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NOTA: Cuando sea posible, un sumario (nota al inicio) será agregado, como en el presente
caso, al momento de la publicación del fallo. El sumario no forma parte de la sentencia
de la Corte, pero es preparado por el Recopilador para conveniencia del lector. Véase
United States v. Detroit Timber & Lumber Co., 200 U.S. 321
CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS
Sumario
MAPP v. ESTADO DE OHIO, 367 U.S. 643 (1961)
apelación proveniente de la corte suprema de ohio
No. 236. Alegatos Marzo 29, 1961 – Fallo Junio 19, 1961
Toda evidencia obtenida a través de registros e incautaciones realizados en violación a la
Constitución Federal son inadmisibles en un juicio penal ante un tribunal estatal. Se
deroga el precedente establecido en el caso Wolf v. Colorado, 338 U.S. 25 (1949), en la
medida en que se resuelve en sentido contrario. Pp. 643-660.
170 Ohio St. 427, 166 N.E.2d 387, revocado.
El señor A.L. Kearns presentó los alegatos del recurrente. Colaboró con su memorial el
señor Walter L. Greene.
La señora Gertrude Bauer Mahon presentó los alegatos del recurrido. Colaboró con su
memorial el señor John T. Corrigan.
El señor Bernard A. Berkman presentó los alegatos de la American Civil Liberties Union y
otros en carácter de amicus curiae solicitando revocación. Colaboró con su memorial el
señor Rowland Watts.
EL SR. MAGISTRADO CLARK redacta la opinión de la Corte:
La recurrente ha sido condenada por haber tenido en su posesión y bajo su control, con
pleno conocimiento, ciertos libros, dibujos y fotografías de carácter lascivo, en violación
al §2905.34 del Código Revisado de Ohio1. Tal como se consigna en forma oficial en el
sumario del presente fallo, la Corte Suprema de Ohio sostuvo que su condena resultaba
válida pues “se basa en forma primaria en la introducción de evidencia de libros lascivos
1 Dicha ley determina en su parte pertinente: “Nadie podrá, con pleno conocimiento…tener en su
posesión o bajo su control libros obscenos u oscuros [o]…figuras…” “Quien viole esta norma será
multado con menos doscientos y no más de dos mil dólares o con pena privativa de libertad no menor a
uno ni mayor a siete años o ambos”.
y figuras obscenas halladas durante un cateo ilegal en la residencia de la procesada…”.
17 Ohio St. 427-428, 166 N.E.2d 387, 388.
El 23 de mayo de 1957, tres oficiales de policía de Cleveland arribaron a la residencia de
la recurrente en dicha ciudad siguiendo una información que
una persona ocultaba en su residencia, a alguien buscado para ser
interrogado en relación con un atentado reciente, y que había una gran
cantidad de parafernalia de política oculta en el hogar.
La señora Mapp y su hija, fruto de un matrimonio anterior, vivían en el piso superior de
una vivienda para dos familias. Al momento de su llegada a tal lugar, los oficiales llamaron
a la puerta y requirieron se les permita la entrada, empero, la recurrente, tras llamar
telefónicamente a su abogado, se negó a permitirles la entrada sin una orden judicial. Los
mismos alertaron de la situación a la estación y establecieron vigilancia alrededor de la
casa.
Los oficiales requirieron ingresar una vez más alrededor de tres horas más tarde cuando
cuatro o más oficiales adicionales arribaron a la escena. Cuando la señora Mapp no
concurrió a la puerta en forma inmediata, al menos una de las varias puertas de la casa
fue abierta en forma forzosa2 y los oficiales lograron ingresar. Mientras tanto, el abogado
de la señora Mapp llegó a escena, empero los oficiales habiendo asegurado su propia
entrada, y siguiendo con su desafío a la ley no le permitieron ver a la señora Mapp y
tampoco la entrada a la casa. Al parecer, la señora Mapp se encontraba a mitad de camino
por las escaleras desde el piso superior de la puerta principal cuando los oficiales, de esta
manera despótica, irrumpieron en la sala. La misma les requirió la correspondiente orden
judicial. Un papel, que señalaron como la supuesta orden, le fue exhibido por uno de los
oficiales. La misma tomó la “orden” y la guardó en su pecho.
A ello siguió una escaramuza a través de la cual los oficiales recuperaron el papel y que
dejó como resultado que esposaran a la recurrente pues ésta se mostraba “beligerante”
al resistirse a devolver la “orden” que guardaba consigo. Haciendo caso omiso a la
recurrente, un oficial la “tomó”, le “retorció la mano” procediendo la misma a “gritarle y
pelear con el mismo” pues le “causaba dolor”. La recurrente, esposada, fue conducida en
forma forzosa escaleras arriba hacia su recámara donde los oficiales revisaron un vestidor,
una cómoda, un armario y algunas maletas. Igualmente revisaron un álbum de fotografías
y algunos papeles personas de propiedad de la recurrente. El registro se extendió por el
resto del segundo piso incluso el cuarto de la niña, la sala, la cocina y el comedor. El
2 Un oficial testificó que “derribamos la puerta para lograr entrar”; el abogado presente en la escena
testificó que un oficial “intentó…derribar la puerta a puntapiés” y entonces “rompieron el vidrio de la
puerta y alguien ingresó por allí abriendo la puerta permitiéndoles la entrada”; la recurrente testificó que
“la puerta trasera estaba rota”.
sótano del edificio y un arcón hallado allí fueron igualmente registrados. Los materiales
obscenos por los cuales fue finalmente condenada fueron hallados en el curso de dicha
búsqueda extendida.
Durante el juicio, orden judicial alguna fue presentada por parte de la fiscalía, y dicha
falta tampoco fue explicada o considerada. A lo mejor, “existen, en autos, dudas
considerables con respecto a si realmente existió una orden judicial para registrar la
residencia de la acusada” 170 Ohio St. at 430, 166 N.E.2d at 389. La Corte Suprema de
Ohio consideró que un “argumento razonable” podría llevar a creer que la condena debiera
ser revocada “pues los ‘métodos’ empleados para obtener la [evidencia]…fueron tales
como para ‘ofender’ al sentido de la justicia”, sin embargo, la corte consideró
determinante el hecho que la evidencia no fue tomada “de la persona de la acusada a
través del uso de fuerza física ofensiva o brutal contra la misma”.170 Ohio St. at 431, 166
N.E.2d at 389-390.
El Estado sostiene que, aun cuando el registro fue realizado sin autoridad, o de manera
no razonable, ello no impide utilizar durante el juicio la evidencia tomada en forma
inconstitucional citando al caso Wolf v. Colorado, 338 U.S. 25 (1949), en el cual esta Corte
sostuvo
que, al procesar un delito estatal en un tribunal estatal, la 14ta Enmienda no
impide la admisión de evidencia obtenida a través de una búsqueda o registro
irracional.
En la p. 33. En la presente apelación, en la cual hemos percibido probable jurisdicción,
364 U.S. 868, se nos urgió una vez más revisar dicho entendimiento3.
I
Setenta y cinco años atrás, en el caso Boyd v. United States, 116 U.S. 616 (1886), al que
la 4ta Enmienda4 y la 5ta Enmienda como corriendo “casi la una con la otra”5 respecto a
3 También se plantearon otras cuestiones en el marco de la presente apelación pero, desde la óptica que
tenemos del caso, las mismas no requieren que nos expidamos al respecto. Aun cuando la recurrente
haya escogido urgirnos con relación a lo que parece ser el punto más seguro para un fallo favorable y
no ha requerido la derogación del precedente Wolf, el amicus curiae al cual se permitió la participación
en los alegatos orales, requirió a la Corte que lo haga.
4 No se violará el derecho del pueblo a que sus personas, hogares, documentos y pertenencias estén
protegidos contra registros y requisas arbitrarias, y no se emitirán órdenes de registro ni de detención
sino con causa razonable que esté respaldada mediante juramento o promesa, y que han de describir
específicamente el lugar a registrar y las personas a detener o las cosas a confiscar.
5 La cercana conexión entre los conceptos luego incorporados a estas dos enmiendas ha sido notado ya
en 1765 por Lord Camden, en cuyo fallo en el caso Entick v. Carrington, 19 Howell’s State Trials 1029,
el caso Boyd se apoyó fuertemente. Lord Camden señaló, en 1073: “Es cierto que la ley no obliga a nadie
a acusarse a sí mismo, pues los medios necesarios para forzar la autoincriminación, impuestos tanto al
los hechos traídos a su conocimiento, esta Corte sostuvo que las doctrinas de tales
enmiendas
se aplican a todas las invasiones de parte del Gobierno y sus empleados a la
santidad de la residencia y la vida privada. No es el acto de romper las puertas
ni de revolver los cajones lo que constituye la esencia de la ofensa, sino la
invasión del indefendible derecho a la seguridad personal, libertad personal
y propiedad privada…Ingresar a una residencia y abrir cajas y cajones
constituyen circunstancias agravantes, empero cualquier extracción forzosa
y compulsoria de una declaración o la utilización de documentos privados en
carácter de evidencia para condenarlo por un hecho punible o para privarlo
de sus beneficios, cabe bajo la condena…[de dichas enmiendas]
La Corte señaló que
las normas constitucionales referidas a la seguridad de la persona deben ser
entendidas literalmente…Es deber de los tribunales vigilar los derechos
constitucionales del ciudadano, contra cualquier usurpación sigilosa de éstos.
En la p. 635. En esta celosa actitud de velar por la integridad de los derechos, la Corte dio
vida a la predicción de Madison que
tribunales de justicia independientes…resistirán naturalmente cualquier
usurpación a los derechos expresamente incluidos en la Constitución a través
de la Declaración de Derechos.
I Anales del Congreso 439 (1789). En conclusión, la Corte se refirió en forma específica a
la utilización de la evidencia recogida como “inconstitucional”. En la p. 638. Menos de 30
años después del caso Boyd, esta Corte, en el caso Weeks v. United States, 232 U.S. 383
(1914) sostuvo que
la 14ta Enmienda…impuso a los tribunales de los Estados Unidos y a los
funcionarios federales, para lo que respecta al ejercicio su poder y autoridad,
ciertos límites y restricciones [y]…aseguró para siempre al pueblo, a sus
personas, residencias, papeles y demás pertenencias contra todo registro o
búsqueda irracional bajo pretexto de ley…y el deber de darle cumplimiento
efectivo es obligatorio bajo nuestro sistema federal con el acatamiento a las
leyes.
inocente como al culpable serían crueles e injustos por igual, y debe parecer que la búsqueda de
evidencia no está permitida en el mismo principio. Aquí, igualmente, el inocente sería confundido con el
culpable”.
En las pp. 391-392. Refiriéndose en forma específica a la utilización de evidencia
inconstitucionalmente obtenida, la Corte concluyó que
Si las cartas y documentos privados pueden ser registrados y utilizados como
prueba contra un ciudadano acusado de un hecho punible, la disposición de
la 4ta Enmienda que protege su derecho contra búsquedas y registros carece
de valor, y, tanto como dicha protección se extienda, podría verse afectada la
Constitución. Los esfuerzos de los tribunales y sus funcionarios para imponer
una pena al culpable, por loables que sean, no deben ser coronados a través
del sacrificio de estos grandes principios establecidos a través de años de
esfuerzo y sufrimiento que han resultado en su incorporación a la ley
fundamental de la Nación.
En la p. 393.
Finalmente, la Corte en dicho caso señaló que la utilización de tal evidencia conlleva “una
denegación de los derechos constitucionales del acusado”. En la p. 398. Así, en 1914, en
el caso Weeks, esta Corte “por primera vez” sostuvo que “en un proceso federal, la 4ta
Enmienda impide la utilización de evidencia obtenida en forma ilegal”. Wolf v. Colorado,
supra, en 28. Esta Corte desde entonces ha requerido de los funcionarios federales una
adhesión estricta a tal disposición que según entiende esta Corte resulta ser clara,
específica y constitucionalmente requerida – incluso si judicialmente implícita –
salvaguardia disuasiva sin cuya insistencia la 4ta Enmienda se habría visto reducida a
“meras palabras”. Silverthorne Lumber Co. v. United States, 251 U.S. 385 (1920) (el
magistrado Holmes). Ello significa, simplemente, que “las condenas obtenidas a través de
búsquedas ilegales y confesiones forzosas…no deben ser aprobadas por los tribunales…”.
Weeks v. United States, 251 U.S. 385, supra, en 392, y que tal evidencia “no debe ser
utilizada para nada”. Silverthorne Lumber Co. v. United States, supra, en 392.
En los casos de esta Corte existen ciertas referencias a la regla del caso Weeks como
refiriéndose a las pruebas. Empero, el claro e inequívoco lenguaje del caso Weeks – y su
posterior paráfrasis en el caso Weeks – en cuanto señala que la regla en cuestión es de
origen constitucional, continúa totalmente imperturbable. En el caso Byars v. United
States, 273 U.S. 28 (1927), la Corte en forma unánime declaró que
la doctrina [no puede]…ser tolerada bajo nuestro sistema constitucional, que
las evidencias descubiertas por un oficial federal al realizar una búsqueda sin
orden judicial puede ser utilizada en contra de la víctima de tal procedimiento
ilegal donde una impugnación oportuna ha sido interpuesta.
En las pp. 29-30 (énfasis suplido). La Corte, en el caso Olmstead v. United States, 277
U.S. 438 (1928), en forma inconfundible enfatizó la regla del caso Weeks:
El sorprendente resultado del caso Weeks y aquellos que lo siguieron fue la
declaración amplia que la 4ta Enmienda, aun cuando no se refiera a o a limitar
la utilización de evidencia en los tribunales, prohíben en forma efectiva la
introducción de evidencia obtenida por funcionarios del Gobierno en violación
a la Enmienda.
En la p. 462. En el caso McNabb v. United States, 318 U.S. 332 (1943), se realizó la
siguiente declaración:
[Una] condena en los tribunales federales, cuyo fundamento radica en una
evidencia obtenida en detrimento de las libertades consideradas
fundamentales por la Constitución, no puede ser confirmada. Boyd v. United
States…Weeks v. United States…Y esta Corte ha, con fundamentos
constitucionales, revocado condenas, tanto pronunciadas en tribunales
federales como estatales, cuyo fundamento residía en confesiones “obtenidas
de prolongados y reiterados interrogatorios realizados a personas ignorantes
y desprotegidas, en cuyas mentes el poder de los oficiales fue ampliamente
magnificado…o que hayan sido ilegalmente mantenidas incomunicadas sin
aviso a sus amigos o abogados…”
En las pp. 339-340. Significativamente, en el caso McNabb, la Corte pasó a formular una
regla de pruebas, señalando
[e]n la opinión que tenemos del caso, no obstante, resulta innecesario
referirnos a la cuestión constitucional, [para]…los principios que rigen la
admisibilidad de las pruebas en los procesos penales federales no se han
restringido. . . a los que se derivan únicamente de la Constitución.
En las pp. 340-341.
II
En 1949, 35 años después del fallo en el caso Weeks, esta Corte en el caso Wolf v.
Colorado, supra, otra vez por primera vez6, discutió el efecto de la 4ta Enmienda respecto
a los Estados a través de la operación de la cláusula del Debido Proceso de la 14ta
Enmienda. Señaló la Corte:
[N]o nos caben dudas al afirmar que, si un Estado sanciona afirmativamente
tal incursión policial en la privacidad, ello sería contrario a la garantía de la
14ta Enmienda.
6 Véase, sin embargo, National Safe Deposit Co. v. Stead, 232 U.s. 58 (1914), y Adams v. New York, 192
U.S. 585 (1904).
En la p. 28. Sin embargo, tras declarar que la “seguridad” de la privacidad contra la
intrusión arbitraria de la policía se encuentra “implícita en ‘el concepto ordenado de
libertad’ y como tal, exigible contra los Estados a través de la cláusula del Debido
Proceso”, cf. Palko v. Connecticut, 302 U.S. 319 (1937), y anunció que “adhiere
firmemente” a la decisión del caso Weeks, la Corte decidió que la regla de exclusión del
caso Weeks no podía ser impuesta a los Estados como “un ingrediente esencial del
derecho”. 338 U.S., en 27-29. Las razones de la Corte para no considerar esencial al
derecho a la privacidad, como un freno impuesto a los Estados a través de la cláusula del
Debido Proceso, aquello que décadas atrás se había postulado como una parte integrante
de la limitación de la 4ta Enmienda a la invasión federal de la propiedad individual,
sirvieron de fondo a consideraciones fácticas.
Si bien no son básicamente relevantes para una decisión que la regla de exclusión como
un ingrediente esencial de la 4ta Enmienda como un derecho protegido por ésta se aplica
a los Estados a través de la cláusula del Debido Proceso, procederemos a considerar la
validez actual de los fundamentos de hecho en los cuales se basó el caso Wolf.
La Corte en el caso Wolf señaló en primer término que “la contrariedad de percepciones
de los Estados” respecto a la adopción de la regla de exclusión del caso Weeks era
“particularmente impresionante” (en la p. 29); y, en conexión con ello, que no podía
dejar de lado la experiencia de los Estados que consideren la incidencia de
dicha conducta por parte de la policía demasiado ligera para solicitar un
remedio disuasivo…reemplazando las reglas [estatales] de evidencia.
En la p. 31-32. Mientras en 1949, antes del caso Wolf, alrededor de dos tercios de los
Estados se oponían a la utilización de las reglas de exclusión, ahora, a pesar del caso
Wolf, más de la mitad de ello desde entonces, sea a través de su Legislatura o decisiones
judiciales, han adoptado parcial o totalmente la regla del caso Weeks. Véase, Elkins v.
United States, 364 U.S. 206, Apéndice, pp. 224-232 (1960). Significativamente, entre los
que siguen a dicha regla se encuentra California, estado que, según su máximo tribunal,
se vio
obligado a llegar a tal conclusión puesto que los demás remedios han
fracasado completamente en asegurar el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales…
People v. Cahan, 44 Cal.2d 434, 445, 282 P.2d 905, 911 (1955). En conexión con este
caso proveniente de California, notamos que la segunda base elaborada en el caso Wolf
en apoyo de su error en dar efecto a la doctrina de exclusión contra los Estados radicó en
“otros medios” que fueron concedidos “al derecho a la privacidad”7. 338 U.S., en 30. La
experiencia de California que los referidos remedios han carecido de efecto y han sido
fútiles queda apuntalada a través de la experiencia de otros Estados. La obvia futilidad de
relegar la 4ta Enmienda a la protección a través de otros remedios ha, por otra parte, sido
reconocida por esta Corte desde el caso Wolf. Véase Irvine v. California, 347 U.S. 137
(1954).
Igualmente, ha puesto su rostro en contra de aquello que el caso Wolf llamó un
“testimonio de peso” del caso People v. Defore, 242 N.Y. 13, 150 N.E. 585 (1926). En
dicho caso, el magistrado (por entonces juez) Cardozo sostuvo que “la regla federal en su
forma actual es demasiado estricta o demasiado laxa”. 242 N.Y. at 22, 150 N.E. at 588.
7 Menos de la mitad de los Estados cuentan con algún tipo de norma que guarde relación directa con las
búsquedas y registros irracionales. Las sanciones punitivas de los 23 Estados que procuran controlar
tales invasiones al derecho a la privacidad pueden ser clasificadas de la siguiente manera:
Responsabilidad penal del declarante por solicitud maliciosa de orden judicial. – Código de Alabama,
1958, Tít. 15, § 99; Leyes de Alaska compiladas y anotadas, 1949, § 66-7-15; Leyes revisadas de
Arizona, 1956, § 13-1454; Código penal de California § 170; Leyes de Florida, 1959, § 933.16; Código
de Georgia Anotado, 1953, § 27-301; Código Anotado de Idaho, 1948, § 18-709; Código anotado de
Iowa, 1950, § 751.38; Leyes anotadas de Minnesota, 1947, § 613.54; Código de Montana revisado y
anotado, 1947, § 94-35-122; Leyes revisadas de Nebraska §§ 199.130, 199.140; Leyes anotadas de
New Jersey, 1940, § 33:1-64; Leyes penales de New York anotadas § 1786, Código de procedimiento
penal de New York § 811; Leyes Generales de North Carolina, 1953, § 15-27 (aplicable únicamente a los
funcionarios); Código anotado de North Dakota, 1960, §§ 12-17-08, 29-29-18; Leyes de Oklahoma,
1951, Tít. 21, § 585, Tít. 22, § 1239; Leyes revisadas de Oregon § 141.990; Código de South Dakota,
1939 (Supp. 1960), § 34.9904; Código anotado de Utah, 1953, § 77-54-21.
Responsabilidad penal del magistrado que emita una orden judicial sin la correspondiente declaración
jurada. -- Leyes generales de North Carolina, 1953, § 15-27; Código anotado de Virginia, 1960
Replacement Volume, § 19.1-89.
Responsabilidad penal del funcionario que intencionalmente exceda las facultades de la orden judicial.
-- Leyes anotadas de Florida, 1944, § 933.17; Código anotado de Iowa, 1950, § 751.39; Leyes anotadas
de Minnesota, 1947, § 613.54; Leyes revisadas de Nevada § 199.450; Leyes penales de New York § 1847,
Código de procedimiento penal de New York § 812; Código anotado de North Dakota, 1960, §§ 12-17-
07, 29-29-19; Leyes de Oklahoma, 1951, Tít. 21, § 536, Tít. 22, § 1240; Código de South Dakota, 1939
(Supp. 1960), § 34.9905; Código anotado de Tennessee, 1955, § 40-510; Código anotado de Utah,
1953, § 77-54-22.
Responsabilidad penal del funcionario por búsqueda con orden judicial inválida o sin ella. -- Código de
Idaho anotado, 1948, § 18-703; Leyes anotadas de Minnesota, 1947, §§ 613.53, 621.17; Leyes anotadas
de Montana, 1953, § 558.190; Códigos de Montana revisados y anotados, 1947, § 94-3506; Leyes
anotadas de New Jersey, 1940, § 33:1-65; Leyes penales de New York § 1846; Código anotado de North
Dakota, 1960, § 12-17-06; Leyes anotadas de Oklahoma, 1958, Tít. 21, § 535; Código anotado de Utah,
1953, § 76-28-52; Código anotado de Virginia, 1960 Replacement Volume, § 19.1-88; Código de
Washington revisado §§ 10.79.040, 10.79.045
Sin embargo, la fuerza de tal razonamiento se ha visto viciada en gran medida por
decisiones posteriores de esta Corte. Estas incluyen el reciente descarte de la doctrina de
la “bandeja de plata” la cual permite la utilización en procedimientos judiciales federal de
evidencia recogida en violación a la Constitución por agentes estatales, Elkins v. United
States, supra; la relajación de los requisitos anteriormente estrictos en cuanto a
legitimación para impugnar el uso de pruebas así obtenidas, de manera que actualmente
el procedimiento de exclusión “en última instancia referidas a las garantías
constitucionales” está disponible para cualquiera incluso “legítimamente en las premisas”
ilegalmente buscadas, Jones v. United States, 362 U.S. 257 (1960); y, finalmente, la
formulación de un método a fin de prevenir el uso de evidencia inconstitucionalmente
obtenida por agentes federales por parte de funcionarios estatales, Rea v. United States,
350 U.S. 214 (1956). Habida cuenta que no existe una fórmula fija, nos encontramos
reconocidamente con “cuestiones recurrentes relativas a la razonabilidad de los
registros”, pero no puede esperarse menos cuando se trata de la Constitución, y, de todas
formas, “la razonabilidad cuya determinación corresponde [al Juzgado Federal]…”. United
States v. Rabinowitz, 339 U.S. 56 (1950).
Por tanto surge claramente que las actuales consideraciones que apoyan la falla del caso
Wolf en incluir la regla de exclusión del caso Weeks cuando reconoció la aplicabilidad del
derecho a la privacidad contra los Estados en 1949, aunque no resulta básicamente
relevante para el análisis constitucional, no podría, ahora ser considerada como
controlante.
III
Algunos años después del caso Wolf, en respuesta a una solicitud presentada aquí período
tras período a fin que revoquemos la doctrina relativa a la aplicabilidad de la regla de
exclusión del caso Weeks, esta Corte indicó que ello no sería realizado hasta que los
Estados hubieran “adecuado la oportunidad para adoptar o rechazar la regla [del caso
Weeks]”. Irvine v. California, supra, en 134. Nuevamente, se dijo:
Nunca hasta junio de 1949 esta Corte ha sostenido que la prohibición básica
de búsquedas y registros sea aplicable a los Estados bajo la 14ta Enmienda.
Ibid. Únicamente en el último período, tras considerar cuidadosamente un reexamen del
caso Wolf, supra, la Corte señaló que “los principios rectores” referidos a las búsquedas y
registros y el problema de su admisibilidad “parecían claros” (en la p. 212) hasta el
anuncio en el caso Wolf “que la cláusula del Debido Proceso de la 14ta Enmienda no
requiere por sí misma que los tribunales estatales adopten la regla de exclusión” del caso
Weeks. En la p. 213. Al mismo tiempo, la Corte señaló,
que la doctrina constitucional subyacente establecida por el caso Wolf…que la
Constitución Federal prohíbe búsquedas y registros irrazonables por parte de
funcionarios estatales
ha minado el “fundamento en el cual la admisibilidad de las evidencias obtenidas por los
Estados en procesos federales se sustentaba originalmente…”. Ibid. La Corte concluyó
que ello, por tanto, obligaba a sostener, a pesar de que eligió el terreno más estrecho en
el que hacerlo, que toda evidencia obtenida a través de una búsqueda y registro
inconstitucional resultaba inadmisible ante un tribunal federal sin importar su fuente. El
día de hoy, una vez más, examinamos la postura constitucional del caso Wolf respecto al
derecho a la privacidad frente a irracionales intrusiones de parte del Estado, y, tras una
docena de años en nuestros libros, guiados por el mismo venimos a cerrar la única puerta
a un tribunal que permanece abierta a las evidencias obtenidas por funcionarios
desordenados en flagrante abuso a un derecho básico, reservado a todas las personas
como una garantía específica contra tal conducta ilegal. Sostenemos, pues, que toda
evidencia obtenida a través de búsquedas y registros realizadas en violación a la
Constitución resultan, en virtud de tal autoridad, inadmisible ante un tribunal estatal.
IV
Desde que el derecho a la privacidad de la 4ta Enmienda ha sido declarado exigible contra
los Estados a través de la cláusula del Debido Proceso de la 14ta Enmienda, resulta
aplicable a ellos la misma sanción de exclusión utilizada contra el Gobierno Federal. Si
ello fuera de otra manera, si no existiera la regla del caso Weeks el seguro contra
búsquedas y registros irracionales realizados por funcionarios federales serían “solo
palabras” sin valor e indignas de mención en una carta perpetua de inestimables
libertades humanas, asimismo, sin esta regla, la libertad frente a las invasiones estatales
serían tan efímeras y estarían tan claramente separadas de su nexo conceptual con la
libertad frente a todos los medios brutales de coaccionar la obtención de evidencia que
merecerían alta consideración de parte de esta Corte como una libertad “implícita en el
concepto ordenado de libertad”. Cuando esta Corte sostuvo en el caso Wolf que la
Enmienda era aplicable a los Estados a través de la cláusula del Debido Proceso, los casos
de esta Corte, como ya lo hemos visto, ha sostenido firmemente que como a los
funcionarios federales la 4ta Enmienda incluye la exclusión de evidencia obtenida en
violación a sus disposiciones. Incluso el caso Wolf “adhirió resueltamente” a esta
proposición. El derecho a la privacidad, una vez admitido como operativamente exigible
contra los Estados, no es susceptible de destrucción a través de la erosión de la sanción
de la que su protección y disfrute han sido consideradas dependientes en los casos Boyd,
Weeks y Silverthorne. Por tanto, al extender la protección sustantiva del debido proceso
a todas las búsquedas y registros constitucionalmente irracionales – estatal o federal –
resultaba lógica y constitucionalmente necesaria que la doctrina de exclusión – como una
parte esencial del derecho a la privacidad – sea también considerada como un ingrediente
esencial del derecho recientemente reconocido en el caso Wolf. En pocas palabras, la
admisión del nuevo derecho constitucional en el caso Wolf no puede tolerar
consistentemente la denegación de su más importante privilegio constitucional, es decir,
la exclusión de las pruebas a cuya entrega se ha forzado al acusado a través de una
búsqueda ilegal. Sostener lo contrario, implica reconocer el derecho pero retener sus
privilegios y su disfrute. Solo el año pasado la Corte ha reconocido que el propósito de la
regla de exclusión
es disuadir – obligar al cumplimiento de la garantía constitucional a través de
la única vía efectivamente disponible – removiendo los incentivos para su no
cumplimiento.
Elkins v. United States, supra, en 217.
Ciertamente, no tenemos conocimiento de ninguna restricción similar a la rechazada el
día de hoy, que condicione el cumplimiento de cualquier derecho constitucional básico.
El derecho a la privacidad, no menos importante que cualquier otro de los derechos
cuidadosa y particularmente reservados al pueblo, se situaría en marcado contraste con
el resto de los derechos declarados como "básicos para una sociedad libre”. Wolf v.
Colorado, supra, en 27. Esta Corte no ha dudado en hacer cumplir contra los Estados tan
estrictamente como lo hace contra el Gobierno Federal los derechos de libertad de
expresión y de prensa, los derechos de aviso, y a un juicio público y justo, incluido el
derecho a no ser condenado a través de la utilización de una confesión obtenida en forma
coercitiva, por lógicamente relevante que sea y sin tomar en cuenta su fiabilidad. Rogers
v. Richmond, 365 U.S. 534 (1961). Y nada podría ser más cierto que, cuando una
confesión forzada está involucrado, "las normas pertinentes de la evidencia" no prevalezca
sin tener en cuenta "la incidencia de tal conducta por la policía", ligera o frecuente. ¿Por
qué no podría aplicarse la misma regla a lo que es equivalente a un testimonio
coercionado a través búsquedas e incautaciones de bienes, papeles, efectos, documentos,
etc.? Sostenemos que, al igual que con relación al Gobierno Federal, la 4ta y 5ta
Enmiendas, respecto a los Estados, la libertad frente a las inconscientes invasiones a la
privacidad y la libertad frente a condenas basadas en confesiones forzosas disfruta de
una “íntima relación”8 en la perpetuación de los “principios de humanidad y libertad civil
[asegurados]…solo tras años de lucha”. Bram v. United States, 168 U.S. 532 (1897). Éstos
expresan “frases complementarias del mismo propósito constitucional de mantener
inviolables amplias áreas de la privacidad personal”. Feldman v. United States, 322 U.S.
187 (1944). La filosofía de cada Enmienda y de cada libertad es complementaria a, aun
cuando no dependiente, las demás en su esfera de influencia – el fin último que juntas
aseguren en cada ámbito que ninguna persona será condenada con base a pruebas
inconstitucionales. Cf. Rochin v. California, 342 U.S. 165 (1952).
V
Por otra parte, nuestra decisión que señala que la regla de exclusión es parte tanto de la
4ta Enmienda como de la 14ta Enmienda no constituye únicamente un dictado lógico de
8 Comparar los casos Waley v. Johnson, 316 U.S. 101 (1942), y Chambers v. Florida, 309 U.S. 227
(1940), con los casos Weeks v. United States, 232 U.S. 383 (1914), and Wolf v. Colorado, 338 U.S. 25
(1949).
casos anteriores, sino igualmente deriva del sentido común. No existe antagonismo entre
la Constitución y el sentido común. Ahora, un fiscal federal no puede utilizar una evidencia
ilegalmente obtenida, empero, un fiscal estatal al otro lado de la calle puede, aun cuando
supuestamente se encuentre cubierto por las mismas disposiciones de las mismas
Enmiendas. Así, el Estado, admitiendo evidencia ilegalmente obtenida, alienta la
desobediencia hacia la Constitución Federal a cuyo cumplimiento está obligado. Además,
como se dijo en el caso Elkins, “la real esencia de un sano federalismo consiste en evitar
conflictos innecesarios entre los tribunales estatales y federales”. 364 U.S., en 221. Tal
conflicto, en lo sucesivo innecesario, se presentó en este mismo período en el caso Wilson
v. Schnettler, 365 U.S. 381 (1961), en el cual a pesar de la promesa del caso Rea, hemos
dado pleno reconocimiento a nuestra práctica al respecto negándonos a restringir el
testimonio de un funcionario federal ante un tribunal estatal con relación a una evidencia
obtenida por éste en cumplimiento de sus labores. Sin embargo, el doble estándar
reconocido hasta el día de hoy pone en práctica dicha tesis. En los estados que no cuentan
con regla de exclusión, los funcionarios federales, siendo humanos, pueden ser invitados
a, y nuestros casos así lo indican, cruzar la calle hasta el despacho de un fiscal estatal con
su evidencia inconstitucionalmente obtenida. Un proceso penal que tenga por base tal
evidencia se realiza, pues, ante un tribunal estatal en total contravención a la obligatoria
4ta Enmienda. Si los frutos de un registro inconstitucional resultaban admisibles tanto en
los tribunales estatales como federales, tal incentivo a la evasión ha sido eliminado antes.
No es necesario reconciliar los casos Rea e Schnettler, puesto que cada uno destaca las
peligrosas incertidumbres de nuestro, hasta ahora, enfoque ambivalente.
La cooperación federal-estatal en la solución de un hecho punible bajo estándares
constitucionales debe ser promovida, aunque sólo sea por el reconocimiento de su
obligación ahora mutua de respetar los mismos criterios fundamentales en sus enfoques.
“Sin embargo, por mucho que en un caso particular, la insistencia sobre tales normas
puede aparecer como un tecnicismo que conduce a beneficiar a una persona culpable, la
historia del derecho penal demuestra que la tolerancia de métodos de atajo en el
cumplimiento de la ley perjudica su eficacia perdurable”. Miller v. United States, 357 U.S.
301 (1958). Negar atajos a una sola de la partes cooperantes en el cumplimiento de la
ley, tiende a originar legítimas sospechas de “acuerdos de trabajo” cuyos resultados
resultan igualmente contaminados. Byars v. United States, 273 U.S. 28 (1927); Lustig v.
United States, 338 U.S. 74 (1949).
Hay quienes digan, como lo hizo el magistrado (por entonces juez) Cardozo, que, bajo
nuestra doctrina constitucional de exclusión, “el criminal debe quedar libre porque la
policía cometió un error”. People v. Defore, 242 N.Y. at 21, 150 N.E. at 587. En algunos
casos, eso sin lugar a dudas vendrá a ser el resultado9. Pero, como se ha dicho en Elkins,
9 Como es siempre el caso, no obstante, los requerimientos procesales estatales que rigen la
presentación y trámite de impugnaciones constitucionales directa o colaterales a los procesos penales
deben ser respectados. Notamos, por otra parte, que la clase de condenas estatales posiblemente
afectadas por la presente decisión cuanta con un margen relativamente estrecho cuando se lo compara
“existe otra consideración – el imperativo de la integridad judicial”. 364 U.S., en 222. El
criminal queda libre, si así debe ser, pero es la ley la que lo pone en libertad. Nada puede
destruir un gobierno tan rápido como su incapacidad para observar sus propias leyes, o
peor, su indiferencia ante su misma existencia. Y como el Sr. Magistrado Brandeis, en
disidencia, lo señaló en el caso Olmstead v. United States, 277 U.s. 438 (1928):
Nuestro Gobierno es el potente, el maestro omnipresente. Para bien o para
mal, instruye a todo el pueblo a través de su ejemplo…Si el Gobierno rompe la
ley, alimenta su incumplimiento, e invita a todo hombre a convertirse en la
misma ley; invita así a la anarquía.
Tampoco puede suponerse a la ligera que, como cuestión práctica, la adopción de la regla
de exclusión encadena a la aplicación de la ley. Únicamente el año pasado, esta Corte
consideró expresamente tal disputa y sostuvo que “evidencia pragmática de una especie”,
en sentido contrario no faltaba. Elkins v. United States, supra, en 218. La Corte sostuvo
Los tribunales federales por sí mismo han operado bajo la regla de exclusión
del caso Weeks durante casi medio siglo; y no se ha sugerido que el Federal
Bureau of Investigation10 haya dejado de ser efectivo, o que la administración
de la justicia penal en los tribunales federal se haya visto interrumpida.
Además, la experiencia de los estados es inexpresiva…El movimiento hacia la
regla de exclusión se ha detenido, pero resulta aparentemente inexorable.
Id. en 218-219.
El innoble atajo hacia la condena que aún se permite a los Estados tiende a destruir todo
el sistema de restricciones constitucionales sobre el cual descansan las libertades del
pueblo11. Habiendo reconocido que el derecho a la privacidad protegido por la 4ta
Enmienda resulta aplicable a los Estados, y que el mismo deba verse asegurado a través
del derecho a ser protegido contra invasiones rudas de la privacidad por parte de
funcionarios estatales cuenta, pues, con origen constitucional, ya no podemos permitir
que este derecho siga siendo una promesa vacía. Considerando que es aplicable de la
misma manera y con iguales efectos que los demás derechos básicos protegidos por la
cláusula del Debido Proceso, ya no podemos permitir que éste resulte revocable al
con los casos Burns v. Ohio, 360 U.S. 252 (1959); Griffin v. Illinois, 351 U.S. 12 (1956) y Herman v.
Claudy, 350 U.S. 116 (1956). En estos casos, se suscitó la misma discusión mostrándose infundada al
final. En todo caso, más demora en alcanzar el resultado actual no podría tener otro efecto que en el
compuesto de las dificultades.
10 Véanse las declaraciones del señor Hoover, Director del Federal Bureau of Investigation, FBI Law
Enforcement Bulletin, septiembre de 1952, pp. 1-2, citadas en Elkins v. United States. 364 U.S. 206
(1960), nota 8.
11 Cf. Marcus v. Search Warrant, post, p. 717.
capricho de cualquier agente de policía el cual, en nombre de la ley, escoja suspender su
disfrute. Nuestra decisión, fundada en la razón y en la verdad, no otorga a los individuos
más que aquello que la misma Constitución le asegura, al oficial de policía no más que
aquello que a lo cual el cumplimiento honesto de la ley le permite, y a los tribunales, la
integridad judicial tan necesarias para la recta administración de justicia.
Se revoca el fallo de la Corte Suprema de Ohio y se devuelven los autos para un nuevo
pronunciamiento acorde con lo aquí expuesto.
Revocado y reenviado.
Así se ordena.
Earl Warren, Tom Campbell Clark, Hugo Lafayette Black, Felix Frankfurter, William Orville
Douglas, John Marshall Harlan, William J. Brennan Jr., Charles Evans Whittaker, Potter
Stewart.
_____________________
EL SR. MAGISTRADO BLACK, concurre con el resultado:
Durante alrededor de cincuenta años, a partir del fallo de esta Corte en el caso Weeks v.
United States,1 los tribunales federales han denegado la admisión de evidencia obtenida
contra un acusado de sus papeles y efectos a través de “búsquedas y registros
irrazonables” en violación a la 4ta Enmienda. En el caso Wolf v. Colorado, en 1948, sin
embargo, la Corte sostuvo que
al procesar un delito estatal en un tribunal estatal, la 14ta Enmienda no
impide la admisión de evidencia obtenida a través de una búsqueda o registro
irracional2.
Adherí a tal conclusión con el siguiente razonamiento:
Por las razones indicadas en mi voto disidente en el caso Adamson v.
California, 322 U.S. 46 (1947), estoy de acuerdo con la opinión de la corte en
que la prohibición de la 4ta Enmienda relativa a “búsquedas y registros
irrazonables” es aplicable a los Estados. En consecuencia, opinaría que el fallo
debería revocarse en caso de pensar que la 4ta Enmienda no solo prohíbe
“búsquedas y registros irrazonables”, pero también, por sí misma, impide el
uso de evidencia ilegalmente obtenida. Empero, estoy de acuerdo con lo que
parece ser una simple implicación de la opinión de la Corte en que la regla
1 232 U.S. 383, resuelto en 1914.
2 338 U.S. 25.
federal de exclusión no constituye una orden de la 4ta Enmienda, sino que tal
regla constituye una creación judicial que puede ser negada por el Congreso3.
Sigo sin estar persuadido que la 4ta Enmienda, por sí misma, resulte suficiente para
impedir la utilización de evidencia contra un acusado que haya sido obtenida de sus
papeles y efectos en violación a sus disposiciones. Puesto que la 4ta Enmienda no contiene
una disposición que excluya en forma expresa la utilización de dicha evidencia, mantengo
serias dudas en que tal cuestión pueda ser inferida de nada más que la disposición relativa
a búsquedas y registros irrazonables. Reflexionar acerca de este problema, sin embargo,
a la luz de los casos presentados ante esta Corte desde el caso Wolf, me ha llevado a
concluir que, cuando la exclusión de las búsquedas y registros irrazonables de la 4ta
Enmienda, es considerada en forma conjunta con la prohibición de autoincriminación de
la 5ta Enmienda, emerge una base constitucional que no solo justifica, sino que exige la
aplicación de la regla de exclusión.
La cercana relación entre la 4ta Enmienda y la 5ta Enmienda, tal como se aplica al presente
problema4, ha sido ampliamente reconocida y, ciertamente, ha constituido el fundamento
expreso de la decisión tomada por esta Corte en el caso Boyd v. United States5. Aquí, la
Corte trató en forma completa esta relación y se declaró
incapaz de percibir la manera en la cual la incautación de un libro privado o
papeles pertenecientes a una persona a fin de utilizarlos como evidencia en
contra suya difiere sustancialmente de obligar a una persona a declarar contra
sí misma6.
Con base en tal razonamiento el Sr. Magistrado Rutledge sustentó su opinión disidente
en el caso Wolf7. Y, no obstante haber rechazado tal argumento en ese tiempo, su fuerza,
al menos en lo que a mí respecta, ha devenido convincente gracias comprensión más
completa del problema planteado a través de los recientes casos analizados. En el análisis
final, soy de opinión que la doctrina del caso Boyd, aunque tal vez no es requerida por el
texto expreso de la Constitución, interpretada en forma estricta, se encuentra
ampliamente justificada desde un punto de vista histórico, sólidamente basada en la
razón y enteramente consistente con lo que considero el enfoque adecuado para encarar
3 Id. en 39-40.
4 La interrelación entre la 4ta Enmienda y la 5ta Enmienda en este punto, por supuesto, no justifica una
interpretación estrecha de alguna de estas enmiendas con relación a áreas en las cuales operan en forma
separada. Véase Feldman v. United States, 322 U.S. 487 (voto disidente); Frank v. Maryland, 359 U.S. 360
(voto disidente).
5 116 U.S. 616.
6 Id. en 633.
7 338 U.S. en 47-48.
la interpretación de la Declaración de Derechos – un enfoque muy bien expuesto por el
Sr. Magistrado Bradley en el caso Boyd:
Las previsiones constitucionales relativas a la seguridad de la persona y la
propiedad han de ser interpretadas en forma liberal. Una interpretación literal
les priva de la mitad de su eficacia, y lleva a una depreciación gradual del
derecho, como si consistieran más en sonido que en sustancia. Constituye un
deber de los tribunales proteger los derechos constitucionales de los
ciudadanos de cualquier intrusión sigilosa contra los mismos8.
El caso Rochin v. California9, que resolvimos tres años después del caso Wolf, autenticó,
creo, la solvencia de la postura expresada por los Sres. Magistrados Bradley y Rutledge
con relación a la interrelación entre la 4ta Enmienda y la 5ta Enmienda como fundamento
del requerimiento de la exclusión de las evidencias inconstitucionales. En el caso Rochin,
tres oficiales de policía, actuando sin orden judicial ni causa probable, ingresaron a la
residencia de Rochin a fin de realizar una búsqueda, y echaron abajo la puerta del
dormitorio en el cual se encontraban Rochin y su esposa. Al ingresar al mismo, se
observaron que Rochin se llevaba a la boca y tragaba dos pequeñas cápsulas.
Inmediatamente lo detuvieron y esposándolo lo condujeron a un hospital, donde tales
cápsulas fueron recuperadas a través de un lavado estomacal. La investigación demostró
que las cápsulas contenían morfina, y tal evidencia fue utilizada como base para su
condena ante un tribunal estatal.
Cuando se objetó la validez de tal condena ante esta Corte, nos vimos ante un ejemplo
casi perfecto de la interrelación existente entre la 4ta Enmienda y la 5ta Enmienda. Sin
embargo, cada miembro de esta Corte que participó en la decisión del caso reconoció
dicha interacción y se basaron en ella, al menos en alguna extensión, al justificar la
revocación de la condena de Rochin. La mayoría, aun cuando se cuidó atentamente de no
mencionar la disposición de la 5ta Enmienda que señala que no “se podrá obligar a nadie
8 116 U.S. en 635. Tal como lo expone la Corte, el enfoque del Sr. Magistrado Bradley con relación a la
interpretación de la Declaración de Derechos proviene directamente del espíritu con el cual la gran carta
de libertad fue ofrecida para su adopción en la sala de la Cámara de Representantes por su redactor,
James Madison:
Si ellas [las primeras diez enmiendas] fueran incorporadas a la Constitución, los tribunales
de justicia independientes se considerarán a sí mismos en forma peculiar como los
guardianes de tales derechos; serán un baluarte impenetrable contra cualquier asunción de
poder de parte del Legislativo o del Ejecutivo; resistirán con naturalidad cualquier invasión
contra tales derechos expresamente estipulados en la Constitución a través de la
Declaración de Derechos.
I Anales del Congreso 439 (1789)
9 342 U.S. 165.
a testificar contra sí mismo”, demostró al menos que no desconocía la existencia de tal
provisión, indicando:
Las confesiones forzosas ofenden al sentido de juego limpio y decencia de la
comunidad…Ello implicaría poner en ridículo a la responsabilidad que el curso
de la historia depositó sobre esta Corte para sostener que, para condenar a
una persona, la policía no puede extraer por la fuerza lo que se encuentre en
su mente pero sí lo que se encuentra en su estómago10.
Los métodos utilizados por la policía fueron entonces, de acuerdo con la mayoría,
“demasiado cerca de la rueca y del tornillo como para permitir una diferenciación
constitucional”11 y la condena fue revocada bajo el fundamento que estos métodos
violaban la cláusula del Debido Proceso de la 14ta Enmienda pues el trato acordado a
Rochin fue una suerte de “cargo de consciencia” una “ofensa al sentido de justicia” y falta
al “respeto merecido por la decencia de la conducta civilizada”12.
Adherí a la revocación de la condena del caso Rochin, pero con el argumento que la 14ta
Enmienda hace aplicable la prohibición de autoincriminación de la 5ta Enmienda a los
Estados y que, dado su alcance amplio antes que restringido, esta norma impide la
introducción de esta “cápsula” de evidencia tanto como habría prohibido el uso de
palabras que Rochin pudiera haber sido coaccionado a pronunciar13. Al arribar a esta
conclusión, cité y me basé en el caso Boyd, la doctrina constitucional que consideré,
necesaria, para fundar mi posición en este caso. Allí, sin embargo, este punto de vista se
encontró definitivamente en minoría, siendo que únicamente el Sr. Magistrado Douglas y
yo rechazamos este estándar flexible e incierto del test del “shock de consciencia”
utilizado por la opinión mayoritaria14.
Dos años después de Rochin, en el caso Irvine v. California15, una vez más debimos decidir
acerca de la validez de una condena basada en evidencia obtenida de manera claramente
inconstitucional y podría decirse que chocante para la conciencia. Los cinco votos
redactados por esta Corte en dicho caso demuestran que la absoluta confusión e
incertidumbre generadas por los casos Wolf y Rochin. En su voto concurrente el Sr.
10 Id. en 173.
11 Id. en 172.
12 Id. en 172, 173.
13 Id. en 174-177.
14 Véase el voto concurrente del Sr. Magistrado Douglas, en id. 177-179
15 347 U.S. 128.
Magistrado Clark enfatizó la insatisfactoria naturaleza del “test del shock de consciencia”
creado por la corte, afirmando que tal test
genera tal incertidumbre e imprevisibilidad que sería imposible predecir – más
que por conjeturas – cuan descarada debe ser la invasión a la privacidad en
orden a permitirle resguardarse en los brazos protectores de la Constitución.
En verdad, el resultado práctico de tal enfoque ad hoc es simplemente que,
cuando cinco Magistrados se vean lo suficientemente indignados por la acción
de la policía local, puede revertirse una condena y un hombre culpable puede
ser liberado16.
Solo una cuestión ha derivado con total claridad del caso Irvine – que siete magistrados
rechazaron el estándar constitucional del “shock de consciencia” enunciado en los casos
Wolf y Rochin. Empero, incluso esto no redujo la confusión en esta área de la ley, pues
siguió la existencia de precedentes mutuamente inconsistentes, junto con la inhabilidad
de la Corte para alcanzar una mayoría clara en el caso Irvine, dejó la situación tan incierta
como lo había sido antes17. Finalmente, el día de hoy, aclaramos tal incertidumbre. Tal
como entiendo la opinión de la Corte del día de hoy, una vez más rechazamos el confuso
estándar del “shock de consciencia” de los casos Wolf y Rochin y, en su lugar, revocamos
esta condena estatal con fundamentos en la precisa, inteligible y muy predecible doctrina
constitucional enunciada en el caso Boyd. Adhiero totalmente a lo expresado por el Sr.
Magistrado Bradley respecto a que las dos Enmiendas en las cuales se basa la doctrina del
caso Boyd son de vital importancia en nuestro esquema de libertad y que ambas requieren
una interpretación amplia antes que una restrictiva. Los tribunales de la nación deben
conocer con la mayor seguridad el alcance que cubren. La opinión de la corte, desde mi
punto de vista, disipa tal duda e incertidumbre en este campo del derecho constitucional,
y estoy convencido, por éstas y otras razones que debemos apartarnos de puntos de vista
previos, para aceptar como obligatoria en este caso estatal la doctrina del caso Boyd y
adhiero íntegramente al fallo que está de acuerdo con tal doctrina constitucional.
Hugo Lafayette Black
_____________________
EL SR. MAGISTRADO DOUGLAS concurre con el resultado:
Aun cuando haya adherido a la opinión de la Corte, he de agregar algunas palabras. Este
caso penal se inició a raíz de un registro ilegal. La policía ingresó en una residencia por
vía de la fuerza y tomó documentos que, posteriormente, fueron utilizados para obtener
la condena de la ocupante de la misma.
16 Id. en 138.
17 Véase igualmente United States v. Rabinowitz, 339 U.S. 56, 66-68 (opinión disidente).
La misma residía con su hija, una adolescente de quince años, en el segundo
departamento de un dúplex en Cleveland. Alrededor de la 1.30 por la tarde del día 23 de
mayo de 1957, tres agentes de policía arribaron a su residencia. Pulsaron el timbre, y la
recurrente, asomándose a la ventana, les preguntó qué necesitaban. De acuerdo al
testimonio posterior, los agentes llegaron a su casa gracias a
una fuente confidencial según la cual en su residencia se escondía una persona
buscada para ser interrogada a raíz de un bombardeo reciente1.
A una pregunta formulada por la recurrente, éstos respondieron que únicamente
deseaban hablar con ella y que no indicarían el objeto respecto al cual deseaban charlar.
La recurrente, que había contratado a un abogado en el marco de un litigio civil pendiente,
señaló a los agentes que contactaría con éste a fin de indagar si debía o no permitirles la
entrada. Con el consejo de su abogado, ésta señaló que únicamente les permitiría pasar
en caso que contaran con una orden judicial válida. Durante dos horas y media, la policía
sitió la casa. A las cuatro en punto, su número se incrementó hasta llegar a siete. El
abogado de la recurrente se presentó en el lugar y uno de los agentes señaló que ahora
contaban con una orden judicial, empero, se negó a exhibirla. Por el contrario,
dirigiéndose a la puerta trasera, el oficial primero trató de derribarla a puntapiés, y,
cuando tal intento se mostró infructuoso, éste rompió el vidrio de la puerta y la abrió por
la parte de adentro.
La recurrente, que se encontraba en las escaleras que conducían a su residencia requirió
ver la orden judicial, empero el oficial se negó a exhibirla, no obstante, agitó un papel
ante su rostro. Ésta lo tomó y lo escondió dentro de su vestimenta. El agente de policía la
tomó, recuperó el papel, y la esposó a otro agente. La misma fue conducida escaleras
arriba y puesta en la recámara más amplia del departamento en cuya cama fue obligada
a sentarse. Mientras tanto, los demás agentes ingresaron a la residencia y realizaron una
minuciosa búsqueda en cada una de las cuatro habitaciones del departamento así como
en el sótano de la casa.
Los testimonios con relación a este punto no resultan contradictorios. El enfoque de los
policías, su larga espera del lado policías, su larga espera en el exterior de la residencia,
observando cada puerta; la llegada de refuerzos armados con un papel2; su ingreso a la
1 Esta “fuente confidencial” señaló a la policía, en la misma comunicación, que “había gran cantidad de
parafernalia política oculta en la casa”.
2 La pretendida orden judicial ha desaparecido del caso. El Estado no realizó intento alguno por
demostrar su existencia, su emisión o contenido, ni en la audiencia preliminar correspondiente a la
moción para suprimirla ni en el juicio. La Corte Suprema de Ohio señaló:
casa; reteniendo a la recurrente y esposándola; numerosos agentes revisando cada cuarto
y mueble o utensilio mientras la misma se hallaba sentada, una prisionera en su propia
habitación. Existe un conflicto directo en el testimonio, no obstante, con relación al lugar
en que fue hallada la evidencia que sirvió de base a la condena. Para comprender el
significado de este conflicto, hemos de entender que el presente caso se fundamenta en
la posesión con pleno conocimiento3 de cuatro pequeños panfletos, un par de fotografías
y un pequeño lápiz garabateado – a los cuales se atribuyó el carácter de pornográficos.
Según los agentes de policía que participaron en la búsqueda, estos artículos fueron
hallados, algunos en los armarios y otros en una maleta ubicada bajo su cama. Según la
recurrente la mayor parte de ellos fueron hallados en una caja de cartón guardada en el
sótano; y una en la maleta ubicada bajo su cama. Todo este material señaló la recurrente
– y una amiga de ésta – eran chucherías pertenecientes a un huésped reciente, un hombre
que se marchó de pronto a New York siendo detenido allí. Según la lectura que de la ley
realizó la Corte Suprema de Ohio bajo la cual se imputaron los cargos a la recurrente, ésta
resulta culpable sin importar la veracidad o no de la historia.
La Corte Suprema de Ohio confirmó la condena aun cuando ésta se basó en documentos
obtenidos a través de una búsqueda ilegal. Al respecto, en Ohio, la evidencia obtenida a
través de una búsqueda no autorizada es admisible en un proceso penal, siempre que no
haya sido obtenida “de la persona del acusado a través de la utilización de fuerza bruta
en contra del mismo”. State v. Mapp, 170 Ohio St. 427, 166 N.E.2d at 388, syllabus 2; State
v. Lindway, 131 Ohio St. 166, 2 N.E.2d 490. Esta evidencia, no obstante, resulta
inadmissible en un proceso federal. Weeks v. United States, 232 U.S. 383; Elkins v. United
States, 364 U.S. 206. Por lo expuesto en el ultimo fallo citado,
la 14ta Enmienda…impuso a los tribunales de los Estados Unidos y a los
funcionarios federales, para lo que respecta al ejercicio su poder y autoridad,
ciertos límites y restricciones…
Existen, en autos, dudas considerables con respecto a si realmente existió una orden
judicial para registrar la residencia de la acusada…Efectivamente…no existe orden judicial
alguna que autorice la búsqueda…de cualquier “libro, dibujo [o] fotografía lasciva”
170 Ohio St. 427, 430, 166 N.E.2d 387, 389 (énfasis suplido).
3 El Código Revisado de Ohio en el §2905.34 dispone:
Nadie podrá, con pleno conocimiento…tener en su posesión o bajo su control libros
obscenos u oscuros [o]…figuras…” “Quien viole esta norma será multado con menos
doscientos y no más de dos mil dólares o con pena privativa de libertad no menor a uno ni
mayor a siete años o ambos.
Id. 391-392. Sin embargo, se sostuvo que la evidencia obtenida (en este caso documentos
y correspondencia) de una residencia sin una orden judicial no resultaba admisible en un
proceso federal.
En el caso Wolf v. Colorado, 338 U.S. 25, sostuvimos que la 4ta Enmienda era aplicable a
los Estados a través de la cláusula del Debido Proceso de la 14ta Enmienda. Empero, la
mayoría señaló que la regla de exclusión del caso Weeks no constituía un requerimiento
hecho a los Estados, sino que éstos estaban en posición de aplicar las sanciones de su
elección. Esta postura tuvo los votos para llevarse el día. Sin embargo, con todo el debido
respeto, no constituyó la voz de la razón o de los principios.
Como se dijo en el caso Weeks, si la evidencia es tomada en violación a la 4ta Enmienda
puede ser utilizada contra un acusado, “su derecho a ser protegido contra tales búsquedas
y registros carece de valor, y… bien podría ser excluida de la Constitución”. 232 U.S., en
393.
Cuando permitimos a los Estados otorgar sanción constitucional a este “negocio en mal
estado” de entrada ilegal a una residencia (por utilizar la expresión del Sr. Magistrado
Murphy en el caso Wolf v. Colorado, en 46), privamos a la 4ta Enmienda de mucha fuerza
significativa. Existen, por supuesto, otros remedios teóricos. Una constituye una acción
disciplinaria dentro de la jerarquía del sistema de policía, incluido el procesamiento del
agente de policía por hechos punibles. Así, como lo dijo el Sr. Magistrado Murphy en el
caso Wolf v. Colorado, en 42:
El auto-escrutinio constituye un noble ideal, empero su exaltación alcanza
nuevos horizontes cuando esperamos que un Fiscal se procese a sí mismo o a
sus subordinados por bien demostradas violaciones a la cláusula de búsqueda
y cateo durante un procedimiento fiscal ordenado por él o por sus asociados.
El único remedio que queda, en caso de no requerirse la exclusión de la evidencia, radica
en una acción por prevaricación promovida por el dueño de la casa contra el agente que
haya ofendido. El Sr. Magistrado Murphy demostró cuan onerosa y difícil vendría a ser
para el ciudadano promover tal acción, y cuan magro el alivio en caso de triunfar el
ciudadano. 338 U.S. 42. La verdad es que acciones promovidas contra los oficiales que
realicen búsquedas y registros ilegales son solamente remedios ilusorios.
Sin acción judicial que torne aplicable la regla de exclusión aplicable a los Estados, Wolf
v. Colorado, en forma práctica, redujo las garantías contra las búsquedas y registros
ilegales a “letras muertas”, como lo sostuvo el Sr. Magistrado Rutledge en su voto
disidente. Véase 338 U.S. en 47.
El caso Wolf v. Colorado, supra, fue resuelto en 1949. El resultado inmediato fue una
tormenta de controversias constitucionales que únicamente viene a concluir el día de hoy.
Creo que el presente es un caso apropiado con el cual dar por concluida la asimetría
introducida al derecho a través del caso Wolf. Véanse, Stefanelli v. Minard, 342 U.S. 117;
Rea v. United States, 350 U.S. 214; Elkins v. United States, supra; Monroe v. Pape, 365
U.S. 167. Éste es un caso apropiado pues los hechos que presenta demuestran – tal como
los demás – la casual arrogancia de aquellos que cuentan con el poder sin límites para
invadir nuestras residencias y catear nuestras personas.
Igualmente es un caso apropiado en el más estrecho y técnico sentido. Las cuestiones de
la ilegalidad de la búsqueda y la admisibilidad de la evidencia han sido presentadas a los
tribunales estatales, y fueron debidamente analizadas aquí de acuerdo con la regla
práctica aplicable4. La cuestión fue expuesta en el recurso, en el sumario jurisdiccional y
en el memorial del recurrente con relación al fondo5. Cierto es que el argumento fue
mayormente dirigido a otra cuestión planteada por el caso, empero ello casi siempre es
así. Véase Rogers v. Richmond, 365 U.S. 534. Por supuesto, un defensor ferviente de una
posición siempre cree que, si tan solo tuviera una oportunidad adicional para presenter
un argumento, su postura prevalecería. Empero, sometida a la dirección de la discresión
de un tribunal, todo argumento debe al fin arribar a un término. Esto es especialmente
cierto en cuanto a un tema sobre el cual esta Corte dijo el año pasado que “los argumento
de los antagonistas y protagonistas han sido tantas veces planteados que prácticamente
no requieren de elaboración”. Elkins v. United States, supra, 216.
Por otra parte, de continuar Wolf v. Colorado en total vigencia alimenta la indecorosa
cuestión del tipo al que se refirió el caso Wilson v. Schnettler, 365 U.S. 381. Si la evidencia,
inadmisible ante los tribunales federales, viene a ser admisible ante los tribunales
estatales existirá un “doble estándar” el cual, como lo hace notar la Corte, lleva a
“acuerdos de trabajo” que, socava la política federal y reduce en algunos aspectos el
cumplimiento de la ley con relación negocios turbios. La regla que apoya esta práctica no
tiene a la fuerza de la razón de su parte.
William Orville Douglas.
_____________________
4 La Regla 10(2)(c) de las Reglas de la Corte Suprema de los Estados Unidos disponen:
El recurso de apelación…deberá exponer las cuestiones presentadas por el
mismo…Únicamente las cuestiones así presentadas y allí contenidas serán consideradas
por la Corte.
5 ¿La conducta de la policía al buscar los libros, papeles y fotografías presentadas por la Fiscalía como
evidencia, violan la 4ta Enmienda, la 5ta Enmienda y la sección 1 de la 14ta Enmienda de la Constitución
de los Estados Unidos?
Declaración del SR. MAGISTRADO STEWART:
Estando totalmente de acuerdo con la Parte I del voto disidente del SR. MAGISTRADO
HARLAN, no me referiré a la cuestión constitucional de fondo que la Corte resuelve el día
de hoy. Sin embargo, me inclinaría por revocar el fallo impugnado en el presente caso,
pues estoy persuadido que la previsión del §2905.34 del Código Revisado de Ohio, en el
cual se basó la condena de la recurrente, no resulta, en palabras del SR. MAGISTRADO
HARLAN, “consistente con los derechos de libertad de pensamiento y expresión
asegurados que la 14ta Enmienda protege contra toda intrusión estatal”.
Potter Stewart.
_____________________
EL SR. MAGISTRADO HARLAN con adhesión de los SRES. MAGISTRADOS FRANKFURTER y
WHITTAKER, en disidencia:
Al revocar la jurisprudencia del caso Wolf, la Corte, en mi opinión, ha olvidado el sentido
de la restricción judicial el cual, observando debidamente al principio del stare decisis,
constituye uno de los elementos a ser considerados para decidir si un precedente anterior
de esta Corte debe ser dejado sin efecto. Aparte de ello, creo igualmente que la regla del
caso Wolf representa una doctrina constitucional más sólida que la que ahora la
reemplaza.
I
De acuerdo a la exposición que la Corte hace del caso, podría pensarse que la cuestión
central, si no la principal, planteada en la presente apelación radica en si la evidencia
ilegalmente obtenida por el Estado resulta constitucionalmente admisible en un proceso
tramitado ante un tribunal estatal, una cuestión que, obviamente, nos pondría ante la
necesidad de reexaminar el caso Wolf. Sin embargo, esa no es la situación. Porque, a pesar
de que la cuestión se planteó de hecho aquí y más adelante entre los puntos subordinados
del recurrente, la nueva y esencial cuestión tratada por la Corte en esta apelación consiste
en si el §2905.34 del Código Revisado de Ontario, que penaliza la mera posesión con
conocimiento de materiales obscenos1, y según el cual la recurrente ha sido condenada,
es consistente con los derechos de libertad de pensamiento y expresión asegurados que
la 14ta Enmienda protege contra toda intrusión estatal2. Esta fue la cuestión principal
1 Las partes esenciales de la ley están trasncriptas en la nota 1 a la opinión de la Corte. Ante, p. 643.
2 En su nota 3, ante, p. 646, la Corte, al parecer, ha puesto de cabeza la importancia relativa de la
dependencia del recurrente en los diversos puntos planteados por él en esta apelación.
resuelta por la Corte Suprema de Ontario3, la cual fue expuesta en la Declaración
Jurisdiccional de la recurrente4, y fue fundamentada5, y alegada ante esta Corte6.
3 Véase 170 Ohio St. 427, 166 N.E.2d 387. Habida cuenta de la inusual provisión de la Constitución de
Ohio que requiere “la concurrencia de, al menos, todos menos uno de los magistrados” de la Corte
Suprema de Ohio para que una ley estatal pueda ser declarada inconstitucional (excepto cuando una
afirmación o declaración de inconstitucionalidad sea pronunciada por la Corte de Apelaciones de Ohio).
Const. de Ohio, Art. IV, §2, la Corte Suprema estatal se vio compelida a confirmar la constitucionalidad
del §2905.34 aun cuando, de hecho, cuatro de los siete magistrados, consideraban a dicha norma como
contraria a la 14ta Enmienda.
4 Con relación a la sustancialidad de las cuestiones federales planteadas en la presente apelación, la
Declaración Jurisdiccional de la recurrente contiene lo siguiente:
Las cuestiones federales planteadas por la presente apelación resultan sustanciales por las siguientes
razones:
La ley de Ohio según la cual fue condenada la recurrente viola el derecho sagrado a poseer y controlar
la propiedad, a la cual le fue dada un carácter inviolable por la Constitución Federal. El derecho de los
individuos
a leer, creer o no creer, y a pensar sin supervisión gubernamental constituye una de
nuestras libertades básicas, empero, dictar a adultos que libros ha de poseer dentro de su
propiedad parece constituir una clara infracción a los derechos constitucionales del
individuo.
(Voto disidente del Magistrado Herbert, Apéndice “A”). Muchas condenas han seguido a la de la
recurrente ante los tribunales de Ohio con base a la misma disposición legal. A menos que esta
Honorable Corte analice esta cuestión y determine de una vez por todas que tal norma es inconstitucional
tal como lo afirma la recurrente, existirán numerosas apelaciones. Cuando los §§2905.34, 2905.37 y
3767.01 del Código Revisado de Ohio [las dos últimas disposiciones proveen excepciones al alcance del
§2905.34 y disposiciones conexas de las leyes de Ohio relativas a la obscenidad] son leídos en
conjunto…obviamente contravienen a las disposiciones constitucionales Federales y Estatales; a través
de condenas basadas en las leyes aquí involucradas, y en la manera en que ha sido condenada se ha
denegado a la recurrente el debido proceso legal; una sentencia de 1 (uno) a 7 (siete) años de pena
privativa de libertad por una alegada violación de esta inconstitucional disposición del Código Revisado
de Ohio priva a la recurrente de su derecho a la libertad y la búsqueda de la felicidad, lo cual es contrario
a las disposiciones constitucionales federales y estatales, en circunstancias que ella misma no puso en
movimiento, y es una pena cruel e inusual infligido a su contrario a las Constituciones Estatal y Federal.
5 El memorial de la recurrente no requiere la revocación del precedente Wolf. Amén de ello, la misma ni
siquiera cita el caso. El memorial del recurrido simplemente se apoya en el caso Wolf para alegar que la
determinación del Estado respecto a que la condena de la recurrente no se encuentra viciada por la
admisión de evidencia obtenida a través de una búsqueda o registro realizada en forma ilegal por la
policía. El memorial de la American Civil Liberties Union y de la Ohio Civil Liberties Union, en carácter de
amicus curiae, en uno corto párrafo conclusivo de su alegato, “solicitó” a la Corte el reexamen y
revocación del precedente del caso Wolf, empero sin argumentarlo. Citaré la totalidad de esta parte de
su memorial:
Ante este estado de cosas, creo necesario señalar que cinco miembros de la Corte
simplemente “han acordado” revocar el precedente del caso Wolf. Con todo el debido
respecto a la opinión mayoritaria, y reconociendo que el principio del stare decisis
conlleva un distinto peso en el examen constitucional que aquel con que cuenta en una
decisión que no reviste carácter constitucional, no encuentro justificación alguna en el
presente caso que haga apropiado el reexamen del caso Wolf.
La acción de Corte carece de soporte en la regla que señala que una decisión en materia
constitucional debe evitarse siempre que sea posible. En efecto, para revocar el
precedente del caso Wolf, antes que analizar la validez del §2905.34 del Código Revisado
de Ohio, simplemente escogió entre dos cuestiones constitucionales. Aún más, sostengo
que la misma se inclinó por la más difícil y menos apropiada de las dos. La ley de Ohio la
cual, tal como ha sido interpretada por la Corte Suprema estatal, sanciona la posesión o
control de material obsceno, sin que a ello obsten las razones de tal posesión o control
(en este punto no existen excepciones aplicables)7, y sin que importe si el acusado cuenta
con algún argumento razonable que permita desvincularlo de tal material una vez
conocido su carácter obsceno8, ciertamente presenta una cuestión constitucional que a la
Este caso presenta la cuestión de si la evidencia obtenida en una búsqueda o registro ilegal
puede ser constitucionalmente utilizada en un procedimiento penal tramitado ante
instancias estatales. Somos conscientes de la opinión sentada por esta Corte en el caso Wolf
v. Colorado, 338 U.S. 25. Nuestro propósito a través del presente párrafo es solicitar
respetuosamente a la Corte el reexamen de la cuestión y la conclusión que el concepto de
libertad que se asegura a las personas a través de la cláusula del debido proceso de la 14ta
Enmienda necesariamente requiere que la evidencia obtenida en forma ilegal, no es
admisible en procedimiento penales tramitados ante instancias estatales.
6 El abogado de la recurrente durante los alegatos orales, tal como en su memorial, no requirió la
revocación del precedente del caso Wolf. Asimismo, cuando fue presionado a través de preguntas de
parte de los magistrados si, en efecto, solicitaba se deje sin efecto el citado precedente, el mismo
expresó que actuaba con tal propósito.
7 2905.37 PUBLICACIONES LEGÍTIMAS NO OBSCENAS. Los arts. 2905.33 a 2905.36, inclusive, del Código
Revisado de Ohio no afecta a la enseñanza en Facultades de Medicina legalmente constituidas, la
publicación de libros estándares de medicina, así como a los médicos o farmacéuticos en el ejercicio
regular de su negocio, y tampoco afectan a la publicación y distribución de obras de arte de buena fe.
Ninguna de los artículos especificados en los arts. 2905.33, 2905.34 y 2905.36 del Código Revisado
deben ser considerados como obras de arte a menos que el mismo sea creado, publicado y distribuido
a través de una asociación para el desarrollo del arte que haya demostrado que su propósito no
contraviene a las disposiciones de los arts. 2605.06 al 2609.44, inclusive, del Código Revisado, y que
no cuente con fines de lucro.
§ 3767.01(c). Este artículo y los artículos 2905.34…2905.37…del Código Revisado no afectan…a ningún
diario, revista u otras publicaciones clasificadas como de segunda clase por la oficina de correos.
8 La Corte Suprema de Ohio, en su interpretación del §2905.34, vinculante para nosotros, se negó a
importar cualquier otra excepción que aquellas expresamente proveídas por la ley. Véase nota 7, supra.
vez es mucho más simple y de menor alcance que la cuestión resuelta el día de hoy por
la Corte. Desde mi óptica, la justicia habría sido hecha igualmente en este caso sin revocar
un fallo en el cual la administración de la justicia penal de diversos estados se ha apoyado
durante largo tiempo.
Siendo que de los términos de la petición incoada y que ahora analizamos no se desprende
que se nos haya requerido examinar la cuestión de la validez del precedente del caso
Wolf, creo que el caso de autos nos proporciona una ocasión singularmente inapropiada
para reconsiderar dicha decisión, en caso que ello resulte verdaderamente posible. Incluso
el más somero examen revelará que la doctrina del caso Wolf ha sido de continua
importancia para la administración de la justicia penal de los Estados. Sin embargo,
ciertamente a consecuencia de su aspecto de “no exclusión”, el caso Wolf no hizo sino
articular la por entonces existente asunción entre los Estados que los casos federales que
apoyaban la regla de exclusión
no obligan a los Estados, pues de su interpretación de las disposiciones de la
Constitución Federal, la 4ta Enmienda y la 5ta Enmienda no se aplican a los
Estados.
People v. Defore, 242 N.Y. 13, 20, 150 N.E. 585, 587. Esto, por supuesto, no refleja la
plenitud de esa continua dependencia, sostengo que, durante los últimos tres períodos,
por ejemplo, la cuestión de la inadmisibilidad de la evidencia ilegalmente obtenida por
los estados se ha presentado en alrededor de quince ocasiones por período en los casos
in forma pauperis que resolvemos en forma sumaria. Esto indicaría que la cuestión que
ahora decidimos bien puede tener ramificaciones prácticas indeseables con relación a los
casos estatales que desde hace largo tiempo se apoyan en el caso Wolf, y que habiendo
determinado la necesidad de su reexamen no nos habrían faltado oportunidades de
hacerlo en el futuro.
La ocasión que la Corte ha tomado aquí es en contexto del caso en el cual la cuestión fue
planteada y no argumentada del todo sino en forma extremadamente tangencial. La
imprudencia de revocar el precedente del caso Wolf sin un argumento completo se ve
agravada por la circunstancia que el mismo constituye un precedente relativamente
reciente (1949) al cual tres miembros de la actual mayoría de la Corte han adherido en
una u otra ocasión, una, con explícitos recelos9. Creo que nuestra obligación para con los
No obstante, sostuvo que “si alguien observa un libro y lo encuentra obsceno él es inmediatamente, bajo
esta legislación, culpable…”.
9 Véase Wolf v. Colorado, 338 U.S., en 39-40; Irvine v. California, 347 U.S. 128. En el último caso, resuelto
en 1954, el Sr. Magistrado Jackson, redactando en nombre de la mayoría, señaló (en la p. 134):
“Pensamos que el precedente del caso Wolf no debe ser revocado, por las razones que éste
persuasivamente expone”. Comparar con Schwartz v. Texas, 344 U.s. 199 y Stefanelli v. Minard, 342 U.S.
Estados, a quienes venimos a imponer esta nueva regla, tal como la obligación de adherir
ordenadamente a nuestros propios precedentes requiere que busquemos ayuda en el
adecuado planteamiento de los argumentos que lleven a la resolución de una importante
cuestión. Ciertamente nunca ha sido postulado del poder judicial que la mera alteración
de la disposición, o en la composición de la Corte, constituya una garantía suficiente para
proceder a la anulación deliberadamente decidida de una regla de derecho constitucional.
Así, si la Corte debiera reconsiderar el caso Wolf, soy susceptible a creer que pronto se
nos habría presentado una oportunidad apropiada en cual contáramos con el beneficio
de unos argumentos debidamente presentados. En todo caso, al menos, el presente caso
debió ser calendarizado para una nueva ronda de alegatos, ante la inadecuada
presentación de los argumentos que recibimos con relación al caso Wolf. Para todos los
efectos y propósitos, la presente acción de la Corte llevó a la revocación sumaria del
precedente del caso Wolf, sin habérselo argumentado.
Me veo obligado a decir que lo que ha sido hecho no lleva a promover el respeto ni por el
procedimiento de adjudicación de la Corte ni por la estabilidad de nuestras decisiones.
Habiendo sido incapaz, no obstante, de persuadir a ninguno de los miembros que
formaron la mayoría a tomar un curso procesal distinto, ahora me referiré a la cuestión
de fondo del presente caso.
II
El argumento esencial de la mayoría contra el caso Wolf es la proposición de que la regla
del caso Weeks v. United States, 232 U.S. 383, que excluye en casos penales federales la
utilización de evidencia obtenida en violación a la 4ta Enmienda, deriva no del “poder de
supervisión” de esta Corte respecto del sistema judicial federal, sino de un requerimiento
constitucional. Esto es así pues nadie, supongo, vendrá a sugerir que la Corte posee algún
tipo de poder de supervisión respecto de los tribunales estatales. Aunque mantengo
considerables dudas con relación a la solvencia de esta proposición fundamental de la
mayoría, cf. Wolf v. Colorado, 338 U.S. en 39-40 (voto concurrente), asumo que para el
presente propósito, la regla del caso Weeks es de “origen constitucional”.
El punto central de la opinión mayoritaria en el presente caso radica en el siguiente
silogismo: (1) la regla que excluye en los casos penales federales la evidencia que haya
sido obtenida de una búsqueda o registro ilegal es “parte integrante” de la 4ta Enmienda;
(2) el caso Wolf sostuvo que la “privacidad” asegurada contra la acción federal por la 4ta
Enmienda se encuentra también protegida contra la acción estatal a través de la 14ta
117, en los cuales se discutió el caso Wolf el cual no fue desaprobado de manera alguna. Véase
igualmente Pugach v. Dollinger, 365 U.S. 458, el cual se fundó en el caso Schwartz.
Enmienda, y (3) por tanto, resulta “lógica y constitucionalmente necesario” que la regla de
exclusión del caso Weeks sea igualmente aplicable a los Estados10.
Este razonamiento se sustenta en última instancia en la errónea premisa que, siendo que
el caso Wolf incluyó a los Estados como parte del “concepto ordenado de libertad” incluyó
en la 14ta Enmienda, el principio de “privacidad” contenido en la 4ta Enmienda (338 U.S
en 27), por lo que éstos deben seguir todas las configuraciones de la 4ta Enmienda que
hayan sido desarrolladas en los particulares precedentes federales por lo cual éstos han
de ser igualmente señalados como parte de la “libertad ordenada” y como tal oponible a
los Estados. Desde mi punto de vista ello no es así.
Nunca se enfatizará suficientemente que aquello que fue reconocido en el caso Wolf no
fue que la 4ta Enmienda, como tal, es aplicable a los Estados como una faceta del debido
proceso, una visión de la 14ta Enmienda que, como se declaró en el mismo caso Wolf
(338 U.S. en 26), se encuentra desacreditada desde hace largo tiempo, sino al principio
de privacidad “que constituye el centro de la 4ta Enmienda” (Id., en 27).
No sería apropiado esperar o imponer alguna equivalencia precisa, ya sea en cuanto al
alcance del derecho o los medios de su aplicación, entre los requerimientos de la 4ta
Enmienda y la 14ta Enmienda. Para la cuarta, al contrario de lo que se dijo en el caso Wolf
de la decimocuarta, no solamente establece un principio general; sino que es una orden
particular que tiene su origen en un contexto legal preexistente el cual debe ser
construido tanto a través la interpretación de las decisiones como de las leyes.
Así, incluso en un caso que ha presentado simplemente la cuestión de si una particular
búsqueda o registro ha sido constitucionalmente “irracional” – es decir, una acción de
indemnización por daños y perjuicios contra la policía estatal – no seríamos fieles a la
14ta Enmienda en caso de limitarnos a extender el alcance del principio general de
privacidad individual en un proceso construido sobre precedentes federales basados en
la 4ta Enmienda. Empero, en esta instancia más de lo que está involucrado, ya que aquí
no estamos revisando la determinación de que la acción de la policía estatal resultaba
constitucionalmente permisible (desde que el tribunal estatal asumió que evidentemente
no lo era), sino la determinación que la recurrente ha sido declarada culpable en forma
correcta por una conducta que, para lo que importa, el Estado puede sancionar
constitucionalmente. Habida cuenta que no existe la mínima sugerencia que la política de
Ohio es “afirmativamente sancionar…la intrusión policial en la privacidad” (338 U.S. en
28), comparar Marcus v. Search Warrants, post, p. 717, lo que ahora la Corte hace es
imponer a los Estados no solo sustanciales estándares federales con relación a “búsqueda
y registro”, sino también los remedios básicos federales con relación a la violación de
tales estándares. Pienso que resulta totalmente claro que la regla de exclusión del caso
10 En efecto, solo cuatro miembros de la mayoría apoyan este razonamiento. Véase pp. 685-686, infra.
Weeks es más que un remedio que, al penalizar la mala conducta oficial pasada, tiene
como objetivo disuadir la misma en el futuro.
Si de mí dependiera no impondría a los Estados esta regla de exclusión federal. Las
razones señaladas por la mayoría para, súbitamente, dar la espalda al caso Wolf me
parecen notablemente poco convincentes.
Primero, se ha dicho que “el contexto fáctico en el cual se basó el caso Wolf” ha cambiado,
en efecto más Estados siguen ahora la regla de exclusión del caso Weeks que los que lo
hacían al tiempo que el caso Wolf ha sido decidido. Aun cuando ello sea verdad, un
reciente estudio indica que, actualmente, la mitad de los Estados aún adhieren a la regla
de no exclusión del common law, Maryland aún la retiene para los delitos graves. Berman
and Oberst, Admissibility of Evidence Obtained by an Unconstitutional Search and Seizure,
55 N.W.L.Rev. 525. Empero, en todo caso, ciertamente todo ello excede este punto, tal
como la mayoría parece reconocer. Nuestra preocupación radica, como lo fue en el caso
Wolf, no en la deseabilidad de tal regla, sino solamente en la cuestión si los Estados son
constitucionalmente libres para seguirla o no según su propia determinación, y la
relevancia de la disparidad de puntos de vista entre los Estados con relación a este punto
simplemente radica en el hecho de que la sentencia en cuestión es discutible.
Por otra parte, el hecho principal en el cual se apoya la mayoría, en lugar de prestar apoyo
a lo que se está haciendo ahora, pone aparte la necesidad de sustituir la acción del Estado
voluntaria con la compulsión federal.
La preservación de un balance óptimo entre la responsabilidad federal y estatal en la
administración de la justicia penal requiere paciencia de parte de aquellos que a los que
les gustaría ver que las cosas se mueven más rápido entre los Estados a este respecto.
Los problemas de aplicación de la ley penal varían sustancialmente de Estado a Estado.
Un Estado, al considerar la totalidad de su ordenamiento legal, puede concluir la
necesidad de abrazar la regla del caso Weeks resulta de la falta de adecuación o no
disponibilidad de otros medios para cumplir con los principios constitucionales
sustanciales involucrados. Otro, igualmente solícito respecto de los derechos
constitucionales, puede escoger perseguir un propósito a la vez, permitiendo a toda la
evidencia relevante para obtener una condena ser presentada ante un tribunal penal, y
tratando con las infracciones constitucionales con otros medios. Otro más puede
considerar que la regla de exclusión un remedio demasiado áspero y listo, el cual sólo
llega a intrusiones inconstitucionales en la persecución penal de las víctimas. Además,
otro Estado tras experimentar con la regla del caso Weeks por un tiempo puede, a causa
de experiencias insatisfactorias con ésta, decidir volver a la regla de no exclusión. Y así
por delante. Desde el punto de vista de la permisibilidad constitucional de imponer al
Estado una dirección u otra, no veo por qué “el tiempo ha dado la espalda” a las
consideraciones que llevaron al Sr. Magistrado Cardozo, a la sazón juez presidente de la
Corte de Apelaciones de New York, a rechazar en el caso People v. Defore, 242 N.Y. 13,
la regla de exclusión del caso Weeks. Para nosotros, la cuestión permanece, como siempre
ha sido, una del poder estatal, no una de emitir un juicio sobre la sabiduría de un tribunal
estatal u otro. En mi opinión, esta Corte debió seguir absteniéndose de encadenar a los
Estados con una regla inflexible que podría impedirles hacer frente a sus propios
problemas peculiares en aplicación de la ley penal.
Además, se nos dice que imponer la regla del caso Weeks a los Estados tiene “muy buen
sentido”, pues ello promoverá el reconocimiento por parte de los funcionarios estatales y
federales de su “mutua obligación de respetar los mismos criterios fundamentales” en la
aplicación de la ley, y evitará “conflictos innecesarios entre los tribunales federales y
estatales”. No obstante, la mayoría ahora encuentra incongruente la diferenciación que
realiza el caso Wolf entre las demandas de "libertad ordenada", como aspectos del derecho
fundamental de la "privacidad" y los medios para asegurarla entre los Estados. Esta
percepción, siendo tanto una cuestión sensible para nuestro sistema federal y un sonado
reconocimiento de la lejanía de esta Corte de particulares problemas estatales, constituye,
según mi entender, la fuerza de dicha decisión.
Un enfoque que considera a la cuestión como una destinada a lograr la simetría procesal
o la búsqueda de la conveniencia administrativa con toda seguridad desfigura los límites
de las funciones de esta Corte con relación a los tribunales federales y estatales. Nuestro
rol al dictar la regla del caso Weeks y sus extensiones en casos tales como Rea, Elkins y
Rios11 fue muy distinto al que ahora se ejerce. Ahora, al implementar la 4ta Enmienda,
venimos a ocupar la posición de un tribunal que cuenta con la responsabilidad última de
desarrollar los estándares y procedimientos de administración judicial dentro del sistema
judicial que preside. Venimos a revisar procedimientos estatales cuyas medidas han de
ser tomadas no contra las específicas y sustantivas órdenes de la 4ta Enmienda, sino
dentro de los contornos flexibles de la cláusula del debido proceso. No creo que la 14ta
Enmienda faculte a esta Corte a moldear los remedios estatales para asegurar el derecho
a la libertad frente a las “intrusiones arbitrarias de la policía” a fin que éstos sigan sus
propias nociones de cómo deben hacerse las cosas, como, por ejemplo, lo hizo la Corte
Suprema de California en el caso People v. Cahan, 44 Cal.2d 434, 282 P.2d 905, con
relación a los procedimientos ante los tribunales de California, o como lo hizo esta misma
Corte en el caso Weeks con relación a los tribunales federales inferiores.
Una condena estatal viene ante nosotros como un producto completo de la soberanía del
sistema judicial. Típicamente, un caso será juzgado ante un juzgado de primera instancia,
y revisado ante una instancia final de apelación, y no más. En el caso relativamente raro
que accedamos a revisar una condena en lo que atañe a cuestiones vinculadas con el
debido proceso, tratamos con un producto terminado en cuya creación no tenemos
intervención, y nuestro deber, lejos de constituir un gran supervisor, se restringe, por
11 Rea v. United States, 350 U.S. 214; Elkins v. United States, 364 U.S. 206; Rios v. United States, 364
U.S. 253.
decirlo en términos generales, a la verificación que el proceso haya sido
constitucionalmente justo. Las particularidades del juicio, las cuales en todo sistema
jurídico maduro variarán en gran medida y detalle, son únicamente de competencia de
los Estados. No veo la manera en que pueda decirse que un juicio sea injusto por la sola
razón que el Estado haya determinado que la evidencia pueda ser considerada por el
juzgador de los hechos, sin que importe la manera en que ésta haya sido obtenida, en
caso que ello resulte relevante a la cuestión de la que se ocupa el juicio, para la
culpabilidad o inocencia del acusado. Por supuesto, un tribunal puede utilizar sus
procedimientos como cuestiones incidentales para la persecución de otros fines distintos
a la corrección de resoluciones de las controversias ante sí. Tal es, así, la regla del caso
Weeks, pero si el Estado no escoge utilizarlo en sus tribunales de esta manera, no creo
que esta Corte esté facultada a imponer este procedimiento harto debatido en sus
tribunales, sin que importe lo eficaz que pueda considerarse a la regla del caso Weeks a
fin de salvaguardar derechos constitucionales.
Finalmente, es necesario señalar que la revocación del precedente Wolf se apoya en la
doctrina de que la admisión como evidencia de una confesión involuntaria vuelve
constitucionalmente inválida a una condena estatal. Siendo que tal confesión a menudo
puede ser completamente fiable, y por tanto de gran relevancia para la cuestión discutida
en el juicio, el argumento prosigue, esta doctrina se encuentra ampliamente asegurada
en distintos precedentes que señalan que la manera de su obtención, y no solo su
relevancia, es lo constitucionalmente significativo para que el juicio pueda ser tenido por
justo. Considero que esta analogía no se ajusta a la verdad. La regla de la “confesión
forzosa” ciertamente no señala que ninguna declaración obtenida en forma ilegal pueda
ser utilizada como prueba. Supongo que una declaración cuya obtención se procura
durante un período de detención ilegal (McNabb v. United States, 318 U.S. 332) resulta,
tanto una prueba obtenida en infracción a la ley, como ilegal, empero esta Corte en forma
consistente se ha negado a revocar condenas pronunciadas sobre la base de tales
declaraciones. No obstante, al parecer la Corte dejó en reposo el mismo argumento ahora
expuesto por la mayoría cuando, en el caso Lisenba v. California, 314 U.S. 219, un caso
relativo a una confesión obtenida por el estado en forma forzosa señaló (en 235):
Debe asumirse que el trato dispensado al recurrente [por la policía]…lo privó
de su libertad sin ajustarse al debido proceso, y que el recurrente podría haber
contado con alivio preventivo de haber tenido ocasión de acceder a un tribunal
para buscarlo.
Empero, los actos ilegales cometidos en el curso de la obtención de la
confesión…no proporcionan una respuesta a la cuestión constitucional cuya
resolución se nos requiere…El fundamento de su agravio radica en la injusticia
de la utilización de sus confesiones, y lo ocurrido durante su obtención es
relevante únicamente cuando se refiere a tal cuestión.
(Énfasis suplido).
El punto, así pues, debe ser que, al sernos requerida la exclusión de una declaración
involuntaria de un acusado, no nos encontramos ante un remedio apropiado ante la
actuación de la policía, sino ante algo considerado como el núcleo central del nuestro
concepto de proceso judicial justo. El supuesto operativo de nuestro sistema procesal es
que
El nuestro es un sistema acusatorio opuesto a un sistema inquisitivo. Tal ha
sido la característica del sistema de justicia penal anglo-americano desde que
éste se apartó de las prácticas heredadas de la Cámara Estrellada del
continente en la cual el acusado era interrogado durante horas sin término.
Watts v. Indiana, 338 U.S. 49. Véase Rogers v. Richmond, 365 U.S. 534. Las presiones
realizadas a fin de llevar a un acusado a efectuar una confesión, al contrario que una
violación inconstitucional a la privacidad, no, aparte de la utilización de la confesión
durante el juicio, necesariamente implica violaciones independientes a la Constitución. Lo
crucial es que la defensa, a la que el acusado tiene derecho en el juicio, no se torne una
formalidad vacía a causa de las declaraciones que haya realizado éste, el cual siento
entonces “un prisionero…[ha sido] llevado a elaborar el instrumento de su propia
condena”. 2 Hawkins, Pleas of the Crown (8th. Ed., 1824), c. 46, §34. Que esto es un
derecho procesal, y que su violación ocurre al momento en que su impropiamente
obtenida confesión es admitida en el juicio, es manifiesto. Ya que sin este derecho, todas
las cuidadosas garantías elaboradas alrededor del testimonio, sea el del acusado o el de
un testigo, vendrían a ser formalidades vacías en un procedimiento en el cual la prueba
más completa de culpabilidad, una confesión, ha sido obtenida con el placer sin
supervisión de la policía.
Esto, y no el acto de disciplinar a la policía, al igual que ocurre con la evidencia ilegal,
constituye la base real que lleva a la exclusión de una declaración de un acusado que le
fuera extraída. En suma, considero que la analogía con la confesión resultante de la
coerción se muestra como un fuerte argumento en contra de lo actuado por la Corte en
el día de hoy.
En conclusión, debe notarse que la opinión mayoritaria en el presente constituye, en
efecto, un fallo únicamente en lo que respecta a la revocación del precedente del caso
Wolf y no en cuanto a la razón fundamental a través de la cual cuatro miembros de la
mayoría han alcanzado tal resultado. Mi colega el Sr. Magistrado BLACK no está dispuesto
a suscribir dicho punto de vista relativo a que la regla de exclusión del caso Weeks deriva
de la 4ta Enmienda en sí misma (véase ante, p. 661), empero adhiere a la opinión
mayoritaria sobre la premisa que su fin puede ser alcanzado llevando a la 5ta Enmienda
al auxilio de la 4ta (véase ante, p. 662-665)12. Al respecto, únicamente necesito exponer
que cualquiera sea la validez de la correlación 4ta-5ta que el caso Boyd (116 U.S. 616)
encuentra, véase 8 Wigmore, Evidence (3d ed. 1940), §2184, recientemente hemos
reiterado de nuevo la doctrina de larga establecida de esta Corte que el privilegio de la
5ta Enmienda contra la autoincriminación no es aplicable a los Estados. Véase Cohen v.
Hurley, 366 U.S. 117.
Lamento el hecho de encontrar tan poco inteligente en principio y tan inoportuna la
política de una decisión motivada por el alto propósito de aumentar el respeto a los
derechos constitucionales. Empero, en último análisis, creo que la Corte puede elevar el
respeto a la Constitución únicamente si respeta rígidamente las limitaciones que la
Constitución le impone, y respete asimismo, los principios inherentes a su propio
procedimiento. En el presente caso, creo que ambos han sido excedidos, y nuestra voz se
ha mostrado como la voz del poder, y no la voz de la razón.
John Marshall Harlan, Felix Frankfurter, Charles Evans Whittaker.
12 Mi colega el Sr. Magistrado STEWART concurre con la Corte bajo argumentos que nada tienen que ver
con el caso Wolf.