Diario de los Debatescronica.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/oct/171026-4.pdf · 2017. 12. 16. ·...

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONESCON PUNTO DE ACUERDO

Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,por la que informa los turnos que corresponden a las iniciativas con proyecto dedecreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del díadel jueves 26 de octubre de 2017, de conformidad con los artículos 100, numeral1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados. . . . . . . . . . . . .

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN ALAMBIENTE Y LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

Del diputado Jesús Sesma Suárez y diputados del Grupo Parlamentario del Parti-do Verde Ecologista de México, la iniciativa con proyecto de decreto que reformadiversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protecciónal Ambiente, y de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a las Comisiones Uni-das de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Hacienda y Crédito Público,para dictamen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

9

Director General deCrónica y Gaceta Parlamentaria

Gilberto Becerril Olivares

Presidente

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

Directora delDiario de los Debates

Eugenia García Gómez

Diario de los DebatesÓRGANO OFICIAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio

Año III Ciudad de México, jueves 26 de octubre de 2017 Sesión 19 Apéndice

S U M A R I O

Año III, Primer Periodo, 26 de octubre de 2017 / Apéndice Diario de los Debates de la Cámara de Diputados2

LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Y LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERAY EL HIMNO NACIONALES

De la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario delPartido de la Revolución Democrática, la iniciativa con proyecto de decreto quereforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley so-bre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, y declara el 19 de septiembre co-mo Día Nacional de la Solidaridad Ciudadana y la Protección Civil. Se turna a las Co-misiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Gobernación, para dictamen. .

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

De los diputados María Bárbara Botello Santibáñez y Víctor Manuel Silva Tejeda,del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la iniciativa conproyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo So-cial. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen. . . . . . . . . . . . .

LEY DE NACIONALIDAD

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la iniciativacon proyecto de decreto que adiciona y deroga diversas disposiciones de los artí-culos 17, 19 y 27 de la Ley de Nacionalidad. Se turna a la Comisión de Goberna-ción, para dictamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Del diputado Abdíes Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuen-tro Social, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o.-E y5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacien-da y Crédito Público, para dictamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

Del diputado Tomás Octaviano Félix, del Grupo Parlamentario del Partido de laRevolución Democrática, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los ar-tículos 22 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen. . . . . . .


Del diputado Tomás Octaviano Félix, del Grupo Parlamentario del Partido de laRevolución Democrática, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el ar-tículo 26 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se tur-na a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen. . . . . . . . . . . .

LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, Y LEY GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Del diputado Tomás Octaviano Félix, del Grupo Parlamentario del Partido de laRevolución Democrática, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adi-

14

18

19

22

28

32

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año III, Primer Periodo, 26 de octubre de 2017 / Apéndice3

ciona diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas y de laLey General de Contabilidad Gubernamental. Se turna a la Comisión de Econo-mía, para dictamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SE EXPIDE LA LEY BÁSICA PARA ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES YLA RECONSTRUCCIÓN

Del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario de Mo-rena, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Básica para Admi-nistración de Desastres y la Reconstrucción. Se turna a la Comisión de Goberna-ción, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, paraopinión.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CÓDIGO CIVIL FEDERAL

Del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revo-lucionario Institucional, la iniciativa con proyecto de decreto que deroga el se-gundo párrafo del artículo 1679 del Código Civil Federal. Se turna a la Comisiónde Justicia, para dictamen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


De la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Parti-do Revolucionario Institucional, la iniciativa con proyecto de decreto que reformay adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal. Se turna a la Comisiónde Justicia, para dictamen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCA-PACIDAD

De la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PartidoRevolucionario Institucional, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma elartículo 19 y adiciona un artículo 19 Bis a la Ley General para la Inclusión de lasPersonas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulne-rables, para dictamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA SEP, A REALIZARACCIONES PARA APOYAR PSICOLÓGICAMENTE A NIÑAS, NIÑOS YADOLESCENTES AFECTADOS POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE PASADO

De la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario delPartido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por elque se exhorta a la Secretaría de Salud y a la SEP, a realizar acciones para apoyarpsicológicamente a niñas, niños y adolescentes afectados por los sismos del pasa-do mes de septiembre. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dic-tamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

44

55

59

63

68


SE EXHORTA A LA CNDH PARA QUE COORDINE ACCIONES CON OBJE-TO DE EMITIR LA DECLARATORIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN ELESTADO DE OAXACA

Del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Parti-do Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta ala CNDH para que, en el ámbito de sus facultades, coordine acciones con objetode emitir la declaratoria de violencia de género en el estado de Oaxaca. Se turna ala Comisión de Igualdad de Género, para dictamen, y a la Comisión Especial deAlerta de Género, para opinión.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SE EXHORTA A LA SHCP, A LA SENER, A LA CRE Y A LA CFE, A REVISARLA CLASIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SERVICIO BÁSICO DE ELEC-TRICIDAD EN EL SUR DE VERACRUZ

De la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena,la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la Sener,a la CRE y a la CFE, a revisar la clasificación de las tarifas del servicio básico deelectricidad en el sur del estado de Veracruz. Se turna a la Comisión de Energía,para dictamen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SE EXHORTA A LA CFE, A SUMINISTRAR EL SERVICIO ELÉCTRICO ENLAS VIVIENDAS DE POBLADORES DE BACALAR, QUINTANA ROO, YEXENTAR DE SU PAGO A LOS HABITANTES POR TRATARSE DE PERSO-NAS DE ESCASOS RECURSOS

De diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, laproposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CFE, a suministrar elservicio eléctrico en las viviendas de pobladores del municipio de Bacalar, Quin-tana Roo, y exentar del pago correspondiente a los habitantes por tratarse de per-sonas de escasos recursos. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.. . .

RELATIVO A LA CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO QUE DÉ SE-GUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY GENERAL EN MATE-RIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN CO-METIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DEBÚSQUEDA DE PERSONAS

Del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentariodel Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo re-lativo a la creación de un Grupo de trabajo que dé seguimiento a la implementa-ción de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desapa-rición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda dePersonas. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención. . . . . . .

70

72

75

76

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año III, Primer Periodo, 26 de octubre de 2017 / Apéndice5

SE EXHORTA AL CJF, A GARANTIZAR LA AUTONOMÍA, INDEPENDEN-CIA E IMPARCIALIDAD DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN ELCASO DE EMILIO LOZOYA AUSTIN

De la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del Grupo Parlamentario delPartido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se ex-horta al CJF, a garantizar la autonomía, independencia e imparcialidad de los ór-ganos jurisdiccionales en el caso de Emilio Lozoya Austin. Se turna a la ComisiónJusticia, para dictamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RELATIVO A LA PREVENCIÓN, RESCATE, PRESERVACIÓN, CONSERVA-CIÓN, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA BARRANCA DE TARAN-GO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

De la diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de More-na, la proposición con punto de acuerdo relativo a la prevención, rescate, preser-vación, conservación, protección y restauración de la barranca de Tarango en laCiudad de México. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.

RELATIVO A LA ACTUALIZACIÓN DE CENSOS PARA LA RECONSTRUC-CIÓN DE VIVIENDAS Y LA ENTREGA DE APOYOS PARA JUCHITÁN, OAXACA, AFECTADO POR LOS SISMOS DEL 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE

De la diputada Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena, la pro-posición con punto de acuerdo relativo a la actualización de censos para la re-construcción de viviendas y la entrega de apoyos para el municipio de Juchitán deZaragoza del estado de Oaxaca, afectado por los sismos del 7 y 19 de septiembre.Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dic-tamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SE CONDENA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN CONTRA DE DAFNEMCPHERSON VELOZ Y SE EXHORTA A INSTITUCIONES DE QUERÉTA-RO A PROCEDER PENALMENTE CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSA-BLE POR IMPEDIR SU ASISTENCIA MÉDICA

De la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, laproposición con punto de acuerdo por el que se condena la violencia institucionalen contra de Dafne Mcpherson Veloz y se exhorta a instituciones del estado deQuerétaro a proceder penalmente contra quien resulte responsable por impedirsu asistencia médica. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dic-tamen, y a la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género,para opinión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SE EXHORTA AL IMPI, A INICIAR EL TRÁMITE DE CERTIFICACIÓN YPROTECCIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL NOPAL

De los diputados Laura Beatriz Esquivel Valdés, Mario Ariel Juárez Rodríguez yHéctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposicióncon punto de acuerdo por el que se exhorta al IMPI, a iniciar el trámite de certifi-

78

81

83

86


cación y protección de la denominación de origen del nopal. Se turna a la Comi-sión de Economía, para dictamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RELATIVO A LA FALTA DE INSUMOS EN EL HOSPITAL GENERAL DESALTILLO, COAHUILA

De la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena,la proposición con punto de acuerdo relativo a la problemática de la falta de in-sumos en el Hospital General de Saltillo, Coahuila. Se turna a la Comisión deSalud, para dictamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

90

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO YPROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva dela Cámara de Diputados, por la que informa el turno que lecorresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y alas proposiciones con punto de acuerdo registradas en elorden del día del jueves 26 de octubre de 2017, de confor-midad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3,del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, nu-meral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se in-forma a la honorable asamblea los turnos dictados a las ini-ciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones conpunto de acuerdo, registradas en el orden del día del 26 deoctubre de 2017 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2017.— Dipu-tado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma diversas disposiciones de la Ley Generaldel Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y dela Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por el diputado Je-sús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentariodel Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisiones Unidas de Medio Ambiente y RecursosNaturales y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

2. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la LeyFederal del Trabajo, de la Ley sobre el Escudo, la Banderay el Himno Nacionales, y declara el 19 de septiembre co-mo Día Nacional de la Solidaridad Ciudadana y la Protec-ción Civil, a cargo de la diputada Cristina Ismene GaytánHernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Re-volución Democrática.

Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Socialy de Gobernación, para dictamen.

3. Que reforma el artículo 19 de la Ley General de Desa-rrollo Social, suscrita por los diputados María Bárbara Bo-

tello Santibáñez y Víctor Manuel Silva Tejeda, del GrupoParlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

4. Que adiciona y deroga diversas disposiciones de los ar-tículos 17, 19 y 27 de la Ley de Nacionalidad, del GrupoParlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen.

5. Que reforma los artículos 2o.-E y 5o. de la Ley del Im-puesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Abdíes Pi-neda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuen-tro Social.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dic-tamen.

6. Que reforma los artículos 22 y 58 de la Ley Federal dePresupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo deldiputado Tomás Octaviano Félix, del Grupo Parlamentariodel Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, paradictamen.

7. Que reforma el artículo 26 de la Ley Federal de Presu-puesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputadoTomás Octaviano Félix, del Grupo Parlamentario del Par-tido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, paradictamen.

8. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Leyde Asociaciones Público Privadas y de la Ley General deContabilidad Gubernamental, a cargo del diputado TomásOctaviano Félix, del Grupo Parlamentario del Partido de laRevolución Democrática.

Turno: Comisión de Economía, para dictamen.

9. Que expide la Ley Básica para Administración de Desas-tres y la Reconstrucción, a cargo del diputado Jesús SalvadorValencia Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen, y a laComisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año III, Primer Periodo, 26 de octubre de 2017 / Apéndice 7

(*) El Apéndice corresponde a lo mencionado por la Presidencia, enla página 369 del Diario de los Debates del 26 de octubre de 2017.


10. Que deroga el segundo párrafo del artículo 1679 delCódigo Civil Federal, a cargo del diputado Armando LunaCanales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucio-nario Institucional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

11. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Có-digo Civil Federal, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tis-careño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revo-lucionario Institucional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

12. Que reforma el artículo 19 y adiciona un artículo 19 Bisa la Ley General para la Inclusión de las Personas con Dis-capacidad, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mo-ta, del Grupo Parlamentario del Partido RevolucionarioInstitucional.

Turno: Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, paradictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secre-taría de Salud y a la SEP, a realizar acciones para apoyarpsicológicamente a niñas, niños y adolescentes afectadospor los sismos del pasado mes de septiembre, a cargo de ladiputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del GrupoParlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH,para que en el ámbito de sus facultades coordine accionescon objeto de emitir la declaratoria de violencia de géneroen el estado de Oaxaca, a cargo del diputado Luis de LeónMartínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PartidoAcción Nacional.

Turno: Comisión de Igualdad de Género, para dictamen, ya la Comisión Especial de Alerta de Género, para opinión.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP,a la Sener, a la CRE y a la CFE, a revisar la clasificaciónde las tarifas del servicio básico de electricidad en el surdel estado de Veracruz, a cargo de la diputada Norma Ro-cío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE, a su-ministrar el servicio eléctrico en las viviendas de pobladoresdel municipio de Bacalar, Quintana Roo, y exentar del pagocorrespondiente a los habitantes por tratarse de personas deescasos recursos, a cargo de diputados integrantes del GrupoParlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, relativo a la creación de un Gru-po de trabajo que dé seguimiento a la implementación de laLey General en materia de Desaparición Forzada de Perso-nas, desaparición cometida por particulares y del sistemanacional de búsqueda de personas, a cargo del diputado Cé-sar Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parla-mentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Túrnese a la Junta de a Coordinación Política, pa-ra su atención.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al CJF, a ga-rantizar la autonomía, independencia e imparcialidad de losórganos jurisdiccionales en el caso de Emilio Lozoya Austin,a cargo de la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, delGrupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión Justicia, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, relativo a la prevención, rescate,preservación, conservación, protección y restauración de labarranca de Tarango en la Ciudad de México, a cargo de ladiputada Sara Paola Gálico Félix Díaz, del Grupo Parla-mentario de Morena.

Turno: Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, relativo a la actualización de cen-sos para la reconstrucción de viviendas y la entrega de apo-yos para el municipio de Juchitán de Zaragoza del estadode Oaxaca, afectado por los sismos del 7 y 19 de septiem-bre, a cargo de la diputada Karina Barón Ortiz, del GrupoParlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Desarrollo Urbano y OrdenamientoTerritorial, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se condena la violen-cia institucional en contra de Dafne Mcpherson Veloz y se

exhorta a Instituciones del estado de Queretaro a procederpenalmente contra quien resulte responsable por impedirsu asistencia médica, a cargo de la diputada Araceli Da-mián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Igualdad de Género, para dictamen, ya la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razonesde Género, para opinión.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMPI, ainiciar el trámite de certificación y protección de la Deno-minación de Origen del Nopal, suscrito por los diputadosLaura Beatriz Esquivel Valdés, Mario Ariel Juárez Rodrí-guez y Héctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamen-tario de Morena.

Turno: Comisión de Economía, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, relativo a la problemática de lafalta de insumos en el Hospital General de Saltillo, Coa-huila, a cargo de la diputada Araceli Damián González, delGrupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las LeyesGeneral del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am-biente, y de Coordinación Fiscal, suscrita por el diputadoJesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentariodel PVEM

Quienes suscriben, diputado Jesús Sesma Suárez y dipu-tados federales del Partido Verde Ecologista de México, enla LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión,con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Consti-tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así comoen los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten ala consideración de esta soberanía, la presente iniciativacon proyecto de decreto por el que se reforman diversasdisposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y

la Protección al Ambiente y de la Ley de Coordinación Fis-cal, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El agua es un compuesto fundamental para la vida, satisfa-ce necesidades primigenias del hombre y le es de gran uti-lidad en la mayoría de las actividades que realiza. Sin em-bargo, muchas de ellas tienen efectos negativosimposibilitando su consumo, lo cual le otorga la calidad deresidual, considerándose ésta como una molestia que debeeliminarse de la forma menos costosa y ofensiva posible.

A través del tiempo se han desarrollado una serie de técni-cas que, gracias al interés en lo sustentable y a la eficienciaeconómica, consideran al agua residual como una materiaprima que se debe conservar, y al agua limpia como unbien escaso que es preciso tratar, debiendo conservarlo yreutilizarlo.

Tomando en consideración lo anterior, la comunidad inter-nacional celebró, en septiembre del año 2000, la Cumbredel Milenio de Naciones Unidas, en la cual se congregó unnúmero importante de líderes mundiales para aprobar laDeclaración del Milenio, documento que contiene una se-rie de valores, principios y objetivos para la agenda inter-nacional del siglo XXI, y establece plazos para la realiza-ción de varios planes de acción colectivos.

De aquella Declaración surgieron los Objetivos de Desa-rrollo del Milenio; un compendio de objetivos alcanza-bles y sujetos a plazo orientados a extender los benefi-cios de la globalización a todo el mundo. Dentro deestos, se estableció como Objetivo 7, el de garantizar lasostenibilidad del medio ambiente, en cuyas metas en-contramos la de perseguir la reducción a la mitad el por-centaje de la población mundial sin acceso seguro alagua potable, así como la de garantizar el acceso a un sa-neamiento básico para la consecución del resto de losObjetivos de Desarrollo del Milenio.

Posteriormente, en diciembre de 2003, la Asamblea Gene-ral de las Naciones Unidas, preocupada por la problemáti-ca mundial en torno al vital líquido, declaró el período2005-2015 como el Decenio Internacional para la Acción“El agua, fuente de vida”, a través de su resoluciónA/RES/58/217, la cual “tenga como objetivos ocuparsemás a fondo de las cuestiones relativas al agua en todos losniveles y de la ejecución de los programas y proyectos re-lativos a ésta, y que al mismo tiempo se trate de asegurar la



participación e intervención de la mujer en las medidas dedesarrollo relacionadas con el agua, y promover la coope-ración en todos los niveles, para ayudar a alcanzar los ob-jetivos relativos al agua convenidos internacionalmente”.1

Según datos de la ONU sobre calidad del agua a nivel mun-dial, una de cada nueve personas en todo el mundo no tie-ne acceso a fuentes mejoradas de agua potable y uno de ca-da tres carece de saneamiento mejorado; las principalesfuentes de contaminación del agua provienen de asenta-mientos humanos, actividades industriales y agrícolas;80% de las aguas residuales de países en vías de desarrollose descarga sin ser tratadas directamente en los cuerpos re-ceptores; los vertederos de la industria emiten un estimadode entre 300 y 400 millones de toneladas de residuos con-taminados en aguas cada año; aproximadamente 3.5 millo-nes de personas mueren cada año debido al inadecuado su-ministro, saneamiento e higiene del agua; respecto de labiodiversidad, los ecosistemas de agua dulce se han degra-dado más que cualquier otro ecosistema.

Por lo que hace a nuestro país, el Plan Nacional de Desa-rrollo 2013-2018 establece en su diagnóstico sobre desa-rrollo sustentable que entre los diversos factores que impi-den el crecimiento económico de México, encontramos laexistencia de considerables cantidades de aguas residualesno tratadas. El reto en la materia es el de incrementar el tra-tamiento del agua residual colectada en México más alládel 47.5% actual.

Dentro de las Metas Nacionales planteadas en el propioPlan, la cuarta de ellas denominada México Próspero, esta-blece una serie de estrategias para cumplir el objetivo deImpulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y faci-litador que preserve nuestro patrimonio natural al mismotiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. LaEstrategia 4.4.2 encaminada a lograr un manejo sustentabledel agua, así como hacer posible su acceso a todas las per-sonas, delimita como líneas de acción las siguientes:

• Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para ga-rantizar el consumo humano y la seguridad alimentaria.

• Ordenar el uso y aprovechamiento del agua en cuencasy acuíferos afectados por déficit y sobreexplotación,propiciando la sustentabilidad sin limitar el desarrollo.

• Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de losservicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

• Sanear las aguas residuales con un enfoque integralde cuenca que incorpore a los ecosistemas costeros ymarinos.

• Fortalecer el desarrollo y la capacidad técnica y finan-ciera de los organismos operadores para la prestación demejores servicios.

• Fortalecer el marco jurídico para el sector de agua pota-ble, alcantarillado y saneamiento.

• Reducir los riesgos de fenómenos meteorológicos e hi-drometereológicos por inundaciones y atender sus efectos.

• Rehabilitar y ampliar la infraestructura hidroagrícola.

Por su parte, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Re-cursos Naturales 2013-2018 (Promarnat), publicado el 12 dediciembre del año 2012, reconoce que las emisiones de bió-xido de carbono (CO2), la generación de residuos sólidos y ladescarga de aguas residuales, así como la disminución en laextensión de bosques y selvas de nuestro país, hacen de nues-tra economía una economía ambientalmente no sustentable.

Cabe destacar que las descargas de aguas residuales se clasi-fican en municipales e industriales. Las municipales corres-ponden a las que son manejadas en los sistemas de alcantari-llado, urbanos y rurales, en tanto que las segundas sonaquellas descargadas a los cuerpos receptores de propiedadnacional, como es el caso de la industria autoabastecida.

Con respecto a la infraestructura para tratamiento de agua,se cuenta con 779 plantas potabilizadoras en operación,con capacidad de 96.3 m3/s potabilizados. Asimismo, secuenta con 4,976 plantas de tratamiento de aguas residua-les en operación, de las cuales 2,337 son municipales concapacidad de 111.3 m3/s tratados y 2,639 son industrialescon capacidad de 65.6 m3/s tratados.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) estima que al2014 se reusaban directamente (antes de su descarga) 21.8m3/s de aguas residuales tratadas y que se reusaban indi-rectamente (después de su descarga) 69.4 m3/s de aguas re-siduales tratadas. El intercambio de aguas residuales trata-das, en el que sustituyen agua de primer uso, se estima en8.9 m3/s.

Además, con la infraestructura existente actualmente, el reú-so aporta el 7% del abastecimiento para todos los usos delagua en la Cuenca del Valle de México, calculado en 88 m3/s.

Por ello, el reúso del agua genera diversos beneficios, prin-cipalmente en materia de costos, ya que reduce las presio-nes sobre los cuerpos de agua de primer uso y satisface de-mandas de agua que no exigen calidad potable.

En contraparte, la descarga de aguas residuales sin trata-miento afecta la calidad de los cuerpos de agua, lo cual po-ne en riesgo la salud de las personas, la integridad de losecosistemas y la escasez de fuentes de abasto para la po-blación. Según el mencionado Programa “los costos eco-nómicos de la contaminación del agua por descargas deaguas residuales no tratadas alcanzaron en 2011, de acuer-do el INEGI, el 0.4% del PIB de ese año.” Igualmente re-conoce que, “aunque el aumento en el volumen de agua re-sidual tratada ha sido importante en los últimos años,resulta todavía insuficiente”.

La Ley de Aguas Nacionales define como “reúso”, la ex-plotación, uso o aprovechamiento de aguas residuales cono sin tratamiento previo. El Programa Nacional Hídrico2014-2018 reporta que del volumen total de agua tratada,que asciende a 3,146 millones de metros cúbicos, sólo sereúsa el 33%, de los cuales el 7.8% se intercambia poraguas de primer uso, recuperando caudales para usos prio-ritarios como el público urbano.2

Por este motivo, el Programa antes referido establece la si-guiente línea de acción:

Objetivo 1. Fortalecer la gestión integrada y sustentable delagua

• Estrategia 1.2. Ordenar la explotación y el aprovecha-miento del agua en cuencas y acuíferos

• Línea de acción 1.2.1 Reutilizar todas las aguas resi-duales tratadas.

Para atender las diversas problemáticas en materia de agua,la Conagua3 cuenta con varios programas en el rubro deagua potable, alcantarillado y saneamiento:

– Programa de Devolución de Derechos. Busca coad-yuvar a la realización de acciones de mejoramiento deeficiencia y de infraestructura de agua potable, alcan-tarillado y tratamiento de aguas residuales en munici-pios, mediante la asignación a los prestadores de losservicios de agua potable y saneamiento de los ingre-sos federales que se obtengan por la recaudación de los

derechos por la explotación, uso o aprovechamiento deaguas nacionales.

– Modernización de Organismos Operadores de Agua.Apoya a los prestadores de servicios en la atención a lapoblación, en materia de cobertura y calidad de los ser-vicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

– Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en ZonasUrbanas. Cobertura a nivel nacional y está dirigido a lo-calidades con población mayor a 2,500 habitantes, con-sistiendo su objetivo primordial en apoyar el incremen-to de la cobertura de los servicios de agua potable,alcantarillado y saneamiento, mediante la rehabilitacióny construcción de infraestructura hidráulica, promoverel tratamiento de aguas residuales y apoyar acciones pa-ra el desarrollo institucional de los ejecutores.

– Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Sa-neamiento en Zonas Rurales. Dirigido a comunidadesrurales con población menor o igual a 2,500 habitantes,consistiendo su objetivo primordial en apoyar el incre-mento de la cobertura de los servicios de agua potable ysaneamiento, mediante la construcción de infraestructu-ra con la participación de la población beneficiada, a finde inducir la sostenibilidad de esos servicios.

– Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residua-les. Otorgar estímulos para el tratamiento de aguas resi-duales, a favor de todos los contribuyentes, proyectandocon esto avanzar en el saneamiento de las aguas nacio-nales, la reducción de la contaminación, prevenir la in-cidencia de enfermedades de origen hídrico y contribuiral equilibrio ecológico.

– Agua Limpia. Incrementar y mantener, mediante lacloración, los niveles de desinfección del agua que sesuministra a la población, de modo que reúna condicio-nes aptas para uso y consumo humano.

– Programa Fondo concursable para el tratamiento deaguas residuales. Incrementar el acceso y calidad delservicio de saneamiento para la población, impulsandoel fortalecimiento de los organismos responsables delmanejo del servicio.

– Programa para el Desarrollo Integral de OrganismosOperadores de Agua Potable y Saneamiento. Apoyar alos organismos operadores en un proceso de transfor-



mación a fin de promover la sostenibilidad operativa yfinanciera mediante acciones de fortalecimiento y el fi-nanciamiento de proyectos integrales a corto y medianoplazo que permitan incrementar sus ingresos, reducirsus egresos y hacer un uso eficiente del agua.

Dentro de los programas sujetos a Reglas de Operación, elPrograma de Tratamiento de Aguas Residuales (Prosan) tie-ne como objetivo apoyar financiera y técnicamente a los or-ganismos operadores de los municipios y de las entidades fe-derativas, para el incremento y rehabilitación de su capacidadinstalada y para que trate sus aguas residuales cumpliendocon los parámetros establecidos en su permiso de descarga,en la norma oficial mexicana correspondiente.4

La población objetivo del Prosan son los Organismos ope-radores de los municipios y de las entidades federativas delpaís que requieren incrementar o fortalecer el servicio desaneamiento de aguas residuales de origen municipal.

Los tipos de apoyo que otorga el Prosan son para construc-ción, ampliación, rehabilitación, puesta en marcha, opera-ción transitoria, así como para estudios y proyectos enplantas de tratamiento de aguas residuales municipales, yotros proyectos complementarios.

También incluye incentivos al tratamiento de aguas resi-duales, a fin de apoyar a los organismos operadores de losmunicipios y de las entidades federativas en el tratamientode las aguas residuales.

Asimismo, de acuerdo con la fracción III del artículo 115constitucional, los Municipios tienen a su cargo las funcio-nes y servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tra-tamiento y disposición de sus aguas residuales.

Para dar cumplimiento a estas obligaciones, la Ley de Co-ordinación Fiscal establece un Fondo de Aportaciones pa-ra el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarca-ciones Territoriales de la Ciudad de México, cuyosrecursos se determinan anualmente en el Presupuesto deEgresos de la Federación.

En ese sentido, el Grupo Parlamentario del Partido VerdeEcologista de México en esta Cámara de Diputados, cons-ciente de los retos que como país enfrentamos para garan-tizar a toda la población el goce efectivo del derecho hu-mano, consagrado en nuestra Constitución Política alacceso, disposición y saneamiento de agua para consumopersonal y doméstico en forma suficiente, salubre, acepta-

ble y asequible, propone modificaciones a la Ley Generaldel Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a laLey de Coordinación Fiscal, con el objeto de obligar a losmunicipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad deMéxico a establecer mecanismos de índole económico, fis-cal o financiero para garantizar el tratamiento y reúso del100% de sus aguas residuales.

Por lo anteriormente expuesto, las y los diputados inte-grantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecolo-gista de México sometemos a la consideración de esta Ho-norable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposicionesde la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protec-ción al Ambiente y de la Ley de Coordinación Fiscal

Primero. Se adicionan una fracción XI Bis al artículo 3o.y una fracción XVII al artículo 8o., de la Ley General delEquilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente reco-rriéndose las subsecuentes en su orden, para quedar comosigue:

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección alAmbiente

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. a XI. …

XI Bis. Descarga Cero: La acción de verter, infiltrar,depositar o inyectar aguas residuales, libres de sus-tancias nocivas que permitan su reinserción adecua-da en el entorno, a un cuerpo receptor;

XII. a XXXIX. …

Artículo 8o. Corresponden a los Municipios, de conformi-dad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en lamateria, las siguientes facultades:

I. a VI. …

XVII. Promover la utilización de instrumentos eco-nómicos, fiscales y financieros, a fin de lograr la des-carga cero de las aguas que se liberen en los sistemasde drenaje y alcantarillado de los centros de pobla-ción, así como de las aguas nacionales que tenganasignadas;

XVIII. La atención de los demás asuntos que en ma-teria de preservación del equilibrio ecológico y pro-tección al ambiente les conceda esta Ley u otros or-denamientos en concordancia con ella y que no esténotorgados expresamente a la Federación o a los Es-tados.

Segundo. Se reforma el artículo 37 y se adiciona el artícu-lo 53 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar comosigue:

Ley de Coordinación Fiscal

Artículo 37. Las aportaciones federales que, con cargo alFondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Mu-nicipios y de las Demarcaciones Territoriales del DistritoFederal, reciban los municipios a través de las entidades ylas demarcaciones territoriales por conducto del DistritoFederal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimien-tos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligacionesfinancieras, al pago de derechos y aprovechamientos porconcepto de agua, tratamiento y reúso total de las des-cargas de aguas residuales, la modernización de los siste-mas de recaudación locales, mantenimiento de infraestruc-tura, y a la atención de las necesidades directamentevinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Res-pecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo aque se refiere este artículo, los municipios y las demarca-ciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismasobligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B,fracción II, incisos a) y c), de esta Ley.

Artículo 53. Las aportaciones que con cargo al Fondo aque se refiere la fracción IV del artículo 25 de esta Ley,en materia de tratamiento y reúso total de descargas deaguas residuales, serán asignadas a aquellos municipioso demarcaciones territoriales, que teniendo infraestruc-tura de tratamiento de aguas residuales, la mantenganen funcionamiento, y se compruebe el gasto correspon-diente en dichos objetivos.

Se retendrán dichas aportaciones a aquellos municipioso demarcaciones territoriales que, teniendo la infraes-tructura para el tratamiento y reúso total de descargasde aguas residuales, no demuestren cumplir con el gas-to en la misma y un plan financiero para su operaciónpermanente.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor eldía siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de laFederación.

Artículo Segundo. Para efecto de dar cumplimiento a loestablecido en el artículo 53, la Secretaría de Medio Am-biente y Recursos Naturales emitirá un plan técnico con loslineamientos para cada municipio, los cuales deberán cum-plirlo, para ser sujetos a los beneficios del fondo de apor-taciones para el fortalecimiento de los municipios y las de-marcaciones territoriales del Distrito Federal.

Artículo Tercero. Los ajustes para el cumplimiento de lasreglas de operación del Fondo de Aportaciones para el For-talecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Te-rritoriales del Distrito Federal estarán a cargo de la Secre-taría de Hacienda y Crédito Público.

Notas

1 La resolución 58/217 de la Asamblea General Decenio Internacionalpara la Acción, “El agua, fuente de vida”, 2005-2015” A/RES/58/217(9 de febrero de 2004), disponible en: undocs.org/A/RES/58/217.

2 DOF: 08/04/2014. Programa Nacional Hídrico 2014-2018.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5339732&fe-cha=08/04/2014

3 Conagua. Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento

http://www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=4&n2=24&n3=24

4 DOF: 29/12/2015 Reglas de Operación para los Programas de AguaPotable, Alcantarillado y Saneamiento y Tratamiento de Aguas Resi-duales a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de2016.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421649&fe-cha=29/12/2015

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mesde octubre de 2017.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente yRecursos Naturales, y de Hacienda y Crédito Público,para dictamen.



LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Y LEY SOBRE ELESCUDO, LA BANDERAY EL HIMNO NACIONALES

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposicionesde las Leyes Federal del Trabajo, y sobre el Escudo, laBandera y el Himno Nacionales; y declara el 19 de sep-tiembre Día Nacional de la Solidaridad Ciudadana y la Pro-tección Civil, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gay-tán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

I. Planteamiento del problema

En días pasados, nuestro país enfrentó un conjunto de fe-nómenos naturales geológicos de gran magnitud. El 7 deseptiembre, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) re-portó un sismo con magnitud 8.2, localizado en el golfo deTehuantepec, a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan,Chiapas, ocurrió a las 23:49 horas y se sintió en los estadosdel sur y centro del país.

Posteriormente, el 19 de septiembre, el sistema reportó unnuevo sismo con magnitud 7.1, localizado en el límite es-tatal entre los estados de Puebla y Morelos, a 12 kilómetrosal sureste de Axochiapan, Morelos, y a 120 kilómetros dela Ciudad de México, ocurrió a las 13:14hrs y fue percibi-do principalmente en el centro del país.

Este último sismo ocurrió en la misma fecha que aquelocurrido el 19 de septiembre de 1985, el cual transformóprofundamente la vida del país y de nuestra ciudad.

Los sismos ocurridos en los días recientes han traído con-sigo un incalculable número de afectaciones, principal-mente en los estados de Morelos, Puebla, Guerrero, Estadode México, Chiapas, Oaxaca y la Ciudad de México, pormencionar algunos. Al día de hoy, cientos de personas tris-temente han perdido la vida, otras más han resultado lesio-nadas o incluso aún desaparecidas. Cientos de personashan perdido su vivienda o la posibilidad de habitar en ella,y muchas otras viviendas más, han resultado seriamentedañadas.

Un importante número de edificios con distintos usos hanresultado afectados. Algunos de ellos han colapsado o seencuentran en riesgo de colapso. Una gran cantidad de es-cuelas y planteles educativos se encuentran con afectacio-nes, algunas de ellas han colapsado o se encuentran en ries-go de que ello ocurra. Y a ello, se suman distintasafectaciones a sitios históricos y monumentos, negocios,hospitales, vías de comunicación y un largo etcétera.

Sin embargo, de nuestro dolor resurgió la esperanza, y conella, la solidaridad. En medio de esta crisis, cientos de mi-les de personas han salido a las calles a ayudar de distintasmaneras y a expresar su solidaridad con los afectados.

La presente propuesta legislativa tiene como objetivo adi-cionar una fracción VI al artículo 74 y recorriendo las sub-secuentes de la Ley Federal del Trabajo, para que el tercerviernes de septiembre sea considerado como de descansoobligatorio, en conmemoración del 19 de septiembre; esta-blecer ese día como el “Día nacional de la solidaridad ciu-dadana y la protección civil”, y declarar esta fecha comosolemne para toda la Nación, esto con el objeto de:

• Reconocer la honorable actitud de mexicanas y mexi-canos que han demostrado su solidaridad ante momen-tos de crisis.

• Reconocer y recordar el valor de las acciones de soli-daridad de todas aquellas personas que, sin distinciónalguna, han contribuido a enfrentar las catástrofes suce-didas aquel 19 de septiembre de 1985 y éste 19 de sep-tiembre de 2017.

• Recordar a aquellas personas que lamentablementeperdieron su vida o patrimonio el 19 de septiembre de1985 y éste 19 de septiembre de 2017.

II. Argumentos que lo sustentan

La Real Academia Española define a la solidaridad comola “adhesión circunstancial a la causa o a la empresa deotros”.*

* Definición de solidaridad. Retomado dehttp://dle.rae.es/?id=YIB84sx

El 7 y 19 de septiembre pasados, así como aquel 19 de sep-tiembre de 1985, miles de mexicanos, mexicanas y perso-nas de otros países se adhirieron a la causa de otros, a lacausa de todos, a la causa de México.

Miles de niños y niñas, madres, padres, mujeres y hombres,sin distinción, salieron a la calle a dar lo mejor de sí parahacer frente a esta tragedia. Llevando víveres, rescatandopersonas, como voluntarios en albergues o ayudando en laremoción de escombros, estos miles de hombres y mujeresanónimos, han puesto su granito de arena para poner de piea nuestro país. Eso mismo, hicieron en aquel 1985 y hoy lohan hecho; cientos de integrantes de las Fuerzas Armadas,

de la Marina, de instancias de Protección Civil, de gruposde rescatistas, de Binomios Caninos, de la Cruz Roja y demuchas otras organizaciones.

Asimismo, el apoyo brindado generosamente en labores derescate de personas de distintos países como Israel, Japón,España, Honduras, Colombia, Ecuador, El Salvador, Vene-zuela, Chile, por mencionar algunos; en otros momentos yahora, nos han reafirmado el valor de la solidaridad en mo-mentos difíciles y nos han dado aliento.

Es importante que, como mexicanos, reconozcamos la ho-norable actitud de aquellas y aquellos que han demostradosu solidaridad ante momentos de crisis, en especial, enaquel 19 de septiembre de 1985 y en este 19 de septiembrede 2017.

Resulta necesario, además, que los mexicanos reconozcamosy recordemos permanentemente el valor de nuestras accionessolidarias puestas en práctica en momentos de crisis.

Asimismo, es importante recordar permanentemente aaquellas personas que, lamentablemente, perdieron su vidao patrimonio en esos dos fenómenos naturales.

En síntesis, el 19 de septiembre, debe ser una fecha de con-memoración hacia aquellas personas que perdieron su vidao patrimonio en 1985 y en 2017, pero también debe ser unafecha de celebración, ya que, en esos momentos, en ambasfechas, la solidaridad de cientos de miles de mexicanos ymexicanas quedó plenamente acreditada.

Es por ello que, expuestos los argumentos anteriores, mepermito someter a la consideración de esta Soberanía unapropuesta para adicionar una fracción VI al artículo 74 yrecorriendo las subsecuentes de la Ley Federal del Traba-jo, para que el tercer viernes de septiembre sea considera-do como de descanso obligatorio, en conmemoración del19 de septiembre.

Asimismo, propongo a ustedes, la adición de la fecha 19 deseptiembre al apartado b) de la Ley sobre el Escudo, laBandera y el Himno Nacionales, en conmemoración aaquellas personas que perdieron su vida o patrimonio enlos sismos de 1985 y 2017.

En el mismo sentido, pongo a su consideración la presentepropuesta para que el 19 de septiembre sea declarado co-mo el “Día Nacional de la Solidaridad Ciudadana y la Pro-tección Civil”.

Para tener una mayor claridad de la propuesta de adición alartículo de la Ley Federal del Trabajo en comento, a conti-nuación se muestra un cuadro comparativo entre la normavigente y la propuesta:

Para tener una mayor claridad de la propuesta de adición dela fecha 19 de septiembre al apartado b) de la Ley sobre elEscudo, la Bandera y el Himno Nacionales, y recorriéndo-se las subsecuentes, en conmemoración a aquellas personasque perdieron su vida o patrimoni en los sismos de 1985 y2017, se muestra un cuadro comparativo entre la norma vi-gente y la propuesta.



III. Fundamento legal

La suscrita, diputada federal Cristina Ismene Gaytán Her-nández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido dela Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del ho-norable Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dis-puesto en los artículos 71, fracción II, de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1,fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Dipu-tados, someto a consideración de la asamblea la presente.

IV. Denominación del proyecto

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracciónVI al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, recorrién-dose las fracciones subsecuentes; que adiciona la fecha “19de septiembre: Conmemoración de las personas que per-dieron su vida o patrimonio en los sismos de 1985 y 2017”al apartado b) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y elHimno Nacionales, recorriéndose las subsecuentes; y quedeclara el 19 de septiembre como el “Día Nacional de laSolidaridad Ciudadana y la Protección Civil”.

V. Ordenamiento a modificar

Se adiciona la fracción VI al artículo 74 de la Ley Federaldel Trabajo, recorriéndose las fracciones subsecuentes, Seadiciona la fecha 19 de septiembre: Conmemoración de laspersonas que perdieron su vida o patrimonio en los sismosde 1985 y 2017, al apartado b) de la Ley sobre el Escudo,la Bandera y el Himno Nacionales, recorriéndose las sub-secuentes y Se declara el 19 de septiembre como el “DíaNacional de la Solidaridad Ciudadana y la Protección Civil”.

VI. Texto normativo propuesto

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consi-deración del pleno de la honorable Cámara de Diputados lasiguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona la fracción VI al artículo 74 de laLey Federal del Trabajo, recorriéndose las fraccionessubsecuentes; que adiciona la fecha “19 de septiembre:Conmemoración de las personas que perdieron su vidao patrimonio en los sismos de 1985 y 2017” al apartadob) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Na-cionales, recorriéndose las subsecuentes; y declara el 19de septiembre como el “Día Nacional de la SolidaridadCiudadana y la Protección Civil”.

Decreto

Primero.

Artículo 74. Son días de descanso obligatorio:

I a V…

VI. El tercer viernes de septiembre en conmemora-ción del 19 de septiembre;

VII. El tercer lunes de noviembre en conmemoracióndel 20 de noviembre;

VIII. El 1 de diciembre de cada seis años, cuando co-rresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo federal;

IX. El 25 de diciembre, y

X. El que determinen las leyes federales y locales elec-torales, en el caso de elecciones ordinarias, para efec-tuar la jornada electoral.

Segundo.

Artículo 18. En los términos del artículo 15 de esta Ley, laBandera Nacional deberá izarse:

b) A media asta en las siguientes fechas y conmemora-ciones:

14 de febrero:

Aniversario de la muerte de Vicente Guerrero en 1831.

22 de febrero:

Aniversario de la muerte de Francisco I. Madero en1913.

28 de febrero:

Aniversario de la muerte de Cuauhtémoc en 1525.

10 de abril:

Aniversario de la muerte de Emiliano Zapata en 1919.

21 de abril:

Aniversario de la gesta heroica de la Defensa del Puer-to de Veracruz.

2 de mayo:

Conmemoración de la muerte de los pilotos de la Fuer-za Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201 en1945.

21 de mayo:

Aniversario de la muerte de Venustiano Carranza en1920.

22 de mayo:

Aniversario de la muerte de Mariano Escobedo, en1902.

17 de julio:

Aniversario de la muerte del General Alvaro Obregónen 1928.

18 de julio:

Aniversario de la muerte de Benito Juárez en 1872.

30 de julio:

Aniversario de la muerte de Miguel Hidalgo y Costillaen 1811.

12 de septiembre:

Conmemoración de la gesta heroica del Batallón de SanPatricio en 1847.

13 de septiembre:



Aniversario del sacrificio de los Niños Héroes de Cha-pultepec, en 1847.

19 de septiembre:

Conmemoración del Día Nacional de la Solidaridady la Protección Civil

2 de octubre:

Aniversario de los caídos en la lucha por la democraciade la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en 1968.

7 de octubre:

Conmemoración del sacrificio del senador BelisarioDomínguez, en 1913.

22 de diciembre:

Aniversario de la muerte de José María Morelos en1815.

Tercero.

Se declara el 19 de septiembre como el “Día Nacional dela Solidaridad Ciudadana y la Protección Civil”

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguien-te al de su publicación en el Diario Oficial de la Federa-ción.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2017.— Dipu-tada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previ-sión Social y de Gobernación, para dictamen.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

«Iniciativa que reforma el artículo 19 de la Ley General deDesarrollo Social, suscrita por los diputados María Bárba-ra Botello Santibáñez y Víctor Manuel Silva Tejeda, delGrupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales María Bárbara BotelloSantibáñez y Víctor Manuel Silva Tejada, integrantes delGrupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucio-nal a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del ho-norable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dis-puesto en la fracción II del artículo 71 de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción Idel numeral 1 del 6; numeral 1 del artículo 77 y el 78 del Re-glamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consi-deración de esta Asamblea, al tenor de la siguiente:


El pasado martes 5 de septiembre de este año, el gobiernode los Estados Unidos de América, a través de su fiscal ge-neral, anunció el fin de la Acción Diferida para los Llega-dos en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), pro-grama creado en octubre de 2012 para proteger de ladeportación a miles de personas que entraron ilegalmente aese país cuando eran niños.

Bajo este programa, se difiere toda acción sobre el estatusmigratorio por un lapso de dos años, dando la oportunidadde renovación.

Es importante precisar que en el programa DACA los be-neficiarios reciben permisos de trabajo temporales, licen-cias de conducir, un número de seguridad social y sobre to-do, la posibilidad de estudiar.

Para ser beneficiario al Programa DACA se deben cumplirlos requisitos de haber entrado en el país antes de cumplirlos 16 años, tener una edad menor a 31 años al 15 de juniode 2012, no tener estatus legal migratorio en EU antes del15 de junio de 2012, residencia continua en Estados Uni-dos desde el 15 de junio de 2007 y hasta la actualidad, es-tar escolarizados o licenciados del ejército y no haber sidocondenados por algún delito ni suponer una amenaza parala seguridad nacional.

El 76 por ciento de los jóvenes que se benefician de esteprograma son de nacionalidad mexicana. Se calcula queentre 600 mil y 800 mil jóvenes mexicanos que residen enlos Estados Unidos se verán afectados.

Ante estas medidas anunciadas, se debe dar certidumbrejurídica a aquellos mexicanos afectados que deseen regre-sar al país a continuar sus estudios, fortaleciendo el marcolegal a favor de miles de dreamers, garantizando su dere-cho a la educación.

En términos del artículo 6 de la Ley General de DesarrolloSocial, la educación es un derecho para el acceso al desa-rrollo social y por tanto es materia de esta Ley atender yvelar su cumplimiento.

Atinadamente, el Ejecutivo federal presentó el 1 de febre-ro de este año, una iniciativa preferente con el objeto de fa-cilitar el proceso de revalidación de estudios de migrantesmexicanos, principalmente de aquellos que residen en losEstados Unidos. La iniciativa que fue aprobada por el Con-greso de la Unión estableció facultar a las autoridades edu-cativas federal y locales para autorizar que las institucionesparticulares de educación superior puedan otorgar las reva-lidaciones y equivalencias parciales de estudios de licen-ciatura.

Además, para establecer que la falta de documentos deidentidad o académicos de infantes ante las autoridadeseducativas no sea un obstáculo para acceder al sistema edu-cativo y para que estas proporcionen las facilidades quepermitan obtener la documentación necesaria que permitasu integración o tránsito por el sistema.

Por lo que respecta a la presente iniciativa, se tiene por ob-jeto precisar en la Ley General de Desarrollo Social que se-rán prioritarios y de interés público los programas de edu-cación básica, media-superior, superior y de posgrado paraestudiantes migrantes en su incorporación al sistema edu-cativo nacional.

Con lo anterior, se pretende garantizar el pleno ejercicio delos derechos sociales de aquellos estudiantes que por cau-sas de la suspensión del programa DACA o por cualquierotro motivo por el que lleguen a México, se puedan incor-porar al sistema educativo, asegurándoles también a ellosel acceso al desarrollo social como un derecho.

Finalmente, se propone que también se considere priori-tario y de interés público aquellos programas dirigidos alas entidades federativas del país con altos índices de migración.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta so-beranía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de:

Decreto

Artículo Único. Se reforma la fracción I y se adiciona lafracción X al artículo 19 de la Ley General de DesarrolloSocial, para quedar como sigue:

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:

I. Los programas de educación obligatoria, y de educa-ción básica, media-superior, superior y de posgradopara estudiantes migrantes en su incorporación alsistema educativo nacional.

II. al IX. …

X. Los programas dirigidos a las entidades federati-vas del país con altos índices de migración.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguien-te de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, alos 19 días del mes de septiembre de 2017.— Diputados: María Bár-bara Botello Santibáñez, Víctor Manuel Silva Tejeda (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dic-tamen.

LEY DE NACIONALIDAD

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 17 y 19 dela Ley de Nacionalidad, a cargo del diputado Agustín Fran-cisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario delPRD


Exigir a los extranjeros la renuncia de su nacionalidad deorigen implica una transgresión a los derechos humanos.No hay razones válidas para obligar a una persona a queabandone y deje de lado las raíces culturales y sociales quedurante largo tiempo, al menos hasta la mayoría de edad, ledieron una identidad. Por lo demás, hoy más que nunca laspersonas poseen identidades múltiples, e incluso las nacio-nes más homogéneas contienen una diversidad identitariacausada en buena medida por la creciente migración. Másaún, la forja del México actual se dio en torno a la coexis-tencia de los pueblos originarios, la población española enparticular y europea en general que inmigró y la “terceraraíz” africana, además de inmigrantes libaneses, árabes, ju-díos y otros provenientes de todos los continentes. No se es



menos mexicano o mexicana por conservar una herenciacultural que, de hecho, muy probablemente ya forme partede lo que llamamos mexicanidad.

Por otra parte, en nuestro país y en muchos otros la renun-cia de la nacionalidad de origen no posee ningún valor ju-rídico, por lo que es innecesario establecer ese requisito pa-ra la obtención de la nacionalidad mexicana. Pedirloequivale a tener diferentes clases de mexicanos, con los na-cionales por nacimiento en primera y los nacionales por na-turalización en segunda, puesto que los primeros poseen elderecho a tener doble nacionalidad en tanto que los segun-dos solo pueden aspirar a tener la mexicana.

Antecedentes

Las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundialimpulsaron el avance en el derecho internacional de los de-rechos humanos, específicamente en la protección a la per-sona respecto a la posesión de una nacionalidad aunque és-ta no fuese la de origen. Como toda institución jurídica, elderecho humano a la nacionalidad ha ido evolucionandohasta conformar el derecho a la doble nacionalidad, el cualse configura como sub derecho respecto de la nacionalidad.Inicialmente el derecho a la doble nacionalidad sólo sepensó desde la perspectiva de aquellas personas que dese-an tener, de forma adicional, una nacionalidad distinta a ladel país que le reconoce como su nacional, para dar cum-plimiento a los principios que en materia de derechos hu-manos se han establecido en los diversos instrumentos in-ternacionales de la materia.

El derecho a la nacionalidad se configura por primera vez enel marco internacional de los derechos humanos, en el artícu-lo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.La finalidad inicial del derecho a la nacionalidad era permitira todo individuo la protección de un Estado determinado. Enlos casos en los en que una persona no posea nacionalidad al-guna, la Organización de las Naciones Unidas ha llegado abrindar la protección que debería dar un Estado a sus nacio-nales; por ello hay quienes, sin ser parte del personal diplo-mático de la ONU, transitan por el mundo con un pasaporteexpedido por las Naciones Unidas.

La protección del Estado por medio de la figura de la na-cionalidad tuvo un origen específico, pero ninguna institu-ción jurídica es estática, y menos aquellas que tutelan losderechos humanos. En este sentido, el desarrollo del dere-cho a la nacionalidad derivó en el sub-derecho a poseermás de una nacionalidad. Éste sub-derecho permite a las

personas adquirir una nacionalidad sin tener que perder lade origen. México reconoce en el apartado A) del artículo37 constitucional que ningún mexicano por nacimiento po-drá ser privado de su nacionalidad, pero se incurre en unacontradicción al reconocer el derecho a la doble nacionali-dad para aquellos que tengan la mexicana por nacimiento ynegarle ese derecho a los nacionales por naturalización, pormedio de la renuncia a la nacionalidad de origen, a pesar deque en sus países de origen se establezca que la calidad denacional es irrenunciable.

Lo renuncia a la nacionalidad de origen posee dos implica-ciones negativas. La primera es una práctica discriminatoriahacia los mexicanos por naturalización, la cual se origina enla constitución y se configurada por el procedimiento de re-nuncia establecida en los artículos 17 y 19 de la Ley de Na-cionalidad; esto debido a que el derecho a la doble nacionali-dad solo se les otorga a los mexicanos por nacimiento. Enéste sentido, hay mexicanos de primera -los nacionales pornacimiento- y de segunda -los naturalizados-, esto violenta elprincipio de igualdad consagrado dentro del artículo 1o cons-titucional. La segunda estriba en la inoperancia de la renun-cia que se les exige a los mexicanos por naturalización res-pecto de su nacionalidad de origen, puesto que en en muchospaíses no se considera válida, tal como ocurre en México. Asícomo para las autoridades mexicanas no existen efectos jurí-dicos de esas renuncias, tampoco existen para las autoridadesde otros Estados por ello es innecesario y discriminatorio elmantener esta figura.

Ahora bien, el argumento de que toda persona tiene el de-recho a renunciar a su nacionalidad se refuta, en el caso dela norma mexicana, por el hecho de que en todo caso esarenuncia debe hacerse de forma libre y no como productode coacción alguna como lo es el condicionamiento para laadquisición de la nacionalidad por naturalización. Es unafalacia considerar que quien desea adquirir la nacionalidadmexicana desea, por ese simple hecho, renunciar a su na-cionalidad de origen.

Con la intención de eliminar ésta anacrónica figura, y ladiscriminación que ella produce, es necesario modificarla ley que reglamenta el artículo 37 en su párrafo A),principalmente en lo tocante al procedimiento de renun-cia que se establece en los artículos 17 y 19 de la Ley deNacionalidad.

Por todo lo anterior, propongo los siguientes cambios,mostrados a continuación en este cuadro comparativo de laredacción actual y la redacción propuesta:

El suscrito, diputado Agustín Francisco de Asís Basave Be-nítez, integrante del Grupo Parlamentario del Grupo Parla-mentario del Partido de la Revolución Democrática en laLXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con funda-mento en los artículos 71, fracción II, de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1,fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Dipu-tados, someto a la consideración del pleno de la Cámara deDiputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artícu-los 17 y 19 de la Ley de Nacionalidad

Artículo Único. Se modifica el párrafo segundo del 17 yse adiciona un párrafo primero al artículo 19, ambos dela Ley de Nacionalidad para quedar como sigue:

Artículo 17...

El extranjero que solicite la obtención de la nacionali-dad por naturalización o el nacional mexicano por na-cimiento que otro Estado lo considere como su nacional,deberá realizar renuncia expresa a la sumisión o protec-ción de todo gobierno extranjero, principalmente el quelo considere como su nacional, respecto de cualquier ac-to jurídico celebrado en territorio nacional mexicano oaquel en el que se involucre, en cualquier forma, a losEstados Unidos Mexicanos; de igual manera renuncia ala protección que las leyes extranjeras puedan brindar-le ante cualquier autoridad mexicana o por la celebra-ción de actos jurídicos dentro del territorio nacional oen aquellos en los que se haya ostentado como nacionaldel Estado Mexicano, así como a la posible protecciónque podría adquirir de cualquier instrumento

Artículo 19. La persona que adquiera la nacionalidadmexicana por naturalización conservará, en todo mo-mento su nacionalidad de origen y la renuncia a esta nopodrá ser requisito para la obtención de la mexicana.

…

27. se deroga el primer párrafo

La ausencia del territorio nacional no implicará pérdidade la nacionalidad por naturalización, pero en caso deuna ausencia mayor a 10 años, los naturalizados, debenpresentar protesta ante la Secretaría en la que declaren suinterés en mantener la nacionalidad mexicana.

En la protesta, de la que habla el párrafo anterior, sedeberán establecer los motivos por los cuales ha decidi-do ausentarse y, en caso de serle posible, presentar losdocumentos necesarios para acreditar dichos motivos.Dentro de la mencionada protesta, han de incluirse da-tos de contacto que permitan a las autoridades consula-res localizar a los naturalizados en el extranjero, con laintención de que el naturalizado pueda ratificar su de-seo de mantener la nacionalidad mexicana.



En caso de permanecer más de 15 años, el naturalizadodeberá ratificar su deseo de mantener la nacionalidadmexicana mediante entrevista en el consulado mexica-no del país donde se encuentre, todo ello previa comu-nicación del consulado con el naturalizado.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día si-guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-deración, con excepción de las reformas y adiciones alartículo 27, las cuales entrarán en vigor el día siguientea aquel en que se publiquen, en el diario Oficial de laFederación, las reformas y adiciones al artículo 37constitucional en materia de naturalización

Segundo. Todas las renuncias a la nacionalidad de ori-gen a las que hayan sido obligados los mexicanos pornaturalización, tendrán como único efecto la renuncia ala protección de su Estado en todos aquellos actos jurí-dicos celebrados dentro del territorio nacional o en losque el Estado Mexicano sea parte.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.— Dipu-tado Agustín Franciso de Asis Basave Benítez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

«Iniciativa que reforma los artículos 2o.-E y 5o. de la Leydel Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Ab-díes Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito, diputado Abdies Pineda Morín, integrante delGrupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en laLXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con funda-mento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 y demás aplicables del Re-glamento de la Cámara de Diputados, tiene a bien sometera consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa conproyecto de decreto, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Según algunos estudios efectuados por el Colegio de laFrontera Norte las principales consecuencias por la homo-

logación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la fran-ja fronteriza son el incremento de la inflación, la caída enla economía regional, menos competitividad en las empre-sas, fuga de consumidores y menos poder adquisitivo paralos más pobres de la frontera norte.

La actual administración pública federal se ha comprome-tido a no aumentar impuestos o a crear nuevos, por ello,una opción para revertir el empobrecimiento fronterizo esla reincorporación del IVA fronterizo.

La propuesta pretende ser responsable con las finanzas pú-blicas al ubicar el IVA en la frontera norte en 13.5 por cien-to porcentaje promedio del 16 actual y 11 antes de la re-forma que la derogó.

Argumentos que la sustentan

Partamos del origen de la desaparición del IVA fronterizo,la Miscelánea Fiscal aprobada en lo general en la Cámarade Diputados con 297 votos en pro, 162 en contra y 1 abs-tención. La minuta fue aprobada por la coalición PRI,PRD, PVEM y Nueva Alianza. Votaron en contra los gru-pos parlamentarios de PAN, PT y MC.

En el texto de la iniciativa presidencial1 se fundamentaronlos siguientes elementos:

1. Eliminación del tratamiento a la región fronteriza.

Este tratamiento resulta inequitativo frente a las operacio-nes similares que se realizan en el resto del territorio na-cional. La aplicación de una tasa reducida en dicha región,además de implicar una menor recaudación, dificulta la ad-ministración y el control del impuesto, por lo que se abrenespacios para la evasión y elusión fiscales.

La tasa reducida en la región fronteriza es regresiva, ya queésta reduce el pago de impuesto a los habitantes de regionesque en promedio obtienen ingresos mayores a los del restodel país. El ingreso promedio per cápita en la zona fronterizadel país, en donde se aplica la tasa reducida, es mayor al pro-medio nacional en 27 por ciento. El porcentaje de la pobla-ción en condiciones de marginación alta y muy alta es consi-derablemente menor en la zona fronteriza.

En su momento, el otorgamiento de dicho beneficio obe-deció a la necesidad de mantener la competitividad entrelos contribuyentes que residen en la citada región.

El diferencial de tasas no ha beneficiado a los consumido-res de la región fronteriza; una muestra de precios a nivellocalidad muestran que la menor tasa en la frontera no seha reflejado en menores precios al consumidor. Los datosindican que los precios de bienes y electrodomésticos sonmayores en 4 por ciento en la frontera, en tanto que los pre-cios de bienes dedicados a la higiene y el cuidado personalson mayores en 2 por ciento. Para todos los bienes estudia-dos, la diferencia es de 4 por ciento.

En los países que conforman la Unión Europea, que tienenun grado similar de integración comercial que el de Méxi-co con los Estados Unidos de América y los cuales cuentancon tasas nacionales distintas, no se aplican tasas diferen-ciales en regiones fronterizas. Un ejemplo más cercano esel de los Estados Unidos de América, en donde se aplicanimpuestos estatales a las ventas a tasas que varían en cadaestado.

Es importante mencionar que la aplicación de tasas dife-renciales en la región fronteriza de México implica los si-guientes efectos no deseados:

· Reduce la recaudación tanto en operaciones domésti-cas como en importaciones, por el efecto de simulacio-nes realizadas con el fin de aplicar indebidamente la ta-sa menor.

· Abre espacios a la evasión y elusión fiscales y dificul-ta su fiscalización ya que se requiere implementar me-canismos de control y verificación respecto de las ope-raciones realizadas en la región fronteriza.

· Impacta a la administración y al control del impuesto,limita las ventajas que representa la aplicación de un im-puesto al consumo general, ya que requiere que la auto-ridad fiscal verifique de manera adecuada y certera quedichas operaciones efectivamente se realicen en la re-gión fronteriza.

· Atenta contra el federalismo fiscal, toda vez que no sejustifica que el costo de este tratamiento sea absorbidopor las entidades federativas que no gozan del mismo,ya que la distribución de la recaudación federal partici-pable, que incluye a los impuestos federales, no se hacecon la distinción de las que aplican o no el citado trata-miento, lo que da como resultado una transferencia derecursos de las entidades federativas que no aplican es-te régimen, hacia las entidades que sí gozan de la tasareducida.

Para entender la visión de los partidos representados en laCámara de Diputados sobre la eliminación del IVA fronte-rizo es necesario revisar la versión estenográfica. Los gru-pos parlamentarios en la Cámara de Diputados posiciona-ron2 de la siguiente manera:

El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del GrupoParlamentario del PAN, señalo:

“A partir del primero de enero se homologará el IVA enla frontera, y espero que sean congruentes con su voto yque los diputados de los estados fronterizos expliquen asus electores por qué bajaron las manos y permitieron elasalto a aquellos que compiten con el mercado nortea-mericano.”

Por su parte el diputado Jaime Bonilla Valdez del GrupoParlamentario del Partido del Trabajo afirmó:

“…existe una incongruencia en la exposición del pro-movente. Acepta haber decidido una política tributariainconstitucional en la que se desprende que estuvimosentonces viviendo una situación ilegal”.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, legislador del Partidodel Trabajo, se refirió de la siguiente manera:

“…a Peña Nieto ni le interesa, legitiman exenciones quebenefician a sectores económicos privilegiados, mantie-nen la homologación del 16 por ciento del IVA en la zo-na fronteriza, eliminan el régimen de pequeño contribu-yente, sin garantías para la transición en losprocedimientos fiscales de este sector económico.”

Por el Grupo Parlamentario del PRD, la diputada María delSocorro Ceseñas Chapa afirmó que:

“Falso que estén defendiendo a los estados fronterizos.Dicen una cosa y hacen otra, toman una estrategia deabandonar y luego recular. Toman como medida de pre-sión para que posteriormente en el decreto de egresossean considerados por migajas.”

Por Movimiento Ciudadano el diputado Ricardo MejíaBerdeja mencionó:

“Con los nuevos gasolinazos vendrá más angustia y másinflación. En estados fronterizos la carga tributaria serádescomunal, 5 por ciento más de IVA y gasolinazos ca-da mes. La síntesis de la reforma hacendaria es la si-



guiente: terrorismo fiscal. Concluyo. IVA del 11 al 16por ciento en las fronteras del país. IVA a los importa-dores temporales, afectando a los maquiladores, queson, sin duda, quienes más empleos crean en el país.

De acuerdo con el Colegio de la Frontera Norte, la homo-logación del IVA acentuó las carencias alimentarias y, engeneral, redujo el nivel de vida de los estratos de menoresingresos y de 400 mil personas consideradas pobres enCiudad Juárez.

En un análisis del Colegio de la Frontera Norte intituladoObservatorio de coyuntura económica fronteriza, conclu-yen que, en 2014, la inflación en Ciudad Juárez fue de 7por ciento, superior a la media nacional, que fue de 3.8 porciento. Otro efecto negativo del aumento al IVA en la fron-tera, según el colegio, fue la reducción de las ventas delcomercio local, lo que merma el crecimiento económicoregional.

Durante 2014, señalan, aumentó en Ciudad Juárez el em-pleo en la industria manufacturera, sobre todo en las ma-quiladoras, que genera 50 por ciento de las plazas, pero enel resto de los sectores se resintió la caída de las ventas pro-vocada por la homologación del IVA.

Los trabajadores con menores ingresos, entre ellos los quese emplean en la maquila, son los que más resintieron lahomologación del IVA, pues casi todo su salario lo desti-nan a la compra de productos básicos.

De acuerdo con la revista Forbes3 de febrero de 2014, a lavista y de inmediato, las ciudades fronterizas padecieroncinco consecuencias a causa del incremento al gravamen:

1. Incremento de la inflación

En la primera quincena de enero, la inflación a tasaanual a 4.63 por ciento, de acuerdo con el Instituto Na-cional de Estadística y Geografía (Inegi). Un análisis deBank of America Merrill Lynch señala que la homolo-

gación del IVA fronterizo fue uno de los principales fac-tores que impulsaron la inflación, pues esto contribuiráen 20 puntos base del Índice Nacional de Precios alConsumidor.

2. Caída en la economía regional

Según datos del Inegi, los estados de Nuevo León, Ta-maulipas, Baja California, Chihuahua, Coahuila y So-nora aportan 25 por ciento del PIB en el sector indus-trial. La tendencia hacia las compras externasprovocadas por el aumento del IVA, destruyen los efec-tos multiplicadores de la actividad económica, en parti-cular en el estado de Baja California”, de acuerdo con elestudio del Colegio de la Frontera Norte (Colef).

3. Menos competitividad en las empresas

En Baja California, por ejemplo, los bienes y serviciosen la franja fronteriza de la entidad se encarecerán un 25por ciento relativamente por la diferencia de impuestos,según el Colegio de la Frontera Norte. En Estados Uni-dos tienen un impuesto de 8 por ciento a las ventas. Y sibien la naturaleza de ese impuesto es distinta a la del va-lor agregado, a final de cuentas, las personas vienen des-embolsando 8 por ciento más con el aumento a 16 porciento.

4. Fuga de consumidores

Mientras los bienes y servicios pagan un impuesto quevaría de entre 6.75 a 8.25 por ciento en el sur de Cali-fornia, los mismos con el incremento del IVA van a pa-gar un 16 por ciento en Baja California. Esto provocauna “fuga” de consumidores hacia Estados Unidos.

La Confederación Patronal de la República Mexicana,estima que las pérdidas anuales por concepto de homo-logación de IVA fronterizo, serán alrededor de mil 200millones de dólares, solo en Baja California por con-cepto de comercio.

5. Menos poder adquisitivo para los más pobres

El efecto de la homologación del IVA lo resentirá la po-blación con menos capacidad de ingreso. Los más po-bres no tienen visa para pasar a Estados Unidos, enton-ces a ellos se les viene recargando el efecto delincremento, y a los que tienen visa de alguna manera al-go evaden al irse a comprar a Estados Unidos.

Con la finalidad de coadyuvar con el proceso legislativo dela dictaminadora se adjunta el siguiente comparativo:


Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dis-puesto en los artículos 71, fracción II, de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1,fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Dipu-tados, quien suscribe somete a consideración de esta sobe-ranía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Denominación del proyecto de decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionanel artículo 2o.-E y un párrafo último al artículo 5 de la Leydel Impuesto al Valor Agregado

Texto normativo propuesto

Artículo Único. Se adicionan el artículo 2o.-E y un párra-fo último al artículo 5 de la Ley del Impuesto al ValorAgregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-E. El impuesto se calculará aplicando la ta-sa del 13.5 por ciento a los valores que señala esta ley,cuando los actos o actividades por los que se deba pagarel impuesto, se realicen por residentes en la región fron-teriza, y siempre que la entrega material de los bienes ola prestación de servicios se lleve a cabo en la citada re-gión fronteriza.

Tratándose de importación, se aplicará la tasa de 13.5por ciento siempre que los bienes y servicios sean ena-jenados o prestados en la mencionada región fronteriza.

Tratándose de la enajenación de inmuebles en la re-gión fronteriza, el impuesto al valor agregado se cal-culará aplicando al valor que señala esta ley la tasa de13.5 por ciento.

Para efectos de esta ley, se considera como región fron-teriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetrosparalela a las líneas divisorias internacionales del nortey sur del país, todo el territorio de los estados de BajaCalifornia, Baja California Sur y Quintana Roo, losmunicipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así comola región parcial del estado de Sonora comprendida enlos siguientes límites: al norte, la línea divisoria inter-nacional desde el cauce del río Colorado hasta el puntosituado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del munici-pio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta

hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilóme-tros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cau-ce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea di-visoria internacional.

Artículo 5o. Para que sea acreditable el impuesto al valoragregado deberán reunirse los siguientes requisitos:

I. a VI. …

Cuando el impuesto al valor agregado en la importa-ción se hubiera pagado a la tasa de 13.5 por ciento,dicho impuesto será acreditable en los términos deeste artículo siempre que los bienes o servicios im-portados sean utilizados o enajenados en la regiónfronteriza.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente alde su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan di-versas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de laLey del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del CódigoFiscal de la Federación. Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/PEF2014/ingresos/03_liva.pdf

2 http://cronica.diputados.gob.mx/ Cámara de Diputados del Honora-ble Congreso de la Unión, LXII Legislatura, Versión estenográfica dela sesión ordinaria del jueves 31 de octubre de 2013

3 https://www.forbes.com.mx/los-5-golpes-del-iva-en-la-frontera/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017.— Dipu-tado Abdies Pineda Morín (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público,para dictamen.



LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO YRESPONSABILIDAD HACENDARIA

«Iniciativa que reforma los artículos 22 y 58 de la Ley Fe-deral de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a car-go del diputado Tomás Octaviano Félix, del Grupo Parla-mentario del PRD


El ciclo presupuestal del sector público concluye con la pu-blicación del PEF (Presupuesto de Egresos de la Federa-ción), una vez que ha sido aprobada la Ley de Ingresos, pa-ra el ejercicio fiscal inmediato posterior al año en que sepublica en el Diario Oficial.

En el marco internacional, las mejores prácticas presu-puestales incluyen en este proceso el seguimiento a su eje-cución, como un ejercicio de colaboración entre poderespara evitar excesos presupuestales, sin embargo, en nuestropaís esto no ocurre así dado que el ejecutivo federal pormedio de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público haconvertido en costumbre varios eventos presupuestales queen nada benefician la relación democrática entre poderes,ejemplos de ello son la reducción unilateral por parte delejecutivo al el gasto autorizado por la cámara consecuente-mente con ello , realizar adecuaciones y trasferencias pre-supuestales entre responsables del gasto y al interior de supresupuesto autorizado, sin informar ni consultar a la Cá-mara de Diputados sobre su ejecución y mucho menos pe-dir su autorización ( por ley no está obligado a hacerlo) .Existe otra práctica inadecuada del ejecutivo federal al en-viar su propuesta de Ley de Ingresos, esta consiste en la esla subestimación de los ingresos del gobierno federal, so-bre todo los ingresos tributarios.

Esta práctica genera opacidad en el manejo presupuestal yaque adicionalmente resultan ingresos presupuestarios porarriba de lo autorizado y son mangados de manera discre-cional por el ejecutivo. Hasta ahora no existe ninguna obli-gación legal de explicar a la cámara de diputados entes deque sucedan reducciones del gasto, reasignación arbitrarade recursos financieros y qué hacer con los ingresos recibi-dos por arriba de lo presupuestado y autorizado por estaCámara de Diputados.

La actual Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda-ria considera sólo los casos en los que se observen dismi-nuciones en los ingresos y se especifica la manera puntual

de cómo podrá compensar esas disminuciones para noafectar el déficit autorizado originalmente.

La actual Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha-cendaria solo prevé disminuciones al gasto cuando se pre-sentasen disminuciones en los ingresos originalmente autori-zados por el Congreso, la Ley no prevé reducciones al gastoautorizado derivadas de alguna estrategia del gobierno fede-ral para cuidar el orden en las finanzas públicas o cuidar al-gún objetivo de política económica, debemos tener claro quede esta disminución de gasto sigue una reasignación presu-puestal diferente a la que autorizó la Cámara.

Este ejercicio no debe darse de manera unilateral por elEjecutivo. En nuestro sistema democrático de pesos y con-trapesos, se debe enviar a esta Cámara un documento ex-plicativo de la necesidad de la disminución en el gasto au-torizado y hacer mención de que ingresos se está previendosu disminución y la compensación correspondiente, bási-camente los renglones del gasto a afectar.

Por otra parte, la disminución al gasto autorizado por elCongreso, como se ha venido observando recientemente,en los recortes presupuestales que de manera unilateral re-aliza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puedentener su origen en alguna estrategia que el ejecutivo no ha-ya considerado en su proyecto de Presupuesto de Egresosdel Federación o por alguna coyuntura macroeconómicaque no pudo haber sido prevista en el citado documento.

La disminución en el gasto puede ser sencillamente una re-asignación de este o en su caso si es una reducción neta es-taríamos pensando que debería acompañarse de una dismi-nución en el nivel de endeudamiento autorizadoconsiderando por supuesto que el nivel de los ingresos per-manece como fue originalmente autorizado por el Congre-so. Cualquiera que sea la razón, el Ejecutivo debe informaral Congreso lo rubros que serían afectados en la disminu-ción en el gasto que considera necesaria, en particular porque se decidió de manera conjunta por ambos poderes queprogramas se apoyarían en el ejercicio presupuestal, y eldejar de apoyarlos de manera unilateral resulta contrario ala salud republicana.

Una reducción al gasto público autorizado, manteniendo elmismo nivel de ingreso autorizado equivale a un menor dé-ficit, es por ello que el nivel de endeudamiento autorizadoresulta estar excedido, por lo que podría disminuirse en lamisma cantidad en la que se redujo el gasto.

La disciplina presupuestaria sugiere que todos los movi-mientos presupuestales del sector público deben ser com-pensados con el fin de no observar al final de un ejercicioniveles de endeudamiento neto superiores a los previstos yver así aumentado el saldo de requerimientos financierosdel sector público.

No tiene un objetivo presupuestal ni de política económicatransparente operar una reducción al gasto al inicio del añoy terminar ese año fiscal con un nivel de gasto superior alautorizado, y que este mayor nivel de gasto sea compensa-do con un aumento no considerado u oculto en el nivel deingresos autorizado.

El orden en el manejo de las finanzas públicas es determi-nante para alcanzar la estabilidad macroeconómica, perocon transparencia, informando y negociando de acuerdo ala ley con la cámara de diputados brindando la informaciónnecesaria para negociar los movimientos sugeridos comonecesarios por el ejecutivo. De otra manera sería solo unejercicio unilateral desaseado por parte del ejecutivo y muypoco transparente que solo genera incertidumbre sobre elrumbo de las finanzas públicas a nivel no solo nacional si-no internacional.

2. Argumentos que la sustentan

Es necesario que el Ejecutivo provea mayor transparenciaen el manejo de las finanzas públicas informando y solici-tado las autorizaciones correspondientes al Poder Legisla-tivo para lo que se deben realizar las adecuaciones legalesnecesarias para permitir que eso suceda, para evitar la opa-cidad y fortalecer el estado de derecho le democracia y elequilibrio de poderes.

El financiamiento autorizado es un techo de endeudamien-to que se programa de acuerdo al análisis con base en lossupuestos necesarios para ello, de no darse estos supuestossería necesario usar el endeudamiento autorizado. Lo másrecomendable es que este no se use ya que significaría quese hizo ex ante un análisis completo y acertado de la situa-ción internacional y nacional en cuanto al desenvolvimien-to financiero y de los factores más importantes para deter-minar el crecimiento de la economía nacional. De acuerdoa las buenas prácticas internacionales sobre finanzas públi-cas el endeudamiento autorizado nunca debe usarse, si ocu-rre un aumento del gasto no presupuestado inicialmente,debería presentarse el aumento esperado en los ingresos; ysi efectivamente se materializaron supuestos que disminu-

yeron el nivel de ingreso autorizado. Porque debe presen-tarse la reducción correspondiente en el gasto autorizado.

Es adecuado que cuando se plantee una modificación alpresupuesto del gasto aprobado por el Congreso, se anali-ce la posibilidad de disminuir en la misma cantidad el ni-vel de endeudamiento autorizado en la Ley de Ingresos.

La información que debe proporcionar la Secretaría de Ha-cienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados deberáser en lo general más expedita y no informar hasta el últi-mo trimestre del año de asuntos tan importantes como, co-mo por ejemplo, el uso que se le da a los excedentes deoperación del Banco de México.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público al inferir una se-gura disminución en el nivel de ingresos autorizado, antes derealizar una disminución al gasto de manera unilateral sin in-formar ni pedir opinión previa al Congreso, debe en su lugar,como ya ha sido señalado, proceder como lo indica la propiaLey de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su ar-tículo 21 y deberá reportar en el informe trimestral corres-pondiente las reasignaciones de gasto realizadas.

Pero insistimos está planteado un procedimiento de ley pa-ra proceder en caso de que se prevean diminuciones en elnivel de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos; noasí cuando la disminución al gasto corresponda a otras ra-zones como se ha venido señalando.

Se ha buscado que el diseño del presupuesto público no so-lo se concentrara en el control del gasto como fin último,sino en el establecimiento de normas que mejoraran la cap-tación de ingresos y su asignación de acuerdo con los pla-nes y programas establecidos. Este proceso culminó en2006 con la publicación de la Ley Federal de Presupuestoy R esponsabilidad Hacendaria, mismo que fue reforzadocon la Ley General de Contabilidad Gubernamental (2008)y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Fe-deración (2009).

El marco legal ha venido adecuándose en 2015 las refor-mas permiten la fiscalización del ejercicio del presupuestoen tiempo real, así como la revisión de las cuentas públicasde años anteriores.

Es por lo tanto necesario en esta tesitura, incluir en la Leyde Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria preceptospara que la autoridad hacendaria se conduzca de manera



transparente ante previsiones de disminuciones estratégi-cas requeridas en el gasto autorizado o disminuciones enlos ingresos públicos.

Con el objeto de aumentar la transparencia y la eficienciade las finanzas públicas, proponemos los siguientes cam-bios al artículo 26, párrafos penúltimo y primera parte delúltimo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabili-dad Hacendaria.

Con el objeto de aumentar la transparencia y la eficienciade las Finanzas Públicas, proponemos las siguientes modi-ficaciones al cuarto párrafo del artículo 58 así como modi-ficar el Articulo 22, ambos de la Ley Federal de Presu-puesto y Responsabilidad Hacendaria.

Fundamento legal

Por lo fundado y expuesto, el que suscribe, Tomas Octa-viano Félix, diputado federal de la LXIII Legislatura delCongreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentariodel Partido de la Revolución Democrática, con fundamen-to en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asícomo en los artículos 6, numeral 1, 77., 78 y 180 del Re-glamento de la Cámara de Diputados, somete a considera-ción de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa conproyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 22 y 58 dela Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha-cendaria

Artículo Primero. Se reforma el artículo 22 de la Ley Fe-deral de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, paraquedar como sigue:

Artículo 22. En el caso de que el Ejecutivo federal por con-ducto de la Secretaría de Hacienda requiera realizar modi-ficaciones al monto y estructura de gasto autorizado por elCongreso, el Ejecutivo federal enviará a la Cámara deDiputados oara su conocimiento y aprobación en los si-guientes 15 días hábiles anteriores a que se requiera opera-ra la modificación del gasto, el propósito que tiene el ajus-te que el Ejecutivo Federal considera necesario que serealice, el monto del gasto a reducir y una propuesta decomposición de dicha reducción por rubro y concepto degasto que considere se verán disminuidos, así mismo en-viará el monto del ingreso que considera se verá disminui-do en la propuesta, la composición de dicha reducción pordependencia y entidad si es que hubiere. En caso de que noexistiesen reducciones en el ingreso autorizado entoncesenviara en el mismo documento a la Cámara de Diputadossu propuesta de disminución del nivel de endeudamientoautorizado en la Ley de Ingresos. No siendo este el caso sisolo se trata de una readecuación del gasto público

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 58 de la Ley Fe-deral de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, paraquedar como sigue:

Artículo 58. Las adecuaciones presupuestarias se realiza-rán siempre que permitan un mejor cumplimiento de losobjetivos de los programas a cargo de las dependencias yentidades, y comprenderán:

I. Modificaciones a las estructuras:

a) Administrativa;

b) Funcional y programática;

c) Económica; y

d) Geográfica

II. Modificaciones a los calendarios de presupuesto, y

III. Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuestode Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes.

El Reglamento establecerá las adecuaciones presupuesta-rias externas de las dependencias que requerirán la autori-zación de la Secretaría y el procedimiento correspondiente,así como aquél para las adecuaciones presupuestarias delas entidades a que se refiere el artículo siguiente.

Las adecuaciones presupuestarias internas serán autoriza-das por las propias dependencias y entidades informando alrespecto a la Secretaría, en los términos de lo dispuesto enel Reglamento.

Cuando las adecuaciones presupuestarias que la SHCP pre-tenda realizar y que pudiesen representar en su conjunto o poruna sola vez una variación mayor al 5 por ciento del presu-puesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de unaentidad, la Secretaría deberá solicitar opinión y autorizaciónde la cámara de diputados para proceder y reportarlo en losinformes trimestrales que envía a esta soberania.

No se podrán realizar reducciones a los programas presu-puestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de laIgualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Cien-cia, Tecnología e Innovación; las erogaciones correspon-dientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas yComunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnera-bles, salvo en los supuestos establecidos en la presente leyy con la opinión de la Cámara de Diputados.

Transitorio


Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de2017.— Diputado Tomás Octaviano Félix (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públi-ca, para dictamen.




«Iniciativa que reforma el artículo 26 de la Ley Federal dePresupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo deldiputado Tomás Octaviano Félix, del Grupo Parlamentariodel PRD


De acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación (LIF),los aprovechamientos son los ingresos que percibe el esta-do por funciones de derecho público como son: recargos,sanciones, multas, gastos de ejecución y las indemnizacio-nes a que se refiere el artículo 21 del Código Fiscal de laFederación, distintos de las contribuciones, ingresos deri-vados de financiamientos y los ingresos que obtengan losorganismos descentralizados y las empresas de participa-ción estatal.

Podemos señalar que considerando los años recientes es apartir del ejercicio fiscal de 2006 que el nivel de la recauda-ción por aprovechamientos efectivamente obtenido ha sidosignificativamente superior al de la recaudación autorizadapor el Congreso en la LIF; esto ha obedecido a diferentes ra-zones: A. Porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-co (SHCP) lo usa como una fuente adicional de financia-miento al gasto público, como ocurrió en particular en elejercicio fiscal de 2009, en el que la diferencia entre el nivelde ingreso autorizado por aprovechamientos en la LIF y elobservado al final del ejercicio ha sido la más amplia en losúltimos años, este tuvo su origen en la caída de los ingresospetroleros con respecto a lo programado originalmente por laSHCP y que obedeció tanto a una disminución en el preciopromedio de exportación del barril de petróleo, como a unadisminución en el volumen de la plataforma de exportaciónde petróleo. De la misma manera durante ese año se registróuna disminución en la recaudación de ingresos tributarios nopetroleros, a esta problemática se le unió el compromiso depago de pensiones y jubilaciones tanto del Instituto de Segu-ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado(ISSSTE) como del Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS) y B. Para aparentar una mayor recaudación y un ma-yor ejercicio del gasto del gobierno federal en inversión fi-nanciera que finalmente es totalmente virtual, es decir noexiste realmente.

Durante 2009, el ISSSTE enfrentó una fuerte presión por elpago de pensiones y jubilaciones, el compromiso del gastorequerido no fue incluido en su totalidad en el Presupuesto de

Egresos de la Federación (PEF), ya que de haberse incluidoel déficit presupuestario se hubiera incrementado sustancial-mente y el nivel de endeudamiento solicitado por la SHCP enla LIF hubiera sido consecuentemente más alto.

En el PEF de 2009, el ISSSTE presupuestó de origen unacantidad que no correspondía con la tendencia observadadesde 2006 e incluso estaba por debajo del nivel de gastoejercido en 2008. Este instituto presupuestó en 2009 para elpago de pensiones y jubilaciones 40,172.372 millones depesos mientras que la ampliación final fue de 36,057.699millones de pesos de estos últimos 1,291.5 millones fueronaportados por el Fondo de Apoyo para Restructuración dePensiones (FARP) obtenidos como aprovechamiento por laSHCP, a pesar de que el FARP tenía como fin apoyar losprocesos de reestructuración de pensiones y no el de cubrireste tipo de déficits presupuestales.

El FARP lo constituyó la SHCP como un acto jurídico aná-logo a un mandato –como un fondo no paraestatal– y en2009 la SHCP y Nacional Financiera (Nafin) suscribieronun contrato de mandato para la administración de los re-cursos del Fondo.

Durante 2009 se realizaron dos retiros indebidos de estefondo por un total de 8,531.247 millones de pesos y se en-teraron a la Tesorería de la Federación (Tesofe) como“Aprovechamientos, recuperaciones de capital, otros”. Loscuales se registraron como ingresos excedentes, con esterecurso se aplicaron ampliaciones líquidas al Ramo 19Aportaciones de Seguridad Social, para complementar elpago de pensiones y jubilaciones del ISSSTE. Vale la penamencionar que de este total al IMSS mediante el mismomecanismo le correspondieron 6,708.534 millones de pesos.

Adicional al uso del FARP, durante 2009, derivado de lacrisis de finanzas públicas, otros recursos fueron tomadosy por instrucciones de la SHCP transferidos a la Tesoreríade la Federación como ingresos por aprovechamientos“Recuperaciones de capital, otros”, tales fueron los si-guientes casos del:

• Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros(FEIP) del que se usaron 139,331.3 millones de pesos.

• Fondo para los Programas y Proyectos de Inversión enInfraestructura (FOPPII) del que la SHCP dispuso de16,191.1 millones de pesos.

• Fideicomiso para dar complimiento a la Ley del ISS-STE (Fideicomiso 80573) de este se usaron 25,769.4millones de pesos.

• Fideicomiso “Apoyo a Programas y Proyectos Priori-tarios del Gobierno Federal” del que la SHCP uso1,717.6 millones de pesos.

• Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y ArmadaSNC (Banjército) la SHCP extrajo de su patrimonio 250millones de pesos.

Estos recursos suman un total de 191,259.4 millones de pe-sos y constituyeron ingresos excedentes por aprovecha-mientos durante 2009, de un total de 312,030.7 millones depesos efectivamente obtenidos durante ese año.

Sobre el total de los recursos financieros mencionados, deacuerdo al artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto yResponsabilidad Hacendaria (LFPRH) La SHCP giró ins-trucciones a la Tesofe para que ésta realizara diversas am-pliaciones líquidas a los presupuestos de distintos ramosadministrativos del PEF 2009 de acuerdo a las instruccio-nes que la SHCP le giró a la Tesorería de la Federación.

B. Para aparentar una mayor recaudación y un mayor ejer-cicio del gasto del gobierno federal en inversión financie-ra. La SHCP elabora la propuesta de ingresos por aprove-chamientos que envía al Congreso para el siguienteejercicio fiscal, de acuerdo a los conceptos que señala elcódigo fiscal de la federación, sin embargo la SHCP se haprovisto de recursos no solo para financiar su gasto a tra-vés de los fondos, fideicomisos y figuras análogas no pa-raestatales no ejecutores de gasto, las que son figuras com-prendidas en el artículo 74, fracciones IV, y VI, 126 y 134de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-nos, y no tiene la obligación de someter a la autorizaciónde la Cámara de Diputados las erogaciones que realiza yconsecuentemente tampoco rendir cuentas anualmente desus ingresos y egresos en la Cuenta Pública y como no esejecutor de gasto, sus erogaciones tampoco son considera-das como parte del gasto público federal en los términosdefinidos en los artículos 2 y 4 de la LFPRH.

La SHCP puede también incluir en su propuesta de Ley deIngresos en el rubro de aprovechamientos, ingresos porconcepto de retiros de los fondos y fideicomisos paraesta-tales organismos o empresas del estado y S.N.C., así comode particulares que mediante algún tipo de licitación o APP

así lo hayan establecido. Lo anterior tiene fundamento enel artículo 3 del Código Fiscal de la Federación; artículo 10primera parte del párrafo primero de la LIF y 26 párrafospenúltimo y último de la LFPRH que señala que:

“Las entidades procurarán generar ingresos suficientespara cubrir su costo de operación, sus obligaciones le-gales y fiscales y, dependiendo de naturaleza y objeto,un aprovechamiento para la Nación por el patrimonioinvertido”.

“La Secretaría determinará el cálculo del aprovecha-miento con base en las disposiciones legales aplicables.El Ejecutivo determinará anualmente su reinversión enlas entidades como aportación patrimonial o su entero alerario federal”.

La SHCP puede también no incluir las posibilidades de in-gresos mencionados anteriormente en su propuesta de Leyde Ingresos que presenta al Congreso, puede y, así lo ha he-cho, adicionarlos una vez iniciado el ejercicio fiscal de talmanera que éstos tendrán el tratamiento de aprovecha-mientos excedentes y pueden no tener un fin específico deacuerdo al artículo 19 de la LFPRH.

Argumentos

La SHCP insiste en que la disposición que hace de tomar elaprovechamiento de las distintas entidades es “Con la fina-lidad de realizar un manejo más eficiente de los activos fi-nancieros del sector público”, y al momento de realizar laampliación líquida que necesite insiste en que es con el finde “contribuir al equilibrio presupuestario conforme al es-cenario de las finanzas públicas”

En el ejercicio de 2013 la SHCP “obtuvo” ingresos poraprovechamientos de la Comisión Federal de Electricidad(CFE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) e instruye a laTesofe a que estos sean reintegrados a estas mismas enti-dades como ampliaciones líquidas, de capital generalmen-te, sin generar efecto alguno en el déficit público.

Estos movimientos sí provocan un incremento en los in-gresos presupuestales por aprovechamientos, pero tambiénhay un aumento similar en el gasto al reintegrarles el mis-mo recurso a estas entidades.

Como lo señalamos anteriormente se provoca un efectovirtual en las finanzas públicas al reflejarse un incremento



en inversión del gobierno federal si el recurso es reintegra-do a la institución como aportación de capital, cosa que asísucede de manera general.

Para la entidad hay una afectación real si el aprovecha-miento que toma la SHCP es de su flujo o de sus utilidadesy luego se regresa como aportación de capital ya que estole disminuye ingresos y por lo tanto su rentabilidad.

Para que la entidad no se vea afectada lo más adecuado esque si el aprovechamiento se tomó del capital, la amplia-ción líquida vaya como aportación de capital; si el aprove-chamiento se tomó del flujo de efectivo, la ampliación lí-quida debe ir a este mismo flujo de efectivo; de estamanera no habría ningún efecto en los estados financierosde las instituciones.

Estos movimientos con efecto neto “0” en el balance de lasfinanzas públicas tienen otros objetivos para la SHCP, yaque por un lado está mostrando al público interesado au-mentos en el saldo de inversión pública, y por otro un in-cremento en los ingresos presupuestales. Estos movimien-tos no tienen aparentemente otra razón de, salvo que tenga

presiones internacionales por concepto de endeudamientoexterno, sobre todo en el caso de Pemex.

Lo mismo sucede con entidades como Nacional Financiera(Nafin), El Banco de Comercio Exterior (Bancomext), elBanco de Obras y Servicios (Banobras) o el Banco delEjército la Fuerza Aérea y la Armada (Banejercito), de lasque la SHCP toma aprovechamientos por concepto de lacobertura proporcionada por el gobierno federal al otorgar-les una garantía soberana sobre sus pasivos, lo anterior conbase en el artículo 10 párrafo quinto de la LIF de 2012.

El siguiente cuadro muestra una parte de los ingresos obte-nidos por aprovechamientos durante 2013.

Se puede observar en el cuadro que salvo el caso de Nafin,en general los recursos que se tomaron de las entidades co-mo aprovechamientos, fueron devueltos a ellas mismas víaampliaciones líquidas.

También se puede observar en el cuadro, que hubo ingre-sos por este concepto sin aplicación específica por 7,626.3.

Fuente: ASF

En el caso de Pemex, la SHCP le instruyó que la salida del re-curso no la registrara en resultados sino como salida de ban-cos con disminución al patrimonio y que la ampliación líqui-da la registrara como aportación al capital.

En el caso de la CFE la salida de recursos sí afectó resulta-dos y fue contra el patrimonio y la ampliación líquida porla misma cantidad vino de otros ingresos excedentes ya queel pago del aprovechamiento de la CFE fue autorizado enla LIF aprobada por el Congreso.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha recomen-dado en diversas ocasiones a la SHCP que suspenda la prác-tica que ha seguido el Ejecutivo federal, en el sentido de ins-truir o instrumentar, en un mismo ejercicio fiscal, por un lado,el establecimiento de una obligación fiscal a algunas entida-des paraestatales, como ha sido el caso de la Comisión Fede-ral de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, a las cuales seles ha fijado el pago de un aprovechamiento en favor del go-bierno federal como una contraprestación por los recursospúblicos federales que éste mantiene invertidos en su patri-monio, con el argumento de que se trata de medidas para lle-var a cabo un manejo más eficiente de los activos financierosdel sector público federal; y por otro, la autorización de am-pliaciones líquidas presupuestarias para que, vía el Presu-puesto de Egresos de la Federación, y en calidad de aporta-ciones a su patrimonio, se les transfieran y regresen a esasmismas entidades recursos públicos federales por un montosimilar al de los pagos que por esos aprovechamientos hu-bieren efectuado previamente, con la justificación de atendernecesidades de equilibrio presupuestario.

Dado que la aplicación de ambas medidas en un mismoejercicio fiscal, fundadas en una interpretación de lo dis-puesto en los párrafos penúltimo y primera parte del últimodel artículo 26 de la Ley Federal de Presupuesto y Respon-sabilidad Hacendaria, incrementan de forma virtual las ci-fras totales de la recaudación ciertamente obtenida, así co-mo las del gasto de inversión financiera efectivamenteejercido por el Ejecutivo federal, lo que refleja una situa-ción diferente a la real, además de que a nivel de flujo deefectivo, dichas medidas no tienen efecto alguno en las fi-nanzas de las citadas entidades. Por supuesto la SHCP hahecho caso omiso a esta recomendación.

En general, los organismos descentralizados, las empresasde participación estatal mayoritaria y los fideicomisos pú-blicos que conforman la administración pública paraestataldeben procurar, según su naturaleza y objeto, que su ope-ración les genere un rendimiento sobre el capital invertido

una vez cubiertos sus costos y sus obligaciones legales yfiscales o, bien, les permita alcanzar, cuando menos, unpunto de equilibrio sin la necesidad de requerir subsidios otransferencias del gobierno federal.

Sin embargo, lo anterior no siempre puede lograrse, dadala naturaleza y objeto de algunas entidades, las que no ne-cesariamente tienen propósitos de generación de utilidadeso remanentes para otorgar parte de ellos al gobierno fede-ral por los recursos fiscales que, en su oportunidad, les hu-biese aportado para conformar o incrementar su patrimo-nio, como han sido los casos de los organismos públicosdescentralizados y de los fideicomisos públicos considera-dos entidades paraestatales, los cuales constituyen instru-mentos de auxilio o apoyo al Ejecutivo federal para la aten-ción de prioridades del desarrollo nacional.

No obstante lo mencionado, dichas entidades deben esfor-zarse continuamente en disminuir sus costos, o bien, enbuscar las mejores condiciones de liquidez, rentabilidad yriesgo en la administración o inversión de sus disponibili-dades; tampoco significaría que en los casos en los que lasentidades tengan como objetivo la prestación de bienes yservicios, éstos necesariamente deban proporcionarse alcosto o por debajo de éste, ya que también deben buscar lageneración de mayores recursos para mantener, conservare, incluso, incrementar su infraestructura para mejorar suoperación y desarrollo.

El Congreso de la Unión, al aprobar la Ley Federal de Pre-supuesto y Responsabilidad Hacendaria, específicamente,en los párrafos penúltimo y primera parte del último del ar-tículo 26, estableció que:

“Las entidades procurarán generar ingresos suficientespara cubrir su costo de operación, sus obligaciones le-gales y fiscales y, dependiendo de su naturaleza y obje-to, un aprovechamiento para la nación por el patrimonioinvertido.

La Secretaría determinará el cálculo del aprovecha-miento con base en las disposiciones legales aplicables.El Ejecutivo determinará anualmente su reinversión enlas entidades como aportación patrimonial o su entero alerario federal.”

La disposición anterior no implica que los organismos des-centralizados o los fideicomisos públicos considerados en-tidades paraestatales, además de estar procurando generarlos ingresos necesarios para cubrir, dependiendo de su na-



turaleza y objeto, tanto su costo de operación como susobligaciones legales y fiscales, tengan también que estargenerando ingresos adicionales para atender la posibleeventualidad de que la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico les llegara a fijar, de manera discrecional y encualquier momento, una obligación fiscal complemen-taria, consistente en el pago de un aprovechamiento en fa-vor del gobierno federal por los recursos públicos que éstetenga invertidos en su patrimonio de 2009 a 2013 la SHCPha instruido a la Comisión Federal de Electricidad realizarpagos por ese concepto por un total de 102,277,200.0 mi-les de pesos y a Petróleos Mexicanos por 65,000,000.0 mi-les de pesos.

Independientemente de lo antes señalado, destaca el hechode que en ese mismo periodo, la Secretaría de Hacienda yCrédito Público, por un lado, ha justificado la generaciónde importantes volúmenes de ingresos excedentes median-te la determinación a algunas entidades del pago de losaprovechamientos antes mencionados, bajo el argumentode llevar a cabo un manejo más eficiente de los activos fi-nancieros del sector público federal y, por otro, práctica-mente de forma simultánea, ha autorizado ampliaciones lí-quidas al presupuesto de esas entidades para que, vía elPresupuesto de Egresos de la Federación, y como aporta-ciones a su patrimonio, se les regresen a ellas recursos pú-blicos federales por un monto equivalente al importe de losaprovechamientos previamente pagados por las mismas,con el argumento de que con ello se atienden necesidadesde equilibrio presupuestario, lo cual, a nivel de flujo deefectivo, ambas operaciones se compensan y se anulan, re-gistrándose y reportándose virtualmente en la Cuenta Pú-blica, por un lado, una mayor recaudación a la efectiva-mente obtenida y, por otro, una inversión financierasuperior a la realmente ejercida.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, se propo-ne la modificación del artículo 26, párrafos penúltimo yprimera parte del último, de la Ley Federal de Presupuestoy Responsabilidad Hacendaria, a fin de establecer con pre-cisión los casos en que las sociedades mercantiles conside-radas como entidades paraestatales, en las que la participa-ción mayoritaria sea del gobierno federal, y en las que suobjeto sea la prestación de bienes y servicios con la posibi-lidad de generar utilidades, el Ejecutivo federal, por con-ducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, po-drá promover ante los órganos de gobierno de las mismasla capitalización de utilidades, o bien, el pago en efectivode dividendos o de remanentes de operación, con su con-secuente entero a la Tesorería de la Federación, a fin de que

sea registrado como un aprovechamiento de capital; y en elcaso de organismos descentralizados y fideicomisos públi-cos, cuya función es la de apoyar al Ejecutivo federal en laatención de las prioridades del desarrollo, la posibilidad deque se proponga a sus respectivos órganos de gobierno, elpago al gobierno federal de remanentes u otros beneficioseconómicos sólo cuando éstos hubieren sido realmentegenerados y fueran ajenos o no necesarios para su opera-ción normal o para sustentar la realización de su objeto, de-biendo también registrarse como aprovechamientos sinconsiderarse o revestir el carácter de una obligación fiscalpara dichas entidades.

Asimismo, establecer con toda claridad los casos en los queel gobierno federal haga uso de los recursos de los fondos,mandatos, fideicomisos y figuras análogas no paraestatalesque forman parte de las disponibilidades del propio gobiernofederal, como ingreso por aprovechamiento dentro de la LIFo como ingreso excedente por aprovechamiento.

Con el objeto de aumentar la transparencia y la eficienciade las finanzas públicas, proponemos los siguientes cam-bios al artículo 26 párrafos penúltimo y último, de la LeyFederal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:

Fundamento legal

Por lo anteriormente fundado y expuesto, el que suscribe,Tomás Octaviano Félix, diputado federal de la LXIII Le-gislatura del Congreso de la Unión, integrante del GrupoParlamentario del Partido de la Revolución Democrática,con fundamento en lo establecido en la fracción II del ar-tículo 71 de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77, 78y 180 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometea consideración de esta honorable asamblea la siguienteiniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma del artículo 26 de la LeyFederal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo Único. Se reforma los párrafos tercero y cuarto yse adicionan un quinto y sexto párrafos a la fracción IV delartículo 26 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsa-bilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 26. Los anteproyectos de las entidades compren-derán un flujo de efectivo que deberá contener:

I. La previsión de sus ingresos, incluyendo en su caso elendeudamiento neto, los subsidios y las transferencias,la disponibilidad inicial y la disponibilidad final;

II. La previsión del gasto corriente, la inversión física,la inversión financiera y otras erogaciones de capital;

III. Las operaciones ajenas, y

IV. En su caso, los enteros a la Tesorería de la Federa-ción.

Las entidades se agruparán en el Presupuesto de Egre-sos en dos categorías: entidades de control directo y en-tidades de control indirecto.

Los flujos de efectivo de las entidades de control presu-puestario indirecto se integrarán en los tomos del proyectode Presupuesto de Egresos.

Las entidades procurarán generar ingresos suficientes paracubrir su costo de operación, sus obligaciones legales y fis-cales las sociedades mercantiles consideradas como enti-dades paraestatales, en las que la participación mayoritariasea del gobierno federal, y en las que su objeto sea la pres-tación de bienes y servicios con la posibilidad de generar



utilidades, el Ejecutivo federal, por conducto de la Secreta-ría de Hacienda y Crédito Público, podrá proponer, respe-tando en todos los casos los procesos internos de la enti-dad, ante los órganos de gobierno de las mismas lacapitalización de utilidades, o bien, el pago en efectivo dedividendos o de remanentes de operación, con su conse-cuente entero a la Tesorería de la Federación, a fin de quesea registrado como un aprovechamiento de capital. Sinconsiderarse o revestir el carácter de una obligación fiscalpara dichas entidades.

En el caso de organismos descentralizados y fideicomisospúblicos, cuya función es la de apoyar al Ejecutivo federalen la atención de las prioridades del desarrollo, incluyendolas S.N.C., el Ejecutivo federal, por conducto de la Secre-taría de Hacienda y Crédito Público podrá proponer a susrespectivos órganos de gobierno, respetando en todos loscasos los procesos internos de la entidad, el pago al go-bierno federal de remanentes de su operación u otros bene-ficios económicos sólo cuando éstos hubieren sido real-mente generados y fueran ajenos o no necesarios para suoperación normal o para sustentar la realización de su ob-jeto, debiendo también registrarse como aprovechamientossin considerarse o revestir el carácter de una obligación fis-cal para dichas entidades.

V. El Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría deHacienda y Crédito Público informará puntualmente a laCámara de Diputados en los informes mensuales y trimes-trales que envía a ésta sobre el uso y destino de los ingre-sos por Aprovechamientos, tanto los considerados dentrode la LIF como los considerados ingresos excedentes porAprovechamientos, del destino puntual de estos últimos,así como su objeto.

VI. De la misma manera El Ejecutivo federal por conduc-to de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa-rá puntualmente a la Cámara de Diputados en los informesmensuales y trimestrales que envía a ésta, sobre el uso de ydestino de los ingresos por concepto de Aprovechamientosdentro de la LIF o los ingresos excedentes por Aprovecha-mientos cuyo origen provenga de los fondos, mandatos, fi-deicomisos y figuras análogas no paraestatales y que sondisponibilidades

Transitorio


Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2017.— Dipu-tado Tomás Octaviano Félix (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públi-ca, para dictamen.

LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, Y LEY GENERAL DE

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposicionesde las Leyes de Asociaciones Público Privadas, y Generalde Contabilidad Gubernamental, a cargo del diputado To-más Octaviano Félix, del Grupo Parlamentario del PRD


Los gobiernos tradicionalmente se han encargado de inver-tir en la provisión de infraestructura física y de serviciospara incentivar la productividad, el crecimiento económicoy el bienestar social. Sin embargo, ha disminuido en las úl-timas décadas el gasto público en infraestructura como pro-porción del Producto Interno Bruto (PIB). De acuerdo conel Fondo Monetario Internacional (FMI), lo anterior se de-be principalmente al ajuste fiscal emprendido por diversospaíses para estabilizar su macroeconomía, a la disminucióndel ahorro público, a la existencia de un sector privado ca-da vez más diversificado que se expande hacia sectores deinfraestructura y al aumento del gasto corriente.

En este sentido y para contar con la infraestructura que lospaíses requieren, los gobiernos han diseñado nuevos meca-nismos en los cuales el sector privado desempeña un papelimportante. En este contexto, las Asociaciones Público Pri-vadas (APP) son una alternativa de financiamiento paraque el sector público desarrolle infraestructura económicay social en un panorama de recursos públicos limitados,que gradualmente ha sido adoptada por países como Ar-gentina, Brasil, Chile, China, Colombia, España, Filipinas,Francia, Italia y Perú.

En general, las APP permiten hacer frente a las limitacio-nes de recursos públicos, pero pueden surgir riesgos con-tingentes derivados de una mala implementación de este ti-po de esquemas y disminuir el beneficio social de laparticipación privada. Los riesgos se encuentran relaciona-dos con el tiempo, el costo y la calidad, debido a eventos o

situaciones de naturaleza contractual, técnica, financiera ocomercial, en los que el Gobierno Federal puede asumir laposibilidad de que se conviertan en deuda pública, comofue el caso del rescate carretero y de los Proyectos de In-versión de Infraestructura Productiva con Registro Diferi-do en el Gasto Público de Pemex.

Argumentos

En 2012, se publicó la Ley de Asociaciones Público Priva-das (LAPP) y su reglamento para regular los intereses delsector público con el inversionista privado y la contrata-ción de infraestructura, mejorar la definición y el alcancede los proyectos de APP, corregir debilidades del marconormativo anterior y proporcionar nuevas herramientas pa-ra su evaluación e implementación. Sin embargo, la opor-tunidad y la velocidad en la ejecución de proyectos de APPcon las que se pretendió realizar no han tenido los resulta-dos previstos.

Debido a lo anterior, la LAPP tuvo dos reformas, en 2014y 2016. Esta última se enfocó en la agilización de los pro-cesos de gestión de los proyectos de APP para que puedanautorizarse en cualquier momento del ejercicio fiscal.

En 2015, sólo existían dos proyectos de APP en la etapa depreparación: la creación de una nueva Clínica Hospital enMérida, Yucatán, y la construcción y operación del nuevoHospital General Doctor Gonzalo Castañeda en la Ciudadde México, ambos del Instituto de Seguridad y ServiciosSociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). En esteúltimo caso se rescindió el contrato debido a que el des-arrollador no logró el cierre financiero, lo que ocasionócostos por incumplimiento derivados del retraso de la obra,que el ISSSTE estima en 1,337.2 millones de pesos al 11de octubre de 2016. Estos costos son cuatro veces el bene-ficio social que se obtendría por realizarse bajo un esque-ma de APP.

Las mejores prácticas internacionales recomiendan la crea-ción de los fondos para responder a las obligaciones de fi-nanciamiento de las APP por la materialización de los ries-gos conservados por el Estado y de garantías para hacerfrente al riesgo de impago de los compromisos de la admi-nistración. No obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédi-to Público (SHCP) no cuenta con un fondo para enfrentareste tipo de obligaciones y señaló que en la LAPP no exis-te algún fundamento legal que ordene la creación de unFondo de Garantía o de Contingencia.

La SHCP no tiene un inventario de todas las figuras de so-ciedad público privadas vigentes a 2015, en el que se in-cluyan los periodos de maduración, vencimiento y todoslos elementos de identificación. Sólo dispone de informa-ción de los proyectos para prestación de servicios (PPS) ylas APP del Ejecutivo Federal. También carece de atribu-ciones clave para el control y la supervisión de las socie-dades de participación público privada y no existen instan-cias administrativas especializadas que la apoyen paramejorar el desarrollo y seguimiento de estos proyectos.

Con las APP los gobiernos comprometen ingresos futurosque tienen un grado de incertidumbre y limitan su espacioo margen de gasto. La inadecuada implementación de lassociedades público privadas puede generar dificultades pa-ra la sostenibilidad de las finanzas públicas, debido a sucompleja naturaleza en términos de distribución de riesgos,costos, negociación de los contratos, presupuesto y trata-miento contable, situación que para México se desconoceante la falta de un área del sector público que genere y pro-porcione información integral y sistemática.

Es imprescindible establecer una metodología para el cál-culo de los pasivos contingentes derivado de los contratosa largo plazo de las Asociaciones Público Privadas, su re-conocimiento y/o revelación, conforme a la Ley General deContabilidad Gubernamental.

Así mismo se debe fortalecer la normativa en materia delas Asociaciones Público Privadas y establecer lineamien-tos para evaluar el cierre financiero de este tipo de proyec-tos, que permitan garantizar la solvencia del promotor pri-vado para cubrir la totalidad de las obligaciones durante laejecución del proyecto.

Con el objeto de asegurar la sostenibilidad de las FinanzasPúblicas, se propone agregar un inciso X, modificar la frac-ción “j” y agregar una facción “k” al artículo 14 de la Leyde Asociaciones Públicas- Privadas



Con el objeto de asegurar la congruencia con la Ley de Con-tabilidad Gubernamental, de proponer modificar el inciso “f”del Articulo 46 y modificar la fracción “I” del Artículo 54 dela Ley General de Contabilidad Gubernamental

Fundamento legal

Por lo anteriormente fundado y expuesto, el que suscribe,Tomás Octaviano Félix, diputado federal de la LXIII Le-gislatura del Congreso de la Unión, integrante del GrupoParlamentario del Partido de la Revolución Democrática,



con fundamento en lo establecido en la fracción II del ar-tículo 71 de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77., 78y 180 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometea consideración de esta honorable asamblea la siguienteiniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley deAsociaciones Público Privadas y los artículos 46 y 53 dela Ley de General de Contabilidad Gubernamental

Artículo Primero. Se incluyen una fracción X y un incisoj, en el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Publico Pri-vadas para quedar como sigue:

Artículo 14. Los proyectos de asociaciones público-priva-das serán viables cuando así lo determine la dependencia oentidad interesada, mediante dictamen que la misma emita.Para la elaboración de dicho dictamen, la dependencia oentidad deberá llevar a cabo los análisis siguientes:

I. La descripción del proyecto y viabilidad técnica delmismo;

II. Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para eldesarrollo del proyecto;

III. Las autorizaciones para el desarrollo del proyectoque, en su caso, resulten necesarias;

IV. La viabilidad jurídica del proyecto;

V. El impacto ambiental, la preservación y conservacióndel equilibrio ecológico y, en su caso, afectación de lasáreas naturales o zonas protegidas, asentamientos hu-manos y desarrollo urbano del proyecto, así como suviabilidad en estos aspectos; por parte de las autoridadescompetentes. Este primer análisis será distinto a la ma-nifestación de impacto ambiental correspondiente con-forme a las disposiciones legales aplicables;

VI. La rentabilidad social del proyecto;

VII. Las estimaciones de inversión y aportaciones, ennumerario y en especie, tanto federales y de los particu-lares como, en su caso, estatales y municipales;

VIII. La viabilidad económica y financiera del proyec-to; y

IX. La conveniencia de llevar a cabo el proyecto me-diante un esquema de asociación público-privada, en elque se incluya un análisis respecto de otras opciones.

X. Se deberán establece los mecanismos necesarios y su-ficientes para evaluar el cierre financiero de este tipo deproyectos, que permitan garantizar la solvencia del pro-motor privado para cubrir la totalidad de las obligacionesdurante la ejecución del proyecto, así como establecerlos planes de contingencia para enfrentar la materializa-ción de la contingencia derivada de que el promotor delproyecto no pueda cubrir la totalidad de las obligacionesdurante la ejecución del proyecto.

La información anterior deberá ser publicada en internety ser presentada ante la Cámara de Diputados.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público coordinará ypublicará un registro para efectos estadísticos con la in-formación contenida en los análisis a que se refieren lasfracciones I a IX del presente artículo. Asimismo, publi-cará de manera sistemática la información siguiente:

a) Nombre del proyecto;

b) Número de licitación y/o registro del sistemaelectrónico de información pública gubernamentalCompraNet;

c) Nombre del convocante;

d) Nombre del desarrollador;

e) Plazo del contrato de asociación público-privada;

f) Monto total del proyecto;

g) Monto de los pagos programados y ejecutados du-rante el ciclo de vida del proyecto;

h) Indicadores asociados a la rentabilidad social, fi-nanciera y económica del proyecto, en los términosque determine el Reglamento;

i) Resultado de la evaluación de la conveniencia aque se refiere la fracción IX del primer párrafo deeste artículo.

j) Los mecanismos y planes de contingencia a losque se refiere la fracción X del primer párrafo de es-te artículo, y

k) Otra información que la Secretaría de Hacienda yCrédito Público considere relevante.

La información a que se refiere el párrafo anterior será decarácter público, a excepción de aquélla de naturaleza re-servada o confidencial, en términos de la Ley General deTransparencia y Acceso a la Información Pública y demásdisposiciones jurídicas aplicables. Dicha información serápublicada de manera permanente en el Portal de Transpa-rencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Cré-dito Público en formato de datos abiertos.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público re-portará en los Informes Trimestrales sobre la SituaciónEconómica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, entérminos de las disposiciones jurídicas aplicables, la des-cripción de cada uno de los proyectos de asociación públi-co-privada autorizados, los montos erogados o por erogarconforme a las proyecciones y estimaciones correspon-dientes, avance en la ejecución y calendario, así como ensu caso, el monto anual de los pagos comprometidos du-rante la vigencia del contrato.

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo en el artículo46, fracción I, inciso f de la Ley General de ContabilidadNacional para quedar como sigue

Artículo 46. En lo relativo a la Federación, los sistemascontables de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,las entidades de la Administración Pública Paraestatal y losórganos autónomos, permitirán en la medida que corres-ponda, la generación periódica de los estados y la informa-ción financiera que a continuación se señala:

I. Información contable, con la desagregación siguiente:

a) Estado de actividades;

b) Estado de situación financiera;

c) Estado de variación en la hacienda pública;

d) Estado de cambios en la situación financiera;

e) Estado de flujos de efectivo;

f) Informes sobre pasivos contingentes

Los informes deben incluir revelación suficiente detodas las obligaciones financieras vinculadas con lasAPP o proyectos equiparables.

g) Notas a los estados financieros;

h) Estado analítico del activo, e

i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, delcual se derivarán las clasificaciones siguientes:

1. Corto y largo plazo, así como por su origen en in-terna y externa;

2. Fuentes de financiamiento;

3. Por moneda de contratación, y

4. Por país acreedor;

II. Información presupuestaria, con la desagregación si-guiente:

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará lapresentación en clasificación económica por fuentede financiamiento y concepto, incluyendo los ingre-sos excedentes generados;

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto deegresos del que se derivarán las clasificaciones si-guientes:

1. Administrativa;

2. Económica;

3. Por objeto del gasto, y

4. Funcional.

El estado analítico del ejercicio del presupuesto deegresos deberá identificar los montos y adecuacio-nes presupuestarias y subejercicios por ramo y pro-grama;

c) Endeudamiento neto, financiamiento menosamortización, del que derivará la clasificación por suorigen en interno y externo;



d) Intereses de la deuda, y

e) Un flujo de fondos que resuma todas las opera-ciones;

III. Información programática, con la desagregación si-guiente:

a) Gasto por categoría programática;

b) Programas y proyectos de inversión, y

c) Indicadores de resultados, y

IV. La información complementaria para generar lascuentas nacionales y atender otros requerimientos pro-venientes de organismos internacionales de los que Mé-xico es miembro.

Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasi-vos, y el de patrimonio deberán considerar por concep-to el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas portransacciones, otros flujos económicos y el saldo finaldel ejercicio.

En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bur-sátiles y de coberturas financieras de los entes públicos

Artículo Tercero. Se modifica al inciso I del artículo 53 dela Ley General de Contabilidad Gubernamental para que-dar como sigue

Artículo 53.- La cuenta pública del Gobierno Federal, que se-rá formulada por la Secretaría de Hacienda, y las de las enti-dades federativas deberá atender en su cobertura a lo estable-cido en su marco legal vigente y contendrá como mínimo:

I. Información contable, conforme a lo señalado en lafracción I del artículo 46 de esta Ley, que incluya unaevaluación de sus riesgos y de las medidas para su ad-ministración prudencial, de acuerdo con las mejoresprácticas en la materia.

II. Información Presupuestaria, conforme a lo señaladoen la fracción II del artículo 46 de esta Ley;

III. Información programática, de acuerdo con la clasi-ficación establecida en la fracción III del artículo 46 deesta Ley;

IV. Análisis cualitativo de los indicadores de la posturafiscal, estableciendo su vínculo con los objetivos y prio-ridades definidas en la materia, en el programa econó-mico anual:

a) Ingresos presupuestarios;

b) Gastos presupuestarios;

c) Postura Fiscal;

d) Deuda pública, y

V. La información a que se refieren las fracciones I a IIIde este artículo, organizada por dependencia y entidad.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguien-te de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes deoctubre de 2017.— Diputado Tomás Octaviano Félix (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

SE EXPIDE LA LEY BÁSICA PARA ADMINISTRA-CIÓN DE DESASTRES Y LA RECONSTRUCCIÓN

«Iniciativa que expide la Ley Básica para Administraciónde Desastres y la Reconstrucción, a cargo del diputado Je-sús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentariode Morena

El que suscribe, diputado Jesús Salvador Valencia Guz-mán, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en laLXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con funda-mento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6,párrafo 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Dipu-tados, somete a consideración de esta soberanía iniciativacon proyecto de decreto que expide la Ley Básica para Ad-ministración de Desastres y la Reconstrucción, al tenor dela siguiente


Los recientes sismos ocurridos en el país han dado cuentade que podemos y debemos perfeccionar nuestra actuaciónantes, durante y después de un desastre. Requerimos mejo-rar nuestras instituciones, nuestros procedimientos y la co-ordinación para hacer frente a nuevas contingencias veni-deras, a las que ineludiblemente estamos expuestos.

En primer lugar debemos definir el riesgo de desastre enMéxico. El término desastre se refiere a la alteración que segenera por el impacto de un fenómeno natural o productode la acción de los seres humanos, incidiendo directamen-te en el funcionamiento de una sociedad. Por ello, no pue-de ser afrontada o resuelta utilizando los recursos propiosdisponibles en ese momento.

Los desastres no constituyen hechos súbitos y aislados dela vida de las sociedades. Es necesario entenderlos en elcontexto del territorio y de los procesos de desarrollo, envirtud de los cuales la comunidad afectada entra en inter-acción con los ecosistemas que ocupa o sobre los cuales interviene.

Ahora bien, el riesgo es la suma de las posibles pérdidas queocasionaría un desastre en términos de vidas, condiciones desalud, medios de sustento, bienes y servicios, en una comu-nidad particular en un periodo específico de tiempo.

La vulnerabilidad es otro de los factores de los que se com-pone el riesgo. Se define como el grado de resistencia y ex-posición de un elemento o de un conjunto de elementosfrente a la ocurrencia de un peligro-amenaza. La vulnera-bilidad puede ser de distintos tipos: física, social, económi-ca, cultural, institucional, entre algunos otros.

Es muy importante destacar que la vulnerabilidad dismi-nuirá también en la medida que las personas, las comuni-dades o las instituciones incrementen sus capacidades, en-tendidas como la combinación de todas las fortalezas,atributos, conocimientos y recursos que tiene una personao grupo de personas y que están disponibles dentro de unacomunidad, sociedad u organización, para reducir su expo-sición al riesgo de desastre.

Las capacidades son esenciales para que las comunidadespuedan incrementar sus niveles de organización y resisten-cia para enfrentar y recuperarse de los eventos adversos delos desastres. Esta resistencia se conoce con el nombre deresiliencia y conceptualmente la definiríamos como la ca-

pacidad que tiene una sociedad o un ecosistema de absor-ber el impacto negativo de un evento adverso y recuperar-se del mismo.

Dicho lo anterior debemos abordar la gestión del riesgo dedesastre, el cual se entiende como un proceso social cuyofin último es la prevención, la reducción y el control per-manente de los factores de riesgo de desastre.

La gestión del riesgo de desastre debe estar basada en la in-vestigación científica y de registro de informaciones, yorienta las políticas, estrategias y acciones en todos los ni-veles de gobierno y de la sociedad con la finalidad de pro-teger la vida de la población y el patrimonio de las perso-nas y del Estado.

La gestión del riesgo de desastre es un eje transversal y re-quisito indispensable para todas las actividades del desa-rrollo sostenible.

El concepto de gestión del riesgo de desastre tiene unaconcepción más dinámica, integral y proactiva. Conglome-ra un conjunto de elementos, medidas y herramientas diri-gidas para intervenir eficientemente sobre las condicionesde vulnerabilidad de un grupo social o de varios grupos so-ciales que pueden interactuar entre sí, transformando el tra-dicional ciclo de los desastres en procesos que incorporantodas las etapas del riesgo para prevenirlo, anticipando laocurrencia o manifestación del desastre.

Así las cosas es que se requiere de una legislación especialpara la administración de desastres y reconstrucción enMéxico, para hacer mejor las tareas antes, durante y poste-rior a un desastre, por lo que el objeto de esta ley es el pro-teger a las víctimas de desastres y mantener el orden socialmediante la intervención del gobierno federal para proveerlos requerimientos y servicios necesarios ante una emer-gencia, con base en la cooperación de entidades públicas yla Cruz Roja Mexicana entre otras instituciones públicas,privadas y de la sociedad civil organizada, y la población.

Por otra parte es muy importante desarrollar todas las tare-as en esta materia con un enfoque de protección de dere-chos y la presente propuesta legislativa contempla esa im-periosa necesidad.

Un punto central de la presente iniciativa es que a pesarque la respuesta a los desastres es cada vez más rápida ymejor planificada, hasta hace muy poco no se prestaba laatención que realmente merecen a los derechos de las per-



sonas desplazadas y afectadas. Los derechos humanosabarcan tanto salvaguardar la vida y la integridad física ymental de las victimas a las que debemos brindar asisten-cia y protección como la atención básica de sus necesida-des de alimentación y refugio.

La experiencia ha demostrado que si bien los patrones dediscriminación e indiferencia hacia los derechos económi-cos, sociales y culturales ya pueden aparecer durante la eta-pa de emergencia o de crisis, cuanto más tiempo dura la si-tuación de desplazamiento de las personas afectadas,mayor es el riesgo de violaciones de los derechos humanos.

Tanto las personas como las comunidades que han sidoafectadas por los desastres, bajo un enfoque de derecho,pueden reiniciar sus actividades y redirigir la reconstruc-ción de sus vidas e infraestructuras bajo una visión resi-liente de desarrollo sostenible. Los derechos humanosconstituyen el fundamento legal de toda la labor humanita-ria relacionada con los desastres. No existe otro marco ju-rídico que oriente dichas actividades, especialmente en zo-nas donde no hay un conflicto armado.

Si la asistencia humanitaria no se basa en un marco de de-rechos humanos, se corre el riesgo de que su enfoque seademasiado limitado y no pueda integrar todas las necesida-des básicas de las víctimas en un proceso de planificaciónglobal. También se corre el riesgo de que más adelante sepasen por alto factores importantes para la recuperación yreconstrucción.

Además, ignorar los derechos humanos de las personasafectadas por los desastres significa en realidad que no seestá tomando en cuenta el hecho de que estas personas vi-ven en países con leyes, reglas e instituciones que deberíanproteger sus derechos.

La presente iniciativa contempla la vigilancia irrestricta delos derechos de las víctimas, a saber en principio:

• Derecho a la protección

• Derecho a la información

• Derecho a la participación

• Derecho a la integralidad de los procesos

• Derecho a la diversidad

• Derecho a la perspectiva de género

• Derecho a la autogestión

• Derecho de prioridad

• Derecho a la continuidad de los procesos

• Derecho frente a los medios de comunicación

• Derecho a la prevención

Con base en todo lo anterior, se proponen mejoras en lasfunciones administrativas para la administración de desas-tres. A través de la reorganización del gobierno federal,creando una oficina nacional que tendrá bajo su responsa-bilidad los deberes administrativos de la gestión de desas-tres. El titular de la Agencia de Reconstrucción y Adminis-tración de Desastres tendrá el mandato de formularpolíticas básicas y planes, además de coordinar las activi-dades de todas las secretarías e instituciones, y responder adesastres de gran escala.

La ley especifica que deberá constarse con el Plan Nacionalde Administración de Desastres que establezca las activida-des básicas para cada tipo de plan de administración de de-sastres, y es la base de las medidas de administración de de-sastres de la nación. En la disciplina de administración dedesastres, este es el plan maestro de acuerdo con esta ley.

Además se prevé un Plan de Operaciones de Administra-ción de Desastres, este plan es elaborado por las respecti-vas organizaciones administrativas designadas y las insti-tuciones públicas designadas siguiendo el Plan Nacional deAdministración de Desastres.

Incluye también la elaboración del Plan Local de Adminis-tración de Desastres, este plan es elaborado por las áreasrespectivas de entidades federativas y municipales en ma-teria de administración de desastres de acuerdo a las cir-cunstancias locales y al Plan Básico de Administración deDesastres.

El plan básico clarifica los deberes asignados al gobierno,corporaciones públicas y los gobiernos locales en la imple-mentación de las medidas. Para una fácil referencia a lasmedidas, el plan también describe la secuencia de las me-didas contra desastres como preparación, respuesta a laemergencia, recuperación y reconstrucción de acuerdo altipo de desastre.

Por otra parte la iniciativa contempla que el presupuestosuministrado por el gobierno para la administración de de-sastres sea de aproximadamente de XXXX para el ejerciciofiscal de 2018, lo que representa aproximadamente 5 porciento de la cantidad total de presupuesto del gobierno federal.

La asignación presupuestaria para el manejo de desastresse clasifica en cuatro categorías:

1. Investigación y desarrollo,

2. Preparación para el desastre,

3. Conservación nacional de tierras y

4. Recuperación y reconstrucción luego de desastres.

1. Investigación y desarrollo

El plan básico debe enfatizar la investigación y desarrollorelacionado a los intereses nacionales y sociales, incluyen-do la investigación y el desarrollo de ciencia y tecnologíapara la administración de desastres por terremotos, tecno-logía de comunicaciones para tiempos de emergencia y ad-ministración de desastres, etcétera, que reduzcan los ries-gos de la sociedad. Este plan también prioriza lasestrategias para enfatizar el plan en cuanto a la “promociónde estrategias”, determinando las materias básicas y el mé-todo de promoción de investigación y desarrollo en el áreade infraestructura social “creando seguridad”, adicional-mente nueve disciplinas de investigación y desarrollo sonapoyadas en el plan.

2. Preparación para los desastres

Mejora de las instalaciones de prevención de desastres. Seestá promoviendo la mejora de las siguientes instalacionesy equipos para que las actividades de administración de de-sastres puedan ser realizadas rápidamente y sin inconve-nientes: equipos de observación como satélites, radares deobservación del clima y sismómetros; materiales y maqui-narias requeridas para la respuesta a las emergencias comoequipos para combate de incendios, tanques de agua, gene-radores eléctricos, sistemas para conectarse y transmitir in-formación de emergencia como instalaciones de transmi-sión o de telecomunicaciones; vehículos de transportecomo helicópteros, barcos, y automóviles; instalacionespara evacuación y centros para medidas contra desastres.

Adicionalmente, se deben realizar proyectos como hacerlos edificios a prueba de incendios, suministrar rutas deevacuación, áreas e instalaciones para bases de preparaciónpara los desastres. Especialmente en áreas urbanas, se de-ben tomar medidas de prevención como crear áreas verdespara prevención de desastres, diseminar las inspeccionesantisísmicas y refuerzo de edificaciones existentes, mejoraren inspeccionar instalaciones públicas y rehabilitación an-tisísmica de instalaciones de líneas vitales.

Con esta iniciativa nos encontramos incrementando la con-ciencia de administración de desastres y diseminando co-nocimientos de administración de desastres. Al promoveractividades de administración de desastres es importanteque cada ciudadano sea cooperativo y esté consciente de laimportancia de la administración de desastres. Debido a es-to, se diseminarán conocimientos sobre administración dedesastres y se requerirá que un mayor número de ciudada-nos presten atención a la administración de desastres a tra-vés de la educación escolar y actividades regionales de ad-ministración de desastres.

3. Respuesta de emergencia a los desastres

En caso de una emergencia, el gobierno nacional y el localdeben inmediatamente recopilar y analizar la informaciónsobre el estado y la escala de los daños e intercambiar estainformación con las personas y organizaciones involucra-das. Después se establece el sistema de para ejecutar la res-puesta de emergencia al desastre. Los contenidos de la res-puesta de emergencia a los desastres incluyen suministrarconsejos o instrucciones en cuanto a evacuación, combatirincendios, rescatar víctimas, asegurar transportes de emer-gencia, recuperación de emergencia de instalaciones públi-cas, etcétera. En los municipios y estados donde ocurre eldesastre, la respuesta de emergencia al desastre como el es-tablecimiento de centros para medidas de emergencia sonrealizadas por los gobiernos municipales y por el gobiernoestatal con una movilización total de sus recursos.

Además, durante un desastre de gran escala, el gobiernopuede establecer un centro para administración de grandesdesastres (presidido por el titular de la Agencia Nacionalpara Administración de Desastres) o un Centro para Admi-nistración Urgente de Desastres y promover medidas deemergencia. Como nación, el titular de cada secretaría einstitución gubernamental se reunirán en la residencia ofi-cial del presidente de la República inmediatamente des-pués de la ocurrencia de un desastre. Los daños deberán serestimados por el Sistema de Evaluación Temprana utili-



zando la información recopilada de las organizaciones per-tinentes e imágenes del área golpeada por el desastre sumi-nistradas por helicópteros. Con esta información, es posi-ble que los miembros entiendan mejor la magnitud de losdaños, siendo entonces analizada e informada inmediata-mente al presidente de la República para que la política bá-sica sea decidida rápidamente.

En caso de desastres de gran escala que excedan la capaci-dad de respuesta del estado o municipio afectado, las Fuer-zas Armadas están disponibles y de acuerdo a la solicituddel gobernador pueden ser despachadas para actividades derespuesta de emergencia. También existen ocasiones en lasque el gobierno establece un centro de administración dedesastres in situ en el lugar del desastre enviando un equi-po de investigación gubernamental al área golpeada con elpropósito de obtener información más detallada para quelas medidas pertinentes sean tomadas.

4. Recuperación y reconstrucción luego de los desastres

El objetivo de promover la recuperación y reconstrucciónde un área golpeada por un desastre es ayudar a las vícti-mas a retornar a su vida normal, restaurar las instalacionescon la intención de prevenir desastres en el futuro e imple-mentar planes de fundamentales de desarrollo que se enfo-quen en la seguridad de la comunidad. En vista del declivede las actividades sociales en una comunidad luego de undesastre, las medidas de reconstrucción y recuperación sellevan a cabo tan rápidamente y organizadamente como seaposible.

Se deben promover medidas integrales de reconstruccióncon el gobierno actuando como cuerpo supervisor. Se de-ben tomar en cuenta las opiniones de la sociedad local encooperación con instituciones involucradas para diseñarvarias medidas para asistir a las áreas en materias de recu-peración y reconstrucción.

Contenido de las Medidas de Recuperación y Recons-trucción

Proyecto de recuperación del desastres

La recuperación de las instalaciones de ingeniería pública da-ñadas, instalaciones educativas, instalaciones de seguridadsocial e instalaciones agrícolas, pesqueras y ganaderas o sondirigidas directamente por el gobierno o puestas en prácticapor los gobiernos locales con subsidios del gobierno.

Préstamos para ayuda por desastres

Personas que se dediquen a la agricultura, pesca o a la in-dustria ganadera, pequeñas industrias y personas de bajosingresos que sufrieron daños deben ser elegibles a una va-riedad de préstamos a bajos intereses con condiciones bas-tante generosas en comparación a los normales.

Compensación y seguros contra desastres

Empresas o personas que se dedique a la agricultura, pescao a la industria ganadera, que sufran daños pueden obteneruna compensación por las pérdidas económicas. Tambiénel gobierno suministra seguros contra terremotos.

Reducción o exención de impuestos

Para las personas afectadas, se toman medidas para la re-ducción, exención y recolección diferida de impuestos so-bre la renta y residenciales.

Adjudicación de impuestos a gobiernos locales y bonoslocales

Para los gobiernos locales afectados, se toman medidas co-mo la entrega de adjudicaciones especiales de impuestos ypermisos para emitir bonos locales.

Designación de desastre de severidad extrema

Cuando un desastre causa daños extremadamente severoses designado como un “desastre de severidad extrema”. Sehan de tomar varias medidas especiales para los proyectosde recuperación de desastres.

Asistencia al plan de reconstrucción

Se suministra asistencia a los planes de reconstrucción delos gobiernos locales que deben ser rápida y precisamenteformulados y ejecutados.

Asistencia para la recuperación de la forma de vida delas víctimas

Se suministra asistencia a las víctimas para restaurar su for-ma de vida autosuficiente. Deberán estar disponibles: dine-ro de condolencia por desastres, dinero por impedimentos,dinero para el apoyo de la reconstrucción de la forma de vi-da de víctimas de desastres y préstamos como fondos deapoyo por desastres y fondos de asistencia social.

5. Sistema de información y telecomunicaciones

Con el propósito de llevar a cabo las medidas de prepara-ción para los desastres, medidas de emergencia y medidasde restauración sin inconvenientes, se necesita recopilarprocesar, analizar y transmitir información del desastre rá-pidamente y con precisión.

Además de recopilar y analizar información sobre los de-sastres a través de información meteorológica de adminis-tración de desastres, información de cuencas y ríos o siste-ma de información de desastres viales, se deberánestablecer redes exclusivas de comunicaciones para admi-nistración de desastres como el Sistema Central de RadioComunicaciones para Administración de Desastres el cualconecta las organizaciones nacionales, red de radio paradesastres por incendios la cual conecta las organizacionesde bomberos, y las redes de radio comunicaciones estatalesy municipales que conectan no solo a las organizaciones deadministración de desastres sino también a la población local.

Suponiendo que las líneas de telefonía pública se conges-tionarían debido al exceso de tráfico o daños causados porel desastre, operará el Sistema Central de Radio Comuni-caciones para Administración de Desastres con el propósi-to de asegurar las comunicaciones entre las organizacionesadministrativas y públicas designadas. Además de la pre-paración de una red de comunicaciones fija con líneas tele-fónicas, se preparará un circuito para transmitir datos vi-suales para que las imágenes de los helicópteros, etcétera,puedan ser recibidas y se puedan sostener video conferen-cias. También deberá construirse un sistema de comunica-ciones que utilice un circuito de comunicación satelital pa-ra respaldar la red de comunicaciones terrestre.

Bajo esa lógica y tomando en cuenta que los recientes sismosdel mes de septiembre que azotaron a nuestro país vinieron ademostrar que seguimos siendo vulnerables ante los fenóme-nos naturales, esta propuesta se inserta en el marco de dotaral Estado mexicano de instrumentos que posibiliten una re-acción y coordinación más eficiente e inmediata en beneficiode la población que pueda verse afectada.

Por todo lo anterior, someto a consideración del pleno deesta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativaproyecto de

Decreto por el que se expide la Ley Básica para Admi-nistración de Desastres y la Reconstrucción

Artículo Único. Se crea la Ley Básica para Administra-ción de Desastres y la Reconstrucción, para quedar comosigue:

Ley Básica para Administración de Desastres y la Re-construcción

Capítulo PrimeroDisposiciones Generales

Artículo 1. El objeto de esta ley es el proteger a las vícti-mas de desastres y mantener el orden social mediante la in-tervención del gobierno federal para proveer los requeri-mientos y servicios necesarios ante una emergencia, conbase en la cooperación de entidades públicas y la Cruz Ro-ja Mexicana entre otras instituciones públicas, privadas yde la sociedad civil organizada, y la población.

Artículo 2. Los Servicios de Atención reglados por estaley, en adelante actividades de atención y repuesta, seránproveídos en beneficio de personas que hayan sido vícti-mas de un desastre y que requieran las actividades de aten-ción y respuesta dentro del territorio nacional afectado porlos efectos del desastre ocurrido.

Artículo 3. Las víctimas de desastre y las comunidadesafectadas por desastres tienen derecho a que el Estado, di-rectamente o a través de los organismos de socorro nacio-nales e internacionales y de otras instituciones, les otorguesin distinción la protección que requieren mientras recu-peran las condiciones que les permitan satisfacer por suspropios medios sus necesidades esenciales.

Artículo 4. Las víctimas de desastre y comunidades afec-tadas por desastres tienen derecho a conocer de maneraadecuada, oportuna, clara, precisa y veraz la informacióndisponible, de manera enunciativa y no limitativa sobre losiguiente:

I. Los fenómenos que desencadenaron la situación dedesastre, su naturaleza, sus consecuencias actuales y po-tenciales.

II. Su propia situación de vulnerabilidad frente a dichosfenómenos y los riesgos que de la misma se puedan derivar.



III. Los planes de prevención, de contingencia, de emer-gencia, de recuperación y de reconstrucción existentes,los recursos disponibles o previstos para llevarlos a ca-bo, los mecanismos de administración y de control delos mismos.

El derecho a la información incluye el derecho a que laspercepciones, interpretaciones y puntos de vista de losdistintos actores sociales sean tenidos en cuenta comoelementos para construir una visión compartida del de-sastre y de la situación de la comunidad.

La comunidad tiene derecho a conocer a través de la edu-cación formal y no formal, desde el nivel preescolar hastala educación superior, de la formación profesional y de lainformación pública, la realidad ambiental y la dinámicanatural de la región que ocupa, así como los riesgos surgi-dos de la interacción humana con dicha realidad.

Artículo 5. Las víctimas de desastre y comunidades afec-tadas tienen derecho a una participación directa, activa,decisoria y eficaz en todas las etapas del proceso, desdeaquellas previas a la ocurrencia del evento desencadenan-te, cuando haya lugar a ello, hasta las etapas de emergen-cia, recuperación, reconstrucción y posterior desarrollo dela región afectada y de sus habitantes.

Artículo 6. Las víctimas de desastre y comunidades afec-tadas por desastres tienen derecho a que los procesos ten-dientes a su recuperación, reconstrucción y posterior desa-rrollo sean concebidos con carácter integral y con sentidohumano, social, económico, ambiental y cultural, y a queno se centren en la mera reconstrucción de la infraestructu-ra física. Además tiene derecho a que la recuperación y elfortalecimiento del tejido social de las comunidades afec-tadas, y de su capacidad de gestión y autogestión, se consi-deren como prioridades de los procesos; y a la proteccióny recuperación del patrimonio cultural, tangible e intangi-ble, en sus diferentes expresiones, que les otorgan sentidode identidad, de pertenencia, de propósito colectivo y decontinuidad en medio de la crisis.

Artículo 7. Las víctimas de desastre y comunidades afec-tadas por desastres tienen derecho a que se respeten lasparticularidades culturales de cada actor y sector socialen las distintas etapas y expresiones de los procesos quesurjan como consecuencia del desastre, lo cual incluye lanecesidad de tener en cuenta las necesidades específicas delos sectores más vulnerables de la comunidad prioritaria-

mente de las niñas, niños y adolescentes, personas ancia-nas, enfermas, y con discapacidad.

Artículo 8. Las víctimas de desastre y comunidades afec-tadas por desastres tienen derecho a que en las distintas eta-pas y expresiones de los procesos se garantice la partici-pación decisoria de las mujeres, de manera tal que suspuntos de vista, sus propuestas, sus necesidades, sus aspi-raciones y su potencial sean tenidos en cuenta en la direc-ción, planeación, ejecución, control y evaluación de dichosprocesos.

Artículo 9. Las víctimas de desastre y comunidades afec-tadas por desastres, tienen derecho a que en las distintasetapas y expresiones de los procesos, se respete y se forta-lezca la capacidad de decisión, gestión y autogestión delos distintos actores locales, tanto gubernamentales comono gubernamentales.

Artículo 10. Las víctimas de desastre y comunidades afec-tadas por desastres tienen derecho a que las acciones y pro-cesos tendientes a restituir su autonomía y su capacidad degestión perdida o reducidas como consecuencia del desas-tre, se atiendan con carácter prioritario frente a los intere-ses y objetivos de sectores políticos, económicos o socialesno afectados, aunque pertenezcan a la misma región.

Artículo 11. Las víctimas de desastre y comunidades afec-tadas por desastres tienen derecho a la continuidad de losprocesos tendientes a su recuperación y reconstrucción, y ala asignación de los recursos necesarios para adelantarlos,por encima de la duración de los periodos de las autorida-des locales, regionales o nacionales, lo cual significa quedichos procesos deben tener carácter de programas de Es-tado y no de programas de Gobierno.

Artículo 12. Las víctimas de desastre y comunidades afec-tadas por desastres tienen derecho a que los medios de co-municación respeten su intimidad, a que no las conviertanen motivo y oportunidad para el sensacionalismo, y a quecumplan el papel de facilitadores de los procesos de comu-nicación entre las comunidades afectadas y las autoridadeso actores y sectores sociales de distinto nivel que intervie-nen o vayan a intervenir en los procesos. Asimismo, tienenderecho a que la información que transmitan los medioscontribuya a comprender de manera veraz, objetiva y ra-cional las causas y procesos que condujeron al desastre, ya descubrir y fortalecer el potencial de recuperación y ges-tión existente en las mismas comunidades.

Artículo 13. Las víctimas de desastre y comunidades afec-tadas por desastres, al igual que los ecosistemas con loscuales estas interactúan, tienen derecho a que en los proce-sos, planes y programas tendientes a su recuperación, re-construcción y desarrollo, se incorpore el concepto de pre-vención de nuevos desastres, mediante la herramienta de lagestión del riesgo, a través de la cual se busca el manejoadecuado de las amenazas y la mitigación de los factoresde vulnerabilidad, de manera que ni la dinámica de la na-turaleza se convierta en un desastre para las comunidades,ni la dinámica de éstas en un desastre para los ecosistemas.

Capítulo Segundo De la Agencia

Artículo 14. La Agencia Nacional para la Reconstruccióny la Administración de Desastres, en adelante la Agencia,constantemente formulará y actualizará los planes requeridospara la administración de desastres, definirá competenciasinstitucionales y modalidades de intervención de institucio-nes públicas, privadas y de la sociedad civil organizada, na-cionales e internacionales, y preverá para el mejor desempe-ño de sus facultades equipamiento, recursos materiales,humanos y financieros para garantizar la eficacia de las tare-as de intervención a cargo de la Agencia.

Artículo 15. La Agencia formulará el Plan Nacional deAdministración de Desastres que establecerá las activida-des para cada tipo de plan de administración de desastres,el cual es la base de las medidas de administración de de-sastres de la nación.

El Pan Nacional establecerá los deberes asignados al go-bierno federal, los gobiernos estatales y municipales,además deberá establecer la secuencia de las medidascontra desastres tales como preparación, respuesta a laemergencia, recuperación y reconstrucción de acuerdo altipo dedesastre.

Artículo 16. Las instituciones gubernamentales designadaspara participar en coordinación con la Agencia deberán for-mular un Plan de Operaciones de Administración de De-sastres, siguiendo el Plan Nacional de Administración deDesastres.

Además los actores gubernamentales estatales y municipa-les deberán elaborar un Plan Local de Administración deDesastres, elaborado por las áreas respectivas de entidadesfederativas y municipales en materia de administración de

desastres de acuerdo a las circunstancias locales y al PlanNacional de Administración de Desastres.

Artículo 17. Las actividades de atención a cargo de laAgencia consistirán de manera enunciativa y no limitativaen las siguientes.

I. La habilitación de alojamientos incluyendo aloja-miento temporal de emergencia.

II. La distribución de alimentos que respondan a crite-rios de una dieta balanceada y agua potable.

III. La distribución y o préstamo de ropa y artículos pa-ra pernocta y otras necesidades básicas.

IV. La Atención integral a Niñas, Niños y Adolescentes.

V. Las reparaciones de emergencia en viviendas e in-muebles afectados por el desastre.

VI. La distribución y/o préstamos de fondos, equipo ymateriales requerido para garantizar medios de subsis-tencia a los afectados del desastre.

VII. La distribución de útiles escolares y material di-dáctico.

VIII. Los servicios funerarios requeridos.

IX. Aquellos otros que sean necesarios, adicionales alos dispuestos con antelación y que sean especificadospor disposición gubernamental.

Artículo 18. La Agencia definirá y mantendrá actualiza-dos permanentemente los planes de administración dedesastres.

Artículo 19. Se deberá apoyar y fortalecer organizacionesde la sociedad civil dedicadas a las actividades de socorroy proveer para su mejor desempeño los insumos, equipos,herramientas y fondos para garantizar el cumplimientoefectivo de las tareas de atención a cargo de la Agencia.

Artículo 20. Sin perjuicio de las disposiciones que ante-ceden la Agencia podrá, cuando sea necesario, proveeractividades de atención mediante el pago en efectivo querequiera de ello, incluyendo servicios funerarios de sernecesario.



Artículo 21. Los aspectos relacionados con el territorio, lametodología, periodo de tiempo y extensión de las activi-dades de atención, serán definidos mediante disposicionesgubernamentales.

Capítulo TerceroCoordinación y Operación

Artículo 22. Los titulares de las dependencias y entidadespúblicas designadas por la Agencia y los titulares de las de-pendencias públicas estatales y municipales, cuando las ac-tividades de atención se consideren particularmente nece-sarias para instrumentar la operación del Plan dePrevención y Administración de desastres, deberán produ-cir, vender, distribuir almacenar o transportar insumos yherramientas requeridos para las actividades de atención.En su caso, podrán expropiar lo bienes requeridos para lasactividades de rescate y reconstrucción.

Artículo 23. Para el cumplimiento de las disposiciones an-tes establecidas deberán extenderse los documentos queprocuren y permitan las expropiaciones.

Artículo 24. Cuando se hagan efectivas las disipacionesanteriores se indemnizará obligatoriamente a los afectados.

Artículo 25. Todos los servicios de atención aquí descritosserán pagados.

Artículo 26. Cuando sea necesario obtener o almacenar in-sumos requeridos para las actividades de atención, estos in-sumos podrán requisarse.

Artículo 27. La Agencia instruirá a sus servidores públicospara trasladarse al lugar de la intervención para garantizarla requisa y su posterior pago.

Artículo 28. Cuando se lleven a cabo los supuestos de es-te Capítulo se deberán informar oficialmente a los encar-gados de los establecimientos. Los servidores públicos quelleven a cabo las actividades descritas tendrán que acredi-tarse para tales efectos.

Artículo 29. La Agencia podrá acceder a todos los bienesdisponibles cuando los considere necesarios para las acti-vidades de atención.

Artículo 30. El personal relacionado con servicios médi-cos, de ingeniería civil y servicios de construcción o servi-

cios de transporte vinculados con las actividades de aten-ción, o cuando sea necesario instrumentar y ordenar que re-alicen servicios atención estarán a disposición de la Agen-cia.

Artículo 31. El titular de Comunicaciones y Transportespondrá, cuando sea necesario en atención, a las disposiciónde la Agencia toda la infraestructura de transporte públicoy privado, además de toda la infraestructura y logística pa-ra ayudad con los servicios de atención.

Artículo 32. El alcance de los servicios médicos, de inge-niería civil, de servicios de construcción y/o de servicios detransporte serán dispuestas mediante ordenanzas guberna-mentales y en todos los casos serán rembolsados.

Artículo 33. La Agencia podrá requerir personas para lasactividades de atención a desastres.

Artículo 34. Cuando se presenten exigencias inobjetablesrelacionadas con las actividades atención o cuando sea ne-cesario instrumentar una disposición gubernamental inhe-rentes a las actividades de atención la Agencia podrá tomarcontrol de cualquier hospital, clínica y otras instalacionesestratégicas, así como inmuebles, edificios o herramientas,además de que podrá ordenar a actores vinculados con laproducción de bienes y servicios, el envío, venta almace-naje y transporte de dichos insumos.

Artículo 35. La Agencia exigirá o requerirá a los actores oa las partes que tengan a su cargo el almacenaje de bienesnecesarios los reportes sobre éstos y podrá exigir a los ofi-ciales o empleados de la Agencia las inspecciones in situ delos almacenes e instalaciones mediante notificación al titu-lar del establecimiento.

Artículo 36. El secretario de Salud, el gobernador y lospresidentes municipales en donde la Agencia instrumenteactividades de atención serán delegados y puestos al man-do de la Agencia, dando prioridad al uso de equipo de tele-comunicaciones provisto por empresas del ramo para ga-rantizar las actividades de emergencias y de alivio.

Artículo 37. Aquellas personas que por mandato de laAgencia sean requeridas para las actividades de atención ysufran accidente o mueran serán indemnizados. Para el me-jor desempeño la Agencia se podrá comisionar a funciona-rios locales. La Agencia podrá ordenar a los gobernadoresque provean lo necesario para las actividades de atención.

Artículo 38. Podrá solicitarse a la Cruz Roja Mexicana co-adyuve en los servicios de cooperación relacionadas conlas actividades de atención desplegadas por las institucio-nes de la sociedad civil organizada. Además podría dele-garle actividades de atención para su desarrollo exclusivo.

Capítulo CuartoPresupuesto y Sanciones

Artículo 39. El presupuesto federal debe garantizar la in-versión en cuatro categorías:

1. Investigación y Desarrollo,

2. Preparación para el Desastre,

3. Conservación Nacional de Tierras y

4. Recuperación y Reconstrucción luego de Desastres.

Artículo 40. El presupuesto para la administración de de-sastres debe enfatizar la investigación y desarrollo relacio-nado a los intereses nacionales y sociales, incluyendo la in-vestigación y el desarrollo de ciencia y tecnología para laadministración de desastres por terremotos, tecnología decomunicaciones para tiempos de emergencia y administra-ción de desastres, que reduzcan los riesgos de la sociedad.

Artículo 41. La asignación presupuestal debe contener re-cursos para la preparación para los desastres el cual deberáincluir la mejora de las instalaciones y equipos para que lasactividades de administración de desastres puedan ser rea-lizadas rápidamente y sin inconvenientes: equipos de ob-servación como satélites, radares de observación del climay sismómetros; materiales y maquinarias requeridas para larespuesta a las emergencias como equipos para combate deincendios, tanques de agua, generadores eléctricos, siste-mas para conectarse y transmitir información de emergen-cia como instalaciones de transmisión o de telecomunica-ciones; vehículos de transporte como helicópteros, barcos,y automóviles; instalaciones para evacuación y centros pa-ra medidas contra desastres.

Adicionalmente, se deben realizar proyectos para hacer losedificios a prueba de incendios, suministrar rutas de eva-cuación, áreas e instalaciones para bases de preparaciónpara los desastres. Especialmente en áreas urbanas, se de-ben tomar medidas de prevención como crear áreas verdespara prevención de desastres, diseminar las inspecciones

antisísmicas y refuerzo de edificaciones existentes, mejoraren inspeccionar instalaciones públicas y rehabilitación an-tisísmica de instalaciones de líneas vitales.

Artículo 42. El presupuesto deberá contener un apartadoespecial para la Respuesta de Emergencia a los Desastres.Los contenidos de la respuesta de emergencia a los desas-tres deben incluir consejos o instrucciones en cuanto a eva-cuación, combatir incendios, rescatar víctimas, asegurartransportes de emergencia, recuperación de emergencia deinstalaciones públicas. En los municipios y estados dondeocurre el desastre, la respuesta de emergencia al desastrecomo el establecimiento de centros para medidas de emer-gencia serán realizadas por los gobiernos municipales y porel gobierno estatal con una movilización total de sus recur-sos.

Además, durante un desastre de gran escala, el Gobiernodebe establecer un Centro para administración de GrandesDesastres presidido por el titular de la Agencia y promovermedidas de emergencia. Como nación, el titular de cadaSecretaría e institución gubernamental se reunirán en la re-sidencia oficial del Presidente de la República inmediata-mente después de la ocurrencia de un desastre. Los dañosdeberán ser estimados por el Sistema de Evaluación Tem-prana utilizando la información recopilada de las organiza-ciones pertinentes e imágenes del área golpeada por el de-sastre suministradas por helicópteros.

En caso de desastres de gran escala que excedan la capaci-dad de respuesta del estado o municipio afectado, las Fuer-zas Armadas están disponibles y de acuerdo a la solicituddel gobernador y pueden ser despachadas para actividadesde respuesta de emergencia.

Artículo 43. La asignación presupuestal debe contener re-cursos para la Recuperación y Reconstrucción luego de losdesastres. Loa anterior con el objetivo de ayudar a las víc-timas a retornar a su vida normal, restaurar las instalacio-nes con la intención de prevenir desastres en el futuro e im-plementar planes de fundamentales de desarrollo que seenfoquen en la seguridad de la comunidad.

Se deben promover medidas integrales de reconstruccióncon el Gobierno actuando como cuerpo supervisor. Se de-be tomar en cuenta las opiniones de la sociedad local en co-operación con instituciones involucradas para diseñar va-rias medidas para asistir a las áreas en materias derecuperación y reconstrucción.


El contenido mínimo de las Medidas de Recuperación yReconstrucción deberán ser las siguientes:

I. Proyecto de Recuperación del Desastres. La recupe-ración de las instalaciones de ingeniería pública daña-das, instalaciones educativas, instalaciones de seguridadsocial e instalaciones agrícolas, pesqueras y ganaderasserán dirigidas directamente por el gobierno federal, através de la Agencia o puestas en práctica por los go-biernos locales con subsidios del gobierno.

II. Préstamos para Ayuda por Desastres. La victimasque se dediquen a la agricultura, pesca o a la industriaganadera, pequeñas industrias y personas de bajos in-gresos que sufrieron daños deben ser elegibles a una va-riedad de préstamos a bajos intereses con condicionesbastante generosas en comparación a los normales.

III. Compensación y Seguros contra Desastres. Empre-sas o personas que se dedique a la agricultura, pesca o ala industria ganadera, que sufran daños pueden obteneruna compensación por las pérdidas económicas. Tam-bién el Gobierno suministra seguros contra terremotos.

IV. Reducción o Exención de Impuestos. Para las victi-mas afectadas, se toman medidas para la reducción,exención y recolección diferida de impuestos sobre larenta y residenciales.

V. Adjudicación de Impuestos a Gobiernos Locales y Bo-nos Locales. Para los gobiernos locales afectados, se to-man medidas como la entrega de adjudicaciones especia-les de impuestos y permisos para emitir bonos locales.

VI. Designación de Desastre de Severidad Extrema.Cuando un desastre causa daños extremadamente seve-ros es designado como un “desastre de severidad extre-ma”. Se han de tomar varias medidas especiales para losproyectos de recuperación de desastres.

VII. Asistencia al Plan de Reconstrucción. Se suminis-tra asistencia a los planes de reconstrucción de los go-biernos locales que deben ser rápida y precisamente for-mulados y ejecutados.

VIII. Asistencia para la Recuperación de la Forma deVida de las Victimas. Se suministra asistencia a las víc-timas para restaurar su forma de vida auto suficiente.Deberán estar disponibles: dinero de condolencia por

desastres, dinero por impedimentos, dinero para el apo-yo de la reconstrucción de la forma de vida de víctimasde desastres y préstamos como fondos de apoyo por de-sastres y fondos de asistencia social.

Artículo 44. El presupuesto deberá contener recursos parael establecimiento de un Sistema de Información y Teleco-municaciones exclusivo. Se deberán establecer redes ex-clusivas de comunicaciones para administración de desas-tres como el Sistema Central de Radio Comunicaciones parAdministración de Desastres el cual conectará a las organi-zaciones nacionales, la red de radio para desastres por in-cendios la cual conectará las organizaciones de bomberos,y las redes de radio comunicaciones estatales y municipa-les que conectan no solo a las organizaciones de adminis-tración de desastres sino también a la población local.

Suponiendo que las líneas de telefonía pública se conges-tionarían debido al exceso de tráfico o daños causados porel desastre, operará el Sistema Central de Radio Comuni-caciones par Administración de Desastres con el propósitode asegurar las comunicaciones entre las organizacionesadministrativas y públicas designadas. Además de la pre-paración de una red de comunicaciones fija con líneas tele-fónicas, se preparará un circuito para transmitir datos vi-suales para que las imágenes de los helicópteros, entreotras, puedan ser recibidas y se puedan sostener video con-ferencias. También deberá construirse un sistema de comu-nicaciones que utilice un circuito de comunicación satelitalpara respaldar la red de comunicaciones terrestres.

Artículo 45. Los gastos que ordene la Agencia en caso dedesastre no deberán de exceder el 2 por ciento del produc-to interno bruto.

Artículo 46. La Cámara de Diputados definirá las reglas definanciamiento de los fondos para las actividades de aten-ción y la reconstrucción de las zonas afectadas. La Cáma-ra de Diputados también emitirá las reglas para cubrir cos-tos extraordinarios para las actividades de atención y lareconstrucción.

Artículo 47. Las entidades federativas y municipios debe-rán aportar fondos en caso excepcional para cubrir las acti-vidades de atención y la reconstrucción.

Artículo 48. En todos los proyectos y programas se esta-blecerán mecanismos de contraloría social con los benefi-ciarios.


Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguienteal de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones legales que seopongan a la presente ley.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de laUnión, al aprobar el Presupuesto de Egresos para el Ejerci-cio Fiscal correspondiente, realizará las adecuaciones pre-supuestarias necesarias para el cumplimiento de esta ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2017.— Dipu-tado Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen,y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, paraopinión.


«Iniciativa que deroga el segundo párrafo del artículo 1679del Código Civil Federal, a cargo del diputado ArmandoLuna Canales, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, frac-ción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Uni-dos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento dela Cámara de Diputados, el diputado federal Armando Lu-na Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolu-cionario Institucional de esta LXIII Legislatura, pone aconsideración de esta honorable soberanía, iniciativa conproyecto de decreto por el que se deroga el segundo párra-fo del artículo 1679 del Código Civil Federal, al tenor de lasiguiente:


Por medio de la presente iniciativa de Ley se pretende con-tribuir a la tarea de armonización del ordenamiento jurídi-co nacional mediante la expulsión de normas que no se ar-monizan con el contenido de máxima protección a losderechos humanos contenido en nuestra Constitución Polí-tica de los Estados Unidos Mexicanos y, en especial, en eltema de igualdad de género, por ello, pretendemos derogarel segundo párrafo del artículo 1679, en relación a la figu-

ra del albacea, en donde aún subsisten referencias que co-locan a la mujer en un plano de discriminación.

Los derechos de la mujer y la importancia de un len-guaje incluyente en la legislación

Los derechos de la mujer son, ante todo, una conquista lo-grada a lo largo de un sinnúmero de esfuerzos y medianteuna historia permanente en la que el grito de las oprimidasfue acallado durante cientos de años, pero que hoy en díapor fin ha podido escucharse y hacer eco mediante una re-lativa igualdad de género. En este sentido, y siguiendo aPatricia Williams, para los oprimidos los derechos huma-nos encierran en sí mismos una “dolorosa prisión en su len-guaje”, pues constituyen el punto culminante de libertadpara los históricamente marginados.1

En efecto, reconocemos que aún existe mucho por hacer yque lo logrado hasta aquí constituye una conquista irrenun-ciable sobre la que es necesario continuar trabajando.

En consecuencia, los derechos que las mujeres tienen hoyen día no pueden ser interpretados como meras condescen-dencias, simples “gracias” o medidas “asistencialistas” queel Estado ha tenido “a bien” adoptar sino como plenos yexigibles derechos alcanzados a través de una permanentelucha por su reconocimiento.

En nuestro país, la mayor igualdad en los géneros requierede un trabajo pleno y comprometido de todos los sectoressociales, tanto de parte de la sociedad en general como delas propias dependencias públicas a fin de estimular unacultura de la igualdad.

Una cultura de la igualdad requiere un cambio en la mane-ra de entender nuestra cotidianeidad, despejando de la mis-ma aquellas rémoras expresadas en fanatismos, prejuicios,estereotipos y demás manifestaciones culturales que de unamanera explícita, o inconsciente, laceran la dignidad delser humano.

A nosotros, como legisladores, nos compete una labor deoptimización normativa a fin de dotar a nuestro sistema ju-rídico de los más altos estándares en materia de derechoshumanos y, para lograrlo, también se requiere de un traba-jo de depuración normativa a fin de expulsar de nuestro or-denamiento aquellas disposiciones que sencillamente noencuentran cabida en un Estado democrático y de derechoshumanos.


Dichas disposiciones “no compatibles” con el lenguaje delos derechos humanos aún se mantienen en nuestro sistemajurídico y ello es razonable, dado que los conjuntos nor-mativos en prácticamente todos los Estados del orbe fueronconstruidos bajo la premisa de la protección del hombre,ello puede cotejarse en diversas disposiciones que añosatrás eran muy frecuentes en las diversas leyes estatales.

Cómo ejemplo, presentamos el siguiente cuadro, en dondepuede cotejarse la evolución en el uso del lenguaje:


Como puede advertirse en las disposiciones anteriores, nosencontramos actualmente en un momento en el que la ple-na igualdad de género se busca alcanzar mediante una re-forma también en los usos lingüísticos que, como sabemos,responden a la forma o manera en cómo una sociedad en-tiende su realidad.

En este sentido, la labor de búsqueda y depuración de dis-posiciones no concordantes con el parámetro asumido delos derechos humanos y, en particular de la plena igualdadde género, se erige como un imperativo al que una socie-dad democrática no puede renunciar.

La importancia del adecuado lenguaje en las disposicionesnormativas es de tal envergadura que el mismo funcionacomo una suerte de corrector y orientador de la conductasocial, haciendo posible que ciertas conductas o procederesno maximizadores de los derechos humanos sean desplaza-dos por otros que sí reúnen esas cualidades.

Uno de los grandes teóricos de la democracia, AndreaGreppi, ha señalado que: “la crítica de los lenguajes queconfiguran el universo político es condición necesaria –y aveces suficiente- para la transformación de estructuras so-ciales que en un determinado momento serían inamovibles.La fuerza retórica del discurso de Martín Luther King en ladefensa de los derechos de las minorías o de Ghandi en de-fensa de las mayorías; el cambio de ciertos hábitos lingüís-ticos discriminatorios, como preludio para el efectivo reco-nocimiento de la igualdad o la diferencia de género, sonejemplos que no dejan lugar a dudas. Hay desplazamientosdiscursivos que hacen realmente la diferencia y cambian elcontenido de las políticas públicas. Todos sabemos que elprocedimiento legislativo de las democracias representati-vas no siempre es el más eficaz para la defensa de los inte-rese de las mayorías, y que la voluntad popular puede ce-der ante la presión de los poderes hegemónicos.”2

En el ámbito jurisdiccional también encontramos dignosejemplos de la necesidad de modificar aquellas expresio-nes lingüísticas que hieren la dignidad humana. En el am-paro directo en revisión 2806/2012, la Suprema Corte deJusticia de la Nación, en relación con las expresiones “pu-ñal” y “maricón” indicó que:

“La relación entre lenguaje y la identidad de las personasconlleva una mezcla compleja de factores individuales, so-ciales y políticos que permite que las mismas se considerenmiembros de una colectividad o se sientan excluidas de és-ta. Así, donde existen conflictos sociales, y en particularreivindicaciones colectivas, el uso del lenguaje puede per-mitir la eliminación de prácticas de exclusión y estigmati-zación. Es innegable que el lenguaje influye en la percep-ción que las personas tienen de la realidad, provocando quelos prejuicios sociales, mismos que sirven de base para lasprácticas de exclusión, se arraiguen en la sociedad median-te expresiones que predisponen la marginación de ciertosindividuos.”

De igual modo, y como ejemplo comparado, tenemos el ca-so de la Corte Constitucional de Colombia (la cual es reco-nocida como una de las Cortes más avanzadas en materiade derechos humanos) que en su Sentencia C-078/07 expresó:

“…en principio el control constitucional se ejerce sobre elcontenido normativo de una determinada disposición y nosobre el lenguaje escogido por el legislador, la estructuragramatical adoptada o los problemas de técnica legislativaque puedan afectarla. Sin embargo, en algunos casos el usodel lenguaje, la estructura ambigua de las normas u otrosproblemas de técnica legislativa, pueden comprometer bie-nes constitucionalmente protegidos y afectar entonces laconstitucionalidad de la correspondiente disposición. Unode estos casos se presenta cuando el legislador utiliza ex-presiones abiertamente discriminatorias o que comprome-ten la dignidad o derechos de personas o de grupos pobla-cionales determinados.”

Con tal razonamiento, la Corte Constitucional claramenteexpresó que, en ciertas ocasiones, el lenguaje empleado enlas normas puede ser de tal impacto que afecte bienes jurí-dicamente tutelados por el orden constitucional, uno deellos (el más preciado) es la dignidad que resulta lesionadacuando son empleadas expresiones denigrantes o lascivasen contra de los destinatarios de la norma.


La Corte agregó:

“…el lenguaje legislativo tiene no sólo un efecto jurídi-co-normativo sino un poder simbólico que no puede pa-sar desapercibido al tribunal constitucional. El podersimbólico del lenguaje apareja un doble efecto: tiende alegitimar prácticas culturales y configura nuevas reali-dades y sujetos… En esa medida, la lucha por el len-guaje no se reduce a un asunto de estética en la escritu-ra o de alcance y eficacia jurídica de la norma. Se tratade revisar el uso de expresiones que reproducen y/oconstituyen realidades simbólicas o culturales inconsti-tucionales. En ese sentido, el uso de un lenguaje deni-grante, discriminatorio o insultante, tiende a legitimar eincluso constituir prácticas sociales o representacionessimbólicas inconstitucionales…”

En cuanto a la necesidad de expulsar una norma del sistemajurídico (sustento de nuestra propuesta), la Corte Colombia-na expuso que tal acción resulta procedente cuando “…lasexpresiones utilizadas resulten claramente denigrantes uofensivas, que “despojen a los seres humanos de su digni-dad”, que traduzcan al lenguaje jurídico un prejuicio o unadiscriminación constitucionalmente inaceptable o que pro-duzcan o reproduzcan un efecto social o cultural indeseado oreprochable desde una perspectiva constitucional.”

Ahora bien, cuando un ordenamiento jurídico depura aque-llas expresiones hirientes de la dignidad humana, se erigecomo una autentica defensa y guía para el empoderamien-to de los grupos históricamente marginados al ser una he-rramienta que favorece su inclusión en plena igualdad res-pecto de cualquier otro sector social.

Así, un lenguaje no discriminatorio “…favorece el fomen-to de actitudes receptivas respecto de los derechos de laspersonas [que han sido] víctimas históricas de la discrimi-nación. Cuando este lenguaje inclusivo y no discriminato-rio se incorpora a la comunicación institucional del Estadoy se expresa en sus documentos (leyes, decretos, resolucio-nes, planes y políticas, circulares, memos, etc.) la efectivi-dad de la herramienta se potencia por la legitimidad queotorga el aval de su uso oficial.”3

La misma Corte Colombiana, en la sentencia que hemosindicado, señaló: “Un lenguaje respetuoso de los valores yprincipios constitucionales, sin embargo, tiende a poner enevidencia esas prácticas reprochables y a constituir – almenos simbólicamente – un sujeto dignificado.”

En nuestro caso, la propuesta concreta que planteamos através de esta iniciativa, busca continuar con esta tendenciadepuradora de las disposiciones que no contribuyen a lo-grar la plena igualdad de género y que atentan contra unode los más preciados derechos y que es la dignidad huma-na. Esta afectación puede advertirse con claridad al consta-tar la siguiente disposición del Código Civil Federal:

“Artículo 1679. No podrá ser albacea el que no tenga lalibre disposición de sus bienes.

La mujer casada, mayor de edad, podrá serlo sin la au-torización de su esposo.”

La disposición en comento ciertamente constituye un fósillegislativo que no corresponde a nuestra manera de enten-der e interpretar el derecho contemporáneo. Se trata de unamás de las disposiciones que, por desgracia, aún se en-cuentran dispersas en nuestro ordenamiento legislativo y,aunque el contenido sustancial de la disposición en comen-to se refiere a un tema que puede no ser de trascendentalimportancia (no se profundiza en esta iniciativa sobre elsentido y alcance de la figura del albacea ni sobre la cuali-dad del sujeto que la desempeña –el que sea hombre o mu-jer-), sin embargo, la mera existencia de esta disposiciónconstituye una barrera de orden legislativo, lingüístico y decultura jurídica que atenta contra la plena igualdad de género.

De este modo, para quien propone esta iniciativa, la dispo-sición en comento (el segundo párrafo del artículo 1679)no encuentra justificación alguna. Si bien es cierto que ladisposición indica que la mujer casada, mayor de edad, po-drá desempeñar la función de albacea sin el consentimien-to de su esposo, la misma resulta innecesaria y revela que,en un tiempo, tal autorización se requería. Aunque en sumomento, tal disposición pudo ser un avance en materia dederechos de la mujer (en el sentido de que para la mujer ca-sada, mayor de edad, no se requería el consentimiento pa-ra ser albacea), hoy en día su mera permanencia en el Có-digo Civil Federal se concibe como denigrante para ladignidad de la mujer.

Ahora bien, suprimir el segundo párrafo del artículo 1679podrá no ser cuantitativamente una medida que contribuyaa la mayor igualdad, pero el proceso mismo de su supre-sión, es decir, el mero acontecimiento fáctico de que los ór-ganos legislativos sean impulsados a trabajar en este tema,de que las y los diputados discutan el mismo y que entre aformar parte de la agenda legislativa y de difusión comuni-


cativa constituye el más grande beneficio pues se deja enclaro, como directiva a seguir, que el lenguaje de los dere-chos humanos plenos, inclusivos e iguales para todos, es laregla de oro a la que todo proceder público deberá recon-ducirse.

Por otro lado, no se desconoce que la legislación afectada,es decir, el Código Civil Federal, y, en concreto, en cuantoa la figura del albacea, no tiene la aplicabilidad tan deman-dante como lo tendría un Código Civil local y ello obede-ce a la existencia de 32 Códigos, además del federal, ennuestro país (31 de los Estados y uno del Distrito Federal).No obstante, dado el ámbito competencial y la figura deEstado federado que ha asumido nuestro país, resulta im-posible a este Congreso de la Unión modificar las disposi-ciones de orden local por lo que sólo puede hacerlo en lade ámbito federal. De este modo, con la propuesta de re-forma que planteamos buscamos también incidir en el pro-ceder de las legislaturas locales a fin de que emprendan ac-ciones paralelas para que la legislación de todo nuestrosistema jurídico nacional finalmente pueda catalogarse co-mo plenamente igualitario.

Finalmente, debe indicarse que la reforma constitucionalen materia de derechos humanos, publicada en el DiarioOficial de la Federación el 10 de junio de 2011, ha venidoa transformar completamente la estructura misma del Esta-do, así como la manera de ver y entender al derecho. El ar-tículo 1 constitucional ha venido con su fuerza creadora airradiar todo nuestro ordenamiento jurídico bajo la máximade la mayor protección al ser humano. La disposición quepretendemos derogar resulta claro que no se correspondecon el “contenido axiológico del nuevo ordenamientoconstitucional”4 y, en consecuencia, debe de ser deputada.

Por tanto y con base en todas las consideraciones antes ex-puestas, me permito someter ante esta soberanía el si-guiente proyecto de

Decreto

Único. Se deroga el segundo párrafo del artículo 1679 delCódigo Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 1679. No podrá ser albacea el que no tenga la li-bre disposición de sus bienes.

Se deroga

Transitorio


Notas

1 “Para los históricamente marginados la concesión de derechos es unsímbolo de todos los aspectos de su humanidad que le han sido negados:los derechos implican un respeto que lo ubica a uno en el rango referen-cial de ‘yo’ y ‘otros’, que lo eleva del status de cuerpo humano al de sersocial”. Williams, Patricia. La dolorosa prisión del lenguaje de los dere-

chos. En La Crítica a los Derechos. Universidad de los Andes-InstitutoPensar-Siglo del Hombre Editores. Bogotá, 2003. Pág. 55.

2 Greppi, Andrea. Concepciones de la democracia en el pensamiento

político contemporáneo. Trotta. Madrid, 2006. Pág. 138-139.

3 Guía para prácticas inclusivas y no discriminación en la función pú-

blica. Secretaría de la Función Pública. Presidencia de la República delParaguay. Asunción, 2009. Página 48. Disponible en:

http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/21655/1/18_guia-practicasinclusivasynodiscriminatoriasfuncionpublica.pdf

4 Expresión tomada de la Sentencia C-078/07 de la Corte Constitucio-nal Colombiana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 24 de octubre de 2017.— DiputadoArmando Luna Canales (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.


«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposicionesdel Código Civil Federal, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del PRI

La proponente, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, integrantedel Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Insti-tucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión,en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 71,fracción II, de la Constitución Política de los Estados Uni-dos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, y 77 y78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a


consideración de este pleno iniciativa con proyecto de de-creto por el que se reforman diversas disposiciones del Có-digo Civil Federal para erradicar el matrimonio infantil,con base en los siguientes:

Antecedentes

En la actualidad, uno de los temas que ha despertado el in-terés de la mayoría de las naciones del mundo es sin dudael matrimonio infantil; voces de provenientes de todos lossectores poblacionales, dentro y fuera de los gobiernos, handejado de manifiesto las consecuencias desfavorables ycompletamente devastadoras que llegan a marcar para todala vida y paralizar la capacidad de una niña o un niño dedisfrutar de sus derechos humanos.

Abandono escolar, violación y violencia doméstica, la fal-ta de acceso a un trabajo digno, la explotación por mediodel trabajo no remunerado, el riesgo de trasmisión del VIHy un abanico de problemas de salud debido a la maternidadtemprana, hoy motivan a los diferentes gobiernos paracomprometerse a impulsar esfuerzos legislativos e institu-cionales para hacer frente y luchar contra la erradicaciónintegral del matrimonio infantil.

México no es la excepción, si bien es cierto que cuenta conavances legislativos a favor de los derechos de las niñas,niños y adolescentes, a pesar de contar con el apoyo de di-versos instrumentos internacionales que en la materia haratificado nuestro país, entre ellos, principalmente: la De-claración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Inter-nacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convenciónsobre los Derechos del Niño, es claro que la situación queenfrenta nuestra niñez sigue representando una gran preo-cupación para el Estado mexicano, especialmente por lapráctica común de este fenómeno poblacional.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica De-mográfica (ENADID) efectuada en 2014, se estima que en23 de las 32 entidades de país, una de cada cinco mujeres,tanto de los sectores urbanos como de las regiones ruralese indígenas, contrae matrimonio antes de cumplir la mayo-ría de edad.

El propio estudio establece que Chiapas ocupa el primer lu-gar en matrimonio infantil: 8.4 por ciento de matrimoniosen menores de 15 años y 30.4 por ciento en menores de 18años. Lamentablemente esta entidad rebasa el nivel críticode la tasa de matrimonios infantiles del 30 por ciento des-tacado por el Fondo de Población de Naciones Unidades

(UNPFA). Durango, Campeche y Tabasco destacan conmás casos de matrimonios antes de 15 años; por su parte,Nayarit, Zacatecas y Chihuahua están entre las primerasentidades en matrimonios de menores, pero no entre lasprimeras de menores de 15, y Baja California Sur, Jalisco,Michoacán y Nuevo León, entre las entidades con tasas dematrimonio infantil en mujeres urbanas que van del 20 al30 por ciento. Mientras que para Chihuahua, Veracruz,Chiapas y Oaxaca, el estudio establece que más de la mi-tad de mujeres con educación primaria entraron en uniónconyugal antes de cumplir 16 años.

En el mismo sentido, con apoyo de las oficinas de RegistroCivil en los Estados, un estudio efectuado por activistas enla materia, estima que nuestro país tiene un registro de 5mil 234 casos de matrimonio infantil (entre menores y en-tre un menor con personas mayores), destacando con ma-yor número de casos Guerrero, Chiapas, estado de Méxicoy Michoacán; matrimonios que, aseguró Abel Palmera, di-rector de la organización México Funciona, se trata de unproblema grave al que calificó como matrimonios forza-dos, por obligar a los menores a entrar en situación de ma-trimonio sin tener la capacidad emocional ni psicológicapara ello; en este sentido, el consultor urgió la necesidad dearmonizar el Código Civil a fin de prohibir el matrimonioantes de los 18 años, así como proporcionar orientación desalud sexual y reproductiva a los menores con factores deriesgo de matrimonio infantil forzado y precoz.

El Sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU)ha externado su postura contra el matrimonio a tempranaedad por constituir una violación a los derechos humanosde la niñez y una práctica nociva para la salud, la educacióne integridad, pero su mayor preocupación es que este fenó-meno impacta en el desarrollo futuro y en los riesgos de su-frir discriminación y violencia doméstica. En tal virtud es-te organismo ha impulsado desde finales del 2015 en elpaís, una campaña denominada “De la A (Aguascalientes)a la Z (Zacatecas), México sin unión temprana ni matrimo-nio de niñas en la Ley y en la práctica”, que tiene comoprincipal objetivo convertir a nuestro país en una región li-bre del matrimonio infantil mediante la armonización legalde acuerdo a los instrumentos internacionales y nacionalque permita establecer como edad de 18 años sin excep-ción en las legislaciones estatales y federales como edadmínima para contraer matrimonio.

De acuerdo con el Unicef, el matrimonio infantil es espe-cialmente problemático en África y Asia; México no esca-pa, al ocupar el noveno lugar mundial, por lo que insta a


acelerar acciones para terminar con el matrimonio infantily garantizar la protección de los derechos de la niñez encondiciones vulnerables en todo el mundo, ya que, de nohacerlo y seguir la tendencia actual, el número de niñas ymujeres casadas en su infancia se acercará a los mil millo-nes para el 2030.

Las coincidencias y los estudios dejan de manifiesto que sien México seguimos permitiendo el matrimonio infantil,las consecuencias serán devastadoras para nuestras genera-ciones futuras, al grado de incrementar los riegos de vio-lencia doméstica, embarazos prematuros, pero sobre todoestaremos permitiendo una trasgresión a sus derechos hu-manos constitucionales al bienestar, sano desarrollo, edu-cación y al principio del interés superior de la niñez, oca-sionando con ello que nuestras niñas, niños y adolescentescontinúen en un mismo círculo familiar de carentes condi-ciones de vida y de oportunidades a causa de este tipo dematrimonios.

Es claro que la falta de regulación específica en la materiaestá generando que a nuestra niñez se le impida el ejerciciode sus derechos humanos consagrados principalmente enlos artículos 1 y 4 de nuestra Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos, derechos que cuentan con elaval jurídico de diversos instrumentos internacionales queel Estado mexicano ha ratificado y que nos brindan la po-sibilidad de construir un marco jurídico acorde con los es-tándares internacionales y, por tanto, de generar condicio-nes que permitan consolidar la tutela de desarrollo integraly garantizar la protección legal a las futuras generacionesde mexicanos representada por nuestra niñez.

Cabe señalar que el texto de la nueva de la Ley General deDerechos de los Niños, Niñas y Adolescentes vigente des-de el 2014 ya contempla en su redacción del artículo 45,que las leyes federales y de las entidades, en el ámbito desus respectivas competencias, establezcan la edad de 18años como edad mínima para contraer matrimonio. En talvirtud, resulta urgente legislar y homologar los diferentesordenamientos civiles que hoy en día contravienen al cum-plimiento de esta disposición y violentan sus derechos fun-damentales.

Es de destacarse que, gracias al esfuerzo de los respectivoscongresos locales, algunas entidades del país como son SanLuis Potosí, Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila,Jalisco, Oaxaca Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y la Ciu-dad de México, han adoptado medidas legislativas paraprohibir el matrimonio infantil, no obstante, es lamentable

que la mayoría de las entidades de la república aún carecende legislación específica en la materia.

Luego entonces, para asegurar el cumplimiento cabal de lasnormas contenidas en nuestro marco jurídico vigente y en lostratados internacionales ratificados por el Estado mexicano,es necesaria la intervención del Poder Legislativo a fin de ga-rantizar en la ley una regulación más fortalecida que coadyu-ve a erradicar el fenómeno de matrimonio infantil que hoy endía lamentablemente lastima a nuestra sociedad mexicanaparticularmente a nuestras niñas, niños y adolescentes.

Para lograrlo, resulta inaplazable proponer a esta honorableCámara de Diputados diversas modificaciones al CódigoCivil Federal a fin de armonizar sus disposiciones con laLey General de los Derechos de las Niñas, Niños y Ado-lescentes que establece la prohibición del matrimonio in-fantil, a la par de impulsar acciones en materia de salud se-xual y reproductiva a favor de la niñez.

Con ello, estamos seguros de que México, además de darun paso firme en el cumplimiento de los compromisos in-ternacionales, dará un paso sin precedente para consolidaruna nueva norma encaminada a garantizar el bienestar ydesarrollo integral de la niñez mexicana en el marco delrespeto irrestricto de sus derechos humanos.

Compañeras y compañeros diputados, el matrimonio in-fantil atenta contra nuestra niñez, trunca el futuro de nues-tros hijos y atenta contra el progreso y destino de nuestrasociedad mexicana.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta honorable Cá-mara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan di-versas disposiciones del Código Civil Federal para erradi-car el matrimonio infantil.

Único. Se reforman los artículos 98, fracción I; 100,103, fracciones II y IV; 148, 156, fracción I y último pá-rrafo; 172, 209, 264, fracción II, 272 y 605, además sederogan los artículos 98, fracción II, 149, 150, 151, 152,153, 154, 155, 156, fracción II, 159, 160, 173, 181, 229,237, 238, 239, fracción II, 240, 265, 451, 504, fracción V,624, fracción II, 636 y 641, todos del Código Civil Fede-ral para quedar como sigue:

Artículo 98. Al escrito a que se refiere el artículo anterior,se acompañará:


I. El acta de nacimiento de los pretendientes, identifi-cación oficial y en su defecto un dictamen médico quecompruebe su mayoría de edad;

II. Se deroga.

III., IV…

V. El convenio que los pretendientes deberán celebrar conrelación a sus bienes presentes y a los que adquieran du-rante el matrimonio. En el convenio se expresará con todaclaridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de so-ciedad conyugal o bajo el de separación de bienes. Nopuede dejarse de presentar este convenio ni aun a pretex-to de que los pretendientes carecen de bienes, pues en talcaso, versará sobre los que adquieran durante el matrimo-nio. Al formarse el convenio se tendrá en cuenta lo quedisponen los artículos 189 y 211, y el Oficial del RegistroCivil deberá tener especial cuidado sobre este punto, ex-plicando a los interesados todo lo que necesiten saber aefecto de que el convenio quede debidamente formulado.

VI. al VII.

Artículo 100. El Juez del Registro Civil a quien se presen-te una solicitud de matrimonio que llene los requisitos enu-merados en los artículos anteriores, hará que los preten-dientes reconozcan ante él y por separado sus firmas. Lasdeclaraciones de los testigos a que se refiere la fracción IIIdel artículo 98 serán ratificadas bajo protesta de decir ver-dad, ante el mismo Juez del Registro Civil. Éste, cuando loconsidere necesario, se cerciorará de la autenticidad de lafirma que calce el certificado médico presentado.

Artículo 103. Se levantará luego el acta de matrimonio enla cual se hará constar:

I.

II. Su mayoría de edad.

III. …

IV. El consentimiento de éstos,

V. al IX. …

Artículo 148. Para contraer matrimonio, sin dispensa,ni excepción alguna, el hombre y la mujer necesitan ha-ber cumplido dieciocho años de edad.

Artículo 149. Se deroga







Artículo 156. Son impedimentos para celebrar el contratode matrimonio:

I. La falta de mayoría de edad;

II. Se deroga

III. al IX. …

X.

De y el parentesco de consanguinidad en línea colateraldesigual.



Artículo 172. El marido y la mujer, tienen capacidad paraadministrar, contratar o disponer de sus bienes propios yejercitar las acciones u oponer las excepciones que a elloscorresponden, sin que para tal objeto necesite el esposo delconsentimiento de la esposa, ni ésta de la autorización deaquél, salvo en lo relativo a los actos de administración yde dominio de los bienes comunes.



Artículo 209. Durante el matrimonio la separación de bie-nes puede terminar para ser substituida por la sociedadconyugal.





Artículo 239. Cesa esta causa de nulidad:

I. …

II. Se deroga

Artículo 240. Se deroga.

Artículo 264. Es ilícito, pero no nulo el matrimonio:

I. Cuando se ha contraído estando pendiente la decisiónde un impedimento que sea susceptible de dispensa;

II. Cuando se celebre sin que hayan transcurrido los tér-minos fijados en los artículos 158 y 289.


Artículo 272. Cuando ambos consortes convengan en di-vorciarse, no tengan hijos y de común acuerdo hubieren li-quidado la sociedad conyugal, si bajo ese régimen se casa-ron, se presentarán personalmente ante el Juez del RegistroCivil del lugar de su domicilio; comprobarán con las copiascertificadas respectivas que son casados y manifestarán deuna manera terminante y explícita su voluntad de divor-ciarse.

….

….….


Artículo 504. Serán separados de la tutela:

I. al IV. …

V. Se deroga.

VI. …

Artículo 605. Hasta pasado un mes de la rendición decuentas, es nulo todo convenio entre el tutor y el pupilo, yamayor relativo a la administración de la tutela o a las cuen-tas mismas.

Artículo 624. Designarán por sí mismos al curador, conaprobación judicial:

I. …

II. Se deroga



Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día si-guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fede-ración.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones contrarias alpresente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2017— Dipu-tada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

«Iniciativa que reforma el artículo 19 y adiciona el 19 Bisa la Ley General para la Inclusión de las Personas con Dis-capacidad, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mo-ta, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Claudia Edith Anaya Mota, integrante delGrupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institu-cional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artí-culos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Es-tados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentaante el pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto dedecreto, al tenor del siguiente


El Estado, en su conjunto, está obliga en establecer las con-diciones necesarias para que las personas con discapacidadpuedan de manera libre e independiente ejercer en absolu-


to todos sus derechos humanos; además de ello, el Estadoestá obligado a respetar estos derechos con el estableci-miento de políticas públicas que materialicen los derechosde las personas con discapacidad.

Dos elementos son esenciales para los derechos se pue-dan disfrutar con plenitud, éstos son la accesibilidad y eltransporte.

Dice la Convención sobre los Derechos de las Personas conDiscapacidad respecto a la accesibilidad:

A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir enforma independiente y participar plenamente en todos los as-pectos de la vida, los Estados parte adoptarán medidas perti-nentes para asegurar el acceso de las personas con discapaci-dad, en igualdad de condiciones con las demás, al entornofísico, el transporte, la información y las comunicaciones, in-cluidos los sistemas y las tecnologías de la información y lascomunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos alpúblico o de uso público, tanto en zonas urbanas como rura-les. Estas medidas, que incluirán la identificación y elimina-ción de obstáculos y barreras de acceso.

Es decir, un medio libre de obstáculos de toda índole paracualquier persona, sin importar su condición, disfrute susderechos humanos.

El otro elemento, que se convierte en condición materialpara el goce de los derechos, es la posibilidad de movili-zarte para acceder a los lugares en los que se hace posibleel disfrute de los derechos. Este elemento es el transporte.

Resulta indispensable que accesibilidad y transporte seancontemplados en las leyes, en las políticas del Estado, enlos planes, en los programas, en las acciones del Estado.

No podemos reclamar el goce de un derecho sino existenlas condiciones para que asistamos personalmente a los lu-gares en los que se brindan los servicios emanados del derecho.

O sea, ¿cómo se puede acceder al derecho a la educación silos planteles educativos tienen barreras físicas que lo impi-den, o lo accidentado del terreno lo impide, o si no hayapoyos pedagógicos para enseñar a un niño o niña con discapacidad?

En el Presupuesto de Egresos de 2010, la Cámara de Dipu-tados aprobó la creación del Fondo para la Atención a

Personas con Discapacidad con un monto de 250 millo-nes de pesos, alojado en el ramo 12, “Salud”:

Décimo Sexto. Se destinarán recursos hasta por un montode 250 millones de pesos para el Fondo para la Atención aPersonas con Discapacidad. Dicho fondo estará bajo la di-rección y administración del Secretariado Técnico del Con-sejo Nacional para las Personas con Discapacidad y se ope-rará de acuerdo con los criterios que emita dicho consejo

Este fondo, para 2011 se transformó en el Fondo para laAccesibilidad en el Transporte Público para las Perso-nas con Discapacidad en el Presupuesto de Egresos de laFederación para el Ejercicio Fiscal de 2011, con 445 mi-llones de pesos, particularmente en el artículo 47:

Artículo 47. El Fondo para la Accesibilidad en el Trans-porte Público para las Personas con Discapacidad tienepor objeto dotar de recursos a las entidades federativaspara promover la integración de las personas con disca-pacidad a través de un transporte público adaptado.

Para el presente ejercicio fiscal la asignación prevista delFondo para la Accesibilidad en el Transporte Público paralas Personas con Discapacidad se distribuirá conforme a loseñalado en el anexo 12.1 de este decreto.

A partir del Presupuesto de 2011, el fondo fue participablepara las entidades federativas. La distribución de los recur-sos quedó señalada en el anexo 12.1 del Presupuesto.

A seis años de la expedición de las normas presupuestariasque dieron origen al fondo, es necesario que se conviertaeste fondo en una disposición en la ley general en materiade discapacidad.

Argumentos que la sustentan

El artículo 1o. de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos establece el principio de la no discri-minación como una garantía para las personas con disca-pacidad:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origenétnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, lacondición social, las condiciones de salud, la religión, lasopiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cual-quier otra que atente contra la dignidad humana y tenga porobjeto anular o menoscabar los derechos y libertades de laspersonas.


Derivado de esta disposición constitucional, las personascon discapacidad se encuentran protegidas contra la discri-minación; la Ley Federal para prevenir y eliminar la Dis-criminación señala que con base en lo establecido en el ar-tículo primero constitucional y el artículo 1, párrafosegundo, fracción III de esta ley se consideran como dis-criminación, entre otras, la denegación de ajustes razona-bles que garanticen, en igualdad de condiciones, el goce oejercicio de los derechos de las personas con discapacidad;estigmatizar o negar derechos a personas que han estado ose encuentren en instituciones de atención a personas condiscapacidad mental o psicosocial y negar la prestación deservicios financieros a personas con discapacidad y perso-nas adultas mayores.

Como vertimos en el planteamiento del problema de la pre-sente iniciativa, la accesibilidad en un elemento indispen-sable para que se cuente con la posibilidad de reclamar elcumplimiento de los derechos humanos que las leyes e ins-trumentos internacionales otorgan a las personas con dis-capacidad.

La Convención sobre los Derechos de las Personas conDiscapacidad1 fue admitida por el Estado mexicano comonorma interna al ser publicada en el Diario Oficial de la Fe-deración el 8 de mayo de 2008.

Para el caso que nos ocupa, la convención prevé en el ar-tículo 9:

Artículo 9 Accesibilidad

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vi-vir en forma independiente y participar plenamente entodos los aspectos de la vida, los Estados parte adopta-rán medidas pertinentes para asegurar el acceso de laspersonas con discapacidad, en igualdad de condicionescon las demás, al entorno físico, el transporte, la infor-mación y las comunicaciones, incluidos los sistemas ylas tecnologías de la información y las comunicaciones,y a otros servicios e instalaciones abiertos al público ode uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Es-tas medidas, que incluirán la identificación y elimina-ción de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán,entre otras cosas, a

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otrasinstalaciones exteriores e interiores como escuelas, vi-viendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;

Dice la convención: “Los Estados parte adoptarán medidaspertinentes para asegurar el acceso de las personas con dis-capacidad, en igualdad de condiciones con las demás, alentorno físico, el transporte… Estas medidas, que incluiránla identificación y eliminación de obstáculos y barreras deacceso, se aplicarán, entre otras cosas, a los edificios, lasvías públicas, el transporte…”

Sin embargo, el Comité sobre los Derechos de las Personascon Discapacidad aprobó en su 167 sesión, celebrada el 30de septiembre de 2014, las observaciones finales sobre elinforme inicial de México (CRPD/C/MEX/1).2

La preocupación 19 del comité manifestó su preocupaciónque el marco legislativo existente en el Estado parte sobreaccesibilidad para las personas con discapacidad no abordatodos los aspectos contemplados en el artículo 9 de la Con-vención. Al comité preocupa también que el Estado parteno cuente con mecanismos específicos de evaluación delcumplimiento de la normativa de accesibilidad en todos losámbitos considerados en la convención.

Al respecto, esta instancia de seguimiento internacionalemite la recomendación 20, que establece:

20. El comité recomienda al Estado parte

d) Diseñar e implementar un plan nacional de accesibi-lidad aplicable al entorno físico, al transporte, a la in-formación y a las comunicaciones, incluidos los siste-mas y las tecnologías de la información y lascomunicaciones, y a otros servicios e instalacionesabiertos al público o de uso público;

El asunto que atendemos con esta iniciativa, además de sercongruente plenamente la Carta Magna y armónica coninstrumentos internacionales y recomendaciones de orga-nismos internacionales, guarda relación con la Ley Generalpara la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Esta ley contiene una serie de disposiciones que conviertena la propuesta del decreto en un instrumento para la exigi-bilidad del derecho humano a la movilidad, y en conse-cuencia a la posibilidad de ejercerlos.

Entiende esta norma como diseño universal al diseño deproductos, entornos, programas y servicios que puedan uti-lizar todas las personas, en la mayor medida posible, sinnecesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño


universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos parti-culares de personas con discapacidad cuando se necesiten.

La materialización de este derecho en transporte públicocon diseño universal lo posibilita el fondo del que hemoshecho referencia en este proyecto.

Prosigue la ley, un ajuste razonable, se entiende como lasmodificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas queno impongan una carga desproporcionada o indebida,cuando se requieran en un caso particular, para garantizar alas personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igual-dad de condiciones con las demás, de todos los derechoshumanos y libertades fundamentales.

En algunas entidades federativas han optado por las unida-des adaptadas, con ello hacer accesible el transporte públi-co, y con ello hacer posible la movilidad libre y autónomade las personas con discapacidad.

La inversión con perspectiva inclusiva será el resultado deadicionar la Ley General para la Inclusión de las Personascon Discapacidad con la administración del Fondo por par-te de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El artículo 5 de la Ley General para la Inclusión de las Per-sonas con Discapacidad establece la accesibilidad y la nodiscriminación como principios que deberán observar laspolíticas públicas.

Para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica,equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos,prevé la ley general, se considerarán, entre otros, los si-guientes lineamientos:

• Que sea de carácter universal, obligatorio y adaptadopara todas las personas;

• Que incluya el uso de señalización, facilidades arqui-tectónicas, tecnologías, información, sistema braille,lengua de señas mexicana, ayudas técnicas, perros guíao animal de servicio y otros apoyos; y

• Que la adecuación de las instalaciones públicas seaprogresiva.

El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión delas Personas con Discapacidad3 señala que el InformeMundial sobre Discapacidad de 2011 aporta informaciónsustantiva de los obstáculos a que se enfrenta la población

con discapacidad, entre otros, el entorno público, y los sis-temas de transporte y de información que no son accesiblesa todas las personas. La falta de acceso al transporte esun común denominador, que margina y limita a las per-sonas con discapacidad a realizar actividades de la vidadiaria en todos sentidos.

El objetivo 5 del programa plantea incrementar la accesibi-lidad en espacios públicos o privados, el transporte y lastecnologías de la información para las personas con disca-pacidad y propone la línea de acción: 5.1.10., “Implemen-tar programas para generar infraestructura y accesibilidaden el transporte público para personas con discapacidad”.

Del programa nacional se desprende la estrategia 5.2, con-sistente en “Garantizar financiamiento o subsidio a PCD dezonas urbanas, rurales indígenas o en pobreza, para adqui-rir vivienda accesible; una de sus líneas de acción es la depromover en los tres órdenes de gobierno, la elaboraciónde programas, regulaciones o certificaciones, de accesibili-dad, transporte público y vivienda, que aseguren una mejorcalidad de vida a la población con discapacidad.

La estrategia 5.3. prevé garantizar el derecho de las personascon discapacidad, a la accesibilidad, diseño universal, trans-porte, y tecnologías de información y comunicación; y ocupalíneas de acción para promover la elaboración de un progra-ma nacional de transporte accesible y TIC con los sectorespúblico, social y privado; asegurar a las personas con disca-pacidad, la accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad yfuncionalidad en los medios de transporte público terrestre,aéreo, y marítimo; garantizar el acceso de PCD, incluso conperro guía o animal de servicio, a instalaciones o transportespúblicos o privados; e incrementar el Fondo de Accesibili-dad en el transporte público para las personas con disca-pacidad y vigilar su correcta aplicación.

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Dis-capacidad establece que es facultad del presidente de la Re-pública incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos dela Federación los recursos para la implantación y ejecuciónde la política pública derivada de la presente ley, conside-rando la participación de las entidades federativas en el re-parto de estos recursos, de conformidad con los ordena-mientos aplicables.

Por ello, pensar en la adición del fondo en el cuerpo de laley no tendría consideraciones presupuestarias, ya que lapropia ley faculta al Ejecutivo a fin de proponer recursospara su financiamiento.


El Fondo para la Accesibilidad al Transporte Público paralas Personas con Discapacidad desde el Presupuesto de2011 ha gozado de recursos públicos para atender las es-trategias, objetivos y líneas de acción que el programa na-cional se ha trazado para cumplir las obligaciones de ley enmateria de transporte para las personas con discapacidad.

A lo largo de 7 ejercicios presupuestarios, al fondo se haninvertido alrededor de 3 mil 550 millones de pesos. Y se es-pera que para 2018 se le sumen otros 500 millones.

Fuente: Diario Oficial de la Federación para elaboración propia.

La Auditoría Superior de la Federación, en el Informe de laAuditoría de la Cuenta Pública de 20154 observó 32.9 porciento de los recursos destinados al Fondo para la Accesi-bilidad en el Transporte Público para las Personas con Dis-capacidad.

La auditoría encontró espacios de mejora de la normati-va de los fondos y programas del gasto federalizado en elTransporte Público para las Personas con Discapacidad(Fotradis). Aseveró la Auditoría: “El área normativa úni-camente se encarga de entregar los recursos a las entida-des beneficiadas; sin embargo, no da seguimiento a losproyectos, ni verifica que los recursos se destinen a lapoblación objetivo. Añadió que algunos programas notienen la transparencia necesaria en su distribución, co-mo son el Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidaden los Servicios de Salud; el Fotradis para las Personascon Discapacidad”.

Al fondo, la ASF aplicó una auditoría de cumplimiento fi-nanciero con enfoque de desempeño, que constó de 47 acciones.

De acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscaliza-ción Superior de la Cuenta Pública de 2015, la auditoría fi-nanciera y de cumplimiento 15-0-06100-12-0052 al Fondopara la Accesibilidad en el Transporte Público para las Per-sonas con Discapacidad aplicado por la Secretaría de Ha-

cienda y Crédito Público de una partida de 600 millones depesos encontró que hubo un subejercicio de 32.9 por cien-to, lo que representa 197 millones de pesos.

La auditoría generó 1 recomendación, 28 promociones deresponsabilidad administrativa sancionatorias y 28 pliegosde observaciones.

El dictamen concluyente señaló que se registraron incum-plimientos en las obligaciones de transparencia sobre lagestión del fondo ya que las entidades federativas no pro-porcionaron informes previstos en la Ley sobre el ejerciciode los recursos.

Lo anterior nos formula la necesidad de ubicar este fondoen la ley en materia de discapacidad con plena competen-cia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Fundamento legal

Por lo motivado y fundado; y con base en lo que disponenlos artículos 71, fracción II, de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracciónVIII, 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento dela Cámara de Diputados, quien suscribe somete a conside-ración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyec-to de decreto.

Denominación del proyecto de decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionanla fracción vi al artículo 19 y el artículo 19 Bis a la Ley Ge-neral para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Texto normativo propuesto

Único. Se adicionan la fracción VI al artículo 19 y el ar-tículo 19 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Per-sonas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 19. …

I. a V. …

VI. Establecer, en coordinación con el consejo, loslineamientos necesarios para la aplicación de re-cursos federales derivados de fondos para accesibi-lidad en el transporte público para las personascon discapacidad.


Artículo 19 Bis. Las entidades federativas, los munici-pios y alcaldías de la Ciudad de México y las organiza-ciones de la sociedad podrán someter a la consideraciónde Secretaría de Comunicaciones y Transportes proyec-tos a ser financiados por los fondos para la accesibili-dad al transporte público disponibles. La asignación derecursos se hará mediante convenios que la Secretaríade Comunicaciones y Transportes suscribirá con el be-neficiario.

Estos recursos serán ejercidos conforme a la normativi-dad de transparencia aplicable a cada uno de los casosque corresponda.

Transitorio


Notas

1 file:///C:/Users/Anaya/Documents/CLAUS/DISCAPACIDAD/CONVENCIÓN.pdf

2 file:///C:/Users/Anaya/Documents/CLAUS/DISCAPACIDAD/OB-SERVACIONES_FINALES_SOBRE_EL_INFORME_INICIAL_DE_MEXICO.pdf

3 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343100&fecha=30/04/2014

4 file:///C:/Users/Anaya/Documents/CLAUS/CTA%20PUB%202015.pdf

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 26 de octubre de2017.— Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnera-bles, para dictamen.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUDY A LA SEP, A REALIZAR ACCIONES PARA

APOYAR PSICOLÓGICAMENTE A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR

LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE PASADO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta ala Ssa y a la SEP a realizar acciones para apoyar psicológi-camente a niños y adolescentes afectados por los sismos deseptiembre, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gam-boa Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, inte-grante del Grupo Parlamentario del Partido RevolucionarioInstitucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Dipu-tados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dis-puesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y el artículo79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento dela Cámara de Diputados somete a consideración de esta so-beranía la siguiente proposición con punto de acuerdo al te-nor de la siguiente


El pasado mes de septiembre, la fuerza de la naturalezaobligó a nuestro país a enfrentar uno de los retos más gran-des en los últimos años. El 7 de septiembre, once entidadessufrieron el terremoto de mayor intensidad de que se tengaregistro en nuestro territorio, y que devastó muchas comu-nidades de Chiapas y Oaxaca, sólo unos días después, el 19de septiembre, el Servicio Sismológico Nacional reportóun movimiento telúrico de magnitud 7.1 grados Richterque golpeó el centro del país, con graves consecuencias enla Ciudad de México y en los estados de México, Morelosy Puebla.

A consecuencia de estos sismos, cerca de 190 mil inmue-bles sufrieron graves daños o fueron destruíos, y lamenta-blemente, más de 400 personas perdieron la vida. Sin men-cionar que muchas personas perdieron sus casas,pertenencias y, desgraciadamente, seres queridos1.

Sin duda, estos fenómenos naturales dejaron una sensaciónde inseguridad entre la sociedad y uno de los sectores másafectados por estos eventos son nuestras niñas y niños, pa-ra quienes esta situación es particularmente estresante, to-da vez que por su tempana edad, no dimensionan la mag-nitud y las implicaciones de un desastre natural.


Por lo anterior, es indispensable que se realice buen mane-jo de crisis, para darles seguridad e impedir que desarrollenproblemas emocionales a futuro. Es necesario que niñas yniños sean atendidos por un especialista y adquieran estra-tegias para lidiar con situaciones intempestivas como estetipo de fenómenos.

La protección de la salud es un derecho de todos y está ga-rantizado en el artículo cuarto de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos, y que está regida por laLey General de Salud, donde se establece que la salud noes solamente la ausencia de afectaciones o enfermedades,sino que también se entenderá como un estado de comple-to bienestar físico, mental y social2.

Asimismo, y por mandato constitucional, en todas las ac-tuaciones del Estado se velará el principio del interés supe-rior de la niñez, con el cual se garantizan de manera plenasus derechos3.

Dichos derechos se ven reflejados en la Ley General de losDerechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como el derechoa la protección de la salud; y donde también se estableceque las autoridades de los tres niveles de gobierno garanti-zarán el cumplimiento de la política nacional en materia dederechos de niñas, niños y adolescentes4.

Dicho lo anterior, y en vista de la situación que enfrentannuestras niñas, niños y adolescentes tras el sismo, resultaindispensable que las Secretarías de Salud y Educación re-alicen las acciones necesarias para ayudarles a enfrentar es-ta situación; toda vez que niñas y niños tienen una pers-pectiva diferente y una mayor sensibilidad a los estímulosque pudieran generar los fenómenos vividos el pasado mesde septiembre.

Un primer esfuerzo fue realizado por el Sistema Nacionalde Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que publicóuna serie de enlaces electrónicos a ejercicios, técnicas y li-bros para profesores y padres de familia para ayudar a ni-ñas y niños para hacerlos sentir más seguros y superar estasituación5.

Este tipo de información, valiosa y necesaria para ayudar amejorar la situación de niñas y niños, debe ser masificaday llegar a la población de una forma práctica y directa.

Es necesario que niñas y niños se sientan seguros y prote-gidos, para que puedan volver a su rutina, y es a través delapoyo psicológico y especializado del sector salud y la

confianza que pueden generar sus maestras y maestros queven a diario como lograrán retomar sus vidas y superar,conforme a su edad, la difícil situación que han pasado.

En estos momentos, la reconstrucción de nuestro país nopasa sólo por lo material, también pasa por lo psicológicoy emocional, y nuestras niñas y niños no pueden quedarfuera de este proceso. Organizaciones civiles concuerdancon la necesidad de generar mecanismos para atender emo-cionalmente a niñas y niños tras los sismos, así como la ur-gencia de retomar la vida cotidiana en la escuela para po-der superar el estrés postraumático.

Tras los recientes terremotos, es fundamental que se garan-tice el cumplimiento integral de su derecho a salud, educa-ción y a un sano desarrollo integral. Por lo antes expuesto,someto a consideración de esta soberanía la siguiente pro-posición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congre-so de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a redoblaresfuerzos y establecer protocolos para atender las necesi-dades psicológicas de niñas, niños y adolescentes que fue-ron afectados en los recientes sismos ocurridos durante elpasado mes de septiembre.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congre-so de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Públi-ca para que, en colaboración con la Secretaría de Salud,elaboren y difundan materiales para profesores que les per-mita apoyar a niñas y niños a superar su situación tras eldesastre causado por los sismos.

Notas

1 Mensaje a la Nación del Presidente de la República, Enrique PeñaNieto; Presidencia de la República; publicado el 26 de septiembre de2017; consultado el 20 de octubre de 2017;

https://www.gob.mx/presidencia/articulos/mensaje-a-la-nacion-128390?idiom=es

2 Artículo 1 Bis de la Ley General de Salud.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_220617.pdf

3 Párrafo 9 del artículo 4 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos.


4 Artículo 114 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños yAdolescentes.

5 “Acompañemos en su regreso a clases a niñas y niños”; Sistema Na-cional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; publicado el 23de septiembre de 2017; consultado el 20 de octubre de 2017;

https://www.gob.mx/sipinna/articulos/ayuda-a-ninas-y-ninos-a-vencer-el-miedo-por-sismos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2017.— Dipu-tada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, paradictamen.

SE EXHORTA A LA CNDH PARA QUE COORDINEACCIONES CON OBJETO DE EMITIR LA DECLARATORIA DE VIOLENCIA

DE GÉNERO EN EL ESTADO DE OAXACA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta ala CNDH a coordinar acciones en el ámbito de sus faculta-des para emitir la declaratoria de violencia de género enOaxaca, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sán-chez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Luis de León Martínez Sánchez, diputadointegrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Na-cional, en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislaturadel honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lodispuesto en los artículos 3, fracción XX; 6, fracción I, nu-meral I; 62 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, frac-ción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámarade Diputados, presenta a esta asamblea la siguiente propo-sición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Co-misión Nacional de los Derechos Humanos para que en elámbito de sus facultades coordine acciones con el objeto deemitir la Declaratoria de Violencia de Género en el estadode Oaxaca.

Consideraciones

Datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),señalan que en México cada día siete mujeres son asesina-das. Este dato demuestra que nuestro país es uno de los in-tegrantes del G-20 en el que las mujeres son más vulnera-

bles a la violencia de género después de países como la In-dia, Arabia Saudita, Indonesia y Sudáfrica. Incluso, Méxi-co en el año 2014, ocupó el primer lugar a nivel mundial enabuso sexual, violencia física y homicidios de menores de14 años (Organización para la Cooperación y el DesarrolloEconómicos, OCDE.).1

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-fía (Inegi), en su más reciente estudio señala que entre2007 y 2016 fueron asesinadas alrededor de 22 mil 482mujeres en las 32 entidades del país. Lo que se traduce enque prácticamente cada cuatro horas ocurre la muerte vio-lenta de una niña, joven o mujer adulta. Destacando comoprincipales causas: mutilación, asfixia, ahogamiento, ahor-camiento o bien degolladas, quemadas, apuñaladas o bien,por impactos de bala.

De igual manera, el Inegi detalla que los ministerios públi-cos de las fiscalías y procuradurías estatales que iniciaroncarpetas de investigación por homicidios violentos pasaronde mil 83 en 2007 a 2 mil 735 en 2016, cifra que represen-ta un aumento de 152 por ciento.

Cabe señalar que el centro del país, integrado por la Ciudadde México, estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos,Puebla y Tlaxcala, son las entidades de mayor incidencia, alcontabilizar ocho mil 65 homicidios violentos. Cifra, que re-presenta 35 por ciento de la incidencia nacional.

Este clima de violencia que vive el país no sólo ha genera-do señalamientos por parte de organismos internacionales,sino que casos particulares han llegado a la Corte Inter-americana de Derechos Humanos. Incluso, el tribunalinteramericano ha sentenciado en seis ocasiones al Estadomexicano2.

El estado de Oaxaca no es ajeno a ese entorno e incluso re-cientemente la Defensoría de los Derechos Humanos delPueblo de Oaxaca solicitó a la Secretaría Ejecutiva del Siste-ma Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar laViolencia contra las Mujeres, dependiente de la Secretaría deGobernación, emitir una declaración de alerta de violenciade género contra las mujeres en dicha entidad.

En dicha solicitud igualmente se demanda que se elaborenreportes especiales sobre la zona y el comportamiento delos indicadores de la violencia contra las mujeres en el es-tado de Oaxaca, así como asignar los recursos presupues-tales necesarios para hacer frente a la contingencia que sederive de la alerta de violencia de género.


Cabe señalar que durante 2014 Oaxaca ocupó el tercer lu-gar a nivel nacional en feminicidios, sólo detrás del estadode México y el Distrito Federal, según el Observatorio Ciu-dadano Nacional de Feminicidio, quien también ha mani-festado su preocupación toda vez que en Oaxaca 50 porciento de los asesinatos contra mujeres fueron cometidoscon arma de fuego, estadística que rebasa la media nacio-nal que se ubicó en 16 por ciento del total de feminicidiosentre 2011 y 20133.

Este incremento en los feminicidios no ha cesado pues al-gunos análisis a nivel nacional señalan que el primer se-mestre de 2016 es en el que más asesinatos en todo el paísse han cometido en los últimos seis años4.

Cabe señalar, que la Alerta de Violencia de Género contralas mujeres se encuentra regulada en los artículos 22 al 25de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Li-bre de Violencia. Particularmente el artículo 22 define laAlerta de Violencia de Género de la siguiente manera:

“El conjunto de acciones gubernamentales de emergenciapara enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un te-rritorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por lapropia comunidad.”

El objetivo sustancial de la alerta de género es garantizar laseguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su con-tra y eliminar las desigualdades producidas por una legis-lación que agravia sus derechos humanos.

Sobre el particular, es importante mencionar que a la fechasuman 13 procedimientos en trámite de Alerta de Violenciade Genero: Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit,Puebla, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Po-tosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz y Zacatecas. Ensiete estados ya existe la alerta: estado de México, More-los, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa y Michoacán.

El caso de Oaxaca es muy especial, y particularmente lla-ma la atención la violencia que se ejerce contra mujeresque pertenecen a pueblos indígenas, las refugiadas, las mi-grantes, las que viven en comunidades rurales, las indigen-tes, las que se hallan recluidas en cárceles, las niñas, lasque tienen alguna discapacidad, las adultas mayores, lasque se encuentran desplazadas, las repatriadas, las más po-bres y se agrava con la feminización de la pobreza y la migración.

“La transversalidad de género obliga a explicar el impactode la acción pública en hombres y mujeres; y por tanto, atransformar los planes con los que se enfocan tradicional-mente los problemas y sus soluciones. Se trata de cambiarel enfoque de un supuesto individuo neutro-universal sindiferencias sexuales, para reconocer las diferencias entremujeres y hombres; identificar las brechas de desigualdady diseñar acciones que permitan eliminarlas”5.

En virtud de lo anterior, el presente punto de acuerdo acu-de a la fracción III del artículo 24 de la Ley General de Ac-ceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia6, paraque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en elámbito de sus facultades, emita la declaratoria de violenciade género en el estado de Oaxaca.

Artículo 24. La declaratoria de alerta de violencia degénero contra las mujeres, se emitirá cuando:

I. …

II. …

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacio-nal o de las entidades federativas, los organismos de lasociedad civil y/o los organismos internacionales, así losoliciten.

Cabe hacer mención, que Acción Nacional, mediante elpresente recurso legislativo, se suma a otras peticiones yaplanteadas por distintos grupos parlamentarios en la pre-sente LXIII Legislatura. Así como a las también presenta-das en el honorable Congreso del Estado de Oaxaca.

Expuesto lo anterior, someto a la consideración de esta so-beranía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamentea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para queen el ámbito de sus facultades coordine acciones con el ob-jeto de emitir la Declaratoria de Violencia de Género en elestado de Oaxaca.

Referencias

1 Feminicidio y Alerta de Genero. Ceameg


2 Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar laViolencia contra las Mujeres 2014-2018.

http://www.dof.gob.mx

3 Miradas sobre la violencia femenicida y los feminicidios en Oaxacadurante el gobierno de Gabino Cue. http://consorciooaxaca.org.mx.

4 Ídem.

5 Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discri-minación contra las Mujeres Proigualdad 2013-2018.-

http://www.dof.gob.mx

6 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-cia.-

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4961209&fe-cha=01/02/2007

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2017.— Dipu-tado Luis de León Martínez Sánchez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, paradictamen, y a la Comisión Especial de Alerta de Géne-ro, para opinión.

SE EXHORTA A LA SHCP, A LA SENER, A LA CRE YA LA CFE, A REVISAR LA CLASIFICACIÓN DE LAS

TARIFAS DEL SERVICIO BÁSICO DE ELECTRICI-DAD EN EL SUR DE VERACRUZ

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta ala SHCP, a la Sener, a la CRE y a la CFE a revisar la clasi-ficación de las tarifas del servicio básico de electricidad enel sur de Veracruz, a cargo de la diputada Norma RocíoNahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Norma Rocío Nahle García, integrante del Grupo Parla-mentario de Movimiento Regeneración Nacional en laLXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformi-dad con lo establecido en los artículos 6, fracción primera,y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara deDiputados, somete a consideración de esta asamblea el pre-sente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El servicio público de electricidad en México tiene unahistoria cargada de contenido social. La Comisión Federalde Electricidad surgió en 1937, como resultado de fuertesmovimientos sociales de usuarios y de trabajadores electri-cistas ante el poder de las empresas extranjeras, dominan-tes en aquellos años.

Simplemente el dato que nos da CFE de que sólo 38 porciento de la población en el país tenía energía eléctrica enaquellos años es un reflejo de que la creación de la CFErespondió a una urgencia social de hacer llegar el servicioa la gran mayoría de la población.

La CFE tuvo que irse haciendo cargo crecientemente deconstruir plantas generadoras y de hacerle llegar el servicioa zonas que no les interesaban a las empresas extranjeras.

Para los años de la nacionalización, 1960, la CFE genera-ba ya la mitad de la energía eléctrica que se vendía en Mé-xico, y el alcance del servicio hacia la población apenasllegaba a 44 por ciento. ¡En 23 años crecimos sólo en 6 porciento de cobertura del servicio hacia la población!

La energía llegaba a los centros industriales y comerciales,pero la población padecía un importante rezago social.

2. A partir de 1960, la expansión de la industria eléctricanacional fue exponencial y en tan sólo 10 años el país du-plicó su capacidad de generación de electricidad. Se cons-truyó un Sistema Nacional Interconectado que ha demos-trado su pertinencia y eficiencia para dotar de estabilidadenergética al país.

3. La industria eléctrica nacionalizada creció y se expan-dió conservando siempre un profundo contenido social.Es la dualidad de su importancia económica y social loque ha ido marcando sus transformaciones en el correr delos tiempos.

4. Éste es el caso de la estructura tarifaria vigente, que bá-sicamente sigue siendo la misma desde antes de la reformade 2013, y que, en el caso de las domésticas, hoy llamadas“servicio básico” responde a una visión donde lo que lasmodela son los montos de consumo, que casi coinciden conlos estratos socioeconómicos, ya que una vivienda de bajosconsumos normalmente es una vivienda modesta. Veamos:


Los precios (en pesos) de la energía para la tarifa 1 o ser-vicio básico son éstas:

Consumo básico: 0.813 por cada uno de los primeros 75kWh.

Consumo intermedio: 0.984 por cada uno de los si-guientes 65 kWh.

Consumo excedente: 2.880 por kWh adicional a los an-teriores.

Consumo DAC: 3.858 por kWh consumido.

Cargo Fijo: 156.80

5. Sin embargo, el país tiene zonas muy calurosas, y muyhúmedas muchas de ellas, que obligaron a hacer conside-raciones de carácter social para generar una tarifa espe-cial de verano, donde el subsidio al consumo de energía estodavía mayor que el de la tarifa 1. Así se crearon las tari-fas 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, donde el kilowatt cobrado baja deprecio y también el tope de consumo para acceder a la ta-rifa DAC, determinándose los siguientes límites al consu-mo, antes de acceder a la tarifa DAC:

1 500 kWh/bimestre1A 600 kWh/bimestre1B 800 kWh/bimestre1C 1,700 kWh/bimestre1D 2,000 kWh/bimestre1E 4,000 kWh/bimestre1F 5,000 kWh/bimestre

La realidad socioeconómica del país impone un sistema ta-rifario con importantes consideraciones sociales. De talmodo que la reforma de 2013 no consideró esta realidadcomo uno de los determinantes de la naturaleza de la in-dustria eléctrica y se le impuso en la letra la obligación degenerar ingresos a favor del Estado (artículo 4 de la Ley dela Comisión Federal de Electricidad)

Artículo 4. La Comisión Federal de Electricidad tienecomo fin el desarrollo de actividades empresariales,económicas, industriales y comerciales en términos desu objeto, generando valor económico y rentabilidad pa-ra el Estado Mexicano como su propietario…

La terca realidad nos ha venido obligando al Congreso aautorizar a la CFE un subsidio anual creciente, como lapropia Comisión de Energía reconoce en un reciente dicta-men relativo también a tarifas eléctricas:

E. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para elEjercicio Fiscal de 2016, la Cámara de Diputados aprobóun subsidio a las tarifas eléctricas de 30 mil millones de pe-sos y en 2017 se aprobaron 43 mil 114 millones de pesos.En el proyecto de Presupuesto para 2018, el Poder Ejecuti-vo federal ha proyectado un subsidio de 50 mil 179 millo-nes de pesos.

Esto llevó a que se tuvieran que tomar decisiones extraor-dinarias de apoyo a la CFE para que superara una condi-ción de pérdidas crecientes, conforme lo señala el informede labores de la CFE de 2016:


Costo neto de operación

El costo neto de operación se vio disminuido en 129 mil345 millones de pesos en 2016 en relación con 2015; estodebido principalmente a la disminución del pasivo laboralde la CFE. Comparando los costos de 2015 con los obser-vados en 2014, se observa un ligero incremento, del ordende 0.1 por ciento.

6. Por este escenario se justifica que desde la Cámara pro-pongamos que el Ejecutivo revise tarifas específicas, yaque tendremos que discutir el nuevo subsidio a las tarifasbásicas en el PEF 2018. Estoy proponiendo a esta Cámaraque se revisen las tarifas de los municipios del sur de esta-do de Veracruz de Ignacio de la Llave, ya que las tarifas au-torizadas actualmente no reflejan la condición climatológi-ca y de grado de humedad, lo que incide en incrementar losconsumos de energía para mantener un mínimo confort enla vivienda de la gente.

7. Por ejemplo, la tarifa de verano IC se aplica sólo para Co-atzacoalcos y para el resto de los municipios de la región, latarifa IB que dispone de un subsidio menor de 350 kilovatioshora, cuando la normal climática disponible del Servicio Me-teorológico Nacional, que es la de la región de Minatitlán,nos arroja los siguientes datos, donde desde el mes de abrilhasta octubre la temperatura máxima rebasa 40º Celsius, y lapromedio durante los mismos meses rebasa 34, cuando los lí-mites mínimos de las tarifas de verano son éstas:

Tarifa 1B 28º C.Tarifa 1C 30º C.Tarifa 1D 31º C.Tarifa 1E 32º C.Tarifa 1F 33º C.


Por las consideraciones anteriores y con fundamento en lasdisposiciones invocadas en el proemio, presentamos anteesta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Uniónexhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, laSecretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energíay la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electri-cidad a revisar la clasificación de las tarifas del servicio bá-sico de electricidad en los siguientes municipios del sur deVeracruz: Acayucan, Cosoleacaque, Minatitlán, Coatzaco-alcos, Nanchital, Agua Dulce, Ixhuatlán del Sureste, Molo-acán y Las Choapas, dadas sus condiciones climáticas ex-tremas, a fin de reclasificar las tarifas para adecuarlas a lasensación térmica que promedia 36 grados Celsius.

San Lázaro, Ciudad de México, a 26 de octubre de 2017.— DiputadaNorma Rocío Nahle García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

SE EXHORTA A LA CFE, A SUMINISTRAR EL SERVICIO ELÉCTRICO EN LAS VIVIENDAS DE

POBLADORES DE BACALAR, QUINTANAROO, Y EXENTAR DE SU PAGO A LOS HABITAN-

TES POR TRATARSE DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a laCFE a proporcionar el servicio eléctrico en las viviendas deBacalar, Quintana Roo, y exentar del pago correspondiente alos habitantes, de escasos recursos, a cargo de integrantes delGrupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes de di-versos grupos parlamentarios de la LXIII Legislatura delCongreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto porlos artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1 y2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a laconsideración de esta honorable asamblea el siguiente pun-to de acuerdo por el que exhorta respetuosamente a la Co-misión Federal de Electricidad a instalar el suministro eléc-trico en las viviendas de pobladores del municipio deBacalar, Quintana Roo, y exentar del pago correspondien-te a las habitantes por tratarse de personas de muy escasosingresos, con base en las siguientes

Consideraciones

Decenas de familias que viven a lo largo de la avenida queva a la Universidad Politécnica de Bacalar (UPB), en elmunicipio de dicho nombre, Quintana Roo, carecen deenergía eléctrica en sus viviendas, las cuales fueron cons-truidas en el marco de programas de la Secretaría de Desa-rrollo Social.

Los pobladores se dedican principalmente a labores del cam-po, por lo que obtienen escasos recursos. Sin embargo, en unesfuerzo extraordinario han logrado colocar los muretes concableado frente a sus humildes viviendas con la finalidad defacilitar la introducción del suministro eléctrico.

Al solicitar el servicio ante la División de Distribución Pe-ninsular, zona Chetumal, de la Comisión Federal de Elec-tricidad (CFE), el organismo indicó a los vecinos que laúnica opción posible era que ellos pagaran la introducciónde la energía a sus viviendas.

El presupuesto de la CFE de cargos por obras específicasascendió a la cantidad de 276 mil 634.19 pesos, cifra ele-vada e impagable para las familias en comento. Además,resulta desproporcionada al considerarse que los poblado-res son de escasos recursos y que ya cuentan con algunasinstalaciones para la introducción de la energía.

En Asamblea de los Ciudadanos Campesinos del Municipiode Bacalar, celebrada el domingo 22 de octubre del presente,los pobladores denunciaron las adversidades que padecen de-bido a la falta de energía eléctrica en sus viviendas.

Indicaron que día a día sufren asaltos y robos en sus casas,debido a que los ladrones aprovechan la oscuridad para in-troducirse en las humildes viviendas y sustraer lo poco quetienen. Manifestaron que únicamente cuentan con lámparasde mano, que utilizan baterías que duran poco y cuestanmucho.

Durante las noches enfrentan peligros como picaduras deculebras, alacranes y avispas que se refugian en los rinco-nes oscuros y amenazan la salud de sus hijos.

La falta de energía los condena a diversos atrasos sociales,ya que los niños no pueden realizar las tareas que sus pro-fesores les encargan ni estudiar en cuanto anochece. Ade-más, los jóvenes que estudian en la universidad se trasla-dan, algunos en bicicletas o a pie, en medio de la oscuridad,lo que los expone a la amenaza de la delincuencia.


Se trata de una comunidad prácticamente incomunicada, yaque debido a la falta de electricidad los pobladores no pue-den cargar las pilas de sus teléfonos celulares, por lo que encaso de accidentes o enfermedades resulta imposible soli-citar ayuda.

Los pobladores recordaron que en junio pasado acudierona la presidencia municipal de Bacalar con el fin de solici-tar el respaldo económico del municipio para cubrir el cos-to de la introducción de la energía eléctrica a sus casas. So-licitud que hasta la fecha no ha tenido respuesta.

Es de resaltar que la cantidad solicitada por la CFE, de másde $276,000 pesos resulta exagerada e impagable para loshabitantes de Bacalar, y que de ninguna forma se sustentala petición de una cantidad tan grande de parte de la comi-sión, sobre todo porque ya existe parte de la infraestructu-ra para el suministro.

El acceso a la energía eléctrica es indispensable para el de-sarrollo de comunidades, tanto en lo social como en lo edu-cativo y en la salud.

Por lo anterior, presento a esta honorable asamblea el si-guiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Fe-deral de Electricidad a instalar el suministro eléctrico en lasviviendas de pobladores del municipio de Bacalar, Quinta-na Roo, y exentar del pago correspondiente a las habitan-tes por tratarse de personas de muy escasos ingresos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2017.— Dipu-tados: Mirza Flores Gómez, Germán Ralis Cumplido, Moisés GuerraMota, María Victoria Mercado Sánchez, Rosa Alba Ramírez Nachis,Adán Pérez Utrera, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

RELATIVO A LA CREACIÓN DE UN GRUPO DETRABAJO QUE DÉ SEGUIMIENTO A LA IMPLE-

MENTACIÓN DE LA LEY GENERAL EN MATERIADE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS,

DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES YDEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA

DE PERSONAS

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la creaciónde un grupo de trabajo para dar seguimiento a la implanta-ción de la Ley General en materia de Desaparición Forza-da de Personas, la Desaparición Cometida por Particularesy el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a cargodel diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, delGrupo Parlamentario del PRI

César Alejandro Domínguez Domínguez, diputado a laLXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario delPartido Revolucionario Institucional, con fundamento enlos artículos 3, numeral 1, fracción IX; 6, numeral 1, frac-ciones I y IV; 77; 78; 79, numeral 1, fracción II y numeral2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como 58,fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, so-mete a consideración el presente punto de acuerdo con ba-se en la siguiente


El pasado 10 de octubre del presente año, esta honorablerepresentación aprobó la Ley General en Materia de Desa-parición Forzada de Personas, Desaparición Cometida porParticulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Perso-nas, ordenamiento que se fue gestando a lo largo de tresaños y que como resultado es la primera ley en esta mate-ria, un norma que deberá estar aparejada de una serie de re-formas que las legislaturas de los estados tendrán que rea-lizar para su total aplicación.

La desaparición de personas, sea cual sea su causa, es unalesión, un daño permanente a la sociedad en general, puesla incertidumbre que genera en los familiares de las vícti-mas de este delito, es una herida que jamás sana, ya quesiempre queda esa incapacidad de cerrar un duelo; pues pe-se a la búsqueda que de manera incansable hacen los fami-liares y amigos de las víctimas, con o sin el apoyo de la au-toridad, deja siempre la interrogante si la personadesaparecida está o no viva.

Durante muchos años, han surgido numerosas organizacio-nes de la sociedad civil que dedican sus esfuerzos en la


búsqueda de personas desaparecidas, enfrentándose a múl-tiples dificultades como lo es la inexistencia de informa-ción que les ayude a encontrar información fidedigna queles permita dar con el paradero de su ser querido. Sin em-bargo, las autoridades nacionales e internacionales, de lamano con organizaciones no gubernamentales, han dadocreación a herramientas que la ley que hoy nos ocupa po-drá emplear para aumentar las posibilidades de encontrarpersonas desaparecidas, como lo es el Registro Nacional dePersonas Desaparecidas y No Localizadas, el Banco Na-cional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personasfallecidas no identificadas, el Registro Nacional de Fosas,el Registro Administrativo de Detenciones, la Alerta Ám-ber, el Protocolo Homologado de Búsqueda y demás pro-tocolos contemplados, así como los demás registros nece-sarios para su operación y funcionamiento.

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada dePersonas; Desaparición Cometida por Particulares y delSistema Nacional de Búsqueda de Personas, viene a darrespuesta y cumplimiento a una serie de señalamientos, re-comendaciones y hasta exigencias, que tanto organismosinternacionales, nacionales y la sociedad en general, justa-mente habían estado haciendo al gobierno mexicano; por loque éste es sin duda un gran paso en el que debemos comolegisladores prestar toda nuestra atención, pues nuestra ca-lidad no sólo es de ser instrumento para la creación de lanorma, sino de propios gestores para su debida implemen-tación, por esta razón, es de vital importancia que enfoque-mos nuestros esfuerzos en la implementación de la ley, lacreación de la legislación secundaria y la armonización quecon base en ésta deberán tener las entidades federativas.

Ahora bien, a manera de ejemplo quisiera enunciar una se-rie de aspectos que la Comisión Nacional de los DerechosHumanos ha identificado y señalado en su Informe Espe-cial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinasen México, publicado en abril de 2017, en el cual enumeralas siguientes medidas que deben ser atendidas de maneraintegral:

1. Contar con un eficaz y exhaustivo Registro Nacionalde Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas, apartir de criterios claros, homologados y públicos sobrela forma en que se califican las denuncias de desapari-ción, las investigaciones que se llevan a cabo y la ma-nera en que reportan los casos;

2. La profesionalización de los servidores públicos en-cargados de procesar y reportar la información, así co-

mo de aquellos encargados de investigar los casos y re-alizar labores de búsqueda a nivel federal y local;

3. La expedición del Reglamento de la Ley del RegistroNacional de Datos de Personas Extraviadas o Desapare-cidas;

4. La aplicación del protocolo homologado de búsquedade personas desaparecidas que generen una reacción in-mediata de las autoridades, para dar con el paradero delas personas;

5. Fortalecer y unificar el Registro Administrativo deDetención a que se refiere la Ley General del SistemaNacional de Seguridad Pública, que incluya la informa-ción de las detenciones bajo las modalidades de ordende aprehensión, flagrancia, ministerial por caso urgente,arraigo, cateo y provisional con fines de extradición;

6. La necesidad de continuar con la búsqueda y regis-tro de fosas clandestinas, y la identificación de los cadáveres;

7. La conformación de un adecuado Sistema Nacionalpara la Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

8. La creación en el ámbito de las instancias de procu-ración de justicia, de grupos capacitados y especializa-dos en la búsqueda de personas desaparecidas o no lo-calizadas;

9. La creación de un Sistema Nacional de InformaciónGenética que incluya material de este tipo y muestrasbiológicas de familiares de personas que han sido re-portadas como desaparecidas o no localizadas, y el aná-lisis de la información genética de restos humanos en-contrados en fosas comunes y clandestinas;

10. La expedición de una Ley General para Prevenir, In-vestigar, Sancionar y Reparar los Delitos en Materia deDesaparición Forzada de Personas y Desaparición dePersonas por Particulares. Esta ley debe elaborarse es-cuchando a las víctimas, atendiendo sus necesidades yopiniones, así como las de las organizaciones de la so-ciedad civil, académicos y especialistas en la materia;

11. La tipificación del delito de desaparición por parti-culares y la regulación de la declaración de ausencia pordesaparición;


12. La necesidad de que el Estado mexicano acepte lacompetencia del Comité contra la Desaparición Forzadapara recibir peticiones individuales, y

13. Tener especial atención en los casos de desapariciónde personas que se encuentran en una situación de espe-cial vulnerabilidad, tales como mujeres, migrantes, per-sonas con discapacidad, menores de edad, indígenas,defensores de los derechos humanos y periodistas.

En su informe de 683 páginas, menciona las recomenda-ciones hechas al Estado mexicano en materia de desapari-ción forzada de personas, por lo que tenemos el ineludibledeber de atender no sólo con la creación de esta ley gene-ral, la cual es sólo uno de los aspectos a considerar en el re-ferido Informe de la Comisión Nacional de los DerechosHumanos, sino que a partir de la creación de ésta, adquiri-mos el compromiso de darle cumplimiento y ejecución a lamisma, responsabilidad que recaerá en los tres órdenes degobierno, particularmente en los Poderes Ejecutivo y Le-gislativo, tanto federal como de las entidades federativas.

No obstante, la Ley General en Materia de DesapariciónForzada de Personas, Desaparición Cometida por Particu-lares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, co-mo se señala en el dictamen por el cual fue aprobada, le dacumplimiento a los puntos señalados en el informe ante-rior, así como a una serie de recomendaciones formuladasal Estado mexicano en la segunda Evaluación de Méxicoante el Mecanismo de Examen Periódico Universal delConsejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, re-alizado en octubre de 2013, recomendaciones aceptadaspor nuestro país.

Derivado de lo anterior, es de vital importancia y urgencia,que esta Cámara cree un grupo de trabajo que participe enla implementación de la Ley General en Materia de Desa-parición Forzada de Personas, Desaparición Cometida porParticulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Perso-nas, que pueda coordinarse con las instancias que confor-marán el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas paraefecto de que la ley pueda ser implementada con eficaciaen todo el país, así como se realice la armonización legis-lativa a la misma, tanto en el ámbito federal como estatal,pues no sólo se trata de recomendaciones que haya recono-cido el Estado mexicano, sino de una deuda de carácter so-cial y con un alto sentido humano, que nuestro país debecumplir, pues la desaparición de personas, como ya lo he-mos dicho, no sólo lastima a las víctimas y sus familias, si-no que es una afrenta contra la sociedad misma, por lo que

como gobierno debemos actuar con todo el rigor de la leypara tratar de darle certidumbre al destino de aquellas per-sonas que se encuentran desaparecidas.

Por otra parte, es urgente que una vez conformado este gru-po de trabajo, se aboque a formular un programa que per-mita llevar a cabo la implementación de la ley general quehoy nos ocupa, y que promueva el dialogo con legislaturaslocales y autoridades de las entidades federativas para quese puedan realizar las adecuaciones a cada marco jurídicolocal y dotar de los elementos que permitan a adecuada im-plementación de la ley.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración deesta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara deDiputados del honorable Congreso de la Unión, instruye seconforme un grupo de trabajo de legisladores que dé se-guimiento a la implementación de la Ley General en Mate-ria de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Co-metida por Particulares y del Sistema Nacional deBúsqueda de Personas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2017.— Dipu-tado César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para suatención.

SE EXHORTA AL CJF, A GARANTIZAR LA AUTO-NOMÍA, INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DELOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN EL CASO

DE EMILIO LOZOYA AUSTIN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhortaal CJF a garantizar la autonomía e imparcialidad de los ór-ganos jurisdiccionales en el caso de Emilio Lozoya Austin,a cargo de la diputada Lorena del Carmen Alfaro García,del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Lorena del Carmen Alfaro Gar-cía, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara deDiputados, integrante del Grupo Parlamentario del PartidoAcción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el ar-tículo 58 del reglamento para el Gobierno Interior del Con-


greso General de los Estados Unidos Mexicanos y 79, nu-merales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara deDiputados, someto a consideración de este pleno la si-guiente proposición con punto de acuerdo a la siguiente:


A. Antecedentes

En últimas fechas, México ha visto una serie de sucesosque se han conjugado en torno a hechos gravemente lesi-vos a los mexicanos.

En primer lugar, han saltado a la luz los excesos y abu-sos de Emilio Lozoya Austin cuando estuvo al frente dePemex y que la Auditoría Superior de la Federación haido documentando.

En diciembre de 2016, y gracias a investigaciones realiza-das por instancias extranjeras, también vimos los vergon-zosos actos de corrupción en torno a los sobornos confesa-dos por Odebrecht, a altos funcionarios mexicanos,resultando más tarde el nombre de Emilio Lozoya Austin,como el receptor de más de diez millones de dólares parala asignación de contratos.

En enero de este mismo año, derivado de la denuncia deAraceli Cortés, apoderada de Pemex Transformación In-dustrial, se abrió una carpeta de investigación en la Procu-raduría General de la República al ex funcionario, quien esindagado por cohecho y enriquecimiento ilícito.

En agosto, derivado de una denuncia ciudadana y una delPartido de la Revolución Democrática, la Fiscalía Especiali-zada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) se su-mó a las investigaciones en contra del ex ex director de Pe-mex, por el posible delito de financiamiento ilícito a lascampañas electorales en 2012, por la supuesta recepción derecursos de parte de la empresa brasileña Odebrecht para lacampaña presidencial del hoy presidente Enrique Peña Nieto.

El 9 de octubre, Emilio Lozoya interpuso una demanda deamparo ante el juzgado octavo de distrito en materia deamparo penal, alegando la omisión de la Fepade para teneracceso a la carpeta de investigación, así como para citarloen su calidad de imputado.

El 11 de octubre se concedió la suspensión provisional y secitó para el 20 del mismo mes a la celebración de la au-diencia incidental.

El pasado 16 de octubre se presentó ante la Junta de Coor-dinación Política del Senado de la República la renunciacomo procurador general de justicia, de Raúl CervantesAndrade, mejor conocido como el “Fiscal Carnal”, a quiende ninguna manera podríamos tener al frente de la FiscalíaGeneral, dada su parcialidad y el evidente conflicto de in-tereses que tiene.

En su lugar quedó como procurador interino Alberto ElíasBeltrán, titular de la Subprocuraduría Jurídica y de AsuntosInternacionales, despachando desde ese mismo momento.

El 18 de octubre, el fiscal especializado en Delitos Electo-rales, un importante diario de circulación nacional dio a co-nocer que el ex director de Pemex le habría hecho llegaruna carta a Santiago Nieto Castillo, en la que le pedía de-clararlo inocente y ofrecerle una disculpa pública por vin-cularlo al caso Odebrecht.

El 20 del mismo mes, es decir, dos días después, el procu-rador interino de la PGR, Alberto Elías Beltrán, cesó delcargo al titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, por“violar la secrecía de la investigación”.

Finalmente, otro punto importante, es que no hay noticias delresultado de la audiencia incidental en el proceso de amparo.Hasta donde se sabe, se le otorgó la suspensión definitiva.

B. Consideraciones

Los antecedentes antes relacionados son apenas una partede la corrupción que tanto ha lastimado a México.

Se han visto casos diversos en los que intervienen las dife-rentes instancias involucradas y en un sinfín de pretextos ofaltas procedimentales, se pierden para nunca llegar a san-cionar a los culpables y restituir a los mexicanos.

Ante este caso tan vergonzoso para el pueblo mexicano,ante la cantidad de evidencias que se han ventilado, no po-demos permitir un caso más de impunidad.

Cada uno de los órdenes de gobierno, cada poder del Esta-do mexicano, cada instancia pública de la nación, tiene eldeber de respetar, cumplir y hacer cumplir la ley.

Tan grave ha sido el problema de la corrupción en México,que nos vimos obligados a crear un Sistema Nacional An-ticorrupción, que dirija acciones para prevenir, combatir ysancionar los casos de corrupción.


Y no puede ser un tema de utopías y buenas intenciones.

Por lo menos, en este momento histórico, debe ser un indi-cio de lealtad a los mexicanos por lo que nos vemos obli-gados a cumplir a cabalidad con nuestras funciones.

Se requiere de valentía, sí, pero también de un profundoamor a esta nación, para hacer lo que es debido.

Sin entrar en defensa de nadie, ni en acusaciones infunda-das, es necesario que los que en este momento son respon-sables de atender los temas que aquí nos ocupan, cumplana cabalidad su función.

Justo ahora, en ejercicio legítimo de sus derechos, LozoyaAustin ha demandado la protección de la justicia federal, seestá siguiendo un procedimiento ante el Poder Judicial dela Federación que, confiamos será resuelto perfectamenteajustado a la legalidad y en favor de la justicia.

Que nadie sucumbirá a las presiones, que todo el aparatojudicial se volcará a cuidar que el proceso sea resuelto con-forme a la ley, sin descuidos, sin tropiezos, sin miedos.

Que no puede topar, como muchos otros asuntos, en un te-ma político.

Los mexicanos exigen que con este caso se siente el prece-dente de un combate frontal a la impunidad y a la corrup-ción; de que ya no más como tantas veces, quede en “in-vestigaciones o carpetas mal integradas” o en “procesosdefectuosos”, para no resolver el fondo del asunto, tal vezpor presiones, tal vez por amenazas, tal vez por desconoci-miento, ya no más.

Sin ser parciales, reconocemos el valor de Nieto Castillo alhacer pública la presión de que fue objeto.

Si bien el procurador interino argumenta una falta al códi-go de conducta de la PGR por parte de Nieto Castillo, có-digo que, por cierto, nadie conoce, cabría preguntarse siacaso era esa la única sanción aplicable, y por qué no se haaplicado a otros funcionarios de la PGR que han incurridoen faltas aún más graves.

Es así que instamos mediante este exhorto al Consejo de laJudicatura Federal para que en cumplimiento de su objeti-vo, que es preservar y fortalecer la autonomía, indepen-dencia e imparcialidad de los órganos jurisdiccionales y

áreas administrativas del Consejo de la Judicatura federal,emitiendo y aplicando normas, lineamientos, directrices ypolíticas en materia de administración, vigilancia, discipli-na y carrera judicial, a vigilar de manera especial este pro-ceso, dada su complejidad, antecedentes y acusaciones, pa-ra que se resuelva sin menoscabo de la función judicial ysin perjuicio de los mexicanos.

En ese tenor, que tome las medidas pertinentes para evitarpresiones y amenazas a su personal, así como para prevenircualquier conflicto de interés en los jueces y magistrados queconozcan del caso, además de las medidas de seguridad ne-cesarias para garantizar la autonomía, independencia e im-parcialidad de los órganos jurisdiccionales.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a es-ta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congre-so de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo de laJudicatura Federal para que en ejercicio de sus atribucio-nes, emita las disposiciones pertinentes y realice las accio-nes necesarias para garantizar la autonomía, independenciae imparcialidad de los órganos jurisdiccionales en el casode Emilio Lozoya Austin.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congre-so de la Unión exhorta respetuosamente a la ProcuraduríaGeneral de la República para que informe detalladamente aesta soberanía el fundamento legal y las causas por las quecesó de sus funciones al titular de la Fiscalía Especial parala Atención de Delitos Electorales (Fepade) Santiago Nie-to Castillo.

Palacio de San Lázaro, Ciudad de México, a 26 de octubre de 2017.—Diputada Lorena del Carmen Alfaro García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión Justicia, para dictamen.


RELATIVO A LA PREVENCIÓN, RESCATE, PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN

Y RESTAURACIÓN DE LA BARRANCA DE TARANGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la preven-ción, el rescate, la preservación, la conservación, la protec-ción y la restauración de la barranca de Tarango, en la Ciu-dad de México, a cargo de la diputada Sara Paola GalicoFélix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, dipu-tada a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, in-tegrante del Grupo Parlamentario de Morena, con funda-mento en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6,numeral 1, fracción I; así como 79, numeral 1, fracción II,y numeral 2, fracción I y II del Reglamento de la Cámarade Diputados, presenta a esta asamblea la siguiente propo-sición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Aproximadamente 60 por ciento del agua que consume laCiudad de México proviene de su acuífero subterráneo.Las Barrancas del Poniente, integrada por las delegacionesÁlvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Magdalena Con-treras y Miguel Hidalgo, generan valiosos servicios am-bientales para la población, como son la recarga de mantosacuíferos, la regulación del balance hídrico, la captura decarbono, la retención de partículas contaminantes, amorti-guador de ruido, la regulación del microclima, el control dela erosión y refugio de flora y fauna1.

El artículo 5o. de la Ley Ambiental de Protección a la Tie-rra en el Distrito Federal, establece el concepto de Barran-cas, el cual se define como la “depresión geográfica quepor sus condiciones topográficas y geológicas se presentancomo hendiduras y sirven de refugio de vida silvestre, decauce de los escurrimientos naturales de ríos, riachuelos yprecipitaciones pluviales, que constituyen zonas importan-tes del ciclo hidrológico y biogeoquímico”2.

La capacidad de infiltración de estas zonas es particular-mente importante ya que su sustrato es de origen volcáni-co y está conformado por rocas permeables y fracturadasque cuando existe la adecuada cobertura vegetal retienen einfiltran como esponja una gran cantidad de líquido3.

Diversos expertos, autoridades, académicos y organizacio-nes civiles coinciden en que las barrancas del poniente del

Valle de México constituyen un importante recurso am-biental ya que es en donde se capta el agua de lluvia que esfiltrada al subsuelo de la ciudad. Por este motivo resultacrucial mantener vigente su capacidad de captación deagua de lluvia e incluso potencializarla. Esta meta es im-postergable y no podría alcanzarse y sostenerse en el tiem-po sin una intervención eficaz, comprometida y medible.

La Barranca de Tarango, ubicada en la delegación ÁlvaroObregón, fue declarada el 22 de julio de 2009 como área devalor ambiental con la categoría de “barranca” y cuenta conuna extensión de 2,671.893.18 metros cuadrados, es la últimabarranca del poniente del Valle de México que se encuentralibre de urbanización en casi toda su extensión. El área de va-lor ambiental Barranca de Tarango colinda al norte con lascolonias El Rincón, Tlacuiltlapa, Puerta Grande, Colinas deTarango y Lomas de Tarango; al sur con las colonias Lomasde las Águilas, San Clemente y Ampliación Águilas; al estecon la colonia Las Águilas y al oeste con las colonias Lomasde Axomiatla y Bosques de Tarango4.

En esta área de valor ambiental se encuentran diversas es-pecies vegetales, como por ejemplo: siete especies de enci-no, capulín, tejocote, fresno, madroño, dalia, agave, huiza-ches, mezquites, bromelias, helechos y orquídeas. Lascaracterísticas de la zona permiten el establecimiento de 45especies de animales, en especial aves migratorias5.

Un área de valor ambiental son “las áreas verdes en dondelos ambientes originales han sido modificados por las acti-vidades antropogénicas y que requieren ser restauradas opreservadas, en función de que aún mantienen ciertas ca-racterísticas biofísicas y escénicas, las cuales les permitencontribuir a mantener la calidad ambiental de la Ciudad”6.

El 10 de septiembre de 2010, se expidió el Programa deManejo del Área de Valor Ambiental Barranca de Tarango,con el objetivo general de vencer los problemas que en-frenta el ecosistema de bosque nativo, principalmente deencino y fresno en barranca, que era el ecosistema origina-rio de la barranca, para así aumentar la infiltración de aguaal acuífero subterráneo y garantizar la preservación de losbeneficios ambientales que ofrece esta barranca a los habi-tantes que la rodean y a la ciudad. Lo anterior a través deacciones orientadas a un manejo planificado, programablee integral del área, así como regulando las actividades quese desarrollen en ella7.

Algunas de las principales problemáticas que afecta a lasbarrancas y a sus servicios ambientales son:


• Pérdida de cobertura vegetal.

• Cambio de uso de suelo.

• Presencia de asentamientos humanos.

• Depósito de residuos sólidos (de la construcción y do-miciliarios).

• Descarga de aguas residuales.

• Deforestación.

• Incendios.

• Extracción de suelo.

El constante crecimiento poblacional y la demanda de vi-vienda en la Ciudad de México, ha traído grandes proble-mas a causa de una inadecuada planeación en cuanto al de-sarrollo urbano. El desenfrenado auge de las empresasconstructoras ha orillado al desarrollo de complejos habita-cionales en zonas en donde el uso de suelo no se los per-mite, ocasionando poner en riego el medio ambiente, suflora y fauna sin que se pueda detener esta práctica.

El pasado 30 de junio, las autoridades capitalinas publica-ron en la Gaceta Oficial el acuerdo por el que se autoriza laparticipación de la administración pública de la Ciudad deMéxico en el Sistema de Actuación por Cooperación de lazona que se indica y se dan a conocer los Lineamientos Ge-nerales para el Desarrollo Urbano Sostenible del Área, quea la letra dice:

“Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en elejercicio de sus atribuciones ubicó un área conformada poraproximadamente 268.81 hectáreas (has) en la delegaciónÁlvaro Obregón, la cual representa un espacio idóneo paraun desarrollo urbano ambientalmente responsable, el cualincluirá un parque público de 27 has y que por sus caracte-rísticas geográficas permite la infiltración de agua y recar-ga de los mantos acuíferos, ofreciendo además la oportuni-dad de aprovechar bienes inmuebles propiedad de laCiudad de México para dichos fines y evitar el riesgo deasentamientos irregulares. Que los sistemas de actuacióntienen por objeto articular las acciones de los sectores pú-blico, social y privado para la realización de proyectos ur-banos, así como de infraestructura, equipamiento, presta-ción de servicios públicos, recreativos, turísticos, obras yde vivienda, los cuales pueden ser privados, sociales o por

cooperación, susceptibles de llevarse a cabo en un ámbitode aplicación o en un polígono de actuación.”8.

Esta modificación permite la edificación en un área de va-lor ambiental, dejando de lado el alto impacto que tendráuna de las zonas de recarga de mantos freáticos más im-portantes de la Ciudad de México, así como la diversa flo-ra y fauna existente en la zona.

Es claro que existe una contradicción entre el Programa deManejo del Área de Valor Ambiental Barranca de Tarango yel acuerdo por el que se autoriza la participación de la admi-nistración pública de la Ciudad de México en el Sistema deActuación por Cooperación, por lo que se debe de revisar afondo el acuerdo en cuanto a su legalidad y viabilidad.

Las autoridades no han sido precisas de dónde se aplicaráeste Sistema de Actuación por Cooperación, ya que en elacuerdo no se indica, lo que genera opacidad.

Es necesario aclarar los objetivos y alcances del Sistema deActuación y Cooperación, con el fin de asegurar que nocontravenga a los intereses de los ciudadanos y a la susten-tabilidad de la ciudad, procurando siempre la conservacióny regeneración de la Barranca de Tarango.

Por lo anterior, es fundamental que se consideren las polí-ticas públicas necesarias para la protección, conservación yrestauración de las Barrancas.

Las y los habitantes de la Ciudad de México merecemospolíticas públicas eficaces y eficientes para el beneficio delas presentes y futuras generaciones, que tengan como fun-damento la sostenibilidad y la transparencia.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideraciónde esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputadosdel Congreso de la Unión, exhorta al jefe de gobierno de laCiudad de México para que bajo el principio de máximapublicidad, haga pública la información técnica y jurídicaconcerniente al Acuerdo por el que se autoriza la participa-ción de la Administración Pública de la Ciudad de Méxicoen el Sistema de Actuación por Cooperación en la zona dela Barranca de Tarango, con la finalidad de que la ciudada-nía tenga conocimiento y claridad de las repercusiones eco-lógicas y urbanísticas que se generarán como consecuencia


de dicho acuerdo.

Segundo. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputadosdel Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secreta-ría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para queimplemente políticas públicas con el objeto de prevenir,rescatar, preservar, conservar, proteger y restaurar la Ba-rranca de Tarango.

Notas

1 http://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/barrancas

2 http://www.aldf.gob.mx/archivo-7845786f92c3b622b145b6ff08be-af41.pdf

3 Ídem

4 http://centro.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_10_09_2010.pdf?b=ce

5 http://web.ecologia.unam.mx/oikos3.0/index.php/todos-los-nume-ros/numeros-anteriores/17-recuadros/274-barranca-de-tarango

6 Ley Ambiental del Distrito Federal.

7 http://centro.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF/GODF_10_09_2010.pdf?b=ce

8http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/933a92176db8eae5a123f3bcb828c826.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2017.— Dipu-tada Sara Paola Galico Félix Díaz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de la Ciudad de México, paradictamen.

RELATIVO A LA ACTUALIZACIÓN DE CENSOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Y LA ENTREGA DE APOYOS PARA JUCHITÁN, OAXACA, AFECTADO POR LOS SISMOS

DEL 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la actualiza-ción de censos para reconstruir viviendas y entregar apoyospara Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, afectado por los sismosdel 7 y 19 de septiembre, a cargo de la diputada Karina Ba-rón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, diputada del GrupoParlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional dela LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honora-ble Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6,numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracciónII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a laconsideración del pleno de esta honorable asamblea la si-guiente proposición con punto de acuerdo relativo a la actua-lización de censos para la reconstrucción de viviendas y laentrega de apoyos para el municipio de Juchitán de Zaragozadel estado de Oaxaca, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Las afectaciones por los sismos de 7 y 19 de septiembre da-ñaron más de 63 mil viviendas en el estado de Oaxaca. Deacuerdo con un comunicado publicado el 13 de octubre, laSecretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano dio aconocer ciertos pormenores del número de viviendas conafectaciones en los estados impactados por los sismos:

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-bano presentó el “Censo de viviendas y acciones parala reconstrucción: transparencia y rendición de cuen-tas”, sobre las acciones que se realizan en los estadosde Chiapas y Oaxaca, a consecuencia de los sismos deseptiembre pasado.

De acuerdo con el censo realizado en el estado deChiapas se registraron 58 mil 366 viviendas con dañosparciales o totales, mientras que en Oaxaca sumaron 63mil 335 casas con algún nivel de afectación, dando co-mo resultado un total de 121 mil 701 viviendas que re-sultaron afectadas tras los sismos del 7 y 19 de sep-tiembre pasado.

La Sedatu puso a disposición del público cifras estadís-ticas de estas dos entidades, desglosadas por munici-


pios, así como información de interés como un aparta-do de Fuerza México, que es un conjunto de iniciativaspara la reconstrucción y apoyo a la ciudadanía deriva-das del impacto de fenómenos naturales.

Esta plataforma es un ejercicio de rendición de cuentaspara dar seguimiento a los recursos destinados a laatención de los daños.

El portal http://transparencia.sedatu.gob.mx actualiza-rá la información de manera constante e incorporarámateriales adicionales de los censos conforme estos es-tén concluidos.

La misma Secretaría hizo énfasis en la “gran tradición” dereconstrucción que el estado de Oaxaca ha demostrado, lacual, después de los sismos, “contará con la asistencia téc-nica de autoridades y empresas sociales, lo que permitirácontar con viviendas mucho mejor edificadas”. Lo anteriorfue informado en un comunicado publicado el 10 de octu-bre de 2017:

La reconstrucción, a partir de una estrategia de auto-construcción con asistencia técnica de autoridades yempresas sociales, es fundamental para contar con vi-viendas que mantengan la imagen urbana conforme asus tradicionales, pero con la ventaja de que ahora es-tarán mejor edificadas.

En México, siete de cada 10 viviendas han sido cons-truidas por la misma población; por ello, la importan-cia de la autoconstrucción asistida propuesto por el go-bierno de la república en los estados afectados por lossismos de septiembre pasado, sobre todo en Oaxaca yChiapas donde está arraigada esta tradición, afirmó laespecialista en producción social de vivienda, Elena Solís.

“Es muy interesante este proyecto que se propone por-que se enfatiza el trabajo conjunto, la costumbre y laforma en que la gente ha desarrollado por muchos añossu vivienda, así como la asesoría técnica que ayudará aque las construcciones sean mejores”, afirmó.

Elena Solís explicó que en este proceso es fundamentalla participación ciudadana, porque precisamente seránlos mismos habitantes quienes decidan el diseño de susviviendas, lo que permitirá respetar sus tradiciones.

“Solamente se van a ejecutar los proyectos que cadaquien haya aprobado y esto es muy importante porquese ofrecen soluciones de acuerdo con lo que cada fami-lia necesita”, señaló.

Resaltó la cultura de organización y la costumbre del“Tequio” o ayuda mutua que tienen los oaxaqueños quees reconocida históricamente a nivel mundial.

“En estos momentos el apoyo familiar es muy impor-tante y como sociedad en Oaxaca se tiene una gran cos-tumbre que se denomina “Tequio” o “la mano vuelta”,que está basada en que las familias se organizan paraayudar a otras para construir su vivienda, y entre todoscompran desde comida hasta materiales, y una vez ter-minada la tarea se organizan para comenzar otraobra”, comentó.

Elena Solís detalló cómo se realizará el acompaña-miento por parte de las empresas sociales para iniciarla reconstrucción de viviendas en los municipios afecta-dos por el sismo.

“Cada una de las organizaciones están debidamenteacreditadas y cuentan con equipos completos de arqui-tectos, ingenieros y expertos que apoyarán en el acom-pañamiento personalizado desde los levantamientostécnicos, el presupuesto para gasto de materiales y ma-no de obra, un desglose de materiales, la administra-ción del presupuesto y visitas en el proceso de cons-trucción”, puntualizó.

No obstante lo anterior, y aun conociéndose estas declara-ciones que derivan hacia la optimista respuesta para la re-construcción, la realidad parece ser otra. De acuerdo conalgunas versiones ampliamente difundidas en medios decomunicación, tras los sismos que afectaron gravemente alestado de Oaxaca, no existe reconstrucción efectiva de co-munidades que, si bien han tenido ayuda inmediata a travésde insumos y víveres, no han desarrollado el plan a travésde la ayuda que provenga de las autoridades estatales y fe-derales competentes.

En comunidades del municipio de Juchitán, los pobladoreshan acusado de la realización de “censos selectivos” debi-do a las divisiones comunitarias y por determinación de au-toridades distintas a las filiaciones partidistas de la pobla-ción. De acuerdo con esas informaciones, el abandono deciertas poblaciones es tal que los gobiernos del nivel fede-


ral y estatal “realizaron un censo tras el sismo del 7 de sep-tiembre, y nadie ha vuelto al poblado para revisar las casasdañadas con el terremoto del día 19”.i De acuerdo con elúltimo censo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Terri-torial y Urbano fueron 14 mil 918 viviendas las afectadasdespués del sismo de inicios de septiembre.

A mayor abundamiento, “En Álvaro Obregón también hayun cabildo comunitario que gobierna al pueblo, hecho queha significado que el gobierno municipal encabezado porGloria Sánchez del PAN-PRD, les dé la espalda.

“Muchas casas se vinieron abajo, pero a la mayoría de lagente le negaron el folio Aquí hay como 3 mil casas daña-das, y sólo dieron folio a cerca de 500, porque como nos-otros somos comunitarios, la gente del gobierno municipalnos da la espalda, no nos apoya”, explicó José Crispín Fi-gueroa, integrante del cabildo comunitario.

Figueroa dijo que los que sí recibieron apoyos fueron quie-nes apoyan al gobierno municipal de Juchitán.

En 2012, los habitantes de Álvaro Obregón expulsaron a losfuncionarios cuando se enteraron que permitieron el cambiode uso de suelo en una parte de tierra que una empresa priva-da usaría para instalar 132 aerogeneradores. Luego, en 2014,instalaron en asamblea popular una policía comunitaria, unconsejo de ancianos, y un cabildo comunitario… la comuni-dad está dividida, el gobierno municipal de Juchitán no reco-noce al cabildo comunitario e “instalaron una nueva oficinaen lo que era el local de la COCEI”, un grupo agrario creadopor el PRD, y ahora con el sismo, los apoyos para la recons-trucción solo se están entregando a quienes están con ellos ya “todos los que están con el cabildo comunitario les dijeronque su casa no tenía nada”. Luego del sismo del 7 de sep-tiembre, las autoridades federales y estatales hicieron el cen-so para evaluar los daños, pero desde entonces, nadie volvióa la comunidad.ii

La reconstrucción de Oaxaca no debe tener dilación algu-na. Si bien la autoridad responsable de estas acciones hahecho mención de que en el estado se aceleran las obrasnecesarias a través de empresas sociales, en esas comuni-dades las rencillas y divisiones políticas apuntan hacia unadilación en la entrega de recursos.

En este sentido, se considera oportuno el exhorto a la Se-cretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano paraque, en el ámbito de su competencia, realice la actualiza-ción de los censos de vivienda en el municipio de Juchitán

tras los sismos del 7 y 19 de septiembre para entregar losapoyos necesarios y, por el otro lado, se considera oportu-no el exhorto a la Fiscalía General del estado de Oaxacapara que, en el ámbito de su competencia, realice las in-vestigaciones en el municipio de Juchitán de Zaragoza quepermitan deslindar las responsabilidades sobre el presuntodesvío y retención de recursos del plan de reconstrucciónfederal con recursos del Fondo de Desastres tras los sismosdel 7 y 19 de septiembre.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideraciónde esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario,Territorial y Urbano para que, en el ámbito de su compe-tencia, realice la actualización de los censos para la re-construcción de vivienda en el municipio del Juchitán deZaragoza del estado de Oaxaca por los daños causados de-bido a los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Segundo. Se exhorta al fiscal general del estado de Oaxa-ca para que, en el ámbito de su competencia, realice las in-dagatorias que permitan deslindar las responsabilidades so-bre el presunto desvío y retención de recursos del plan dereconstrucción de vivienda en el municipio de Juchitán deZaragoza por los daños causados debido a los sismos del 7y 19 de septiembre.

Notas

i “Comunidad oaxaqueña que se rebeló al gobierno se queda sin apo-yos para la reconstrucción”, 20 de octubre de 2017 en:

http://www.animalpolitico.com/2017/10/comunidad-oaxaca-apo-yos-reconstruccion/

ii “Comunidad de Oaxaca no recibe apoyos para reconstrucción por ex-pulsar al gobierno corrupto, 20 de octubre de 2017 en:

https://regeneracion.mx/comunidad-de-oaxaca-no-recibe-apoyos-para-reconstruccion-por-expulsar-al-gobierno-corrupto/

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 26 de octubre2017.— Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Orde-namiento Territorial, para dictamen.


SE CONDENA LA VIOLENCIA INSTITUCIONALEN CONTRA DE DAFNE MCPHERSON

VELOZ Y SE EXHORTA A INSTITUCIONES DEQUERÉTARO A PROCEDER PENALMENTE CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE

POR IMPEDIR SU ASISTENCIA MÉDICA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se condenala violencia institucional contra Dafne Mcpherson Veloz yse exhorta a instituciones de Querétaro a proceder penal-mente contra quien resulte responsable por impedir su asis-tencia médica, a cargo de la diputada Araceli Damián Gon-zález, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, diputada de la LXIII Legislatura,integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con funda-mento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara deDiputados, somete a consideración del pleno la presente pro-posición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. Mientras laboraba, el 17 de febrero de 2015, lajoven Dafne McPherson Veloz, tuvo un parto fortuito en unsanitario de una sucursal de la cadena de almacenes Liver-pool, en San Juan del Río, Querétaro.1 Ella afirma que nosabía que estaba embarazada cuando ocurrió esto; mesesantes acudió a los servicios médicos de la empresa y delInstituto Mexicano del Seguro Social y en ningún momen-to se le diagnosticó en ese sentido. Adicionalmente, pade-ce hipotiroidismo, condición clínica que puede contribuir aocultar cualquier señal fisiológica del embarazo debido aque, entre otras afecciones, puede ocasionar ciclos mens-truales irregulares y aumento de peso.

Segunda. Al tratarse de un parto fortuito,2 Dafne McPher-son estuvo imposibilitada de buscar asistencia médica porcuenta propia; comenzó a desangrarse y en varias ocasio-nes perdió el conocimiento. Además, no contó con la debi-da atención clínica al momento del parto porque el perso-nal del almacén Liverpool no permitió el ingreso de losservicios de emergencias locales.3 Los partes médicos delcaso señalan como hora estimada del parto las 17:30 horasde ese día; a las 18:10 horas el personal de protección civilrecibió el reporte del parto y su personal llegó al estableci-miento 8 minutos más tarde. Sin embargo, la empresa im-pidió el ingreso a los paramédicos y sólo hasta las 19:40horas –una hora y treinta minutos después del reporte deauxilio– Dafne McPherson ingresó a un hospital. Desafor-

tunadamente, para este momento su hijo ya había fallecido.Por impedir el ingreso a los servicios de emergencia la em-presa sólo fue acreedora a una multa por treinta mil pesosal tratarse de una falta administrativa.

Tercera. Dafne McPherson no supo de su embarazo, tuvoun parto fortuito y no pudo recibir atención médica oportu-na porque la empresa para la cual trabajaba lo impidió. Sinimportar lo anterior, el Ministerio Público de Querétaro laimputó por el delito de homicidio calificado y logró que sela sentenciara a 16 años de prisión. Además, el fiscal delcaso, Gustavo Dolores Acosta, hizo comentarios misóginosy denigrantes en la audiencia de cierre que evidencian losprejuicios y estereotipos machistas bajo los cuales se acu-só a Dafne McPherson.3 Ante esto, su defensa promovió elamparo directo 183/2017, que el Vigésimo Segundo Tribu-nal Colegiado del Estado de Querétaro revisa todavía, por-que determinó aplazar la resolución prevista para el 19 deoctubre de este año.

Cuarta. Dafne McPherson es víctima de las acciones ne-gligentes del personal de la empresa para la cual trabajabay fue revictimizada al acusársele de un homicidio que nocometió. La violencia institucional que ella sufre es una in-justicia inaceptable para un país que busca erradicar todaslas formas de violencia de género. Este caso evidencia nosólo la insensibilidad de los ministerios públicos para in-vestigar casos desde una perspectiva de género, sino quetambién devela que llevan a cabo sus funciones con prejui-cios misóginos, lo que viola los derechos humanos de laspersonas acusadas.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración delpleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados condena la violenciainstitucional y de género que ha padecido Dafne McPher-son Veloz desde que tuvo un parto fortuito el 17 de febrerode 2015.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Vigésimo Se-gundo Tribunal Colegiado del Estado de Querétaro concederel amparo directo 183/2017 a Dafne McPherson Veloz.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía Ge-neral del Estado de Querétaro a cumplir su encargo respe-tando los derechos humanos y atendiendo en sus investiga-ciones a las premisas de la perspectiva de género.


Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía Ge-neral del Estado de Querétaro a investigar al personal de laempresa Liverpool que impidió a Dafne McPherson Velozy su hijo recibir asistencia médica oportuna y, en su caso,proceder penalmente contra los responsables de esto.

Notas

1 Véanse principalmente: Carlos Vargas Sepúlveda, “Dafne perdió a suhijo en el baño de su trabajo, una Liverpool; le dan 16 años. “Libéren-la”: familia”, Sinembargo,

http://www.sinembargo.mx/17-10-2017/3331462, consultado el 22de octubre de 2017; Eréndira Aquino, “Dafne, 2 años presa porparto accidental; Fiscalía de Querétaro la acusa de matar a su be-bé”,

http://www.animalpolitico.com/2017/10/dafne-presa-parto-acci-dental-acusan-mato-bebe/, consultado el 21 de octubre de 2017.

2 En la Revista de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico se ha de-finido el parto fortuito como el nacimiento que ocurre “fuera de las ins-talaciones médicas destinadas a la atención obstétrica.” Sin embargo,la ambigüedad del concepto ha llevado a diferenciar entre los que ocu-rren en el hogar intencionalmente y los que no lo son. En el caso deDafne McPherson se trata de un “parto accidental no hospitalario” y asídebe entenderse el uso del concepto “parto fortuito” a lo largo de todoeste documento. Tanto para esto cuanto las condiciones y posibles con-secuencias de estos fenómenos véase Luis Alberto Villanueva Egal, etal. “Parto fortuito: definiciones, características y resultados. Elementospara su análisis en México”, Revista Conamed, vol. 19, núm. 2, dispo-nible en:

h t t p : / / w w w . d g d i - c o n a m e d . s a l u d . g o b . m x / o j s -conamed/index.php/revconamed/article/view/6/69

3 Mariana Chávez, “Niega Liverpool de Querétaro acceso a ProtecciónCivil en una emergencia”, La Jornada, 19 de febrero de 2015, p. 33.

4 Excélsior, “Sancionan a fiscal que comparó a Dafne con una perra”,

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/21/1196171 -con-sultado el 22 de octubre de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2017.— Dipu-tada Araceli Damián González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, paradictamen, y a la Comisión Especial de Delitos Cometi-dos por Razones de Género, para opinión.

SE EXHORTA AL IMPI, A INICIAR EL TRÁMITE DE CERTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN

DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL NOPAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhortaal IMPI a iniciar el trámite de certificación y protección dela denominación de origen del nopal, suscrita por los dipu-tados Laura Beatriz Esquivel Valdés, Mario Ariel JuárezRodríguez y Héctor Javier García Chávez, del Grupo Par-lamentario de Morena

Los que suscriben, Laura Beatriz Esquivel Valdés, MarioAriel Juárez Rodríguez y Héctor Javier García Chávez,diputados federales de la LXIII Legislatura, integrantes delGrupo Parlamentarios de Morena, con fundamento en lodispuesto, en lo establecido en el artículo 79, numeral 1,fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, so-meten a consideración de esta asamblea la presente propo-sición con punto de acuerdo en base de las siguientes

Consideraciones

El Nopal (Opuntia) es un género de plantas de la familia delas cactáceas que consta de aproximadamente 300 especiasoriundas del continente americano donde crecen de formasilvestre; sin embargo, solo alrededor de diez especies sonutilizadas por el hombre, la más ampliamente cultivada esla Opuntia Ficus.

En México existen 93 especies de Opuntia silvestres, de lasque 62 son endémicas, una cantidad que hace suponer queeste territorio es el centro de origen de la especie.

El nopal que se consume en nuestro país viene siendo laparte de la planta denominada cladodios, que son carnososy aplanados y a los cuales se les quitan las espinas y su fru-to llamado tuna, también es comestible.

Este cultivo es resistente a las altas temperaturas y a perio-dos prolongados de sequía, por lo que se encuentran prin-cipalmente en las zonas áridas y semiáridas, aunque hoy endía se les puede encontrar en todos los continentes, en unagran variedad de condiciones agroclimáticas, en forma sil-vestre o cultivada.

Es una planta arborescente que alcanza hasta cinco me-tros de altura. Sus flores son grandes y abiertas, sus co-lores varían dependiendo de su especie y de la época desu formación pudiendo ser blancas, amarillas, naranjas,rojas o púrpuras.


Fue un alimento importante para diversas culturas mesoame-ricanas y particularmente para México pues constituye unaplanta legendaria al ser el ícono de la fundación de México-Tenochtitlán quedando plasmado en el escudo nacional.

Mitología y simbolismo:

Según los mitos mexicas, el primer nopal nació del corazónde Copil, el hijo de Malinalxóchitl, quien, al tratar de ven-garse de su tío Huitzilopochtli por dejar sola a su madre,fue mandado a matar por éste. Según cuenta la leyenda,Huitzilopochtili mandó sacarle el corazón a Copil, y queluego fuera enterrado en unos peñascos. Al día siguienteapareció el primer nopal: con espinas de valiente guerreroy flores de un hijo que defiende a su madre.

Lo que, sí es totalmente notable es que el nopal en Méxi-co, tiene un especial significado por el papel simbólico delasentamiento de los aztecas en el lago de Texcoco, dandolugar a su imperio Tenochtitlan (te, piedra y nochtli, nopal).

Sin duda el del águila sobre un nopal como señal de en-cuentro del paraje prometido para levantar la ciudad de losmexicas es el mito más conocido de la época prehispánica.En favor de ello influyeron hechos como la pronta recupe-ración, en los primeros años de la Colonia, de la imagen deláguila sobre el nopal como medio de identificación de laciudad de México, la más importante de la Nueva España.

La utilización de la imagen del águila sobre el nopal enlas insignias de los insurgentes, y su posterior adopciónpor el gobierno mexicano como escudo nacional, confir-maron la preeminencia del mito fundacional de los me-xicas entre los mexicanos y tejieron alrededor del nopaluna noción de identidad, una idea de esa planta comosostén de nuestra nacionalidad.1

Los médicos de la época prehispánica2 tenían claras algu-nas de las propiedades curativas del nopal, lo utilizaban pa-ra el tratamiento de padecimientos de la piel, así como pa-ra curar golpes, contusiones y quemaduras. También servíacomo antinflamatorio.

Los aztecas lo usaban para muchos usos medicinales: paralas fiebres bebían el jugo, el mucílago o baba del nopal lautilizaron para curar labios partidos, la pulpa curaba la dia-rrea, las espinas para la limpieza de infecciones, la fruta erausada para el exceso de bilis, empleaban las pencas del no-pal como apósito caliente para aliviar inflamaciones y la

raíz para el tratamiento de hernia, hígado irritado, úlcerasestomacales y erisipela.

En el siglo XVI, el Códice Florentino relataba del nopal:“sirve para las mujeres que no pueden parir”. Poco des-pués, en el mismo siglo, Francisco Hernández señala: ex-tingue de modo notable las fiebres ardientes, apaga la sedy humedece las entrañas secas; durante los siglos XVII yXVIII, cuando los franciscanos establecieron misiones enBaja California y zonas adyacentes, iniciaron la siembre dealgunos nopales que entonces eran cultivados en el centrode México. Encontraron que estas cactáceas les eran útilespor sus frutos y por ser fuente importante de un materialmucilaginoso que servía de ligamento a los adobes en laconstrucción de las misiones.

Propiedades del Nopal:

Queda claro que el nopal es parte fundamental de la cultu-ra y de la alimentación del mexicano, éste ha salvado a di-versas partes del país del hambre y de la falta de alimentos.México es afortunado por el espacio que ha podido desti-nar a los plantíos y por la alta producción de esta verdura.Cerca de 40% de las especies del continente crecen ennuestro suelo, aseguró Salvador Arias Montes responsablede la colección de cactáceas del Jardín Botánico del Insti-tuto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma deMéxico UNAM.

Octavio Paredes es de los principales científicos de Améri-ca Latina que han realizado estudios de las cactáceas; Pa-redes señala que el nopal es rico en fibra, vitaminas y mi-nerales: una taza de nopales crudos (alrededor de 86gramos) contiene 2.9 hidratos de carbono, 1.1 de proteínay sólo 14 kilocalorías. Agregó que contiene vitamina A, Cy complejo B, además de minerales, como calcio, magne-sio, sodio, potasio y hierro; también posee fibras de ligni-na, celulosa, hemicelulosa, pectina y mucílagos, que juntocon los aminoácidos ayudan a eliminar las toxinas ambien-tales que afectan el sistema inmunológico del cuerpo.

Conviene subrayar que el jefe del laboratorio de biotecno-logía del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados(Cinvestav) Irapuato indicó que el consumo frecuente delnopal ayuda a una adecuada digestión, combate ciertos ti-pos de cáncer, contribuye a sanar la piel de diversas heri-das, elimina el colesterol acumulado en venas y arterias yregula los niveles de azúcar en la sangre.


México es el país con mayor diversidad y producción denopales en el mundo. Hasta el momento se conocen cercade 300 especies de nopal. En México hay más de 100 delgénero opuntia; por tanto, podría ser el centro de origen porlas grandes cantidades que habitan las zonas semiáridas.México tiene la mayor producción de nopal verdura en elmundo. Produce 600 mil toneladas al año; la capital es lí-der tan sólo con la aportación de 280 mil de la delegaciónMilpa Alta.

Por otro lado, el nopal verdura es el principal cultivo de laCiudad de México. Su producción ocupa un área aproxi-mada de cuatro mil hectáreas, produce de 60 a 70 tonela-das; en 2011 se tenían registrados cinco mil productores.Mientras que, Estados Unidos exporta nopal por la alta de-manda que ejercen los mexicanos emigrados.

Problemática que atiende este punto de acuerdo:

El 12 de octubre de 2017 varios medios de comunicaciónpublicaron la alerta que lanzó la Confederación NacionalCampesina CNC, sobre la posibilidad de que China puedapatentar la planta del nopal, una de las más representativase icónicas de México y que ahora se encuentra en riesgo deser patentada por extranjeros ante su descuido y sobreex-plotación. Tanto la CNC como la Unión Nacional de Pro-ductores de Maguey y Nopal UNPMN, señalaron la nece-sidad de proteger legalmente esta planta ante la amenaza deque países como China, la patente con el fin de cobrar re-galías a las naciones consumidoras, entre ellas, México.3

El presidente de la UNPMN, Ciro Ríos Lara, explicó quepara rescatar del abandono a estas plantas mexicanas laCNC tiene un acuerdo con el Instituto Politécnico NacionalIPN para favorecer múltiples vías de cultivo comercial enel país con fines de producción industrial.

En un Foro realizado el 12 de octubre de 2017 en la Uni-versidad Autónoma de Chapingo UACH, varios académi-cos de esta institución hicieron un llamado al gobierno fe-deral para garantizar la denominación de origen del nopal.4

Pedro Ponce Javana, subdirector de Servicio y ExtensiónUniversitaria de la UACH, subrayó que el gobierno tiene laobligación de hacer este trabajo: la certificación y denomi-nación de origen del nopal, pues esto debe de ser urgente.

Arturo Tonathiu Arenas de la Asociación de Productores deCactáceas y Suculentas denunció un saqueo histórico deestas plantas por parte de coreanos, chinos y tailandeses

que se registra desde 1982, cuando japoneses se llevaroncerca de 500 toneladas de cactáceas con ruta Colima-Ja-pón. Sostuvo que ahora saquean también las semillas de es-tas plantas, obviamente en complicidad con contactos me-xicanos que conocen las especies y el lugar en donde seencuentran para extraerlas.

En México el Instituto Mexicano de la Propiedad IndustrialIMPI,5 es el único organismo con la facultad legal de otor-gar o rechazar el título de propiedad de marcas y patentes.Es un organismo descentralizado y, económicamente, de-pende meramente de los trámites que gestiona.

En su página de internet, el IMPI establece como su prin-cipal misión, estimular la creatividad en beneficio de la so-ciedad en su conjunto y proteger jurídicamente a la propie-dad industrial y los derechos de autor a través del SistemaNacional de Propiedad Industrial, mediante el otorgamien-to de derechos tales como patentes, modelos de utilidad ydiseños industriales.

Dentro de los elementos que forman la Propiedad Industrial,existen otros signos distintivos conocidos como “denomina-ciones de origen, las cuales están constituidas por los nom-bres geográficos de un país, región o lugar concreto y que sehan convertido en designación de un producto originario deesa región geográfica, cuyas características y cualidades es-peciales respecto de otros productos de su misma especie, sedeben exclusiva o esencialmente al medio ambiente geográ-fico, con inclusión de factores naturales y humanos. Por con-siguiente, estos signos distintivos son también indicacionesde procedencia de estos productos.

La Ley de la Propiedad Industrial define el concepto de laDenominación de Origen conforme a lo siguiente:

“Se entiende por denominación de origen, el nombre deuna región geográfica del país, que sirva para designarun producto originario de la misma, y cuya calidad o ca-racterística se deban exclusivamente al medio geográfi-co, comprendiendo en éste los factores naturales y loshumanos”.

Protección de la denominación de origen

La protección de una denominación de origen se inicia pormedio de la declaración que para este efecto emita el Insti-tuto Mexicano de la Propiedad Industrial conteniéndose enesta declaración los elementos y condiciones que la consti-tuyen y motivan. Asimismo, el Estado Mexicano será el ti-


tular de la denominación de origen protegida de conformi-dad con las disposiciones establecidas por la Ley de la Pro-piedad Industrial y corresponde al Instituto Mexicano de laPropiedad Industrial, de acuerdo con las facultades que leconfiere la Ley de la Materia, autorizar el uso de las deno-minaciones de origen protegidas.

Declaratoria de protección, procedimiento:

La declaratoria de protección de una denominación de ori-gen se hará de oficio; es decir, por iniciativa del InstitutoMexicano de la Propiedad Industrial, o a petición de quienacredite tener interés jurídico que para este efecto se en-tiende que pueden ser personas físicas o morales que se de-diquen directamente a la producción o elaboración del pro-ducto o productos que se pretenden proteger con ladenominación de origen; las cámaras o asociaciones de fa-bricantes o productores y las dependencias o entidades delgobierno federal y de los gobiernos de las entidades de lafederación.

Protección internacional

La protección de las denominaciones de origen en el mar-co jurídico internacional se encuentra prevista en el Arre-glo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominacio-nes de Origen y su Registro Internacional del cual Méxicoforma parte, mismo que fue publicado en el Diario Oficialde la Federación el 11 de julio de 1964.

La Ley de la Propiedad Industrial establece que las deno-minaciones de origen, protegidas podrán obtener su reco-nocimiento en el extranjero (dentro de los países miembrosdel Arreglo de Lisboa), mediante el trámite de registro queserá realizado por conducto de la Secretaría de RelacionesExteriores ante la Oficina Internacional para la Protecciónde la Propiedad Industrial, a petición de las Administracio-nes de los Países de la Unión.

Es por esto que solicitamos que se conserve el nopal, comoproducto alimentario básico, que aparte de ser parte denuestra identidad de ser mexicano, que como podemos verdesde tiempos remotos hasta el día de hoy, ha sido utiliza-do por sus propiedades como planta benéfica para el trata-miento de ciertas enfermedades. Aludiendo a los artículosrelacionados con otros países que lo quieren patentar, esuna necesidad urgente la protección por su denominaciónde origen, ya que el IMPI tiene las suficientes bases parabuscar este tipo de protección y certificación.

Por lo antes expuesto, ponemos a consideración de estepleno, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congresode la Unión exhorta al titular del Instituto Mexicano de laPropiedad Industrial para que inicie de oficio la solicitudde trámite de la denominación de origen del nopal, para sureconocimiento y protección

Notas

1 Tomado de Enrique Vela, Arqueología Mexicana, Especial 62, El no-pal en México. Catálogo visual. http://arqueologiamexicana.mx/mexi-co-antiguo/mitologia-y-simbolismo-del-nopal

2 http://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo

3 http://www.adn40.mx/noticia/mexico/nota/2017-10-12-18-08/la-cnc-alerto-que-china-podria-patentar-la-planta—de-nopal-y-maguey/

4 http://www.jornada.unam.mx/2017/10/12/sociedad/038n1soc

5 https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/servicios-que-ofre-ce-el-impi-marcas-denominaciones-de-origen

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2017.— Dipu-tados: Laura B. Esquivel Valdés, Mario A. Juárez Rodríguez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

RELATIVO A LA FALTA DE INSUMOS EN ELHOSPITAL GENERAL DE SALTILLO, COAHUILA

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la falta deinsumos en el hospital general de Saltillo, Coahuila, a car-go de la diputada Araceli Damián González, del GrupoParlamentario de Morena

Araceli Damián González, en su calidad de diputada fede-ral de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parla-mentario de Morena, con fundamento en la fracción I delnumeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del ar-tículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, so-mete a consideración del pleno la presente proposición conpunto de acuerdo, con base en las siguientes


Consideraciones

El Hospital General de Saltillo, Coahuila, enfrenta una cri-sis para atender a pacientes que requieren cirugía. Ante es-to, el encargado del departamento de anestesiología, el je-fe de cirugía y el jefe de ginecología (Ricardo AlfredoOrtiz González, Jesús Nuncio Barsenas y Allan AlatorreOrdaz, respectivamente) enviaron una carta a Jorge BillSoto Almaguer, director del Hospital. En ella se le sugierediferir las cirugías programadas y las de urgencia o, dadoel caso, referirlas a otras instituciones puesto que no secuenta con material de curación, suturas, medicamentocontrolado, lámparas quirúrgicas aéreas ni electrocaute-rios, así como por el mal estado de las mesas quirúrgicas.Los tres profesionales de la salud advirtieron también quede no realizar la mencionada referencia, los pacientes in-gresarían a quirófano con el riesgo que ello conlleva.

El gobernador del estado, Rubén Moreira, responsabilizópor la sobrecarga de pacientes a habitantes de entidades co-lindantes que llegan a Coahuila para atender sus enferme-dades y tuvo que reconocer que el sistema de salud estatalse encuentra cerca del “colapso”.1 Por su parte, el secreta-rio de Salud estatal, Jorge Verástegui, admitió que el hos-pital enfrenta desbasto cada 6 meses y toma hasta tres díaspoder reanudar actividades.2

Después de esto, el director general del hospital aseguróque “el secretario de Salud envió los insumos necesariospara que el área de quirófanos funcionara” y que, a pesarde las advertencias públicas, el servicio no se interrumpióy diariamente se realizaron entre 12 y 15 cirugías.3

La problemática que enfrenta el Hospital General de Salti-llo no es un caso aislado. Miles de clínicas y hospitales enel país operan sin los recursos necesarios, lo que se tradu-ce en una atención deficiente y de mala calidad para los pa-cientes mexicanos, quienes no pueden hacer efectivo su de-recho a la salud. De tal forma, es urgente que la Secretaríade Salud de Coahuila atienda inmediatamente la problemá-tica del hospital y permita a la opinión pública conocer silas condiciones en que ha operado son las óptimas para laatención médica. Por lo anteriormente expuesto, pongo aconsideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría deSalud de Coahuila a atender de manera urgente la proble-mática de la falta de insumos en el Hospital General de Sal-

tillo, así como a presentar públicamente un informe sobrelas condiciones en que el mismo hospital ha operado du-rante la actual administración con el fin de corroborar si seha velado de manera efectiva por la salud de todos sus pa-cientes.

Notas

1 http://www.vanguardia.com.mx/articulo/prometen-remedio-inme-diato-males-del-hospital-general

2 http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/sistema-de-salud-esta-en-riesgo

3 http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/envian-insumos-a-hos-pital-general

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2017.— Dipu-tada Araceli Damián González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.


Diario de los Debatescronica.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/oct/171026-4.pdf · 2017. 12. 16. ·...

Documents

Transcript of Diario de los Debatescronica.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/oct/171026-4.pdf · 2017. 12. 16. ·...