de UNFICYP tiene que llevarse a cabo con consentimiento mutuo. La labor es aún más complicada en las zonas en que las líneas están muy cerca una de la otra, sobre todo en Nicosia y sus zonas aledañas.

Como resultado de las nuevas condiciones surgidas de la Resolución 831 del 27 de mayo de 1993, la Argentina ofreció el aporte de un batallón de infantería. Así, a partir del 8 de octubre de 1993, se restableció el despliegue en tres sectores, a cargo de los contingentes argentino,

británico y austríaco. La fuerza de tarea argentina está formada por dos compañías del Ejército, y una de infantería de Marina. En total 375 hombres. Los argentinos llegaron en tres etapas: el 25 de septiembre, el 6 de octubre y el 16 de octubre de 1993. Algunos oficiales argentinos fueron asignados a cumplir funciones en el Estado Mayor de UNFICYP. En septiembre de 1994 se agregó una unidad de helicópteros compuesta de dos máquinas Hughes de la Fuerza Aérea y 16 efectivos, que reemplazó a la de la Royal Force del Reino Unido. La participación argentina se vio gratificada con la asunción del general de brigada argentino Evergisto A. de Vergara como comandante de la fuerza el 24 de febrero de 1997. En su discurso, De Vergara señaló que la conducción de una fuerza multinacional de paz era una experiencia diferente para las tropas argentinas. Se trataba de una convivencia con militares, policías y civiles de doce nacionalidades diferentes, unidos en la intención de ayudar para que el conflicto tuviera una solución pacífica. Por último, cabe señalar que entre los representantes especiales del secretario general de la ONU designados para Chipre estuvo el embajador argentino Oscar Camilión, quien se desempeñó desde 1988 hasta 1993.

III. Relaciones con Europa Oriental

1. La disolución de la Unión Soviética. Su sucesora la Federación de Rusia.

Al asumir Menem la presidencia, estaba en curso en la Unión Soviética el proceso político liderado por Mijail Gorbachov a partir de su acceso al poder en 1985, y que se distinguía por la implementación de las políticas de perestroika y glasnost. Los cambios apuntados a combatir la corrupción de la burocracia, agilizar las reformas y asegurar la limpieza de los comicios fueron alcanzando un éxito inesperado. No obstante, los avances de Gorbachov eran cuestionados debido al deterioro de la situación económica y la gran cantidad de conflictos que sacudían al país. Las reivindicaciones nacionalistas y territoriales, sobre todo las surgidas en el Cáucaso, Asia Central y el Báltico, agravaban el panorama.(17)

Durante el gobierno de Raúl Alfonsín las relaciones con la Unión Soviética se habían afianzado, renovándose el convenio cerealero de 1986 y firmándose los convenios pesqueros con la Unión Soviética y con Bulgaria también en ese año, los cuales, como se sabe, tuvieron una negativa repercusión en el conflicto por las islas Malvinas. La importancia de la relación comercial con la Unión Soviética residía para la Argentina en que la misma había permitido reemplazar los mercados tradicionales europeos perdidos por la cuestión de los subsidios agrícolas, y obtener un superávit comercial con el cual compensar el déficit con los Estados Unidos y pagar parte de los intereses de la deuda externa. Esta situación había provocado fuertes presiones del gobierno soviético que pretendía una balanza más equilibrada.(18)

Al final de la visita no oficial a los Estados Unidos del presidente Menem, el 29 de septiembre de 1989 Menem y el canciller Cavallo mantuvieron una entrevista con el canciller soviético Edouard Shevardnadze, quien invitó a Menem a viajar a la Unión Soviética. Al término del encuentro, el funcionario soviético afirmó estar “impresionado por los avances logrados por la Argentina”. Menem dijo que habían hablado de la distensión que se observaba en el mundo, de los problemas derivados de la deuda externa y de la propuesta argentina para la pacificación de Oriente Medio”.(19)

Al finalizar la IV Reunión de la Comisión Mixta de Pesca que tuvo lugar en Moscú, el 19 de marzo de 1990 el canciller Cavallo anunció que los acuerdos de pesca entre la Unión Sovética y la Argentina habían sido prorrogados por un año. Los convenios, por los que se reglamentaba la pesca en la zona económica exclusiva de la Argentina en el Atlántico Sur, no afectaban, según las declaraciones del ministro, los recursos pesqueros del país. Entre las modificaciones puntualizadas por el canciller, figuraba que la Unión Soviética había aceptado elevar del 3 al 12% el canon anual que pagaba a la Argentina por la práctica de la pesca en aguas argentinas.

Además, se había acordado un sistema mediante el cual la Unión Soviética compraba todos los excedentes producidos por las empresas argentinas.(20)

La V Reunión de la Comisión de Pesca se desarrolló en Buenos Aires en marzo de 1991. La parte argentina informó que la futura ley de pesca que iba a ser remitida al Congreso facilitaría la formación de empresas mixtas para una mayor cooperación entre ambos países. Asimismo, se encontraban próximas a ser aprobadas medidas tendientes a la disminución de los costos del sector pesquero, tales como reducción de aranceles de importación de buques pesqueros, maquinarias e insumos. La parte argentina informó también que se hallaba pendiente la posibilidad de pesca de buques argentinos en la zona económica exclusiva soviética. La parte soviética planteó la posibilidad de ampliar la actividad a otras especies.

En la VI Reunión de la Comisión Mixta de Pesca en mayo de 1992 –la primera efectuada con Rusia como estado sucesor de la Unión Soviética- se acordó la finalización del Convenio sobre Cooperación en la esfera de la Actividad Pesquera firmado con la Unión Soviética en julio de 1986, la reducción del 50% de la flota que estaba operando y el mecanismo de conversión a pabellón argentino de los barcos rusos. Finalmente, en septiembre de 1992 el gobierno argentino denunció el Convenio, el cual quedaría extinguido el 31 de mayo de 1993. La decisión del gobierno argentino apuntó a invalidar la oposición del Reino Unido a la firma de un acuerdo pesquero con la UE. De esta manera, el 30 de noviembre de 1992 la Argentina firmó con la UE el acuerdo sobre Pesca Marítima.(21)

Los temas pendientes con Rusia fueron analizados en la VII Reunión de la Comisión Mixta de Pesca, en febrero de 1993. La parte argentina subrayó la importancia de profundizar las tareas de investigación a efectos de lograr una mejor administración de los recursos disponibles. Los rusos manifestaron que, dada la terminación del convenio en mayo siguiente, era necesaria la negociación de un nuevo convenio, que excluyera temas de carácter comercial y de fijación de cuotas, y que se centrara en cuestiones vinculadas a la cooperación en materia de investigación científica y conservación de las especies. Ante la difícil situación económica que atravesaba Rusia y los inconvenientes experimentados en la nacionalización de sus buques, los rusos propusieron prorrogar por un año más las operaciones de los cuatro buques en aguas jurisdiccionales argentinas con bandera rusa. En el ínterin se avanzaría sobre la negociación de un nuevo convenio. Los argentinos insistieron en que, dado lo acordado en mayo del año anterior y las previsiones adoptadas en materia pesquera sobre esa base, el convenio de 1986 debía expirar el 31 de mayo de 1993.

Por otra parte, en el momento en que Cavallo anunciaba la primera prórroga de los convenios de pesca en marzo de 1990, el embajador de la Unión Soviética, Oleg Kvasov, transmitió un mensaje del presidente Gorbachov, destacando “la disposición argentina para contribuir por todos los medios al viraje de la confrontación hacia la confianza” en el terreno internacional. En una carta dirigida a Menem, Gorbachov aseguró que partía

de la firme convicción de que cada pueblo tiene el derecho de determinar su destino en base a su propia opción política y económica, sin ninguna injerencia exterior. Nosotros vemos en la Argentina a un partenaire de prestigio y evaluamos altamente su actividad a favor de la paz en el marco de las Naciones Unidas. Somos partidarios de que las economías del este y del oeste, del norte y del sur, se complementen más y más unas con otras, y de que se fortalezca la cooperación científico-técnica e industrial y se desarrollen los procesos de integración.(22)

El canciller Cavallo recibió el 11 de abril de 1990 en Budapest los informes de los embajadores argentinos acreditados en los países de Europa Oriental, y luego los instruyó a llevar a cabo una ofensiva diplomática a los efectos de lograr inversiones que contribuyeran al proceso transformador que encaraba el presidente Menem. El ministro hizo hincapié en los problemas

comunes entre los países del Este europeo y la Argentina. Un miembro de la delegación argentina mencionó que Cavallo no quería llevar adelante “la política del llanto”, frase que resumía los temores en Latinoamérica sobre la posibilidad del desvío de inversiones hacia Europa del Este. El vocero señaló que la Argentina iba a salir a buscar todos los mercados posibles y no se quedaría esperando que los acontecimientos la superaran frente a un mundo que avanzaba cada vez más aceleradamente hacia el continentalismo y la integración supranacional.(23)

La visita del presidente Menem a la Unión Soviética se llevó a cabo el 24 y 25 de octubre de 1990.(24) El primer día Menem fue informado por el presidente del Soviet Supremo, Anatoli Lukianov, sobre las decisiones adoptadas por la Unión Soviética para la transición a la economía de mercado. Según la agencia Tass, Menem había evaluado positivamente los procesos democráticos que se daban en la Unión Soviética, y destacado que la perestroika había generado un saludable impulso a los esfuerzos por crear un nuevo clima en las relaciones internacionales. El 25, luego de dialogar durante casi dos horas, Menem y Gorbachov firmaron una Declaración sobre Principios de Colaboración, que se consideró relevante ante la falta de grandes acuerdos comerciales.

En materia de comercio bilateral, la declaración conjunta de Menem y Gorbachov comprometía a los dos países a lo siguiente:

a) considerar prioritario identificar las áreas de interés común, con el objeto de incrementar la cooperación económica y comercial y el desarrollo científico-técnico;

b) crear bases jurídicas e institucionales favorables al desarrollo del comercio, el fomento de inversiones y la promoción de empresas mixtas –incluso en terceros países- que contemplaran la participación de capital público o privado, y

c) contribuir al desarrollo del intercambio comercial teniendo en cuenta el papel desempeñado tradicionalmente por la Argentina como abastecedor de cereales, soja y sus derivados, y la participación soviética a través de las exportaciones de maquinaria, equipos y servicios.

En materia de política internacional, la Argentina y la Unión Soviética:

a) destacaban la importancia de las Naciones Unidas en el ordenamiento político mundial;

b) se comprometían a construir relaciones en las que se excluyera la violencia o la amenaza del uso de la fuerza;

c) sostenían la necesidad de respetar el derecho de los otros pueblos a elegir sus propios caminos de desarrollo político y económico-social;

d) manifestaba la Unión Soviética satisfacción por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la Argentina y Gran Bretaña;

e) consideraban que la positiva tendencia en la esfera de las relaciones internacionales y la creciente colaboración entre la Unión Soviética y los Estados Unidos contribuían a la distensión internacional y constituían un aporte valioso a la finalización de una etapa de confrontación entre las grandes potencias;

f) calificaban como inmoral toda política basada en la intimidación nuclear;

g) creían necesario un repliegue del proceso armamentista convencional, la reducción de los gastos militares hasta los límites de una capacidad razonable de defensa y el control del tráfico ilícito de armas;

h) destacaban el favorable panorama político de América Latina con el fortalecimiento de las democracias y apoyaban el proceso de integración latinoamericano, en particular, el Mercado Común del Cono Sur, y el trabajo del Grupo de Río, y

i) afirmaban que los desequilibrios en el desarrollo social y económico afectaban no sólo la economía mundial, sino que incidían negativamente en la politica exterior, y que era necesario elaborar una estrategia internacional de crecimiento equilibrado entre toda la economía mundial.

También el 25 de octubre de 1990 se firmó un Acuerdo para la Cooperación en los usos pacíficos de la Energía Atómica. La iniciativa para avanzar en proyectos atómicos conjuntos no había partido únicamente del lado argentino; había habido un interés manifiesto de la parte soviética. El acuerdo respetaba el modelo de los 24 convenios celebrados hasta ese momento con otras naciones. Proponía el intercambio de información científica y técnica, el envío mutuo de expertos, y abarcaba todos los segmentos de la actividad atómica con fines pacíficos. Dado que la Unión Soviética era todavía la segunda potencia mundial, el convenio abría la posibilidad de recibir información tecnológica de primera línea. La Argentina poseía un solo acuerdo de esa magnitud, que era el vigente con Alemania. Las relaciones con los Estados Unidos habían avanzado, pero por el momento sólo habían producido un memorándum de intención para futuro intercambio.

En el caso del convenio argentino-soviético, los gobiernos habían decidido que las salvaguardias –un mecanismo de control e inspección internacional de instalaciones nucleares- regirían únicamente para aquellos proyectos donde ambos las consideraran necesarias y luego de discutir caso por caso. La estipulación era una forma de conciliar la postura soviética, signataria del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), y la argentina, definida por la no adhesión al TNP y la no ratificación de Tlateloco, por considerarlos instrumentos discriminatorios contra las posibilidades de desarrollo tecnológico autónomo de los países que no pertenecían al mundo industrializado. El acuerdo ofrecía las perspectivas de concretar un programa tripartito, con la incorporación de Brasil, para investigaciones en el área de los reactores reproductores rápidos. Soviéticos y argentinos se comprometían, además, a explorar otras alternativas de intercambio: fusión nuclear, seguridad, y algunas áreas muy específicas como la tecnología de fabricación de combustibles para las centrales nucleoeléctricas.(25) Cabe señalar que este tratado recién entró en vigor el 28 de enero de 1997, cuando el gobierno argentino había cambiado radicalmente su política en el campo de la energía nuclear.

Por último, el mismo 25 de octubre de 1990 se firmaron un Convenio en el campo de la investigación y uso del Espacio Ultraterrestre con fines pacíficos y un Convenio sobre cooperación para combatir el uso indebido y la producción y tráfico ilícito de Estupefacientes. El primero entró en vigor inmediatamente y el segundo lo hizo provisionalmente hasta alcanzar su plena vigencia a partir de enero de 1995.

Tras la larga reunión con Gorbachov, Menem declaró la intención de su gobierno de equilibrar el superávit comercial de más de 1.000 millones de dólares que la Argentina mantenía con la Unión Soviética, mediante la compra de elementos tecnológicos y científicos soviéticos. Dicho superávit era producto principalmente de la venta de cereales y soja que se establecía anualmente. El acuerdo para ese año se había firmado en Moscú, en julio de 1990.

Por otra parte, los cambios en la Unión Soviética se aceleraban. El proceso de fragmentación iniciado en 1988 con la reforma política instrumentada por Gorbachov recibió un nuevo impulso

con el golpe conservador de agosto de 1991. Finalmente, un acuerdo alcanzado por la Federación de Rusia, Ucrania y Belarús firmado en Minsk el 8 de diciembre de 1991 estableció la extinción de la Unión Soviética como sujeto de las leyes internacionales y como realidad geopolítica, lo cual se concretó el 31 de diciembre. Las tres repúblicas acordaron la conformación de una alianza denominada Comunidad de Estados Independientes (CEI) a la que adhirieron las cinco repúblicas soviéticas del Asia Central (Kazajstán, Kirguizistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán). La primera reunión cumbre realizada el 21 de diciembre de 1991 en Alma Atá, capital de Kazajstán, incorporó a la CEI en carácter de cofundadoras a las cinco repúblicas asiáticas citadas y además a Moldova, Armenia y Azerbaiyán. El 26 de diciembre la ONU reconocía a la Federación de Rusia como sucesora de la Unión Soviética y un día más tarde lo hizo el gobierno argentino. Rusia retenía el lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU, el monopolio del armamento nuclear en la región y la totalidad de las sedes diplomáticas.(26)

En ocasión de producirse el golpe de agosto de 1991 en contra de Gorbachov, el gobierno de Menem emitió junto con el gobierno brasileño una declaración, expresando su esperanza de que los valores de democracia, paz y justicia no fueran afectados. Al retornar aquél al poder, el gobierno argentino señaló su satisfacción. No obstante, el 25 de agosto de 1991 el último tomó la decisión de reconocer la independencia de los estados bálticos –Estonia, Letonia y Lituania- y establecer relaciones diplomáticas con los mismos. El reconocimiento de Ucrania -el 5 de diciembre de 1991- y el de Armenia, Moldova, Tayikistán y Uzbekistán –26 de diciembre de 1991- también se produjeron antes de la extinción formal de la Unión Soviética. Posteriormente –el 9 de marzo de 1992- se reconoció a Belarús, Georgia, Azerbaiyán, Kazajstán, Kirguizistán y Turkmenistán.(27) El establecimiento de las relaciones diplomáticas demoró un poco más y se realizó paulatinamente entre enero de 1992 y noviembre de 1993.

Respecto de estos países, el gobierno de Menem buscó acompañar y alentar las transformaciones políticas y económicas que apuntaban a instaurar regímenes democráticos, economías de mercado, respeto por los derechos humanos y las minorías e implementación de políticas exteriores respetuosas del derecho internacional. Asimismo, el gobierno argentino les otorgó su apoyo en los foros multilaterales, copatrocinando su ingreso como miembros de la ONU, a fin de que lograran una rápida inserción internacional.(28)

Según sostuviera el general N. S. Leonov, ex oficial de inteligencia de la KGB y miembro del consejo de redacción de la revista América Latina, en un artículo publicado en Buenos Aires, Occidente tuvo tal satisfacción de que su enemigo se hubiera disuelto, que inmediatamente trató de afianzar la nueva y ventajosa situación. Si previamente el procedimiento de ingreso a la ONU llevaba meses y hasta años, los nuevos países surgidos tras la disolución de la Unión Soviética fueron aceptados casi todos juntos, sin demora alguna. Asimismo, la principal tarea geopolítica del gobierno de los Estados Unidos fue la consolidación de la escisión.(29) Es evidente que el gobierno de Menem fue funcional a la política de los países occidentales.

Tanto los problemas políticos provocados por la escisión y el tránsito hacia la democracia, como la transformación de la economía centralizada a la de mercado provocaron severas crisis en todos los países de Europa Oriental. Particularmente, a partir de su creación, la Federación de Rusia atravesó por una situación política interna muy crítica. El presidente Boris Yeltsin debió soportar los embates del parlamento conservador hasta que decidió disolverlo en septiembre de 1993. Ante esta circunstancia, el presidente Menem expresó su solidaridad con el gobierno y el pueblo de la Federación de Rusia, y reiteró su apoyo al proceso de transformación política y económica liderado por Yeltsin. El posterior ascenso de la oposición ultranacionalista y comunista en las elecciones parlamentarias de 1993 y 1995, los cambios de ministros que las mismas provocaron, la guerra en Chechenia, el deterioro económico-social, la elección presidencial de junio de 1996 y algunos hechos posteriores, a lo que se sumaban los problemas de salud del presidente, impidieron los contactos a nivel presidencial hasta 1998.(30)

No obstante, el fin de la guerra fría permitió una nueva posibilidad de vinculación en el área de defensa. La misión del ministro de Defensa Erman González a Moscú en octubre de 1992 culminó con la firma de un Convenio entre el Ministerio de Defensa de la Argentina y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia sobre Cooperación Bilateral (15 de octubre de 1992). Las posibilidades de cooperación contempladas iban desde proyectiles de artillería hasta la creación de un sistema argentino de control del espacio aéreo y marítimo. La duración del convenio era de cinco años, renovable automáticamente por otros cinco.(31)

En el marco de este entendimiento surgió luego la venta de armamento, hecho común a otros países de América Latina, y que constituyó una estrategia de Rusia para tratar de compensar el déficit comercial con los mismos. Al efecto, el vicecanciller ruso Georgi Mamedov realizó una visita a la región en noviembre de 1992, que incluyó Buenos Aires, Santiago, Brasilia, Panamá y Caracas. Las negociaciones fructificaron el año siguiente, cuando la Subsecretaría de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Argentina firmó el 17 de diciembre de 1993 un Protocolo de Trabajo con la Compañía Estatal para la Exportación e Importación del Armamento del Material Bélico de Rusia, Rosvooruzhenie, apuntado a la cooperación para la producción de material bélico y el desarrollo de tecnología militar. También se firmó un memorándum entre el Instituo de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA) y el Buró de Construcción de los Instrumentos de Rusia sobre las perspectivas de cooperación.

Las negociaciones debían ser continuadas por el nuevo ministro de Defensa Oscar Camilión en Moscú a mediados de 1994, pero quedaron postergadas por el surgimiento del escándalo de la venta de armas argentinas a Ecuador. Aparentemente Camilión iba a transmitir al viceprimer ministro y ministro de Relaciones Económicas Exteriores, Oleg Soskovets, su interés por los sistemas balísticos rusos. Cuando Soskovets visitó la Argentina en junio de 1995, las negociaciones probablemente hayan estado relacionadas con un programa de fabricación local de municiones con tecnología rusa y el interés de Rusia en la instalación de radares en la frontera con Bolivia. En diciembre de 1995 una delegación del Ministerio de Defensa viajó a Moscú oficialmente para el seguimiento del Convenio. En abril de 1996 se realizó la presentación de un helicóptero de uso múltiple MI-17 ante el presidente Menem en la Quinta de Olivos y aviadores militares en Quilmes. Cuatro de estos helicópteros fueron adquiridos en 1997 para entrenamiento de la Fuerza Aérea. Finalmente en octubre de 1997 comenzaron a arribar a la Argentina los ocho aviones caza Sukhoi 29 comprados a Rusia para reequipamiento de la misma fuerza.

Por otro lado, las relaciones económicas argentino-soviéticas habían comenzado a declinar antes de colapsar la Unión Soviética, particularmente debido a la escasez de divisas que obligaron a ésta a reducir sus importaciones. Unicamente los países que podían ofrecer financiamiento a las compras soviéticas continuaron vendiéndole, y éste no era el caso de la Argentina que no otorgaba créditos y demandaba el pago al contado.(32) Además, las autoridades soviéticas insistían en que la Argentina debía reducir el saldo comercial a su favor aumentando sus compras. De esta manera, la relación comercial se fue deteriorando, perdiendo para la Argentina la relevancia del pasado, cuando su superávit permitía compensar el déficit con otros países.

Un memorándum de la Cancillería argentina redactado en 1993 consignaba que, dado que Rusia pasaba por un complejo proceso de transición hacia una economía de mercado, la experiencia y la tecnología empresarias argentinas podían serle útil. Se seguía con atención el proceso, con la esperanza de ver pronto restablecida la relevancia pasada de la relación económica bilateral. La Primera Reunión de la Comisión Intergubernamental Argentina-Rusa para la Cooperación Económico-Comercial y Científico-Tecnológica había permitido suscribir el 25 de mayo de 1993 un Convenio sobre Comercio y Cooperación Económica, en que las partes se otorgaban el tratamiento de nación más favorecida y se comprometían a aplicar un régimen no discriminatorio en el otorgamiento de licencias de importación y exportación. Además, una

delegación económico-comercial de los Urales había tomado contacto con empresarios privados y visitado varias provincias.(33)

La visita del canciller Di Tella a Rusia en mayo de 1994 tuvo relevancia en virtud de las pocas misiones que el canciller realizara a Europa Central y Oriental. Con todo, en las reuniones con los embajadores acreditados en la región, el canciller sostuvo que existían allí oportunidades excepcionales que podían no repetirse, por lo cual si se actuaba a tiempo podían obtenerse “beneficios extraordinarios para el país”.(34) Di Tella se entrevistó con su par Andrei Kozyrev, suscribiendo un Convenio de supresión de visados en pasaportes diplomáticos y oficiales o de servicio, y un Protocolo sobre Consultas. Los cancilleres también consideraron la situación en Yugoslavia, en virtud de que la Argentina ocupaba en ese momento el lugar de miembro no permanente en el Consejo de Seguridad. Además, Di Tella se entrevistó con el presidente del Consejo de la Federación, con el viceprimer ministro y ministro de Economía y con el alcalde de San Petersburgo. Asimismo, conversó con los máximos representantes de la política rusa, ninguno de los cuales faltó a la recepción en la embajada argentina. El canciller sostuvo que las relaciones argentino-rusas eran “mejores que nunca” y que con el nuevo gobierno de Rusia se podía ser “amigo y socio a la vez”. Otorgó a la vez un firme respaldo a las reformas impulsadas por Yeltsin.(35)

En junio de 1995 llegó a Buenos Aires el primer ministro y ministro de Relaciones Económicas Exteriores Oleg Davydov, quien mantuvo entrevistas con el canciller, el ministro de Economía y el secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería con quienes trató la necesidad de dinamizar las relaciones económico-comerciales, los contactos entre las républicas y regiones rusas y las provincias argentinas, y la cooperación bilateral. Al mes siguiente, el vicecanciller Mamedov asistió a la segunda asunción de Menem. Con el vicecanciller Fernando Petrella trató cuestiones relacionadas con la cumbre del G-7, la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU y los vínculos entre la CEI y la OEA.(36)

Luego de un lapso generado por la atención que los problemas internos de Rusia demandaron a su gobierno, el 24 de noviembre de 1997 inició una visita a la Argentina el canciller ruso Evgueni Primakov. La visita tenía dos ejes: fortalecer la presencia de Moscú en una región considerada tradicionalmente de la esfera estadounidense y, sobre todo, sembrar buenos vínculos en el campo económico. En la reunión de Primakov con el ministro de Economía Roque Fernández, éste subrayó que la Argentina era un país con buenas oportunidades para establecer acuerdos bilaterales e invitó a Rusia a participar en las privatizaciones de las centrales Embalse Río Tercero y Atucha I (en funcionamiento) y Atucha II (en construcción). El 25 de noviembre de 1997 Primakov y Di Tella firmaron un Convenio sobre Cooperación Cultural, otro sobre Cooperación Científica y Técnica, y una Declaración Conjunta. En ésta las partes expresaban su disposición a seguir contribuyendo en el proceso de desarme nuclear y químico, a fortalecer los regímenes de no proliferación de armas nucleares y de otro tipo de armas de destrucción masiva. Manifestaban su apoyo al proyecto de declaración del Atlántico Sur como zona libre de armas nucleares. Se expresaban también por la inadmisibilidad de la aprobación por los estados de leyes nacionales con carácter extraterritorial, en violación de los principios de la carta de la ONU, de las normas de la OMC y otros principios del derecho internacional.(37)

Al ser recibido por Menem, el canciller ruso transmitió la invitación de Boris Yeltsin al presidente argentino para visitar Rusia. La Nación informó que Menem y Primakov habían analizado la crisis en el Golfo Pérsico, donde el canciller ruso había jugado un importante papel como mediador. Menem reiteró que sólo dispondría la participación de efectivos argentinos en una eventual acción armada a requerimiento de la ONU, descartando de ese modo la posibilidad de involucrar a la Argentina en una decisión unilateral por parte de los Estados Unidos.(38)

En una charla que ofreció en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Primakov apuntó a presentar a su país encaminado hacia la economía de mercado y la democracia y, consecuentemente, atractivo para los inversores. Señaló como una nueva prioridad de la política exterior rusa el estrechamiento de los vínculos comerciales con América Latina. La visita oficial del presidente Menem a Rusia, en junio siguiente, impulsaría el acercamiento bilateral.

En un artículo publicado el 25 de noviembre en La Nación, el periodista Andrés Oppenheimer sostuvo que la visita de Primakov a la Argentina, al igual que su gira por América Latina, tenía supuestamente como objeto la venta de armamento ruso. Según los diplomáticos rusos, Primakov buscaba restablecer parte de la influencia internacional que Rusia había tenido en sus tiempos de superpotencia y abrir nuevos mercados para las exportaciones rusas de autos, tractores y maquinaria industrial. Pero algunos expertos afirmaban que el canciller ruso tendría otra meta menos publicitada: aumentar las exportaciones de armas rusas a la región, dado que en fecha reciente los Estados Unidos habían levantado la autoprohibición de vender armas sofisticadas a América Latina. Yuri Pavlov, quien había sido el máximo encargado de América Latina de la cancillería de la ex Unión Soviética a fines de los años 80, afirmaba que en el pasado la Unión Soviética no había querido vender armas sofisticadas a América Latina para no provocar una escalada armamentista en la región, pero ahora había luz verde para hacerlo. La oportunidad podía ser buena para comerciar tanques y aviones de combate Mig-29 y Mig-31.(39) Como se vio, para esa época ya habían comenzado a llegar a la Argentina los helicópteros y aviones caza adquiridos a Rusia.

Por otra parte, los argentinos pudieron tener algún indicio de la lucha política que se estaba desarrollando al interior de Rusia con la visita en junio de 1998 del secretario general del Partido Comunista ruso, Guennady Zyuganov. Durante la conferencia de prensa que brindó en la sede del PC argentino, Zyuganov sostuvo que el comunismo tenía por delante un gran futuro. Su intención era revitalizar los partidos latinoamericanos de izquierda como se había hecho en Rusia. Además, dada la importancia de América Latina como región y la existencia de inversores latinoamericanos en el mercado ruso, era necesario establecer mayores vínculos. Zyuganov se mostró pragmático, criticó duramente al presidente Yeltsin, a quien acusó de mafioso, y pronosticó poco tiempo al flamante primer ministro Sergei Kiriyenko. También definió al ex mandatario Gorbachov como “un hombre perdido en sus ideas, de poco alcance”. Zyuganov era uno de los principales impulsores del juicio político a Yeltsin, por el estado de “barbarie” al que había llevado a Rusia. En su opinión, el régimen existente era un feudalismo mafioso; en Rusia nadie construía el capitalismo, todos robaban, alegó, refiriéndose a las “humillantes” privatizaciones que se habían realizado.(40) La visita de Zyuganov, realizada poco antes de la partida del presidente Menem a Rusia, habría apuntado a enviar un mensaje al gobierno argentino de no apoyar a Yeltsin.

Los problemas internos de Rusia demoraron la visita de Menem, la que finalmente se llevó a cabo a fines de junio de 1998, a pesar de que dicho país no había superado por completo la crisis. El joven primer ministro Sergei Kiriyenko acababa de defender ante la Duma un paquete económico de emergencia para evitar una debacle financiera y lograr que la misión del Fondo Monetario Internacional, que se encontraba en Moscú, concediera créditos vitales para Rusia. La crisis financiera se sumaba a una evasión impositiva descomunal (41) y a una situación política novedosa: aunque terminaba su segundo mandato en 2000, Yeltsin ya se había rodeado de quienes hablaban de su re-reelección.(42)

Menem tenía como objetivo impulsar a las empresas argentinas que operaban en el mercado ruso. Con ese fin, el presidente participó de un seminario en la Cámara de Industria y Comercio de Moscú. También colocó la piedra basal de una planta destinada a refinar aceite que construiría la empresa argentina Molinos, debido a la decisión rusa de elaborar el aceite en el

país. Asimismo, Siderca había aceptado incrementar la provisión de tubos de acero sin costura.(43)

Como se dijo, las relaciones comerciales argentino-rusas estaban lejos de lo que habían sido en el pasado. Si bien el comercio bilateral venía decreciendo considerablemente desde 1985, en 1989 la Argentina todavía exportaba por valor de 828 millones de dólares e importaba por 23 millones, con un saldo favorable evidente. Luego de una caída en 1990 la situación prácticamente se mantuvo en 1991. A partir de esta fecha el comercio bilateral sufrió una fuerte contracción debido a la disolución de la Unión Soviética. En medio de la crisis, Rusia había acudido a proveedores que ofrecieran mejores condiciones de financiación de sus exportaciones. Así, en 1992 las exportaciones argentinas cayeron a 100 millones de dólares, alcanzando las importaciones los 30 millones. Un Convenio de Crédito Recíproco entre el Banco Central de la República Argentina y el Banco para los Asuntos Económicos Exteriores de Rusia, firmado en julio de 1995, intentó subsanar el problema. El hecho provocó que en 1996 y 1997 las exportaciones argentinas tuvieran un repunte importante, alcanzando 223 millones de dólares el último año. Asimismo, un proyecto de acuerdo de protección fitosanitario permitiría aumentar las ventas de una serie de productos, como carne bovina enfriada y pollos congelados. Por el contrario, conspiraban contra las exportaciones argentinas una disposición del gobierno ruso que retiraba una serie de productos del sistema general de preferencias para importaciones y el aumento de los aranceles de importación de varios productos. De todas maneras, el mercado ruso continuó manteniendo su atracción para los exportadores argentinos en virtud de su tamaño y el alto porcentaje de alimentos que demandaba.(44)

Desde el punto de vista de los rusos, el problema era el déficit en su balanza comercial tanto con la Argentina como con otros países latinoamericanos, aunque ya mucho menor que en la década anterior. En el caso de la Argentina, la situación rusa logró ser revertida a partir de 1998, cuando las exportaciones argentinas alcanzaron 155 millones de dólares y las importaciones 177 millones, con un saldo a favor de Rusia. Casi los mismos valores se repetirían en 1999. En la nivelación de la balanza había incidido la venta de aviones y helicópteros rusos.

A la entrevista de Menem y Yeltsin asistieron el secretario general de la Presidencia Alberto Kohan y el jefe de gabinete ruso Nikolai Jvatkov, y luego hubo una reunión de trabajo ampliada. Ambos presidentes corroboraron que compartían la visión sobre el estado, las privatizaciones y el ajuste fiscal. Yeltsin instó a sus funcionarios a escuchar bien cuando Menem aseguró que el estado debía restringir su rol a garantizar salud, educación y seguridad.

El 25 de junio de 1998 se firmaron varios documentos: Acuerdo sobre las Bases de las Relaciones entre ambos países, Convenio sobre Promoción y Protección recíproca de Inversiones, Acuerdo sobre Servicios Aéreos, Acuerdo sobre la Cooperación entre ambos Ministerios del Interior, Programa de Intercambio Cultural y Educativo para 1998-1999, II Programa de Colaboración entre la Comisión Nacional de Energía Atómica de la República Argentina y el Ministerio de Energía Atómica de la Federación de Rusia, y Acuerdo Interinstitucional sobre Cooperación en el área de la Pequeña y Mediana Empresa. El 26 de junio fueron firmados dos más: Convenio sobre Cooperación en materia de Cuarentena y Protección Fitosanitaria, y otro en materia de Turismo.

Una cuestión relevante de la gira presidencial a Rusia, fue el pedido de ayuda que el ministro del Interior Carlos Corach cursó a las autoridades del Servicio Federal de Seguridad (SFS) para esclarecer los atentados contra la embajada de Israel y contra la AMIA, en virtud de la estrecha relación que Rusia mantenía con Irán, y a pesar de que en Rusia no había ningún grupo fundamentalista islámico que estuviera sospechado de haber participado en los mismos.(45) El SFS era una de las dos dependencias que había absorbido las funciones que cumplía la KGB en la desaparecida Unión Soviética. Corach señaló que había explicado que la Argentina no tenía nada en contra del régimen islámico, pero se necesitaba que el gobierno iraní colaborara con la

investigación. El ministro se quejó de que el gobierno de Irán no había aportado los datos que le habían sido requeridos. También habló del conflicto que se podía precipitar, si los diplomáticos iraníes que estaban sospechados de haber participado en la planificación del atentado contra la AMIA no se presentaban a declarar cuando el juez federal Juan José Galeano emitiera el auto de procesamiento. El ministro explicó que la información que Rusia podía aportar sería útil. El intercambio se canalizaría por medio de un acuerdo de cooperación en materia de lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el lavado de dinero.(46)

Irán también fue tema del encuentro que el vicecanciller Andrés Cisneros mantuvo con su par ruso Georgi Mamiedov, quien planteó que Rusia quería evitar el aislamiento de Irán. Cisneros señaló la falta de colaboración del gobierno iraní para aportar los datos que le habían sido requeridos, y también mencionó la decisión unilateral de Irán de suspender sus importaciones de la Argentina. El hecho había motivado que se exigiera el retiro de siete diplomáticos iraníes acreditados en Buenos Aires. A su vez, Menem sostuvo que el pedido formulado a Rusia, en razón de su alianza estratégica con Irán en Medio Oriente, no tenía ninguna relación con las medidas adoptadas por los Estados Unidos para distender sus relaciones con el régimen islámico.(47)

El eventual tercer mandato presidencial de Menem y de Yeltsin fue el eje de conversación durante la reunión que Menem mantuvo con el alcalde de Moscú, Juri Lushkov. Este pretendía suceder a Yeltsin, pero manifestó a Menem que si Yeltsin peleaba por la reelección, lo apoyaría incondicionalmente. Menem comentó la posición del alcalde, en clara alusión a lo que esperaba de Duhalde si conseguía hacer viable su proyecto de una re-reelección.(48)

Según Clarín, sólo la necesidad de instalar la reelección de Menem en el mundo y apuntar a un perfil de estadista internacional explicaba ésta y otras giras que ocuparían el año presidencial. De los cuatro días en Moscú y San Petersburgo, sólo un día y medio había estado dedicado a la actividad oficial. La cantidad de espacios libres en la agenda presidencial revelaba la importancia decreciente de Rusia para la Argentina en ese momento. Con un PBI y una población menores que los de Brasil y una economía en crisis, Rusia ya no era lo que había sido. Lo último significativo en la relación bilateral lo había constituido la venta en los ’80 de una producción de trigo que representaba el 30% de las exportaciones, aprovechando el embargo de los Estados Unidos por la invasión a Afganistán. Ahora, pese al trabajo del embajador Armando Listre, el comercio con Rusia representaba apenas el 0,68% de las ventas al exterior. Al hablar con los periodistas antes de viajar de Moscú a San Petersburgo, el ministro Corach se había dedicado a explicitar las líneas rectoras del proyecto reeleccionista. La expectativa depositada en la Corte y la necesidad de que el tercer mandato ganara consenso internacional eran las dos tareas que ocuparían la agenda del gobierno argentino.(49)

Por último, cabe agregar que la política de descentralización impulsada por el gobierno de Menem llevó a muchas provincias argentinas a buscar vinculaciones en el exterior para adquirir equipos o llevar a cabo emprendimientos económicos y tecnológicos. Así las provincias de Buenos Aires, Misiones, La Pampa, Entre Ríos, Corrientes y Córdoba firmaron convenios con Rusia o alguna de sus regiones, por los cuales a cambio de productos como cereales, carnes, té, aceites comestibles, citrus y algunas manufacturas obtenían principalmente maquinaria vial.(50)

A comienzos de 1999 el director del Departamento Latinoamericano de la Cancillería de Rusia, Andrei Dmitriev, señaló que las relaciones de su país con América Latina habían adquirido un carácter independiente dentro de la política exterior rusa. Dichas relaciones constituían un componente inalienable de la línea estratégica de Rusia dirigida a diversificar sus vínculos internacionales y a formar un mundo multipolar. El Mercosur presentaba un indudable interés para Rusia como cliente económico-comercial y su experiencia en el proceso de integración podía ser aplicada en la CEI. Las relaciones entre ambos bloques comerciales habían recibido un decidido impulso en los últimos años, a través de las reuniones de trabajo en Brasilia

(noviembre de 1996) y en Moscú (octubre de 1997), firmando en la última ocasión una declaración conjunta con el acuerdo de continuar fomentando los vínculos económicos y estudiar las posibilidades de suscribir un acuerdo de cooperación.

Dmitriev sostuvo también que las conversaciones a nivel cumbre habían impulsado poderosamente las relaciones ruso-argentinas. Ahora se planteaba la necesidad de llenar de contenido práctico los acuerdos bilaterales de cooperación firmados. Los argentinos mantenían una postura coincidente con la de Rusia ante los problemas de la reforma de la ONU y del Consejo de Seguridad, hacían un aporte positivo a la labor de la Conferencia de Ginebra para el Desarme, y abogaban por aunar los esfuerzos para hacer frente a los retos transnacionales de la época como el terrorismo internacional, el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción. Pese a las dificultades provocadas por la inestabilidad monetaria en los mercados mundiales, consideraba factible una intensificación de la cooperación económico-comercial.(51)

2. Ucrania y la cuestión de la inmigración

Como se vio, junto con los países bálticos, Ucrania fue reconocida por el gobierno argentino antes de que se estableciera la disolución de la Unión Soviética. Apenas conocido el referéndum que aprobaba su independencia, la Argentina otorgó el reconocimiento, luego de haberlo hecho solamente Polonia, Canadá y Hungría. El inmediato establecimiento de relaciones diplomáticas el 6 de enero de 1992 y la apertura de la embajada en Kiev, la única aparte de la de Moscú dentro del territorio de la CEI, dio a las relaciones bilaterales cierta relevancia.(52)

El canciller Di Tella anunció viajes a Ucrania en febrero de 1993 y julio de 1995 que no pudo concretar personalmente, siendo reemplazado por funcionarios de la Cancillería. En agosto de 1995 el vicecanciller Fernando Petrella viajó a Kiev, firmando el 9 de agosto de 1995 un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y un Convenio de Cooperación Cultural, Educativa y Científica.

El presidente Leonid Kuchma llegó a la Argentina poco después, en octubre de 1995, junto con el canciller Udovenko y el ministro de Economía Schpek. El 27 de octubre de 1995 se suscribieron la Declaración de Principios sobre las Relaciones entre ambos países, la Declaración de Interés relativa a la Cooperación en Materia Espacial, el Convenio de Cooperación Económico-Comercial y el Convenio de Supresión de Visados en Pasaportes Diplomáticos y Oficiales o de Servicio.

El canciller Di Tella finalmente pudo realizar su visita a Ucrania en noviembre de 1996. Fue recibido por el presidente Kuchma, y también tuvo entrevistas con el primer ministro Lazarenko, el ministro de Asuntos Exteriores Udovenko y con el presidente del Parlamento de Ucrania Moroz. Los temas tratados estuvieron relacionados con asuntos políticos, económicos y de seguridad, además de la cuestión de la inmigración de ucranianos a la Argentina. En Kiev el 1º de noviembre de 1996 Di Tella y el canciller ucranio firmaron una Declaración Conjunta.

La segunda entrevista entre los presidentes Menem y Kuchma se llevó a cabo en Nueva York, cuando ambos asistían a una sesión especial de la Asamblea General de la ONU en junio de 1997. Los temas tratados incluyeron la cuestión migratoria, el festejo del centenario de la inmigración ucraniana, el comercio bilateral y la invitación al presidente argentino para visitar Ucrania.

El presidente Menem llegó a Kiev en junio de 1998, luego de haber visitado Rusia. Era el primer presidente latinoamericano en visitar Ucrania. Menem resaltó este hecho y el haber sido la Argentina uno de los primeros países en reconocer la independencia de Ucrania. Señaló también que venía para consolidar los lazos de un “nivel excepcional” que existían entre ambos países. La entrevista de Menem y Kuchma fue larga, coincidiendo ambos en la importancia de

la renuncia al uso de la energía nuclear con fines bélicos. Ucrania y la Argentina, junto con Brasil y Sudáfrica, habían sido invitados a comienzos de junio de 1998 a una cumbre del G8 -que consideró el tema de la carrera nuclear- y a formar parte de un comité asesor del grupo en la materia. Menem además recibió un reconocimiento a los logros de su modelo económico. El presidente ucraniano señaló que su país tenía mucho que aprender de la Argentina, que había superado dos crisis financieras (las mexicana y asiática) y había conseguido éxitos “grandiosos” en materia económica.(53) Como corolario de la visita, el 29 de junio de 1998 fueron suscriptos el Tratado sobre Relaciones de Amistad y Cooperación, el Acuerdo en materia de Cooperación Científica y Técnica, y el Acuerdo Interinstitucional de Cooperación en materia de Defensa.(54)

El viceministro de Relaciones Económica Exteriores Igor Podoliev reiteró el ofrecimiento, ya realizado en ocasión de la visita del presidente Kuchma a Buenos Aires, de vender armamento, rubro en el que Ucrania competía con Rusia, con la diferencia de que la última poseía industria bélica y Ucrania, en cambio, trataba de vender saldos. Menem prometió considerar el tema y los ucranianos respondieron que esperaban una visita de alto nivel al efecto. El presidente argentino sorprendió con el anuncio de que el ministro de Defensa Jorge Domínguez viajaría a Ucrania en octubre de 1998. Sin embargo, el secretario Kohan sostuvo que el gobierno ucraniano ofrecía de todo, pero no existía interés por parte de la Argentina.

Por último, debe mencionarse como tema relevante en la relación con Ucrania la política de inmigración puesta en marcha por el gobierno argentino. El anuncio de la misma fue realizado por el canciller Di Tella en enero de 1992, inmediatamente después de producida la disolución de la Unión Soviética, y estaba dirigido a las nacionalidades europeas que tuvieran problemas a causa de dicha desintegración, las crisis económicas o las persecuciones étnicas. La propuesta de Di Tella fue previa a la reunión internacional realizada en Washington para considerar la ayuda a la ex Unión Soviética, y hacía mención de 25.000 familias rusas provenientes de Estonia y Letonia.(55) En el seminario realizado en Buenos Aires en marzo de 1992, ya citado, Di Tella expresó al respecto:

Nosotros, como ustedes saben, hemos abierto el camino de una política de inmigración de los países del Este de Europa. No creemos que esto tenga la importancia que tuvo ni la primera migración de principios de siglo, ni la segunda migración de los países vecinos, sino que esta tercera ola va a ser mucho más pequeña, pero desde el punto de vista cualitativo nos parece muy importante, y además es un test a la tolerancia de los argentinos. Por el momento, nadie ha protestado demasiado, pero cuando lleguen a aparecer personas de culturas distintas, que hablan el idioma con dificultad y que van a tener los problemas que tienen los nuevos inmigrantes, vamos a ver si todo lo que decimos nosotros que la Argentina es un país tolerante, lo es de verdad. A mí me parece que esta actitud no racista, abierta, ha sido interpretada como lo que es, como un acto que un país maduro puede hacer en un momento en que países que creíamos eran muy maduros en muchos temas con respecto al tema inmigratorio se han vuelto ciegos de una manera realmente impresionante.(56)

Como consecuencia de la convocatoria argentina, se produjo la afluencia de ciudadanos polacos ante la embajada argentina en Varsovia para iniciar los trámites inmigratorios a mediados de 1992. Lo mismo sucedió un poco después en la embajada argentina en Bucarest. En enero de 1993, al visitar a las tropas argentinas destacadas en Croacia, el presidente Menem reiteró a los croatas el ofrecimiento de emigrar a la Argentina.

Si bien a nivel internacional la iniciativa fue percibida como políticamente oportuna en virtud de la preocupación de los países europeos ante la posibilidad de una inmigración masiva, en la Argentina la medida recibió críticas debido a la propia situación económica y el creciente desempleo, condiciones que no aconsejaban el fomento de la inmigración. También fue considerada un ejemplo del afán protagónico que el presidente Menem perseguía en el ámbito

internacional y contradictoria con el pragmatismo que imbuía la política exterior de su gobierno.(57)

De todas maneras, la política se implementó monitoreada por los organismos gubernamentales correspondientes y luego de realizado un estudio por la Organización Internacional de Migraciones. La responsabilidad de llevar adelante el “Programa de Inmigración de Europa Central y Oriental” recayó conjuntamente en el Ministerio del Interior y en la Cancillería, pero los funcionarios de la última eran conscientes en 1993 de que sólo serían viables microprogramas de inmigración. Las resoluciones 4.632/94 y 1931/95 del Ministerio del Interior establecieron un tratamiento migratorio especial para Europa Central y Oriental, autorizando a los consulados a otorgar un permiso de ingreso temporario por un año, siempre que se cumplieran los requisitos del Reglamento de Migración establecido por decreto 1023/94.

Esta política migratoria fue particularmente receptiva en Ucrania. Esto se debió principalmente a que la comunidad ucraniana de la Argentina llevaba cien años en el país, y era la tercera en importancia en el mundo con 300.000 miembros. Así, para noviembre de 1996 unas 18.000 personas habían iniciado los trámites para emigrar en la embajada argentina en Kiev, de las cuales 4.100 llegaron a la Argentina a mediados de 1998. El interés del gobierno de Ucrania en que esta política se mantuviera quedó demostrado con la entrega de un borrador de convenio de migración por parte del presidente Kuchma en su visita a Buenos Aires. A pesar de algunos reparos del Ministerio del Interior argentino, en el sentido de que ciudadanos de otros países pudieran tratar de llegar a la Argentina a través de Ucrania, debido a la facilidad para obtener su ciudadanía, el Convenio de Migración se firmó en Buenos Aires el 29 de abril de 1999. Luego de obtener su aprobación legislativa, el mismo comenzó a regir a partir del 23 de noviembre de 2001. El 29 de abril de 1999 también se aprobó un Programa de Cooperación Educativa y Cultural para los años 1999-2001, importante para los inmigrantes ucranianos.

• Conclusiones

El gobierno de Menem produjo pues un cambio sustantivo en la política exterior. De una posición pretendidamente equidistante de las dos grandes potencias, aunque bastante antinorteamericana, se pasó al alineamiento con los Estados Unidos y a la normalización de las relaciones con el Reino Unido y consecuentemente con los países de Europa Occidental -al eliminar obstáculos colocados por el primero-. En el ámbito regional se profundizó la integración con Brasil y se solucionaron todos los problemas fronterizos con Chile. A ello se agregó el abandono del perfil de poca confiabilidad que mantenía la Argentina en el ámbito de la energía atómica como producto de la construcción y exportación de misiles, la no ratificación de Tlatelolco y la no adhesión al Tratado de No Proliferación. El gobierno de Menem al abandonar el proyecto Cóndor II y ratificar y firmar los tratados mencionados, además de convenir a nivel regional la eliminación de armas químicas, produjo un vuelco significativo en la imagen internacional de la Argentina. El retiro del grupo de NOAL terminó de definir la inclinación pro occidental del país.

Al observar la importancia otorgada por el gobierno de Menem a la relación con los Estados Unidos, algunos académicos señalaron que, dado que el mundo evolucionaría hacia un esquema multipolar, no debía dejarse de lado la relación con Europa. El canciller Di Tella aseguró que ése no era el caso y, en efecto, cuando se realizaron dichas críticas, el gobierno de Menem ya había logrado recomponer las relaciones con el Reino Unido, eliminando con ello importantes obstáculos comerciales en los vínculos con la Unión Europea. La firma del Acuerdo Marco de Cooperación Comercial y Económica con la UE en abril de 1990 había abierto posibilidades para acuerdos bilaterales con todos los países miembros.

La constitución del Mercosur en marzo de 1991 incentivó el interés de los inversores y exportadores europeos y, a la vez, el grupo regional encontró una oportunidad de atraer

inversiones, importar tecnología y exportar sus productos. En noviembre de 1994 en la reunión de cancilleres del Mercosur con el presidente de la Comisión Europea comenzó a considerarse la posibilidad de negociar un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE. En diciembre de 1995 se firmó el acuerdo marco de cooperación entre ambos bloques y el anuncio del inicio de las negociaciones se realizó, en el marco de la cumbre ALC-UE, a fines de junio de 1999, pero dicho acuerdo aún no pudo ser concretado.

El nudo gordiano constituido por los subsidios a la agricultura de los países europeos –especialmente de Francia- no posibilitó el establecimiento del libre comercio interregional. La posición del gobierno de Menem fue mantener abierta la negociación a pesar de la oposición a incluir la agricultura, considerando que sería más fácil avanzar con una buena relación. No obstante, el presidente argentino ejerció presión por el tema de los subsidios agrícolas desde el comienzo de su gestión. Lo hizo en sus presentaciones ante los organismos de la UE, en todas las visitas realizadas a los países europeos y cuando recibió a los jefes de gobierno o funcionarios europeos en la Argentina. También solicitó apoyo político para destrabar las negociaciones en el seno de la Ronda Uruguay a los Estados Unidos y a Japón, incluyendo un ofrecimiento de mediación. Los cuestionamientos a la política exterior en el último año del gobierno de Menem, en el sentido de que no se estaba dando la debida importancia a la relación con Europa, no parecen haber tenido otro sustento que la lucha electoral.

La Cumbre AML-UE fue percibida por los latinoamericanos en general como un ámbito para avanzar hacia un nuevo orden mundial multipolar. Se trataba de alcanzar una alianza estratégica euro-latinoamericana, que se fuera definiendo paulatinamente, pero que no fuera excluyente debido a la globalización. El avance hacia dicha alianza se daría en forma independiente y paralela de otras iniciativas en que la región estuviera involucrada (ALCA, Foro Asia-Pacífico, UE-Estados Unidos). Dejando de lado la consideración de si una alianza con esas características era factible, la concreción de la misma no tenía viabilidad mientras no fuera posible darle un sustento económico. Si bien los países europeos habían encontrado un mercado hacia donde dirigir sus productos e inversiones, ellos mismos observaron que, si no se alcanzaba cierto equilibrio en la balanza comercial con los países latinoamericanos, las relaciones en ese ámbito no progresarían. No obstante, la decisión respecto del proteccionismo agrícola residía en ellos. Consecuentemente, el resultado de la Cumbre no podía ser otro que una enumeración de buenas intenciones, aunque el anuncio del inicio de las negociaciones entre el Mercosur y la UE con el objetivo de alcanzar un acuerdo de libre comercio, sin excluir ningún sector, constituyó un logro y un avance para los países del Cono Sur.

En el ámbito de las relaciones bilaterales, hemos visto que la política dura hacia el Reino Unido implementada por el gobierno argentino en la década del ’80 había desembocado en una situación crítica para la Argentina en el Atlántico Sur y generado obstáculos comerciales en la relación de la Argentina con los demás países europeos. La impasse fue sorteada con la decisión argentina de declarar el cese de hostilidades y levantar las restricciones comerciales, además de no mencionar el tema de la soberanía. Se puede criticar la resolución, pero no existía otra opción si se quería revertir la situación. El gobierno argentino asignó alta prioridad a la relación con el Reino Unido por varias razones: a) el objetivo permanente de recuperar las islas Malvinas, que se transformó en una política de estado; b) el hecho de que el Reino Unido continuara siendo uno de los principales aliados de los Estados Unidos en la OTAN y un referente de primera magnitud en materia de política exterior de la UE, y c) la condición de Londres de mercado financiero de primer nivel, todos los cuales se consideraron funcionales al objetivo argentino de modernizar la Argentina e incorporarla al “primer mundo”. Se puede agregar a ello la convicción de los funcionarios de la Cancillería de que una buena relación siempre produciría más rédito que lo contrario.

Las conversaciones iniciadas bajo la fórmula del paraguas de soberanía terminaron exitosamente en febrero de 1990 en Madrid con la restauración de las relaciones diplomáticas.

El comercio y las inversiones entre ambos países comenzaron a normalizarse. No obstante, la cuestión de la pesca y la prospección del petróleo en el Atlántico Sur se transformarían en cuestiones espinosas. El gobierno británico buscaba un acuerdo de pesca de largo plazo que permitiera a los malvinenses otorgar licencias en el área en disputa, pero sin ninguna participación argentina. A la vez, los permisos de pesca otorgados por el gobierno argentino en sus aguas jurisdiccionales perjudicaban las reservas en las aguas de Malvinas. El gobierno argentino sólo accedió a firmar acuerdos provisorios, aunque se comprometió a evitar la sobreexplotación y la pesca ilegal, si bien esto no se logró por completo. La resolución del gobierno británico de cobrar licencias de pesca también en jurisdicción de las Georgias llevó las relaciones bilaterales a un nivel crítico en marzo de 1996. Di Tella expresó que el tema de la pesca era indivisible y que no podía haber solución para las Georgias y no para las Malvinas. El tema de la pesca fue la causa principal de que la visita de Menem a Londres no se concretara hasta fines de 1998, pero no obstruyó el interés de los británicos por invertir en la Argentina.

El otro tema conflictivo fue el de la prospección de petróleo. A pesar de la promesa del canciller Hurd a comienzos de 1993 de no iniciar la exploración en aguas de las Malvinas si antes no se lograba un acuerdo de cooperación con la Argentina, el gobierno británico autorizó a los isleños en septiembre de ese año a iniciar la búsqueda. El gobierno argentino advirtió a las compañías petroleras sobre las consecuencias legales de actuar en áreas en litigio y amenazó con denunciar al Reino Unido ante los organismos internacionales. Luego de duras tratativas se firmó en septiembre de 1995 una ambigua declaración conjunta de cooperación sobre actividades costa afuera en el Atlántico Sudoccidental, con el acuerdo tácito de que cada gobierno pudiera presentar la misma bajo una faz diferente. El canciller Di Tella afirmó que, sin embargo, había un acuerdo tácito de que la Argentina participaría en las regalías de la explotación en las áreas en disputa, pero esto no quedó claro. Por su parte, el Reino Unido obtenía las condiciones de previsibilidad necesarias para que las empresas accedieran a trabajar en las aguas en litigio y, lo más discutible, derechos en áreas no disputadas. Nuevamente la concesión fue en aras de sostener la cooperación.

En los demás ámbitos la relación bilateral se fue recomponiendo lentamente, sobre todo en el aspecto comercial y financiero. Hurd mencionó públicamente los logros del presidente Menem en el campo económico, calificándolos de asombrosos, y elogió la política económica y la participación argentina en los cuerpos de paz de la ONU.

Menem logró realizar su visita al Reino Unido a fines de octubre de 1998. Durante la misma el presidente expresó que la Argentina lamentaba profundamente el conflicto mantenido por las Malvinas. En el encuentro que Menen mantuvo con el primer ministro Blair, ambos dejaron planteadas sus respectivas posiciones, aunque se respetó el acuerdo de no tratar el tema de la soberanía. Menem obtuvo la promesa de Blair de que consideraría el levantamiento del embargo de armas, cosa que la Argentina obtuvo al mes siguiente. A su vez Blair señaló su disconformidad con la legislación argentina sobre pesca y petróleo. Menem se mostró dispuesto a negociar. El presidente argentino quedó tan conforme con la entrevista que pensó que había posibilidades de comenzar el diálogo por el tema de la soberanía. Cabe señalar que la oposición argentina no quiso acompañar a Menem a Londres y criticó que no se hubiera planteado el tema de la soberanía. El reclamo, emitido sobre todo por el ex presidente Alfonsín, cuya política había agravado la situación argentina en el Atlántico Sur, no tenía ningún viso de racionalidad. Si se hubiera insistido en plantear dicho tema, la visita no se hubiera realizado.

Finalmente, la conjunción de la mejora en la relación bilateral, el deterioro de las relaciones chileno-británicas por la detención del ex dictador Pinochet, y el trabajo emprendido por una comisión interparlamentaria logró un avance en la cuestión de las Malvinas, permitiendo la reanudación de los vuelos a las islas con una escala en territorio argentino y la autorización para que los argentinos pudieran viajar a las islas. La contrapartida fue el compromiso de

incrementar la cooperación en la conservación de los recursos pesqueros y el control de la pesca ilegal, quedando pendiente el acuerdo de largo plazo.

Por otra parte, tanto hacia el Reino Unido como hacia los demás países europeos, incluidos los de Europa Oriental, queda claro que la política del gobierno de Menem fue llevar a cabo una fuerte iniciativa a fin de revertir la imagen de la Argentina sumida en una crisis económica, buscar apoyo para refinanciar la deuda externa y atraer inversiones. Con este objetivo, Menem anunció que las inversiones extranjeras disfrutarían de las mismas ventajas que las nacionales. Tanto los ministros Cavallo como Di Tella buscaron activar créditos e inversiones, promover las privatizaciones y promocionar el Mercosur. Luego de que el gobierno argentino llegara a un acuerdo con los organismos internacionales de crédito, la respuesta de los gobiernos europeos fue de cooperación, refinanciando la deuda argentina y apoyando a sus empresarios e inversores.

España, que atravesaba un ciclo de expansión de su economía, realizó grandes inversiones en la Argentina. Evidentemente, la posibilidad de hacer negocios permitió superar los problemas que se presentaron en la relación bilateral como la denuncia contra los Yoma, la captura de un carguero español en aguas territoriales argentinas, el problema Iberia-Aerolíneas y el nombramiento del embajador argentino, entre otros. El entendimiento comenzó a darse durante el gobierno de Felipe González y, como dijera el embajador español, a pesar de la diferencia ideológica con el gobierno de Menem. Ya fuera por los negocios e inversiones que la Argentina posibilitaba a España, por el hecho de que se considerara al país sudamericano como una llave para acceder al Mercosur o por considerar que era el camino correcto, tanto el Rey Juan Carlos, como González y Aznar, elogiaron la modernización y la apertura económica de la Argentina. Ello no impidió, sin embargo, que, aunque apuntando al conjunto de América Latina, en la Cumbre Iberoamericana de Bariloche en octubre de 1995 González advirtiera sobre los problemas de narcotráfico, corrupción, dificultades para el crecimiento económico y necesidad de atender a la seguridad social.

En el caso de Italia, la adjudicación directa de obras públicas que el tratado de asociación particular de 1987 permitía otorgar a ese país, había sido objeto de críticas desde un comienzo. El conflicto finalmente se presentó cuando el gobierno argentino decidió adjudicar un sistema de conmutación telefónica a los italianos, poco antes de que la empresa de telefonía fuera privatizada. Debido a la presión de los posibles compradores, el gobierno argentino tuvo que desistir de la operación, ante lo cual el canciller italiano amenazó con revisar los acuerdos firmados por incumplimiento de lo pactado. El gobierno argentino no cedió, pero la acusación de que el gobierno italiano estaba llevando adelante extorsiones fue causa de tensión en la relación bilateral. No obstante, la visita de Menem a Italia en octubre de 1992 demostró que los problemas habían sido superados. Los nuevos acuerdos firmados adecuaban la cooperación a los cambios económicos que se habían realizado en la Argentina y, sumados a los alcanzados por la deuda externa, ayudaban a la Argentina a recuperar una posición confiable en el contexto internacional.

A juzgar por las palabras del presidente italiano, la política del gobierno de Menem era valorada positivamente. El presidente Scalfaro resaltó los éxitos internos e internacionales de la Argentina, mencionando entre los últimos su presencia en el Golfo Pérsico y en Yugoslavia, y las iniciativas en América Latina para erradicar de la región las armas nucleares y químicas. También mencionó los pasos dados en el ámbito de la economía. Esta percepción fue confirmada por el ex primer ministro Andreotti en su viaje a Buenos Aires, ocasión en que señaló el interés de los políticos de su país en observar la experiencia argentina para resolver la crisis italiana. Sin embargo, la alusión al costo social del modelo económico argentino fue evidente cuando Andreotti expresó su preocupación por la desocupación y la necesidad de luchar contra la pobreza, aunque lo señalara para el ámbito internacional en general.

Tanto la reacción ante el problema por la contratación del sistema telefónico como el pedido de transparencia en las licitaciones argentinas, realizado por los italianos luego de haber sido reformulado el acuerdo preferencial y firmado el nuevo Tratado de 1998, demostraron la convicción en aquéllos de que en la Argentina no se procedía con respeto por la letra firmada o por los procedimientos usualmente considerados correctos en la materia. No hay duda de que estos problemas fueron la causa de que los italianos llegaran tarde a invertir en la Argentina, como lo percibiera el propio presidente Menem.

Al igual que con los países anteriores, la política argentina hacia Francia fue tratar de mejorar la imagen externa de la Argentina y generar inversiones. Habiendo prometido cumplir los compromisos de la deuda asumidos con el FMI y con el Club de París, el gobierno argentino recibió el apoyo del presidente Mitterrand, pudiendo la Argentina alcanzar acuerdos para restablecer condiciones normales de crédito y de consolidación de deudas. Estos logros, sin embargo, se vieron empañados, como en el caso de los países anteriores, por el incumplimiento de contratos por parte del gobierno argentino.

Este hecho revelaba una falla radical del gobierno argentino, que no sólo no administraba correctamente los recursos de los ciudadanos argentinos, sino que generaba conflictos con los países con los cuales la política exterior argentina apuntaba a establecer los mejores vínculos. El gobierno buscaba imperiosamente inversiones externas, pero éstas eran expulsadas por la falta de seguridad jurídica. Por otro lado, las presiones tanto de empresarios argentinos –éstos relacionados con funcionarios y ex funcionarios- como extranjeros, para desviar la labor de los entes reguladores o cambiar las reglas de juego, demostraban la discrecionalidad que podía lograrse al respecto. La demanda de seguridad jurídica y de transparencia en las licitaciones por parte de los empresarios extranjeros dejaba en evidencia las falencias en ese sentido, y el hecho de que la misma exigencia se repitiera en distintos países no permite exculpar al gobierno argentino. La única razón de que este círculo vicioso persistiera a lo largo del gobierno de Menem no puede tener otra explicación que la corrupción intragubernamental.

A pesar de lo mencionado, el modelo económico de Menem fue elogiado en Francia por las máximas autoridades y algunos empresarios. La visita del presidente argentino en febrero de 1996 reveló un claro apoyo oficial a la política económica argentina. En franca contraposición con su gobierno, la mirada crítica de la opinión pública francesa estuvo dirigida a la cuestión de los desaparecidos, la pobreza en el interior de la Argentina, la corrupción y la inseguridad jurídica.

El gobierno de Menem trató de superar el estancamiento en la relación con Alemania, generado por la negativa del gobierno alemán a iniciar tratativas para acordar un tratado preferencial como los firmados con Italia y España durante el gobierno radical, a pesar de la presión de los empresarios alemanes que no querían quedar al margen de las eventuales posibilidades de inversión. El gobierno alemán había manifestado su oposición a firmar un instrumento que contradijera la lógica del mercado, y su preferencia por la cooperación implementada a través de la empresa privada en un contexto de estabilidad política y económica. Asimismo, la renuencia del gobierno argentino a firmar el Tratado de No Proliferación y el consecuente rechazo al control internacional de sus plantas atómicas y proyectos misilísticos habían llevado a que la Argentina figurara en la lista negra alemana de países a los cuales no debían exportarse materiales sensibles.

Los anuncios de los planes del gobierno argentino apuntando a la estabilidad y apertura económicas, la transformación del estado y el compromiso de no exportar misiles generaron el apoyo alemán para que la Argentina pudiera solucionar el problema de su deuda y concretar el acuerdo con la CEE. Alemania también dio su palabra de que abogaría en el seno de la CEE para que las negociaciones del GATT llegaran a un compromiso equilibrado a favor del libre

comercio, lo cual implicaba una disminución de los subsidios agrícolas. Asimismo, la política del gobierno argentino en materia nuclear logró eliminar al país de la lista negra alemana.

Al promediar la década del ’90, las inversiones alemanas en la Argentina eran muy inferiores a las de España, Francia o Italia, como consecuencia de que aquéllas se dirigían prioritariamente al este europeo y a Asia. No obstante, los problemas de las empresas alemanas instaladas en la Argentina –caso Siemens- tampoco hacían atractiva la plaza; el gobierno alemán advirtió que si dichos problemas no se resolvían no habría posibilidades para las inversiones alemanas. En 1996 la llegada de Kohl a Buenos Aires acompañado por representantes de importantes consorcios de su país demostró que Alemania había comenzado a reparar en las posibilidades de inversión, particularmente a causa del proceso de consolidación que mostraba el Mercosur.

Como ya lo habían hecho antes las autoridades alemanas, el canciller Kohl elogió el proceso de apertura económica y estabilización de la Argentina, señalando que el mismo era un éxito. Con todo, fue significativo su consejo de control del gasto público y respeto a las reglas acordadas en el GATT, revelando la percepción alemana de que la Argentina no siempre cumplía con éstas. A la vez, en sus visitas a Alemania el presidente Menem bregó por la recepción de inversiones y el incremento del comercio bilateral. En todas recibió elogios a su política. Sólo durante la última, algunos diarios alemanes pusieron en duda el carácter paradigmático de la Argentina en materia económica, al mencionar el índice de desocupación y señalar que el presidente argentino estaba bajo sospechas de corrupción.

Por otra parte, las seis veces que el presidente Menem estuvo con el Papa Juan Pablo II, más que ningún otro presidente en la historia del país, revelan que las relaciones con el Vaticano fueron óptimas. Este resultado, sin embargo, fue producto de la política del gobierno de Menem en contra del aborto y el apoyo brindado al pontífice en ese ámbito, que logró contrarrestar las críticas que un sector de la Iglesia argentina hacía llegar al Vaticano respecto de las consecuencias sociales de la política económica aplicada por el gobierno argentino. El nombramiento de Esteban Caselli como embajador ante la Santa Sede, y la remoción de la Secretaría de Culto del ámbito de la Cancillería para transformarla en una dependencia de la Presidencia de la Nación fue otra maniobra apuntada a establecer un canal directo de comunicación con el gobierno del Vaticano. De esta manera, se podía transmitir información favorable al gobierno argentino y contrarrestar la que pudiera llegar al Papa por vía de los obispos argentinos críticos de la política oficial. El premio Sendero de la Paz otorgado a Menem por el Vaticano, así como la invitación a integrar la comisión de notables y la promesa de designarlo como embajador itinerante al final de su gobierno, demostraron el éxito de la política menemista hacia la Santa Sede. Revelaron asimismo las prioridades de la política vaticana.

La cuestión de los derechos humanos afectó las relaciones de la Argentina con los principales países de Europa Occidental. En la década del ’90 las organizaciones defensoras de los derechos humanos lograron impulsar en España, Francia, Italia, Alemania, Suiza y otros países, juicios por sus connacionales desaparecidos en la Argentina durante la dictadura militar. En los tres primeros países dichos juicios avanzaron, resultando un número grande de militares argentinos procesados y con pedido de captura internacional. El presidente Menem rechazó tanto el pedido de extradición de Astiz por parte de la Justicia francesa, como los pedidos de asistencia judicial de la Justicia española. El decreto 111/98 emitido al efecto se basaba en los principios de territorialidad y cosa juzgada y en la decisión soberana de encontrar una solución legislativa y judicial para la pacificación interna. Hasta el final de su gobierno, Menem se mostró dispuesto a rechazar los pedidos de extradiciones.

La cuestión de los desaparecidos provocó algunas tensiones, pero prevaleció el interés por conservar las buenas relaciones bilaterales. Sobre todo en las visitas del presidente argentino o alguno de sus ministros a los países donde se desarrollaban los juicios, éstos debieron escuchar los reclamos de los familiares de los desaparecidos o los organismos de defensa de los derechos

humanos. En Francia, si bien el tema no apareció en la agenda oficial, la repercusión pública y los reclamos por la desaparición de las monjas en la Argentina fueron fuertes en todas las visitas del presidente Menem, e incluso obligaron al canciller Di Tella a ofrecer algún principio de solución.

Lo mismo ocurrió con los viajes de los presidentes o jefes de gobierno a la Argentina. Aunque se trató de que la cuestión no empañara los actos, los visitantes debieron recibir a las entidades de sus connacionales afectados por las desapariciones y pronunciarse al respecto. El presidente Chirac mostró claramente su posición a favor de los familiares de las víctimas. Asimismo, la cuestión de los desaparecidos pareció ser uno de los motivos por los cuales el presidente Aznar no tocó Buenos Aires en su viaje a Chile en noviembre de 1997. En su visita a Buenos Aires al año siguiente, Aznar también dejó fijada una posición firme al respecto, al señalar al presidente Menem que reivindicaría la necesidad del esclarecimiento del destino de los españoles desaparecidos en la Argentina, y comprometerse ante los familiares a brindar todo el apoyo jurídico necesario a través de la embajada. No obstante, tanto Chirac como Aznar se mostraron respetuosos de las decisiones de la Justicia argentina. El mismo sentido de compromiso con la cuestión demostró el presidente alemán Herzog en su visita a Buenos Aires, al prometer la apertura de los archivos diplomáticos alemanes para obtener la información que allí pudiera haber acerca de los desaparecidos de origen germano.

En cuanto a la participación argentina en las operaciones de paz, como se dijo, ésta ya contaba con antecedentes desde la década de 1950, aunque la misma había consistido solamente en el envío de observadores militares y apoyo logístico. La política del gobierno de Menem de participar sistemáticamente en las operaciones de paz respondía a su determinación de colocar a la Argentina en los primeros planos del escenario internacional, pero en este caso tuvo un éxito genuino. La creación de los Cascos Blancos -una organización apuntada a prestar asistencia humanitaria a los pueblos que sufran emergencias extremas- fue implementada primero localmente, recibiendo luego la aprobación de los países americanos y finalmente la de la ONU.

El mismo objetivo fue motor de la participación argentina en las operaciones de paz en escenarios tan variados como Medio Oriente, Africa, Camboya, la ex Yugoslavia, Chipre y América Central. Tanto observadores como contingentes argentinos tomaron parte en misiones de la ONU, e incluso de la OTAN con mandato de la primera. La intervención argentina en el grupo de planificación militar en el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU a los fines de conseguir fuerzas entrenadas para un rápido aprestamiento, así como la creación en la Argentina del centro de entrenamiento CAECOPAZ, fueron funcionales a la jerarquización de las fuerzas armadas argentinas.

Además, la participación en las tareas organizativas de la ONU permitió a los oficiales argentinos interiorizarse de las características de los nuevos conflictos surgidos como consecuencia del fin de la guerra fría, y de la complejidad de las operaciones necesarias para darles una solución. En el terreno operativo, aparte de las tareas de mantenimiento del cese del fuego y separación de las partes en lucha, que habían sido tradicionalmente desempeñadas por las misiones de paz de la ONU, los nuevos contingentes debieron abocarse a otras funciones apuntadas a crear las condiciones para instaurar un gobierno democrático, entre las cuales se encontraron el mantenimiento de la paz y el orden, la capacitación para la administración civil o de justicia, y la organización de elecciones. En la mayoría de los casos este trabajo no fue fácil, pues debió ser desempeñado en el contexto de situaciones muy críticas.

Si bien la intención del gobierno de Menem probablemente haya sido buscar protagonismo a nivel internacional, la actividad desarrollada por hombres de las fuerzas armadas argentinas en las operaciones internacionales de paz fue positiva. En primer lugar, los hizo depositarios del reconocimiento público. Asimismo, la experiencia obtenida en la convivencia con colegas de otros países y distintas partes del mundo, el haber participado en la preparación de otros pueblos

para la vida en democracia y el haber sido garantes de los derechos humanos constituyó una invalorable formación para los hombres de armas en virtud de los hechos del pasado argentino.

Respecto de las relaciones con Europa Oriental, cabe señalar algunos puntos. En primer lugar, la función cumplida por la relación con la Unión Soviética desde su establecimiento en 1946 de reemplazar los mercados europeos -perdidos por diversas razones, últimamente por la cuestión de los subsidios agrícolas- y obtener un superávit comercial que permitiera compensar el déficit con los Estados Unidos y pagar los servicios de la deuda externa, no pudo ser sostenida. Por un lado, la Unión Soviética había comenzado a presionar para lograr una balanza comercial más equilibrada. Por otro, la nueva inserción internacional de la Argentina diseñada por el gobierno de Menem apuntaba a privilegiar las relaciones con Europa Occidental, lo cual obligó a hacer algunas opciones, como por ejemplo denunciar el convenio pesquero con Rusia para poder firmar otro con la Unión Europea. A todo ello se agregaría el hecho de que la implosión de la Unión Soviética y la crisis sobreviniente en su zona de influencia provocarían una disminución drástica de las exportaciones argentinas a toda la región.

Con todo, al principio de la década pudieron observarse algunos resabios de la vieja política argentina de búsqueda de un punto de equilibrio entre las dos superpotencias. Esto quedó expuesto tanto en la renovación del convenio pesquero con Rusia en los primeros años del gobierno de Menem, como los acuerdos firmados durante la primera visita de Menem a la Unión Soviética. Se ha visto que el acuerdo para la cooperación en los usos pacíficos de la energía atómica disponía que los controles internacionales se aplicaran únicamente a determinados proyectos, donde fueran considerados necesarios. La restricción respondía a una exigencia del gobierno argentino que todavía no era signatario del TNP.

El gobierno de Menem reconoció rápidamente a los estados bálticos escindidos de la Unión Soviética, lo mismo que a Ucrania, antes de que se estableciera la disolución formal de aquélla. El reconocimiento posterior del resto de los países fue también bastante expeditivo. El hecho de haber acompañado a esos países en su transformación hacia la democracia y la economía de mercado –proceso éste último paralelo al que estaba realizando la Argentina- y patrocinado su ingreso a la ONU para que lograran una rápida inserción internacional fue una clara contribución del gobierno argentino a la consolidación de los mismos, y por ende a sellar la desintegración de la Unión Soviética, en sintonía con la política de los Estados Unidos y de Europa Occidental.

El interés primordial de la Cancillería argentina hacia la Unión Soviética primero y su sucesora la Federación de Rusia fue sostener y luego tratar de restablecer la relación económica bilateral del pasado, a cuyo fin se firmó un Convenio sobre Comercio y Cooperación Económica en 1993. Por otra parte, el canciller Di Tella sostuvo que en Europa Central y Oriental existían excelentes oportunidades para la Argentina que podían no repetirse y que era necesario estudiar. No obstante, resultó evidente que la crisis sufrida por la disolución de la Unión Soviética impidió las exportaciones argentinas de cereales en las cantidades significativas del pasado.

Por otra parte, el fin de la guerra fría permitió que la Federación de Rusia pudiera tratar de vender armamento a los países de América Latina a fin de reducir su déficil comercial con éstos, sin gran oposición. Con la Argentina hubo negociaciones sobre la posibilidad de fabricar municiones, instalar radares en la frontera y vender helicópteros y aviones. De hecho, la venta de los últimos, sumada a la drástica caída en las compras a la Argentina, logró un superávit comercial a favor de Rusia que, aparte de un éxito para ese país, constituyó un punto de inflexión en la historia comercial bilateral. Cabría plantear si la Argentina estaba en condiciones de enfrentar ese gasto militar sin la contrapartida que evitara el déficit.

La visita de Menem a Rusia en junio de 1998, cuando ésta se hallaba inmersa en una profunda crisis económica, dio lugar a varias lecturas. Aparentemente su objetivo principal respondía a la

necesidad de apoyar a las empresas argentinas que estaban iniciando proyectos en aquel país. El convenio fitosanitario también podía redundar en beneficio de las exportaciones argentinas, así como el acuerdo de protección de inversiones resultaría positivo para ambos países. Por el contrario, el sorprendente pedido del ministro Corach al Servicio Federal de Seguridad de Rusia para esclarecer los atentados contra la embajada de Israel y la Amia, en virtud de la estrecha relación que Rusia mantenía con Irán, estaba destinado al fracaso y a complicar la cuestión. Si el gobierno iraní tenía alguna responsabilidad en lo sucedido, su falta de colaboración sería inamovible. Finalmente, el hecho de querer instalar la cuestión de la re-reelección del presidente Menem a nivel internacional desde Rusia tampoco parece haber sido razonable.

Por último, la convocatoria para la recepción de inmigrantes de Europa Oriental por parte del gobierno argentino, además de poner a prueba la tolerencia de los argentinos, como expresara el canciller Di Tella, fue una medida menos relacionada con necesidades socio-económicas que con la búsqueda de notoriedad internacional del país.

En síntesis, no puede afirmarse que el gobierno de Menem no haya otorgado importancia a las relaciones con los países europeos. Recompuso la relación con el Reino Unido y trató de mejorar la imagen externa de la Argentina haciendo conocer su política apuntada a lograr la estabilidad y la apertura de la economía, la transformación del estado y la adhesión a la política de no proliferación nuclear. En la medida que los gobiernos europeos observaron la decisión del gobierno argentino de asumir los compromisos de su deuda externa con los organismos internacionales, colaboraron otorgando plazos y alentando inversiones. La participación de la Argentina en las fuerzas de paz internacionales también constituyó una fuente de reconocimiento para el país. Por otra parte, en el material documental al que puede accederse, no hay evidencia de que desde los gobiernos europeos se hiciera saber a Menem que su política económica era equivocada, salvo en algunos pocos aspectos puntuales. Las advertencias sobre los problemas sociales causados por la transformación económica fueron escasas en las esferas oficiales de Europa, aunque no estuvieron ausentes en los medios de comunicación. Los problemas sí surgieron como consecuencia del desconocimiento de contratos firmados, la discrecionalidad con que se otorgaban obras o servicios y la falta de transparencia en las privatizaciones, todo lo cual reveló un alto grado de corrupción intragubernamental argentina. Los jefes de gobierno europeos también fijaron su posición respecto de la cuestión de los derechos humanos. Con todo, la política exterior ejecutada respecto de Europa parece haber estado encuadrada dentro de parámetros correctos y razonables. La paradoja residió en que el mejoramiento de la imagen de la Argentina alcanzado se vio contrarrestado por la corrupción y la falta de seguridad jurídica intrínseca al gobierno argentino, pero esto, aunque incidió en la misma, no era una cuestión relativa al diseño de la política exterior.

NOTAS

1. Natalia Ceolin, Pierre Salvy y Paolo Verzoza, “Estudio sobre la crisis de Kosovo”, Buenos Aires, edición electrónica, 1999.

2. Ana Gerschenson, “Argentina enviará fuerzas de paz”, La Nación, 30 de abril de 1999.

3. “La Argentina justificó una abstención”, La Nación, 24 de abril de 1999.

4. Ceolin, Salvy y Verzoza, “Estudio sobre la crisis de Kosovo”, op. cit.

5. “La Argentina ofreció en Washington enviar 550 efectivos”, La Nación, 11 de junio de 1999. El presidente Menem ofrecía a la OTAN efectivos de seguridad y de las tres fuerzas armadas, con la siguiente disponibilidad: Ejército: entre 30 y 40 efectivos para fuerzas especiales, que se integrarían a una unidad mayor, “preferentemente de los Estados Unidos”, y una compañía mecanizada de 220 hombres. Armada: entre 100 y 110 marinos para agregar a la compañía del Ejército Argentino “o a una unidad mayor perteneciente a los marines de los Estados Unidos”. Fuerza Aérea: un escuadrón móvil compuesto por cuatro helicópteros UH-1H, 50 hombres para la tripulación y el apoyo técnico y terrestre, y una unidad hospitalaria móvil, con 50 médicos y paramédicos. Fuerzas de seguridad: en total, 180 hombres de Gendarmería, para

control de fronteras por parte de la ONU. Domínguez también reforzó algunos pedidos de equipamiento para las fuerzas armadas, trámite que se había facilitado a partir de la designación de la Argentina como aliado extra-OTAN de los Estados Unidos, una nominación que le permitía acceder al programa del material excedente del Pentágono. Durante los últimos dos años, los Estados Unidos habían contribuido con 2.250.000 dólares a la formación de efectivos de las fuerzas armadas y de Gendarmería en las tareas vinculadas con las operaciones de paz de la ONU.

6. Mensaje del presidente Menem a los miembros del consejo de la OTAN, 8 de julio de 1999, copia en Archivo Cisneros; “Menem pidió a Clinton que la Argentina ingrese a la OTAN”, Clarín, 9 de julio de 1999.

7. “OTAN: críticas al pedido de ingreso”, La Nación, 21 de julio de 1999.

8. Carta de Javier Solana al presidente Menem, 23 de julio de 1999, copia en archivo Cisneros.

9. “«No hubo rechazo» a Argentina, dijo el embajador de Italia”, cable de Telam, 30 de julio de 1999, copia en Archivo Cisneros.

10.“En la Cancillería y en Defensa acusan a Jorge Castro por la iniciativa”, La Nación, 30 de julio de 1999.

11.“El traspié ante la OTAN”, La Nación, 31 de julio de 1999.

12.“Kosovo: tratan envío de tropas”, Clarín, 9 de julio de 1999.

13.Gabriel Pasquini, “Los argentinos que trabajan por la paz en Kosovo, La Nación, 21 de marzo de 2000.

14.“Menem visitó tropas en Kosovo”, La Nación, 20 de noviembre de 1999.

15.Gabriel Pasquini, “Los argentinos que trabajan por la paz en Kosovo”, La Nación, 21 de marzo de 2000. Por otra parte, la misión tenía un perfil netamente militar. Mostrando al periodista el casco y el fusil que cada miembro de la misión –sin importar su condición de médico, enfermero, ingeniero o guardia- debía llevar en todo momento, un oficial argentino sostuvo que eso no era una misión de paz, sino la guerra. Incluso, 400 paracaidistas del Ejército participarían la semana siguiente en un ejercicio organizado por la OTAN para demostrar la “capacidad y resolución” de la KFOR. Con tropas holandesas, polacas, rumanas y norteamericanas, el pelotón de la IV Brigada de Paracaidistas se convertiría en la primera fuerza en misión propiamente militar que la Argentina desplegaba en esa provincia.

16.Este apartado esta basado en Ejército Argentino, Soldados argentinos por la paz, op. cit., cap. 8.

17.Roberto Russell, “Introducción”, en Roberto Russell, Nuevos rumbos en la relación Unión Soviética-América Latina, Buenos Aires, GEL, 1990, pp. 15-22.

18.Mario Rapoport, “Las relaciones argentino-soviéticas y sus perspectivas para los noventa: un enfoque histórico”, en Russell, Nuevos rumbos en la relación Unión Soviética-América Latina, op. cit., pp. 180-182.

19.“Invitan a Menem a visitar a la URSS”, Clarín, 30 de septiembre de 1989, p. 5.

20.“Acuerdo pesquero con la URSS”, Clarín, 20 de marzo de 1990.

21.Graciela Zubelzú de Bacigalupo, “El adiós a los «socios discretos». Nuevas realidades de la vinculación argentina con la repúblicas pos-soviéticas”, en CERIR, La política exterior del gobierno de Menem, op. cit., pp. 231-232.

22.“Mensaje de Gorbachov destaca coincidencias”, Clarín, 20 de marzo de 1990, p. 10.

23.“Cavallo dio instrucciones para ofensiva diplomática”, Clarín, 12 de abril de 1990. p. 7.

24.“Menem se entrevista hoy en Moscú con Mijail Gorbachov”, Clarín, 25 de octubre de 1990, p. 3, y “Menem y Gorbachov acuerdan incrementar el comercio bilateral”, Clarín, viernes 26 octubre de 1990, p. 2.

25.Eleonora Gosman, “Ayuda nuclear”, Clarín, 26 de octubre de 1990, p. 3.

26.Zubelzú de Bacigalupo, “El adiós a los «socios discretos»...”, op. cit., pp. 220-221.

27.Ibid., pp. 223-224.

28.Graciela Zubelzú de Bacigalupo, “La política exterior argentina hacia Europa Central y Oriental: multiplicación y diversificación”, en CERIR, La política exterior argentina, 1994/1997, Rosario, CERIR, 1998, p. 96.

29.General N. S. Leonov, “El mundo después de la desintegración de la URSS”, en Revista Nacional de Inteligencia, Vol. IV, Nº 3, tercer cuatrimestre de 1995, p. 48.

30.Graciela Zubelzú de Bacigalupo, La Argentina y las repúblicas post-soviéticas, Rosario, CERIR, 1999, pp. 52-54.

31.Ibid., pp. 77-78.

32.Vacs, op. cit., p. 321.

33. Memorándum, sin fecha, copia en Archivo Cisneros. El Convenio sobre Comercio y Cooperación Económica entró en vigor el 14 de marzo de 1995.

34.Zubelzú de Bacigalupo, La Argentina y las repúblicas post-soviéticas, op. cit., p. 37.

35.Ibid.; Zubelzú de Bacigalupo, “La política exterior argentina...”, op. cit., p. 98. En la misma oportunidad, Di Tella visitó Turkmenistán, donde la empresa Bridas realizaba la prospección de gas y la explotación de pozos petroleros. A principios de 1997 esta empresa obtuvo la concesión para administrar por quince años el sistema estatal de distribución de gas en Kazajstán. Ibid., p. 109, n. 35.

36.Zubelzú de Bacigalupo, La Argentina y las repúblicas post-soviéticas, op. cit., pp. 70 y 56.

37.Telma Luzzani, “Convite argentino para Moscú”, Clarín, 25 de noviembre de 1997.

38.“Primakov dijo que Rusia es un socio atractivo”, La Nación, 25 de noviembre de 1997.

39.Andrés Oppenheimer, “Moscú buscaría vender armas en América Latina”, La Nación, 25 de noviembre de 1997.

40.Alberto Armendariz, “El comunismo tiene por delante un gran futuro”, La Nación, 8 de junio de 1998.

41. Por ejemplo, el ex secretario del Consejo de Seguridad había declarado ingresos anuales de 38.000 dólares y en la revista Forbes figuraba como uno de los hombres más ricos del mundo.

42.María O’Donnell, “Menem, en un Moscú en crisis”, La Nación, 25 de junio de 1998, y Ernesto Semán, “El Presidente llegó a Moscú y fue al Kremlin a ver el Mundial”, Clarín, 25 de junio de 1998.

43.Zubelzú de Bacigalupo, La Argentina y las repúblicas post-soviéticas, op. cit., pp. 70-71.

44.Ibid., pp. 64-70. En 1995 ya estaban exportando a la Federación de Rusia muchas empresas como la Aceitera Gral. Deheza S.A.; Argencitrus S.A.; Asociación Unión Tamberos Coop. Limit.; Baker Hughes Arg. S.A.; Bodegas y Viñedos López S.A.I.C.; Centro Motor Gas S.R.L.; Chocolates Bariloche S.A.I.C.; la automotriz CIADEA; Coop. de Carniceros de Rosario; Marítima Monachesi S.A.; Mastellone Hnos. S.A. (lácteos); Molinos Río de la Plata S.A.; Nestlé Arg. S.A.; Moño Azul S.A.I.C.; varias peleteras; Siderca S.A.I.C. (metalúrgica); YPF (petrolera), etc. Fuente: Cancillería Argentina. Véase Beatriz C. Crisorio, “Globalización y regionalización. Las relaciones económicas entre Rusia y la Argentina. Perspectivas”, en Terceras Jornadas de Historia de las Relaciones Económicas. Globalización e Historia, Buenos Aires, H. Cámara de Diputados de la Nación, 1998, pp. 715-733.

45. El 12 de mayo de 1998 el encargado de negocios de Irán Abdolrahim Sadatifar había sido convocado por el subsecretario de Política Exterior Eduardo Airaldi para expresarle el desagrado del gobierno argentino por la falta de cooperación del gobierno iraní en la investigación de los atentados que se tramitaban en la sede judicial. El 14 de mayo el gobierno iraní citó al encargado de negocios argentino Eduardo Demayo para presentarle una protesta por las declaraciones del gobierno argentino, y comunicarle que en consecuencia el gobierno iraní había decidido una reducción en el nivel del intercambio bilateral, por lo cual no admitiría el retorno del consejero Rivolta a Teherán, único funcionario de la embajada argentina que se encontraba fuera de Irán. El día 15 el subsecretario Airaldi explicó al encargado de negocios Sadatifar que la noticia de la detención de un ciudadano iraní había llevado la situación a un nuevo contexto y establecido la necesidad de ampliar la información al respecto. Dos horas después Airaldi comunicó a Sadatifar que sobre la base de las siguientes razones: a) la existencia de indicios acerca de la participación de ciudadanos iraníes en el atentado de la AMIA; b) el gobierno iraní no había colaborado para el esclarecimiento de este hecho; c) la no admisión del regreso del consejero Rivolta a Teherán, y d) la decisión iraní de minimizar el intercambio bilateral, lo cual resultaba discriminatorio respecto de las normas del comercio internacional y era interpretado como un gesto inamistoso, el gobierno argentino había decidido solicitar el retiro de todo el personal diplomático y administrativo iraní, a excepción del encargado de negocios, con plazo hasta el 20 de mayo, a fin de establecer ambas representaciones en igual condición numérica, en reciprocidad por la decisión previa iraní de no admitir el regreso del consejero Rivolta y mantener la sede diplomática en su expresión mínima. El 19 de mayo la embajada de Irán anunció que en cumplimiento de lo dispuesto por el gobierno, en la fecha había partido la totalidad de los funcionarios diplomáticos y administrativos a excepción del encargado de negocios. Memorándum “Relaciones con otras regiones del mundo”, pp., 7-8, copia en Archivo Cisneros.

46.María O’Donnell, “AMIA: Corach pidió ayuda a la ex KGB”, La Nación, 26 de junio de 1998. Los rusos le contaron a Corach que, a comienzos de ese año, ellos también tuvieron un conflicto con Irán, a pesar de la alianza estratégica que unía a los dos países. El SFS había detectado que diplomáticos iraníes estaban intentando comprar, por medio de la empresa Sanam, tecnología misilística de corto y de largo alcance. Los diplomáticos fueron invitados a retirarse.

47.“Amia: a la espera del aporte ruso”, La Nación, 27 de junio de 1998.

48.Ernesto Semán, “Desde Moscú, Menem le dio luz verde a la ofensiva judicial por la reelección”, Clarín, 27 de junio de 1998.

49.Ernesto Semán, “Escala de Menem en una gira que busca afirmar su imagen”, Clarín, 28 de junio de 1998.

50.Zubelzú de Bacigalupo, La Argentina y las repúblicas post-soviéticas, op. cit., pp. 71-76.

51. Respuestas de Andrei Dmitriev a un cuestionario presentado por la agencia rusa Novosti.

52.Este acápite está basado en Zubelzú de Bacigalupo, La Argentina y las repúblicas post-soviéticas, op. cit., capítulo III, “Las relaciones argentino-ucranias”, pp. 101-137.

53. Aparentemente el Banco Mundial habría sugerido a funcionarios ucranianos que observaran el plan de estabilidad aplicado por la Argentina. Esto llevó a que los ucranianos gestionaran reuniones con técnicos argentinos, y el ex ministro Cavallo realizara un viaje a Rusia y Ucrania para difundir el plan de convertibilidad.

54. El segundo entró en vigor el 25 de marzo de 2001 y el último el 7 de octubre de 1998.

55.Véase el acápite “La cuestión de la inmigración” en Zubelzú de Bacigalupo, La Argentina y las repúblicas post-soviéticas, op. cit., pp. 106-111.

56.“Palabras de cierre del canciller Guido Di Tella”, op. cit., p. 270.

57.Zubelzú de Bacigalupo, La Argentina y las repúblicas post-soviéticas, op. cit., p.. 38-39.