Carta al gobierno espanol ceta
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Carta al gobierno espanol sobre ceta
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CartaalGobiernoespañolsobreCETA Página1
Para: Ministerio de Economía y Competitividad Sr. Alberto Sanz Serrano Subdirector General de Política Comercial de la Unión Europea y Comercio Internacional de Productos Industriales Secretaría de Estado de Comercio Paseo de la Castellana 162, 28046 Madrid [email protected] Cc: Representación Permanente de España ante la UE Sr. Alfonso Dastis Quecedo Embajador Representante Permanente ante la UE [email protected] Sr. Javier Fernández Méndez de Andés Consejero Coordinador de Comercio [email protected]
Re: Solicitud para impugnar la inclusión del sistema ISDS en el Acuerdo Económico y
Comercial Amplio Unión Europea - Canadá (CETA).
11 de septiembre de 2014
Estimados señores,
El próximo 25 de septiembre la Comisión Europea y el Gobierno de Canadá tienen previsto
anunciar el final de las negociaciones del Acuerdo Económico y Comercial Amplio (CETA) en
un evento que se realizará en Ottawa, Canadá. Y este viernes, 12 de septiembre, el Comité de
Política Comercial del Consejo de la UE se reunirá en Bruselas para debatir y llegar a un
acuerdo sobre el texto final del Acuerdo Económico y Comercial que se negocia con Canadá
desde 2009. En el texto de este acuerdo comercial, que se trata de ocultar a la opinión pública,
se incluye un capítulo peligroso sobre la protección de la inversión y una cláusula sobre la
Solución de Controversias entre Inversor y Estado (ISDS).
Los mecanismos de Solución de Controversias entre Inversor y Estado son una política cada
vez más controvertida y claramente rechazada por una buena parte de la sociedad. Muchas
voces, entre las que se incluyen juristas y algunos representantes de los Estados miembros de
la UE, han expresado su inquietud por el ISDS, afirmando que no existe la necesidad de incluir
este mecanismo en los tratados de la UE con EE.UU. o Canadá.
Creemos que el ISDS otorga excesivos derechos y privilegios a los inversores internacionales
con respecto al resto de la sociedad y discrimina a las entidades públicas, las pequeñas
empresas o las cooperativas de la economía social y solidaria. El sistema de la Solución de
Controversias entre Inversor y Estado socava el "derecho de los gobiernos para regular" y
elude los sistemas judiciales existentes. Se basa en interpretaciones parciales realizadas por
árbitros con fines de lucro y con conflictos de intereses significativos, sin que exista la
posibilidad de recurrir la decisión jurídica o de un mecanismo de apelación.
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El sistema de la Solución de Controversias entre Inversor y Estado permite que las
corporaciones transnacionales demanden un gobierno ante un tribunal especial en lugar del
sistema judicial ordinario. Los inversores internacionales pueden demandar a los gobiernos por
"expropiación indirecta", algo que en los últimos años se ha interpretado muy interesadamente
como la reducción de los beneficios esperados con una inversión por leyes u otras medidas
políticas. Esto se puede aplicar a muchas piezas de la regulación y la política social, incluyendo
la sanidad y la educación pública.
Los tratados de protección de la inversión y la cláusula sobre la Solución de
Controversias entre Inversor y Estado ha sido utilizados para desafiar la colocación de
advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos, para impedir la renacionalización
de los sistemas de salud o la fijación de salarios mínimos, para debilitar o suprimir
regulaciones ambientales, para imposibilitar el establecimiento de precios justos de los
medicamentos o incluso para evitar que inversores sean multados por violar leyes y
Derechos Humanos.
En el contexto de las negociaciones UE-Canadá y UE y EE.UU., fuertemente influenciadas por
los intereses de BusinessEurope y otros grupos empresariales, la actual política comercial y de
inversión de la UE resulta especialmente escandalosa.
Hace pocos meses la Comisión Europea realizó una consulta pública sobre el sistema ISDS.
Entre marzo y julio cerca de 150.000 personas y entidades participaron de dicha consulta. Una
abrumadora mayoría expresó muy claramente que no quieren que el sistema ISDS forme parte
de los acuerdos de la UE, y especial rechazo han generado las negociaciones secretas de la
UE con Canadá y los EE.UU1.
A pesar de que la Comisión aún no ha acabado de analizar los aportes a la consulta, la UE
decidió seguir adelante con este mecanismo altamente polémico para después incluirlo en el
acuerdo CETA. Creemos que si se ignora la opinión de todas aquellas personas que
participaron en la consulta, se daría una señal extremadamente preocupante a la ciudadanía
europea. Confirmaría la percepción de una gran mayoría social que considera la Comisión
Europea como una institución antidemocrática, cooptada por el poder del lobby corporativo y
que no está escuchando a la ciudadanía.
El 12 de septiembre, el Comité de Política Comercial del Consejo de la UE se reunirá en
Bruselas para debatir y llegar a un acuerdo sobre el texto del CETA. Ésta será la última
oportunidad para que los Estados miembros expresen su opinión sobre el borrador definitivo
del acuerdo.
1 Cientos de organizaciones de la sociedad civil movilizaron al menos a 135.000 ciudadanas y ciudadanos con el fin
de expresar sus preocupaciones por el sistema ISDS mediante la consulta pública.
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Considerando las preocupaciones de una gran parte de la sociedad sobre el sistema de la
Solución de Controversias entre Inversor y Estado y teniendo en cuenta que la Comisión
Europea todavía está analizando los resultados de la consulta pública, demandamos del
Gobierno español que en esta reunión solicite a que la Comisión Europea elimine el sistema de
la Solución de Controversias entre Inversor y Estado del acuerdo CETA.
El acuerdo CETA podría restringir injustamente cómo los gobiernos locales gastan el
dinero público mediante la prohibición de las políticas de "compra local", y crear presión
para la privatización de los servicios públicos.
Los Estados miembros tienen sólo hasta el 12 de septiembre para hacer modificaciones en el
texto. Pero ante el absoluto desconocimiento de la opinión pública sobre el texto y las posibles
consecuencias derivadas del acuerdo, no se debe avanzar con el proceso de firma y se deben
suspender todas las negociaciones comerciales de la Comisión Europea hasta consensuar en
el ámbito europeo un Mandado para un Comercio Alternativo que persiga la justicia social, así
como la protección y la realización de todos los Derechos Humanos y Derechos Sociales,
Económicos y Culturales.
Le saluda atentamente,
(Nombre, organización, función)
