La L

ocal

Des de la Secció Sindical de CC.OO en l’Ajuntament de l’Eliana, i des de la Comissió Executiva de l’Unió Intercomarcal del Camp de Túria, Serrans i Racó d’Ademús, com a sindicat convocant junt a l’Unió General de Treballadors, la Central Sindical Independent de Funcionaris, la Federació de Sindicats d’Educació i Sanitat, i de la Intersindical Valenciana, membres de la Mesa General de Negociació del Consell.

Junt a ells volem donar suport i ser part activa en la mobilització per la defensa del serveis públics, contra les retallades, vinguen d’on vinguen, ja siguen de l’Administració Local, de l’Administració del Consell, del Govern d’Espanya i contra l’ agressiva Reforma Laboral.

L’Article1r. de la CE de 1978 diu: “Espanya es costituïx en un Estat Social i Democrátic de Dret, que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic, la llibertat, la justicia, la igualtat i el pluralisme polític.

L‘Estat del Benestar, es caracteriza en la seua prestació dels serveis públics d’interés social, com es l’educació, la vivenda, l’abastiment, l’atenció mèdica-sanitaria i l’assistència social; un sistema impossitiu progressiu, la tutela dels drets i la redistribució de la riquesa.

L’Estat Social de Dret es concernent al pluralisme. La participació ciutadana es indispensable, tant per ampliar els drets que corresponen al cos social, com per a exercir un efectiu control vertical sobre els òrgans de poder.

Un Estat Social de Dret que precindeix del pluralisme, tendeix, aceleradamente, al paternalisme, i d’ahí a l’adopció de formes d’exercici autoritàries.

Als principis básics de l’Estat de Dret s’hauria d’afegir i complementar el principi de racionalitat. L’organització estatal deu integrar i no estratificar la societat.

Les retallades en els serveis públics, ens duen a una societat més desigual,

ciutadans de primera i de segona, per tant, un societat més injusta.

Creem en la legitimitat de la ciutadania, jóvens, pares i mares, dels treballadors i de les treballadores, dels majors, de tot el cos social i sobre tot dels més febles.

Nosaltres no es conformen sols en participar cada quatre anys exercit el nostre dret al vot, volem participar socialment amb la legal.litat, de la ma dl dret constitucional.

Tenim dret a reivindicar un futur millor, per a l’educació, per a la sanitat i per als serveis públics, i els volem en qualitat.

També demanem respete per a qui des de la vocació al servei públic s’implica en aconseguir una societat millor.

Amb les retallades es castiga a una part de la societat, a la més desfavorida, fent-la responsable d’allò que no ho es.

Els treballadors i les treballadores, no hem creat la crisi, la patim i ara volen també que la paguem, i ja l’estem pagant.

No és una qüestio merament económica, és ideològica, es vol acabar amb l’Europa social, la de l’Estat del Benestar, la construïda sobre les runes de la Segona Guerra Mundial, la dels pactes democràtics dels poders i dels contrapoders constitucionals.

Per això farem part de la nostra opinió, no es resignem i lluitarem pels drets que tant ens han costat d’aconseguir i no creem en una única direcció d’eixida, la del mercat, n’hi ha més…. La de les persones.

L’atur no és combateix amb més atur.

No es poden privatizar els beneficis/ guanys i socializar les pèrdues.

No es poden malbaratar els diners públics, i no tindre cap responsabilitat.

No es pot deixar als treballadors i a les treballadores sense drets.

No es pot deixar a la joventut sense futur.

¡MOLTES GRÀCIES!

Manolo Montaner Coll

Febr

er-M

arç

2012

Intervenció de CCOO al Plenari del Ajuntament de L’Eliana del dia 23 de febrero de 2012

LAS ADMINISTRACIONES LOCALES VALENCIANAS DEBEN

RESPONDER A LA CRISIS GARANTIZANDO LOS DERECHOS DE LA

CIUDADANÍA Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS.os empleados y empleadas de las administraciones locales valencianas estamos viviendo desde hace un

tiempo los problemas que atenazan al conjunto de servicios públicos y además, el problema que significa la propia dispersión y atomización a la que nuestra realidad nos obliga.

Todo ello hace que no se vea la administración local en su conjunto y por ello aparece como un rosario de conflictos particulares, individualizados. Parece como si cada ayuntamiento, cada entidad local fuera una realidad independiente y no formara parte de un complejo mundo interrelacionado.

Es imprescindible “visibilizar” el conflicto del personal de las administraciones locales ante la crisis, en defensa de los servicios públicos, de su profesionalidad, y de su trabajo, como una realidad

que está ahí, respondiendo a las necesidades diarias de la ciudadanía, que es el garante de sus derechos y que ahora, cada día más, se enfrenta a una política de ataque sistemático y de desprestigio.

No puede ser que la solución al pespilfarro, a una mala gestión económica, sea echar por tierra años y años de trabajo, de negociación y acuerdo en las condiciones de trabajo y en la creación de empleo en las entidades locales.

No puede ser que se aproveche la situación para rebajar sin negociación, vía imposición los derechos adquiridos, las mejoras conseguidas y que en muchos casos, tan sólo se refieren a “cierta estabilidad”.

No puede ser que además de las rebajas salariales y la pérdida galopante del poder adquisitivo de los salarios, la inmensa mayoría en cantidades modestas, ahora se

plantee la rebaja del valor hora trabajada a niveles de los años noventa.

No puede ser que no podamos negociar y llegar a acuerdos sobre como afrontar la situación de crisis con fórmulas pactasa, porque se impone el “supremo criterio” de los responsables políticos, muchos de ellos responsables a su vez del despilfarro del dinero público.

Debemos insistir en la necesidad de que la ciudadanía rompa con la idea fuerza que de manera machacona nos han ido metiendo en la cabeza según la cual, las administraciones son un derroche de dinero y su personal unos privilegiados.

Y ello porque sólo las empleadas y empleados públicos son los que garantizan los derechos de ciudadanía de manera universal, imparcial, legalista, neutral, profesional, independiente y no arbitraria.

L

Como en Torrent, decenas de concentraciones en distintas poblaciones sacaron a la calle a una misma hora el grito unánime de ¡Basta de Recortes! y en Defensa de los Servicios Públicos.La concentración de Torrent del 23 de febrero de 2012 fue todo un éxito, querían que nos quedáramos en el “Ficus” (arbol central de la plaza), pero como eran tantas las personas que vinieron, ocupamos la Calle Ramón y Cajal y principio de la Avenida. No quiero entrar en la guerra de cifras, calculo que fueron más de 1.500 personas.Una vez leído el el manifiesto de la creación de la Plataforma de Defensa de los Servicios Públicos, por parte de Oscar, una delegada de estudiantes, Laura también leyó un manifiesto en nombre de los estudiantes de Torrent. Luego sobre las 19:30 h. espontáneamente subimos por la Avenida, hasta la Plaça dels Moralets donde esta la sede del PP de Torrent. Alli

una vez hecho un corro, dos alumnas Laura y Carla amenizaron a los asistentes con cánticos y bailes. Laura nos explicó su experiencia en estos días en Luís Vives haciendo hincapié en la experiencia personal la tarde y noche del lunes 20. También nos emocionó, siendo una adolescente, "si el 23F es recordado por el día que el opresor nos quiso quitar la libertad, a partir de ahora el 23F será recordado por el día que los torrentinos y torrentinas dijimos al opresor no nos quites la libertad".La concentración de Torrent, respaldada por CCOO y ciudadanos y ciudadanas que han creado la Plataforma de Defensa de los Servicios Públicos fue todo un éxito y gran parte del mismo se debe al compromiso con la convocatoria que tuvieron las AMPAS y sobre todo estudiantes.Vicente Solaz//Rafa Rivelles

INCIDENCIA DE LA REFORMA LABORAL EN EL SECTOR PUBLICOJuan Cruz Ruiz Secretari General Federació de Serveis a la Ciutadania CCOO PV

La reciente Reforma Laboral, aprobada por el RDL 3/2012 incorporar en el Estatuto de los Trabajadores una regulación que permite, por una parte, la aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el Sector Publico y, por otra, impide la aplicación de la suspensión del contrato o la reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor a las Administraciones Publicas y a las entidades de derecho publico vinculadas o dependientes de ellas.

Disposición adicional segunda. Aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el Sector Público.

Se añade una disposición adicional vigésima al Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con el siguiente contenido:

“El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de

desarrollo y en el marco de los mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.

A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público.»

Disposición adicional tercera. Aplicación del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores en el Sector Público.

Se añade una disposición adicional vigésima primera al Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo con el siguiente contenido:

«Lo previsto en el artículo 47 de esta Ley no será de aplicación a las Administraciones Públicas y a las entidades de derecho público

vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de otros organismos públicos, salvo a aquellas que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado”

Este aparente contrasentido, poder despedir, pero no poder aplicar medidas menos traumáticas para hacer ajustes en las plantilla, tiene precisamente una intencionalidad clara, que no es otra que realizar los ajustes en el Sector Publico por la vía de los despidos y no mediante formulas de flexibilidad como pudiera ser la suspensión temporal de los contratos o la reducción de la jornada. Parece que el famoso modelo alemán de flexibilidad no conviene para el Sector Publico.

Esto tiene sus consecuencias practicas inmediatas en la imposibilidad de reducir la jornada y el salario, por ejemplo, en aplicación del Decreto Ley 1/2012 del Consell, al personal laboral temporal de la Generalitat, con lo que habría que buscar otras medidas, ya que la opción por la que apuesta la reforma es la vía del despido o la utilización de otras medidas a discutir.

Así pues, en el personal laboral de cualquier Administración Publica y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de otros organismos públicos , ya sea fijo o temporal, no puede llevarse a la practica una suspensión del contrato ni una reducción de jornada según prevé el articulo 47 del Estatuto de los trabajadores y, ello, en base a la Disposición Adicional Tercera del RDL 3/2012.

Tras la reforma laboralCCOO solicita un plan de mantenimiento del empleo en las administraciones públicas Lo ha planteado en la primera reunión con la nueva directora general de Función Pública, Carmen Sánchez-Cortés

El pasado 16 de febrero se reunió una delegación de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de Comisiones Obreras encabezada por su secretario general, Enrique Fossoul, con la nueva directora general de Función Pública, Carmen Sánchez-Cortés.

En el transcurso de la reunión, FSC-CCOO solicitó a la directora general la apertura urgente de un ámbito negociador específico para garantizar el mantenimiento del empleo público en las distintas administraciones, manifestando su especial preocupación por el empleo en las

administraciones locales, tras la aprobación de una reforma laboral sobre la que el sindicato manifestó su absoluta discrepancia.

CCOO explicó cómo la desaparición de los controles administrativos para los expedientes de regulación de empleo, junto con la admisión de causas de despido objetivas en las administraciones públicas sin poder recurrir a la reducción de jornada o suspensión temporal, como en el ámbito privado, y no dejando más solución que la extinción de la relación laboral, pone en peligro cientos de miles de puestos de trabajos en administraciones deficitarias como las comunidades autónomas o los ayuntamientos y diputaciones que, además de no estar suficientemente financiadas, asumen competencias impropias.

Para CCOO, el mantenimiento del empleo ha de estar garantizado de forma global, entendiendo que hay administraciones que precisan incorporar o mantener personal para la

prestación de los servicios públicos, en tanto que otras puedan ser excedentarias. Igualmente reclama que se genere el marco legal adecuado para facilitar y garantizar la movilidad de las personas formadas al servicio de los ciudadanos entre las distintas administraciones en función de sus circunstancias.

La petición tuvo una buena recepción por parte de la directora, quien solicitó al sindicato la remisión de propuestas. CCOO se comprometió a ello, adelantando que en las propuestas incluirán otras materias pendientes como la implementación del Estatuto Básico del Empleado Público, desarrollando los criterios básicos sobre carrera profesional y evaluación del desempeño, o la recuperación de los aspectos económicos suspendidos del Acuerdo para el Diálogo Social 2010-2012 y la recuperación salarial para los empleados y empleadas públicas que han perdido en los últimos años más del 10% de su poder adquisitivo.

La Policía Local junto al resto de empleadas y empleados públicos

Llevamos tiempo padeciendo las envestidas del Gobierno de turno siguiendo los designios de "los mercados" contra nuestras

condiciones de trabajo, nuestros salarios y contra los derechos conseguidos año tras año de lucha y reivindicación.

Las mejoras alcanzadas en materia de horarios, jornada y turnos de trabajo; el reconocimiento salarial de las peculiaridades de la función policial que no había acabado de tomar cuerpo por la negativa de la Conselleria a negociar un Decreto de retribuciones; la perspectivas de avance en lo profesional sobre la base de mejoras de futuro en materia de estructura y clasificación de categorías, etc, se ven ahora truncados por la miopía gubernamental, obsesionada en sanear un "déficit económico" que ellos mismos generaron mediante la política del despilfarro y la corrupción que se movió en torno al mismo.

Ahora, los ayuntamientos, agobiados por la situación económica en la que se encuentran, asfixiados en gran medida por los impagos de la Generalitat a razón de millones de euros, se miran el ombligo y ponen su vista en la opción más

"sangrienta": Hacer pagar a sus empleados y empleadas por las culpas de las administraciones autonómica y estatal cuya falta de financiación los han llevado a esta situación de crisis.

En lugar de plantar cara y exigir como hacen otros colectivos que les resarzan la deuda, poniéndose a la cola y movilizando la opinión pública, los vemos en la mayoría de los casos callados, sin hacer ruido, evitándole más problemas a sus jefes de filas, ya sea en la Generalitat o en el Gobierno de España.

Algunos ayuntamientos han optado por saquear los derechos negociados y acordados con su personal, sobre la base de "un bien mayor" "en beneficio de la ciudadanía", depauperando con ello los propios servicios públicos, por tanto la calidad de los mismos, por tanto la mejor garantía para los

derechos de los ciudadanos y ciudadanas de sus municipios.

En muchos ayuntamientos se está planteando una controversia desafortunada que busca enfrentar a unos trabajadores con otros: La modificación de condiciones de trabajo a la baja con carácter general para provocar a su vez la rebaja del valor hora trabajada y abaratar la prestación de servicio por parte de los policías locales.

Estas maniobras deben recibir el rechazo unánime de todo el personal del ayuntamiento, pertenezca al colectivo que pertenezca. La respuesta a la crisis, la respuesta a las decisiones que tome la administración deben ser radicalmente unitarias y solidarias. Quien no lo entienda así se está excluyendo de la lucha común que debemos desarrollar todos y todas en defensa del Servicio Público, de la garantías de nuestros derechos.

RESUMEN DE LOS ACUERDOS EN LA REUNION DE LOS 5 SINDICATOS DE LA MESA GENERAL DE 27-2-2012 ACCIONES Y MOVILIZACIÓN PREVISTA PARA MARZO-ABRIL

Día 1 de marzo concentraciones en las puerta de los centros de trabajo. Ya solicitadas.Este mismo día se reunirá la permanente sindical en la sede de UGT a las 9.30 h. para concretar los trabajos de reparto de los días 9 y 14.Día 1, dado que la Mesa General de Negociación ha sido convocada para ese día, tras la misma realizaremos una rueda de prensa.Día 8 de marzo, por la mañana concentraciones en la puerta de los centros.Por la tarde, acudiremos a la Manifestación del Día de la Mujer Trabajadora, con pancarta unitaria de los 5 sindicatos.En Valencia, coincidiendo con la semana de Fallas se colgara una pancarta unitaria en la plaza del ayuntamiento y se tiraran balones/globos contra los recortes a la hora de la mascleta.Los días 9 y 14 de marzo se harán repartos de pasquines en la estación de RENFE (Xativa), Mercado Central y la estación de

Metro de Colon, ante de Delegación del Gobierno.El 22 de marzo a las 19 horas cadena humana para rodear el centro de la ciudad.El 29 de marzo donación masiva de sangre de empleadas y empleados públicos.El día 31 de marzo se realizara una “chorizada popular”. En Valencia esta previsto realizarla en la Alameda. En Alicante y Castellón donde se concrete.El 19 de abril, concentraciones ante las Consellerias de Educación y de Sanidad.Día 21 de abril Manifestaciones en Castellón, Valencia y Alicante.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia (TSJCV) por Sentencia núm. 151/2012 hace suyas las tesis defendidas por CCOO y acepta el recurso de apelación contra la resolución del Ayuntamiento de Benisanó que excluía al Sindicato de formar parte de la mesa general de negociación de dicha corporación.

En defensa de la exclusión de CCOO se postularon la Corporación y la CSIF (este sindicato llegó a hacer notas de prensa anunciando que los

sindicatos más representativos caerían de las Mesas donde no hubieran obtenido representación) y ganaron en primera instancia.

La sentencia del TSJCV hecha pública el pasado 21 de febrero, es contundente en cuanto al contenido de la resolución apelada por el sindicato y considera que dicha sentencia es confusa en su motivación, y no cumple con las exigencias establecidas en la Ley Jurisdiccional, lesionando con ello el derecho de tutela judicial efectiva del Sindicato.

Además, puestos en relación los artículos 33.1 con el 36.3 del Estatuto Básico de Empleo Público (EBEP), admitida la representatividad del sindicato

recurrente a niveles Estatal y de Comunidad Autónoma, su exclusión de la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento es NULA por el carácter de sindicato más representativo.

La Sentencia anula la decisión de excluir a CCOO y al mismo tiempo todos los acuerdos alcanzados en dicha Mesa desde que fue excluido el sindicato.

Deja claro. Negro sobre blanco que: “los interlocutores con la Administración serán los que tengan la consideración de sindicatos más representativos (tengan o no un determinado porcentaje en el ámbito territorial de la concreta mesa de negociación de la que se trate)”.

CC.OO. denuncia que los Juzgados de Paz siguen sin cobrar de la Generalitat acumulando impagos desde 2010.El Sindicato considera que la falta de respeto hacia los empleados y empleadas que con interés y dedicación cubren voluntariamente este servicio.

Los empleados y empleadas que ejercen las funciones de Secretaría del Juzgado de Paz, llevan más de un año sin cobrar la indemnización que los Ayuntamientos reciben de la Generalitat, por tener acumulada la Secretaría del  Juzgado municipal, casi 400 en el País Valenciano.

El gobierno autonómico debe a los Secretarios/as de los Juzgados de Paz de la Comunidad Valenciana de municipios de menos de 7000 h., todo el pasado año 2011 y gran parte de 2010, aproximadamente unos 500 mil euros.

Lamentablemente todo lo relativo a los Juzgados de Paz, apenas ha tenido repercusión mediática, por encontrarse en una situación especial, como funcionarios y como colaboradores.

Debe resaltarse que el trabajo en estos juzgados incluye el Registro Civil, y que continúan haciéndolo todos los días, aún sin cobrar.

Un tímido intento en 2011 de dejar de hacer el trabajo en el Juzgado de Paz como medida de protesta, que ni siquiera afectaba al Registro Civil, terminó con diligencias judiciales abiertas contra algunos compañeros y compañeras.

El TSJCV anula la decisión de Benisanó de excluir a CC OO de la mesa de negociación por falta de representación

EL TSJCV CONFIRMA LA SENTENCIA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE MISLATACon fecha d enero de 2012 se comunicó a CCOO la Sentencia 820/2011 por la que se desestima el recurso de apelación del Ayto. de Mislata y se le condena a pagar todas las costas del proceso.

En 2010 CCOO ganó la Sentencia por la que se consideraba contrario a Derecho la privatización del Servicio Municipal de “Recaudación ejecutiva, multas e inspección a través de un procedimiento abierto”, siendo anulado por el Tribunal.

Posteriormente, el Ayuntamiento apeló contra la Sentencia y finalmente el TSJCV ha ratificado en todos sus extremos la Sentencia originaria por que queda demostrado que la Empresa Privada lleva a cabo funciones en la práctica, como una oficina “municipal” de recaudación (...) Dada la amplitud de las facultades otorgadas...

“Una lectura global de esas funciones permite afirmar que algunos de los apartados propios, característicos de las facultades de cariz público en el ámbito de los tributos han sido trasvasados a un contratista de la Administración, a un tercero diverso al Ente público que disfruta de su titularidad. Es decir, de la visión completa de las funciones concedidas al tercero, no es plausible aceptar que el papel jurídico de éste en el seno de la gestión recaudatoria tributaria y de la inspección de tributos se enmarca dentro de la simple colaboración.”

Finalmente DESESTIMA la apelación del Ayuntamiento contra la Sentencia que ganó CCOO y decide IMPONER la totalidad de las costas procesales causadas en esta segunda instancia a la parte apelante.

TRIBUNALESCC.OO. denuncia que la deuda de la General i tat con los ayuntamientos es mil lonaria.

El Sindicato considera que la actitud de pasividad y falta de beligerancia de la FVMP no ayuda en nada al municipalismo y a resolver el problema de endeudamiento que sufren los ayuntamientos.

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF acordaron realizar una campaña dirigida a las entidades locales bajo el lema “DÍGANOS LO QUE LES DEBEN Y NOSOTROS SE LO RECLAMAMOS”.

Conscientes de que la continuidad de los servicios públicos como garantía de derechos de los ciudadanos y ciudadanas, está cuestionada en términos económicos, por las dificultades por las que atraviesan los municipios y demás entidades locales, los sindicatos consideran imprescindible conocer la deuda vida que existe de la Generalitat con éstos.

Observando la pasividad actual por parte de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, en reivindicar el pago de la deuda, a diferencia de infinitud de colectivos frente a la Generalitat, los sindicatos han decidido asumir esta tarea por cuanto en ello va el futuro de los Servicios Públicos, el empleo y las condiciones de trabajo del personal de las administraciones locales.

Se han dirigido escritos a 547 municipios y decenas de mancomunidades, consorcios, y organismos autónomos.

De ellos en una semana ya podemos avanzar que las cifras serán muy

abultadas. Los diez primeros centros de trabajo que nos han remitido la documentación, todos ellos pequeños municipios, entre ellos algunos como Gestalgar, Benlloch, Rafelguaraf, El Palomar, etc..., suman 2.312.189,63€, sólo de 2011 y algo de 2010.

Resaltan que el Estado no suele mantener deuda con ellos por cuanto como dice alguno “En lo referen al ESTAT ESPANYOL dona gusts treballar amb ell perque paguen abans de fer els proyectes i despres tens 15 mesos per justificar.”

En el caso de CCOO, se ha habilitado un número de fax: 963882103 y un correo electrónico :

local-fscpv@fsc.ccoo.es

para recibir la información del resumen de deuda viva de 2010 y 2011, tanto del Estado como de la Generalitat, pidiendo que se especifiquen conceptos y cantidades.

Desde CCOO se seguirá remitiendo información conforme vayamos obteniéndola y todo ello pendientes de la organización unitaria de acciones de protesta y reclamación por parte de los trabajadores y trabajadoras públicos en nombre de las entidades locales dada la falta de interés por la reivindicación que está demostrando la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Sindicatos del sector público entregan en Presidencia las firmas contra el Decreto de recortes de la Generalitat ValencianaUGT, CCOO, CSI·F, FSES e INTERSINDICAL presentaron el pasado 24 de febrero en el registro de la Consellería de Presidencia 86.917 firmas contra el despilfarro de recursos públicos, que durante estos años no han generado riqueza ni empleo en el País Valenciano. La consecuencia en estos momentos es la privatización de los servicios públicos y el desvío a empresas privadas, que obtienen beneficios a costa de las arcas públicas.

Las organizaciones sindicales piden la depuración de responsabilidades en el Consell y, concretamente del conseller Vela, responsable directo de la elaboración y ejecución de los presupuestos en las últimas legislaturas.

Por otra parte, los sindicatos mantienen firme su voluntad de seguir luchando para que la administración retire el decreto-ley con el que se castiga a las personas que prestan los servicios públicos, infravalorando su experiencia y formación, así como  al personal interino y temporal al que se le recorta tiempo y salario.

CCOO y UGT defienden el prest igio del personal del Ayuntamiento de Aldaia desacreditado por el equipo de gobierno

Según los sindicatos, en la información hecha pública recientemente en los medios locales se faltaba a la verdad de forma tendenciosa, dibujando una imagen en la que sus empleados "saqueaban las arcas públicas".

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Aldaia hizo pública esta semana una serie de medidas con  la intención de paliar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos tras largas congelaciones salariales. El consistorio las aprobó en acuerdo plenario, por

unanimidad de todos los grupos políticos.

Desde los sindicatos aclaran que estos derechos mejoraban la situación laboral, con unos parámetros máximos establecidos, que en ningún caso suponían los 2.000 euros anuales por persona como  aparecía en la noticia.

El personal afectado denuncia el discurso contradictorio del partido del Gobierno, que mientras desde Madrid pide calma y moderación, o que no se incentive la crispación social, en Aldaia "utiliza a los funcionarios como arma arrojadiza, aumentando el malestar en la ciudadanía". A principios de enero de este año, una Resolución de Alcaldía eliminaba estos pactos que suponían un derecho totalmente legítimo del personal de Aldaia.

Sólo un mes después, el personal afectado no da crédito a la sorpresiva aparición en prensa de documentación privada del personal de dicho Ayuntamiento, con información voluntariamente sesgada, desatendiendo a las peticiones del Presidente del Gobierno de "actuar con cautela y responsabilidad". La plantilla afirma no entender los motivos que mueven al equipo de Gobierno  a desprestigiar a sus propios empleados, aunque sospechan que se intente confundir  a la población, desacreditando a profesionales y servicios públicos, para así justificar su supresión.

Según CCOO y UGT, todas las propuestas planteadas en la mesa de negociación por los sindicatos y la Junta de personal para evitar el despido de varios puestos de trabajo fueron rechazadas por parte de la Corporación sin ninguna explicación. Desde los sindicatos lamentan que una vez más sea la población quien sufra recortes en unos servicios que durante años han satisfecho sus necesidades y bienestar, y que en algunos casos han sido reconocidos con premios de ámbito nacional.

En el capítulo de personal de los presupuestos planteados por el ayuntamiento para el presente año no se reflejan una reducción de gastos, aunque sí de personal activo.

El personal denuncia además que la renuncia a determinados derechos laborales  y los recortes salariales del colectivo no contribuirá a paliar el desempleo creciente en Aldaia  ni ahorro en el presupuesto. La razón es que paralelamente se han creado dos plazas de habilitación estatal, que en ningún caso podrán ser cubiertas por ciudadanos y ciudadanas desempleados de Aldaia.

Desde las secciones sindicales lamentan que desacreditar a los funcionarios siga teniendo una rentabilidad política, al igual que utilizar el alto nivel de desempleo en contraposición a supuestos "privilegios", aunque después no se tomen medidas y el paro siga aumentando