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Documento elaborado entre mayo y julio de 2015 a partir del proceso de

reflexión de los funcionarios no académicos y los trabajadores a honorarios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.

Se permite y promueve su amplia difusión al interior de la comunidad universitaria

como un insumo para el proceso de Reforma de Estatutos Universitarios.

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La Universidad de Chile: dos orientaciones posibles

Actualmente, la Universidad de Chile se debate entre dos grandes ideas que son, a la vez,

dos proyectos sobre lo que debería ser esta casa de estudios. Este debate se está dando

de manera transversal entre los distintos estamentos.

Por un lado, hay quienes proponen transformar a la Universidad de Chile en una

universidad de -y para la- elite, con un tipo de gobierno gerencial que identifica la

ausencia de democracia interna con el liderazgo y la excelencia.

Para quienes sostienen esta visión, la excelencia se entendería como la capacidad de

validar el proyecto universitario a través de escalar en los rankings internacionales, los

cuales determinarían qué es lo valioso y más pertinente que podemos realizar en tanto

institución de educación superior.

En otras palabras, se trata de un proyecto que busca colocar por fuera del alcance de la

comunidad las orientaciones del quehacer universitario, a la vez que persigue su

validación por fuera de la comunidad de intereses del pueblo de Chile, copiando

modelos externos creados en contextos pasados. Se trata, en definitiva, de un proyecto

corporativo que presume resolver problemas eminentemente políticos con una supuesta

mirada pluralista y desprovista de intereses particulares.

Por otra parte, una gran mayoría de la comunidad universitaria se ha puesto a reflexionar

sobre cómo asumir los desafíos que entrañan los profundos cambios sociales que se han

experimentado tanto en Chile como en el mundo en las últimas décadas. Este sector ha

ido forjando la idea de un proyecto universitario fundado en lo público, entendido esto

como lo relacionado y subordinado a los intereses del conjunto de la sociedad.

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A este proyecto le queda mucho por definir. Pero, se materializa en las múltiples

discusiones estamentales e interestamentales que han devenido en la necesidad de

refundar a la Universidad de Chile como una universidad 1) pública, 2) estatal, 3)

nacional, 4) autónoma y 5) orientada a pensar, prever y proponer soluciones a las más

relevantes problemáticas sociales de la sociedad chilena.

Evidentemente, esta segunda perspectiva supone relevar radicalmente el rol que juega la

Universidad de Chile en el concierto nacional, en los grandes debates de nuestro tiempo1.

Dejar de mirarse el ombligo y superar los conflictos internos entre estamentos, entre

Facultades, entre representantes disciplinares. Naturalmente, esto implica fortalecer la

dimensión de lo público al interior de la Universidad, fortalecer su democracia interna y

reconocer el importante rol que cumple cada actor de su comunidad.

Este proyecto, esta perspectiva, no necesita refugiarse en la (¡obviamente!) necesaria

reflexión de evidencias y experiencias para asumir el carácter profundamente político de

esta discusión. Ciencia y política no son dos polos que se excluyen, sino que al contrario,

se complementan. La Universidad ¡de Chile! no podría resolver cuál sería su mejor

proyecto institucional o su mejor forma de gobierno, si no responde antes: ¿Mejor para

quién?

Es esta posición, desde donde nos situamos.

Funcionarios no Académicos Facultad de Ciencias Sociales

1 La aparición en el primer lugar de cualquier ranking sólo tendrá sentido en la medida que aquello sea reflejo de su rol como institución pública. Lo contrario (la persecución sin sentido del ranking por competir en el mercado universitario) vaciaría a la universidad de su razón histórica de ser.

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Contexto: La ‘reforma’ al sistema de

educación superior

El debate recién señalado y las orientaciones que le corresponden se sitúan en un contexto complejo para el sistema de educación superior.

Tras años de fuertes movilizaciones sociales por la educación, el gobierno ha establecido en el centro de su agenda lo que ha venido a denominar como ‘reforma educacional’. La denominación de ‘reforma’ a este proceso de ajustes es algo que seguramente tiene más de pretensioso que de real transformación al sistema educativo y en particular al sistema de educación superior.

De hecho hoy, cuando se debate en torno a la implementación de la gratuidad de la matrícula, la fiscalización restringida del lucro, la creación de nuevas universidades en regiones, la implementación de la figura del interventor provisional para universidades, entre otras medidas, se están haciendo sobre la base de una indistinción de lo público y lo privado, ya sea por la relativización de lo público (considerar que incluso hay universidades privadas que tienen un ‘sentido público’), ya sea por la banalización de público (considerar que lo estatal es garantía y no condición necesaria de lo púbico).

Esto significa que, sobre la base de tal indistinción, todas las medidas tendrán como efecto regular y consolidar las condiciones estructurales del actual sistema de educación superior: buscar la mejora a través de la competencia entre instituciones por la matrícula, ‘rescate’ estatal a negocios privados a través de la figura del interventor, financiar a través del subsidio a la demanda en base a ‘vouchers’ incluso a universidades privadas y un largo etc. En otras palabras, peligra la posibilidad de otorgarle un lugar preponderante a la dimensión de lo público en el sistema de educación superior.

En este contexto, sostenemos que nuestra Universidad, la más importante del país, debe asumir un posicionamiento fuerte a favor de lo público, que tenga en su centro dos ejes fundamentales: 1) la necesidad de una articulación institucional real de una red de instituciones estatales de educación superior que marquen pauta al conjunto del sistema

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y, 2) la creación de un nuevo compromiso de estas instituciones con las necesidades sociales del país que se vea reflejado en todo su quehacer; desde los temas de investigación, pasando por la formación curricular, hasta el tipo de vinculación que establecen estas universidades con su medio.

Sostenemos que la Universidad de Chile debe cumplir el rol de portavoz de esta posición y que podría jugar un papel determinante en la articulación de las instituciones estatales.

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Elementos de un diagnóstico necesario

En concordancia con este contexto, se hace necesario considerar algunos elementos que condicionan el debate al interior de la Universidad de Chile:

1.- Después de décadas de políticas de mercantilización del sistema educativo, se ha naturalizado la idea que la educación superior es un servicio que se transa comercialmente, desde la matrícula del estudiante hasta el producto de la investigación y de la extensión. Este largo proceso, ha producido profundas transformaciones en la comunidad universitaria. Se ha tendido a limitar a los y las estudiantes a mantener un vínculo restringido a la relación de consumo que establecen con la Universidad. La existencia de cada vez más docentes a tiempo parcial o a honorarios, trabajadores con distintos tipos de contrato y subcontrato acarrean problemas a la institución universitaria, ya que su compromiso con ella se vuelve débil y por lo tanto se dificulta la capacidad de reflexionar colectivamente, con sentido y pertinencia social. Esto significa que la Universidad es un lugar por el que se transita, pero del que no se es necesariamente parte más que para desempeñar una labor específica. La Universidad se vuelve un lugar del que no se tiene ninguna o casi ninguna responsabilidad para con su desarrollo.

2.- Esas mismas políticas de mercantilización han dejado a la Universidad en una situación de autofinanciamiento. Tal como lo ha indicado nuestro rector más de una vez, es difícil de hablar de una universidad pública cuando la mayor parte de su presupuesto proviene principalmente de aranceles. Las consecuencias de esta situación son conocidas y han sido discutidas ampliamente en los últimos años dentro de nuestra comunidad como fuera de ella. Una universidad que debe salir a buscar como sostenerse económicamente está obligada a orientar su quehacer a lo que determinan los agentes del mercado. Esto ha generado fuertes implicancias en el contenido y condiciones con que se realiza la investigación, los criterios con que se discute la ampliación de la matrícula e incluso ha determinado los vínculos que establece con agentes externos a ella misma.

3.- Es en este contexto que se debate el tipo de gobierno universitario de nuestra institución. Las condiciones políticas en que se desarrolla la actividad de la Universidad de Chile están marcadas por una fuerte fragmentación y desarticulación institucional. Las conocidas pugnas entre organismos centrales y las Facultades o entre estas últimas están condicionadas por la reproducción de la competencia del mercado al interior de nuestra

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universidad. En este sentido, la discusión por un posible aumento del Fondo General de la Universidad tiene a su base las disputas por el acceso a recursos entre Facultades en una universidad que, al autofinanciarse, replica desigualdades entre Facultades, carreras y programas dependiendo de su adaptación a las condiciones que establece el mercado.

Esto no es algo natural. Está condicionado por la necesidad de apropiación de recursos por parte de cada uno de estos agentes. Un centralismo sin democracia interna, un ‘gerencialismo’, no solucionará estas desigualdades sino que las acentuará en la medida que se intente articular por la fuerza a una comunidad universitaria que carece de suficientes espacios públicos para desarrollar un proyecto común en el que pueda inscribirse y sentirse parte. Al contrario, la única manera de desarrollar unidad y articulación institucional es nivelar condiciones y generar espacios públicos, deliberativos y democráticos donde la comunidad pueda cohesionarse. Fortalecer espacios comunes y trasversales significa darle unidad al proyecto universitario.

4.- La Universidad ya no es patrimonio público; su quehacer es apropiado de distintas maneras tanto a la interna como a la externa de su comunidad. A la vez que la relación que establecemos sus actores con ella se vuelve débil e instrumental, la gran mayoría de la sociedad no reconoce que la labor de ‘la Chile’ responda a sus intereses generales. Generalmente, cuando la laboral científica se realiza con pertinencia social se debe más a iniciativas particulares que a un sello determinado por una política.

Es cierto que la política pública no ha ayudado mucho en este sentido. Más bien al contrario. Las condiciones establecidas por FONDEF o CONICYT virtualmente obligan a la Universidad a estar vendiendo sus productos científicos a empresas privadas. ¿Cuál es el sentido que en la Universidad de Chile exista una oficina exclusivamente dedicada a vender patentes a empresas? Creemos que existe una diferencia entre mejorar el sistema productivo -y la vida de las personas- y entregarse a la dinámica del mercado.

Esto también ocurre respecto a la extensión y vinculación con el medio, sólo que en este caso el problema se acentúa más. No es exagerado decir que la Universidad de Chile carece de una política extensión. La ausencia de una hoja de ruta, de una agenda, de ejes prioritarios con recursos asignados de manera permanente ha sido suplida por respuestas a demandas contingentes, fondos concursables y un voluntarismo que, al menos demuestra la capacidad humana que tenemos para crear algo mejor.

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Fortalecer el proyecto universitario es involucrar a toda la comunidad

Democratización

Definir a la Universidad de Chile como innovadora, democrática, pluralista pero sobretodo pública, supone necesariamente hacer valer la existencia política de los miembros de su comunidad.

En esta línea, la tarea de democratizar esta casa de estudios, no pasa tanto por restringir la discusión a los procedimientos de toma de decisiones, sino de ampliarla –incluyéndola- al rol que la universidad debe realizar en relación con el resto de la sociedad, particularmente en tres sentidos:

1. Como parte pensante de la sociedad de que es parte, 2. Como modelo de lo que desea proyectar hacia su contexto social e histórico y, 3. Como propulsora de cambios y transformaciones sociales, a su vez, por medio de:

a. La innovación y generación de conocimientos b. El desarrollo de aplicaciones científicas de esos conocimientos en la política

pública c. La formación de profesionales comprometidos con la misma sociedad que les

financiará sus carreras.

Para el caso de los funcionarios y funcionarias se trata, en primer lugar, de reconocer formalmente la existencia de nuestro estamento como actor fundamental del quehacer universitario. Y, de tomar conciencia de lo fundamentales que somos. Sin funcionarios y funcionarias la universidad no puede funcionar.

No somos sólo la parte ejecutora de decisiones que otros toman. Las mismas decisiones que delinean las políticas de la Universidad tanto hoy, como en el pasado, no podrían haber sido tomadas sin nuestro conocimiento técnico, administrativo, profesional, científico y práctico. Desde la información que maneja la secretaria, pasando por la

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asesoría y el diseño del profesional, hasta la opinión ‘experta’ que maneja el auxiliar sobre la viabilidad de alguna intervención sobre su espacio; las decisiones siempre pasan por nosotros de alguna manera. Sabemos “cómo funcionan las cosas” en la Universidad y tenemos ideas sobre cómo pueden mejorar. Creemos que ese conocimiento y esa experiencia deben ser reconocidos políticamente, a través de nuestra participación en el gobierno universitario.

Condiciones para la participación

Como ya se mencionó, el maduro proceso de mercantilización de la educación superior ha afectado a la Universidad de Chile, produciendo un progresivo desapego de los estamentos que componen la comunidad universitaria con el quehacer institucional.

Al igual que la tendencia que sitúa al estudiante como un cliente ante la universidad, o al académico a tiempo parcial o a honorarios que colaborara en alguna investigación o a hacerse cargo de un curso de manera puntual, a los funcionarios se nos acostumbra a hacer nuestro trabajo por el mero –aunque necesario- sueldo que recibimos cada mes. En tal sentido, a contrapelo de los significativos aportes en cuanto reflexiones y propuestas que se han levantado desde los trabajadores y trabajadoras de las Universidad, las condiciones en que nos desenvolvemos nos invitan constantemente a olvidar el importante sentido social de nuestra labor.

Para orientar correctamente a la Universidad de Chile en tanto universidad pública se requiere, al contrario de esta tendencia, el desarrollo de un fuerte compromiso con el proyecto y el quehacer universitario por parte de su comunidad.

El desarrollo de tal compromiso requiere valorizar el sentido de importancia que tiene este quehacer. Ello apunta a creer que lo que trabajamos tiene un sentido social profundo, que no venimos sólo a cumplir con nuestras labores porque se nos remunera sino porque vemos en ellas un verdadero aporte a la Universidad en particular y a la sociedad en general.

Por este motivo, desarrollar tal compromiso -condición fundamental para que la universidad funcione- exige mejorar las condiciones en el ámbito de trabajo que nos permitan participar. En rasgos generales, tales condiciones contemplan, entre otros:

1. Transparencia en los procesos de selección: concursos públicos. 2. Cumplimiento de normativas: dentro del estamento funcionario se habla bastante

sobre abusos y arbitrariedades laborales que se cometen cotidianamente. Estamos convencidos que el cumplimiento de normativas es resultado y no origen del abuso. El abuso se comete por la radical diferencia de poder que existe dentro de la

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comunidad: entre los estamentos y dentro de ellos. En ese sentido, la democratización es medio y fin para mejorar el bienestar general de la comunidad.

3. Capacitación y formación continua, pues no sólo desarrolla nuestro compromiso sino nuestra capacidad y criterio para con los objetivos que la Universidad se proponga.

Todos estos elementos son parte de lo que se ha denominado carrera funcionaria y, como hemos señalado, deben ser entendidos como el desarrollo extendido del compromiso del estamento funcionario, de los miles de trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Chile con el quehacer de esta institución.

Al respecto, resulta relevante referirse al caso particular de las funcionarias y de funcionarios con personas a su cargo (ej.: hijos). Es indispensable considerar sus condiciones personales de vida. En este ámbito queda mucho por hacer: desde implementar las anheladas salas cuna en los campus, pasando por establecer beneficios recíprocos entre unidades de la Universidad2, hasta flexibilizar las recuperaciones horarias.

Al respecto de éstas últimas, no se trata de trabajar menos, sino de evitar la imposición de quedarse 15 o 20 minutos cada día, a veces por meses, para recuperar un día de trabajo que no decidimos perder. Quien tiene que recoger a sus hijos de la escuela o atender a personas mayores, no puede justificar retrasos o salidas anticipadas sino es a costa de temas estrictamente laborales. Creemos que la participación plena de la comunidad se juega en el sentirse parte de un lugar donde se reconocen nuestras responsabilidades personales de manera integral. Consideramos justo recuperar horarios, pero siempre que se trate de una opción y no de una imposición.

Hacernos parte de las responsabilidades

Mientras los funcionarios nos encontremos fuera de la órbita de toma de decisiones de la Universidad, se fomentará un desarraigo estructural respecto de esta institución. En otras palabras, mientras se nos reconozca fuera de la vida política de la Universidad, nuestra condición de entes externos a ella nos llevará a relacionarnos por la vía de la demanda y el petitorio.

En cambio, cuando se nos incluya, nuestra relación necesariamente deberá cambiar. Ya no demandaremos a otros, pues seremos parte del cuerpo responsable. Quedaremos expuestos a hacernos parte de las soluciones y desafíos ante los que la Universidad se halle. Lo mismo vale para estudiantes, funcionarios y docentes a honorario. Ampliar la base de implicados es fortalecer el proyecto universitario.

2 Como es el caso del Liceo Manuel de Salas, donde no existen beneficios arancelarios para que los hijos de funcionarios de la Universidad, como sí existen al revés al momento en los aranceles de las carreras. Esto significa que los hijos de funcionarios y académicos se puedan educar juntos.

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De lo anterior se desprende la necesidad de una política de contratación de trabajadores subcontratados y a honorarios, pues significa reconocer que los funcionarios somos muchos más que los que formalmente aparecemos como tales. Y, en definitiva, que la comunidad universitaria es más grande lo que se cree.

Las propuestas del Senado

En relación a todo lo anterior, la propuesta de reforma de estatutos elaborada por el Senado Universitario debe ser considerada como correcta respecto a sus orientaciones más importantes.

Desde el estamento funcionario reconocemos en ella elementos relevantes para el desarrollo de la Universidad, en la medida que:

1. Reconoce y amplía la participación triestamental tanto en la elección de autoridades como en los órganos colegiados, haciéndose cargo de desarrollar el compromiso de la comunidad universitaria con la institución;.

2. Ordena y separa las responsabilidades de las distintas instancias de decisión a nivel universitario (Rectoría, Consejo y Senado Universitario), volviendo más coherentes los flujos de decisión.

3. Destraba y facilita el pleno ejercicio en la toma de decisiones tanto en el Senado como respecto a temas tan relevantes como la resolución del presupuesto, evitando trabas burocráticas que generalmente detienen o postergan procesos relevantes dentro de la Universidad.

Dentro de ese marco y respecto al ámbito de la participación es posible complementar tales propuestas, volviendo la mirada sobre la necesidad de establecer cuotas de género en los órganos colegiados, y una política específica sobre el personal subcontratado y a honorarios.

En cuanto al ordenamiento del gobierno universitario, se hace aún necesario conectar tales cambios hacia el fortalecimiento de la dimensión de lo público dentro de la Universidad, haciendo explícitas las responsabilidades que ésta establecerá con el sistema de educación superior, con las demás instituciones del Estado y con el resto de la sociedad. Sostenemos que ésta es todavía una tarea pendiente. Las reformas propuestas por el Senado se enmarcan en un camino que es tanto más correcto como necesario, pero que a la luz del contexto actual se vislumbra como insuficiente si a aquello no se le añade un impulso de mayor alcance. La Universidad de Chile debe cambiarse a sí misma y nuestra comunidad así lo quiere.

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