Cante, Fredy - Las universidades frente a la corrupción
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Las universidades frente a la corrupción
POLITICA Y GOBIERNO
Lunes, 08 de Agosto de 2011 03:00
Tags: Andrés Felipe Arias Cuello Blanco Educación Freddy Cante Universidad
Los súper-educados corruptos son verdaderos súper-criminales,
amparados por un espeso escudo de privilegios, contactos y
protectores. Las universidades y las comunidades académicas
podrían tener un papel activo en sancionar a estos “bellacos” que
tanto daño le hacen al país. El autor explica por qué sus faltas son
tan graves y propone cinco maneras nuevas para castigarlos.
Los super-criminales
Los criminales de cuello blanco o super-criminales casi siempre son
más peligrosos que el resto de los delincuentes, es decir, de los que
delinquen a menor escala como los pobres y hambrientos minoristas del
raponazo y del saqueo, los burdos y mediocres usureros, expertos en el
arte de ser pedigüeños, los delincuentes comunes más organizados y
sofisticados, los farsantes violentos que se enriquecen a partir del mito
de una guerrilla que dice luchar por su pueblo -y más bien contribuye a
acabarlo- y los mil veces más nocivos mentirosos que se
autodenominan “autodefensas” del pueblo y son tenebrosos
paramilitares al servicio de mafiosos y de algunos súper-ricos -
eufemísticamente bautizados como “bandas criminales” en la era de los
buenos modales de la administración Santos.
Son tres los atributos de los super-criminales, a saber:
i) Conocimientos filosóficos y técnicos en diversas profesiones directa o
indirectamente relacionadas con el arte de gobernar y de elaborar
políticas públicas (economía, derecho, contaduría, administración
pública, ciencias políticas, sistemas, arte dramático, etc.),
conocimientos acreditados por algunas de las más prestigiosas
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instituciones universitarias de Colombia y del exterior, mediante
diplomas profesionales y honrosos títulos de maestría y doctorado;
ii) Información económica exclusiva, contactos que constituyen un
valioso capital social y aún participación directa (asesorías,
consultorías, cargos estratégicos) en la gestión de los intereses de
poderosos y privilegiados grupos de presión (nacionales o extranjeros),
cuyos orígenes y medios de acción pueden variar desde el capitalismo
más decente y legal hasta el más aberrante, ilegal e inmoral;
iii) Información política exclusiva, contactos, y a veces pertenencia a
nuestra tan cuestionada clase política.
Son al menos cuatro las funestas consecuencias de la acción de los
mencionados súper-criminales:
a) Contribuyen al cuantioso robo, despilfarro, destrucción o mal uso de
importantes recursos públicos. Los amantes de las cifras estiman en
billones de pesos el costo contable de la corrupción… aunque un
prestigioso economista y el controvertido dirigente de un gremio han
alegado, desde sus tribunas, que las cuentas de la corrupción son algo
exageradas pues realmente no ascienden a billones sino a unos varios
millones, y no hay pulpos tenebrosos de la corrupción sino unos meros
tentáculos.
b) Más allá de las cifras monetarias, los corruptos causan daños
irreparables, pues generan astronómicos costos de oportunidad (los
cuales pueden traducirse en oportunidades perdidas para un desarrollo
equitativo y sostenible) y, por tanto, producen nuevas víctimas (más
cuantiosas que las del conflicto armado), pues sin sus nocivas acciones,
muy posiblemente, sería otra la situación del país;
c) Contribuyen a la destrucción de más vidas y más recursos naturales
que las generadas por aquellos que se podrían catalogar de idiotas
útiles y calanchines (guerrillas y paramilitares respectivamente) al
servicio de sectores más poderosos, al afectar los derechos de millones
de colombianos a la información, a la salud, a la vivienda, a la tierra
cultivable, a la educación, al crédito, a las obras de infraestructura, a un
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medio ambiente preservado, etc. ;
d) Dado su liderazgo y posición social privilegiada, su visibilidad en los
medios de información y en las redes virtuales, aniquilan y corrompen
los valores y las creencias de millones de niños y jóvenes que podrían
terminar imitando tan malos ejemplos y convertirse en seguidores de tan
engañosas señales de éxito.
Por cierto, existe una especie de súper-criminales más ocultos todavía,
no detectados aún como tales y muy apreciados por amplios sectores
de la opinión: se trata de los fabricantes de expectativas y de sueños
relacionados con partidos políticos, perspectivas de cambio, políticas
públicas y salidas negociadas o violentas al conflicto.
Dado que en el país existe una democracia formal –si acaso
minimalista y electorera– por lo que aún no se ha avanzado hacia una
democracia amplia, con rendición de cuentas y control ciudadano,
estamos todavía a años luz de detectar a la mayoría de los bellacos
mencionados.
Pero gracias a las valientes, honestas y loables acciones de docenas
de periodistas, formadores de opinión, anónimos investigadores,
jueces, contralores, procuradores y fiscales ha sido posible que la
justicia esté consiguiendo detectar, atrapar, juzgar y, muy posiblemente,
demostrar la culpabilidad de algunos super-criminales afamados,
descarados y francamente torpes.
Alto riesgo de impunidad
No obstante es posible que tan peligrosos delincuentes permanezcan
inmunes a un castigo severo y efectivo, al menos por tres causas:
a) La memoria fragmentada y de muy corto plazo de la opinión pública,
que puede llevar a un leve y fugaz desprestigio y escarnio, apenas
registrado en la primera página de otro periódico de ayer y que mañana
será olvidado;
b) Las prisiones de alta comodidad –confortables cárceles domiciliarias
de estrato súper-ocho, oasis de privilegios en las cárceles públicas o en
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casas fiscales atendidas por militares– que ofrecen acceso a
envidiables sistemas de comunicaciones con el exterior (prolongadas
visitas, uso de celulares y otros artefactos informáticos), manteniendo a
los super-criminales activos y altamente peligrosos para la sociedad, al
lucrarse con recursos públicos y seguir conspirando desde la “cárcel”, y
les permiten seguir viviendo en un paraíso relativo, en evidente contraste
con los infiernos de hacinamiento de las cárceles colombianas o con el
riguroso aislamiento e inclemente encierro de los presidios
estadounidenses;
c) La limitada capacidad de detección y expropiación de activos mal
habidos y la suspensión marginal de derechos económicos y políticos
que puede hacer la justicia. En el mejor de los casos es posible que
algunos super-criminales sean obligados a devolver alguna porción del
botín que han robado y que sus derechos a conservar formalmente su
liderazgo político sean parcialmente suspendidos durante algunos
lustros. Todo esto significa que luego de unas tortuosas vacaciones de
meses o años saldrán a disfrutar de su fortuna, a causar nuevos y tal vez
peores estragos en los sectores público y privado y, hasta podría ocurrir
que sean homenajeados -¡y acaso indemnizados!- como nuevos
mártires y héroes por parte de los ingenuos y estúpidos de un mañana
incierto.
Uno de los costos que paga la sociedad abierta es tener que lidiar con
el dinero en efectivo: un medio general e impersonal de pago, un
artefacto líquido, que toma la forma de cualquier activo… “¡liquidez es
libertad!”, como exclamó un gran economista. Debido al dinero se
pueden encontrar la bella y la bestia. Este medio de poder adquisitivo
resulta más peligroso que el precario anillo de Giges, pues mientras el
fantástico y legendario utensilio permitía la invisibilidad física de su
propietario… el dinero permite invisibilizar el comportamiento de su
portador.
¡No en vano el temible villano Pablo Escobar decía que gracias a que
sus transacciones habían sido en efectivo –en dólares o en pesos–
muchos colombianos de bien y otros más anónimos aún gozaban de
libertad y de prestigio!
Freddy Cante*
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La academia ante la corrupción
Una de las virtudes de los títulos, honores, empleos y diversos contratos
académicos, radica en que no se pueden comprar ni transar
directamente en el mercado. Se ganan con el esfuerzo permanente,
mediante pruebas constantes y juicios públicos de la academia, desde
un simple examen parcial, pasando por una monografía de pregrado o
una exigente tesis doctoral, hasta un libro o un artículo juzgados
rigurosamente por un comité editorial. En la universidad todos sus
integrantes están bajo prueba permanente.
En el mundo de los mercados y ardides políticos proliferan las farsas,
novelones, maquillajes y desmerecidos desagravios… ¡las apariencias
se pueden comprar y mucha gente se contenta con que la mujer del
César parezca virtuosa, así no lo sea en realidad!
Ante el embate de la corrupción, agravada por el dinero y las
apariencias, los diplomas y títulos que las universidades otorgan a sus
portadores e ilustres egresados deberían operar como el retrato fiel de
Dorian Gray: una especie de fotografías dinámicas y fieles que, en caso
de que sus fotografiados obren como peligrosos super-criminales,
vayan quedando registrados en sus retratos académicos sus males y
acciones oscuras.
A partir del raciocinio anterior, como uno más de los profesionales
académicos bajo prueba permanente y como una de tantas víctimas de
los super-criminales, me atrevo a sugerir que si la justicia nacional o
internacional logra hallar serios indicios de culpabilidad y de
responsabilidad de los presumibles delincuentes actualmente
investigados, entonces el conjunto de estamentos de las universidades
que han formado o empleado a alguno de tales personajes, deberían y
podrían actuar contra los corruptos con iniciativas como las siguientes:
Los investigadores y docentes pueden hacer estudios publicables
acerca de la culpabilidad o responsabilidad de los super-
criminales, con plena autonomía y para complementar o cuestionar
si es del caso la tarea de periodistas y jueces.
Las directivas y las autoridades morales de las instituciones
universitarias y otros entes de formación podrían establecer
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tribunales de honor conformados por intelectuales honestos y
representantes de diversos estamentos de las universidades, que
promuevan juicios públicos de responsabilidad política a los súper-
criminales, que trasciendan la justicia penal y administrativa,
limitada a los comportamientos individuales, para analizar las faltas
éticas, las consecuencias y responsabilidades de procesos
colectivos.
Las directivas y cuerpos colegiados de las instituciones
universitarias podrían lanzar una especie de alerta roja nacional e
internacional –como las Interpol– para advertir a empleadores y
usuarios potenciales de los servicios profesionales o académicos
de los súper-criminales, que tales individuos han defraudado y
afectado el buen nombre de la institución que los ha formado o
empleado.
Los clubes, asociaciones y gremios académicos formales e
informales podrían, al igual que los partidos políticos lo hacen,
expulsar de sus filas a los súper-criminales.
Los estudiantes, profesores y el público en general podrían rehusar
tomar clases y negarse a asistir a conferencias impartidas por
super-criminales cuestionados.
Iniciativas como las sugeridas podrían contribuir a un castigo civilizado,
no violento, pero severo, de todos los super-criminales reconocidos y
hallados culpables. No obstante, debido a la típica movilidad de la
sociedad de mercado y a la muy previsible apertura de alguna
inverosímil universidad de la corrupción, es posible que tan nocivos
elementos ultra criminales sean contratados empleados y bien
remunerados en toda una gama de ocupaciones alternativas…*Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Colombia. Profesor asociado de la Facultad de Ciencia Política de
la Universidad del Rosario. Investigador del Centro de Estudios
Políticos e Internacionales de la misma universidad.
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