Urabá es una región del noroeste co-lombiano, cuya riqueza y privilegia-da situación geográfica han sido, pa-radójicamente, su desgracia. Sus re-cursos naturales, unidos a que es pa-so obligado para el contrabando dearmas y narcóticos con Centro-américa, han provocado la disputade los grupos armados por su con-trol. A esto se añade el interés delEstado colombiano y grupos empre-sariales por despejar la zona parallevar a cabo varios megaproyectos:un canal interoceánico que compitacon el de Panamá y la prolongaciónde la carretera panamericana. Hastala segunda mitad de los ‘90 la vio-lencia política provocó unas 2.000muertes al año. A partir de 1997, elejército, comandado por el generalRito Alejo del Río, coordinado conlos paramilitares, inició la pacifica-ción a sangre y fuego. Las principa-les víctimas fueron –y son– la pobla-ción civil. Los campesinos se vieron

envueltos en el fuego cruzado entreejército, paramilitares y guerrilla, altiempo que sufrían las presiones deestos mismos grupos para que sepusieran de su lado.

Hartos de padecer todo tipo deagresiones, en marzo de 1997, loscampesinos de San José de Apar-tadó se constituyeron en comunidadde paz, un mecanismo de resisten-cia civil –posteriormente adoptadopor otras comunidades– que impli-ca no admitir en su territorio a nin-gún grupo armado y el compromisode sus 1.220 habitantes de no cola-borar con ninguno de ellos. La gue-

rrilla empezó a dejar de hostigarles,pero militares y paramilitares consi-deraron su neutralidad como com-plicidad con la insurgencia. En es-tos 13 años la comunidad ha segui-do resistiendo, pero ha sufrido 197asesinatos (20 atribuidos a la gue-rrilla). El último crimen se produjoel pasado 9 de febrero: dos parami-litares mataron a Fabio Manco.

Terrorismo de EstadoEn febrero de 2005 fueron asesina-dos, a garrotazos y machetazos, ochohabitantes de San José. La brutali-dad de esta matanza provocó unafuerte reacción internacional, que hallevado a procesar a diez militares yvarios paramilitares. Pero en ningúncaso se ha juzgado a los autores inte-lectuales, algo que propicia que semantenga esta estrategia de muerte.Un mes antes de la masacre, LuisEduardo Guerra, líder y fundador dela comunidad, explicó a una comi-sión organizada por la CoordinaciónValenciana de Solidaridad con Co-lombia los riesgos que corrían: “Has-ta el día de hoy estamos resistiendo.No sabemos hasta cuándo porque loque hemos vivido durante toda la his-toria es que hoy estamos hablando,mañana podemos estar muertos”. El21 de febrero de ese año el cuerpo deGuerra y otros siete más aparecierondescuartizados. Numerosos pobla-dores acusaron a los soldados de laBrigada XVII y a los paramilitares.

El desmentido del Gobierno co-lombiano fue tan rápido como fal-so. El presidente Álvaro Uribe afir-mó: “En esta comunidad hay gentebuena, pero algunos de sus líderes,patrocinadores y defensores estánseriamente señalados por perso-nas que han residido allí, de auxi-liar a las FARC y de querer utilizara la comunidad para proteger a es-ta organización terrorista”. Pocodespués se adoptó como versiónoficial la declaración de un presun-to desertor de las FARC, que mani-festó que la matanza fue una ven-ganza de la guerrilla porque dos de

los asesinados querían abandonarsus filas. Sin embargo, cinco añosdespués, varios oficiales y para-militares confesaron que la masa-cre se cometió en el transcurso deuna operación conjunta, supervi-sada por el general Mario Mon-toya, ex comandante del ejércitodestituido en 2008 al descubrirselos primeros casos de civiles asesi-nados por soldados para hacerlospasar por guerrilleros. Ahora,Montoya es embajador de Colom-bia en la República Dominicana.

Aquel 21 de febrero, un grupo deparamilitares asesinó a Guerra, a sucompañera –Bellanira Areiza, de 17años– y a su hijo Deiner AndrésGuerra, de 11. Al mismo tiempo, otroescuadrón integrado por paramilita-res y militares mató a Alfonso Bo-lívar Tuberquia, Sandra Milena Mu-ñoz y Alejandro Pérez. Un capitánordenó degollar a Natalia AndreaTuberquia, de seis años, y SantiagoTuberquia, de dos.

Un paramilitar declaró que el ofi-cial no tuvo misericordia, pese a que

éste le propuso hacerse cargo de losniños. El capitán dijo que “no lo po-día aceptar porque la niña estabagrandecita y se daba cuenta de lo queestaba pasando”, recuerda el para-militar. Actualmente, la comunidadvive en San Josesito, el nuevo puebloque construyeron después de que laPolicía llegara a San José. Quierenseguir reivindicando su neutralidaden medio de la guerra sin renunciara denunciar el terrorismo de Estadoy a buscar una salida pacífica y ne-gociada al conflicto.

Esta comunidad sufre el asedio de los militares. En losúltimos 13 años su población ha sufrido 197asesinatos, algunos de ellos reconocidos por el Ejército

Paco Simón Valencia

BREVES

COLOMBIA // PARAMILITARES CONFIESAN SU IMPLICACIÓN EN LA MATANZA DE LA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ EN 2005

Apartadó, 5 años después de la masacre

En 1997 los campesinosse constituyeron encomunidad de paz, unmecanismo de resistenciacivil frente a la violencia

SERGIO LANGER

GLOBAL // 9Del 18 al 31 de marzo de 2010 // Diagonal

El 16 de noviembre de2009, el conocido parami-litar Wilfer Higuita detuvo aun campesino y le mostróuna lista de personas deSan José que iban a ejecu-tar, entre los que figurabanvarios líderes de la comuni-dad de paz. A pesar deque la comunidad lodenunció públicamente y

ante las autoridadescolombianas, el día 29 deese mismo mes asesinarona Luis Arnelio Zapata, elprimero de la lista. El pasa-do 9 de febrero mataron alsegundo: dos paramilitaresencapuchados ejecutarona Fabio Manco. Desde queen 1997 se creó la comu-nidad, 197 de sus habitan-

tes han sido asesinados. Elacoso también se extiendea quienes apoyan a SanJosé. Jorge Molano, el abo-gado que ejerce la acusa-ción por la masacre de2005, tiene su móvil inter-venido y su oficina y domi-cilio están siendo vigiladospor civiles en una claraactitud intimidatoria.

La última lista de personas para ser ejecutadas

CAMPESINOS. La población civil en la selva sufre las consecuencias de la guerra entre la guerrilla, el ejército y los paramilitares.

REINO UNIDO //

Cárcel por noir a AfganistánUn soldado británico que se negó aregresar a Afganistán para un segun-do período de servicio fue condenadoa nueve meses de prisión en una cár-cel militar. El cabo, Joe Glenton, de27 años, estuvo siete meses en Afga-nistán, y después se manifestó encontra, según Democracy Now.

ÁFRICA // OFENSIVA CONTRA LOS TRIBUNALES ISLÁMICO

EE UU entrena tropas somalíes EE UU está ayudando al gobierno so-malí, informa The New York Times, apreparar una ofensiva para tomar Mo-gadiscio, la capital, ahora bajo control

de militantes islámicos. En los últimosmeses Somalia envió jóvenes a otrospaíses para su instrucción, jóvenesque ahora esperan para combatir.

Cedida por comunidad de paz