"El envejecimiento: los servicios de salud y la seguridad social"

Politics, not demography, now determines

the size of the elderly population and the

materials conditions of its existence.

(Myles, 1983)

En años recientes una problemática ligada en primera instancia a la

transformación de las estructuras demográficas ha hecho coincidir los intereses

de especialistas en diversas disciplinas para estudiarla y proponer soluciones

viables a sus manifestaciones concretas en cada país. Esta problemática que ha

sido identificada con el término inclusivo de "envejecimiento", vuelve a poner en

primer plano la discusión planteada por economistas y demógrafos hace casi

cuatro décadas respecto a la relación entre dinámica demográfica y distribución

del ingreso. En aquel momento, el interés estaba centrado en identificar el

crecimiento natural de la población como freno al crecimiento económico,

apreciables a nivel macro y microeconómico. Sobre el primero, una parte

importante de los recursos generados por la sociedad tenía que dedicarse a

satisfacer una demanda creciente de servicios de salud y educación para los

individuos que año con año nacían, en lugar de dedicar estos recursos a la

inversión productiva. A nivel microeconómico, el ingreso familiar tenía que

repartirse entre mayor número de miembros, lo que hacia aparecer como

imperativo actuar sobre el nivel de natalidad para reducirlo. Hoy en día, una vez

alcanzadas las metas demográficas en una proporción importante de las naciones

del mundo al abatir tanto la elevada natalidad como la mortalidad, el resultado ha

sido una disminución significativa en la tasa global de fecundidad y un

incremento de la esperanza de vida, indicadores que, por cierto, no están

afectados por la estructura por edad de la población. Esta situación ha traído

como consecuencia un crecimiento en la participación del grupo de 65 años o

más en el total de la población, lo que hace necesario dedicar recursos a su

atención y garantizar su sobrevivencia en condiciones adecuadas.

Con el razonamiento originalmente aplicado al caso de la natalidad, resulta que

ahora hay que dedicar recursos a la población envejecida en un monto creciente,

sin que la sociedad en general y los individuos en particular hayan acumulado lo

suficiente para responder a estas necesidades.

En este trabajo se hacen explícitas una serie de situaciones que en la actualidad y

en el mediano y largo plazo constituirán el escenario social en el que se deberá

responder a las demandas de la población vieja y que deben ser tomadas en

cuenta en la definición de políticas sociales y acciones sectoriales dedicadas a

ésta.

Algunas situaciones que aparecen cada vez con mayor claridad tienen que ver

con: a) el incremento de los pobres entre la población de la tercera edad; b) el

incremento cuantitativo de la demanda de servicios de salud y c) la declinación

de un sistema de soporte familiar de los ancianos originado entre otros factores

por una disminución de la fecundidad y con ello el tamaño de la familia.

Una premisa fundamental para los autores es que a nivel de política social para

los viejos, en el campo de la salud o el sistema de pensiones, las acciones

constituyen políticas de distribución de la riqueza, cuyo éxito depende de que el

reparto se origine en un proceso de acumulación que trascienda a las

generaciones productivas.

Este trabajo es una visión sociodemográfica acerca del envejecimiento, la

conformación de las demandas en salud y seguridad social que origina, así como

la oferta para satisfacerlas desde diferentes niveles de la sociedad, para lo cual se

debe considerar relevante la heterogeneidad de la población a partir de su básica

diferenciación según clase social y sexo.

1. El contexto general.

La progresiva transformación del comportamiento demográfico de la especie

humana ha sido un factor fundamental para el actual paradigma dominante sobre

el desarrollo mundial. La disminución de los nacimientos, el combate contra la

enfermedad y la muerte, así como la mayor extensión en el tiempo de vida, han

sido elementos de profunda transformación en el sentido que adquiere la

existencia humana.

A pesar del alto nivel de vida alcanzado, la transición demográfica de los países

desarrollados ha generado, entre otras situaciones, un histórico envejecimiento de

su población que refleja relaciones de dependencia generacional poco

equilibradas, un déficit de población en edad de trabajar y una demanda social

insatisfecha por parte de los grupos de edad avanzada --en su mayoría femenina--

situación que parece amenazar la hegemonía económica y tecnológica de algunos

países a nivel global.

En los países en desarrollo, con un historial demográfico diferente, se observa

todavía un crecimiento de los grupos etarios jóvenes y adultos, aunque creciente

desempleo y problemas de pobreza, junto con un paulatino envejecimiento

demográfico que añade nuevas demandas sociales a las rezagadas necesidades de

su población. Tendencia que se agravará en estos países, durante el primer cuarto

del siglo siguiente, ya que se espera que el 72 por ciento de la población

envejecida resida en países en desarrollo (United Nations, 1993).

Bajo esa lógica, es necesario ver al envejecimiento demográfico como un

fenómeno creciente que apunta sobre la nuevas demandas sociales por parte de

población en la tercera y cuarta edad. Aunque también permite considerar el

impacto que tiene la estructura y composición de las poblaciones sobre la

organización social, el papel de las instituciones, y la organización política y

económica, en cuyo contexto orientado a la globalización resulta crucial el grado

de desarrollo social y económico alcanzado previamente en cada país. Es

sugerente, entonces a partir de la discusión sobre el envejecimiento, integrar

nuevas demandas al quehacer de las políticas sociales y deslindar la visión

competitiva de las prioridades sociales.

Durante este periodo, a la ciencia y técnica se les ha concedido el poder social y

político para modificar la vida social, en gran medida orientando a actuar sobre el

ritmo de crecimiento natural. Sin embargo, los efectos sociales y económicos de

la transición epidemiológica a fin de siglo, son uno de los principales intereses de

los científicos sociales ligados con el estudio de la dinámica demográfica y la

salud. La situación ha justificado la preocupación mundial sobre la calidad de

vida de grupos envejecidos sobre todo en lo concerniente a la salud. Se ha

planteado una transformación del significado de enfermedad, pues se vuelve una

condición permanente que trastoca el sentido del sufrimiento humano, pero que

transforma profundamente nuestra percepción de la vejez. Dimensión cultural

que se puede redefinir dependiendo de la organización económica e institucional

de la formación social.

En muchas partes del mundo, la combinación de estos factores advierten sobre la

insuficiencia de los criterios homogeneizadores para entender la relación entre

envejecimiento y sociedad. No obstante, una gran cantidad de investigaciones

concluyen que existe una profunda desigualdad de oportunidades entre

individuos una vez alcanzada determinada edad cronológica y social, aún en

naciones económicamente poderosas. Desigualdad que está definida por

diferenciales étnicos, de clase social, género y cohorte, así como por el grado de

urbanización, lo que condiciona el acceso real a servicios de salud y que se

intensifica a partir de las conformación cultural y estructural de la sociedad en

cuestión.

Entonces la presencia de grupos sociales con altos grados de vulnerabilidad

social, patologías emergentes, fragilidad al medio ambiente, multimorbilidad y

pobreza --aún en sociedades muy modernizadas-- sugiere que la situación social

de la población anciana está estrechamente ligada al modelo de desarrollo

adoptado, por lo cual engañosamente se han sobreenfatizado las consecuencias

económicas de este proceso sociodemográfico (Treas y Logue, 1986; Richter,

1992, Ogawa, 1990), debilitando la visión sobre las consecuencias sociales de las

estrategias económicas (Stahl, 1994; Vilas, 1996; Stahl, 1996a).

El contexto demográfico mundial y la recesión económica de los ochenta han

sido los acontecimientos que tratan de justificar la reforma del Estado en la

configuración del bienestar entre la población mundial. El debate si bien ha

surgido entre los intelectuales de los países desarrollados no ha sido ajeno a los

políticos y académicos de otros países. La confrontación de perspectivas teóricas,

ideologías y experiencias nacionales concretas se ha dado en diferentes niveles

girando en la mayoría de los casos sobre la reorientación de la "política social".

Los argumentos financieros buscan adelgazar al Estado y corregir el déficit

público, a través de una apertura de las instancias privadas en la atención y

satisfacción de la demanda social (con estas acciones como parte de los

denominados programas de ajuste estructural en las economías emergentes y en

transición). No obstante, las experiencias de la privatización en países

desarrollados, muestran desventajas y algunos beneficios a nivel del bienestar

social.

En éste debate el quehacer de las ciencias sociales ha sido fundamental para

esclarecer el impacto diferencial de la reforma del Estado sobre las condiciones

de vida de la población y en especial de aquellos grupos considerados

particularmente vulnerables (pobres nuevos y estructurales). Pero también ha

resultado crucial para entender el desarrollo sectorial directamente vinculado a

las comunidades, con el fin de evitar el retroceso de logros sociales en detrimento

de la calidad de vida. El caso de la educación y la salud son los principales ejes

de reflexión sobre el nuevo papel del Estado .

La información demográfica y epidemiológica, la reforma del Estado y la nueva

configuración de las políticas sociales permiten reflexionar sobre los nuevos

escenarios de las instituciones de atención a la salud. La oleada de reformas a la

seguridad social es un antecedente obligado para entender los contextos globales

en los que se asienta el bienestar social de la población en el futuro.

2. La reforma del estado y la seguridad social en la región latinoamericana:

un referente obligado

La seguridad social, como área estratégica en el modelo de desarrollo

hegemónico, ha significado para los planeadores económicos un nicho

sumamente poderoso para incentivar la productividad económica general y el

crecimiento a través de un mecanismo de ahorro obligatorio. Para otros, la

seguridad social también representa uno de las mecanismos institucionales más

relevantes en la distribución de la riqueza generada por la sociedad. Forma parte

de la política social del Estado y en ella se sostiene gran parte de la oferta de

satisfactores de las necesidades elementales para sectores importantes de la

población, tanto porque la organización institucional es en sí misma generadora

de empleos, como por la cadena de prestaciones y servicios orientados al

mantenimiento de la salud (maternidad, planificación familiar, salud

reproductiva, atención general, guarderías, cuidados prolongados, etc…).

Lo cierto es que en el debate sobre la reforma a la seguridad social se desprende

una gran preocupación sobre la reorganización que tendrán las instituciones

encargadas de la salud de la población como resultado de este proceso. La mala

calidad de los servicios públicos, la falta de cobertura entre la población, la

limitada infraestructura en áreas rurales, el escaso personal capacitado y la

deficiente administración de los recursos, junto con la desconfianza hacia la

"privatización", al papel de las instituciones lucrativas y el temor a reproducir de

una manera más costosa las mismas deficiencias del servicio público, son parte

de las percepciones entre la población usuaria de los servicios de salud. Todo

advierte la existencia de un terreno, confuso y complejo, en el cual se deben

fincar los nuevos retos de las instituciones de salud.

Las características de la estructura por edad de la población en el presente y en el

futuro, así como su perfil epidemiológico sugieren que la inversión en la salud

debería ser un área estratégica en la redistribución del ingreso de la población

latinoamericana, así como un freno a la reproducción generacional de la pobreza

en futuras poblaciones.

En Latinoamérica las reformas a la seguridad social comenzaron con el gobierno

militar de Chile, esta reforma consistió en la eliminación del impuesto patronal y

la administración privada del sistema de pensiones, todo ello bajo la doctrina

conservadora del neoliberalismo. Posteriormente se modificó la organización de

los servicios de salud a través de regresar la atención a la salud hacia las

administraciones municipales, desconcentrar el Servicio Nacional de Servicios en

Salud (SNSS) en 26 servicios y crear las Instituciones de Salud Previsional

(ISAPRES) como un subsistema de salud privado, compuesta por 22 empresas

abiertas a la comunidad y 14 empresas cerradas para atención especial a

cotizantes de determinadas compañías, algunas estatales y otras privadas. Su

tarea ha consistido en cubrir los gastos de atención médica de sus afiliados y

dependientes. Este subsistema cubría en 1993, al 24 por ciento de la población y

administró fondos por apróximadamente US $434 millones (Giaconi, 1994).

Toda la reforma se fincó en una serie de privatizaciones de las empresas de

servicios públicos junto con un proceso de atomización social y un reforzamiento

de la economía de mercado. Los críticos a la nueva organización del sistema de

seguridad social argumentaron que mientras el modelo chileno se adaptaba a las

realidades locales, los costos sociales recayeron sobre los grupos sociales más

vulnerables. Al incentivar el papel del sector privado en el área de salud, se

propiciaba una reducción del papel del Estado como actor fundamental en

política social. Para los analistas, el sistema de salud chileno "aseguró un mínimo

nivel de atención a la salud de la población pobre y la clase trabajadora, mientras

se invirtió en alta tecnología para los grupos sociales que tuvieran mayor poder

adquisitivo" (Scarpaci, 1988).

Los especialistas, hoy en día, a pesar del "milagro chileno", sugieren una revisión

del funcionamiento del sistema nacional de salud, particularmente por la

insatisfacción de la población con respecto a la atención recibida, pero también

por el perfil epidemiológico de su población actual. Así, se proponen centros de

diagnóstico ambulatorio con alto nivel tecnológico, cambios en el financiamiento

en donde las facturas se expidan no por las acciones prestadas sino por las

enfermedades resueltas; también mayores compromisos de gestión entre el

Ministerio de Salud, los Servicios y los hospitales; y por último, se plantea

conocer con cierta periodicidad los costos de los principales prestadores de

servicios de salud, entre otros (Giaconi, 1994).

Durante el gobierno militar en Chile, la evidencia mostró que la población estaba

pagando más por los servicios de salud en comparación con los anteriores

regímenes. De hecho, la población más pobre ha contribuido en una mayor

proporción al presupuesto del Sistema Nacional de Salud, sin obtener los

beneficios suficientes (Borzutzky, 1993; Scarpaci, 1988). Al observar estos

antecedentes, uno podría pensar que la limitada expansión del servicio público,

en las dos últimas décadas en muchos países latinoamericanos, ha propiciado la

condición que permite avanzar la alternativa del cuidado médico privado.

El argumento demográfico que sirve de justificación a los economistas para

establecer la funcionalidad del modelo chileno es la estructura joven de la

población, la cual puede afrontar el costo del financiamiento en el período de

transición. Chile actualmente tiene el 7 por ciento de su población con 65 años y

más, lo que equivale a un millón de personas.

Para los economistas la estructura joven de países como Argentina, Perú, Bolivia

y México, facilita la implementación del modelo chileno en seguridad social,

particularmente porque todos estos países tienen una proporción suficiente de

fuerza laboral joven para sostener a los jubilados durante la transición, además de

que todos los países necesitan ahorro interno con el cual estabilizar la economía

(Passell, 1996). El ofrecimiento de los reformistas en Chile, Brasil, México y

Argentina, consistió en contar con una serie de dividendos sociales producto de

la privatización para reforzar los servicios básicos de educación y salud pública.

No obstante, la experiencia de Chile al respecto ha sido un incremento en la

inversión pública en estas áreas casi diez años después de iniciada la reforma en

1981, con sus consecuentes efectos sobre la pobreza (Boeker, 1995). La pregunta

que surge al respecto es cómo y cuándo se distribuirán esos dividendos, porque

en la contabilidad del costo social de las políticas económicas el tiempo resulta

un factor de desventaja generacional.

Gran parte del gasto social destinado a compensar los ajustes económicos, se han

ejercido a través de programas selectivos con financiamiento externo,

principalmente del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo,

que si bien se han canalizado por medio de instituciones públicas y

descentralizadas, se ha criticado que contribuyen muy poco a aminorar la pobreza

y sobre todo permiten el repliegue del Estado para atender sus responsabilidades

sociales. Queda mucho por conocer sobre el papel de las agencias internacionales

en la configuración del sector salud. El Banco Mundial en Bolivia por ejemplo,

promovió una mayor cantidad de programas preventivos en lugar de programas

curativos. En parte porque éstos son menos costosos. Este tipo de políticas tienen

un efecto muy importante en el desarrollo de la investigación en salud y en lo que

representa el proceso salud-enfermedad entre la población latinoamericana

(Arellano y Petras, 1994).

Debe decirse que estas reformas han tenido gran impacto en la sociedad

latinoamericana sobre todo por los nuevos patrones de política social, éstos

tienden a evadir la responsabilidad colectiva mientras las necesidades de la

población -producto del modelo económico- se perciben como problemáticas de

carácter individual. Lo muestran las reformas a la seguridad social, en Uruguay,

Colombia, Brasil, México y Nicaragua, por mencionar sólo algunos países. Para

los analistas, la transformación de las políticas sociales en el modelo neoliberal

ha experimentado tres procesos básicos: privatización, focalización y

descentralización. Cada uno de ellos ha sido puesto en práctica con ciertas

modalidades, observándose una contribución limitada al bienestar social,

mientras se ha logrado entorpecer el funcionamiento de los servicios sociales más

importantes en el desarrollo de las comunidades (Vilas, 1996b).

Este contexto de reformas permite reflexionar sobre el carácter que adquiere la

nueva configuración de la seguridad social en un contexto demográfico y

epidemiológico, en el cual surgen nuevas demandas y se incrementan aquéllas

que históricamente no se han podido trascender. El caso de la población

envejecida ha sido abordado desde una perspectiva neoliberal como un gasto y

carga social, cuando su situación ha sido un efecto también de la estrategia de

ajuste, pero sobre todo de la paradoja que surge de la confrontación entre

modernidad como proceso y modernización como resultado. Misma que se

manifiesta en lo demográfico a través de un incremento de la esperanza de vida,

como logro de la modernidad, pero en condiciones de vulnerabilidad y

marginación como efecto de la misma modernización.

El envejecimiento de la población aparece como un fenómeno social que debe

renovar energías en la configuración de programas de apoyo a la seguridad

social. Aunque muchos países son considerados de estructura joven, la visión

prospectiva advierte de situaciones pre y post transicionales incluso en aquellos

países que iniciaron el descenso de la fecundidad de manera tardía. De ahí que el

envejecimiento demográfico, desde una perspectiva interdisciplinaria, permite

reflexionar sobre la relación existente entre política económica, política social y

estructura demográfica, misma que advierte la necesidad de reorganizar e

incrementar los recursos dirigidos a la satisfacción de una mayor demanda de

servicios de salud tanto en poblaciones atrasadas económicamente, con

padecimientos transmisibles, como en aquéllas donde los padecimientos crónico-

degenerativos tienden a deteriorar también la calidad de vida de la población

adulta y envejecida. La fragilidad social y física de esta población, el peligro de

combinar varios padecimientos crónicos con aquéllos de tipo infeccioso, hace

relevante el estudio que relaciona el proceso de envejecimiento con la

reorganización de la seguridad social, la configuración de la política social y el

modelo de desarrollo actual.

Si bien en las discusiones sobre el envejecimiento y la seguridad social se deben

observar las consecuencias del modelo de política social sobre la población

envejecida, no es posible ignorar a nivel macroeconómico la transformación de

las estructuras demográficas sobre la conformación de la demanda, el consumo y

el gasto social. Sobre la demanda, es claro que se derivan preferencias y

necesidades en el consumo de la población joven que contrastan con las de la

población envejecida. Existen varios estudios en los cuales se han logrado

identificar modificaciones en la estructura del consumo y del gasto debido a los

cambios en la estructura por edad de la población. El envejecimiento de la

población generará un incremento en el consumo público de productos

farmacéuticos, de servicios primarios de salud; en cambio la demanda para

libros, servicios de transportación escolar, personal vinculado a la educación,

entre otros, experimentará un descenso. La estructura del gasto público también

se modificará. Por su parte, la inversión pública tendrá que proveer una

infraestructura adecuada para garantizar las actividades cotidianas de la

población. Los lugares o sitios públicos, escuelas, hospitales, viviendas,

transportación, constantemente tienen que ser adaptados de acuerdo con las

necesidades de la sociedad (Richter, 1992). Sin embargo, mientras este

diagnóstico puede encajar con la realidad de países desarrollados, lo cierto es que

en los países latinoamericanos mientras continúa el crecimiento de la demanda de

población en edad escolar tanto en servicios educativos como en salud, se

comienzan a perfilar nuevas demandas sociales provenientes de grupos de

población con edades muy avanzadas, cuyos requerimientos en materia de salud

física y mental alertan sobre la tónica de las políticas sociales que reforzarán el

desarrollo social de la región. De tal manera que existirá población con

padecimientos transmisibles por sus condiciones de pobreza y juventud, pero

también habrá población con padecimientos crónico-degenerativos, que sufra una

combinación de ambos, agravada por sus condiciones de pobreza, la cual

envejece experimentando una situación de deterioro de la calidad de vida por

razones fisiológicas y estructurales.

Las reformas económicas más significativas han planteado la reformulación

financiera y organizativa de las instituciones encargadas de la seguridad social.

Estas reformas han tenido un heterogéneo impacto en la población

latinoamericana, y puesto que la hegemonía del discurso económico está dejando

en segundo plano la discusión sobre las condiciones sociales y políticas de cada

país, su entendimiento requiere combinar disciplinas que incorporen lo

distintivamente económico, sociológico, demográfico y político. Es decir, la

definición de los escenarios que parten de los aspectos económicos y financieros

requieren tomar en cuenta aspectos que son el objeto de otras disciplinas como la

demografía y la sociología, para vislumbrar el impacto de una medida de carácter

económico sobre el comportamiento de la población. En ese sentido, las actuales

reformas a la seguridad social, la reorganización del sistema de pensiones y

salud, junto con el progresivo envejecimiento de la estructura por edad de la

población, ameritan una discusión que recupere la experiencia de la región y que

contenga una reflexión integral sobre los procesos que están transformando la

atmósfera social de la región y de México, en particular.

La discusión en política económica y social, junto con el cambio demográfico

son aspectos que se han abordado de manera poco enlazada, sólo algunos

trabajos han tratado de recuperar el impacto de la reorganización socioeconómica

de la seguridad social con la problemática de la población. La importancia de la

planificación familiar como tema central en las políticas de población

gubernamentales, refleja una clara desvinculación de la demanda social actual y

futura de los individuos concretos, lo que permite pensar sobre la adaptación de

los diferentes sistemas de salud en relación con la dinámica demográfica. La

calidad de los servicios, la demanda en salud de la población en proceso de

envejecimiento, la supervisión de los programas institucionales dirigidos al

bienestar de la población, la poca actualización de los recursos humanos,

infraestructura y procesos administrativos de las instituciones encargadas de la

atención directa a la población anciana, son temas que no se han incorporado o se

han incorporado sólo muy recientemente en el discurso de la salud pública y la

reforma a la seguridad social.

3. Seguridad social, salud y envejecimiento en México: situación actual

México, como otros países latinoamericanos, ha experimentado en las dos

últimas décadas una reducción de su gasto social, como resultado de una

profunda crisis económica que ha deteriorado el bienestar de la población desde

diferentes ángulos. En el sexenio de 1982-88, el gasto social real cayó 9.8 por

ciento en promedio anual, y aunque creció con el gobierno salinista, volvió a caer

21 por ciento durante el primer año del actual sexenio. Aunque aparentemente se

ha recuperado el gasto social, con un monto del 53 por ciento, hay que observar

cuidadosamente los supuestos técnicos con que fue calculado dicho indicador.

Fuente: Chávez, 1996

Adicionalmente se debilitó la capacidad del sistema económico para generar

empleos, los sindicatos vieron limitados sus espacios de negociación, así como el

control salarial hizo que los trabajadores perdieran su poder adquisitivo. Como la

población en edad productiva crecía con rapidez, las empresas y el mismo

gobierno optaron por recortar personal y acelerar la jubilación de los trabajadores

con cierta antigüedad. Las necesidades de la población se incrementaron mientras

el desempleo, la reconversión tecnológica, la jubilación temprana y el recorte de

personal provocaron que las ocupaciones no asalariadas se incrementaran

(Oliveira y García, 1993).

Desde 1982, la distribución del ingreso disponible se ha inclinado a favor de la

proporción sobre el capital, dando desventaja cada vez mayor a la proporción del

ingreso sobre el trabajo, la pérdida del poder adquisitivo ha estado precedida por

pactos corporativos que desde el punto de vista de la política económica y las

medidas de ajuste, han limitado cualquier posibilidad de lograr condiciones de

bienestar a través del trabajo asalariado para la población mexicana. El decil en el

que están ubicados los hogares mexicanos más ricos, incrementó su participación

en el ingreso de 32.77 por ciento en 1982 a 38.16 por ciento en 1992, mientras

que el decil más pobre bajo del 1.72 por ciento a 1.55 por ciento en el mismo

periodo (Laurell, 1994). Para algunos analistas si el ingreso per cápita del decil

más pobre creciera a la misma tasa que en épocas de postguerra, estos hogares

tardarían 16 años en recuperar el ingreso equivalente al de la línea de extrema

pobreza. Si creciera al ritmo de 1 por ciento, la población pobre tendría que

esperar 47 años -entre una y dos generaciones- para lograr un ingreso suficiente

para comprar la canasta básica (Lustig, 1994). La capacidad de ahorro interno de

la población prácticamente es nula, una vez que la mayoría de la PEA percibe

tres salarios mínimos o menos, de ellos el 21.6 por ciento gana un salario mínimo

o menos, mientras que los que ganan entre 4 y 6 veces un salario mínimo, apenas

y tienen una capacidad marginal de ahorro (Chávez, 1996).

El sector salud, por su parte, ha sufrido una baja en la calidad de los servicios

como consecuencia de la disminución de sus recursos disponibles, es decir, las

unidades médicas, las camas, el número de médicos por millar de población

cubierta en el Instituto Mexicano del Seguro Social e ISSSTE cayeron entre 1980

y 1991, y aunque no se cuenta con información sobre la distribución y monto de

los recursos de la Secretaría de Salud se presume que los recursos per cápita

tuvieron que haber aumentado toda vez que sus servicios atienden principalmente

a población no afiliada a otras instituciones y no ligada al sector formal de la

economía (Lustig, 1994).

En ese contexto de franco deterioro para el sector salud, se planteó en 1994 una

reforma a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que sugirió

modificar la estructura de financiamiento del sistema de pensiones y la atención a

la salud. Los ramos reformados son: enfermedad y maternidad, pensiones, vejez

y cesantía en edad avanzada y para la invalidez y muerte. La idea de fondo es

contrarrestar la crisis financiera del IMSS modificando la contribución de los

trabajadores, los patrones y el Estado, reduciendo el impuesto sobre la nómina

pero aumentando los fondos fiscales generales. Con éstos se busca garantizar la

viabilidad financiera de la seguridad social médica, pero adoptando una

estrategia que proporcione servicios esenciales de salud que sería "virtualmente

universal" para la población urbana y con una importante penetración en zonas

rurales relativamente densas en población. Se trata de garantizar que no se

afectará adversamente a ningún trabajador, en especial, los de menores ingresos,

pero se intenta reducir la subdeclaración y coadyuvar al crecimiento del empleo y

el salario (Martínez, 1996).

Los trabajadores asalariados por disposición constitucional estarán afiliados al

régimen obligatorio, sin embargo, la reforma a los servicios de salud del IMSS

contempla la afiliación voluntaria al régimen obligatorio, para captar a población

insertada en actividades no asalariadas (campesinos, comerciantes,

profesionistas, patrones, personas físicas, trabajadores al servicio doméstico y

trabajadores al servicio de los estados). También se crea el Seguro de Salud para

la Familia, el cual es una tercera forma de afiliación que no incluye prestaciones

económicas ni seguros de pensiones. Aparentemente los trabajadores asalariados

y no asalariados serán captados con la Nueva Ley, lo cierto es que pueden ser

incorporados sólo aquéllos con capacidad de pago y fundamentalmente

residentes en zonas urbanas. Pero además, si bien se reduce el impuesto sobre la

nómina, ahora los trabajadores de las próximas generaciones (aquéllos con

menos de 40 años) tendrán que cotizar alrededor de 1250 semanas, -el doble de

tiempo que en la Ley anterior,- para poder garantizar una pensión mínima en la

vejez, lo cual implica que se cumplan una serie de condiciones como son:

estabilidad en el mercado laboral, bajas tasas de desempleo y una recuperación

del poder adquisitivo. En particular, los analistas consideran que la Nueva Ley no

mezclará los recursos del sistema de pensiones y del servicio médico, lo cual

contribuye a una mejor transparencia sobre los estados financieros del IMSS.

La atención de los analistas sociales se ha concentrado en la estimación de las

consecuencias que puede tener esta reforma sobre las diferentes generaciones de

la población, por la forma que adopte la reorganización de los sistemas de

seguridad social en un contexto de recuperación económica. Preocupación que se

incrementa cuando las proyecciones demográficas y el perfil epidemiológico de

la población sugiere el aumento de la demanda del sector salud para atender

enfermedades tanto de tipo infeccioso como crónico-degenerativo en las

comunidades más pobres del país sobretodo para la población infantil y

envejecida que aumentará en los próximos 15 años como parte de la inercia

demográfica. Con tasas de crecimiento superiores al 3.5 por ciento anual, la

población con 60 años y más llegaría a 10 millones en el 2010 (Gómez de León,

Partida y Solís, 1996). Este fenómeno modificará ampliamente las relaciones de

dependencia generacional, así como la mayor demanda en servicios de salud,

principalmente.

El descenso de la mortalidad en México se ve claramente reflejado en el

incremento de la probabilidad de sobrevivencia a través de las edades, lo que

gráficamente se manifiesta como la rectangularización de la curva de vida, en la

medida en que los determinantes y la estructura por edad de las muertes son tales

que la probabilidad de sobrevivir hasta edades avanzadas es cada vez mayor

hasta un límite representado por la edad máxima en la cual la muerte no puede

evitarse.

En las gráficas que siguen, se percibe tanto en hombres como en mujeres la

ganancia en la sobrevivencia que en el período de 1960 a 1993, se manifiesta en

el hecho concreto de que en las cohortes sintéticas representadas en cada

perspectiva transversal con el patrón de mortalidad de 1960, apenas poco más de

la mitad de los habitantes de este país sobrevivían a los 65 años mientras que en

1993 el porcentaje de sobrevivientes a esta edad es del 68 y 70 por ciento para

hombres y mujeres respectivamente.

El proceso que lleva a la muerte visto biomédicamente permite identificar tres

etapas: adquirir la susceptibilidad a una enfermedad, enfermarse y morir de esa

enfermedad. La vacunación y una vida saludable inciden sobre la susceptibilidad

y la morbilidad; mientras que la medicina curativa disminuye el período de

enfermedad En la práctica, las acciones en salud impulsadas por el Estado han

sido el principal elemento de influencia sobre algunos de estos factores y por lo

tanto han actuado para posponer la edad de inicio de un periodo de morbilidad

que lleve a la muerte alargando la esperanza de vida de los mexicanos, sin

embargo los quince años de vida que en promedio le quedan al mexicano que

llega a los 65 años de edad, los vive en condiciones físicas deterioradas y

económicamente insuficientes para poder afirmar que su esperanza de vida

saludable (EVS) también se incrementa. Esta sobrevivencia demanda servicios de

salud especializados, recursos económicos monetarios para enfrentar la vida

cotidiana y acciones preventivas que desde las edades jóvenes reduzcan las

limitaciones físicas que las enfermedades crónico degenerativas imponen a los

individuos.

Fuente: Datos de 1960-1980: Camposortega, S. Análisis demográfico de la Mortalidad en México, 1940-

1980.

El Colegio de México, 1992. Datos de 1993: García, V., s/f. (documento inédito).

Las diferentes esperanzas de vida y el hecho de que son las mujeres la mayoría

de la población, sugiere la necesidad de implementar medidas médicas

específicas para prevenir padecimientos crónicos sobre esta población con el fin

de que no pierdan autonomía física y mental. Para las mujeres las dos principales

causas de muerte son las enfermedades isquémicas del corazón y las

enfermedades y padecimientos del aparato digestivo, mientras que para los

hombres son principalmente las enfermedades de las glándulas endocrinas y

afecciones pulmonares. La prevalencia de enfermedades crónicas entre la

población envejecida es mayor entre las mujeres (hipertensión arterial y artritis),

mientras que en ambos sexos cerca del 90 por ciento tienen limitaciones en las

actividades básicas de la vida diaria. La incidencia de accidentes entre los

ancianos, muestra que son aquellos con edades muy avanzadas los que tienen

mayor riesgo de sufrirlo, sobre todo las caídas, accidentes con herramienta y

atropellamientos, este tipo de percances llaman la atención por su impacto en la

vida familiar y cotidiana de esta población (Bronfman, et al.1994).

Los registros sobre egresos hospitalarios muestran que la población envejecida es

atendida en su mayoría por enfermedades no transmisibles, pero también por

enfermedades infecto-contagiosas como la neumonía o las enfermedades

intestinales. El perfil de la salud de esta población apunta hacia una situación

donde la combinación de varias enfermedades crónicas y algunas infecciosas

parecen condicionar la fragilidad de la población envejecida actual.

Aunque no se tiene un buen registro nacional de padecimientos mentales, la

tendencia de otros países sugiere la existencia de un conjunto cada vez mayor de

población con este tipo de enfermedades, problema de salud pública difícil del

abordar. El equilibrio en el estado de salud (memoria, conciencia, orientación,

lenguaje, juicio, entre otros aspectos claves) puede constituir un reto tanto para

las instituciones de salud como para aquéllas de carácter político y social

encargadas de diseñar estrategias que respondan a las demandas de esta

población. Dentro de las enfermedades mentales más comunes en los ancianos se

encuentra la depresión, las demencias y los problemas relacionados con el

consumo en exceso de medicamentos y alcohol. En el Instituto Nacional de la

Nutrición, la frecuencia de falla cerebral en la consulta de geriatría rebasa el 20

por ciento y la depresión el 30 por ciento , con el 15 por ciento sufriendo de

depresión mayor (DDF, 1996).

El complejo panorama actual de la población con 65 años y más refleja grandes

retos para el Estado y para los científicos en su búsqueda por aminorar la

desigualdad social y mejorar las condiciones de sobrevivencia de la población.

De hecho la formulación de los nuevos escenarios debe considerar la distribución

de los recursos disponibles. Recursos que contemplan la infraestructura

hospitalaria, la cobertura entre la población, los recursos humanos y la

accesibilidad, como bien lo han anotado algunas investigaciones (Gutiérrez, 1995

y 1996).

En México, la atención especializada para la población en edad avanzada recae

en los médicos generales. Existen en la actualidad pocos hospitales con personal

especializado en geriatría y gerontología, acceder a ellos implica pasar por una

serie de requerimientos burocráticos que sólo es posible tramitar si el anciano

tiene condiciones funcionales aceptables o recursos familiares disponibles que lo

apoyen. Además, la mayoría de los hospitales se encuentran ubicados en el

Distrito Federal, resaltando con ello la enorme necesidad de promover

infraestructura en las entidades federativas donde el proceso de envejecimiento

regional es más pronunciado.

La ausencia de personal capacitado para atender a la población y la orientación

en clínicas con medicina general, en el caso de que existan regionalmente, puede

propiciar problemas contradictorios con la intencionalidad de la salud pública.

Como se ha señalado, en muchos casos se dan egresos prematuros o estancias

prolongadas, tratamientos tecnificados y agresivos, limitación en el acceso a los

servicios de salud o una alta prescripción de medicamentos que en ocasiones

hace que el paciente empeore (Pichardo, 1993; citado en Bronfman, et al, 1994).

Estas situaciones generan complicaciones, reingresos y alta probabilidad de

morbimortalidad junto con estados físicos y psicológicos que no es posible

menospreciar, en el caso de que los pacientes conserven la vida.

Desde el punto de vista de la sociodemografía, un escenario que gire alrededor

del envejecimiento para estimar sus implicaciones sobre los servicios de salud,

no puede limitarse a utilizar la esperanza de vida como indicador de cambios en

la situación de la población. Al análisis de la tabla de vida se hace indispensable

incorporar los indicadores de mortalidad e indicadores de salud para estimar años

de vida libres de incapacidades. La propuesta de este tipo de análisis hecha hace

ya algunas décadas y puesta en práctica por autores como Crimmins (1989) en

países desarrollados, o por Lozano, Frenk y González Block (1996) en México,

resulta fundamental como elemento de estimación de los nuevos escenarios para

la seguridad social y los servicios de salud en nuestros países.

4. Salud y envejecimiento: nuevos escenarios

Los problemas de salud en México están fundamentalmente relacionados con la

interacción que producen dos transiciones: la demográfica y la epidemiológica;

observables en sus resultados en la estructura por edad de la población y en la

estructura de las enfermedades y causas de muerte, donde se enfrenta una grave

contradicción ya que seguimos arrastrando problemáticas de salud de países

jóvenes con tasas de mortalidad infantil altas y grandes diferencias entre

entidades federativas, con presencia significativa de enfermedades de tipo

infeccioso, pero comenzamos a experimentar en la vida cotidiana padecimientos

crónicos que afectan fundamentalmente a las generaciones viejas y que tienen

mayor presencia en algunas zonas del país. Esta situación pone en competencia la

asignación de recursos para la atención de enfermedades e influencia claramente

la definición de políticas en esta materia.

Entre los nuevos escenarios hay que hacer referencia al mercado laboral en donde

es posible esperar que se dé una mayor exclusión de la seguridad social de

población adulta y envejecida tanto por situaciones estructurales ligadas a una

actividad económica que demanda casi exclusivamente una mano de obra joven,

como por el hecho de que la contratación de personal se restrinja como resultado

de una posible elevación de los costos de producción, una vez que los

empresarios están mayormente sujetos al pago de las cuotas que por obligación

tienen que hacer al IMSS, y por lo tanto se limite el gasto en salarios. Además, el

incremento del sector informal de la economía, va a significar que esta masa de

trabajadores quede sin seguridad social y tenga que vincularse a las instituciones

que atienden población abierta.

Por otra parte, el alargamiento de la vida productiva tanto por la ampliación de la

esperanza de vida como por la imposibilidad de retirarse ante la insuficiencia de

los recursos que se obtienen por retiro o pensión, hace necesario fortalecer los

estudios sobre medicina laboral y campañas contra los accidentes de trabajo, ello

debe estar sostenido en una legislación laboral y una campaña contra la

discriminación de los viejos en el mercado de trabajo. De la misma manera el

área de salud pública debe enfatizar la investigación sobre los riesgos de trabajo,

porque mantener el cuerpo en buena forma permitirá la autonomía física que se

requiere para continuar como fuerza de trabajo disponible en el mercado. Tal vez,

los cambios positivos de las reformas de la seguridad social y las adicionales,

sean apreciables en el mediano plazo, en estricto sentido para los viejos del

próximo siglo.

La postergación de la jubilación incrementa obligatoriamente el tiempo dedicado

a las actividades laborales por parte de las cohortes adultas y jóvenes tanto

femeninas como masculinas, ello pone en evidencia la necesidad de rescatar las

investigaciones sobre el mercado de trabajo y la salud, los riesgos de trabajo, y

sobre todo en términos de salud pública se debería incentivar una mayor cultura

del cuerpo que reduzca o retarde la incidencia de enfermedades crónico-

degenerativas para que la población cotizante pueda continuar desarrollando sus

actividades laborales y alcanzar una pensión en la vejez.

A nivel de la estructura de los hogares y las familias, es posible esperar un

crecimiento en los porcentajes de hogares jefaturados por individuos de 65 o más

años de edad y de hogares en los que éstos viven solos. Si en 1990 existían 1.9

millones de hogares jefaturados por ancianos y el treinta por ciento vivía solo o

con su cónyuge (López e Izazola, 1995), en los próximos años probablemente

estos porcentajes se incrementen como resultado de la disminución de la

fecundidad y el incremento en la sobrevivencia de los viejos. Según los datos del

censo de población más reciente "en alrededor de 2.7 millones de hogares se

registró algún anciano residiendo en el hogar, lo cual representa el 17.6 por

ciento del total de hogares censados. Aun cuando el tamaño de los hogares en

nuestro país desciende, la presencia de ancianos en los hogares va en constante

aumento". Lo verdaderamente dramático es que sólo el 16 por ciento de esta

población de viejos recibe una pensión (López e Izazola, op.cit. p. 54.).

La educación tiene un papel muy importante en la instrumentación y el cambio

en los arreglos para asegurar la vejez, tópicos como la nutrición, la disminución

de accidentes, los cuidados hacia el cuerpo desde un punto de vista menos

dependiente de la industria farmacológica, una cultura de vigilancia de las

instituciones de cuidados prolongados, así como instancias de supervisión son

fundamentales para apoyar a la población en la transición a los nuevos modelos

de seguridad social.

Además, es necesaria una legislación que defienda explícitamente los derechos

humanos de la población anciana, las pocas leyes que existen son ambiguas y no

detienen el posible maltrato tanto institucional como por parte de los mismos

familiares de la población envejecida.

Conclusiones

El presente documento tuvo como objetivo realizar una reflexión sobre los

futuros escenarios en materia de seguridad social y salud para la población

mexicana, a partir de la experiencia en la región latinoamericana y la situación

mexicana.. El trabajo contempla la reforma del Estado mexicano, la reorientación

de la política social, la nueva Ley del Seguro Social y el progresivo incremento

de población envejecida con padecimientos crónico-degenerativos, accidentes y

desordenes mentales.

Los escenarios que se vinculan con la salud de la población anciana pertenecen al

ámbito público y privado. Sobre el primero, creemos que las instituciones de

atención a la salud pública en México enfrentarán a una población con

padecimientos pre y post transicionales en las que se mezclan situaciones de

aparente competencia en política social. La tarea central para la salud pública

consiste en reducir y postergar la incidencia de patologías crónico-degenerativas

(lo que en la literatura especializada se denomina "compression morbility"), así

como la multimorbilidad entre la población adulta y envejecida, con el objetivo

de no limitar las actividades básicas de la vida diaria (ABVD).

Los insuficientes recursos económicos entre la población, su perfil

epidemiológico y los altos costos por padecimiento, conforman las condiciones

para estimar que habrá una creciente demanda de servicios por parte tanto de

población joven como envejecida, misma que se encontrará incorporada a

procesos de recuperación económica poco alentadoras a corto plazo.

Las instituciones públicas tendrán un papel fundamental en la configuración de la

salud en el país, en particular aquellas que atienden a población abierta. A corto

plazo, la atención a la salud recaerá en las clínicas y hospitales de la Secretaría de

Salud que atiende a población sin afiliación institucional y que carece de

prestaciones en materia de salud. En general, se espera que los viejos tengan

dificultad para acceder a las instituciones públicas junto con una deficiente

asignación de los recursos financieros lo que provocará la persistencia de la mala

calidad en los servicios, situación que se intensifica en las localidades más pobres

y los grupos marginados.

La mayor demanda en los servicios de la Secretaría de Salud es un resultado de la

vinculación de la Nueva Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social con un

mercado de trabajo en recuperación, donde la parte patronal y el crecimiento del

trabajo asalariado resultan sustanciales en la nueva estrategia de financiamiento

del IMSS. La más importante institución de seguridad social en el país, perderá

cobertura a mediano plazo como reacción ante el reacomodo del sector

empresarial y la nueva organización de la seguridad social. Sin embargo, la

población envejecida afiliada al IMSS demandará cada vez más atención

especializada en la salud, específicamente para abordar los padecimientos

crónicos e infecciosos. Es conocido el envejecimiento de la población

derechohabiente del IMSS, la cual en su mayoría es jubilada y pensionada con

gran número de factores de riesgo que inciden sobre su salud.

En el ámbito privado, la insuficiencia de los recursos y el deterioro en la calidad

de los servicios públicos orientarán a la población envejecida con mayor poder

adquisitivo a ser atendida en instituciones privadas de tipo lucrativo, cuyo

diagnóstico y tratamiento médico puede estar mediado por la ganancia como ha

sucedido en otros países. Mientras que la población más empobrecida con

similares padecimientos crónicos, recurrirá a su familia, o a otras instancias

cercanas, en el cuidado de su salud. La familia como núcleo de detección,

orientación y cuidado estará intensificando sus recursos humanos y financieros.

Dentro de ella, serán las mujeres jóvenes y adultas quienes más frecuentemente

asumirán las tareas de cuidado, con lo cual podrían limitarse sus oportunidades

laborales y capacidad de ahorro, situación que reproduce generacionalmente la

vulnerabilidad de la población anciana del futuro. A nivel de la estructura y

composición de los hogares se espera una marcada transformación provocada por

el descenso de la fecundidad y el incremento en la esperanza de vida, una menor

descendencia y una mayor cantidad de parientes ascendentes serán los miembros

de los hogares futuros, y si las condiciones económicas no mejoran, la familia

reforzará su incierto papel como seguro de vejez.

Por otro lado, existe la posibilidad de que las instituciones privadas de naturaleza

no lucrativa tengan una mayor demanda de servicios médicos y de atención a

población envejecida, particularmente para población que necesite de cuidados

prolongados, por lo que surge la necesidad de supervisar la creación y

funcionamiento de este tipo de instituciones, sean de naturaleza lucrativa o no. La

impresión de que las instituciones públicas atienden al anciano funcional y las de

asistencia privada al anciano inválido que puede pagar su atención, plantea la

necesidad de crear una mayor cantidad de instituciones de cuidado prolongado

particularmente para ancianos pobres con el fin de evitar el maltrato social o

familiar.

La conclusión sobre este proceso es que el papel del Estado en la atención a la

salud parece replegarse, planteando dos aspectos: el primero, es que la salud

adopta una connotación de privilegio para los que tienen recursos económicos,

puesto que se asoma la intención de dejar en manos privadas el diagnóstico,

tratamiento y cuidado de población altamente vulnerable; el segundo, es que se

abandona paulatinamente el derecho a la salud con calidad, y son los más pobres

y marginados regionalmente los que asumirán el costo social de la reorganización

en el sector salud. Ambas son estrategias que pueden entorpecer el desarrollo

social de México.

Por último, el papel de la investigación en esta materia debe ser tal que genere

resultados que hagan evidente la necesidad de reorientar la política social y,

específicamente, los servicios de salud, pero ésta debe tomar en cuenta el entorno

desde una perspectiva basada no sólo en el análisis económico sino en el ético a

cuya definición otras disciplinas sociales pueden contribuir. Esta actividad debe

incorporar el análisis del papel de las ONG’s, las instituciones lucrativas y no

lucrativas, y en particular poner énfasis en el análisis de la reorientación

privatizadora, subsidiaria y asistencialista que está adquiriendo la política social

en México. Este tipo de análisis debe tomar en consideración los efectos macro y

microeconómicos de la reforma a la seguridad social, así como el impacto de ésta

en el comportamiento laboral y demográfico de la sociedad mexicana.

El surgimiento de enfermedades crónico-degenerativas entre la población

envejecida, es un tema que ha adquirido gran relevancia en el discurso de la salud

pública de la región. Sin embargo, no se han planteado metas de disminución del

estado de postración de los individuos senescentes, así como campañas a nivel

masivo sobre la conducta nutricional. Algunos países desarrollados como Japón

se han propuesto algunas metas relacionadas. Además de valorar el papel de la

educación entre la población femenina como factor de arranque, hay que tener

presente la visión de las feministas, y la evidencia sobre el recargo de actividades

hacia este segmento de la población. Para ello también son necesarias campañas

educativas que involucren a la población masculina en el cuidado y apoyo de sus

padres y abuelos.

La capacitación de los recursos humanos directamente relacionados con la

atención a la salud de la población anciana es una medida de urgente

instrumentación.

Es necesario cuidar el tono individualista de las relaciones generacionales

dándole a la dimensión social un carácter de complementación con las diferentes

formas de apoyo social, tanto por parte de las organizaciones no gubernamentales

como a través de las formas de apoyo familiar.

Los demógrafos solemos utilizar la esperanza de vida como indicador de las

condiciones sociales de una población que se reflejan en su sobrevivencia, sin

embargo, es una situación cada vez más generalizada el que la esperanza de vida

se incremente, pero para la sociedad en su conjunto no es suficiente alargar la

vida de la población, adicionalmente es indispensable asegurar la sobrevivencia

de los ancianos en condiciones adecuadas.

En México, como en la mayoría de los países de la región, la esperanza de vida

se ha incrementado significativamente en las décadas recientes, es claro que

aunque las mayores ganancias se han dado en las primeras edades, para los viejos

también se han ampliado las expectativas de vida, de tal manera que a los 65 años

de edad es posible esperar una sobrevivencia de 15 años más, en promedio, por lo

que se hace indispensable tomar las medidas de política social que posibiliten que

estos quince años transcurran en un ambiente favorable.

Quisiéramos para terminar, incluir un par de propuestas simples y que pueden ser

impulsadas por la sociedad civil y asumidas por el Estado a través de los

mecanismos legales correspondientes.

Ha sido mostrada reiteradamente la estrecha relación entre el consumo per cápita

de cigarros y bebidas alcohólicas, y la mayor morbilidad y mortalidad masculina

en las edades avanzadas, por lo tanto, resultaría plenamente justificado el

establecimiento de un impuesto a la producción y consumo de estos productos

directamente nocivos a la salud -más allá de los que actualmente existen en

nuestros países-, cuyo monto sea dirigido EXCLUSIVAMENTE a la atención de

los pacientes geriátricos a través de los institutos nacionales de salud.

Como se mencionó con anterioridad, la mayor sobrevivencia de las mujeres y la

falta de ingresos durante su vejez permiten suponer que para una proporción

importante de la población femenina su sobrevivencia depende básicamente del

apoyo familiar y concretamente de los hijos(as). Los cambios en la familia, que

incluyen la disminución de la fecundidad (y por tanto el número de hijos), y la

inestabilidad de las uniones, hacen que sea impostergable considerar la creación

de un fondo social para las mujeres solas sin hijos y carentes de recursos que les

garantice una vejez en condiciones al menos mínimamente aceptables. En una

etapa en la cual se hacen esfuerzos para disminuir la fecundidad y en una

sobresimplificación de la ecuación social que relaciona acumulación e ingresos

per cápita, la aportación de las mujeres al ahorro social que significaría no tener

hijos debería ser retribuido por la misma sociedad.

Es claro que la oferta de servicios de salud y seguridad social para la población

de 65 años o más, plantea idealmente cubrir al total de esta población, al mismo

tiempo que aumentar la calidad de los servicios y contar con un esquema de

aseguramiento que permita que los viejos tengan acceso a los servicios durante

todos los años que les quedan de vida, pero ante este escenario ideal, vale la pena

hacer referencia a la información más reciente generada en México y que

proviene del módulo de seguridad social incorporado a la Encuesta Nacional de

Empleo Urbano (ENEU), y en la que se muestra que casi el 60 por ciento de la

población entre 40 y 64 años de edad, es decir, aquella que se va a retirar en el

corto plazo, no esta cubierta por ninguna institución de seguridad social ni tiene

acceso a seguro médico privado. Este es un indicador clave a ser tomado en

cuenta en la definición del panorama prospectivo en esta materia.

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