-30- OPINIÓN Jueves 15 de diciembre del 2016

EL INFORME FINAL DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE INTEGRIDAD

EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

La gran lucha de nuestros tiempos

De sol a sol te tengo pendiente

Gerente general del Instituto Peruano de Economía

DIEGOMacera

L as pérdidas que origina la co-rrupción representan casi el 10% del Presupuesto General de la República, porcentaje similar al destinado a los sec-

tores Salud o Transportes. Bastaría solo con este dato para darnos cuenta de que, como sociedad, hemos permitido que la corrupción ponga en jaque el desarrollo de nuestro país. Por ello, el gobierno creó la Comisión Presidencial de Integridad (CPI), a la que encargó proponer –en un plazo de 45 días– medidas para promover la integridad en la función pública, fomen-tar la transparencia y prevenir y sancionar la corrupción.

La semana pasada, la CPI –que actuó con absoluta independencia y autonomía– presentó su informe. En la ejecución de su trabajo escuchó a representantes de todos los sectores. Así, congresistas, ministros, autoridades, empresarios, líderes sindica-les, académicos, periodistas y ciudadanos de diferentes regiones en audiencias públi-cas fueron actores activos del resultado de su informe de 100 medidas.

Para la gran mayoría de ciudadanos, la forma en que las autoridades toman deci-siones es opaca. Por ello, la primera reco-mendación de la CPI es que antes del 31 de enero del 2017, todo alto funcionario (incluido el presidente de la República, ministros, congresistas y jueces supremos, entre otros) deberán presentar una decla-ración jurada de intereses que contenga in-formación sobre sus vínculos societarios, empresariales, profesionales y laborales anteriores al ejercicio del cargo, lo que se hará púbico en las páginas web de cada entidad. El uso efi ciente de esto y el desa-rrollo de un programa de recompensas por denuncias de corrupción serán dos herra-mientas para que la ciudadanía se entere de quién es quién y sepa qué hacer en casos de corrupción.

En la ejecución de su trabajo, la CPI constató la exigencia de los ciudadanos de crear barreras que eviten, entre otros, los

A comienzos de los años 70, Pe-ter Pyhrr era un gerente de mando medio de apenas 30 años en la compañía de pro-ductos electrónicos Texas Ins-

truments. Preocupado por la creciente in-fl ación y su impacto en el presupuesto de su empresa, el joven Pyhrr se preguntó: ¿Habrá alguna manera de optimizar el uso de cada dólar? ¿Qué pasaría si empezamos a planear desde cero el presupuesto cada año?

La pregunta y subsiguiente refl exión de Pyhrr dieron lugar a lo que hoy se conoce co-mo Presupuesto Base Cero. La idea consiste en romper con la inercia presupuestal que amarra implícitamente a las compañías a usar el mismo nivel de recursos para los mis-

siguientes problemas: (i) que los corruptos ingresen al Estado; (ii) que se produzca tráfi -co de infl uencias; y (iii) que el fi nanciamien-to ilícito siga penetrando la política. Para el primer caso, la CIP ha propuesto impedir el ingreso o reingreso a la función pública a quienes sean condenados por corrupción, aun cuando hayan cumplido su pena.

Para el segundo caso, recomendó modi-fi car la legislación de gestión de intereses, en términos similares a los propuestos por Transparencia: establecer un sistema de corresponsabilidad entre gestores de inte-reses y funcionarios públicos, eliminar la diferenciación entre intereses propios y de terceros estableciendo un mismo sistema de obligaciones y responsa-bilidades, y simplifi car el registro de gestores de intereses.

Por el lado del fi nanciamiento ilíci-to a la política, la CPI considera urgen-te y prioritaria una reforma integral que garantice que los líderes políti-cos y candidatos a puestos de poder por elección popular sean detallada-mente observados. A través de una declaración jurada, cada candidato deberá especifi car el monto de sus impuestos pagados en los últimos cinco años, así como las fuentes y montos de sus ingresos. Debe-rán ser transparentes sobre sus cuentas bancarias, inversiones e inmuebles, tanto en el país como en el exterior. Para concretar este desafío, se ha propuesto el fortalecimiento de la UIF y la ONPE; esta última, con la facultad de calcular, en ba-se a estudios de mercado y al historial de reportes, los costos de las campañas elec-torales para exigir a las or-ganizaciones políticas la revelación de sus fuentes de financiamiento. El in-cumplimiento será san-cionado con severas pe-nas no solo pecuniarias, sino también políticas.

Las contrataciones del Estado, por ser un medio de concreción de malas prácti-cas, son otro punto trascen-dental del informe. Además de medidas de simplificación,

“Para la gran mayoría de ciudadanos, la forma en que las autoridades toman decisiones es opaca”.

mos fi nes en los mismos departamentos año tras año. Si el año pasado presupuestamos y gastamos X dólares en viáticos –dicen no pocos gerentes–, pues para este año asigne-mos lo mismo y quizá un poco más porque así siempre lo hemos hecho. El Presupuesto Base Cero, en cambio, obliga a repensar el destino de cada dólar del presupuesto en función de dónde puede alcanzar mayor rentabilidad. Dólar por dólar.

La estrategia, sin embargo, no tiene por qué limitarse al sector privado. Hace apenas dos semanas el Congreso aprobó la Ley de Presupuesto para el 2017. En este contexto, no está de más preguntarse: ¿Y qué pasaría si no existiera inercia burocrática en el sec-tor público que autojustifi que el gasto en ca-da ministerio e institución estatal? En otras palabras, ¿qué sucedería si partimos de una hoja en blanco en la que cada sol del presu-puesto, uno por uno, debe ser asignado al sector donde consiga su máxima rentabili-dad social?

Un incipiente ejercicio mental sobre esto

puede ser interesante y a la vez revelador. Este ejercicio nos diría, probablemente, que los primeros soles del nuevo presupuesto irían a aquellas tareas primordiales que úni-camente puede –y debe– cumplir el Estado. Los bienes públicos por excelencia. En este campo, la provisión adecuada de seguridad y justicia, o el llamado Estado mínimo, son quizá lo más importante.

Ahora, por cada sol que gastemos en se-guridad y justicia, la rentabilidad social de cada sol adicional en esos sectores empieza a disminuir. Si los primeros soles van a pagarle cuando menos un salario mínimo al primer policía, el último sol de un presupuesto de 12 dígitos para el sector seguridad quizá ya estaría pagando la tablet último modelo del comandante policial.

Una vez cumplida la función seguridad y justicia, la siguiente rentabilidad social más alta en nuestro ejercicio mental se alcanza probablemente con los servicios públicos y conectividad, cuya provisión difícilmente pueda fi nanciarse sin el Estado: agua, ener-

gía, caminos. Y conforme el impacto de ca-da sol gastado en estos va disminuyendo, se abrirían camino en el presupuesto aquellos bienes y servicios que sí pueden ser provistos por el mercado, pero que criterios funda-mentales de equidad y de derechos indivi-duales justifi can en el gasto público. A saber, educación y salud de calidad.

Así sucesivamente podríamos ir avan-zando con todas las funciones del Estado, sol a sol, desde la silla del primer juez hasta el coctel del embajador peruano en la Repú-blica de Argelia si da la plata. Solamente en la medida en que se cumplan las funciones básicas, nos moveríamos a las siguientes pendientes. Y si bien hacer esto en la prácti-ca, con más de S/150 mil millones de soles de presupuesto, puede resultar sumamen-te complejo, el espíritu de la idea no es des-cabellado e invita a más de una refl exión. Porque las canastas navideñas y los Juegos Panamericanos no agotan, ni de cerca, los cambios que un presupuesto así pensado demandaría.

ILUSTRACIÓN: GIOVANNI TAZZA

Presidente de Proética

JORGEMedina

digitalización y gobierno abierto, la CPI ha propuesto que las personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción no puedan contratar con el Estado. También que el arbitraje en materia de contratación pública sea únicamente institucional, no ad hoc. Asimismo, crear una procuraduría especializada en arbitrajes que monitoree y asesore a los procuradores que tienen a su cargo la defensa del Estado.

Otra medida que la CPI considera funda-mental es crear un sistema de justicia espe-cializado en delitos de corrupción confor-mado por cuerpos especializados del Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacio-nal, en trabajo coordinado con la UIF, la Pro-

curaduría Anticorrupción y la contraloría, y que esté integrado por personal de ele-vado nivel ético, altamente califi cado y sometido a permanente evaluación. En este propósito, el Estado debe asegurar la participación y el apoyo de organis-mos y fuentes de cooperación interna-cional, a fi n de darle la máxima efi ciencia al sistema, incluyendo la capacidad de la intervención en fl agrancia de graves de-litos de corrupción.

El gobierno no es el único respon-sable. El Congreso cumple un rol trascendental, especialmente en llevar a cabo las reformas necesa-rias. Los medios de comunicación tienen también responsabilidad, por ejemplo, en la creación de cam-pañas de una cultura de integri-dad. Así como ellos, la academia, el empresariado y la sociedad ci-vil, liderados por entidades como Transparencia y Proética, están invitados a acompañar este nuevo paradigma en el Perú, a través de la implementación de un observa-torio de monitoreo y evaluación de cada una de las propuestas de la CPI.

Pocos movimientos –como uno anticorrupción– podrían ser capaces de reunir, sin po-sibilidad de discriminación social o ideológica, a todos los sectores de la sociedad para llevar a cabo la gran lucha de nuestros tiempos –prevenir y combatir la corrupción– y construir el país que todos queremos.