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26/05/2019

España

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20 663 EUR (23 402 USD)

Administración Las fragmentadas cuentas del Estado

ROBERTO PÉREZ

En 1995, autonomías y ayunta-

mientos eran las responsables

de un tercio de todo el gasto

público español, en torno a un

35%. En 1998 ya alcanzaban el 40%, y

el año pasado sumaron el 50%. En un

par de decenios, las administraciones

territoriales han arrebatado al Gobier-

no central el control del gasto público

del país. Las autonomías han engor-

dado a costa de la Administración Ge-

neral del Estado que, además –y por

lo mismo–, ha perdido fuerza a la hora

de dirigir las cuentas públicas en su

conjunto, por ese poder reforzado que

tienen los gobiernos regionales.

Sin contar el abono de los venci-

mientos de la deuda, las autonomías

se gastaron el año pasado 180.768 mi-

llones de euros, y 69.419 millones las

entidades locales –ayuntamientos, di-

putaciones, consejos y cabildos insu-

lares–. Las administraciones territoriales

han agrandado un 23% su porción en

la tarta del gasto público español, que

es la que le han arrebatado al Gobier-

no central. En realidad, las entidades

locales tienen prácticamente la mis-

ma porción que a mediados de los 90,

pero el gasto público que está en ma-

nos de las autonomías es casi un 60%

mayor. Y ese poder presupuestario que

han acumulado las autonomías ha ido

en detrimento del Gobierno central.

En 1995, Moncloa tenía en su mano el

65% de todo el dinero que consumía el

sector público; ahora alcanza a duras

penas el 50% y, además, ha tenido que

financiar la deuda autonómica cuan-

do esta ha puesto en jaque a las admi-

nistraciones regionales.

El Estado es quien responde en úl-

timo término de las cuentas autonó-

micas, pero lo tiene complicado para

meterlas en cintura. «Eso es conse-

cuencia directa de cómo está monta-

do el sistema constitucional del Esta-

do de las Autonomías», del margen de

maniobra que les otorga y del poder

que han acabado asumiendo, explica

Rafael Pampillón, catedrático de Eco-

nomía de la Universidad CEU San Pa-

blo. A raíz de la crisis, el Gobierno lla-

mó al orden a las administraciones te-

rritoriales. Como demuestran las cifras

de saneamiento y gasto, la disciplina

sí surtió efecto en los ayuntamientos,

pero quedó desdibujada en el paisaje autonómico. En el último decenio, han

sido notorios los casos de gobiernos

regionales que han incumplido –algu-

nos de forma gruesa y sistemática– los

objetivos económicos fijados por el

mismo Estado que les socorre.

El galope de la deuda En los diez últimos años –de 2009 a

2018–, los gobiernos regionales han te-

nido que pedir prestados 388.440 mi-

llones de euros para poder hacer fren-

te a todo lo que han gastado. De todo

ese dinero que han recibido al debe,

algo menos de la mitad –178.324 millo-

nes– lo han dedicado a pagar los ven-

cimientos de la deuda atrasada. El res-

to, más de 210.000 millones, han sido

para enjugar los números rojos en los

Autonomías y ayuntamientos copan la mitad del gasto público, un 23% más que hace dos décadas

que se instalaron hace año las adminis-

traciones autonómicas, por gastar sis-

temáticamente más de lo que ingresan.

Cuando azotó la crisis, ésta puso en

evidencia a las autonomías que más

habían incurrido en los excesos –con

Cataluña en el pelotón de cabeza–. In-

capaces de financiarse por sí mismas,

el Estado les evitó la quiebra acudien-

do en su rescate. Así llegaron los me-

canismos extraordinarios de financia-

ción –FLA, Plan de Pago a Proveedo-

res, Facilidad Financiera...–, que

también acabaron ayudando a los ayuntamientos. Esos mecanismos con-

siguieron lo más urgente -esquivar la

debacle y poner a salvo a las autono-

mías que se tambaleaban-, pero algu-

nos expertos critican que no sirvieron

para reconducir estructuralmente los

excesos de las administraciones re-

gionales. «Aquel primer ‘‘rescate’’ se

repitió luego varias veces y, desde en-

tonces, parece que hay de nuevo vía li-

bre», indica Pampillón. A su juicio, tras

el auxilio financiero inicial que se dio

a las administraciones territoriales,

el Estado debería haber sido más es-

tricto y haber dejado que fueran esas

administraciones las que asumieran

sus responsabilidades. «Cada palo debe

aguantar su vela, y las autonomías que

quieran gastar más allá de lo conveni-

do por el conjunto del Estado debe-

rían saber que no lo harán sin asumir un coste político», afirma. Pampillón

plantea que las administraciones in-

cumplidoras tengan que solucionar

su exceso de gasto con un aumento de

los impuestos. Así, «los ciudadanos

sabrían realmente lo que les cuesta la

gestión política de su respectivo go-

bierno territorial». Gastar da votos;

subir los impuestos, no. El problema,

afirma Pampillón, es que hasta ahora

el exceso de gasto de las autonomías

no se nota lo suficiente en los impues-

tos, porque las autonomías optan por

cubrirlo con endeudamiento.

Exceso de estructuras En lo peor de la crisis, cuando habían

saltado todas las alarmas, se puso so-

bre la mesa la necesidad de adelgazar

La escalada ha sido soportada por los gobiernos regionales a base de engordar la deuda. En los diez últimos años han suscrito operaciones de endeudamiento por valor de casi 400.000 millones de euros

CONTRASTES

De 1995 a 2018, la población

apenas ha aumentado un 18%

y la inflación un 65%. El gasto

público, sin embargo, un 145%

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España

15

526,93 cm² (84,5%)

21 350 EUR (24 180 USD)

Fuente: Elaboracion propiaABC

CC.AA.

Entidades locales

CC.AA.

Entidades locales

Participación de las CC.AA. y las entidades locales en el gasto público españolGasto no financiero, en millones de euros

201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

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Entidades locales

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.351 11

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76 147.

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8.89

7

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164

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.94

3

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06

7

173.

384

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8

% del gasto público español en manos de CC.AA. y entidades locales

Gasto público español en manos de CC.AA. y entidades locales

22,7 24,4 25,1 26,2 27,9 30,1 30,8 34,3 36,0 36,3 37,9 38,2 38,3 38,9 38,1 38,1 39,4 38,2 35,2 35,4 36,2 35,6 36,3 36,2

12,9 13,1 13,9 14,6 15,1 14,9 15,1 15,2 15,5 13,8 13,7 14,2 13,914,8 15,3 15,8 16,5 15,7 15,4 15,5 14,9 12,3 13,0 13,5

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d

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37.6

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76.3

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835

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317

64

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67.

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0

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.419

los entramados públicos para reducir

el gasto. Pero, pasado aquel momen-

to crítico, el asunto ha quedado en un

segundo plano y hace años que las au-

tonomías volvieron a aumentar su gas-

to. Sin contar vencimientos de deuda

(amortizaciones), los gobiernos regio-

nales gastaron el año pasado 180.768

millones de euros, 16.000 millones más

que en 2013.

Es un nuevo aumento del gasto es-

tructural, en el que destaca el aparta-

do de personal –las autonomías han

engordado sustancialmente sus plan-

tillas en los últimos años–. «Parte de

esos gastos son muy necesarios, por-

que tienen que ver con la educación y

la sanidad públicas -que son compe-

tencias que gestionan las comunida-

des autónomas-, pero también hay can-

tidad de empresas públicas y organis-

mos de lo más diverso que han ido

creando los gobiernos autonómicos y

que en muchos casos son totalmente

prescindibles», indica este catedráti-

co de Economía. Son entes que han te-jido una extensa «administración pa-

ralela» controlada por los gobiernos

autonómicos, un entramado más di-

fícil de fiscalizar, más manejable y ge-

nerosamente nutrida en personal y

presupuestos.

«Hay muchas entidades que en ab-

soluto están justificadas, hay duplici-

dades entre administraciones y hay

un exceso de entramados mientras se

sigue produciendo déficit y continúa

creciendo una deuda que es funda-

mental contener», indica Rafael Pam-

pillón, quien advierte del riesgo que

supone el endeudamiento público que

acumula España. En primer lugar, por-

que el multimillonario coste que tie-

ne en concepto de intereses y, en se-

gundo, por el impacto que tendría si

se desencadenara un nuevo escena-

rio como el que se produjo tras esta-

R. P. El año pasado, los gobiernos autonómicos se gastaron en sueldos un total de 77.395 millones de euros. Incluye tanto las nóminas de los empleados que tienen contratados como las cotizaciones a la Seguridad Social. Ese coste de personal repre-senta el 43% de todo el gasto no financiero de las comunidades autónomas; es decir, el 43% de todo lo que gastaron durante el último año, sin contar las amortizacio-nes de deuda –que se pagan con cargo a nuevo endeudamiento–. En el conjunto

del Estado, los costes de personal suponen en torno al 25% de todo el gasto público no financiero. El hecho de que en las autonomías el peso sea mucho mayor responde, en buena parte, a que los dos servicios públicos con más mano de obra –la

sanidad y la educación públicas– dependen de las administraciones regionales. Durante los

últimos, tras el pasajero ajuste que impuso la crisis, las autonomías han vuelto a engordar sus plantillas. En el último quinquenio, los gobiernos regionales han sumado otros 230.000 efectivos.

La mayor partida de gasto, los sueldos

llar la crisis de 2008. En estos momen-

tos el endeudamiento es mucho ma-

yor que entonces, lo que complicaría

el margen de maniobra para respon-

der ante un cuadro económico de esas

características.

Gasto al alza En las últimas décadas se completó el

traspaso de competencias a las auto-

nomías. Eso no solo ha reordenado la

distribución del gasto entre adminis-

traciones, sino que también ha encare-

cido la cifra de conjunto, lo que cuesta

el sector público en su totalidad.

A mediados de los años 90, a Espa-

ña le bastaban unos 200.000 millones

de euros para cubrir todo su gasto pú-

blico no financiero -que abarca todos

los costes, excepto los pagos de venci-

mientos de deuda-. Ahora necesita me-

dio billón de euros. El incremento ha

sido enorme en comparación con cómo

ha aumentado la población, y ha sido

también mucho mayor que la infla-

ción. Los resultados son elocuentes:

desde 1995, el gasto público español

se ha disparado un 145%, mientras que

la población del país ha aumentado

un 18% y la inflación lo ha hecho en

torno a un 65%.

Pese al despegue económico de los

últimos años y a los crecientes ingre-

sos que le ha reportado a las adminis-

traciones públicas, las autonomías han

quedado ancladas en un endeudamien-

to recurrente. El año pasado tuvieron

que pedir prestados 39.000 millones

de euros para poder cuadrar sus gas-

tos, entre los que se incluyó el abono

de casi 33.000 millones por amortiza-

ciones obligatorias de deuda.

En cómputo global, contando el gas-

to presupuestario total, las autono-

mías cubren el 21% de sus costes con

dinero que tienen que pedir prestado

año tras año.

El

gasto de

personal de las

autonomías fue de

77.395 millones

en 2018

Unos 100.000 millones de euros al año entre sanidad y educación

El grueso del gasto público de las autonomías se concen-tra en la sanidad y la educa-ción públicas, los dos gran-des servicios públicos que están en manos de los gobiernos regionales. Según la última liquidación oficial disponible, la del ejercicio 2016, las autonomías se gastaron en la sanidad pública 61.632 millones de euros, y algo más de 37.000 millones en educación. Entre esos dos grandes servicios concentran en torno al 60% de todo el gasto no financie-ro de las Administraciones regionales.