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7/31/2019 boletin5listo1

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Todos los gobiernos han tenido que sentarse a negociar conel Sutep. Todos le han hecho alguna concesin () lo recono-

cieron como un interlocutor, como una realidad(Ricardo Uceda, 2010).

Una de las herencias ms antidemocrticas que la dictadurafujimorista dej al pas fue el sostenido desprestigio de las dife-rentes organizaciones de base llmense sindicatos, gremioso federaciones- al vincularlas con remanentes del terrorismo,adjudicarles la etiqueta de revoltosos, y retirarlos del debate

pblico. Sin embargo, durante la ltima dcada y contra todopronstico una organizacin en particular, el Sindicato Unitariode Trabajadores en la Educacin del Per (SUTEP), ha reto-mado sus repertorios de lucha, moviliza grandes contingentesde aliados y aparece relativamente fortalecida en el espaciopblico.

El 5 de setiembre del 2012 el SUTEP inici la X Huelga Na-cional Indenida del Magisterio Peruano a raz de la discutidaNueva Ley de Reforma Magisterial1 que el gobierno anunci enjulio de este ao. La medida fue acatada por aproximadamente350 000 docentes en diferentes regiones del pas y se mantu-vo slida durante un mes2. A pesar de ello, una faccin radicaldel sindicato llamado Comit Nacional de Reorganizacin y

Reorientacin (Conare-SUTEP), cuya dirigencia est vinculadacon Movadef y tiene gran acogida en el sur del pas, le planteaun panorama poltico complejo a uno de los poqusimos gre-mios que ha mantenido un funcionamiento rme a lo largo delos aos.

Cmo ha logrado el SUTEP sostenerse en el tiempo? Haobtenido logros en este primer ao de gobierno? Por qu hayuna escisin en el gremio y qu consecuencias tiene? Este ar-tculo intenta hacer un breve recuento de la historia reciente delSUTEP y analizar sus ltimas movilizaciones en relacin al go-bierno de Ollanta Humala. Finalmente, se esbozarn algunasmedidas que aporten en la relacin Estado sindicato tomando

en cuenta las variables previamente mencionadas._________* Estudiante de dcimo ciclo de sociologa PUCP

1 Para mayor informacin sobre la Ley de Reforma Magisterial revisar: Chvez, Noelia (2012)Qu cambios trae realmente la Ley de Reforma Magisterial? Boletn PerDebate: Viabilidadde las promesas de Ollanta. Lima, ao 1, nmero 4. pp. 8-10.2 De acuerdo a Radio Programa de Noticias del Per (RPP)

Las acciones polticas del sindicato en un paspost Fujimori

El relativo xito que el SUTEP obtuvo durante los aos 70s y80s decay dramticamente en la dcada de los 90s, cuandotanto el gobierno como los grupos subversivos, ejercieron unarepresin sistemtica contra el gremio y polticas de amedrenta-miento a los dirigentes, acusndolos de subversivos, y traidoresrespectivamente3 (Vargas, 2005:12). La VII huelga magisterialde 1991 no logra aanzar ninguna reivindicacin salarial debido

a la crisis econmica, solo en 1990 se logr la implementacinde la Ley del Profesorado en 1990 que otorgaba estabilidadlaboral al docente. Desde ese momento todas las dirigenciasmantuvieron un perl bajo. Es recin con la entrada de NicolsLynch durante el gobierno de transicin de Valentn Paniagua yel gobierno democrtico de Alejando Toledo que las diferentesfacciones sindicalistas de maestros se vuelven a articular paraejercer presin al Estado en busca de mejoras laborales. Esteperiodo sera llamado la segunda reconstitucin del SUTEP4.

Una de las herencias ms antide-mocrticas que la dictadura fujimo-rista dej al pas fue el sostenidodesprestigio de las diferentes or-

ganizaciones de base sindicatos,gremios o federaciones- al vincu-larlas con remanentes del terro-

rismo y adjudicarles la etiqueta derevoltosos

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3 Sendero Luminoso lleg a atacar el local central del SUTEP en Lima. Los grupos subversivosbuscaban azuzar las protestas y radicalizar las medidas de fuerza.4 La primera reconstitucin se llev a cabo en 1972, cuando el APRA, Accin Popular, la Demo-cracia Cristiana y los partidos maostas fundan el SUTEP dndole la dirigencia a Patria Roja,fusionando el Frente Clasista Magisterial (FCM) y el Comit Magisterial de Unicacin de Lucha(COMUL) en contra de la Federacin Nacional de Educadores del Per (FENEP) controlado porel Partido Comunista-Unidad que tena vnculos estrechos con el gobierno de Velasco (Vargas,2005)

Por: Noelia Chvez Angeles*


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En el ao 2003 se realiza la VIII huelga nacional indenida quebuscaba exigir a Alejandro Toledo que cumpla su promesa decampaa de duplicar el salario a los maestros. El resultado delas negociaciones fue el aumento de las remuneraciones en un61%, un acuerdo denominado 40 puntos, y la aprobacin de

la Nueva Ley de Educacin (La Repblica, 2011). Si bien enel 2006 el SUTEP acepta que los maestros sean evaluados, ladecisin est sujeta a una serie de condiciones como la impar-cialidad del proceso, no divulgacin de resultados, entre otros(Per poltico, 2006). Pero el ambiente continu convulsionado.Aparece en escena el SUTEP-CONARE acusado por el SUTEPocial de ser dirigido por Sendero Luminoso. Convocan, enabierto desafo al gremio ocial, a la IX huelga nacional duranteel ao 2004, con epicentro en Ayacucho. Segn las cifras delCEN SUTEP solo el 4% de los docentes habra acatado esaparalizacin. (Vargas, 2005). Las fragmentaciones internas y re-presin gubernamental condujeron a un repliegue del sindicato.

Durante el segundo gobierno de Alan Garca hubo una relacin

mucho ms confrontacional. El APRA deslegitim a los maes-tros ante la opinin pblica, mientras Garca los llamaba come-chados. El resultado fue la victoria poltica del gobierno tras lapromulgacin de la Ley de la Carrera Pblica Magisterial (CPM)en el 2007, que propona un rgimen meritocrtico para aumen-tar las remuneraciones. La posicin del SUTEP, que abogabapor la estabilidad laboral, fue determinante para que las postu-laciones solo llegaran a la mitad de las vacantes ofrecidas porla CPM5.

Cinco aos ms tarde, ya con Ollanta Humala como presidente,las fortalezas y escisiones del SUTEP vuelven a situarse en eldebate pblico. En setiembre se convoc a la X huelga nacional

indenida con el siguiente pliego de reclamos: incrementar lossalarios, evitar la implementacin de la Ley de Reforma Magis-terial y discutir el anteproyecto presentando por ellos: La NuevaLey del Profesorado, reclamar el pago del bono por preparacinde clases (30% adicional), y aumentar el presupuesto anual delsector educacin de 3.31% a 6% del PBI, como el presidenteprometi en campaa (La Repblica, 2012). El paro fue acata -do parcialmente debido a la divisin ejercida por el CONARESUTEP y una agenda paralela de trabajo que intenta despres-tigiar a la dirigencia. A pesar de ello, solo 7 regiones del pasno acataron la medida, mientras que lugares como Cajamarca,Tumbes, Ica y Arequipa reejaron un asistencia entre 10 y 20%Estamos frente a una articulacin o fraccionamiento del sindi-cato?

Tensiones y articulaciones

El SUTEP es un sindicato que ha demostrado una fortalezaorganizacional singular prolongando su funcionamiento en uncontexto de sindicatos ms bien zombies A qu se debe supermanencia? Quinto de la Cruz arma que los maestros en-cuentran en el SUTEP el nico espacio de representacin encuanto a reivindicaciones concretas, como aumento de suel-dos o defensa de la estabilidad laboral. Aunque agrega que,al mismo tiempo, ideolgicamente se encuentran muy distan-tes de la identidad poltica de sus dirigentes (2007: 18). La

heterogeneidad ideolgica se ve reejada en la volatilidad delas preferencias electorales del ao 2006 donde solo el 1.1%de los maestros vot por el candidato del Partido Comunis -ta del Per Patria Roja para la presidencia (Uceda, 2010).

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5 Ver: Chvez, Noelia. Ibd.

Sin embargo, el sindicato ofrece ciertos benecios personales alos maestros que hace atractiva el mantener su aliacin. Y nosolo nos referimos a la defensa de sus derechos, sino tambina la eciente administracin de recursos econmicos. Recorde-mos que en 1984, el gobierno de Belande traspasa la Derrama

Magisterial (cooperativa de profesores) casi al borde de la quie-bra, a propiedad del SUTEP. Patria Roja, a la cabeza del sindi-cato, logra recomponer la Derrama a travs de profesionalesinternacionales y una serie de medidas negociadas incluso conel Fujimorismo6. Actualmente, la Derrama Magisterial se ubicaentre las 10 mayores prestamistas de crditos de consumo delmedio. En comparacin de las diferentes entidades nancierasreguladas por la SBS, el Grco 1 demuestra los benecios quese obtienen de la Derrama en comparacin con los otorgadospor el Ministerio de Educacin al ao 2010.

El sindicato ofrece ciertos bene-

cios personales a los maestrosque hace atractiva el mantener sualiacin. Y no solo nos referimos

a la defensa de sus derechos, sinotambin a la eciente administra-

cin de recursos econmicos

Fuente: Revista Poder 360. Derrama Magisterial

Y es que segn Uceda, en el mundo de la izquierda mar-

xista, Patria Roja es reconocida por su habilidad especialpara recursearse con fondos obtenidos en el trabajo delos frentes que controla. Es por eso que los maestros reci-ben prstamos con el inters ms conveniente del merca-do y estn satisfechos, a pesar que la mayora de aliadosal SUTEP no pertenece a ningn partido poltico ni consi-dera que el motor de la historia es la lucha de clases, princi-pio intrnseco que consta en el estatuto del sindicato (2010).

Es justamente el motivo banquero, la inmovilidad de las di-rigencias, la disponibilidad para negociar con los gobiernosde turno, y el deslinde con la violencia revolucionara, lo queenardece a algunas facciones radicales del sindicato comoel SUTEP-CONARE. A pesar de ser minora y tener un vn-

culo con el MOVADEF (brazo poltico de Sendero Luminoso),_________

6 Nos referimos a la disposicin de Mercedes Cabanillas que permita al Ministerio descontarautomticamente a cada maestro su cuota mensual a la Derrama. Cada monto estara indexa-do al 3% del salario mnimo, cambiado en 1993 al 0,5% de la UIT (Uceda, 2010).


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En medio del contexto de crisis econmica de los 80, la pobla-cin pensionista iba en aumento y el nmero de aportantes casino creca, lo cual inuy en la decisin de reformar la seguri-dad social en salud del Per. As, con la Constitucin de 1993,redactada tras el golpe de estado de Fujimori, se concret uncambio en la concepcin de la responsabilidad del Estado enmateria de seguridad social pasando de un rol de control y fo-mento que asignaba al Instituto Peruano de Seguridad Social(IPSS) un rol monoplico en la seguridad social de los trabaja-dores pblicos y privados (constitucin de 1979), a uno de ga-rante y supervisor (artculos 10 y 11 de la constitucin de 1993).

En 1996, la asignacin de recursos de la administracin cen-tral del IPSS hacia los centros de atencin estaba basada entransferencias presupuestales que se determinaban segnantecedentes histricos. Dicho tipo de asignacin no res-ponda a las urgencias reales de los distintos centros de sa-lud del pas. Por ello, el gobierno de Fujimori decidi sacaradelante una reforma del sector que consisti principalmenteen el establecimiento de un esquema mixto que permitira laparticipacin de las denominadas Entidades Prestadoras deSalud (EPS). Estas eran empresas e instituciones pblicaso privadas que complementaron los servicios de salud pres-tando servicios con infraestructura propia, sujetos a controlesde la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud.

Se formaron entonces dos regmenes: el Rgimen Contri-

butivo de la Seguridad Social en Salud, que comprende losservicios tradicionales e incorpora nuevos planes de saludofrecidos por ESSALUD, que se complementan con los ser-vicios brindados por las EPS dirigidos a trabajadores forma-les dependientes (el empleador alia a su empresa a un planinicial y los benecios de ste se amplan si el trabajadordecide realizar aportes voluntarios); y de otro lado, el Rgi-men Estatal no contributivo a cargo del MINSA, destinado aotorgar prestaciones de salud para la poblacin de escasosrecursos, ya sean trabajadores informales o desempleados.As, en trminos de cobertura, la reforma no abarc cam-bios en la contribucin de los trabajadores dependientes,pero s facult a ESSALUD y a las EPS para ofrecer nue -

vos servicios de aseguramiento para los independientes.

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* Egresada de Comunicacin para el desarrollo, PUCP

El Ministerio de Salud estableci entre 1997 y 1998 los progra-mas de Seguro Escolar Gratuito (SEG) y el Seguro MaternoInfantil (SMI). En el 2001, durante el gobierno de AlejandroToledo, ambos se fusionaron para formar el Seguro Integral deSalud (SIS) que ampli la atencin a la poblacin en extremapobreza y pobreza. El programa comprende instrumentos parala identicacin de los usuarios en provincias rurales y urbanas,a condicin que no tengan cobertura de EsSalud ni aliacin aotros regmenes de seguridad social. Otra iniciativa para am-pliar la cobertura fue la de la promulgacin en el 2009 de la Ley29344 Marco de Aseguramiento Universal en Salud (AUS). Elentonces presidente Alan Garca seal que con ella se termi-

nara con la discriminacin y la exclusin; y la mitad de perua-

nos que, ya sea por desempleo o volatilidad econmica que noles permite pagar un seguro con constancia y no cuentan conaseguramiento podra acceder a servicios de salud sin importarsu condicin econmica (Wilson, Velsquez y Ponce 2009: 1).

Tras 16 aos de realizada la reforma de salud por Alberto Fu-jimori, 11 desde que el gobierno de Alejandro Toledo crea elSIS y 3 aos desde que el gobierno de Alan Garca promulgala Ley Marco de Aseguramiento universal en Salud. Ante ello,nos preguntamos en qu medida se ha logrado los objetivosplanteados?

El Per an registra bajos nivelesde gasto: el ao 2009 se invirti1,2% del PBI en salud, mientrasque pases como Brasil y Chile in-virtieron 5 y 3,7% respectivamente

En cifras: Sector salud hoy

El Seguro Social de Salud (EsSalud) se nancia con el pagode los empleadores equivalente al 9% de la remuneracin de

sus trabajadores en planilla. Actualmente, Essalud tiene 9 mi-

llones 715 mil asegurados, lo que equivale al 32% de la po-blacin total. A nes de 1998 este porcentaje fue de 25.1%,lo cual indica un crecimiento muy lento entre dichos aos(Petrera 2002: 111). La ampliacin de su cobertura depen-de de la evolucin de la actividad econmica y el aumento

Por: Raisa Ferrer Pizarro *


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de puestos de trabajo formales, as como de la capacidad deESSALUD para ofrecer planes atractivos a las poblacionesms jvenes (estudiantes, por ejemplo) y aquellos que traba-jan de modo independiente (Carbajal y Francke 2000: 20).

Por su lado el SIS se nancia mediante subsidios salidos delpresupuesto del pliego de salud. Podemos constatar que hahabido un gran crecimiento en la aliacin al SIS: en el ao2008, el SIS ali a 18% de la poblacin, mientras que en el2010, segn las estimaciones de la Encuesta Nacional deHogares (Enaho), esa cifra se duplic llegando al 36.3%.

Ello se debi a un incremento del nanciamiento por parte delgobierno con recursos del tesoro pblico. Sin embargo, deacuerdo a los estndares internacionales, el Per an registrabajos niveles de gasto: el ao 2009 se invirti 1,2% del PBI ensalud, mientras que pases como Brasil y Chile invirtieron 5 y3,7% respectivamente (CEPAL 2010). Ejemplo de ello es la bajainversin por aliado del SIS, de alrededor de 17 dlares al ao,segn la Federacin Mdica Peruana. El gremio mdico aseguraque dicho seguro se encuentra quebrado y debe a los hospitalesalrededor de 160 millones de soles.

Cabe aadir que no basta estaraliado a un seguro para tener

garantizado el acceso a la salud:ninguno de los seguros brinda

atencin a por lo menos la mitadde sus aliados

Por otro lado, el gerente de Prestaciones de Salud de EsSalud,Rino Garca, comenta que el presupuesto para los casi 10 mi -llones de aliados a EsSalud es de 6 mil 700 millones de soles,cifra que resulta insuciente (Amrica Televisin 2012a), ancuando para el prximo ao la partida ha sido incrementada en0.05% (La Repblica 2012). Ac cabe aadir que no basta estaraliado a un seguro para tener garantizado el acceso a la salud:ninguno de los seguros brinda atencin a por lo menos la mitadde sus aliados, lo que implica que, ms de dos tercios de lapoblacin con seguro de salud acaba pagando la consulta y los

medicamentos con dinero propio (Minsa 2008).

El gasto en salud per cpita prc-ticamente no se ha movido en losltimos 10 aos y el sueldo de los

mdicos de EsSalud est congeladodesde hace 15 aos.

Una vez conocida la estructura del sector salud en los distintosmbitos y sus fuentes de abastecimiento presupuestal, explica-remos cules son las principales debilidades del sector en tr-

minos humanos y de gestin presupuestal, en un contexto enel que los profesionales de la salud han alzado voz de protesta,realizado huelgas y tomado las calles para reclamar por mejoressalarios y condiciones laborales.

La protesta

El gasto en salud per cpita prcticamente no se ha movidoen los ltimos 10 aos y bordea los 2,500 millones de dla-res anuales, de los cuales los hogares nancian el 38%, lasempresas el 34,1% y el gobierno el 24,8%. Para atender alos pacientes, se cuenta con alrededor de 139 mil personas

trabajando en el sector salud. Esta fuerza laboral cuenta conun nanciamiento en salud al ao equivalente al 4,7% delProducto Bruto Interno del Per (Francke, Arroyo y Guzmn2006).

Para atender a los pacientes, secuenta con alrededor de 139 mil

personas trabajando en el sectorsalud. Esta fuerza laboral cuentacon un nanciamiento en salud al

ao equivalente al 4,7% del PBIEl sueldo de los mdicos de EsSalud est congelado desdehace 15 aos y, dependiendo del nivel en el que se encuen-tren, su remuneracin mensual vara. El sueldo mdico enLima es en promedio de s/ 3200; en provincia, de S/. 2900;en posta, de S/. 2500 y en Essalud, de S/. 3700 (Amricatelevisin 2012b). Es tal vez por el ello que de los 2500 m -dicos que egresan al ao en el pas, la mayora preere salirdel pas. Reportes de la Direccin de Migraciones dan cuentaque los mdicos que no reportaron regreso al pas luego dedos aos de su partida son ms de 1200 al ao (Francke,Arroyo y Guzmn 2006). Otros preeren trabajar en el sectorprivado, en el cual un mdico joven pueda ganar el doble de

lo que ganara en el sector pblico. El tema de los salariostambin puede analizarse desde una mirada comparada, tal ycomo argumenta presidente de la Federacin Mdica Perua-na, Csar Palomino, hay choferes que ganan 2 mil 500 solesy secretarias de ministros que llegan a percibir 8 mil soles(Amrica televisin 2012b).

No existe solo descontento res-pecto a la asignacin salarial, sinotambin respecto a las condicionesen las que trabajan. En ciudades

principales como Arequipa, existeun dcit de 1,300 mdicos, lo cualincrementa la carga laboral de los

profesionales

Sin embargo, el problema es an ms complejo, pues noexiste solo descontento respecto a la asignacin salarial,sino tambin respecto a las condiciones en las que trabajan.En ciudades principales como Arequipa, existe un dcit de1,300 mdicos, lo cual incrementa la carga laboral de los pro-fesionales: Cada mdico debe recibir diariamente a 15 pa-cientes, sin embargo atienden 50. Si a ello sumamos que en

Arequipa hay 15 camas de hospitalizacin, 3 centros mdicosy 6 mdicos por cada 10 mil habitantes, podemos notar quelas condiciones laborales se agravan con las limitaciones deinfraestructura (La Repblica 2012).


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Cada gestin de gobierno hereda los errores y omisiones dela anterior. As, Toledo hered una reforma a medias del sectorsalud ejecutada por Fujimori, que no tuvo impacto real en elincremento de la cobertura ni aliacin, por no ir acompaadade polticas sostenibles de empleo y reduccin de la pobreza;

al igual que Humala, una dbil aplicacin de la Ley Marco deAseguramiento Universal de Salud promulgada entre aplausosdurante el gobierno de Garca.

En el 2004, tras una huelga de28 das y la toma de la sede delMinisterio de Salud por dos das,se logr que se aprobara la Ley

28220 del Nombramiento del Per-sonal Mdico Contratado

En el 2004, tras una huelga de 28 das y la toma de la sede delMinisterio de Salud por dos das, se logr que se aprobara laLey 28220 del Nombramiento del Personal Mdico Contratado,con lo cual se consigui que 4 500 mdicos sean nombrados anivel nacional Desde entonces, la Federacin de mdicos vienepidiendo la ampliacin de la Ley 28220 para lograr el nombra-miento de ms mdicos (La Primera 2010).

Es urgente que nuestro sistemade salud sea evaluado dentro desu complejidad, asegurando que

el resultado nal favorezca no solo

a la planta de trabajadores, sino alusuario que merece un trato hu-

mano y menos indolencia

Pese a dichas mejoras, la disconformidad frente al estanca-miento en la subida de los sueldos y contrataciones continuy este ao el permanente clima de disconformidad desencade-n una huelga de mdicos de EsSalud y del MINSA, que llevams de 25 das en el segundo caso (en el caso de los mdi -cos de EsSalud se logr un aumento de S/. 1350 tras un mesde huelga). Para detenerla, la actual ministra de Salud, Midoride Habich, ha ofrecido bonos a mdicos mientras se trabaja

en la reforma salarial que iniciara en el segundo semestre del2013, y ha realizado un llamado a los dirigentes para llegar aun acuerdo (RPP 2012). Sin embargo, resulta preocupante quean no haya respuestas claras desde el Ejecutivo acerca decmo mejorar el sistema administrativo y operativo del sistemade salud, as como de la ampliacin de vacantes de trabajo(con seleccin meritocrtica) para satisfacer la alta demanda.De modo paralelo, es urgente que nuestro sistema de saludsea evaluado dentro de su complejidad, asegurando que el re-sultado nal favorezca no solo a la planta de trabajadores, sinoal usuario que merece un trato humano y menos indolencia.

Bibliografa

CEPAL (2010) El gasto pblico social en Amrica Latina: ten-dencias generales e inversin en el desarrollo de capacidadesde las nuevas generaciones. En: Panorama social de AmricaLatina. Disponible en: FRANCKE, Pedro y Juan Carlos Carbajal (2000) La seguri-dad social en el Per: Situacin y posibilidades

FRANCKE Pedro, Juan Arroyo, Alfredo Guzmn (2006)Polticas de Salud 2006-2011. CIES y Foro Salud. Disponi-ble en lnea:

Amrica Televisin

2012a Amrica Noticias -16.08.12- Informe Especial: Elcalvario de los peruanos en el seguro social. Disponible en:

2012b Amrica Noticias - 150812 - Informe especial: la reali-dad de los mdicos en el Per. Disponible en:

Minsa (2008) Cuentas Nacionales de Salud. Per, 1995-2005.Ocina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministeriode Salud. Consorcio de Investigacin Econmica y Social.Observatorio de la Salud. Lima

LA REPBLICA (2012) Cada mdico de hospitales debeatender a 15 pacientes pero recibe a ms de 50. Por: EfranRodrguez Valdivia. Disponible en:

LA PRIMERA (2010) Gobierno paga a mdicos sueldos deS/.400 al mes. Publicado: 13 de setiembre del 2010. Disponi-ble en:

PETRERA, Margarita (2002) Financiamiento en salud. En:La salud peruana en el siglo XXI.Retos y propuestas de polti-ca.

RPP (2012) Midori de Habich: Ejecutivo ofrecer a mdicos

dos bonos de un sueldo.


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Conicto social y estallido de violencia no son sinnimos y uno no

implica al otro. Los conictos son parte normal de la convivencia

social pues expresan diversidad de intereses, necesidades e iden-tidades, pero una dinmica particular en su desarrollo en el Per

pareciera favorecer los estallidos de violencia (ILIZARBE:2012)

Despus de la privatizacin de la minera durante el gobiernode Fujimori, el Estado central prcticamente desaparece de laescena en la intermediacin entre empresas y comunidades.Como resultado, uno de los principales problemas en la gestinde los conictos socio-ambientales en el Per es la inexistenciade una normativa clara e instituciones con las atribuciones y re-

cursos necesarios que establezcan prioridades consensuadaspara la gestin del desarrollo, la proteccin del medioambientey la atencin de demandas y conictos que puedan derivar-se de las relaciones entre empresa y sociedad. En Espinar elEstado renunci por ms de 20 aos a su rol de regulador ysupervisor, pero tambin de promotor y gestor del desarrollo, ylamentablemente durante lo que va de este gobierno, a pesarde las promesas, se ha avanzado muy poco en retomar estosroles.

El presente artculo tiene el n de responder al Por qu en22 aos de conictos socio ambientales, los logros locales quese han obtenido se han logrado solo a travs de la presin deactores locales y transnacionales? As, este artculo estar de-

dicado a la accin colectiva contenciosa presente en la mayorparte de ltimos conictos ocurridos en el pas; para ello, noscentraremos en el caso de Espinar frente a la minera Xstrata,Tintaya.

Antecedentes del Conicto

El primer estallido de violencia se remonta a 1990, cuando lospobladores tomaron el local de la entonces empresa estatal.Las autoridades polticas locales ya haban solicitado que laminera tenga un rol ms activo en el desarrollo econmico deEspinar, otorgando empleo, servicios bsicos y obras pblicas

de infraestructura. Dicha agenda inclua, asimismo, las deman-das de los miembros de las comunidades cuyas tierras habansido expropiadas al iniciarse el proyecto.

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* Estudiante de ciencias polticas de 10 ciclo

El conicto vivido en Espinar tiene una larga historia, desdelas movilizaciones del 2000 contra BHP Billinton, que naliza -ron con la subscripcin del Convenio Marco (reglas claras deconvivencia con la actividad minera, debido a la existencia dedenuncias por contaminacin ambiental y violaciones a los de-rechos humanos) acordndose la generacin de empleos y elcompromiso de otorgar el 3% de sus utilidades en 2003 (DEECHAVE: 2009).En este contexto, las organizaciones repre-sentativas de Espinar, entre ellos el Frente nico de Defensade los Intereses de Espinar (FUDIE), as como la FederacinUnicada de Campesinos de Espinar (FUCAE), encabezaronla presin social, que lograron la rma del convenio Marco.

En Espinar el Estado renunci porms de 20 aos a su rol de regula-dor y supervisor, pero tambin depromotor y gestor del desarrollo

No obstante, en mayo del 2005, la poblacin de Espinar se mo-viliza nuevamente exigiendo a la Empresa Minera BHP Billitonreconocer los compromisos asumidos en el Convenio Marco.Lamentablemente, la movilizacin culmino en enfrentamientosentre la poblacin y los efectivos policiales. El resultado de

este enfrentamiento fue de varios heridos y 7 dirigentes pro-

cesados por los delitos de robo, disturbios y resistencia a laautoridad (WILLANAKUY: 2005). Finalmente, se logra ciertaconcertacin a travs de una mesa de dialogo con la participa-cin de la empresa y Ongs. Al ao siguiente, Xstrata Tintayaremplaza a BHP Billinton como operador del yacimiento e ins-titucionaliza el Convenio Marco.

Sin embargo, el 2009 las exigen la suscripcin de un nuevoconvenio con Xstrata Tintaya, ante visible la inuencia polti-ca de la empresa en sectores de la poblacin, incluyendo or-ganizaciones sociales tales como FREDEMIRSE, acusada alinterior de la comunidad de recibir favores de Xstrata Tintaya.En el transcurso del 2011, se scalizan los convenios suscri-

tos. Es realizado el Congreso de Reformulacin del ConvenioMarco, convocado por el Frente nico de Jvenes EspinarKana (FUJEK) el 20 y 21 de mayo del 2011, donde se rati -ca iniciar un proceso de reformulacin del Convenio Marco.

Por: Diana Chaman Salas *


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La Vicaria de Solidaridad, en coordinacin con las organizacionesrepresentativas de Espinar, la Municipalidad Provincial de Espinarpresentaron los resultados del estudio de Monitoreo AmbientalParticipativo en Agua y Suelos, demostrndoseque se han supe-rado los lmites mximos permisibles.Solo entonces, la Municipali-dad Provincial de Espinar realiza un estudio de anlisis de muestraen animales, de los cuales algunos tienen mayor concentracin de

cobre y zinc.

Para el 20 de Enero del presente ao, se realiza un primer paro detransportistas de Espinar, donde se exigen el pleno cumplimientodel Convenio Marco, en especial la clusula por la que se seala70% de sus trabajadores deben ser de Espinar. En Febrero, serenen representantes de Xstrata Tintaya con los dirigentes de laprovincia, el Alcalde de Espinar y el Presidente Regional, JorgeAcurio Tito. No habindose llegado a la reformulacin el ConvenioMarco, las organizaciones sociales deciden iniciar una medida deparalizacin, jando la fecha del 21 de Mayo. Solo el 10 de Fe-brero se conoce en Espinar el estudio de riesgos a la salud porexposicin de metales pesados realizado por el Centro Nacional

de Salud Ocupacional y Proteccin del Ambiente para la Salud CENSOPAS1.

Los actores, la presin social, la violencia

La paralizacin fue liderada por el FUDIE, cuyo secretario Generalfue el SR. Herbert Huamn Llave. No obstante, el alcalde de laMunicipalidad Provincial de Espinar, Oscar Mollohuanca tambinrespaldo la movilizacin. Por el contrario, la respuesta del gobier-no central inuy decisivamente en el escalamiento del conicto.Desde el primer da de paralizacin, la presencia policial en Espi-nar fue desproporcionada. Se estimaron un aproximado de 1200 a1500 efectivos policiales, habiendo un aproximado de 5 grandes

enfrentamientos entre policas y civiles. Constantes violaciones alos derechos humanos y un promedio de 22 civiles heridos fueronreportados a la Vicaria de Solidaridad. Los efectivos 6 policialesheridos habran sido atendidos en el centro mdico de la EmpresaXstrata Tintaya. En ningn momento se cont con la presencia delFiscal del Ministerio Publico.

Solo tras un intenso escalamiento del conicto, representantes dela Municipalidad Provincial de Espinar, del Ministerio de Energa yMinas, PCM, Ministerio de Ambiente y Defensora del Pueblo sereunieron concluyendo en la necesidad de hacer estudios sobrela situacin ambiental, lo cual no fue bien recibido por las organi -zaciones sociales que ya exigan soluciones. No solola presin a

travs de la sociedad civil organizada sino tambin el desbloqueode cuentas corrientes (cuyo bloqueo desde el 29 de Mayohabrapuesto problemas compromisos contractuales, en desmedro de laMunicipalidad de Espinar), empujaron a la reunin del 12 de Julio(LA REPUBLICA:2012).

Tras su reunin con la Comisin de Alto Nivel, presidida porel Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal e integrada porlos titulares de Agricultura, Luis Ginocchio, Salud, Alberto Teja-da y Minas, Jorge Merino, se logr concertar un monitoreo am -biental participativo que se inici el 13 de Setiembre. Para ello,se han reunido y capacitado a representantes de comunidadespara ser veedores del proceso a cargo de instituciones comoIngemmet, Censopas, Organismos de Evaluacin y Fiscaliza-

cin Ambiental (OEFA) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA)._________

1 8 personas con valores superiores al lmite de referencia con mercurio; 24personas con valores de arsnico superiores al lmite referencial y 10 per-sonas con valores de cadmio por encima del valor referencial; las muestrasde agua tienen concentraciones de arsnico y mercurio por encima de losestndares de calidad ambiental

Actualmente se est debatiendo la instalacin de tanquesde almacenamiento de agua para el abastecimiento seguroa la poblacin priorizada de Espinar. Ya se han entregado50 tanques que abastecern con camiones cisterna a 16sectores de 5 localidades. (LA REPUBLICA: 2012). Se es-peran los resultados de la prxima reunin, el martes 16de Octubre.

Qu elementos polticos fueron detonantespara el conicto?

El estallido de la situacin se produce por la represin delEstado manifestado en un envo de un contingente po-licial- frente a una marcha convocada con anticipacin. Aesto se suman la detencin de Mollohuanca, principal ylegtimo interlocutor frente al Estado, y la percibida trai-cin del presidente Ollanta Humala quien recibi el apo-yo electoral de ms del 60% de la poblacin de Espinar,donde adems culmino su cierre de campana antes deser elegido presidente (ELIZARBE:2012). A esto, es pre-

ciso sumarle el pobre manejo del caso al Jefe de la o-

cina de Gestin de Conictos Sociales, Vctor Caballero.

Espinar demuestra una culturapoltica participativa, un ejemplode la cual es el orgullo con quese recuerda el Da de la DignidadEspinarense conmemorando latoma del local de la entoncesempresa estatal Tintaya en 1990

La protesta, pues no slo requiere de incentivos polticoso econmicos sino tambin de una conviccin comn, decierta identidad en torno a las razones de la protesta y sobrela estrategia que nalmente logra resultados. Es preciso to-mar en cuenta que Espinar demuestra una cultura polticaparticipativa, un buen ejemplo de la cual es el orgullo conque se recuerda el Da de la Dignidad Espinarense conme-morando la toma del local de la entonces empresa estatalTintaya en 1990 y el logro de una serie de acuerdos favora-bles al pueblo de Espinar. De acuerdo a Francisco Durand,la poblacin de Espinar posee un extraordinario desarrollopoltico visible en el alto nivel de organizacin y una dis-posicin a la movilizacin rpida y efectiva. Se ha aprendi-

do que para lograr resultados es fundamental organizarsepara presionar si bien es preciso recordar los desbordes deviolencia cuyocontrol debe ser asumido por los dirigentes.

El desarrollo poltico de la ciudadana en Espinar incluyeel logro de la representacin poltica dentro del propio Es -tado; la participacin de Oscar Mollohuanca (OM en lacronologa) en la gestin de la rma del primer ConvenioMarco, as como su re-eleccin para el perodo 2011 2014 en el que se debe gestionar un segundo conveniopara el proyecto Antapaccay, as lo demuestran. (ILIZAR-BE: 2012). En trminos de Jos de Echave, El desarro-llo de las agendas reivindicativas estuvo acompaado de

procesos complejos de formacin de actores y nuevosreferentes organizativos. Las organizaciones sociales deEspinar utilizaron el fortalecimiento organizativo, desarro-llo de capacidades, construccin de alianzas, campaa eincidencia como aspectos claves de sus principales accio-nes en el contexto de la movilizacin (DE ECHAVE: 2009).


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Asimismo, es importante recalcar que aunque el dilogo ha sidoparte de la negociacin y que la historia del conicto incluyevarias mesas de dilogo, este se ha producido histricamenteluego de la confrontacin y como resultado de la presin por lava de la protesta. Parece haberse establecido una dinmica deconfrontacin negociacin- acuerdo vigente.

no hay una iniciativa del Estadopara representar a la poblacin,sino que es esta la que tiene queluchar por empujar al Estado a

ser rbitro,inclusive recurriendoa aliados internacionales.

Como vemos, no hay una iniciativa del Estado para representara la poblacin, sino que es esta la que tiene que luchar por em -pujar al Estado a ser rbitro,inclusive recurriendo a aliados in-ternacionales.La precariedad de la representacin subnacionalse maniesta a travs de una brecha institucional entre la em-presa minera, que ejecuta la inversin, el Estado, que renunciaa su rol de regulador, y, nalmente, la poltica local caracterizada

por la formacin de grupos de inters que buscan regular talesrecursos.

Bibliografa

CAMACHO, Luis Antonio y Flix LOSSIO (2007). La Mesade Dilogo de la provincia de Espinar (Cusco): solucionandoconictos entre la sociedad civil local y la empresa mineraBHPBilliton Tintaya sin la presencia del Estado. En: PANFI-CHI, Aldo (editor). Participacin ciudadana en el Per: dispu-tas, conuencias y tensiones (Lima: PUCP) pp.208-210

DE ECHAVE, Jose (2009)El caso Tintaya: Entre el dialogo yla protesta. En: Mineria y conicto social. Jos De Echave,Alejandro Diez, Ludwig Huber, Bruno Revesz, Xavier Ricard-Lanata y Martn Tanaka. Lima, CBC, CIPCA, CIES, IEP.

ILIZARBE, Carmen (2012)Estado, empresa minera y ciuda-dana en Espinar. En lnea. Disponible en:

LA REPUBLICA. Monitoreo ambiental participativo en Espi-nar registra avance del 63%. En Linea. Disponible en:

LA REPUBLICA. Dialogo con Espinar sigue adelante tras li-beracin de sus cuentas municipales. En Linea. Disponible en:

WILLAKUY CUSCO. Revista de la Vicaria de Solidaridad de laPrelatura de Sicuani. Espinar: Informe sobre paralizacin enEspinar - Cuzco. En Linea. Disponible en:


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Cmo puedes tener una ley en contra del nega-

cionismo que potencialmente es negacionista?ENTREVISTA A SEBASTIAN MUZ-NJAR

PerDebate convers con Sebastin Muz-Najar, egresado de Sociologa, asistente acadmico dela maestra en sociologa y coordinador del grupo memoria del Instituto de Estudios Peruanos.

El tema de la existencia de distintas memorias sobre el

conicto armado en el pas es fuente de numerosos de-bates. Ellos se intensicaron a partir de la presentacin

del proyecto de ley del negacionismo el pasado agostode este ao, as como con el surgimiento del Movimien-to por Amnista y Derechos Fundamentales (Movadef).

Sebastian, cmo te aproximaste a la in-vestigacin respecto a la violencia poltica?

Me acerco a este tema a partir de una experiencia de in-vestigacin del proyecto Conociendo y reconociendo sa-beres que fue parte, tambin, de una iniciativa del Depar-tamento. En este proyecto, lo que hice fue un mapeo deorganizaciones de afectados por la violencia poltica y mees posible puedo hablar de esa experiencia bsicamente.

A 9 aos del informe de la CVR,qu logros se ha obtenido?

la poblacin de afectados por la violencia poltica, el aporte esmuy claro. Las organizaciones de afectados dentro del contextode trabajo de la CVR se quintuplicaron. Eso muestra o puedeentenderse como un aporte en la medida que se diversican yse amplan las demandas de un grupo que estuvo sistemti-camente reprimido durante toda la etapa de violencia. En estesentido, la CVR contribuy a la constitucin de una agendadesde la sociedad civil para tratar las secuelas del conicto.

Ahora, se trata de un logro relativo, porque se gener una agen-da, la CVR deleg el plan integral de reparaciones, se formula-ron planes integrales de reparaciones regionales y existe todo ungrupo de lderes dentro de la poblacin afectada que participa delos presupuestos participativos que generan proyectos. Sin em-

bargo, se trata de un grupo relegado y que cuenta con escasosrecursos. Con respecto a la agenda, esta ha sido desatendida yes una de sus caractersticas el incentivar la competitividad, loque puede generar problemas considerando que los afectadoshan estado histricamente divididos y compitiendo por reparacio-nes a causa de las nomenclaturas impuestas desde el Estado.

Qu temas quedan pendientes?

La CVR tiene como aporte generar y situar una agenda de de-mandas, pero hay una continuidad, que es esta escasez derecursos a causa de la falta de voluntad poltica, lo que esmuy claro. Creo que est pendiente situar estas demandas de

acuerdo a la importancia que merecen, y eso tiene que ver tam-bin con cmo circula, se difunde y se discute el informe nal.

El informe constituye un proyecto de regeneracin de la ciudada-na, del ejercicio ciudadano despus de la poca de la violencia. Eldebate en torno a este no se ha agota y est, ms bien, pendiente.

La falta de difusin del informe colabora con lareaparicin de un discurso senderista? Cul esel papel del MOVADEF y hacia donde se perla?

En primer lugar, yo creo que habra que rastrear la produccinde un discurso senderista, de una prctica partidaria tambin,no solo del discurso durante la transicin democrtica. Senderono desapareci, hay espacios donde Sendero sigue activo. Ha-blar de un nuevo discurso senderista me parece desacertado,porque se trata de un grupo que tiene una historia y ha pasadovarios procesos.

Yo me acerco a Movadef como investigador a travs de la obrade un muralista que es simpatizante y apoya al movimiento. lpromueve la amnista por considerar el que Abimael y un grupode ex subversivos estn en la crcel como consecuencia de lacriminalizacin de la protesta, una movida ilegitima del Estado.

Veo como un error pensar en este

movimiento [Movadef] como ungrupo de jvenes que ha asumidode manera acrtica el discurso sen-derista de pocas pasadas. Ellos

generan algo nuevo desde su pro-pia posicin generacional

Si su arte expresa programticamente estas cuestiones, y s-tas son compartidas por el Movadef, como puedo suponer porlas conversaciones que he sostenido con l, veo como un errorpensar en este movimiento como un grupo de jvenes que haasumido de manera acrtica el discurso senderista de las pocaspasadas. Ellos son algo distinto, generan algo nuevo desde su

propia posicin generacional, es clave tenerlo en cuenta. JefreyGamarra quiz lo llamara una economa poltica de la genera-cin que es absolutamente diversa. Lo peculiar es que permitepensar en la reivindicacin de los actos subversivos al interiorde un sistema democrtico del cual el Movadef quiere participarcomo partido.


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Observo que hay una construccin nueva que tiene que ver condnde se ubican en el tiempo los nuevos actores. Si esto esconsecuencia de la difusin, no difusin, o de la forma en quese ha difundido el informe de la CVR, es bien difcil de decir. Losmiembros del Movadef han ledo el informe y han ledo a CarlosIvan Degregori. Lo que pasa no es que estn desinformados yno es que utilicen la desinformacin, lo que sucede, creo yo, es

que no hay un espacio de debate en el que se pueda combatirideolgicamente el dogmatismo de un grupo como Movadef.

Los miembros del Movadef hanledo el informe y han ledo a Car-

los Ivan Degregori. No es queestn desinformados y utilicen la

desinformacin

Esto sucede cuando no existe un debate ideolgico, un debate

poltico armado, cuando lo que prima es una poltica de silencio,la imposicin de una verdad histrica formada, no debatible yuna verdad histrica heroica que no se puede cuestionar. No esporque no se difunda el informe nal que se generan discursoscomo el de Movadef, es porque el informe nal no transita den-tro de un espacio de debate poltico e ideolgico que permita ladiscusin de ideas.

Cmo lo anterior empalma con el proyecto deley del negacionismo y qu consecuencias hatenido dicha ley en otros pases?

La Biblioteca nacional de Chile cuenta con un estudio compara-tivo de la aplicacin de la ley de negacionismo en varios pasesde Europa y de Latino Amrica, es del 2012. A m me importararescatar la denicin de negacionismo, entendido como un su-ceso o una prctica poltica, social, cultural y jurdica en la quese niegan o se minimizan, al menos parcialmente, hechos queuna poblacin considera moralmente repudiables y que instau-ran en vez de ello una versin alterada, deformada, carente deun soporte cientco, objetivo en general.

En el caso de Per sera interesante pensar el negacionismocomo una conducta, una prctica social, cultural y jurdica. Peroes pronto an para pensar cmo esta ley interacta con la prc-tica del negacionismo.

Lo que tenemos es una pequea pista de cul es la voluntadpoltica detrs de la ley. El hecho de que un par de das antesde enviarse al Congreso se haya cerrado el local de la Revis-ta Vrtice, revista abiertamente lo senderista, resulta un actobastante representativo. Me pregunto si la aplicacin de la leydel negacionismo va a ser una sucesin de gestos mediticospara asustar y demostrar que el Estado no va a ceder en ladefensa de su versin heroica de los hechos. De ser as, seraun grave problema.

Qu debilidades tiene el planteamiento de laley del negacionismo en el Per?

La ley se centra en un tipo de actos de violencia particulares.Lo que penaliza es la justicacin, minimizacin o aprobacinde la violencia de grupos subversivos, es decir, la negacin dela violencia subversiva. Sin embargo, ese no es el nico tipo deviolencia que se ejerci en nuestro pas.

Desde mi perspectiva, una ley de negacin debera establecerlos lmites o el horizonte del debate de memorias del conictoarmado, debera establecer los lmites morales y polticos fun-dados en informacin objetiva sobre los sucesos. El informenal efectivamente registra una serie de sucesos objetivos ydebera ser la base del debate o denir aquello que no puedesoslayarse en el debate, se estara defendiendo as una base

mnima de derechos que el estado procura para sus ciudada-nos, no se pueden negar estos hechos, por que discutirlos, pen-sarlos y conocerlos esta inmediatamente vinculado a lo que elEstado decide proteger.

El centrarse en un solo tipo de violencia desvirta la posibilidadde defender en el debate estas ideas bsicas, estos principiosbsicos, estos derechos, porque las practicas de terrorismo deEstado tambin fueron sistemticas. El Estado tambin fue res-ponsable de un nmero importante de muertes que tienen se -cuela. Cabe preguntarse cmo una ley de negacionismo puedeestablecer los lmites morales y polticos de un debate si, ens misma, tambin esta relegando o negando una parte de los

hechos. Cmo puedes tener una ley en contra del negacio-

nismo que potencialmente es negacionista? se, creo yo, esel problema.

El centrarse en un solo tipo de vio-lencia desvirta la posibilidad de

defender en el debate estas ideasbsicas, estos principios bsicos,estos derechos, porque las practi-cas de terrorismo de Estado tam-

bin fueron sistemticas.

Para terminar, es importante pensar en el signicado de la di-versidad de memorias sobre el conicto, en la diversidad dedemandas de reparacin y la urgencia estas. No es algo quepueda resolverse de la noche a la maana, hay una pelea, unalucha muy concreta relacionada a la justicia, a la judicializacinde casos de violaciones de derechos humanos, de crmenes delesa humanidad, que en la actualidad estn siendo desvirtua-dos. Hay una lucha muy concreta por las reparaciones.

No es posible tener una cosa sinlas anteriores, no puedes tener un

debate democrtico que integreuna pluralidad de memoria si no seatienden las demandas de justicia

y las demandas de reparacin

No se estn estableciendo las seguridades sociales para poderdebatir, contar, conversar las memorias del conicto armado; ladiversidad de memorias no es en s misma ni buena ni mala, notiene en s misma una consecuencia democrtica el hecho deque hayan muchas memorias. Las condiciones del debate sonlas que pueden hacer de la diversidad algo democrtico, algoproductivo, que genere un acto ciudadano, una prctica ciuda-dana mas informada, mas incluyente; no es posible tener una

cosa sin las anteriores, no puedes tener un debate democrticoque integre una pluralidad de memoria si no se atienden lasdemandas de justicia y las demandas de reparacin; esas trescosas van necesariamente unidas, y la ley de negacionismo niestablece las fronteras de un debate democrtico ni se integracon los otros ejes de una agenda de reparacin y de justicia.

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