41 › AGOSTO / SEPTIEMBRE DE 2011 AGOSTO / SEPTIEMBRE DE 2011 › 42

El alza en la cotización del oro ha traído un auge de minería

aurífera ilegal, que requiere de una política integral.

D espués de la crisis econó-mica mun-dial, el oro ha afianzado su posición

como refugio de valor, lo que jalo-na la demanda de este metal pre-cioso en todo el planeta. Y con la actual crisis fiscal europea y las recientes discusiones en torno al techo de la deuda en EE.UU., en agosto, la onza de oro sobrepasó los US$1.850.

Este fenómeno también ha te-nido un impacto en nuestro país. En el 2006, Colombia producía 15.683 kilogramos de oro; en el 2008 se dio un salto considera-ble, pasando a una producción de 34.321 kilogramos al año y la ten-dencia se mantiene. El año pasado, el país produjo un total de 53.606 kilogramos anuales, lo cual repre-senta un aumento importante, so-bre todo si tenemos en cuenta la cifra del 2006. Los principales de-partamentos productores de oro en el país son Chocó, con un total de 24.530 kilogramos en el 2010,

y Antioquia, que llegó a 18.898,47 kilogramos.

En departamentos como An-tioquia y Chocó conviven diferen-tes tipos de minería aurífera, des-de consolidadas empresas mineras, pasando por la pequeña y media-na minería, los mineros artesana-les, hasta grupos al margen de la ley, que se han volcado a la mine-ría del oro para aprovechar los al-tos precios del metal. La minería aurífera legal abarca desde la mi-nería a gran escala, que enfrenta el reto de consolidar la viabilidad so-cial de sus proyectos, hasta la pe-queña y mediana minería, que re-quieren del acompañamiento del Estado, mayor asociatividad y me-jores mecanismos de financiación.

Por otro lado, está la minería ilegal, que estrictamente hace re-ferencia a aquella explotación de recursos que se adelanta sin el res-pectivo título minero. Bajo esta definición se encuentran algunos pequeños y medianos mineros, entre los cuales hay un alto grado de informalidad y que requieren, ante todo, apoyo estatal para al-

canzar mayores niveles de asocia-ción. A medida que estos mineros ingresen a la legalidad, los están-dares de seguridad, higiene y am-bientales que manejan, se debe-rían incrementar.

En todo caso, la explotación ilegal de oro es un problema se-rio, que perjudica el medioam-biente, compromete la integridad de las personas vinculadas a su ex-tracción y tiene un impacto negati-vo en la capacidad de recaudo del Estado. En la medida que no se le ponga freno a la minería ilegal, continuará la contaminación del medio ambiente, el recurso huma-no seguirá en un mercado laboral

precario y el fisco seguirá sin perci-bir impuestos y regalías que le co-rresponden.

Sin embargo, el marco norma-tivo actual no es el más apropiado para combatir este fenómeno. Por ejemplo, el Derecho es permisi-vo frente a los insumos importa-dos, tanto que la tasa a la cual vie-nen creciendo las importaciones de mercurio, supera la tasa a la que ha venido creciendo el precio del oro. Además, no corresponde con la producción de oro que se repor-ta en el país. Incluso, conforme a los análisis técnicos de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), las variaciones en térmi-

nos de producción aurífera no co-rresponden con la dinámica de los proyecto mineros legales. Otras deficiencias son la falta de exigen-cia de certificados de origen pa-ra la comercialización de los insu-mos utilizados en la explotación aurífera y la carencia de mecanis-mos efectivos para la denuncia de la ilegalidad.

Pero uno de los problemas más serios es la falta de rigurosi-dad jurídica para definir quién es minero artesanal y qué abarca la minería artesanal. Esta ambigüe-dad ha servido para que actores

de grupos al margen de la ley se aprovechen de esta circunstancia para hacerse pasar por o aprove-charse de los mineros artesanales. Para proteger a estos mineros ar-tesanales, quienes extraen entre el 10% y el 15% de la producción mundial y emplean el 90% de la mano de obra utilizada en la ex-plotación aurífera, lo mejor que puede hacer el Gobierno es defi-nir con claridad qué se entiende por minería artesanal. Al estable-cer criterios claros y técnicos, se protege a este grupo y evita que los grupos al margen de la ley se

hagan pasar por lo que no son. Adicionalmente, es imperativo atender las necesidades de aque-llos dedicados a la minería an-cestral y aquellos que se sirven de esta actividad para su subsis-tencia.

Atender las necesidades de la mediana y pequeña minería es uno de los propósitos a los que apunta el Gobierno colombiano con la reforma a la minería pro-puesta por el Ministerio de Minas y Energía. Esto tiene sentido des-de una perspectiva económica, ya que en términos de producción, la participación de las empresas

formales y mecanizadas no llega al 20% del total. También correspon-de con una lógica ambiental, pues la formalización es una manera de reducir la contaminación de la mi-nería ilegal, como el vertimiento de mercurio en los ríos.

La reforma propuesta por el Ministerio de Minas y Energía contempla cambios con la peque-ña y la mediana minería en men-te y, a su vez, plantea mecanismos para hacer frente a la minería ilegal. Entre otras cosas, la iniciativa pro-pone la implementación de un Vi-

ceministerio de Minas, que se en-cargará de formular y coordinar la política de minas, así como de gestionar y acompañar los proyec-tos sostenibles, entre otros. Tam-bién se propone la creación de una Agencia Nacional de Mine-rales (ANM), encargada de fun-ciones muy específicas, y que agi-lizará la administración en torno a los recursos mineros. Por ejemplo, dentro de la ANM se tiene previs-ta una Dirección de Desarrollo Sostenible, que apoyará y asesora-rá los proyectos mineros en temas ambiéntales, en un marco de pro-moción de la pequeña y mediana minería.

La consecución de una mine-ría responsable debe ir de la ma-no no solo de la represión polici-va de la minería ilegal, sino de un proceso de formalización que co-rresponda con la realidad social. Según Hernando de Soto, reco-nocido economista peruano, para personas sumidas en la informa-lidad, como algunos trabajadores de la pequeña y mediana mine-ría, salir de la informalidad es su-mamente costoso. Esto último, en cuanto su ingreso a la formalidad implica la inmersión a un mundo que desconocen, trámites buro-cráticos que les son ajenos. Por esa razón, una reforma que considere esta realidad, tiene mayores proba-bilidades de éxito. Y es que fomen-tar la minería responsable es algo fundamental para que este país si-ga avanzando en la dirección co-rrecta, y para que todos los peque-ños mineros que ven en la minería su única opción de vida no que-den al margen social.

Si se promueve una minería responsable, la pequeña y media-na minería podrá incorporarse de pleno al sistema económico for-mal, cumplir con sus obligaciones fiscales y preocuparse por la pro-tección del medio ambiente.

Producción, regalías y precio del oroAño Producción (Kg.) Regalías (millones de pesos)

2003 46.515 49.042,07

2004 37.739 34.004,22

2005 35.786 38.565,56

2006 15.683 26.329,16

2007 15.482 29.765,05

2008 34.321 56.589,48

2009 47.838 92.050,57

2010 53.605 119.990,94

Fuente: Ingeominas

20%ES APRÓXIMADAMENTE

LA PRODUCCIÓN DE LAS EMPRESAS

MECANIZADAS DEL PAÍS.

MINERÍAILEGAL DE

ORO,REALIDADES Y DESAFÍOS